Varios usuarios de redes sociales ha cuestionado esta semana los objetivos de una pequeña aeronave que ha sobrevolado la ciudad de Madrid con una ruta en zigzag. Todo comenzó con un tuit del geógrafo Antonio Giraldo, que ironizaba con que el avión estuviera “fumigando Madrid” y adjuntaba una captura con su trayectoria. Sin embargo, su tuit ha sido aprovechado por otros usuarios para afirmar exactamente eso: que la aeronave tenía relación con las altas cifras de contagios de coronavirus que registra la capital o con algún tipo de medida de las autoridades para combatir la pandemia, como que así es como “se buscan asintomáticos”.

El propio Giraldo ha afirmado más tarde que el tuit inicial era “una broma”, pero eso no ha impedido que las cuentas que suelen distribuir desinformación sobre la teoría de la conspiración de los chemtrails (que afirma que las estelas que dejan los aviones tienen implicaciones sanitarias o se usan para el control de la población) viralicen el tuit como si el geógrafo estuviera difundiendo pruebas que demostrarían su veracidad.

La explicación real de la trayectoria del avión es más sencilla. Según explica Enaire, el organismo que gestiona el tráfico aéreo en España, la aeronave que originó el bulo estaba en una misión de fotogrametría, una técnica de medición de espacios y objetos a partir de imágenes tomadas, en este caso, por vía aérea. “Lo único que podemos señalar es que se trataba de trabajos de cartografía”, exponen fuentes de la institución a El Cazabulos.

El mismo miércoles, el Ministerio de Transporte y Urbanismo hizo público el convenio “con el que coordinar actuaciones para la obtención de imágenes aéreas y ortofotos actualizadas” de la Comunidad de Madrid. Las ortofotos tomadas desde el aire son aquellas imágenes que muestran todos los elementos en la misma escala, con la misma validez que un plano cartográfico.

Las trayectorias circulares y aquellas que llevan a las aeronaves a sobrevolar repetidamente una misma zona tampoco son ni mucho menos excepcionales. “Los trabajos aéreos son habituales cada día en nuestro espacio aéreo”, detallan desde Enaire: “Estas aeronaves que repiten un patrón están llevando a cabo diferentes trabajos según el caso. Pueden ser calibraciones de radioayudas de navegación aérea, inspección de líneas aéreas, fotografía aérea y la fotogrametría, que es lo que estaba haciendo esta aeronave el miércoles sobre Madrid”.

“Este tipo de vuelos son coordinados y tramitados por ENAIRE como gestor del espacio aéreo y se desarrollan con absoluta normalidad y seguridad”, concluye el organismo.

Desde hace años, profesionales de la industria aeronáutica y estudios climatológicos (como esta reseña de la AEMET, la Agencia Española de Meteorología) han explicado que la estela blanca que dejan las aeronaves en el cielo se produce a consecuencia de la condensación del vapor de agua que expulsan estos aparatos al moverse. De todos los gases que emiten sus motores, solo el vapor de agua influye en su formación.

Cuando se dan las condiciones adecuadas, las estelas pueden permanecer horas en el cielo. “Esto ocurre cuando la humedad en la atmósfera es muy próxima al nivel de condensación, y es fácil que el vapor de agua atmosférico se condense sobre las partículas de hielo de la estela. Si además hay algo de inestabilidad y turbulencia, las estelas van tomando una forma irregular. Estas estelas, además, pueden ser desplazadas por el viento”, explica la AEMET.

Pese a todo, es habitual que las personas que creen y difunden la teoría de la conspiración que afirma que estas estelas tienen algún tipo de consecuencia sobre la salud la relacionen ahora con el coronavirus.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha equiparado la situación ante la crisis del coronavirus en Nueva York con la de Madrid durante la sesión plenaria en la Asamblea de Madrid de este miércoles. Es más, ha asegurado que la ciudad estadounidense está “mucho peor” que la capital española.

“Miren Nueva York, siempre fue el paradigma y el gran ejemplo del rastreo y ahora está en las mismas circunstancias y mucho peor que Madrid”, ha asegurado durante una de sus intervenciones en la Asamblea para defender la gestión del Gobierno regional.

Sin embargo, la situación de ambas ciudades dista mucho de ser similar. No solo eso, sino que a menudo se han usado las dos regiones para contraponer la buena y la mala gestión de la pandemia.

En los últimos siete días, el estado de Nueva York ha registrado 49 casos por cada 100.000 habitantes, número que desciende a 47 en la ciudad neoyorkina, tal como informa The New York Times. Si bien es cierto que se han incrementado el número de casos respecto al mes pasado, cuando reportaba una incidencia de 23 por cada 100.000 personas, las cifras de esta región se alejan mucho de ser las “mismas” que las de Madrid.

A pesar de que los números exactos en la Comunidad no están claros y que las series más recientes no están consolidadas, Sanidad registraba en su última actualización una incidencia de 237 positivos por cada 100.000 habitantes en toda la comunidad autónoma en la última semana, una cifra casi cinco veces mayor que la del estado neoyorkino. En cuanto a las cifras de la capital madrileña, la incidencia registrada es de los últimos 14 días, no de los últimos siete. De nuevo, existe una discrepancia entre los que notifica el Ministerio y la Comunidad: el primero registra una incidencia de 710 positivos por cada 100.000 habitantes en los últimos siete días, mientras que la Consejería de Salud regional notifica 589. Se trata de entre 50 y 42 casos diarios por cada 100.000 habitantes, frente a los menos de siete de la ciudad de Nueva York.

Ambas regiones se han comparado a lo largo de la crisis de la COVID-19, ya que fueron fuertemente golpeadas durante la primera ola de contagios. No obstante, Nueva York ha logrado mantener el índice de infecciones bajo, mientras Madrid se situaba el mes pasado a la cabeza de la tasa de incidencia de las capitales de Europa –aunque ya entonces Ayuso aseguró que la situación madrileña era igual que “cualquier ciudad europea”.

Interiores de bares y restaurantes cerrados, rastreadores y test

Una de las posibles diferencias que analizaban los expertos entre ambas gestiones es que el Gobierno neoyorkino decidió mantener cerrados los interiores de bares y restaurantes, mientras Madrid se precipitó en la apertura de estos recintos. En un artículo en la que analizaba la situación de ambas ciudades hace dos semanas, el Financial Times apuntaba, además, a la falta de rastreadores y de test como otras de las posibles causas de la disparidad en la evolución de ambas regiones.

Parte del plan de Nueva York para contener el virus ha sido hacer pruebas gratuitas de diagnóstico y de anticuerpos en toda la ciudad, tal como informaba Sarah Yáñez-Richards. Con una población de 8,4 millones, cada día el NYC Health + Hospitals lleva a cabo entre 20.000 y 40.000 test de coronavirus. En total ya se han realizado 3,9 millones. En el estado de Nueva York, se están realizando una media diaria de 488 tests por cada 100.000 habitantes.

