La tanqueta blindada avanza, varios soldados cortan el tráfico para permitir que aparque y un enjambre de periodistas se amontonan junto a los tres vehículos militares para grabar con sus cámaras. Es el único movimiento inusual en el puente Simón Bolívar, el principal paso fronterizo entre Venezuela y Colombia, por donde cada día cruzan unas 30.000 personas.

La afluencia se mantiene normal tras la operación militar ilegal de EEUU y la captura de Nicolás Maduro; incluso ha bajado, según los vendedores ambulantes que llenan de puestos las aceras.

“Estoy un poco más aliviada, pero con mucha expectativa, no sabemos qué va a pasar con el país. No será pronto, faltan muchos años para que Venezuela pueda ser como era”, asegura Adriana Salazar, una venezolana que vive en Colombia desde hace varios años y regresa después de pasar las Navidades en su país.

La euforia inicial de la diáspora venezolana –cerca de ocho millones en todo el mundo– ha dado paso a la cautela. En Cúcuta, ciudad limítrofe en el norte de Colombia, centenares de venezolanos salieron la noche del domingo a festejar el derrocamiento de Maduro, pero nadie asistió a una nueva concentración convocada para el día siguiente.

Estoy un poco más aliviada, pero con mucha expectativa, no sabemos qué va a pasar con el país. Faltan muchos años para que Venezuela pueda ser como era

Adriana Salazar — venezolana residente en Colombia

“Yo no opino nada. Uno opina algo y se mete en problemas, tengo a mi familia en Venezuela, no me voy a arriesgar por dar opiniones que no debería”, dice Henry Macías, que cruza la frontera cada día para trabajar de albañil. El temor de los venezolanos en su país contrasta con el desahogo de los que viven fuera.

“Era algo que la mayoría de venezolanos estábamos esperando que sucediera, en algún momento, y ¡qué milagro que pudo suceder de verdad!. Para mí es una gran alegría”, dice Luis Rumano, que vive en Chile desde hace nueve años. Su vuelo se canceló por el cierre del espacio aéreo venezolano tras el ataque de EEUU el sábado de madrugada y ha tenido que salir con toda su familia por tierra.

Tanto las opiniones de Macías y Rumano, como las descripciones de la situación en Venezuela, son opuestas. Para Henry está “todo calmado, sin escándalos”, mientras que para Luis “hay mucha tensión, todo muy silencioso”, porque la población no sale de casa “por miedo a que personas armadas les amedrenten”.

Se refiere a los colectivos, grupos chavistas en motocicleta que suelen salir a las calles en momentos de tensión como forma de intimidación. Desde Caracas, varios residentes han enviado a elDiario.es fotografías de esos hombres motorizados con armas largas realizando rondas de vigilancia en estos días.

Otro migrante venezolano, Ariles Allen, ha viajado más de 12 horas desde Caracas y cuenta que ha pasado por diez controles de carretera de las fuerzas armadas bolivarianas en ese trayecto de 800 kilómetros. “No me han parado en ninguno, todo muy ligero, había pocos vehículos”, afirma. En la capital, dice Allen, han abierto únicamente farmacias, supermercados y gasolineras, y se han formado largas colas de personas para hacer acopio de bienes básicos. “Se llevan sobre todo enlatados y arroz, pero no hay bulla; por primera vez, hay orden”, cuenta.

Era algo que la mayoría de venezolanos estábamos esperando que sucediera, en algún momento, y ¡qué milagro que pudo suceder de verdad!

Luis Rumano — venezolano residente en Chile

Otra de las mujeres que camina con varias maletas sobre el puente asegura que los uniformados venezolanos le han pedido 50.000 pesos (unos 11 euros) por dejarla pasar en uno de los controles.

Aparte de los que sí pueden cruzar la frontera, hay decenas de periodistas internacionales que han llegado a la parte colombiana pero no puede pasar: las autoridades venezolanas ya han devuelto a varios por no disponer de un visado de prensa, imposible de conseguir en estos momentos. En Venezuela ya se ha informado de la detención de al menos siete periodistas locales en Caracas.

Tal día como hoy, hace justo un año, el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, dijo que cualquier extranjero que entre al país sin autorización será tratado como invasor. Esa advertencia está ahora más vigente que nunca.

Aumenta la tensión entre Washington y Bogotá

Nada en la frontera y en Venezuela hace pensar que se vaya a producir un éxodo masivo de la población, pero ese fue el motivo que esgrimió el presidente colombiano, Gustavo Petro, para enviar a unos 30.000 militares a lo largo de los 2.200 kilómetros de la porosa frontera con el país vecino, además de prometer asistencia a los refugiados.

Su ministro de Defensa fue más allá y aseguró que se activaron todas las capacidades para “anticipar y neutralizar” cualquier ataque del Ejército de Liberación Nacional (ELN), la guerrilla que opera a ambos lados de esos lindes y que en el último año ha recrudecido sus acciones armadas. “[El ELN] es nuestra amenaza permanente, sobre la cual enfocamos nuestro accionar para mitigar, debilitar y poder derrotar militarmente esa amenaza”, explica a elDiario.es el teniente coronel Jonathan Artus en el puente Simón Bolívar.

El ELN controla el tráfico de drogas en esa región, el Catatumbo, con el apoyo explícito o la omisión de la fuerza pública venezolana. Por eso, ante la agresión militar de Estados Unidos y la captura de Maduro y la posible pérdida de poder del chavismo, al Gobierno venezolano le preocupa que la guerrilla binacional pueda replegarse de nuevo hacia el interior de su territorio.

Por otro lado, en caso de un ataque terrestre o aéreo por parte de Estados Unidos, como ha sugerido Donald Trump en varias ocasiones, todo indica que el objetivo sería el Catatumbo, la zona con mayor producción de coca. La posibilidad de una intervención militar en territorio colombiano ha disparado la tensión entre Washington y Bogotá.

Tras la captura de Maduro, el presidente colombiano dijo que no le preocupaba para nada una operación militar de Estados Unidos en su territorio, a lo que Trump respondió: “Entonces será mejor que vigile su trasero”. Al día siguiente, el mandatario colombiano insistía: “Atacar nuestra soberanía es declarar la guerra”. Trump volvió a advertir que Colombia puede ser el próximo objetivo y Petro elevó el tono de su réplica: “Juré no tocar una arma más desde el pacto de paz de 1989, pero por la patria tomaré de nuevo las armas que no quiero”, en referencia a su pasado como guerrillero.

Las declaraciones de Trump han calado entre la población colombiana y en la campaña de las elecciones presidenciales previstas para el próximo mes de mayo. “Mejor que se vaya Petro, porque solo nos va a dar problemas”, opina Augusto Ortiz, dueño de un taller. El miedo es otra forma de imponer la voluntad de Washington en la región, sin necesidad de lanzar un misil.

Cautela de los venezolanos en Cúcuta

En una barriada a las afueras de Cúcuta, cerca del puente Simón Bolívar, hay infraviviendas de latón y tablones que bautizaron como Venezuela, porque fueron levantadas por decenas de familias de ese país que lo abandonaron en los últimos años. Zuly Guerra salió hace cinco años por la acuciante necesidad económica. Hoy casi 8 millones de venezolanos necesitan ayuda urgente para sobrevivir, según la ONU.

“Me duele lo que está pasando en mi país, porque no es un justo que un presidente de Estados Unidos dañe la paz de tantos venezolanos, deje a madres sin sus hijos que son militares”, dice la joven, militar retirada, que ni siquiera abre la reja de su casa. “Aquí hay mucho sicariato, mucha matadera. Si andas en motocicleta nueva, te matan para robártela”, asegura.

Le agradezco a Trump por liberar a Venezuela, que sea como antes. Allá no podemos hablar de la liberación, porque, si no, nos matan, nos llevan presos, nos quitan los hijos

Ciliana Suárez — venezolana residente en Colombia

El lodo anega los callejones del asentamiento precario, paradójicamente parte del barrio La Esperanza. Esa palabra repite Ciliana Suárez varias veces. “Le agradezco a Trump por liberar a Venezuela, que sea como antes. Allá no podemos hablar de la liberación, porque, si no, nos matan, nos llevan presos, nos quitan los hijos”, lamenta.

La mujer recuerda cómo en Trujillo, a 700 kilómetros de Cúcuta, lloraba por tener que alimentar a los suyos con papaya guisada para que se llevasen algo de comida caliente a la boca. Ahora llora por no poder volver a su tierra. Está agradecida con Colombia por darle a sus hijos la oportunidad de estudiar, pero se queja de la discriminación que ha sentido y que le ha impedido encontrar trabajo en seis años. “Aquí al menos tenemos luz y agua”, se consuela.

En Cúcuta viven, o sobreviven como pueden, más de 200.000 venezolanos, una cuarta parte del total de sus habitantes. “Aquí las mujeres somos putas, porque dicen que les robamos a los maridos. Y a los hombres los ven a todos como ladrones”, reclama otra vecina sobre el ambiente de hostilidad que ha generado el éxodo de más de tres millones de venezolanos en Colombia.

Sin embargo, pese a las precarias condiciones, la marginalidad y la inseguridad, ni Zuly ni Ciliana piensan, de momento, en regresar. “Hay que ver cómo sigue la situación”, dice la primera. El futuro de Venezuela sigue en el aire y en la frontera los sueños se han roto demasiadas veces como para aventurarse.

Mientras el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunciaba desde la Casa Blanca su nueva política migratoria el primer jueves del año, María Virginia Paredes recogía las mantas donde había pasado la noche junto a sus hijos de cinco y 11 años en la terminal de autobuses del poniente de la Ciudad de México. “Tengo que meterme en Facebook para indagar sobre lo que ha dicho y ver cómo hago, pero casi no tengo internet”, dice la venezolana desde un cuartucho en la periferia de la capital que pudo alquilar pocos días después.

El programa de Biden permitirá la entrada cada mes de hasta 30.000 personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, siempre y cuando puedan demostrar que tienen a alguien en Estados Unidos que les brindará apoyo financiero. El objetivo lo precisó el propio Biden: “No se presenten en la frontera. Quédense donde están y soliciten (el acceso) de forma legal”.

“Tengo que hablar con una pariente lejana en Nueva Jersey y un tío en Los Ángeles para ver cómo está su situación, si me pueden ayudar. Pero ¿puedo hacer el trámite desde México?”, pregunta María, con más dudas que certezas ante los constantes cambios en materia migratoria. Su mayor preocupación es haber transitado irregularmente hacia el norte, porque el nuevo plan denegará la posibilidad de iniciar el proceso de visado a quienes ingresen a Estados Unidos, México o Panamá sin autorización.

María salió de Maracaibo hace tres meses para salvar la vida de sus hijos de los malos tratos de su marido. Se cruzó la mortífera selva del Darién con los dos pequeños a cuestas, atravesó en bus Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras y Guatemala, para ser detenida en Tapachula, la ciudad en la frontera sur de México donde el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha levantado desde 2019 el primer muro impuesto desde Washington mediante un despliegue de miles de militares y decenas de retenes. Esa fue la ruta de al menos dos millones de migrantes durante el año fiscal 2022, según las cifras de aprehensiones en los lindes de Estados Unidos; un aumento histórico de 300.000 respecto al curso anterior y un flujo nunca visto desde la Segunda Guerra Mundial.

La cara amarga del nuevo plan

La oposición conservadora ha utilizado esos récords de cruces irregulares, tildados de “invasión”, como una de sus principales armas para atacar a Biden, que, tras dos años tratando de cincelar una política migratoria más humana, ha decidido reforzar el control fronterizo y endurecer los castigos. Quienes ingresen ilegalmente o no puedan defender sus peticiones de asilo serán expulsados rápidamente y se les prohibirá la entrada a Estados Unidos por cinco años.

“Tenemos inquietud. Son medidas que permiten a las autoridades estadounidenses denegar el acceso a personas que quieran solicitar asilo por razones humanitarias. Nos causa preocupación está limitación de un derecho humano”, dice a elDiario.es el coordinador de comunicación de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en México, Alberto Cabezas. “La parte positiva es que se crean vías de migración regular, pero hay que ver cómo se aplica, porque hay requisitos (sobre todo financieros) difíciles de cumplir”, añade sobre un desafío mayúsculo que admitió el propio mandatario demócrata.

“Estas acciones por sí solas no van a arreglar todo nuestro sistema de inmigración (…) Pero, pueden ayudar mucho”, reconoce, tras quejarse de que los republicanos rechazaron en el Congreso un plan integral para la frontera que contemplaba la ampliación de fondos y la contratación de funcionarios y jueces para agilizar las tramitaciones de asilo.

El nuevo plan sigue sin resolver la presión migratoria del lado mexicano de la línea divisoria, ya que se devolverá la misma cantidad de extranjeros que sean aceptados ante la imposibilidad de deportar personas a países con los que la Casa Blanca no mantiene buena relación. “La dificultad que entrañan las medidas es que en el norte de México vemos cada vez más personas migrantes expulsadas sin las necesidades básicas cubiertas y lo más probable es que crezcan estas necesidades”, dice Cabezas, que ha visto de cerca las enormes carencias de un sistema de asistencia con escaso presupuesto.

A finales de junio, el Tribunal Supremo estadounidense emitió un dictamen que permitió a Biden cumplir una de sus promesas de campaña: suprimir el 'Permanece en México', el programa de su antecesor, Donald Trump, que obligaba a la mayoría de los solicitantes de asilo a esperar la resolución de su proceso en el vecino del sur. A la par, no obstante, la administración de López Obrador exigió un nuevo requisito para circular por Oaxaca, el estado contiguo a Chiapas, frontera con Guatemala, otro obstáculo al camino de extranjeros que provocó el enésimo embudo en el camino hacia Estados Unidos.

El nuevo epicentro de la migración

San Pedro Tapanatepec ha duplicado sus 15.000 habitantes con la llegada de migrantes desde julio. Su carretera principal es ahora una avenida comercial de lonas y troncos donde locales y foráneos ofrecen refrescos, carne asada, cigarrillos, fotocopias y hasta servicios de peluquería. Antes de que el sol empiece a escocer, los miles de venezolanos, cubanos, haitianos y también hindús, nepalíes y africanos, aprovechan para bajar al río a bañarse y lavar sus ropas. Avanzada la mañana se forman en una larga fila dentro de un solar custodiado por la policía donde se solicitan y expiden los permisos de tránsito.

La multitud es tan frondosa que los agentes ni se percatan de nuestro ingreso. Los propios migrantes se organizan en grupos para apresurar un trámite que puede tardar más de una semana. Muchas familias con menores se resguardan bajo improvisados sombreros de cartón. Por las tardes, el vaivén se concentra entre las carpas o frente al único banco para recibir las remesas de sus familiares.

“Los indocumentados han sido una bendición para nosotros”, dice Teresa Meléndez, una vecina que ha cedido el garaje de su casa a varios venezolanos para cocinar arepas a cambio de una comisión. La gran mayoría renta los cuartos de su vivienda o se ha puesto a vender cualquier producto. El anodino pueblo del istmo de Tehuantepec —la zona más estrecha de México y, por tanto, la de mayor facilidad para controlar el paso— se dedica a la cosecha del mango, que tan sólo permite vivir por fuera de la pobreza a la mitad de su población, así que la presencia de extranjeros ha dejado una importante derrama económica.

En una de las aceras de Tapanatepec durmió varios días María junto a sus dos hijos, antes de que un vecino le diese trabajo como limpiadora de un consultorio médico. Por las tardes vendía jugos y pizzas en la calle, lo que le alcanzó para pagar un cuartito, pero no el billete de bus hacia el norte del país. “Después de un mes aquí varada, no tuve más remedio que subirme a La Bestia, porque se me agotaba el tiempo”, dice la venezolana, forzada a encaramarse al tren de carga que atraviesa el país para conseguir llegar la frontera con Estados Unidos antes del 21 de diciembre. 

La herencia de Trump

Ese miércoles expiraba el Título 42, la polémica norma impuesta por Trump en marzo de 2020 para expulsar en caliente a cualquier extranjero con el argumento de prevenir brotes de coronavirus. El Supremo, sin embargo, aplazó el fin de la iniciativa horas después de que una coalición de 19 estados republicanos presentasen una moción para alargarla ante el temor de un colapso fronterizo. 

María esperó en un albergue de Ciudad Juárez, pero el día 23 decidió atravesar el río Bravo, harta de la ola gélida que había enfermado a su pequeña de cinco años. “Me entregué a migración (la Patrulla Fronteriza) pensando que para esa fecha ya me aceptarían, sobre todo porque ando con dos criaturas. Con este nuevo proceso que anunció el presidente (Biden), ya no confío”, dice María, que pasó las Navidades en la hielera, como se conocen las cárceles migratorias estadounidenses.

La administración de Biden no ha logrado convencer al tribunal para poner fin al Título 42, una política criticada por las organizaciones de derechos humanos y que incluso un juez de distrito federal tachó de inhumana, porque devuelve a miles de personas a lugares donde probablemente sean “perseguidos, torturados, golpeados o violados”. A María la retornaron por Matamoros, a 1.300 kilómetros de donde la detuvieron, en una de las ciudades más peligrosas de México.

En ese extremo de la frontera malviven Javier y su pareja, Argelis, desde hace un mes. Las temperaturas bajo cero penetran en la tienda de campaña y se clavan en sus huesos. “Las manos se nos paralizaban del frío. Por suerte no nos enfermamos, solo resfriado y el asma que se agravó”, dice con optimismo el militar desertor venezolano. En el campamento a orillas del río Bravo los rumores corren más rápido que los trámites de asilo. “Nos han dicho que van a activar un nuevo link para inscribirse”, se refiere el joven a la aplicación 'CBP One' donde ahora los migrantes podrán realizar su solicitud desde sus países.

“Mismas restricciones, otro nombre”

En octubre, Washington abrió un cupo de 24.000 visados humanitarios para venezolanos, la nacionalidad con mayor aumento de migrantes. Solo entre mayo y septiembre del pasado año se multiplicaron por seis los encuentros fronterizos, el eufemismo para hablar de detenciones. Según las autoridades, gracias al plan el cruce de venezolanos se ha reducido un 90%. Este “éxito”, en palabras del secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, inspiró el nuevo plan de Biden: “Se ha comprobado que una vía legal simplificada reduce la migración irregular y facilita una migración segura y ordenada”.

Una vez aprobada su solicitud, los migrantes tendrán que presentarse en algún punto de entrada terrestre y, sin posibilidad de pagar un pasaporte o un vuelo para aterrizar en México, igualmente tendrán que superar la salvaje travesía. “¿Pedir asilo desde Venezuela? Tú estás loco. Eso es otro Gobierno, otro mundo. Venimos huyendo, no sacando pasajes para Disneyland”, se ríe Javier. Tuvieron que elegir entre gastar los 10.000 dólares ahorrados para pagar a los coyotes durante el trayecto o los sobornos en las oficinas de Caracas para expedir el pasaporte. Escogieron la primera. “Mejor me vengo pa’ la frontera y ya de aquí vemos. Siempre será más fácil”, valora el joven.

Para el investigador del Colegio de la Frontera Norte, Eliseo Díaz, el nuevo programa de Biden es “discriminatorio”, porque solo tendrán acceso las personas que tengan los recursos para asumir esos cuantiosos costes extra y, además, tengan a alguien acomodado en Estados Unidos. “Se mantienen las mismas restricciones de antes, pero con otro nombre”, dice Díaz.

Asimismo, la nueva medida solo permite patrocinar económicamente a tres individuos, según les han contado a Javier y Argelis, aunque esa información no se especifica en las directrices. La pareja tiene un amigo en Arizona, pero les angustia que ya haya acogido a varios compatriotas en los últimos meses. 

Obrador y Biden, en sintonía

Casualmente, Joe Biden y María Virginia Paredes coincidieron en Ciudad de México del domingo al martes. El dirigente pisaba por primera vez en su mandato un país latinoamericano para asistir a la Cumbre de Líderes de América del Norte, en la que descartó con énfasis que su gestión fronteriza sea “demasiado blanda” o de “mano dura”. Antes hizo una breve escala de cuatro horas en El Paso, la urbe texana fronteriza con Ciudad Juárez, en la que evitó acercarse al caos de los albergues saturados.

El encuentro entre los ‘Three Amigos’ [Biden, Obrador y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau] sirvió también para escenificar la buena sintonía con López Obrador ante la recién estrenada política migratoria, que entreabre las puertas a cambio de que el gobierno mexicano se haga cargo de todos aquellos que no cumplan los requisitos. “Quiero agradecerle, señor presidente, por dar un paso adelante y recibir en México a aquellos que no sigan los caminos legales que hemos establecido”, le dijo Biden a su homólogo, que lo enjabonó con el mismo entusiasmo: “Usted es el primer presidente de Estados Unidos que no ha construido ni un solo metro del muro y se lo agradezco”.

López Obrador, eufórico por la primera visita de un presidente estadounidense en casi una década, también celebró que exista un espíritu distinto para enfrentar el drama humanitario en la frontera y la promesa de invertir miles de millones de dólares en proyectos de desarrollo que resuelvan las causas del éxodo en Centroamérica.

Las autoridades trasladaron a María y sus dos hijos de Matamoros a la capital mexicana la noche del 31 de diciembre. Empezaron el nuevo año dentro de un autobús sin saber adónde iban y dónde pasarían el resto de la noche. Después de varios días durmiendo a la intemperie, bajo los seis grados que rondan las madrugadas de México, encontraron un techo de seis por seis metros, sin calefactor ni cocina, gracias a un 'tío lejano' —como los venezolanos denominan a los coyotes, que recientemente se trata de compatriotas que ya han empezado a involucrarse en las redes de tráfico—. El supuesto pariente también le dio un empleo los domingos como dependienta de un almacén de productos de limpieza.

“Voy a quedarme en México un tiempo para reunir algo de dinero y hacer el proceso online”, se resigna María. Esta madre venezolana de 36 años apuesta el destino de su familia a los pesos que pueda ahorrar de la venta ambulante de dulces. Todavía faltan muchos enlaces de redes sociales, abogados engañosos, noches de hogueras y pedazos de pan seco para alcanzar el norte. La esperanza la perdió cantando villancicos a sus hijos entre barrotes.

La charanda es una tierra rojiza, marchitada por el maltrato al bosque. La tala inmoderada, los incendios y las plagas sin sanar, arrasaron con toda su materia orgánica. Esta arcilla pesada se endurece en periodos secos. Se reblandece y se infla por las lluvias. La loma late. Una alfombra aterciopelada que refulge fresca bajo el sol y se encarroña en la sombra. Es una tierra inservible, muerta.

—¡Es increíble, mira qué color! —se maravilla el caminante a su paso por ese suelo oxidado que pisa todos los días. 

Juan Manuel Madrigal Miranda vive solo en medio de 100 hectáreas de pinos y encinos desde hace tres décadas. Un bosque ubicado en la periferia sur de Uruapan, en el corazón de Michoacán y de la guerra en México. En el último año, un frente de batalla entre cárteles de la droga que ahora también se disputan los campos y el agua.

—Ahí están los halcones (vigilantes de un grupo criminal) —señala una garita de tablones a treinta metros—. Si preguntan, eres estudiante.

El hombre de 72 años carga una cubeta en su mano izquierda y un machete en la otra, sus utensilios para salir cada mañana a regar las plantas. Su única compañía y distracción desde que las balas llovieron sobre su cabeza.

—Escuché un estruendo muy fuerte y me tiré al piso. Se estuvieron disparando como veinte minutos, pero luego duró una hora el olor a pólvora. Un aire y un silencio de muerte. Hasta los pájaros dejaron de cantar —recuerda sobre aquel 22 de mayo de 2019, a las dos de la tarde, a cien metros de su casa. Los Viagras emboscaron un convoy de su grupo rival, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y abatieron a 12 de sus integrantes. El enfrentamiento involucró a un centenar de sicarios de ambos bandos.

La charanda se volvió a teñir de sangre. No era el primer combate en esa arboleda, pero sí el que detonó una etapa aún más salvaje del conflicto en Michoacán. 

***

Juan Manuel tiene ojos diminutos, vidriosos, los párpados inferiores hinchados como a punto de soltar una lágrima. Sus arrugas de la garganta, su perilla canosa y sus prominentes venas en las manos parecen pesarle y encorvar su delgada figura. Viste un polo amarillo con un chaleco de pana que repite todos los días y usa cordones verdes. Tiene aspecto y alma de hippie, pero es un superviviente.

Estudiaba Filosofía en la capital y militaba en las juventudes comunistas, cuando en el 68 estalló la revuelta estudiantil. Su familia lo envió a casa de una de sus hermanas en California para ponerlo a salvo. En la Universidad de Berkley, donde solía merodear sin estar matriculado, descubrió el incipiente movimiento ecologista.

—La Tierra será como sea el ser humano. Somos cabrones, pues la destruiremos. Desde ahí que empecé a hablar del calentamiento global y aquí en México me miraban como un loco —resume Juan Manuel de aquellas enseñanzas por entonces visionarias.

Pasó viajando largos periodos por todo Michoacán para impartir talleres de compostaje, huertos sostenibles y reciclaje, tanto en facultades como en comunidades indígenas. Allá donde iba, regalaba semillas orgánicas, por lo que se ganó el apodo de Juanito Manzanas, el legendario arboricultor nómada de Estados Unidos.

En 1983, fundó junto a varios colegas Viva Natura, una de las primeras organizaciones ambientalistas en el país, que logró detener algunos saqueos de madera y manantiales en la región. Naciones Unidas los invitó a Nueva York en 1991 para preparar la Cumbre de la Tierra del siguiente año. 

—Lo más importante del movimiento ambientalista es que haya ejemplos vivos de lo que significa la naturaleza. Necesitábamos un lugar donde mostrar que era posible una vida sustentable —indica el profesor la idea que sacó de ese encuentro.

Viva Natura consiguió que los ejidatarios (persona con derechos agrarios en México) de Zumpimito, el barrio en ese apéndice de Uruapan, les cedieran un pedazo de su bosque charandoso, porque les resultaba improductivo. En esas tres hectáreas crearon el Ecocentro Cupatitzio con la intención de ofrecer un espacio de preservación para el estudio del entorno natural y para fines recreativos. A su inauguración en 1999 asistieron representantes de la embajada de Canadá y Reino Unido, que contribuyeron a financiar la iniciativa, y más tarde lo visitaron sendos embajadores.

Juan Manuel pernoctó varios meses en una cama de paja bajo un cedro, para cuidar los materiales de construcción. 

—Nos decían que estábamos al lado de un barrio bravo, pero nosotros lo vimos como una oportunidad para hacer trabajo comunitario —rememora de unos inicios en que contrató a albañiles de esa misma barriada para levantar las cabañas del conjunto.

Desde ahí los pobladores le llaman El Biólogo, porque siempre está con las plantas.

***

La historia del proyecto, de ese bosque, es la historia de la violencia.

El Ecocentro colinda con Arroyo Colorado, nombre dado por el rojizo de su suelo charandoso, cuyos desprendimientos formaron una barranca por donde penden un puñado de chabolas de lata. Un asentamiento de unas 200 familias humildes, la mayoría dedicadas al reciclaje de chatarra del basurero cercano. Siempre tuvo fama de peligroso, pero al ambientalista nunca le importó. A esa comunidad llevaba grupos de voluntarios extranjeros para dar clases, pintar la escuela o repartir juguetes y ropa en Navidad. También solían reforestar y abrir los caminos necesarios para los moradores.

Juan Manuel se sienta en unas banquetas colocadas en círculo, cubiertas de pinaza, al igual que las largas mesas de picnic:

—Aquí hacíamos unas fogatas preciosas. Venían alemanes, españoles, holandeses… hasta quince jóvenes de diferentes nacionalidades. Nos poníamos a tocar música y a charlar sobre el futuro del planeta.

Los voluntarios foráneos dejaron de venir hace más de una década, cuando reventó la llamada 'guerra contra las drogas' en México, iniciada precisamente en Uruapan. En septiembre de 2006, varios hombres entraron a un club nocturno de la ciudad y arrojaron cinco cabezas humanas, los primeros decapitados que vería el país. El 10 de diciembre, el entonces gobernador de Michoacán pidió ayuda al Ejecutivo federal para combatir a los cárteles que ese año habían provocado medio millar de muertes en el estado.

Al día siguiente, el presidente Felipe Calderón declaró la guerra al narcotráfico y lanzó un operativo en ese estado que marcó el comienzo de una acuciante oleada de violencia que ha destrozado a México hasta la actualidad, superando máximos mes a mes, hasta registrar 34.608 homicidios dolosos en 2019, el año más letal de su historia moderna. Michoacán sumó 2.049 asesinatos, cuatro veces más que al inicio de esa cruzada. Su epicentro fue Uruapan, la décima ciudad mexicana con mayor tasa homicida y entre las veinte urbes más peligrosas del mundo.

Hacia 2014, la fuerza pública había engendrado movimientos de autodefensa —grupos de civiles alzados en armas—, que proliferaron en Michoacán y expulsaron al crimen organizado de la mayoría de municipios. Decenas de los sicarios que huyeron con sus familias se instalaron en Arroyo Colorado, donde pasaron desapercibidos.

Entre semana Juan Manuel siguió recibiendo a niños y niñas de escuelas para enseñarles sobre la fauna y flora endémicas y a universitarios que aprendían sobre agrosistemas y técnicas de conservación. Los sábados acudían familias enteras a celebrar cumpleaños o cualquier festejo, no sin antes darles un recorrido guiado.

—Maestro, yo siempre creí que la vida podía ser de otra forma y esta visita me lo demostró —le dijo una vez un estudiante—.

“Eso fue un regalazo para mí, fue la mejor recompensa, por eso ya valió la pena”, asiente el Biólogo sobre una iniciativa soñada como reserva natural, hoy abandonada y amenazada. 

La maleza engulle los cinco cobertizos esparcidos que conforman el Ecocentro, de listones carcomidos y tapados con una lona para evitar que se filtre la lluvia. Una viga rota amaga con derrumbar el techo del aula principal. El moho corroe la amplia cocina. Sólo quedan la mitad de los colchones en las seis literas del dormitorio común. Un deshidratador de verduras que él mismo fabricó yace destartalado entre los matorrales.

Hace una década que el proyecto dejó de obtener subvenciones y hace más de un año que Juan Manuel no recibe ninguna visita por razones de seguridad.

***

A finales de 2018, se mudaron a Arroyo Colorado decenas de miembros de Los Viagras, banda criminal surgida de las extintas autodefensas, cuyo nombre proviene del uso excesivo de gomina que utilizaba uno de sus fundadores, los hermanos Sierra Santana, para ponerse el pelo de punta. Hicieron del arrabal, su cuartel. A veces Juan Manuel se cruza con hombres —o mejor dicho, muchachos— armados y encapuchados cerca de su casa: 

—Normalmente ni nos miramos, pero en una ocasión me dijeron: '¡Ah, usted es el que ayuda a la gente, el Biólogo, qué buena onda!'. Quizá mi labor comunitaria me salvó la vida y me la sigue salvando, pero pueden cambiar de opinión. Son chavitos de 16 años que van con los pinches fusiles. Son pobres sin oportunidades, producto de las circunstancias. No querría verlos en la cárcel.

—¿Por eso sale con el machete? —le pregunto.

—¡No! Es algo psicológico para sentirme seguro —se ríe—. Con los malandros (delincuentes) no sirve de nada, andan con puro cuerno (AK-47). Esto es sólo por si me encuentro algún maleante. Antes había un par de adictos que me molestaban. Algunos días sacaba una vieja escopeta para asustarlos, pero ya hace tiempo que no están. Me contaron que los mismos viagras los habían desaparecido. Ellos imponen su ley.

Por momentos Juan Manuel eleva su mirada, pensativa, misteriosa, clavada en alguna nube, unas ramas, un pájaro o quizá en nada concreto. Un ápice de demencia que disimula entre sus apuntes históricos. Se detiene al lado de un tanque de agua, pero en esta ocasión agacha la cabeza.

—No mires demasiado, ahí arriba de esa colina están los pillosos (Los Viagras), donde hacen el desmadre talando. Alguna vez los he visto bañarse aquí en mi depósito. Por ahí se dan bala con los de Jalisco. Ésos, si se enteran que soy ambientalista, nos dan chicharrón [tirotean] antes de preguntar—se refiere al CJNG—. Ya no podemos avanzar más.

El Ecocentro es uno de los frentes de la guerra entre Los Viagras y el CJNG —antes aliados— que desde 2018 se libra barrio a barrio, cerro a cerro. Una pugna por la que se derrama más que sangre para apropiarse de una calle o media hectárea.  

Ese bosque es un punto estratégico para el crimen organizado porque conecta Uruapan con Tierra Caliente, una vasta depresión que divide el interior michoacano de la costa, escenario de los más feroces enfrentamientos. Por Arroyo Colorado hay brechas que permiten moverse rápido hacia ambas direcciones.  

La privilegiada ubicación de la loma produce una atmósfera particular, donde crecen tanto árboles de frío como de calor, pinos y plátanos. Hacia abajo se desliza el valle que trae un aire cálido durante el día. Por la noche predominan los vientos frescos de la parte alta. Con arduo esfuerzo, cariño y mucho abono, Juan Manuel logró que en la charanda germinase caña de azúcar, mango y papaya. 

—Antes tenía una hortaliza preciosa, pero no la pude conservar porque estamos en tiempos de guerra. Los vegetales son como bebés, necesitan calma, requieren de logística para cuidarlos. También tenía muchos perros que no pude mantener —se lamenta el profesor, que subsiste con un sueldo mensual de 5.000 pesos (unos 200 euros) por dar clases en la universidad. 

En marzo de 2019, pocos meses después de la llegada de Los Viagras, el ruido de las motosierras quebrantó definitivamente la tranquilidad del lugar y del ermitaño. Frente a su casa transitan a menudo caravanas de mini-camiones cargados de troncos y hombres armados que al día realizan hasta treinta viajes. Las taladoras sobresaltan a Juan Manuel al alba y el estrépito se alarga hasta el anochecer.

—Incluso han metido maquinaria pesada para abrir caminos. Calculo que han cortado 30.000 pinos, la mitad del monte. Este bosque es regulador del clima de Uruapan, ya he notado un calor inusual —asevera—. Además, hay manantiales en riesgo. El agua viene de los pinos, que son como fábricas de agua. Sin este bosque, habrá menos agua en toda la región.

Varias colonias de Uruapan han sufrido un creciente desabasto de agua potable debido a la significativa disminución de su capacidad hídrica. Esto por efecto de la deforestación, según reconoció el secretario michoacano de Medio Ambiente, Ricardo Luna, quien ha externado en repetidas ocasiones su preocupación por la tala ilegal en esa foresta del Ecocentro. Las autoridades estatales y municipales tienen conocimiento del atropello, pero hasta ahora no se han tomado medidas para proteger la zona.

—Aquí vino la Policía cuando llegaron los pillosos, a menudo sobrevuelan helicópteros, pero nada. (Colegas políticos) me dijeron que eran muy peligrosos y estaban viendo cómo entrarles. Pero si los hubiesen querido agarrar, ya lo hubiesen hecho. Se pasean por el barrio con las pinches ametralladoras —se exaspera el septuagenario ante una desidia que ha denunciado públicamente. Las represalias no se hicieron esperar.

***

La modesta vivienda de Juan Manuel se mimetiza entre el ecosistema. Una cabaña de madera de dos pisos y tejado puntiagudo, con detalles verdes y paredes amarillas por donde trepan numerosas plantas marchitas y cuelga una desgastada vitrina propia de un parador turístico.

La cerradura de la puerta todavía tiene la huella de barro de una bota. El 15 de junio de 2019, varios elementos de la Policía estatal asaltaron el Ecocentro y robaron varias herramientas de valor, colchones, ropa, documentos y paneles solares, según reclama el Biólogo. Varios vecinos vieron ingresar a tres patrullas encabezadas por el comandante Daniel Alfonso Moreno, identificado por sus abusos contra la ciudadanía y relegado a otro municipio en agosto de ese mismo año.

Al momento de interponer la queja, los mismos funcionarios judiciales avisaron a Juan Manuel de que sería difícil investigar el caso, dado que en el Departamento de Asuntos Internos de la Policía Michoacán “existe mucha corrupción”. En ese segundo allanamiento en menos de un mes, los presuntos agentes dejaron una nota de advertencia:

NI TE ARRIMES

Q ya sabemos

Que tu los

Escondes aquí en

Tu ecosentro

biologo Te llamas Juan 

(sic)

—No me van a callar ni me van a mover de aquí —murmura el ermitaño mientras abre la puerta. Después de entrar, la cierra de inmediato con llave, pese a vivir solo en mitad de la nada.

Por la sala principal resulta imposible caminar sin tropezarse con alguno de los montones de libros, archivos y cajas. Las tablas crujen tétricas a cada paso. Unas estrechas escaleras conducen a la parte de arriba, donde apenas cabe un maltrecho colchón, un fogón a gas y un escritorio repleto de papeles y notas.  Juan Manuel se resignó a una soledad que mata dibujando y escribiendo ensayos, poemas y demás reflexiones hasta que la luz del día se lo permite. Cuando le invade la inspiración, enchufa un cable hasta la batería de su coche para encender una tenue bombilla o prende algunas velas. Las estanterías se arquean sobre su cabeza por el peso de los infinitos libros, cintas, casetes. Abarrotó las paredes de crucifijos, imágenes del evangelio, de buda, y retratos de sus padres y de sus dos hijos. Varias efigies indígenas y orientales terminan de rebosar el dormitorio-cocina-despacho de unos 20 metros cuadrados, insuficientes para almacenar toda una vida de ascetismo y activismo.

—La naturaleza es uno de los lenguajes por donde el misterio de Dios nos habla. Es belleza —concluye el Diogeniano sobre su holística percepción del mundo, cuya explicación interrumpe por momentos para alertarme—: Si ves a alguien, me dices. Corre la mosquitera para que no te vean. 

Otras veces detiene la conversación para admirar un piulido, unas hojas agitadas por la brisa o el enjambre de insectos que se amontonan sobre un cesto de frutas maduras, casi podridas. Su dieta habitual.

—¡Escucha los jilgueros, cantan increíííble! —atributo que repite con el mismo entusiasmo ante cualquier detalle de la naturaleza. Inclina levemente su cuello para contemplarla por encima de sus gafas.

Desde el palmo de balcón del segundo piso, Juan Manuel medita todas las tardes con la vista perdida en un horizonte cada vez menos tupido. “Hola, don Juan, ¿cómo está”, le gritan unos chiquillos que pasan a buscar algo de leña y lo despiertan de su abstracción:

—¿Cómo me voy a ir? Esto es bello. Si me voy, lo destruyen.

La charanda es una tierra erosionada que antes fue andisol, un tipo de suelo de origen volcánico formado a partir de cenizas. Muy fértil y abundante en Michoacán, donde se dan las condiciones de terreno, clima y altura idóneas para que crezca el aguacate, el frutal más productivo del planeta. La charanda se menosprecia al convivir junto a esa superficie próspera.

—Toda la tala de este bosque en realidad esconde un plan más ambicioso, meterle luego aguacate. Los ejidatarios viejos de Zumpimito eran campesinos, valoraban su bosque, pero ahora los jóvenes, por 500 pesos (20 euros) dejan que te lleves la madera que quieras. Se venden a cualquier precio —lamenta Juan Manuel, organizador de varias manifestaciones en contra de la sobreexplotación aguacatera.

Sus enérgicas reclamaciones enardecieron a algunos productores, quienes primero lo insultaron por chats de whatsApp y hace dos años le robaron un viejo coche del 95, según les acusa. Ante su vehemencia, finalmente, concretaron sus amenazas. 

—Hace un año y medio me dejaron un asesinado en la entrada. Hace varios meses, otro muerto tirado encima de un coche. Los aguacateros son muy poderosos, andan con matones para que los cuiden y también se dedican a intimidar —baraja sobre los cuerpos encontrados en la valla que da acceso al Ecocentro—. Son señales, no es por casualidad. 

Aunque si en alguna parte se pudiese conjugar ese azar, sería en Zumpimito, donde el 2 de febrero [dos semanas antes de mi estancia] localizaron 11 cuerpos en una fosa clandestina; donde diez días antes, dejaron un ejecutado a pedazos y un narcomensaje cerca de una escuela, y donde aparecen con frecuencia otros encobijados —cadáveres envueltos en mantas— en la plaza del barrio a plena luz del día.

—Ya ni se molestan en ocultarlos, no es que lo hagan siempre para intimidar, es que hay tanta impunidad que no necesitan ni esconderse. Es como su tiradero de muertos. Los políticos no quieren frenar esto porque forman parte del negocio, tienen cultivos de aguacate o cobran de ellos —considera Juan Manuel, quien ha visto esa colusión de primera mano. Trabajó como secretario técnico de la Comisión de Ecología del Congreso del Estado entre noviembre de 2019 y enero pasado, cuando renunció a su cargo despavorido por las corruptelas. 

***

El consumo de aguacate en Estados Unidos se ha triplicado en las últimas dos décadas. Michoacán produce más del 80% de aguacates del país y es el único estado mexicano autorizado para enviarlos al vecino del norte. Esas exportaciones se han cuadruplicado en la última década hasta alcanzar un máximo de ventas por 2.453 millones de dólares en 2018 —con una leve disminución el pasado año—: el producto nacional con mayor valor de exportación por detrás de la cerveza. Y duplica las divisas del petróleo.

Los rayos se cuelan por el grueso follaje y aguijan a Javier Guerrero. El aguacatero lanza instrucciones a un par de jornaleros que descargan sacos de abono.

—Antes de que se pudiese vender a Estados Unidos (1997), nos pagaban un dólar o menos la caja. Ahora ya va por encima de 100 dólares el kilo y el precio sigue para arriba. Se pueden sacar unos 200.000 pesos (unos 8.000 euros) por hectárea. Da como veinte veces más que cualquier otro cultivo. El aguacate en este pueblo nos ha beneficiado mucho, pero también cuesta —asegura Javier, productor que ha visto multiplicar las ganancias de su huerta familiar a la par de los problemas. 

