Los protocolos que impidieron derivar a los ancianos durante lo peor de la pandemia han vuelto a protagonizar un cara entre el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y la oposición. La diputada socialista Lorena Morales ha leído en la Asamblea de Madrid el contenido de las decenas de actas y llamadas al 112 desveladas por elDiario.es en las que se constata el abandono en el que se encontraban los centros.

“He llamado esta mañana varias veces porque se están muriendo como chinches. No hay personal, no dan abasto. Por favor, vayan ya porque se van a encontrar a los 180 ancianos muertos. Nos está diciendo la residencia que ni les llama nadie ni les están dando material”. Estas fueron las palabras de la hija de un usuario de la residencia en Sanchinarro el 24 de marzo del 2020 cuando contactó con el teléfono de emergencias de la Comunidad de Madrid. 

“Me rompió el alma escuchar las llamadas y el dolor de las familias”, ha replicado este jueves Morales, que ha lamentado que “Ayuso le robó el derecho a la asistencia sanitaria a miles de mayores en las residencia, dejándoles morir de forma cruel”. “Me dirá que retorcemos el dolor de las familias. Eso lo hacen ustedes, que impiden que se investigue y encima se burlan de los profesionales de la comisión ciudadana”, ha añadido.

Como aventuraba la diputada socialista, la consejera de Familia, Ana Dávila-Ponce de León, ha insistido en que el único fin de la representante de la oposición es “retorcer el dolor de las familias y de los profesionales”. “Es repugnante”, ha insistido la política del PP, que para replicar en su turno de intervención ha leído una serie de cartas de agradecimiento que han recibido trabajadores de residencias. Dávila no ha especificado cuándo se produjeron esos gestos de gratitud, si durante o ya después de la pandemia. 

“7291 mayores nos faltan, 7291 razones para que dimita Ayuso”

Según Dávila, familiares de residentes han enviado cartas a empleados de centros de mayores reconociendo que son “profesionales de diez” y que fueron el “salvavidas” de alguna familia “cuando surgieron problemas de salud”. La consejera asegura que se “reúne” con seres queridos de mayores residentes “cuando” se lo solicitan“. 

Sin embargo, Morales insiste en que el Gobierno de Ayuso “no quiere mirar a la cara” a los familiares de aquellos mayores que fallecieron durante la pandemia en residencias ubicadas en la Comunidad de Madrid. Y ha sentenciado: “Quedan más de 200 causas judiciales abiertas: ”7291 mayores nos faltan, 7291 razones para que dimita Ayuso ahora mismo“.

elDiario.es desveló esta semana decenas de transcripciones de las comunicaciones desesperadas de familiares y personal de residencias de la Comunidad de Madrid al teléfono de emergencias en las primeras semanas de pandemia, y que constatan tanto la existencia de un protocolo de exclusión como el abandono en el que se encontraban los centros.

Esta redacción también avanzó el contenido de las actas estaban firmadas por la propia Consejería del Gobierno regional presidido por Isabel Díaz Ayuso y por organizaciones como Médicos Sin Fronteras, Cruz Roja o SAMU sobre visitas hechas a lo largo del mes de abril de 2020. “No ingresos hospitalarios”, “el personal auxiliar lleva dos meses durmiendo en la residencia”, “al llegar la ambulancia se niegan a hacer traslado por no cumplir criterios y fallece”, “no han sido admitidos en el hospital y no han tenido cuidados paliativos”, son algunas de las frases que quedaron registradas tras las visitas. 

Estos documentos desmienten lo que desde ese momento ha asegurado el Gobierno de Madrid: que no hubo protocolos para no trasladar a los residentes a centros hospitalarios. El responsable de la Consejería de Políticas Sociales en la primera ola de la pandemia dimitió el 2 de octubre de 2020 tras denunciar esos –supuestamente inexistentes– protocolos y calificarlos de “poco morales y posiblemente ilegales”.

El primer presidente de la Comunidad de Madrid, Joaquín Leguina, preside desde este martes la Cámara de Cuentas regional. Así lo han decidido los nuevos consejeros del órgano fiscalizador tras tomar posesión, según informa 'Abc'. Leguina fue aupado al cargo directamente por la actual presidenta de la región, Isabel Díaz Ayuso, ya que recibió únicamente los votos del PP en la Asamblea. El partido de Ayuso controla la mayoría de la Cámara de Cuentas, por lo que la elección de Leguina como presidente no podía hacerse sin su concurso.

El control del PP de Ayuso sobre el órgano fiscalizador de la región se fraguó a finales del año pasado. El día del sorteo de Navidad, la Asamblea de Madrid celebró un pleno extraordinario para aprobar los Presupuestos de 2024 y, de paso, diferentes modificaciones legales. Entre ellas, una para laminar a la oposición en la Cámara de Cuentas.

Cuatro meses después, Ayuso completa la jugada. Primero propuso a Leguina como consejero. Un cargo que lleva aparejado un sueldo de 100.000 euros. El propio expresidente de Madrid dijo no tener muy claro cuáles serían sus funciones y que se enteraría “más a fondo” cuando se incorporara. El PP designó en solitario a cinco de los consejeros del órgano fiscalizador.

Pero Leguina tendrá que enterarse, además, de qué funciones tiene como presidente. Este martes, los nuevos siete consejeros han tomado posesión de su cargo. Después, se han reunido por primera vez y le han elegido como su presidente.

Leguina culmina así su tránsito. En 1983 fue elegido presidente de la recién constituida Comunidad de Madrid. Desde algunos años antes lideraba al PSOE en la región. Leguina cedió el poder al PP en 1995 y, desde entonces, la derecha ha gobernado de forma continua en Madrid.

Su distanciamiento con el PSOE llegó tras asumir José Luis Rodríguez Zapatero al liderazgo estatal del PSOE. Leguina apoyó a su rival, José Bono, de la mano de Felipe González y otros líderes antiguos del socialismo español. Leguina acabó pidiendo el voto para Ayuso, lo que supuso su expulsión como militante socialista.

La Comunidad de Madrid pondrá en marcha un sello para “centros sin pantallas” en Infantil y Primaria que permita a los centros que deseen acogerse ofrecer este tipo de educación a las familias en estos primeros años de la formación de los jóvenes, reforzando así su capacidad de elección y ayudando a combatir la problemática de las adicciones digitales.

Así lo ha indicado este martes el consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, durante un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum, en el que ha explicado que esta propuesta se incluirá en el Plan por la libertad, la pluralidad y la calidad de la educación que la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ya avanzó al comienzo del curso escolar y que el Gobierno regional espera presentar este mes de enero.

En dicha “presentación oficial” se desvelará el documento que sintetiza todos los elementos del plan, algunos de carácter normativo y otros “de carácter más práctico”, ha indicado el consejero. Viciana ha defendido, entre los objetivos del plan, “atajar” problemas como la dependencia de las pantallas por parte de los estudiantes y formarlos “sobre la situación en la que se encuentran en la sociedad y en el mundo”.

Aspectos como la violencia, las agresiones sexuales, el suicidio tendrán especial relevancia en este plan, ha subrayado el consejero, quien ha defendido el trabajo “multifuncional” que realizan distintas áreas del Gobierno autonómico, como Sanidad o Asuntos Sociales. “Los consejeros hacemos una piña y estamos muy compenetrados, entre otras cosas porque creemos que es necesario para que las cosas funcionen”, ha añadido el titular de Educación, quien ha subrayado la importancia de formar a los alumnos sobre ello, porque “con una buena formación hay muchas cosas que se pueden atajar”.

El anuncio del consejero de Educación llega después de que el Gobierno propusiera hace una semana a las comunidades autónomas que restrinjan el uso del móvil tanto en colegios como en institutos, incluidos los recreos. La idea de Educación es que “en Educación Primaria no se utilice el móvil en horario lectivo y en Secundaria solo se utilice en clase presencial cuando así lo establezca el profesor porque su proyecto pedagógico lo requiera”, una situación esta que la ministra calificó de “excepcional”.