En una estrategia opuesta, la semana pasada el gobierno de Isabel Díaz Ayuso anunció que dejaría de hacer test a los contactos cercanos de positivos a no ser que fueran convivientes, pacientes de riesgo o presentaran síntomas. De acuerdo con las cifras de Sanidad, la Consejería de Salud ha realizado en los últimos siete días una media de 19.000 PCR diarias en toda al comunidad autónoma. Con una población de 6,7 millones de habitantes, supone unos 285 test diarios por cada 100.000 habitantes, algo más de la mitad que en el estado neoyorkino. Ayuso ha asegurado que en toda la región se han llevado a cabo “más de un millón de PCR”.

En cuanto a la tasa de positividad, las diferencias son aún mayores: la Comunidad de Madrid cuenta con una tasa del 18,5% en la última semana–la más alta de toda la península–, mientras que el estado de Nueva York registra una tasa del 1% en los últimos 14 días, tal como reflejan las cifras de The New York Times.

En cuanto al número de rastreadores, el profesor de Harvard Miguel Hernán señaló el pasado mes que el índice de rastreadores en el estado de Nueva York se encontraba alrededor de los 30 profesionales por cada 100.000 habitantes. Es decir, cerca de 6.000 rastreadores en total. Por su parte, con 600 rastreadores en Madrid, la tasa se sitúa alrededor de los 9 por cada 100.000 personas.

En definitiva, con una tasa de incidencia cinco veces inferior a la de la Comunidad de Madrid, casi el doble de tests de coronavirus, tres veces más rastreadores y una positividad 18 veces menor, Nueva York no está “mucho peor que Madrid”, tal como afirma Díaz Ayuso.

El portavoz del grupo parlamentario de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha recuperado un bulo sobre la Pasionaria este miércoles en su intervención en la sesión de control al Gobierno. El dirigente de Vox ha recordado las palabras de Pablo Iglesias hace una semana en la misma cámara, cuando señaló al PP que había condenado “su propio futuro” al “caminar con la ultraderecha” y por ello no volverían a formar parte del Consejo de Ministros.

Esa frase, para Espinosa de los Monteros, recuerda a “lo que afirmó el bolivariano Hugo Chávez con su 'nunca más volverán a gobernar'” y también a “lo que dijo la Pasionaria a Calvo Sotelo en esta misma cámara: 'Has hablado por última vez'. Y poco después fue asesinado”.

Según ese bulo, la diputada del Partido Comunista de España (PCE) Dolores Ibárruri, conocida como 'La Pasionaria' pronunció una amenaza de muerte en una sesión del Parlamento el 1 de julio de 1936, once días antes del asesinato del diputado, el 12 de julio de 1936. Este miércoles, Espinosa de los Monteros ha hecho referencia a la frase “has hablado por última vez”, si bien, otras versiones apuntan a una frase similar: “Este es tu último discurso”, sentencia que, sostienen, pudo ser el desencadenante de su asesinato.

Se trata de un bulo que ha sido perpetuado por parte de sectores de la derecha durante décadas y ampliamente difundido durante el franquismo, sin embargo, esta afirmación no está reflejada en ningún documento de la época. En primer lugar, no consta en el Diario de Sesiones de la fecha, en el que tampoco se hace referencia a que se haya borrado ninguna interpelación por parte de la diputada. Tampoco aparece referencia alguna a estas palabras en los periódicos de entonces, tal como recogía el historiador Alejandro Sánchez Moreno en un artículo publicado en elDiario.es en 2016.

Sánchez Moreno también apunta al político de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Josep Tarradellas, como uno de los contribuyentes a difundir la leyenda. El diputado afirmó mucho tiempo después haber escuchado estas palabras a la Pasionaria ya que se sentaba muy cerca de ella, declaraciones que fueron desmentidas por otros congresistas que también se sentaban en la misma zona.

La disputa entre Díaz Ramos y Gil-Robles

El origen del bulo puede deberse a la confusión con lo ocurrido en la sesión del 15 de abril de 1936 en el Congreso de los Diputados, tres meses antes –y no once días– del asesinato de Calvo Sotelo. Se trataría, además, de una trifulca entre el secretario general del PCE, José Díaz Ramos, y el líder de la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA), José María Gil-Robles; no entre Ibárruri y Calvo Sotelo.

“El sr. Gil Robles decía de una manera patética que ante la situación que se puede crear en España era preferible morir en la calle que de no sé qué manera. Yo no sé cómo va a morir el señor Gil Robles (Un sr. diputado: ”En la horca“); sé cómo han muerto el sargento Vázquez, Argüelles y otros compañeros, en defensa de la República y por orden del Gobierno, del que formaba parte el sr. Gil Robles. No puedo asegurar cómo va a morir el sr. Gil Robles, lo que sí puedo afirmar...”.

Tras estas palabras de Díaz Ramos se produce un gran revuelo y tras una advertencia del presidente de la Cámara, se informa de que estas palabras –las que siguen a los puntos suspensivos en la transcripción– no figurarán en el Diario de Sesiones. Tal como explica la periodista y colaboradora de eldiario.es Elena Cabrera, algunas fuentes indican que la afirmación de Díaz Ramos continuaba con una frase similar a: “...su señoría morirá con los zapatos puestos”. Tras varias quejas por parte de la bancada, entre ellas la de Calvo Sotelo que afirmó que se acababa de hacer “una incitación al asesinato”, Ibárruri apuntilló: “Si os molesta eso, le quitaremos los zapatos y le pondremos las botas”.

Sería esta la frase –referida a Gil Robles y no a Calvo Sotelo– la que podría haber contribuido a difundir el bulo. Incluso la propia Ibárruri al desmentir las supuestas amenazas proferidas hacia Calvo Sotelo en una entrevista a El País en el año 1981 hace referencia a esta oración: “Pude haberle dicho muchas cosas, es usted un vividor, un sinvergüenza, pero nunca le dije que moriría con los zapatos puestos; yo no podía hacer una amenaza de esa naturaleza. Ahí está el Diario de Sesiones”.

En pleno caos sanitario en la Comunidad de Madrid y tras meses acusando al Gobierno de una deriva “autoritaria” por el estado de alarma que decretó en marzo para controlar la pandemia, el líder del PP, Pablo Casado, insiste ahora en cada una de sus intervenciones públicas en que la competencia de la gestión de las pandemias corresponde en exclusiva al Ejecutivo central y no a las comunidades autónomas.

Sin embargo, no existe ninguna normativa que recoja que el Gobierno es el encargado de gestionar la Sanidad en caso de pandemias, ni que durante las crisis sanitarias como la del coronavirus las comunidades autónomas pierdan la competencia en materia de salud pública que les otorgan sus respectivos estatutos de autonomía.

La ley de Salud Pública de 2011 se limita a establecer que “la autoridad sanitaria estatal tendrá facultades para actuar en las actividades públicas o privadas para proteger la salud de la población”. Esto no implica que las comunidades autónomas pierdan sus competencias. El Gobierno también es el encargado de lanzar las alertas en caso de pandemias, pero en ningún caso gestiona la Sanidad, como dice Casado, dado que se trata de una competencia autonómica.

A pesar de ello, este lunes el líder del PP volvía a insistir en esa misma idea durante una entrevista en Telecinco. “Hay que decir una cosa muy clara. La competencia exclusiva de las pandemias declaradas a nivel internacional es de los gobiernos estatales. Esto no lo digo yo sino una ley que aprobó Zapatero en el año 2011”, aseguraba Casado en la citada entrevista.

