La periodista marroquí Hanane Bakour encara un juicio que le puede costar entre uno y tres años de prisión y una multa de hasta 20.000 dírhams (alrededor de 1.800 euros) por el mero hecho de criticar en las redes sociales a la Agrupación Nacional de Independientes (RNI), el partido político del primer ministro Aziz Akhannouch.

La exredactora jefa del digital alyaoum24.com ejerce el periodismo desde hace diecisiete años. En estas dos décadas ha colaborado con varios medios de comunicación marroquíes, como Akhbat Al Youm, Al Massae y Al Jarida Al Oukhra.

El RNI la acusa de “publicar noticias falsas utilizando medios electrónicos que atentan contra la vida privada” por un post en su perfil de Facebook. Desde el 27 de julio de 2022, la periodista ha tenido que acudir regularmente ante la Justicia y este lunes, 22 de mayo, declarará ante el Tribunal de Primera Instancia de Salé. Ya se han producido varios aplazamientos de la declaración, debido a la ausencia de los representantes de la parte denunciante.

La persecución contra la periodista se remonta a septiembre de 2021. Tras ganar las elecciones locales el RNI en una región del sur, Hanane criticó en su muro de Facebook cómo este partido eligió a su candidata para remplazar al anterior mandatario del Partido Autenticidad y Modernidad (PAM), a pesar de que éste se debatía entre la vida y la muerte, gravemente herido de un disparo.

A partir de este comentario, el abogado del RNI denunció a la periodista por publicar la fotografía de los políticos sin consentimiento, y por difundir “falsedades” con el fin de difamar.

No obstante, Bakour recalca que detrás del “intento de silenciar una voz critica” está el propio primer ministro, Aziz Akhannouch. Según un documento que difundió en las redes sociales tras su última comparecencia, el 10 de abril, la periodista mantiene que “se confirmó con pruebas tangibles y contundentes que el jefe del Gobierno está detrás de la denuncia en mi contra porque su defensa presentó un documento defectuoso con la firma de Aziz Akhannouch, mediante el cual autoriza a otra persona a asistir a mis juicios”.

En todo caso, Bakour continúa activa en las redes sociales y continúa haciendo frente al multimillonario primer ministro, muy cercano al rey Mohamed VI. Así, después del último aplazamiento, envió desde su cuenta de Facebook un mensaje al primer ministro y secretario general del RNI: “Tienes un partido, poder y dinero que puedes usar para lo que quieras, excepto con la voz de una amante de la libertad. Una voz que está dispuesta a enfrentarse sola porque creo en mi derecho a la libertad, el derecho de mi país a la vida, y esta fe es más fuerte que cualquier arma”.

Además, la periodista incide en el descontento general por la inflación y los problemas a los que se enfrenta el Ejecutivo. “El jefe de Gobierno, que perdió la razón hace meses mientras se levantan las voces del pueblo en protesta contra los altos precios del combustible que vende una de sus empresas, seguido por el aumento de precios de la verdura y los alimentos que amenaza con hambre a los marroquíes, es el mismo jefe de Gobierno que tuvo tiempo para firmar una autorización para perseguir al periodismo por ejercer su derecho de expresión”.

Akhannouch es el propietario de la mayor cadena de gasolineras Afriquia en el país vecino, que ya sufrió un boicot de los ciudadanos en 2018, cuando era ministro de Agricultura y Pesca.

Amnistía condena el juicio

Amnistía Internacional (AI) ha condenado el juicio a Hanane Balour y ha pedido que “se desestimen inmediatamente los cargos falsos” contra ella y que se abandone la causa. Según esta organización algunos Estados, entre ellos Marruecos, utilizan las leyes sobre “fake news” para limitar la libertad de expresión y acosar a los periodistas.

“Es escandaloso, excesivo y absurdo que una periodista se enfrente a cargos penales por una publicación de Facebook en la que se criticaba al principal partido político de Marruecos. Hanane Bakour tiene derecho a expresar sus opiniones, aunque los políticos se opongan a ellas”, declaró la directora regional de AI para Oriente Medio y el Norte de África, Heba Morayef.

Asimismo, señaló que “Marruecos está mostrando cada vez más su intolerancia hacia las críticas al sistema político. Estos cargos falsos contra Hanane deben desestimarse de inmediato, y la causa contra ella debe retirarse”.

Por su parte, la Coalición de Mujeres Periodistas (CFWIJ) condenó las imputaciones presentadas contra Bakour y exigió que sea absuelta. “Pedimos al primer ministro Akhannouch y a su partido que retiren inmediatamente los cargos. El acoso judicial a la periodista debe terminar inmediatamente. Los periodistas deben ser libres de expresarse e informar sin temor a ser encarcelados”.

Deterioro de la libertad de expresión

El fotógrafo Jalal Hanafi, uno de los compañeros marroquíes que ha mostrado su solidaridad con Hanane en las redes, explica a elDiario.es que está “en contra de cualquier restricción impuesta a los periodistas y de cualquier restricción a su libertad profesional”. De igual manera, considera que hay periodistas marroquíes que “fueron detenidos injustamente”.

Actualmente, hay tres periodistas en las cárceles marroquíes, Toufik Bouachrine, Omar Radi y Souleiman Raissouni, acusados de delitos sexuales, a quienes se les niega derechos fundamentales. 

El pasado 3 de mayo, día Internacional de la Libertad de Prensa, Amnistía Internacional denunció que las autoridades penitenciarias marroquíes están negando a cuatro periodistas y a dos académicos presos el derecho a leer y escribir en la cárcel. Los padres del periodista Omar Radi, víctima de espionaje con Pegasus, perseguido y encarcelado desde julio 2020, protestaron meses atrás porque el funcionario de prisiones no les permitió entregarle unos libros a su hijo.

“Hace tiempo que las autoridades marroquíes recluyen a los escritores y periodistas disidentes (…) Privar de bolígrafo y papel a los periodistas encarcelados es un castigo, además de un ataque innecesario y deliberado contra su libertad de expresión”, afirmó Rawya Rageh, directora adjunta interina de AI para Oriente Medio y el Norte de África.

Marruecos ha descendido nueve puestos en el listado de la libertad de prensa de Reporteros sin Fronteras ocupa el 144 de 180 países. En Rabat, este informe se interpretó como una conspiración más. El portavoz del Gobierno, Mustapha Baitas, afirmó que “RSF es conocida por su hostilidad sistemática contra Marruecos. Se ha puesto al servicio de varias agendas”.

Desde el exterior, el Parlamento Europeo expresó su preocupación por el deterioro de la libertad de expresión en Marruecos en una resolución del mes de febrero.

Desde la cárcel, el periodista marroquí y activista de derechos humanos Omar Radi, premio Reporteros sin Fronteras 2022, ha conseguido que su persecución por parte de Marruecos sea reprobada en el Parlamento Europeo, junto a la de otros dos periodistas detenidos en el país magrebí, Souleiman Raissouni y Toufiq Bouachrine.

Radi, condenado a seis años de prisión, lleva detenido desde julio de 2020 por cargos de espionaje y de violación. “Omar va bien, relativamente. Soporta la prisión con valentía”, explica a elDiario.es su padre, Driss Radi. “Está en aislamiento completo, pasa en su celda 24 horas. Solicitó pasear en el patio con otros detenidos, para hablar un poco y distraerse, pero la dirección de la cárcel no le ha otorgado ese derecho”, cuenta.

El periodista lleva desde julio de 2020 en prisión preventiva y en régimen de aislamiento. Según documentó Amnistía Internacional, el Gobierno de Marruecos le sometió “a años de hostigamiento”. El juicio de Omar “estuvo plagado de principio a fin de graves violaciones de las garantías procesales”, concluyó la organización en un informe centrado en su caso. Lo mismo ocurrió en el proceso de apelación.

Sus compañeros de profesión, como Imad Stitou, alertan de las duras condiciones sufridas por Radi y otros informadores en prisión. “Se les obliga a elegir entre la peste y el cólera, o estar en una celda individual y no comunicarse físicamente con nadie ni siquiera durante la salida diaria; si eligen una celda colectiva, se les envía a presos que tienen instrucciones de impedirles dormir y de intimidarles. Es una tortura”, denuncia el periodista y colega de los encarcelados.

Su trabajo

Radi, periodista de investigación independiente, saltó de redacción en redacción en diarios críticos y con independencia editorial, como Le Desk –del que fue uno de los fundadores– o Lakome, medios independientes críticos con las autoridades. Lakome tuvo que cerrar, después de condenar a su director, Ali Anouzla, por “incitar a actos terroristas” en 2013. Ambos medios sacaron a la luz el caso del indulto al pederasta español Daniel Galván.

El periodista también destapó la adquisición de terrenos a precios irrisorios por parte de cargos públicos, que salpicó a ministros y a asesores del rey Mohamed VI. Entre estos, el entonces embajador en España, Mohamed Fadel Benyaich, hermano de la actual embajadora, Karima Benyaich. Ambos se criaron en el palacio real con el monarca alauita después de que su padre, médico personal de Hassan II, falleciera en un atentado.

Además de desenmascarar los escándalos de corrupción estatal, Radi siempre ha defendido los derechos humanos. Encabezó las manifestaciones del 20 de febrero, movimiento surgido en Marruecos durante la Primavera Árabe en 2011; y cubrió las protestas de Hirak en el Rif, donde defendió los derechos sociales y económicos de la región. Esta labor acabó desencadenando años de acoso y persecución.

Persecución judicial

A pesar de ser detenido el 29 de julio de 2020 y condenado un año más tarde, ya había comparecido anteriormente ante la justicia en dos ocasiones. La primera vez fue juzgado por la publicación de un tuit en su cuenta personal en el que calificó de “verdugo” al juez Lahcen Tolfi, quien había confirmado la sentencia de los activistas rifeños del Hirak. Radi fue condenado a cuatro meses de prisión.

Finalmente, solo pasó unos días en la cárcel gracias al impulso de una campaña mediática en su defensa. El hashtag #FreeOmarRadi inundó las redes y un centenar de periodistas, escritores, cineastas, diputados e incluso el lingüista y filósofo Noam Chomsky firmaron un manifiesto que denunciaba el encarcelamiento de Radi. La noticia llegó a los medios internacionales y el apoyo logrado dentro y fuera de Marruecos consiguió sacarlo de la prisión de Oukacha en Casablanca.

Distintas campañas de organismos de defensa de la libertad de prensa, ONG y asociaciones de derechos humanos denuncian desde hace años el acoso a Omar Radi y la falta de garantías en su proceso, así como la falsedad de las acusaciones.

La llamada de atención también llegó por parte de un gran aliado de Marruecos. El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ned Price, señaló que los juicios contra los periodistas en Marruecos contradicen lo recogido en la reforma constitucional impulsada por el país magrebí en 2011. La Casa Blanca no recibió una respuesta oficial, más allá de una contestación del director de prisiones, Mohamed Salah Tamek, que lo interpretó como una injerencia en la Justicia de Marruecos.

Espiado con Pegasus

La persecución contra los periodistas no se mitigó. Seis meses después, en junio de 2020, Amnistía Internacional reveló en un informe que el teléfono de Omar Radi había sufrido un ataque con el programa espía Pegasus del grupo israelí NSO. Desde entonces, el reportero fue sometido a largos y constantes interrogatorios en dependencias policiales, según denunció él y su entorno.

El 29 de julio de 2020, las autoridades lo detuvieron y lo acusaron de “espionaje” y de “perjudicar la seguridad interna y externa del Estado”, basándose para ello en que Radi había recibido fondos de fuentes “vinculadas a agencias de inteligencia extranjeras”. Amnistía Internacional considera que estos cargos “son falsos”, ya que están “relacionados con subvenciones para la investigación en el contexto de una beca de periodismo y de servicios de consultoría autónomos, actividades protegidas por el derecho a la libertad de expresión”.

También se presentaron cargos de violación y agresión sexual, tras una denuncia de una excompañera en Le Desk. Él niega la acusación. “Es fundamental que todas las acusaciones de agresión sexual se investiguen debidamente y que quienes perpetran dichas agresiones respondan de sus actos ante la justicia. Sin embargo, con independencia de la gravedad de los cargos formulados contra él, las autoridades deben garantizar que recibe un trato justo y un juicio con las debidas garantías”, recalca Amnistía Internacional.

Las autoridades marroquíes le negaron su carné prensa durante más de una década, lo que permitió al Gobierno argumentar que estaba excluido de la protección legal en virtud del Código de Prensa marroquí.

“Creo que es una acumulación de posturas tomadas durante varios años. Se le está castigando por el conjunto de su obra, pero el detonante fue el hecho de que hiciera público el espionaje de su teléfono por parte de Pegasus y no lo ocultara. El régimen marroquí no aceptó que un solo individuo no corruptible le humillara delante de todo el mundo”, afirma su compañero y amigo Imad Stitou.

El colega de Radi abandonó Marruecos y se instaló en Túnez hace algo más un año “porque ya no podía ejercer mi profesión libremente en mi país”, aunque todavía no ha iniciado ningún trámite para solicitar el asilo. Fue acusado y condenado a seis meses de libertad condicional al declarar, como testigo de la acusación de violación de Omar Radi, que las relaciones con la denunciante habían sido consentidas.

La familia Radi aplaude a Europa

La resolución de urgencia de derechos humanos en Marruecos, refrendada el jueves por una mayoría en el Parlamento Europeo, estima que en su sentencia “se violaron numerosas garantías procesales, en un juicio injusto y parcial”. También considera “falsos los cargos de espionaje” por los que se ha encarcelado a Radi. De esta manera, el Parlamento Europeo pone fin a su silencio sobre las vulneraciones de los derechos humanos en Marruecos, en lo referente al acoso y encarcelamiento de periodistas y activistas.

Su familia aplaude la resolución. “Efectivamente, damos la bienvenida al voto a la resolución del Parlamento Europeo. Para nosotros es un presagio para la situación de los detenidos políticos en Marruecos. Podría, yo creo, ser una esperanza de libertad para todos los periodistas y para Omar, mi hijo”, celebra Driss Radi.

Más crítico es el periodista Imad Stitou. “La decisión es simbólica porque viene de las instituciones europeas que representan la democracia de los aliados del régimen marroquí. Hasta ahora y durante más de dos décadas Marruecos siempre ha evitado una resolución similar con la ayuda de estos aliados que hicieron la vista gorda”, denuncia Stitou. A su juicio, la declaración “se debe a un contexto muy especial, ya que no hubiera sido posible sin el Marocgate. El Parlamento Europeo es una institución política, por lo que es un mensaje político enviado desde Europa a Marruecos”.

“La solución debe ser interna, nacional y marroquí. La libertad de los periodistas y los presos políticos y escuchar la voz de la razón es la única solución del régimen marroquí. El régimen debe admitir que la política de falsificación de archivos sexuales para acallar voces ha fracasado”, sostiene el compañero de Radi.

La condena del Parlamento Europeo se une al apoyo incondicional que recibe Omar Radi, una persona muy querida, respetada y valorada por sus compañeros de la prensa marroquí y extranjera. Durante el acoso que ha sufrido los últimos años, Marruecos también intentó silenciar a los periodistas, abogados, activistas que han defendido la inocencia de Radi y su juicio falso. El último en entrar en prisión, en noviembre de 2022, fue el abogado y exministro de Derechos Humanos Mohamed Zian, que lo apoyó y criticó duramente al régimen marroquí.

Este lunes y martes se ha alcanzado la cifra récord de entradas irregulares de personas migrantes desde Marruecos a la ciudad autónoma de Ceuta en un solo día. El registro final de entradas es de 8.000 personas –y 5.600 devoluciones, cifra que incluye devoluciones en caliente y el regreso voluntario de algunos migrantes–, muchas de ellas menores de edad, según cifras del Ministerio de Interior.

La mayoría son jóvenes de la región de Castillejos que accedieron a pie, a nado o en balsas, gracias a la relajación de las fuerzas auxiliares y la Gendarmería Real marroquíes.

En Rabat, este acto se achaca al enfado de las autoridades magrebíes con el Gobierno de España por acoger en abril al secretario general del Frente Polisario, Brahim Ghali, ingresado en el hospital de Logroño para tratarse de la COVID-19 y de un cáncer avanzado. El Ministerio de Exteriores explicó en su momento que se trata de una acogida “por razones humanitarias”.

Sin embargo, en Marruecos el Frente Polisario es considerado un enemigo. De hecho, el 13 de noviembre, el Polisario dio por roto el alto el fuego y declaró el “estado de guerra” tras la entrada del ejército marroquí en el paso de Guerguerat, en la frontera con Mauritania.

Por eso, la solidaridad de España se consideró una ofensa que desencadenó la llamada urgente a consultas del embajador español en Rabat, Ricardo Díez-Hochleitner Rodríguez​; y dos comunicados oficiales del Ministerio de Exteriores marroquí en menos de una semana. En ambas misivas se dirigían a España, pidiendo explicaciones sobre la acogida de Ghali y solicitando que se le juzgase por “crímenes de lesa humanidad”.

Tras no recibir respuestas a varias preguntas lanzadas en el primer comunicado, a los pocos días llegaba un nuevo aviso de Marruecos: “Tomamos nota de esta actitud desleal”. Además, advertía que habría “consecuencias”.

El 26 de abril, Marruecos relajó el control migratorio en lo que muchos interpretaron como un aviso. Ante la pasividad del control de la costa marroquí, entonces cruzaron alrededor de un centenar de personas desde Castillejos a Ceuta. En esa ocasión, los Gobiernos de España y Marruecos reactivaron el convenio de 1992 y devolvieron a los migrantes adultos.

La actual entrada a Ceuta de miles de personas en menos de 24 horas es un hecho único sin precedentes. Sin embargo, en 2014 Marruecos rompió las relaciones en materia de migración y miles de personas de países de África Subsahariana llegaron a España.

Entonces, también se había llamado a consultas al embajador español en Marruecos, Alberto Navarro, porque la Guardia Civil había interceptado al rey Mohamed VI mientras navegaba en su lancha deportiva por El Estrecho.

Este martes, España ha convocado a la embajadora de Marruecos en España, Karima Benyaich. La embajadora ha asegurado que en las relaciones entre países hay actos que tienen consecuencias, “y se tienen que asumir”, en velada referencia a la decisión de España de prestar atención médica al líder del Frente Polisario, Brahim Ghali.

Por su parte, la ministra de Exteriores española, Arancha González Laya, ha evitado relacionar la relajación de los controles en frontera con el desencuentro por la atención médica al líder del Polisario. “No puedo hablar por Marruecos. En todo caso, puedo decirle que nos han asegurado hace unas horas que esto no es fruto del desencuentro”, afirmaba en la Cadena SER.

