Los precios hoteleros vuelven a subir, y es la quinta vez consecutiva en que esto ocurre en lo que va de año (de enero a mayo) en la Comunidad Autónoma de Canarias. Hospedarse en un hotel isleño, con mayoría de los que tienen uso turístico y en un mes de transición hacia la temporada baja turística (la veraniega), ha costado el 3,9% más en mayo de 2026 respecto al valor registrado para el mismo mes de 2025, el aumento interanual. Es justo lo que afirma el Instituto Nacional de Estadística (INE) en su trabajo técnico de Coyuntura Turística Hotelera correspondiente a mayo de 2026, el publicado este mismo martes.

La subida promedio del conocido como Índice de Precios Hoteleros (IPH) se situó en Canarias en mayo pasado, siempre en tasa anual, en el 3,9%, por el 5,02% de incremento de la misma variable a escala nacional. Por comunidades y ciudades autónomas, la mayor alza se registró en Illes Balears, con el 8,9% interanual en mayo de 2026; la bajada más acusada, en cambio, fue la de la ciudad autónoma de Melilla, con menos 1,2%.

Pese a moderarse la escalada en las islas en relación con el comportamiento nacional, sí hay que señalar que el dato de las islas de IPH supera en 0,7 puntos porcentuales el umbral de inflación general o Índice de Precios de Consumo (IPC) anual de Canarias en su cálculo más reciente, el del mismo mes de mayo.

Entonces, el IPC anual (la suma de los valores mensuales de los últimos 12 meses, de junio de 2025 a mayo de 2026) se situó en el 3,2%, tras aumentar 0,2 puntos relativos respecto al dato anual de abril de 2026.

Si el análisis económico relacionado con los ingresos hoteleros y su rentabilidad en el archipiélago, se concreta según el ingreso promedio de una habitación ocupada por día, el llamado ADR, se tiene, siempre según lo publicado por el INE, que el abono medio alcanzó los 126,10 euros por noche, con el 4,44% de subida respecto al ingreso del mismo mes del año precedente.

Ahora bien, lo recaudado por habitación disponible y día (todas las aptas para ser contratadas en un hotel y la variable RevPAR) en los hoteles canarios baja al valor absoluto promedio de 92,83 euros, con un más 3,66% interanual.

Ese ingreso medio siempre es más reducido porque depende en mayor intensidad de los niveles de ocupación, más bajos en Canarias en mayo sobre todo tras el cierre de la temporada alta turística, después de la Semana Santa, esta vez a principios de abril de 2026, y en los dos meses previos al verano.

El registro canario de ADR es más elevado, en términos absolutos y relativos, que la media nacional, en 123,74 euros por habitación ocupada y noche y con un más 4,2% interanual (por el 4,44% isleño). En cambio, el componente RevPAR, en 87,99 euros por noche y habitación disponible como promedio en los hoteles españoles, sube el 5,81% interanual al mejorar en mayo la ocupación a escala país, dato superior al más 3,66% canario.

Pernoctaciones en mayo: regiones y país

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros aumentaron el 2,5% en mayo respecto al mismo mes de 2025, con lo que superaron los 36,3 millones. Las realizadas por viajeros residentes en España cayeron el 0,2%, mientras que las de no residentes se elevaron el 3,7%.

Durante los cinco primeros meses de 2026, las pernoctaciones crecieron el 2,6% respecto al mismo periodo del año anterior, dato interanual. Las de viajeros residentes en España consiguieron un más 1,2%, mientras que las de no residentes llegaron al 3,4% más, en el mismo periodo de enero a mayo.

Andalucía, Cataluña y Comunitat Valenciana fueron los destinos principales de los viajeros residentes en España en mayo pasado, con el 20,4%, 14,9% y 12,2% del total de las pernoctaciones registradas en el país. Los principales destinos de los no residentes fueron Illes Balears (en el inicio de su temporada alta estacional), Canarias y Cataluña, con el 30,6%, 18% y 17,9% del total español.

Por zonas turísticas, isla de Mallorca registró el mayor número de pernoctaciones, con más de 6,5 millones en mayo pasado. Por su parte, los puntos turísticos con más pernoctaciones fueron Barcelona, Madrid y Calvià.

Potencias emisoras: Reino Unido y Alemania

Los viajeros procedentes de Reino Unido y Alemania, los principales mercado emisores de turistas, concentraron el 27,9% y el 17,4% del total de pernoctaciones de no residentes en mayo. Las pernoctaciones de viajeros procedentes de Francia, Estados Unidos y Países Bajos (los siguientes mercados emisores) representaron el 8,6%, 5,2% y 4,7% del total, respectivamente.

En mayo de 2026, se cubrieron el 61,5% de las plazas ofertadas en hoteles de España, el 2,1% menos que en mayo de 2025, mientras que el grado de ocupación por plazas en fin de semana subió el 1,7% y se situó en el 67,9%.

Por comunidades autónomas, Illes Balears presentó el mayor grado de ocupación por plazas durante mayo (73,5%); por zonas turísticas, Palma-Calvià llegó a la mayor ocupación por plazas y en fin de semana, con el 76,1% y 79,4%.

El punto turístico con mayor grado de ocupación por plazas fue Sóller (83,4%), en Mallorca. Zarautz alcanzó la mayor ocupación en fin de semana (89,4%).

El informe de fiscalización de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma de Canarias (CAC) del ejercicio 2024, el más reciente y presentado este martes en sede parlamentaria por el presidente de la Audiencia de Cuentas de Canarias, Pedro Pacheco, no ha traído buenas noticias para el Ejecutivo autonómico que lidera el nacionalista Fernando Clavijo, un gobierno que tiene el apoyo de CC, PP, ASG y AHI, con el PSOE, Nueva Canarias (NC) y Vox en las bancadas de la oposición.

En ese informe, el órgano de control externo de la CAC se puede decir que desnuda la gestión ineficiente del Gobierno de Canarias actual, el de la legislatura 2023-27, en lo que corresponde a su primer ejercicio anual completo, el de 2024.

De entrada, el informe de fiscalización de la Cuenta General de ese año subraya el incumplimiento de la regla de gasto en 2024, algo ya mil veces denunciado por la oposición de NC; confirma una inejecución presupuestaria (89,8%) de 1.285 millones respecto a la cuantía final disponible en los Presupuestos de 2024 (el 4% por encima de los de 2023), la cantidad finalmente no gastada, y además ratifica el bajísimo resultado en el consumo de los fondos Next Generation (2021-26), solo el 20,7% del disponible en el año de referencia y también otro de los caballos de batalla en la crítica constante de NC.

A continuación, se detallan todos esos aspectos sin duda centrales en el informe de la ACC ya identificado, todo ellos relacionados con la gestión pública presupuestaria y además muy vinculados a capítulos como la tramitación de subvenciones y de las inversiones públicas. Veamos los detalles…, siempre según lo recogido en esta fiscalización o auditoría presentada por la ACC.

Al término del ejercicio 2024, según datos de un informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) publicado por el Ministerio de Hacienda, los resultados logrados en términos de contabilidad nacional (SEC 2010) y en relación con el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, regla de gasto y deuda pública por parte de la CAC fueron los siguientes:

-El superávit público fue de 144 millones de euros; esto es, el 0,25% del PIB regional (en 58.289 millones para 2024). Ello supone una desviación del más 0,2% respecto al objetivo fijado, en el 0% del PIB canario.

-A efectos de la regla de gasto, hay que señalar que la variación del gasto computable en el ejercicio 2024 ha registrado una tasa de variación del 7,6%, con lo que supera la tasa media de variación fijada para las comunidades autónomas en 2024, del 2,6%. Por lo tanto, en 2024 la CAC incumplió el objetivo de regla de gasto, por lo que “se deberá ajustar a las medidas automáticas de corrección contempladas en el artículo 20, de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, así como a la formulación y presentación de un plan económico-financiero conforme al artículo 21 de la misma ley, el conocido como Plan de Ajuste. Durante 2024, se emitió informe de la AIReF, publicado el 17 de julio de ese año, donde se alertó de un posible incumplimiento de la regla de gasto y se recomendó que Canarias ”vigilara la ejecución de su presupuesto adoptando las medidas que estime pertinentes (…)“, algo que, por lo visto, no ocurrió.

-Canarias tiene limitado el crecimiento de sus gastos no financieros por la aplicación que se viene realizando de la regla de gasto prevista en el artículo 12.1 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, pero sus ingresos fueron superiores a esa cantidad, por lo que no se podrán aplicar a gasto no financiero, incurriendo así nuevamente en un superávit.

-La deuda pública registrada al cierre del ejercicio 2024 se situó en 6.569 millones de euros, cifra que representa el 11,3% del PIB regional, valor por debajo del máximo de endeudamiento fijado por el Estado para las comunidades autónomas, en el 21,7%.

-Los presupuestos generales de la CAC para 2024 se elaboraron con unas previsiones de incertidumbre respecto a los objetivos de estabilidad presupuestaria al no estar publicados los datos oficiales, que, finalmente, fueron los contenidos en el programa de Estabilidad Presupuestaria 2023-2026. En la CAC, se estimaron unos créditos iniciales para gastos no financieros de 11.301 millones de euros (capítulos del I al VII), luego incrementados hasta alcanzar un crédito final de 12.637,7 millones (más del 4% respecto a los del 2023). La ejecución fue del 89,83%, con una inejecución cifrada en 1.284,9 millones de euros (1.087,8 millones la de 2023).

-La recaudación de ingresos también superó las expectativas iniciales ya que la falta de elaboración del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2024 trajo como consecuencia que el Ministerio de Hacienda y Función Pública no comunicara a las CCAA las entregas a cuentas para 2024 de los recursos del sistema de financiación de las comunidades de régimen común (SFA), ni la previsión de liquidación de 2022, lo que dificultó su concreción en los Presupuestos canarios para 2024.

-La ejecución global de los proyectos financiados con los fondos Next Generation referentes al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) fue del 22,24% en 2024, frente al 37,73 % del ejercicio 2023. El MRR, en la Administración de la CAC, ha tenido un grado de ejecución del 20,62% en el ejercicio 2022, 32,34% en 2023 y 20,74% en 2024. El saldo del crédito definitivo (presupuesto no gastado) correspondiente al conjunto de las dotaciones del MRR en las secciones de la CAC ascendió a 690,5 millones de euros. Hay que justificar los recursos aún disponibles antes del 31 de agosto próximo.

-El grado de ejecución presupuestaria de los créditos del capítulo VI (inversiones reales) de la CAC se situó en el 52,35%, inferior al del ejercicio 2023 (58,53%) y muy por debajo de la media del resto de los capítulos de gastos, en el 91,08%. En cifras absolutas, es un ejercicio con un volumen total de gastos en inversiones de 415,7 millones de euros sobre un crédito de 794. Destaca la baja ejecución en Obras Públicas, Vivienda y Movilidad (42,56%), y en Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes (53,82%).

-Se han dictado resoluciones para declarar la procedencia del reintegro en materia de subvenciones por un importe de 14,8 millones de euros, lo que representa el 4,4% del importe de las pendientes de justificar (336,4 millones). Existe el riesgo de la no recuperación de 110,6 millones de euros, dinero público correspondiente a las subvenciones pendientes de justificar con plazo vencido y con antigüedad anterior al 31 de diciembre de 2020.

-Las subvenciones concedidas al amparo del Decreto ley 6/2021, de 4 de junio, el que regula en el ámbito de la CAC la concesión de la línea covid de ayudas directas a personas autónomas y empresas, explican la mayoría del importe pendiente de justificar con plazo vencido, si bien cabe señalar el avance en el estado de la comprobación de la justificación a 30 de junio de 2025, con 8,1 puntos porcentuales más de los justificados con resolución.

Nueva Canarias habla de “colapso”

Tras la presentación del informe de la Cuenta General de la CAC para 2024 este martes en el Parlamento de Canarias, acción desarrollada por el presidente del órgano de control externo canario, Pedro Pacheco, el secretario general de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC), Luis Campos (líder de uno de los tres partidos en la oposición en la Cámara regional, junto con el PSOE y Vox), sostuvo que la Audiencia de Cuentas de Canarias ha certificado el “colapso” de la capacidad de gestión de Gobierno presidido por Fernando Clavijo, un Ejecutivo que “dispuso de más recursos que nunca, que ejecutó menos, que incumplió las reglas fiscales y que obtuvo peores resultados”.

Campos aseguró que el informe de fiscalización de la Cuenta General de 2024 es una “OPA hostil, desmonta con datos” el discurso de las dos derechas canarias (CC y PP) de “autocomplacencia y de eludir sus propias responsabilidades”. Campos afirmó que el órgano fiscalizador de la comunidad autónoma “ratifica, punto por punto,” todas las críticas que NC-BC ha realizado durante la legislatura, “a pesar de los intentos de silenciar a la oposición nacionalista”.