Se refería a la citada Ley de Salud Pública que, sin embargo, no sostiene semejante afirmación. La normativa tan solo circunscribe como funciones del Ministerio de Sanidad “la gestión de alertas de carácter supraautonómico o que puedan trascender del territorio de una comunidad autónoma o la gestión de alertas que procedan de la Unión Europea, la Organización Mundial de la Salud y demás organismos internacionales y, especialmente, de aquellas alertas contempladas en el Reglamento Sanitario Internacional (2005), en su caso, en coordinación con las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla”.

También corresponde al Gobierno “la coordinación y evaluación de la Red de Vigilancia en salud pública, velar para que los criterios utilizados en la vigilancia sean homogéneos, estén homologados y por la oportunidad, pertinencia y calidad de la información; la coordinación y gestión de los intercambios de la información correspondiente a la vigilancia tanto en el ámbito nacional como en el ámbito de la Unión Europea, de la Organización Mundial de la Salud y demás organismos internacionales relacionados con la salud pública”, así como “la coordinación de los mensajes dirigidos a la población en el caso de que las Autoridades sanitarias emitieran comunicados o recomendaciones en contextos de alerta o crisis sanitarias o que afecten a riesgos inciertos que pudiesen afectar a más de una comunidad autónoma”.

El presidente del PP, Pablo Casado, afirmó este domingo que las comunidades autónomas en las que más fallecimientos con coronavirus ha habido son aquellas en las que su partido no está gobernando. “Me causa vergüenza ver como nos podemos estar arrojando desde el Gobierno de la nación las cifras de las residencias de ancianos a las comunidades autónomas del Partido Popular. Me causa sonrojo porque, lamentablemente, a nivel nacional, las estadísticas dejan muy claro que donde más fallecidos hubo, por desgracia, fueron en comunidades en las que el Partido Popular no gobernaba”, dijo en un acto de la precampaña gallega junto a Alberto Núñez Feijóo.

Sin embargo, para llegar a esta afirmación, el líder del PP compara cinco comunidades en las que gobierna con el resto, que son doce. De las 19.611 personas que han muerto con COVID-19 confirmada o síntomas compatibles en residencias de España, según los datos recabados por eldiario.es, 9.519 pertenecían a autonomías populares (Madrid, Castilla y León, Andalucía, Galicia y Murcia). La cifra es ligeramente superior para el resto, 10.092. Es decir, no solo hace trampa por la diferencia del número de territorios en cada grupo comparado, sino que obvia que solo las cinco en las que gobierna su partido acumulan casi la mitad del total.

Si Casado hacía referencia a la cifra de muertes confirmadas, de personas con un diagnóstico positivo de coronavirus, estas cinco comunidades registran 3.630 decesos, con datos a 9 de junio, de un total de 9.780. Sin embargo, esta comparación no tiene en cuenta la enorme cantidad de fallecidos en residencias a los que nunca se les hizo un test y que llegan a ser la mitad. De hecho, casi todas las comunidades registran ambas cifras porque es la forma más fiable de acercarse a la realidad de lo ocurrido.

Pero además, el presidente del Partido Popular elude que teniendo en cuenta a todos los muertos, es decir, con prueba y con clínica compatible, Madrid y Castilla y León, dos comunidades con líderes autonómicos populares, encabezan la tabla. Según los datos aportados por las propias comunidades al Gobierno, en Madrid casi uno de cada cinco residentes falleció (un 18% del total). En esta lista, no obstante, no estaban todas las comunidades, pero de acuerdo con las cifras de las propias autonomías, le sigue Castilla y León con un 11%. En tercer lugar, Catalunya, donde ha muerto un 8% del total de residentes.

El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha acusado este miércoles al presidente del Gobierno de “ocultar a los muertos para ocultar su incompetencia”. “¿Cómo es posible que según el Instituto Público Sanitario Carlos III haya 43.000 víctimas y que usted solo reconozca 28.000?”, peguntaba el jefe de la oposición desde la tribuna de oradores.

Los 43.000 muertos a los que hace referencia Pablo Casado son los fallecidos que no esperábamos esta primavera, que se registran en el Sistema de Monitorización de la Mortalidad ('MoMo'), los informes que elabora desde hace años el Centro Nacional de Epidemiología (CNE) del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), que tiene una doble dependencia: del ministerio de Ciencia e Innovación y del propio ministerio de Sanidad. Es decir, el dato que utiliza el líder de la oposición para acusar al Gobierno de “ocultar a los muertos” está sacado de un organismo dependiente del propio Gobierno.

La epidemióloga responsable del equipo que elabora los MoMo, la doctora Amparo Larrauri, indicaba en una entrevista a eldiario.es que esas 43.000 muertes “son los resultados de la vigilancia de mortalidad diaria por todas las causas” y que “significan la diferencia entre las defunciones que observamos para un periodo de tiempo -con información de los registros civiles-, y la mortalidad esperada a partir de las series históricas en España de los últimos diez años”, a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística.

Es decir, el 'MoMo' estima un exceso de muertes por todas las causas, y no solo por coronavirus, como da a entender Pablo Casado. “Es muy lógico suponer que parte de la mortalidad en exceso corresponde directamente a la COVID-19. También es lógico pensar que las defunciones reales por COVID-19 han sido un número mayor del que proporciona el Ministerio de Sanidad, puesto que son cifras oficiales procedentes de las comunidades autónomas que no pueden cubrir la totalidad, solo las defunciones confirmadas microbiológicamente”, señalaba la experta. 

Es decir, el Gobierno no “oculta a los muertos”, como acusa Casado, ya que da los datos confirmados que recibe de las comunidades autónomas: 27.127 en el informe que facilitó Sanidad este martes. En cualquier caso, la responsable del MoMo ya indicaba que este desajuste entre sus datos y los de Sanidad “no es nada anormal ni contradictorio: son estudios que no se contraponen sino que se complementan para establecer cuál ha sido el verdadero impacto de la pandemia. Lo anormal sería que fueran iguales”. El Instituto Nacional de Estadística también da datos sobre defunciones y causas de muerte, y entre todos los resultados estimarán “con mayor precisión el impacto de la pandemia de COVID-19 en la mortalidad”.

Circula por internet la imagen de un falso tuit atribuido al director de eldiario.es, Ignacio Escolar. El texto del supuesto mensaje afirma: “Decisión tomada, ha ganado la corriente de Pablo Iglesias que apostaba por una bajada entre un 8% y 12% de sueldo para los funcionarios. Solo queda decidir la fecha. Apunten para septiembre”.

El propio Ignacio Escolar, en su perfil oficial de Twitter, ha desmontado el engaño: “Están moviendo en redes y grupos de WhatsApp una captura falsificada de este supuesto tuit que me atribuyen, pero que yo nunca he escrito. Es falso. No hay ningún recorte de sueldo de funcionarios previsto ni me consta que se esté discutiendo algo así”.

Los perfiles oficiales de Twitter van acompañados de una insignia azul, que no aparece en la captura difundida de manera maliciosa en redes sociales.

El pasado 24 de marzo la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ya negó que el Ejecutivo estuviera estudiando bajar el salario a los empleados públicos por la crisis del coronavirus. La ministra desmentía informaciones aparecidas en esas fechas y las enmarcó en una “estrategia de confusión, de bulo y de mentira”.

