"Yo me sumo al lema que el ministro de Defensa ha promulgado de ‘orgullosos de ser españoles’", dice Sol, miembro del Ejército del Aire

La presencia de familias con niños y niñas de todas las edades ha sido una de las estampas más repetidas entre el público del desfile

Una hora antes de que empezara en Madrid el desfile de la Fiesta Nacional, en el que se congregan las fuerzas armadas, el Jefe de Estado y líderes políticos, comenzaba otra procesión a los lados del Paseo de la Castellana para acudir a la cita.

Sol, miembro del Ejército del Aire desde hace 10 años, engalanada con el uniforme oficial, este año no ha podido desfilar, impedida por una baja médica. Pero pudo asistir desde el otro lado. “Este año es más especial, por todo lo que está pasando en el país y yo me sumo al lema que el ministro de Defensa ha promulgado de ‘orgullosos de ser españoles’”. Al mismo tiempo aplaude que, “por primera vez en 30 años, la Policía Nacional se une al desfile. Esto es una forma de reconocer el papel tan importante que ha tenido con todo lo que está pasando en Catalunya”.

Las banderas rojas y amarillas, con y sin escudo -también se podía ver alguna franquista o del grupo parapolicial ultraderechista, Guerrilleros de Cristo Rey-, se apreciaban en cada rincón, en los balcones, en detalles en la ropa de los asistentes o atadas al cuello.

Un tendero llegado desde Alicante, pronto puso en marcha su negocio de estandartes. “Espero que con todo lo que está pasando en Catalunya, pueda vender bastante”, decía con pocas ganas de hablar, sin perder el hilo de su oferta al aire de 10 euros por bandera, con o sin, mástil. No era el único en vender banderines, a cada pocos metros existía la posibilidad de comprar más. Incluso, algunos comerciantes más sofisticados ofrecían bufandas de la Legión o globos infantiles con formas de tanques, aviones y helicópteros militares.

Y es que la presencia de familias con niños y niñas de todas las edades ha sido una de las estampas más llamativas y repetidas entre el público del desfile. Como Verónica, que acudió con dos de sus dos hijos para mostrar su “apoyo a las fuerzas armadas y Guardia Civil, en estos momentos tan difíciles”, en los que, según esta madre, “la propaganda catalanista está consiguiendo que parezca que somos un Estado fascista, y lo que somos es un Estado que lucha por la democracia”. También advierte que, el 12 de octubre, se trata de “un día muy familiar, en el que, los padres familia con un poco de cabeza, aprovechamos para fomentar estos valores patrióticos, que tan importantes son, a nuestros hijos”. En su caso, uno de sus críos, de 11 años, se muestra entusiasmado y confiesa que le gusta más asistir al desfile que a la Cabalgata de Reyes Magos.

Al igual que en la mágica y navideña cita, muchos niños se subían a hombros de sus padres, a las escaleras traídas desde casa o a lugares altos como buzones de correos, pero en este caso, para agitar sus banderas de España y vitorear a Felipe VI y las fuerzas armadas.

Javier también acudió con sus cuatro hijos porque considera que “es un momento de reconocimiento, para que ellos vean el valor de España y lo que representa”, explica mientras le da unas galletas a uno de sus pequeños. No es la primera vez para esta familia, por eso aprecia que “hay mucha más gente que otros años” y considera que “la gente que no salía antes representando a España lo está haciendo ahora por el miedo a las tonterías que están montando en Catalunya”.

La finalización de un convenio suscrito hace dos años por el Gobierno municipal del PP mientras estaba en funciones ha dejado a más de mil familias preocupadas por el futuro musical de sus hijos. “El pasado lunes 29 de mayo nos enteramos de que no lo iban a renovar. Ya estamos a junio y no sabemos qué va a pasar”, argumenta Estela, madre de una niño de nueve años y que lleva tres cursos tocando la guitarra en la escuela de música del centro cultural de Sanchinarro (Madrid).

Este centro educativo, gestionado por el grupo Grupo Concertante Talía, no es municipal. Gracias a convenios suscritos desde el 2011 con el Ayuntamiento de Madrid obtuvo la cesión de aulas en este espacio para dar clases de música. El último acuerdo lo firmaron hace dos años y venció el pasado dos de junio.

Según apunta la portavoz de la entidad gestora, el 28 de mayo les comunicaron que no les renovaban el convenio. “Llevamos meses solicitando la prórroga pensando en que los alumnos tenían que hacer unas renovaciones de matrícula para garantizarles los estudios el próximo curso”, explica Silvia Sanz, directora del grupo. Sanz asegura que en abril se reunieron con portavoces del Ayuntamiento, les advirtieron que de cara al próximo curso les iban a reducir el número de aulas que gestionan, pero no les informaron de la negativa a prorrogar el acuerdo.

Desde el Consistorio no confirman la fecha en la que le comunicaron esta decisión a Talía. Roberto Velasco, asesor de Yolanda Rodríguez, concejala de Hortaleza, explica a eldiario.es que el convenio emitido en 2015 por el Concejal Presidente del Distrito de Hortaleza, durante el Gobierno de Ana Botella, contenía “irregularidades” en su redacción. “Así lo determinó un informe de los servicios jurídicos antes de que se firmase, detectó errores formales”, añade Roberto. Este cargo público incide en el hecho de que el informe se ratificase sin contar con un estudio del Consitorio que lo avalase.

Por lo tanto, debido a ese defecto de forma el convenio suscrito con los gestores actuales de la escuela no se ha prorrogado y por ahora no hay una alternativa definitiva sobre la mesa, a pesar de que el curso termina a final de este mes. Por ahora, el grupo Talía continuará dando clases hasta finales de junio.

“(El próximo curso) el servicio se va a seguir prestando, este centro cultural va a seguir teniendo formación musical. ¿En qué formato? Lo van a ver los servicios jurídicos”, ha explicado Velasco a los padres y usuarios de este centro. Esta rendición de cuentas se ha producido durante la entrevista concertada por esta redacción con alumnos y representantes del Ayuntamiento para realizar este reportaje. Hasta entonces, los estudiantes y sus familias no habían recibido ninguna respuesta oficial por parte del Consistorio. Este jueves el Grupo Talía y la Junta Municipal de Distrito vuelven a tener una reunión. “Desconocemos qué nos van a proponer”, aseguran desde esta entidad privada.

Un nuevo proceso “transparente”

“Que nos hayan comunicado esta decisión en junio, demuestra que no tienen compromiso para que esto salga adelante. Es una pena, porque es un centro musical de referencia. Les pido que lo subsanen lo antes posible, que piensen en nosotros, me parece que por ahora eso no está siendo una prioridad”, ha argumentado Jonatan, padre de dos niñas que estudian en la escuela. “Lo estáis haciendo en el último minuto. Si el informe de las irregularidades lo conocéis desde el 2015, ¿por qué no lo habeís sacado mucho antes?”, ha replicado Estela al portavoz municipal.

Los progenitores destacan la calidad de la formación que reciben sus hijos, el precio asequible de las clases (25 euros al mes), así como la vinculación emocional que se crea entre docentes y estudiantes. Por su parte, desde el Ayuntamiento no cuestionan la “validez de la formación” que imparten los docentes. El asesor de la concejala les ha explicado que los servicios jurídicos están evaluando “cuál es el mejor formato”. “Queremos un procedimiento con todas las garantías legales, que permita la libre concurrencia y la transparencia”, ha añadido.

A su vez, tras ser preguntado por la posibilidad de que entre una nueva empresa a la que no le de tiempo a habilitar todas las aulas y hacer pruebas de nivel a los más de mil alumnos de este centro, Velasco ha respondido que desde el Gobierno municipal van a “intentar que las condiciones sean las mejores” y que no se “pierda la continuidad” de los estudiantes.

Tras su tercer mes en funcionamiento, los foros locales impulsados por el Ayuntamiento de Madrid ya están comenzando a influir en la política municipal. Los vecinos que se han unido a estos espacios de participación, distribuidos en cada uno de los 21 distritos de la ciudad, han conseguido que alrededor de 40 propuestas promovidas en estos espacios hayan sido aprobadas en los últimos plenos de las juntas de distrito.

Por ejemplo, recientemente en Carabanchel los grupos políticos apoyaron una de estas iniciativas, el refuerzo del equipo de profesionales de servicios sociales en el distrito de Carabanchel. En Chamberí también se acordó proteger al vecindario frente a los ruidos, y en Puente de Vallecas se ha instado a la Comunidad de Madrid a que adopte medidas para garantizar el suministro de agua, luz y gas en los hogares en riesgo de exclusión social.

“Esta iniciativa es lo más municipalista que se ha hecho en años en Madrid”, apunta Luis Miguel Muñoz, vecino, participante de este espacio en Vicálvaro y vocal vecino de Ahora Madrid, sobre esta iniciativa a la que ya se han inscrito 3.619 personas y 451 entidades . En cada distrito los foros se han distribuido en mesas con diferentes temáticas: igualdad, educación, urbanismo, presupuestos participativos...