“Lo denunciamos nosotros y lo dice la Audiencia de Cuentas, después de que también lo hayan advertido organismos como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) y el Ministerio de Hacienda”, recordó Campos.

La diputada del mismo partido Esther González además insistió en la confirmación del incumplimiento de la regla de gasto en 2024 (también ya confirmado en 2025), lo que “obliga” al Gobierno a presentar un plan económico-financiero con un ajuste de 445 millones de euros, unas medidas que tendrán consecuencias en forma de recortes en los próximos años, 2026-27, con impacto sobre todo en los servicios públicos esenciales y en la capacidad inversora. Esos recursos financieros “no podrán destinarse a vivienda, a reducir listas de espera y conflictos laborales en sanidad, dependencia, educación o a infraestructuras necesarias”, lamentó.

A su vez, González expuso que, “detrás de cada inversión sin ejecutar, hay una obra que se retrasa, una infraestructura que no llega y una necesidad de la ciudadanía ”sin respuesta“. Las inversiones en 2024 cayeron respecto a 2023 y prácticamente la mitad se quedó sin ejecutar, recalca.

Todo sigue igual o muy parecido para el archipiélago y sus trabajadores. El Instituto Nacional de Estadística (INE), según datos recogidos en su Encuesta Trimestral de Coste Laboral (ETCL) más reciente, la de enero-marzo de 2026 conocida este martes, mantiene a Canarias en la penúltima posición, solo por delante de Extremadura, en la clasificación por comunidades autónomas españolas sobre salarios líquidos o netos medios percibidos al mes (por 12 meses) por el trabajador, el llamado coste salarial de la empresa. Este es siempre menor que el coste laboral, que incluye las cotizaciones a la Seguridad Social y otras aportaciones tributarias, por ejemplo, las retenciones del impuesto de la renta (salario bruto).

Canarias paga a sus trabajadores un promedio de salario líquido de 1.952,5 euros al mes, el 81,2% de la media nacional, en 2.403,8 euros y 452 euros por encima del umbral reconocido para las islas, el mismo que otorga a Canarias el penúltimo lugar en la tabla de comunidades autónomas, como así también fuera en el último trimestre de 2025. Nada ha cambiado, por ahora.

Ese registro isleño, que es el penúltimo en el ranking por autonomías, quizá esté demasiado lejos del nivel máximo, logrado por la Comunidad de Madrid, con 3.033,1 euros al mes, e incluso del de Illes Balears, por encima de la media nacional con 2.420,4 euros.

Extremadura y Canarias se mantienen a la cola según los resultados de la medición de ese parámetro, que se traduce en el disponible que maneja el trabajador de su salario bruto. El archipiélago canario es la segunda peor región que paga a sus empleados, siempre en término medio; la segunda donde más barato resulta para el empresario la contratación de un trabajador, con un coste laboral medio de 2.716 euros al mes, solo algo mayor que el extremeño, y donde más barato es el coste de la hora efectiva de trabajo, con 14,7 euros.

Pese a esos resultados tan poco halagüeños según la comparativa autonómica, el coste salarial o la nómina ingresada al trabajador en Canarias, en término medio, ha subido en un año el 4,3% (dato interanual), un aumento relativo que es menor que el definido para toda España, en el 4,9%.

Desde el primer trimestre de 2020 (valor base 100) hasta el actual, el de 2026, el coste salarial se ha incrementado en las islas el 35,3%, siempre atendiendo a los registros servidos este martes por el INE. Esa es una subida superior a la media nacional, en el 26,3%.

Coste laboral de la empresa en Canarias

En lo que respecta al coste laboral de las empresas (el pago total de la empresa por un contrato de trabajo), hay que destacar que aumentó el 4,9% en el primer trimestre de 2026 en relación con el mismo periodo del año anterior en España, media país. Se situó en 3.278 euros por trabajador y mes. El coste salarial también creció en el último año al mismo ritmo, el 4,9%.

Según los resultados corregidos de calendario y desestacionalizados, el coste laboral por trabajador se incrementó algo menos, el 4,5% en tasa anual, por el 1,4% en tasa trimestral, también para todo el país. El coste salarial anual subió el 4,9% como media española, hasta 2.403,80 euros al mes, mientras que los otros costes empresariales de la contratación lo hicieron el 4,8%. Las cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social, principal componente del epígrafe de otros costes, se elevaron el 4,5%.

Por comunidades autónomas, Cantabria, País Vasco y Cataluña presentaron los mayores aumentos del coste laboral (el total de las empresas) este primer trimestre del año en tasa anual, mientras que Principado de Asturias, Illes Balears y Andalucía tuvieron los menores incrementos.

La ETCL tiene como objetivo esencial conocer la evolución del coste laboral medio por trabajador y mes, del coste laboral medio por hora efectiva de trabajo y del tiempo trabajado y no trabajado.

Además, es la fuente de información clave para la elaboración del Índice de Coste Laboral Armonizado, que forma parte de los euroindicadores de la Oficina de Estadística de la Unión Europea (Eurostat).

El tinto joven Brumas de Ayosa y el tinto noble (con barrica) Gallo 3 fueron los ganadores en esas dos modalidades del prestigioso Concurso de Vinos Villa de La Orotava, celebrado el jueves 11 de junio en su 42 edición.

Esta actividad tradicional siempre se desarrolla dentro del programa de celebraciones de la semana grande de las fiestas patronales orotavenses. La cita del concurso tuvo lugar en instalaciones del céntrico Liceo de Taoro.

El certamen insular contó una vez más con amplia participación, hasta 30 bodegas, muchas de ellas integradas en denominaciones de origen protegida (DOP) de la isla. Accedieron al concurso un centenar de muestras de vinos tintos de Tenerife. La cita fue todo un éxito de participación y organización.

Las catas preliminares tuvieron lugar el lunes 8 de junio, y las finales, el jueves 11, en el salón de actos del Liceo de Taoro. Este año el panel de cata, por tercera edición consecutiva, volvió a ser igualitario entre hombres y mujeres, con un total de veinte expertos y expertas que representaron a los diferentes sectores: técnicos, enólogos, bodegueros, sumilleres, consumidores y especialistas en análisis sensorial… Esta selección se encargó de valorar los vinos a concurso.

El panel de cata, entre otros, estuvo formado por Rafael Armas Benítez, enólogo de prestigio en Canarias y un histórico en esta convocatoria; Julián Albertos García, Luis Rumeo, también habituales; Nuria España e Iban Monreal, dos sumilleres del top 100 de España, y Carlos Herrera Cardero, sumiller del restaurante Taller de Seve, con una estrella Michelin, por citar algunos de ellos y ellas.

La organización de la actividad corrió a cargo de la Sociedad Liceo de Taoro, con el patrocinio principal del Ayuntamiento de la Villa de La Orotava y la empresa pública GMR, adscrita a la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias. La organización técnica estuvo al mando de la firma Bi-dueño, con la dirección, como en años anteriores, del enólogo Juan E. de Luis Bravo.

Los tipos de vinos que participaron con DOP fueron exclusivamente tintos de las denominaciones de origen de Tenerife y cosecheros de La Orotava, con las siguientes categorías: cosecheros de la Villa, tintos jóvenes y tintos nobles (con barrica) de las diferentes denominaciones de origen insulares.

El jueves, el mismo día que se celebró la Infraoctava del Corpus, tuvo lugar la lectura del acta con las distinciones y la entrega de los premios, junto con el tradicional almuerzo.

También se otorgó ese día la distinción Cordón Trenzado, con el objetivo de reconocer la labor realizada durante toda una vida por una persona que haya participado activamente en defensa del cordón trenzado y de los vinos del Valle orotavense. En esta ocasión, la distinción recayó en Ismael Hernández Marrero. 

Desde su regreso de Venezuela, allá por 1982, Ismael Hernández se ocupó de la finca de su padre, Toribio. A día de hoy, continúa con el cultivo de la viña en cordón trenzado y participa cada año en este concurso de vinos.

En esta edición, igual que en la pasada, la de 2025, hubo un premio especial al mejor vino elaborado con la variedad listán negro, en las modalidades listán negro joven y listán negro con barrica.

El Concurso de Vinos Villa de La Orotava ha sido uno de los embriones de lo que hoy se conoce como denominación de origen protegida Valle de La Orotava. Esta cita anual se ha consolidado como un encuentro insular en el que se mantiene y desarrolla el arraigo entre los bodegueros y cosecheros de la comarca orotavense y su interrelación con otros dentro de la isla de Tenerife.

Listado de ganadores en la edición de 2026:

-Tintos jóvenes o maceración carbónica:

1º Brumas de Ayosa

2º Pico Cho Marcial

3º Cumbres de Abona

-Tintos nobles (tintos con barrica):

1º Gallo 3

2º Gallo La Excepción

3º Tajinaste Tinto Volcánico

-Cosecheros tradicionales de La Orotava:

1º Domingo Juan Hernández Martín

2º David Hernández Pérez

3º Plácido Fernández González

-Premio especial al mejor listán tinto joven:

Cumbres de Abona

-Premio especial al mejor listán tinto barrica:

Tajinaste Tinto Volcánico

-Premio Cordón Trenzado:

Ismael Hernández Marrero

La historia se vuelve a repetir en muy poco tiempo y seguro que en el sector productor de plátano de Canarias están muy atentos a lo que sucede con el mercado peninsular y hasta preocupados. Se ha pasado de querer producir 600.000 toneladas de plátanos, la idea del actual presidente de Asprocan, José Carlos Rendón, a estar en 2025 por debajo de 400.000, 375.000 para ser más exactos.

¿Qué ha pasado? Pues que al cierre de 2025, la Asociación de Organizaciones de Productores de Plátanos (OPP) de Canarias (Asprocan), reconoció por primera vez que la fruta isleña, ahora con certificación de calidad IGP (indicación geográfica protegida), había cerrado ese ejercicio anual de comercialización en el mercado español (casi su único destino externo), el de la Península y Baleares, con una cuota de mercado del 49%, con el 51% restante para la banana, la fruta competidora y más barata que llega desde terceros países, tanto latinoamericanos como africanos.

Ahora, en el mes de junio de 2026, esa mala noticia no ha pasado a convertirse en buena o positiva, sino todo lo contrario: empeora el revés del año pasado. Según datos publicados por Asprocan en sus redes sociales el 10 de junio pasado, organización platanera que cita fuentes del operador Kantar, la banana ya copa el 53% del mercado peninsular-balear, al menos en los cinco primeros meses del año en curso (enero-mayo). Esto significa que el plátano de Canarias se queda en ese periodo de análisis con el 47% de la oferta, dos puntos menos que el registro también ofrecido por Kantar como balance de 2025.

Para la organización Asprocan, esa pérdida de volumen, de kilos vendidos en el casi exclusivo mercado donde Canarias vende su principal producto agrícola (si se excluye a las islas), responde a un descenso de la producción, un argumento también esgrimido cuando se confirmó al cierre de 2025 el dominio de la banana en España. Pero esta vez, a diferencia de lo reflejado sobre el dato de 2025, no solo se habla de la caída de la producción canaria, que es verdad, sino que el fenómeno se vincula a la prohibición por la Unión Europea (UE) del uso de determinados productos fitosanitarios necesarios para el control de plagas y otros problemas de sanidad vegetal.

Esas causas otras fuentes las completan con cuestiones muy distintas, pues dan muchísima importancia a la diferencia de precio de venta al público entre el plátano de las islas y la misma fruta importada, la conocida como banana. Llegados a este punto, conviene poner un ejemplo: según estadísticas de la red española de Mercas, en la semana 23 de este año, del 1 al 7 de junio, el precio promedio al por mayor de la banana (en amarillo) en esos establecimientos rondó el euro por kilo, por los 2,2 del plátano isleño (más 1,2 euros por kilo a favor del plátano). Canarias mandó la semana 23, seis millones de kilos a la Península, y ha previsto una cantidad similar para la 24, que termina el 14 de junio.

Pero es que luego esa misma fruta, ya en el lineal para su venta final al consumidor, en el primero de los casos, alcanzó un valor medio de 1,5 euros por kilo, por los hasta 3 euros del género con origen en Canarias. Para otros conocedores del mercado de esta fruta, aquí hay otro motivo notable del avance de la banana, una razón que consideran poderosa.