El llamado 'oro verde' trajo una boyante riqueza a la región, pero también desigualdad, violencia y devastación ambiental.

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Uruapan es la capital del lucrativo negocio, donde se instalaron las grandes empresas comercializadoras. Uno de los polos económicos más dinámicos de Michoacán y donde más se evidencian los lastres del aguacate, de la repentina fortuna: modernos chalés adosados junto a barracas de ladrillo descascarillado y láminas; concesionarios de lujo al lado de comercios ruinosos; las fronteras invisibles en barrios donde quedó prohibido transitar, las calles desérticas. El vaivén cotidiano de sus 320.000 habitantes disfraza el profundo desasosiego de la segunda ciudad mexicana con mayor sensación de inseguridad (94,1%).

Cuando las autodefensas desterraron en 2014 al crimen organizado, éste se estableció en Uruapan, puerta de entrada a Tierra Caliente y lugar de paso obligado en la ruta del narcotráfico entre los principales puertos (Manzanillo y Lázaro Cárdenas) y la capital del estado, Morelia.

Desde entonces, los cárteles hegemónicos —La Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios (surgidos de la renovación del primero)— ampliaron sus actividades delictivas al narcomenudeo de metanfetaminas (crystal), la tala ilegal y el expolio a la industria aguacatera. Luego se sumaron un creciente número de grupos criminales atraídos por llevarse su parte del pastel, más rentable que el tráfico de marihuana y sintéticos comúnmente instaurado en Michoacán. Los secuestros y extorsiones se pusieron a la orden del día.

—Por mi padre tuvimos que pagar un rescate de 1,7 millones de pesos (unos 70.000 euros). A dos primos se los llevaron, uno acabó muerto y el otro desaparecido —cuenta Javier—. Pedían unos mil pesos (unos 40 euros) por hectárea mensuales y diez pesos (40 céntimos) por cada kilo. Te dejaban una guía (libreta) para ir anotando tu producción y pagarles. Si te encontraban sin la guía, te robaban el camión. O directamente se adueñaban de las huertas. Te forzaban a firmar las escrituras.

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La fiebre por el 'oro verde' ha acelerado la expansión de este cultivo intensivo hasta superar las 180.000 hectáreas, como toda la provincia de Gipuzkoa. Cuatro de cada diez aguacates que hay en el mundo provienen de Michoacán, donde la mitad de municipios siembra esta fruta de la que viven más de 400.000 personas. Y en aumento.

Decenas de montículos chatos, extintos volcanes, se esparcen por los alrededores de Uruapan, abrigados por un manto de huertas. La moda por los beneficios nutritivos del aguacate devora a los pinos, encinos y oyamel (abetos). Aunque de lejos, todo se ve verde.

Michoacán perdió cerca de dos millones de hectáreas de bosque, dos tercios de su cobertura total, en las últimas tres décadas, según la Cámara Nacional de la Industria Maderera.

Michoacán perdió 65.000 hectáreas de masa forestal en los últimos 18 años, según la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnacc) del estado. 

Michoacán perdió en ese periodo 66.000 hectáreas anuales de superficie vegetal, según la Comisión Forestal perteneciente a la misma Secretaría.

No hay cifras fiables de la voraz deforestación, ni tampoco interés por dimensionar la magnitud de la catástrofe. “Ha habido abusos, aunque no de manera grave. El problema es que no tenemos estudios para medir el impacto que está provocando esta deforestación. No hay incentivos para financiar investigaciones que puedan perjudicar los intereses de la industria. Hay dinero para pagar anuncios millonarios en la Superbowl, pero para esto no”, señaló el director de la oficina michoacana del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, en entrevista con el diario El País.

Por sexto año consecutivo, Avocados from Mexico —rama estadounidense de la poderosa asociación aguacatera de Michoacán— colocó un anuncio de sus aguacates en el descanso del evento deportivo con más telespectadores del planeta. Los treinta segundos de publicidad costaron cinco millones de dólares. Para esta edición de la Superbowl, Michoacán batió otro récord al exportar 140.000 toneladas de aguacates hass, diez veces el peso de la cúpula de la Basílica de San Pedro.

—Se vuelven locos por cultivar aguacate, ya siembran en zonas frías donde antes no se podía por las heladas. Están talando mucho. Provocan incendios para arrasar los pinos y luego tumbarlos —sigue Javier—. Ya hemos notado un calor inusual y que llueve muy poco, fuera de temporada, se vienen unas granizadas como nunca que destrozan la cosecha. 

Javier se pasó al aguacate orgánico hace siete años, tanto para aminorar ese impacto ambiental como para soslayar al crimen. Ahora exporta a Europa, sus ingresos se redujeron, pero ganó tranquilidad. La huerta se amarillenta por un sol que dora a la flor marcela, abriéndose —una de las cuatro etapas de floración—. Los productores novicios se alborozan con la flor loca, la que sale antes, se corta primero y se vende a mejor precio. Pero Javier sabe que la loca no conviene porque pesa más, se cae pronto y no florecen las otras.

Oficialmente se estima que una cuarta parte de los aguacatales son ilegales, mientras que el Grupo Interdisciplinario de Tecnología Rural Apropiada (GIRA) indica que la mitad de áreas boscosas se vendieron mediante artilugios legales. Lo cierto es que hace veinte años que las autoridades estatales no otorgan ningún permiso para el cambio de uso de suelo, pero este monocultivo sigue extendiéndose a un ritmo incalculable.

—El gobierno por vía satélite identifica dónde se está talando, pero cuando vienen, les aflojan un dinero y hacen la vista gorda. Todo sigue igual —asegura otro productor que se incorpora exaltado a la conversación, aunque se rehúsa a dar su nombre.

La fuerza pública michoacana destruyó 700 hectáreas de cultivos de aguacate ilícitos en 2019, tal y como señaló su titular de Medio Ambiente al periódico La Jornada. Fuentes de esa institución me dicen que los operativos de erradicación tuvieron que suspenderse a mediados del curso “por la fuerte resistencia de los campesinos y las agresiones del crimen”.

A mediados de febrero del presente año, el gobernador del estado, Silvano Aureoles, declaró una nueva cruzada contra los aguacateros ilegales, a quienes culpó de la quema intencionada de 14.000 hectáreas forestales tan sólo en la primera mitad de 2019. En el último lustro, sin embargo, apenas se presentó una denuncia por ocasionar incendios, debido al temor o a la resignación frente a la enorme impunidad. “Los mantos acuíferos se están afectando y hay regiones que se están quedando sin agua”, alertó el mandatario sobre los efectos de esta práctica.

No obstante, la Comisión Nacional del Agua otorgó concesiones para extraer más de 200.000 m³ de agua al año a tres de las principales empresas aguacateras de Uruapan, mientras la mitad de la población de siete comunidades indígenas en ese municipio padece desabasto del vital recurso.

El árbol de aguacate requiere cinco veces más agua que un pino de 12 metros, arrojó un estudio del biólogo Alberto Gómez-Tagle. Los pinares generan agua mientras que los aguacatales necesitan mucha. La tala inmoderada seca las profundidades terrestres y eleva la temperatura atmosférica. Los incendios aceleran este recalentamiento que disminuye la cantidad de lluvias. Brota menos agua de los manantiales por el sobreconsumo de los mantos freáticos. Una demoledora rueda que, según la misma investigación, provocará el colapso de los cultivos de 'oro verde' en menos de medio siglo.

—A este ritmo, en diez años ya no quedará agua, ni para el aguacate ni para nadie —lapida Javier, a quien un funcionario le propuso facilitarle el permiso para construir otro pozo de agua y luego poder venderla—. ¿Y a cuánta gente voy a perjudicar por ganar más dinero? El problema es que cada vez perforan más y se roban más agua de tomas clandestinas. Antes los agricultores vigilaban que no les quitasen su producto, ahora andan armados de madrugada para cuidar sus depósitos de agua. Un día nos vamos a matar por el agua.

Javier se considera un productor mediano, aunque su sembradío se desvanece en el horizonte. Se oculta tras el ala de su sombrero vaquero y elude con rodeos dar la cantidad exacta de hectáreas que posee. Nadie quiere ser de nuevo blanco de la delincuencia, revivir la pesadilla.

***

Tras un lapso de relativa calma, a finales de 2018 repuntó la coacción criminal, cuando el Cártel de Jalisco irrumpió fiero en Michoacán, decidido a ensanchar su poderío al estado contiguo. Eso incluía disputarse el dominio del lucro aguacatero contra un amalgama de al menos una docena de bandas ya afincadas en la zona de Uruapan. 

—La delincuencia se ha vuelto a poner muy muy fuerte. Hace poco balearon a un compañero que trataban de levantar (secuestrar), han vuelto a cobrar cuotas (extorsiones), a asaltar camiones. Afecta a todo el gremio. Las carreteras están cerradas muchas veces porque montan retenes. Hay toques de queda que ni los niños pueden ir a la escuela —explica Jaime Blanco, propietario de Yarely, una pequeña empacadora que distribuye al interior del país, por lo que sus ganancias son limitadas.

Los ingresos multimillonarios se generan de las ventas a Estados Unidos. La cuota para adherirse a la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de Michoacán (APEAM) —requisito indispensable para exportar— asciende a 300.000 dólares anuales. En 2014, el entonces presidente de dicha patronal apareció en un vídeo reunido con Servando Gómez, alias La Tuta, líder de Los Templarios, acompañado de otros empresarios y políticos locales.

Blanco defiende que en aquella época era común negociar con el narco para resolver percances y rebajar tensiones, por voluntad propia o bajo amenaza. Lo sabe, aunque su rudimentaria fábrica se mantiene al margen de esas presiones, según dice. Varios recolectores descargan cajas al ritmo de Los Tucanes de Tijuana y su canción Barbarino, gatillero de la vieja guardia del Cártel de Sinaloa que se hizo famoso por míticos narcocorridos dedicados a su carrera, ultimada a balazos hace un lustro:

Trae más armas que el gobierno

y más gente que Al Qaeda,

apoyado por el Mayo y Joaquín Guzmán Loera.

Me refiero a Barbarino,

hombre valuado en docenas.

El jolgorio y la música del camión enmudecen al sacar mi cámara. Tanto los mozos como los operarios del empaque se apresuran en tapar sus rostros.

—Hay mucho pánico. La gente no quiere ni salir a la calle por el miedo. Las cuadrillas (de recolectores) no quieren salir ni a cortar, porque los paran, los investigan, los esculcan. Quedan pocos municipios libres —afirma Jaime.

***

En las principales avenidas de los pueblos, tropeles de jornaleros aguardan desde temprano la oportunidad de hacinarse en la parte de atrás de alguna camioneta que les dé trabajo en la huerta. Son el eslabón más débil del ingente negocio y de una cadena productiva maniatada por la delincuencia organizada.

“¡Ya te chingaste, ya pronto se te lleva la maña (crimen)!”, bromean varios cortadores mientras hablo con uno de ellos. Los demás se esconden entre las espesas copas del aguacatal, cuyo propietario prefiere omitir su ubicación. Nos cuenta que con frecuencia el crimen organizado secuestra a las cuadrillas para llevarlos a cortar a sus terrenos. A veces los regresan y otras, los desaparecen.

A Javier Medina le cuesta encaramarse por las retorcidas ramas de esos árboles, de una altura de ocho a doce metros.

—Es peligroso, es fácil caerse. Uno ya de avanzada edad no puede seguir trabajando en esto, es arriesgado, pero aquí no hay más chamba (empleo). Uno sobrevive —dice el hombre de 49 años. 

Hace diez que se metió de cortador porque la paga es mucho mejor que, por ejemplo, en los campos de maíz. Gana 400 pesos (unos 15 euros) por una jornada de nueve horas y por las tardes completa el sueldo con otros quehaceres. Un 51% de Uruapan vive en situación de pobreza.

Antes el distribuidor se encargaba de su contrato y contaba con seguro médico, pero recientemente el servicio de cuadrillas se ha delegado en subcontratas que no siempre les ofrecen esas prestaciones mínimas.

—Pues si me caigo, ya no sirvo. ¿Ya para qué el seguro, si no voy a tener para comer? Cada vez pagan menos porque lo ven a uno tarugo y ha bajado el trabajo. Antes hacíamos seis días corridos y ahora sólo tres o cuatro, porque cada vez vienen más cuadrillas de fuera —se queja Javier. “¡Por los de Oaxaca!”, vociferan a lo lejos. 

—¿Supone un riesgo trabajar en las huertas? —le pregunto.

—¿Por las caídas? ¿Los bichos? —esquiva con una sonrisa nerviosa.

—Por el crimen.

—No, aquí está muy tranquilo, todo calmado —atiesa el bigote.

***

Tanto en la ciudad como en los cerros de Uruapan resulta muy difícil que alguien hable del CJNG. Quien lo hace, siempre se refiere como a “los nuevos”, “los que recién llegaron” o a lo sumo “los de Jalisco”. Aunque se sabe quiénes son y en dónde están: “pa'l norte de la ciudad es su territorio”, “controlan de la central (de buses) pa' arriba”, “se metieron por Zamora y ya tienen su base en Los Reyes”.

El CJNG se creó en 2007 como brazo armado del Cártel de Sinaloa bajo el nombre de Los Mata Zetas, su banda archienemiga compuesta de exmilitares. Luego se independizaron y se dieron a conocer en 2011 liderados por Nemesio Oseguera, alias El Mencho. Tras la caída del Chapo Guzmán y la casi extinción de Los Zetas, la organización se emplazó como la más vigorosa y despiadada del país. Consolidó su dominio por toda América y parte de Asia mediante unas prácticas tan sádicas como para no atreverse ni a pronunciar sus siglas. 

La noche del pasado 8 de agosto, desparramaron hasta 19 cadáveres en el centro de Uruapan. Unos colgados de un puente, otros decapitados… regados en pedazos por tres kilómetros de una misma calle, el concurrido bulevar Industrial. México volvía a amanecer horrorizado por la enésima barbarie y el mundo escandalizado ponía el ojo en Michoacán por un día.    

Una semana después, funcionarios del Servicio de Inspección Animal y Vegetal de Estados Unidos —encargados de certificar los aguacatales aptos para exportar— fueron interceptados, amedrentados y su vehículo robado tras suspender las actividades de una huerta. El Departamento de Agricultura estadounidense amenazó con retirar el permiso de exportación al fruto de Michoacán si no se tomaban medidas para garantizar la seguridad de su personal sanitario, a través de una carta enviada a la APEAM. Una advertencia insólita en los 22 años de vigencia de dicha certificación, pero  más inaudito aún es que la patronal aguacatera publicase esa misiva. “Fue para mandar un mensaje al crimen y que se relajase, porque se quedaban todos sin negocio”, sostienen algunos lugareños bajo anonimato.

En efecto, se suavizó el hostigamiento contra la industria aguacatera y se moderó la incesante escabechina durante el último trimestre de 2019. Pese a ello, Uruapan cerró el curso con 243 homicidios dolosos, más del doble que dos años atrás. 

Por la carretera entre Uruapan y el municipio de Peribán, a unos 200 km, nos adelantan a toda velocidad cuatro pick ups blancas con los cristales tintados. Nos estacionamos en señal de que nuestro vehículo no tiene nada que ver con lo que esté aconteciendo. “Esos son del (cártel) Jalisco. Mejor vamos despacio por si hay balacera delante”, dice el conductor, quien ya se ha quedado en medio de un fuego cruzado tres veces en el último año. Los lugareños reconocen los vehículos de cada banda, sus movimientos y zonas de influencia. Y esa dirección no corresponde al CJNG. “Últimamente se están dando duro por esta área”, agrega.

El avispero se agitó al inicio de este año. Uruapan registró 124 asesinatos sólo en el primer trimestre. El 3 de febrero, varios sicarios del CJNG masacraron a nueve personas, entre ellos a cuatro menores, en un local de máquinas tragaperras. Entraron preguntando por dos integrantes de Los Viagras y al no obtener respuesta empezaron a disparar. Se hallaron 65 balas.  

México es el país en donde más se ha agravado la peligrosidad para la niñez en las últimas dos décadas. En 2018, fueron asesinados de 3 a 4 menores a diario. Una tasa de 4.9 homicidios dolosos de niños y niñas que triplica a la de Siria o Palestina. 

***

Juan Manuel se crió en una familia de madre soltera y seis hermanos que andaban con los zapatos agujereados. Su hogar se ubicaba a dos cuadras del bulevar Industrial, donde aparecieron los 19 cuerpos descuartizados. La neurálgica calle empedrada y sus rústicas casitas de teja atesoran el decadente encanto de lo que bien podría haber sido un 'pueblo mágico', pero que se quedó en infierno. Por donde algún día pasearon grupos de turistas desde la plaza mayor hasta un bello parque de manantiales, hoy los vecinos se apresuran en cruzar las desoladas calles. Ya  las paredes se desconcharon, repletas de garabatos y persianas bajadas.

—Cuando era pequeño se hablaba de muertos o robos como algo de otro mundo. Desde por la mañana se dejaban las puertas de la casa abiertas para que le entrase aire a las plantas —recuerda el profesor sobre su infancia y la costumbre tan michoacana de decorar los pasillos con macetas—. Nunca imaginé que íbamos a llegar a este punto de violencia.

Muchos anhelan los tiempos en que una sola familia copaba todo el negocio de la droga. Desde 1990, los Valencia produjeron a sus anchas marihuana, heroína y cocaína, sin mayor pretensión que venderla a las bandas del norte. Camuflaron sus actividades en la comercialización del 'oro verde', de ahí conocidos como Los Reyes del Aguacate. Hacia 1998, estructuras de otros territorios de México envidiaron su poderío, en concreto por el control del puerto marítimo de Lázaro Cárdenas. Ese fue el año más violento hasta entonces en Michoacán con más de un millar de muertes. El cártel del Golfo —de Tamaulipas, estado limítrofe con EEUU y el Atlántico— envió al combate a su fuerza paramilitar, los Zetas, desertores de una unidad de élite del ejército mexicano. La contienda concluyó en 2002 con la eliminación de los integrantes clave de la familia Valencia. Pero, en lugar de limitarse a regentar la ruta de la droga, los Zetas diversificaron sus negocios ilícitos con extorsiones, secuestros y el sometimiento de la población. En 2006, un clan local conformó La Familia Michoacana para enfrentarlos y liberarse de sus tropelías, pero también  terminaron por aplicar los mismos atroces métodos. Ese año, el Estado declaró la guerra al crimen organizado y Michoacán se sumió en un ciclón de violencia que ha involucrado a decenas de grupos. Una guerra de mil cabezas a la que en última instancia se ha incorporado el CJNG.

Los de Jalisco también tocaron a la puerta del Biólogo. Un supuesto comandante del cártel llamó a muchos habitantes de Uruapan para extorsionarlos bajo la promesa de brindarles seguridad. “Necesitamos que nos apoye para proteger a la población”, fue lo poco que escuchó Juan Manuel antes de colgarle, a sabiendas de esas llamadas que ya habían recibido algunas de sus amistades. A cada uno le pidieron diferentes cantidades dependiendo de sus posibilidades económicas. Por su lado, Los Viagras hacen lo propio en Zumpimito, donde cobran 5.000 pesos (unos 200 euros) por hectárea sembrada, a modo de 'tarifa de protección'. 

—Esto jamás fue así. Siempre ha habido pobreza, pero no había tanta antítesis. El aguacate es el causante de toda esta desigualdad. Ha traído mucha riqueza, pero mucha violencia —se indigna mientras muestra fotos antiguas de colegas sonrientes en sitios emblemáticos de Uruapan—. Ha traído violencia hacia las personas y hacia la naturaleza.

La charanda se compacta como una piedra en la estación seca y se resquebraja en hondas grietas. Abrupta e impredecible. 

El ochentero vocho —Volkswagen Beetle— de Juan Manuel sufre entre esos socavones de la senda hacia su cabaña. A menudo se ha quedado atascado en el pegajoso barro que se forma al humedecerse, aunque eso ahora no le preocupa mientras salimos del Ecocentro.

—Agáchate, aquí también hay halcones —me pide antes de cruzar la valla de acceso al bosque, donde rondan dos jóvenes en motocicleta que no se marchan hasta que nos alejamos del lugar.

El escarabajo está tan repleto de papeles y carpetas que debo sentarme sobre una pila de portafolios. Por mi entrepierna asoma una pestaña etiquetada como 'Estimulación, Aburrimiento, Violencia', uno de sus ensayos sobre la fórmula para la pacificación de México. Atrás lleva ropa desparramada y un saco de dormir. El coche es el segundo hogar y oficina del Biólogo.

—Nunca sé si voy a poder volver. A veces hay bloqueos de los narcos; otras, hay derrumbes o árboles caídos. Entonces debo quedarme en donde algún amigo —habla sobre los nueve kilómetros entre su vivienda y el centro de Uruapan, un trayecto donde siempre nos topamos con al menos un retén policial—. Baja la ventanilla para que no se preste a suspicacias. A veces los malandros (delincuentes) están con ellos en los controles. O los mismos agentes trabajan para uno u otro grupo. Si preguntan, eres estudiante.

***

Juan Manuel solía enfilar ese camino hacia el norte cuando era adolescente y salía los fines de semana al pueblo de sus padres, Paracho, a 40 km de Uruapan. La vía franquea el Cerro de la Cruz, que el profesor recuerda como un túnel de espesa vegetación. Hoy, un paisaje de arbustos, pastizales y por supuesto aguacatales. Nos cruzamos con cuatro camiones cargados de troncos en apenas una hora por esa carretera que conduce a Paracho y por donde nos desviamos hacia Arantepacua. Ambos pueblos se ubican en la Meseta Purépecha, una región indígena que ocupa el centro-oeste de Michoacán.

***

—¡Tocaron las campanas! —repite Francisco Hernández como un mantra.

Tocaron las campanas de la iglesia de Arantepacua para alertar de que por la variante hacia el pueblo avanzaba una marabunta de 300 policías estatales a bordo de camionetas y furgones encabezados por el rinoceronte, el camión blindado que aplastó la endeble barricada de acceso y todo lo demás a su paso.

—Entraron a matar, echaron bala por todos lados. Nunca tuvieron intención de dialogar, era como una guerra. Nosotros estábamos desarmados, había gente mayor —relata Francisco sobre la hora que duró la balacera—. Todos corrimos a nuestras casas a refugiarnos, pero nos sacaban a rastras, a golpes. 

Eran las 14:50 horas del 5 de abril de 2017.

Minutos más tarde, Francisco recibió una llamada. Habían matado a su sobrino, Luís Gustavo Hernández, estudiante de 17 años. El operativo de la fuerza pública dejó un saldo de cuatro pobladores muertos.

Luís Gustavo había llegado desde otro municipio alarmado por los estruendosos disturbios, narra Francisco. Al ver la carnicería en la avenida principal, se echó hacia el monte para esconderse, pero el disparo de un presunto francotirador de la policía impactó en su brazo derecho. Desangrándose, se arrastró varios metros hasta que una docena de uniformados lo siguieron, lo tumbaron, lo patearon hasta cansarse y luego le dieron el tiro de gracia.

'Ya cayó el de rojo', se escucha en radiocomunicaciones policiacas difundidas por medios locales. El de rojo era Luís Gustavo.

Su tío lo encontró en mitad de un campo de papas y ahí lo enterró. Unos cien metros hacia abajo, se ve la calle por donde se desplegó la policía y desde donde el joven salió corriendo. Unos cien metros hacia arriba, empieza la arboleda donde pretendía refugiarse. Entre el fango revuelto reposa una gavilla envuelta por unas maderas blancas y una corona funeraria azul. Francisco se apoya en el austero altar para romper en llanto. Adecenta un manojo de ramas secas antes de seguir hablando:

—No entendemos por qué esa brutalidad, por qué nos quisieron humillar de esa manera, no era tan grande el problema para que actuaran así.

***

Un día antes, 38 comuneros de Arantepacua fueron a Morelia (capital de Michoacán) para reunirse con el gobierno estatal a fin de resolver una histórica discordia territorial con el pueblo contiguo, Capácuaro, que en esos días se había agravado. El encuentro terminó sin acuerdos y a su regreso la comitiva de Arantepacua fue detenida y encarcelada, acusados de secuestrar al conductor del autobús que los transportaba.

A fin de exigir su liberación, la comunidad bloqueó sus inmediaciones y retuvo una veintena de vehículos entre autobuses y camiones de reparto. La Secretaría de Seguridad Pública michoacana justificó que en el “rescate” del 5 de abril participaron 200 policías antimotines, que iban desarmados y sólo se defendieron del ataque con piedras y cohetones que les lanzaban los comuneros. En imágenes divulgadas por las autoridades se aprecia a varios agentes heridos presumiblemente por esos artefactos.

El conflicto entre Arantepacua y Capácuaro se recrudeció a partir de 1984, cuando el entonces presidente mexicano decretó que las controversiales 520 hectáreas de suelo eran propiedad de Capácuaro, pese a situarse en la localidad de Arantepacua y encontrarse ahí su principal fuente de agua. Desde entonces se libró una disputa a muerte por recuperar el trozo de bosque que les abastece del vital recurso. Las administraciones estatales de turno se han inclinado de un bando o del otro sin ofrecer una solución real a lo que califican de “problema étnico de límites y colindancias”. Un 64% del territorio purépecha se encuentra en litigios entre comunidades, catalogadas como 'puntos rojos'.

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En la calle por donde embistió el tropel de agentes todavía hay viviendas a medio construir. En los muros donde antes había anuncios de candidatos, ahora hay pintadas del emblemático líder revolucionario Emiliano Zapata disparando a una rata con las siglas del PRI, PAN y PRD, rodeado de palabras como 'Autonomía', 'Libertad', 'Respeto' y un mensaje en grande: '5 de abril, ni perdón ni olvido'.

Dos días después de la masacre, los 3.000 habitantes de la comunidad decidieron expulsar a los partidos políticos, a la policía, declararon un auto-gobierno y crearon su propio cuerpo de seguridad. Arantepacua sea tal vez el último municipio de México que se sublevó contra el Estado.

Dos camionetas abolladas y una decena de civiles armados custodian un retén de múltiples badenes. A un lado de la carretera, un parapeto de sacos terreros. Al otro, la antigua caseta de vigilancia policial remodelada con la colorida bandera purépecha. 

—¿En quién podemos confiar, si son los políticos y la fuerza pública quienes vinieron a agredirnos? Nos quedamos desprotegidos y nos vimos en la necesidad de velar por nuestra propia integridad —justifica una de las paisanas.

Juana Morales viste un chaleco antibalas donde guarda un viejo revólver Smith & Watson Modelo 10, dos cargadores de fusil y un tubo de papeles. Mide un metro y medio, pero su presencia impone. Escudriña imperturbable cada momento. Permanece impasible, con las manos en los bolsillos, mientras varios hombres enfusilados cachean contra la pared a un muchacho de aspecto andrajoso.

Ella es la jefa de Seguridad de Arantepacua. Lidera a catorce kuaris, comuneros que tomaron las riendas de las labores de vigilancia. Su mirada penetrante sólo se empaña al hablar del 5 de abril:

—Había personas tiradas, carros chafados. No se escuchaba ni el sonido de los perros, ni los pájaros. Quedaba mucho humo, olía todo a quemado. Empezamos a buscarnos entre todos. Me abracé con mi madre y nos pusimos a llorar. Casi la matan, pero no importaba, ella por su pueblo daba la vida.

La mujer tiene una amplia tradición de lucha en Arantepacua (en purépecha, “lugar plano”). Al momento del asalto policial, había 38 hombres presos en Morelia y medio centenar acababa de partir hacia la capital para pedir su excarcelación. Las mujeres, entre ellas la madre de Juana, salieron con palos y machetes para defender a sus maridos capturados por los agentes durante el operativo. Desde entonces se consolidó el reconocimiento al papel de la mujer y su derecho a participar en la autoridad.

—Siempre me había involucrado en la lucha social. Ayudé en la logística de los bloqueos, pero desde los hechos (como suelen referirse a la arremetida policial) empecé a acercarme a las asambleas y me presenté a las elecciones del consejo. Lo hice por el dolor que traigo, porque me da fuerza para demostrarle al gobierno que seguimos en pie —asegura la joven de 33 años.

Fue la candidata más votada para formar parte de un consejo comunal integrado por seis mujeres y seis hombres. Una paridad establecida hace tres años al configurarse como una estructura de gobierno horizontal, donde nadie está por encima.   

—Nunca pensé que luego el consejo me escogería para Seguridad, porque a las mujeres solía tocarles en Asuntos Sociales o Civiles. Decidí entrarle para demostrar a las demás que también podemos encargarnos de la vigilancia —argumenta Juana—. Hubo algunos en la asamblea que dijeron que éste era un trabajo de hombres. Al principio algunos compañeros sentían que les robaba la autoridad. Hubo diferencias, pero ya las resolvimos.

La joven sigue sin soltar una mueca, con el mismo semblante sosegado a la hora de dirigir un arresto o de indicar con un leve movimiento de cabeza los vehículos sospechosos que deben revisar en el retén. En ocasiones Juana se sacude para ajustarse un chaleco antibalas que le queda grande y que se nota, le incomoda. Por las mañanas, imparte clases en una escuela primaria. Por la tarde, cambia la tiza por la pistola para ejercer de comandanta.

—Cuando llego a mi comunidad, dejo de ser maestra y soy comunera. Pero mi arma son el lápiz y los libros para enseñar a los niños cómo deben defenderse del gobierno, porque a veces no son necesarios los fusiles. Nosotros nos defendemos con armas porque el gobierno nos traicionó.

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“¡Ya, vámonos, suban!”, ordena Juana al grupo que hoy comanda: cinco hombres armados, de variadas edades, y una mujer de unos 60 años con una cachiporra. Algunos usan pantalón o camiseta de camuflaje; otros, chaqueta negra serigrafiada con las palabras Kuaricha Jarhanipacua (Policía Arantepacua). Casi todos se cubren el rostro con pasamontañas o pañuelos para evitar que los reconozcan.

Los comuneros portan una escopeta calibre 12, un par de fusiles R-15, un Ruger mini-14 y una AK-47 clásica, que se echan en sendas espaldas para subirse a una Ford Ranger y una Nissan NP300. Ambas pick ups antiguas, sin matrícula, rotuladas en su capó y puertas delanteras con un indígena armado y la palabra Kuaricha, insignia de esa policía autónoma.

Juana otea la llanura, sin inmutarse, sujeta con firmeza a una de las varas del soporte que instalaron en la parte trasera. Las camionetas se empinan por una pedregosa trocha para adentrarse entre encinos y pinos sembrados hace poco. Además de custodiar los accesos a la comunidad y patrullar sus calles, la ronda comunitaria también resguarda los bosques.

—Vimos que estaban tumbando árboles para plantar aguacate, la tala estaba muy fuerte. Si los atrapamos, los detenemos por tres o cuatro días y deben pagar los daños. Ya se lo piensan dos veces antes de cometer el delito —señala Juana sobre la aplicación de su propia ley, que incluye también la obligación de reforestar. Esas pinedas tardarán unas dos décadas en alcanzar su tamaño máximo.

—¿Quiénes talan? ¿El crimen, como en otras comunidades aledañas? —pregunto.

—Es la propia gente de la comunidad que tala por necesidad, pero les hicimos entender que a la larga les perjudicaba. Antes a diario nos encontrábamos talamontes, pero ahora ya ha disminuido, sucede como cada tres meses —expone la guardabosque. 

Más del 80% de la población de Arantepacua vive en la pobreza y su principal ingreso proviene de la fabricación de muebles. En Michoacán se da sobre todo una 'tala hormiga', a pequeña escala, pero constante y dilatada. Por ello, raramente se ven las impactantes imágenes de cúmulos de árboles serrados, como en la Amazonía. Por eso también, se trata de un desastre silencioso e invisibilizado.

Desde la colina se observa todo el valle pelado, reseco, una pastura por donde se esparce algún raquítico ganado. Parches de terreno asolado escalan por las montañas lejanas. 

Esa tala hormiga ha depredado un 60% de las 680.700 hectáreas de superficie de la Meseta Purépecha, como arrasar con toda la Gran Buenos Aires o Seúl. Un ritmo de degradación superior al del resto de Michoacán, el tercer estado con la mayor industria maderera. 

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En el altiplano se localizan 2.500 aserraderos clandestinos, de los 3.000 que se calculan en todo Michoacán, donde al año se extraen ilegalmente un millón de metros cúbicos de madera —el volumen del Empire State—, más del doble que la producción legal. 

El crimen organizado entró al negocio maderero en 2006, año en que se produjo el asesinato de un agente federal del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) en una balacera con talamontes sorprendidos por la redada policial. El cártel preeminente, La Familia Michoacana (y luego Los Templarios), tuvo aterrorizada durante años a la población indígena tanto por la feroz devastación de su entorno natural como por los secuestros y extorsiones. 

“Ustedes se están metiendo en un problema, la mafia tiene el compromiso de vender la madera aquí y en el extranjero. Nadie los va a poder parar”, parafrasea un lugareño que prefiere no identificarse sobre la respuesta que les dio el entonces gobernador michoacano, Leonel Godoy, cuando le pidieron apoyo para encarar al crimen organizado. En 2011, la comunidad vecina de Cherán se alzó en armas y expulsó a los narcotraficantes y taladores. Luego conformó la primera red propia de guardabosques armados, una estructura que emularon otros pueblos originarios.

—Tenemos que encargarnos de preservar la naturaleza, porque el gobierno, como ya se ha visto, no la cuidará por nosotros —indica Juana.

Las autoridades clausuraron apenas una decena de aserraderos ilegales en todo el 2018. La administración estatal reconoció este enero que la tala ilegal, a menudo camuflada como 'tala de salvamento', ha aumentado en los últimos años sin acciones permanentes para combatirla y se ha visto acrecentado el tráfico de camiones que trasladan rollos de madera. 

El problema se agravó con la irrupción del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Michoacán. El pasado agosto, los kuaris de Arantepacua interceptaron dos camionetas con hombres armados que cruzaban el poblado al mediodía. Eran sicarios del CJNG en una de sus incursiones para expandir su dominio territorial. Mantuvieron una reunión para dejarles claro que la comunidad no iba a permitir la presencia de bandas criminales. Hasta la fecha, ningún otro cártel ha aparecido. Juana se enorgullece y enfatiza su convicción:

—En esta tierra ya no entra ni la policía, ni los narcotraficantes, ni los talamontes... esta tierra la vamos a defender aunque nos cueste la vida.

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Las patrullas de la Kuaricha se detienen en otro terraplén. El más joven, con una AK-47 culata de madera, siempre se adelanta a Juana para escoltarla y apartar las ramas. Es de los pocos que en ningún momento se cubre el rostro, con una actitud satisfecha por la función que cumple. Cierra la columna uno de los conductores, el único con una pistola semiautomática, una Colt 1911.

Caminamos media hora entre una floresta de coníferas hasta llegar a un barranco. Una lona plástica reviste el inmenso hoyo escarbado por los comuneros. Será el nuevo ojo de agua artificial de Arantepacua, que no cuenta con ninguna fuente acuícola más que la que se escurre de unos enjutos manantiales.

—En los últimos cinco años llega un 30% menos de agua, calculamos, por la deforestación y porque se la consumen toda en los cultivos de aguacate de las partes altas. Este depósito es la única alternativa que encontramos, porque tampoco nos dejan perforar (pozos) —lamenta Juana sobre una demanda añeja.

Jiménez Crisóstomo, uno de los comuneros asesinados en el operativo policial de 2017, formaba parte del colectivo que reclamaba el otorgamiento de nuevos permisos de perforación de pozos para el suministro de agua en esa comunidad ante la constante mengua de sus afluentes. 

Cuatro de cada diez hogares michoacanos no disponen de agua corriente ni la reciben a diario, un porcentaje por encima de la media nacional. Las dificultades de acceso al imprescindible líquido se acentúan en las comunidades indígenas, según una encuesta oficial.

En la demarcación de Nahuatzen, donde se ubica Arantepacua, sólo hay cinco pozos de agua potable que a duras penas abastecen a sus 30.000 habitantes con un volumen anual de 516.288 m³. Mientras, en los alrededores de Uruapan no existe restricción para el uso industrial del agua. Sólo la empresa Bebidas Azteca de Occidente, la embotelladora de Coca-Cola, utiliza 300.000 m³ al año. 

En total, las principales fábricas refresqueras del área consumen 842.554 m³ de agua, según los datos recopilados en el libro El agua o la vida: Otra guerra ha comenzado en México, del periodista michoacano Jesús Lemus, encarcelado en 2008, acusado de pertenecer a La Familia Michoacana. Pasó más de tres años en prisión hasta demostrar su inocencia. Había revelado supuestos nexos de familiares del presidente Felipe Calderón con dicha organización narcotraficante.

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Un grupo de mujeres lava ropa en la única pila de Arantepacua. En sus carretillas se amontonan las prendas sucias de una semana. Las más jóvenes se cubren las piernas con una bolsa de basura. Las mayores aprovechan su delantal de percal que protege la colorida falda sabanilla, su indumentaria tradicional. 

—Ya no hay agua en los montes. Cuando era niña había mucha agua, era una barranca, pero ya no. En el mes de mayo que hace mucho calor, escasea mucho el agua —cuenta Juanita Martínez, de 26 años, sin levantar la vista. 

Frota la pastilla de jabón contra una camisa y la restriega contra la piedra. Vierte un cubetazo y vuelta. Estruja y escurre sucesivamente hasta el atardecer.

—En casa tenemos mangueras, pero llega poquita agua. A veces ni llega. Tenemos que comprar garrafones. La gente nos juntamos aquí desde las tres de la mañana para lavar, cargar agua en carretillas, en cubetas —sigue la joven en un vacilante castellano.

Un campesino se acerca para que su caballo beba del escuálido abrevadero por donde baja el agua hasta el pilón.

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Por la humilde comunidad de Arantepacua, de casitas coloridas y adobe, los bueyes suelen obstaculizar el tráfico por las estrechas calles de losas embarradas. Pero nadie toca la bocina. Los niños corretean solos —algo ya inusual en un México pavoroso—. Se ven sobre todo mujeres. Muchos hombres migran a Estados Unidos o salen largas temporadas para laborar como cortadores en las huertas de aguacate. La mayoría de las mujeres todavía conservan los atuendos típicos y hablan purépecha entre ellas, a diferencia de las localidades aledañas.

—Hemos mantenido mucho nuestras raíces, porque un 70% del pueblo somos maestros. Hemos creado esa conciencia —explica Juana mientras recibe varios mensajes por walkie-talkie que no responde.

Hacia los años sesenta un profesor de Arantepacua se construyó una casita de tabiques, material costoso en aquella época. Sus vecinos pensaron que dar clases estaba bien remunerado y muchos se inclinaron por ese oficio. La comunidad emergió como feudo del movimiento estudiantil en la región, abanderado por las escuelas normales rurales —centros educativos para campesinos, de base marxista y con una notoria trayectoria de lucha social en todo el país—.

Una de las hipótesis que barajan los lugareños sobre las razones para emplear semejante brutalidad policial el 5 de abril de 2017, es que “el gobierno pretendía disuadir del todo las protestas de los normalistas que arreciaban en la región desde hacía un año”. La otra conjetura, que “uno de los autobuses secuestrados por los comuneros transportaba droga”. Esa misma teoría se maneja para la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en el limítrofe estado de Guerrero.

Cinco días después del operativo, la Procuraduría General de Justicia de Michoacán (PGJE) justificó que los policías estatales reaccionaron a un primer ataque perpetrado por Benito Morales, alias El Benny, expolicía y primo del alcalde de Nahuatzen. Lo señalaban de liderar una célula de Los Viagras y de ocultarse en Arantepacua. El reporte alega que dos agentes fueron lesionados por impactos de bala de alto calibre. No encontraron al Benny y nunca se volvió a saber de él, pero esa versión oficial sirvió para dar carpetazo al caso.

—Nadie del estado atendió el suceso. Tuvimos que elevarlo a nivel federal. Esperamos que en pocas semanas salga la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para reabrir la investigación. Nada más es un primer paso, lo que realmente quiere Arantepacua es que se haga justicia con el encarcelamiento de los autores intelectuales, porque fue un crimen de Estado y no un enfrentamiento a la ligera como lo venden —rabia Juana sobre la intervención ordenada bajo el mandato del actual gobernador.

Asimismo, los comuneros de Arantepacua esperan que el posicionamiento de la CNDH contribuya a completar su autonomía con el acceso a justicia, a fin de lograr una reparación por los daños físicos, materiales y psicológicos.

El 5 de abril quedó grabado a fuego en los tres mil comuneros y marcó el porvenir de esa pequeña comunidad. En la columnata del antiguo ayuntamiento, hoy consejo comunal, cuatro retratos de bronce rememoran a los 'caídos'. Bajo el pórtico, coloridos murales de campesinos y multitudes indígenas rodean el emblema Juchari Uinapekua (Nuestra Fuerza).

—Ese día mataron a cuatro compañeros, pero hubo mujeres embarazadas que perdieron a sus criaturas, mucha gente mayor falleció luego de diabetes o de presión alta. Se están muriendo de otras enfermedades por todo el miedo que sienten desde entonces. El trauma es enorme. Cuando salimos a Uruapan y los niños ven a un policía, les piden a sus papás que les protejan, porque piensan que les van a golpear —exclama Juana. 

Las dos patrullas se estacionan en la plaza principal frente al Consejo, tras una ronda que finaliza al caer el sol y relevarse por el turno de la noche. La jefa de Seguridad se dirige de inmediato al callejón trasero del edificio. Abre el candado de una puerta metálica: la cárcel comunitaria, un zulo medieval sin ventanas. Tras las rejas de una segunda puerta se asoma un desaliñado hombre encerrado en una celda de dos por tres sin nada más que una manta.