Tiranteces desde el 10 de diciembre

Actualmente, las tiranteces entre España y Marruecos se arrastran desde el 10 de diciembre. Después de meses organizando la Reunión de Alto Nivel (RAN) que terminaría con una audiencia real de Mohamed VI al presidente Pedro Sánchez, Rabat la canceló alegando motivos sanitarios por la pandemia.

Esa misma tarde y sin haber avisado a España, el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció en su cuenta de Twitter un decreto presidencial que reconocía la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental. Con ese apoyo de la primera potencia mundial, Rabat esperaba recibir el sostén de otros países, como España.

Sin embargo, la posición del Ejecutivo español fue la de limitarse al derecho internacional y apoyar las decisiones de la ONU. Aunque sí abogó por solicitar al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que nombrase un enviado especial para el Sáhara Occidental, puesto vacante desde enero de 2019, cuando renunció Horst Köhler.

En todo caso, las entradas se han producido por la frontera sur de Europa y afectan también al resto de países europeos. Hay que tener en cuenta que Marruecos tiene congeladas sus relaciones diplomáticas con Alemania desde marzo, en referencia, entre otros motivos, a su posición también sobre el Sáhara Occidental.

De momento, en Rabat se guarda silencio institucional desde que empezaron a entrar sus ciudadanos a España el lunes de madrugada. E incluso los medios de comunicación oficialistas no están informando sobre la situación en el norte del país y en la vecina Ceuta.

La hospitalización en España del polémico Brahim Ghali, presidente de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), de 73 años, ha desencadenado informaciones contradictorias sobre qué enfermedad padece y dónde está hospitalizado.

Según confirman a elDiario.es fuentes diplomáticas del Ministerio de Exteriores y del Polisario, Ghali está ingresado en España, aunque no señalan el hospital exacto en el que se encuentra. Un portavoz de la delegación de la RASD en España señala que la falta de información se debe a la “privacidad del paciente”.

El viaje de Ghali

La especulación comenzó cuando el mandatario saharaui desapareció hace unos días. Según han señalado varios medios, llegó a España el miércoles 21 de abril con pasaporte diplomático argelino y una identidad falsa, haciéndose pasar por Mohamed Benbatouch. Aun así, el presidente llevaba ingresado en Argelia desde el pasado domingo.

De Tinduf fue trasladado a Argel donde la presidencia de Argelia le facilitó un equipo médico hasta el jueves, cuando llegó a Zaragoza. Desde allí, una ambulancia del Servicio Riojano de Salud (SERIS) lo condujo, junto al menos un familiar, al hospital San Pedro de Logroño, según el medio Jeune Afrique. Fuentes han confirmado a este medio que Ghali está ingresado en Logroño.

A pesar de que la Presidencia del Frente Polisario mantuvo en secreto durante el día 21 de abril que Ghali permanecía en una clínica en Argelia, la Delegación del Polisario en España confirmó a lo largo de la mañana del viernes que el presidente estaba siendo ingresado en este país. “Su estado de salud es estable”, dijo un portavoz.

La Presidencia de la RASD informó el jueves de que se trata de la COVID-19. “El estado de salud del presidente de la República, Brahim Gali, no es motivo de preocupación y evoluciona favorablemente desde que fue confirmado su cuadro de coronavirus”, dijo en un comunicado difundido por la agencia de noticias saharaui SPS. Además, añadió que “lleva varios días en tratamiento y control de salud, a raíz de su infección por el virus”.

La revista Jeune Afrique achaca la hospitalización a un cáncer grave del aparato digestivo. Por su parte, el Ministerio de Exteriores español no ha confirmado la enfermedad que padece el líder del Polisario. 

El mismo medio francés aseguró además que Ghali llegó a España después de que Alemania se negara a acogerlo. El primer ministro argelino, Abdelmajid Tebboune, habría intervenido para que ingresara en España. Según estas informaciones, el Gobierno español aceptó con el compromiso del presidente Pedro Sánchez de no ser investigado por la Audiencia Nacional, donde tiene abierta una causa.

Investigado en la Audiencia Nacional

“Está imputado por crímenes cometidos contra disidentes y militantes saharauis, en su mayoría nacidos en la colonia española, que tenían diferentes visiones políticas a las de la clase dirigente del Polisario”, informan a elDiario.es desde la Asociación Sáhara para la Defensa de los Derechos Humanos (ASADEDH).

Precisamente la causa se inicia por la querella presentada por la ASADEDH sobre “los delitos de torturas y genocidio cometidos por los responsables del Frente Polisario”. Esta asociación, formada por antiguos miembros del Frente Polisario, presentó una querella en 2012 en la Audiencia Nacional por “genocidio, en concurso con delitos de asesinato, lesiones, detención ilegal, terrorismo, torturas y desapariciones”, según el auto del juzgado central de instrucción nº5 del juez Pablo Ruz, al que ha tenido acceso elDiario.es.

La querella fue admitida a trámite por el entonces titular del Juzgado, Pablo Ruz, contra 28 dirigentes y miembros de la seguridad militar del Frente Polisario, entre los que se encuentra el presidente Brahim Ghali. Desde entonces, la causa se ha archivado en dos ocasiones ante las dificultades para obtener datos de filiación y para identificar a las personas querelladas.

La última prórroga por la complejidad del caso fue en 2019 y se debe, según el auto, a que “el caso investiga la existencia de numerosos hechos punibles, involucra a una gran cantidad de investigados o víctimas e implica la realización de actuaciones en el extranjero”. El plazo de duración de la instrucción finaliza el próximo 5 de agosto.

En Marruecos ya circulan por las redes sociales mensajes atacando a España por dar amparo a Ghali. “España protege a los criminales” con los hashtag: “#España_protege_criminal”, “#Spain_protect_criminal” o #إسبانيا_تحمي_المجرمين -en árabe-. Acompañado del nombre y el número de teléfono del hospital donde aparentemente se encuentra ingresado. 

Constantes rumores sobre la salud del líder del Polisario

“Tenemos que mentir para dar la impresión de que aún existimos”, dijo Ghali en diciembre de 2020, momento crucial tras la ruptura del alto el fuego firmado en 1991 por parte de Marruecos y la proclamación de la guerra por el Polisario. Se refería a la persecución de los medios marroquíes que frecuentemente informan de su estado de salud, de ingresos hospitalarios e incluso de su muerte. 

Marruecos acusó a Ghali de huir de los campamentos de refugiados saharauis en Tinduf, Argelia, el 13 de noviembre tras la intervención de las Fuerzas Armadas Marroquíes (FAR) en Guerguerat, frontera con Mauritania. Las fuentes señalaban que había salido de Rabouni, capital administrativa y sede de la presidencia de la RASD, para refugiarse en el desierto. 

En estos meses en los que el enfrentamiento entre Marruecos y el Polisario se ha intensificado, la prensa marroquí anunció que estaba herido, incluso algún medio anunció su fallecimiento, tras el bombardeo del caza marroquí y el dron israelí, el pasado 7 de marzo, en el que falleció el comandante de la Guardia Nacional saharaui Dah El Bendir.

El líder “duro” de la lucha saharaui

Brahim Ghali llegó a la Presidencia de la RASD y a la secretaria del Frente Polisario en 2016 después de la muerte de Mohamed Abdelaziz. Su antecesor fue un defensor del diálogo, mientras Ghali está más dispuesto a coger las armas.

Es un líder histórico en la lucha por la autodeterminación del pueblo saharaui. Participó en la creación del Movimiento Nacional de Liberación Saharaui con solo 20 años, en la intifada de Zemla de 1970, en la fundación del Frente Polisario en 1973 y de la RASD en 1973, en la guerra del Sáhara Occidental y en las negociaciones de la ONU con Marruecos. De hecho, fue el primer secretario general del Polisario tras su creación en 1973, aunque solo ocupó el cargo un año. 

Ya fue detenido por las autoridades militares de España cuando en 1970 se produjo la Intifada de Zemla, un levantamiento del pueblo saharaui contra el colonialismo español. Entonces pasó un año en prisión por su actividad política.

En 1976, fue ministro de Defensa y se convirtió en el responsable militar de los saharauis durante 13 años. En España fue embajador del Frente Polisario una década, y posteriormente fue trasladado a Argelia como máximo representante diplomático de la RASD.

Sultana Khaya es una de las activistas y defensora de derechos humanos más conocidas en el Sáhara Occidental. Forma parte del movimiento de resistencia civil a la ocupación de Marruecos. Su casa, como la de tantos saharauis, es un centro de reunión de la población, pero también objeto de represión. Sobre todo desde el pasado 19 de noviembre, pocos días después de la ruptura del alto el fuego entre Marruecos y el Frente Polisario. La mujer lleva más de 100 días bajo arresto domiciliario sin que conste orden judicial y asediada por las fuerzas marroquíes.

Cuando aún era estudiante, perdió un ojo en una manifestación en la universidad. Una década más tarde Khaya fue agredida salvajemente hasta quedar inconsciente durante las protestas despertadas entre la población saharaui en El Aaiún, que pretendían denunciar la explotación de los recursos naturales del Sáhara Occidental por parte de Marruecos ante una visita de una comisión de eurodiputados.

La conocida activista regresó a su casa familiar el 19 de noviembre después de pasar una temporada en España por razones médicas y nunca más ha podido salir de su hogar. Habían pasado cinco días después del inicio de la escalada del conflicto entre Marruecos y el Frente Polisario. Desde entonces, vive bajo arresto domiciliario, sin que exista orden judicial, acosada por las fuerzas marroquíes que vigilan su vivienda. En febrero, mientras la activista intentaba responder a las preguntas de un medio de comunicación argelino, Khaya fue golpeada con una piedra. La lanzó, denuncia, un alto cargo de la policía marroquí en Bojador (territorios ocupados del Sáhara Occidental).

El presidente de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), Brahim Gali, ha condenado la “grave agresión” a Khaya y ha solicitado a la ONU la adopción de un mecanismo imparcial para la observación y control de los derechos humanos en las ciudades del Sáhara Occidental.

Nos atiende por videoconferencia desde la casa que se ha convertido en una prisión para la activista, y en una ocasión se ve forzada a interrumpir la entrevista, cuando los gritos de su sobrina irrumpieron en su vivienda. Los agentes la “habían pegado”, según sus palabras, para evitar que visitase a su tía.

¿Hay un antes y un después tras la ruptura del alto el fuego de Marruecos en Guerguerat el 13 de noviembre de 2020 y la posterior declaración de guerra del Frente Polisario?

Desafortunadamente. Marruecos ha cometido de manera continuada violaciones fragantes contra los civiles saharauis. Después del 13 de noviembre, dio un paso más. Marruecos violó el alto el fuego cuando sobrepasó el muro de la vergüenza para atacar a los civiles saharauis que habían organizado una manifestación pacífica para denunciar el saqueo sistemático de los recursos naturales y para frenar una brecha ilegal al sur del Sáhara Occidental por donde pasan el cannabis y el hachís.

¿Cómo viven la situación los activistas saharauis ahí?

Los marroquíes comenzaron, después del 13 de noviembre, a asediar las casas de los saharauis. Vivimos también un aumento de la vigilancia de los defensores de los derechos humanos y de los militantes del Frente Polisario. Convierten las casas en grandes prisiones donde sientes la soledad de la cárcel.

¿Cuál es su situación?

He sufrido con mi familia 100 días de arresto domiciliario, las fuerzas de ocupación impiden que las visitas accedan a casa.

Su objetivo es incluso mi madre, que es una mujer mayor. A mi hermana la han atacado varias veces, y le han roto un brazo. También a mi hermano y mi cuñada, que estaba embarazada y perdió un bebé. Todos los saharauis sufren porque toda la familia lleva sufriendo tres meses. Yo diría que es una tentativa para matarme, directamente. El comisario, que es el representante de la policía en Bojador, me atacó con una piedra, no tenía intención de herirme, sino de matarme. Fue Dios quien me protegió.

¿No siente miedo?

Estoy muy contenta de haber podido denunciar en Internet que los marroquíes me intentan matar. Igualmente, mi pueblo está en peligro, no solo yo. Hay miles de saharauis que no han salido hasta ahora, y otros conocidos que están en prisión. Ahora soy la voz de mi pueblo, estoy contenta por el amor de mi patria.

Estaba en España y decidió volver al Sáhara Occidental cuando el Frente Polisario declaró la guerra a Marruecos.

Porque mi patria me necesitaba. Como todos los ciudadanos y ciudadanas saharauis, nosotros defendemos la patria, pero hay soldados y combatientes saharauis que están obligados a defender la ley, y también activistas que luchan por los derechos humanos. Los militantes saharauis del Polisario, del territorio ocupado, fuerzan su combate de la manera menos hostil. Estoy lista para defender la causa saharaui, no con misiles, sino con mi alma, como todos los mártires saharauis que hemos perdido y que nos han dado la vida. Yo no busco la estabilidad económica quedándome en España o en Europa, solo pido la defensa de la causa justa saharaui.

De su pueblo tiene la solidaridad y las muestras de cariño. El domingo las mujeres se acercaron a su casa coreando: “Todas somos Khaya”. ¿Qué siente ante esta ola de solidaridad?

Sí, ha habido manifestaciones con activistas del Polisario con la bandera de la RASD en las ciudades ocupadas de Esmara, El Aaiún y Bojador, pero también ciudadanos han ido contra ellos para evitar que me visiten en casa. De hecho, han atacado a los activistas, y hay gente herida. A partir del 13 de febrero ha habido verdaderamente un intento de asesinarme y de paralizarme. Y vi un entusiasmo. Al mismo tiempo, también en los campos de refugiados saharauis han organizado marchas para ir a la ONU.

Estoy orgullosa y creo que llegará un día que seré una mártir saharaui. Cuando pierda mi vida, puedo decir que yo le di todo a mi país; y si no muerto, aún hay muchas cosas por hacer.

El Centro Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha recomendado a la Fiscalía marroquí abrir una investigación sobre la lesión que sufrió en la cabeza. ¿Cómo valora el paso de esta institución relacionada con el Ejecutivo marroquí?

Después de 90 días de bloqueo, nunca la CNDH -una institución marroquí- ha hablado sobre mi caso ni sobre la situación general que vivimos las mujeres saharauis en los territorios ocupados. El 30 de diciembre vino a mi casa una mujer vestida con melfa, la ropa tradicional saharaui después de que mi hermana y mi hermano hubiesen sido agredidos por las fuerzas de ocupación marroquí el 24 de ese mes. No la conocía, pero según nuestra cultura tenemos que recibir a todo el mundo, sin mirar si lo conocemos o no. Me pidió que pusiera una denuncia ante el CNDH.

El 13 de febrero, estaba intentando hacer una entrevista con los medios argelinos y me atacaron con una piedra. Esa mujer, a quien no podía ver porque perdí un ojo hace años y ese día me hirieron el otro, se puso a mi lado con una bandera de la República Árabe Saharaui (RASD). Creí que era una militante, como todo el mundo que viene a nuestra casa para apoyar a la familia. Pedí a unas mujeres que me dieran un antibiótico para el dolor. Y fue en ese momento cuando la mujer me dijo que el consejo del CNDH quería verme. Me quedé sorprendida. Me di cuenta de que se me acercó diciendo que era saharaui, pero trabajaba con los marroquíes.

¿Qué le respondió?

Jamás di entrevistas o hice comentarios a la CNDH porque es una institución que trabaja para los servicios de inteligencia marroquíes. A la señora le dije: “Perdón señora, yo hablo con usted en cuanto a saharaui. Trabaja con los marroquíes, y yo no reconozco las instituciones marroquíes. Además, denuncio totalmente la ocupación ilegal de Marruecos. Son criminales y no puedo hablar con ellos. Ya el Frente Polisario, en el primer momento del ataque, me pidió irme al extranjero, pero me negué totalmente. Yo pierdo mi vida, pero me quedó aquí. También las ONG en el pasado me recomendaban lo mismo.

El Frente Polisario exige a España que asuma su labor de administradora del Sáhara Occidental para terminar con el acoso contra activistas saharauis. Mientras que la ministra de Exteriores afirmó en el Senado que “España no debe impulsar una solución concreta para el Sáhara, solo apoyar a la ONU”. ¿Qué opina del papel del Ejecutivo español en esta cuestión?

El Gobierno español y el régimen español jamás devolvieron el Sáhara Occidental al propietario. España entregó el territorio a varios ocupantes ilegalmente. Desde el momento que hay una imposición extranjera que nos ocupa, el sufrimiento del pueblo saharaui después de 45 años responsabilidad del Ejecutivo español.

¿Cree que el pueblo español opina diferente y apoya al pueblo saharaui?

Para mí, el pueblo español es un pueblo querido por los saharauis. Hay amigos españoles que han invitado a los niños saharauis durante las vacaciones. También hay donaciones alimentarias para el pueblo saharaui, organizan manifestaciones para recaudar material humanitario... Creo que el pueblo español es hermano del pueblo saharaui.

La Misión de Naciones Unidas para el referéndum en el Sahara Occidental (MINURSO) no tiene enviado especial desde hace un año, cuando Horst Köhler renunció al puesto. ¿Está cumpliendo la ONU su rol?

Lamentablemente, no hay un rol positivo de las Naciones Unidas, porque todo lo que hacen es copiar y pegar los informes. No hay un rol. Deja la ocupación sobre la espalda de los derechos de los saharauis, nadie se ha desplazado a los campos de refugiados. La ONU se convirtió en otro ocupante del Sáhara Occidental.

La MINURSO no se manifestó durante el desalojo de Guerguerat. ¿Representa su papel?

Somos nosotros los que vamos a cambiar la situación. La ONU jamás se ocupó del pueblo saharaui. Imagine que después del ataque de las fuerzas de ocupación marroquí contra el campamento de Gdeim Izik, nos han arrestado, nos han matado, y la ONU no hizo nada sobre el caso. Han atacado a los saharauis que se manifestaban de manera pacífica, han violado el alto el fuego… no esperamos nada de la ONU. Es el momento de que los saharauis tomen la palabra, y decidan la manera de cambiar la situación. Estamos totalmente de acuerdo con la decisión del Frente Polisario. Y hace falta comenzar la guerra de la manera civil y pacífica saharaui.

¿La actual represión en el Sáhara Occidental es parecida a las que se produjo tras el desmantelamiento del campamento Gdeim Izik en El Aaiún en 2010?

Sí, es lo mismo, es lo mismo… es lo mismo.

¿Cuáles son los adjetivos que cree que la definen en esta lucha?

Me siento honrada de ser saharaui. Activistas del Sáhara Occidental han sido asesinados. Y yo como Sultana, no he hecho tanto como ellos por la causa saharaui, pero me siento muy honrada y orgullosa de ser saharaui y activista.

Corpulento, valiente, luchador y obstinado son algunas de las características que definen a Nasser Zafzafi, líder y símbolo del movimiento reivindicativo rifeño Hirak. Lleva “tres años, cinco meses y cuatro días en prisión”, recuerda su padre en un entrevista con elDiario.es, y aún le queda por cumplir una condena de más de 16 años. Todo apunta a que acabará recibiendo el indulto real, pero parece que no a cualquier precio.