Siendo cierto que la producción platanera canaria ha descendido en lo que va de año respecto al mismo periodo de 2025, también lo es que la reducción de la oferta, de la fruta cortada y apta para expedir a la Península, solo llega a 11 millones de kilos (1.100 toneladas), según el cálculo de la semana 1 a la 23 de 2026, un descenso leve o poco significativo.

Ahora bien, lo peor quizá sea que, habiendo sido este invierno y parte de la primavera en este 2026 una etapa con precios en origen normalmente bajos para el cosechero local -el precio que este ingresa por su fruta, descontados todos los costes menos los de finca-, por debajo de los de 2025, muy inflados, e incluso peores que los de 2024, aún queda por delante, debido al retraso en los cortes de piñas por el duro invierno 2025-26, la producción más abundante, que va a coincidir, en gran parte, con los meses en que el plátano que se manda a la Península (el 90% del recolectado) solo genera pérdidas, esto casi siempre, a los agricultores isleños. Todo esto avanza un agosto muy delicado y es posible que hasta dramático ante la necesidad de pica (destrucción de fruta o retirada del mercado).

Uno de los operadores en la comercialización exterior del plátano de Canarias, la SAT Bonaoro, habla en su web de “mercado pesado”, o sea, del que empieza la caída. Así lo refleja en su sitio en internet: “Las ventas continúan pesadas y sin demasiado ritmo. Las altas temperaturas de las últimas semanas, unidas a la amplia oferta de fruta de temporada disponible en el mercado, están condicionando el consumo. A mayor variedad de fruta, mayor competencia en los puntos de venta; por el momento, la demanda no termina de responder con la intensidad necesaria. Seguimos, por tanto, en un escenario de mercado estable pero sin alegría, atentos a cómo evoluciona el consumo en las próximas semanas”.

Pero ¿qué pasa con lo que paga el comprador final? Pues que esa menor cotización en verde y al por mayor poco, escasamente, se traslada al precio final del consumidor de la fruta isleña. Y aquí, al menos para algunos, también hay un problema que retrae el consumo final y da alas a la banana.

La desventaja puede ser incluso mayor

Asprocan siempre opta por el análisis de la oferta de plátano-banana en España, sin contar a las islas Canarias (no hay banana), que le ofrece la agencia especializada Kantar. En 2025, esta confirmó lo peor, por primera vez para un año y según esos registros: la fruta canaria absorbió el 49% de todo el género que entró en la Península, con el 51% para la banana.

Canarias había pasado de tener blindado todo el mercado del plátano en España, hasta el 1 de julio de 1993 (puesta en marcha de la OCM del plátano), a ser menos en 2025 en ese mismo territorio que la banana. Y lo más dramático: hasta mayo de este año, esa situación se agrava pues la cuota de mercado del plátano de Canarias se reduce aún más, hasta el 47%, dos puntos menos que la del cierre del año precedente. Ahora la banana tiene el 53%.

Esa dinámica de mercado es justo la que se había podido observar con nitidez tras el estudio de las estadísticas de la Dirección General de Aduanas, dependiente del Gobierno central, que, a falta de registros más recientes, los del segundo trimestre de este año sí apuntan lo mismo e incluso peor que las cifras de Kantar para los cinco primeros meses del año.

Según el análisis apoyado en datos de Aduanas servido por el economista Juan S. Nuez, el más reciente posible, que es el del primer trimestre de 2026, la cuota de mercado de la banana en la Península estaba entre un mínimo del 51% y un máximo del 61%.

¿Cómo se explica la actual situación? A finales de marzo, Canarias había enviado a la Península 2.423 toneladas más que en 2025 (+2,6%), mientras que las bananas llegadas a España se habían incrementado en 24.141 toneladas (+26,6%). Las reexportaciones (de la Península a otros países), principalmente de plátano de Canarias hacia Portugal, crecieron en 1.100 toneladas (+5,4%). Con todo, la oferta disponible en la Península y Baleares fue 25.464 toneladas mayor (+15,6%).

El Gobierno de Canarias tiene un serio problema: se enfrenta al duro inconveniente que está relacionado con la gestión pública que ha hecho y viene haciendo de los recursos europeos destinados a las islas (en su mayoría para potenciar la transición ecológica y la energía limpia) con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), periodo 2021-26, un instrumento de apoyo financiero de la Unión Europea (UE) integrado en los fondos Next Generation, nacidos de forma excepcional por la crisis sanitaria de la covid y sus amplias consecuencias sectoriales, entre ellas la económica.

El problema se puede resumir en cifras de dinero público que puede ser devuelto a la UE o en el plazo límite inamovible para la justificación de las inversiones subsidiadas. Sobre lo primero, hay que decir que a los 55 millones de euros ya reintegrados hasta 2025 el propio Gobierno autonómico prevé unir 150 millones más, cantidad que indica que no se podrá gastar ni justificar a tiempo, antes del 31 de agosto de este año, esto según las proyecciones de los distintos departamentos informadas por la propia Consejería de Hacienda del Ejecutivo regional, con Matilde Asián, del PP, al frente de este departamento.

La suma de esas dos cantidades alcanza los 205 millones de euros, casi el 12% de la cifra total disponible para Canarias (1.727 millones). Esta probable pérdida de recursos, la por ahora medida por el Gobierno de Fernando Clavijo, la formación política Nueva Canarias (NC), en la oposición en el Parlamento de Canarias, la eleva hasta los 500 millones; esto es, cerca del 30% de los 1.727 millones disponibles para las islas. Sea un balance u otro, es innegable que el resultado deberá ser calificado de muy negativo.

El Gobierno de Canarias (CC y PP) confió, quizá más de la cuenta, en sus opciones de ampliar aquel plazo límite de justificación, el 31 de agosto de 2026, y lo cierto es que se ha dado de bruces contra la realidad impuesta por Bruselas, algo que se consideraba como muy probable.

Pese a los intentos del Ejecutivo autonómico (Fernando Clavijo y su vicepresidente, Manuel Domínguez, lo negociaron en Bruselas) de lograr con el apoyo del Gobierno español y sobre todo en el seno de la Comisión Europea la ampliación del plazo de justificación de las inversiones con cargo al MRR, al menos para los proyectos de transición energética y ecológica (donde se concentra el destino de esos fondos europeos aprobados para Canarias, con 531 millones del total de 1.727), nada se ha podido hacer y no hay ni un día más de gracia: el límite es inamovible y se mantiene en el 31 de agosto de 2026.

Así mismo lo subraya la Comisión Europea en su última comunicación oficial al respecto, publicada en el DOUE el 4 de mayo pasado (C/2026/2614) y también servida por el BOE. En esta comunicación, denominada Orientaciones para los Estados miembros sobre los aspectos operativos relacionados con la fase final y el cierre del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), quedan claras varias cuestiones de interés: primera, que la Comisión ya en una comunicación previa, esta publicada el 4 de junio de 2025 [hace un año] y titulada Next Generation EU-Camino a 2026, recordaba el marco jurídico aplicable y los plazos de interés para la fase final de ejecución del MRR.

Entonces, decía: “El reglamento del MRR establece que todos los hitos y objetivos para la aplicación de las reformas e inversiones deben haberse completado a más tardar el 31 de agosto de 2026”. A esta afirmación, desde ese momento inalterada, recientemente se ha unido la ratificación del mismo plazo límite para tener justificado el uso de todos los fondos del MRR en la UE, también en las islas.

Sobre esto, la más reciente comunicación de la Comisión respecto al MRR, señala: “Dado que los hitos y objetivos deben haberse completado a más tardar el 31 de agosto de 2026, no cabe que el Consejo adopte modificaciones de los planes de recuperación y resiliencia después de dicha fecha. Además, solo si la adopción se produjera antes del 31 de agosto de 2026, podría la Comisión evaluar las solicitudes de pago presentadas sobre la base de las decisiones de ejecución del Consejo revisadas y adoptar la decisión de pago correspondiente a tiempo para que el desembolso se efectuase a más tardar el 31 de diciembre de 2026, tal como se establece en el artículo 24, apartado 1, del Reglamento del MRR”.

Y prosigue, sin margen a las excepciones, como quería Canarias por su condición de región RUP, entre otros argumentos: “De conformidad con el artículo 20, apartado 5, letra d), del Reglamento del MRR, todos los hitos y objetivos deben haberse alcanzado a más tardar el 31 de agosto de 2026. Las medidas para garantizar el cumplimiento satisfactorio de los hitos y objetivos adoptadas por los Estados miembros después de esa fecha no pueden tenerse en cuenta a la hora de evaluar las solicitudes de pago”.

A su vez, recuerda que “todas las solicitudes de pago, incluidas las declaraciones de gestión, los resúmenes de las auditorías realizadas y todas las pruebas justificativas necesarias para su evaluación, deberán presentarse a la Comisión a más tardar el 30 de septiembre de 2026”.

Proyecciones de reintegros a la vista

La Comunidad Autónoma de Canarias ha tenido una asignación total de fondos del MRR de 1.727 millones de euros para el periodo 2021-26. De este caudal financiero, al cierre del ejercicio presupuestario de 2025, consumidos cinco años de los seis de ejecución, solo se había justificado el gasto del 55% de esos fondos europeos nacidos con la covid; esto es, 944 millones de euros.

El 42% restante, 728 millones, son los pendientes de consumir. Si a estos dos valores absolutos, el de 944 y 728 millones, se suma la cantidad de 55 millones, que es el dinero de la UE ya devuelto al Estado en 2025, se alcanza aquella primera cifra global: 1.727 millones de euros, solo para el archipiélago.

Pese a que el Ejecutivo autonómico ha reconocido que ya se ha reintegrado el 3% de los 1.727 millones de euros (55 millones) y que la previsión de sus consejerías es que sobrarán o no podrán ser ejecutados 150 millones más de los 728 disponibles este 2026, hasta el 31 de agosto próximo, lo cierto es que, si se tiene en cuenta el nivel medio de ejecución de esos fondos del MRR hasta el cierre de 2025 (del 55%), Canarias es posible que deje de gastar del MRR nada menos que 328 millones de euros, bastante más que los 205 millones por ahora previstos o posibles, según la Consejería de Hacienda.

Aquella otra proyección, la que se apoya en el nivel de ejecución del MRR al cierre de 2025 (55%), es bastante más alta que la cifra que resulta de sumar los 150 millones de euros de este 2026, los previstos, y los 55 ya reintegrados hasta 2025.

Pero aún hay valoraciones más negativas, como la que realiza NC, que coloca ese umbral final de devolución en torno a los 500 millones de euros, el 30% de la partida global aprobada para las islas (la de 1.727 millones de euros).

El Índice de Precios de Consumo (IPC) se incrementó el 0,1% mensual en mayo de este año en Canarias, lo que ha permitido que el indicador general en lo que va de año, en cinco meses, ya acumule una subida de precios del 1,4%, que alcanza el 3,2% si se mide para los últimos 12 meses, de junio de 2025 a mayo de 2026.

Esta última variable, el IPC anual, es peor que la lograda en abril pasado, entonces en el 3% anual y por debajo del valor nacional, que fue del 3,2%. Ahora bien, ya con la medición de mayo publicada, dato que ha difundido este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE), Canarias sube hasta igualar el indicador nacional, en el 3,2% también en mayo.

Esta evolución, con la incorporación de mayo, sitúa a las islas en el sexto peor puesto entre las 17 comunidades autónomas del país, aún a mucha distancia de la autonomía con peor IPC en mayo de este año, la de Madrid, con el 3,8%, y también lejos del mejor registro, el menos inflacionista, que benefició a Extremadura, con el 2,5%.

La marcha inflacionista de Canarias tiene que ver, en lo que concierne a su valor anual, el de los 12 últimos meses, con el comportamiento del transporte, sobre todo el aéreo, que experimenta un alza general del 9,6% anual. Luego están la restauración y la hostelería, con el 5,4%, y el grupo de seguros y servicios financieros, con el 4%.

Detrás de la dinámica de precios en el transporte sin duda se halla el conflicto bélico aún activado en Oriente Medio y sus consecuencias en los precios internacionales del crudo y el gas. El encarecimiento mundial de esos combustibles fósiles tiene efectos más críticos en Canarias por la dependencia extrema en las islas del transporte aéreo (también por su principal actividad económica, el turismo) y marítimo.

Como ya se ha señalado, la tasa de variación anual del IPC en el mes de mayo de 2026 se situó en el 3,2% en España, el mismo registro que en abril pasado y con una tasa anual de inflación subyacente (sin contabilizar la energía ni los productos frescos) que aumentó dos décimas, hasta el 3%. La variación mensual del índice general en España fue del 0,1%, como también se dio en Canarias.