—Porfa, comandante, déjeme ir. No he hecho nada. Sólo llevaba para consumo propio —le suelta a Juana en cuanto la ve entrar. Agarraron al joven fumando marihuana cerca de una escuela. 

Por andar ebrio o alteración del orden en el espacio público, los retienen algunas horas; por el consumo de estupefacientes, 24 horas; por robo o agresiones leves, un par de días y una multa; por portar armas o talar árboles, hasta cuatro días y una multa que aumenta conforme al grado del delito.

—Aplicamos esas sanciones para que sirvan de ejemplo. Como hay poco empleo, debemos prevenir el reclutamiento criminal o los robos —arguye Juana—. Hemos visto un cambio muy drástico después de los hechos. La comunidad quedó lesionada. Se quebrantaron los valores, se disparó la drogadicción entre los jóvenes y el alcoholismo.

Suenan las campanas de la sobria torre parroquial. Son las siete de la tarde. El atardecer colma de ambarino el tímido zócalo y languidece sus sombras. Juana se funde en ese letargo:

—El viernes después del miércoles de ceniza era la festividad del pueblo. Todas las familias subíamos al bosque. Las niñas llevaban cántaros, los escondían entre los manantiales y los niños tenían que buscarlos. Luego del 5 de abril, dejamos de organizar el festejo. Por la tala tampoco se puede celebrar, porque el agua se está secando. ¿Dónde esconderían los cántaros? Peleo para que mi comunidad vuelva a ser la de antes: un pueblo armónico, solidario, tranquilo. Pero es tan difícil sanar esa herida.

La charanda retiene poca humedad. Por las lluvias torrenciales, cada vez más fuertes en Michoacán, sus terrones desprovistos de vegetación se deslavan y arrastran todo a su paso. El azolve obstruyó centenares de tomas de agua y dañó válvulas en Uruapan el pasado agosto. Unas 100.000 personas —un tercio de la ciudad— se quedaron sin agua en sus domicilios durante varios días.

Algo parecido sucedió en el siglo XVI en un oasis natural en el centro de Uruapan, hoy el Parque Nacional Barranca del Cupatitzio, donde nace el río que le da nombre y la fábula de La Rodilla del Diablo. La leyenda cuenta que ese manantial dejó de emanar agua por causa de una presencia maligna, aunque en realidad se debió a la acumulación de desechos. El monje franciscano español Juan Fray de San Miguel, fundador de la ciudad en 1533, realizó un ritual para destaponarlo. Ante sus oraciones el diablo salió ahuyentado de una cueva, tropezó y dejó la marca de su rodilla en un pedrusco.

Juan Manuel fue director del Parque a comienzos de los ochenta. Hacia 1986, su organización Viva Natura consiguió frenar la entubación de esos manantiales con el propósito de extraer agua para los cultivos de aguacate y hoteles.

—Nos dimos cuenta de que detrás de cuestiones ambientales, siempre había motivaciones de poder. Armamos manifestaciones, juntamos unas 6.000 personas, mucha gente en esa época. Fue uno de nuestros primeros logros. Cuando detuvimos el proyecto, nos bañamos en este río para celebrarlo. Aquí también aprendí a nadar de niño —señala la hendidura en la roca por donde brota el agua hacia esa piscina natural, que hoy apenas les cubriría medio cuerpo.

La Rodilla del Diablo ha disminuido dos tercios su aforo en las últimas dos décadas. Pese a decretarse parque natural en 1938, la Barranca del Cupatitzio sufrió durante décadas el saqueo de su agua para venderla, la invasión urbana y hasta la construcción de una granja de truchas. En años recientes, ese manantial de agua cristalina se ha enturbiado por la basura de toda índole que transportan las lluvias por la Barranca de La Guerra, donde se vierten residuos domiciliarios, aguas fecales y agroquímicos.

El Biólogo se embelesa por los helechos y musgos que bordean las exuberantes cascadas. La frondosa vegetación refresca el paseo de decenas de visitantes, los pocos que todavía se atreven a acercarse a la que fuese una de las principales atracciones turísticas de Michoacán. Las tenderas saludan a Juan Manuel. 

—Este lugar es especial, desde la época precolonial fue un centro ritual. Siempre agarro fruta y me siento aquí a comerla mientras contemplo esta belleza. Mi alma es el parque —afirma el anacoreta, quien por ese afecto bautizó a su proyecto como Ecocentro Cupatitzio (en purépecha, “río que canta”)—. Este parque es el mismo ecosistema del Ecocentro, sólo que la mancha urbana cortó el corredor natural. Mi intención fue crear un lugar de estudio para tipificar esa fauna y flora, pero nunca hubo demasiado interés de las universidades. Entender el Ecocentro es entender el parque, es un termómetro del nivel de conciencia ambiental del municipio y sus impactos.

Las 19 hectáreas de esa lengua selvática son un vertedero de residuos y excrementos que en el último lustro atascan las fuentes de agua cuando empieza la temporada lluviosa. Los contaminados manantiales del Cupatitzio abastecen de agua a toda Uruapan y a gran parte de Tierra Caliente.

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El calor azuza a medida que descendemos. Por la ventanilla zumba un viento abrasante. Las pinedas y aguacatales dan paso a un desierto de infinita variedad de cactus. La temperatura mínima no baja de los 34 grados, de ahí viene el nombre de Tierra Caliente, aunque bien podría darse por ser una de las zonas más violentas del país. Las 19.000 hectáreas de valle árido —el tamaño de Madrid y Asturias juntas— atraviesan todo Michoacán y se adentran en el Estado de México y Guerrero.

Apatzingán de la Constitución —130.000 habitantes— se considera la capital de ese far west mexicano, donde las camionetas blindadas sustituyeron a los caballos. Gregorio López Jerónimo es sacerdote, pero viste una camisa de cuadros y unos jeans con andares vaquerizos. 

—La mayoría de jóvenes se han enrolado en los cárteles. Si no son asesinados, terminan drogadictos. Aquí les damos un techo y terapias para atender toda la ecuación de la indigencia —afirma el más conocido como 'padre Goyo'.

En el amplio local sin puertas ni ventanales, una veintena de camas rodean una larga mesa presidida por la Virgen María. El albergue el Buen Samaritano Una Luz de Esperanza acoge a personas en situación de calle. Varios deambulan por las baldosas como zombis. Uno dice tener una cadena de tiendas, otro asegura ser hijo de Donald Trump… resulta imposible mantener una conversación coherente con alguno de ellos. Otro duerme inmóvil durante toda la mañana.

—Todos se han quedado idiotizados por inhalar los químicos en los laboratorios o por usarlos como cobayas para probar la droga. El crimen los agarra para cocinar (droga) y, después de un año o dos que ya no sirven, los arrojan a las calles. Luego los mismos cárteles utilizan a esos indigentes como carne de cañón para cometer asesinatos y robos. Apatzingán se ha vuelto un basurero humano y yo me dedico a recoger esos desechos para darles una vida digna —dice el eclesiástico de 52 años sobre su pretensión de atajar ese círculo vicioso mediante la apertura del albergue en octubre pasado.

En Tierra Caliente se concentran muchos de los laboratorios de metanfetamina y ahora de fentanilo, el incipiente opioide cien veces más potente que la morfina y que provoca unas 30.000 muertes anuales en Estados Unidos, más letal que la heroína. Un tercio (460) de los laboratorios desmantelados en México entre 2005 y 2015 se hallaron en Michoacán.

Apatzingán, a unos 80 km al sur de Uruapan, es “la joya de la corona para los criminales”, según las propias autoridades. Se ubica a 200 km de Lázaro Cárdenas, el principal puerto de entrada de los precursores para drogas, junto al de Manzanillo, la segunda ciudad mexicana más violenta en 2019. Los químicos llegan en su mayoría desde China y se suelen intercambiar por barita, piedra que se utiliza para la perforación de pozos petroleros, así como por otros minerales valiosos que se extraen de la sierra cercana.

Las sustancias se procesan en los escondrijos de Tierra Caliente, de amplia tradición en el camuflaje de cultivos de marihuana. El sintético final sale hacia Estados Unidos a menudo a través de la línea ferroviaria del tren de carga Kansas City Southern, que cruza todo México hasta las norteñas ciudades fronterizas de Nuevo Laredo y Matamoros (Tamaulipas), emblemáticos pasos de contrabando.

—¿Nunca ha pensado en negociar con los narcos? —le pregunto sobre una táctica que han empleado algunos párrocos en el colindante estado de Guerrero.

—Tengo invitaciones a comidas y demás, pero con el diablo, ni a las canicas. Un delincuente no tiene palabra, ha vivido siempre fuera de la ley. Con un delincuente no se pacta, se le ataca —zanja en un recurrente tono belicista.

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En la costa michoacana permanecen operativas algunas de las últimas policías comunitarias. El comandante del ejido de Coahuayana, alias Teto, omite atendernos porque se encuentra ocupado en combates contra el CJNG en Aquila y Chinicuila, municipios sierra adentro donde el crimen organizado utiliza la minera transnacional Ternium como fachada para explotar minas ilegales. 

El camarada de Teto en la vecina comunidad indígena de Ostula, alias Toro, quien abandonó su trabajo de profesor para comandar la policía rural, nos concede una entrevista con la condición de no tomar imágenes ni grabación de voz. Las últimas apariciones en prensa les han traído contratiempos de seguridad a ambos. En abril, las autodefensas de Ostula hicieron un llamado a un nuevo levantamiento armado en todo Michoacán y se ofrecieron a colaborar con la fuerza pública para combatir al Cártel de Jalisco.

Por los 200 km de carretera comarcal que bordea la costa desde Ostula hasta Lázaro Cárdenas, atravesamos decenas de ríos desecados. Vadeamos tres camionetas abandonadas en la cuneta, calcinadas. El deterioro de sus carrocerías denota que llevan ahí pocos meses. A la altura de Pichilinguillo, dos civiles con fusil y el rostro cubierto, charlan con la señora de uno de los escasos merenderos. Al paso de mi vehículo, se levantan y observan con el dedo en el gatillo. 

Es frecuente que el crimen organizado coopte a lugareños en posiciones estratégicas y los obligue a ejercer labores de vigilancia (halcones). Y uno de los puertos del Pacífico con mayor contrabando debe blindarse como un baluarte.  

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El padre Goyo encabezó el movimiento de autodefensas en Apatzingán, alzado en armas en 2013 para echar al cártel de Los Templarios. En el sótano de la catedral ayudó a instalar las oficinas del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), los servicios de inteligencia. El gobierno federal impulsó y se alió con esos grupos de civiles para combatir al crimen organizado en Michoacán, cuyos tentáculos habían penetrado en todas las esferas de poder. El pasado diciembre, EEUU arrestó por su vínculo con el Cártel de Sinaloa al secretario mexicano de Seguridad Pública, Genaro García Luna, encargado de dirigir la fallida guerra contra el narco durante el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012).

 —Hubo un momento en que la delincuencia no estaba fuera, sino dentro del sistema. Eran los propios policías, jueces, fiscales, que estaban coludidos. Tuvimos que tomar la Fiscalía para reclamar el Estado de Derecho. Apoyé con estratagemas a organizar a la sociedad y concientizar, poniendo los valores del ser humano pisoteado por encima incluso de la ley. Pero no siento que me levanté en armas —valora el vicario, quien en aquella época usaba chaleco antibalas sobre su sotana, se movía acompañado de un séquito de pobladores con armas cortas a modo de escoltas y él mismo cargaba una pistola hasta hace apenas un par de años.

Por su rol, el padre Goyo sufrió tres intentos de atentado durante 2013. El más grave se produjo el 25 de abril, cuando después de un evento religioso en La Unión de Guerrero, un pelotón de sicarios templarios lo esperaron en las inmediaciones y amenazaron con explotar un puente en su camino de regreso. El Ejército tuvo que sacarlo en helicóptero. Se retiró a Italia varios meses de 2014 hasta que se calmase la situación, pero nunca abandonó su lucha.

Dio una gira por Estados Unidos para pedir la liberación de centenares de autodefensas presos. Después de arrinconar a varias estructuras del narco gracias a su apoyo, el ejecutivo de Enrique Peña Nieto persiguió a los líderes de ese movimiento civil a partir de 2014.

“En lugar de buscar a los criminales que dañan a la comunidad, el ejército mexicano, por órdenes superiores, fue a desarmar a las autodefensas (…) y agredir a personas indefensas”, denunció el obispo de Apatzingán, quien tildó a Michoacán de “estado fallido por la ausencia de la ley y la justicia”. La carta pastoral ponía en duda un despliegue de la fuerza pública, que finalmente sólo debilitó a alguno de los cárteles dominantes y favoreció el surgimiento de otras bandas.

—El gobierno vino a corromper a las autodefensas metiendo a delincuentes que hoy son un nuevo cártel. Ahí el ejemplo de Los Viagras, que el gobierno los armó y luego los pervirtió —se irrita el padre Goyo, a quien el Obispado de Apatzingán suspendió de su ministerio durante seis meses como castigo por su activismo—. También hay presión de la misma autoridad religiosa. Tienen miedo y esa omisión les hace cómplices. Nos han tratado de sacar, de hacernos callar con la amenaza de destituirnos.

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Otro de los clérigos rebeldes en Tierra Caliente es el padre José Luís Segura, compañero de batallas de Goyo. Suele advertirle de los riesgos que corre o directamente los narcos lo utilizan de mensajero para sus intimidaciones.

—'Te están buscando como agua al chocolate', 'Estamos esperando la oportunidad para bajarnos a ese canijo'. José Luís siempre me manda las razones (recados) —bromea el padre Goyo tras abrazar a su colega, con quien coincidió cuando éste era el párroco de La Ruana, poblado limonero que también se alzó en armas.

—Ese de ahí, el de rojo, es el policía que me sigue a todas partes —lo primero que suelta José Luís, serio. Nos escabullimos del céntrico restaurante ante esa incomodidad.

El padre Segura estableció un corredor humanitario para introducir alimentos a La Ruana, asediada por Los Templarios, después de su destierro en 2013 por parte de los comuneros liderados por Hipólito Mora, estandarte del movimiento de autodefensas en Michoacán; hoy escondido, contando los minutos hasta que alguien acuda a matarlo.

Cuando el cártel retomó La Ruana un año después del levantamiento, el padre Segura permaneció como capellán de esa comunidad. Los delincuentes se tomaron su venganza. Pasaban toda la noche rompiendo botellas contra la iglesia, justo en la pared de su habitación, y disparando al aire. Un hostigamiento que se intensificaba las madrugadas del sábado previas a la misa dominical y que jamás cesó hasta que lo trasladaron en 2016. 

—¿Por qué cree que no lo mataron? —le pregunto.

—No lo sé, pero seguro que no fue por ser hombre de Dios. Eso ni lo respetan. A muchos párrocos los matan por negarnos a casar a narcos o a bautizar a sus hijos, porque incumplen los requerimientos. Es muy aleatorio —asegura y pone como ejemplo al joven sacerdote Víctor Manuel Diosdado, ultimado a tiros en junio de 2012, pocas semanas después de suceder a José Luís en la parroquia de San José de Chila (Aguililla).

Durante el sexenio de Peña Nieto (2012-2018) fueron asesinados 26 clérigos, seis de ellos en Tierra Caliente. “Quienes atentan contra religiosos buscan limitar las actividades del trabajo pastoral de la Iglesia en México, que tiene su acción en campos donde difícilmente llegan otras entidades civiles, políticas o gubernamentales”, denunció en su informe el Centro Católico Multimedial sobre la ausencia del Estado en extensos territorios del país.

El padre Segura regenta la capilla de Presa del Rosario, un suburbio de Apatzingán de calles sin asfaltar. Cuando lo trasladaron allí en mayo de 2016, los narcos eran amos y señores de la comunidad, incluso organizaban las fiestas santas, verbenas con peleas de gallos al son de mariachis. 

—Además del poder político, judicial, social, también han copado el poder religioso. Al principio también trataron de intimidarme, se paseaban armados como diciendo 'cuidado que aquí estamos' —cuenta el septuagenario sacerdote—. Antes salía más en medios (de comunicación), pero yo mismo preferí bajarle. Una autocensura. Tengo que ver hasta dónde puedo decir las cosas para que no me callen.

Callar, en el argot mexicano, “matar”. Ahora utiliza las redes sociales para al menos visibilizar los atropellos que se producen a su alrededor. En una ocasión le bloquearon su página de Facebook y el día que nos encontramos [28/02/2020] le habían quitado internet después de subir una crítica contra el gobierno, al que achaca de esa mordaza. 

—La violencia está muy disimulada en la región. No hay asesinatos en las zonas urbanas, sino rurales. Las autoridades tratan de ocultar la violencia, pero en la periferia hay más homicidios, extorsiones, secuestros, desapariciones… Busco que se sepa. Ayer hubo dos balaceras que ni salieron en los medios —se enfurece José Luís con la misma impavidez que conserva al hablar de su tormentosa vida.

En 2018, cinco municipios de la Tierra Caliente michoacana rebasaron la tasa de asesinatos de Tijuana, que ese año fue la ciudad más violenta del mundo. Ante ese mortífero repunte, el presidente Andrés Manuel López Obrador (Amlo) anunció que la Guardia Nacional (GN) —corporación que fusionó a policías federales y militares, pilar de su estrategia de seguridad— daría prioridad a Guanajuato, Jalisco y Michoacán por ser los estados con “más problemas de violencia”. 

No por acaso, en febrero del presente ejercicio, Amlo inauguró el primer cuartel de la GN en Jiquilpan, Michoacán, donde se instalaron 22 de las 69 comandancias hasta la fecha. A lo largo del pasado año se desplegaron 76.000 elementos en toda la República, 4.217 de ellos en territorio michoacano, la segunda entidad con mayor presencia de la GN.

—Nada más (los guardias nacionales) realizan rondines para hacer notar su presencia, andan por las carreteras quemando gasolina. Es un engañabobos porque no atrapan a nadie —se queja el padre Segura sobre los planes de seguridad de Amlo bajo el lema 'abrazos, no balazos'—. Con abrazos no va acabar al crimen, ellos no trabajan así. Ahora parece que se les dio derechos (a los cárteles), hay que tratarlos bien. Tampoco creo en la guerra contra el narco, sino que se detenga de forma quirúrgica a los cabecillas. Pero que no los dejen libres, porque hay tanta impunidad que siempre salen de prisión.

Por toda la región nos cruzamos a diario con un par de destacamentos de la GN a bordo de camionetas Cheyenne, siempre abanderadas con una metralleta Browning M2 calibre 50 sobre el techo. A pesar del fuerte despliegue de la Guardia Nacional, en este primer trimestre aumentaron un 58% los homicidios dolosos respecto al mismo periodo del año anterior. Michoacán ya se sitúa como el quinto estado con mayor cantidad de asesinatos.

Tampoco ha mejorado el acceso a la Justicia. Tan sólo uno de cada diez atentados contra la vida obtuvo sentencia condenatoria en 2019. 

—La gente vive atemorizada, pero es un miedo que ya es cotidiano, soportable y natural. Nadie se sorprende de nada. Suceda lo que suceda, la gente aguanta y callan, porque saben que si denuncian, las matan —describe el religioso la normalización de esa violencia—. Mi función es consolar a esas personas, aunque tampoco diré que un asesinato es voluntad de Dios. Siempre voy a las comunidades por muy peligrosas que estén. Les llevo ropa, alimentos, medicinas. Cuando ya tienen que huir, las oriento y canalizo para que se vayan a Estados Unidos.

Michoacán es el estado donde más personas se tiran pa'l norte, una expresión recurrente por estas latitudes: 84.590 oriundos residen en Estados Unidos, más del 10% del total de migrantes mexicanos. 

Al salir del recinto parroquial en Presa del Rosario, un hombre con una pistola en su cintura aguarda a unos treinta metros. Habla por teléfono, o quizá trata de cubrirse el rostro con el aparato. Otros dos jóvenes observan desde un banco un poco más apartado, pero no llego a identificar si también van armados. 

—No los mires. Ya vete —masculla nervioso el padre Segura. 

El pistolero sólo termina su llamada y se aleja, cuando me subo al coche y abandono la plazuela.

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El zócalo de Apatzingán rebosa de tenderetes por el Festival Internacional de Cine que se celebra en esas fechas [del 28 de febrero al 1 de marzo]. Una multitud pasea entre el bullicioso tráfico del centro. Dos efectivos de la GN, uniformados de camuflaje gris y enfusilados, pasan desapercibidos bajo un árbol en un costado. 

Nadie diría que en 2018 se produjeron dos centenares de asesinatos, y el pasado año fue el tercer municipio michoacano con mayor incidencia delictiva, en la posición 38 de todo México. 

Nadie diría que en la ciudad donde se firmó la primera Constitución en Latinoamérica (1814), hoy su población vive con el permiso de los narcotraficantes.

—Nadie diría que estamos en guerra —interrumpe el padre Goyo la panorámica—. Apatzingán siempre será ícono de la delincuencia. Es una tierra pródiga que da en abundancia, pero, si el producto del campo no se paga bien, ¿a qué te dedicas? Ser delincuente sale mejor, es la carrera que más dinero deja. 

Su caldo de cultivo es la falta de oportunidades. Un 78% de la población de Apatzingán sufría dificultades para acceder al seguro social en 2010 y el municipio se declaró en “crisis económica extrema” por el cierre de comercios y el desempleo tras los enfrentamientos de 2014. La localidad todavía no se ha recuperado de ese impacto ni ha cerrado las cicatrices de un conflicto enquistado. 

—Además, tenemos al personal corrompido. Hay policías metidos en la delincuencia que reciben dos nóminas. La ley está coludida con el crimen. Es un terreno fértil para el narco —agrega el padre Goyo mientras conduce su Volkswagen Amarok, una robusta 4x4 con la suspensión levantada para poder meterse por todo tipo de terrenos, atender cualquier llamado y “escapar rápido de los malos”, guasea.

Hasta hoy le llegan amenazas de muerte, al menos una vez al mes. Una de las últimas vino de un tal Tiburoncillo, a quien le pagaron 10.000 pesos (poco menos de 400 euros) por quebrarlo —otro de los verbos autóctonos para “matar”—. A la semana el mercenario se fue a Estados Unidos y los narcos lo balearon en uno de sus túneles de contrabando. El padre Goyo lo cuenta jocoso, se mofa del peligro contra su vida, de la posibilidad de recibir un disparo en cualquier esquina o misa.

—¿Para qué me voy a paniquear (asustar)? Todavía temo por mi vida, claro, pero ese riesgo ya nunca se irá. Estoy dispuesto a jugarme el pellejo y a morir, porque esto lo requiere. Tiene que correr sangre para que se arreglen las cosas —recupera una belicosidad que a ratos lo asemejan más a un comandante que a un religioso—. Los delincuentes me tienen miedo porque saben que soy capellán militar. Atiendo a cinco comandos. En cualquier momento puedo tener mil escoltas a mi alrededor. Estoy decidido a caer por la gente, pero tampoco me voy a dejar matar. Trabajo para un buen patrón, que es Dios.

En 2016 se apartó por un par de años a la Ciudad de México debido a la intensificación de las amenazas. Estudió en la Universidad Pontificia, donde realizó su tesis Mística horizontal de ojos abiertos, sobre el deber moral de la Iglesia católica para apoyar a los desfavorecidos. 

—Hay tiempos que se enrojece más el asunto, se torna la cosa más agresiva. Había que salirse de inmediato porque mi vida corría peligro. Me fui a la capital para bajar el perfil —alega.

Cuando regresó a su natal Apatzingán a mediados de 2019, puso en práctica las reflexiones de su estudio. Además del albergue, rentó varias hectáreas de tierra en un rancho a las afueras de la ciudad donde los exconvictos (víctimas y victimarios del narco) cultivan chile y limón. Un trabajo que favorece su reintegración. 

—Aquí están los más perseguidos. A los que sus antiguos cárteles buscan para matarlos. Trato de mantenerlos más alejados para protegerlos —indica el padre Goyo en un campo donde faenan tres hombres y dos mujeres—. No los juzgo ni les pregunto a qué banda pertenecieron, a cuántos mataron. Mi labor es darles cobijo.

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Valentín (nombre ficticio) dice haber matado a más de 40 personas.

En 2013, asesinaron a uno de sus seis hijos [información contrastada, no incluidos los detalles por precaución]. Valentín regresó de Estados Unidos, donde residía, con el objetivo de vengar su muerte. 

—Me traje cinco R-15 y cinco cuernos (AK-47) de Sonora y nos juntamos seis amigos en solitario. Matamos al menos una cuarentena de gentes —murmura el hombre de unos 50 años.

Un 70% de las armas de fuego usadas en algún delito en territorio mexicano proceden de Estados Unidos. Gran parte de las 700.000 armas que se contrabandearon en 2019 ingresaron por Sonora, una porosa frontera idónea para el tráfico ilícito, el segundo estado donde más armamento se confiscó (531) durante el primer año de mandato de Amlo. Michoacán, el tercero (521).

—Andábamos seis pistoleros que le entramos a arreglar cuentas con la gente. Nos metimos como autodefensas para encubrirnos. Nos tenían miedo, nos llamaban Los Seis de Michoacán. Les dimos duro a La Familia Michoacana, los que asesinaron a mi hijo. A nosotros sólo nos mataron a dos —menciona Valentín sobre su pandilla de bandoleros. Aunque no existen referencias claras sobre ese mote, varias noticias de esos años tratan eventos con un arsenal idéntico al que describe Valentín, quien elude entrar en detalles sobre ese periodo.

El vengador se refugió en Sonora hasta 2017, cuando regresó contratado como escolta para un alcalde del este de Tierra Caliente, vinculado al narcotráfico [información contrastada, se omiten nombres por seguridad]. Cobraba 5.000 pesos (unos 200 euros) mensuales —arriba del salario mínimo de 3.746 pesos en México—, por protegerlo del CJNG.

El Cártel de Jalisco se disputa la plaza con Los Viagras a través de células locales, cuadrillas criminales asentadas desde 2014 que cambian de bando según sople el viento. Por estos confines es muy difusa la línea entre la autoridad política y los capos de la droga, entre policías y sicarios —a menudo clonan indumentaria y vehículos oficiales—. Valentín ha combatido toda su vida en esos frentes de Tierra Caliente, en los lindes de Michoacán con Guerrero. Conoce personalmente a sus caciques y los movimientos de un tablero complejo de dilucidar [se prescinden detalles para salvaguardar la integridad del entrevistado].

—Mi hijo no va a revivir, me arrepiento de todas las muertes que dejé. Hace más de un año que ya no me meto con nadie, pero no me dejan en paz. No se vale que sigan matando a mi familia —balbucea Valentín.

Hace un mes (enero 2020) secuestraron a su madre, hermana, cuñado y dos sobrinos mientras almorzaban y luego los ejecutaron. El padre Goyo medió para enviar un helicóptero de la Guardia Nacional a sacar los cadáveres, porque sus mismos verdugos impedían el acceso [el evento se archivó como 'clasificado' y nunca salió a la luz]. Su esposa y su hija murieron hace unos meses por el impacto de supuestas balas perdidas en Zicuirán. 

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En Zicuirán (La Huacana) gobierna Miguel Ángel Gallegos Godoy, alias Migueladas o El Señor de Zicuirán, quien colaboró en el levantamiento popular de 2013, pero en realidad se le considera el verdadero capo de los capos michoacanos desde hace dos décadas.

En el último año se asoció al CJNG, que ha asaltado Michoacán con una demostración de soberbia nunca vista desde  los tiempos del Chapo: caravanas de hombres con los fusiles en alto disparando al aire para anunciar su conquista de municipios; lanzamiento de cientos de panfletos desde una avioneta para ofrecer recompensas por la cabeza de algún enemigo; retenes a plena luz del día exhibiendo sus siglas; cuatro arremetidas contra la fuerza pública en apenas la primera quincena de este año… tomándose el lujo de grabar muchas de las acciones y subirlas a las redes.

El 26 de mayo de 2019, pobladores de La Huacana sometieron a una decena de militares para que devolviesen las armas que habían decomisado minutos antes a sicarios de Migueladas. Tras asegurar el arsenal, los elementos del Ejército fueron interceptados por hombres enfusilados y en el enfrentamiento dos vecinos resultaron heridos por balas perdidas. Esto desencadenó la furia de la comunidad, que desarmó a golpes a los soldados.

En uno de los numerosos vídeos subidos durante la captura, se escucha a uno de los civiles que exhorta a un supuesto comandante militar al otro lado del teléfono:

Tú matas en nombre del pueblo. Tú sabes cuáles son las armas, no te voy a decir cuáles… Aquí están tus muchachos y no se van a ir hasta que me lleguen nuestras armas… No estás en cuestión de pedir nada, aquí están los muchachos, si vieras las caras que tienen… Mira, ¿vienes o no? No te hagas, las armas que le quitaste a los muchachos que nos estaban defendiendo se las llevaste a Gabino Barrera en Churumuco (el líder del antagónico cártel de Los Viagras en la localidad vecina).

Simultáneamente a esa retención, 24 camionetas con las iniciales del CJNG ingresaron al centro de Zamora —tercera ciudad más poblada y violenta de Michoacán— y asesinaron a cuatro uniformados. Su forma de presión para el cumplimiento de las demandas en La Huacana, a 220 km.

Los militares fueron liberados a cambio de la entrega del arsenal confiscado, armas de alto alcance entre las que destacaba un fusil antiblindaje Barrett calibre 50, el rifle más letal del mundo y preferido por el narco para enfrentar a las Fuerzas Armadas mexicanas, que ni siquiera pueden utilizarlo porque estarían cometiendo un crimen de guerra. En 2016, también en La Huacana, un francotirador de Migueladas derribó a un helicóptero policíaco con dicha Barrett.

En agosto pasado, otra patrulla de la Guardia Nacional fue agredida con palas y escobas en pleno centro de Los Reyes, una de las trincheras del CJNG en su avance territorial.

En octubre, el mismo cártel masacró a 13 policías estatales en una emboscada en Aguililla, cuya autoría firmó en una nota entre los cadáveres. “Fue una circunstancia que se dio como la que se da en todos los eventos en el país todos los días, a todas horas, en todos los lugares del país”, respondió a la matanza la secretaria de Gobernación —análoga a Ministra del Interior—, Olga Sánchez Cordero, en un México donde ya no cabe la conmoción, donde su funesta declaración también pasó desapercibida. En 2019, se contabilizó el asesinato de 446 policías, 41 en Michoacán, la segunda entidad con mayor número de estos atentados contra la autoridad. 

Aguililla es un inhóspito pueblo de 9.000 habitantes y lugar de nacimiento del Mencho, el narco mexicano más acaudalado y buscado. La Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) ofrece desde marzo 10 millones de dólares a quien aporte información para su captura, el doble de la recompensa por el Chapo y cinco veces el precio que pusieron a Pablo Escobar.

El patrón del CJNG estaría oculto en algún recóndito punto de la insondable sierra que separa a Tierra Caliente del océano Pacífico, según información de la inteligencia mexicana. Testimonios de la zona apuntan a que el Mencho querría terminar sus últimos días en su tierra. Para su regreso definitivo a Aguililla, el líder de los Jalisco debe convertir su comunidad en “un búnker de murallas humanas”, lo que pasa por dominar también los municipios colindantes.

El 25 de abril —en plena contingencia por la covid-19— el CJNG lanzó un ataque indiscriminado en Aguililla que dejó un saldo de 21 víctimas mortales, tal y como recogieron testimonios que también hablan del arribo de sicarios en avionetas particulares. No por casualidad tampoco, el pasado marzo, hombres armados saquearon una parroquia de esa comunidad y tirotearon su fachada. 

Apatzingán es la urbe donde se bifurca la única carretera en condiciones hacia Aguililla, a unos 80 km. Una calzada donde en los últimos meses se han sucedido virulentos enfrentamientos y narcobloqueos con la quema de camiones. Otro campo de batalla del CJNG y Los Viagras, cuyo bastión en la circunscripción de Buenavista ocupa parte de esa vía. Por la cercanía entre ambas localidades, algunos de los combatientes son primos en bandos contrarios. 

En ese tramo, una muchedumbre de pobladores de Buenavista —auspiciados por Los Viagras— atacó a huevazos a una patrulla de la Guardia Nacional este febrero. En uno de los videos, un vecino increpa a gritos a un militar:

Aquí no somos jaliscos (del cártel), hijos de su puta madre. Aquí somos Michoacán… ¿quieren que los desarmemos, cabrón? Aquí los vamos a sacar todo el pueblo

El CJNG hizo su declaración de guerra en Tierra Caliente el 5 de marzo del pasado año. Durante toda la noche, un notorio convoy recorrió las calles de Apatzingán mientras sus tripulantes disparaban ráfagas al aire. El tenebroso desfile terminó a las puertas de la periférica Acahuato. Tres semanas después, el CJNG arremetió contra varios de sus cárteles rivales en diversas colonias de la ciudad. La refriega duró seis horas y se detonaron incluso granadas.

***

—Esto es Irak —repite lacónico el padre Goyo.

La acometida del CJNG y el despliegue de la Guardia Nacional en el centro urbano orillaron a Los Viagras a las afueras de Apatzingán. Instalaron su cuartel en el humilde poblado de Acahuato, una zona bajo su influencia desde el final de las autodefensas. Diez kilómetros hacia el norte por la enésima “carretera de la muerte” en México, si es que el sobrenombre no ha quedado caduco en el estado con mayor cantidad de matanzas: 11 en apenas nueve meses.

—Los secuestrados los traen para acá, ésta es su sede. La delincuencia siempre busca pueblitos en torno a las grandes ciudades para ocultarse y operar a sus anchas —asegura el religioso dando un acelerón para enderezarnos por la yerma loma.

La serpenteante carretera recorre cada uno de esos episodios. Veinte minutos de un macabro trayecto por los vestigios de una guerra perenne, imperceptible, que se manifiesta sin avisar. En cada curva contenemos la respiración a la espera de toparnos con lo peor, pero sólo hay más roca, otro bofetón de sofocante aire, más asfalto, tal vez una señal, más paisaje desértico. Nada.

Pasamos frente a una de las lujosas propiedades de Francisco Galeana Núñez, alias El Pantera, uno de los siete principales líderes de Los Templarios. El caserón de estilo californiano, varios negocios opulentos alrededor y hasta una bóveda con tarima para espectáculos, contrasta con las infraviviendas y anodinos talleres de esa ranchería. El conjunto luce abandonado desde hace tiempo, los arbustos del jardín engullen los mellados paredones. 

El Pantera fue abatido el 27 de febrero de 2014 en un operativo de la policía federal. Se le conoció como uno de los cabecillas templarios más despiadados. Obligaba a sus novias y secuaces a tatuarse una pantera. Las autoridades lo dieron por muerto en una balacera un año antes, pero, tras aniquilarlo de verdad, informaron que en la anterior ocasión sólo fue detenido. Se desconoce por qué o cuándo lo liberaron.

—El tipo tenía un emporio. (Los narcos) pagan a muchachitos para que cumplan sus condenas, para que se metan de chivos (expiatorios) en la cárcel. Y al rato los sacan porque no tienen pruebas —asevera el padre Goyo, quien prefiere no detenerse frente a la vivienda por si colocaron vigilantes para evitar su incautación.

En el siguiente recoveco sobrepasamos un río completamente seco, como casi todos en la región. Esa quebrada de piedras era un salto de agua hace apenas una década. 

Más adelante en una cuneta hay estacionado un coche blanco con tres civiles que se comunican por radio al ver nuestro vehículo asomarse. Los halcones ya han avisado del ingreso de desconocidos a su fortín. En ese punto, un mes después [este 2 de abril], varios delincuentes disfrazados de policías secuestraron a algunos conductores, según narró una de las víctimas liberada a los cuatro días.

En la pequeña comunidad de Acahuato, sus 700 habitantes viven en un alto grado de marginación, aunque por su puñado de calles se ven más pick ups lujosas que transeúntes. En una esquina de la plazoleta se junta un grupo de jóvenes recostados en un par de motocicletas. No nos quitan el ojo en ningún momento. El padre Goyo los saluda de lejos.

—Aquí la raza ya me conoce. Los Viagras me respetan aunque somos contras. Les interesa llevarse bien con diferentes ámbitos —vacila el párroco para aligerar la tensión que se respira.

Goyo visitaba a menudo Acahuato desde que en 1995 fundase un seminario, pero en los últimos tiempos viene con menos frecuencia. Cuando en 2017 se instaló en esas tierras el Rifle, jefe viagra, tuvo que trasladar la institución a otra localidad por el peligro que entrañaba.

—Utilizaban el seminario de trinchera. Cuando había combates se refugiaban como si fuese su búnker. Además, también reclutaban a los niños cuando salían de sus clases —susurra el vicario—. Por aquí los niños anhelan enrolarse en el narco, su vocación es ser sicarios. Cada vez nos cuesta más encontrar alumnos, porque ha bajado el interés en estudiar.

En 2018, había unos 460.000 menores de edad en las filas del narco, un 153% más que tres años atrás. Los cárteles han roto cualquier mínimo código de conducta que pudiesen respetar en la época de las grandes empresas criminales que operaban como multinacionales. La fragmentación de esas estructuras y la diversificación de sus actividades delictivas han arrocinado (más si cabe) sus métodos. La semilla ya estaba plantada: seis de cada diez menores mexicanos son criados a golpes en sus hogares.

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Los Viagras eran un grupo de autodefensa que el gobierno armó para integrarlos a una unidad especial de la Policía Rural encargada de combatir a Los Templarios. Tras cumplir con su objetivo, Los Viagras emergieron como el cártel “más sangriento y peligroso” del estado, según el propio gobernador. Forjaron su apogeo gracias a la subestimación de las autoridades y a las alianzas y traiciones tanto a Los Templarios como a los de Jalisco.

—Desde que se establecieron aquí (Los Viagras), han aumentado los pagos de plaza. Primero extorsionaban por los cultivos, luego a los comercios y ahora por el agua —dice el padre Goyo.

Acahuato es otro enclave valioso, compuerta entre Tierra Caliente y el Pico de Tancítaro, la zona más productiva para el cultivo de aguacate. Desde el mirador de la localidad se extiende una planicie baldía que abraza a Apatzingán. Al otro lado se divisa el verde de un macizo que se pierde en el horizonte. La Policía Comunitaria que resguarda la localidad de Tancítaro y a sus aguacateros, nos niega el ingreso tras solicitar su autorización por seis meses. Están prevenidos ante la intrusión de periodistas y foráneos debido a varias publicaciones que se refieren a su negocio como 'el aguacate de sangre' y que sugieren su posible vínculo con el narcotráfico. Tancítaro es un monte acorazado.

—La siembra de aguacate en la parte alta ha disminuido el agua que baja hasta acá. Los manantiales se están secando. Esa escasez ha venido a afectar a la economía fuertemente. Antes se sembraba lima, mamey, café. Ahora sólo nopal (un cactus comestible) —musita el jefe de Tenencia local, Jaime Álvarez, amilanado durante toda la escueta conversación. 

—Los aguacateros han abusado sobremanera de los manantiales. Antes había chorros, cascadas y ahora los ríos se han secado —enfatiza el padre Goyo—. Y la poca agua que baja, probablemente llegue infectada por los agroquímicos aplicados en las huertas. Sobre esa contaminación y sus afectaciones en la salud tampoco hay estudios concluyentes. 

Paradójicamente, Acahuato significa “lugar del agua” en náhuatl y da nombre a la patrona de Tierra Caliente. A su santuario peregrinan cada año miles de paisanos para agradecerle por los favores recibidos, por el agua en sus campos. Durante los noventa, entre los exvotos también acudían narcotraficantes para corresponder a la santísima, pero por sus fructíferos cultivos de marihuana.

La Virgen de Acahuato preside un pomposo altar desde donde al parecer no se alcanzan a oír las plegarias. En 2017, el gobierno reconoció por primera vez la carencia de agua en algunos lugares de Michoacán, contradictoriamente la entidad con más agua superficial de México. Citaron a Acahuato y Apatzingán como las localidades más acuciadas por esta problemática. Sus pobladores tienen que conseguir el agua de camiones cisternas (pipas) o en garrafones.

—Los delincuentes cobran cuota (extorsión) al repartidor por cada viaje y ellos le suben el precio a la gente. Tienen que escoltar las pipas para que no se las roben —añade el sacerdote. 

De ida al pueblo nos cruzamos con un camión de bomberos que acababa de distribuir agua, acompañado de dos patrullas policiales. Uno de cada tres hogares mexicanos no dispone de agua corriente, siendo el país donde más agua embotellada se consume. Para las familias de bajos recursos representa un desembolso del 20% de sus ingresos, un sacrificio sobrehumano que se agudiza en las zonas rurales.

—Los Viagras tienen muchos terrenos y huertas (de aguacate) en la zona y se apoderaron de los cuatro ojos de agua que abastecían al pueblo. Los campesinos tienen que pagarles para recibir agua. Si te rebelas, te aplican la ley de fuga: 'O te vas, o te bajamos' (una expresión más para “matar”) —prosigue.

—Aquí se ha ido mucha gente, han tenido que salirse —interviene Álvarez, capataz de un pueblo donde a simple vista la mitad de las viviendas aparentan estar deshabitadas. 

No obstante, el jefe de Tenencia insiste en que “todo está calmo” por estos lares, aunque la presencia del narco es omnipresente y adquiere múltiples rostros. A comienzos de abril, durante la crisis por la covid-19, Los Viagras repartieron decenas de despensas —con productos robados— a la población de Acahuato. En un video se escucha la voz de uno de los hombres armados: 

Esta ayuda que viene aquí, se la está haciendo la gente de Acahuato, Nuestra Señora de la Virgen que viene a regalar una despensa a cada uno. Son los que mandan aquí.