Una vez que estos pequeños grupos se han constituido y los participantes, vecinos o miembros de colectivos, se han reunido, ya pueden presentar propuestas al pleno de la Junta municipal de distrito. “Hasta ahora solo lo podían hacer los partidos políticos o las asociaciones que estaban registradas”, incide Miriam Hermida, participante también del foro, vocal vecina de Ahora Madrid y que coincide con Muñoz en la mesa de Economía Social.

Esta vecina de Vicálvaro recuerda “las dificultades” que tuvieron los colectivos sociales del distrito durante los años de Gobierno municipal del Partido Popular, no solo para ser escuchados en los plenos, también para que sus iniciativas llegasen a ser debatidas por los partidos políticos. “No siempre daban el turno de palabra. Podías conseguir intervenir, pero no tenías posibilidad de réplica y ni siquiera tenían que contestarte”, añade Hermida.

“Participación directa” de los vecinos

Por eso destacan la novedad de esta iniciativa que “abre una vía de participación directa” para los residentes. Aunque no todas las propuestas de las mesas llegan a ser votadas en el pleno de la junta, ya que hay un filtro previo, la Comisión Permanente. Este órgano es el encargado de hacer una criba para que finalmente se debatan en cada pleno, como máximo, tres proposiciones impulsadas en estos espacios.

“En algún foro hay 16 mesas, la Comisión debe regular el ritmo de las propuestas. Es el órgano que tiene una visión de conjunto de lo que sucede en todas las mesas y grupos de trabajo”, justifica Edurne Irigoen, directora de gabinete del área municipal de Coordinación Territorial y Cooperación Público-Social. Hermida y Muñoz lamentan que una vez que las propuestas han sido examinadas en este punto no sean vinculantesy tengan que pasar por el pleno.

“El foro local se plantea como una instancia en el que los concejales rinden cuentas de la actividad del Ayuntamiento”, continúa Irigoen. Según añade, las mesas pueden pedirle explicaciones al representante municipal aunque la propuesta aprobada no sea de competencia municipal, como ha sucedido en Puente de Vallecas con la petición al Gobierno regional para que no siga tolerando casos de pobreza energética. “No es de nuestra competencia pero sí de nuestra incumbencia”, advierte.

Actualmente estos foros cuentan con más de 300 mesas constituidas. En una de ellas, en la de Infancia y Adolescencia del distrito de Chamartín, sus siete participantes tiene muy claro cuál es la aportación que les gustaría conseguir para la infancia del barrio, una casa de la juventud. “Ahora mismo hay poco espacio para que los jóvenes se puedan reunir”, explica Marta Palacios, coordinadora de la mesa y que considera que estos foros “son los sitios para soñar” con mejoras para el vecindario.

¿Cómo tiene pensado actuar el Ayuntamiento con las propuestas aprobadas que supongan un gran desembolso económico? Se incluirán en el presupuesto ordinario del año próximo, “respetando los tiempos” e “incorporándolo en el conjunto de necesidades del distrito”, responde Irigoen. Además, la portavoz municipal añade que el desarrollo de las iniciativas que salen de estos espacios requieren tiempo para poderse ejecutar.

Restablecer el buhometro

Antes de apostar por un proyecto, las mesas diagnostican cuáles son las necesidades que perciben en el distrito. En el caso de la mesa de Infancia y Adolescencia de Charmatín, los integrantes apostaron por el restablecimiento del servicio del buhometro (autobús nocturno con el mismo recorrido que las líneas del suburbano) o la subvención de entradas para que niños, niñas y adolescentes puedan asistir a conciertos en el Auditorio Nacional, situado en el distrito.

En esta mesa, su coordinadora lamenta que los menores de 16 años no puedan participar en los foros. “Es una vulneración directa de los derechos de la infancia”, comenta. Este colectivo está representado a través de las portavoces de las Comisiones de Participación de la Infancia y Adolescencia (COPIA), que recogen las ideas aportadas por los jóvenes del distrito. Sin embargo, los participantes de este espacio lamentan que en algunos casos “el teléfono escacharrado” no permita que la aportación primitiva llegue a la mesa.

Desde el área municipal de Coordinación Territorial y Asociaciones reseñan que les gustaría que los foros fuesen un “órgano muy flexible y vivo”, por eso contemplan que en esas mesas se aporten también diagnósticos y opiniones a la Comisión Permanente o “directamente al concejal”.

Jornadas para divulgar la economía social

“Tenemos un proyecto para hacer unas jornadas muy básicas y dar a conocer en el barrio qué es la economía social e invitar a la gente a participar. Queremos que se den cuenta que la pueden desarrollar en su día a día, con bancos del tiempo o mercadillos de trueque”, apunta Miriam Hermida, inscrita en el foro de Vicálvaro.

Además, consideran que esta es una prueba de fuego para evaluar la implicación vecinal. “El Gobierno municipal ha puesto esto a disposición de la sociedad. Ahora depende de la gente, habrá que se ver si se animan a participar”, finaliza Pedro Lucas, coordinador de la mesa.

El centro social La Ingobernable ha enviado una carta al Ayuntamiento de Madrid exigiendo “la rescisión del contrato con la Fundación Ambasz y su permanencia en el espacio”, el mismo día que ha publicado su manifiesto constituyente, en el que se reivindica la “participación popular, movimientos sociales, feminismo y autogestión” como principios fundacionales.

Este jueves, uno de los portavoces del centro social ha explicado a los medios de comunicación que en la asamblea celebrada este miércoles se decidió que el diálogo con el Ayuntamiento de Madrid está condicionado a la rescisión del contrato de cesión del edificio con la Fundación Ambasz.

“Exigimos la rescisión del contrato, y esa sería la condición para establecer un diálogo, que no una negociación, con el Ayuntamiento”, ha indicado Álvaro. Además, se están estudiando “emprender acciones legales” para denunciar por dlas privatizaciones que consideran “corrupción” tanto si se hace “legalmente” pero sobre todo si es ilegalmente.

La Policía acudió este miércoles a la Ingobernable, situada en la calle Gobernador número 39, e identificó a los que allí se encontraban, según han explicado desde el centro social a eldiario.es.

La portavoz del Gobierno municipal, Rita Maestre, ha explicado en rueda de prensa que el expediente que evalúa el estado del edificio de la calle Gobernador “sigue su curso”. Maestre ha recordado que el Ejecutivo “actúa dentro de la ley”, lo que no quiere decir que no tengan una “posición crítica” ante el convenio firmado por el PP de Ana Botella con la Fundación Ambasz.

Respecto a la exigencia del colectivo social de rescindir el contrato para iniciar un diálogo, Maestre ha respondido que “es evidente que este equipo no gobierna como reacción a presiones de ningún tipo”. “A diferencia de corporaciones anteriores, dialogaremos en un marco en el que tiene protagonismo el movimiento vecinal que ha construido la ciudad de Madrid durante años”, ha señalado.

Visita del PP de Madrid

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha acudido este jueves al edificio que ocupa 'La Ingobernable para exigir a Manuela Carmena el desalojo.

Almeida ha acudido con su compañero en el grupo municipal Popular, Íñigo Henríquez de Luna. Ambos han acusado a la alcaldesa de entregar una ciudad “ingobernable” a colectivos como el Patio Maravillas. Los dirigentes han sido abucheados a su llegada, a lo que el portavoz ha contestado que “en ves de gritar deberían estar trabajando o estudiando”.

“Esta no es la juventud de este país, que es la que se levanta todos los días a ganar su sueldo, la que se levanta para pagar sus impuestos, y no gente que ocupa por la cara, sin derecho alguno, edificios de titularidad municipal”, ha espetado Almeida a las críticas y los gritos de “mafia”.

Los movimientos surgidos del 15M han celebrado este domingo los seis años de aquella manifestación que en 2011 supuso un revulsivo para la política española. “Los motivos que llevaron a aquella manifestación no han desaparecido sino que se han incrementado”, defiende Jorge, uno de los asistentes a la manifestación, que ha contado con un escaso seguimiento.

“Es importante estar aquí recordando ese estallido social y luchando por seguir manteniendo viva la llama”, continuaba mientras avanzaba con la manifestación, a la que han acudido asambleas de diferentes puntos de la Comunidad de Madrid.

Unas cuatrocientas personas han recorrido las madrileña calle Alcalá entre Cibeles y la Puerta del Sol, emblema hace seis años de aquella multitudinaria convocatoria que acabó con varios manifestantes acampando en el centro de Madrid. Una acampada que pronto fue teniendo sus réplicas en muchas ciudades españolas.

“El 15M ha mutado en cien mil cosas más que están transformando la realidad”, asegura Charo. “Las reclamaciones de aquellos días siguen totalmente vigentes”, continua, señalando como principal la mejora del sistema democrático.

“Aquí se mezclan muchas cosas, el 15M es una mezcla de distintos colectivos con sus propias reclamaciones: vivienda digna, contra la corrupción, ambientalistas...”, explica Francesco. Uno de ellos era el colectivo que promueve una iniciativa legislativa popular por una vivienda digna en Madrid, que estuvo recogiendo firmas entre los asistentes.

