Carles Puigdemont lleva fuera de España desde el 30 de octubre de 2017. Llegó a Bruselas tras la fallida declaración de independencia y, después de nueve años de vericuetos judiciales en los que ha jugado al gato y al ratón con la justicia española, ha ganado.

Si lo ha conseguido es gracias a una ley, la de amnistía, que fue moneda de cambio para la investidura de Pedro Sánchez. Las urnas le dieron el 23 de julio de 2023 la llave para que el presidente del Gobierno permaneciera en La Moncloa. Sánchez pasó de reclamar el cumplimiento “íntegro” de la sentencia del Supremo y presumir de que traería de vuelta a Puigdemont de la mano de la Fiscalía a votar la ley de amnistía. “Hacer de la necesidad virtud”, en palabras suyas. Ya antes había dado el paso con los indultos, en ese caso para contentar a ERC.

Por tacticismo o por convicción, el PSOE optó por buscar el apaciguamiento en Catalunya, una estrategia que funcionó pese a que, según las encuestas, no todos sus votantes comprendieron. Salvador Illa rematará pronto el plan con una foto: la de su reunión con Puigdemont en el Palau de la Generalitat cuando el líder de Junts vuelva a Catalunya

La amnistía ha sido también el instrumento para doblegar a unos jueces a los que pudo más su pulsión represora y, en más de un caso, autoritaria. Lo ha logrado por medio de la ley y de un tribunal, el de Justicia de la Unión Europea, que avaló el texto y desmontó las tesis del Supremo. Dos años y cuatro meses después de su aprobación, Puigdemont y otros líderes del procés han conseguido que se les aplique.

El expresident ha cometido muchos errores, y el que pagó más caro fue no convocar elecciones en octubre de 2017. Era su intención inicial y la acabó descartando por las presiones de ERC y la falta de garantías del Gobierno de Rajoy respecto a la aplicación del 155. El resto es conocido, aunque para Puigdemont aquel momento fue decisivo, vital y políticamente. Habrá gente que lo haya olvidado, pero él no, porque optó por una vía mucho más sombría de lo que sus adversarios y algunos medios han intentado trasladar. No estaba en la cárcel, cierto. Pero tampoco ha sido libre durante todos estos años.

Desde un principio quiso aprovechar su tirón mediático para “internacionalizar el conflicto”, aunque pronto descubrió que no sería nada fácil. Ni cuando fue eurodiputado ni después, el independentismo ha obtenido fuera los apoyos que anhelaba.

Durante estos años, el expresident ha recibido a mucha gente en Waterloo para mantener el pulso y estar al día de lo que pasaba en Catalunya, pero la distancia se ha impuesto. Comprobó también que las victorias judiciales que, incontestablemente, ha obtenido frente al juez Llarena durante todo este tiempo no se traducían en éxitos políticos.

La denominada “lucha del exilio” sirvió para que los tribunales extranjeros constataran los excesos de la alta magistratura española, pero poco más. Mientras tanto, la vida en Catalunya seguía y las preocupaciones de sus ciudadanos viraban del procés hacia las dificultades materiales, empezando por el aumento del coste de la vida y de los alquileres.

Eso explica también que Junts tumbase los decretos de vivienda. El partido ha logrado reconciliarse con sectores económicos influyentes, incluidos algunos de los que fueron más críticos con el procés y que ahora lo han recuperado como interlocutor para presionar en el Congreso de los Diputados. El ejemplo más evidente es la patronal Foment.

La legislatura empezó con la amnistía y acaba con ella. Alberto Núñez Feijóo escribió este martes en X que la amnistía es “otra mentira de Sánchez”. Lo que no dijo es que al PP ya le va bien que el futuro del expresident se haya resuelto. “Como la mayoría de los catalanes, nosotros también queremos pasar página”, proclamó el pasado junio durante su discurso en el congreso del PP catalán. Precisamente esa expresión, “pasar página”, fue la que más repitió Illa durante la campaña de las autonómicas.

En su entrevista en The Sunday Times, Puigdemont anunció que su intención es hacer una gira por Catalunya para percibir cómo está “la realidad” del país. En su provincia, Girona, podrá constatar cómo el avance de Aliança Catalana parece imparable. No solo allí, pero especialmente allí y en Lleida. Se encontrará con fans, claro, pero también con antiguos votantes que ahora se han entregado a Sílvia Orriols y que lo consideran un “traidor”. Y con otros que van a votar a la extrema derecha por sus propuestas racistas y que, por más que Junts endurezca su discurso sobre inmigración, lo que quieren es un candidato netamente xenófobo.

Puigdemont se encontrará una Catalunya que ya no es la de 2017.

Mariana Callejas (Monte Patria, 1932-Las Condes, 2016) fue escritora, anfitriona de talleres literarios, una mujer que se casó tres veces y tuvo cinco hijos. Pero fue también, y quizá sobre todo, una agente pinochetista que, como integrante de la temida Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), viajó por medio mundo persiguiendo a opositores de la dictadura.

En su casa se celebraban veladas literarias mientras, en otras dependencias, se preparaban atentados. En aquella mansión, a la que llamaban Lo Curro y que estaba situado a las afueras de Santiago de Chile, convivían la poesía y el terror. Hubo invitados que lo detectaron, pero otros, prefirieron no ver.

Esa vida, la de Mariana Callejas, es la que reconstruye el periodista Juan Cristóbal Peña en Letras torcidas (Debate), una biografía trazada a partir de testimonios, entre ellos el de la propia protagonista, además de otras entrevistas y documentación judicial.

¿Cuántas vidas tuvo Mariana Callejas? Porque probablemente la suya fue más que una doble vida.

Sí. Tal vez el título de “doble vida” se queda corto. Desde muy joven exploró vidas que incluso estaban en lugares opuestos entre sí. Se aventuró a un kibutz en Israel, vinculado a un ambiente socialista y comunitario. Allí entró en contacto con el comunismo a través de un grupo de amigos chilenos y participó en la fundación de un kibutz cerca de la frontera con Gaza.

En principio, estaba en un lugar completamente opuesto al que terminaría ocupando. Por eso es una mujer de vidas múltiples y difícil de encasillar. Porque aunque acabó siendo agente de inteligencia y, junto a su pareja, participó en algunas de las principales operaciones internacionales de la dictadura de Pinochet, no respondía al patrón clásico del agente de inteligencia chileno.

No solo porque cultivara la literatura, sino porque su perfil estaba muy lejos del conservadurismo. Podría ser una mujer que estaba más cerca de los movimientos new age de los años 70, un poco más hippie incluso, liberal en lo político incluso, y en lo sexual también.

Por eso cuesta clasificarla en un solo lugar. O sea que sí, que más que una doble vida, fue una mujer de vidas múltiples.

Una agente, una escritora y también alguien capaz de matar. ¿Es posible diferenciar esas facetas?

Ella las diferenció por completo. Pero tengo la impresión de que, si uno la analiza en conjunto, es imposible leerla sin que esa lectura se infiltre por el conocimiento de su biografía, particularmente de su compromiso y responsabilidad de los crímenes de la dictadura.

No se puede separar a la agente de la escritora, ni a la escritora de la mujer, la madre y la dueña de casa. Cumplió todos esos roles simultáneamente, sobre todo a partir del comienzo de la dictadura, aparentemente sin que eso representara un gran conflicto interno.

Creo que esa multiplicidad puede llevar a hacer interpretaciones apresuradas. Por ejemplo, pensar que ejercía la literatura para construir una fachada que encubriera su actividad como agente. No era así. Ella realmente era escritora y era agente. La literatura no era un caparazón para que no se la reconociese.

¿Qué lugar ocupaba la literatura en su vida?