A mediados del pasado año, el párroco de Parácuaro —contiguo a Acahuato— denunció que las presiones del crimen han dejado muchos 'pueblos fantasma' en ese municipio y en otras partes de Tierra Caliente. Se estima que más de 10 millones de personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares desde 2011. Michoacán es el tercer estado con mayor desplazamiento forzado, una problemática invisibilizada en México, donde a menudo se disfraza de migración.

Un creciente número de estos episodios se relacionan a la devastación de los recursos naturales por parte del crimen organizado. El arzobispo de Morelia advirtió que la guerra del agua ya empezó en el estado. “Es una guerra que puede volverse una catástrofe mundial, si no logramos resolver esos conflictos locales”, sentenció monseñor Carlos Garfias, en alusión a la apocalíptica declaración del Papa Francisco: “Me pregunto si en esta Tercera Guerra Mundial en pedacitos que vivimos, no estamos en camino de la Tercera Guerra Mundial por el Agua”.

El padre Goyo observa alrededor con disimulo antes de aportar su conclusión: 

—Los delincuentes entregan agua a cambio de estar sirviéndoles y mantenerse callados. Quien tiene el agua, tiene el control. El agua es un arma de guerra que utilizan contra la comunidad.

Cinco jóvenes con armas cortas rodean nuestro vehículo en tres motos hasta que salimos del pueblo. En el mismo retén de la ida, ahora hay dos coches, uno a cada lado, y el doble de hombres. Esta vez nos muestran sus cartucheras.

***

—Hay un vacío de poder, un Estado fallido. La ley es la impunidad y la corrupción, que está en todos los niveles. Hay viudas que pasan hambre porque los cárteles usurparon su negocio familia —enumera desencajado el clérigo—. A una mujer le desaparecieron a 13 familiares y no hizo la denuncia a la Fiscalía por miedo a que estuviesen involucrados. Fui al primero al que se lo contó, varios meses después, y aún miraba alrededor temerosa.

El padre Goyo se pasa el día de un lado al otro, siempre en la calle. Tan sólo regresa a su iglesia para dar la misa de las siete de la tarde.

—A mí no me interesa la viejita comeostias que se la pasa en la capilla, sino los jóvenes que están metidos en las drogas, en los cárteles. Hay que salir permanentemente a las periferias a buscar a los descartados sociales, a la gente violentada, al 90% que no vienen a la iglesia porque no les defendió —se sulfura el párroco con aspavientos—. Como Iglesia necesito buscar a ese feligrés dolido, para hacer su causa, mi causa.

Pese a las constantes amenazas de muerte, la verja de entrada al recinto sacro está abierta de par en par. En lugar de muro, la fachada principal la componen tres portones metálicos. Más que un templo parece un hangar. La única ala del crucero se dejó a medio construir con sus vigas al descubierto. 

El padre Goyo frenó las obras de ampliación de la Parroquia del Carmen, donde fue asignado tras su retorno a Apatzingán, para invertir todo el presupuesto de la financiación municipal en abrir el albergue, alquilar la parcela del rancho… y ahora planea comprar un islote de un río cercano para alojar un centro de rehabilitación de máxima seguridad. 

—Hace tres semanas vinieron al albergue por la noche varios tipos armados que buscaban a uno de los jóvenes. Aquí no es seguro para ellos. El cártel no avisa, si sabes demasiado, te chingan (el enésimo localismo para “matar”). Además, quiero dedicar un espacio para mujeres, ahora tienen que estar mezclados —se entusiasma, tan enérgico como cuando blande críticas en contra de la delincuencia durante su homilía desde un austero presbiterio. Aunque ahora se concentra en acciones caritativas, cada tanto llama a construir unas nuevas autodefensas para combatir al narco.

Se apresura en ponerse su hábito blanco y la estola violeta. En el pasillo hacia la sacristía cuelga un retrato de Juan Pablo II, el único adorno en esas paredes de hormigón desnudo.

—¿Por qué no ponen la imagen de Francisco? —le pregunto.

—El Vaticano todavía ni nos envió la de Benedicto. Aquí no llega el Papa ni en foto.

La charanda es una bebida alcohólica típica de Michoacán, un destilado de caña de azúcar.  La primera bodega de este aguardiente se ubicó a comienzos del siglo pasado en un céntrico cerro de Uruapan llamado La Charanda (en purépecha, “tierra colorada”). 

Como en los últimos veranos, al iniciar la temporada de lluvias se activaron las alarmas por el riesgo de desprendimientos en los asentamientos que penden de las barrancas de la ciudad. El pasado 13 de agosto, un recio aguacero desgajó la cárcava y el alud sepultó un domicilio en la falda de La Charanda. En su interior falleció asfixiado un menor de 16 años.

Una semana antes, otro argayo derrumbó un puente en una carretera cercana. Y en 2010, una avalancha acabó con la vida de 34 personas en Angangueo, al este de Michoacán. Estos bruscos eventos climáticos se han intensificado debido a la acción humana.

México es el cuarto país del mundo con mayor deforestación desde 2001. Perdió un tercio de sus bosques y selvas en las últimas tres décadas, según cálculos oficiales. Sería como asolar la mitad de España, el Reino Unido entero u otras 167 naciones.

—La destrucción de la naturaleza acabará con nosotros, si antes no nos matamos entre todos —sentencia Juan Manuel, quien convive con los criminales y su devastación de los recursos naturales. Ve de cerca la muerte.

El 20 de octubre de 2017, un comando asesinó a Felipe Ramírez, activista indígena. Siete sujetos en motocicleta lo interceptaron en una carretera y, después de balearlo, huyeron escoltados por policías estatales. Hasta la fecha no hay pistas de los responsables, pero la principal hipótesis apunta a Los Templarios como autores materiales. Ramírez protestaba desde los años setenta por la instalación de la Central Hidroeléctrica de Zumpimito  —al lado del Ecocentro Cupatitzio—, gestionada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Utiliza más de 20 millones de metros cúbicos de agua, superando por mucho el consumo de Urbi Construcciones del Pacífico, la empresa mexicana que más agua traga. La explotación de esa hidroeléctrica nacional aceleró el desabasto en Uruapan, pese a ser una de las ciudades con mayor recurso hídrico. 

En enero de 2018, hallaron en una zanja el cadáver estrangulado de Guadalupe Campanur, ambientalista indígena de Cherán, ícono del autogobierno. La joven de 32 años había trabajado como guardabosques en la Policía Rural y se dedicaba a combatir la tala criminal de los bosques purépecha.

En 2019, fueron asesinados 33 defensores de Derechos Humanos en todo el país: 21 eran  ambientalistas y la mayoría pertenecían a pueblos originarios. Un 41% de los ataques fueron perpetrados por servidores públicos, según datos gubernamentales. Ninguno ha obtenido sentencia. 

Ese curso, Michoacán contabilizó una defensora asesinada, Zenaida Pulido, tiroteada cuando regresaba de interponer una denuncia. Había recibido amenazas por su tarea en la búsqueda de familiares desaparecidos. Colectivos civiles, sin embargo, señalaron la ejecución de al menos seis ambientalistas y la desaparición de otros tres. Es la cuarta entidad con más activistas (74) bajo el Mecanismo de Protección que brinda el gobierno.

El primer homicidio de 2020 fue el de Homero Gómez González, cuyo cuerpo localizaron sin vida en un pozo agrícola dos semanas después de su desaparición, el 13 de enero. Este líder ejidal administraba uno de los santuarios de la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca, al este de Michoacán, a sólo 130 km de la capital mexicana. La Comisión Estatal de Derechos Humanos indicó que su fatal desenlace se debió a sus esfuerzos por preservar el hábitat de la mariposa monarca.

“El crimen organizado ha penetrado en la industria aguacatera, que ya ha expandido sus terrenos hacia el oriente de Michoacán mediante una tala ilegal que pone en peligro inminente a esa reserva”, considera una portavoz del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), organización civil que registró 39 ataques contra ambientalistas el pasado año. 

En la zona de la Reserva donde asesinaron a Homero, varios comuneros confirman que los taladores se han metido hasta el corazón del área protegida y han percibido los efectos. “Antes las vacas comían mariposas, se cubría todo el pasto”, me cuentan sobre los millones de Monarcas que vuelan cada invierno 4.000 km para huir del frío en Estados Unidos, uno de los fenómenos naturales más asombrosos del planeta. Su llegada marcaba el tradicional Día de Muertos, pues los habitantes creían que las mariposas eran las almas de sus seres queridos. Pero al este de Michoacán ya no hay mucho que festejar, la leyenda se esfumó por el declive de esa migración.

El 2019 fue el año más violento para los protectores de la Tierra en México, el cuarto país del mundo en asesinato de activistas, de acuerdo a una lista de Front Line Defenders (FLD), que sitúa a cinco países latinoamericanos entre los seis más peligrosos para la defensa de los Derechos Humanos. 

—Lo más importante para la defensa del medioambiente es que haya ejemplos vivos de lo que significa la naturaleza —considera el Biólogo.

***

Después de la matanza de una docena de sicarios a menos de cien metros de su casa y la advertencia de muerte, los hijos de Juan Manuel le pidieron que se mudase del Econcentro. Pero la única medida de protección que tomó el profesor fue sacar sus objetos de valor (un ordenador, documentos y libros) y resguardarlos en casas de amigos.

—Mi hijo me llamó en cuanto se enteró de la balacera: 'No te hagas el pendejo, salte de ahí ya, no seas necio'. Se preocupan mucho. Pero les digo que ahora cualquier parte de Uruapan es insegura —considera.

Pone como ejemplo que hace poco paseaba por mitad del zócalo una pareja del CJNG uniformada con sus siglas, y ni las autoridades hicieron nada. Por nombrar lo menos en una ciudad que en enero ardió en automóviles incendiados por los narcos, desatados por la detención de varios de sus líderes. 

Otra anécdota en el país de los cien asesinatos al día, de las más de 60.000 desapariciones, de los dos millares de fosas clandestinas. Un México acostumbrado a sumar récords de violencia hasta rebasar los 275.000 homicidios desde 2006. Cifras de una guerra en un territorio sin guerra declarada, pero que vive el segundo conflicto más mortífero del siglo XXI, sólo por detrás de Siria.

Frente a la adversidad

El Biólogo se resiste a abandonar su bosque, 

aunque la parcela ni siquiera sea de su propiedad.

Se resiste a que el crimen organizado arrase sus árboles, 

aunque no le aporten ningún beneficio económico.

Se resiste a que sus coníferas dejen de oxigenar a su ciudad, 

su suelo se deslave y arrolle a sus paisanos, 

su cerro deje de emanar agua y el aire achicharre 

y nos ahogue. 

Aunque seguramente 

ya no esté para verlo. 

O tal vez sí.

Juan Manuel se paraliza bajo la copa de un pino retoño. Dice sentir el frescor. Acaricia un tallo con mimo. Entre sus dedos, las agujas se suavizan. 

—Estoy abierto a todas las opciones, así no habrá derrota posible. Hay jóvenes que están retomando las luchas ambientales, pero asumo que no hubiese un relevo en el Econcetro. Sería una forma de aferramiento pensar que alguien vendrá para seguir protegiendo este bosque. Me doy por bien servido con lo que he hecho —cavila antes de citar al poeta mexicano Octavio Paz: “Basta una sola persona que lea tu poema para entrar en el río de la conciencia”.

Sus palabras suenan a despedida. Afronta con resignación ese 'adiós'.

—¿Ve cercana su muerte?

—Si no me han matado ya es porque no han querido. Quizá se ablandaron por las imágenes religiosas de los cobertizos; quizá porque trato de ayudar a la comunidad; o porque se pensarán que ya me queda poco y les doy lástima.

—¿Le da miedo vivir aquí solo?

—Me da nervios, pero no miedo. Acepté la posibilidad de morir por la naturaleza, por este lugar. Cuando uno decide morir, ya está todo claro. Ya se puede seguir viviendo tranquilo —evoca Juan Manuel un consejo que le dio Mireles, reconocido autodefensa seriamente amenazado de muerte.

El hombre de 72 años escucha a lo lejos a las madres de Arroyo Colorado cuando riñen a sus hijos. Escribe entre las sombras de una tenue vela. A menudo se ducha con una cubeta de agua fría y percibe los incendios en los cerros circundantes. Ya no recolecta sus propios frutos, porque dejaron de florecer, pero apenas come alimentos cocinados. La soledad lo ha vuelto el alma del bosque, pero sobre todo, una de sus últimas especies. 

—¡Mira las clavellinas, son increíbles! —se distrae Juan Manuel para olfatear un manojo de flores fucsias, que colorean los porches del desmadejado conjunto.

Hace tres décadas se veían coyotes por el Ecocentro. Su agilidad y pelaje rojizo los camuflaban entre la charanda, donde cavaban sus madrigueras. Tan sólo se hacían notar por su aullido y el destello de sus ojos en la noche. En un cerro cercano también había venados grises, su animal preferido y sagrado en varias culturas originarias de México. Un ciervo sigiloso, de afinado olfato y oído. Por su gran sensibilidad en las pezuñas, se asientan en ecosistemas sanos. Son indicadores de la calidad de conservación del suelo.

Tanto el venado como el coyote, en peligro de extinción en Michoacán.

Sólo el Biólogo sobrevive en la charanda.

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Actualización: Este 20 de julio (al cierre del reportaje), la Diócesis de Apatzingán suspendió al padre Goyo de sus actividades dentro de la Iglesia Católica, alegando “faltas graves que han ocasionado serios problemas en la comunidad eclesial y que también han sido faltas a la dignidad de los sacramentos”. El presbítero consideró que la decisión tiene que ver con su activismo contra el crimen organizado: “Ni me quitan el sacerdocio ni me excomulgan (…). Me quitan algo que me estorbaba, la verdad. Siendo cura te tienen con un bozal en el hocico y un tapujo en los ojos. A nosotros nos dicen: lo que veas y oigas no lo digas; tú nomás celebra, reza y cuenta limosna. Es lo que tienes que hacer. Pero hay temas muy delicados que no se pueden callar”.

El escáner de seguridad de la entrada del edificio sirve de cajonera de espráis. En el suelo, una decena de extintores para actuar con rapidez ante cualquier ataque. Un par de jóvenes ataviadas de negro hacen guardia en el vestíbulo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Otro grupo de mujeres, en tejanos y camiseta, conversan distendidamente. La sede del organismo gubernamental en el centro histórico de la Ciudad de México es hoy un búnker feminista.

“Es la concreción de años de trabajo. Es nuestro bastión, aunque todavía sea un paso pequeño”, señala a elDiario.es una de las activistas que desde el pasado 3 de septiembre ocupan el edificio. Ya no hay espacio en las paredes para expresar tanto hartazgo por tantos motivos: una decena de feminicidios al día en México, el país del mundo con más abuso sexual a menores según la OCDE, seis de cada diez mexicanas víctimas de la violencia y una impunidad superior al 95%, entre otras aberraciones catalizadas en el mural de una llama y una mujer encapuchada que preside el barandal superior bajo el lema ‘Mujeres Luchando’.

El grupo de feministas, organizadas entorno al Bloque Negro —sin relación con los grupos black block de otras partes del mundo— , ha resumido un sinfín de reivindicaciones en un pliego de 14 puntos que van desde su inmunidad, la rendición de cuentas y la protección a la víctima hasta la instalación de una ducha. “De aquí no nos vamos, esto ya es de las mujeres”, zanja una activista. Ninguna de ellas revela su nombre, edad u ocupación, tanto por su seguridad como para evitar protagonismos en un movimiento horizontal.

Las autoridades tampoco tienen previsto sacarlas a la fuerza, según el compromiso expresado por la Secretaría de Gobernación —Ministerio del Interior— en conversaciones con las feministas, que han acercado la posibilidad de que se acepte otra de sus demandas: la liberación de Elis Hernández, universitaria de 24 años detenida en agosto, cuatro meses después de ocupar su facultad en la periferia de Ciudad de México.

La Policía ha disuelto la ocupación de otra sede de la CNDH en Ecatepec, en esos mismos lindes capitalinos donde, fuera del foco mediático, las mujeres denuncian haber sido golpeadas por funcionarios públicos una vez presas.

“Hay una criminalización y persecución de la protesta —agrega otra encapuchada sobre una de las razones de la desmovilización estudiantil—. Cuando salimos de aquí nos hacen seguimientos, nos paran los agentes para amedrentarnos. El acoso policial se ha vuelto peligroso”. Ese hostigamiento ha obligado a las feministas a extremar las precauciones como no salir solas, vigilar los coches sospechosos y evitar el uso de la red wifi del edificio.

El hartazgo hacia el sistema patriarcal

Hacia las cinco de la tarde una decena de mujeres se reúne en el comedor, la antigua sala de juntas, para almorzar un arroz con pollo o zanahoria. En la oficina adjunta se lee la consigna “no perdonamos ni ¡olvidamos!”. En ese despacho de la presidenta de la CNDH arrancó la simbólica protesta cuando la madre de una niña violada se encadenó a la mesa después de la enésima reunión sin recibir respuestas concretas sobre su caso. El espontáneo acto recibió el apoyo de varios colectivos de madres de desaparecidos y acabó en la ocupación por parte de grupos feministas. “No es una protesta contra este organismo, sino contra todo un sistema que ha desatendido los derechos y la vida de las mujeres”, aseguran.

Rosa —nombre ficticio— llegó al edificio hace tres días desde Guadalajara junto a su hija de 12 años. En 2012 se separó de su marido después de meses de golpes a ambas. El maltrato psicológico continuó durante siete años hasta que el agresor la engañó para llevarse a sus otras dos hijas (de 10 y 8 años) e internarlas en un hogar de menores alegando que la madre les pegaba. “He ido a una, dos, tres instituciones y no me hacen caso. Nunca resolvieron mi denuncia por maltrato y ahora tampoco el proceso para devolverme a mis niñas, porque no hay elementos para inculparme. La Justicia es muy lenta. Vine aquí para cambiar eso y porque es el único lugar donde entienden mi dolor”, explica la mujer, de unos 40 años.

 Hace unos días habló por teléfono con una de sus hijas, a la que que no ha podido ver desde hace un año:

 —Estoy cerquita del presidente —le dijo entre lágrimas en referencia a los 900 metros que separan la sede de la CNDH del Palacio Nacional.

 —¿Le vas a decir que nos saque de aquí? —le respondió la pequeña.

 Su hija de 12 años pulula de un lado para el otro: “Tenemos que quedarnos aquí, es como mi familia. Me gusta porque son puras mujeres y quiero aprender de ellas y ayudarlas. Sé que han sufrido mucho”.

El desdén de López Obrador

Uno de los principales objetivos de la Okupa es convertir las instalaciones en un refugio de mujeres. “Hay una falta de espacios para mujeres, mucha desatención”, considera una activista.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) amagó al inicio de su mandato con retirar las subvenciones a la Red Nacional de Refugios, la organización civil que lidera la protección a víctimas con más de 67 albergues de máxima seguridad. El Gobierno ha planteado un modelo paralelo con escasa implementación y una línea telefónica de emergencia, pero sin ofrecer planes integrales y acciones concretas para atajar una violencia machista que sigue en aumento. 

Para el mandatario, el fin de la violencia en general en México pasa por erradicar la pobreza. Bajo esa premisa, su gobierno ha priorizado la entrega de ayudas sociales por transferencia directa mientras recorta el presupuesto en políticas de género. “Lo del presidente es una falta de respeto hacia las mujeres, porque convierte la violencia machista en una cuestión de clases. Sólo pretende invisibilizarnos”, replica una de ellas.

AMLO ha omitido la violencia contra las mujeres de su discurso y en las contadas ocasiones que ha hablado al respecto, ha negado un incremento de esas agresiones, ha asegurado que el 90% de las llamadas de auxilio son falsas y suele diluir los feminicidios entre la criminalidad en general. El presidente ha restado importancia a la toma de la CNDH, reduciéndolo a rencillas personales y un asunto político “abrazado por el conservadurismo y magnificado” para perjudicarle.

Iconoclasia en la lucha feminista

Asimismo, López Obrador ha acusado a las manifestantes de “vandalismo” por dibujar sobre el retrato de Francisco I. Madero, entre otros lienzos de próceres que intervinieron las okupas. Una de las que pintaron el retrato del expresidente fue una niña violada a los 7 años por su padrastro. “¡Cómo se indigna [AMLO] por este cuadro! ¿Por qué no se indignó cuando abusaron de mi hija? Este cuadro no siente, mi hija sí”, responde Erika Martínez, la madre de la menor, en una de las contestaciones que, igual que el cuadro alterado, se han vuelto icono de la lucha feminista.

Tres años después, el violador sigue libre y Erika y su hija tuvieron que abandonar su vivienda. Encontraron un hogar en ese número 60 de la calle Cuba. “Hemos instalado una mesa de trabajo con la CNDH y otras instancias para analizar los casos. Cada día nos vienen de cinco a ocho mujeres para pedir ayuda y canalizamos sus denuncias. Pretenden (el gobierno) que trabajemos conjuntamente para dar largas a las reclamaciones y que nos cansemos”, apunta Erika a este diario. Varias de las salas se encuentran cerradas bajo llave con un letrero de 'clausurado', donde se resguarda toda la documentación de la CNDH, que ningún funcionario ha acudido a recoger pese al ofrecimiento de las ocupantes.

Recién tomado el edificio, Erika se asomó al balcón para exhibir varias bolsas con generosos cortes de carne hallados en el congelador del edificio, lo que blandieron como muestra del despilfarro y omisión de los encargados de velar por los Derechos Humanos en el país. A su lado se encontraba Yesenia Zamudio, madre de Marichuy, estudiante acosada por uno de sus profesores, quien supuestamente la asesinó en 2016 al arrojarla de un quinto piso. Desde entonces, Yesenia encabeza el Frente Ni Una Menos y se ha erigido como una de las líderes más mediáticas y activas en la búsqueda de justicia para las madres de víctimas de feminicidio.

La fractura con las madres de víctimas

Su liderazgo ha chocado con la estructura asamblearia de otros colectivos feministas y se han producido roces por decisiones estratégicas como aceptar ayuda de ciertos entes, abrir mayores canales de negociación o por el manejo del dinero recibido en donaciones. “(Las anarquistas) me están atacando, nos violentan a mí, a mis hijas y al resto de mamás”, dice Zamudio a elDiario.es. El 16 de septiembre abandonó el edificio junto a varias madres de mujeres asesinadas.

También se deslindaron del Bloque Negro las familiares de desaparecidos que, tras siete meses acampadas en el lobby de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), protestan por el incumplimiento de la atención y entrega de ayudas que AMLO les había prometido en campaña. “Nos dicen que el año que viene van a quitar los apoyos para búsquedas (de desaparecidos). Nos sentimos engañadas, pisoteadas, han jugado con nuestro dolor. Él (AMLO) empezó a hacernos una reunión al mes en palacio y ya no hizo más”, se queja Maribel Medina. A su hijo lo secuestraron hace seis años y nunca apareció.

“Siempre abrazaremos la lucha de las madres que tanto han sufrido, pero no podemos tolerar que alguien quiera apoderarse de esta lucha conjunta”, argumentan sobre la ruptura que ha dejado el edificio medio vacío. Las activistas de dentro afirman que suele haber de 30 a 40 mujeres en el edificio y que van entrando y saliendo según las posibilidades y necesidades de cada una. “Es un lugar de tránsito, estamos en un momento de transformación”, justifican. En el momento de la visita había alrededor de 15 personas dentro.

Las horas transcurren entre la limpieza, la cocina, talleres de danza aérea, de prevención de la drogadicción, terapias comunitarias… “Desgasta, claro que la convivencia genera riñas, pero todo anecdótico. Estamos muy juntas, con la capacidad de querer algo más. Esto solo empieza”, apunta una de las encapuchadas que trabaja en el planeamiento de un área de clases en línea para que las niñas y niños sin acceso a internet puedan estudiar durante el cierre de escuelas.

La radicalización del movimiento

En el patio colonial se amontonan bultos de ropa que la población ha donado y que las feministas han repartido entre la población necesitada. “Ahora nos hace falta ropa negra, rodilleras, cascos y tasers [pistolas eléctricas] para la seguridad sobre todo en las marchas”, agrega una activista. El Bloque Negro pretende mantener la presión en las calles.

En los últimos dos años el movimiento feminista ha escalado los niveles de lucha, llevando a cabo en ocasiones acciones como pintadas de estatuas emblemáticas y destrozo de mobiliario. Esos métodos les han costado numerosas críticas y su criminalización en medios de comunicación. Pero, según ellas, les ha ayudado a ganar apoyo social: “Antes lo hacíamos por la vía pacífica y no se lograba nada. Ya nos cansamos, el feminismo se encapuchó. Y ahora ya sí nos voltean a ver. No es vandalismo, contamos con mucha empatía de la comunidad”. Como ejemplo, la gran cantidad de donaciones de ropa para esta ocupación y la histórica participación en la última marcha del 8-M y la posterior huelga de mujeres.

Una de las activistas se para a responder algunas preguntas de este periodista:

—¿Qué sigue ahora?

—El 28 de septiembre, prepararnos para la marcha (del día mundial por un aborto legal y seguro).

—¿Por qué la necesidad de que en esas marchas no se permita el acercamiento de hombres?

—Por seguridad. En marchas anteriores nos han agredido, hasta nos han tirado ácido. En algunas movilizaciones estudiantiles hay hombres que nos han traído comida que está envenenada o incluso una bomba en una maceta.

—¿Por qué ahora permitirme el acceso a esta ocupación?

—No dejamos entrar hombres porque no estamos dispuestas a educar a acosadores. Pero entendemos que haya prensa extranjera con sólo un corresponsal hombre y queremos que esta lucha sea mundial y llegue a otros lados.

—¿Consideran esta ocupación un referente del movimiento feminista?

—Nos consideramos hermanas. Vamos por pasos, recién estamos armando esto.

En las protestas han participado jóvenes de Suiza, Estados Unidos, Chile, Argentina y España, según cuentan sobre la aspiración de internacionalizar la lucha. Aunque el feminismo mexicano todavía no se ha articulado entre diferentes regiones del país.

En la fachada de la antigua sede de la CNDH cuelgan centenares de fotografías de mujeres asesinadas, violadas o desaparecidas entre consignas que claman justicia. Del balcón pende una bandera nacional que reza ‘México Feminicida’, retirada de lo alto de un mástil donde ahora ondea una bandera morada.

Julio de 2017. Madera, Chihuahua (norte). Más de un centenar de integrantes del Cartel de Sinaloa a bordo de unos 50 vehículos blindados se enfrentan con cartel rival y luego con el Ejército. Entre 20 y 30 muertos.

Noviembre de 2019. Villa Unión, Coahuila (norte). Unos 130 sicarios del Cartel del Noreste atacan en 25 camionetas a la policía. 25 muertos.

Son tan sólo un par de ejemplos recientes de grandes convoyes narcotraficantes desplegados en combate. La veintena de camionetas blindadas y unos 80 hombres fuertemente armados que aparecen en un video tampoco son una gran novedad en el México del casi centenar de ejecutados diarios. Sí es novedad el video en sí, su puesta en escena y su amplia difusión en redes desde que empezó a circular el pasado viernes.

Los integrantes del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se presentan a gritos como el ‘Grupo Élite’ de dicha organización criminal y como ‘Pura Gente del Señor Mencho’, el alias de su líder, Nemesio Oseguera Cervantes. Entre el arsenal destacan decenas de fusiles de asaltos, una ametralladora antiaérea, otras nueve metralletas y una decena de fusiles Barrett calibre .50, capaces de tumbar una aeronave como ya hiciese ese mismo cartel con un helicóptero militar en 2015. El Ejército mexicano, sin embargo, tiene prohibido el uso de ese armamento de alto poder porque incurriría en un crimen de guerra, según las convenciones internacionales, al no encontrarse el país en una guerra declarada. Aunque el alcance armamentístico relucido en el video tampoco es novedad entre la sofisticación de los carteles mexicanos.

El cartel más poderoso

El CJNG surge en 2010 de la escisión del Cartel del Milenio, aliado al Cartel de Sinaloa en los lindes entre Jalisco y Michoacán (centro-oeste). Se dan a conocer un año después al abandonar 35 cadáveres en pleno centro de Veracruz (centro-este), en una matanza firmada bajo el nombre Mata Zetas –en referencia a uno de los grupos criminales más vigorosos en ese entonces–. Esa carta de presentación dio cuenta de una brutalidad que les ha distinguido en toda su expansión.

Inicia su ascenso a partir del 2014, tras la primera detención del capo sinaloense, el Chapo Guzmán, y la fragmentación o extinción de otros cárteles hegemónicos, hasta erigirse como el grupo narcotraficante más poderoso y acaudalado de México, con distribución en Estados Unidos, Canadá y el Pacífico asiático. El acuerdo sellado esta semana entre la Europol y el país centroamericano para abrir un canal de comunicación directa corrobora la expansión de los tentáculos de cárteles mexicanos también en Europa, aunque todavía no se ha concretado la presencia del CJNG.

En marzo, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) posicionó al CJNG como su principal objetivo tras detener a 200 supuestos integrantes del grupo en su territorio en un operativo coordinado sin precedentes, que se sumaba a otras 500 aprehensiones en meses anteriores, entre otras la de la hija del Mencho, considerado el enemigo público número uno. Ese mismo día, la DEA elevó a 10 millones de dólares la recompensa por información sobre el capo, el doble de lo ofrecido por el Chapo y cinco veces el precio que pusieron a Pablo Escobar.

Influencia, pero sin presencia dominante

“Ese operativo de la DEA es una patraña. Detienen a alguien con droga, que se la ha vendido uno, a éste se la ha vendido otro, y así una cadena hasta ligarlos al CJNG y decir que eran sus operadores. En realidad lo único que hace el CJNG es entregar el cargamento y las bandas estadounidenses lo distribuyen. Washington necesita crear este discurso del enemigo externo omnipresente para justificarse, cuando es todo más difuso”, indica a elDiario.es el experto en seguridad Alejandro Hope, quien pone en duda el poderío real del CJNG: “Es más una marca que una organización jerárquica, vertical, donde haya una clara línea de mando. Es una red de bandas que utilizan las siglas”.

Las reglas del juego han cambiado en los últimos años. Ya no existe un grupo criminal que llega a un territorio y se asienta, como antes, cuando el negocio se limitaba al contrabando de droga. “Ahora hay multiplicidad de actores y se han diversificado los negocios, por lo que se vuelve más difícil imponerse a esas bandas locales muy arraigadas entre su población”, agrega el analista. El CJNG se alió con varios de la docena de grupos en Michoacán y luego algunos lo traicionaron; en Guerrero se enfrenta a más de cuarenta pandillas, y así a lo largo de 21 de los 32 estados de la República, donde los de Jalisco tienen influencia o cierta presencia, pero no ejercen un dominio claro, como indica un informe del centro de investigación InSight Crime.  

“Si tuviesen un dominio preponderante, no les llevaría tantos años derrotar a Los Viagras o al Cartel Santa Rosa de Lima”, zanja Hope, sobre dos grupos regionales de Michoacán y Guanajuato, muy debilitados por los azotes de la fuerza pública y con un rudimentario aparato bélico. En las últimas semanas, el CJNG ha recrudecido su batalla para expandirse por Guanajuato y otros estados del centro del país, a fin de controlar el robo y contrabando de combustible (huachicoleo).

Esto se debería a la necesidad del cartel de ampliar sus rubros ante la caída de ventas de drogas por la contingencia de la COVID-19. Gran parte de su rápido ascenso vino favorecido por su control de los territorios (Guadalajara, Colima, Nayarit y partes de Michoacán) de producción de metanfetamina y recientemente fentanilo, así como los puertos del Pacífico claves para recibir los precursores químicos desde China y para el transporte de cocaína y la trata de personas.

Falso debilitamiento

Pese a la galopante oleada de homicidios, el presidente Andrés Manuel López Obrador (Amlo) mantiene su eslogan electoral de ‘abrazos, no balazos’ para el combate al crimen organizado. No obstante, su estrategia de atajar el problema de la delincuencia desde la raíz, reduciendo la pobreza mediante programas sociales, se tambalea ante el estancamiento económico del pasado año y la notable recesión del actual debido a la crisis por la pandemia.

Una de las pocas acciones del gobierno contra el CJNG fue el bloqueo de unas 2.000 cuentas bancarias vinculadas a la organización a comienzos de junio. “Esto no es suficiente. Para desmantelar a Los Zetas dedicamos más de un año a trabajos de inteligencia y otros cuatro en operativos”, indica a este diario el exfuncionario del antiguo Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional (Cisen) durante el Gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), Guillermo Valdés.

Este golpe contra la estructura financiera, sumado al operativo de la DEA, sirvió a las autoridades para subrayar el debilitamiento del CJNG y el arrinconamiento de su líder. El Mencho se encontraría escondido en la insondable sierra entre Michoacán y Jalisco, según informes de inteligencia, que señalan que el capo sufre problemas de salud que dificultan su huida.

“Ninguna organización grande se desmorona porque detengan a su cabecilla. Ya se vio con el Chapo, que al final sólo provoca una guerra de mil cabezas, más violenta, para hacerse con el vacío de poder”, apunta Valdés. Podría desatarse una disputa aún más sangrienta en el caso del descabezamiento del CJNG, que ha basado su expansión sobre todo en alianzas locales poco estables. La reciente proliferación de fosas comunes en Jalisco –feudo de la organización– sería un indicativo de posibles escisiones internas que demuestran que el Mencho no es el líder indiscutido tal y como se presenta, aunque siga siendo el narco con mayor fuerza.

El pasado 28 de junio, el CJNG hizo alarde de su poderío al atentar contra uno de los máximos jefes de la policía capitalina, Omar García Harfuch, en uno de los barrios más exclusivos en el centro de la Ciudad de México. “Nunca en la historia del país había sucedido algo así. Se pasó una línea roja y se lanzó un enorme desafío contra el Estado, que puso de manifiesto su debilidad ante un crimen organizado que se siente intocable debido a la inacción del gobierno”, considera Valdés. Once días antes, el mismo cartel asesinó en Colima a un juez federal que investigaba a algunos de sus miembros.

Ambos ataques se consideran actos de venganza por la extradición a Estados Undios del hijo de Nemesio Oseguera y uno de los jefes del cartel, alias el Menchito, a finales de febrero. Sin embargo, no son hechos aislados: el CJNG se ha caracterizado desde sus inicios por sus embates contra la fuerza pública. Uno de los episodios más cruentos se registró en octubre con la masacre de 13 agentes en Aguililla, ciudad natal del Mencho en Michoacán.

Cartel 2.0

Muchas de esas atrocidades fueron grabadas por el CJNG y difundidas ampliamente en redes: emboscadas a militares, interrogatorios y posterior ejecución de policías, montones de cadáveres de supuestos rivales. También el despliegue de convoyes de más de veinte vehículos en carreteras principales, incursiones a pueblos de camionetas cargadas de hombres con el fusil en alto, ráfagas de disparos al aire para anunciar su llegada a ciudades intermedias, o lectura de cartas dirigidas al presidente.

No es la primera vez, por tanto, que el CJNG publica videos con una cuidada escenografía donde todos sus elementos portan una indumentaria a modo de Ejército estampada con sus siglas, mismas que lucen a plena luz del día en retenes montados en los accesos a ciudades de decenas de miles de habitantes.

La diferencia es que este fin de semana fueron dos videos en distintas zonas, entre Jalisco y Michoacán y Guanajuato, en algunos de los estados con mayor crisis de seguridad donde pocos días antes el presidente López Obrador había realizado una gira para mostrar que no estaban controlados por el narco. “Los videos tienen un claro objetivo propagandístico a diferentes niveles. Por un lado, es una réplica al gobierno. Mover semejante cantidad de vehículos sin que nadie haga nada, pone en evidencia la ausencia del Estado en vastos territorios. Por otro lado, sirve de mensaje de advertencia y disciplina interna para los jefes regionales de la organización”, señala a este medio Javier Oliva, politólogo de la Universidad Autónoma Nacional de México (Unam). En efecto, pese a que el supuesto grupo de élite del cartel que aparece en las tomas nunca se ha enfrentado a las Fuerzas Armadas, logró espantar a la población mexicana y poner en cuestión (de nuevo) la capacidad del gobierno, que se limitó a emitir un listado con el arsenal visualizado.

Asimismo, “hay un salto cualitativo en la producción, con el uso de drones, doblaje, y una planificación para que se vean el fin de semana, cuando la gente más se pega a las redes. Además, se utilizan las siglas del cartel con los colores de la bandera nacional, lo que denota un intento de apoderarse del discurso, de tomarse parte de la representación de México”, concluye Oliva.

Todos los expertos consultados coinciden en que los atentados y videos son una forma de mostrar músculo, pero que el CJNG no tiene la suficiente fuerza para hacerle frente a la Guardia Nacional, desplegada con 90.000 elementos en todo el territorio. Aunque también todos concuerdan en que no se vislumbra un horizonte para frenar la expansión del cartel mexicano más poderoso.

Un par de veces por semana, Emilia Valle cruza a Estados Unidos a buscar algo de madera. Se quita las chancletas y la mascarilla y se sumerge en el río Bravo, el arremolinado afluente que separa a México del Norte y que ha engullido a miles de migrantes. Esta guatemalteca de 52 años tarda menos de dos minutos en nadar los treinta metros del peligroso caudal. El truco, dice, está en mover las piernas en lugar de bracear.

Llega a la orilla estadounidense, hurga entre el cañaveral para amontonar un manojo de ramas y se regresa con el agua hasta el cuello. La vida en la frontera vale un puñado de leña, un bien imprescindible para los más de 2.000 centroamericanos acampados frente al puente fronterizo de Matamoros, la ciudad mexicana en el extremo noreste.

“Algunos días nos traen troncos pero no alcanzan para todos. Necesitamos la leña para cocinar o para el frío que hace de madrugada, para no enfermarnos”, asegura Emilia. La mayoría de los migrantes se adentran varios kilómetros por el bosque para conseguir unos palos, pero para ella resulta demasiado arriesgado ir sola, debido a la presencia del crimen organizado. Emilia salió de Guatemala en 2016 junto a Corina, su hija de 11 años, y ha avanzado por México conforme al dinero que lograba ganarse ante la imposibilidad de pagar un coyote.

La primera vez que cruzó el río Bravo un grupo de patrulleros estadounidenses se acercó de inmediato pistola táser en mano. Ahora ya ni le prestan atención y a veces conversan con ella mientras recoge sus ramas. La llaman, 'the crazy one' [la loca] o 'the blond one' [la rubia], según el agente. En el otro margen la conocen como la Güera, por su cabello tintado de ocre.

La Güera vive en la carpa gris, en el segundo pasillo del tercer toldo, frente a la tienda número cuatro. El campamento improvisado hace nueve meses se ha vuelto otro barrio de Matamoros con abarrotes, clínica, lavandería… pero todo entre lonas y barro. “Con lo que hemos aguantado aquí, la gente ya somos inmunes al virus”, suelta Emilia escéptica.

Estancados frente al virus

Con el tiempo se ha normalizado el hacinamiento, la insalubridad y la falta de servicios básicos, enemigos para prevenir la propagación del coronavirus. “Las condiciones han ido mejorando, pero a veces no hay agua, o por las noches hace mucho frío y los niños se resfrían. Ahora con lo del COVID nos preocupa mucho todo eso”, señala Larissa Bautista mientras baña a cubetazos a su hijo de tres años.

Las autoridades municipales han cercado el campamento con una valla de púas para restringir la movilidad de los migrantes, aunque el mayor peligro esté afuera, en la ciudad del estado de Tamaulipas con mayor índice de contagios. De momento, la ardua labor de varias organizaciones humanitarias ha permitido evitar un brote, pero no deja de ser un potencial foco de infección cuyo riesgo aumenta a diario en un país donde el pico de la pandemia se extiende semana a semana.

La decisión del gobierno estadounidense de suspender sine die la admisión de demandantes de asilo ha agravado la situación para 25.000 migrantes estancados a lo largo de esa frontera norte. Antes, los solicitantes debían aguardar varios meses y hasta un año en territorio mexicano su proceso de acogida en EEUU, bajo el programa ‘Permanece en México’. Ahora la espera no tiene plazo ni fecha para retomarse.

“Nos desanima bastante no saber hasta cuándo llegará nuestra cita para el trámite, no tener una expectativa de futuro y estar viviendo así”, indica Larissa. Pese a esas dificultades y el riesgo de contraer el virus, no le queda más remedio que quedarse ahí. No puede regresar a Honduras porque su marido la mataría. Emilia tampoco, porque una pandilla la amenazó de muerte tras negarse a pagar una extorsión y ya habían asesinado a varios familiares cercanos. Y así para el resto de esta comunidad de centroamericanos que afrontan una subsistencia cada vez más angustiante.

“Hemos detectado que la enorme ansiedad que sufren por el miedo al virus, al crimen organizado, ha agravado otras patologías que padecían y ha crispado la tensión”, explica Dylon Rojas, voluntario de la ONG Global Response Management que opera en ese recinto.

Devoluciones en caliente sin garantías

Por otro lado, el presidente Donald Trump emitió un decreto a finales de marzo para expulsar de forma exprés a cualquier detenido tratando de cruzar la frontera. La medida unilateral, prorrogada indefinidamente bajo el pretexto de la pandemia, permite a las autoridades estadounidenses efectuar retornos expeditos de extranjeros sin que pasen por las estaciones migratorias fronterizas, sin registro ni diferenciación entre migrantes y solicitantes de asilo. Esto anula la posibilidad de pedir refugio e incumple así las normas del derecho internacional.

De las más de 20.000 devoluciones en caliente –aunque esa práctica no se contemple en la jurisdicción de estos lindes– apenas se realizaron pruebas de coronavirus a quienes presentaron síntomas graves como fiebre. Lo mismo sucede para los cerca de 15.000 migrantes que permanecían aprehendidos en centros de detención estadounidenses y fueron deportados con el argumento de que resultaba imposible proteger su salud.