El agitador de la extrema derecha conocido en redes como Alvise Pérez ha vuelto a lanzar un nuevo bulo, en este caso referido a Iván Redondo, jefe de Gabinete de Pedro Sánchez. En un tuit, el exasesor de Ciudadanos asegura que la consultora de Redondo cobró subvenciones cuando ya trabajaba para el presidente del Gobierno.

Alvise acompaña su tuit de dos pantallazos del Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM), la administración que asegura que concedió esas subvenciones. En uno de ellos consta un supuesto pago de 3.000 euros efectuado el 25 de septiembre de 2018 a Redondo y Asociados Consultores Políticos. En el segundo pantallazo, consta otro supuesto pago por la misma cantidad en fecha de 7 de junio de 2018.

Sin embargo, fuentes de la empresa desmienten esta información. Aseguran que la consultora se acogió en enero de 2018 “al derecho de solicitud de la subvención para la incentivación de empleo que otorgaba en ese momento la Comunidad de Madrid”. Según la empresa, desde la solicitud de esa subvención hasta su efectiva concesión pasa un tiempo de seis meses.

Antes de que se concediera se produjo la moción de censura en mayo de 2018, tras la que Iván Redondo es nombrado jefe de Gabinete de Moncloa. Justo antes de ese nombramiento, Redondo se desvincula de su empresa.

La Comunidad de Madrid concede en junio la subvención solicitada en febrero, pero el 3 de agosto la empresa presenta un escrito para renunciar a ella. Así lo recoge el BOCM del 27 de noviembre.

De hecho, en ese Boletín que Alvise ha tuiteado se observa en la cuarta columna un signo negativo (-) que corresponde a que ese montante ha sido devuelto por la empresa. Alvise tampoco menciona en su tuit que todo ese proceso se dio bajo una administración dirigida por el PP.

El agitador de la alt-right Luis Pérez, conocido como Alvise, ha promocionado este fin de semana en sus redes sociales una campaña que ha venido a definir como “experimento social contra Pedro Sánchez”. Se trata de un vídeo en el que recoge la supuesta reacción de varios ciudadanos al encontrarse en una marquesina con un cartel con la imagen del presidente y el mensaje: “Confía en tu Gobierno. Un buen ciudadano obedece”.

El vídeo que se ha movido por redes sociales finaliza con cinco afirmaciones del influencer y consultor sevillano que son falsas.

“Ha encerrado a millones de españoles sanos en sus casas por su incapacidad para hacernos test”. El objetivo principal del confinamiento era frenar la reducción de contagios para evitar el colapso del sistema sanitario. Ya antes de decretarse el estado de alarma se habían tomado una serie de medidas orientadas a ese fin. Desde la creación de un Plan de Contingencia conjunto entre todas las UCI españolas por parte de la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias, hasta un llamamiento global a la responsabilidad de las personas para aplanar la curva. De hecho, uno de los requisitos que deben cumplir las provincias para pasar a la fase uno de la desescalada es contar con entre 1,5 y dos camas de UCI y entre 37 y 40 camas de enfermos agudos libres por cada 10.000 habitantes por si hubiera un rebrote.

En el Real Decreto de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de la crisis sanitaria, en el que se establece por primera vez desde el inicio de la pandemia la limitación de la libertad de circulación de las personas, el Ejecutivo indica que “las medidas previstas en la presente norma se encuadran en la acción decidida del Gobierno para proteger la salud y seguridad de los ciudadanos, contener la progresión de la enfermedad y reforzar el sistema de salud pública”. Este texto contó con un amplio respaldo parlamentario.

A fecha de 30 de abril, se habían realizado en España 1.932.455 pruebas diagnósticas. De ellas, 1.351.130 eran pruebas PCR, que miden la presencia del virus en el organismo, y 581.325 eran los llamados 'test rápidos' o de anticuerpos. “Estamos hablando de un esfuerzo extraordinario del conjunto de las administraciones públicas. Quiero reconocer ese esfuerzo, no solo del Gobierno sino por parte de las comunidades autónomas”, afirmó este sábado el presidente del Gobierno.

“Ha amordazado a toda la oposición de este país y eliminado los plazos del control del Parlamento español”. La Mesa del Congreso, con los votos de PSOE y Unidas Podemos, suspendió el 19 de marzo en pleno estallido de la pandemia los plazos administrativos para la contestación por parte del Gobierno de las preguntas parlamentarias de los grupos así como de la presentación de enmiendas a los distintos proyectos legislativos. Ante las críticas de PP y Vox, la Mesa decidió el 7 de abril levantar esas suspensión a partir del día 13. Desde entonces, el PP ha pedido prorrogar los plazos de enmiendas para numerosas iniciativas legislativas que están en tramitación.

Otra de las críticas de la oposición fue la falta de rendición de cuentas por parte del Gobierno en el Congreso. Dos días antes de la declaración del estado de alarma se suspendió una comparecencia prevista de Salavdor Illa después de que la ministra de Igualdad, Irene Montero, diera positivo en la prueba de la COVID-19 obligando al resto del gabinete a someterse al test.

Desde entonces, la actividad parlamentaria quedó limitada. Sánchez compareció el 18 de marzo para dar cuenta del decreto del estado de alarma y una semana más tarde para solicitar la primera prórroga. Ese debate se repite quincenalmente en las sucesivas prórrogas que ha planteado el Consejo de Ministros. Por su parte, Salvador Illa ha comparecido semanalmente en la Comisión de Sanidad. Esos plenos, en los que también se debatieron varios decretos ley, se produjeron en semanas en las que no había previstas sesiones plenarias previamente (por la celebración de las elecciones vascas y gallegas que luego se suspendieron y por la Semana Santa).

Meritxell Batet también propuso la celebración de un Pleno el 15 de abril, que inicialmente no estaba habilitado con la primera sesión de control al Gobierno, que desde entonces se han celebrado como estaba estipulado en el calendario de sesiones. Esta semana, que tampoco estaba habilitada, se celebrará un nuevo debate de la prórroga del estado de alarma.

“Ha sobornado a los grandes medios de comunicación”. Lo que realmente aprobó el Gobierno el pasado 1 de abril un Decreto Ley que, entre otras medidas, incluía una subvención de 15 millones de euros para las televisiones privadas de ámbito estatal a las que considera “servicio esencial”. Según publicó el Boletín Oficial del Estado (BOE) se trata de una “compensación” de “parte” de los costes derivados de “mantener durante un plazo de seis meses determinados porcentajes de cobertura poblacional obligatoria” en un contexto de “brusca caída de sus ingresos” por la cancelación de campañas publicitarias.

“Nos amenazan con leyes de hasta cinco años de prisión para los que intentemos opinar en libertad”. Es falso que “opinar con libertad” esté penado en España con cinco años de cárcel. Esta afirmación supone una manipulación de un informe en el que la Fiscalía General del Estado (FGE) analiza los delitos en los que se puede incurrir con la difusión de “fake news” o noticias falsas. Entre ellos, el de descubrimiento y revelación de secretos (artículo 197.3 del Código Penal) para los casos en los que desinformación vaya acompañada de revelación de datos personales auténticos. Este tipo, castigado con entre dos y cinco años de prisión, es el que cuenta con una pena más alta de todos los que se citan en el informe que la FGE difundió a los medios el pasado 17 de abril.