Según el análisis del INE para todo el país, los grupos que más destacaron por su influencia positiva (aportaron más inflación) en la tasa anual fueron: las actividades recreativas, deporte y cultura, con una tasa anual del 2,6%, casi dos puntos por encima de la de mayo y un aumento debido principalmente a los precios de los paquetes turísticos (estos bajaron menos que en mayo de 2025); el transporte, cuya variación anual subió casi un punto, hasta el 7,4%, un alza que se explica sobre todo por el incremento de los precios del transporte de pasajeros por vía aérea frente a la bajada en el mismo mes del año anterior.

Los grupos que menos contribuyeron al incremento general de los precios fueron en España el vestido y calzado, con tasa anual del menos 1,1%, dos puntos y medio por debajo de la del mes anterior, y los alimentos y bebidas no alcohólicas, con el 2,2%, cuatro décimas por debajo de la del mes anterior.

El Gobierno de Canarias prevé en su Plan Presupuestario a Medio Plazo 2027-29 (PPMP) una reducción de inversiones (capítulos 6 y 7) de casi 700 millones de euros en las cuentas del año próximo. Ese plan plurianual, aprobado en Consejo de Gobierno el 24 de abril pasado, aminora el gasto total no financiero en 309 millones de euros en 2027, pero, en ese año electoral, mientras que el gasto corriente sube en 375 millones (3,5%), las operaciones de capital bajan en 684 millones (32,4%). Pero luego está que el capítulo de personal (1) se eleva en 412 millones (8,1%), pese al recorte general del 2,5% respecto al presupuesto inicial de 2026.

En el PPMP 2027-2029 de Canarias, se prevé para 2027, el año que viene, un gasto no financiero (la suma de los capítulos del 1 al 7) inferior en 309,1 millones de euros (menos 2,5%) al presupuesto inicial de este año, 2026.

Si se estudian todos los PPMP aprobados desde 2021 (el que hace la primera estimación para el año 2022, es decir, el año n+1), se observa que siempre el gasto no financiero había crecido, al menos para el año n+1, algo que en 2027 no se espera, según lo descrito en el PPMP más reciente, el señalado.

Pero además hay que destacar que en el PPMP 2027-2029, aprobado a pesar de reducir el gasto no financiero en 309,1 millones de euros (2,5%), el gasto corriente sí aumenta en 375,2 millones (+3,5%), pero lo que se reduce sobremanera son las operaciones de capital, en 684,3 millones (-32,4%) sobre lo contemplado en el presupuesto inicial de 2026 para esos mismos capítulos (6 y 7). Pero, ojo, el capítulo I de personal aumenta en 2027, año electoral, nada menos que 412,4 millones de euros (+8,1%) en un presupuesto general no financiero que se estrecha el 2,5% (309,1 millones).

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, en una respuesta reciente al portavoz de Nueva Canarias (NC) en el Parlamento autonómico, Luis Campos, indicó que esa reducción de 684 millones de euros en inversiones se debía a que en 2027 ya no existirán los fondos europeos del Next Generation y su Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), algo que es cierto pues este régimen especial de subvenciones de la UE muere a finales de agosto de 2026. Así es, pero también es verdad que para sostener esa caída nada se hace con la asignación de fondos propios de la Comunidad Autónoma de Canarias

En el PPMP 2027-2029, además se reconoce, como ya hacía el Plan Económico Financiero (PEF) presentado ante la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que se incumpliría en 2025 la regla de gasto, como así mismo ya ha sido reconocido por el propio Ministerio de Hacienda estos días (algo previamente confirmado para el año 2024).

Del PPMP 2027-29 se desprendía que el exceso de gasto computable reconocido sería de 158,9 millones en 2025, lo que implicaba un aumento del gasto computable del 4,8%, con la tasa autorizada para ese ejercicio en el 3,2% (1,6 puntos porcentuales más).

Por su parte, la AIReF, en su Informe 29/26, de seguimiento del PFEMP 2025-2028, con previsiones de medio plazo de la comunidad autónoma de Canarias (CAC) y publicado el 14 de mayo de 2026, elevaba el incremento del gasto computable para el año 2025 al 8%, muy por encima del límite autorizado del 3,2%.

Al final no acertaron ni unos ni otros, pues el Ministerio de Hacienda ha establecido el gasto computable en el 9,1% (566 millones de euros que habrá que recortar entre 2026 y 2027).

No hay, por ahora, ningún informe de la AIReF sobre los presupuestos canarios elaborados por el Gobierno de CC-PP (2024, 2025 y 2026), o previstos en aquel PPMP (2027-29) de la Autoridad Independiente, en que se cumpla con la regla de gasto. La pregunta que se plantea NC es entonces: “¿Se ha declarado el Gobierno de CC y PP en insumisión respecto a lo establecido en el artículo 12 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en vigor?”.

Como el Ministerio de Hacienda esta semana ya confirmó al alza la previsión de la AIReF para el año 2025 sobre la regla de gasto, con el incremento hasta el 9,1% (lejos del 3,2% de referencia), el Gobierno de Fernando Clavijo deberá elaborar ahora otro Plan de Ajuste, el segundo en lo que va de legislatura, para reducir ese exceso de gasto en los presupuestos de 2026 y 2027 (566 millones por 2025 más 445 por 2024).

La organización profesional agraria Palca-Unión de Uniones y la sociedad cooperativa de primer grado Agusa, ambas con implantación en La Palma, han salido victoriosas en la disputa que mantenían con el Cabildo insular, controlado por Coalición Canaria (CC) y con Sergio Rodríguez como presidente, en busca de la subsanación de la que consideraban una enorme injusticia: el abono de un complemento a la ayuda por pérdida de renta vinculada al volcán de la campaña 2022-23 (una parte, la principal, ya se había entregado desde la Consejería de Agricultura canaria en 2024) solo a potenciales beneficiarios productores de los municipios más directamente afectados (cinco) por la erupción del Tajogaite de septiembre de 2021. Para ello se dispuso de 6,5 millones de euros, cantidad transferida desde la Consejería de Presidencia, con Nieves Lady Barreto, de CC y secretaria insular del partido en La Palma, como consejera.

Esa decisión administrativa entonces nada gustó a Palca y Agusa, que la consideraron injusta. Por ello, en su día, presentaron sendos recursos de alzada a la resolución del Cabildo de La Palma que las regulaba. Estas dos mismas entidades no entendían cómo solo se iba a repartir, y así se hizo, el complemento de la ayuda por pérdida de renta a plataneros de cinco términos municipales, los elegidos inicialmente y sin duda los más afectados: los tres del Valle de Aridane (El Paso, Los Llanos de Aridane y Tazacorte) más los limítrofes al norte, Tijarafe, y al sur, Fuencaliente.

De solo cinco municipios a 14

De los 14 municipios existentes en la isla, entonces se decidió dejar fuera, en ese trámite de ayudas del llamado complemento de 2022-23, a nueve. Ahora, tras haberse presentado al menos esos dos recursos de alzada y después de las gestiones esenciales y silenciosas de las citadas organizaciones, la ayuda complementaria (fondos trasladados desde el erario autonómico pero con gestión del Cabildo) a la de pérdida de renta en la campaña 2022-23 (abono realizado desde la Comunidad Autónoma) por efecto del volcán también llegará al agricultor que cumpla las condiciones de beneficiario en el resto de los nueve municipios; o sea, que pasará de ser parcial, para cinco municipios, a integral, para toda la isla. La disputa entre la administración insular y los reclamantes tiene un claro ganador: el resto de afectados plataneros por el volcán en toda la isla que previamente habían sido excluidos de la convocatoria cabildicia.

La solución adoptada por el Cabildo, la de ampliar el subsidio a posibles beneficiarios en toda la isla, ya ha sido comunicada por instancias de la propia Corporación insular y además el presidente Sergio Rodríguez avanzó esta postura en el pleno más reciente, del de este lunes, tras pregunta del grupo socialista.

Sergio Rodríguez da por buena la ampliación

La ayuda para el complemento de la pérdida de renta por las consecuencias del volcán con cargo a la campaña 2022-23, la parte ya entregada por el Cabildo de La Palma a productores plataneros de los primeros cinco municipios, supuso el desembolso de 6,5 millones de euros, algo que se consagró en diciembre del año pasado.

Esos fondos provenían del Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, y el objetivo principal de tales recursos públicos transferidos al Cabildo era (y ahora es con la aportación de más dinero público) completar las cantidades previamente entregadas por una orden de resolución de la Consejería de Agricultura del Ejecutivo autonómico (de abril de 2024) que solo subvencionaba fincas bajo la lava o con resiembras.

Este nuevo apoyo del Cabildo buscaba compensar a aquellos agricultores que sufrieron pérdidas de producción o renta debido a factores indirectos, problemas de acceso a las fincas, falta de riego o a quienes decidieron mantener sus plantas sin recurrir a la resiembra, la fracción de apoyo o complemento que ahora se amplía a toda la isla.

Canarias encabeza otra vez una clasificación en España con repercusión negativa en la calidad de vida de la ciudadanía. Ahora se trata del precio medio de venta en las islas de una vivienda nueva, que en los últimos 12 meses ha experimentado un encarecimiento promedio del 12%, nada menos que casi tres puntos relativos por encima de la misma variable a escala nacional, en el 9,1%.

Solo se acercan al indicador publicado para Canarias las comunidades autónomas de Aragón y Asturias, con variables, en ambos casos, en el 11,6%. Baleares ofrece el registro más bajo, del 2,5% anual.

La fuerte subida en el precio anual de la vivienda nueva en Canarias se produce principalmente por lo ocurrido en el primer trimestre de este año, en el tránsito de los tres últimos meses de 2025 a enero-marzo de 2026. Este dato trimestral (que coincide con el de lo que va de año) refleja, solo en tres meses, un subidón del 10%, por el 12% anual, este en el periodo de abril de 2025 a marzo de 2026.

Atendiendo a las estadísticas publicadas este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), las del Índice de Precios de Vivienda (IPV), base 2015, los mayores aumentos de precios en las viviendas, en este caso sin diferenciar la nueva de la de segunda mano, se produjeron en Aragón y Región de Murcia (15,6% ambas) y en Castilla y León y la ciudad autónoma de Ceuta (14,9% ambas). 

En cambio, los menores se localizaron en Cataluña y Comunidad Foral de Navarra (10,5% ambas) y País Vasco (10,3%).

Los precios medios de la vivienda presentaron tasas anuales positivas, encarecimientos, en todas las comunidades y ciudades autónomas españolas en el primer trimestre de 2026, los datos oficiales publicados más recientes.

La de segunda mano, a otro ritmo en las islas

En Canarias, la vivienda de segunda mano se ha encarecido el 10,6% anual, menos que la vivienda nueva y un alza inferior al promedio nacional, en el 13,5% y también para los últimos 12 meses. El análisis conjunto del precio de la vivienda en el archipiélago; esto es, sin contemplar la diferencia entre la nueva y la usada, concede a las islas un incremento promedio anual del 10,7%, por el 12,9% nacional.

En España, como ya se ha indicado, la tasa de variación anual del Índice de Precios de Vivienda (nueva y usada) se situó en el 12,9%, con una variación anual de la vivienda nueva del 9,1%, por el 13,5% de la de segunda mano. A escala nacional, los precios de la vivienda subieron el 3,5% respecto al trimestre anterior, el de octubre-diciembre de 2025.

El Índice de Precios de Vivienda, con base 100 en 2025, no se movió en España respecto al trimestre anterior pues se mantuvo en el 12,9% en el primer trimestre de 2026 (nueva y usada). Ahora bien, según el tipo de vivienda, la tasa anual de la nueva se redujo en 2,1 puntos porcentuales, hasta el 9,1%.

La variación del precio de la vivienda de segunda mano alcanzó el 13,5% anual, con un alza de 0,4 puntos respecto al registro del trimestre anterior, en ambos casos según el análisis para todo el país.

Por tipo de vivienda, tanto los precios de la vivienda nueva como los de la vivienda de segunda mano en España aumentaron el 3,5% en el primer trimestre de 2026 respecto al cuarto de 2025.

Óscar Liam es galletero, periodista y escritor de la novela Las Galletas. Estudió su carrera en Madrid, pero sigue ligado a su pueblo de siempre, el aronero de Las Galletas, en el sur de la isla de Tenerife. Óscar Liam Torres Rogan nació en 1995 y hoy su dedicación principal es la escritura y el trabajo en el bar familiar sito en ese lugar, tan distinto ahora a lo que casi nada era cuando su abuela Elva recaló allí, tras salir del barrio norteño de La Montaña, en Los Realejos (también en Tenerife). Ella era muy joven y partieron en busca de una mejor vida entonces ligada al trabajo en el cultivo del tomate. Otros tiempos aquellos.