Al principio, todas esas repatriaciones masivas se efectuaban por vía terrestre y México, que de nuevo acató la imposición de Washington, trasladaba a los centroamericanos hasta su frontera sur, donde quedaban atrapados ante el cierre de los cruces a Guatemala. La ONU denunció que esta situación aumentaba su vulnerabilidad dada la falta de “condiciones de voluntariedad, salubridad y dignidad”.

Desde entonces los centroamericanos son enviados en vuelos directos a sus países de origen. El gobierno guatemalteco reclamó a finales de abril que un centenar de los deportados dieron positivo, mientras que un migrante mexicano expulsado de Houston (Texas) contagió a otros 14 en un albergue de Nuevo Laredo, en Tamaulipas, entidad que recibe a un 33% de los repatriados. En el puente fronterizo de Reynosa, a 100 km de Matamoros, las autoridades estadounidenses entregan entre 50 y 100 migrantes mexicanos al día, sin previo aviso y en ocasiones a altas horas de la noche.

El doble peligro de la frontera: salud e inseguridad

“Es un riesgo que trasladen aquí a personas desde ciudades (de EEUU) donde hay un alto índice de contagios. Es complicado dedicar espacios de aislamiento para ponerlos en cuarentena. Aquí también es peligroso para ellos por el crimen organizado”, se queja el responsable del instituto migratorio estatal, Ricardo Calderón, quien añade que ambos gobiernos habían pactado devolverlos vía área a Ciudad de México, pero el acuerdo aún no se ha puesto en marcha.

En las escaleras de la oficina de Migración de Reynosa reposan varios jóvenes, decaídos, con los pantalones embarrados y las botas desgarradas. Cruzaron el río Bravo anoche y se arrastraron toda la mañana para sortear a la guardia fronteriza. “Nos agarraron al mediodía y en una hora ya nos trajeron aquí. Nos tomaron la temperatura, nos preguntaron si teníamos diarrea o vómitos y nada más”, cuenta un muchacho de 21 años, oriundo de Oaxaca, que prefiere ocultar su identidad. Teme más al crimen que al virus, que considera “un invento para jodernos”.

Perdió su empleo de comerciante por la contingencia y eso le empujó a tirarse pal norte. Todos los ahorros que se gastó (unos 500 euros) en un coyote que lo cruzase a EEUU, se han reducido a un par de naranjas, unas galletas, una botella de agua y una mascarilla que ni siquiera lleva bien puesta: el kit de bienvenida que le dieron en esa oficina migratoria.

La mayoría de dreamers mexicanos suele desembolsar unos 2.000 euros a los coyotes para disponer de varios intentos sucesivos de superar la frontera sin ser atrapados, pero los nuevos ‘migrantes del covid’ apenas tuvieron tiempo de ahorrar para una sola oportunidad. A muchos ni siquiera les queda efectivo para regresar a su ciudad de origen, un trayecto de centenares de kilómetros que a veces los obliga a pagar otro coyote.

El grupo de jóvenes espera hasta la tarde al autobús que les ofrece el gobierno de Tamaulipas para trasladarlos de manera segura al estado contiguo. Afuera de esa oficina merodean varios traficantes para captar a su próximo cliente, voluntario o forzado. En Reynosa los migrantes viven con permiso de los criminales, a quienes pagan una cuota a cambio de que no los secuestren. Un negocio que suele involucrar a los propios agentes fronterizos.

La Covid sirve a Trump para levantar su muro

Quedarse en Reynosa tampoco es más una opción. La mayoría de albergues en la frontera norte han cerrado debido a la contingencia. El único abierto en esa ciudad, el Senda de Vida, ya no admite nuevos ingresos. Los 200 migrantes acogidos, la mayoría haitianos, tienen prohibido salir. Si lo hacen, ya no pueden volver a entrar. “Se ha puesto muy duro con lo del coronavirus, porque no podemos ir ni a comprar o buscar algún trabajo. A nuestros familiares también les ha afectado esta crisis y no pueden enviarnos casi dinero”, afirma una joven venezolana, Ana Paola González, que carga en sus brazos a una niña de dos años y un bebé, con quienes pretendía desde hace tres meses reunirse con su marido en Nueva York.

“La Administración estadounidense está utilizando la pandemia para recrudecer sus medidas migratorias que ya eran muy restrictivas, pero al menos deberían considerar brindar atención médica a los migrantes que expulsan”, asegura Valerio Granello, el coordinador de Médicos Sin Fronteras en ese albergue. “Los migrantes sufren una doble estigmatización y ahora se ven en estas ciudades como posibles portadores del virus. Eso provoca que estas personas, al presentar síntomas, se escondan y no accedan al sistema de salud”, agrega Granello sobre una xenofobia que ya se había disparado durante el último año.

Ante la negligencia de Washington y el rechazo social, la ONG destinó un área de aislamiento para que los repatriados cumplan cuarentena, instalada dentro de un gimnasio habilitado para atender casos severos de COVID-19 entre la población de Reynosa.

Las urbes norteñas han asumido un mayor riesgo frente al virus al mantener las fábricas en funcionamiento, debido a la presión del gobierno y empresarios estadounidenses para reactivar la producción en México de bienes intermedios de los que depende en gran medida la industria de EEUU.

La frontera nunca cerró al comercio, pero sí a la migración, mientras que por el sur de México dejaron de ingresar centroamericanos ante el candado echado por Guatemala. En la práctica, la pandemia ha permitido a Trump culminar el endurecimiento de la política migratoria en su soñado muro, sin un horizonte para reabrirse.

Antes de la contingencia, los días en el campamento de Matamoros pasaban en una cuenta atrás hasta la próxima cita de asilo en EEUU. Semanas antes del trámite los migrantes se preparaban para acicalarse y se pegaban al teléfono para darles a sus familias un motivo de esperanza. El Covid-19 no penetró en este arrabal de carpas, pero asoló a sus dos millares de habitantes, sin reloj ni calendario, confinados entre concertinas sin la alternativa de regresar a sus países donde les espera una bala con su nombre.

Los cruces de la Güera por el río Bravo son el mayor espectáculo para estos migrantes. Muchos se aglomeran para observarla nadar en esa trampa para tantísimos compatriotas. El vitoreo termina en aplauso cuando Emilia llega a suelo americano, como quien pisa la Luna, mientras su hija preadolescente se ruboriza frente a sus colegas. El puñado de leña le servirá para cocinar huevos fritos durante tres días, cuando vuelva a distraer a sus vecinos de su eterno letargo, cuando les haga sentir un poco más cerca de Estados Unidos y olviden por unos instantes que su vida depende de una rama, una corriente o un estornudo.

El camión de la basura se detiene en un cruce cada 100 metros. Alonso salta del contenedor y empieza a tocar una campana por toda la calle. Decenas de vecinos salen de sus casas para tirar sus bolsas de desechos. El joven las recibe, las abre y las vuelca en el depósito del camión. Su compañero, Mario, separa con las manos los restos de comida, plástico y papel. Sin guantes. 

El rudimentario, pero funcional, sistema público de recogida de residuos en Ciudad de México se ha vuelto ahora en un peligro para los recolectores y la propagación del coronavirus. La capital suma unos 2.000 casos confirmados, una cuarta parte del total en el país, y es el estado con mayor índice de infectados, más de 20 por cada 100.000 habitantes, cuadruplicando el promedio nacional. El país ha registrado cerca de 500 muertes de pacientes con coronavirus.

“Nos asusta mucho. Si nos enfermamos, ¿quién nos va a curar? No hay un aseo donde te puedas bañar al terminar, donde te puedas sacar la infección que hay en tu ropa”, se queja Alonso Hernández, preocupado por contagiar a su mujer y sus dos hijos al regresar a su hogar. Como él, en la capital mexicana hay unos 10.000 recolectores informales, sin contrato ni seguro médico, que cobran de las propinas que la gente les deja en una lata colgada a un lado del camión o en mano.

“Ahorita bajó el pago. Antes me llevaba unos 200 pesos (unos 8 euros) diarios, pero ahora solo 100 (unos 4 euros). Por lo mismo del virus, mucha gente ya no sale a tirar la basura tan a menudo, se espanta”, cuenta el otro machetero [basurero ayudante], Mario Vargas, sobre una ganancia inferior a uno de los salarios mínimos más bajos de América Latina.

Más riesgo del habitual

Habitualmente, los recolectores enfrentan por su labor un elevado riesgo de infecciones, cortes y caídas. “Hay mucha contaminación de residuos. Aquí encontramos sangre, jeringas, vidrio, toallas (compresas), todo tipo de cosas, todo mezclado”, explica Alonso, de 28 años, quien lleva desde los 16 de ‘voluntario’, el eufemismo que emplean las instituciones para referirse a estos trabajadores informales.  

El Gobierno capitalino hizo un llamado a la ciudadanía a separar en una bolsa los residuos sanitarios, marcarla para su identificación, rociar una solución de agua y cloro, y avisar a los recolectores a la hora de entregarla. En las ocho horas que duró esa jornada, ninguno de los vecinos cumplió esta petición. Tampoco ninguno se había enterado. 

En el mismo comunicado de comienzos de abril, el Gobierno solicitó a las alcaldías reforzar las medidas de seguridad de los trabajadores de limpieza para que usen guantes gruesos, mascarillas, se laven las manos con frecuencia y utilicen gel antibacterial [desinfectante]. También, que desinfecten los camiones a diario. 

“¿Gel antibacterial? –se ríe Luis, el conductor del camión–. Hasta ahora no nos han dado ningún material de protección y creo que haría un poquito de falta”. Luis Rangel es el jefe de esa cuadrilla, uno de los 14.000 recolectores regularizados en la ciudad. Pese a ser un trabajador público, tampoco ha recibido ningún utensilio para cuidarse frente a la COVID-19. “No preocupa tanto el contagiarnos, porque prácticamente toda la vida nos hemos dedicado a esto. El temor es que a los muchachos [sus ayudantes] les quiten la chamba [empleo] porque no hay medidas de seguridad”, afirma.

El Gobierno federal ha lanzado un sustancioso plan de ayudas a trabajadores formales e informales, así como acciones para proteger sus salarios y empleos. Durante semanas el presidente Andrés Manuel López Obrador blandió la economía de los más desfavorecidos para rechazar la aplicación de medidas drásticas como el confinamiento, que todavía hoy no es obligatorio. Pese a esa laxitud, México no se ha visto tan azotado por el coronavirus como los países europeos, y también contabiliza menos contagios que otros países latinoamericanos como Chile o Ecuador.

Sin embargo, las autoridades mexicanas están utilizando el sistema de vigilancia centinela que no efectúa un monitoreo masivo sino que se limita a localizar brotes y calcular con esos datos posteriormente el potencial alcance de la enfermedad, que estiman que es ocho veces mayor. Esto ha generado cierta desconfianza e incertidumbre entre la población sobre el alcance real de la pandemia.

“Deberían darles protección (a los basureros), tanto por ellos como los vecinos, porque yo les bajo la bolsa, me la regresan y no sé si ya está contaminada. O yo se la di contaminada. Al llegar a casa tengo que desinfectarme, pero ellos no pueden”, lamenta una de las vecinas que baja a tirar su basura ataviada con guantes de látex y una lámina transparente que cubre todo su rostro. Nadie más en todo el recorrido toma tales precauciones.

El abandono hacia los trabajadores informales

Ante la misma desprotección se encuentran los cerca de 10.000 barrenderos que al día, entre todos, caminan la distancia de España a Japón. En total, se estima que unas 50.000 personas trabajan directamente en la basura en Ciudad de México y unas 250.000 viven de ella si se suma a sus familias. 

“Es imposible de contabilizar porque el Gobierno se ha negado a realizar un censo, el primer paso para regularizar la situación de los informales. Esa desidia se traduce ahora en un riesgo a la salud e incluso a la vida para estas personas que realizan una labor imprescindible para la ciudad pero sin ninguna prestación laboral ni derechos. Sin espacios adecuados para su higiene personal”, critica Tania Espinosa, representante de Mujeres en Empleo Informal: Globalizando y Organizando (WIEGO, por sus siglas en inglés). 

La ONG elaboró un informe a partir del cual la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHDF) emitió en 2016 un listado de 224 recomendaciones al Gobierno capitalino para mejorar las condiciones de estos trabajadores, pero apenas se han cumplido un 15%, según denunció la CDHDF. “Tampoco con la nueva  administración –del mismo partido de López Obrador– ha habido avances significativos. Sin estar regularizados, los informales jamás recibirán las medidas de protección si es que llegan. Este desconocimiento supone ante esta contingencia una amenaza para la salud pública”, considera Espinosa sobre la recogida de basura puerta a puerta en una metrópolis de unos nueve millones de habitantes que al día generan unas 13.000 toneladas de residuos.

“La contratación es una vía pero también es un tema complejo. No todo el tiempo se pueden hacer contrataciones masivas porque los recursos son siempre limitados”, reconoce a eldiario.es una de las directoras de la Secretaría de Medio Ambiente de la ciudad, Andrée Lilian Guigue, quien asegura que “los trabajadores de limpia serán de los primeros grupos en recibir guantes y mascarillas” que su Gobierno ya ha empezado a distribuir.

Sin agua para lavarse las manos

El agua es el otro gran lastre en la lucha contra la epidemia para la quinta urbe más poblada del planeta, contando su zona metropolitana. Marta estalla de alegría cuando ve pasar por su calle al camión cisterna, que sale a detenerlo en mitad de la calzada. Una vez a la semana debe hacer fila desde las cinco de la mañana para anotarse en la lista de reparto. 

“A veces vienen y otras no. Muchas veces tenemos que ir a traer la pipa [camión] nosotros. Ahorita ya teníamos dos semanas sin agua”, explica Marta Romo mientras su marido y sus tres hijos se afanan en pasarse la manguera para llenar los cuatro tanques de la casa. Desde siempre este bien esencial es un lujo en Iztapalapa, una de las zonas de la capital más afectadas por este desabastecimiento, donde una cuarta parte de sus dos millones de habitantes no cuenta con agua corriente. Esta escasez histórica agrava la situación de vulnerabilidad de sus habitantes frente a la COVID-19.

“Con esto del coronavirus nos dicen que tenemos que tener la casa limpia, pero, ¿cómo vamos a limpiar sin agua? No es justo que tengamos que apartar el agua de bañarnos para limpiar el patio y el suelo”, exclama esta ama de casa. “A mí me llega una vez al mes (el camión) y eso de vez en cuando, porque tengo mala suerte, los del reparto no me quieren dejar”, se queja su vecina, Eréndira López, quien acaba de salir de su casa para aprovechar el “milagro de que venga aquí la pipa”. 

“Según dicen que nos lavemos las manos y aquí el agua de la llave, cuando llega muy de vez en cuando, sale mugrosa, así que mejor me dejo las manos sucias. El agua que nos traen de la pipa, un poco mejor, pero igual mugrosa”, dice López. Ambas mujeres denuncian que en algunas ocasiones conductores del camión del agua les cobran por repartirles, pese a que se trata de un servicio público gratuito. 

Una peligrosa escasez

Asimismo, ni el conductor que esta vez les ha dejado el agua ni su hijo de nueve años que le ayuda en su recorrido llevan guantes o mascarilla. “Antes pedían cinco o seis pipas por sección y ahora unas 200 diarias. Nunca damos abasto con el agua, siempre es más y más la que piden”, cuenta el funcionario que acompaña ese camión de reparto. Debido a la cuarentena en los hogares, se ha disparado la demanda entre el millón de capitalinos que no disponen de este recurso básico.

Ante esta necesidad por la contingencia de la COVID-19 el Gobierno de Ciudad de México se comprometió a incrementar los 1.500 viajes diarios actuales hasta los 2.100, además de reforzar la vigilancia policial de los vehículos y pozos de agua. “Se tienen que resguardar estos vehículos porque a veces la gente, desesperada, que entra en pánico, hace acciones ilegales como el secuestro de pipas”, asevera a este medio Diego Aguilar, director territorial de la Alcaldía de Iztapalapa, uno de los barrios más humildes y con mayor violencia de la ciudad. La nueva administración, del partido gubernamental, logró reducir el robo de agua, una práctica habitual anteriormente que ante esta crisis vuelve a suponer un riesgo a la seguridad.

Uno de cada tres hogares mexicanos no recibe agua todos los días, unas 10,5 millones de familias. Más de dos millones deben conseguirla por su cuenta de pozos, ríos o lagos. Este desabastecimiento se acentúa en comunidades indígenas, cuya cobertura es del 87,2% frente al 94,4% a nivel nacional.

El círculo vicioso de la desigualdad

La ONU advirtió que la lucha contra la pandemia tiene pocas posibilidades de éxito si la higiene personal, la principal medida para prevenir el contagio, no está al alcance de quienes no tienen acceso a servicios de agua potable. Por ello el organismo exhortó a los gobiernos a proporcionar el acceso continuo a este recurso a las poblaciones vulnerables, que “se pueden convertir en víctimas de un círculo vicioso”. “El acceso limitado las hace más propensas a infectarse, lo que da lugar a enfermedades y medidas de aislamiento. Esto dificulta que las personas sin seguridad social sigan ganándose la vida y su vulnerabilidad aumenta”, expresó la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

En ese sentido, un 57% de los empleados mexicanos trabajan en la informalidad, un volumen semejante al de la mayoría de países en América Latina. “El acceso al recurso hídrico será uno de los grandes desafíos. Hay gente en este país que no podrá lavarse las manos. La desigualdad se va a hacer absolutamente visible”, señaló la directora de Amnistía Internacional en México, Tania Reneaum Panszi sobre un bien vital para combatir una pandemia que amenaza con ahondar la brecha social en México y la región. 

A inicios de esta semana, en Iztapalapa se vivía el bullicio habitual, casi en total normalidad y con la mayoría de comercios abiertos, pese a la orden del Gobierno federal de cesar las actividades no esenciales. “Aquí no podemos parar, ¿cuál cuarentena? Si no nos mata el virus, nos morimos del hambre”, suelta uno de los vecinos en la fila del agua. Iztapalapa es el distrito de la capital con mayor número de contagios.

Violencia, más violencia o arriesgar la vida. Esos son los tres destinos que enfrentan los migrantes centroamericanos. Según un nuevo informe de Médicos Sin Fronteras, el 45,8% de las personas que huyen de los países del Triángulo Norte (Guatemala, Honduras y El Salvador) tomaron la decisión de abandonar sus hogares tras sufrir un episodio violento. Pero, en su decisión de migrar a EEUU para encontrar seguridad, un 57,3% asegura haberse expuesto a la violencia en su tránsito por México, revela un informe de la ONG a partir de 480 entrevistas realizadas en 2018.

No pueden volver atrás y, para seguir adelante, enfrentan niveles de peligro similares aún mayores del lugar del que quieren escapar, mientras el Gobierno mexicano cada vez les obstaculiza más su paso a EEUU. “La situación ha empeorado” y “los migrantes y refugiados son víctimas del endurecimiento de las políticas migratorias y del desmantelamiento de las políticas de protección (asilo y refugio), lo que aumenta los riesgos para una población ya de por sí vulnerable”, resalta la organización humanitaria sobre el impacto de la criminalización por parte de Estados Unidos y México.

A Carlos -nombre ficticio- le tiembla el labio inferior al entrar a la consulta de MSF en Reynosa, ciudad mexicana al noreste de la frontera. Diagnóstico: estrés postraumático. Causa: intento de secuestro. Este joven hondureño se niega a salir del albergue Senda de Vida, que extrema las medidas de seguridad ante la amenaza del crimen organizado que a menudo envía a sus halcones (vigilantes) a merodear la zona para amedrentar a los migrantes.

El 78% de 3.695 personas atendidas por MSF presentaban algún factor desencadenante relacionado con la exposición a la violencia. Un 39,2% de los entrevistados por la organización sufrieron un asalto violento en México y un 27,3% amenazas o extorsión. “En ocasiones, estos actos se perpetran con la connivencia de las autoridades mexicanas”, indica el documento.

“Hemos visto que al momento de regresar de su cita migratoria en EEUU, ya hay camionetas afuera del puente esperándolos para secuestrarlos (…) Cuando son retornados de EEUU Migración mexicana no les apoya con traslados a lugares seguros. Nos dicen que los devuelven a altas horas de la noche en plazas públicas. Esto los expone muchísimo”, asegura a este medio la responsable de Apoyo Social de MSF en ese punto, Anayeli Flores, quien atiende a Carlos.

Sobrevivir a la espera

El Protocolo de Protección a Migrantes (MPP por sus siglas en inglés) sellado entre Washington y México en enero pasado, obliga a los migrantes a esperar en territorio mexicano mientras se cursa su proceso de asilo, lo que eleva el peligro que enfrentan los migrantes a ser víctimas del crimen organizado, según concluye el informe Sin Salida.

Ocho de cada diez personas atendidas por MSF en Nuevo Laredo durante los nueve primeros meses del pasado año refirieron haber sufrido violencia. En septiembre, el 43,9% de los pacientes acogidos a los MPP habían sido secuestrados recientemente, en octubre el porcentaje se disparaba al 75%. Nuevo Laredo se ubica en Tamaulipas, uno de los estados más violentos del país y que EEUU sitúa en el nivel 4 de peligrosidad para viajar, el mismo de Siria o Afganistán.

Los MPP, mejor conocidos como el programa Quédate en México, han favorecido el 'secuestro exprés' como una práctica sistemática. Se calcula que el llamado negocio de la migración representa 2.500 millones de dólares para las organizaciones criminales, que se adaptan a los cambios en el flujo migratorio y en los últimos dos años han duplicado hasta cerca de los 11.000 dólares sus tarifas por cruzar de Guatemala a Estados Unidos, lo que indica un aumento en el pago de sobornos a las autoridades migratorias mexicanas, según recopila MSF. Además, la organización destaca que cada vez resultan más comunes los secuestros en grupo de migrantes que encierran en casas de seguridad por largos períodos, como demuestran las numerosas liberaciones en los últimos meses.

A esta amenaza se enfrentan más de 59.000 solicitantes de asilo, incluidos 16.000 menores de edad, que fueron enviados a México, entre quienes apenas un 4% logra ser representado por un abogado -puede costar alrededor de 6.000 dólares- y menos del 1% ha recibido protección en un año de vigencia del programa.

Represión contra los migrantes

Sin embargo, tampoco esta política de “tolerancia cero” del presidente Donald Trump sirvió para aminorar la llegada de migrantes, casi un millón en 2019. Por ello Washington ejerció una “enorme presión” sobre México para adoptar “medidas más agresivas” a fin de frenar el flujo, según considera MSF. Tras la amenaza de imponer aranceles a México en junio, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) desplegó 25.000 efectivos de la Guardia Nacional, la mayoría en la frontera sur, y en un mes triplicó las detenciones de extranjeros.

Numerosos organismos han denunciado el uso de la fuerza en esas aprehensiones y la violación de derechos humanos en los centros de detención, colapsados “por el doble de personas de su capacidad real en algunos casos (…). No se respetan los servicios mínimos, no se ofrece información sobre el proceso jurídico y aumentan los abusos y situación de discriminación y maltrato”, informa MSF en base a visitas propias y denuncias de numerosas organizaciones.

Esto ha provocado que entre los detenidos haya más del doble de casos con trastorno de estrés agudo en comparación con albergues y otros puntos de la ruta donde trabaja MSF. Dicho trastorno grave se manifiesta al poco de un evento traumático asociado muy probablemente con la detención y estancia en dichos centros, según la organización médica.

“Había bebés de dos meses. Si los niños lloraban porque tenían hambre, querían leche, (los agentes migratorios) les pegaban durísimo a las madres, incluso una se cayó y la dejaron en el piso, nadie hizo nada”, relata a este diario una migrante cubana sobre el “infierno” en la estación migratoria Siglo XIX, de la que escapó en abril tras un motín. Luego trabajó en un burdel de esa misma ciudad, Tapachula, un embudo para los migrantes en la frontera sur.

El presidente de EEUU forzó a AMLO a dar un giro radical en su política migratoria hacia medidas represivas contra los migrantes que, en la práctica, representaron levantar una barrera militar y psicológica para frenar la llegada de extranjeros. Y el mandatario estadounidense redobló su presión durante la segunda mitad del año, en que, también bajo amenazas comerciales, selló acuerdos con Guatemala, Honduras y El Salvador para reconocerlos como “terceros países seguros”. Esto es, que cualquier migrante que hubiese pisado alguno de estos territorios antes de llegar a EEUU podría ser devuelto a dichos países.

“Se trata de un enfoque contrario al derecho internacional, que podría dar lugar al traslado de personas muy vulnerables a países donde sus vidas podrían correr el riesgo”, reprendió en un insólito comunicado ACNUR, que recoge que un 70% de migrantes encuestados aseguraron que, en caso de regresar a su país, se enfrentarían a un riesgo contra su vida, integridad o libertad por la situación de violencia.

En ese sentido, 138 salvadoreños fueron asesinados en su país desde 2013 tras ser deportados y 70 sufrieron agresiones, según datos de Human Rights Watch. Pese a ello, EEUU deportó a 267.258 personas el pasado año fiscal, un 4,3% más que el anterior, mientras que México deportó a 119.000 centroamericanos el pasado año natural, un 6,4% más que el anterior, según datos oficiales.

Esas medidas disuasorias contuvieron considerablemente la llegada de migrantes. De mayo a noviembre disminuyeron un 70% las detenciones de migrantes por parte de la Patrulla Fronteriza en Estados Unidos: 42.710 aprehensiones en noviembre. En esos siete meses también cayeron un 60% hasta los 7.651 los migrantes presentados ante el Instituto Nacional de Migración (INM) mexicano.

Barreras burocráticas y psicológicas

Sin embargo, Washington mantiene la presión. Stephen Miller, el principal asesor en migración de Trump, dejó claras sus intenciones: “Mi mantra persistente ha sido enfrentar a los extranjeros con múltiples dilemas irresolubles, para lograr un impacto ya desde el mismo momento en el que reflexionan si iniciar el arduo viaje”, declaró cuando EEUU implementó a finales de 2018 la práctica del metering o “regulación”, que restringe las solicitudes de asilo que se procesan a diario en los puertos de entrada regulares a EEUU.

Desde entonces los turnos se han ido dilatando y ahora la espera puede durar hasta varios meses o más de un año, lo que “limita drásticamente el derecho de asilo”, reclama el informe. En noviembre se estimaba que había 21.398 casos en lista, sumados a los cerca de 800.000 procesos pendientes en los saturados juzgados estadounidenses. Ese largo período en la zona fronteriza multiplica el riesgo para los migrantes, especialmente para las mujeres.

Una de cada cinco migrantes habían sido violadas en los dos años anteriores a abandonar su país y un 36,4 fueron acosadas sexualmente. Mientras, en su tránsito por México, el 22,5% de las mujeres habían sido acosadas sexualmente, el 12,8% tuvieron una relación sexual no deseada y un 10% fueron forzadas a tener sexo a cambio de algo, según la encuesta de MSF, que revela que cerca de la mitad de las centroamericanas han sufrido violencia sexual en la ruta. El impacto psicológico es alarmante: un 37% de las mujeres atendidas tenían pensamientos suicidas.

Por esa violencia, quedarse en México no es una opción. Tampoco resulta viable el asilo para los centroamericanos. En 2018 se tramitaron 17.116 peticiones de asilo, de las cuales un 72% provenían del Triángulo Norte. El pasado año hubo más de 70.000 solicitudes, lo que colapsó la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR). Asimismo, el informe de MSF reclama que México “deniega de forma arbitraria el reconocimiento de la condición de refugiado (…). Aunque existen otras formas de legalizar la situación migratoria en el país, son precarias y temporales, y existe muy poca información o confianza en el sistema”.

“Los migrantes quedan atrapados en un conglomerado de muros burocráticos y barreras administrativas que les impide escapar de la violencia recurrente”, sintetiza el informe Sin Salida. La última alternativa: jugarse la vida para llegar a EEUU. El pasado año murieron 497 migrantes en su intento por cruzar la frontera norte, 26% más que en el año anterior. La mayoría perdieron la vida ahogados en el río Bravo, según los datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Ese incremento deja a los límites entre México y Estados Unidos como la segunda frontera más letal. La primera, el Mediterráneo, con más de un millar de muertes.

El café de Yaíma es muy dulce. Porque “la dulzura nunca se pierde, papi, y además quita el hambre”, suelta bajo una mueca esta cubana que vende refrigerios en un albergue para migrantes en la frontera de Reynosa, al noreste. Llegó hace cinco meses tras un agónico periplo.

Yaíma y su esposo Maykel entraron a México en enero por Mérida, donde su coyote (traficante) los estafó y dejó casi sin dinero, por lo que tuvieron que trabajar durante cuatro meses en la península de Yucatán hasta ahorrar lo suficiente para comprarse un vuelo a Monterrey. Recién aterrizados el 14 de junio, en el trayecto del aeropuerto al terminal de autobuses, un grupo de hombres armados asaltó su taxi y los secuestró.

“Estuvimos encerrados cuatro días en que me golpearon, me violaron no sé cuántas veces... al segundo día ya estaba resignada, pensé que me iban a matar”, cuenta. Así aplicaron su castigo los verdugos porque la cuñada de Yaíma, residente en Miami, no disponía de los dos mil dólares que exigían por la liberación de ambos. Los soltaron moribundos en una carretera baldía donde recibieron el auxilio de una vecina para continuar su travesía.

—¿Por qué hacia Reynosa?

—Un conocido nos dijo que por aquí estaban dando asilo más rápido. Yo ya había mirado por Acuña (otra ciudad fronteriza), pero al último momento cambiamos. La peor decisión, esto es un infierno —lamenta Yaíma.

El constante riesgo de secuestro

Reynosa sea tal vez el punto fronterizo norteño más peligroso para los migrantes. La ciudad registró 295 asesinatos el pasado año, una tasa de 41 por cada 100 mil habitantes que la colocó en el puesto 42 entre las urbes más violentas del mundo. Un 96% de su población se siente insegura, la localidad mexicana con mayor percepción de inseguridad según una encuesta oficial en diciembre pasado. Tamaulipas, donde se ubica Reynosa, es el estado mexicano con mayor desaparición forzada: 6.000 personas en la última década y apenas se localizaron menos de 200. Los migrantes son aún más vulnerables ante esta práctica.

Por eso Yaíma se afana en hacer la compra antes de oscurecer. “No podemos andar de noche, aunque hasta en el día te secuestran. A varios paisanos se los han llevado a la salida del (supermercado) Soriana, porque saben que ahí recogemos el dinero que nos envían”, asegura la isleña sobre un municipio donde sólo se puede vivir con permiso del crimen organizado: “Vas por la calle y cualquiera te pide clave. Si no la tienes, te levantan (secuestran)”. La clave consiste en una contraseña numérica que los delincuentes entregan a los migrantes al pagar su cuota de unos 300 pesos mensuales (unos 14 euros) que les permite permanecer en la ciudad.

Un 45% de los 2.300 pacientes que atendió Médicos Sin Fronteras (MSF) en la frontera tamaulipeca desde junio pasado ha sufrido violencia y un 12% han sido víctimas de secuestro. La oenegé denuncia que el Protocolo de Protección a Migrantes, por el cual los solicitantes deben esperar varios meses su proceso de asilo en territorio mexicano, enfrenta a los migrantes al secuestro que ha aumentado a lo largo de la ruta.

“Hemos visto que al momento de regresar de su cita migratoria en EEUU, ya hay camionetas afuera del puente esperándolos para secuestrarlos”, apunta a eldiario.es la responsable de Apoyo Social de MSF en ese punto, Anayeli Flores, quien destaca la inacción y la desprotección de las autoridades: “Cuando son retornados de EEUU no les apoyan con traslados a lugares seguros. Nos dicen que los devuelven a altas horas de la noche en plazas públicas. Esto los expone muchísimo”.

Por su parte, el Secretario Técnico de la alcaldía, Hugo Ramírez —inhabilitado por falsificación de documentos—, subrayó a este diario que han descendido los delitos contra los extranjeros en el municipio. Y agrega: “Existen riesgos que debemos cuidar, pero ellos (los migrantes) ya saben a lo que se exponen cuando vienen a las ciudades fronterizas que siempre son más complejas”.

Aumenta el negocio del secuestro

No hay cifras oficiales sobre el volumen de secuestros de extranjeros, pero varios expertos consultados coinciden en que la actual política migratoria ha disparado esta práctica cada vez más sistematizada en la frontera norte. A comienzos de agosto, la fuerza pública liberó a 151 migrantes retenidos en una casa, en octubre a 45, en mayo a 19, en marzo a 107. Todos en Reynosa, entre algunos ejemplos que dan cuenta de la magnitud de este delito.

En esta red de trata humana participan presumiblemente las autoridades migratorias, por colusión o como autores a tenor de algunos episodios recientes. En febrero fue destituido el delegado del Instituto Nacional de Migración (INM) en Reynosa tras numerosas acusaciones de encabezar una red que encerraba a los migrantes en el sótano de la misma estación fronteriza para pedir rescates de 3.500 dólares a sus familiares. En marzo cesaron de su cargo a una treintena de oficiales migratorios por irregularidades tras la desaparición de 25 migrantes a bordo de un autobús asaltado por el crimen organizado a unos 150 km de Reynosa. Una semana antes desaparecieron a otra veintena de migrantes en la misma carretera. En esa zona de San Fernando asesinaron a 72 migrantes en 2010, una masacre que tampoco sirvió de parteaguas para cambiar nada, tal y como reflejan los últimos eventos.

“Como consecuencia de su duración, de la normalización de la naturaleza de la ruta migratoria a través y desde México, y el elevado número de involucrados, México probablemente registra el problema más extenso de extorsión y secuestro de migrantes a nivel global”, sostiene una investigación del Mixed Migration Centre, que considera como “epidemia” el secuestro de migrantes en territorio mexicano. Sólo en 2013 hubo unos 20.000 extranjeros que sufrieron este crimen, alrededor del 10% del flujo total, según el registro más reciente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

“Antes se lucraban (los criminales) principalmente por cruzarlos a EEUU, pero ahora los migrantes esperan para hacerlo legal, porque si los detienen cruzando, los van a devolver igual y perderán opciones de recibir el asilo. Pero el crimen quiere mantener su negocio y lucrarse con ellos igual, así que en lugar del cruce ahora se dedican al secuestro”, explica a este medio Gladys Cañas, activista de Matamoros, ciudad cercana a Reynosa donde cerca de 2.000 migrantes se instalaron desde hace meses en tiendas de campaña frente al puente fronterizo para así cuidarse frente a la delincuencia. También por la amenaza de ser detenidos y enviados a la frontera sur con Guatemala para aguardar el proceso de asilo a 2.200km, unos traslados desde la frontera norte que iniciaron en agosto y que los obliga a afrontar de nuevo los costes y peligros de ese viaje.

Aterrorizados ante la vigilancia del crimen

La pareja de cubanos pudo alquilar un apartamento en Reynosa junto a seis compatriotas. Entre todos pagan 8.000 pesos (unos 380 euros) al mes, con todos los gastos incluidos. En la vecindad cerrada residen sólo familias cubanas. Al entrar se asoman dos hombres de apariencia mexicana. En el espacioso apartamento de Yaíma y Maykel cada pareja tiene una nevera en su dormitorio y el aire acondicionado al máximo. Resulta difícil pensar que por ese precio el propietario regale semejante consumo de electricidad y otros servicios, así como que el crimen todavía no haya hecho presencia para cobrar su impuesto. “Seguro se trata de una vivienda ocupada cuyo regente ya se encarga de pagar la correspondiente tarifa a la maña (como se conoce por estos lindes a la delincuencia organizada)”, sopesa el periodista local que nos acompaña y prefiere ocultar su identidad por temor a represalias.

“La maña tiene ojos en todas partes. Te vigilan cuando sales, andan haciendo guardia y cuando te señalan a veces ya me ha tocado correr. Vivimos en una tensión constante, con mucho miedo”, indica Maykel. Las dos facciones del Cártel del Golfo que se disputan esa plaza mantienen un férreo control de la ciudad, al estilo de las maras en Centroamérica.

En la plaza principal tres hombres se acercan de inmediato para tomarnos fotos. Varios de esos halcones (vigilantes) merodean los edificios donde entramos a realizar entrevistas. En dos ocasiones funcionarios nos advierten para abandonar rápido el lugar. Nos recomiendan evitar grabar en los cincuenta metros que separan el paso fronterizo de la sede del Instituto Tamaulipeco de Migración. Por ahí camina una veintena de mexicanos recién repatriados de EEUU. Ahí les esperan los coyotes para proponerles su oferta y llevárselos. Tampoco permiten grabar en las oficinas del INM donde los deportados realizan su registro. Llegaron unos cuarenta pero sólo salió la mitad. “Los otros ya tienen arreglado su cruce con los mismos de Migración y los sacan por otro lado”, afirma el reportero local.

Extorsionados por agentes migratorios

La extorsión se ha vuelto otro de los negocios explotados por los oficiales de Migración. A finales de junio unos 200 migrantes denunciaron públicamente que los agentes del INM en Reynosa les solicitaban entre 1.200 y 1.500 dólares para adelantarlos en una lista de espera cada vez más demorada y así acelerar su trámite de asilo. “El endurecimiento de la política migratoria mexicana, por las detenciones masivas, así como las medidas disuasorias de EEUU para dilatar los plazos para el proceso de asilo, por supuesto favorece un incremento de la extorsión por parte de funcionarios”, asegura a este medio Rodolfo Cruz, investigador del Colegio Frontera Norte. El INM rehusó dar respuesta a este medio sobre los diferentes señalamientos.

Este cobro suele recaer especialmente en los cubanos, quienes reciben notables remesas de sus familiares en EEUU, a diferencia del resto de centroamericanos. Yaíma y Maykel sufrieron esa extorsión en uno de los retenes migratorios de Monterrey a Reynosa, justo después de salir de su secuestro, según relata la habanera de 38 años:

—Sé que Ustedes van subiendo para pasar a EEUU —les dijo el encargado del INM tras bajarlos del bus y meterlos a su oficina.

—Tenemos papeles en regla, la visa, podemos transitar por México. Nos acaban de secuestrar y dar una paliza —suplicó la pareja de cubanos con el rostro lleno de moratones.

—Pero mis muchachos tienen que comer, ¿cómo le hacemos? —soltó el oficial.

Tuvieron que darle 500 pesos (unos 24 euros), aunque pedía el doble, para seguir su camino. Este tipo de cobros son habituales a lo largo de todo el trayecto, según las constantes denuncias por parte de los migrantes. A mediados de este año, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que medio millar de funcionarios del INM habían sido despedidos por su presunta involucración en casos de corrupción.

“Cuando les muestras (a los agentes migratorios) tus documentos, te preguntan ¿dónde está el papel verde? Que son los dólares. A mí me han pedido entre 100 y 500 dólares. Si no traes el papel verde, te detienen y te llevan a la estación migratoria donde te maltratan”, asegura otro joven cubano que rechaza dar su nombre por pánico.

Un oasis en medio de la violencia

Prácticamente nadie interpone una denuncia formal. “¿De qué sirve si las propias autoridades cometen el delito? No se juzgarán ellos mismos y a nosotros nos joden. A mí me ha dado trauma de todo lo que he pasado por el camino, hermano”, reniega tocándose tembloroso la sien el isleño, quien recibe atención psicológica del equipo de Médicos Sin Fronteras que opera en Senda de Vida, el único albergue en Reynosa donde los migrantes pueden refugiarse del crimen organizado.

“Es como un oasis donde sentirse segura”, apunta Yaíma, aunque su venta de café ya no le da suficientes ingresos. En el recinto apenas quedan unas 80 personas, lejos de las 3.000 que en abril triplicaron la capacidad del albergueo de las 500 del mes pasado. Tras arduos esfuerzos de la Alcaldía por demostrar que el municipio era inseguro para los migrantes, en octubre EEUU dejó de aceptar solicitudes de asilo en el paso de Reynosa a McAllen. Por eso la mayoría de los solicitantes se desplazaron a Matamoros.

Pero Yaíma se resiste a abandonar lo poco que ha logrado: una habitación donde dormir, el trabajo de su marido en una fábrica, algo de ahorro... “Además dicen que en Matamoros ya están secuestrando como aquí. Eso está bravo igual”, añade. A finales de octubre tuvo la última cita con la corte norteamericana para su asilo.“Ni las fotos de las lesiones durante el secuestro, ni los partes médicos y psicológicos sirvieron para dar constancia de nuestro 'miedo creíble' a permanecer en México. Nada de eso aplica como tortura, tienes que ir con amputaciones”, se queja Yaíma, desde entonces enferma por la preocupación de reunir el dinero para pagar a un abogado: “Tiene que estar reconocido en EEUU, nos piden 7.000 dólares, es imposible”. Como cada mañana Yaíma llega al albergue temprano para 'endulzar' el desayuno de los migrantes, pero cada vez el café le sale más aguado.

Dos robos de teléfonos móviles. Uno con violencia y el otro sin. Un par de semanas de diferencia entre ambos sucesos. Ninguno judicializado. Un mismo implicado: David. Esta historia jamás se contaría si la víctima del primer hurto y autor del segundo, no fuese hondureño. O mejor dicho, si no fuese un hondureño en México. Es decir, migrante.

Corría otro achicharrante mediodía en Tenosique, ciudad tabasqueña fronteriza a Guatemala, cuando en una de las esquinas de la plaza central se armó el revuelo entre el tumulto de gente que hacía fila a las puertas del Banamex para cobrar su ayuda social. Una patrulla de policías municipales rodeaba a David, un corpulento afrodescendiente. Los agentes lo custodiaron varios metros calle abajo hasta el Hotel Don José, donde comprobaron en sus cámaras de seguridad que, en efecto, él había aprovechado un momento de despiste de la recepcionista para robar un teléfono móvil de su mostrador.