Era lo que más le interesaba. Si había una convicción profunda en ella, estaba puesta en la literatura. Por lo demás, jamás delató a algunos de sus compañeros de los talleres literarios en los que participó ni llevó su actividad como agente a esos espacios. 

O sea, no intentaba hacer proselitismo pinochetista en los talleres.

Exactamente. Y también, a propósito de las lecturas que se pueden hacer y que se han hecho de Mariana Callejas, no es que ella oficiara de agente para explorar un mundo que no conocía para encontrar fuentes de inspiración a su literatura, que también se ha planteado. La razón por la cual terminó siendo una de las piezas más importantes de la dictadura junto a su marido, fue mucho más prosaica. Fue más bien una necesidad económica.

No tenía una instrucción formal y tampoco una profesión definida, al igual que su marido. La DINA les ofreció una fuente de financiación, una casa, servidumbre, sueldo y la posibilidad de viajar por el mundo cumpliendo misiones. Junto con eso, había en ella un ánimo de aventura.

La razón por la cual terminó siendo una de las piezas más importantes de la dictadura junto a su marido, fue mucho más prosaica. Fue más bien una necesidad económica

¿Su gran frustración fue que no se la reconociera como escritora y que terminara pasando a la historia como agente de la dictadura?

Sí. En las entrevistas que tuve con ella en 2010, volvía constantemente sobre la idea de que su verdadera condena no había sido judicial, sino literaria: la cancelación de la que había sido objeto por sus vínculos con los crímenes de la dictadura. Llegó a decirme que habría preferido pagar con cárcel antes que con la cancelación de su escritura.

Y hay otro elemento. Después del asesinato de Orlando Letelier, cuando Michael Townley colaboró con la justicia estadounidense, Callejas quedó en una situación muy particular. Dejó de tener un lugar no solo entre los sectores opositores, sino también dentro de la propia dictadura. Era una mujer sin territorio, sin pertenencia.

Se reunió con ella varias veces. ¿Qué impresión le produjo la primera vez que la vio?

Fue inquietante. Tenía una mirada magnética, de esas personas que te clavan los ojos y no te los sueltan. Era una mujer seductora, o pretendidamente seductora, hasta los últimos años de su vida. Y no era en absoluto la imagen que uno espera de un agente de una dictadura de derecha.

Cuando llegué a su casa estaba escuchando Dead Can Dance, tenía incienso encendido y quería conversar de literatura. 

Además, cuando la contacté por teléfono me puso una sola condición: que no la tratara de usted. Me dijo: «A mí no se me trata de usted». Eso da cuenta de cierta coquetería y de su voluntad de establecer una relación directa.

¿Estaba muy sola en esa etapa final de su vida?

Sí. Ella decía que tenía amigos, pero mucha gente se acercaba por curiosidad. Provocaba cierto morbo. La invitaban a comer una vez y después dejaban de hacerlo. Era una suerte de oscuro objeto de culto.

Aun así, persistía en frecuentar salones literarios, inauguraciones, lanzamientos de libros y círculos sociales donde cada vez era más rechazada. Y también insistía en intentar publicar. Iba con sus carpetas y sus originales a grandes y pequeñas editoriales.

Hablemos de sus comienzos. Antes citaba su vida en el kibutz. ¿Es allí donde ella se familiariza por primera vez con la violencia?

Yo creo que sí, porque allí aprende a disparar. Recibe una mínima instrucción militar o, por lo menos, de defensa. Hacía rondas y guardias y participaba en las tareas comunitarias, aunque no le gustaban demasiado las labores domésticas.

Al entrar en contacto en Miami con el mundo anticastrista es cuando decide que hay que ‘hacer algo’ en Chile. ¿Ahí comienza su giro político?

Sí. Estamos hablando de fines de los sesenta y, sobre todo, del momento en que Allende es elegido. Ella experimenta un giro que en apariencia resulta inexplicable, pero que también revela una constante en su vida: la búsqueda de identidad y pertenencia con muy poca convicción política.

Cuando regresa a Chile se incorpora a Patria y Libertad, un grupo paramilitar de ultraderecha que combatía al gobierno de Salvador Allende. En parte puede explicarse por su origen familiar y por el ambiente social del que provenía, pero también por ese ánimo de aventura y búsqueda de pertenencia.

Si las circunstancias hubieran sido otras, podría haber acabado en otro lugar. De hecho, eso también explica que escribiera cuentos sobre guerrilleros latinoamericanos. Lo interesante es que algunos de sus mejores cuentos, escritos cuando ya era agente de inteligencia, están protagonizados por guerrilleros de izquierda. Los retrata con mucha precisión y empatía. No los juzga moralmente: se pone en su piel.

Es muy perturbador que alguien que combatía a esos sectores pudiera escribir sobre ellos de esa manera.

Junto a su marido se convierten en los Towley-Callejas, una pareja que no respondía al perfil del militante promedio de los paramilitares de ultraderecha. Manuel Fuentes, los definió como “ese par de locos e imbéciles”.

Bueno, él era también uno de los dirigentes locos e imbéciles. En esa descripción de la pareja aparece el ánimo de aventura que les inspiraba. Siempre querían ir más allá de lo que se les pedía y demostrar que podían hacer más.

¿Qué la lleva a convertirse en agente?

En ella veo esos dos elementos: la necesidad económica y el ánimo de aventura. 

Le atraía esa imagen del agente internacional que viaja por el mundo, cumple misiones y participa en operaciones secretas. Y la DINA les ofrecía los medios materiales para hacerlo.

Callejas y Townley participaron en operaciones internacionales de enorme gravedad, entre ellas el asesinato de Carlos Prats y su esposa en Buenos Aires, el atentado contra Bernardo Leighton y su esposa en Roma y el asesinato de Orlando Letelier en Washington.

A través de ellos descubrimos el interés del pinochetismo por acabar con los opositores que habían huido al extranjero. 

Que era una prioridad. Pinochet y Manuel Contreras compartían la idea de extender la lucha contra el marxismo y perseguir a opositores más allá de las fronteras de Chile.

La DINA se vinculó con grupos de extrema derecha y participó en operaciones dentro de la Operación Cóndor. En ese marco, el objetivo era perseguir a quienes habían sobrevivido a la represión y habían salido al exilio.

Y a esta pareja se le encargaron algunas de esas operaciones.

Muchos lectores conocimos a Mariana Callejas indirectamente a través de Roberto Bolaño y Nocturno de Chile. Allí aparece una mujer que organiza talleres literarios en una casa donde también se tortura.

Creo que Bolaño recoge una serie de relatos y mitos que circulaban en el ambiente cultural chileno. Algunos estaban muy cerca de la realidad y otros tenían imprecisiones.

Lo que yo intento hacer es contrastar esos relatos con las evidencias y determinar qué vieron realmente los escritores y artistas que pasaron por aquella casa.

¿Por qué cree que tantos no se dieron cuenta de lo que allí ocurría? ¿O prefirieron no verlo?

Hay que diferenciar entre quienes pasaron ocasionalmente por la casa y quienes participaron de manera más permanente en los talleres. En aquella época había pocos lugares donde cultivar la literatura y divertirse, así que mucha gente podía acabar allí.

Lo más difícil de entender es que algunos escritores que permanecieron vinculados a la casa no repararan en las señales. Había vehículos con antenas y radiotransmisores, militares que hacían guardia, un laboratorio electrónico y otras evidencias de que aquel no era un hogar convencional. Pedro Lemebel llamó a ese lugar “el centro cultural de la DINA”.

Y, sin embargo, muchos escritores pasaron por allí.