Este escritor ha publicado este año Las Galletas, en la editorial Plasson & Bartleboom (2026), su primera novela tras antes tener una aportación literaria en Te pondrán flores en el estómago, nuevos flujos de literatura canaria (Ediciones La Palma, 2024). Ahora, aún en fase de promoción de ese trabajo, que está siendo muy leído y valorado, tiene algunas citas por delante: la firma de ejemplares en la Feria del Libro de Madrid, el 11 de junio próximo, y la presentación de esa novela en el Teatro Leal de La Laguna, el 19 de junio.

Óscar Liam no tiene formación literaria, reconoce. ''Soy periodista y me gusta leer y escribir'', apunta. Con esto, y seguro más cosas, le ha bastado para rematar esa viva novela, en la que la protagonista es su abuela Elva, también su pueblo: Las Galletas (municipio de Arona), y mucho más.

El autor indica que sigue conviviendo con mi abuela en Las Galletas. ''Hoy todavía sigue existiendo ese pueblo, que yo asocio a ella porque sigue viva y formando para de esa comunidad. Lo que [de él] menos valoro es la pérdida de identidad y la falta de interés por intentar entender de dónde venimos. Lo más importante es que los pocos que quedamos del pueblo, desde hace unos años una gran minoría, seguimos conociéndonos y en gran parte haciendo vida común“, dice.

En Las Galletas el alma del libro es su abuela Elva, a la que convierte en protagonista principal de principio a fin. Ella cuenta su vida y lo que pasa en su entorno más próximo e influyente, y así se dibuja el durante de su existencia, que viene a ser parcialmente equivalente a la historia de ese pueblo del sur de Tenerife y en parte de la isla. En la novela sobre todo se subraya la parte humana: la dignidad personal ante el objetivo de escapar de la pobreza con trabajo honrado, mucha lealtad y atención familiar. ¿Cómo se construyó en el libro esa secuencia de historias, dichos, realidades y ficciones desde la escucha?

La idea surgió lejos de casa, cuando aún vivía en Madrid. Extrañaba mi tierra y aunque parezca ilógico la distancia te acerca a tus raíces. Estaba en busca de mi identidad, fueron las primeras tomas de conciencia política y mis primeros acercamientos a la literatura. Mi abuela siempre nos había contado cuentos desde que éramos muy pequeños ya fuese por su naturaleza o para hacer que los nietos nos dejásemos dormir. Uno de sus cuentos me resultó familiar en una novela de García Márquez y ahí empecé a hilar, a pensar en todas las historias que yo me sabía de memoria y me di cuenta de que había un buen material para hacer literatura.

En estas historias de la abuela, la vida de la protagonista, fuente de todos los relatos y hazañas seleccionados, encaja entre dos polos o muros: el norte, continuamente rememorado y añorado por doña Elva, y el sur, un espacio que al principio fue desolación y luego esperanza y futuro. ¿Usted se empeña en subrayar ese viaje y sus huellas emocionales, una migración interior que no deja de ser la huida de la pobreza a otra pobreza con atisbo de algo mejor? ¿Qué valor literario halla en esos márgenes, muy presentes en todos los relatos?

Se ha trabajado mucho el tema de las personas que salieron de las islas hacia Cuba y Venezuela, una parte muy importante de nuestra historia, pero parece que se le había dado menos atención a la inmigración interinsular. Ahora parece una simple mudanza pero en aquellos años era casi como cambiarte de país. El sur de la isla casi lo poblaron los gomeros y las gentes del norte de Tenerife; hacía falta mucha mano de obra para trabajar los campos.

En mi cabeza tenía un valor literario muy fuerte también por el paisaje. Las imágenes de esos años las tengo grabadas fuertemente aunque yo no viví esos años. Es tanto tiempo imaginándolo que ya lo tengo como un espacio más. Mi escritura se basa mucho en el territorio aunque no de una forma excesivamente descriptiva de forma directa. A través de conversaciones o sucesos de los personajes sí que se presenta una visión del lugar.

¿Cuánto hay en el libro de realidad expresada y volcada al papel sin más, pureza, y cuánto de ficción, de ajuste, de arreglos del autor?

El libro sale de una realidad, de las historias que me contó mi abuela, pero en el momento que yo decidí escribir el libro ya pasó a convertirse en ficción. Si mi abuela escuchara alguno de los capítulos seguramente me corregiría nombres, lugares, fallecimientos, orden de las historias, pero yo las lleve a la ficción según mi interés literario. En resumen, el origen es real, el final es ficción.

¿Cómo ha sido ese proceso literario de confluencia y qué dificultades usted ha podido encontrar en mantener la escritura según el habla popular, el de la abuela, que es jerga pura, localismo, y en la que solo asoma el autor, el nieto, en contadas ocasiones y por invitación de la voz principal? Así se deja ver, aparece en escena, ¿quizá para remarcar que todo empezó siendo un diálogo luego convertido en monólogo?

Quise darle importancia a las historias, no quería convertirlo en una entrevista, en un pregunta y responde por parte de la narradora. Esto me permitió darle al lector el lugar donde se sienta el nieto, darle la silla que está enfrente de la abuela y que escuche lo que tiene que contar. Escribir en segunda persona muchas veces es complejo, pero utilizando ese recuerdo de entrevista me divirtió mucho.

El lenguaje oral salió solo, en cuanto decidí escribir historias que me había contado mi abuela en el papel apareció directamente su voz. Hasta ese momento no fui consciente de lo interiorizada que tenía su forma de hablar en mi cabeza. También porque son palabras que usamos en mi casa, nada es forzado, no es querer escribir un libro en canario para agradar, es mi forma de hablar, es algo natural.

¿Cuál cree que es la razón de la magua que doña Elva tiene con el norte, con La Montaña (barrio de Los Realejos donde vivió su infancia), que dejó atrás y que tanto añora y tan presente está en sus recuerdos de Las Galletas de las tomateras?

Una de las frases del libro es “una es de donde nace, y eso es pa’ siempre”, creo que podría contestar directamente la pregunta. Ese sentimiento de magua que la narradora muestra en todo el libro lo veo reflejado en muchas lectoras y lectores que me han escrito estando fuera. Viven fuera del archipiélago muchas veces forzados por la situación que vivimos en Canarias, directamente han sido expulsados y han tenido que salir a buscarse la vida fuera. La magua siempre existe cuando tienes que dejar tu casa.

¿Cuándo decide que en la memoria recogida de su abuela, en todas esas historias, hay un libro y por qué se plantea servirlo como una secuencia de historias casi puras, con brevedad (son lecturas cortas sin continuidad forzada entre ellas), aportando ritmo y mucha frescura y sencillez?

Todo empezó como relatos sueltos que subía a redes sociales, los acompañaba de una foto antigua de mi familia o paisajes similares a los que contaba la historia. A la gente le empezó a gustar y lo compartía. Junté una decena y les iba dando cada vez más forma, ya no era solo por publicar en redes. Vi que había un proyecto que tenía valor.

Mi editor, Dimas Prychyslyy, tuvo buen ojo y la primera vez que me escuchó leer un de los capítulos se quedó con ello en mente hasta que pudo publicarlo. Siempre estaré agradecido por todo lo que me ayudó y me sigue ayudando.

¿Qué lección sacó usted de todo el proceso: primero, de la escucha, y segundo, del volcado de toda esa oralidad servida quizá en la acera o ante mesa y hule? ¿Qué mensajes le gustaría que quedaran tras la lectura?

El de la escucha es algo completamente normal para mí. Yo no me siento a entrevistar a mi abuela ni a preguntarle cosas para escribir un libro. Yo convivo con ella, comparto todos los días con ella porque es mi vida entera. Desayunamos y almorzamos juntos. Creo que esa conexión tan fuerte me ayudó a grabar esa oralidad a la hora de escribir. Ella me enseño todo.

El mensaje es la novela y la novela ya es de las lectoras y los lectores. Cada uno saca su propia lectura y a veces con comentarios que me hacen sobre el libro me dejan a mí también reflexionando, eso es muy bonito.

Ahora, tras este primer libro, Las Galletas, una publicación que está siendo muy leída y valorada, qué ve adelante o qué le gustaría hacer o ya prepara como actividad de escritor. ¿Hay algo en mente o toca reposo?

Cuando mi trabajo y la promoción de Las Galletas me lo permiten, sigo escribiendo para una futura novela.

Uno nunca deja de escribir. A veces hay más tiempo para sentarte y a veces ni para respirar. Escribiré más libros, seguro, pero no concibo eso de sacar una novela al año, me parece imposible, yo no vivo de esto, la mayoría de mi tiempo se lo lleva el trabajo del que como. El libro salió hace cuatro meses y durante este tiempo no he parado con la promoción. Tiempo al tiempo.

Representantes de las organizaciones Asaga, Asinca, Asocan, Asprocan, COAG, Fedex, Palca, Tropican y UPA, todas con vinculación canaria en actividades de producción local, transformación e importación con ayudas del REA (mecanismo de apoyo que pertenece al Posei), han reafirmado en una reunión reciente la necesidad de que el programa comunitario Posei, con ficha financiera total de 268,4 millones de euros anuales (141,1 millones van al cultivo del plátano) continúe siendo un mecanismo autónomo, con financiación europea específica y suficiente para las islas, y plenamente vinculado al reconocimiento de Canarias como región ultraperiférica (RUP).

Esta defensa integrada y sin fisuras de ese programa comunitario, en su versión actual, la vigente en 2021-27 (esta ficha financiera ya salvó un recorte propuesto por la Comisión Europea del 3,9%) pero con adaptaciones presupuestarias al alza, si fuera posible, responde a que hay una propuesta de la Comisión Europea para que en el nuevo septenio presupuestario de la Unión Europea (UE), el de 2028-34, ahora en fase de negociación, los Posei, entre ellos el canario, pasen a formar parte de los planes nacionales de los Estados miembros.

Esa posibilidad ha generado una profunda preocupación en los sectores agrario y agroindustrial de las islas, ya que, según se recoge en una nota de prensa conjunta de las mencionadas entidades, “pone en riesgo la singularidad del programa y debilita las garantías esenciales para compensar las desventajas estructurales derivadas de la ultraperiferia”.

El consenso alcanzado entre las citadas organizaciones profesionales agrarias y patronales subraya que “el mantenimiento de un Posei independiente, dotado de un refuerzo presupuestario que refleje la evolución de los costes de producción [con mejora de la ficha financiera] y las necesidades reales del sector, es fundamental para asegurar la viabilidad de la actividad agraria y agroindustrial de Canarias”. Esta postura, aseguran, “se fundamenta en el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la UE, que reconoce la realidad específica de las regiones ultraperiféricas y establece la obligación de adoptar medidas adaptadas a sus singularidades”.

Además, plantean que la defensa del actual Posei “adquiere especial urgencia en un momento en que las instituciones europeas negocian el Marco Financiero Plurianual 2028-2034. Las presiones sobre el presupuesto agrícola comunitario, combinadas con tendencias hacia la renacionalización de determinadas políticas de cohesión, hacen de esta reunión [sectorial] un hito especialmente relevante para el futuro del campo canario”.

Desde su puesta en marcha, el Posei comunitario, más el llamado Posei adicional (ayudas de Estado que suman al año unos 30 millones de euros), ha permitido compensar parcialmente los sobrecostes que soportan los agricultores y la agroindustria canaria frente a sus competidores continentales.

Solo en Canarias, el programa financia anualmente ayudas directas a los productos agrícolas y ganaderos, así como el Régimen Específico de Abastecimiento (REA) de materias primas y productos transformados [unos 62 millones de euros al año, en estos momentos, pero con un máximo posible de 72,7 millones], lo que explica la presencia de Asinca, entre otros. “Su desaparición o dilución en un esquema nacional supondría trasladar al productor canario costes de producción que el territorio impone de forma estructural e irreversible”, se señala en la nota.

Pedro Sánchez y el ministro canario en Madrid

Como resultado de la citada reunión, las organizaciones acordaron impulsar una serie de actuaciones dirigidas tanto a las administraciones públicas como a la sociedad canaria, que son:

-Solicitud urgente de reunión con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y con el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, con el fin de alinear una postura común en defensa de los intereses de Canarias ante las instituciones europeas.

-Puesta en marcha de acciones de movilización y sensibilización social sobre la importancia estratégica del Posei para la economía, el empleo, la sostenibilidad y la soberanía alimentaria de las islas.

-Articulación de una estrategia conjunta que garantice la preservación del estatus diferencial de las RUP en el próximo Marco Financiero Plurianual de la UE.