Ahí mismo le colocaron las esposas con las manos en la espalda para subirlo al vehículo policial. Treinta metros al grito de “¡Ratero!¡Que lo devuelvan a su país!”, entre los asistentes. David se revolvía en la parte trasera de la camioneta para tratar de entregarle un teléfono móvil a su mujer. Los agentes lo impedían. Daniela asistía atónita sin comprender el motivo de la detención. En sus brazos cargaba una bebé de seis meses.

El escarnio social

Los trabajadores del hotel ya habían reunido a varios colegas para mostrar en bucle el vídeo del hurto. “¡Pinches rateros que sólo vienen aquí a delinquir! ¡Nosotros les abrimos las puertas, los acogemos y así nos lo pagan! Ya ni podemos salir de noche a la calle”, se ceban contra los migrantes argumentando que el incremento de la delincuencia se debe a la creciente presencia de extranjeros. Pero los datos de la Fiscalía de Tabasco muestran lo contrario:

De enero a junio de este año hubo 58 robos a transeúntes (el tipo de delito que mayormente la población atribuye a los migrantes) en Tenosique. En el mismo periodo del año anterior, se produjeron 60 de estos asaltos. En el primer semestre de 2017, se registraron 120.

Es decir, los hurtos en la vía pública se han reducido a la mitad en los últimos dos años, pese a la llegada de migrantes.

Asimismo, entre enero y marzo de 2019 se contabilizaron 130 robos con violencia, otra de las modalidades que achacan a los extranjeros. Sin embargo, en los tres meses siguientes cuando se formó el embudo migratorio en la localidad, esos delitos se redujeron a 98.

Una de las funcionarias de la Fiscalía Especializada para la Atención a Migrantes en esa localidad indica a eldiario.es que en los primeros cinco meses del año se abrieron unas 500 carpetas de investigación de delitos que involucran a extranjeros y apenas una veintena que señalan a un migrante como autor. De éstos, según indica, “casi todos son incidentes entre los propios migrantes”. Ninguno de los casos se refiere a violaciones u homicidios, como espeta alguno de los tertulianos más coléricos del hospedaje Don José.

Pese a las concluyentes estadísticas, en los próximos días uno de los pocos periódicos estatales, Tabasco Hoy, publicará un artículo sobre el hurto de David, lo que alimenta la percepción de un aumento de la inseguridad debido a la oleada migratoria. “Como es robo de un extranjero, ya es una noticia de impacto”, valora Hilario Paredes, el único periodista en ese municipio, quien se apresura a sentenciar que “al cometer un delito, este hombre ya está listo para la deportación”.

Los discriminatorios señalamientos contra los migrantes vienen del más alto nivel institucional. “Eso es un aviso para toda la migración transcontinental, de que así sean de Marte los vamos a mandar, hasta la India, hasta Camerún, hasta el África”, soltó esta semana el titular del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, quien acusó a “humanos de la raza negra” de agredir a la fuerza pública. El Consejo Ciudadano del INM censuró esas palabras “despectivas” por “promover la criminalización de los migrantes en un contexto de hostilidad y discurso de odio”.

Aumenta el riesgo para los migrantes

Daniela ignora lo ocurrido hasta que acude a la estación policial y se lo cuenta Daisy, la dueña del teléfono y recepcionista del hotel. “No sabía nada. Que Dios te guarde y te bendiga”, se disculpa desde el banco de al lado, mientras rompe a llorar ante las consecuencias que el acto pueda acarrear. “Les estamos alojando aquí, no es justo. Yo por mí sigo con el proceso. Me da miedo que salga y más adelante me haga algo”, asegura Daisy sobre una denuncia que, sin embargo, no va a proceder ya que el teléfono fue un regalo navideño de su hermano que vive lejos y no podrá presentar la factura.

“Te entiendo, a nosotros también nos robaron”, asegura la hondureña una vez tranquilizada. Daniela y David abandonaron San Pedro Sula junto a sus cuatro hijos de catorce, ocho, dos años y Yired, de seis meses, que todo el tiempo trata de jugar en el regazo donde su madre resguarda una bolsa repleta de papeles arrugados: toda su documentación. Hace dos semanas cruzaron El Ceibo, el paso fronterizo con Guatemala, y tuvieron que caminar un día entero para recorrer los 60 kilómetros hasta Tenosique, la primera ciudad en territorio mexicano.

Durante la noche en ese trayecto los asaltaron dos jóvenes en motocicleta. “Manosearon a mi hija mayor y cuando mi marido se metió para pararlos, lo golpearon con palos. Luego nos quitaron el celular, casi toda la ropa, la leche para la bebé y los 6.000 lempiras (unos 210 euros). Toda la plata que traíamos”, relata Daniela. Al llegar al municipio denunciaron los hechos ante la Fiscalía, donde les dieron un papel y los llevaron a 'La 72', el único albergue para migrantes en ese punto.

El encargado de La 72, el español Ramón Márquez, reclama que las agresiones en Tabasco –especialmente en esa carretera hacia Tenosique– se han casi triplicado. En enero, el albergue registró 166 agresiones, frente a las 58 del mismo mes de 2018. “Los robos violentos contra migrantes han seguido en aumento en lo que va de año y hemos detectado un alarmante incremento de secuestros sin precedentes desde 2016”, subraya Márquez a este diario. Desde julio la institución constató al menos 36 personas privadas de la libertad en los accesos al municipio.

La presión de Washington sobre México para frenar el flujo migratorio ha multiplicado el riesgo al que se exponen los migrantes. Desde la entrada en vigor en febrero del acuerdo por el cual los demandantes de asilo debían aguardar su proceso en territorio del vecino del sur, eufemísticamente denominados Protocolos de Protección a Migrantes (MPP), las detenciones por parte de las autoridades migratorias mexicanas se triplicaron en los siguientes cinco meses, hasta alcanzar su máximo histórico de 31.560 migrantes detenidos sólo en junio, mes en que el presidente estadounidense Donald Trump lanzó su amenaza de imponer aranceles a los productos mexicanos.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador desplegó entonces a contrarreloj a 6.000 militares, casi la mitad en la estrecha frontera sur, convertida en la práctica en un 'muro'. “Las redadas y arrestos masivos condenan a los migrantes a la clandestinidad y bloquean su acceso a refugios, provocando cada vez más sufrimiento a esta población, muy vulnerable ante las redes criminales”, denuncia la ONG Médicos Sin Fronteras sobre esa “política represiva”.

Además de las detenciones como medida disuasoria, México detuvo la entrega de visas humanitarias y las suplió por un permiso temporal con fuertes restricciones de movilidad y permanencia, así como dificultó y dilató su otorgamiento.

Leche sin lactosa: una acuciante necesidad

Dicho trámite supuso un calvario para Daniela desde que pisó suelo mexicano. Su proceso se ha estancado en un callejón sin salida: necesitan el permiso del padre de la niña de 14 años, Silvia, a quien Daniela tuvo a los 16 años y ni siquiera sabe dónde localizarlo. Se estima que cerca de la mitad de madres en Honduras son solteras o bien no cuentan con el apoyo del padre.

Daniela ha mantenido a sus hijos durante dos semanas gracias al envío de dinero de una amiga en Houston, pero el paso de los días agrava su estancia. El albergue les brinda comida suficiente para subsistir, pero, desbordado por casi el triple de su capacidad, tampoco puede ofrecerles mucho más. Su necesidad más acuciante: leche sin lactosa, que puede costar entre 15 y 20 euros el tarro, impagable en las condiciones de esta familia.

Yired es alérgica a la lactosa y desde que nació ha rechazado la leche materna. “Le dan unos ardores tan fuertes que deja de comer. Se la pasa llorando del dolor o porque tiene hambre. Es desesperante”, explica Daniela sobre la única explicación que encuentra sobre el motivo que empujó a David a robar el teléfono. También les hacen falta pañales, que trata de reutilizar varios días.

No obstante, ninguna de esas carencias le vale a Daniela para justificar a su marido. “Todo el esfuerzo que hemos hecho, por lo que hemos venido y él haciendo pendejadas. Esto en Honduras nunca lo había hecho”, se queja. En San Pedro Sula la familia tenía una vida apacible, o al menos estable entre la extendida pobreza y violencia en el país. Daniela, de 30 años, era cocinera; y David, de 35, trabajaba en la construcción: “No éramos ricos, pero nos manteníamos”. Tuvieron que huir de su hogar cuando una de las maras se hizo con el control del barrio. “No teníamos planes de venirnos –cuenta–, pero salimos rápido, casi con lo puesto, en el momento en que ya asesinaron a nuestra vecina”.

Su objetivo ni siquiera es entrar a EEUU, ni avanzar al norte hacia las regiones más ricas de México. “La idea era quedarnos en Villahermosa y buscar algo de trabajo. Si aquí podemos vivir, ¿para qué arriesgarnos?”, se pregunta.

La capital de Tabasco tampoco promete grandes expectativas de empleo, pero para esta familia representa un salvavidas. Se ubica a tan sólo 200 kilómetros de Tenosique, a unas tres horas en un autobús que cuesta poco más de diez euros. Un trayecto corto, pero custodiado por hasta tres retenes migratorios.

Ante la amenaza de ser detenidos, sin un permiso de residencia cada vez más complicado de obtener, para ellos ese recorrido se tornará incierto y arriesgado. Deberán abordar el tren de mercancías conocido como 'La Bestia' que les transportará por un serpentino camino que ni siquiera pasa por Villahermosa. Daniela desconoce la travesía.

Un paso fronterizo conflictivo

Pasada la hora de espera en la entrada de la comisaría acude al lugar Francisco López, el administrador del destartalado hotel donde se cometió el robo. Su jefe, el propietario del alojamiento, lo ha enviado para “supervisar que se haga justicia”. Ambos han vivido sendas experiencias traumáticas relacionadas con los migrantes, por lo que su presencia enfría la cordialidad de la conversación entre las mujeres.

Según él, era conductor de autobuses cuando en 1998 lo detuvieron en un retén en Palenque, mientras transitaba de Villahermosa a Veracruz, por transportar a 32 indocumentados de los que asegura no tener conocimiento. Pasó ocho años en la prisión de Matamoros, al norte del país.

Al propietario del hotel, Armando, le asesinaron a su hijo en marzo de 2010. Ángel Fernando Paz era menor cuando lo secuestraron, mataron y arrojaron su cuerpo a un pozo de agua. Varios meses después aprehendieron a tres sujetos –dos hondureños y un mexicano–, quienes reconocieron la autoría del crimen, así como ser halcones (vigilantes del paso de migrantes) para el crimen organizado. El cártel de Los Zetas controlaba entonces ese cruce fronterizo.

Crece el rechazo contra los migrantes

“Si viene el patrón se pone fuera de serie. Es como tocar al diablo con este tema”, advierte Francisco, quien bajo la consigna 'pueblo chico, infierno grande' lanza improperios contra todo aquel que apoya a los migrantes en esos lindes. Es la punta del iceberg de un creciente malestar generalizado en todo el país. Un 61,5% de los mexicanos está de acuerdo en impedir el paso a los migrantes indocumentados, mientras que en octubre (antes de la Caravana de centroamericanos) esta opción la defendían un 49%, casi a la par con los favorables de permitir su ingreso. Se observa un alza similar entre quienes abogan por expulsar inmediatamente a los migrantes detenidos y quienes se muestran en desacuerdo con entregarles visas de trabajo, según una encuesta del diario mexicano El Universal, elaborada a mediados de junio tras la amenaza arancelaria de Trump.

Este rechazo se acentúa en las localidades fronterizas, especialmente en las más pequeñas como Tenosique, de unos 70.000 habitantes. Su alcalde, Raúl Gutiérrez, refleja en sus palabras a este medio ese recelo: “Aquí hay una situación de choque de culturas con la llegada de migrantes (...) Lo que queremos es regularizar su estatus migratorio, pero desafortunadamente aquí la manera en que ellos legalizan su estancia es mediante denuncias en la Fiscalía”.

El jefe municipal considera que los migrantes inventan los delitos que sufren en territorio mexicano para “ganar puntos” a la hora de obtener su visa humanitaria o refugio. Aunque los datos desmienten esa suposición; al contrario, los migrantes apenas denuncian un 12% del total de agresiones, según la comparativa de la cifra negra. La Fiscalía Especializada abrió 137 investigaciones por robo con violencia en 2018, mientras que el albergue La 72 registró 1.107 casos.

Enorme impunidad por igual

Asimismo, más de la mitad de las denuncias presentadas, el 52%, quedaron archivadas puesto que los migrantes que la interponen, siguen su camino sin aportar más pruebas. Aunque de poco o nada serviría dar seguimiento al proceso, puesto que de las casi 800 carpetas de investigación por esas agresiones en los últimos cuatro años tan sólo seis obtuvieron sentencia, un 1%, según datos de la Fiscalía.

La enorme impunidad en México afecta a todos por igual. “El proceso no avanzará. No hay supuesto de flagrancia, porque no hay cuerpo del delito (el teléfono)”, susurra uno de los agentes municipales alejado de los implicados. Daisy y los empleados del hotel se percataron del robo media hora después de producirse y capturaron al sujeto por su propia cuenta una hora después. David ya había vendido el teléfono en el mercado de la ciudad por 400 pesos, unos 18 euros, dinero que cargaba en el momento de su detención.

Cuatro horas después de su arresto trasladan al hondureño a ese mercado y hallan al comprador. Daisy recupera su móvil y se retira de las instalaciones policiales junto a Francisco, convencidos de que el ladrón seguirá encerrado y será devuelto a su país. Los agentes así se lo comunican para evitar mayores enfados y enredar la situación. A los pocos minutos liberan a David tras pagar una multa de 200 pesos (unos nueve euros). Una sanción que en realidad era del doble, pero que informalmente la reducen al no disponer de esa cantidad. Lo dejan ir sin cargos y sin informar a las autoridades migratorias para efectos de su posible deportación. Nada de eso le libra de la regañada de Daniela, que desahoga su angustia tras un breve abrazo.

Cuatro meses después del episodio, el encargado del albergue asegura que la familia ya se mudó a Villahermosa, sin poder detallar cuándo, y David regresó en una ocasión el mes pasado para recoger algunos documentos. El vigilante del hotel donde se produjo el hurto cuenta que se encontró a Daniela por la ciudad a comienzos de setiembre y, según le dijo, su marido se había adelantado hacia la capital de Tabasco antes de llevar a toda la familia. Su teléfono se extravió en el albergue. Daniela se conectó al whatsapp por última vez el 29 de julio.

El LG K9 de Daisy cuesta 3.000 pesos, unos 137 euros. La desesperación de David lo llevó a venderlo por una décima parte de su valor. Ese dinero apenas le hubiese alcanzado para comprar poco más que una lata de 400gr de leche sin lactosa, que puede durar unos diez días. Seguramente bastantes menos días que los que la familia todavía deberá esperar en Tenosique hasta arreglar sus papeles. El Samsung S6 que le robaron en la carretera costaba el doble que el de Daisy: el doble de tiempo para alimentar a su bebé. Pero la frontera no entiende de números ni de justicia.

– ¿Cuál es su último deseo?– le preguntó su captor.

– Que Dios le perdone, porque va a dejar a tres niñas huérfanas– respondió la periodista.

Quizás esas palabras le salvaron la vida. Era la primera vez que una de sus víctimas bendecía al verdugo, quien luego hizo todo lo posible por frenar la orden de ejecución de Dulcina Parra, la reportera sinaloense que habían secuestrado hacía unas horas.

– Hoy no se va. Hoy no es su hora– le dijo el joven sicario tocando su rodilla. Antes había discutido por teléfono con su jefe por negarse a disparar a una mujer. Dulcina sintió en esa mano un alivio, una tranquilidad inmensa en medio del pánico: “En aquella situación, era lo más cercano al amor, a la vida”. Ese mismo 19 de diciembre de 2009 la soltaron en un inhóspito camino de tierra. “¡Avanza sin voltearte a mirar!”, le gritaron los hombres armados desde la camioneta. “Cada paso que daba, cerraba los ojos esperando la bala. Le pedía a Dios por mis hijas. Escuchaba, ida, el retumbar de los coches a lo lejos. Era consciente de que me iban a matar porque ya les había visto la cara”, relata la reportera.

Una semana antes había publicado una investigación periodística sobre un hospital local donde el Cártel de Sinaloa intimidaba a los médicos para que no diesen parte de sus integrantes heridos que atendían. Cuando el Ejército cercó el centro sanitario, los narcotraficantes creyeron que Dulcina era informante de los militares. Tras un intenso interrogatorio durante las seis horas de cautiverio, se percataron de que estaba limpia (no trabajaba para el crimen ni para la autoridad).

Después de su liberación Dulcina descansó durante unos días, pero nunca pensó en abandonar su ciudad, Los Mochis, feudo del narco donde se produjo la última captura del capo mexicano Joaquín 'el Chapo' Guzmán en enero de 2016. La periodista volvió a agarrar su libreta a los diez días de su levantón (secuestro exprés) debido a la desaparición de otro compañero, José Luís Romero, que indagaba sobre el mismo tema. Consciente de la importancia de actuar en las primeras horas, Dulcina sintió la obligación de volver a reportear sobre aquel hecho ya que ninguno de sus colegas se atrevía a denunciarlo por temor a represalias contra ellos. A las dos semanas lo encontraron muerto.

Nada ha cambiado en México desde hace una década para garantizar la libertad de expresión. Igual que en 2009, en 2018 fueron asesinados nueve periodistas en el país sin guerra declarada más peligroso para ejercer el oficio, solo por detrás de Afganistán (15) y Siria (11), según cifras de Reporteros Sin Fronteras. Esta semana ha sido especialmente cruenta, hasta tres periodistas han sido asesinados. Rogelio Barragán, director del portal Guerrero al Instante, fue encontrado en el interior de una furgoneta con claros símbolos de tortura. En el mismo estado de Morelos ha sido encontrado el cadáver de Édgar Nava, director de La verdad de Zihuatanejo. Jorge Celestino Ruiz Vázquez, reportero del diario El Gráfico, fue asesinado el viernes a balazos en el distrito de Veracruz.

También esta semana, en el norte del país la redacción de un diario local ha sido atacada con cócteles molotov, obligando al director ha dejar de imprimir la publicación. Estos últimos homicidio elevan a nueve el número periodistas asesinados bajo los primeros ocho meses de la Administración de Andrés Manuel López Obrador, uno menos que la cifra registrada durante los últimos once meses de mandato del gobierno anterior en 2018, según la ONG Article 19.

Un entorno permeado por el narco

Seis meses después de su secuestro mientras cubría un enfrentamiento, Dulcina se topó con uno de sus captores, el joven que a su vez le había perdonado la vida. Este se quitó el pasamontañas para que lo reconociese, “como señal de agradecimiento por no haberlos denunciado –cree– la condición que me pusieron para liberarme”. En 2013 volvió a verlo al llegar a la escena de un homicidio. Muerto. Yacía en el suelo, baleado. La reportera rompió a llorar cuando se le acercó una joven: “Él era mi esposo. ¿Usted es Dulcina? 'Tavo' me hablaba mucho, él siempre estuvo al pendiente de Usted. Sé que hizo cosas malas pero era por necesidad, porque somos muy pobres”.

Ese encuentro la marcó para siempre. Dulcina comprendió los difusos márgenes que engloba la etiqueta 'narco': “Algunos jóvenes se meten a policías y terminan comprados, otros de gatilleros, otros drogadictos. Todos entran por cierta carencia y luego se vuelve codicia. Algunos vienen de familias pudientes y colaboran con su empresa puntualmente, para el blanqueo de dinero. Después ya ninguno puede salirse. Todos terminan asesinados pronto (como sus cuatro secuestradores)”, reflexiona sobre las escasas alternativas en un contexto permeado por el narcotráfico.

En la costera ciudad de Los Mochis se respira una aparente normalidad. Algunas parejas de extranjeros incluso pasean apacibles por las amplias y limpias avenidas al estilo de las metrópolis estadounidenses. También transitan a sus anchas los lujosos todoterrenos de narcos junto a sus buchonas (chicas operadísimas de apariencia extravagante) que suelen exhibirse al mediodía en las tradicionales marisquerías.

Los Mochis, donde las amenazas se vuelven rutina

La muerte en Los Mochis tan solo merodea entre quienes osan inmiscuirse en los negocios ilícitos. Entre ellos, la mayoría de informadores locales que sufren hostigamiento y que se han acostumbrado a vivir con una carta de adiós bajo la almohada. “La cultura del narco que tenemos aquí hace que veamos como algo natural que te amenacen, perdemos la capacidad de asombro”, asegura Dulcina. Ella ha recibido desde mensajes intimidatorios por redes sociales hasta una corona fúnebre con su nombre. “Lastimosamente si nos amenazan significa que estamos haciendo bien nuestro trabajo, porque alguien se siente descubierto por nuestra información”, añade.

Otra forma de callar a los periodistas consiste en comprarlos. “Es habitual que el narco ofrezca dinero. Y muchos se ven obligados a tomarlo, porque o lo aceptas o te matan. Conmigo ni siquiera lo han intentado porque saben que lo rechazo y además luego los destapo”, enfatiza con sorna.

Dulcina ha pasado por varias de las radios, periódicos y televisiones locales, así como algunas nacionales. Siempre dedicada a temas de seguridad, lo que en Sinaloa se traduce en cubrir tiroteos, redadas, detenciones y sacar a la luz las actividades de los cárteles y la corrupción de las autoridades. Ha informado sobre el homicidio de un puñado de comandantes que ella misma había señalado por su vínculo con el tráfico de droga.

A veces las advertencias provienen directamente de la misma fuerza pública. “No se crea de hule [creerse de hierro], porque también le entran las balas. Por eso matan a los periodistas, por ser muy bocones”, le soltó un jefe policial en plena rueda de prensa. En esa época la guerra contra el narco escaló hasta el intercambio de paquetes con cabezas decapitadas. Para Dulcina, un 90% de la policía municipal está en la nómina del narco, es decir, reciben sus sobornos. O forman en sí una estructura delictiva. Así lo manifiesta por enésima vez frente al micrófono de Nova Radio, la humilde emisora donde cada mañana locuta su boletín.

El hallazgo de 15 cadáveres

Además de su cotidiana cobertura de crónica roja, Dulcina desempeñó tras su secuestro cierto activismo en la prevención del reclutamiento de jóvenes por parte de los cárteles y en los derechos de las víctimas, sobre todo mujeres. En los últimos tiempos ha centrado sus esfuerzos en monitorear la lucha de las madres de desaparecidos en la región, organizadas entorno al colectivo 'Rastreadoras de El Fuerte'. Este nombre se lo puso Javier Valdez, el reconocido cronista de Culiacán (capital de Sinaloa) asesinado el 15 de mayo de 2017, cuyo homicidio dio la vuelta al mundo para evidenciar el peligro que corren los comunicadores mexicanos.

Hace tres semanas las Rastreadoras hallaron 15 cadáveres –o pedazos de ellos– enterrados en un terreno baldío a las afueras de Los Mochis. A primera hora de la mañana habían encontrado dos cuerpos y hacia la tarde ya llevaban una docena. Se trataba de un panteón del narco, un cementerio clandestino, la mayor fosa común descubierta en el estado desde que el colectivo inició sus búsquedas hace cuatro años. Un notable descubrimiento, pero irrisorio en cifras en un país con más de 40 mil personas desaparecidas.

Dulcina grababa con su teléfono para retransmitir durante horas el hallazgo a través de un Facebook Live, mientras varias mujeres hundían sus varillas y cavaban en los pedazos de tierra blanda. Un par de hoyos emanaban un hedor putrefacto, cadáveres arrojados recientemente. De uno de los huecos sacaron tres cuerpos envueltos en una tela, apilados. En otro se veía un cráneo. La tristeza, el estupor de encontrarlos sepultados como animales; se mezclaba con la alegría, el consuelo de al menos haberlos encontrado. “¿Será el mío, mi hijo?”, se preguntaban las madres entre sollozos y abrazos alentadores.

Algunas de las mujeres vestían camisetas blancas con el rostro de su hijo y un juramento a su espalda: 'Te buscaré hasta encontrarte'. Las que ya habían dado con su familiar usaban camiseta verde con la frase: 'Promesa cumplida'. En ocasiones, este segundo grupo también se ponía camisetas blancas, porque su solidaridad se mantenía intacta ante una tarea incompleta, interminable.

“Hay que seguir buscando, aquí hay muchos más”, exclamaba repetidamente Mirna Medina, la lideresa del colectivo. El intenso sol y las incesantes picaduras de los jejenes (mosca negra de molesta picadura) no impedían continuar escarbando. Tampoco detenían a Dulcina para narrar sin descanso cada detalle.

Reducir riesgos gracias a un Facebook Live

Los pocos periodistas locales que acudieron a la escena, así como otras madres de desaparecidos y algunos vecinos solidarios que trajeron comida, se enteraron gracias a la emisión en directo de Dulcina. La presencia de un mayor número de personas al lugar sirvió como protección para las madres, que apenas contaban por casualidad con el resguardo del escolta armado de Mirna. “Estamos en una zona muy caliente, de mucho riesgo. Si aquí han trasladado tantos cuerpos, se trata de un enclave del crimen organizado. Pueden venir en cualquier momento porque no les interesa que se descubra esto. Y ellos manejan armas largas, poco puede ayudarnos un solo hombre con pistola”, advertía Dulcina en medio de unos maizales alejados a varios kilómetros de la mancha urbana. La inseguridad tampoco asustaba a esas mujeres.

Al mediodía se presentaron un par de patrullas municipales para brindar cierto apoyo y no fue hasta el final de la tarde cuando acudieron los representantes de la Fiscalía con los forenses encargados de levantar los cuerpos. “Han tardado más de siete horas en venir porque a las propias autoridades ni les interesa que se descubra esto. ¿Quién sabe si hay agentes implicados en esas desapariciones, como suele suceder? Después de este hallazgo vuelvo a estar en el punto de mira por las consecuencias que puede traer para los culpables”, considera Dulcina mientras conduce al anochecer para salir de los cultivos. En ocasiones ha recibido avisos en referencia a su tarea con las familiares de desaparecidos: “Anda con cuidado si no quieres acabar como ellos”.

Autocensura como mejor medida de precaución

A lo largo de la jornada la periodista sinaloense ha enviado su ubicación y mensajes a varios compañeros para avisar que se encontraba bien. Esa es una de las pocas medidas de autoprotección que habitualmente toman los periodistas bajo amenaza. “Si me desaparecen, así pueden actuar rápido. Y si me matan, que al menos tengan una idea de dónde buscarme”, afirma Dulcina, que conoce la angustia entorno a la desaparición.

Con frecuencia la única forma de protegerse pasa por la autocensura, tanto por parte del trabajador como del medio. “Es muy fácil acusar a instituciones en general pero, cuando tienes que citar nombres propios, te lo piensas dos veces. Aunque una vez delante del micro, te puede la emoción y no puedes callarte”, admite.

En su mayoría, añade, “tu propio jefe te pide que desistas de contar cierta información, que él no quiere que le tiroteen la redacción o le pongan una bomba”. Por eso algunos reporteros como ella han encontrado en las redes sociales la oportunidad de ejercer el periodismo que limitan los mismos medios de comunicación.

Así sucedió en el caso de María Jesús Estrada, conocida como 'Marichuy', otra redactora de Los Mochis amenazada recientemente. A mediados de febrero firmó una investigación en su diario local El Debate, en la que denunciaba el desvío de fondos federales por parte de tres administraciones municipales. El mismo día de la publicación se presentó en su casa un hombre armado exigiendo que le entregase los documentos que revelaban ese acto de corrupción.

“Cuando me pidió los archivos se puso la mano en la pistola. Le dije que no tenía esos documentos y luego se marchó en una camioneta seguida de un coche de la policía municipal”, cuenta Marichuy, quien supone que esa intimidación “sólo pudo venir de los políticos involucrados, porque solo a ellos les implicaba, ni siquiera al narco”.

Cerca de la mitad de las agresiones contra la prensa mexicana las comete un funcionario público: 230 ataques el pasado año, según datos de Article 19, ONG que registra los delitos contra la libertad de expresión. “La política, al menos en Los Mochis, cada vez está más coludida con el narco”, interviene Dulcina. Ese hostigamiento obligó a Marichuy a mudarse durante un tiempo a otra ciudad. Tras el incidente su periódico detuvo la publicación de la segunda parte de las averiguaciones.

De poco sirvió. A comienzos de abril forzaron la puerta de casa de Marichuy mientras estaba fuera. No se llevaron nada, no era un robo. Para ella se trató de otra advertencia que esta vez le hizo plantearse huir de su ciudad indefinidamente por temor a un recrudecimiento de los ataques. “Yo no quiero formar parte de las estadísticas”, como se refieren los periodistas mexicanos a ser asesinados.

Protección deficiente, sobre todo para las periodistas

El gobierno estatal le ofreció un escolta que jamás se presentó en persona, tan solo la llamó por si lo necesitaba, y le entregó un teléfono de emergencia, “que tampoco tendría tiempo a usar en caso de un ataque”, considera Marichuy. “¿Cómo voy a confiar en un guardaespaldas enviado por las mismas autoridades que he denunciado, de las que seguramente provienen las amenazas?”, cuestiona.

Ante la inoperancia del Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, El Debate la respaldó con todos sus gastos, le mantuvo el sueldo y la ayudó en su traslado. Un apoyo inusual por parte de los medios, que a menudo abandonan a sus redactores. Cynthia Yarel Valdez, otra corresponsal en Sinaloa tuvo que refugiarse en Ciudad de México al día siguiente del asesinato de su colega Javier Valdez hace dos años. Después de su huida los medios nacionales para los que colaboraba le dieron la espalda.

Cynthia y Javier publicaron en sendos portales la misma entrevista con 'el Licenciado', uno de los empleados del Chapo Guzmán que se disputaba el control del narco en Sinaloa tras la detención de su jefe. Esa publicación supuestamente precipitó el homicidio del cronista de Culiacán a manos de 'los hijos de El Chapo', el cártel rival. “Tras esa publicación nos amenazan de muerte. Quieren [los narcos] que ya no investiguemos sobre ellos y que solo saquemos la información que se estaba manejando a nivel nacional. Entonces nosotros guardamos silencio, dejamos de reportear. Pero Javier siguió”, explica afligida.

Cynthia vive escondida en la capital azteca bajo la protección del Mecanismo, que critica con dureza: “He sufrido una revictimización, por parte de las instituciones, del mecanismo federal, del local. Todo es un monstruo burocrático al que te enfrentas para acceder”. Es una de los 292 periodistas bajo ese esquema de seguridad que brinda el Estado y que acoge también a 498 defensores de derechos humanos.

Le facilitaron un apartamento, un coche blindado y un botón de pánico. Pero Cynthia considera esas medidas insuficientes. “No hay un apoyo integral sobre todo para las mujeres comunicadoras, porque debe tenerse en cuenta que tenemos familia, hijos. No hay una unidad de atención con enfoque de género, se viola el principal derecho de los niños a la educación, porque no existe ese apoyo y acompañamiento”, reclama.

Una respuesta ambigua del Gobierno de AMLO

Ante esas deficiencias el ejecutivo de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció a finales de marzo un incremento de unos seis millones de euros del presupuesto para el Mecanismo. “Más allá de los aspectos administrativos, el problema es la enorme burocracia, ligada a limitaciones en la formación de personal capacitado para evaluar el nivel de riesgo”, reconoce a eldiario.es Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación para Derechos Humanos.

De igual modo, exige mayor cooperación a los periodistas sujetos al Mecanismo: “No tienen encendido siempre el botón de pánico, porque no quieren que la autoridad sepa dónde se mueven (de los 790 botones, 209 fueron apagados por sus usuarios). Se requiere también que cumplan normas básicas y colaboren a no generar situaciones de peligro innecesariamente”.

Esa afirmación culpabiliza a los reporteros por asumir peligros en su labor, en la misma línea de la insinuación del presidente AMLO en una rueda de prensa reciente: “Creo que ustedes [quienes asisten a sus conferencias matutinas diarias] no solo son buenos periodistas, son prudentes porque aquí les están viendo y si ustedes se pasan, ya saben lo que sucede”. El propio mandatario ha etiquetado despectivamente a cierto sector de la prensa y ha menospreciado en público a algunos medios.

Numerosas organizaciones civiles han reprochado esas descalificaciones hacia los periodistas hasta el punto que en marzo un centenar de activistas y ONG firmaron una carta de rechazo titulada 'En democracia se vale no estar de acuerdo'. “Esos comentarios tienden a criminalizar la labor periodística. Si el presidente externa esas opiniones, luego esa postura se replica entre los gobernadores y alcaldes. Y en el ámbito local, esos señalamientos frontales pueden costar vidas de reporteros”, apunta a este diario Sara Mendiola, directora de Propuesta Cívica, colectivo que provee asesoría legal para casos de periodistas amenazados o asesinados.

Un 99,13% de los crímenes contra informadores quedan en la impunidad, según Article 19. Pese a esta casi absoluta falta de justicia, el gobierno de AMLO planteó en su propuesta de presupuestos una reducción del 30% para la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión. “Eso demuestra que la protección a periodistas ni siquiera figura como una de las prioridades del actual gobierno igual que tampoco para los anteriores”, destaca Mendiola. En los ocho meses desde la llegada al poder de AMLO han sido asesinados once reporteros en México por razón de su oficio; menos que nueve muertos durante los once primeros meses de 2018 con el gobierno de Enrique Peña Nieto, según datos de Article 19.

Ni un escolta ni la notoriedad salvan una vida

Resulta complejo dimensionar la problemática, ya que a menudo el peligro ni siquiera se reporta. “¿Cómo vamos a denunciar que nos persiguen, nos vigilan, si todo el tiempo creo que me están siguiendo?”, suspira Marichuy. Sufre delirios de persecución al igual que sus compañeras. Tras su secuestro Dulcina experimentó brotes de ansiedad, pesadillas. “Cuando llego a un lugar o por la calle, siempre analizo quién hay, qué llevan en la mano, cualquier movimiento brusco me altera”, cuenta sobre el suceso que trastocó para siempre su calma: “Una tiene miedo, claro. No somos de piedra, la alerta siempre está ahí”.

En el estado de Sinaloa, azotado durante décadas por la violencia, se suele sobrevivir a las amenazas, más que superarlas. Cualquier respuesta del gobierno federal sabe a poco. En esa suerte de territorio comanche, los periodistas trabajan conscientes de que las balas llevan nombres y que, cuando escriben el tuyo en una, ya es demasiado tarde para tomar cualquier medida. “Si de verdad con tu investigación haces tambalear a una gran estructura política o de la droga, no importa que lleves un escolta o un convoy policial entero, te matarán de todas formas”, asegura Dulcina, quien a la semana de su secuestro rehusó el acompañamiento del guardaespaldas que le proporcionaron: “Trabajo con víctimas, muchas veces víctimas de la fuerza pública, no puedo andar con un policía pegado. Eso me limitaba más que las propias amenazas. Y si a mí me impiden ser periodista, me matan”.

Dulcina entró como becaria en una radio local a los 17 años. Ese verano le asignaron una sustitución en asuntos de Seguridad. En el primer enfrentamiento armado que le tocó cubrir, varios compañeros de otros medios la engañaron. La hicieron esperar en una esquina apartada con la promesa de recogerla en un rato, pero se fueron a reportar el tiroteo. “No me permitieron cumplir mi labor, porque eso era trabajo de hombres. ¿Por qué una mujer iba a estar presente en un contexto violento, por qué una mujer les iba a robar la noticia? Eso no se vale”, se dijo enfurecida en aquel momento. Aquel desprecio la llevó a especializarse de lleno en la actualidad policíaca.

Desde su juventud la reportera sinaloense se ha sobrepuesto a la subestimación de políticos y agentes por ser mujer. Todavía hoy hay mucho recelo por parte de los mismos compañeros. “Una debe adoptar un lenguaje más fuerte para imponerse en esos contextos masculinos. Una aprende a hacerse respetar”, subraya. Este diciembre la revista Time la nombró personaje del año junto a otros periodistas de todo el mundo en un reconocimiento coral a 'Los guardianes de la verdad'. “Sin duda eso te da notoriedad, pero aquí en mi ciudad ya me conocían. Por eso quizá no me mataron en 2009. El respeto puede servir de atenuante para ejecutarte o no, pero tampoco es un seguro de vida. Sólo un milagro te salva”, asegura.

La estigmatización por ser mujer periodista

Además de la discriminación laboral y el machismo generalizado, Dulcina se ha enfrentado al escarnio social por ser reportera mujer. “A veces tratan de desprestigiarte a través de las redes con comentarios denigrantes como mujer. En una ocasión, asesinaron a un comandante de la Policía y me acusaron de ser su amante. Eso a menudo te daña más que una amenaza de muerte. Porque esas injurias las leen tus hijas, tus amigos, y pueden llegar a ponerte en duda”, lamenta.

“El acoso y la estigmatización en redes sociales se ha vuelto una práctica recurrente para hostigar a periodistas mujeres”, señala a este medio Ana Ruelas, directora regional de Article 19. Su último informe anual revela un aumento de más del 500% en las agresiones contra las informadoras. Mientras que en 2012 –el inicio del sexenio de Enrique Peña Nieto– se documentaron 32 ataques contra ellas, para 2018 ascendieron a 164. De estos, trece tuvieron connotación de género y diez un componente sexual.

De los 124 comunicadores asesinados en México en lo que va de siglo, 115 son hombres y 9 mujeres, un 7% del total. Un porcentaje que contrasta con el tercio del total de las agresiones que se producen contra mujeres. Es decir, “las periodistas, en proporción, corren mayor riesgo de sufrir ataques, que con frecuencia hemos detectado que se dirigen contra los hijos como estrategia para amedrentarlas”, apunta Ruelas.

Por ejemplo, el único límite de Dulcina para dejar la profesión sería que atentasen contra alguna de sus tres hijas de 10, 14 y 20 años. “Yo ya estoy curada de espantos, pero ellas no tienen que padecer eso”, afirma. Por eso otra de sus precauciones es mantener a la familia al margen: “A ellas nunca les cuento lo que hago hasta después. A veces se enteran por los medios”.

Asimismo, las reporteras en Latinoamérica son “doblemente propensas a ser víctimas de violencia” por razones de género, como indica un estudio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que establece la violencia sexual como la agresión más comúnmente reportada. Según una encuesta global de International Women’s Media Foundation, el 63% de las comunicadoras señaló haber sido amenazada o acosada en línea; el 58%, en persona, y el 26% víctima de ataques físicos. “Antes de amenazar con matarla, a una periodista suelen amenazarla con violarla”, concluye Ruelas. Así sucedió en el emblemático caso de Lydia Cacho, torturada por la Policía durante una detención ilegal en 2005 en que la amenazaron con dejarla violar por otras presas.

“Matan a muchos más hombres, porque hay muchos más hombres dedicados a temas riesgosos, debido a las dificultades que enfrentamos las periodistas. Si cada vez hay más periodistas agredidas, es porque hemos ganado más espacio en la profesión”, valora Dulcina sobre las estadísticas. Ante ese creciente desafío unas 140 comunicadoras se unieron entorno al colectivo 'Reporteras en guardia'.

Las reporteras asumen mayores sacrificios

Uno de los obstáculos recurrentes se encuentra en el propio hogar, en conciliar su labor con la vida familiar. Dulcina tuvo que renunciar a su matrimonio. “Casi todas las periodistas mexicanas que cubrimos temas de seguridad estamos sin pareja, divorciadas (como ella), porque el hombre no aguanta ese rol de la mujer, que no sea encargarnos de la casa. No soporta que nos reconozcan más que a ellos. Al revés nunca sucede con las esposas de reporteros. Más bien los maridos renuncian a nosotras periodistas”, bromea.

Tampoco pudo dedicar a sus niñas todo el tiempo deseado y se criaron con su hermana Laura, como una madre para ellas. Aun así, Dulcina es muy protectora. Siempre está pendiente de dónde y con quién salen. Interroga a los amigos de su hija mayor cual policía. “Me volví desconfiada con el mundo, con todo lo que me rodea. A veces es un sinvivir, una angustia constante, pero ya no me imagino haciendo otra cosa, con otro trabajo”. A sus 43 años Dulcina no puede entender la vida sin el periodismo.

Ni siquiera el dinero –los sueldos bajos que cobra– recompensa arriesgar tu vida, como alguna vez le exhortaron sus hijas para que abandonase su profesión. “No renunciaría por nada y menos por la plata”, insiste impávida. Sus palabras resuenan frías en la cocina de casa de su madre, donde su familia comparte techo con la de su hermana por el aprieto económico para comprar una vivienda propia. Y por seguridad para que sus hijas siempre estén acompañadas.

A Laura y a su hija Yoselyn, la mediana, se les escapa alguna lágrima al escucharla. Conocen esas respuestas, pero es la primera vez en que se sientan a conversarlo abiertamente. “Mi hija no había tenido el espacio para hablar de nuestra relación con esa franqueza. A veces creo que trato de evadir esa charla, como cuando me piden que me frene un poco por temor. Siempre cambio de tema”, admite Dulcina al ver a su hija estallar en un profundo gimoteo.

– ¿Vale la pena todo ese sacrificio?

Yoselyn es la única que tiene la respuesta e interrumpe el largo silencio con un hilo de voz quebrado:

– Tal vez yo no quiera ser periodista, pero sí tan valiente como mi mamá. Ella hace algo por el mundo.

—¿Falta mucho, mamá? —pregunta Wilmer, de cuatro años.

—Ya llegamos —repite Vivian.

Es la misma respuesta que le da desde hace varias horas. Pero, esta vez, su promesa es cierta. Les faltan cinco kilómetros para llegar a Tenosique, la primera ciudad en territorio mexicano, después de haber caminado otros 60 desde la frontera con Guatemala. Casi un día entero a pie para un trayecto de una hora en vehículo. Los conductores de autobuses impiden que se suban porque pueden condenarlos por tráfico de personas. El rebufo de los coches pasando a escasos metros los ventila ante el abrasante sol que pesa sobre sus cabezas. Ya no encuentran nada con qué cubrirse ni árboles donde tomar un respiro.