“La Delegación del Gobierno prohibió sin motivo la #caravanagobiernodimisión. Han eliminado un derecho fundamental no contemplado en estado de alarma”. Alvise ha compartido en su Twitter la supuesta prohibición de la manifestación en coche en las inmediaciones de Colón este domingo. Fuentes de la Delegación del Gobierno en Madrid confirman a eldiario.es que la manifestación sí se prohibió, pero advierten que el documento difundido por Pérez es falso.

El Constitucional sentó doctrina el pasado jueves sobre la realización de manifestaciones en coche en una situación como la actual. El tribunal de garantías validó la prohibición de una marcha sindical en coche en Vigo con el argumento de que la relación entre el derecho a la vida y el de reunión exige una ponderación por la que, ante la falta de las garantías de seguridad en una situación de “máximo contagio”, ha de primar el primer derecho. No obstante, el Constitucional resalta que su aval a la prohibición de esa manifestación se produce “dejando al margen el contenido del decreto de declaración del estado de alarma”, pues la limitación del derecho de reunión no tiene que ver con este mecanismo de excepción, sino con su colisión con el “derecho a la salud”.

Se llama Jonathon James y no es un ex alto cargo de Vodafone, como asegura en un vídeo de YouTube de 38 minutos en el que denuncia que las antenas 5G (y no el coronavirus) son las causantes de las muertes por COVID-19. Jonathon James es un cura británico, un pastor evangelista de Luton, que por alguna razón ha decidido convertirse en uno de los principales difusores de esta teoría de la conspiración sobre la enfermedad, que en varios países ha llevado incluso a la quema de estas infraestructuras de telefonía por parte de gente que le ha creído.

El medio británico The Guardian ha destapado a James este viernes, que tras difundir la supuesta la relación entre la COVID-19 y las antenas 5G sin ninguna prueba, ahora está centrado en convencer a los ciudadanos de Zimbabue de que abandonen el dinero local y se pasen a las criptomonedas.

La teoría de la conspiración del 5G se extendió a finales de marzo por todo el mundo. El vídeo de James no fue el primero que intentó relacionar la implantación de esta tecnología con las muertes de COVID-19, pero sí uno de los que más impacto tuvo. Sus elucubraciones llegaron a millones de usuarios, tanto a través del vídeo original de YouTube como en extractos enviados por los sistemas de mensajería. “El coronavirus no es lo que está matando a las personas. Está claro, categórica e inequívocamente probado que las radiofrecuencias a las que estamos expuestos es lo que está matando a las personas”, afirma en el vídeo sin ninguna evidencia.

“Nuestros cuerpos están reaccionando a la radiación de radiofrecuencia”, continúa en la grabación: “Están utilizando coronavirus para tratar de ocultar el hecho de que las personas mueren por la frecuencia 5G”.“ Dios me ha bendecido con la capacidad de reunir piezas dispares de información que reúnen el rompecabezas y le dan sentido”, asevera el pastor evangelista, que suele dar sermones en la comarca de Bedfordshire, unos 80 kilómetros al norte de Londres.

Ningún informe científico avala esta tesis. Los expertos explican que es físicamente imposible la interacción entre las ondas de las redes de telecomunicaciones y un virus, la Organización Mundial de la Salud (OMS) no encuentra efectos adversos en el 5G. Reguladores de todo el mundo, como el Comité Científico y Asesor en Radiofrecuencias y Salud (CCARS) español, han declarado que las frecuencias que usa esta tecnología son seguras para el ser humano y se encuentran entre 10.000 y 100.000 veces por debajo de los niveles máximos permitidos por la ley.

YouTube ha eliminado muchas copias del vídeo de James por infringir su política de desinformación peligrosa, nuevas versiones siguen estando disponibles. También continúa circulando en WhatsApp. No obstante hasta ahora se desconocía la identidad del autor, que afirma en la grabación ser el ex jefe de la unidad de negocios de Vodafone, donde supuestamente accedió a informes sobre la peligrosidad del 5G.

Fuentes de Vodafone han explicado a The Guardian que es cierto que James trabajó para la compañía, pero que trabajó menos de un año como comercial en 2014. Según estas fuentes, el 5G no era una prioridad para la compañía en ese momento y es poco probable que el trabajo de James tuviera alguna relación con esta tecnología.

A pesar de esto, muchos de los principales grupos anti-5G y defensores de la teoría de la conspiración usan como argumento la supuesta censura de un “ex jefe de Vodafone” como una fuente clave que respalda sus creencias.

La teoría de la conspiración llegó a España

En Reino Unido han llegado incluso a quemar hasta 60 antenas de telefonía 5G por su impacto en el cuerpo humano y en la propagación del coronavirus, según la BBC. Según el periódico británico Financial Times, Irlanda también ha registrado dos ataques contra estas instalaciones, al igual que en Chipre, donde 18 personas vandalizaron otra antena. Países Bajos ha registrado al menos dos incendios en antenas de telefonía y 11 intentos de sabotaje similares bajo la premisa de que el 5G ha contribuido a que el brote de coronavirus sea una pandemia mundial.

En España no se ha detectado este tipo de vandalismo, aunque sí intentos de difusión de la teoría. El biólogo y pintor Bartomeu Payeras afirma en un supuesto estudio la “clara y estrecha relación entre el índice de casos de coronavirus y la ubicación en el mundo de las antenas de tecnología 5G”. Además en un vídeo donde explica sus conclusiones añade que el virus “tiene un efecto frontera porque parece que no sabe pasar las fronteras políticas” entre países. Otro de los ejemplos que pone es el caso de San Marino, un país dentro de territorio italiano donde la densidad de población es de 577 habitantes por kilómetro cuadrado, y donde el coronavirus ha tenido un gran impacto. Según su estudio esta fuerte incidencia en este microestado también tiene que ver con el 5G.

Payeras cita un artículo de Expansión en el que se explica que San Marino sería el primer país en implantar esta tecnología, aunque finalmente fue Corea del Sur. Otra de sus pruebas es otro artículo de El Confidencial en el que se explica que es uno de los países con mayor número de infectados y muertos por millón de habitantes por su condición de microestado, además de que las medidas de confinamiento llegaron tarde, solamente cuenta con un hospital y se han realizado pocos tests. En ningún momento se cita al 5G.

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, se ha quejado en su cuenta de Twitter de que “los bulos” sobre el Gobierno que dirige “sí se permiten en redes sociales y no está limitado su reenvío por WhatsApp”. Sin embargo, la limitación de la función de reenviar mensajes adoptada por WhatsApp el martes 7 de abril es “global”, según explicó la compañía en un comunicado. Por tanto, no hace distinciones entre comunidades autónomas como señala López Miras.

Esa limitación del reenvío de contenidos entra en acción cuando un mensaje ya ha sido reenviado cinco veces. A partir de ese momento el usuario que lo quiera volver a reenviar no podrá hacerlo automáticamente a otros cinco contactos o grupos, sino que tendrá que hacerlo de uno en uno.