Geografía e historia deja de impartirse en inglés

 El consejero ha abogado por recuperar la enseñanza en español en las materias de Geografía e historia, en aquellos centros donde actualmente se imparte en inglés, después de haber analizado “un detrimento” en los conocimientos “tanto de Historia como de Inglés” fruto de este modelo.

En lugar de ello, ha apostado por reforzar la enseñanza específica del inglés, en la que los alumnos puedan aprender haciendo “cosas tan bonitas como poder escuchar un discurso” del que fuera primer ministro británico Winston Churchill o “hacer un comentario de texto” sobre una obra de William Shakespeare.

El consejero ha presumido en su intervención de los “resultados muy positivos” obtenidos por la Comunidad en el último Informe PISA, pero ha lamentado que “en general han sido bastante mediocres” para el conjunto de España y ha advertido de que es preciso “seguir mejorando”. Así, ha constatado “importantes desafíos por delante” como mejorar la capacidad de comprensión lectora de los alumnos o las habilidades en matemáticas, al tiempo que ha expresado su preocupación por la “brecha de género” existente en el ámbito científico.

Las reformas trans y LGTBI impulsadas por el PP de Isabel Díaz Ayuso han superado este jueves el primer escollo parlamentario y comenzarán ahora a tramitarse en la Asamblea de Madrid después de que la mayoría absoluta de la formación y Vox hayan votado a favor de la toma en consideración de ambas modificaciones legislativas. Más Madrid y PSOE han votado en contra, una oposición a la que se han sumado a Amnistía Internacional y otras 30 organizaciones LGTBI que han entregado en la Cámara regional 40.000 firmas en contra.

En la ley trans, se elimina el concepto identidad de género, se marca que los menores deberán pasar por un examen de pediatras antes de recibir tratamiento y se explicita que la atención psicológica o las valoraciones psiquiátricas no serán muestra de discriminación. En educación se eliminan los contenidos relativos a las personas trans de los currículos.

En el caso de la ley ante la LGTBIfobia se retocan aspectos sanitarios, organismos como el Consejo LGTBI de la Comunidad o el régimen sancionador. Una de las partes centrales de la reforma es el ámbito educativo. Este concentra cinco de los veinte artículos derogados, entre ellos el que ataja el acoso escolar.

En el debate parlamentario, la diputada del PP Mónica Lavín ha defendido que la primera reforma busca “evitar que la causa de la igualdad ante la ley y la no discriminación se convierta en un instrumento de ingeniería social, que confunda ciertas doctrinas de parte con los derechos fundamentales”.

“Se pretende corregir algunos aspectos, que ya fueran de buena fe o movidos por el afán de imponer ciertas doctrinas conocidas como de género, acababan conculcando derechos”, ha sostenido, al tiempo que ha defendido que se busca, además, “terminar con la oligarquía de ciertas asociaciones que se imponían” y “gozaban de privilegios injustificados”.

En cuanto a la reforma de la segunda ley, Lavín ha indicado que esta no estaba llamada “a proteger a todos” ni a ilusionar porque presenta “un Madrid apocalíptico” y “divide, victimiza” e “invita a vivir del agravio y de las denuncias falsas” así como cercena la libertad de expresión y de cátedra y aparta “a los jóvenes de su familia”. Ahora, según ha defendido, se garantizará “la participación, la pluralidad y la libertad de todo el mundo” y se pondrá “a salvo de la imposición de asociaciones”.

Vox celebra que es “un gran día”

Por su parte, el diputado de Vox José Antonio Fúster ha arrogado a su partido “poner una pica en Flandes” al conseguir que la “mayoría absoluta del PP transforma las ideas de Vox en políticas”. Entiende, aun así, que es un “error no derogarla entera”, aunque ha celebrado el “gran día” en el que se “desactiva una ley peligrosa e injusta”. “Confiamos que sea el comienzo de una reacción en cadena que llegue a todas las comunidades”, ha alentado.

Fúster ha reclamado a los 'populares' que vayan “un poco más allá” y eliminen el artículo que permite “la hormonación de menores”, que en esta modificación se limita. Consideran desde Vox que “no hay nada ideológico en parar una aberración acientífica” y que lo urgente debería ser derogar completamente esta posibilidad en jóvenes y adolescentes.

En el caso de la modificación de la ley contra la LGTBIfobia, la diputada de Vox María Belén González ha cargado contra esta norma por “atentar contra la libertad e incurrir en adoctrinamiento de los niños en las escuelas”.

Ha apuntado que al PP le ha costado “7 años verlo gracias a Vox”. Entre los errores que aprecia en esta norma están que se “lleva por delante de la presunción de la inocencia” y ha afeado también que se prohíban las terapias de aversión siendo “irrelevante” el consentimiento. “Si alguien quiere ser homosexual o trans, todo puentes, pero si no quiere está prohibido”, ha afirmado.

El PSOE acusa al PP de ponerse “en frente de los derechos”

En sentido contrario se ha posicionado el parlamentario del PSOE Santi Rivero, quien ha afeado al PP ponerse “en frente de los derechos LGTBI” como hicieran “con el matrimonio igualitario” en la calle. “Salen aquí con orgullo a defender una reforma que va a causar más sufrimiento a las personas trans”, ha reprochado.

Asimismo, ha retado a los 'populares' a mostrar “un solo exceso” provocado por la Ley Trans, que “solo ha traído derechos y felicidad”. A Lavín le ha reclamado que explique “qué es la ingeniería social” y le ha enumerado los “derechos que dice que no recorta” la modificación como el cambio de la nomenclatura, la discriminación por error o la “imposición” a los menores trans y las familias el proceso médico para tener acceso a la hormonación.

En el caso de la ley contra la LGTBIfobia, Rivero ha reproducido el discurso del presidente de la Asamblea, Enrique Ossorio, defendiendo en 2016, como portavoz del PP, la ley que hoy desde el PP proponen reformar. Incluía, entre otros, los conceptos “identidad de género” que ahora eliminan y agradecía el trabajo junto a las asociaciones LGTBI que ahora “criminalizan”. Tras ello, ha acusado al PP de “retroceder 20 años en 7” con los cambios de postura motivados, según el orador, por la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso.

Ossorio, tras la intervención de Rivero, le ha agradecido que le haya citado y ha asegurado que es uno de los discursos de los que está “más orgulloso y satisfecho”. “Lo vuelvo a repetir exactamente igual que lo dije aquel día”, ha añadido emocionado.

Más Madrid critica la falta de consenso

Por su lado, la senadora de Más Madrid e histórica activista trans, Carla Antonelli, ha cargado contra la “falta de consenso” en estas reformas y ha expuesto cómo no se ha reunido con Cogam, Arcópoli o Fundación de 26 de diciembre, que fueron con las que se trabajó su redacción en 2016.

Ha enumerado varios artículos que se derogarán de la norma y ha censurado reiteradas veces la posición del PP a quienes ha advertido de que al apretar el botón para aprobar las modificaciones tendrán “las manos manchadas de sangre”. “No podréis lavar vuestra sucia conciencia”, ha advertido.

Tras su intervención, Ossorio le ha rogado que eliminase estas últimas palabras del diario de sesiones. “Las demás cosas no se las cuestiono, nos conocemos desde hace mucho tiempo. Usted expone las cosas con mucha vehemencia y es una virtud”, ha indicado. A ello ha contestado Antonelli, quien ha sostenido que “no es una virtud” sino que ella es transexual y debe defenderse. No las ha retirado y ha sido llamada al orden.

En el turno de la LGTBIfobia ha intervenido la diputada Jimena González, quien también ha insistido en que el PP votó a favor de la norma, que es “exactamente igual de buena y necesaria que en 2016”. “Los que han cambiado son ustedes, que han vendido sus conciencias al odio por un puñado de votos”.