Como hace seis años, también los cánticos más famosos de aquella convocatoria volvieron a escucharse este domingo: “sí se puede”, “que no nos representan” o “no hay pan para tanto chorizo” fueron algunas de las consignas que coreaban los asistentes. Abriendo la comitiva, ninguna pancarta, sino un grupo de batucada.

A las salida de la manifestación, que ha transcurrido sin ninguna incidencia, la Policía ha identificado a varios de los manifestantes. Una vez en Sol los convocantes han formado un símbolo humano de la paz y han celebrado una asamblea.

Alrededor de una centenar de personas han acudido a la presentación del sindicato de inquilinos. Esta iniciativa que se acaba de lanzar en Madrid y en Barcelona de forma conjunta, pretende convertirse en un “lobby” para “influir en los espacios en los que se dictan los precios” y contribuir así a la disminución de la renta de alquiler.

“En los últimos doce meses el precio del alquiler ha subido casi un 15% en Madrid y un 18 % en el conjunto de la comunidad autónoma. Esto, sumado a los bajos salarios medios de la población, casi el 50% cobra menos de 1.000€, provoca una auténtica situación de emergencia para quienes no tenemos una vivienda en propiedad”, ha destacado una de las portavoces de esta iniciativa, vinculada a los colectivos sociales madrileños.

Entre los objetivos que se han marcado no se encuentra solo combatir los precios, también incluyen la defensa de los derechos de los inquilinos, la mejora de las condiciones habitacionales de los pisos, la limitación de los abusos de los propietarios y facilitar los accesos al régimen de alquiler. Esta iniciativa que ya existe en Gran Canaria ha comenzado hoy a coger forma de forma conjunta en Madrid y Barcelona.

“Queremos que se reconozca el derecho a la ciudad”, ha afirmado Ernesto García, portavoz del sindicato. Aunque no quieren centrar su actividad “solo en los centros urbanos altamente turistificados” y pretenden extenderse por toda la Comunidad de Madrid. Según han expuesto, esta organización puede llegar a a servir de herramienta para “paralizar expulsiones de hogares” por impago, siguiendo el estilo impulsado por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en los desahucios.

Antes de comenzar su intervención, Lidia Posada, portavoz de ALA (Asociación Libre de Abogados), ha preguntado a los asistentes (la mayor parte inquilinos en alquiler) cuántos habían consultado con un abogado el contrato aportado por su casero antes de firmarlo o habían leído la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), menos de una decena han levantado la mano.

“Si se constituye un sindicato se contaría con unas estructuras físicas para asesorar, se podría hacer fuerza para cambiar leyes y dar apoyo mutuo”, ha reseñado Posada. Por su parte, Mercedes Revuelta, portavoz de la PAH, ha recordado que la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que están promoviendo desde varios colectivos sociales “recoge la necesidad de un organismo que asesore en temas de vivienda” para que los inquilinos “no se vean indefensos”.

“No venimos a presentar una organización cerrada”, ha expuesto Ernesto García, portavoz del sindicato. Y ha detallado las tres fases que tienen planeadas para llegar a conseguir que este sindicato se convierta en un “actor social por la defensa de los derechos del acceso a la vivienda”.

La primera, comenzará el próximo viernes 26 de mayo. Ese día celebrarán la primera asamblea y a partir de entonces esperan comenzar a crear grupos de trabajo y planificar qué servicios van a ofrecer. En septiembre arrancará la segunda fase.

“Hasta el inicio del año que viene queremos expandir el sindicato con nodos barriales y locales, contar con asesoría jurídica para inquilinas en cuestiones de arrendamiento y conseguir una autonomía económica”, ha añadido. Según sus cálculos, a partir del año que viene, alcanzarían la última fase con la consolidación de este sindicato.

En la presentación ha participado Alicia, activista de la plataforma de afectados por la hipoteca (PAH) en el barrio de Usera. Esta mujer ha expuesto su caso. Cobra 700 euros y tiene problemas para encontrar un piso en la capital. “Me piden nómina de 1.500 euros y fianza de cuatro a seis meses para un piso que podría costar, entre 600 y 700 euros”, ha explicado esta trabajadora.

Por otro lado, Raquel Rodríguez, docente de la Escuela de Arquitectura de Madrid, ha destacado que este año van a comenzar a emerger las consecuencias la modificación de la LAU que “modifica los plazos máximos del alquiler de cinco a tres años”. Esta profesora considera que la reforma impulsada por el Gobierno “provocará el aumento de la renta”. “Este año es el momento culmen en el que están caducando todos los contratos”, ha advertido.

Desde ALA han apuntado directamente al marco normativo como unos de los factores que sitúan a los inquilinos en una “posición muy vulnerable”. “La legislación que tenemos es hiper garantista con la propiedad, está casi sacralizada y viene relacionado con el derecho romano. El desahucio exprés es una evolución temporal de esa filosofía, el propietario tiene la capacidad de recuperar lo que es suyo muy pronto”, ha incidido

Políticas que apoyan a los propietarios

Además, Posada ha explicado a los asistentes que actualmente los bancos están promoviendo “arrendamientos con claúsulas abusivas”. “Después de los desahucios hipotecarios algunas entidades han iniciado nuevas relaciones con los inquilinos en régimen de alquiler y les imponen la apertura de una cuenta en sus sucursales para pagar la renta, cobrar intereses por el retraso o tener que pagar tres días antes de la fecha fijada”.

“Ante esta situación, hemos dicho basta y hemos decidido autoorganizarnos para dar una respuesta colectiva. Reivindicando la fecunda tradición de las luchas por el alquiler a principios del siglo XX y las actuales luchas de afectadas por la hipoteca”, han explicado los portavoces de este colectivo, que tras su nacimiento esperan “revertir el enorme desequilibrio de poder que hay entre inquilinato y propietarios”.

“Madrid no es un escaparate para turistas” y “Madrid no se vende”, han sido algunas de las consignas que han recorrido el centro de Madrid para reivindicar que la ciudad “es de los vecinos”.

En un ambiente festivo y con algunos asistentes engalanados con los castizos pañuelos y boinas de chulapos, a una semana de la celebración de San Isidro (patrón de la capital) alrededor de un millar de personas se han congregado para recordar al Gobierno municipal y regional las consecuencias de las operaciones Lezo y Púnica, de los feminicidios, de la contaminación, de la gentrificación y de las políticas que no acogen a los migrantes.

Pese a que algunas de estas peticiones iban dirigidas directamente contra el Ejecutivo de la alcaldesa Manuela Carmena, algunos concejales municipales como Rommy Arce o Pablo Carmona han acudido a la marcha. Su recorrido se ha convertido en una metáfora del cambio urbano que demandan los organizadores: pasar de hoteles de cinco estrellas en el centro de Madrid a espacios vecinales que acojan a estos colectivos.

La manifestación ha comenzando en la plaza de Canalejas, un emplazamiento en el que se construirá un hotel y viviendas de lujo ubicado a un suspiro de la Puerta del Sol, y ha terminado en Atocha. Nada más concluir, varios centenares de activistas han ocupado un edificio en la calle del Gobernador, a escasos metros del punto final de la concentración. Los primeros que han entrado en él han desplegado una pancarta con el lema “Make Madrid great again” (hagamos de nuevo grande a Madrid).

En alusión a Canalejas, Susana Albarrán, portavoz de la convocatoria, recordaba que “es uno de los pelotazos heredados de los gobiernos del PP”. “El hecho de que los pelotazos sigan a pesar de un supuesto cambio de Gobierno no nos está trayendo nada más que seguir con lo que nos habían dejado. Además, hay que tener en cuenta que en el centro de la ciudad la presión hotelera y la de los pisos turísticos es inaguantable”, aseguraba.

“He venido para sacarme la rabia de la operación Lezo, nos están robando y no hay consecuencias. Se toma como algo normal, un statu quo ”, afirmaba Laura para justificar su asistencia a esta concentración. Acudía acompañada de David, un vecino del barrio de Lavapiés que denuncia que no está “habiendo una respuesta adecuada para mantener de la calidad de vida de determinados barrios”. “He visto como vecinos se han tenido que cambiar de barrio porque el alquiler subía”, aseguraba.

Uno de los detonantes de esta convocatoria ha sido la investigación que ha llevado a la cárcel al expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. Los organizadores aseguraban que “se calcula que, solo contando con las tramas de corrupción Lezo, Gürtel, Púnica y Mercamadrid, el PP se ha apropiado de más de 656 millones de euros”. “Esto supone 102 euros por cada uno de los 6,4 millones de habitantes de la Comunidad de Madrid”, afirmaban en el manifiesto.

Entre los organizadores se encuentran colectivos muy variados como Ecologistas en Acción, laFederación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), Patio Maravillas, Asociación Sin Papeles de Madrid, PAH Centro Madrid, Espacio Vecinal Arganzuela (EVA), Apoyo Mutuo, Red Solidaria de Acogida (RSA), Instituto DM, Oficina de Urbanismo Social, Centro Social La Villana, Madrid en Transporte Público, Moratalaz Despierta, Lavapiés ¿dónde vas? y Red Espacios Ciudadanos.