Wilmer carga una cantimplora vacía desde hace bastantes kilómetros. “Llevamos un día caminando sin comer nada, sin beber agua. Hemos pedido agua pero nos la han negado”, lamenta Vivian. “Vamos con miedo, hay muchos obstáculos. Mucha gente que estafa, que miente para cobrar dinero”. Por el mismo arcén caminan su hijo de 8 años, otra madre con tres niños de 12 a 6 años, y una pareja de mujeres. Sus maridos avanzan unos cien metros más adelante para advertir si viene alguna patrulla migratoria. Todas partieron de Ciudad de Guatemala y se conocieron en El Naranjo, la última urbe fronteriza de ese país desde dónde se planea un cruce a México cada vez más arriesgado.

La persecución pone en riesgo sus vidas

El recrudecimiento de la persecución contra los migrantes por parte de las autoridades mexicanas va en aumento desde finales de marzo, cuando el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador dio un giro en su política migratoria de puertas abiertas hacia la contención. En los cinco meses desde su llegada a la presidencia la cifra de deportaciones casi se ha triplicado, rozando las 15.000 en abril, máximo histórico según datos del Instituto Nacional de Migración (INM). Y la tendencia sigue al alza con unas 22.700 detenciones en mayo.

“Las redadas y detenciones masivas –denuncia Médicos Sin Fronteras (MSF) –fuerzan a la población migrante a la clandestinidad y bloquean su acceso a los servicios médicos”. Una de las rutas alternativas a Tapachula (Chiapas), el paso más concurrido, es por Tenosique, en el estado de Tabasco. Buena muestra de ello es la presencia sin precedentes de cubanos y haitianos, que ahora optan por entrar a México por uno de los puntos con mayor índice de violencia.

“Mucha caravana por allá en Tapachula, entonces las autoridades están deteniendo más a uno. Aquí se arriesga más, pero hay menos migración”, explica sin aminorar su paso el hondureño Fredy Mata, junto a sus dos hijos. Durante la noche, su grupo se escondió entre los matorrales cada vez que pasaba un vehículo ante el temor a ser detenidos o asaltados.

“Hemos percibido un incremento de consultas por golpes, traumas, lesiones físicas y también violencia sexual en este tramo de la ruta. Todo esto por el aumento del peligro debido a la criminalización de los migrantes”, afirma a este medio Perla Gómez, la encargada médica de MSF en la zona. En cuatro días de junio se registraron siete casos de violaciones y abusos sexuales en ese camino de 60 kilómetros, además de numerosos atracos y varios secuestros.

A Sender Ramírez y su colega los atacaron con machetes para robarles el teléfono móvil, su ropa y los pocos pesos que cargaban. “Nos apuntaron con el arma y nos dijeron que nos metiésemos al monte que si no, nos iban a matar. Entonces ya estando en el monte nos quitaron todo lo que traíamos”, explica el joven guatemalteco tembloroso y con una profunda herida que le impide mover el brazo derecho.

El despliegue fronterizo tras las amenazas de Trump

Pese al blindaje de la frontera sur, el flujo migratorio ha seguido creciendo. Estados Unidos interceptó a 144.000 migrantes en mayo, un 32% más que en el mes anterior. El presidente Donald Trump utilizó esas cifras para lanzar su amenaza de imponer aranceles a todos los productos procedentes de México. Tras el ultimátum, el Gobierno mexicano acabó plegándose ante la mayoría de exigencias de Washington para restringir la llegada de personas indocumentadas en un plazo de 45 días. No obstante, hasta la fecha, el acuerdo alcanzado con EEUU hace dos semanas apenas ha representado cambios sustanciales en la intensificación del control fronterizo que ya se venía produciendo desde hace dos meses.

México se comprometió a desplegar en la frontera sur a 6.000 miembros de la Guardia Nacional (GN) –cuerpo recién creado para combatir el narcotráfico–, con el fin de contentar al vecino del norte. En la práctica, “la Guardia como tal no puede desplegarse porque la primera generación se forma el 30 de junio”, según explican fuentes de la Secretaría de Seguridad Pública consultadas por eldiario.es. Es decir, por el momento, se reduce a policías y militares portando brazaletes con las siglas ‘GN’. La propia Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) [entidad gubernamental] alertó que esos efectivos actuarán en tareas migratorias “sin una formación y conocimiento en derechos humanos”. En Tapachula es el único de los ocho puntos fronterizos oficiales donde algunos miembros de la GN, alrededor de 500, han iniciado operaciones, pero su presencia no ha frenado, al menos significativamente, el ingreso de personas extranjeras en el país.

Para sortear la aduana de El Ceibo, el cruce fronterizo de Tabasco, los migrantes pagan a un 'coyote' [traficante de personas] unos 200 pesos, unos 9 euros, para que los guíe por un sendero selvático de media hora a pie, a tan solo 50 metros del paso legal. “Si la 'migra' [agentes de inmigración] tapa esto, pasaremos a los mojados [migrantes] más arribita”, asegura Miguel, uno de los vecinos de ese puñado de casuchas que ahora se gana un dinero extra con esos recorridos.

Sellar los 1.000 kilómetros de porosa frontera entre Guatemala y México resulta poco factible. Por ello los planes del Gobierno de López Obrador se encaminan a crear una barrera de contención en el istmo del país, –la parte más estrecha de la geografía, ya dentro del territorio mexicano–, de unos 200 kilómetros de ancho. Sin embargo, a la dificultad de tapiar la frontera se suma la extendida corrupción de las autoridades migratorias y policiales, que “suelen recibir pagos de los 'coyotes' para hacer la vista gorda”, explican los lugareños sobre lo que consideran un secreto a voces. El refuerzo de los controles migratorios empuja a los migrantes a exponerse a las redes de traficantes y a situaciones de mayor riesgo como viajar dentro de camiones o atravesar rutas inhóspitas controladas por el narcotráfico. También aumenta el precio que los traficantes cobran por cada tramo.

Centros saturados

Hace un mes, unas 200 unidades de la Policía Federal y el Ejército llegaron a Tenosique para acompañar a las autoridades migratorias en sus labores de “rescate” y “aseguramiento”, eufemismos empleados para referirse a las detenciones de migrantes. El despliegue fue tan precipitado que los agentes fueron hospedados en los escasos hoteles de la ciudad, donde paradójicamente cada mañana se topan con los migrantes, también alojados ahí, a los que tal vez interceptarán más adelante.

Solo en Tabasco, uno de los estados fronterizos menos transitados, se cuadruplicaron las detenciones en mayo respecto a marzo, superando las 4.000 aprehensiones, según cálculos de la Agencia de la ONU para Refugiados (Acnur) a los que tuvo acceso eldiario.es. Una de las modalidades recientes ha consistido en parar el tren de mercancías al que se suben los migrantes, conocido como 'La Bestia', en una zona deshabitada a unos 10 kilómetros de Tenosique. En concreto, en el puente Boca del Cerro que atraviesa el río Usumacinta, donde los migrantes tienen menos opciones de escapar. Algunos periodistas locales explican que, de este modo, las autoridades eluden además la vigilancia de las organizaciones de derechos humanos y los medios de comunicación en caso de incidentes en el operativo.

La intensificación de estos operativos, que las organizaciones en defensa de los derechos de los migrantes califican de 'cacería', ha saturado la estación migratoria –centro de detención para migrantes– de la localidad. “Las condiciones son preocupantes porque si tiene una capacidad de 100 personas y hay 400 dentro, se produce desabastecimiento de alimentos, agua y medicamentos. Además, tener encerrado a alguien en un espacio tan reducido durante un tiempo prolongado ya constituye una violación de los derechos humanos”, sostiene en una conversación con eldiario.es el responsable de Acnur en la región, Andre Righetti, quien subraya que su organismo “siempre ha instado al Gobierno mexicano a no detener a población en riesgo como mujeres y menores”.

Precisamente son los grupos poblacionales que más abundan en el centro de internamiento, donde los vigilantes se afanan en impedir que los migrantes se acerquen a los barrotes para hablar con la prensa. Algunos lanzan gritos de auxilio para que sus consulados los saquen de lo que tachan como “infierno”. Por el hueco de una de las puertas asoman un par de botellas con orina donde los migrantes deben hacer sus necesidades y que han logrado arrojar para evitar recargar el hedor. Muchas de las madres abanican con cartones a sus bebés dormidos en el suelo para aliviarlos de los asfixiantes 40 grados que aprietan durante casi todo el día.

A cinco kilómetros de la 'salvación'

Uno de los pocos espacios de sosiego que hallan los migrantes en Tenosique es 'La 72', el único albergue del municipio, aunque en las últimas semanas también se ha visto desbordado con picos de hasta 400 personas. Aun así, sigue siendo un oasis para los migrantes ya que ahí no pueden ser detenidos. Además se ubica a pocos metros de la línea ferroviaria a la que corren en desbandada en cuanto les dan el aviso de que va a pasar un tren.

A cinco kilómetros de esa suerte de 'salvación' se encontraban Vivian, su hijo Wilmer y el resto del grupo de guatemaltecas cuando los atrapó 'la migra'. Reposaban bajo una de las escasas sombras, quizá uno de los últimos descansos tras un día de caminata, cuando apareció la camioneta del INM, escoltada por dos patrullas de la Policía Federal y el Ejército, que los custodian en caso de requerir el uso de la fuerza. No será en esta ocasión. Ni siquiera pueden ponerse de pie cuando un funcionario les pide que lo acompañen. Entre caras largas se suben sin rechistar a la 'perrera', como los migrantes conocen la furgoneta de Migración.

—Tranquilo, no pasa nada, no te asustes —le dice Vivian a su hijo de cuatro años, al borde del llanto al verse rodeado de uniformados fusiles en mano.

Apenas tardan 10 minutos en transportarlos a la estación migratoria. Ahí buscarán un pedazo de suelo desocupado donde poderse recostar durante algunas horas. Ahí esperarán su deportación que puede tardar varios días o semanas. Ahí termina una huida cada vez más obstaculizada, con un final cada vez más anticipado.

Después de 4.500 kilómetros de recorrido por tres países durante 44 días, solo faltaban dos más para alcanzar el destino. Los que separan la unidad deportiva Benito Juárez, acondicionada como albergue, y el paso fronterizo peatonal hacia San Diego. Los dos mil pasos más difíciles eran los de antes de saltar la valla que los separa de Estados Unidos, una decena de calles en Tijuana por donde unas 500 personas de la caravana migrante corrieron en estampida durante toda la mañana de este domingo para encontrar el punto más fácil por donde 'brincar': arriesgar su vida saltando el muro metálico de unos ocho metros de altura para pisar suelo estadounidense.

A mitad de ese camino, un puñado de antidisturbios bloqueó la subida por el puente que lleva directamente al paso fronterizo peatonal de El Chaparral. “Si no se puede por arriba, vamos por abajo”, susurraban los más inquietos. Tras media hora de espera, los centroamericanos rompieron el frágil cordón policial y corrieron hacia el canal seco que cruza hacia el muro fronterizo.

El río de manifestantes se ramificó en grupos desorientados sobre la dirección a seguir. La Policía federal activaba un fuerte despliegue de antidisturbios que cercaba a la multitud para evitar que se acercase a la valla. En el choque hubo algunos golpes entre manifestantes y los agentes.

Al trote, los migrantes se avisaban que debían dirigirse hacia las vías del tren. Un grupo de unos 200 se plantó frente a la malla metálica. Al otro lado aguardaban numerosos agentes de la Patrulla Fronteriza que no dudaron en lanzar varias bombas de gases lacrimógenos a los primeros en llegar en respuesta.

“Intentamos levantar la mano para que nos detuvieran y nos dijeron: 'Regrésense para México'. 'Les voy a disparar' nos dijo y empezó a dispararnos. A mí me dispararon tres balas de goma pero solo me dieron dos nada más”, explica a eldiario.es uno de los heridos por ese ataque, el hondureño José Raúl Hernández. Al joven, de 26 años, lo atendieron al momento y ya llevaba la mano vendada, mientras con la otra se subía la camiseta para mostrar un hematoma en las costillas.

Muchas familias con niños abandonaban las vías del tren por miedo a peores desenlaces. “Ahí van a disparar balas, eso está muy peligroso para los niños, les van a disparar”, exclamaba Edma Contreras mientras empujaba el carrito de su hijo, asustada por las amenazas del presidente estadounidense Donald Trump de abrir fuego en caso de una agresión de los migrantes. Días antes de la marcha, el dirigente anunció que los agentes fronterizos no cargarían armamento letal.

Pese al irritante tufo a gas en los primeros instantes, un centenar permanecieron encaramados a la valla y subidos al tren, donde uno de ellos ondeaba una bandera de Honduras. Uno de los sargentos mexicanos confirmaba a este medio que “es ilegal que los agentes estadounidenses lancen cualquier objeto en territorio mexicano, es un ataque a la soberanía”. Aunque ese detalle poco importaba para cuando llegaron refuerzos y retiraron a los centroamericanos de la zona con tranquilidad, entre las quejas de quienes los comparaban con la Policía 'gringa'.

Algunos todavía no se daban por vencidos. Mientras el grueso de los manifestantes regresaba al albergue, un centenar de jóvenes bordeaba el canal para probar un segundo intento de saltar por los alambres, uno de los puntos menos complicados de superar pero de los más custodiados.

Esta vez los agentes estadounidenses lanzaron al menos una decena de bombas lacrimógenas para alejar al grupo. Uno de los artefactos impactó en la cabeza de un periodista hondureño que tuvo que recibir cuatro puntos de sutura. Rabiosos por esa nueva arremetida, algunos de ellos lanzaron piedras a los policías y se taparon el rostro para evitar represalias al regresar hacia el albergue. El Gobierno federal ha anunciado que reforzará la seguridad de esos puntos fronterizos, pero afirma que no desplegará al Ejército.

“Toca volverlo a intentar, pasar al otro lado como sea”

Los disturbios terminaron con la detención de 36 personas, 29 hombres y 7 mujeres, por alteración del orden público. El director de la Policía municipal, Mario Martínez, culpaba a la caravana por los altercados en declaraciones a este diario y negaba que hubiese daños físicos, pese a que hacía pocos minutos que el periodista hondureño pasaba cerca con la cabeza vendada y sangre en la camisa: “Afortunadamente no hubo ninguna persona lesionada a pesar del comportamiento violento que mantuvieron los centroamericanos. Se controló la situación. Se logró contener”. Todavía no hay información oficial del recuento de heridos, aunque fueron pocos y leves.

México asegura que deportará a los migrantes que han intentado cruzar el muro. “El Instituto Nacional de Migración (INM) va a actuar y proceder a la deportación inmediata de (estas) personas”, dijo en una entrevista televisiva el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alfonso Navarrete, en declaraciones recogidas por la Agencia Efe.

Por la tarde se respiraba una intranquila normalidad en el albergue. Los corrillos se dividían entre a quienes los disturbios habían envalentonado para tratar de entrar de nuevo a la fuerza –la mayoría jóvenes– y los que decían sentirse “engañados” por haber confiado en que la marcha iba a ser pacífica –muchas mujeres con niños y hombres adultos–.

“No íbamos a cruzar la frontera. Solo nos dijeron que iba a ser una marcha pacífica. Ya no voy a apoyar más marchas, nos tienen engañados, luego hacen lo que quieren”, se quejaba Adilez Menéndez, venida desde San Pedro Sula cargando a su hija de tres años. En efecto, la consigna de la protesta era cero violencia. Desde anteayer los migrantes prepararon pancartas con sábanas con banderas de sus países y lemas como “Trump We Hate You Too” o “No tener papeles no es un delito. No quita los derechos humanos” y muchas referencias a Dios.

La fe ha mantenido vivos los ánimos de esta caravana por su agotadora travesía. Por eso, la marcha arrancaba con una oración coral con un deseo. “Vamos a rezar para que las autoridades puedan dar pase libre al sueño americano. Vamos a dar gracias al padre celestial porque nos tiene hasta acá alentados y nos tiene en una lucha pacífica. Es una lucha pacífica”, insistía el orador por un megáfono media hora antes de producirse el intento de cruzar la frontera. Al frente, Roger, un niño de cinco años, sostenía una pancarta con la bandera de honduras que convencía al resto de madres que esa protesta iba a ser tranquila.

Los migrantes avanzaron el kilómetro hacia el puente azuzados por los mismos cánticos que entonaron al cruzar, tras choques con la Policía, la frontera de Guatemala hacia México en Suchiate, hace más de un mes: “¡Alerta, alerta, alerta al que camina. La lucha del migrante por América Latina!” y “¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nos discriminan, si somos la esperanza de América Latina?”. Los puños en alto iban bajándose a medida que se acercaban al inesperado cordón de antidisturbios y el sol de las 10 de la mañana comenzaba a abrasar.

Los disturbios posteriores tampoco intimidaron a muchos de los jóvenes. “Pues toca volverlo a intentar, pasar al otro lado como sea. Porque la misión es cruzar a Estados Unidos. Tenemos que hacerle frente, pero pasar vamos a pasar”, sonríe Denis Guzmán junto a su grupo de amigos venidos de Santa Bárbara, Honduras.

Pocos esperaban una respuesta tan contundente por parte de las autoridades estadounidenses. “Fue como una amenaza para todos. Nosotros nos sentimos asombrados, humillados ante la ley del Estado americano, porque nunca esperábamos eso. Nosotros no traemos ni armas”, asegura el hondureño Emilio Hernández, de 43 años.

Incertidumbre sobre el futuro

Tras los incidentes, la caravana se sume en un desconcierto sin una hoja de ruta definida. La mayoría han rechazado pedir asilo en México, incluso adornadas con una posible oferta de trabajo que el Gobierno ha insistido en impulsar desde la capital azteca para convencer a los migrantes de quedarse y frenar así su avance.

La otra opción es 'brincar' el muro y entregarse, pero Estados Unidos apenas concedió asilo a un 10% de los centroamericanos que lo solicitaron el pasado año, así que la inmensa mayoría tiene escasas posibilidades de obtenerlo. Otra sería pagar entre seis y siete mil dólares a un coyote para entrar seguros sin ser atrapados. Y finalmente, aventurarse a atravesar el desierto durante varios días poniendo en riesgo sus vidas.

De momento, la espera se hace cada vez más angustiosa. Desde la llegada del resto de la caravana, el albergue acoge a unos 5.000 migrantes, de los más de 7.400 entre Tijuana y Mexicali. Ya no caben más tiendas en el estadio y muchos deben dormir afuera. Los baños se colapsan a menudo y deben hacer filas de más de una hora para recibir un plato de arroz con frijoles o un café.

Las necesidades del albergue rebasan a una ciudad desbordada ante la llegada de la caravana. Las autoridades locales insisten cada día con mayor vehemencia sobre “la necesidad de apoyo del Gobierno federal para que esto no se vuelva un caos”, como indicaba a este medio el gestor del recinto, Manuel Figueroa, el director municipal de Servicios Sociales.

Para iniciar el proceso de asilo en EEUU, la caravana debe ponerse a la cola de los 2.500 migrantes que ya se encontraban en Tijuana antes de su llegada y que llevaban al menos dos meses esperando para ingresar al país, unos plazos que podrían dilatarse por el volumen de la caravana.

Varios medios estadounidenses han publicado un posible acuerdo entre la Casa Blanca y el Gobierno mexicano entrante de Andrés Manuel López Obrador para tramitar esas peticiones de asilo para EEUU desde territorio mexicano y evitar así que los migrantes pisen suelo estadounidense. El proceso puede durar entre varias semanas hasta más de un año. Tijuana tiene poca capacidad para sostener a las miles de personas que han arribado en unas condiciones dignas para vivir durante tan largo periodo.

A ello se suma el rechazo de una parte de la población. La semana pasada se celebró una protesta contra los migrantes que mostró el punto más álgido de un creciente brote de xenofobia. “Tijuana es una ciudad de acogida –la mitad de la población es de origen migrante–, pero somos muy celosos del orden”, afirma Francisco Rueda, el secretario de gobierno de Baja California.

En cuanto los migrantes rompieron el cordón policial, Washington ordenó el cierre del paso fronterizo de vehículos, que se alargó seis horas. En los primeros momentos, la fila de automóviles llegaba a los tres kilómetros. El trasiego por el paso de San Ysidro, la frontera terrestre más transitada, es uno de los pilares para el comercio y el turismo local. Una decena de comerciantes agredió a varios migrantes con palos de madera y se teme que la crispación vaya en aumento.

Mientras, atardecía por el lado mexicano. En la calle del albergue se formaba como casi siempre una interminable fila de centenares de migrantes a la espera de recibir cualquier donación. Sus estiradas sombras se acercaban con timidez a Estados Unidos. Desde ahí se ve el muro. Se ve ondear burlona una bandera estadounidense. Tan cerca y tan lejos. Cruzar una carretera y un canal seco. Dos kilómetros por calles peatonales. Algunos pájaros se posan en los barrotes de la valla metálica y vuelan de un lado al otro. Para estos migrantes es imposible cruzar esa frontera a menos de veinte minutos a pie.

Nadie abandona jamás a la Mara. “O me salía y sabía que la pandilla me iba a estar buscando para matarme. O me quedaba y cualquier día cometía un error que me costara la vida”, cuenta Jesús, un expandillero que ahora vive escondido en un retiro de la Iglesia. La única alternativa para salvar su vida, la de un marero, que de lo contrario casi nunca supera la veintena sin morirse de un disparo.

Fue el 26 de octubre de 2010, recuerda con precisión, cuando decidió entrar al Barrio 18. “En mi calle habían matado a cinco muchachos, uno crea rencor. Junto a otro niño pensamos que necesitábamos un arma para no ser los siguientes que matasen”, cuenta sobre los motivos de su ingreso con apenas 10 años. “Si ustedes aceptan está bien, pero una vez dentro, ya no pueden salirse”, fue la advertencia que recibieron desde el primer momento por parte de “uno de los hommies (pandilleros) ya tatuados con su nombre y apellido”, como se identifica a los líderes.

“Primero tiraba esquina (vigilaba), luego a vender drogas, cocaína, crack, marihuana. En 2014 se puso de moda la extorsión. Íbamos a empresas, entrábamos a las oficinas con las trampas (pistolas) y les poníamos una tarifa al mes”, relata sobre un delito por el que todavía tiene pendiente una sentencia.

¿Cuándo quisiste abandonar?

Cuando estuve en la cárcel. Ahí me di cuenta de que todo el mundo es igual, afuera tienes tu respeto. Estar en la Mara te da poder, y el poder es algo que a uno lo engrandece.

¿Ese respeto se gana matando?

No siempre eres necesario para matar. Sí hay que matar porque el grupo lo demanda. Otros ya han descuartizado y uno, no. Uno coge cariño a los otros niños y cuando los matan, le crece el rencor.

¿Y para qué eras tú necesario?

La gente venía a mí a hablarme y les contaba lo bueno de estar en la familia (mara), nunca de lo que iban a sufrir –asegura el expandillero sobre el reclutamiento de niños que empieza desde los diez años.

Jesús perdió a su familia y a su hijo pese a haber abandonado a 'la 18'. “No puedo ponerlo en riesgo de que venga a visitarme para que lo maten”, explica. Ni siquiera puede utilizar teléfono móvil, como el resto de los 80 jóvenes en el Proyecto Victoria, una de las pocas iniciativas para reinserción de expandilleros. Tampoco utilizan su nombre real entre ellos: los estrictos protocolos para velar por su seguridad. “Dios te ama” o “Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo” se lee en algunas de las coloridas casitas que se esparcen por la colina. Un campamento en medio de la nada para evitar que sean localizados.

Honduras reduce los homicidios, pero no la violencia

Nadie se escapa de los tentáculos de las maras. Hasta en el centro de Tegucigalpa llegan a cobrar impuestos y amenazar. En los barrios, el control se aplica a base de terror. Junto a una patrulla policial de la capitalina colonia San Miguel entramos a una 'casa loca'. Varios agentes con fusiles de asalto y chaleco antibalas revisan las esquinas en ruinas. En sus paredes todavía se ven pintadas de la MS (Mara Salvatrucha), un par de colchones, ropa desgarrada... “Aquí es donde torturan a sus víctimas o venden la droga”, afirma el policía al mando.

Honduras ha bajado de más de 90 homicidios a 42 por cada 100.000 habitantes en los últimos cuatro años. Ciudades como Tegucigalpa han pasado del cuatro al puesto 36 de las urbes más peligrosas del mundo. El traslado de 755 pandilleros a cárceles de máxima seguridad, la depuración de 4.500 policías corruptos, la modernización del código penal o el trabajo conjunto con las comunidades ha permitido desarticular a las grandes estructuras criminales.

“Hemos detenido a los principales líderes de las pandillas, pero sabemos que surgen nuevos”, considera a este diario el comisionado de la Policía, Jair Meza, sobre la fragmentación de la delincuencia y la diversificación del crimen, y añade: “Ahora se dedican más a la extorsión porque tienen menos peligrosidad de ser atrapados”.

La intimidación, forma de control pandillero

Los pandilleros mantienen ahora un perfil bajo para salvar su negocio. Ya no marcan su territorio con grafitis, como se puede comprobar al subir por los cerros, pero ejercen la misma intimidación entre la población. A Johan* lo obligaron a ser su barbero particular durante meses. Hace medio año montó una peluquería junto a su primo, ambos de 19 años. “Al principio llegaban los pandilleros a cortarse el pelo y pagaban. Luego decidieron cobrarnos la renta (extorsión), 400 lempiras (unos 15 euros) al mes”, relata. Hasta que un día lo fueron a buscar para llevarlo a una de esas ‘casas locas’.

“Pensé que era para la renta, como siempre, pero una vez allí entendí que no. Pensé que me iban a matar, pero me dijeron que les tenía que cortar el pelo, que ya no podían bajar a mi tienda por el riesgo a otras bandas –apunta–. No podía decirles que no. Si uno no hace lo que ellos quieren, siempre toman la violencia”. Le exigieron que cada viernes se programara para dedicarles todo el día a ellos.

En una ocasión, mientras les cortaba el pelo empezó una balacera con la policía. “El muchacho que le estaba cortando sacó su arma y se levantó con la capa puesta. Yo me tuve que esconder hasta que pude escapar”, recuerda. Ese mismo día lo llamaron para terminar los cortes ya de noche: “Con una mano sostenía el celular con la linterna y cortaba con la otra. Sudaba, temblaba porque me fuese a equivocar y se enojasen. Que me matasen por eso. Tuve mucho miedo”.

A partir del incidente decidió con su primo cerrar la barbería y ahora vive escondido. “Me llamaban a menudo para cortarles el pelo y les decía que ahora trabajaba de albañil. Me iban a buscar a la casa y mi familia les decía que no estaba. Ni podía salir de mi cuarto”, asegura sobre una amenaza que puede costarle la vida: “Cualquier día vienen a matarme”. Desde entonces ambos salen contadas veces a la calle y siempre con su abuela. “Si van con una persona mayor no les van a hacer nada”, confía la mujer de 72 años.

“Hasta a la Policía le tengo miedo. Hace unos días estaba un grupo de jóvenes del barrio, llegaron los agentes y les puso unos chalecos para meterlos presos. Los chavos (muchachos) eran trabajadores, se equivocan”, cuenta sobre la presión policial en los sectores de influencia pandillera.

Ante ese temor, la única solución es huir a Estados Unidos. “Sólo queremos trabajar tranquilos, hacer nuestro dinero para ayudar a la familia”, justifica Johan. Este jueves inician su viaje con lo poco que ahorraron malvendiendo todos los utensilios de la barbería. Su intención es unirse a alguna de las caravanas para tener algo de seguridad en su peligroso trayecto.

–¿Habíais pensado antes en migrar?

–En Honduras todo el mundo piensa en irse. A cada uno le llega su momento cuando ya no puede soportarlo más.

“No puedo estar aquí (larga pausa), por los pandilleros. Tengo que tener cuidado, no puedo andar tranquila, ando escondida, no camino con mis hijos por miedo a que los maten. Aún estando embarazada me decían que me iban a sacar a mi bebé y lo iban a matar”, relata Miriam* mientras desmenuza un pañuelo en sus manos.

Siete veces ha tratado de 'llegar al norte'. Lo consiguió en una ocasión y la deportaron al pisar San Antonio, en Texas. “Esa vez agarramos doce trenes y pasamos 32 túneles, estuvimos cinco días en el desierto”, recuerda. La migración hondureña hacia EEUU aumentó un 61% en el último año, según datos del gobierno norteamericano: 300 hondureños al día tratan de cruzar la frontera.

Miriam tiembla. “El papá de mis hijos me violaba delante de mis hijos –continúa después de varios sollozos–. Hubieron golpes, deseaba morirme. En ocasiones traté de quitarme la vida, pero aguantaba porque no podía trabajar, no podía mantener a mis hijos”. Se señala varias cicatrices en el rostro por las palizas de su exmarido, pandillero. La nariz dislocada. Una mordida que le abrió el labio. Fue por esa agresión que en su último viaje hacia EEUU hace cuatro años se llevó a sus tres hijos, de un año y medio, tres y doce años.

“No fue fácil, sentía temor. Estuvimos bajo la tormenta, con frío, los niños me decían que tenían hambre. Se me enfermaban. Sólo yo y ellos sabemos lo que vivimos”, explica. Su recorrido se truncó por una alerta migratoria de su propio marido. “Yo puse la denuncia, pedí refugio en México con mis hijos, pero en lugar de eso me encarcelaron porque él reclamó que había robado a mis niños”, se lamenta mientras mira a su hijo mediano chutar un balón contra las chapas que rodean el patio. Pasaron ocho meses detenidos antes de ser deportados.

Las mujeres, víctimas de múltiples violencias

Además de la delincuencia común, las mujeres en Honduras sufren otras múltiples formas de violencia, como de género o violaciones. En 2017 se registraron más de dos mil denuncias de abuso sexual, aunque se estima que esa cifra sería exponencialmente mayor debido al temor a denunciar. Asimismo, las madres –la mayoría madres solteras– sufren el acoso de los pandilleros por reclutar a sus hijos desde niños.

Por ello, las mujeres se ven con mayor frecuencia obligadas a huir. De entre los más de 190.000 desplazados internos en Honduras, según cálculos del Consejo Noruego para Refugiados, “la mayoría se trata de amas de casa y mujeres comerciantes, que sufren mayor violencia, extorsión o como una forma de proteger a sus hijos del reclutamiento”, asegura Andrés Celis, Jefe de la Oficina del ACNUR en ese país.

Los datos migratorios oficiales –sin distinción entre migración y desplazamiento forzado– corroboran esta tendencia. De entre los 722.430 emigrantes hondureños hasta el pasado año, 420.257 son mujeres y 302.174 hombres. La migración femenina supera en un 17% a la masculina. “Muchas mujeres son obligadas a prostituirse por las maras, otras veces las fuerzan a ser la pareja de un pandillero. Es evidente la mayor vulnerabilidad de la mujer en ese contexto de violencia”, asegura a este diario Sally Valladares, la coordinadora del Observatorio Migratorio de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

La cifra de homicidios dolosos se redujo un 54% el pasado año con respecto a 2016, tal y como indican datos oficiales que algunas ONG ponen en duda. En los últimos años las principales modalidades delictivas de las maras han mutado del asalto y el secuestro a la extorsión y el narcomenudeo.

“Esa reducción de asesinatos no supone un descenso de violencia y por ende tampoco se alivian las causas para migrar. Los principales motivos para pedir asilo que dan los migrantes hondureños son la extorsión y la intimidación, que se mantienen igual de alarmantes”, matiza Valladares.

El desplazamiento forzado se disfraza de migración

A esa amenaza se suma la necesidad que atraviesa la población en las mismas zonas más azotadas por el crimen. En ese sentido, el desplazamiento forzado se suele disfrazar de migración. “Aunque yo busque la manera de trabajar, no puedo, no me rinde lo que gano. No puedo alimentar a mis tres hijos con 100 lempiras (menos de cuatro euros) al día que me paguen. Una libra de frijoles ya cuesta 80 lempiras. Si se me enferman, en los puestos de salud no hay medicinas”, apunta Miriam, que vive en la pequeña casa de su madre donde se hacinan otros ocho familiares. Desde su ventana se observa un mar de chabolas que escala por los incontables cerros de la capital.

Un 75% de la población hondureña vive en la pobreza y un 57% de los que trabajan por cuenta propia, en la extrema pobreza, según datos de CEPAL. La pobreza ha aumentado un punto y medio en los últimos cuatro años. Pese a una tasa de desempleo bajísima, datos oficiales arrojan un 44% de subempleo, trabajos con salarios que no alcanzan para llegar a final de mes. Es el caso de la familia de Miriam. Sus ocho miembros sobreviven del puesto de ropa que regenta su madre en el mercado.

Ni siquiera la destartalada casa donde habitan es de su propiedad. Su madre tuvo que venderla para pagar el rescate de su hijo, secuestrado por el grupo narcotraficante de Los Zetas en México durante uno de los intentos de alcanzar Estados Unidos.

“Varios hombres nos asaltaron y nos obligaron a quitarnos la ropa. A mí no me hicieron nada porque iba sangrando (debido a una enfermedad), pero a mi tía la violaron. A mi hermano le hicieron agacharse y le miraron todas sus partes para ver si llevaba dinero”, recuerda Miriam sobre ese trayecto en que ella tuvo que regresar por las dolencias que padecía.

En otra ocasión, su viaje terminó por complicaciones en una hernia debido a la mala alimentación que la forzaron a acudir a un hospital para ser operada de urgencia. Y así, un puñado de “experiencias horribles”, como recuerda antes de tragar saliva para hablar del último periplo junto a sus hijos: “Nos maltrataban, nos humillaban por un plato de comida, otros migrantes abusaron de mi hijo en el centro de detención migratorio”.

Miriam siempre ha viajado sin pagar a los traficantes de personas. “Uno se arriesga, yo no llevo coyotes, ahora como empeora la situación están cobrando 6.000 dólares para pasarte –señala–. No puedo pagarlos, pocos pueden. Yo me voy a puro autobús y pidiendo ayuda”. La desesperación supera las adversidades. Pronto volverá a tratar de alcanzar Estados Unidos. Será el octavo intento por salvar su vida.

No es una pasarela de París o Milán, pero la industria de la moda se ha fijado en la originalidad de sus vestimentas. Por los pedregosos caminos de Aguacatenango, un humilde poblado de Chiapas, desfilan a pasos cortos mujeres indígenas luciendo coloridas prendas tejidas por ellas mismas. Algunos de esos estampados son similares a los que vende la marca española Zara. Las artesanas, junto a la ONG Impacto, denuncian el reciente “plagio” de uno de sus bordados tradicionales por parte de la firma de ropa.

“Hace dos años vinieron unos chinos, nos exigieron mucho trabajo, nos pagaron muy poco, vinieron solo dos veces y ya no aparecieron más”, apunta a eldiario.es una de las tejedoras, María Méndez, sobre la que es su principal hipótesis del origen del plagio denunciado, aunque también apuntan que podrían haberlo “robado” de imágenes en redes sociales.

Los efectos, denuncian, son dañinos para la frágil economía de la comunidad. “Nos afecta bastante porque la gente ya no nos compra a nosotras porque lo pueden encontrar en una tienda o ya nos dicen que son parecidos. Perdemos ese beneficio, que es nuestro principal sustento en el hogar”, cuenta María, de 39 años y madre de siete hijos.

Pero no solo señalan las consecuencias sobre su economía. Los dibujos representan la manera de ver el mundo de la comunidad y son un símbolo de identidad que todavía hoy visten. “Es una falta de respeto porque esos bordados son de nuestros ancestros, que nos enseñaron nuestros abuelos cuando fuimos creciendo, y así de generación en generación. Es una tradición, no es justo que la copien”, asegura en un esforzado castellano.

Con mucha dedicación, María puede producir cuatro prendas al mes por las que obtendrá cerca de 400 pesos (unos 18 euros): siete veces menos el salario mínimo en México. Mientras la blusa de Zara se tarda en fabricar con máquinas unos pocos minutos y cuesta 599 pesos mexicanos (unos 27 euros). Las artesanas de Aguacatenango tardan más de 50 horas en tejer esa misma prenda y deben malvenderla, dicen, en 200 pesos, unos 9 euros. Contactadas por eldiario.es, fuentes del grupo Inditex indican que “no van a hacer comentarios” sobre este asunto.

Denuncian su desprotección ante las multinacionales

En el patio de María se reúnen hoy 37 mujeres con sus ovillos y agujas, que guardan en sus camisas holgadas. Conversan entre susurros sin apartar la vista de sus manos con cierta resignación. Es la segunda ocasión en la que denuncian que Zara ha utilizado diseños tradicionales de esta misma comunidad sin tenerlas en cuenta: ya lo hizo en 2016 con otra blusa, según explican. Tampoco era la primera vez. Desde 2012, Impacto ha documentado que ocho marcas internacionales han copiado los bordados de pueblos originarios mexicanos de los estados de Oaxaca, Hidalgo y Chiapas sin reconocer a sus autoras ni hacerles llegar una contraprestación económica.

“Hay una protección al patrimonio individual con los derechos de autor, pero no al patrimonio colectivo que lleva cientos de años. La legislación no las protege porque no hay una organización colectiva que pueda hacer vinculante una ley y las autoridades no atienden estos casos”, lamenta a eldiario.es Adriana Aguerrebere, directora de Impacto, la organización que apoya a más de 500 artesanas mexicanas para revalorizar su trabajo y lograr un comercio ético, así como denunciar casos de plagio, una batalla que les ha traído más contratiempos que éxitos.

El pasado octubre, publicaron en Instagram la imagen de una prenda de la marca estadounidense Santa Marguerite para advertir de que fue copiada de un huipil [tipo de camisa] de San Juan Cancuc, otra comunidad chiapaneca. La empresa acusó a Impacto de usar una fotografía con derechos de autor y forzó a que Instagram cerrase la cuenta de la organización, que contaba con más de 40.000 seguidores. Lejos de bajar los brazos, Impacto empezó de cero con el nuevo hashtag y la cuenta @viernestradicional, una campaña para que la gente publique cada viernes sus ejemplos de auténticas ropas de pueblos originarios.

“La culpa también es de los compradores, que deben informarse sobre esos abusos, hacerse conscientes, tener respeto y practicar un consumo responsable. Siempre reclamamos autenticidad y al final compramos copias, no vemos ni nos interesa el trasfondo (...) Además hay una incongruencia de pagar precios muy altos en una tienda y no quererlos gastar en una comunidad indígena”, puntualiza Andrea Velasco, una de las diseñadoras que trabaja de forma colaborativa con las mujeres de Aguacatenango.

Velasco paga 20 pesos (un euro) la hora de trabajo a las artesanas. Son unos 50 euros por una blusa: siete veces más de lo que suelen recibir habitualmente. “Cuando nos dio todo eso por nuestras prendas, no lo podíamos creer. Nunca nos habían pagado por hora. A veces nos lo prometían pero cuando les decíamos las horas que dedicamos, no querían”, apunta Margarita Espinosa, otra de las indígenas tseltales que hoy ha asistido a uno de los talleres de costura impartido por otra diseñadora voluntaria de Impacto.

Los abusos en el comercio local

Las tejedoras de esta comunidad aseguran que también se enfrentan a diario a la explotación de su trabajo por parte de los intermediarios urbanos. “Una dedica dos semanas para terminar una chamarra (camisa) y le dan 150 pesos (unos 7 euros). Es muy poco, pero no nos queda más remedio que aceptarlo por necesidad”, se queja Margarita.

Sus principales compradores son los comerciantes del mercado de Santo Domingo, en la turística ciudad de San Cristóbal de las Casas, donde enjambres de extranjeros acuden a llevarse un recuerdo de la tradición indígena, que en realidad muchos son souvenirs importados masivamente desde países asiáticos, o bien, malpagados a las artesanas de comunidades alejadas. “Hay mucho regateo y es muy difícil entrar a vender tu producto directamente. Eso incentiva que los coyotes (intermediarios) paguen lo mínimo”, comenta Aguerrebere.

Los comerciantes abusan de las mujeres de Aguacatenango por su situación de vulnerabilidad. En la localidad, ocho de cada diez personas viven en condiciones de pobreza, según datos oficiales, y la mayoría de menores abandonan la escuela antes de los diez años.

En el camino de acceso a esta villa un cartel oxidado advierte: 'Prohibida la entrada a funcionarios de empresa eléctrica para cortar luz'. Es una de las escasas muestras de resistencia de esta comunidad azotada por los abusos pese a ubicarse en el entorno de influencia zapatista. Estos días de fiestas patronales se ven hombres en el pueblo. No es común. La única actividad económica en la comunidad es la siembra y cosecha de milpa [maíz], que apenas se da un par de veces al año y se paga a un jornal ínfimo. Por esta razón, los campesinos suelen irse durante largas temporadas para trabajar en la construcción.

“Aquí la milpa no rinde. Uno se va a buscar la plata por otros lados. Nos vamos tres o seis meses por fuera”, cuenta Miguel, marido de María. “El esposo no tiene trabajo fijo, a veces se van pero no encuentran nada. El único sustento seguro son nuestros textiles, es lo que nos mantiene”, añade Margarita. El trabajo de la mujer se convierte así en el pilar de la economía familiar y, por ende, en una forma de autonomía para estas tejedoras.

Después de bordar una de las flores de su blusa azul celeste, María carga varios troncos para hacer leña. Es la hora del almuerzo y dos de sus hijos ya han regresado de la escuela. El fuego empieza a chamuscar la madera cuando la mujer alza a su nieta de dos años: “El bordado nos hace sacar adelante a nuestra familia. Cuando tejo tengo que echarle ganas porque pienso que con eso voy a alimentar a mis hijos”.