La parlamentaria ha afeado el “desprecio, desconocimiento y lejanía” con la que se ha elaborado esta normativa eliminando parte de los “consensos” dentro del propio colectivo LGTBI, especialmente en el trans. Ha añadido, además, la “obsesión con los menores” que no pasa por, por ejemplo, “las becas o las ratios escolares”, sino por su “empeño en que crezcan asfixiados por los mismos miedos que la ideología de la culpa cristiana lleva se lleva imponiendo”.

Se cumplen tres años desde el corte de luz que afecta al sector IV de la Cañada Real y en el Gobierno de la Comunidad de Madrid con Isabel Díaz Ayuso a la cabeza se siguen desentendiendo de un problema que afecta a más de 4.000 personas –1.800 de ellos menores–. Este lunes, el portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, ha defendido que el ejecutivo “no es competente para proveer de electricidad” y ha trasladado de nuevo el problema a las familias.

Los grupos parlamentarios de la oposición en la Asamblea de Madrid –Más Madrid, PSOE y Vox– habían reclamado soluciones para la Cañada Real, cuando se cumplen este tercer aniversario del corte del suministro, pero preguntado al PP, partido que gobierna en la Comunidad de Madrid con mayoría absoluta, su portavoz ha insistido en que la administración regional no va a mover ficha, como ha ocurrido los últimos tres años.

La líder de la opisición y portavoz de Más Madrid, Mónica García, ha lamentado un “aniversario triste para todos” porque las familias llevan “tres años sin luz” y esto se traduce en que en su vida cotidiana los vecinos no se pueden duchar con agua caliente, que los niños no pueden estudiar con luz, que no pueden tener ropa limpia o calor en invierno.

“Se dan unas condiciones inhumanas, que son apuntaladas por el Gobierno de la señora Ayuso y del señor Almeida. Son gobiernos que crueles, inhumanos y que hacen dejación de su responsabilidad con respecto al problema de la Cañada”, ha lamnetado García que defiende que las administraciones deben buscar soluciones para una situación de suma gravedad.

El líder del PSOE, Juan Lobato, ha explicado que hay todavía pendiente de firmar un convenio entre las tres administraciones -Gobierno nacional, autonómico y local- y ha remarcado que es un problema “tan grande que hace falta que todos colaboren”.

La portavoz de Vox, Rocío Monasterio, ha sostenido que la solución debe pasar por “hacer vivienda social” y no restablecer el suministro para que “no haya niños chapoteando en el barro o enfermos encerrados en chabolas”. “Para eso tenemos una Consejería de Asuntos Sociales y si no, la cerramos”, ha asegurado.

El diputado del PSOE Agustín Vinagre será el presidente de la Comisión de Presupuestos y Hacienda de la Comunidad de Madrid ante lo que Más Madrid ha afeado que no recaiga en ellos, líderes de la oposición en la Cámara de Vallecas. Esta mañana los socialistas apelaban al PP para que mantuvieran la “pluralidad” de la Asamblea e instaban a apoyar al socialista para la Presidencia de esta comisión, constituida este miércoles. Finalmente así ha sido, de modo que junto a Vinagre se sentarán Carlos González Maestre (PP) en calidad de vicepresidente y Rafael Núñez Huesca (PP) como secretario, han explicado a Europa Press fuentes parlamentarias.

Vinagre ya ostentó este puesto en la pasada legislatura, concretamente desde diciembre de 2021, cuando su predecesora, la también socialista Pilar Sánchez Acera, causaba baja de la Asamblea de Madrid. También recayó en el PSOE en la legislatura que arrancó en 2019 y concluyó en 2021 con el adelanto electoral. En ese caso fue para Nicolás Rodríguez.

Desde Más Madrid han cargado contra el “pacto” entre PP y PSOE para “arrebatarles” este cargo y han cuestionado si se trata de que los 'populares' están “más cómodos” con los socialistas o porque estos últimos prefieren acordar con el partido liderado por Isabel Díaz Ayuso y no con el de Mónica García.

La portavoz de la formación verde, Mónica García, ha tachado de “inaudito” este acuerdo. “En cualquier caso los progresistas madrileños pueden estar seguros de una cosa que es que Ayuso va atener en Más Madrid una oposición férrea, firme y contundente”, ha garantizado.

Por su parte, el portavoz adjunto del PSOE Jesús Celada ha remarcado que su formación se voto a sí misma y que el PP de forma “unilateral” ha decidido otorgar la Presidencia a los socialistas. Aún así, ha señalado que aún está por ver “qué pasa” con la Comisión de Vigilancia de la Contratación Pública.

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, ha justificado dar la Presidencia de la comisión de Presupuestos y Hacienda al PSOE porque sus propuestas son “más razonables” que las de Más Madrid. “Yo creo que un partido además que es conocido por dinamitar los puentes, por faltar a la cortesía parlamentaria y recurrir al insulto que esté apelando a la tradición y a la cortesía parlamentaria es por lo menos sorprendente”, ha insistido el portavoz del PP.

Posteriormente, el consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno autonómico, Miguel Ángel García, ha justificado que “todas las decisiones” que se toman en la Asamblea son por “criterios de proporcionalidad” de los resultados del 28 de mayo. Lo ha señalado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno ante las preguntas de los periodistas, a los que ha aclarado que no le corresponde a él valorar esta decisión.

“Los presidentes, los secretarios y los miembros de las comisiones pues lógicamente son elegidos en función de la representación que cada grupo parlamentario tiene en esa misma asamblea”, ha recalcado. Este miércoles concluye la composición de las dieciocho comisiones que se desarrollarán a lo largo de esta XIII Legislatura de la Asamblea de Madrid.

Dos activistas antitaurinos del colectivo International Vegan Strike Group fueron golpeados, insultados y arrastrados por una plaza de toros del municipio madrileño Los Santos de la Humosa el pasado 2 de mayo. Minutos antes habían saltado al ruedo para protestar por la “tortura animal”. Las imágenes muestran la violencia ejercida contra los dos activistas, un hombre y una mujer. La mujer acabó siendo arrastrada por el número dos del PP de Los Santos de la Humosa, según informa la Cadena Ser mientras el resto de asistentes en la plaza la insulta al grito de “puta”.

El vídeo ha sido difundido por la organización animalista, unas imágenes que muestran la brutalidad con la que el público la emprende contra los activistas. Varias personas del público saltan a la plaza: el hombre recibe golpes y patadas. La mujer es golpeada y arrastrada por un hombre corpulento mientras el resto de la plaza la llama “puta”.

La Cadena Ser ha identificado al hombre que sacó a la mujer a rastras. Según la radio de Prisa, se trata del número dos del PP en el municipio para las elecciones del 28 de mayo: Rodrigo Peñalver Montero.

La candidatura del Partido Popular al municipio ha estado marcada por la polémica desde que el partido que lidera en Madrid Isabel Díaz Ayuso designase como cabeza de lista al actual alcalde Lázaro Polo del partido de extrema derecha España 2000. Tras años de gobiernos socialistas, en 2019, PP y Vox hicieron alcalde a Polo, y los socialistas perdieron la alcaldía que se quedó a seis votos de la mayoría absoluta. Para el 28M, el PP ha decidido fichar al regidor como candidato.

La Comunidad de Madrid ha aprobado en el Consejo de Gobierno celebrado este miércoles el decreto que modifica el protocolo marco de actuación ante episodios de elevado nivel de dióxido de nitrógeno (NO2). En concreto, ocho municipios con una población superior a los 50.000 habitantes deberán tomar medidas en caso de alta presencia de este compuesto químico, lo que eleva a 23 el total de localidades de la región con este protocolo.