Cada uno de estos colectivos ha desplegado sus reivindicaciones. “Un cuarto de la inversión extranjera en Madrid procede del sector inmobiliario, eso va a crear más burbuja”, señalaba Diego, portavoz de la PAH en Vallecas. Desde la plataforma antidesahucios reprochan al Gobierno municipal que “dos tercios de la vivienda social se están construyendo en distritos del sur”, lo que “crea desequilibrios”.

Por su parte, Justa Montero, feminista y miembro de la Asamblea Feminista de Madrid ha recordado que en una ciudad acogedora con las mujeres, éstas tienen que “poder pasear de día y de noche sin el riesgo de sentirse acosadas y sin el temor de sufrir violencia sexual”. Por eso ha incidido en la necesidad de “un urbanismo acorde con las necesidades de todas las personas”.

Una vez que los portavoces de la organización han desconvocado la concentración tras leer el manifiesto en el que han reivindicado políticas públicas centradas en “el bienestar de los ciudadanos y no en el beneficio de grandes corporaciones”, un par de centenares de personas se han acercado a la calle Gobernador para ocupar un edificio que aseguran “es de propiedad municipal”. “Ahora le toca al Gobierno de Carmena mover ficha”, declaraban algunos activistas.

Este edificio no es desconocido para los colectivos sociales madrileños, hace dos años ya ocuparon este complejo, del que fueron desahuciados a las pocas horas.

De Alepo a Palestina, pasando por Bangladesh. La plaza del Reina Sofía, el museo que alberga el Guernica de Picasso, se ha convertido en el emplazamiento elegido por los colectivos migrantes para denunciar la política migratoria del Gobierno y de la Unión Europea. Rememorando el ochenta aniversario de los bombardeos de Gernika, estas asociaciones han querido recordar que esa estampa se continúa observando diariamente en países en los que “constantemente se vulneran los derechos humanos”.

“Hace 80 años que la aviación de Hitler y la de Mussolini atacaron a población civil e indefensa, murieron miles de personas”, ha recordado el actor Carlos Olalla en el evento, “¿dónde estamos hoy? Bombardeando Alepo, Siria, Palestina, ¿dónde están las potencias de entonces? Haciendo lo mismo y defendiendo sus intereses o vendiendo armas. No ha cambiado nada, por desgracia”.

La poeta siria Maysoun Shukair ha tomado la palabra para recitar algunos de sus versos y recordar el sufrimiento diario de sus vecinos, los que continúan viviendo en su país natal. “Lo primero que le pido a los gobierno internacionales es que pare la guerra, sin guerra no hay crisis de los refugiados”, ha reseñado.

“Es una buena oportunidad para vincular Alepo y Gernika. Creemos que están relacionados los asesinatos que se produjeron el 26 de abril del 37 y lo que está sucediendo en Kobane, en Mosul y en un montón de ciudades que desconocemos en las que sus habitantes mueren bajo las bombas o se ven obligados a huir”, ha indicado Pablo Sainz, miembro de la Red Solidaria de Acogida.

Los colectivos organizadores también han querido reivindicar unas condiciones dignas vitales no solo para los ciudadanos que están sufriendo conflictos bélicos en el extranjero. Además han recordado la situación de los millones de refugiados que tras huir de la guerra están en tiendas de campaña embarradas a la espera de llegar a Europa. “Pedimos que se abran vías seguras y para aquellas personas que ya han llegado, seamos ciudades de acogida”, ha subrayado Sainz.

“En ciudades de paz, como se denominan Madrid o Barcelona, somos víctimas diariamente de humillaciones y abusos policiales”, han recordado varios manteros subidos al escenario. Asimismo, han aprovechado para representar ante los asistentes su dinámica diaria, correr delante de los agentes para que no les confisquen la mercancía. “Manteros y lateros, unidos en busca de una vida mejor”, se leía en uno de los carteles que han mostrado.

“Hay un chico al que la Policía le ha roto el brazo. Vendemos en la calle para sobrevivir, para poder pagar el alquiler de nuestras casas”, ha lamentado Marqués, mantero y miembro de la asociación Sin Papeles de Madrid.

Además de representar durante unos minutos el bombardeo, lanzando munición de cartón con un sonido de fondo de explosiones. Este evento se ha convertido en una reunión multicultural, donde entre bailes kurdos y reivindicaciones de nacionalidades que no suelen acaparar titulares televisivos se ha recordado que 80 años después, sigue quedando ciudades arrasadas frecuentemente por las bombas.

Una fuerte cacerolada y pitada ha resonada en la calle Génova durante más de dos horas. Cententares de manifestantes se han acercado a la convocatoria, muchos de ellos han acudido acompañados del menaje de su casa (sartenes, cacerolas o morteros) para protestar por las consecuencias políticas del caso Lezo, por el que se ha decretado prisión incondicional para el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.

“Ilegalizar, al Partido Popular”; “no es un partido, es una banda”; “ ladrones”. Han sido algunos de los lemas que han acompañado durante este par de horas a los golpes de las sartenes, pitos y pancartas. Conforme han ido llegando manifestantes, el lateral par de la calle Génova se ha comenzado a llenar. La Policía impedía a los manifestantes acercarse a la sede del Partido Popular, que se encuentra en la calle impar, así como bloquear el tráfico.

Sin embargo, pasada una hora, centenares de manifestantes han intentado comenzar a moverse. “Nos vamos de paseo”, han cantando mientras circulaban por esta acera con el objetivo de continuar la concentración por el centro de la capital. El fuerte dispositivo policial les ha impedido avanzar por la Plaza de Alonso Martínez, pero sí que consiguieron – a pesar de la oposición de los agentes – bloquear el tráfico en Génova durante 10 minutos al grito de “la voz del pueblo no es ilegal”.

“Ante el saqueo de la mafia, justicia social y democracia”, se leía en la pancarta que desplegaron impidiendo la circulación de coches. Los antidisturbios evitaron que ese bloqueo prosiguiese volviendo a limitar el espacio de los manifestantes al lateral impar de la calle. “Manos arriba, esto es un atraco”, ha sido una de las reacciones de los asistentes al ver que les limitaban el espacio en el que podían manifestarse.

“Que se disuelvan y entreguen las armas. El PP no es un partido, es una banda”. Así han convocado en las redes con el hashtag #MadridSinMafia dirigentes de Podemos, IU y otros activistas sociales a esta cacerolada. A la convocatoria han acudido varios diputados de Podemos de la Asamblea de Madrid.

“Es necesario que haya una movilización importante, que esto sea una marea ciudadana que vaya tomando fuerza. Y en las instituciones, necesitamos que se sumen el resto de grupos a la moción de censura que ha presentado Podemos, así conseguiremos desalojarlos del poder”, ha asegurado a eldiario.es Lorena Ruiz-Huerta, portavoz del partido morado en la cámara regional.

Entre los asistentes, gente de edades diversas y con la consigna clara de que la corrupción ha deteriorado los servicios sociales públicos. “Estamos hartos de que nos gobierne una mafia que cuenta con una estructura para robar a la ciudadanía”, ha relatado Cristina, profesora, que ha acudido junto a unas amigas a esta concentración, “queremos que desaparezca el PP, que la ciudadanía se de cuenta de que no les pueden volver a votar”.

Por su parte, Laura, estudiante universitaria, que ha tenido que comenzar a trabajar para poder pagarse la matrícula tras haber perdido la beca, reseñaba que esta cacerolada “llega tarde”: “La izquierda no ha crecido tanto como el PP, es necesaria una movilización social potente para tumbar al partido del Gobierno”

“Ya no podemos más y vamos a salir todos los días, esto no va a parar. Es un hartazgo, no se puede aguantar. Hace muchos años que no vale todo”, contaba Mar, vecina del barrio de Usera que está en paro, recuerda que su distrito es uno de los más pobres de Madrid, con menor renta por ciudadanos y se muestra indignada al conocer cómo ha gestionado presuntamente el PP de Madrid la financiación pública del Canal de Isabel II.

“Es una vergüenza que mientras yo he perdido el 35% de mi poder adquisitivo y me suben 2 euros la pensión, se esté prevaricando con dinero público. Actualmente España es un país de corruptos que está dejando en la estacada a los jóvenes”, ha apuntado Pedro, yayoflauta, que ha acudido con la sartén a esta concentración junto a sus compañeros.

A pesar de que la dimisión de Esperanza Aguirre ha sido el desencadenante de esta convocatoria, ninguno de los cánticos se ha ido dirigida hacia ella. Todos se centraron en el PP. Aunque, entre los asistentes, sí que ha habido algún chascarrillo por la actitud de la expresidenta regional al mostrarse desconocedora de los hechos por los que se ha imputado a González.

“No sé si se ha apuntado a clases de teatro para mostrarse tan compungida”, apuntaba uno de los manifestantes. Durante las dos horas que ha durado esta concentración no se ha visto a ningún miembro destacado del Partido Popular acercarse a los asistentes.