El Hirak impulsó las manifestaciones que inundaron la región norteña del Rif tras la muerte de Mohcine Fikri, un vendedor de pescado aplastado por un camión de basura al intentar recuperar la mercancía que le había tirado la policía portuaria de Alhucemas. Zafzafi encabezó desde octubre de 2016 las protestas de esos miles de ciudadanos en Alhucemas y otras localidades cercanas para pedir hospitales, facultades universitarias y fábricas, hasta que fue detenido en mayo de 2017.

Actualmente, el Partido Autenticidad y Modernidad (PAM), creado por el consejero real más allegado al soberano alauita, Fouad Ali Himma, ha solicitado el indulto real para Zafzafi. Pero, además, con la intención de presentarlo a las elecciones legislativas del 2021 en su formación. “Es una responsabilidad nacional para trabajar la región de Alhucemas”, defendió en su cuenta de Twitter el secretario general del partido, Adellatif Ouahbi.

El PAM está dispuesto a dar apoyo político a los detenidos si así lo desean. El tuit de Ouahbi del 24 de noviembre es directo y claro: “Daré mi respaldo a Zafzafi y lo defenderé para representar al PAM en el Parlamento”. De hecho, la idea de la liberación surge del monarca, que tiene intención de instalarse en el palacio real de Nador y que cuenta con un equipo de seguridad personal rifeño.

Los partidos políticos “no representan la voluntad popular”

Sin embargo, Ahmed Zafzafi recuerda que su hijo “odia los partidos” y mantiene que “el PAM tiene poder de visitar a los presos en cualquier cárcel y posibilidad de negociar, pero solo sale para hablar en la prensa”. Legalmente, en Marruecos es el Centro Nacional de Derechos Humanos (CNDH) el organismo encargado de negociar con los presos.

Lo cierto es que el Hirak choca frontalmente con los partidos políticos en Marruecos y difícilmente va a ser absorbido por uno de ellos, porque surgió precisamente para denunciar el escenario político que llevó al Rif a la marginación. Durante las intervenciones en Alhucemas en 2016 y 2017 se consideró a los partidos como “parte del problema” y se les tachó de “chiringuitos” o “pañales del régimen”.

De hecho, el exiliado político del movimiento Reda Benzaza mantiene desde España para elDiario.es que “el posicionamiento del Hirak respecto a los partidos políticos no ha variado. Da igual las siglas en las que se escondan, obedecen a los intereses de sus amos, de sus dueños, de sus señores… no representan la voluntad popular. Nosotros vamos a seguir defendiendo la libertad, la democracia y dentro de estas formaciones lo único que se defiende, por lo único que se vela, es por los intereses particulares de una minoría, de sus amos y de sus señores”.

Respecto al tuit del secretario general del PAM pidiendo el indulto y ofreciendo al líder una butaca en el parlamento de Rabat, el Hirak también tiene clara su postura. “Lo que contestaríamos a las palabras de este señor es que se lave la boca para hablar de los presos políticos, de Nasser Zafzafi y de los exiliados políticos, que sacrificamos nuestra vida y nuestra libertad por el beneficio de nuestro pueblo y por empujar al país hacia una democracia real”, sentencia Benzaza.

Este íntimo amigo de Zafzafi que consiguió huir y refugiarse en España está seguro de que “ni Nasser Zafzafi, ni ninguno de los presos políticos ni de los exiliados políticos se va a encontrar en una formación política que obedece a intereses particulares”.

— ¿Podría, entonces, el Hirak formar su propio partido político?

— Como opción no descartamos la posibilidad de crearlo, pero hay que trabajar primero para que salgan los presos políticos, recuperar las asambleas y solo ahí se decidirá el futuro del Hirak.

El padre y el amigo de Zafzafi coinciden en apuntar en las negociaciones “el diálogo como apuesta”, aunque Benzaza precisa: “Sin que eso suponga alejarnos de nuestros principios y el ”no“ a los partidos políticos es la base bajo la cual se ha construido el Hirak”.

Mohadmed VI busca acabar con el conflicto

El rey Mohamed VI ya dejó en libertad a 22 presos por la misma causa, entre ellos al profesor Mohamed El Majjaoui, considerado uno de los ideólogos de movimiento y detenido también en 2017 de madrugada en la localidad del centro de estudios donde estaba destinado. Tras el indulto este verano, pasó por un tribunal laboral en las dependencias regionales de Educación de Tetuán y podrá volver a la docencia.

El monarca alauita quiere cerrar así algunos de los frentes abiertos en el país antes de traspasar la corona a su hijo heredero, Moulay Hassan. Sobre todo, actualmente con la ruptura del alto el fuego con el Frente Polisario y el enfrentamiento abierto con la República Árabe Saharaui Democrática (RASD).

Además del guiño del PAM, otra señal de intento de pacto con los presos es que por primera vez permitieron a Nasser Zafzafi abandonar la cárcel y encontrarse con su familia en el hospital de Tánger, donde estaba ingresada su madre, enferma de cáncer. El 27 de noviembre durante 40 minutos pudo abrazar a sus padres en presencia de 20 agentes de seguridad armados. Aún así su padre lo considera “un milagro”, tras nueve meses sin visitarlo en prisión debido a la pandemia.

Según cuenta Benzaza, hay otros dos presos en la cárcel de Tánger con sus madres enfermas de cáncer: Nabil y Haki. La madre de Jaki está en fase terminal y también le han permitido salir a verla, aunque la única condición es que no sea en el Rif. “Quieren evitar la llegada de un preso político al Rif”, cuenta Haki.

La cúpula del Hirak emprendió una huelga de hambre en el mes de septiembre para pedir el traslado a la prisión de Nador más próxima a sus hogares. Pero, “al final no los llevaron a Nador, era una esperanza para los familiares. Nasser está mejor en Tánger que en Fez [fue trasladado en septiembre junto a su compañero Nabil] porque tiene un poco más de libertad, pero el clima con tanta humedad no casa con su alergia”, explica Ahmed Zafzafi.

Durante la huelga de hambre, otros partidos políticos nacionales, USFP y el PJD, denunciaron también la situación. La diputada del PJD Amina Maelainine afirmó: “No se puede ignorar una huelga de hambre teniendo en cuenta las consecuencias, no solamente para la salud y supervivencia de los detenidos, sino también para la imagen interior y exterior de Marruecos y la situación de los derechos humanos que prevalece”.

“La presión mediática para liberar a los 24 presos rifeños es grande”, reconoce uno de los abogados de los jóvenes, el exministro de derechos humanos Mohamed Zian. De hecho, durante la visita a Rabat y Tánger esta semana de los comisarios europeos de Interior y Vecindad, Ylva Johansson y Olivér Várhelyi, se publicaron comentarios al respecto en las redes. Sylia Ziani, activista del Hirak, escribió: “Id a discutir las violaciones de los derechos humanos en Marruecos, principalmente en el Rif. ¿Sabíais que el 90% de los migrantes de Marruecos son rifeños que buscan mejores condiciones de vida en Europa debido a la política represiva de la policía marroquí en la región?”.

Por su parte, el padre de Zafzafi considera que “los 54 que pasaron por el tribunal de Casablanca son inocentes y les han condenado hasta a 20 años de cárcel. Yo vivo con la esperanza de que los pongan en libertad. Desde entonces, el futuro de Alhucemas falleció”.

Aminata Camara, de 25 años, es una de las 86 personas migrantes guineanas expulsadas por Marruecos el pasado 28 de septiembre desde la ciudad de Dajla. El reino marroquí retomó entonces las deportaciones de migrantes desde el Sáhara Occidental, punto de partida clave de pateras hacia Canarias. “Nos llevaron al aeropuerto, no nos tomaron las huellas, no nos pidieron nada ni los datos. Nos dieron los billetes del vuelo, sin equipaje”, contaba la mujer guineana a elDiario.es mientras acababa de embarcar en el avión.

De fondo se escuchaba el revuelo, los gritos de un grupo de mujeres, mientras ella se atropellaba al denunciar nerviosa que los militares la habían metido en un avión en Dhkala junto a otros 80 compatriotas (28 mujeres), y que los expulsaban a su país. “Los militares que nos acompañaron en el viaje nos abandonaron en el avión. Un bus nos llevó a la parte nacional del aeropuerto de Conakri y nos dejaron allí sin más, a pesar del coronavirus. Tuvimos que coger taxis para llegar a nuestras casas”, denunciaba ya en su país.

Desde entonces, han salido al menos tres aviones más con personas migrantes desde Dajla a Guinea Conakry, Senegal y Mali. El último vuelo de deportación se organizó el pasado 11 de noviembre, con alrededor de un centenar de personas que la Marina Real marroquí había interceptado en la costa atlántica intentando salir hacia las Islas Canarias. Los metieron en dos autocares en la ciudad saharaui para enviarlos en avión a Dakar. Allí, fuentes del aeropuerto, corroboran a este medio que el miércoles llegó un grupo de senegaleses.

En el momento en que se ejecutaba la expulsión de los ciudadanos malienses el pasado 2 de octubre, elDiario.es contactó telefónicamente con Traore, el presidente de la comunidad maliense en Marruecos. “Hemos sido detenidos ilegalmente, nos cogieron en las casas y nos encerraron tres semanas en un centro de detención en El Aaiún. Hoy nos llevan al aeropuerto de Dajla para deportarnos a Mali. Somos algo más de 80 personas. Y las autoridades malienses han firmado una deportación voluntaria, mientras que nos están forzado a dejar el país sin ningún papel”.

Desde Dajla, François, que se salvó de la expulsión, asegura a este medio: “A los subsaharianos nos cogen diciendo que tenemos el coronavirus para meternos en cuarentena. Los test de PCR en los trabajos son obligatorias para los subsaharianos. Y a 115 senegaleses, 95 guineanos y 80 malienses los deportaron a sus países”.

Entre los expulsados había migrantes que residían desde hace tiempo en El Aaiún y Dajla, ciudades saharauis desde donde se registran la mayoría de las salidas en embarcaciones a Canarias, la ruta migratoria más transitada actualmente en España. Hasta el 15 de noviembre, llegaron 16.760 personas en 553 embarcaciones, según los datos del Ministerio del Interior. En plena crisis migratoria en las islas, Marlaska viaja este viernes a Marruecos con el objetivo de reforzar la cooperación en materia fronteriza y evitar la salida de pateras hacia las islas.

Por su parte, una fuente oficial de migración desde Rabat confirma a elDiario.es los cuatro aviones de expulsión, pero con 120 personas de Mali, entre los que se encontraban cinco guineanos; 28 mujeres deportadas a Guinea Conakry y 144 senegaleses rescatados en el mar. A los que hay añadir los últimos 100 enviados a Senegal la semana pasada. “Algunos son migrantes expulsados inicialmente de Tánger, Nador, Rabat, Casablanca y Alhucemas hacia la frontera de Marruecos con Argelia en Tiouli, región de Jerada, a unos 60 kilómetros de Oujda”, precisa la misma fuente. Las devoluciones se hicieron con tres de los cuatro países –el otro es Costa de Marfil– con los que Marruecos estableció un acuerdo para acceder al país sin visado.

“Había un bebé de tres meses con nosotros”

Aminara pasó tres semanas encerrada junto al resto de personas de origen subsahariano antes de ser expulsadas desde el Sáhara Occidental. “Había un bebé de tres meses con nosotros, otro de dos meses con su madre, dos niños de 5 y 8, una niña de 9 años”, recuerda ya desde una localidad cercana a Boffa, en la región de Boké (Guinea Conakry).

“La Gendarmería vino a la casa por la noche. Estábamos dormidos. Llamaron a la puerta y nos pidieron que abriésemos, cuando lo hicimos, nos hicieron salir y montar en los vehículos, nos llevaron a prisión y nos encerraron tres semanas.

“¿Qué hemos hecho?”, preguntaron. “Nada, tenéis que salir” respondieron los militares.

Después la encerraron tres semanas en un centro de detención improvisado. “Nos maltrataron, nos trataban como esclavos. Pegaron a una amiga allí, y le rompieron el pie. Cuando alguien caía enfermo, lo abandonaban fuera, y nadie te miraba, ni siquiera te llevaban al hospital. Solo comíamos pan y sardinas, ni agua nos daban. Enfermó mucha gente, yo misma me puse mala. Fue un calvario”, enumera apresuradamente por teléfono.

Durante el encierro les hicieron dos veces los test PCR para detectar el coronavirus. Y después de que las autoridades firmasen junto a los representantes de los consulados su expulsión, los metieron en aviones a sus países de origen. “Nos maltrataron, nos encerraron, nos pegaron, nos hicieron todo lo malo, lo prometo”, dice en un susurro.

“Han violado nuestros derechos y queremos verdaderamente justicia”

Precisamente, la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH) de Nador ha denunciado detenciones forzosas desde que comenzó el confinamiento en el mes de marzo. “Estas condiciones inhumanas de confinamiento son una práctica voluntaria de las autoridades marroquíes para instar a los migrantes secuestrados a que revelen sus datos personales para posteriormente identificarlos y deportarlos contra su voluntad”, mantiene la AMDH.

Finalmente, Amina está en Guinea: “No es fácil. No tengo apoyo ni nadie que me pueda ayudar. Cuando llegamos, contactamos con Naciones Unidas. Nos dijeron que nos iban ayudar, pero después no nos han llamado, también nos ha abandonado. Nadie nos ha escuchado”.

Esta joven viajó a Marruecos para mejorar el nivel de vida. En su país, creció en la calle después de perder a sus padres. Habló con un amigo magrebí y emprendió la ruta de Argelia, pasando por Mali y entrando finalmente a Marruecos. El objetivo era trabajar, “jamás osé a cruzar a España. Lo encuentro muy peligroso. Cada día muere gente en el agua. Nunca intenté eso”, confiesa.

“Los dos años en Marruecos no había nada que hacer. Tampoco fue fácil”, rememora desde Guinea. Compartía una habitación con ocho personas y trabajaba en una empresa de pescado en Dkhala, pero “los militares me pegaron y perdí mi bebé. Tuve un aborto”. Tras esta desgracia, se trasladó a una residencia particular en El Aaiún “donde trabajaba día y noche por 150 euros al mes, que me llegaba para pagar el alojamiento y la comida”.

AMDH denuncia las “deportaciones forzosas” que el gobierno disfraza de “voluntarias”

El gobierno disfraza estos vuelos con datos de “retorno voluntario” porque los están gestionando al margen de los organismos internacionales. La AMDH de Nador denunció en las redes sociales: “La deportación forzosa de migrantes subsaharianos por las autoridades marroquíes continúa desde Dajla”.

“Desalojos inhumanos que no podían hacerse sin la complicidad de las embajadas en Rabat y sin el dinero de la Unión Europea (UE)”, apunta la AMDH. Incide además en sus publicaciones en Facebook en que “son expulsados con la complicidad de su embajada y con el dinero de la UE y la Organización Internacional de Migraciones (OIM)”.

“Retornos a la fuerza, y no voluntarios”

Desde el organismo confirman que se trataba de “retornos a la fuerza, y no voluntarios”. Las ONG denuncian “corrupción” porque los cónsules firmaron un retorno voluntario con Marruecos basándose en acuerdos entre los países que además se han instalado recientemente en el Sáhara Occidental, como es el caso de Guinea Conakry, Senegal y Mali.

Moussa Coulibaly (31 años) habla con elDiario.es desde Mali. Llevaba cuatros años y medio en Marruecos, pero el 2 de octubre por la tarde fue deportado, junto a otras 83 personas malienses. “Fue el consulado el que firmó que nos trajeran al país. Nuestros gobiernos son malos. Realmente sufrimos. Las autoridades han deportado a la mayoría”, delata.

Marruecos ha retomado las deportaciones tras el confinamiento. “Desde principios de julio hasta septiembre de 2020, alrededor de 157 personas han sido expulsadas de Marruecos entre las que había 9 mujeres, 11 menores y 7 personas heridas”, detallaban desde Rabat a principios de octubre.

La AMDH ya denunció en su informe de 2019, que cerca de 600 migrantes habían sido expulsados en autocares desde un centro de internamiento de Nador al aeropuerto de Casablanca en 35 operaciones de deportación durante el año. Entonces ya desveló que los seis países que cooperan con Marruecos para deportar a sus nacionales son Camerún, Costa de Marfil, Guinea, Senegal, Mali y Burkina Faso.

Precisamente la Organización Democrática del Trabajo (ODT) acusa al gobierno magrebí de descuidar a las personas migrantes desde que apareció la Covid–19. Denuncia en un comunicado que “el sufrimiento de los migrantes africanos en Marruecos solo se ha intensificado y exacerbado durante el período de la pandemia”. 

El conflicto desencadenado entre Marruecos y el Sáhara Occidental, tras la ruptura del alto el fuego en Guerguerat el pasado viernes, afecta ya a la población civil saharaui ajena al enfrentamiento militar. La presión va más allá de las hostilidades surgidas entre los dos bandos, que comenzaron en la franja de cinco kilómetros desmilitarizada entre el Sáhara Occidental y Mauritania y se extiende a las ciudades saharauis, donde se están produciendo redadas y detenciones de civiles, según denuncian varias organizaciones de activistas saharauis.

“Todas las calles están llenas de policía. La ciudad se parece a un gran comisaría”, describe a elDiario.es el activista Hassan Daoudi desde El Aaiún.

Lejos del muro, donde se están produciendo los enfrentamientos entre los dos ejércitos, la población civil saharaui está sufriendo el despliegue de policías y fuerzas auxiliares marroquíes por las calles de las ciudades de los territorios ocupados. Varias fuentes explican a elDiario.es que se nota una presencia policial significativa en todos los barrios de El Aaiún. “Estos tres últimos días ha habido enfrentamientos entre los jóvenes y la policía marroquí. Desde el viernes por la mañana los marroquíes han comenzado a saquear muchísimas casas de saharauis”, relata Daoudi.

El alto al fuego de 1991

Los activistas saharauis denuncian redadas y detenciones en El Aaiún y Dajla desde que las partes en el conflicto rompieron el acuerdo del alto el fuego firmado en 1991. El ministerio de Asuntos Exteriores marroquí anunció a primera hora del 13 de noviembre la intervención militar para disolver una concentración de algo más de medio centenar de civiles saharauis que impedían el tránsito de vehículos y personas en Guerguerat desde el 21 de octubre. Un intercambio de disparos de media hora sin víctimas desencadenó el conflicto.