Según ha informado el vicepresidente y consejero de Educación y Universidades, Enrique Ossorio, en rueda de prensa, esta modificación afecta a Aranjuez, Arganda del Rey, Boadilla del Monte, Collado Villalba, Colmenar Viejo, Majadahonda, Tres Cantos y Pinto. En los próximos años es previsible que se añada algún ayuntamiento más, en función del ritmo de crecimiento demográfico.

Hasta ahora la normativa se establecía para poblaciones superiores a 75.000 habitantes: Alcalá de Henares, Alcobendas, Alcorcón, Coslada, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Madrid, Móstoles, Parla, Pozuelo de Alarcón, Las Rozas de Madrid, Rivas-Vaciamadrid, Torrejón de Ardoz y Valdemoro.

Las corporaciones locales recién incluidas deberán actuar en caso de superarse el nivel de NO2 regulado en el Decreto 140/2017. Se establece que las medidas sean de carácter informativo, de apoyo y promoción del transporte público, restricción del tráfico o reducción de emisiones en los sectores productivos.

A su vez, esto permitirá una mayor coordinación administrativa entre el Gobierno regional y los consistorios en la planificación ambiental y el cuidado del aire en más espacios protegidos en esta autonomía, continuando con la tendencia actual.

Esta ampliación de ocho municipios con el protocolo de actuación entrará en vigor próximamente tras la publicación correspondiente de la modificación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM).

Según los últimos datos publicados en 2029 por el Observatorio de Sostenibilidad, en la Comunidad de Madrid “se han reducido los niveles de dióxido de nitrógeno en un 20% en los dos últimos años y, por otra parte, es la región que produce menos emisiones de dióxido de carbono (CO2) por habitante”.

Un hombre de 46 años ha fallecido este martes en el incendio de una vivienda situada en el sector seis de la Cañada Real Galiana, ha informado Emergencias Madrid. El SAMUR ha atendido además a otras cinco personas heridas, uno de ellos de edad similar que ha sufrido una quemadura de segundo grado y ha tenido que ser trasladado a la unidad de quemados del Hospital de Getafe en estado grave.

Además, otra mujer de 66 años se encuentra ingresada en el hospital Infanta Leonor por inhalación leve de humo y otros tres hombres de 30, 32 y 68 años han tenido que ser atendidos aunque han recibido el alta en el lugar. Bomberos de Madrid extinguió el fuego, que tenía una gran carga de humo en la vivienda. La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación.

“El fuego estaba en la entrada de la vivienda y nos ha costado acceder y progresar. Teníamos constancia de que podía haber una persona dentro y para buscar a la víctima hemos metido equipos por ventanas aunque ha sido bastante difícil el acceso. La vivienda estaba muy llena de humo y nos ha costado encontrarla. Finalmente la hemos encontrado en parada cardiorrespiratoria y ha sido atendida por los servicios de emergencias”, ha explicado el suboficial de Bomberos de Madrid, Jesús García.

El incendio se produce cuando se cumplen más de 900 días sin que los vecinos cuenten con electricidad. Más de 4.000 familias que viven en la antigua vía pecuaria, a 17 kilómetros del centro de Madrid, siguen sin luz. El sector 6, el más meridional, donde se ha producido el incendio, son seis kilómetros y medio situado en Villa de Vallecas, entre la carretera de Valencia y la linde con Getafe. 

Más Madrid ha comenzado a desgranar sus propuestas para las elecciones del 28 de mayo en las que pretende hacerse con la Presicencia regional. La formación ha presentado este viernes su apuesta de industrialización verde alrededor de las siete principales carreteras que circundan en forma radial la región para generar más de 50.000 empleos en cuatro años –18.000 directos y 33.000 indirectos– a partir de una inversión superior a los 10.000 millones de euros, 4.200 de ellos procedentes de dinero público y 6.200 de inversión privada.

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea y candidata a la Presidencia regional, Mónica García, ha presentado en el Círculo de Bellas Artes el Plan Reindustria junto al investigador doctoral en el King's College London y fellow de Future Policy Lab, Roy Cobby; el candidato a la Asamblea de Madrid, Alberto Oliver, quien ha desarrollado en parte este plan y la candidata al Ayuntamiento de la capital Sara Ladra.

El proyecto consiste en siete polos de desarrollo para articular una política industrial en la región, todos ellos con financiación europea, una iniciativa verde por la descarbonización, la innovación tecnológica y la economía circular que ha sido diseñada tras reunirse con más de 210 empresas y asociaciones de los diferentes sectores. El objetivo de Más Madrid es “poner al tejido industrial madrileño como referente europeo en investigación y desarrollo y revertir el desmantelamiento industrial”.

“Es un plan de transformación de nuestro modelo económico con la distribución de siete industrias pioneras de alto valor añadido repartidas en siete municipios de la Comunidad de Madrid”, ha explicado Mónica García, que ha aseverado que es el proyecto industrial “más ambicioso de la historia de la región”.

Las siete industrias previstas siguen la vertebración de sus principales vías de comunicación con el objetivo de que cada zona se especialice en un sector industrial aprovechando el tejido productivo ya existente.

Polo biomédico en el Zendal

El primer polo industrial es el Farmanorte, especializado en el ecosistema de empresas del sector farmacéutico y biotecnológico. Para lograrlo se aprovecharán las infraestructuras ya existentes, como el hospital Isabel Zendal.

Estará ubicado en la autopista A-1 y se espera que movilice una inversión total de 850 millones de euros en cuatro años mediante una inversión pública de 370 millones y una privada de 490 millones. Se estima la creación de 4.080 empleos totales en su cuarto año, de los cuales 1.600 serán directos y 2.080 indirectos.

El polo industrial Ecologístico, por su parte, creará “una autoridad logística en la región madrileña, que apoye la optimización de las operaciones de las empresas del sector, la creación de infraestructuras para el reparto de mercancías, además de una red de microhubs de reparto y la adaptación de flotas”.

Se desarrollará en el Corredor del Henares, en la A-2. Con un plazo estimado de cuatro años, este polo conllevará una inversión pública de 461 millones de euros, con una estimación de creación de 6.150 empleos (3.150 indirectos y 3.000 directos) al finalizar el proyecto.

Agroecológico

El Agroecológico pretende estimular la producción agropecuaria sostenible y de calidad, protegiendo el territorio y la biodiversidad, contribuyendo a la lucha contra el cambio climático y aportando salud a la población madrileña a través de la alimentación.

Para ello, plantea una propuesta integral de intervenciones en toda la cadena de valor del sector agroalimentario madrileño. Sus principales actuaciones se desarrollarán en Aranjuez, entre las autopistas A-3 y A-4.

La inversión total del proyecto en cuatro años se estima que alcance los 461 millones de euros, creando 2.770 empleos indirectos y 1.847 directos. Además, se calcula que el 25 por ciento de las tierras destinadas al cultivo serán ecológicas en 2030, cuando actualmente suponen el 3 por ciento.

El polo Autosur, que ya fue presentado, plantea la creación de un entorno para la industria del automóvil que dé respuesta a la nueva movilidad sostenible y conectada aprovechando la situación estratégica de la Comunidad.

Actuaría en ámbitos como la extensión de vida de los vehículos a través de la reconversión de motores de combustión en motores eléctricos o sostenibles o la recuperación y reciclaje de materiales en el ámbito del vehículo eléctrico y la movilidad sostenible.

Está previsto que se desarrolle en Getafe, en la A-4,, y se estima que genere 3.800 empleos directos en el año 2026, con un efecto multiplicador que eleva los empleos indirectos hasta los 15.200 a los cuatro años de su puesta en marcha. Estos empleos irían creándose de forma gradual conforme se consolida el proyecto en cada una de sus diferentes ramas. El total de la inversión movilizada para el proyecto se estima en 1.530 millones de euros, de los cuales 520 serían públicos y 1.010 privados.