El espacio habilitado por el Ayuntamiento de Madrid para inaugurar el jardín de los combatientes de La Nueve se ha quedado pequeño. Dos centenares de personas, muchas de ellas ataviadas con banderas republicanas, se han acercado a este espacio ubicado en el distrito de Ciudad Lineal.

El acto ha servido para que un Gobierno municipal madrileño rinda por primera vez un homenaje a los combatientes de la división republicana que participó en la liberación de París del nazismo el 24 de agosto de 1944.

“Qué mañana de primavera de Madrid. Poniendo lo que hay que poner, donde había que poner”, así ha tomado la palabra la alcaldesa de la capital, Manuela Carmena. Con este mensaje aludía a la placa que han descubierto posteriormente con el nombre de Jardín de los combatientes de La Nueve y el párrafo que le acompaña, dedicado “a los españoles republicanos antifascistas que continuaron su lucha en el exilio en la Segunda División Blindada del Ejército de la Francia Libre. Héroes de la Liberación de París”.

Carmena se ha mostrado emocionada por la buena acogida que ha tenido el evento y por el significado de la inauguración, a la que han acudido familiares de víctimas del franquismo, de miembros de La Nueve y Rafael Gómez, el único combatiente que queda vivo. “Rafael, veo cómo te miran los jóvenes de Madrid y veo que quieren ver en ti lo que supisteis hacer: trabajar y luchar por la libertad necesaria”, ha incidido.

En 1944, al llegar a las inmediaciones de la capital francesa, él fue enviado por la División Leclerc, junto a sus 140 compañeros, como avanzadilla de reconocimiento. El 24 de agosto, la tanqueta Guadalajara fue la primera del ejército aliado en pisar suelo parisiense.

“Estoy contento, no soy un gran orador. Gracias a todos”, se ha limitado a apuntar Gómez que ha preferido no tomar la palabra en el acto y que ha sido recibido con un sonoro grito de gratitud por parte del público: “Gracias, Rafael”.

“Liberaron París, pero no solo París. La liberación de esta ciudad fue celebrada en el mundo entero como la victoria de la libertad. Aunque todavía quedaba por combatir para acabar con el nazismo, se cuenta que incluso en Buenos Aires sonaron también las campanas ese día, cuando entraron en París”, ha señalado la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, que también ha participado en el acto.

En él ha recordado como un hijo de expatriados españoles, que había formado parte del equipo de Jacques Chirac cuando fue alcalde, le relató en el año 2001 la historia de esta unidad. Por aquel entonces, Hidalgo era solo concejal del Consistorio. Aun así, tres años después consiguió colocar doce placas en la ciudad para reconocer de forma oficial el recorrido realizado por los republicanos españoles al entrar en París.

“Es cierto que esta historia ha estado escondida, había una amnesia voluntaria”, ha reseñado la alcaldesa parisina en alusión a los 60 años que pasaron desde que La Nueve entró en la capital francesa hasta que recibieron un reconocimiento oficial. Ya con Hidalgo liderando el Gobierno municipal, se inauguró un jardín en el Ayuntamiento en honor a esta unidad. Los reyes participaron en ese acto, un apoyo que también ha querido destacar la alcaldesa francesa.

“El general De Gaulle había llamado a la insurrección del pueblo parisino, para que la gente saliese a la calle y fuese a tomar posesión de lo que los enemigos habían dominado. En ese momento, seguro que los parisinos esperaban ver llegar americanos y ¿qué se encontraron? En la plaza del Ayuntamiento vieron a hombres hablando un idioma que no era el inglés, que era el español”, ha añadido Hidalgo. Además, ha recordado que estos hombres “querían luchar para la libertad y para la democracia” y que esta lucha es la que actualmente permiten a los europeos ser “seres libres”.

Manuela Carmena también ha centrado su discurso en la libertad, destacando que este acto trataba de unir el parque parisino que rinde homenaje a los combatientes republicanos con el madrileño que se acaba de inaugurar: “Por encima de todo, la memoria es esa obligación necesaria para conservar la libertad”.

“La libertad hay que cuidarla, no viene sola. La libertad hay que recrearla todos los días, porque es imprescindible para la evolución de la humanidad. Es posible que un mundo sea mejor, y ese mundo no tiene fronteras si no tenemos libertad”, ha apuntado.

“Si no tenemos claro que la libertad, igualdad y la fraternidad son la luz y el aire que necesita el ser humano. Es absolutamente imprescindible, nos lo enseñaron los franceses, lo empezamos a decir en francés y ahora lo decimos en otras lenguas”, ha recordado en honor a los pilares de la República francesa Liberté, Egalité y Fraternité.

Carmena e Hidalgo han estado arropadas por concejales del equipo municipal como Carlos Sánchez Mato, Jorge García Castaño, Mauricio Valiente, Rita Maestre o José Manuel Calvo; la portavoz del PSOE municipal, Purificación Causapié; y miembros de Podemos, como su secretario general, Pablo Iglesias o Íñigo Errejón, secretario de Análisis Estratégico y Cambio Político.

Primer reconocimiento institucional a La Nueve

“Es un placer presentar el primer reconocimiento que se hace a los héroes de La Nueve en ese país. Se trata de héroes de la democracia, de luchadores que tuvieron que salir de España por culpa de un golpe de Estado”, ha recordado Yolanda Rodríguez, concejala del distrito, que también ha tomado la palabra junto a la escritora Almudena Grandes, los portavoces de la asociación francesa 24 de agosto de 1944 y alumnos del Liceo francés y del IES Miguel Delibes.

Esta inauguración también ha servido para rendir un homenaje al último miembro de La Nueve que ha fallecido, Luis Royo. De forma simbólica, su hija ha depositado una urna con sus cenizas junto a la placa dedicada a los “héroes de la liberación de París”. El acto se ha interrumpido en varias ocasiones por la intervención de algunos asistentes que han manifestado que “los crímenes del franquismo no deben prescribir”, así como que “sin memoria no hay democracia”.

Ascensión Mendieta ha sido una de las asistentes a esta inauguración, para esta mujer de 90 años este acto ha sido un símbolo de justicia poética. Hija de un sindicalista de UGT fusilado en 1939, y que continúa batallando judicialmente para que se exhumen los restos de su progenitor, es vecina del barrio y pasea diariamente por esta zona ajardinada. “Hasta ahora nunca se había hecho un reconocimiento así a las víctimas del franquismo”, ha asegurado a eldiario.es visiblemente emocionada.

Este lunes ha comenzado el recorrido diseñado por Podemos por los puntos centrales de la corrupción y las puertas giratorias de Madrid

Con los rostros de Luis Bárcenas, Rodrigo Rato, Juan Miguel Villar Mir o Juan Luis Cebrián, quieren denunciar las relaciones entre poder político y económico

Irene Montero ha asegurado que esta campaña tiene un "objetivo pedagógico" para que la mayoría de la sociedad conozca estas conexiones

Esta mañana ha echado a andar el 'tramabús', un autobús promovido por Podemos para que circule durante esta semana por lugares que representan puntos centrales de la corrupción y de las puertas giratorias en Madrid.

Frente a los edificios de compañías como Endesa, Iberdrola o Bankia; instituciones como el Banco de España o la Bolsa de Madrid y la sede del Partido Popular ha parado por primera vez este vehículo. Su decoración no ha pasado desapercibida para viandantes y conductores, que no se han resistido a tomar fotos.

El vehículo de color azul –como el PP–, decorado con grandes vinilos con los rostros de algunos de los protagonistas de las relaciones de poder que quieren denunciar desde Podemos, ha circulado también por calles emblemáticas de la capital, como Serrano o el Paseo del Prado. “La trama corrupta se mantiene en el poder recortando nuestros derechos y saqueando nuestro país”, es uno de los lemas que han colocado en el autocar.

Algunos de los rostros que figuran en este autocar son los de los expresidentes Felipe González y José María Aznar; el exvicepresidente del Gobierno y expresidente de Bankia, Rodrigo Rato; el extesorero del PP, Luis Bárcenas; la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre o Juan Luis Cebrián, presidente del grupo Prisa.

Además, también han dibujado a Mariano Rajoy de espaldas mandando el polémico mensaje “Luis, sé fuerte”.“Rajoy está mirando de espaldas, mientras todos están de cara, porque es la explicación de lo que hace el poder político. No quieren mirar de frente a su espejo, que es el poder económico”, ha incidido el sociólogo y escritor Rubén Juste, autor de Ibex-35 (Capitán Swing).

Según ha añadido, con esta ruta pretenden realizar una “labor pedagógica” y lanzar una “campaña de concienciación” para que la “gente sea consciente de que existe un entramado” y no crea que los casos investigados son “casos aislados”. “La corrupción es un problema de salud pública que está amenazando la integridad de las personas”, ha apuntado Juste. “Este 'tramabús' busca que la gente se sienta respaldada por un discurso. Y así denunciar que la subida del precio de la electricidad no se debe a que un día llueva o no salga el sol, esos precios son connivencia del poder económico y político”.