Sí. Algunos testimonios indican que no repararon en lo que ocurría. Otros escritores que fueron alguna vez a una fiesta o a los talleres sí detectaron que había algo extraño. Situaciones en las que alguien se extravía buscando un baño y termina encontrándose con instalaciones de la DINA.

También era extraño que algunas personas pudieran desplazarse allí durante el toque de queda.

Eso explica, en parte, el interés posterior de Lemebel y Bolaño por esa casa: era un lugar donde la literatura convivía físicamente con la maquinaria represiva de la dictadura.

Su literatura fue premiada en tiempos en que no se conocía quién era. O sea, fue leída sin ese sesgo con el cual va a ser leída en adelante

Mariana Callejas recibió premios literarios incluso durante la dictadura. ¿Era una buena escritora?

A mí me parece que sí. Justamente los mejores cuentos son los que hablan de la gente a la que combatió. Son los cuentos que ella produjo al tiempo que era gente de inteligencia. Y hay que recordar que parte de su literatura fue premiada cuando todavía no se conocía públicamente su implicación con la DINA. En 1981 ganó el concurso de cuentos de La Bicicleta con un texto presentado bajo seudónimo. El jurado no sabía quién era la autora. 

Eso permite evaluar, al menos en parte, esos textos sin el conocimiento posterior de su biografía. Además, gran parte de su obra fue autoeditada. No tuvo un proceso editorial regular, con alguien que trabajara los textos con ella.

Por eso creo que sus cuentos podrían haber sido mejores. Incluso en esas condiciones, me parece que está por encima de la media de la literatura chilena de su época.

Hay muchos buenos escritores que son malas personas. 

Claro, pero distinto es ser criminal, ¿no? Ser un terrorista de Estado o el servicio de una dictadura.

Sí, eso es un paso más. 

Ella excede esas definiciones de maldad o de corrección política. Ya estamos hablando de otra cosa.

También hay que considerar dos cosas. Su literatura fue premiada en tiempos en que no se conocía quién era. O sea, fue leída sin ese sesgo con el cual va a ser leída en adelante.

¿Debería publicarse su obra?

Es una discusión interesante. He escrito un libro sobre ella y reproduzco algunos fragmentos de sus cuentos, así que sería difícil que dijera que no se la puede publicar.

Pero creo que cualquier publicación debería incorporar el contexto de quién fue Mariana Callejas y de las circunstancias en las que escribió.

No es lo mismo publicarla en los años noventa, cuando todavía había enormes dificultades para abordar judicial y públicamente los crímenes de la dictadura, que hacerlo décadas después, cuando existe otra perspectiva histórica.

¿En algún momento pensó que podía haber gente que interpretase que con este libro se estaba blanqueando la figura de Callejas?

La gente que ha dicho eso, en general, no había leído el libro. ¿Por qué hablar de la vida amorosa de Michael Townley y Mariana Callejas? ¿Por qué contar la vida doméstica de una pareja de agentes de una dictadura?

Porque ha pasado el tiempo. La denuncia de los crímenes ya está hecha. Este libro también contiene elementos de denuncia, pero busca añadir capas de comprensión.

Ellos no dejaban de tener una vida doméstica por ser criminales. Tenían hijos, discutían, cocinaban, organizaban fiestas, tenían relaciones de pareja. Todo eso coexistía con los crímenes.

Ahí encuentro un paralelismo con Eichmann en Jerusalén, de Hannah Arendt, o La zona de interés, y con la idea de la banalidad del mal: no se trata de convertir a estos criminales en monstruos incomprensibles, sino de entender cómo una vida cotidiana puede coexistir con actos de una violencia extrema.  

Eso, para mí, es lo verdaderamente inquietante.

El martes por la noche se celebró la cena anual de la patronal Pimec. Casi 1.000 empresarios y representantes de la mayoría de instituciones y partidos catalanes. Muchas de las conversaciones y preguntas versaron sobre los decretos de vivienda. La presentadora del acto, micro en mano, fue interpelando a los distintos políticos que asistían al evento. Cuando le tocó el turno a Míriam Nogueras, la portavoz de Junts ya abrió la puerta a rechazar ambos decretos. El segundo se daba por descontado, pero la cuestión era qué votarían al primero.

En los corrillos con representantes empresariales, Nogueras les pidió también ayuda para que a Junts le fuese más fácil explicar su posición, según confirman a elDiario.es fuentes presentes en el acto, celebrado en el Palau Sant Jordi de Barcelona.

Pimec, en una interpretación inicial, había valorado positivamente “la orientación de las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros para facilitar el acceso a la vivienda, incentivar el alquiler asequible y ampliar la oferta”. Pero, al mismo tiempo, esta organización empresarial, una de las más moderadas, reclamó que el conjunto de las medidas garantizase seguridad jurídica, viabilidad económica y “un aumento efectivo de la oferta”. Además, advirtió del riesgo de generar incertidumbre y de que acabase poniéndose menos vivienda en el mercado.

Hubo posicionamientos menos diplomáticos y mucho más duros con los decretos del Gobierno. Las Cámaras de la Propiedad de Catalunya alertaron de que podían “agravar” el problema. También insistieron en que, en su opinión, se estaba abonando una “mayor inseguridad jurídica”. Este sector, siempre próximo al tradicional entorno convergente, entiende que las medidas que finalmente no han prosperado trasladaban a los propietarios responsabilidades que corresponden esencialmente a las administraciones públicas.

En una línea parecida, el colegio de Administradores de Fincas Barcelona-Lleida, cuya representante más conocida es la exconsellera y exdiputada Lourdes Ciuró, considera que la mayor parte de las medidas actuaban sobre el parque de alquiler existente, sin impulsar suficiente vivienda nueva ni ampliar de manera efectiva la oferta pública y asequible.

Como siempre, la patronal más tajante fue Foment. A los argumentos esgrimidos por el resto de representantes empresariales, su presidente, Josep Sánchez Llibre, añadió que los decretos pretendían “socializar” la propiedad privada: “Es la propiedad de miles de personas físicas que durante muchos años han ahorrado para tener un complemento de su pensión a través de una vivienda de alquiler”.

Junts, que no solo por la presión de las plazas, pero también por ella, negoció el primer decreto con el Gobierno, constató pronto que los sectores que le son más afines electoralmente, aquellos que se erigen como representantes de los llamados pequeños propietarios, rechazaban ambos textos. Además, a diferencia de otras formaciones, sus votantes no están en esas protestas de la calle.

El partido fue endureciendo su discurso tras conocerse el contenido de los decretos, pese a que el Gobierno los había dividido en dos para asegurarse de que votaría al menos uno de ellos, el que incluía las propuestas que habían negociado. Incluso en las filas de los independentistas decían que el primero era “el decreto de Junts”. Pero Nogueras y otros diputados expresaron su enfado por no haber tenido hasta horas después los dos decretos, empezaron a deslizar que algunas de las medidas no eran las acordadas y atribuyeron los cambios a la influencia de Sumar y el resto de “ideologías extremas”.

“Queremos ver la letra pequeña”, “lo estamos analizando”, se limitaban a señalar. La palabra que empezaron a repetir fue “decepción” y, a partir de ahí, el discurso fue escalando cada vez más.

Fuentes de Junts confirman que también sus alcaldes les hicieron llegar el rechazo a los decretos. Uno de los argumentos es que eran “inaplicables” y apelaban, como las patronales, a la falta de seguridad jurídica para los propietarios.

Los diputados en Madrid eran de los más duros en el rechazo y Jordi Turull optó por convocar una reunión telemática, en la que Puigdemont no participó porque solo asiste a las permanentes o a las más reducidas. Sirvió para certificar el ‘no’ que se ha confirmado este viernes en el Congreso. “Un decreto en el que sale el nombre de ‘Maricarmen’ no es un decreto, es un artículo de opinión”, critican en el partido.