Los representantes del sector además hicieron un llamamiento a la unidad de las instituciones, organizaciones económicas y sociales y del conjunto de la ciudadanía canaria. A su vez, reiteraron su compromiso “de trabajar de forma coordinada para defender un instrumento que consideran esencial para el futuro del sector primario, de la industria agroalimentaria y del desarrollo equilibrado del archipiélago”, según se indica en el comunicado.

La Comunidad Autónoma de Canarias (CAC) vuelve a incumplir, por segundo año consecutivo tras la reactivación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria el 1 de enero de 2024 (su aplicación se suspendió durante la covid), la regla de gasto presupuestario: al año confirmado de 2024 ahora se une, también como ejercicio confirmado, el de 2025. El aumento del gasto computable en 2025 ha sido del 9,1%, cuando el nivel autorizado estaba en el 3,2%. El desfase ha sido nada menos que de casi seis puntos porcentuales.

Esa afirmación sobre el año 2025 la avala el primer Informe sobre el cumplimiento de las reglas fiscales del ejercicio 2025, publicado por el Ministerio de Hacienda este 2 de junio. En él se recoge que Canarias es la segunda autonomía con mayor aumento del gasto computable en el año de referencia y además está muy por encima de la media de las comunidades autónomas del país, en el 5,6% (Canarias alcanzó el 9,1% en 2025).

El Gobierno de Canarias, de CC y PP, con la popular Matilde Asián como consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea (UE), ahora debe presentar al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) un Plan de Ajuste a aplicar en los presupuestos de 2026, el vigente, y en el futuro de 2027. Esto supondrá eliminar 566 millones de euros en gastos para compensar el exceso computable en 2025.

El nuevo Plan de Ajuste se suma al ya presentado, el de 2024, aunque aún no aprobado por el CPFF, este con importe de 445 millones de euros. Este último se debe activar en 2026 y corresponde al incumplimiento de la regla de gasto en 2024.

Tras conocerse esta noticia, el grupo parlamentario de Nueva Canarias (NC) ha subrayado que “la mala gestión presupuestaria del Gobierno de Clavijo obliga a hacer una reducción del gasto [en los presupuestos canarios de 2026 y los aún no aprobados de 2027] de 1.011 millones de euros” en dos años. Ello afectará “a los servicios públicos, al apoyo a las familias y a los sectores productivos”, sostiene la misma formación política.

NC considera que se trata del “evidente fracaso en la gestión de los recursos públicos del Gobierno de CC y PP, que, tras de dejar de gastar 1.289 millones en 2024 y 1.051 millones en 2025 del dinero presupuestado, además incumple la regla gasto esos dos años, lo que obliga a reducir el gasto en 1.011 millones entre 2026 y 2027”, exponen.

El informe ya reseñado del Ministerio de Hacienda empeora la previsión que hacía la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) acerca del aumento del gasto computable en su último informe (daba el 8%), el número 29/2026 y sobre previsiones de medio plazo de la CAC. Se publicó el pasado 14 de mayo. En ese informe, la AIReF ya avisa de que la CAC también incumplirá la regla de gasto este ejercicio, el de 2026, así como los de 2027 y 2028.

Tras el análisis de los sucesivos informes de la AIReF, los publicados desde 2024, se puede concluir que “el cumplimiento de la regla de gasto no forma parte clara de la política presupuestaria del Gobierno de Canarias, aun cuando no hay duda de que está en vigor la aplicación del artículo 12 de la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera”, remarca NC.

Canarias se da de bruces con el turismo extranjero en abril de 2026, lo que tiene algunas de sus explicaciones en el cierre más prematuro de la temporada alta y en la celebración de la Semana Santa este año con inicio a finales del mes de abril, antes que el año pasado.

Esas dos razones han influido en el resultado registrado en abril, pero por sí solas (además hay que analizar el impacto de la guerra en Oriente Medio) no explican el elevado descenso en las llegadas de extranjeros a las islas en ese mes, una caída porcentual del 8,3% interanual, algo inédito, se puede decir, desde el repunte continuo de la actividad tras la salida progresiva de la pandemia de la COVID, a partir de la segunda mitad de 2022.

Según los registros servidos este martes por Frontur y el INE, el archipiélago recibió en abril pasado 1,214 millones de visitantes internacionales, el 8,3% menos que en el mismo mes de 2025 y 5,7 millones desde enero hasta ese mes de referencia, con subida del 0,2% y mejor cifra por comunidades en toda España para la suma de los cuatro primeros meses del año.

En todo el país, se atendieron a 9,1 millones de turistas internacionales en abril pasado, el 5,2% (-8,3% en Canarias) más que en el mismo mes de 2025. En los cuatro primeros meses de 2026, el número de turistas aumentó el 3,4% (+0,2%, registro de las islas), con una cifra absoluta que rozó los 26,6 millones de visitantes.

Reino Unido vuelve a ser, lo que ya es un clásico, el principal país de residencia de esos turistas, con casi 1,7 millones de personas recibidas y un alza del 2,7% respecto al mismo mes de 2025. De Francia llegaron 1,3 millones (el 5,1% más), y de Alemania, 1,2 millones (el 9,1% menos). Esto como datos del país.

Ahora bien, el primero y el tercero de ese trío de países representan los mayores flujos activados en Canarias, con los británicos en la posición de liderazgo.

En abril pasado, Cataluña fue el primer destino principal de turistas extranjeros, con el 20,8% del total español. Le siguen Andalucía (16,5%) e Illes Balears (15,2%). A Cataluña llegó el 7,7% más de turistas que en abril de 2025, mientras que los visitantes a Andalucía fueron el 6,9% más, y a Illes Balears, el 1,4% de mejora. Canarias ocupó el quinto puesto en este ranking, con los 1,2 millones recibidos.

En el acumulado de los cuatro primeros meses de 2026, las comunidades autónomas que más turistas extranjeros recibieron fueron Canarias (5,7 millones de personas y un aumento del 0,2% respecto al mismo periodo de 2025, como primera región y en su temporada alta), Cataluña (5,4 y el 0,8%) y Andalucía (4,2 y el 6,3%).

El gasto turístico también se resiente

Como consecuencia de la caída en las llegadas de turistas extranjeros en abril de 2026, el gasto turístico total (variable que no equivale a los ingresos obtenidos por este negocio en Canarias) del mes ha disminuido el 6,8%, con 1.796 millones de euros en ese periodo, según los registros ofrecidos por el INE este martes de la encuesta Egatur.

Las razones de este descenso, también inédito en el bum turístico activado desde mitad de 2022, tienen que ver con la caída en las visitas en abril y con la reducción de la estancia media en el mismo mes, que baja a ocho días.

Aun así, Canarias, en los cuatro primeros meses de 2026, es la comunidad autónoma con mayor gasto acumulado en España (el 23,8% nacional y 8.735 millones de euros), seguida de Cataluña (17,7%) y de Comunidad de Madrid (16,3%).

Canarias suma su tercer mes de cinco este 2026 con caída del paro total registrado, según los datos servidos este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Ya lo consiguió en febrero y abril del año en curso, aunque también ha habido dos meses con crecimiento del desempleo: enero y marzo del mismo año.

Ahora, este mes de mayo aporta otro registro positivo en las islas, lo que se consigue en exclusiva a la creación neta de empleo: el incremento del número de afiliaciones a la Seguridad Social en el periodo de análisis. Hay 1.076 cotizantes más respecto al mes precedente, el 0,11% de aumento mensual, lo que permite llegar a una cifra global de 963.972 afiliados a la Seguridad Social en Canarias. Esta cifra se halla aún lejos del indicador récord histórico, de diciembre de 2025 con 967.275 cotizantes.

La reducción del número de parados en mayo se produce por la creación neta de empleo, con 1.076 afiliados más, y pese a que el número de activos crece; esto es, las personas que conforman la lista oficial de demandantes de un puesto de trabajo. Hay 313 activos más en mayo, lo que explica la disminución del paro en menos personas: 763 (menos 0,52% mensual), valor absoluto que es la diferencia entre ambas variables.

En abril pasado, el desempleo total en Canarias también cayó, pero algo más, en 1.138 efectivos. El descenso interanual del paro fue del 4,98%, con 7.573 personas menos en el cálculo de 12 meses respecto a mayo de 2025. Así, el número de desempleados quedó en 144.598 en las islas, por debajo de la cota 145.000, un registro no visto desde diciembre de 2007.

En la provincia de Las Palmas, el paro registrado bajó en mayo en 397 personas, el 0,53%, en términos mensuales, con 4.541 personas, el 5,75 % menos, en términos interanuales. En Santa Cruz de Tenerife, los parados llegaron a 70.150 personas al término de mayo, tras descender en 366, el 0,52%, respecto a abril y el 3.032 anual, el 4,14% en relación con mayo de 2025.

Por sectores de actividad, la agricultura aglutinó en mayo en Canarias 2.329 parados; la industria, 5.290; la construcción, 11.632; los servicios, 114.583, y el colectivo sin empleo anterior, 10.764 personas.

Activada la generación de empleos

Canarias sumó en mayo 1.076 afiliados a la Seguridad Social, el 0,11% más, con lo que la cifra total de cotizantes alcanzó las 963.972 personas, según informó el Ministerio del ramo. En términos interanuales, la afiliación ha subido en las islas en 25.804 personas, el 2,75%.

Por provincias canarias, ese indicador creció en mayo en 472 personas, hasta llegar a las 502.720, en Las Palmas, mientras que en Santa Cruz de Tenerife el aumento mensual de afiliados a la Seguridad Social fue de 603 personas, lo que dejó en 461.252 el número de cotizantes. La afiliación ha aumentado en ambas provincias canarias en 12.538 y 13.267 personas en el último año.

Coalición Canaria y PSOE no han podido conseguir su objetivo finalmente. En una alianza política infrecuente, han intentado colar una reforma central de la Ley de Aguas (sobre las concesiones de extracción) a través de la aprobación en curso de la nueva Ley de Cabildos, que este jueves terminó su fase de estudio en Comisión con el visto bueno al dictamen de la Comisión de Gobernación. Este ahora se eleva al pleno.

La enmienda in voce pretendía cambiar parte del articulado de la Ley de Aguas a través de la Ley de Cabildos en el tránsito del informe de la ponencia al dictamen de la Comisión, último paso antes de llevar la futura ley a aprobación en el pleno. Al final no pudo ser por la negativa de Nueva Canarias (NC), al menos por ahora.

Gracias al no de NC les ha salido por la culata a CC y PSOE, y al resto de partidos que en principio la apoyaban, entre ellos los afines al Gobierno.

No hubo éxito en ese trabajo político conjunto pese a la insistencia negociadora de los diputados Manuel Fumero, portavoz de Agricultura del PSOE en la Cámara autonómica y uno de los encargados de convencer a los grupos díscolos, y Socorro Beato, de CC (integrante de la Comisión de Gobernación). Lo cierto es que por ahora no podrá ser ese cambio rápido concebido de forma indirecta, por la vía de la enmienda in voce de otra futura ley. Se trataba, entre otras cuestiones, de permitir la posibilidad de prórroga por un periodo de años (los 50 actuales, hasta 2040, más otros 25, hasta completar los 75) de las concesiones (autorizaciones) para el alumbramiento privado de agua blanca (subterránea) en Canarias desde galerías y pozos, siempre que se cumplieran unas condiciones.

Ambos negociadores políticos desarrollaron una actividad intensa con los grupos parlamentarios para lograr la aprobación de la enmienda in voce y que se recogieran los cambios para incluirlos en el dictamen de la Comisión (tras no estar en el informe de la Ponencia), para así, aprovechando la reforma en curso de la Ley de Cabildos, introducir variaciones tan relevantes en la actual Ley de Aguas, sin participación pública ni debate previos.

NC vino a decir que así no se hacen las cosas y la estrategia nacionalista de CC y socialista se derrumbó pese a los apoyos que ya tenía. Bastó el no de NC. Las enmiendas in voce requieren apoyo unánime previo para ser formuladas. Esta al final no lo logró y no se pudo meter el cambio propuesto en el dictamen de la Comisión de Gobernación sobre la ley que ahora se tramita, la de Cabildos. El apoyo a esta modificación por parte del Cabildo de Tenerife es extremo, igual que por la organización agraria Asaga, presidida por Ángela Delgado, y la patronal CEOE-Tenerife, entre otros agentes.

La propuesta que recogía la enmienda in voce, según el texto al que ha tenido acceso este periódico digital, se encabezaba con el título Introducción de una disposición transitoria tercera bis reguladora en la Ley 12/1990, la de Aguas, lo que, de terminar siendo aprobado, se traduciría en la inclusión, por la puerta de atrás, de una nueva disposición transitoria, la tercera bis, en la citada ley.