Esa noche, a casi 400 de kilómetros al norte, comenzaban las protestas de activistas en varios barrios de El Aaiún y Dajla en solidaridad con el ejército saharaui. “En la avenida Smara se produjo un bloqueo policial por parte de Marruecos con más de quince vehículos militares desfilando en caravana por las calles de El Aaiún”, detalla a elDiario.es un representante de la agencia de prensa saharaui Equipe Media.

Poco antes, decenas de jóvenes habían salido a las calles con bocinas y gritando consignas políticas. “La manifestación fue apagada con una intervención policial, seguida de enfrentamientos”, explica la misma fuente. El mismo escenario se repitió el sábado, después de que el presidente de la República Árabe Democrática Saharaui (RASD) y máximo representante del Frente Polisario, Brahim Gali, emitiese un decreto presidencial anunciando oficialmente la ruptura del alto el fuego y declarase la guerra a Marruecos tras 29 años de paz.

“Agredieron a varios miembros de la familia y se llevaron a su hijo”

Ese mismo sábado al mediodía, tras la manifestación, las fuerzas policiales marroquíes irrumpieron en la vivienda de la familia de Ahmed Elgargar, después de participar en la protesta. “La casa fue asaltada por policías marroquíes vestidos de civiles, agredieron a miembros de la familia y secuestraron a su hijo Ahmed Elgargar”, según un comunicado de la Liga para la Protección de los Presos Saharauis en las Cárceles Marroquíes.

“Cuando la familia preguntó por su hijo, se vieron expuestos a una serie de insultos”, dice el documento. Dos días más tarde, no saben dónde se encuentra detenido el chico, ya que los agentes de policía marroquíes se negaron a revelar su destino. Los allegados creen que el motivo de la detención fueron las manifestaciones en El Aaiún el viernes por la noche apoyando al Frente Polisario y la vuelta a la lucha armada.

El tercer día de conflicto, El Aaiún y Dajla amanecieron “con redadas y allanamiento de casas”. “Las fuerzas especiales encapuchadas, junto con la policía, estaban buscando a los chicos que habían participado en las manifestaciones y detuvieron a decenas”, según Equipe Media.

A medida que se intensifican los “hostigamientos” confirmados por ambos bandos en diferentes partes del muro, se encrudece la situación en las ciudades del Sáhara Occidental. El lunes caravanas de hasta quince vehículos policiales desfilaron por las calles de El Aaiún.

“Los que corren peligro son los saharauis en el territorio ocupado por Marruecos”

Desde el Frente Polisario dicen a este medio que “los que corren peligro ahora son los ciudadanos saharauis en el territorio ocupado por Marruecos”. El Ejército de Liberación Popular Saharaui se basa en el voluntariado: “Cuando se alistan y salen de los campamentos de Tinduf asumen el riesgo. Son conscientes que dentro de los daños colaterales de la guerra uno de lo más fáciles es perder la vida. Vas con eso al campo de batalla”.

Sin embargo, en las zonas ocupadas por Marruecos “puedes perder la vida por manifestarte pacíficamente”. “Ni están armados, ni tienen formación militar ni tienen protección”, dice a elDiario.es Jalil Adbdelaziz, responsable de Comunicación de la delegación de la RASD en España.

“No vamos a implicar a nuestra población civil en las zonas ocupadas dentro de la guerra frontal con el enemigo -Marruecos- ni en armar a esa población que está en las zonas ocupadas. Aquí la confrontación directa con el enemigo la asume el ejército”, asegura Abdelaziz.

Sin embargo, según explica, la preocupación del Frente Polisario es que “ahora mismo Marruecos active sus células para limpiar esa militancia que desde el 2005 viene manifestándose recurrentemente, y busquen cualquier justificación para calificarlos de terroristas, como pasó con los activistas del campamento de Gdeim Izik (2010) que han sido condenados a cadena perpetua”.

“Estamos hundidos. Lo estamos pasando mal sin trabajo desde hace seis meses… Tenemos casas, niños, padres…”, clama uno de los portavoces de los alrededor de 8.500 trabajadores transfronterizos marroquíes que siguen sin poder acceder a Ceuta (3.500) y a Melilla (5.000) para ocupar sus empleos desde que Marruecos cerró las fronteras el 13 de marzo por la COVID-19.

Estos miles de personas que cruzaban diariamente las fronteras con Ceuta y Melilla para trabajar se muestran desesperados después de seis meses sin recibir ninguna ayuda económica de las administraciones. “Las empresas españolas han presentado ERTE y han metido a los trabajadores transfronterizos, pero los que son residentes en Melilla o el resto de España sí cobran y nosotros, los fronterizos, no. Tenemos los mismos deberes, pero derechos distintos”, explica a elDiario.es Mustapha M.

Este ciudadano de Nador vive en Beni Ensar y cada día cruza a Melilla para trabajar. Es empleado con un contrato indefinido en una empresa española de transportes desde hace 15 años. Sin embargo, lleva seis meses sin acudir a su puesto de trabajo por el cierre de la frontera y sin recibir prestaciones ni de España ni de Marruecos. “No estamos cobrando nada, aunque la empresa nos tiene metidos en el ERTE. Mi vida personal es un desastre. Tengo cuatro hijos, mi mujer consume más medicamentos que alimentos, soy la única gota que gotea en toda la casa y estoy parado”, lamenta Mustapha.

Dentro del sector de trabajadores transfronterizos, las mujeres empleadas del hogar son las más desfavorecidas “en algunos casos con un contrato de dos horas, trabajan hasta ocho horas, y reciben un sueldo de miseria. Imagínate cuántos años tiene que trabajar esta señora para que llegue al mínimo de cotización para poder llegar a la jubilación”, pregunta Mustapha.

Además temen ser sustituidas en sus puestos después de tantos meses de ausencia. “Mi señora no va a esperar toda la vida. Ella me ayuda desde Melilla. Si ella no me manda dinero me voy a morir de hambre. Es como una familia para mí”, afirma a elDiario.es Fátima Khatta, representante del sector doméstico en la Unión Marroquí de Trabajadores (UMT).

Es cierto que “el 5% de los empresarios ayuda a los trabajadores, pero van a dejarlo a hacer porque ya son seis meses”, advierte Marouan Chakib, secretario regional de UMT en Tetuán.

Al otro lado de la frontera, en Melilla, los trabajadores transfronterizos tampoco lo están pasando bien. Desde allí, Moha, separado por la frontera de sus dos hijas pequeñas y su esposa, denuncia que “los empresarios se están aprovechando de la situación”.

Este confitero de 34 años trabaja en Melilla desde 2004, y actualmente está haciendo los turnos de sus otros dos compañeros pasteleros marroquíes que no han podido entrar a la ciudad española. “No descanso ningún día. Como estás atrapado te dan más horas; pero trabajo dos y me pagan una”, sentencia.

“Tres artículos de la ley de extranjería vulneran los derechos de los trabajadores”

Con la COVID-19 y el cierre de las fronteras queda en evidencia una situación de discriminación laboral. Los trabajadores transfronterizos no solo no cobran los ERTEs desde que cerraron las fronteras y se quedaron sin empleo, sino que no tienen derecho a ayudas por desempleo ni a la devolución del 24% de impuestos que pagan de sus nóminas.

“Tres artículos de la ley de extranjería de 2011 (182, 183 y 184) vulneran los derechos de los trabajadores y la ley de derecho internacional, y no se les puede aplicar ningún convenio a estos trabajadores”, según explica Abderramán El Fahsi, secretario general de UGT-FICA Melilla.

El artículo 184 establece que la validez de la autorización para que un ciudadano marroquí trabaje en las ciudades autónomas está sujeta al empresario con el límite de tres meses al año. De tal manera que los empleados no están encuadrados en ninguna actividad en concreto y por lo tanto no se les puede aplicar los convenios colectivos correspondientes.

Ateniéndose el artículo 183, para la obtención de la autorización de trabajo, los requisitos son los mismos que para un visado de residencia y trabajo. Tanto los empleados extranjeros con permiso de trabajo y residencia como los trabajadores transfronterizos tienen las mismas obligaciones y pagan sus impuestos, pero estos últimos no tienen derecho a estar registrados en las oficinas del INEM. Se quedan sin el derecho al desempleo y son excluidos del sistema de jubilación de la Seguridad Social, al no tener los quince años cotizados.

Para El Fahsi, “la ley de extranjería debería ser igual en Valencia, que en Tarragona, que en cualquier comunidad autónoma de España. Si un extranjero aporta un contrato y un certificado de un oficio de difícil cobertura tiene que dársele el derecho de residir. No sabes cómo defender al trabajador transfronterizo porque no lo pueden encuadrar en ningún convenio, es excepcional”.

La Agencia Tributaria no establece la definición de residente o no residente, sino que sigue los criterios que establezca Extranjería. Sin embargo, el ministerio de Hacienda explica a elDiario.es que “los trabajadores transfronterizos tributan como no residentes. Es decir, no se les aplica el IRPF porque no son residentes, sino el Impuesto sobre la Renta de No Residentes (IRNR). Esto conlleva tributar por las reglas de ese impuesto, lo que supone tributar conforme a una escala fija por cada tipo de renta. En este caso renta del trabajo al 24%”.

La desesperación lleva a intentar alcanzar España de manera irregular

Ante la discriminación de la ley española, que no les permite recibir prestaciones de desempleo a pesar de cotizar, el colectivo de transfronterizos ha pedido ayuda al gobierno central marroquí en algunas ocasiones, pero aseguran que “Marruecos sabe poco de nosotros. Nos hemos encontrado con anteriores ministros de Asuntos Exteriores, pero el problema hay que resolverlo en España porque Marruecos dice que no reconoce Ceuta y Melilla”, explica Mustapha.

En España, la confederación de empresarios de Melilla CEME-CEOE ha mantenido varias reuniones con la Delegada del Gobierno de la ciudad sobre este tema, pero de momento no tienen ni respuestas ni soluciones desde el Gobierno de España.

“Somos consciente del problema económico y social que están viviendo los trabajadores en Marruecos. También es cierto que muchas empresas de Melilla están mandándoles dinero y han tenido que contratar a otros trabajadores para poder cubrir esos trabajos en las diferentes empresas, con el perjuicio económico que ocasiona estando de altas en las empresas y pagando los seguros sociales a dos trabajadores para un mismo puesto de trabajo”, confirma Enrique Alcoba, presidente de CEME-CEOE

Así mismo, el empresario solicita a Madrid y a Rabat que “como parece ser, que el cierre de la frontera se va alargar algún tiempo, confiamos que tanto España y Marruecos busquen una solución para todos estos trabajadores y empresas que no hay nada legislado sobre este tema”.

También, desde Tetuán, Chakib alza la voz para pedir “al gobierno de Pedro Sánchez que se les de una ayuda a los trabajos que está la cosa muy mal, llevamos seis meses sin trabajar; y que tengan los mismos derechos que cualquier trabajador extranjero en el resto de España”.

El futuro es tan incierto que ha llevado a algunos ciudadanos a intentar alcanzar España de manera irregular, nos explica uno de los transfronterizos desde Nador.

-Si la cosa sigue así no nos quedará otra que entrar ilegal a Melilla, ya que no tendríamos otra opción.

-¿Cómo?

-Nadando. Muchos de nuestros vecinos que están en Melilla han entrado por el agua.

El rey Mohamed VI indultó a 26 rifeños el 29 de julio por la fiesta del Trono, entre ellos uno de los ideólogos del movimiento Hirak, el profesor e intelectual Mohamed El Majjaoui. Se esperaba que este jueves, con motivo de la fiesta de la independencia y con el discurso previsto en Alhucemas, el monarca perdonara a la otra veintena que continua en prisión, pero la negociación no ha llegado a buen puerto.

Para recibir el perdón real, los presos tienen que firmar un documento de acuerdo con unas normas y, de momento, parte del liderazgo del Hirak no ha recibido oferta o no la ha aceptado y permanece aislada y en huelga de hambre.

“A todos nos sorprendió el indulto real. No lo esperábamos. Creo que el Estado marroquí quiere terminar este expediente relacionado con los detenidos de las protestas de Alhucemas porque constituye una crisis de derechos humanos”, confiesa El Mortada Lamrachen, uno de los 26 rifeños del Hirak indultados por el rey Mohamed VI en julio con motivo del XXI aniversario de la subida al trono.

Este joven rifeño intenta recuperar su vida en Alhucemas junto a su mujer y su hija pequeña, a la que apenas conoce tras ser encarcelado en 2017 por apoyar al movimiento de protestas, el cual reivindica mejoras sociales y económicas para el Rif desde la trágica muerte del comerciante de pescado Mochine Fikri el 28 de octubre de 2016.

Sin embargo, todavía quedan en prisión 22 activistas rifeños, entre ellos tres de la cúpula. Por eso, en una entrevista con elDiario.es, El Mortada confiesa: “Actualmente estamos esperando con impaciencia la liberación de todos los presos políticos, ya que somos un solo cuerpo y su presencia tras las rejas no tiene sentido. Esperamos lo bueno en los próximos días, sobre todo porque las visitas de los familiares de los detenidos se han interrumpido debido a la pandemia y eso agrava su condición psicológica y aumenta el sufrimiento de nuestras familias”.

El rey dejó llegar a su hijo, el heredero Moulay Hassan, un día antes a la zona en un gesto de confianza hacia los rifeños. Y teniendo en cuenta que la seguridad del palacio está en manos de personal de la región, muchos interpretan que es el momento de la reconciliación entre Rabat y el Rif. “La idea del rey es llegar a un acuerdo con ellos para que no vuelvan a crear problemas. Un tema prioritario porque Holanda está bloqueando a Marruecos. El asunto del Rif se tiene que arreglar por cuestiones internacionales, además de por las inversiones millonarias de países extranjeros previstas en la zona”, explica un fuente militar marroquí.

Así se espera que ese documento firmado, que de momento no ha trascendido, deje en libertad al resto de los detenidos con motivo de alguno de los indultos reales previstos por la fiesta de la independencia y de la juventud, los días 20 y 21 de agosto respectivamente. Rabii Ablak, uno de los activistas más combativos que secundó hasta 38 huelgas dentro de la prisión, en una entrevista con la televisión Nador City dos semanas después de su liberación corroboraba la existencia de “un acuerdo” por el que de momento se va a guardar silencio, pero advertía que en el futuro hablará de “torturas”, del “calvario de su detención” y de que “está vivo gracias a quienes lo apoyaron”.

Sin embargo, el padre del líder Nasser Zafzafi, no se muestra optimista. En conversación con elDiario.es, Ahmed Zafzafi detalla que “desde el viernes pasado están aislados”. “No tienen comunicación con nadie ni entre ellos”. Y además adelanta que “esta semana han comenzado una huelga de hambre”. Por eso ha perdido toda comunicación con su hijo, con quien normalmente habla cinco minutos cuatro días a la semana.

Nasser Zafzafi se encuentra en la prisión de Fez junto a Nabil Ahamjik y en Tánger solo queda Mohamed Jelloul, que parece que no llegó a un acuerdo con el Centro Nacional de Derechos Humanos (CNDH), encargado de negociar el indulto con los presos, a diferencia del resto de los 15 liberados en esa cárcel.

Los presos realizaron una negociación “secreta” y llegaron a una hoja de ruta, de la que por el momento no se tienen pistas, que en principio firmaron todos excepto Mohamed Jelloul. Este pretendía añadir dos puntos de las reivindicaciones básicas del Hirak, investigar la muerte de los cinco jóvenes quemados en el cajero de una banco el 20 de febrero de 2011 durante la Primavera Árabe e investigar la muerte de Imad Attabi, que perdió la vida en un hospital tras la manifestación del 20 de julio de 2017 cuando las fuerzas de seguridad utilizaron gases lacrimógenos.

Entre las cosas pactadas, parece que el símbolo aza de la cultura amazigh –representado con los tres dedos en alto– ha desaparecido. En las imágenes del viaje desde las prisiones a Alhucemas, los indultados alzaron el puño.

“Todas las iniciativas de mediación emprendidas anteriormente por órganos y organizaciones de la sociedad civil no tuvieron éxito, pero al final fuimos liberados sin motivo aparente”, mantiene El Mortada, que en ese punto habla de que no hubo negociación.

“Nada ha cambiado en alhucemas, el desempleo y la pobreza han aumentado”

En la fiesta del Trono de 2017 salieron los primeros 40 rifeños, entre ellos la única mujer detenida, Silya Ziani. Un año más tarde, el 21 de agosto de 2018 con motivo de la Pascua del Sacrificio, conocida como fiesta del cordero, el rey alauita indultó a 188 presos del Hirak de varias cárceles en el país, incluso 10 de los perdonados eran de la cúpula del movimiento, en la prisión de Casablanca. Por último, el 4 de junio de 2019, 60 presos rifeños recibieron el perdón real, pero no estaban en ese grupo los presos condenados a 20 años que habían visto ratificada su sentencia en el mes de abril.

Para El Mortada “nada ha cambiado en Alhucemas, el desempleo y la pobreza han aumentado dramáticamente, la inmigración clandestina se ha duplicado y la adicción a las drogas locales como el hachís se ha convertido en una adicción a la heroína y las drogas duras. Nos acercamos al abismo y el plan de rescate necesita construir un sistema nuevo y moderno. Hemos sido testigos del colapso de la confianza en el Estado y sus instituciones”.

El municipio de Alhucemas ha obtenido una subvención económica de aproximadamente 112.300 euros en el marco del Programa de Apoyo a la Mejora del Desempeño de los Municipios de Marruecos. “Esta donación es una motivación para hacer más esfuerzos al servicio de la ciudad y sus habitantes con miras a mejorar los demás indicadores en los próximos años”, manifestaron a la prensa nacional desde la localidad.

Este programa es un proyecto planificado para un período de cinco años (2019-2023) en colaboración entre la Dirección General de Autoridades Locales (DGCL), el Banco Mundial y la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD). Su objetivo es fortalecer la buena gobernanza en los municipios con el fin de mejorar los servicios a los ciudadanos y las empresas. Se dirige a 103 municipios que representan más del 85% de la población urbana del país y casi el 55% de su población total.

Otra de las reivindicaciones que reclamaban los activistas es una universidad para no tener que desplazarse a Martil, Fez o Oujda, con cinco horas en transporte como mínimo. Las autoridades adelantan que se tiene previsto construir un distrito universitario en Ait Kamra con residencia universitaria, restaurante, polideportivo, biblioteca y otras instalaciones.

En todo caso, queda camino por recorrer para colmar las peticiones del Hirak, incluida la construcción de hospitales, fábricas que generen empleo y la desmilitarización de la región. Las autoridades trabajan en liberar la veintena de rifeños detenidos atendiendo, en parte, a las organizaciones de derechos humanos, las cuales están presionando para acabar con las detenciones políticas (agravadas en la última década).