Rehabilitación de vivienda

El polo industrial de rehabilitación de vivienda pretende abordar de forma integral el sector de la construcción desde una perspectiva industrial. Se desarrollaría en Parla, en la A-42. Todos los ejes que conforman este polo configuran una movilización de inversión estimada de 990 millones de euros en cuatro años, de los cuales 325 serían públicos. El impacto en el empleo total se estima en 6.545 empleos, de los cuales 1.635 serían directos y 4.910 indirectos.

El energético pretende conectar los actuales nodos industriales del sector industrial energético del territorio. Entre sus actuaciones se incluye la fabricación y el reciclaje de paneles fotovoltáicos, la calefacción de distritos por biomasa, la producción de biogás a partir de residuos urbanos y la fabricación de hidrógeno verde, entre otros.

Las actuaciones se concentrarán en la zona industrial de Móstoles, en la A-5. Su impacto estimado a cuatro años, una vez desarrollado todo el potencial, es de 4.160 empleos directos y 4.370 indirectos, sumando un total estimado de 8.530. Su inversión total movilizada prevista en cuatro años es de 2.600 millones, de los cuales 1.160 serían públicos y 1.440 privados.

Polo de computación cuántica

Y, por último, el polo industrial de microelectrónica y computación cuántica. Su objetivo es aprovechar el contexto internacional y la apuesta europea y española por el desarrollo del sector de los semiconductores y la tecnología para impulsar un clúster en el norte y noroeste de Madrid especializado en el diseño, fabricación y reciclaje de semiconductores, aprovechando las infraestructuras ya existentes, como la antigua fábrica de microchips de AT&T.

También se plantea el establecimiento del primer centro de computación cuántica en la región. Se desarrollaría en Tres Cantos y la Sierra Noroeste madrileña. El impacto esperado de empleos una vez desarrollado todo el potencial del polo es de 6.500 nuevos empleos entre directos e indirectos.

Los empleos directos se estiman en 800 para la fábrica de chips de Tres Cantos, 1.100 en las empresas que se instalarán en el entorno del Campus tecnológico y los centros de investigación, y otros 260 repartidos entre la planta de reciclaje de chips y el centro de computación cuántica de Collado-Villalba. Su inversión pública ascendería a 310 millones de euros.

Esta inversión pública inicial impulsaría una inversión privada a lo largo de los años que multiplicaría la cantidad inicial hasta alcanzar una inversión total de 1.216 millones de euros entre la inversión pública y privada.

“El tejido empresarial tiene que tener el apoyo de la Administración, que es una de las cosas que siempre nos han dicho las empresas y de las que más se han quejado. La Administración no puede ser un mero espectador de lo que está pasando en la industria”, ha remarcado Mónica García, que ha advertido que el PIB en la industria ha pasado en la Comunidad de un 14 a un 9 por ciento.

“Hoy la izquierda está acabada (...). Matadlos”. Con este mensaje, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha alentado este jueves a sus diputados con consignas sobre cómo atacar a la oposición, según publica El País. El archivo de la Fiscalía Europea sobre la investigación a su hermano, el fin de la huelga de los médicos de atención primaria o el anuncio que ha hecho de ayudas a los afectados de la línea 7B de Metro son algunos de los temas que la presidenta regional ha considerado que debían ser lanzados contra la izquierda este jueves durante el pleno regional. Y así ha sido.

El mensaje de la presidenta lo reenvía a los diputados el portavoz parlamentario, Pedro Muñoz Abrines. Ayuso enumera todos los temas que deben ir utilizando los diputados, algo que se reproduce después durante la intervención de cada uno de los parlamentarios del PP que este jueves han tenido que hablar durante el pleno: “La izquierda está acabada”, empieza. Y enumera: “Anuncio de la 7B”, “se acaba la huelga sanitaria”, “lo de mi hermano queda en nada”, “Lo de Móstoles es una vergüenza” –en referencia a la reapertura del caso que afecta a la alcaldesa socialista, Noelia Posse, y a siete concejales–, “las Cercanías colapsadas”. Para terminar: “matadlos”.

Un argumentario que se ha repetido este jueves durante el pleno de la Asamblea de Madrid y que la propia Ayuso ha enumerado durante la sesión de control a las preguntas de la portavoz de Unidas Podemos, Alejandra Jacinto, del PSOE, Juan Lobato y de la líder de Más Madrid, Mónica García. La presidente regional se siente fuerte ante el archivo del caso de su hermano en la Fiscalía Europea por la comisión que cobró de un contrato a dedo de su Gobierno. También por el fin de la huelga de médicos, un tema que preocupaba, después de que haya cedido a pagar 450 euros a los médicos como reclamaban.

Ayuso está pletórica y se nota. El de hoy es el penúltimo pleno de la legislatura y hay que aprovecharlo.

“Colapso”. Es la palabra que desde hace unos años acompaña a la sanidad madrileña. Y sobre todo en las urgencias hospitalarias. Los médicos y enfermeros de Madrid están denunciado en las últimas horas el “colapso” de las urgencias hospitalarias de La Paz, del Prínxipe de Asturias, en Alcalá, y el Infanta Sofía, en San Sebastián de los Reyes. Desde La Paz denuncian que están atendiendo a más de 500 pacientes diarios, lo que está obligando a derivaciones a otros centros. Desde el Infanta Sofía alertan de que un paciente puede esperar en urgencias cuatro días a ser hospitalizado.

En La Paz, uno de los grandes hospitales de la capital, los trabajadores de Urgencias han denunciado ante el juzgado de guardia que este lunes había 117 pacientes en las Urgencias para 83 camas. Todo ello, con 12 enfermeras, una decena de Técnicos de Enfermería y 10 celadores.

“Vivimos un déficit crónico de camas de servicios médicos, que lleva a que desde hace meses amanecemos todos los días con decenas de pacientes ingresados, del orden de 40 a 50; esto, en la situación que nos encontramos ahora de aumento de las infecciones respiratorias, hace que amanezcamos cada día con 90-100-110 pacientes ingresados que no tienen cama de hospitalización durante días”, explicaban los médicos adjuntos de Urgencias en declaraciones a los medios.

Desde el sindicato de enfermería SATSE también han denunciado este colapso y describen como “hacinamiento” la situación que están sufriendo los pacientes. El sindicato denuncia que la “inacción” de la Consejería de Sanidad y del Gobierno regional esta provocando el colapso de las Urgencias de numerosos centros hospitalarios, como en La Paz. “Hemos mantenido, desde hace meses, conversaciones tanto con responsables de La Paz como con los profesionales de la Urgencia, y la única alternativa es habilitar más espacio. No hay camas disponibles y el espacio de trabajo es mínimo y todo esto se traduce en problemas de hacinamiento”, explican las enfermeras y delegadas de SATSE Madrid en el centro.

“No sirve de nada que el Hospital sea el más puntero de España si un paciente tiene que estar 3 o 4 días en una camilla o hacinado en un espacio donde la enfermera casi no puede atenderle por no poder moverse. Es imprescindible buscar soluciones inmediatas, a muy corto plazo, que pasan por ampliar el espacio físico de la Urgencia y con la contratación de más enfermeras/os para atenderla”, reclaman.

También desde el hospital Principe de Asturias, los sanitarios presentaban una denuncia ante el juzgado de guardia ante la situación que se vive en el servicio de Urgencias, con 54 pacientes este lunes para 22 boxes.

Según denunciaban los trabajadores, la situación es “insostenible”, con tasas de ocupación y carencia de personal que incumplen las recomendaciones de las sociedades científicas del sector y aumentan las posibilidades de que se produzcan accidentes.

En una situación parecida está el hospital Infanta Sofía, denuncian desde Amyts. “Los pacientes esperan hasta 3 días antes de subir a planta y siguen a cargo de una plantilla de urgencia incapaz de poder atender a la enorme demanda asistencial. Se habilitan zonas de espera para colocar camas sin poder guardar las mínimas normas de seguridad e intimidad. Y mientras tanto no sabemos nada de la Consejería, o nuestra Gerencia”, alertan los urgenciólogos del hospital en una carta.