Además de Juste, el primer recorrido de este autocar ha contando con Irene Montero, portavoz parlamentaria de Unidos Podemos, y Pablo Iglesias, secretario general de Podemos, como guías. En el estreno, solo han participado periodistas como asistentes al recorrido. Aunque según han explicado desde el partido el autobús circulará durante esta semana por Madrid, sus rutas estarán abiertas al público, participarán diferentes portavoces y contarán con diferentes recorridos.

“Nos vamos a esforzar para que llegue a todas partes”, ha resaltado Iglesias. Además ha citado Murcia, Valencia o Galicia como algunas de las comunidades por las que que les gustaría que circulase el 'tramabús', donde posiblemente irá alterando las caras que lo decoran.

El 'tramabús' ha salido desde el Parque de Berlín y ha realizado su primera parada frente a la sede de Endesa, cerca del Campo de Las Naciones. Allí Montero ha destacado que esta compañía es “un buen ejemplo de la trama”. “Cuando Aznar llegó al Gobierno situó en esta empresa, mayoritariamente pública, a personas de su confianza como a Martín Villa, alto cargo del franquismo”, ha asegurado.

Con esta ruta, Podemos pretende que “el movimiento (del autobús) dibuje una línea de poder” que relacione a políticos con grandes empresas. “El PP siempre dice que los casos de corrupción son casos aislados, pero el movimiento nos permite dibujar una línea de poder diseñada por la geografía de la ciudad”, ha apuntado Montero.

“Muchas veces estas relaciones (de poder) han salido en medios o han sido publicadas por investigadores pero no es información que maneje la mayoría de la sociedad. ¿Por qué no es así si la información es pública? ¿Por qué no se estudia esta información? Nos estamos refiriendo a quién manda en España, quién decide si tenemos derecho a la electricidad y al agua”, ha añadido Irene Montero.

También se ha realizado una parada en la sede de Iberdola. “En su Consejo de Administración ha estado Acebes, exministro de Aznar, y José Luis Olivas, expresidente de la Generalitat valenciana. Además, es el mayor donante privado de la Fundación Faes, producción del pensamiento para José María Aznar”, ha añadido.

A mitad de ruta, Pablo Iglesias se ha subido al autocar. Lo ha hecho en Plaza Castilla, donde se encuentra la sede de Bankia. En ese punto ha denunciado que “la trama está parasitando las instituciones públicas”, recordando la salida a bolsa y su posterior rescate.

A los asistentes de esta primera ruta les han recibido con un sobre con un mensaje: “Frente a los sobres de dinero negro, este sobre contiene las medidas para frenar la trama de corrupción que domina nuestro país”. En él aluden a doce soluciones con las que pretenden combatir “el bloque de poder” y las puertas giratorias.

“La mejor vacuna contra la trama son políticas económicas que defiendan a los empresarios, porque estos señores no son empresarios de verdad, son parásitos que han hecho dinero estando muy cerca del poder. Algunos ciudadanos tienen que sacar empresas adelante apretándose el cinturón, mientras otros como Villar Mir salen adelante gracias a sus vínculos políticos”, ha recordado Iglesias.

“La trama tiene que ver con que haya niños que estudian en barracones en la Comunidad Valenciana, o que se utilice el derecho a la sanidad para enriquecer a algunos amigos”, ha añadido el secretario general de Podemos. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la Bolsa de Madrid, el Banco de España y el Congreso de los diputados han sido otros de los puntos emblemáticos por los que ha circulado por primera vez el 'tramabús'.

Frente a la sede del Partido Popular Iglesias ha recordado que con esta ruta pretenden “combatir la teoría de la conspiración”, y ha puesto como ejemplo que la sede de Génova es la de un partido que cuenta con “850 cargos públicos que han sido imputados”.

Se cumplen 14 años del asesinato del cámara de televisión, que falleció en Irak por el impacto del disparo de un tanque estadounidense

Centenares de personas se han concentrado en la embajada de Estados Unidos en Madrid para exigir justicia al grito de "José Couso, crimen de guerra"

"¿Quién nos diría que catorce años después de tu asesinato hay personas que se muestran orgullosas de salir en la foto de las Azores?", ha reseñado su madre

Varios centenares de personas han vuelto a recordar que el caso Couso es un “crimen de guerra que sigue impune”. Acompañando a familiares, compañeros y amigos del cámara de Tele 5 José Couso, asesinado en Irak en 2003, se han vuelto a concentrar esta mañana ante la Embajada de EEUU en Madrid para “exigir justicia” en el 14º aniversario de su asesinato.

“Hemos presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional, viendo que se violan derechos fundamentales recogidos en la Carta Magna y que no todos somos iguales ante la ley. Esperamos que se vuelva a iniciar el juicio que se archivó por parte de una administración que hizo uso de la mayoría absoluta para reformar la ley de justicia universal”, ha recordado el hermano del cámara, David Couso.

En el acto que han organizado ha intervenido la batucada Samba da Rua, el teniente Luis Gonzalo Segura, la periodista Patricia López y el músico JaviChispes. La madre de Couso, Maribel Permuy, ha lanzado varios mensaje a su hijo fallecido. “José, ¿quién nos diría que catorce años después de tu asesinato hay personas que se muestran orgullosas de salir en la foto de las Azores?”, ha reseñado su madre“, en alusión a las últimas declaraciones del expresidente José María Aznar en la entrevista que le hizo Bertín Osborne: ”Tu asesinato, como el de los iraquíes, es de segunda“.

David Couso también ha insistido en recalcar que estas declaraciones muestran el “desprecio que Aznar lanza” sobre su familia. “Qué triste que un expresidente de este país se enorgullezca de un hecho tan terrible y despreciable para la humanidad”, ha reseñado, recordando el apoyo de Aznar a la guerra de Iraq sin tener en cuenta a los manifestantes que se opusieron a esta decisión. “Desprecia a su pueblo y a las víctimas iraquíes, legitima su mentira y no pasa nada. Se siente impune diciendo que se enorgullecía de salir al lado de sus aliados y olvidándose de las víctimas. Sentir el desprecio es terrible”, ha sentenciado.

“EEUU asesina periodistas”

Como todos los años, desde que asesinaron a Couso, su familia ha montado un pequeño escenario frente a la Embajada, del que colgaba la pancarta: “Estados Unidos asesina periodistas. Basta de impunidad”. A él se ha subido la periodista Patricia López para asegurar que el Gobierno “no ha hecho nada para hacer justicia”, reseñando que tras la reforma de la justicia universal, aprobada por la mayoría absoluta del PP en 2014, la mayoría de causas que se tramitaban en la Audiencia Nacional quedaron archivadas, entre ellas el caso Couso.

Esta reforma acabó con la posibilidad de perseguir judicialmente desde España delitos internacionales como crímenes de guerra cometidos contra españoles fuera de nuestro país, como es el caso Couso. A pesar de existir tres militares estadounidenses procesados y una investigación abierta por el juez Santiago Pedraz, esta nueva legislación zanjó el proceso.

“José Couso, crimen de guerra” o “esta Embajada está ensangrentada” han sido algunos de los gritos que han lanzado los asistentes de la concentración. “Estaremos aquí 14, 15 o 20 veces. Las que sean necesarias hasta que se haga justicia y este asesinato no quede impune”, ha insistido Virginia, una de las asistentes.

Ante el público también ha tomado la palabra Luis Gonzalo Segura, teniente expulsado del Ejército. “Ha llegado la hora de que el Gobierno exija justicia para Couso, para los militares asesinados, para hospitales bombardeados y para Yemen”, ha apuntado. Además ha recordado que estando en activo participó en la pruebas que se hicieron para determinar si este caso fue un crimen o no. “Fue vergonzoso. Las pruebas se hicieron en unas condiciones que no eran las idóneas. Evidentemente el carro de combate no era como con el que se disparó y nosotros no estábamos en la misma planta del edificio en la que se encontraba José”, ha indicado.

José Couso fue asesinado después de que EEUU atacara el hotel Palestina, objetivo civil, donde se alojaba la prensa internacional durante la guerra de Irak. El 8 de abril de 2003, en el que el hotel Palestina fue atacado por el ejército norteamericano, también lo fueron la televisión Al Jazeera y Abu Dhabi TV. En total, tres periodistas perdieron la vida y varios más resultaron heridos. Ningún responsable ha sido juzgado.

La cooperativa de profesores que dirigió durante diez años la escuela infantil Las Nubes, la única pública del barrio de Retiro en el centro de la capital, perdió la gestión en julio del 2014 después de una subasta a la baja efectuada por el Gobierno de Ana Botella.

“Estábamos dispuestos a aceptar una bajada de sueldo, pero no íbamos a hacer una oferta como la que se presentó, un 25% de rebaja, que ha tenido consecuencias para el funcionamiento del centro”, recuerda Pilar García, directora de esta cooperativa sin ánimo de lucro. Muchas de las escuelas municipales pasaron a ser gestionadas por empresas de servicios.