En el Atlas, a un centenar de kilómetros de Nador y Melilla, Sarah (nombre ficticio) lleva días en su casa familiar de Taourit. Echa la vista para atrás, se acuerda de las largas jornadas de trabajo en las fincas de Huelva, los meses de bloqueo, o aquel baño compartido por 16 mujeres en plena pandemia; y piensa que el esfuerzo no ha llegado a traducirse en el rendimiento económico esperado. Es una de las temporeras contratadas en origen que ha conseguido regresar a su país tras pasar meses atrapada en Huelva debido al cierre de fronteras, a pesar de la finalización de su campaña.

La jornalera relata a elDiario.es las duras jornadas de trabajo realizadas durante los primeros meses de pandemia, las “precarias” condiciones de alojamiento y el estrés ligado a no poder volver a su país. Los gastos ligados a la prolongación de su estancia en Huelva también impidieron que ahorrase las cantidades de otros años, a pesar de trabajar mañana y tarde por falta de mano de obra, asegura la temporera.

La pandemia cambió el ritmo de la jornada. Cuando Sarah llegó a España, en el mes de febrero, trabajaba solo dos horas diarias. “Este año la cosecha se retrasó y no había fruta para recoger”, explica. En marzo aterrizó otro grupo de jornaleras desde Marruecos, y comenzó la temporada más fuerte, con recogida mañana y tarde, que alcanzó las 11 horas laborales con un descanso de un par de horas para comer. “Fue tan duro… llegué a llorar. No hubo ni un día de descanso, todos los santos días trabajando. A la que acababa rendida, el jefe se la llevaba a descansar a casa y al día siguiente volvía a la rutina”.

Los empresarios onubenses añadieron al dinero pagado por hora (alrededor de 40 euros) y a las horas extraordinarias, un complemento de 400 euros adicionales mensuales, en compensación por el esfuerzo de remplazar a las compañeras que no consiguieron entrar desde Marruecos. Del contingente contratado en origen para trabajar en Huelva, solo llegó un 35% debido a la pandemia.

Sarah se queja de que “del salario final, el jefe nos reduce una especie de alquiler, y pagamos la luz, el agua y el gas”, detalla Sarah. Lleva tres temporadas en la misma finca porque, según explica, “tenemos la obligación de trabajar con el mismo propietario cuatro años y después ya podemos cambiar”. Los desperfectos de la vivienda durante la estancia se descuentan del salario final.

Algunos empresarios les cobran un cuota diaria. “No se trata de un alquiler, si no de un gasto de manutención”, mantiene Antonio Luis Martín ‘Curi’. Este empresario con catorce casas construidas en sus fincas les exige un 1,66 euros al día, “ahí entra todo, para gastos y desperfectos”. “Algo tienen que pagar porque si no los españoles se nos van a echar encima, y decirnos que los extranjeros están mejor que ellos, con condiciones mejores. Los españoles pagan casa, contribución, etc”, sostiene 'Curi' como defensa.

No fue fácil porque a medida que pasaban los días, algunas temporeras iban gastando el dinero ahorrado y no tenían nuevos ingresos. “No ha sido productivo en lo económico, no hemos ahorrado”, lamenta. En ese momento, dejaron de llevarlas en un autocar al pueblo para realizar la compra una vez por semana, y “venían hasta la finca con furgoneta a vendernos lo necesario, un poco más caro; pero mejor porque así no nos poníamos en peligro con el coronavirus”.

Durante el confinamiento se quedaron en las fincas. Después apenas salían. Cuando lo hacían tenían que avisar al jefe. Trabajaban separadas por nacionalidades. “Teníamos un poco de miedo, pero con tanto trabajo no nos parábamos a pensar mucho en la Covid”.

Llegó a su pueblo a finales de julio con 2.000 euros. “Gracias a Dios que el rey nos pagó todo, el barco, el bus, la comida…”. De hecho en los embarques en el puerto de Huelva se oían las aclamaciones de estas mujeres a Mohamed VI. “Me he traído a Marruecos lo mismo que el año pasado, que solo trabajé un mes y medio”, lamenta esta mujer de 35 años, divorciada y madre de cuatro hijos.

Duras condiciones en los campos de Huelva 

“Trabajamos desde las seis hasta las 14 horas sin parar, con cinco minutos de descanso como mucho. Y por la tarde la misma cosa, empezamos a las 16 y terminamos a las 21 horas”, narra Sarah. Jornadas laborales de 15 horas.

Cuando enfermaban “nos llevan a la casa, nos dejan reposar y cuando nos reponemos volvemos a retomar la tarea”. Sarah se queja también de la vivienda “precaria”. “Es un módulo donde vivíamos ocho mujeres con mucho calor. Tenemos una cocina muy pequeña con una sola bombona de gas para ocho personas. El baño lo compartimos 16 trabajadoras, así que tocaba hacer cola”, describe.

La comodidad del alojamiento depende de los recursos de cada finca. Generalmente, en las pequeñas disponen de menos recursos y es donde se pueden encontrar los módulos prefabricados que se suelen utilizar en las obras de construcción inmóviles para acoger a los empleados temporalmente.

Los agricultores de la región defienden que les saldría más rentable construir que alquilar las viviendas prefabricadas cada año, pero que no obtienen los permiso para levantar casas en mitad del campo. En todo caso, la mayoría está de acuerdo con que no es incompatible con alquilar casas prefabricadas de mejor calidad. 

Para hacer frente a este inconveniente, algunos propietarios se han integrado en asociaciones desde donde se garantiza un alojamiento con mayores prestaciones, como la residencia de Tariquejo financiada desde la Cooperativa Agraria Hortofrutícola de Cartaya.

Sarah resalta las “mejores” condiciones en las que han vivido y trabajado otras compañeras de faena, para responsabilizar al propietario de la empresa que la contrataba, de la que prefiere no señalar públicamente el nombre. “Mi hermana tenía una mejor situación”, indica.

A pesar de sus quejas, Sarah quiere volver a recoger fresa en España la próxima temporada: “Tengo una familia que mantener y en esta zona hay una crisis económica”. En la amplia lista de peticiones y deseos, pide a los empresarios españoles “que el salario sea un poco más elevado y que las condiciones de vida sean un poco mejores que hasta ahora”. 

“La vida aquí -en Taourirt- es dura”, confiesa Sarah. Su exmarido reside en Meknes y también es un jornalero. Están divorciados pero no le pude pagar una pensión. Desde la separación se aloja con sus padres, una familia muy humilde. En la azotea, se ha construido un chamizo de ladrillo con techumbre de estaño a modo de habitación donde se refugia con sus hijos: “Por eso dejo a mi familia para trabajar en España”.

En Marruecos trabaja jornadas de doce horas, desde las 6 de la mañana a las 6 de la tarde en cafeterías y restaurantes por 30 dírhams (3 euros). “Es muy precario pero hago eso por mis niños. Sin empleo no puedes sacar adelante a tus niños… la comida, la ropa, etc”. 

“No veíamos el momento de salir”

“Antes del coronavirus todo era ilusionante. Después nos quedamos bloqueadas, y hay mujeres que enfermaron, a alguna se le ha muerto el padre e incluso a una el hijo, sin poder regresar a casa”, lamenta Sarah, mientras dos de sus hijas corretean por la casa.

Esta temporada con el coronavirus y el cierre de fronteras, las 7.200 mujeres que habían llegado a Huelva pasaron cuatro meses bloqueadas, aunque la situación empeoró y los ánimos decayeron cuando terminó la campaña de recogida de frutos y no podían cruzar El Estrecho. “No veíamos el momento de salir”, exclama Sarah. 

Hasta que finalmente la embajada de Marruecos en Madrid y la secretaría de Migraciones de España organizaron una repatriación especial para todo el contingente en seis barcos que salieron progresivamente del 18 al 29 de julio, con algo más de mil mujeres por viaje después de que la Junta de Andalucía le hubiera realizado las pruebas PCR y resultaron todas negativas. 

“Hay mujeres que se desmayaron de la alegría cuando nos enteramos que íbamos a ser repatriadas”, recuerda. La mujer agradece el trato que recibieron esos dos meses, “se han portado muy bien todas las asociaciones y el responsable que estaba con nosotros”.

Se han podido reunir con sus familias en sus lugares de origen tras un largo viaje de barco desde el Puerto de Huelva hasta Tánger Med, y posteriormente varias horas de camino en autocar hasta sus localidades en diferentes partes del país.  

Nada más poner un pie en Marruecos, Sarah celebró su llegada: “Estamos súper contentas de volver a casa pero este 2020 va a ser imposible olvidarlo por el mal trago que hemos pasado. ¡No lo voy a olvidar jamás! Hemos pasado penurias y tristezas pero que al final, gracias a Dios, nos reunimos con las familias”.

El gobierno marroquí ha endurecido el proceso de renovación de residencia a las personas migrantes de origen subsahariano que se habían beneficiado de la campaña de regularización excepcional emprendida por Mohamed VI en 2014, según han denunciado los afectados y ha confirmado eldiario.es. Se trata de un nuevo obstáculo que algunas organizaciones interpretan como un paso más del aumento del control migratorio para evitar llegadas irregulares a la Unión Europea.

Hasta el momento, los migrantes que se habían beneficiado de alguna de las dos campañas de regularización en 2014 y 2016 tenían facilidades para renovar su tarjeta, solo se les pedía un certificado del alquiler de la vivienda. Después de la epidemia, a aquellos que han acudido a las comisarías de Tánger o Rabat para extender su plazo de estancia en el país se han encontrado con nuevos requisitos. El Gobierno marroquí les pide documentación adicional, como un contrato de trabajo en vigor. Un requisito complicado para muchos migrantes afectados, pues suelen trabajar en la economía informal.

Las personas migrantes de origen subsahariano dieron la voz de alarma la primera semana de julio, cuando comenzó la desescalada y acudieron a renovar su documentación en Rabat y Tánger. Actualmente es necesario presentar el contrato de trabajo o justificar un empleo por cuenta propia, atendiendo a las nuevas disposiciones institucionales. “Esto es una manera de que todos aquellos que trabajan en lo informal (que es una gran mayoría) y que no tienen un contrato formal o más bien regularizado no puedan acceder. Es como una criba más”, confirma una fuente oficial desde Rabat a eldiario.es.

Daniel (nombre ficticio) lleva ocho años en Marruecos trabajando en diferentes empleos, “aquí y allá”. Además de tener una cuenta bancaria, paga las cuotas de autónomos, y tiene una casa alquilada. Sin embargo, tras salir del confinamiento estuvo dos semanas estresado porque no le renovaban la ‘carte de sejour’ (tarjeta de residencia). “Fui hasta cuatro días seguidos, y cuando llegaba a casa, me volvían a contactar para pedirme algún papel”, explica en una entrevista en una café de Tánger.

“Actualmente nos exigen contrato de trabajo, cuenta bancaria, certificado de inscripción en la CNSS (seguridad social marroquí), tarjeta sanitaria, certificado de antecedentes penales, certificado médico, las tres últimas nóminas, etc. Mientras que anteriormente al grupo que se regularizó en la campaña real solo se les pedían el contrato de alquiler”, detalla Daniel después de varios días en trámites con la administración para regularizar su situación. “Los migrantes no tienen fuerza no saben qué hacer”, confiesa el ciudadano camerunés residente en Tánger.

“Hasta antes de la epidemia para renovar la residencia se solicitaba un justificante de alquiler de vivienda y el pasaporte en vigor, pero ahora exigen un contrato de trabajo válido que justifique que son regulares porque han estado trabajando, y así poder renovarles”, confirman fuentes institucionales a elDiario.es. En caso de no tener contrato, la tarjeta de emprendedor también se acepta porque “normalmente es lo que tienen como justificante, lo único, para renovar. Su negocio es como su garante”, continúan.

Entre los testimonios que circulan en las redes sociales, un migrante asegura haber invertido en Marruecos y haber montado una sociedad, pero su solicitud de renovación de la tarjeta de residencia le ha sido denegada. En un vídeo, Serge Guemou, un conocido activista del tejido asociativo de migrantes en Marruecos, aparece con un esparadrapo tapando su boca rodeado de maletas con su mujer y su hijo, simulando que se vuelve a su país.

“O te mandan a Tiznit o te expulsan a tu país”

“¿Es por el coronavirus o porque la economía está cayendo y Marruecos quiere echar a los migrantes?”, se pregunta una migrante residente del país. Para Hassane Amari, investigador y portavoz de Alarm Phone la respuesta la tiene el Estado, que “ha entendido que el objetivo de la mayoría de los migrantes que se acogieron a la regularización no es quedarse en Marruecos, sino que buscan una manera de ir a Europa”.

Los migrantes y las asociaciones temen que este cambio administrativo conduzca a una ola de desalojos de los migrantes. Esas son precisamente las consecuencias de la no renovación de la residencia, piensa Daniel, “o te mandan a Tiznit o te expulsan a tu país”.

“Es una estrategia del Estado, que va a poner muchas dificultades a los migrantes para que no renueven, y así repatriar y expulsar a la gente a quien rechacen la renovación de la tarjeta de residencia”, sostienen desde Alarm Phone. Además este investigador señala desde Oujda “la presión de la UE y de España” como causa de este endurecimiento administrativo.

El rey Mohamed VI cambió en 2014 la estrategia nacional de inmigración y asilo (SNIA) dirigida a que Marruecos, un país de tránsito para las personas refugiadas y migrantes, se convirtiese en un país de destino. Una estrategia alabada y apoyada por ACNUR que trabajó en estrecha colaboración con las autoridades marroquíes. De hecho, el Alto Comisionado Auxiliar para la Protección, Volker Türk, elogió los esfuerzos de Marruecos en materia de protección de las personas refugiadas en una visita a Rabat en 2017, destacando que el país magrebí “lanzó una serie de cambios de política sin precedentes desde 2014 en beneficio de los refugiados”.

Sin embargo, desde 2016 los migrantes en Tánger han denunciado que el último proceso de regularización no funcionó. “La mayoría de inmigrantes en Tánger y Nador están en tránsito y no quieren estar aquí. La realidad es que nosotros hemos hecho mucho. Algunos quieren aprovecharlo y otros no. No podemos hacer más de lo que hacemos, ni para los marroquíes. Ellos han tenido acceso a alojamiento social y a todos los programas del Gobierno. Pero no somos un país rico”, afirmó el año pasado el responsable de migración y vigilancia de fronteras del ministerio del Interior, Khalid Zerouali, durante una entrevista con elDiario.es

En los dos procesos de 2014 y 2016, Marruecos regularizó a aproximadamente 50.000 inmigrantes. De las cerca de 28.000 demandas de regularización presentadas, alrededor del 85% fueron aprobadas, según información del ministerio del Interior.

Tánger bulle como en los mejores momentos, a pesar de ser una de las ciudades más afectadas por el coronavirus en Marruecos. En restaurantes y cafés, los clientes charlan animadamente sin guardar la distancia de seguridad y sin mascarillas, a pesar de que el protocolo sanitario lo dicta. En las calles circulan taxis y coches particulares, y de la estación y el aeropuerto ya parten y llegan trenes y aviones. 

La ciudad del Estrecho, con cerca de un millón de habitantes, ha sido una de la más golpeadas por el virus. En las últimas 24 horas se han detectado 181 casos positivos en Marruecos, cuya curva de nuevas infecciones diarias mantiene una trayectoria ascendente desde mediados de junio.

De ellos, el 20% se han confirmado en la región de Tánger –la segunda con más positivos nuevos del país– donde los contagios han aumentado debido a los focos detectados en las empresas automovilísticas, textiles y de pescado, además de medio centenar que se han descubierto en el puerto pesquero. Las autoridades dan por controladas estas infecciones, pero el Ministerio del Interior ha cerrado en todo el país 514 fábricas –un sector que ha concentrado casi la mitad de los casos– y comercios por no respetar las medidas sanitarias.

Este cierre no pilló por sorpresa al empresario español Ángel Latorre, con dos compañías de importación, procesamiento y exportación de pescado en Tánger. “Con nosotros lo han llevado a rajatabla. Recibimos cinco visitas en la fábrica durante el confinamiento para controlar la separación de los empleados y reduciendo los puestos de trabajo; una serie de medidas que desde el principio nos impuso el ministerio de Sanidad”, confiesa el propietario a elDiario.es.

Los ciudadanos se mueven entre el miedo y la confusión desde principios de esta semana en la ciudad norteña. En menos de 24 horas recibieron dos órdenes contradictorias. El pasado domingo, el Gobierno anunciaba desde Rabat el cierre de la ciudad y la vuelta al confinamiento. Pero, tal y como informó el medio Le360, las autoridades locales, tras mantener una reunión, decidieron aislar solamente el barrio popular y superpoblado de Beni Mekada, una de las zonas con más contagios, en la que son comunes las viviendas precarias y cuyos habitantes dependen en su mayoría de la economía informal para subsistir. No obstante, las nuevas restricciones no se llegaron a aplicar tras las protestas de los comerciantes del vecindario.

Los establecimientos siguen abiertos de momento y la ciudad recupera la normalidad día a día. La marcha atrás de las autoridades locales atiende a la economía pero también recoge el sentir popular, disconforme con una vuelta al confinamiento solo diez días después de comenzar la desescalada. “El día que nos dijeron que nos iban a reconfinar, la verdad es que me dieron taquicardias. Una vez ha estado bien, pero ya no es agradable. No estamos hechos para vivir encerrados”, dice Ouissal El Hajoui, profesora y periodista tangerina.

La incertidumbre, la falta de información y no conocer con antelación cómo se iba a proceder son las principales quejas de los ciudadanos consultados por este medio. “No se puede informar peor en un momento de estrés, de cansancio y de agotamiento. No apetece escuchar ahora negro; no, gris; y volvemos al blanco”, se queja El Hajoui.

Las críticas contrastan con los elogios que recibió el Gobierno por las medidas de aislamiento rápidas y drásticas que tomó durante los primeros momentos de la epidemia, con el cierre de las fronteras el 13 de marzo y el confinamiento obligatorio el día 20 del mismo mes para toda la población. 

Entonces, el caid, como se conoce a la autoridad del barrio, entregó un salvoconducto por familia que permitía salir solo a un miembro del hogar para las gestiones de primera necesidad hasta el toque de queda, en vigor desde las 18:00 horas. Además, el Ejecutivo impuso el uso obligatorio de mascarillas a principios del mes de abril, con penas de entre uno y cuatro meses de cárcel si se incumplía la orden. Policía, fuerzas auxiliares, e incluso ejército se desplegaron en las calles de todas las ciudades para hacer cumplir las instrucciones de las autoridades: quedarse en casa y limitar los desplazamientos.

En las grandes y populosas urbes de Marruecos, Tánger, Nador, Rabat, Salé, Fez y Casablanca, las entradas de los barrios poblados de sus extrarradios se cerraron. Las autoridades acordonaron por completo los barrios residenciales y los más populares con barricadas de hormigón. Solo los residentes circulaban previo paso por un control policial. Los agentes, en los controles judiciales y administrativos, conocían la ruta exacta y la cronología de los movimientos de los arrestados por incumplir las restricciones a través de una aplicación móvil que se creó durante el confinamiento.