El Gobierno estaba convencido hasta el jueves por la tarde de que Junts no tumbaría ambos decretos, pero a media tarde empezó a cundir el pesimismo.

Los argumentos que se esgrimieron en la reunión telemática de los posconvergentes, en la que el rechazo a los decretos se adoptó por unanimidad, fueron los que Nogueras repitió en la tribuna del Congreso. Según su interpretación, los fondos buitre podrían seguir especulando y desahuciando y los pequeños propietarios tendrían que asumir el coste de proteger a los inquilinos vulnerables.

En la comparativa entre los decretos presentados por el Gobierno y el texto alternativo que le entregó este viernes en el Congreso, lo más destacable es que los de Puigdemont proponen recortar el decreto de vivienda a favor de los caseros y acelerar los desalojos de okupas. En esta información se pueden leer las diferencias entre ambos documentos.

Con la propuesta de Junts queda claro que la principal objeción no era que el decreto del Gobierno se quedase corto, como afirmó Nogueras desde la tribuna, sino que, en su opinión, se excedía.

En su defensa del pequeño casero, las prórrogas extraordinarias pasarían a ser voluntarias, favorecidas solo con incentivos fiscales, y la prohibición de los desahucios de familias vulnerables afectaría solo a los grandes tenedores. Una de sus rectificaciones más destacables es que es partidario de no regular el alquiler de temporada, el gran agujero por el que gran cantidad de pisos han dejado de estar al alcance de muchos vecinos de las grandes ciudades.

La opinión de sus votantes

Sus votantes no son inmunes a la crisis de la vivienda. Según el último sondeo del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO), es el principal problema para los electores de la mayoría de los partidos catalanes: para un 62% en el caso de la CUP, un 53% en los Comuns, un 38% en los del PSC, un 34% en ERC y un 20% en los de Junts. Entre los votantes de Aliança y Vox, la principal inquietud es la inmigración.

El azar quiso que Junts tuviera que tomar la decisión sobre los decretos, quizás la más trascendente de este final de legislatura, un 1 de octubre, nueve años después del de 2017. Un tiempo en el que el partido, como el conjunto de la sociedad catalana, ya no tiene la independencia como principal preocupación política. Pasados los años del procés, Junts es hoy un partido que trata de posicionarse con claridad en la derecha, con un discurso de corte liberal en lo económico y cada vez más duro en cuestiones como la inmigración o la delincuencia.

La cúpula de la formación es muy consciente de que ya no se disputa la mayoría de los votos con ERC, como ocurría hace una década, sino con Aliança, una formación de extrema derecha que en materia de vivienda está muy cómoda con el mismo discurso que Vox. Los ultras independentistas se han pasado la semana acusando a los de Puigdemont de estar vendidos al PSOE.

Junts es, por tanto, un partido de ideología liberal-conservadora, con un electorado que se sitúa hacia la derecha, que tiene importantes vínculos con las patronales y que se disputa los apoyos con formaciones instaladas en la extrema derecha. Pero aún hay una razón más para que opten por no aprobar nada que llegue del Gobierno: se han sentido engañados en la negociación que mantenían en Suiza y, desde hace cerca de un año, han llegado a la conclusión de que les resta aparecer junto a Sánchez. Y eso, como ya alertaron hace meses, no cambiará cuando regrese Puigdemont.

El periodista Iñaki López lo ha resumido a la perfección: “Habrá dos decretos. Uno de fogueo. El otro, para que pase el visto bueno de PNV y Junts”.

Todos se han movido para llegar a los dos textos. Obligados y ya veremos con qué resultado, pero lo han hecho. Son medidas paliativas e imprescindibles, un escudo social mejorado para hacer frente a una situación de emergencia. No aborda cambios estructurales porque requerirían modificaciones legislativas que no se hacen en una semana y tampoco existe una mayoría parlamentaria que lo permita. Menos aún en tiempo de descuento electoral.

El PSOE ha aceptado propuestas que antes había rechazado. La primera, plantar cara a los fondos buitre, tal y como Sumar había reclamado sin éxito. También ahí Junts ha avanzado en el sentido correcto. Bienvenido sea un viraje que llega tarde para mucha gente y que solo se explica por la presión de la calle.

El decreto que tiene más opciones de prosperar plantea una mayor protección frente a desahucios hasta 2030; regulación del alquiler de temporada y por habitaciones; prohibición de compras de vivienda por fondos buitre hasta 2028, y la prórroga de dos años para los contratos que vencen antes de 2029. El voto de Podemos puede ser el que decida si se acaba convalidando o no. Si lo hace en contra, al lado de PP y Vox, lo tumbaría. Pero tiene una opción intermedia, que es la de una abstención que permitiría que se aprobase igualmente. De esta manera, expresaría su rechazo al texto por considerar que se queda demasiado corto, pero dejaría que saliese adelante. Ione Belarra afirma que esta vez el “divide y vencerás” del Gobierno no funcionará con ellos. La pregunta es si su alternativa puede ser un “todo o nada”. 

El segundo decreto es el que propone la renovación automática de los alquileres. Es una medida que tiene sentido porque, aunque haya quien quiera interpretarlo como una vulneración de los derechos del propietario, en realidad no es así. A modo de resumen: el casero puede recuperar el piso si es para un familiar directo o para venderlo. Países como Francia, Alemania o Reino Unido cuentan con fórmulas parecidas que podrían explorarse, incluso con cláusulas frente a incumplimientos del inquilino.

Los sindicatos de inquilinos defienden que 9 millones de españoles que viven hoy de alquiler están en riesgo de ser expulsados del piso en contra de su voluntad. Y no les falta algo de razón: cuando vencen sus contratos, renovarlos está en manos del casero. Si se trata de un fondo buitre aumenta el riesgo, pero que sea otro tipo de propietario no es garantía de nada. Actuar como un buitre es una actitud: hay propietarios que son así y otros que no. Por eso es importante acabar con la idea de que en España es muy fácil echar a la gente de su casa, más aún después de la caída del escudo social, la conocida como moratoria antidesahucios, a principios de año en el Congreso. Tampoco es cierto que estas renovaciones puedan equipararse a los contratos de renta antigua, mucho más rígidos y con subrogaciones. 

Jaime Palomera, experto en vivienda en el Instituto de Investigación Urbana de Barcelona, recuerda que, cuando Blackstone quiso desembarcar en Dinamarca, con la compra de 160 propiedades con 2.300 viviendas en la capital danesa solo entre 2017 y 2019, lo que hizo allí el Gobierno fue endurecer las condiciones y aprobó la conocida como norma anti-Blackstone. Una de las decisiones fue aplicar una moratoria de 10 años en los aumentos de alquiler.  

El objetivo no puede ser otro que frenar la especulación, la fomente quien la fomente, y construir vivienda protegida a gran escala. Ahí es donde las administraciones, en especial las autonómicas y municipales, deben aplicarse. Toca liberar suelo, buscar solares donde parece que no los hay, reconvertir oficinas que ya nunca más lo serán o ejercer el derecho de compra preferente de viviendas para ampliar el parque público.

A estas alturas, pocos niegan que la solución a la crisis también pasa por construir más debido a la creciente demanda, aunque esperemos que sin cometer errores del pasado como la liberalización masiva de viviendas protegidas.