López Miras califica como “bulos” las declaraciones que han hecho dirigentes del PSOE y Podemos en las que denuncian un recorte presupuestario en el área de Sanidad de 57,5 millones de euros, que corresponderían a las partidas de material sanitario (30 millones) y farmacia hospitalaria (27,5 millones).

Los presupuestos de la Comunidad, aprobados el pasado martes en la Asamblea regional, recogen un aumento de tres millones de euros: 1.927 millones en 2019 a 1.930 en 2020, según los datos aportados por la Consejería de Salud del Gobierno regional a este medio. Sin embargo, a pesar de esa subida global, el PSOE y Podemos denuncian que sí hay una reducción en las partidas de material sanitario y farmacia hospitalaria.

Desde hace varias semanas circulan en varios países bulos en los que se vincula el uso de antenas de tecnología 5G con la propagación del coronavirus. Desde que el virus comenzara a expandirse desde la ciudad china de Wuhan por todo el mundo, han surgido varias teorías en las que se dice que Wuhan fue el foco de la pandemia porque “habían (sic) instaladas cerca de 10.000 antenas 5G para implantar esta red inteligente en la ciudad”. Pero no hay ninguna evidencia de ello.

Este bulo surge de un supuesto científico estadounidense, Thomas Cowan, y se ha propagado rápidamente por el mundo. En Reino Unido han llegado incluso a quemar hasta 60 antenas de telefonía 5G por su impacto en el cuerpo humano y en la propagación del coronavirus. Algo que las autoridades británicas han tachado como peligroso y sin sentido, según la BBC.

Unas acciones que se han extendido por Europa. Según el periódico británico Financial Times, Irlanda también ha registrado dos ataques contra estas instalaciones, al igual que en Chipre, donde 18 personas vanzalizaron otra antena. Países Bajos, desde el pasado lunes 13, ha registrado dos incendios en antenas de telefonía y 11 intentos de sabotaje similares bajo la premisa de que el 5G ha contribuido a que el brote de coronavirus sea una pandemia mundial.

El Comité Científico y Asesor en Radiofrecuencias y Salud (CCARS), junto con Maldita.es, ha desmentido estas afirmaciones puesto que “el tamaño de un virus es de alrededor de 100 nanómetros (0,1 micras o la diezmilésima parte de un milímetro (0,0001 mm))” mientras que “la longitud de onda de la radiación de radiofrecuencia usadas por los teléfonos móviles, también por el 5G, incluso para frecuencias elevadas de 26GHz, no supera el orden de los milímetros”.

Ningún informe científico avala esta tesis. Los expertos explican que es físicamente imposible la interacción entre las ondas de las redes de telecomunicaciones y un virus, la Organización Mundial de la Salud (OMS) no encuentra efectos adversos en el 5G. Además, varios científicos han publicado un comunicado en la revista médica The Lancet donde argumentan el origen natural del virus.

“Efecto frontera”

Ahora estas teorías también han llegado a España. El biólogo y pintor Bartomeu Payeras afirma en un supuesto estudio la “clara y estrecha relación entre el índice de casos de coronavirus y la ubicación en el mundo de las antenas de tecnología 5G”. Además en un vídeo donde explica sus conclusiones añade que el virus “tiene un efecto frontera porque parece que no sabe pasar las fronteras políticas” entre países.

Otro de los ejemplos que pone es el caso de San Marino, un país dentro de territorio italiano donde la densidad de población es de 577 habitantes por kilómetro cuadrado, y donde el coronavirus ha tenido un gran impacto. Según su estudio esta fuerte incidencia en este microestado también tiene que ver con el 5G.

Payeras cita un artículo de Expansión en el que se explica que San Marino sería el primer país en implantar esta tecnología, aunque finalmente fue Corea del Sur. Otra de sus pruebas es otro artículo de El Confidencial en el que se explica que es uno de los países con mayor número de infectados y muertos por millón de habitantes por su condición de microestado, además de que las medidas de confinamiento llegaron tarde, solamente cuenta con un hospital y se han realizado pocos tests. En ningún momento se cita al 5G.

CCARS también se ha hecho eco de otro bulo en el que se afirma que un operario trabaja en una “antena 5G” con un “traje contra la radiación”. Una vez más, el comité ha explicado que la imagen es falsa. Puesto que la antena es de 4G, e incluso para trabajar cerca de una antena 5G tampoco se necesitan este tipo de trajes porque la radiación emitida está “entre 10.000 y 100.000 veces por debajo de los niveles máximos permitidos” y cuando se manipulan se desconectan.

“No voy a permitir a permitir que los blancos maten a los africanos con sus vacunas tóxicas, pido a los africanos que sean inteligentes y se aseguren de que las vacunas contra el coronavirus no entren en los territorios africanos”. Son palabras falsamente atribuidas al expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, y que ya ha desmentido la plataforma de verificación Africa Check.

En el texto, difundido por Facebook e Instagram, Obama asegura que no será “cómplice” y tacha de “plan maquiavélico” la introducción de las vacunas en África. La organización de verificación sudafricana recuerda que el expresidente solo ha tuiteado dos veces sobre vacunas, en 2013, y en las dos animaba a la población a vacunarse. Además, no existe aún ninguna vacuna contra el coronavirus, aunque la búsqueda continúa a contrarreloj en varios países del mundo.

La polémica racista en Francia

El caldo de cultivo de este bulo está en las afirmaciones hechas por dos médicos e investigadores franceses, Camille Locht y Jean-Paul Mira, durante un un debate televisivo emitido por la cadena LCI el pasado 1 de abril. “Si puedo ser un poco provocador, ¿no deberíamos hacer este estudio en África, donde no hay mascarillas, ni tratamiento, ni reanimación? Un poco como se hace en algunos estudios de SIDA, con las prostitutas: probamos en ellas porque sabemos que están muy expuestas”, llegó a decir Jean-Paul Mira refiriéndose a la vacuna BCG que va a ensayarse para tratar el coronavirus.

La conversación se viralizó en redes sociales y pronto llegó el aluvión de críticas. Las instituciones a las que pertenecen ambos profesionales se vieron obligadas a disculparse, aunque solo Mira lo hizo personalmente. Varias personalidades públicas como Olivier Faure, líder del Partido Socialista francés, o el futbolista de origen senegalés Demba Ba, mostraron su indignación. Incluso el Ministerio de Asuntos Exteriores emitió un comunicado señalando que las autoridades francesas “no comparten esta postura”, según recoge RFI.

La OMS también se pronunció. Su director general, Tedros Adhanom Ghebreyesus, condenó las palabras de Mira y Locht en una rueda de prensa el pasado 6 de abril. “Este tipo de declaraciones racistas no hacen avanzar nada. Se oponen al espíritu de solidaridad”, dijo en respuesta a un periodista nigeriano, de acuerdo con El País. “África no puede ser y no será un terreno de pruebas para ninguna vacuna”. “La herencia de la mentalidad colonial debe terminar, es vergonzoso y horrible escuchar a científicos haciendo ese tipo de declaraciones en el siglo XXI”, concluyó.

Vox continúa con su campaña contra los medios de verificación de contenidos españoles difundiendo otro bulo. “Esta es la persona que decide lo que es verdad y lo que no en Facebook y Twitter”, ha publicado el partido liderado por Santiago Abascal en referencia a la periodista Ana Pastor.