Menos de 17.000 casos confirmados

Según los datos del ministerio de Sanidad marroquí, desde el inicio de la epidemia se han detectado alrededor de 16.726 casos de COVID-19 en todo el país, un nivel relativamente bajo de infecciones si se compara con otros países, entre ellos muchos europeos. De acuerdo con el balance estatal, 264 personas han fallecido con el virus hasta ahora en el país vecino. Aunque en el debate público las cifras oficiales no son cuestionadas, en la calle es frecuente escuchar dudas sobre el alcance real de la enfermedad en un país en el que parte de la población vive en pequeñas localidades alejadas de las urbes sin acceso a la sanidad y prácticamente aisladas durante el confinamiento, sin transporte disponible.

A unos días del fin del estado de emergencia sanitaria, el 10 de julio, la gráfica plana de nuevos contagios diarios se disparó. Los positivos pasaron de menos de 100 al día a sobrepasar los 500, coincidiendo con los brotes detectados en dos empresas españolas de envasado de fresas en Kenitra y Larache. Además se encontró un foco de casi 500 personas infectadas en el puerto de Safi, al sur de Casablanca, en las empresas de conserva de sardinas, por lo que las autoridades tuvieron que confinar durante días una parte de esa localidad en la costa atlántica y posteriormente a toda la población.

Todo ello en plena desescalada, decretada a partir del 25 de junio, que dejó el país dividido en dos zonas según el número de casos y el peligro de propagación. En la segunda fase de desconfinamiento, a finales de junio, el territorio seguía partido en dos zonas. Las urbes más afectadas –Tánger, Larache, Kenitra y Marrakech–,se quedaron en la zona 2, la de mayor riesgo. Sin embargo, las autoridades municipales de Tánger han indicado a elDiario.es que está previsto que la ciudad pase oficialmente a la fase 1 a partir del próximo lunes.

Se considera que ciertas costumbres y tradiciones han jugando en contra de Marruecos, como la forma de enterrar y los velatorios. Lo mismo ha ocurrido con la falta de recursos: no todo el mundo tiene agua corriente en casa, lo que dificulta el seguimiento de las medidas básicas de higiene, y no siempre hay acceso a una atención sanitaria mínima en todas las localidades. 

Con el cierre total de las fronteras y el confinamiento estricto –clausura de cafés, restaurantes y lugares públicos, prohibición de eventos, suspensión del transporte y aislamiento de barrios– se intentó suplir un sistema sanitario deficitario. Tal fragilidad llevó al ministro de Exteriores a recurrir en un primer momento al envío de ayuda médica desde China. También concentró la medicina militar y las clínicas privadas a disposición de los ciudadanos. Según las cifras oficiales, Marruecos reservó 44 hospitales para la atención de casos de coronavirus, 32 centros de consulta especializados, 1.600 camas de reanimación, entre el sector público y privado; 70 camas en estructuras médicas militares y creó 250 nuevas camas de reanimación.

Muchos casos detectados han sido asintomáticos y no han requerido hospitalización. No obstante, también hay quienes desconfían de las cifras oficiales por su baja capacidad para hacer test. En las últimas semanas se ha incrementado el número de pruebas efectuadas en las empresas, lo que ha aumentado el número de contagios detectados. Según los datos recopilados por el portal Our World In data, a 15 de julio, Marruecos hace una media semanal de 0,44 test diarios por cada 1.000 personas –en Sudáfrica, el país africano más afectado, la cifra es el doble–. Hace dos meses, esta cifra era del 0,1.

A finales de junio, la oficina regional de la Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó del aumento en el número de casos en varios países, entre ellos Marruecos. La agencia de Naciones Unidas consideró entonces que todavía “existía una clara necesidad de expandir las pruebas y la notificación más precisa de infecciones y muertes” en la región a la que pertenece Marruecos. “A medida que las tiendas, restaurantes, mezquitas, negocios, aeropuertos y otros lugares públicos comienzan a abrirse, debemos estar más atentos y cautelosos que nunca. No podemos relajar nuestros esfuerzos. De hecho, muchos países que levantan las restricciones están viendo marcados aumentos en los casos, lo que significa la necesidad de acelerar las medidas de respuesta de salud pública”, dijo Ahmed Al-Mandhari, director regional de la OMS para el Mediterráneo Oriental.

Medidas contra el parón económico

El rey Mohamed VI dio instrucciones al Gobierno para crear un fondo especial de mil millones de euros destinado a gestionar y responder a la pandemia del coronavirus, con los que se trató de modernizar urgentemente el dispositivo médico, en términos de infraestructuras adaptadas y más medios. El montante también estaba destinado a apoyar la economía nacional, a través de una batería de medidas de acompañamiento de los sectores más afectados, como el turismo, empleo y de atenuación de las repercusiones sociales. Según datos del ministerio de Economía y Finanzas, 4,3 millones de hogares que viven del trabajo informal se han beneficiado de estos fondos. Es la primera vez que se mide, con estadísticas reales, el peso de la economía informal en Marruecos. 

Al mismo tiempo, el ministerio de Economía anunció la apertura de una cuenta bancaria especial para recibir contribuciones de los ciudadanos. Los marroquíes, también desde el extranjero, hicieron donaciones en beneficio del fondo para la gestión de la pandemia a través de las misiones diplomáticas y consulares de Marruecos en el exterior, quienes se encargarán de transferir las cantidades al Ministerio de Economía. A la ayuda económica contribuyó la Unión Europea con 450 millones, 150 de ayuda directa inmediata “en apoyo a los esfuerzos de Marruecos para gestionar” la crisis de la COVID-19, particularmente en términos de acceso a la educación a distancia para las poblaciones en edad escolar.

Para combatir la falta de empleo, un comité de vigilancia económica, creado por el gobierno para detener los efectos negativos del coronavirus, distribuyó a todos los trabajadores despedidos un total de 200 euros mensuales.

Reapertura parcial de fronteras

A pesar de que Marruecos ha prorrogado por cuarta vez el estado de emergencia hasta el 10 de agosto, desde el día 15 de julio ha abierto parcialmente sus fronteras aéreas y marítimas, pero solo para los residentes y los ciudadanos que se quedaron bloqueados fuera del país, por lo que este verano no habrá turistas. Las dos compañías nacionales, Royal Air Maroc y Air Arabia, operan vuelos programados desde algunos aeropuertos. Aunque antes de emprender rumbo los pasajeros tienen que entregar un certificado negativo de la prueba de COVID-19 con validez en las 48 horas antes del viaje.

Las rutas también están limitadas. Por vía marítima, Marruecos tiene conexión con los puertos de Sète en Francia y Génova en Italia. Continuarán así cerrados los cruces de Tánger Ville con Tarifa y la regular de Tánger Med con Algeciras. De esta manera por primera vez en 33 años, no se lleva a cabo la Operación Paso del Estrecho (OPE), dispositivo que organizan España y Marruecos para facilitar el tránsito de miles de marroquíes residentes en el extranjero que regresan al país a disfrutar de las vacaciones del verano.

En todo caso, el ministerio de Asuntos Exteriores español seguirá fletando dos barcos especiales por semana desde el puerto de Tánger Med a Algeciras para españoles y residentes en España que quedaron bloqueados en el país con el cierre repentino de fronteras en el mes de marzo. Se trata de la gestión más criticada del Ejecutivo marroquí. Miles de nacionales siguen atrapados en el extranjero sin poder entrar al país. Menos de una cuarta parte ha sido repatriado durante estos cuatros meses desde ciudades de todo el mundo. 

Las más de 7.000 jornaleras marroquíes atrapadas en Huelva por la pandemia tras terminar la campaña de recogida de frutos rojos volverán a su país a partir del viernes después de someterse a los test PCR. La Junta de Andalucía y el Gobierno del país vecino han llegado a un acuerdo para repatriar a todo el contingente de trabajadoras contratado en origen en seis barcos marroquíes especiales para esta operación que saldrán del Puerto de Huelva y llegarán a Tánger Med, según han confirmado fuentes diplomáticas a eldiario.es.

Las temporeras comenzaron a llegar escalonadamente a las fincas onubenses en el mes de diciembre. Solo cruzó el 35% del contingente, poco más de 7.000 mujeres, que se quedaron atrapadas con el cierre de las fronteras de Marruecos el 13 de marzo para hacer frente a la pandemia de la COVID-19. 

“Estaban viviendo una situación dramática”, explica el empresario Antonio Luis Martín ‘Curi’. “La gente aquí está cansada. Incluso las que han ido perdiendo a familiares en Marruecos durante este tiempo están desoladas por no haber podido estar junto a los suyos”, añade.

“Aquí seguimos atrapadas y sentadas en el campo sin derecho alguno y con un calor insoportable, cientos de mosquitos, en fin una situación indescriptible. Nuestra paciencia está al límite y no sabemos qué hacer”, describía a este medio Fouxia, una de las temporeras, hace una semana.

La semana pasada, las trabajadoras se concentraron para solicitar al rey Mohamed VI que las ayudara a volver a su país, sobre todo a unos días de la celebración de la Fiesta del Sacrificio, el 31 de julio. 

El dinero que han ganado estos meses de trabajo, alrededor de mil euros al mes, lo están consumiendo, aunque siguen alojadas por los propietarios de las fincas onubenses. “Comparto casa y gastos, cien euros al mes, con otras seis jornaleras, 2 marroquíes y 4 rumanas”, explicaba Fátima a eldiario.es.

Cuatro meses después y con la temporada cerrada, solo han regresado a su país, las personas más vulnerables, 167 mujeres, entre enfermas, embarazadas y madres que acaban de dar a luz, y 22 bebés, en dos vuelos humanitarios de repatriación en el mes de junio desde Málaga y Sevilla a Tetuán y Beni Mellal.

Mientras ambos países negociaban una solución, se les extendió la validez de los visados hasta finales de septiembre, pero como turistas, por lo que no podías trabajar regularmente. Solo medio centenar se acogió a la campaña de concatenación y fueron trasladadas a otras fincas de Valladolid para fabricar las plantas de fresas que se exportan a Marruecos. Otras incluso han dejado las fincas para buscar trabajo, de manera que han entrado en situación irregular. Es el caso de L., que ya está en Italia, subió en tren hasta Cataluña donde cogió un barco, con dos gemelas que dio a luz durante la temporada en Huelva.

El desbloqueo llega en un momento crucial porque el 15 de julio Marruecos abre las fronteras aéreas y marítimas parcialmente para marroquíes residentes en el extranjero, los ciudadanos nacionales bloqueados fuera y los extranjeros que residen en el país. Sin embargo, la conexión con España se limita a vuelos entre Tánger, Nador y Casablanca, con los aeropuertos de Madrid, Barcelona, Málaga y Palma de Mallorca. Los pasos fronterizos con Ceuta y Melilla permanecen cerrados, así como los puertos con rutas regulares con la península. Así, Marruecos solo quedará conectado vía marítima con los puertos de Sète en Francia y el de Génova en Italia.

Las negociaciones para su repatriación las han llevado estos meses la embajada de Marruecos en España y la Secretaria de Estado de Migraciones. Sin embargo, fueron varias las propuestas de los empresarios onubenses y la Junta de Andalucía a Marruecos a lo largo de estos meses, como “fletar una docena de barcos desde Algeciras, y en dos días estarían las 7.000 mujeres de vuelta a coste cero, si Marruecos acepta que se hagan los tests en Andalucía”, explicaron entonces a eldiario.es. Sin embargo, las autoridades marroquíes alegaron que hasta que no estuvieran abiertas las fronteras tenían miedo al contagio y que no podían asumir el recibir a tanta gente de un golpe.

El cónsul de Marruecos en Sevilla, Charif Cherkaoui, que visitó a las trabajadores hasta en cuatro ocasiones durante la pandemia, ya había adelantado que si el gobierno marroquí decidía mantener sus fronteras cerradas, entonces habría una segunda tanda de repatriación de ciudadanos bloqueados en el extranjero, incluido el contingente de Huelva.

Cuando una ruta empieza a cerrarse, otra comienza a abrirse. El férreo control de las rutas marítimas migratorias mediterráneas entre Marruecos y España ha empujado la búsqueda de caminos clandestinos a través del Atlántico, ante la falta de vías legales y seguras de entrada a Europa. Más allá del auge de las entradas por las Islas Canarias registrado en los últimos años, Portugal ha empezado a recibir pateras a las costas del Algarve. Las cifras son bajas, pero algunos expertos consideran que apuntan a la posible apertura de una nueva ruta.

En los últimos siete meses, 48 personas alcanzaron el sur del país en patera desde el norte de África. Aunque determinadas autoridades portuguesas advierten de la necesidad de “prestar atención” a un posible cambio de ruta para llegar a Europa, que sustituiría Andalucía por el Algarve de Portugal, otras restan importancia al fenómeno, pues consideran que son entradas “puntuales”.

Este camino migratorio es más largo y más peligroso. Las embarcaciones zarpan de las localidades atlánticas de El Jadida, una ciudad de origen portugués a 108 kilómetros de Casablanca; y más al norte, de Larache y Asilah; y han llegado a distintos puntos en el Algarve, en el sur de Portugal.

El pasado 16 de junio, la Policía Marítima lusa interceptó la última embarcación pequeña de madera con 22 personas cerca de Quarteira (Faro). Los migrantes fueron detenidos y declararon en el tribunal judicial tener nacionalidad marroquí, aunque carecían de documentación. Según informó la televisión portuguesa RTP, los recién llegados no solicitaron protección internacional. En esos casos, el juzgado de instrucción ha abierto procedimientos de expulsión coercitiva por entrada irregular en territorio portugués.

El 7 de junio, siete jóvenes marroquíes de entre 20 y 30 años fueron rescatados por unos pescadores en la Ría Formosa (Faro-Olhao). El pasado 29 de enero, la policía lusa detuvo una embarcación de madera con 11 de personas, todos hombres magrebíes, de 21 a 30 años, que pasaron a disposición del Servicio de Extranjería y Fronteras (SEF).

A finales de 2019, el 11 de diciembre, otras ocho personas de nacionalidad marroquí accedieron a bordo de una patera a la playa de Monte Gordo en el Algarve y fueron detenidas por la policía marítima, según anunció esta institución en un comunicado oficial. En la embarcación viajaban jóvenes de 16 a 20 años que pasaron cinco días a la deriva tras salir de la ciudad de El Jadida.

En total, se han producido cuatro desembarco irregular en el Algarve en siete meses, desde diciembre de 2019, lo que lleva a las autoridades lusas a investigar la existencia de una red organizada que utiliza este camino ante el aumento del control a través de las rutas del Mar Mediterráneo. El Jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, Almirante António Silva Ribeiro, en diciembre del año pasado, dijo que Portugal debe estar “muy atento” a la posibilidad de convertirse en una ruta de entrada para los migrantes: “Tenemos que ser muy conscientes de esta posibilidad porque no es muy diferente ir a España o al Algarve, es solo una cuestión de elección”.

No obstante, el ministro de Administración Interna de Portugal, Eduardo Cabrero, ha recordado recientemente que las llegadas irregulares al país son ínfimas en comparación a las de España. “Al estar hablando de cuatro desembarques desde diciembre de 48 personas, debemos tener una cierta dimensión de lo ridículo al comparar con lo que son 7.500 llegadas a España desde enero, incluso con una reducción significativa de llegadas verificadas este año”, afirmó hace casi un mes.

Algunas de las personas que han intentado atravesar esta ruta han sido rescatadas con síntomas de hipotermia por pasar horas e incluso días en el mar, ya que se trata de un largo camino que recorre entre 400 y 450 kilómetros en pleno Océano Atlántico. Otras, una vez desembarcan en la costa, intentan escapar por los montes y bosques cercanos. Si son detenidos, el SEF los identifica y realiza los trámites correspondientes de expulsión.

“Las llegadas se han intensificado en los últimos cuatros meses”

“La policía marítima portuguesa comenzó a interceptar embarcaciones de madera con migrantes marroquíes en el último trimestre de 2019, pero ”las llegadas se han intensificado en los últimos cuatros meses“, explica Hassan Amari, de la ONG Alarm Phone Maroc.

En estos momentos Olhao, municipio próximo a Faro es uno de los principales puntos de llegada. “Hay que tratar el tema porque esta ruta va a ser demandada y esto conlleva la entrada de mafias consolidadas, y el posible ingreso de estos desplazamientos de objetivos que busquen el salto a territorio español”, sostienen desde la dirección de análisis del Observatorio Internacional de Seguridad, Crimen Organizado y Terrorismo (OISCOT), en declaraciones recogidas por eldiario.es.

“Cada vez que unas rutas son vigiladas, como pasa en Marruecos con las de Alhucemas, Nador y Tánger con destino el sur de España, las redes de tráfico o los propios migrantes buscan otro rincón para salir”, apunta el miembro de Alarm Phone Maroc. La primera llegada de una embarcación de madera en el litoral portugués se registró en 2007, en Olhao (Algarve), con 23 personas a bordo. “En 2008 y 2009 salieron algunas zodiacs de Marruecos, aunque no muchas; pero ahora con el dinero que recibió de la Unión Europea (UE), y sobre todo de España, para controlar la frontera, se reactivan estas rutas”, explica el portavoz de la organización.

Estos jóvenes dejan su país debido a “la falta de trabajo y de expectativas de futuro”, apunta el experto. “Con el Hirak en el Rif la situación es difícil: sin libertad de expresión y sin derechos sociales, económicos ni políticos. Por lo tanto, la gente emigra”, sentencia Amari.

Al control de las fuerzas de seguridad marroquíes de sus fronteras terrestres con Ceuta y Melilla, se suman las detenciones en las salidas por mar desde el norte del país. Además, Marruecos con una política migratoria amparada en la Ley 02-03 expulsa a las personas migrantes irregulares en autobuses al sur del país desde hace año y medio, y ahora durante el confinamiento por la COVID-19 han detenido a migrantes en los montes cercanos a las ciudades autónomas españolas con el objetivo de abandonarlos en la frontera con Argelia.

El Reino alauí también ha improvisado centros de internamiento para retener a las personas migrantes en El Aaiún y Tarfaya, impidiendo las salidas desde esta zona en el sur a Canarias. Prácticas que vienen denunciando desde el mes de marzo la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH) en Nador y Alarm Phone Maroc por vulnerar los derechos humanos.

Marruecos coopera con España y Portugal

Para controlar la parte de la costa atlántica que discurre entre las localidades e El Jadida y el puerto de Safi, la Gendarmería Real marroquí comenzó a instalar un sistema de vigilancia con cámaras en abril de 2019. El objetivo es combatir el tráfico ilícito y los intentos de incursión, pero también controla el terrorismo y la emigración irregular. Según el Gobierno alauí, se trata de un sistema capaz de proteger “completamente” la costa a una gran distancia, incluso varias ciudades.