Una vez que la pérdida de la gestión de esta escuela pública fue una realidad, familias y docentes crearon una nueva cooperativa, No me bajo de Las Nubes. En tres meses consiguieron abrir de nuevo un centro educativo privado en el barrio de Arganzuela, Los 100 Lenguajes. Tras un mes de funcionamiento se quedaron sin plazas libres.

Con la llegada de Ahora Madrid al Gobierno municipal, se eliminó el criterio económico en la adjudicación de estos centros educativos y esta cooperativa recuperó a comienzos de este curso la gestión de la escuela pública situada en el Retiro.

Bárbara comenzó tachando cada día que pasaba recluida en su casa. Al séptimo, el pasado 28 de marzo, se cansó. Ese es el último que está rayado con boli azul en el documento judicial que recoge los 45 días que va a vivir privada de libertad. “Me terminaba agobiando más al ver el número de días que llevaba arrestada, eran muchos menos que los que me quedaban pendientes”, cuenta esta madre de dos niños de 13 y 10 años.

“Llegué hace cinco años a esta casa, tras separarme. Siempre he intentando darle un techo a mis hijos”, responde. En junio se dictó la primera sentencia que le obligaba a desalojar el inmueble en el que reside, propiedad de UCI (Unión de Créditos Inmobiliarios). Un piso pequeño, un poco destartalado, situado en el barrio de Vallecas.

La condenaban también a una multa de 540 euros, seis euros al día durante tres meses, por haber cometido un delito de usurpación, ocupación no violenta del inmueble. Si no pagaba, en el documento judicial aclaraban que “cada dos cuotas de multa no satisfechas se sustituirán por un día de privación de libertad”. Y así ha sido.

Lo más llamativo de este tipo de condenas es que tienen que cumplirlas en el mismo piso que han ocupado, y por lo que han sido sancionados. “Es totalmente surrealista. Estoy en arresto domiciliario en una casa que tengo que desocupar porque me desalojan. Realmente me están condenando por ser pobre, porque no tengo (dinero) para pagarles una multa”, incide Bárbara, que lleva ya varias semanas en privación de libertad y asegura estar “desesperada”.

Alternativas al arresto en el piso ocupado

Desde Jueces para la Democracia valoran esta decisión como “paradójica”. Según indica su portavoz, Ignacio González, el Código Penal también recoge que en casos como el de Bárbara se le podría plantear “trabajos en beneficio de la comunidad” o “cumplir condena en calabozos municipales”. “El primer caso además le permitiría buscar una alternativa habitacional (mientras cumplen condena)”, apunta González.

La sanción comenzó el 20 de marzo y finalizará el 19 de mayo. Bárbara “libra” los fines de semana. Solo debe cumplir arresto domiciliario de lunes a viernes. “En cada caso toman una decisión diferente”, explica Diego, portavoz de la PAH de Vallecas. Desde el grupo de vivienda del barrio de Latina han recopilado en toda la Comunidad de Madrid seis casos como el de esta familia y los han presentado ante la defensora del Pueblo.

Uno de ellos, el de Dara y Miguel, se ha cumplido de forma ininterrumpida, 45 días seguidos. Tenían también 540 euros de multa, 270 euros cada uno. “Todos los días viene una pareja de agentes municipales para que firmemos, suelen acudir en momentos diferentes: mañana, tarde o noche”, explica Miguel, también vecino del barrio de Vallecas.

“No miran por los menores”

Estos jóvenes veinteañeros son padres de un niño de tres años, la familia completa ingresa mensualmente el RMI (Renta Mínima de Inserción) 587 euros. Durante la condena se han encontrado con problemas para que les concedan permisos y salir del domicilio en casos excepcionales. Un fin de semana el abuelo de Miguel estuvo ingresado en un hospital y pidieron autorización para visitarle: “Me dijeron que hasta el lunes no me podían dar una respuesta. Ese sábado me sentí impotente, todo el rato escuchando malas noticias por teléfono y sin poder salir. Parecía un ensañamiento”.

“No miran por el bienestar de los menores. No miran por que tienes que trabajar para darles de comer, no miran por que hagas la compra para ellos, no miran por nada”, asegura Bárbara con impotencia. Dejó de trabajar a jornada completa como camarera porque su cuerpo “no podía más”, en ese momento comenzaron los problemas para llegar a final de mes y tomó la decisión de ocupar. “Nosotros hemos intentado regularizar nuestra situación y vivir como personas normales. Desde la segunda semana que llegamos, buscamos un alquiler social que nos podamos permitir económicamente y no nos lo facilitaron”, finaliza Dara.

Susan no quiere un desahucio violento, tampoco quiere que acudan furgonetas de la Policía Nacional, ni activistas antidesahucios para intentar paralizarlo, ni que haya cánticos reclamando una alternativa habitacional. En esta caso, como en muchos de los 6.674 desahucios que se registraron el año pasado, esta joven quiere abandonar la que ha sido su casa durante estos últimos tres años en silencio y sin oponer resistencia.

Sin ingresos y en el paro, ella y su hijo de tres años solo reciben la pensión que le pasa mensualmente el padre del menor. “Estaba nerviosa, pensé que a lo mejor me echaban ese mismo día a la calle. Recuerdo que hubo empujones, había policía y muchos agredidos. La verdad es que lo viví muy mal”, así recuerda el primer intento mientras atiende a esta eldiario.es en una de las asambleas de la PAH en Alcorcón. Durante tres años ha estado ocupando un piso que ha adquirido una inmobiliaria.

No consigue dar con una clave por la que considere que su respuesta justifique por qué ha decidido no seguir intentando paralizar un desahucio, pero la decisión estaba tomada desde que vivió la violencia entre agentes y activistas en su primera tentativa de desalojo.

Sandra, 70% de discapacidad

El caso de esta joven no es un caso aislado. Sandra, también activista de la PAH de Alcorcón, tiene una orden judicial de desalojo por estar ocupando una vivienda de la Sareb, aunque por ahora no tiene una fecha desahucio programada. Se desplaza acompañada por una muleta, ya que según acredita con una tarjeta de discapacidad, le han concedido 70% de minusvalía.

Ni Sandra ni Susan cuentan con una alternativa habitacional. El Ayuntamiento de Alcorcón no ha explicado a esta redacción qué medidas contemplan ante un lanzamiento de estas características. La solución de Susan pasa por dormir junto a su hijo en el sofá de la casa de una amiga. “Hay desahucios todos los días en cada municipio. Nosotros, en Alcorcón tenemos cada semana. La PAH consigue paralizarlos por presión previa ante instituciones o bancos”, replica Manuel San Pastor, abogado de la plataforma.

¿Qué medidas recoge la ILP de vivienda?

Varios colectivos sociales están recabando firmas para que se apruebe en la Asamblea de Madrid una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que reclama una “ley urgente del derecho a la vivienda en la Comunidad de Madrid”.

Según datos del Consejo General del Poder Judicial, el año pasado hubo en Madrid 6.674 lanzamientos, esta cifra supone un descenso del 7,2% respecto a los 7.194 de 2015. En esta recogida de datos, se tienen en cuenta distintos tipos de inmuebles, no solo viviendas y, en el caso de éstas, no solo a vivienda habitual.

“Buscamos que no haya gente sin casa, ni casas sin gente. Queremos que se garanticen alquileres sociales, entendemos que hay que pagar una renta, pero hay que adaptarla a los ingresos de las personas”, apunta el letrado. En el texto que han elaborado desde la Coordinadora de Vivienda de Madrid, la Asociación Libre de Abogadas y la Federación de Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid recogen un amplio número de medidas.

Entre ellas, garantizar el acceso a la vivienda pública, combatir la pobreza energética, paralizar los desalojos forzosos sin alternativa habitacional, establecer un proceso de acceso a la vivienda general y de emergencia o elaborar medidas para prevención del uso antisocial de las viviendas. Para que la ILP llegue ser tramitada, requiere el apoyo de al menos 50.000 madrileños.

En septiembre Rita Maestre anunció que el Ayuntamiento de Madrid iba a pasar a gestionar el servicio de bicicletas de la capital. Oficialmente la municipalización comenzó el 20 de octubre. Durante los últimos meses en los que ese servicio fue ofrecido por Bonopark y los primeros en los que ha dependido del Consistorio, encontrar estaciones cerradas, sin bicicletas o vehículos bloqueados, fue una dinámica habitual para los usuarios de BiciMad.

La situación meses antes tampoco era mucho mejor. “Los tótems no daban tarjetas o se las tragaban, era difícil conseguir sacar alguna bici y no estaban en buen estado”, recuerda Amalia Salvador, miembro de la asociación Madrid Ciclista. Casi cinco meses después de que el servicio se haya municipalizado, algunos de los usuarios consultados por el diario.es aseguran que han notado que el funcionamiento de este sistema público ha mejorado.

“Ha disminuido en un alto porcentaje el número de anclajes de bicicletas que se quedaban bloqueados. También hemos podido ver con datos oficiales que después de todo este parón (durante las reparaciones realizadas por el Ayuntamiento) se está recuperando el número de usuarios, el número de viajes y sobre todo, se ha conseguido que el número de quejas haya ido bajando, eso es un indicador muy bueno”, apunta Iván Villarrubia, usuario y redactor del blog En Bici por Madrid.