“Ayer tuvimos 80 pacientes entre cinco médicos, 46 estaban pendientes de ingreso y están hasta tres y cinco días en los servicios de urgencias antes de subir a planta, hay sillones en los pasillos”, denuncia Marina Parra, urgencióloga del Infanta Sofía, que denuncia que la Consejería ha roto los acuerdos alcanzados para evitar la huelga de los profesionales en octubre y no ha cumplido los compromisos.

“Los pacientes no se merecen esta atención y los urgenciólogos estamos al límite. En el año 2022 se han ido 14 personas, que han renunciado a su puesto de trabajo en el Infanta Sofía por el déficit de personal y por la sobrecarga de trabajo”, ha insistido Parras, delegada de Amyts y miembro del comité de huelga que firmó el acuerdo con la Comunidad de Madrid.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado que se ponga solo “la lupa” sobre la sanidad madrileña, ofreciendo “una visión maniquea”, cuando los problemas están en toda España, con autonomías donde se denuncia “el colapso” de sus hospitales, y ha defendido que en la región se presta un “excelente servicio”.

“Si queremos ser objetivos con la situación tenemos que ver cómo se encuentra la sanidad en general”, ha defendido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que se ha celebrado de forma extraordinaria en Alcobendas.

El consejero de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, ha asegurado este sábado que el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, quiere un Madrid “apagado y triste” y ha reclamado medidas de “apoyo e incentivación” frente a la “imposición”. En declaraciones a los periodistas desde Miraflores de la Sierra, el consejero madrileño ha vuelto a defender las medidas que lleva aplicando la Comunidad de Madrid en edificios públicos, que asegura que han dado “muy buenos resultados” en términos de reducción de consumo eléctrico, informa Europa Press.

“Creemos que esa es la manera, seguir trabajando con los distintos sectores (...) con medidas de apoyo y de incentivación, pero no haciendo que Madrid sea la única capital de Europa que está obligatoriamente apagada a partir de las 10 de la noche”, ha trasladado.

Lasquetty ha subrayado que España “no tiene un problema” con el gas ruso y sí con el argelino “por culpa de Pedro Sánchez” y sus “equivocadas medidas y decisiones”. “La Comunidad de Madrid va a seguir trabajando para hacer más eficiente el uso de la energía, pero no por la vía de la prohibición y la imposición”, ha apostillado.

Por otro lado, ha afirmado que le gustaría que los socialistas españoles aprendieran de los alemanes y se dieran cuenta de que “la solución es bajar impuestos”, así como contener el gasto público. “Esa es la manera de reducir la inflación y de hacer algo positivo para las familias”, ha defendido.

“Acordémonos que hace dos meses estábamos escuchando a Pedro Sánchez y a la ministra Teresa Ribera hablar de que, en cuanto se aplicara su medida de aislamiento del gas español, eso iba a ser la solución a todos los problemas. Bueno, han pasado dos meses y, en cambio, vemos a toda Europa diciendo a España que lo que nos conviene es abrirnos más”, ha concluido.

El proveedor de Tomás Díaz Ayuso en China, donde el hermano de la presidenta madrileña adquirió 250.000 mascarillas que luego vendió a la Comunidad de Madrid por 1,5 a millones de euros, era una empresa que hasta cuatro semanas antes de que el hermano de Isabel Díaz Ayuso comprara el material, no había fabricado nunca mascarillas, sino cables eléctricos. Así lo publica este martes El País que además detalla que la empresa aportó certificados falsos o no homologados para justificar la calidad del producto.

Esos certificados fueron aportados por Priviet Sportive a la Comunidad de Madrid, la empresa que se llevó a dedo el contrato y que es propiedad de Daniel Alcázar amigo personal de la familia Ayuso. Según declaró la presidenta madrileña cuando estalló el escándalo que derivó en una crisis en el PP y la salida de Pablo Casado, su hermano cobró una comisión de al menos 55.850 euros más IVA por traer el material de China, por tanto, fue Tomás Díaz Ayuso el encargado de contactar con la empresa China, de ahí el dinero cobrado.

Según publica el diario El País, el fabricante de las mascarillas, la empresa Jiaxing Yinuo Busway Co. Ltd., se dedicaba antes de la pandemia a hacer cableado eléctrico. No modificó su objeto social hasta el 3 de marzo de 2020 para incluir la elaboración de productos sanitarios, un mes antes de que Priviet Sportive firmara el contrato con el Gobierno de Ayuso. La compañía de la que se desconoce si hasta entonces había elaborado material sanitario, aportó tres certificados de laboratorios para demostrar su calidad.

Uno de ellos es una falsificación del documento de un ente italiano de homologaciones y los otros dos son de centros chinos que no estaban autorizados por el Gobierno de ese país para evaluar material sanitario de protección, asegura este diario. Uno de esos certificadores irregulares, que aseguraba que las mascarillas compradas por la Comunidad cumplían con las normas estadounidenses, fue posteriormente advertido de fraude por la Administración de Alimentos y Medicamentos del Gobierno de EEUU. En el caso de las mascarillas de Alberto Luceño y Luis Medina para el Ayuntamiento de Madrid, también se usó el mismo certificado italiano falso por parte de la empresa malaya que las fabricó. “Ya sabes que en China pasa de todo, cosas muy raras”, ha asegurado Tomás Díaz Ayuso sobre la información.

La Comunidad de Madrid pagó por cada una de estas mascarillas 5 euros, más IVA (6,05 euros en total). Un precio muy superior al de mercado y al que pagó el Gobierno de Ayuso por mascarillas similares durante esas mismas fechas. Las mascarillas aunque el contrato aseguraba que eran FFP-2 y FFP3, eran KN95 un estándar de calidad inferior.

“Esta noticia es falsa”, ha sido la reacción del Gobierno de la Comunidad de Madrid a través la cuenta institucional de Twitter a la información que publica El País.

La misma cuenta oficial, ha publicado poco después otro tuit en el que alude a otra información de El Español. “Hasta donde sabe la Comunidad de Madrid, esto es cierto”, aseguran. Según publica este medio, Priviet Sportive cambió de proveedor tras detectar certificados falsos. La empresa de Daniel Alcázar habría presentado la oferta con documentación de la empresa china que aportó certificados falsos, pero finalmente utilizó otra empresa que proporcionó un certificado de conformidad que sí es correcto al detectar la falsedad, según indicó la Comunidad de Madrid a El Español.

Las mascarillas, según la Comunidad de Madrid, fueron suministradas por otra empresa, Zhangjiagang, que aportó un certificado de cumplimiento firmado por ECM. Ese documento que aporta el Español en su información y que ha sido facilitado por la Comunidad de Madrid, no figura en el expediente que el Gobierno regional aportó por Transparencia a los medios de comunicación.

Ayuso defiende a su hermano

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha salido en defensa de su hermano este miércoles en una entrevista en esRadio. Ayuso ha asegurado además que el Gobierno regional adquirió material sanitario “de calidad” durante la pandemia y ha criticado el ensañamiento que considera que está habiendo con su hermano. Ayuso ha trasladado que está “realmente ocupada y comprometida” e intenta “olvidar la campaña de absoluto desprestigio” que le están haciendo a su hermano con la que lo único que buscan es su “destrucción”.

“No le presto atención porque no me perdonaría que cuando esto acabe esta campaña me hubiera quitado un solo minuto de trabajo y de disfrute de lo que estoy haciendo porque, además, lo hago con alegría y con pasión. Esto no me lo va a quitar ni la izquierda ni tampoco informaciones que son absolutamente falsas como la que hemos visto hoy”, ha declarado.