El Banco de España ha calculado que se necesitan 750.000 viviendas. La mitad se concentra en Madrid, Barcelona, València, Alicante y Málaga. Miren dónde están los pisos turísticos y de temporada y encontrarán que una parte importante de la explicación está ahí. Otro dato de ese informe: los precios de compra y alquiler suben por encima de los salarios. Actualmente, todos los hogares en alquiler de España deberían destinar 6,8 años de renta íntegra para comprar una vivienda. Pero, para las capitales de provincia más tensionadas, como Madrid o Barcelona, puede superar los 10 años. Ahora miren quién está en las plazas y en las manifestaciones de esta semana y también encontrarán una parte de la explicación.

P. D. Feijóo, ya antes de conocer el contenido, avanzó que, cuando los decretos lleguen al Congreso, el PP se opondrá. Que no sorprenda no significa que no sea noticia.

El humanismo no está de moda, pero si alguien puede lograr que vuelva a reivindicarse, aunque sea solo un rato, es Byung-Chul Han. El famoso filósofo coreano, con millones de fans y también muchos detractores, publica un nuevo libro. Lo ha titulado Sin respeto (Paidós / Edicions 62, en catalán) y, como en los anteriores, recurre a pensadores de todos los tiempos para apuntalar su tesis.

El título ya indica que esta vez el concepto elegido es el respeto y en el ensayo defiende la necesidad de recuperarlo como instrumento para hacer frente a una crisis social que tiene distintos frentes.

Primero deberíamos ponernos de acuerdo en qué entendemos por respeto. De la descripción que formula Han, la definición más sencilla sería “la consideración hacia el otro”. Esto es, saber escuchar, desterrar el reduccionismo “amigo-enemigo” y recuperar comportamientos tan abandonados como la cortesía.

A veces olvidamos que el respeto requiere de responsabilidad. Y también necesita tiempo. Vinculado a la idea del bien, algo que tampoco está especialmente en boga, practicarlo y exigirlo es enmendar algunas de las bases del neoliberalismo, un modelo en el que se antepone el individualismo y se abandonan las luchas comunes.

Como todo ensayo que analice la actual crisis de valores, el filósofo dedica espacio al papel de las redes sociales y a esas “tribus digitales” que se configuran en ese hábitat tan virtual como real. El autor arguye que las redes funcionan como “máquinas de persuasión”. En esas burbujas la verdad aparece como algo fabricable. Incluso aparecen varias verdades a la vez, como si eso fuese posible. De ahí que el entendimiento se antoje imposible y que los debates se sustituyan por una especie de indignación permanente. “La moral ha degenerado en espectáculo”, advierte.

De Aristóteles a Wurmser

Como en sus anteriores ensayos, el pensador coreano recurre a filósofos de todas las épocas para apuntalar algunas de sus tesis. Por el libro desfilan desde Aristóteles, porque situaba la amistad por encima de la justicia; Kant, por su diferencia entre precio y dignidad; Los orígenes del totalitarismo, de Hannah Arendt; Simone Weil, o el psiquiatra Leon Wurmser, por haber teorizado sobre el papel de la vergüenza. Fue él quien calificó nuestra era como la época de la desvergüenza.

“La vergüenza es una emoción moral. Requiere de un sistema de valores superior que exija respeto. La vergüenza y el respeto se condicionan mutuamente. Quien no experimente vergüenza será incapaz de practicar el respeto: ‘La cultura de la desvergüenza es también la cultura de la ausencia de respeto, de la ausencia de veneración, de la desestimación y del desprecio de los ideales”, defiende Han.

El filósofo apunta como otro de los elementos que contribuyen a esta crisis social lo que resume como un ciego egoísmo. Con una frase da en el clavo: “Ya no existe solidaridad alguna, ni siquiera entre los perdedores”.

De ahí que Han diferencie entre el precariado y el proletariado. Explica que el precariado no se levanta para sublevarse y que, en realidad, lo que hacen los perdedores es desarrollar odio hacia sí mismos.

Ese es uno de los grandes éxitos que puede apuntarse el neoliberalismo, el de una sociedad en la que las personas viven más aisladas y en las que hablar de clases sociales parece un discurso arcaico. Pero que no se debata sobre ellas no significa que no existan.

De todas las frases que el alcalde de Nueva York, Zorhan Mamdani, pronunció tras ganar las elecciones, hubo una que resumió el espíritu de su campaña y por qué logró obtener más de un millón de votos: “La esperanza sigue viva”.

Menos de un año después, Elif Eralp, una admiradora suya, ha logrado imponerse en Berlín. Ahora debe forjar una coalición con Los Verdes y el SPD para poder gobernar. La ciudad alemana será un bastión frente a la extrema derecha, como otras grandes capitales, desde Roma a París, Londres o Barcelona. La excepción es Madrid, en manos de una derecha con unas formas y un programa intercambiables con el de la extrema derecha.

Ambos, Mamdani y Eralp, cuya personalidad va más allá de las siglas de sus partidos, han sido capaces de transmitir ilusión en las formas, con campañas modernas, y en los mensajes, sin temor a ser tildados de radicales por referirse a “la clase trabajadora” o prometer medidas que sí son ambiciosas para frenar la crisis de vivienda.

En Nueva York se va a congelar, a partir del próximo octubre, el alquiler de un millón de apartamentos. Por su parte, la candidata de Die Linke ha abierto la puerta a la expropiación de más de 200.000 viviendas en manos de fondos privados. El tiempo dirá si las medidas son efectivas, pero al menos intentan romper con la percepción de que hay poco que hacer por falta de competencias o de convicción.

Además, los dos son políticos que han entendido algo que en España parece que ni el PSOE ni los que se sitúan a su izquierda acaban de comprender: una cosa es que la extrema derecha sea un peligro (que lo es) y otra es pensar que solo con el discurso del miedo basta para retener a los votantes. En el pasado funcionó, pero ya no es así.

Tampoco la condescendencia es una fórmula que sirva para retener al electorado y evitar que se vaya a la abstención o cambie de papeleta. Es algo que el propio Mamdani subrayó también en ese primer discurso como ganador. El trato paternalista, la simpleza de que cada vez más electores “votan mal” o minimizar los errores propios también pasan factura.

En la entrevista que concedió recientemente a El País, el alcalde de Nueva York citaba unas prioridades que serían replicables en otras ciudades. Una de sus iniciativas estrella, los supermercados públicos que ahora el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, quiere copiar, es de las más llamativas. No solo el bolsillo explica el avance de la extrema derecha, pero sin atender a las conversaciones diarias de la calle, donde preocupa más la cesta de la compra que las instrucciones judiciales controvertidas, tampoco se entiende por qué las perspectivas electorales en España son las que son.

Otra de las promesas de Mamdani es mejorar el transporte público. Aquí, solo hace falta intentar moverse en Rodalies para que se entienda que el enfado de sus usuarios, que no se resuelve con mensajes del ministro del ramo en X, está más que justificado.

La extrema derecha española no es distinta de la del resto. Se alimenta de propagar el racismo y alimentar una imagen nostálgica de un país que solo existe en su imaginario sepia. A su favor juega una derecha que le copia medidas y que le ha dado entrada en las instituciones.

Hoy en España no ha emergido aún una nueva figura que sea parecida a Mamdani o a Eralp. Alguien que contrarreste con aire fresco el vendaval reaccionario, que hable de manera desacomplejada de seguridad o calidad de vida sin emular las recetas de la derecha, pero sin entregarles esas banderas ni embarrar más el debate público. Un discurso que permita pasar de lo antiguo a lo nuevo, en expresión del alcalde de Nueva York.

Roger Español hace nueve años que espera justicia. El 1 de octubre de 2017, perdió un ojo por una bala de goma. Según un informe de los Mossos, el agente de la Policía Nacional UC563 no solo fue el autor del disparo de ese proyectil. Instantes antes de la lesión, el mismo policía ya había disparado a este activista.