El máximo representante del control de las fronteras y responsable de la política migratoria marroquí, Khalid Zerouali, explicó el año pasado en una entrevista con eldiario.es que la instalación de cámaras de videovigilancia en las costas marroquíes forma parte de la inversión en dispositivos en el norte. “Vamos adaptando y mejorando los dispositivos para evitar que los asaltantes atacaran a nuestras fuerzas del orden”, reconoció. 

Portugal mantiene contacto con España y Marruecos en relación a temas migratorios. El Gobierno de Marruecos no solo coopera directamente con España, Portugal es otro de los países vecinos con los que mantiene relaciones bilaterales periódicas. El primer ministro marroquí, Saaddine El Otmani, recibió en Rabat en el mes de enero a su homólogo portugués, Augusto Santos Silva, para examinar los medios de fortalecer la cooperación bilateral en materia migratoria y de establecer nuevos mecanismo para regular y alentar la migración organizada y la cooperación el lucha contra el fenómeno de la inmigración clandestina.

Cuando Marruecos cerró en menos de 24 horas el paso fronterizo del Tarajal por la COVID-19, Samia se quedó bloqueada en el país vecino. La mujer nació en Castillejos (Marruecos) hace 82 años, pero con 12 se fue a vivir a España y tiene su residencia en Ceuta. Es diabética, sufre de arritmia y la sangre se le coagula, por eso necesita ponerse una inyección diaria. Hasta entonces, la Seguridad Social le cubría una parte del medicamento, quedándose en los 50 euros, casi la mitad del precio que debía pagar en el país vecino. No es la única a la que le ha ocurrido algo similar. Y las redes de contrabando encontraron en plena pandemia un nuevo nicho de negocio: el tráfico de medicamentos a través de motos de agua, según ha podido confirmar elDiario.es.

Durante los meses de confinamiento, Samia recurrió en ocasiones a su hijo Bader, que reside con su familia en Ceuta, para que le enviase dinero por Western Unión y poder comprar las medicinas. “El dinero no me llega a final de mes”, le decía a su hijo por teléfono. “Le he mandado doce paquetes, aunque lo que es caro son las inyecciones. Cada una cuesta 50 euros en España, pero en Marruecos vale 90 euros la unidad. La Seguridad Social le da la receta para comprar 32 inyecciones al mes. Se las tiene que poner diariamente”, detalla el hijo en una entrevista telefónica con eldiario.es.

Samia no tiene movilidad, así que no consiguió salir en los viajes de repatriación organizados por el ministerio español de Exteriores para los españoles y residentes españoles. Algunos ceutíes y melillenses atrapados en Marruecos han cruzado El Estrecho en ferry desde Tánger Med hasta Málaga para coger otro barco y alcanzar Ceuta o Melilla. Bader ha buscado todo tipo de soluciones para que su madre siga el tratamiento en Marruecos. Incluso le envió los medicamentos en un paquete por correo certificado “que nunca llegó al destino tras dos de mes y medio de espera”. Había oído que estaban pasando productos de un lado al otro de la frontera en las motos de agua, y decidió acercarse al puerto ceutí a preguntar. “Me vi obligado, no me quedaba otra”, confiesa con cierto pudor.

Bader entró en contacto con el primer eslabón de toda una cadena de personas implicadas en el negocio de pasar distintos productos desde la ciudad autónoma a las poblaciones marroquíes próximas a las fronteras cerradas. Lo mismo ocurre en Melilla, donde también se están empleando lanchas motoras con esta finalidad.

Así es como las motos de agua y las embarcaciones náuticas se han convertido en las sustitutas de los porteadores en los pasos fronterizos de Ceuta y Melilla con Marruecos. Un negocio de ida y vuelta desde el principio del confinamiento y el cierre de las fronteras el 13 de marzo por la COVID-19. “Las distancias son muy cortas entre España y Marruecos; primero pasaban drogas, pero pasan lo que más dinero da”, explica a elDiario.es una fuente policial desde Melilla. Los medicamentos han pasado a ser un producto más de contrabando.

“Han visto las medicinas; y me han dicho este paquete vale 100 euros, y se acabo. No he hablado. Pagas según lo que envías. Es mi madre, no me queda otra”, narra Bader. Les entregó un paquete con las 32 inyecciones que la Seguridad Social le receta mensualmente a Samia. “Llevaban una docena de bolsas. Otras familias sacan insulina. Incluso ONG y asociaciones de ayuda a enfermos de cáncer, crónicos, les envían también medicinas vía moto de agua porque no tienen forma de costearse los medicamentos, y no hay ninguna otra fórmula en estos momentos”, detalla Bader.

Los intermediarios tasan el paquete que van a depositar en la otra orilla y cobran en relación a su valor. Desde las ciudades españolas salen fundamentalmente medicamentos, dinero, alcohol y aparatos informáticos; y desde las marroquíes entra el hachís. También personas migrantes, fundamentalmente de origen de África Subsahariana. Este domingo, la Guardia Civil de la Comandancia de Ceuta intervino 96 kilogramos de resina de hachís transportado en una moto acuática que pretendía desembarcar los fardos en la playa del Sarchal. Pero el nuevo vehículo estrella del contrabando en este punto no solo transporta drogas, también bienes de primera necesidad.

Los precios del contrabando se han encarecido con la pandemia y las fronteras cerradas. A una persona que quiera pasar de Benzú a Ceuta -un trayecto de menos de cinco minutos- paga 4.500 euros. El precio del mismo tramo en 2019 no sobrepasaba los 2.000 euros. Durante el confinamiento, se acercaban a los botes de los pescadores marroquíes y les entregaban la mercancía por las noches. A la llegada a los puertos de Castillejos y de Rincón se ponían en contacto por teléfono con el destinatario de la mercancía.

Con las playas abiertas, se pueden arrimar a la costa. El servicio del 112 registró varias quejas, porque penetran hasta la zona de los bañistas sin respetar la normativa. Navegan de tres a seis motos al mismo tiempo, de tal manera que las fuerzas se seguridad no pueden controlar el tráfico. “Cómo vas a parar varias motos a la vez, si incluso se mezclan con las marroquíes. Las delimitaciones entre ambos países son difíciles”, explica una fuente policial.

La Guardia Civil en Ceuta solo ha registrado una detención en relación del contrabando con motos de agua. El ‘modus operandi’ es similar en Melilla, con distintos tipos de embarcaciones que descargan en las playas conocidas por el narcotráfico, Charrana y Cara Blanca. En esa costa, la Gendarmería Real de Nador interceptó hace dos semanas varias bolsas grandes con teléfonos móviles, pantallas de teléfono y cargadores por un valor de alrededor de 450.000 euros en un lancha motora proveniente de la ciudad. No se produjeron detenciones porque se considera una falta, al no tratarse de ningún producto robados ni de sustancias ilegales. Las embarcaciones en propiedad son conducidas por ceutíes y melillenses y están atracadas en los puertos de las ciudades, como el resto de vehículos náuticos, y en garajes. Sin embargo, la titularidad se encuentra registrada a nombre de terceras personas. 

Había salido a tomar el aire frente a su casa y no ha podido volver desde entonces. A mediados de abril, las fuerzas de seguridad marroquíes trasladaron al costamarfileño Kassi a uno de los centros de internamiento creados en Marruecos para encerrar a migrantes sin papeles durante el estado de emergencia, aunque tuviesen un lugar donde cumplir el confinamiento. Mientras el país ha comenzado a rebajar las restricciones de circulación vinculadas a la pandemia, centenares de subsaharianos continúan encerrados en El Aaiún (Sáhara Occidental) tres meses después. La medida, como otras aplicadas en los países de tránsito en la ruta migratoria hacia España, afecta de manera indirecta sobre los flujos migratorios, que se han visto reducidos durante el estado de alarma.

Las restricciones ligadas a la COVID-19 en países clave para la política migratoria española se han convertido en la práctica en un obstáculo más a sortear por quienes intentan llegar a Europa a través de España. Las duras medidas implantadas por Marruecos durante el estado de emergencia sanitaria, con una sobreactuación con respecto a los migrantes sin papeles, han complicado la movilidad desde su territorio. A ello se ha sumado el impacto económico del confinamiento sobre las personas migrantes en el Reino alauí, pero también en Argelia, Túnez y Mauritania, así como en algunos países de origen de África subsahariana. 

Desde mediados de marzo, las llegadas irregulares a España han reducido el ritmo marcado durante los primeros meses del año, a excepción de la ruta canaria, que se ha mantenido estable y ha experimentado un profundo aumento en comparación con las cifras registradas el año anterior en las mismas fechas, según los últimos datos del Ministerio del Interior. 

El 2020 comenzó con cerca de 2.000 entradas clandestinas mensuales al conjunto de España durante los meses de enero y febrero. En marzo, las llegadas irregulares por mar y tierra cayeron a las 933. En abril, fueron 824. En mayo y junio, el flujo migratorio ha empezado a aumentar. Los migrantes que consiguen acceder a España han superado el millar respectivamente. 

No obstante, la ruta canaria ha mantenido el crecimiento registrado desde principios de año, aunque en el mes de junio ha experimentado un ligero descenso en el número de entradas. Según los últimos datos de Interior, los accesos irregulares por las islas han subido un 484% desde el 1 de enero al 30 de junio con respecto al mismo periodo del año anterior. En el resto de España, se ha producido una caída del 35%. 

Estos factores, a los que se suma la tendencia al alza de las llegadas irregulares durante los meses estivales, empujan al Gobierno a prever un posible repunte migratorio hacia las costas españolas en los próximos meses, una vez que los ejecutivos de terceros países, especialmente Marruecos, recuperen cierta “normalidad” y reduzcan aquellas medidas contra la COVID-19 que se ceban especialmente contra la población subsahariana en el país. No obstante, España estima que, cuando llegue el momento, el Ejecutivo pueda reactivar la maquinaria de las deportaciones, paralizada debido al cierre fronterizo de los países socios.

En los países del norte de África desde donde parten las embarcaciones hacia Europa -Marruecos, Argelia y Túnez- las personas migrantes subsaharianas han sufrido profundas consecuencias económicas durante el confinamiento. Han perdido empleos o han tenido dificultades para ganarse la vida día a día de manera informal; han sufrido hambre y han tenido que recurrir a organizaciones de ayuda humanitaria. También han padecido detenciones indiscriminadas acusados de expandir la COVID-19 y deportaciones a las fronteras de otros países.

“Yo no quiero hacer la travesía a Europa, mi idea es quedarme aquí porque tengo trabajo. Pero todos los que estamos en el centro nos hemos quedado atrapados”, denuncia Kassi, quien convive con alrededor de 80 migrantes subsaharianos en el centro de internamiento. “Hoy pusieron las cámaras como si estuviéramos en una prisión”, lamenta el costamarfileño, quien ha vivido durante los últimos seis años en Marruecos y en los territorios ocupados del Sáhara Occidental. Recientemente, invirtió sus ahorros en la apertura de una peluquería en El Aaiún. La ONG Caminando Fronteras pide que las personas que den negativo y hayan cumplido el confinamiento puedan ser liberadas, mientras que los migrantes que han tenido un resultado positivo debido al brote surgido en la zona tengan la posibilidad de seguir la cuarentena “en condiciones dignas”.

Las férreas medidas aplicadas por Marruecos para frenar el avance del coronavirus permanecen para los migrantes subsaharianos en El Aaiún, uno de los puntos de partida en la ruta migratoria hacia las Islas Canarias. Las medidas de seguridad han aumentado en la zona tras la detección de un brote de COVID-19 en una empresa de conservas ubicada en el puerto de la ciudad. Pero los migrantes que llevan meses internados en los centros marroquíes, que no han tenido contacto con estos casos y han dado negativo en las pruebas PCR, reclaman su liberación. 

“Hemos estado aquí atrapados... Desde entonces pedimos ser liberados, pero nada”, reclama el hombre costamarfileño, cuyo nombre real no es publicado por razones de seguridad. “Ninguno de nosotros aquí tiene el coronavirus. Dimos negativo, pero hasta ahora no nos dejan irnos de aquí”, se queja el peluquero, agobiado tras meses sin ingresos por no poder abrir su negocio.

Según su relato, la tensión ha aumentado en los últimos días en el interior del edificio donde se encuentra retenido. Este domingo, varios de sus compañeros resultaron heridos durante un intento de escapar del recinto. El costamarfileño envía vídeos de dos hombres con heridas en sus piernas. “Desde las 6:00 horas están sufriendo. Las autoridades se niegan a enviarlos al hospital. Ya no sabemos quién nos va a ayudar realmente. En los últimos tres meses hemos vivido un calvario”, clama Kassi.

Durante el estado de emergencia sanitaria, las fuerzas de seguridad marroquíes expulsaron a grupos de subsaharianos desde Nador a la frontera con Argelia. “Los marroquíes nos cogen en el bosque, éramos más de 40 personas; nos roban, tenemos que andar mucho, no te dan de comer, estamos cansados”, denunciaba el 6 de abril uno de los expulsados. En varios mensajes relataron que había personas heridas, menores y que les hacen subir montañas. 

En Marruecos, el confinamiento agrupó a decenas de personas de origen subsahariano en casas en las grandes ciudades de Tánger, Rabat y Casablanca. Desde Rabat, algunos migrantes recurrieron a las iglesias porque las sedes de las organizaciones que normalmente les prestaban ayuda estaban cerradas, como Cáritas, aunque continuasen prestando apoyo a sus beneficiarios. “La gran mayoría de los inmigrantes no tienen un trabajo formal y viven de la economía sumergida, así que cuando se decretó el confinamiento sus ingresos económicos son muy pocos o casi nulos. Esto les está llevando a tener dificultades para pagar el alquiler e incluso comer”, explica Inma Gala, delegada diocesana de migraciones en Tánger, en una entrevista con eldiario.es.

Atenderlos ha sido especialmente complicado porque “muchas de estas viviendas donde se hacinan durante el confinamiento no tienen agua corriente o tienen que compartir aseos con otros vecinos. Esto es una dificultad para la higiene”. Algunos conseguían algo de comida porque sus vecinos la compartieron con ellos. Se crearon también redes de solidaridad, y parte de los migrantes acogieron a otros compañeros en sus casas para que no estuvieran en la calle. 

Una parte destacada de las pateras que han llegado a España durante los últimos meses proceden de Argelia y en ellas viajan principalmente sus nacionales, sostiene la activista Helena Maleno. “Las pateras de Argelia no han dejado de salir en todo el tiempo del confinamiento, el control es menor”, sostiene la investigadora y fundadora del colectivo Caminando Fronteras. En el país norteafricano, los migrantes subsaharianos también se han encontrado confinados, sin trabajo y sin recursos. La organización Médicos del Mundo en Argel ha distribuido durante este tiempo alimentos entre algunas de los personas “que viven en las construcciones donde trabajan”, apuntan desde la ONG. Durante el encierro, el Gobierno argelino detuvo las expulsiones a las frontera con los países del Sahel, que giran en torno a las 500 devoluciones mensuales.

Túnez tomó medidas a favor de las personas migrantes

Por su parte, el gobierno tunecino ha tomado una serie de medidas a favor de los extranjeros que viven en el país, especialmente los africanos subsaharianos. Los permisos de residencia válidos hasta el 1 de marzo se extendieron hasta el final de la crisis sanitaria y las personas indocumentadas pudieron moverse sin temor a ser detenidas, desde que comenzó el confinamiento el 22 de marzo.

“Debemos respetar los derechos y la dignidad de todas las personas sin discriminación alguna. Este virus afecta a la humanidad, y los tunecinos y los extranjeros tienen los mismos derechos para ser tratados y vivir con dignidad”, dijo a los medios nacionales la ministra de Derechos Humanos Ayachi Hammami. Sin embargo, el 53% de los migrantes han perdido su trabajo durante el confinamiento y las ONG han denunciado los centros de internamiento. La solidaridad volvió a cubrir las necesidades vitales. Las ciudades de Soussa y Monastir crearon un circuito de distribución de donación de alimentos para miles de personas sin ingresos y que pasan hambre, con la contribución también de las tiendas de comestibles. 

Desde el centro de internamiento donde Kassi está recluido en Marruecos, envían imágenes de letrinas sucias y colchones en el suelo. En sus tres meses de encierro, se pregunta una y otra vez por qué continúa en ese lugar, si ha dado negativo en el test de coronavirus, si trabaja en su propia peluquería y no tiene previsto migrar a Europa. Mira a su alrededor y ve que todos sus compañeros son migrantes subsaharianos. Se siente en una cárcel. Y llega a una conclusión: “Creo que Marruecos nos mantiene encerrados a los negros para chantajear a Europa y España, para cumplir con sus intereses”.

Los casos positivos de la COVID-19 se han multiplicado en las últimas semanas en el norte de Marruecos debido a la aparición de brotes en las empresas de recolección y envasado de fresas, en las regiones de Kenitra y Larache. El foco principal se ha detectado en dos compañías españolas, Frigodar y Natberry Maroc, que han superado el millar de contagios. Desde el inicio de la pandemia, varios sindicatos de trabajadores y organizaciones nacionales de derechos humanos llamaron la atención para que se garantizaran los protocolos de seguridad en las plantas agrícolas e industriales. Tres meses más tarde se cumplen sus malos presagios.

El ministerio del Interior ordenó cerrar las empresas y aislar aldeas enteras. Además, el gobierno ha instalado un hospital de campaña con capacidad para 700 enfermos en la zona más afectada, la localidad de Lalla Mimouna (Kenitra), a pesar de que la mayoría de los casos son asintomáticos. El fiscal general ha ordenado una investigación para esclarecer las causas de estos focos de contagio después de que sindicatos y asociaciones de derechos humanos señalaran como uno de los motivos las condiciones de precariedad laboral y la falta de seguimiento por parte de las autoridades.

La Federación de la Liga de los Derechos de las Mujeres (FLDF, en sus siglas en francés), que lleva documentando una década las condiciones precarias de las trabajadoras del sector, envió a las empresas una serie de instrucciones para que se respetasen las condiciones de trabajo de las jornaleras. Entre ellas, se encuentra la “gestión y organización de turnos de trabajo, la reducción del número de trabajadoras para protegerlas, la separación reglamentaria, los procedimientos de limpieza y esterilización de los medios de transporte, y el control más estricto de las carreteras”.

Desde esta asociación denuncian también la falta de inspectores de trabajo en el control de la garantía de los derechos de las trabajadoras en el contexto de la propagación de la epidemia. “Nos obligan a respetar el confinamiento pero a las grandes empresas no las controlan. Necesitamos comprender cómo han llegado a esta situación”, afirma Samira Muheya, vicepresidenta de FLDF.