La formación política exige a las redes sociales “verificadores independientes”, pero lo cierto es que Twitter no cuenta con un equipo ajeno a ellos mismos para verificar el contenido. Es la propia empresa la que decide quién infringe alguna de las reglas establecidas tras recibir la denuncia de un tuit y, por ejemplo, evitar situaciones de abuso o acoso.

La única vez que esta red social se pronunció con respecto a la información falsa fue durante el proceso de votación en las elecciones europeas de 2019, donde se añadió una opción de denuncia de tuits para reportar información engañosa en lo referido a este plebiscito. Pero es la propia compañía la que decide qué eliminar y no un tercero. Es el mismo mecanismo por el que la cuenta de Vox estuvo suspendida durante varias semanas antes de la llegada de la pandemia: Twitter exigía al partido de extrema derecha borrar un mensaje que incumplía sus normas.

El nuevo bulo de Vox se suma a otro difundido la semana pasada en el que se atribuía a Newtral, el proyecto fundado por la periodista Ana Pastor, la última decisión de Whatsapp de limitar el reenvío de mensajes (un cambio que se ha producido a nivel global, para los más de 2.000 millones de usuarios de la app). Según esta teoría conspirativa falsa, detrás de la decisión se escondería una intención de controlar “qué contenido es nocivo para el discurso público afín a PSOE-Podemos”.

La situación llevó a WhatsApp a tener que desmentir la campaña de desinformación de la extrema derecha dirigida contra los medios de verificación de contenidos españoles – Newtral y Maldita.es– y contra su propia plataforma “Es 100% falso”, señalaba en un comunicado oficial que adelantó eldiario.es. “Queremos aclarar los hechos”, señala la compañía, propiedad de Facebook y con más de 2.000 millones de usuarios en todo el mundo, tras detectar estos “rumores falsos” en España.

La única colaboración entre los medios verificadores es con la propia red social de Facebook y no afecta a los contenidos personales sino que se trata de detectar enlaces que lleven a páginas de bulos. Después de esto, la extrema derecha ha decidido hacer un llamamiento para mudarse a otra app de mensajería que no cuenta con restricciones para el reenvío de mensajes: Telegram.

Hay un bulo corriendo por Whatsapp y redes sociales durante las últimas horas que atribuye a Newtral, el proyecto fundado por la periodista Ana Pastor, la última decisión de Whatsapp de limitar el reenvío de mensajes. Según el bulo, detrás de esta decisión se escondería una intención de controlar “qué contenido es nocivo para el discurso público afín a PSOE-Podemos”. El mensaje insiste en que la medida de Whatsapp, propiedad de Facebook, solo se ha tomado solo para España por influencia de Newtral y que Ana Pastor y su equipo deciden qué puede reenviarse y qué no.

En primer lugar, es falso que la decisión de Whatsapp sea solo para España. Facebook, a quien pertenece Whatsapp, ha decidido limitar en todo el mundo la difusión de bulos en plena crisis de coronavirus con una medida concreta: si un mensaje ya ha sido reenviado 5 veces, el usuario que lo quiera reenviar solo podrá hacerlo a una persona más. De esa manera, se pretenden evitar las mentiras que se propagan rápidamente o los audios de falsos científicos que han proliferado en las últimas semanas. La decisión a nivel mundial ya está funcionando y afecta a 2.000 millones de usuarios, como puede leerse en la prensa de todo el mundo, en la web oficial de Whatsapp y hasta en el propio enlace que los difusores del bulo incluyen en el mensaje.

Como ocurre en otras ocasiones, el bulo también manipula un dato básico real para construir conclusiones no probadas o demotradas como falsas. En este caso, el trasfondo es el acuerdo que Facebook (no Whatsapp) tiene con decenas de proyectos de verificación de noticias en todo el mundo. Esos proyectos hacen factchecking informativo de las noticias más difundidas en la red social y hacen avisos a la red social ante mentiras flagrantes o casos evidentes de desinformación. Facebook ni siquiera ha elegido subjetivamente con qué medios colabora sino que son aquellos que pertenecen a la International Fact- Checking Network, la organización más importante en estas prácticas. En la lista de medios internacionales están el Washington Post o Le Monde y en España, Newtral, la Agencia France Presse y al medio de verificación maldita.es. 

La exalcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha negado en su cuenta de Twitter estar enferma y haber recibido en su domicilio un equipo de respiración asistida como los que se utilizan para tratar a los pacientes más graves de coronavirus. La exregidora respondía así a un mensaje previo del tuitero Alvise Pérez, que la acusaba de haber recibido en su domicilio un “respirador” de la empresa VitalAire para “evitar acudir a un hospital público y hacer cola como el resto de españoles”.

Alvise Pérez es el alias que utiliza en esa red social Luis Fernández, que fue jefe de gabinete de Toni Cantó en las Corts Valencianes. Fue el responsable de su campaña a la presidencia de la Generalitat Valenciana en 2019 y ya lo había acompañado en el Congreso de los Diputados. Es conocido por los mensajes xenófobos y en línea con postulados de la extrema derecha sobre inmigración y violencia machista que acostumbra a lanzar en las redes sociales. Está desvinculado de Ciudadanos desde diciembre de 2019.

“Alvise, no te conozco y no sé qué motivos tienes para publicar esta calumnia. No estoy enferma y no he recibido ningún respirador. En estos momentos de preocupación y de esfuerzo colectivo de nuestro país por superar la pandemia, actitudes así no ayudan. Debería darte vergüenza”, escribió Carmena.

La epidemia del coronavirus y las medidas de confinamiento decretadas, que han incrementado el uso Internet, se han convertido en un perfecto campo de cultivo para la difusión de bulos, según alerta de forma reiterada la Policía Nacional. Uno de los últimos vídeos que se ha viralizado es el de un supuesto transportista que muestra un almacén con cajas en las que asegura que hay material sanitario que se va a enviar a Francia por el Gobierno español “no paga” por este material. “¿Material para los hospitales? Todo el que quieras, aquí. Vamos, lo estoy cargando yo”, asegura. “España tendrá guantes y cosas cuando las pague”, añade después el autor dejando caer que esa afirmación proviene de un supuesto proveedor. 

Sin embargo, se trata de un bulo, según ha confirmado este martes en rueda de prensa el director adjunto operativo (DAO) de la Policía, José Ángel González, en la comparecencia diaria en la Moncloa, tras la reunión del Comité de Gestión Técnica del coronavirus. “Es un bulo y lo que se enseña en el vídeo son cajas de folios”, ha subrayado. La urgencia por encontrar material sanitario está poniendo a prueba al Gobierno, las comunidades autónomas y la red comercial.

Según publicó eldiario.es, las administraciones tratan a la desesperada de comprar protecciones para el personal sanitario en un mercado global donde pujan todos los países y crece la especulación. 

La expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes ha aparecido en un vídeo difundo en directo en su cuenta de Instagram para denunciar que la exministra de Sanidad Carmen Montón vaya a cobrar “durante años” una indemnización, cuando solo lo hizo durante tres meses.

