Marruecos dará la residencia a cerca de 16.000 inmigrantes, el 60% de los que lo pidieron

En aquel mensaje de K. de la mañana del 31 de diciembre el miedo salió a colgar los signos de interrogación: “¿Sabes qué va a pasar con nosotros ahora? Se habla de deportación y quiero saber si es verdad”. Era el último día del proceso de regularización de extranjeros que Marruecos puso en marcha el 2 de enero de 2014; el último día para presentar solicitudes para obtener la tarjeta de residencia. La percepción de que en 2015 el gobierno marroquí va a expulsar a todo inmigrante subsahariano que circule sin papeles lleva meses flotando en el ambiente. Ahora esa percepción es un aliento en el cogote. Ya ha terminado el proceso de regularización, ha pasado la temida fecha límite y en los barrios de Rabat y de Tánger, en los montes de Ben Younech y en el Gurugú no se habla de otra cosa.

K., marfileño, entregó su expediente para obtener la residencia dentro del plazo: rellenó el formulario, dio una copia de su pasaporte y dos fotos y tiene el recibo que lo acredita, pero no confía en que le den la carte de séjour porque no lleva cinco años en Marruecos, ni tiene un contrato de trabajo por dos años, no está casado con una marroquí o con una extranjera en situación regular, ni tiene una enfermedad crónica. En realidad, K. no quiere quedarse en Marruecos pero pensó que tener un papel marroquí era mejor que no tener nada y, de la misma manera que uno se tapa la cabeza con la sábana como si fuera un escudo protector para espantar a los fantasmas, K. se tapa la incertidumbre con el papelito que le han dado en el bureau des étrangers. Además, “era gratis”.

En enero del año pasado la administración marroquí instaló por todo el país 83 bureaux des étrangers –oficinas de extranjería- destinadas a recoger las solicitudes de regularización de los extranjeros en situación irregular, entre 25.000 y 40.000 personas, según cifras del gobierno marroquí, la mayor parte subsaharianos. Se ponía así la primera piedra de la nueva política migratoria del reino alauí recomendada por el rey Mohamed VI a través del Consejo Nacional de Derechos Humanos, un órgano de carácter consultivo nombrado por el monarca.

La decisión de poner en marcha esta nueva estrategia llegó después de numerosos informes de organizaciones internacionales y marroquíes repletos de denuncias de violencia y violaciones de los derechos humanos de los inmigrantes en suelo marroquí.

Es hora de hacer balance, una vez finalizada la primera etapa de esta nueva política de regularización, en la que las autoridades marroquíes no se han cansado de destacar su perspectiva humanitaria y el carácter de Marruecos como país de acogida y no ya sólo de tránsito. Las cifras de regularizados, que se presentarán en rueda de prensa la semana que viene y a las que ha tenido acceso eldiario.es, ascienden a más de 16.000 personas, de 27.000 solicitudes depositadas. De ellas, en torno al 80% —12.800— proceden de países de África subsahariana y 9.500 son mujeres. Las comunidades más numerosas son senegaleses, nigerianos, sirios y filipinos. “No es suficiente”- señala Hicham Rachidi, miembro de la asociación GADEM de apoyo y acompañamiento a la inmigración. “Queremos que todo el mundo sea regularizado”.

¿Aumento de las deportaciones en Marruecos?

La pregunta de K. y la que se hacen también estos días las organizaciones internacionales instaladas en Marruecos, sigue en el aire. ¿Qué pasa con los 11.000 que no han obtenido su tarjeta de residencia? “Se habla de una ampliación del proceso- apunta un funcionario europeo- pero no sabemos más”. Rachidi se atreve con otra respuesta: “Creemos que una vez que termine la moratoria de dos meses para resolver los dosieres pendientes, vamos a ver un recrudecimiento de las redadas y las expulsiones. Estaremos vigilantes para observar que se respetan la ley y los derechos humanos de los inmigrantes subsaharianos ”, asegura a eldiario.es.

Pese a la nueva política marroquí, una cosa es lo que ocurre en las oficinas de extranjería y otra muy distinta, lo que pasa en las fronteras de Ceuta y Melilla, junto a las vallas, donde los inmigrantes denuncian el empleo sistemático de la violencia por parte de las fuerzas auxiliares marroquíes en cada intento de salto, denuncias corroboradas por el exceso de trabajo del personal de hospitales como el Hassani, de Nador, junto a Melilla, o el Hassan II, de Fnideq, junto a Ceuta, cada vez que un grupo de inmigrantes se aproxima a la frontera. En un salto de centenares de personas, lo normal es que pasen por el hospital más de 20.

En 2014, según reveló la semana pasada el viceministro de Interior Charki Drais, Marruecos frustró 80 saltos en las vallas de Ceuta y Melilla, practicó 37.000 detenciones de inmigrantes irregulares. De ellas, 20.000 se realizaron en el momento de intentar saltar las alambradas, aunque habitualmente, los inmigrantes pasan por comisaría y después son puestos en libertad, en muchas ocasiones, abandonados en la carretera de Rabat o Fes, lejos de la frontera.

Se temen más redadas y represión y se teme también la deportación, y hay motivos: en septiembre pasado, Marruecos deportó a una veintena de inmigrantes subsaharianos a sus países de origen en distintos vuelos desde Casablanca. Ocurrió después de un fin de semana de enfrentamientos entre marroquíes y subsaharianos en el barrio tangerino de Boukhalef, en los que un joven senegalés murió degollado. La policía trasladó a 18 personas de Tánger a Casablanca a pesar de que el juez les había puesto en libertad condicional. Marruecos no informó ni a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ni al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

En marzo se conocerán las cifras definitivas y a partir de entonces, el gobierno marroquí tiene la intención de poner en marcha la segunda fase: la de la integración. Los inmigrantes regularizados tienen acceso a los servicios sanitarios en igualdad de condiciones que los marroquíes, pero en esta segunda etapa, el ambicioso plan, para el que Marruecos pide financiación a la Unión Europea, contempla cursos de formación profesional, programas deportivos para los jóvenes, acceso al empleo, la regularización de todas las mujeres y los niños, el acceso a la educación y concienciar a la sociedad marroquí para que perciba la inmigración como un enriquecimiento y no como una amenaza.

Entretanto, como no se cansan de repetir expertos y trabajadores en asuntos migratorios, seguirán llegando inmigrantes a Marruecos con la intención de seguir su camino hacia Europa, porque aunque el reino magrebí esté cambiando de país de paso a país de acogida, el sueño de miles de jóvenes africanos no es marroquí, sino europeo. Marruecos, para los que han probado botes, vallas y barrios-guetto y porras de las fuerzas auxiliares, está muy lejos de ser un destino soñado y para dar respuesta a este reto, las soluciones siguen siendo todavía tan minúsculas como el papelito que K. guarda en su bolsillo.