“Ya no es solamente que no ha habido corrupción es que ahora la mascarilla... Ya falta solo saber la calidad de los calzones del chino que cogió la caja en el aeropuerto y que probablemente era fraudulenta”, ha tratado de zanjar el tema.

El exvicepresidente de la Comunidad de Madrid y portavoz del Gobierno regional en la anterior legislatura, Ignacio Aguado, se lanza al emprendimiento después de abandonar la política hace un año. Aguado ha creado JASTAG, una consultora de comunicación especializada en la producción de contenido multimedia. Su objetivo es “revolucionar” la forma en la que las pequeñas y medianas empresas comunican a través de las redes sociales. 

“En un contexto hipercompetitivo y con unos canales de comunicación tan saturados, no es suficiente con ”estar“ en las redes”, asegura Aguado. “No vale de nada tener abiertos perfiles en todas las plataformas digitales si no se cuida la estrategia ni el contenido. Eso es perder el tiempo y el dinero”, añade.

El vicepresidente del Gobierno madrileño durante la legislatura de 2019-2021 está convencido de que la inmensa mayoría de las empresas y negocios de este país tienen en la comunicación su asignatura pendiente. “Queremos ser sus aliados, ayudarles a cuidar su marca y su reputación en las redes. Les proponemos llevar su comunicación a otro nivel sin que ello les quite tiempo en el día a día de su negocio”, explica sobre su nuevo proyecto tras abandonar la política.

El exdirigente de Ciudadanos dejó la política activa hace un año tras el adelanto electoral convocado por Isabel Díaz Ayuso hace un año. En esos comicios, Aguado ya no repitió como candidato de la formación de Inés Arrimadas y decidió dejar la política y volver a la empresa privada. Ahora lanza JASTAG con la que pretende ser el trampolín de empresas pequeñas y medianas en el mundo multimedia.

Aguado se suma así a otros excompañeros de partido que también abandonaron la política para emprender sus proyectos personales. Fue el caso del exconsejero de Políticas Sociales Alberto Reyero que junto a la que fuera la número dos de la lista de la formación a la Asamblea de Madrid para los comicios del 4 de mayo, Esther Ruiz; y el exportavoz de Cs en el Senado, Tomás Marcos, pusieron en marcha un proyecto empresarial “de índole social” bajo el nombre de EMPATÍA. “La primera consultora de asuntos públicos especializada en el sector de acción social en España”, explicaban hace unos meses a elDiario.es.

La empresa para la que trabaja como jefe de operaciones la expareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Jairo Alonso, desde el pasado mes de noviembre –según figura en su propia cuenta de la red social profesional Linkedin– ha pasado de facturar de la administración regional algo más de 3.000 euros en los años previos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, a más de 500.000 euros desde la llegada de la presidenta madrileña a la Puerta del Sol, como ha publicado este martes el Plural y ha podido comprobar elDiario.es.

Jairo Alonso es un empresario de la peluquería. Sin experiencia conocida con este sector de la informática, como es Asseco, pasó a trabajar en la compañía el pasado mes de noviembre. El CEO de la empresa, el joven José Antonio Pinilla, ha asegurado que la compañía desarrolla soluciones tecnológicas para el sector de la salud.

De hecho, uno de los contratos más importantes que se ha llevado esta empresa desde que Isabel Díaz Ayuso preside el Gobierno regional fue en noviembre de 2020 del hospital público 12 de octubre por valor de 103.588,04 euros, un concurso al que se presentaron tres ofertas, la de Asseco incluida para la adquisición de dispositivos “All in one táctiles para el Hospital 12 De octubre”.

El otro gran contrato se adjudicó por parte de la Consejería de Cultura y Turismo que dirige la exdirigente de Ciudadanos Marta Rivera de la Cruz por valor de 189.944,48 euros. El contrato, que fue tramitado por concurso público, recayó en Asseco y la UTE Alcandora publicidad S.L. el 13 de enero de 2021 y su objeto era la gestión de marketing digital para la promoción turística de la Comunidad de Madrid, algo para lo que Asseco no dispone de experiencia previa.

Además de estas dos adjudicaciones tramitadas por concurso público, la empresa suma otras cuarenta adjudicaciones, todas ellos a dedo al ser contratos menores. Las de mayor cuantía vuelven a provenir de la Consejería de Turismo.

La jueza de lo Contencioso Administrativo número 8 de Madrid ha determinado en una sentencia que el Ayuntamiento de Getafe violó derechos fundamentales al repartir en colegios unas guías de educación sexual para colegios de la ciudad.

Así consta en una sentencia en la que la instructora estima en parte el recurso interpuesto por la Asociación de Abogados Cristianos y aprecia vulneraciones de derechos fundamentales en la distribución por parte del Consistorio de la colección de materiales educativos 'Rebeldes de Género'.

Según la jueza, la distribución de estos materiales en colegios de la ciudad vulnera el derecho fundamental de “los alumnos cristianos a no sufrir discriminación alguna por razón de su religión o creencias y el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”.

Abogados Cristianos presentó un recurso contra el Consistorio de la ciudad por el reparto de estos documentos al considerar que “se atacaba la figura de la Virgen y se animaba a las menores a masturbarse”. La guía fue impulsada por el Ayuntamiento de la localidad y está financiada por el Ministerio de Igualdad y el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

Ese mismo juzgado ya había obligado en junio al Ayuntamiento de Getafe a retirar cautelarmente las guías, en respuesta a unas medidas cautelares solicitadas por la organización de juristas.

Las guías suscitaron una campaña por parte de Vox y asociaciones cristianas por contener afirmaciones como “apaga la tele, enciende tu clítoris” o relacionar el rol de la virgen como un modelo “sin vida propia y asexual”.

El documento consta de seis partes -“Despatriarcando el sexo”; “despatriarcando el amor”; “despatriarcando masculinidades”; “despatriarcando las parejas”, “despatriarcando lenguajes” y “despatriarcando cuerpos”, y se distribuyó por los centros educativos del municipio tras una presentación de la alcaldesa socialista, Sara Hernández.

En ese momento, la regidora afirmó que el objetivo de la guía era que “todos los niños, todos los adolescentes y todos los jóvenes del municipio tuvieran relaciones sexuales satisfactorias e igualitarias”.

La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, ha destacado tras conocer la decisión de la Justicia que “atacar no es educar”. “Adoctrinar es ilegal y la alcaldesa de Getafe debería dimitir por vulnerar derechos fundamentales con el único objetivo de imponer su ideología”, ha recalcado.

Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos han acordado este martes en una reunión a tres hacer frente común contra la derogación de las leyes que recogen los derechos del colectivo LGTBI de la Comunidad, que se incluyen dentro de la propuesta de normativa presentada por Vox en materia de Igualdad y que se debatirá en la Asamblea de Madrid el próximo 16 de diciembre.

Tras la cita, que se ha celebrado de forma telemática a las 12.30 horas, han comparecido ante los medios el portavoz socialista en la Asamblea, Jesús Celada, y el portavoz LGTBI del partido, Santi Rivero. Celada, que ha agradecido al resto de grupos haber aceptado la invitación, ha desgranado que han acordado actuar en base a “la unidad política”, que es lo que les pide la “sociedad civil”. Además, ha solicitado al PP que “lo antes posible” explique qué postura va a tomar. “Ha sido una pena que el PP no haya querido reunirse hoy para dar a conocer su postura el día 16 y es algo que nos preocupa enormemente”, ha subrayado el portavoz adjunto, según informa Europa Press.

Por su parte, Rivero ha hecho un llamamiento no solo al colectivo LGTBI+ sino también a aquellos que luchan contra la violencia machista, la lucha antirracista y a los que defienden los derechos de las personas migrantes para que se unan a la movilización convocada el 15 de diciembre en la Puerta del Sol.