Junto al citado agente se sentarán otros tres en el banquillo. Son los únicos policías que no han sido amnistiados. La defensa de Español y la acusación particular piden hasta 13 años por un delito de torturas. No lo tienen fácil porque la Fiscalía se ha situado desde un principio del lado policial al considerar que solo cumplieron con la orden judicial de requisar urnas y papeletas del 1-O.

La cuestión es si se extralimitaron en su deber. Primero, porque desde el 30 de abril de 2014, en Catalunya está prohibido el uso de las balas de goma, algo que a la Policía Nacional le ha importado muy poco.

La decisión de vetar el uso de este tipo de proyectiles tan lesivos se adoptó tras una comisión parlamentaria que se constituyó a raíz de diferentes casos, entre ellos el de Ester Quintana, que también perdió un ojo en la huelga general del 14 de noviembre de 2012 por el impacto de una pelota disparada por los Mossos. En su caso, los dos agentes acusados fueron absueltos, pero, como la autoría policial del disparo estaba fuera de toda duda, Quintana fue indemnizada por la Generalitat. La Conselleria de Interior tuvo que disculparse con una ciudadana de la que, en un inicio, se desentendió.

Así que ahora la Policía Autonómica no puede usar las balas de goma (tampoco en Euskadi y Navarra), mientras que la Policía Nacional las sigue disparando.

Y la segunda cuestión es cómo la desobediencia civil está cada vez más criminalizada. En eso, España tampoco es una excepción. Habermas era de los que defendían que una democracia madura incluye la desobediencia civil como uno de sus elementos importantes. No hace falta retroceder hasta Thoreau para defender la vigencia de la protesta como instrumento para denunciar injusticias.

Hemos visto recientemente cómo se condenaba con multas a cuatro de los nueve activistas climáticos vinculados a los colectivos Rebelión Científica, Extinction Rebellion y Futuro Vegetal, a los que se juzgó por haber lanzado agua con témpera roja a una de las paredes del Congreso en 2023. Su objetivo era denunciar “la inacción del Gobierno en materia de emergencia climática”. En ese juicio, la Fiscalía pedía una pena de 21 meses de prisión y argumentó que su propósito era escarmentar a los activistas. Es solo un ejemplo.

Por eso es importante que seis organizaciones internacionales dedicadas a los derechos humanos (Amnistía Internacional, la OMCT, INCLO, REDRESS, ICHRP) asistan como observadores a las cuatro sesiones previstas en el juicio que se celebra en la Audiencia de Barcelona contra los cuatro policías.

Deberá dirimirse si la actuación de los agentes fue proporcionada. Pero tal vez la pregunta previa que todos deberíamos hacernos, sobre todo los que diseñan dispositivos de seguridad y sus jefes políticos, es si, ante una protesta pacífica, los agentes pueden disparar.

Roger Español espera justicia, pero no está claro que la llegue a obtener.

Por cierto, el juicio, que se celebra tras nueve años, se acabará el próximo 1-O. ¿Casualidad?

Patrick Radden Keefe ha vuelto a hacerlo. El hijo del oligarca (Seix Barral y Periscopi, en catalán) es un minucioso trabajo de investigación que entusiasmará a sus fans, muchos de los cuales le descubrieron aquí hace ya seis años con No digas nada (Reservoir Books/Periscopi), esa aproximación a la Irlanda del IRA a partir del caso de Jean McConville, una madre de diez hijos que desapareció en 1972.

Ahora el nombre del que el periodista estadounidense se sirve es el de Zac Brettler, un joven británico de 19 años, y el escenario es un oscuro Londres desconocido para la mayoría de sus habitantes. Es un libro que cualquier periodista querría escribir y que ningún lector debería perderse.

El hijo del oligarca podría ser la historia de un chico poco convencional y muy inteligente, hijo de una familia acomodada y discreta que empezó a cambiar cuando ingresó en una prestigiosa escuela, buena, pero no tan de élite como la que había aceptado a su hermano. Es allí donde comenzó a obsesionarse con el dinero y a encadenar mentiras hasta construirse una identidad falsa, la del hijo de un oligarca ruso. Podría ser solo la reconstrucción de su vida, pero es mucho más.

La noche del 29 de noviembre de 2019, cuando tenía solo 19 años, Zac Brettler murió. Cayó al Támesis desde el balcón de un edificio de lujo. No es una revelación que explique el final del libro. Al contrario, es el punto de partida, porque la versión inicial, la del suicidio, convence a la policía, pero no a sus padres.

La investigación permite descubrir que Zac utilizaba el apellido Ismailov para convertirse en otra persona, alguien que se inspiraba en ese Lobo de Wall Street que encarnó Leonardo DiCaprio y del que este chico era fan. Su doble vida era la de un joven que sabía moverse en las redes digitales y en las de poder, estas últimas aún más peligrosas.

Sus padres jamás se dieron por vencidos, nunca creyeron que Zac se hubiese quitado la vida o que tuviese problemas con la heroína. Buscaron pistas y recelaron de las explicaciones de la policía, por más dolor que encadenaran a cada novedad que iban descubriendo sobre su hijo. Algunas, a través de unos personajes que les adentraron a ellos, y ahora al lector, en el Londres que la mayoría de sus habitantes desconocen.

Dos de esas figuras se convierten en los otros protagonistas del libro. Akbar Shamjy, un impostor menos adinerado de lo que aparenta, y Verinder Sharma, un mercenario sin escrúpulos, ambos, a priori, protectores del joven Zac en esa otra vida paralela, son los otros protagonistas de este libro. A través de ellos, de sus miserias y también imposturas, de círculos en los que el dinero lo es todo y en los que las fortunas muchas veces solo esconden estafas, se reconstruye un mundo que parece de novela. Tendría todos los elementos para serlo, y sería una novela de las buenas, pero es una historia real.

Radden Keefe llega a ella casi por casualidad, porque un amigo del director de la serie inspirada en su libro No digas nada se la desveló. Pero sin la ayuda de Rachelle y Matthew Brettler, los padres de Zac, probablemente nunca la hubiese podido hilvanar.

Primero cuando la relató en un artículo en The New Yorker, donde colabora desde hace dos décadas, y ahora en este libro, demuestra que definirlo como el mejor cronista de su generación no es exagerar.

El periodista ha explicado en más de una ocasión que siempre hay un trabajo de investigación con el que va hurgando para encontrar esa verdad, a veces oculta. The New Yorker le permite disponer del tiempo y los recursos para hacerlo. Todo un lujo en esta era.

Busca siempre una historia que le enganche, probablemente porque es la mejor manera de que también pueda atrapar a los lectores. Dibuja un esquema y, a partir de ahí, a medida que avanza en las pesquisas, va colocando las piezas. Tan fácil y tan difícil. Con ese método logra que esos grandes reportajes que, en casos como este, acaban convirtiéndose en libros, sean una lección de periodismo de investigación. Esta vez se ha superado.

A Jordi Gracia le gusta provocar. Lo saben sus lectores y sus amigos. Es probable que eso explique por qué presenta su último libro como un panfleto. Lo ha titulado La izquierda ante el tecnofascismo (Anagrama). Es un provocador y también un tipo optimista, una cualidad que no abunda entre la gente de izquierdas. Hay que reconocer que en los tiempos que corren se agradece que alguien alce la voz para combatir ese nuevo tecnofascismo que se cuela en las escuelas y los parlamentos.

Esos Señores del Mal, como los identifica Gracia, son todos esos tecnoligarcas que se fotografiaron con Trump en su toma de posesión y otros que, aunque no salieron en la foto, persiguen el mismo propósito y que no es otro que ganar dinero a base de socavar la democracia. Son los propietarios “del negocio más gigantesco que ha conocido la humanidad”. Nombres que les sonarán, desde Sam Altman a Peter Thiel, Jeff Bezos o Mark Zuckerberg.