Empresarios hablan de “retraso en las pruebas de PCR”

Ante las múltiples críticas y acusaciones, la Federación Interprofesional Marroquí de Frutos Rojos defendió esta semana en un comunicado haber implementado “todas las medidas de protección y prevención” desde el anuncio de la pandemia. En ellas, destacan la “distancia de seguridad y separación social, instalación de barreras protectoras entre trabajadores, esterilización del transporte disponible al 50% de su capacidad y distribución de más de 700.000 mascarillas”.

Esta agrupación empresarial señaló como responsable del contagio a la población y al retraso del Gobierno marroquí en la realización de pruebas PCR: “A pesar de todos estos esfuerzos, el comportamiento de las personas y los grupos fuera del horario laboral sigue siendo incontrolable”. 

Al respecto de los test, la indignación de las trabajadoras circula en un vídeo que grabaron cuando se confirmó el primer caso en la empresa Natberry, a principios del mes de junio. Preocupadas por sus familias, pedían a las autoridades que les realizaran urgentemente los test de la COVID-19 porque el primer contagiado fue un conductor que les entregaba las cajas y los productos, y tenía relación con mucha gente.

“¿Cómo les iban a hacer el test, si esconden a las trabajadoras porque no las tienen contratadas? El empresario no las declara por eso no les permitió que se les hiciera los análisis, por no tenerlas contratadas”, se pregunta Samira Muheya.

“Son mucho más graves las condiciones diarias que año tras año sufren estas mujeres que haber sido contagiadas por la Covid-19, porque son asintomáticas y no van a ser hospitalizadas. Estas mujeres pasan ocho horas metidas en una furgoneta para llegar a trabajar y luego volver a tu casa”, mantiene una fuente española implicada en el sector que prefiere guardar el anonimato. 

“Tenemos que mejorar el transporte”

El día posterior a que Marruecos cerrase sus fronteras por la COVID-19, eldiario.es visitó una empresa de recogida de fresas con capital español en Larache en la que no se ha registrado ningún contagio.

En aquel momento no se habían tomado medidas especiales. Todo funcionaba como siempre. El 14 de marzo recogían fresas 311 mujeres y algunos hombres del total de 400 empleados. Con el confinamiento decretado seis días después, se redujo el número de empleados, por lo que, durante la pandemia coincidieron 180 trabajadoras como máximo, diez recolectoras por túnel. También diez por furgoneta, transporte que tuvieron que cuadriplicar.

Sin embargo, tras detectarse los contagios en otras compañías españolas del sector, el empresario hispano marroquí de esta finca de capital español reconoce, en una entrevista telefónica con eldiario.es, la necesidad de “mejorar” los transportes. “Si los mercados europeos no fueran tan egoístas y nos pagaran un poco más podríamos nosotros pagar también más. Esto es la pescadilla que se muerde la cola. Estamos diciendo que pagamos poco pero llevamos nueve años sin ganar dinero, todo lo que entra se invierte”, apunta. En Marruecos todavía se recuerda la muerte de nueve trabajadoras agrícolas en un accidente de tráfico en Moulay Bouselham (Kenitra).

Khadija (nombre ficticio) viaja tres horas al día en el transporte para ir y volver de su aldea a la finca de fresas en la que trabaja desde hace dos años y medio. “Nos llevan en una furgoneta, y somos entre 25 y 40 personas, depende de los días, porque hay mujeres que se toman días de descanso, no pueden seguir el ritmo del trabajo”, detalla Khadija.

Explica que desayunan en la finca antes de empezar la faena, y al mediodía paran para comer en media hora. Traen su propia comida y se sientan en unas mesas largas de madera. Por eso, para evitar el acercamiento, algunas empresas suspendieron la comida en el trabajo, redujeron el horario laboral y marcaron jornadas intensivas, primando la sanidad de las trabajadoras a los réditos.

Estas mujeres ganan poco menos de siete euros por día. “Si estamos cansadas o enfermas tenemos que marcharnos a nuestras casas y no nos pagan”, sostiene Khadija. Suelen, por tanto, “aguantar” aunque no se encuentren bien: “Tengo un hijo que estudia y necesita cada día dos euros para su transporte, además hay que pagar las facturas de electricidad y agua. Siempre trabajo excepto el domingo o días de enfermedad”.

Estas condiciones son las que denuncia la FMLM desde hace una década. “Privan a esta población de todos los derechos: salud, bienestar social, escolarización y participación política. Además, las trabajadoras en el sector de la fresa no tienen derecho a la CNSS (como la Seguridad Social española) y no cobran ni el salario mínimo que dicta el código laboral”, afirma Muheya.

Cuando se detectó este brote de contagios, la organización envió una solicitud por escrito a los parlamentarios “para que presionen al Gobierno sobre las condiciones de trabajo de las mujeres y que cambien no solo ahora con la COVID-19, si no para que aceleren la promulgación de la ley de la sanidad y la seguridad en el trabajo en los sectores público y privado, y desarrollen una política nacional en este sector”.

Las autoridades marroquíes están deteniendo de forma masiva e indiscriminada a personas de origen subsahariano en El Aaiún, capital del Sáhara Occidental, a los que encierran en centros de internamiento para someterles a test de COVID-19. “No hay agua. Les pedimos que nos traigan bidones al menos para lavarnos, porque en el baño no hay agua. No comemos. Nos dan un pan y hay que esperar hasta la noche para comer otro pan”, explica un migrante de origen subsahariano encerrado este viernes, después de que la policía irrumpiese en su casa.

Los agentes desconocen si las personas a las que detienen han estado en contacto con un positivo o si presentan síntomas, sino que han convertido a todo migrante subsahariano en sospechoso de estar contagiado. Aunque las fuerzas de seguridad marroquíes encerraban desde el inicio de la pandemia en centros de internamiento a personas migrantes que se encontraban en la calle con el objetivo de que estos cumpliesen el confinamiento, ahora han dado un paso más.

Desde la semana pasada, los agentes detienen y encierran a personas de África subsahariana con el objetivo de someterles a pruebas PCR, tras la detección de 25 contagios entre los 68 ocupantes de dos pateras que partieron de El Aaiún con destino Fuerteventura la semana pasada -todos ellos fueron identificados en la isla y se encuentran siguiendo su cuarentena-. Una tercera embarcación fue rescatada en la costa de Tarfaya, a 85 kilómetros de El Aaiún, y 37 personas dieron positivo en el test de coronavirus.

Algunos de los contagiados trabajaban en un empresa de conservas en el puerto de El Aaiún, conocido como 'La Playa', donde se ha localizado un brote. A pesar de que en los últimos días se detectaron 168 casos de la COVID-19, solo 24 son personas de origen subsahariano.

Los encierros han despertado protestas en algunos de estos centros. “Ayudadme, voy a morir. Los militares nos tienen encerrados aquí, nos obligan a tomar comprimidos, dicen que es para el corona. Yo no tengo corona, me están forzando a morir, ayudadme”, denuncia en un vídeo una mujer encerrada con sus hijos desde hace dos semanas.

Marruecos ha pasado a hacer redadas en las casas donde suelen vivir los migrantes. En varios vídeos enviados a las organizaciones y compartidos en las redes sociales se puede ver cómo los sacan de sus casas y los meten en furgonetas sin atender a las medidas de distanciamiento social necesarias para evitar el contagio. Tampoco tienen en cuenta si han guardado la cuarentena.

“Estaba en casa durmiendo y vinieron por la noche a cogerme. Cuando salí, me dijeron que subiera para poder hacerme el test de coronavirus y que podría volver pasado mañana. Desde que llegamos no comemos nada más que pan. Encima de eso estamos cerrados aquí y no tenemos el derecho de salir a comprar lo que queramos. No podemos lavarnos, y llevamos con la misma ropa desde hace cinco días”, relata con un hilo débil de voz un migrante desde Tarfaya.

El Gobierno marroquí ha creado dos centros de internamiento en una escuela y otro local desde que comenzó la pandemia. “El dolor de los migrantes subsaharianos continúa en El Aaiún en lugares de encierro ilegales donde viven condiciones muy difíciles”, denuncia Omar Naji, presidente de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH) en Nador. Además, advierte que el mismo procedimiento se extiende a otras localidades del país; en Rabat desde hace dos días están haciendo redadas en las casas.

Aunque el número de detenidos cambia cada día, el colegio Dsira de El Aaiún mantenía retenidas este jueves a 55 personas. A las puertas de este centro se agolparon otros migrantes en una protesta que terminó en enfrentamientos con la intervención de agentes antidisturbios. Al menos “un senegalés resultó herido”, según explica otro de los detenidos.

Discurso xenófobo

“Cuando hay un grupo racializado que hace algo, la culpa se extiende a todo el grupo. Si un migrante africano negro tiene coronavirus, entonces van a hacer redadas en todos los barrios de migrantes y confinarlos. Pero si un europeo blanco tiene coronavirus, no van a hacer lo mismo con todos los europeos. Treinta migrantes que llegaron a España tienen coronavirus, pero ¿cuántos casos había en España antes? ¿Y por eso empiezan a violar los derechos humanos de gente que se encuentra en una situación precaria?”, denuncia a eldiario.es Cynthia Magallanes-González, estudiante de doctorado en la universidad de Michigan, que ha trabajado en Marruecos en los últimos cuatro años investigando los flujos migratorios.

“Los contagios están llevando a la discriminación y al racismo con la población migrante subsahariana a la que se refieren como africanos. Incluso hubo una pelea en el empresa de conservas de pescado entre marroquíes y subsaharianos acusando a estos últimos de traer la COVID-19”, explica a eldiario.es Ahmed Brahim de 'Equipe Media'.

El miedo y el discurso racista que empieza a extenderse en la región queda reflejado en un mensaje de un conductor de Tarfaya, que al encontrarse en la carretera a un grupo de personas migrantes subsaharianas a pie, alerta del peligro de contagio y hace un llamamiento para que se difundan sus palabras y lleguen a las autoridades locales: “Están viniendo a pie de Guelmim a Tan-Tan, y son ellos los culpables de los casos que hubo en El Aaiún. Que dios nos proteja, si alguno de ellos consigue llegar a Tantan vamos a contagiarnos todos del virus. Por favor compartid este audio”.

Khadija Alanti lucha para que “se haga justicia” con su hijo, Ilias Tahiri, el joven fallecido el 1 de julio de 2019 en el centro para menores infractores Tierras de Oria en Almería, después de que varios agentes de seguridad privada lo inmovilizasen con una práctica de sujeción mecánica. El caso se investigó y se archivó el pasado mes de enero como “muerte violenta accidental”, pero la madre recurrió el auto judicial. “Veo injusta la resolución, no pensaba que podía pasar esto en un país democrático. Siento impotencia e inseguridad”, sentencia en un entrevista con eldiario.es.

Recuerda con coraje pero entre lágrimas, el “racismo” que Ilias sufrió en el colegio, el paso por tres centros de menores, cómo ella se enfrentó a su muerte y a las duras imágenes del vídeo que retratan los últimos momentos de su vida, el entierro en Marruecos y la lucha que emprendió la familia: “Mi hijo no murió, lo asesinaron”.

Ilias, el pequeño de cinco hermanos, se reunió con su madre en Pueblo Nuevo de Guadiaro (Cádiz), un año después de que Khadija se instalase en España. Mientras se tramitaba la reagrupación familiar, vivió con sus tíos y abuelos en Tetuán (Marruecos).

Al instalarse en España, Alanti quiso que su hijo continuara estudiando la ESO, pero en el colegio se encontró con los primeros problemas. “Tuvo dificultades, se metían con él porque era marroquí y no entendía el español. Me decía que le trataban mal y no quería ir al colegio”, confiesa.

Aunque acudió al centro para informar al director, “al día siguiente Ilias tuvo una pelea con uno de los compañeros que lo estaba acosando; y lo denunciaron porque los padres de los otros niños lo veían como una amenaza, sin conocerlo”. En ese juicio, quedó en libertad, sin embargo “la jueza me dijo que eso no pasa aquí -en España-, que no hay diferencia entre un español y un marroquí”.

Solo habían pasado tres meses de su llegada a Andalucía, cuando “se quedó en casa y dejó de estudiar”, recuerda la madre. En el barrio se juntó con un grupo de críos que “un día entraron en una casa, cogieron cosas, e Ilias estaba afuera cuando llegó la policía”. Lo detuvieron y, con los antecedentes por la pelea en el colegio, lo condenaron a “7.000 euros y algo más de un año de prisión”.

“Tenía algo importante que contarme”

Tenía 17 años, así que ingresó en un centro de menores de Algeciras con libertad para pasar los fines de semana en la casa familiar. Por problemas con la psicóloga, se le trasladó a otro centro de Córdoba en régimen cerrado con visitas, y de ahí, un poco más lejos de la familia, a un tercero en Almería, donde se necesita autorización previa para realizar visitas.

Khadija solo escuchaba la voz de su hijo una vez a la semana, a veces en español aunque ella no habla más que el dialecto marroquí: “Le obligaban a hablar castellano para entender lo que me decía”. Le contaba que, para llamarla, “tenía que pagar cinco euros que conseguía haciendo trabajos en el centro”. Según asegura su madre, el joven le insistía en que lo visitara: “Tenía algo importante que contarme”.

“Estaba asustado, decía que le castigaban sin razones”, critica la mujer. “Me contaba que en el mes de Ramadán lo ponían a correr mucho bajo el sol a pesar de que ayunaba” y cuando el chico protestaba le decían que “para ellos era lo mismo si estaba o no haciendo el Ramadán”.

Por eso, “Ilias llegó a escribir una carta a la jueza del caso”, detalla Khadija. La magistrada le contestó que “no se podía inmiscuir en la política del centro, que para eso estaba el director”.

El primer permiso para visitar a su hijo llegó dos semanas antes de que falleciera, pero “me lo anularon, me dijeron que había un problema”. Después de la tragedia, conoció a otros menores y descubrió que “ese día habían castigado a Ilias en el sótano. Ahora sé que se trataba de una habitación de aislamiento”.

Finalmente, consiguió pasar dos horas junto a su hijo la víspera de su muerte. “Estábamos solos, pero en la habitación había un espejo de esos que tú no ves nada, pero que sientes que al otro lado te están observando”. A la llegada “me sorprendió el tamaño de su cuerpo, había engordado mucho en dos meses. Al preguntarle, me dijo que le daban tres pastillas al día aunque no sabía para qué. Después en la analítica de la autopsia salió que tomaba esos medicamentos”.

En ese momento, Ilias le confesó que “el primer día que ingresó le habían aplicado el Protocolo de Contención Mecánica entre cuatro personas. Le dijeron que venía muy calentito de otros centros, y que le iban a bajar los humos”.

“Le dolían las piernas al estar atado a la cama. Le dejaron solo y empezó a gritar, a pedir ayuda. Entonces vino una enfermera, le pinchó con una aguja la planta de los pies, y al comprobar que no sentía nada, ordenó que lo soltarán”, describe la madre del adolescente.

En ese momento, “Ilias ya sentía miedo, hacía lo que le decían, comía lo que le daban, incluso carne de cerdo; ya no tenía fuerzas para protestar. Incluso, lo amenazaron con meterlo en la cárcel y enviarlo a Marruecos”, lamenta su madre.

“Él lo prefería, había pedido el traslado a prisión al cumplir los 18 años porque en el centro los trataban como animales de montaña”, mantiene Khadija.

“Me había contado la verdad y se lo quitaron del medio”

No habían pasado 24 horas de esa visita, cuando Khadija recibió una llamada: “Tu hijo está muerto, ha sufrido un infarto”. Confiesa que “tiré el teléfono y me entró un ataque de histeria. Mi hijo mayor empezó a darse cabezazos contra la pared. Vivimos un momento catastrófico en casa. No podía reaccionar, no supe qué hacer, no pude coger el teléfono para hablar con la familia… Sentí que Ilias me había contado la verdad y que al día siguiente se lo quitaron del medio”

La misma mañana de la tragedia, Ilias había hablado con su tía que vive en París. “Le pidió que lo visitara estas vacaciones. Le contó que iba a pintar una pared, y no se le veía desanimado como para pensar que quería suicidarse”. La madre además insiste que su hijo no padecía ninguna enfermedad, “estaba sano”.

En este momento de la entrevista con eldiario.es, Khadija le pide a su hijo Abdel Mounir que nos enseñe una fotografía: “Muéstrale cómo nos entregaron a mi niño”. Se ve a un chico muy joven envuelto en una alfombra con heridas en la cabeza y con claros edemas en el rostro, sobre todo en los ojos y alrededor de la boca. “No tenía nada de eso el día antes”, solloza.

La lucha por recuperar el cuerpo de Ilias duró tres días. En principio, ofrecieron transporte y alojamiento a los familiares en Almería, pero les advirtieron que no podrían verlo. Así que decidieron no viajar y esperar en casa hasta que el centro de menores trasladó al difunto al tanatorio que habían contratado en Palmones.

Al día siguiente cruzaron la frontera para enterrarlo en Marruecos. Allí mismo, le explicaron a la policía “la injusticia que había sufrido en España y como Ilias no había muerto de forma natural como decían”, pero no consiguieron el apoyo de las autoridades marroquíes. “Alegaron que teníamos una causa en España y por lo tanto hasta que no se terminará no podía iniciarse ningún procedimiento en Marruecos”, puntualiza.

“El vídeo habla por sí solo. No es un accidente”

Familiares, vecinos y amigos visitaron la casa en Tetuán antes del entierro, como es costumbre en la tradición musulmana. Se recuerda abriendo una pequeña ventana en el ataúd para mostrar su cuerpo: “La cara estaba negra. Después me explicaron que eso ocurre cuando la persona muere por asfixia. Supe que me habían mentido”.

Ahí comenzó la lucha de Khadija “para que se supiera la verdad y se hiciera justicia”, a pesar de que hasta que los medios publicaron el vídeo de la muerte de su hijo “solo nos habían ayudado las asociaciones de España y los periodistas”.

Casi un año después del suceso, Khadija se siente más acompañada y ha conseguido ver el vídeo completo, “que habla por sí solo. No es un accidente, es un asesinato, y sospecho que entra a la habitación muerto porque no se mueve”. Esas duras imágenes de varias personas encima del cuerpo del joven llevaron al cónsul de Almería, Khaled Bouziane, a visitar a la familia; y que la propia embajadora de Marruecos en España, Karima Benyaich, recibiera a Khadija el viernes “para escuchar la verdad de lo qué pasó con mi hijo, esta historia que te estoy contando”.

-Khadija, ¿qué espera de la reapertura del caso?

-Justicia, que cada uno de los implicados tenga lo que se merece. Y que se intervenga para parar estas prácticas y abusos en los centros de menores, porque son niños. Con el apoyo, justicia se va a hacer, pero a mi hijo no me lo van a devolver.