El hedor a orina concentrado ahoga apenas entrar. Los dos finos halos de luz que se cuelan por las pocas ventanas destapiadas dejan entrever los restos de esos desechos. Solo hay un baño y la única agua es la que se cuela de la lluvia. Este bloque conocido como 'La Fortaleza' lo habitan ahora hacinados decenas de indígenas embera despojados de unas tierras por las que dejaron su sangre desde la llegada de los españoles. Los dueños de esas praderas andinas viven ahora en un zulo.

Unos 736 indígenas desplazados por el conflicto en Chocó y Risaralda malviven en los céntricos barrios de Santa Fe y San Bernardo, los más azotados por la violencia y el tráfico de drogas en Bogotá. Abandonados desde hace más de tres años sobreviven en la marginalidad y en unas precarias condiciones que les obligan incluso a lavar su ropa y cocinar con la misma agua que se filtra por el techo. La miseria les ha robado hasta la identidad, que dos bombillos parpadeantes han reducido a sombras. “No tenemos comida. No tenemos colchones. No tenemos trabajo”, lamenta Arnuvio Restrepo, uno de los líderes de la comuna, en un castellano casi incomprensible.

Si algo les permite preservar las raíces es su lengua nativa y las pulseras de chaquira, que se han vuelto ahora su principal sustento. Mientras introducen con minucia cada una de las diminutas pepitas coloridas por el hilo, las mujeres recuerdan la naturaleza que perdieron y recrean esas formas ancestrales.

Entre otras la de la serpiente, como las que, dicen, envió su dios Karagabí para repeler a los conquistadores durante la época colonial. Ellas mismas pasan hasta 16 horas al día vendiendo en la calle esas artesanías o mendigando para traer a casa los pocos ingresos que permitan costear el 'pagadías', el alquiler diario de cada habitación de cuatro por cuatro donde pueden vivir hasta diez personas.

“La mujer trabaja más que el hombre porque necesita más platica. Por eso, nosotras andamos en la calle con los niños hasta las 8 de la noche. La gente me pregunta por qué mendigamos y yo les digo que para conseguir una librita de arroz, o panela y, también, para pagar la habitación que cuesta 15 mil pesos diarios”, explica Olivia Cherichia, quien a sus 45 años parece mucho mayor por las secuelas que le ha dejado su lucha por sacar adelante a sus siete hijos y su nieto.

Las Farc asesinaron a su padre en 1996 por ser uno de los caciques que se opuso a colaborar con la guerrilla. Irrumpieron en su casa con fusiles. Desde entonces se ha desplazado en repetidas ocasiones por varias ciudades colombianas, como un 20% de la comunidad embera obligada a abandonar su hogar. La única similitud con su pasado nómada, ahora forzado por la guerra. “Antes de los españoles, vivíamos bien, teníamos de todo, comida, riqueza. Nos pintábamos la cara de oro”, rememora Olivia de sus antepasados iluminándose sus tímidos ojos.

Una persecución arraigada desde la conquista

Para el maestro de sabiduría de la Unesco 2009, Armando Wouriyu Valbuena, los criollos perpetuaron de los primeros españoles la persecución contra los indígenas. “Trataron de cambiar los linderos por medio de subnormales actos de despojos y desalojo de la tierra”, considera el historiador. Después, apunta, como luego los próceres “tropezaron” en resolver la cuestión. Tras una tregua en el siglo XIX donde funcionó la categorización de los indígenas, desde los noventa volvieron a revivir el acoso invasor, que ahora venía por parte de los grupos armados internos.

“En tres siglos de relación con la corona, el despojo, las masacres, los asesinatos selectivos o colectivos, la cristianización, la castellanización fueron el ejercicio político de exclusión económica social política y cultural. De 1991 hasta hoy los pueblos indígenas son los mayores desplazados y despojados de sus territorios ancestrales y aumenta cada vez más la desestructuración cultural”, explica a eldiario.es el historiador, secretario de la alta instancia especial étnica para el cumplimiento de los Acuerdos de Paz, que excluyeron las reivindicaciones históricas de esas comunidades indígenas. “Es un acuerdo de derrota ya que el modelo económico no cambió y la expansión latifundista siguió donde hay gran parte de los territorios ancestrales”, apunta Wouriyu.

Atrapados entre hormigón, en condiciones insalubres

La brillantez que traían los embera de sus montañas se diluyó en la indigencia del hormigón. En 'La Fortaleza' se acumula la basura y los restos de comida. Arnuvio cuenta que por esa insalubridad y falta de comida los niños padecen diarrea, vómito y sarna, pero todavía ninguna autoridad médica se ha hecho cargo de estos problemas.

Eso no impide a las decenas de niños que correteaban en paños menores por el edificio, meterse en un charco lleno de mugre en cuanto salen a la acera, ajenos a los drogadictos y proxenetas que los vigilan. “Es su forma de estar en contacto con la escasa naturaleza”, sonríe Olivia.

Para alimentar a duras penas a sus hijos, el yerno de Olivia tuvo que abandonar la escuela, pero le ha resultado imposible encontrar empleo en la capital. A sus 16 años, ni trabaja ni estudia. Dice que no hace nada. Entretanto, su mujer Olga sale junto a su madre a buscar dinero. “A los hombres les avergüenza pedir limosna. Le compro leche de la tienda porque no me sale suficiente. Si no, no puedo alimentarlo”, cuenta la joven de 15 años.

En otros casos, la necesidad es tan acuciante que terminan atrapados en redes de explotación. Las autoridades locales de Cartagena advirtieron hace dos años que “varias familias desplazadas del resguardo Emberá Katío estarían siendo forzadas a pedir limosna con niños en brazos a cambio de recibir hospedaje”. La nueva forma de esclavitud del siglo XXI que también han alertado la Fiscalía y otras ciudades como Medellín. En otros casos, según apunta a este diario Ángela Anzola, Alta Consejera para el Derecho de las Víctimas, “los propios padres utilizan a sus hijos para mendigar”, lo que considera no como “trabajo forzado” sino como “instrumentalizar al menor”.

Olga se desenvuelve la tela entre su escuálido cuerpo y negrísima melena para dejar a su recién nacida en el roñoso suelo, al lado de una pequeña estufa. Tuvo a su hijo en un hospital, como cuenta, porque en la ciudad escasean las parteras, quienes tradicionalmente traen al mundo a los embera.

La ablación, heredada de la época colonial

También son las encargadas de amputar el clítoris de las bebés. Hasta hace dos años Colombia era el único país de Latinoamérica donde se practicaba la ablación genital femenina, considerada una violación de los Derechos Humanos, y que las autoridades y ONG han dedicado grandes esfuerzos en erradicar. Desde entonces no se han producido más casos de muertes por desangramiento, aunque resulta complicado detectarlos por esconderse en un ámbito muy privado. Olivia y Olga prefieren no hablar del asunto por ese motivo. El ritual fue adoptado de los esclavos africanos traídos por los colonizadores.

Ya en la ciudad, los riesgos para las mujeres son otros. En medio de esa olla del narco y la prostitución, algunas jóvenes han llegado a vender sus cuerpos, como han aceptado miembros de la comunidad, aunque ese también sigue siendo un tema tabú. Al preguntarles, tanto Olivia como los hombres presentes cruzan sus miradas y guardan un silencio incómodo. La organización patriarcal, además, ha ahondado la brecha cultural entre hombres y mujeres. Mientras ellos gozan de una vida social, ellas siguen reducidas al ámbito doméstico más allá de la mendicidad en las calles. Mantienen sus faldas y bisutería tradicionales, el único broche de color en ese lúgubre agujero.

La mujer es la que mantiene viva la cultura frente a la discriminación de la sociedad. “Algunos niños han tenido problemas e incluso han sido golpeados por profesores. Dentro de la educación no se ha integrado el enfoque étnico y desconocerlo elimina su cultura”, asegura a eldiario.es Pilar Suárez, una de las pocas activistas dedicadas a esta causa.

Pone como ejemplo, los regaños de docentes contra niños que se niegan a comer papilla, que a ellos les parece plastilina en lugar de alimento, rehúsan quitarse sus vestimentas típicas o les exigen hablar en castellano. Imposiciones que recuerdan a la evangelización de la Iglesia católica a golpe de látigo.

Durante la visita del Papa Francisco a Colombia a comienzos de setiembre de este año, las autoridades prohibieron a los embera permanecer en las calles a modo de 'limpieza' ante su llegada. Olivia pasó hasta tres días tirada en el suelo con una hemorragia interna a la espera de una ambulancia que nunca llegó. La punta del iceberg de un de por sí difícil acceso a la salud que sufren estos indígenas, que ahora ni siquiera pueden preparar sus propios remedios caseros por la imposibilidad de encontrar en la ciudad los ingredientes necesarios de sus terrenos.

Las condiciones de extrema pobreza, la pérdida de costumbres, la permanente opresión de su pensamiento y sus constantes éxodos, los arroja al borde de la extinción física y cultural, tal y como declaró la Corte Constitucional. “Su desintegración cultural es la forma como los seguimos matando”, resume Suárez.

Sin embargo, el apoyo institucional y las ayudas humanitarias siguen siendo nulas, o en muchos casos absorbidas por la corrupción. “El Gobierno no nos está ayudando y las entidades se han robado la plata. No nos ayudan en nada”, reclaman Olivia y Arnuvio. Al contrario, denuncian que la Policía les hace retirar sus puestos ambulantes y los funcionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) les recriminan por mendigar con sus bebés a cuestas, a quienes no tienen dónde dejar.

Discriminados por un sistema sin enfoque étnico

La Alta Consejera para las Víctimas, Ángela Anzola, admite que las instituciones no están preparadas para una atención acorde a la diversidad étnica: “Cuando uno retira un menor en el ICBF, la entidad no está pensada para niños indígenas”.

Los esfuerzos políticos se centran en el ámbito territorial. En su lugar de origen, el gobierno definió un área como resguardo, frecuentemente violada por grupos armados, y que su resultado fue coartar su tradición nómada acorralando su desarrollo económico y cultural. Anzola reconoce a eldiario.es el “complejo caso” para atender a los embera y, añade, pese a “haber un sentido de urgencia muy grande, no se pueden tomar soluciones rápidas”.

El próximo jueves 19 se entregará a las entidades la caracterización, esta vez más precisa que la del siglo XIX pero con el mismo trasfondo, para abrir una mesa para comenzar el retorno de las comunidades indígenas. Sin embargo, subraya Anzola, “su relación ancestral se interrumpió en la ciudad, y muchos de los que han vivido mucho tiempo en la urbe ya no los quieren aceptar en sus territorios”. Una distanciamiento que dificulta todavía más la vuelta a sus territorios.

Nuevos riesgos de volver a su territorio

La mayoría de los embera no puede regresar, según ellos mismos, porque recientemente se ha reavivado la amenaza de nuevas bandas criminales que están ocupando el espacio que las Farc abandonaron con su desmovilización.

En su lugar de origen, el gobierno definió un área como resguardo, frecuentemente violada por grupos armados, y que su resultado fue coartar su tradición nómada acorralando su desarrollo económico y cultural.

Sin embargo, es allí, en su tirra donde se encuentra su forma de supervivencia. “Si me falta algo, lo agarro de mi huerta, allá no se pasa hambre”, concluye Olivia sobre una solución aparentemente simple. Ahora sufre porque van a demoler su chabola en Bogotá, donde su comunidad permanece en un limbo.

“Se mantiene el mismo esquema de la colonia”

Ni en la ciudad ni en el campo están a salvo. “En las zonas rurales se mantiene el mismo esquema de la colonia, las encomiendas les expropiaron sus tierras y los hicieron esclavos y esas condiciones no cambiaron con la independencia. Ahora, el sistema actual es el mismo. Los terratenientes, dueños de grandes posesiones de tierras, han resuelto quedarse con las tierra de los indígenas, ya no les basta con lo que les quitaron”, afirma el historiador Enrique Santos Molano sobre un perenne hostigamiento que se traduce en la vulnerabilidad y explotación heredada de la época colonial.

“Aquella era una esclavitud no declarada pero en la realidad sí lo era. Los obligaban a trabajar a los encomenderos sin ninguna remuneración. Ahora los están desplazando a las ciudades en ese cordón de miseria y en la ciudades son discriminados eso crea una situación de malestares o recae en conflictos sociales e injusticias, como la persecución o los asesinatos, las desapariciones las estamos viendo casi que a diario, no solo en Colombia sino en toda América Latina”, reflexiona Santos Molano.

“Nadie les atiende sus reclamos porque son ciudadanos tratados como si fueran ciudadanos de tercera (...) Como parte de la pauperización de los indígenas tienen consecuencia en la explotación económica, en la mendicidad, en unas condiciones precarias e indignantes.”, apunta el historiador, para quien el ‘Día de la Raza’, como se celebra en Colombia el 12 de octubre, “en realidad no festeja la raza indígena, sino la española, porque los indígenas en todo el continente están en una situación tan grave como cuando llegaron los conquistadores”.

Desde hace medio milenio arrastran muchos de los lastres del desembarco de los españoles en Latinoamérica. Y pese a la marginalidad, empobrecimiento y discriminación, todavía hablan de resistencia. Quizá, a la espera de que Karagabí mande de nuevo a égoro (su tierra) un puñado más abundante de serpientes o truenos para protegerlos.

19 de octubre. 19.45. Dos hombres encapuchados paran en motocicleta en frente de la casa de Esneider González, en Corinto, quien se encontraba hablando con una vecina. La motocicleta se caló. Tardaron dos segundos en encenderla antes de dispararle cuatro veces. Tiempo que salvó la vida de Esneider.

“Empujé a mi vecina y me volteé hacia la puerta. Me alcanzaron dos disparos en la cabeza y uno en la espalda”, cuenta a eldiario.es el hombre de 35 años. Tres días antes en esa misma región, dos sicarios en motocicleta mataron a balazos a Yimer Chávez Rivera, en Sierra. Ambos eran defensores de derechos humanos en sus comunidades, en el departamento del Cauca, donde según organizaciones sociales se han producido 17 asesinatos en lo que va de año.

El Ministerio del Interior, basado en datos de la oficina de Derechos Humanos de la ONU, estima que en 2016 han muerto cerca de 60 líderes sociales, al menos una treintena han sufrido atentados y alrededor de 300 son víctimas de amenazas. Una ola de homicidios contra activistas que se ha intensificado en los últimos tres meses, desde la firma del primer acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC, y que devuelve a Colombia la pesadilla de las masacres en las zonas rurales.

Esneider sobrevivió de milagro al ataque. “Me salía sangre de la boca, la nariz, la espalda. Mi esposa me decía que las heridas eran muy feas”, relata junto a su mujer, Maribel Lozano, abogada en formación y también defensora de derechos humanos. “Mi hija (6 años) se fue a una esquina de la cama, se tapó con una almohada y empezó a gritar '¡Mi papá no!', '¿Por qué a mi papá?'. Mi hijo, de 13 años, igual”, añade Maribel, quien se encontraba en la casa en el momento de los hechos.

El atentado ha marcado la vida de la familia, como narra Maribel: “Para mí fue muy traumático ver a mis hijos en shock. Cada vez que le veo las heridas, recuerdo a mi marido lleno de sangre. Ese temor no se borra”. La pareja, con sus dos hijos, tuvieron que abandonar su hogar en la ciudad de Corinto para esconderse en una vereda apartada.

“Nadie sabe dónde estamos, muchos creen que mi esposo falleció. En la zona donde estamos es difícil acceder. Casi no salimos al pueblo porque cada vez que se acerca alguien creo que me van a atacar, mis hijos tienen miedo. Mi hija no quiere volver”, explica la mujer de 38 años en la casa donde ahora viven en secreto.

Desplazados por el temor

Ellos mismos tuvieron que manejar sus propias medidas de protección, pues las autoridades, según su experiencia, no han hecho nada al respecto. “Me trasladaron a un hospital de Cali, custodiado por la Policía, y a los dos días me sacaron por temor a que me rematarán allí (…) Me dieron un chaleco antibalas y un botón de pánico y me mandaron para casa. Lógicamente nunca volvimos”, afirma Esneider.

“Ni siquiera han hecho un estudio sobre la posibilidad de regresar a nuestro hogar. Tampoco nos han dado respuestas sobre la investigación, la archivaron y ya”, se queja Maribel, quien desconfía de las fuerzas de seguridad y lamenta la falta de garantías para los defensores de derechos humanos, tal y como se estableció en los acuerdos de paz alcanzados en La Habana.

Esneider pertenece a una asociación agraria de su localidad. Fue una pieza clave en la investigación por el asesinato a machetazos el 8 de setiembre de Cecilia Coicue, líder indígena de la misma región, al hallar una chaqueta con su sangre. Maribel es integrante de la Red de Derechos Humanos del Suroccidente 'Francisco Isaías Cifuentes'. Un mes antes había denunciado la presencia en el municipio de bandas de narcotraficantes. Recibió entonces una amenaza telefónica.

Esneider, Maribel y Cecilia tenían algo en común: eran integrantes de Marcha Patriótica, movimiento político de izquierdas que los sectores más conservadores han vinculado a las FARC. La organización ha denunciado el asesinato de más de 120 militantes desde su fundación en 2012. Alrededor de una veintena desde el pasado agosto. “Solo queremos que la paz no nos cueste la vida”, zanja Maribel.

A una hora de la vereda donde se resguarda la pareja, en la carretera entre Caloto y El Palo, fue asesinado el pasado 1 de noviembre Jhon Jairo Rodríguez, otro líder campesino ligado a Marcha Patriótica. Encontraron su cuerpo con tres disparos de bala en la cuneta al lado de su motocicleta.

“Salió de casa y al poco rato nos llamaron que había sufrido un accidente. Cuando llegamos, vimos que no era un accidente”, cuenta a este diario su hermana, Noralba Rodríguez. Todavía sigue traumatizada: “Yo vivía en Caloto y me vine para acá, porque solo el viaje, pasar por donde lo mataron, era un temor. Nos vamos a dormir y al escuchar la puerta no abrimos, nos da miedo”.

Las pertenencias del joven de 34 años se acumulan en una de las camas. Su cuarto está desierto. “Sentimos un vacío enorme, él todo el tiempo nos hacía reír, nos apoyaba mucho. Era la compañía de mi madre y le ha dado muy duro, no deja de llorar”, asegura Noralba, secándose las lágrimas mientras se pregunta quién pudo querer matarlo. Las autoridades tampoco les han dado respuestas.

La amenaza del neoparamilitarismo

Marcha Patriótica y varias organizaciones sociales señalan a los paramilitares como autores de los asesinatos. “No hubo un proceso de desmonte del paramilitarismo como tal, lo que hubo fue un ejercicio prácticamente teatral, de desmonte de las cabezas de las principales estructuras”, asegura a este diario el portavoz de Marcha en el Cauca, Jonathan Centeno, sobre el proceso de desmovilización del paramilitarismo –unos 31.000 combatientes– a través de la polémica Ley de Justicia y Paz, aprobada en 2005 por el entonces presidente, el ultraderechista Álvaro Uribe, hoy máximo detractor del acuerdo de paz con la guerrilla.

Varias ONG, como Human Rights Watch, criticaron el proceso por conceder demasiada impunidad a los victimarios. Once años después de esa ley, con vigencia original hasta 2014, apenas se han aplicado 23.000 condenas de un universo de 312.000 delitos. La Fiscalía anunció recientemente que se necesitarán seis años más para cerrar ese capítulo judicial.

Los ex paramilitares se han reagrupado en los últimos dos años en clanes ligados al narcotráfico en casi un tercio de los municipios del país, según la Fundación Paz y Reconciliación, con un notable repunte de sus acciones armadas, especialmente en las zonas antes controladas por las FARC.

El retiro de la guerrilla “deja un vacío en sus sitios históricos donde actuaban imponiendo un 'orden'” en regiones con ausencia del Estado y donde predominan “economías ilegales, como cultivos ilícitos y minería ilegal”, indica la ONU.

El neoparamilitarismo utiliza a menudo las mismas prácticas y distintivo de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), el denominativo de los paramilitares. En varios municipios del país se han lanzado panfletos, cada vez con mayor frecuencia este año, con el sello de las AUC anunciando una “limpieza social”.

La escalada de la violencia en las zonas rurales recuerda a la persecución y masacre en los ochenta por parte de paramilitares de más de 3.000 integrantes de Unión Patriótica, el partido surgido de las FARC a raíz del acuerdo de paz con el Gobierno de Belisario Betancur.

“Operan de la misma forma. Primero amenazan con matar a todos los maleantes, prostitutas, drogadictos. Y con ese pretexto acaban por asesinar a personas de izquierda”, afirma Centeno, quien considera que “se baraja el mismo patrón motivado por intereses familiares, delincuenciales, amorosos”.

Necesidad de medidas urgentes

La comparación ha activado las alarmas entre los movimientos sociales, que reclaman acciones contundentes al Gobierno. “Para solucionar un problema, primero hay que reconocerlo. Y el Gobierno sigue negando la existencia del paramilitarismo. Así no se podrá resolver nada”, lamenta a este diario Deivin Hurtado, coordinador departamental del Cauca de la Red de DDHH Suroccidental. Las FARC han insistido durante los cuatro años de negociaciones en exigir al Gobierno el reconocimiento y combate contra el paramilitarismo.

El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, ordenó el pasado 22 de noviembre intensificar la implementación de las medidas del cese al fuego y acelerar la labor investigativa de la Fiscalía para esclarecer los hechos.

“Esta incertidumbre va aumentando los riesgos y por eso la urgencia de tomar las decisiones. Es urgente pasar a la siguiente fase: el agrupamiento de las FARC en las zonas veredales de transición (donde se producirá el desarme)”, anunció sobre la persecución a líderes sociales, que relacionó con el retraso en la dejación de armas de la guerrilla, después de paralizarse el proceso de desmovilización tras el rechazo al acuerdo de paz en el plebiscito del 2 de octubre.

El anuncio se produjo un día después de que Naciones Unidas expresara su preocupación por la oleada de asesinatos y exhortara al Gobierno a tomar “urgentemente medidas para evitar el recrudecimiento de la violencia, que socava la confianza en las perspectivas de una paz estable y duradera”.

El pasado 2 de diciembre la misión de la ONU en Colombia fue más lejos en sus advertencias y sugirió una articulación planeada de esos homicidios: “Los métodos de asesinatos y atentados manifiestan mayor grado de sofisticación para encubrir a los autores intelectuales”, reza el comunicado en que desvela que el 75% de las víctimas desarrollaban su actividad en el ámbito rural.

Un obstáculo para la implementación de la paz

La escalada de asesinatos contra adalides de la defensa de la paz en el terreno puede obstaculizar la implementación del nuevo Acuerdo de Paz firmado con las FARC el 24 de noviembre, tal y como admitió el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, en entrevista con 'La W Radio'.

En especial, debilita uno de los puntos clave: la reforma rural integral. “Los financiadores de los paramilitares siguen siendo grandes terratenientes que quieren continuar manteniendo las tierras que usufructuaron durante décadas por la fuerza”, denuncia Hurtado. Varios organismos, como la Organización de Estados Americanos (OEA), ya habían avisado sobre este riesgo. “En pleno proceso de construcción de paz, este fenómeno es preocupante, eso crea zozobra en el campo. Lo antes posible pedimos se esclarezcan las circunstancias en que esas muertes se dan”, asevera a este diario Rikard Nordgren, el subjefe de la misión de la OEA en Colombia.

Pese a las constantes advertencias, todavía no se han percibido avances en la prevención y persecución de estos casos. La fiscal de la Fiscalía 92 especializada en derechos humanos de Bogotá, Alba Nelly Agudelo, explica a este diario que en Popayán apenas hay una fiscal encargada de esas investigaciones, como la de Cecilia, Jhon Jairo y Esneider, entre otras. “Falta personal, como en todas partes”, afirma. Y reconoce que “al menos en la oficina central de Bogotá no han recibido nuevos recursos” desde el compromiso de Santos para reforzar la labor judicial.

Según fuentes de la Fiscalía consultadas por este diario, la oficina fiscal de derechos humanos de Popayán tan sólo cuenta con cuatro agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), la policía judicial. “Los cuatro son prestados, uno es de Cali, otro de Neiva y otros los comparten con otras unidades. Entonces la labor investigativa comienza a entorpecerse en primer lugar desde la falta de personal”. Y añade: “Los fiscales dictan órdenes y a los investigadores les da miedo ir solos a los lugares peligrosos, con toda la razón, entonces así se retrasan las diligencias”. Las víctimas tampoco confían en la eficiencia de la policía judicial. El pasado mayo detuvieron a ocho investigadores del CTI en Popayán acusados de haber desaparecido cocaína por valor de unos 300.000 euros después de incautarla.

En las ciudades que cruzamos para llegar a las veredas, los policías motorizados llevan casco y chaleco antibalas y el de atrás carga la pistola calibre 9mm apoyada en su rodilla. “Esto es una calentura”, “si nos descubren nos dejan el carro como un cenicero” o “aquí no me bajo que nos cosen a plomo” son algunas de las advertencias, a veces en un tono distendido, que repiten nuestros guías durante el camino.

En el trayecto de vuelta a Popayán tras finalizar las entrevistas nos sigue un jeep blanco en uno de los tramos. Sus ocupantes suben los cristales tintados al adelantarnos. Esperan en el semáforo. Al rebasarlos, nos paramos en la primera gasolinera. “Ellos no saben si vamos armados y vamos a afrentarlos. Hay que jugar con eso”, afirman ya nerviosos los acompañantes, acostumbrados a esas situaciones.

Ese mismo jeep blanco gira en el desvío antes de llegar a la gasolinera. Al retomar la carretera nos desviamos hacia Pasto, la dirección contraria, para hacer un cambio de sentido a los dos minutos y tomar la senda correcta. El temor diario para los defensores de la paz en Colombia.  

“La Guardia Costera helena niega categóricamente los artículos en la prensa extranjera, así como el material audiovisual publicado, en los que presuntamente una patrulla de la Guardia Costera helena trata de hundir un bote cargado de refugiados”. Así comienza la nota emitida por el Ministerio de Asuntos Exteriores griego sobre las acusaciones tras la divulgación de un vídeo en que parece apreciarse a un guardacostas griego tratando de pinchar una lancha con cerca de 60 refugiados a bordo.

Esa ha sido la única reacción por el momento del Gobierno griego. Ninguna aparición ni declaraciones de representantes políticos ante unas imágenes que ponen en entredicho el papel de los equipos de vigilancia helenos. Tampoco la prensa helena se ha hecho eco de la polémica y el vídeo no ha suscitado debate alguno en Grecia.

Ante esa atenuación mediática: una tibia respuesta oficial. El breve comunicado oficial justifica que “la tripulación empleó el anzuelo náutico –la larga vara con un gancho en el extremo– para acercarse a la pequeña embarcación” y detalla entre paréntesis que “esa herramienta se usa para ese propósito según las técnicas y prácticas internacionales de pesca”.

Asimismo, la nota considera “contradictoria” la acusación por ser “incompatibles con los valores de nuestra cultura y absolutamente deplorable cuando la Guardia Costera helena ha rescatado este año a algunos de los 90.000 refugiados en las operaciones desplegadas en el mar Egeo”. Algunas de estas maniobras se realizan en coordinación con la marina de Turquía, como en este caso, en que “los guardacostas turcos asisten en el rescate alumbrando y facilitando las tareas con un foco de luz”, aunque el texto niega que se produjese “un intercambio relevante de diálogo entre los responsables de ambos equipos de guardacostas, como se presentó en los artículos en la prensa turca”.

Según esas informaciones, el almirante turco, Hakan Ustem, pidió supuestamente a su colega griego “ordenar a su equipo parar con esos actos”. El vídeo muestra cómo la propia Guardia Costera turca rescata más tarde ese bote una vez el buque griego abandona el lugar. A mediados de agosto un pescador turco publicó otro vídeo que recogía el naufragio de un bote después de ser interceptado por un buque heleno. El pescador aseguró haber visto a los guardacostas “golpear la lancha con un palo”. A comienzos de septiembre la cadena CBS emitió otro vídeo en que se aprecia una escena similar pero con una lancha sin identificar.

Denuncias de 'devoluciones en caliente'

Éstas no son las únicas acusaciones a las que se enfrenta la Guardia Costera helena. Un informe de Human Rights Watch (HRW) de octubre denuncia la presencia de “hombres armados enmascarados” alrededor de las islas griegas buscando botes de refugiados y haciéndoles recular, a veces quitándoles los motores. El documento se basa en nueve testimonios y, en concreto, en dos episodios ocurridos el 7 y el 9 de octubre, en que “los atacantes supuestamente desactivaron los motores de varios botes e incluso agujerearon el inflable.

Algunos fueron arrastrados hasta aguas turcas“. Para la representante de HRW en Grecia, Eva Cosse, estas ”acciones criminales requieren una respuesta urgente de las autoridades griegas“ y exige abiertamente ”una investigación del Gobierno heleno a la Guardia Costera“ por su posible implicación en estos incidentes que ”un viaje ya de por sí peligroso, sea más probable que resulte en muerte“.

Las propias Naciones Unidas han exigido explicaciones a Grecia en repetidas ocasiones. La última a finales de octubre en una reunión del comité de Derechos Humanos para analiza un informe del país del año anterior. Uno de los expertos exhortó a la delegación griega a presentar nuevas actualizaciones sobre la investigación de dos de los casos de push-backs (devoluciones en caliente) más conocidos: el “caso Praggi” en 2013 y el “caso Farmakonissi” en 2014.

En la misma línea, preguntó sobre el conocimiento de la confiscación de bienes personales y agresiones con porras eléctricas por parte de las fuerzas de seguridad helenas, ya que “el número de quejas era demasiado elevado como para ignorarlo”. El representante de Grecia se limitó a responder que “se han tomado medidas para entrenar a las patrullas”, “se ha traducido al griego un manual de Frontex de buenas prácticas fundamentales para los guardias fronterizos” y “se han establecido oficiales para supervisar los derechos fundamentales”.

Ya en 2013, Amnistía Internacional, había denunciado ese tipo de prácticas en alta mar que se producían “de forma regular” desde hacía tres años. El informe advertía que el número de push-backs es “alarmante” y ponen en riesgo la vida de los refugiados. Otros refugiados entrevistados por este diario aseguran que también sufren agresiones por parte de las autoridades turcas.

Críticas a la actuación policial turca

“Cuando partimos de la costa, los guardias comenzaron a dispararnos bolas de goma desde tierra”, cuenta nervioso un joven sirio pocos segundos después de alcanzar suelo europeo en una playa la isla griega de Lesbos. “A la mierda Turquía”, concluye enfadado señalando al horizonte.

Hasta cuatro refugiados corroboran el uso de ese material antidisturbio lanzado desde la costa turca hacia su bote, aunque ninguno habla de las embarcaciones de la Guardia Costera. Desde las playas de Behram, donde parten miles de refugiados al día, este diario pudo observar cómo uno de los botes se cruzaba con un buque de la armada turca y luego seguía su camino hacia aguas griegas.

Los esfuerzos de Grecia y la Unión Europea para que Turquía ataje el flujo migratoria no han surtido efecto. El último intento se produjo el miércoles pasado con una visita del primer ministro heleno, Alexis Tsipras, a su homólogo turco, Ahmet Davutoglu, y el presidente Tayyip Erdogan, en Ankara. Una reunión que sirvió para lograr un cierto acercamiento pero que culminó sin ningún compromiso para crear puntos de registro de refugiados en Turquía, la principal solución que propone Atenas para “poner fin a la tragedia humanitaria en el mar Egeo”, que sólo en octubre perdieron la vida 714 personas.

Precisamente en ese encuentro –celebrado por los medios helenos como una oportunidad de acercamiento entre dos países históricamente enemistados– las autoridades turcas mostraron el vídeo grabado el 12 de noviembre al vice-almirante de la Guardia Costera helena, Athanasios Athanasopoulos, quien, según la prensa turca, quedó “chocado” y se comprometió a “tomar las medidas pertinentes”. Dos días más tarde el Instituto Turco para la Diplomacia Pública sacaba a la luz las imágenes. El Gobierno griego todavía no ha emprendido ninguna acción frente a la enésima acusación contra la Guardia Costera.

Danial se apoya en el murete del paseo marítimo observando el mar. Podría ser un turista, pero en vez de subir a un hotel, pasará la noche en la playa entre cartones. Es uno de los 3.000 refugiados e inmigrantes atrapados en la pequeña isla griega que se hacinan en cualquier rincón de la ciudad. Este hombre afgano llegó a la costa helena hace veinte días, junto a su mujer y a su hijo de un año, Saim, al que sostiene en sus brazos.

“Esta es la peor etapa de todo el viaje. Es una cárcel”, asegura Danial, quien ha tenido que cruzar por Irán y Turquía, escapando de la amenaza de los talibanes, que “han matado a muchos amigos”. La mayoría de los recién llegados reconoce sentirse “eufórico” al desembarcar en suelo europeo, pero pronto “nos damos cuenta que aquí no somos bienvenidos”. Alcanzaron Grecia en una lancha de tres metros donde viajaban hasta 13 personas, poniendo en riesgo su vida y la de su familia. “Aunque Saim es fuerte”, asiente con una mueca mirando al bebé.

Después de tres semanas sin recibir respuesta por parte de las autoridades, muchos han perdido la paciencia. “Nos tratan como perros, no quieren que estemos aquí”, se queja Amir Rahmati, quien tuvo que huir de Irak por la entrada del autodenominado Estado Islámico. “Ya no queda remedio. O estás con ellos o contra ellos. No hay lugar para los neutrales”, explica. Las consecuencias de sus opositores, “ya las conoces”, apunta Amir, quien prefiere no recordar las barbaridades que vivió en los últimos meses.

El joven iraquí ha encontrado cobijo en un hotel abandonado donde conviven unas 300 personas. El “Captain Elias”, que antes lucía un aspecto vacacional, se ha convertido en un vertedero con colchones. “Muchos piensan que son afortunados por tener un techo, pero el hecho de estar hacinados aumenta el riesgo para su salud”, advierte una voluntaria de Médicos Sin Fronteras (MSF). La organización envió dos doctores y dos enfermeros que no dan abasto para atender a todos los expatriados.

En el hotel algunas familias han podido hacerse con las habitaciones, mientras que en el hall duermen amontonados los más jóvenes. Por las esquinas, basura, y un fuerte hedor. Tan sólo disponen de un par de duchas y una manguera, frente a la que hacen cola varias personas para llenar su cubo de agua y poder lavar sus prendas. En los pasillos corretean y juegan algunos niños, ajenos a esas condiciones. La responsable de comunicación de MSF, Ioulia Kourafa, avisa del trance que supone si la situación se prolonga. “La mayoría de niños ya sufren desnutrición y otros problemas por dormir en la calle”, explica.

“Cansados”, repite varias veces con los ojos humedecidos Hasan, un afgano que ha pasado tres semanas durmiendo en un parque. Algunos, “más afortunados”, según él, han logrado una tienda de campaña, instaladas en las aceras menos transitadas o en la playa de la localidad. Kos es ahora un campo improvisado de refugiados.

La diferencia de trato entre los sirios y el resto

Para aliviar la situación una de las escasas reacciones del Gobierno heleno fue fletar un ferry para trasladar de inmediato a los refugiados hasta Atenas, pero sin embargo estuvo atracado durante una semana, pues su propietario exigía un refuerzo de las medidas de seguridad para el viaje. El barco que acoge a unas 1.700 personas ha partido este miércoles hacia el puerto de Salónica, con escalas en las islas de Kálimnos y Leros, también desbordadas por el masivo aumento de las llegadas estos días, para recoger a otros refugiados.

Todos los ocupantes del buque son sirios. El interior luce un aspecto de crucero, donde los “huéspedes” reciben dos comidas al día, algunos gozan de camarote y se efectúan con rapidez los trámites de entrega del permiso de estancia de tres meses. El 'Eleftheros Venizelos', conocido en la isla como el “hotel para inmigrantes”, concede todas las facilidades que deberían proporcionar los centros de acogida, inexistentes en la isla. Este trato “privilegiado” a los sirios ha aumentado la tensión entre el resto de recién llegados.

En la puerta de la comisaría se aglomeran decenas de expatriados paquistaníes, iraníes, iraquíes y afganos que protestan por lo que tachan de “discriminación”. Uno de los presentes, Abdul, considera que “el hecho de jugarse la vida para llegar a Europa debería ser motivo suficiente” para demostrar que en sus países corren peligro.

Como el resto de personas que han alcanzado la isla griega estas semanas, Abdul partió de Bodrum –ciudad turca a tan sólo 15 kilómetros de Kos– en una pequeña lancha y pasó cinco horas a la deriva en alta mar. Este paquistaní alza los brazos y grita junto a un grupo de compatriotas “¡Pakistán, Pakistán!” cada vez que los agentes abren la verja para dejar entrar a los sirios. Abdul abandonó su país porque no tenía “ni electricidad, ni agua, ni trabajo” y por “la amenaza del Gobierno de captarte para el Ejército”.

En ese sentido, el coordinador principal de Emergencias de ACNUR, Roberto Mignone, explica a este diario que “en Grecia y Europa hay una percepción de que los sirios son evidentemente refugiados por la situación de guerra que vive su país” y por eso “reciben un trato especial y el estatus de asilados con mayor rapidez”. Ocho de cada diez de los recién llegados provienen de Siria. Para Mignone, sin embargo, estas facilidades deberían ofrecerse también “para los iraquíes y afganos” en vista de las extremas dificultades que sufren en sus lugares de origen.

“Nadie nos da explicaciones”

Varios efectivos de Acnur se han desplazado a la zona para agilizar el registro de personas, mucho más lento de lo habitual en las últimas semanas por la falta de personal. Algunos de los refugiados, como Ahmed Razani, compraron su billete de barco para Atenas hace algunos días, pero todavía no pueden abandonar la isla.

“Aquí pasamos los días sin saber cuándo podremos salir y nadie nos da explicaciones. La Policía ni nos mira a la cara, o nos empuja como objetos”, cuenta el joven afgano. Necesitan obtener el permiso de tres meses de estancia en el país para poder salir hacia la capital griega y desde allí seguir su viaje hacia el norte de Europa.

A media tarde se forman corrillos en frente de la comisaría de Kos para escuchar a los miembros de Acnur. Algunos grupos arrancan a aplaudir y a gritar de alegría cuando les informan que tienen una cita en las oficinas policiales pasado mañana para iniciar su proceso. Una muestra del desespero acumulado tras largas semanas sin recibir “ni siquiera alguna noticia”, como lamenta Ahmed.

Este joven afgano también asegura que se sienten “abandonados”. Hace unos días MSF denunció el paso de la “inacción” a la “mano dura” por parte de la Policía, así como el abuso del Gobierno hacia los refugiados, que apenas ha asumido responsabilidad en el asunto.

Tras semanas de “silencio” el Ejecutivo anunció esta semana la creación de inmediato de tres nuevos centros de recepción de inmigrantes y refugiados, según informa la agencia Efe, en las islas de Kos, Jíos y Leros, en el mar Egeo, tres de las zonas más afectadas. Hasta la puesta en marcha de estos centros habrá nuevos traslados, dos veces por semana, desde las islas hasta el puerto ateniense del Pireo. En Atenas el Gobierno heleno ha construido un nuevo campo de recepción temporal con capacidad para 600 personas, donde el domingo ya se alojaron más de 200 refugiados que acampaban en un parque del centro de la ciudad.

“El Gobierno ha fracasado”

La respuesta de las autoridades ha sido “mínima y tardía”. La propia Anna Goudeli, miembro de Syriza en Kos, asegura que al Ejecutivo “parece no importarle los inmigrantes”. La viceministra de Política Migratoria, Tasia Christodoulopoulou, admitió que el Gobierno “ha fracasado a la hora de anticipar” el fenómeno. Entre enero y julio alcanzaron la costa griega unas 124.000 personas, hasta siete veces más que en el mismo período de 2014. Sólo en julio se registraron 50.000 entradas más que en el mes anterior, y la prensa local apunta que en las primeras semanas de agosto están llegando unos 2.000 expatriados al día.

El primer ministro heleno, Alexis Tsipras, hizo un llamamiento a la Unión Europea (UE) recientemente para recibir más ayuda: “Ahora se verá si esta es la Europa de la solidaridad o la de los intereses económicos donde cada uno solo mira por su frontera y por su país”. Sin embargo, la respuesta ha sido muy tenue. La UE decidió el lunes destinar 474 millones de euros a Grecia para aliviar la crisis migratoria, una cifra proporcionalmente muy inferior a lo que le corresponde. Por ejemplo, España recibió de esa misma partida hasta 522 millones, cuando el número de inmigrantes apenas alcanzó los 6.800 en los primeros seis meses del año, unas veinte veces menos del volumen que acoge Grecia.

El freno en la entrega de ayudas tiene varios motivos. Por un lado, la escasa presión del Gobierno griego estos últimos meses, “únicamente preocupado por temas económicos”, según Goudeli. En ese sentido, la responsable en Grecia de Human Rights Watch, Eva Cosse, acusó a Atenas de desaprovechar hasta 500 millones en ayudas comunitarias para este asunto por no haber realizado los trámites necesarios. Por otro lado, los anteriores Gobiernos, señala Goudeli, utilizaron el dinero destinado a inmigración para otros fines, algo que ha deteriorado la confianza de la UE.

Pero eso son temas políticos que el pequeño Saim no entiende, ni tampoco su padre, Danial, quien reconoce compungido que esa “no es la Europa que esperaba”. Prefiere no responder si se hubiese quedado en Afganistán en lugar de arriesgarse “para esto”. Señala el suelo y un montón de mantas que ha recogido en la basura. “Son para el bebé”, que “por suerte todavía se alimenta de la leche de su madre”. De lo contrario, “este viaje sería imposible”.