El autor les define como los abanderados de un “fascismo cool escudado en la libertad de expresión”. Se han apoderado de ese derecho y del concepto de libertad en general. También lo hizo Thatcher y tampoco le salió mal.

El diagnóstico que hace Gracia es más extenso, pero lo más interesante del libro es su apelación a no seguir con los brazos cruzados, a mantenerse pasivos como si no hubiese nada que hacer. Ese ha sido uno de los errores, no el único, que en su opinión ha cometido la socialdemocracia. Puede que no fuese la primera responsable de la “avería profunda” de las democracias europeas, pero sí se la debe culpar de su inhibición ante los efectos corrosivos de esa antipolítica que ha campado a sus anchas por plataformas y redes durante tanto tiempo.

“Es una urgencia existencial para la izquierda liderar la rebeldía ciudadana y sociopolítica contra el oscurantismo irracionalista y la idolatría acrítica de la innovación tecnológica”. No parece fácil porque no lo es, pero ¿acaso hay otra alternativa?

“El motor diésel de la resistencia solo puede estar en la rehabilitación actualizada del humanismo ilustrado y el Estado como vanguardia, porque esa es la matriz de cualquier progreso social; es decir, de cualquier capacidad objetiva de transformar materialmente la vida de los más pobres y menos guarecidos bajo colchón alguno: ni familiar, ni tecnológico, ni laboral, ni cultural”, receta el autor.

Su propuesta es más Estado, un Estado del bienestar reforzado y que a ese 1% de la población más rica se le exija también más. En estos tiempos, exigir que los que más tienen, paguen más, parece osado. Debería ser algo evidente aunque ya nada lo es, incluso para los que se beneficiarían de una fiscalidad más justa.

Para ello, Gracia reclama a la izquierda que pierda los complejos, que la socialdemocracia, añade, recupere “swing, gracia, gancho y chispa” para rescatarla del pesimismo y del nihilismo derrotista (ese del que saca tanto rédito la extrema derecha). En resumen, salirse del marco actual.

Fue el 8 de mayo del 2024, en el debate de los candidatos a la presidencia de la Generalitat. Salvador Illa se llevó todos los titulares al anunciar por sorpresa que si llegaba al Palau de la Generalitat nombraría al major Josep Lluís Trapero como director general de los Mossos. Resarcía así al policía más famoso de Catalunya, apartado por el Govern de ERC y más que distanciado de Junts.

El fichaje estrella del president ha durado dos años en el Ejecutivo y se suma a la lista de bajas del Govern de Illa en ámbitos muy sensibles y por varios motivos: Educación (por el fiasco de la conselleria con el informe PISA), la dirección general de Infancia (por la crisis en la atención a menores tutelados) o las “razones personales” que ya llevaron a dejar el cargo a la consellera de Derechos Sociales, Mónica Martínez Bravo. Hace solo una semana, además, el número dos de Interior dejó el cargo para volver a su puesto de funcionario. Y este martes se conocía la renuncia del director general de Ejecución Penal y de Justicia Juvenil, Jesús del Cacho. Cinco salidas en 10 días.

Cuando Illa anunció el fichaje del major, llamó la atención que el cargo que se le reservaba era de carácter político: una dirección general que tradicionalmente había estado ocupada por perfiles poco conocidos y en ningún caso uniformados. Algo que con Trapero era imposible, dentro y fuera de la conselleria. No es lo mismo la jefatura operativa de los Mossos que una dirección general de una conselleria y pasar de un lado a otro no fue fácil para nadie.

Illa también había anunciado en campaña que si llegaba a presidente, elegiría a la entonces alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon, como consellera de Interior. Así que tanto ella como Trapero sabían que deberían trabajar juntos. Se conocían, ambos son de la misma ciudad, y no parecía que tuviese que ser un problema. Pero al final lo ha sido.

A finales de agosto, el ya exdirector general comunicó a la consellera su decisión de dejar el cargo. Ahora regresará al despacho que ocupó en la pasada legislatura como jefe de la comisaría de Inspección y Evaluación.

Parlon desembarcó en el departamento con el equipo de confianza que tenía en el ayuntamiento y los desencuentros con Trapero empezaron pronto, ya fuese por los mensajes que querían transmitir en público, por decidir cuándo y quién lo hacía, hasta el último gran encontronazo, la elección del sustituto del comisario jefe, Miquel Esquius, cuando se jubilase. La consellera abogó por que fuese una mujer y, al final, la escogida ha sido Sílvia Catà, de quien Parlon destaca su capacidad de trabajar en equipo.

En público y en privado el Govern ha elogiado la labor de Trapero y ha quitado importancia a las discrepancias entre el exdirector general y la consellera. “Hemos tenido una muy buena relación y a veces ha habido cosas en las que no hemos estado de acuerdo, como todo el mundo que trabaja en equipo”, se limitó a señalar Parlon ante la insistencia de los periodistas.

La rueda de prensa de este miércoles estaba convocada para presentar a la nueva jefa de los Mossos y felicitarse de que, por primera vez, una mujer ocupe ese cargo, pero acabó monopolizada por la renuncia de Trapero. El major no acudió al Palau de la Generalitat, donde Illa recibió a Catà y al nuevo director general, el comisario Ferran López.

La impronta de Trapero se ha notado en la lucha del Govern contra la pequeña delincuencia. La seguridad se ha convertido en una de las banderas del Ejecutivo de Illa. La presión policial ha aumentado y el refuerzo judicial ha permitido reducir la espera para los juicios de hurtos y robos. Pero el apoyo para endurecer las penas a este tipo de delincuentes ya tiene sus efectos en el incremento, por primera vez en décadas, de la población penitenciaria catalana.

Los roces entre Trapero y Parlon también aparecieron a raíz de la infiltración policial en una asamblea de docentes que preparaba una huelga el pasado mayo. Tras cerrar filas sin matices con el cuerpo, el Govern terminó admitiendo el error y lo atribuyó a una “inercia operativa” de los servicios de información de los Mossos, pese a lo cual el caso, pendiente de sentencia, no ha comportado el cese de ningún mando. Parlon era partidaria de ello.

Los grupos de izquierda celebraron la dimisión de Trapero (la habían pedido, sin éxito, por el espionaje). Además, recordaron su historial polémico en la dirección general, con la reintroducción del gas pimienta contra manifestantes o el fallido plan para que agentes de paisano acudieran de forma permanente a escuelas con conflictos.

Desde ERC, la diputada Ester Capella pidió “abrir una nueva etapa” en los Mossos y vio “necesaria” la marcha del director general “por los errores acumulados”. El portavoz de los Comuns, David Cid, consideró la salida de Trapero “una buena noticia”, mientras que el parlamentario de la CUP Xavier Pellicer la tildó de “victoria” de los movimientos sociales.

Más allá fue Junts, que reclamó el cese de Parlon y vinculó el “incremento de la inseguridad en la calle” con el “caos” del departamento de Interior, en palabras de su portavoz, Salvador Vergés. Mismo sustantivo —“caos”— empleó el diputado de Vox Joan Garriga, que también pidió el cese de la consellera.

Sin la relevancia pública de Trapero, el nuevo director general, Ferran López, vuelve a ser un uniformado en un puesto político. López, antigua mano derecha de major en el cuerpo, fue el jefe de los Mossos durante el 155, y tras un breve paso por el F.C. Barcelona como jefe de seguridad, se reincorporó en 2022 en la policía catalana. Sabe lo que es manejarse en situaciones extremas (fue miembro del cuerpo de élite de los Mossos, los GEI), pero ahora le toca enfrentarse a una dirección general.