En su punto 1), la redacción planteada es de este tenor: “Las concesiones administrativas previstas en la disposición transitoria tercera, apartado 2.a) de la presente ley [la de Aguas], se otorgarán a instancia de parte y sin trámite de concurso público, y se recogerá en ellas las condiciones esenciales con que el aprovechamiento esté inscrito en el Registro de Aguas conforme a la disposición transitoria anterior, y a las que se aplicarán las limitaciones previstas en la misma. Si alguna de tales condiciones esenciales no figurara inscrita en el Registro se estará, respecto a la misma, al régimen de aprovechamiento que haya venido ejerciéndose en los 10 últimos años de vigencia de aprovechamiento temporal de aguas privadas, siempre que tal aprovechamiento haya resultado ajustado a los Planes Hidrológicos aplicables y al régimen previsto en la disposición transitoria anterior, y en su defecto, a lo que se disponga por el Consejo Insular de Aguas conforme al planeamiento hidrológico aplicable”.

Y añade: “El derecho de aprovechamiento resultante del título concesional contemplado en el párrafo anterior comenzará a regir, sin solución de continuidad [significa que una acción, proceso, contrato o relación jurídica se desarrolla sin interrupción, pausa o vacío temporal], tras la finalización del plazo de vigencia del aprovechamiento temporal de aguas privadas y por el plazo de 75 años previsto en la presente ley para las concesiones” [quedan 14 años para que venzan las concesiones -autorizaciones- vigentes, en 2040].

“La solicitud de la concesión habrá de formularse dentro del plazo de los 12 meses [un año] inmediatamente anteriores a la finalización del plazo legal de vigencia del derecho de aprovechamiento temporal de aguas privadas, computándose este desde la fecha de inscripción del correspondiente aprovechamiento en el Registro de Aguas. La no formulación de solicitud en el plazo señalado determinará la renuncia al otorgamiento de la concesión”, prosigue.

Amalgama de intereses

Sobre tan espinoso asunto hay que saber que las Cámaras de Aguas de La Palma y Tenerife (organizaciones patronales) ya han contratado informes jurídicos sobre cómo orientar la posible modificación de la vigente Ley de Aguas canaria, algo que se cuece en estos momentos en las islas. Además, el Gobierno de Canarias ha hecho lo propio, en ambos casos con los servicios de abogados muy experimentados.

Esos encargos jurídicos demuestran, al menos en parte, que hay partidos con representación en la Cámara autonómica y dentro del propio Ejecutivo de Canarias, de CC y PP, más los apoyos de ASG y AHI, que están por la labor de lanzar esa reforma legal, aunque lo que no se esperaba estos días es que esa iniciativa política fuera abanderada por el PSOE junto a CC, con especial interés político mostrado por el diputado Manuel Fumero. Este ha sido uno de los encargados de convencer a los grupos más díscolos.

Lo cierto es que ni CC ni PSOE lo han conseguido, al menos con NC, que prefiere ir más despacio y estudiar bien el asunto. Por ello, la enmienda in voce ha resultado fallida y esa propuesta no ha podido introducirse como disposición adicional en el dictamen de la Comisión sobre la futura la Ley de Cabildos, con el objetivo de modificar de manera indirecta la actual Ley de Aguas, de 1990.

Aunque la enmienda in voce no está expresamente recogida en el reglamento del Parlamento, es frecuente que se proponga en el transcurso de los debates. Estas solo se admiten si ningún grupo parlamentario se opone a su tramitación; es decir, requieren unanimidad para su admisión, lo que esta vez no ha ocurrido debido a la negativa de NC por las razones ya expuestas.

Algunas fuentes políticas muy conocedoras de la actividad y el régimen legal de extracción privada de agua blanca en Canarias han subrayado que “una reforma legal de tanto calado e importancia no se puede resolver con tan extrema falta de transparencia, lo que denota el intento de uso de la enmienda in voce. Estos cambios antes necesitan un análisis profundo y participativo”, subrayan.

Además, las mismas fuentes recuerdan que “la primera Ley de Aguas de Canarias no salió adelante, pues antes se la cargaron con la hoy vigente, tras la derrota del Pacto de Progreso”, entonces con el socialista Jerónimo Saavedra como presidente de Canarias. “Estas prisas -añade el mismo informante- pueden responder a un acuerdo previo poco transparente con el lobby de los aguatenientes”.

La polémica Ley de 1987

La Ley de Aguas de Canarias aprobada en 1987 y posteriormente sustituida por el texto refundido de 1990 (Ley 12/1990) fue fruto del Pacto de Progreso. Este acuerdo político, liderado por el PSOE entre 1985 y 1987, permitió superar el histórico régimen de propiedad privada del subsuelo para establecer el dominio público de los recursos hídricos.

Un punto clave de ese pacto y de la ley consiguiente fue la consideración del agua como bien de dominio público, rompiendo así el control casi absoluto de las galerías y pozos por parte de los tradicionales aguatenientes. La ley subordinó todos los usos del agua al interés general y además estableció los planes hidrológicos como herramientas obligatorias de gestión.

A su vez, se introdujo una fuerte regulación administrativa para frenar la sobreexplotación de los acuíferos, aunque el sector privado mostrara un considerable rechazo, lo que se materializó en manifestaciones masivas en 1987.

Fruto de esas presiones, los alumbradores de agua blanca consiguieron concesiones por 50 años. Ahora, a 14 años del vencimiento de estas, comienza de nuevo la habitual guerra sobre las concesiones para el alumbramiento privado de ese bien de dominio público.

En la coyuntura actual, los grupos nacionalista de CC y el socialista han visto con interés la estrategia de prorrogar esas concesiones por medio de una enmienda in voce en la fase de dictamen de la Comisión a través de la reforma de la Ley de Cabildos. Con ella se pretendía prorrogar, entre otras modificaciones, las concesiones de explotación ahora por 50 años.

La Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura del Gobierno de Canarias, que dirige Migdalia Machín, ya reconoce que prevé devolver el 30,5% de los fondos asignados a este departamento con cargo al programa Next Generation EU y su instrumento Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), con 1.727 millones de euros totales para las islas. Universidades disponía de 73,5 millones de euros y prevé reintegrar 22,4 millones de ese volumen a la Unión Europea (UE), el 30,5% ya citado. Por cierto, 5,8 millones de esos caudales ya han sido devueltos, estos en 2025, y se pagan intereses.

Así se desprende de lo conocido en el pleno del Parlamento de Canarias celebrado este martes, 26 de mayo de 2026, tras la diputada de Nueva Canarias (NC) Carmen Hernández preguntar a la consejera de Universidades por su valoración sobre la ejecución de los fondos europeos del MRR que gestionó su departamento a 31 de diciembre de 2025 y también por la previsión de ejecución final, la que se debe cerrar a 31 de agosto de 2026 por imperativo de la UE; o sea, a día de hoy sin opción de prórroga de esa fecha, algo perseguido, sin éxito actualmente, por el Ejecutivo presidido por el nacionalista Fernando Clavijo.

La Consejería de Universidades del Gobierno de Canarias tenía asignados 73,5 millones de euros de los fondos del MRR, y en 2025 solo gastó 42,9 millones, esto hasta el 31 de diciembre de 2025, cuando ya se habían devuelto 5,8 millones de euros. Esto quiere decir que pudieron quedar unos 25 millones de euros para 2026.

En el año en curso, el de 2026, la Consejería de Universidades tiene la asignación de 25,4 millones de euros, fondos que, según otra respuesta oficial de la Consejería de Hacienda (la fechada el 1 de abril de 2026), entonces tras pregunta escrita formulada por la diputada de NC Esther González, el Ejecutivo autonómico prevé ejecutar parcialmente, en solo 8,8 millones de euros, lo que implica una nueva devolución de dinero europeo del MRR en manos de la Consejería de Universidades, con la retirada esta vez, en 2026, de 16,6 millones de euros.

Este mismo martes, en la respuesta de la consejera Machín esbozada en la Cámara autonómica, se vino a reconocer que lo expuesto por la diputada Carmen Hernández es correcto y, por lo tanto, se van a tener que devolver 22,4 millones de euros totales por parte de Universidades (los 5,8 millones de euros ya reintegrados en 2025 más los 16,6 millones que se prevé entregar este 2026, con el cierre de este programa europeo a finales de agosto próximo).

Para la formación política en la oposición NC, esta gestión pública de fondos de la UE es “un escándalo”, pues ya se reconoce en la Consejería de Universidades la devolución de 22,4 millones de euros (5,8 en 2025 más los 16,6 de 2026), lo que significa dejar de gastar casi uno de cada tres euros asignados, el 30,5% de lo disponible en 2025-26. Y todo esto, asegura NC, suponiendo que se justificará el gasto de 8,8 millones de euros antes del 31 de agosto de 2026, cuando finaliza el plazo dado por la UE, que, si no, la devolución aún se puede inflar.

Lo más dramático, insiste NC, es que, “no habiendo dinero para las universidades públicas ni para el I+D+i”, el Gobierno de Canarias se permite el lujo de devolver dinero público del MRR, fondos financiados al 100% por la UE y recursos públicos que, si no se gastan y justifican, se deben reintegrar incluso con el abono de intereses.

Canarias solo es capaz de terminar y poner en uso (con lo que de verdad se logra amplía la oferta habitacional en las islas), al menos por ahora, una (el 13,2%) de cada diez viviendas previstas (el 100%) en el planeamiento urbano (nuevas de iniciativas privada y pública), según se desprende de los resultados obtenidos a partir del análisis de una muestra de sectores de desarrollo residencial definida por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana con el objeto de realizar el estudio Sectores residenciales de España (2025), publicado este mes de marzo.

En el archipiélago, se estudian al detalle 38 sectores de desarrollo urbanístico pertenecientes a 17 de los 88 municipios existentes en las islas, y esos son casi todos los más poblados en las dos provincias canarias. Los dos requisitos concretados para establecer esa elección han sido el número previsto de viviendas igual o superior a las 1.000 unidades (en el planeamiento aprobado) y el grado de edificación inferior al 70%.

Es justo lo que ocurre con ocho municipios de la provincia de Las Palmas (Antigua, Arrecife, La Oliva, Pájara, Las Palmas de Gran Canaria, Puerto del Rosario, San Bartolomé de Tirajana y Yaiza) y con nueve de Santa Cruz de Tenerife (Adeje, Arona, Candelaria, Granadilla de Abona, La Orotava, El Paso, Puerto de la Cruz, San Miguel de Abona y Santa Cruz de Tenerife).

Tal y como se cita en el reseñado trabajo técnico, que depura 1.069 sectores de desarrollo residencial en 400 municipios del país (con 38 en Canarias dentro de las 17 localidades ya mencionadas), la capacidad de construir viviendas en España, según el planeamiento aprobado y la muestra identificada de sectores, era en 2025 de 2,4 millones de unidades, con solo el 9% realizadas y el 91% pendientes de construirse (2,2 millones de viviendas). La velocidad de ejecución de los desarrollos residenciales previstos supera la media de 15 años a escala nacional.

En el archipiélago canario, en cambio, esa misma variable alcanza las 67.301 viviendas previstas, de las que 58.464 no se han terminado o están pendientes de finalizarse, bien porque no se han construido, porque están en esta fase pero aún no ha habido entrega o porque son simplemente urbanizaciones fantasma (las iniciadas, frenadas y/o abandonadas tras el estallido de la burbuja inmobiliaria y la crisis económico-financiera de 2008).

Esas viviendas, actualmente no consolidadas, son, por lo tanto, las que no han entrado en el mercado en las islas y con ello se impide elevar la ya de por sí muy reducida oferta habitacional de primera residencia nueva. Aquella relación supone que Canarias solo consigue ofertar, siempre según el identificado estudio del Ministerio, el 13,2% de las viviendas previstas en el planeamiento; esto es, las que se podrían edificar atendiendo al suelo con ese uso aprobado, siempre según la muestra de análisis elegida en las islas. Ese paupérrimo registro se consigue, sin duda, por la combinación de varios factores.

Canarias, con dos provincias, 88 municipios, una población de derecho de 2,2 millones de personas (más de 18 millones de turistas atendidos en todo 2025) y 1,1 millones de viviendas según su censo oficial de 2021, ofrece comportamientos casi calcados en sus dos territorios administrativos principales.

En efecto, así mismo es. En Las Palmas de Gran Canaria, con ocho municipios a examen, el resultado que aporta el mencionado estudio es del 87,7% de viviendas pendientes de construir; o sea, 35.305 unidades de una posible oferta de 40.255 viviendas, que son las totales previstas según el planeamiento en los sectores de desarrollo residencial analizados en esos términos municipales. De aquí resulta que solo se ha concluido el 12,3% de las viviendas posibles, algo más de una por cada diez, menos incluso que el promedio relativo que se da para Canarias (13,2%).