2.028 bicicletas para 60.100 abonados

Estos últimos cuatro meses, desde noviembre a febrero, los viajes que han terminado con reclamaciones se reducen al 2%, teniendo en cuenta la información facilitada por el portal de datos del Ayuntamiento. En ese periodo se recogieron 3.105 quejas de media al mes y se realizaron un total de 621.763 viajes. Un año antes, en ese mismo espacio temporal, el porcentaje de quejas fue un poco más elevado 3,6%, 8.785 reclamaciones mensuales y 971.172 usos.

Actualmente, el servicio cuenta con 60.100 abonados y 2.028 bicicletas. “El número de usuarios es difícil que crezca más. Todo el mundo quiere usar las bicicletas a la misma hora, a las cuatro de la mañana no tienes problema para sacar una bici pero a las ocho de la mañana todo el mundo quiere encontrar una bici. Si yo cojo una a esa hora, hay más de 20 abonados que se quedan sin ella. Eso es un sistema público, mucha gente compartiendo una bici. Esa limitación es inherente a estos sistemas”, apunta Villarrubia.

Desde el último verano, BiciMad fue perdiendo abonados mensuales. En julio se alcanzó un máximo histórico de usuarios, 67.304 y desde entonces ese dato se ha ido reduciendo, saldándose mes a mes con una cifra negativa en la suma de abonados que se dan de alta y los que se han de baja.

Coincidiendo con las reparaciones del servicio, en noviembre el Consistorio contabilizó 1.494 usuarios menos. Aunque durante estos dos últimos meses parece que han conseguido estabilizar el número de bajas, registrando 143 abonados menos en enero y una caída de 187 usuarios en febrero.

Los arreglos que ha realizado el Consistorio han consistido en “la sustitución de determinados elementos de anclaje en todas las bases, en el cambio de los identificadores de las bicicletas y en la instalación de un nuevo modelo de GPS en todos los vehículos”, según informó la EMT en una nota de prensa al hacer público el cambio de gestión.

Estos trabajos han provocado que “este invierno se hayan realizado la mitad de usos que durante el anterior por la cantidad de cortes que estaba teniendo el servicio”, tal como apunta Villarrubia, “cuando las bases se terminaron de reparar, los anclajes comenzaron a funcionar con el nuevo sistema y las bicicletas estaban arregladas, poquito a poco comenzó a haber una remontada. Posiblemente en el mes de marzo se alcance el mismo número de usos que el año pasado y, esto es especulación, en abril superemos el número de usos”.

Como señala Villarrubia, según los datos del portal del Ayuntamiento, coincidiendo con las primeras reparaciones efectuadas tras la municipalización, en el mes de noviembre se registró uno de los usos mínimos del sistema en los dos últimos años, 133.408 viajes. Por ejemplo, un año antes se contabilizaron 291.424. A partir de entonces han conseguido que los desplazamientos vayan aumentando, 159.356 en enero y 173.816 en febrero, aunque todavía esas cifras no han alcanzado los datos que registraron hace doce meses.

Esta redacción se ha puesto en contacto con el Consistorio para elaborar esta información. Aseguran que no van a hacer valoraciones sobre BiciMad hasta que no se alcancen los seis primeros meses de municipalización.

“De momento no he notado la huelga”, ha sido la respuesta repetida por los usuarios de Metro de Madrid consultados por eldiario.es a primera hora de esta mañana en el centro de la capital. Tanto en las estaciones de Atocha como en la de la Puerta del Sol, la espera de los trenes oscilaba entre tres y cinco minutos, un intervalo de tiempo que se encuentra “en la media de un día normal”, según han explicado trabajadores de la empresa.

Los primeros paros se han celebrado entre las 6:05 y 8:40 horas, con un seguimiento del 99,1% según el sindicato colectivo de maquinistas del Metro. Por su parte, desde el suburbano aseguran que han circulado el 92% de los trenes que se utilizan en un día habitual. “Han salido 42 más de lo que establecían los servicios mínimos”, añade un portavoz del Metro.

A lo largo del día continuarán los paros parciales de 13:20 a 16:25 y de 17:00 a 19:55. El próximo lunes 27 de febrero habrá otra convocatoria de huelga en las mismas franjas horarias y, si no llegan a un acuerdo, el sindicato mantendrá paros “de forma indefinida” todos los viernes. Según informa el suburbano, los servicios mínimos oscilarán entre 68% y 59% de los trenes.

Incidencia en la línea 6

Solo en la línea 6 se han registrado incidentes por un problema en la señalización, un hecho que ha demorado en “13 minutos la salida de algunos trenes”. Según apunta un portavoz de Metro, este problema no está relacionado con los paros.

“He notado muchísimo la huelga”, ha asegurado una vecina del barrio de La Peseta, “he cogido la línea 11 a las 06.35 de la mañana, ahí he esperado 16 minutos. Luego en la línea seis, en Plaza Elíptica, otros 10 minutos y se ha ido parando en todas las estaciones. Me he empezado a agobiar y me he tenido que bajar, 10 minutos más de espera. Al final he salido media hora antes de casa y he llegado quince minutos después, ha sido espantoso”.

Aunque la mayor parte de los entrevistados han asegurado que no han sufrido retrasos para llegar a su trabajo. “En mi caso el tren ha llegado en un minuto. He visto que iba un poco más lento, tardaba en arrancar, pero nada más. Si que es verdad que mi vagón no, pero el de enfrente iba lleno”, explicaba un usuario que salía de Atocha para acudir a su oficina.

“No se ha notado, a las 07.30 lo he cogido en el barrio y en 20 minutos estaba aquí, como siempre. He tenido que esperar tres mintos”, añadía un vecino de Vallecas que también salía del suburbano en la estación de la línea uno para coger un autobús.

“Nos mantienen como personal no cualificado”

El sindicato colectivo de maquinistas del Metro de Madrid (SCMM) ha iniciado estas protestas para reclamar a la empresa que les reconozcan la categoría laboral de 'maquinistas de tracción eléctrica' ante la Seguridad Social.

“Hasta ahora tan sólo nos han otorgado el nombre, pero no el reconocimiento expreso ante la Seguridad Social, nos mantienen como personal no cualificado”, apunta su portavoz, Juan Antonio Ortiz. Un portavoz del suburbano asegura que eso no depende de Metro, sino del Ministero de Empleo que les “tendría que incluir en la categoría de régimen ferroviario”.

Huelga “absolutamente injustificada”

Desde el suburbano madrileño aseguran que esta convocatoria está “absolutamente injustificada” porque se realiza “tan sólo tres meses después de que la empresa y el resto de sindicatos firmaran un acuerdo para la puesta en marcha de un nuevo convenio colectivo para los trabajadores, que tendrá vigencia hasta que acabe 2019”. Asimismo, destacan que “Metro ha incorporado en octubre a su plantilla a un total de 360 nuevos maquinistas”.

El sindicato convocante asegura que ellos no han suscrito el acuerdo al que hace referencia el suburbano. Asimismo, su portavoz remarca que a los “1.900 conductores” que se agrupan en este colectivo se les exige una formación específica y se les requiere una alta responsabilidad en su puesto de trabajo.

Por eso, reinciden en destacar la importancia de su reivindicación. “Tenemos que pasar por una prueba especial a nivel regional y recibir una formación específica en la que han de pasar exámenes continuos para poder obtener su plaza como maquinistas”, asevera el representante de este sindicato que, asegura, representa “al 90% de los maquinistas del Metro de Madrid”.

“Ya son muchos los trabajadores jubilados o reubicados por enfermedades derivadas de la contaminación acústica, electromagnética, factores psicosomáticos, psicosociales al no ser acreditadas por la Seguridad Social al no poseer ese reconocimiento”, añade.

“Actualmente, en Meseta de Orcasitas no hay nadie que tenga pobreza energética, desde el punto de vista de la calefacción”. Así de contundente se muestra, Miguel Ángel González, el presidente de esta mancomunidad de vecinos. Desde hace 35 años, las 2.350 familias que viven en las seis manzanas que se agrupan en este barrio, situado al sur de la capital, se abastecen de calefacción gracias a la central térmica que ellos mismos poseen.

En la década de los 80, cuando se remodeló este distrito, que hasta entonces estaba poblado por chabolas, los vecinos consensuaron en asamblea cómo iban a diseñar el barrio. “En alguna reunión, alguien dijo que en Europa funcionaban muy bien las centrales comunitarias”, recuerda González. Así nació la idea de crear esta iniciativa, que funciona entre octubre y abril diariamente desde las 12 horas de la mañana y se apaga diez horas después.

“Es una calefacción de ricos en un barrio de pobres”, añade González, haciendo referencia al recibo de 36,5 euros que pagan mensualmente por la calefacción central. El hecho de que los vecinos sean los gestores del sistema, reduce costes. “Además, hacemos una compra conjunta con otras mancomunidades que se autoabastecen también de calefacción”, finaliza.