“La exministra de Sanidad, Montón, que dimitió hace unos meses después de 94 días en el cargo, va a cobrar durante varios años la no despreciable cantidad de 4.500 euros mensuales en concepto de indemnización por haber sido ministra durante apenas 90 días”, asegura Cifuentes en el directo, grabado en la calle durante la noche del jueves.

“Estoy en la calle, hace un poquito de frío”, aclara la expresidenta madrileña antes de relatar esta información que le han “preocupado mucho y que además provoca mucha alarma social en cualquier ciudadano que lo escuche”.

La indemnización de Montón

Tras su dimisión, Carmen Montón solicitó la pensión indemnizatoria por haber ejercido el cargo de ministra, por lo que recibió una cantidad cercana a los 4.700 euros, pero no lo va a “cobrar durante varios años”, como asegura Cristina Cifuentes, sino durante tres meses.

Al finalizar las funciones públicas, la ley incluye una retribución del 80% del sueldo para los ministros de todos los colores políticos, incluidos los del PP, por un tiempo equivalente al que han estado en funciones, y por un plazo máximo de dos años.

Esta pensión se debe solicitar y está contemplada por la Ley de Incompatibilidades para los excargos públicos, que no pueden desempeñarse en actividades privadas relacionadas con su función pública durante los dos años posteriores al cargo en la Administración.

De esta forma, Montón cobró esta cifra desde su salida del Gobierno, en septiembre, hasta diciembre del año pasado.

“No todos los políticos somos iguales”

“Quiero hacer una aclaración, porque ya ha habido un par de personas que me han dicho la tan manida frase de 'todos los políticos son unos sinvergüenzas'. No todos los políticos somos iguales”, asegura en la grabación Cifuentes, que dimitió de sus cargos tras salir a la luz el escándalo de su máster en la Universidad Rey Juan Carlos y las grabaciones sobre un pequeño hurto en un supermercado.

“¿Sabéis, por ejemplo, cuánto cobro yo después de haber sido presidenta de la Comunidad de Madrid durante casi tres años y después de haber sido delegada del Gobierno durante más de tres? Cero euros”, prosigue la expresidenta, para luego añadir que “es como tiene que ser” y que no quiere que “se hagan generalizaciones”.

Cifuentes recuerda a sus seguidores que fue ella quien, en 2015, aprobó mientras era presidenta de la Comunidad de Madrid, la “eliminación del Consejo Consultivo, que suponía un lugar de 'retiro'”. Este órgano fue suprimido por el acuerdo de investidura firmado entre la entonces presidenta madrileña y Ciudadanos.

A través del Consejo, los expresidentes regionales Joaquín Leguina, Alberto Ruíz Gallardón e Ignacio González cobraban unos 5.500 euros netos mensuales.

“Lo que os quiero decir es que hay políticos honrados y hay políticos que no se aprovechan, que no nos aprovechamos, de nuestro cargo”, insiste, para luego cargar contra los medios de comunicación, porque “silencian” estas noticias, por lo que es “difícil que se conozcan”.

“A la izquierda casi todo se le permite”, sentencia, antes de despedirse (sin aclarar que también lo cobran exministros de derechas) y asegurar que este vídeo ha sido un “aquí te pillo aquí te mato” que no ha podido evitar porque la información falsa que difunde le ha “indignado bastante”.

“Con este tipo de cosas al final lo que se produce es una desafección de los ciudadanos hacia los políticos. Lo que os quiero decir es que hay políticos honrados y hay políticos que no se aprovechan, que no nos aprovechamos, de nuestro cargo”, zanja.

Archivo parcial del caso máster

La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado este viernes el archivo parcial del caso máster para 19 investigados por los delitos de prevaricación y cohecho, a excepción de Cristina Cifuentes y de otros tres procesados más, que serán juzgados por falsedad documental. Se trata de la falsificación del acta con la que la expresidenta pretendía justificar la defensa de su Trabajo Final de Máster, ante las sospechas de que había obtenido el título sin asistir a clase y sin examinarse.

Cuando eldiario.es publicó la información sobre las irregularidades de su máster, la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, Cifuentes grabó otro vídeo en directo –casualmente con una chaqueta del mismo color– para desmentir la noticia y asegurar que no dimitiría. 35 días después presentaba públicamente su dimisión.

Si no quieres perderte ninguna noticia de eldiario.es, síguenos en Instagram y TelegramInstagramTelegram

3.200 euros por haber haber trabajado entre 1990 y 2018. Es el falso mensaje que se hace pasar por una comunicación del Ministerio de Trabajo y que está circulando por Whatsapp. El Gobierno y la Guardia Civil han advertido del timo a través de las redes sociales y llaman a la ciudadanía a no abrir el enlace que acompaña al texto, ya que parece una vía para “captar datos” de los afectados.

El mensaje que circula por los chats, con una imagen del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, es el siguiente: “Aquellos que trabajaron entre 1990 y 2018 tienen el derecho de retirar 3200 Euro de Ministerio de Trabajo España (Mitramiss). Verifique si su nombre figura en la lista de aquellos que tienen derecho a retirar estos fundos”.

Fuentes del Ministerio de Trabajo explican que “se trata de una navegación privada” y no pasa por los sistemas de seguridad del Ministerio, “pero consideramos que a nivel interno no ha tenido impacto alguno en nuestros equipos”. Desde el ministerio que dirige Magdalena Valerio lo pusieron en conocimiento de la Guardia Civil y se solicitó la baja del dominio involucrado en la campaña fraudulenta distribuida.

La campaña del primer desfile del 12 de octubre de Pedro Sánchez como presidente y de Margarita Robles como ministra de Defensa se ha centrado en destacar valores como la pluralidad, la diversidad o la cooperación. Mientras, el año pasado, el Ministerio de Defensa que encabezaba María Dolores de Cospedal utilizó la etiqueta “Orgullosos de ser españoles” en un contexto de crisis con Catalunya: fue un día después de la aplicación del artículo 155. 

Aunque se ha hecho hincapié en que el Gobierno elimina esta referencia como si fuera una situación excepcional, no es así: ocurre cada año. Para cada Día Nacional, el Ministerio de Defensa hace campañas diferentes con sus respectivos lemas, spots y carteles.

Este año, sin un lema concreto, la campaña pone su enfoque en la diversidad, la solidaridad y la cooperación. El spot empieza incluye diferentes etiquetas: #SomosPluralidad, #SomosIgualdad o #SomosDemocracia.

Defensa realiza campañas para cada Día Nacional y han variado dependiendo del contexto. Así, en 2009 estaba protagonizado por personalidades reconocidas como Ferrán Adriá o Concha Velasco y finalizaba con un “Conoce tus fuerzas”.

Los años siguientes (2010 y 2011) se centró en “El valor de servir” hasta que en 2012 cambió a “Nuestra fuerza somos todos”. Ese late motiv se repite en años posteriores con el Gobierno de Rajoy: “El día de todos” se mantiene desde 2013 hasta 2016.

“Orgullosos de ser españoles” fue elegido por el Ministerio de Defensa para la edición de 2017. Ese 12 de octubre acabó marcado por la aplicación del 155, en medio de la crisis abierta con Catalunya y a los 12 días del 1-O. “El 12 de octubre hay que sentirse orgullosos del futuro, la solidaridad, nuestras tradiciones y la protección”, decían en el spot.