En Santa Cruz de Tenerife, se puede decir que hay más de lo mismo: las viviendas previstas son menos, 27.045, y las no terminadas alcanzan las 23.159, con el 85,6% de las posibles aún pendientes de edificar, según el planeamiento, en este caso, de los nueve municipios tinerfeños en la muestra. En la provincia occidental, se consigue ofertar el 14,4% del potencial de construcción de viviendas, lo que no alcanza ni el 1,5 de cada 10 potenciales.

Hay que señalar que el estudio Sectores residenciales en España (2025), publicado por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, es un “documento estratégico que analiza la situación y evolución de los principales ámbitos de desarrollo urbanístico residencial, para lo que parte de los datos recogidos en el Sistema de Información Urbana (SIU)”. El fin de este trabajo técnico es “ofrecer una visión clara sobre la ubicación de las principales bolsas de suelo disponibles en el país para la construcción de nuevas viviendas”.

El propio Ministerio recalca que, para determinar el grado de evolución de las áreas de desarrollo que son objeto de este estudio, se analiza el nivel de urbanización a través de trabajos de fotointerpretación de imágenes satelitales y ortofotografías más recientes del Plan Nacional de Ortofotografía Área (PNOA). Luego, se define el grado de edificación utilizando la información procedente de la cartografía catastral, según los criterios de la Dirección General del Catastro.

Principales conclusiones a escala país

Atendiendo a lo descifrado para el conjunto de los sectores de desarrollo residencial de la muestra nacional (1.069), la base de este estudio, en el documento del Ministerio se concluye lo siguiente:

-Se analizan 1.069 sectores residenciales en 400 municipios de las 17 comunidades autónomas, con capacidad país para más de 2,4 millones de viviendas, lo que evidencia una cobertura territorial muy amplia y pone de manifiesto un gran potencial de desarrollo.

-La mayoría de los sectores presentan un grado de edificación inferior al 30%, lo que indica que aún queda por materializar una parte significativa de las previsiones del planeamiento, especialmente en municipios donde la potencialidad de viviendas supera el parque actual.

-El 25,8% de los sectores dispone actualmente de suelo urbanizado apto para edificar, con cerca de 489.000 viviendas pendientes, mientras que el 74,2% restante de los sectores carece de condiciones para iniciar la edificación, lo que limita la respuesta inmediata a la demanda.

-Predomina la localización en municipios del interior, aunque la actividad edificatoria es más intensa en zonas costeras y provincias del litoral mediterráneo, donde se observa mayor dinamismo en los desarrollos.

-Más del 60% de las viviendas pendientes se concentra en municipios con más de 50.000 habitantes. Destacan Madrid, Orihuela, Zaragoza, Dos Hermanas y Málaga, lo que refleja una fuerte presión urbanística en áreas metropolitanas y turísticas.

-La densidad media del conjunto de sectores analizados es de 28,6 viviendas por hectárea. No obstante, en los sectores urbanizados se registran valores que pueden llegar a superar las 100 viviendas por hectárea, mostrando un patrón más compacto en fases avanzadas del desarrollo.

-El análisis revela una brecha significativa entre planeamiento y ejecución: el 64,4% de los sectores no ha iniciado la urbanización, mientras que solo el 9,6% se encuentra en fase avanzada de edificación.

-Casi la mitad de los municipios sin suelo urbanizado disponible tiene menos de 20.000 habitantes, lo que en ocasiones puede ser indicativo de una baja demanda que podría retrasar la activación de estos desarrollos a corto plazo.

-Andalucía, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha concentran más de la mitad de las viviendas pendientes en sectores urbanizados, con lo que acaparan en buena medida el potencial de expansión residencial.

-La evolución temporal muestra menor actividad edificatoria entre 2010 y 2015, seguida de una reactivación desde 2016 y una estabilización tras la pandemia, lo que condiciona la velocidad de ejecución de los desarrollos previstos, que de media superan los 15 años.

Nuevos registros económicos, los más fresquitos del Instituto Nacional de Estadística (INE), han confirmado este lunes que Canarias, el principal destino turístico en otoño-invierno de España, ha cerrado su temporada alta de atención de visitantes, principalmente de origen extranjero, con subidas continuas interanuales, un mes tras otro, en los casi siete meses que compusieron en 2025-26 ese periodo estrella para el turismo isleño.

Por lo tanto, no hubo mes desde octubre de 2025 hasta abril pasado (la temporada alta se cerró con la salida de la Semana Santa, en los primeros días de abril, a partir del 6) en que no se hubiera dado en Canarias una mejoría de su Índice de Precios Hoteleros (IPH), un indicador oficial de rango interanual que mide el rendimiento económico de esos alojamientos tradicionales destinados a la atención del turismo.

Pero es que lo mismo ocurrió con las variables sobre precio medio por habitación ocupada, el llamado ADR (tarifa media diaria en los hoteles), y con el ingreso medio por habitación disponible (RevPAR). Atendiendo a este análisis de coyuntura, se puede afirmar que el negocio hotelero ha vuelto a funcionar (o mejor, sigue funcionando) a las mil maravillas en el archipiélago.

Respecto a la evolución del IPH, este mejoró en abril pasado en las islas el 1,3% en relación con el mismo mes de 2025, con una subida acumulada en los últimos 18 años (2008, base 100) del 44,8%. Este crecimiento relativo es uno de los más potentes en toda España, solo por debajo del promedio de Andalucía, en segundo lugar, con el 49,6%, y de Madrid, primera con el 64,6%.

Atendiendo a los datos estadísticos publicados por el INE este lunes, los de Coyuntura Turística Hotelera de abril de 2026, el valor medio de facturación por cama ocupada y día subió el 3,8% anual en Canarias, hasta colocarse en los 151 euros, el segundo más alto del país, solo por detrás de la Comunidad de Madrid, primera con 164 euros.

En lo que respecta a la variable ingreso medio por habitación disponible (RevPAR), también hubo mejora, pero fue menor debido al nivel más moderado en la ocupación de los hoteles. En este caso, se obtuvo un aumento relativo del 0,6%, para alcanzar el umbral promedio de 112,8 euros por habitación disponible y día.

A escala nacional, la facturación media de los hoteles por habitación ocupada (ADR) fue bastante menor, en términos absolutos, que la canaria, con 122,3 euros en abril pasado para todo el país, lo que supuso un aumento del 4,9% respecto al mismo mes de 2025. En cambio, el ingreso medio diario por habitación disponible (RevPAR) en España, que está muy condicionado por la ocupación existente en los establecimientos hoteleros, llegó a los 81,7 euros, con un alza porcentual anual del 5,5%. Canarias logró 112,8 euros en el RevPAR.

Ocupación blanda en el tránsito al verano

En abril pasado, se cubrió el 58,5% de las plazas ofertadas, el 0,9% menos que en abril de 2025, según registros servidos para todo el país por el INE. El grado de ocupación por plazas en fin de semana subió el 0,1% y llegó al 65,1%, también datos nacionales.

Canarias, algo que es habitual en su temporada alta (aunque esta vez la cerró en abril tras la celebración de la Semana Santa, después del primer fin de semana de ese mes), presentó el mayor grado de ocupación por plazas en España, con el 68,7%, eso sí ya por debajo del promedio en meses anteriores de este otoño-invierno.

Por zonas turísticas, el sur de Gran Canaria alcanzó el mayor grado de ocupación por plazas (73,9%), mientras que la costa de Gipuzkoa obtuvo el mayor grado de ocupación en fin de semana (79%).

El punto turístico con mayor grado de ocupación por plazas fue Sóller (81,3%), con Valencia con la mayor ocupación en el fin de semana (84,1%).

Los principales destinos de los no residentes (llegados de fuera del país, casi todos extranjeros) fueron Canarias, Cataluña e Illes Balears, con el 25,4%, 18,2% y 17,7% del total español.

Por zonas turísticas, isla de Mallorca registró el mayor número de pernoctaciones, con más de 3,4 millones. Por su parte, los puntos turísticos con más pernoctaciones fueron Madrid, Barcelona y San Bartolomé de Tirajana.

Dado que en 2026 la Semana Santa se celebró entre marzo y abril y en 2025 cogió solo abril, es conveniente analizar en conjunto los dos meses. Hecho esto, se observa un aumento de las pernoctaciones del 3% respecto al mismo bimestre de 2025 (las de residentes crecieron el 2,8%, y las de no residentes, el 3,1%) para todo el país.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) vuelve a advertírselo al Gobierno de Canarias, y ya van unas cuentas veces en esta legislatura (2023-27). 

Ese organismo oficial, adscrito al Ministerio de Hacienda, sigue insistiendo en lo mismo, ahora tras su último análisis contenido en el Plan Fiscal y Estructural de Medio Plazo 2025-28 (PFEMP) y su seguimiento en lo que concierne a la Comunidad Autónoma de Canarias (CAC). Se trata del informe 29/2026 de ese organismo, que es el publicado el jueves 14 de mayo pasado con estudio de los ejercicios de 2026 a 2028.

Las proyecciones de la AIReF en esa etapa para la CAC, como se hace con las otras autonomías españolas, se actualizan en el informe reseñado, en el que se tiene en cuenta la información incluida en el plan presupuestario a medio plazo (PPMP); en el caso de Canarias, ya remitido a esa institución independiente y aprobado por el Gobierno autonómico el 24 de abril pasado, y las variaciones en la información disponible en los informes de noviembre de 2025 y abril de 2026 que puedan afectar a los años ahora analizados (2026-28).

El nuevo informe de la AIReF, que se apoya en lo descrito por el Plan Presupuestario de Canarias a medio plazo (2026-2028), recoge la siguiente conclusión central: la AIReF prevé que, “en un escenario de políticas constantes, el gasto computable a efectos de la regla de gasto nacional crecerá por encima de la tasa de referencia en 2026, 2027 y 2028 en la Comunidad Autónoma de Canarias”.

Hay que recordar que el incumplimiento de la regla de gasto ya se confirmó en el ejercicio de 2024 en Canarias y, por ello, habrá un plan de ajuste (se debe presentar y aprobar por el Ministerio) de aplicación este 2026 (obliga a una reducción del presupuesto canario en 445 millones de euros). Para 2025, la AIReF ya ha asegurado que ocurrirá lo mismo, aunque está pendiente a este respecto la decisión final del Ministerio de Hacienda. Si se confirma el desfase, se tendrá que redactar otro plan de ajuste, ya con efecto en 2027 y previo visto bueno de Hacienda del Estado.

La AIReF ha estimado el gasto computable a efectos de la regla de gasto nacional en los próximos años teniendo en cuenta sus previsiones sobre la evolución de los empleos totales y de los elementos que se excluyen del cómputo del gasto, así como la información actual sobre las medidas permanentes de ingresos adoptadas y previstas.

Atendiendo a esos parámetros, y siempre según se observa en el informe ya identificado de la AIReF, “se estima que el gasto computable crecerá en Canarias el 5% en 2026, el 7,1% en 2027 y el 5,2% en 2028”, en los tres casos “por encima de los límites respectivos de cada año, fijados en el 3,5%, 3,4% y 3,2%”.

Ese mismo análisis reitera que la CAC incumplirá la regla de gasto en 2025, con un incremento del gasto computable del 8% (ya se ha confirmado en 2024), mientras que la tasa autorizada es para ese ejercicio anual del 3,2%.

Además, señala que “el gasto primario neto de medidas de ingresos a efectos de la regla de gasto europea crecerá en Canarias una media del 5,5% en el periodo 2025-2028”, en el llamado medio plazo.

La AIReF también reconoce que ese gasto subirá “en el periodo 2025-2028 en tasas anuales entre el 4,8% y el 6,7%, con un promedio del 5,5% en el periodo de referencia, por encima del 3,4% comprometido en el PFEMP para el conjunto de las administraciones públicas españolas”.

Como se desprende de los resultados ya consolidados y de las previsiones más recientes de la AIReF, el cumplimiento de la regla de gasto no parece, al menos por ahora, una prioridad del Gobierno de Canarias, que preside Fernando Clavijo, de CC, y que tiene como consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea a Matilde Asián, del PP.

Por lo tanto, tampoco es parte primaria de la política presupuestaria actual de la CAC el cumplimiento de la regla de gasto, incluso cuando no hay duda de que de nuevo es de aplicación la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, desde el 1 de enero de 2024 pasado, una vez terminó su suspensión por la pandemia de la covid en el periodo 2020-23.