Así, ha subrayado que están pendientes de lo que haga el PP y de “si la hipoteca que les impone la ultraderecha llega tan lejos como para derogar leyes que fueron pioneras nacional e internacionalmente y que son ejemplo de lucha y defensa de la diversidad”.

“Queremos ver si la presidenta Isabel Díaz Ayuso quiere destacar Madrid porque elimina derechos como Hungría o como Polonia o quiere destacarla porque es una comunidad abierta e integradora que acoge a todas las personas”, ha sostenido, al tiempo que ha mostrado su sorpresa porque Vox active el debate de esta iniciativa una vez han acordado con PP sacar adelante los Presupuestos.

Por su parte, el Gobierno de la Comunidad de Madrid no se ha posicionado sobre esta normativa tras ser activada pero sí ha advertido que no están de acuerdo en derogar las leyes de LGTBI vigentes. Apuestan por reformar algunos artículos puntuales, como el que recoge la inversión de la carga de la prueba.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acudirá a la manifestación convocada el próximo 27 de noviembre en contra de la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, la conocida por sus detractores como Ley Mordaza, según han confirmado fuentes del Gobierno regional.

Con su asistencia al acto, la presidenta regional quiere además mostrar su apoyo a las Fuerzas de Seguridad del Estado ante una reforma de la ley que prepara el Ejecutivo de Pedro Sánchez y que desde los sindicatos policiales y de las asociaciones de la Guardia Civil ven como una amenaza al principio de autoridad de estos Cuerpos.

Ayuso se ha reunido este viernes en la Real Casa de Correos con representantes de sindicatos y asociaciones de Policía Nacional y de la Guardia Civil para mostrar su “reconocimiento y apoyo” a la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y ha asegurado que los cambios en la Ley de Seguridad Ciudadana planteados por el Gobierno central “socavan el Estado de Derecho, la protección del más débil y el principio de autoridad”.

Obligación de los agentes a avisar antes de intervenir en manifestaciones

Los partidos que forman el gobierno de coalición, PSOE y Unidas Podemos, han registrado un conjunto de enmiendas pactadas a la proposición de ley del PNV para derogar la denominada Ley Mordaza, aprobada por el PP en 2015, en las que, entre otras cuestiones, se propone la obligación de los agentes de avisar “de manera verbal claramente audible” antes de intervenir para disolver concentraciones.

Además, se ahonda en que los protocolos de uso de la fuerza y utilización de material antidisturbios, que es el “último recurso” en caso de registrarse incidentes en manifestaciones, deben emplear los medios “menos lesivos” que no causen “lesiones irreversibles”, aunque no se hace mención específica a las pelotas de goma.

Unas medidas que han sido acogidas con beligerancia por parte de los sindicatos policiales y asociaciones de la Guardia Civil, que creen que esta reforma “destruirá el principio de autoridad que sustenta la paz social”. Tras una reunión con el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, JUPOL, el sindicato mayoritario en el Consejo de la Policía Nacional, ha anunciado la convocatoria de una “gran manifestación en unión con todos los cuerpos policiales de España” en contra de la reforma, que se ha fijado para el próximo día 27.

Un rechazo que también comparten AUGC y SUP, organizaciones de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, que han emitido un comunicado conjunto anunciando un “frente común” contra la reforma, mientras que la CEP ha rechazado la tramitación “a espaldas” de los policías de las enmiendas.

El PSOE quiere impulsar en la Asamblea de Madrid una investigación para saber si hubo tratos de favor por parte de la Comunidad de Madrid en la adjudicación de contratos de emergencia durante la pandemia. Según informa hoy el diario El País, los socialistas han obtenido el apoyo del resto de grupos de la oposición, incluido Vox, para investigar al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, justo un día después de que fuera expulsada de la sede parlamentaria una diputada que aludió al hermano de la presidenta en referencia a este asunto.

“Dedíquense ustedes al hermano de la señora Ayuso, que sí que se dedica a ir por los hospitales a sugerir a las unidades de contratación a qué empresa hay que contratar”, dijo ayer la socialista Carmen López, una frase por la que la presidenta de la Asamblea de Madrid, María Eugenia Carballedo, decidió expulsarla tras pedirle reiteradamente que retirase sus palabras.

Tras ese intercambio, la oposición al completo decidió abandonar el hemiciclo y, de acuerdo con la información de El País, se puso de acuerdo después para crear un nuevo órgano de fiscalización, que si Vox no cambia de opinión, verá la luz. “Queremos investigar tanto al hermano de Ayuso como a cualquier ciudadano o empresa que esté en la misma situación: que haya sospechas, o información, de que ha podido haber conductas de tráfico de influencias para conseguir contratos”, explica Carmen López en declaraciones al diario.

En paralelo, Más Madrid ha registrado una petición en la Asamblea para que Tomás Díaz Ayuso, el hermano de la presidenta, comparezca en la Comisión de Sanidad sobre los contratos por valor de 150.000 euros una empresa vinculada con la sociedad en la que trabaja, Artesolar Iluminación S.L. “Vista la parcialidad de ayer de la presidenta de la Asamblea, pedimos la comparecencia de Tomás Díaz Ayuso para que pueda explicar su relación con las contrataciones de la Consejería de Sanidad”, ha anunciado en Twitter la portavoz de Más Madrid en la Cámara regional, Mónica García.

En declaraciones remitidas a los medios recogidas por EFE, García ha explicado que su grupo ha registrado una petición para que comparezca el hermano de Ayuso ante “el bochornoso espectáculo” del jueves “con una presidenta que no está capacitada para ejecutar sus funciones de manera ejemplar y un PP que piensa que las instituciones son parte de su cortijo”.

La diputada ha indicado que, con esta comisión, quieren que Tomás Díaz Ayuso arroje “luz” en primera persona sobre este contrato y “si no tiene nada que ocultar será el primer beneficiado de esta comparecencia”.

Según reveló este diario, la Consejería de Sanidad adjudicó desde septiembre de 2019 hasta marzo de 2020 contratos a dedo por valor de 70.503,41 euros a Artesolar.  Fueron adjudicaciones sin concurso ni publicidad –los conocidos como 'contratos menores'–, una alternativa que tienen las administraciones para afrontar necesidades urgentes y que no pueden exceder los 15.000 euros (más IVA) en el caso de servicios o suministros.

La presidenta madrileña ha dicho al respecto esta mañana, en declaraciones a los medios, que este movimiento se trata del “precio” que ella tiene que pagar “por estar arriba en las encuestas”. “No me lo tomo como algo personal”, ha dicho Ayuso para restar importancia al asunto.

La presidenta de la Asamblea de Madrid rechaza dimitir

Carballedo por su parte ha hablado hoy sobre la decisión de expulsar a la diputada socialista y la ha justificado en que  “nunca” se había imputado un delito “de forma tan directa y concreta” al entorno de un diputado, pese a que en su discurso López no imputó ningún delito al hermano de Ayuso. Tampoco es la primera ocasión que en la Cámara madrileña se alude al familiar de la presidenta, sin que en las anteriores hubiese consecuencias parecidas a las del jueves.

Carballedo ha defendido hoy que, si los miembros de la izquierda “no entienden” que tiene que haber un “mínimo respeto a los adversarios”, tienen “un problema” porque el reglamento “hay que cumplirlo”. Lo ha hecho a su llegada a un desayuno informativo del consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Javier Fernández-Lasquetty, al ser preguntada por la petición del PSOE de que cese en su cargo tras el incidente de este jueves.

Al hilo, ha insistido en que ella lleva diez años en la Cámara de Vallecas y que “nunca” se había imputado de forma tan “directa” un delito como ayer al hermano de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso“. ”Es la primera vez que veo algo de ese calibre y nada similar ocurrió ayer“, ha incidido al ser preguntada por la supuesta ”falta de neutralidad“ en la sesión de ayer y ha aseverado que desde la bancada de la izquierda ”se insulta con total naturalidad“.

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