Este perfil del hasta ahora director general de los Mossos, Josep Lluís Trapero, se publicó el 21 de octubre de 2020 tras su absolución en la causa contra la cúpula de los Mossos por el 1-O. Recuperamos el texto por su interés informativo tras el anuncio de su marcha.

Josep Lluís Trapero empezó desde abajo y ascendió a lo más alto de la cúpula de los Mossos d’Esquadra sin buscar ni deber favores políticos. Criado en un barrio obrero de Santa Coloma de Gramenet, los que le conocen bien destacan su tozudez y la costumbre de hablar claro. Un mando que atiende a cualquier agente que le requiera, tenga o no galones. En el 2013 fue elegido jefe de los Mossos por el entonces conseller de Interior, Ramon Espadaler, un político procedente de Unió que ni era ni es independentista. A Trapero se le escogió solo porque se consideró que podía hacerlo mejor que otros comisarios que aspiraban a ese mismo ascenso. Era algo que se sabía dentro y fuera de los Mossos y que ahora también queda recogido en la sentencia de la Audiencia Nacional que lo ha absuelto. El ascenso de Trapero, subrayan los magistrados, fue “un reconocimiento personal sin vinculación con el proyecto independentista”. 

Trapero siempre ha sido solo un policía que quería hacer de policía, al que algunos quisieron encumbrar a la categoría de héroe y otros presentar como un traidor. Su gestión en los atentados de agosto del 2017 lo convirtió en un icono hasta el punto de que su cara acabó estampada en camisetas. Su “Bueno, pues molt bé, pues adiós” como respuesta a un periodista que se quejó de que el major contestase en catalán a una pregunta formulada en esta misma lengua llegó a ser trending topic mundial en Twitter esa tarde del 22 de agosto. En actos públicos o en reuniones privadas se comporta igual. Si le preguntan en castellano, responde en castellano. Si lo hacen en catalán, contesta en catalán. Con comparecencias como esa se ganó muchos fans pero también detractores en algunos medios de comunicación.

Antes de los atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils, una parte del independentismo recelaba de él por considerarlo como una persona de orden del que costaba imaginar que estuviese dispuesto a desobedecer órdenes para favorecer la causa independentista. Hay que situarse en esas semanas de finales de verano y el otoño del 2017 para entender cómo la Policía catalana y, sin buscarlo, sus máximos responsables, acabaron formando parte de la bronca política.

En el Govern, casi de manera secreta, algunos altos cargos se llegaron a plantear la posibilidad de relevar a Trapero y buscar un mando policial que sí estuviese dispuesto a hacer lo que hiciese falta para que el secesionismo lograse su propósito. Al final los planes se truncaron, el major siguió al frente de los Mossos y, del mismo modo que plantó cara a más de un político, hizo lo propio con el coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, a quien se encargó la coordinación de todos los cuerpos policiales con presencia en Catalunya para el 1-O.

Trapero defendió su autoridad y la autonomía de la Policía autonómica y alertó de que su intención era cumplir las instrucciones de la jueza cuando esta pidió que el día del referéndum se actuase con proporcionalidad. La magistrada Mercedes Armas reclamó a todos los mandos policiales, incluido Pérez de los Cobos, tener “paciencia” y actuar con contención durante esa jornada. El coronel de la Guardia Civil, con un carácter como mínimo igual de fuerte que Trapero, no perdonó que el major reivindicase el papel de los Mossos y, tras la actuación de varios agentes de la Policía Nacional y después de escuchar sus declaraciones en sede judicial, es evidente que el concepto que ambos tenían de lo que debía ser una actuación proporcionada no fue la misma.  

Tanto Pérez de los Cobos como el autor de la mayoría de atestados de las causas relativas al proceso soberanista, el teniente coronel Daniel Baena, transformaron sus “percepciones personales” de lo que vivieron en declaraciones inculpatorias ya en sede judicial. Primero en el Supremo y después en la Audiencia Nacional. Baena se esforzó y no poco en presentar a Trapero como uno de los responsables de la estrategia independentista. En la sentencia conocida este miércoles, los jueces desaprueban que este mando de la Guardia Civil se dedicase a acusar sin pruebas. “Lejos de inferir a partir de hechos o circunstancias que funcionen como premisas [...] se parte de la conclusión a la que se quiere llegar”. 

Pocos días después del 1-O, Puigdemont le hizo llegar una carta de agradecimiento que Trapero ni contestó. Ambos sabían que no veían las cosas igual y que la situación podría complicarse todavía más. Es lo que pasó, los dos fueron destituidos en base a la aplicación del artículo 155 y mientras el primero siguió, ya desde Waterloo, buscando y obteniendo protagonismo, Trapero optó por la máxima discreción. No quiso ni escuchar a los que por vía indirecta le hicieron llegar la posibilidad de integrarse en la lista electoral de Puigdemont. En esos momentos era difícil encontrar a alguien más hastiado de los políticos.

Durante estos tres años ha estado alejado de cualquier foco mediático, centrado en su familia y en preparar su defensa. Un tiempo en el que ha seguido trabajando y recibiendo cartas a diario. La periodista Mayka Navarro explicó hace unos meses en un artículo que aunque el major trata de responderlas todas a mano, no termina de leer aquellas que le tratan como un héroe. Porque era y es solo un policía. 

Los dirigentes de Aliança Catalana, empezando por Silvia Orriols, niegan que su partido pueda calificarse de extrema derecha. No es que les moleste, lo cierto es que tienen tanto viento a favor que les molestan pocas cosas, pero su etiqueta, con la que ellos se sienten identificados, es con la islamofobia.

Se puede ser islamófobo y no ser de extrema derecha (solo hace falta mirar a Dinamarca o a una parte del laborismo británico), pero también es cierto que si hay una característica común a todos, absolutamente a todos, los partidos de extrema derecha es el rechazo al Islam y los musulmanes.

Aliança y Vox han enseñado sus cartas claramente cuando han salido a felicitar públicamente a la AfD por su resultado en Sajonia-Anhalt. Ambos asociaron la victoria de la ultraderecha alemana a la “esperanza”. No es la primera vez que muestran sus simpatías respecto a una formación que relativiza el nazismo y cuyo programa electoral debería poner en alerta a cualquiera que se considere demócrata. Debería hacerlo, pero no pasa, y solo hace falta ver cómo están subiendo en las encuestas.

Los sondeos detectan un incremento sostenido de Aliança en Catalunya. Suben y suben, encuesta tras encuesta. Ese ascenso demoscópico se confirma en conversaciones de sobremesa en las que sus futuros votantes ya no se esconden. Al igual que sus dirigentes rehúyen la etiqueta de extrema derecha y se escudan en el orden y en la necesidad de recuperar una Catalunya que solo existe en su imaginario.

Ulrich Siegmund, el líder de AfD, vende políticas ultras con una sonrisa, del mismo modo que Orriols lo hace con un catalán de dicción perfecta y atribuyendo las desigualdades a la presencia de migrantes. En el caso de Aliança hay una espita, los atentados del 17-A, que explica el éxito de Orriols en Ripoll. Es la semilla de un proyecto que puede convertirse en la tercera fuerza del Parlament.

En las elecciones del domingo se confirmó que no existe un único perfil de votante de la extrema derecha. AfD se impone en todas las franjas de edad y en especial entre aquellos que tienen entre 35 y 59 años, entre los que logra más de la mitad de los votos. Es especialmente destacable el apoyo que recibe por parte de sectores obreros, con un 59%. También son el partido preferido para aquellos votantes con bajo nivel de estudios (57%).

AfD ha conseguido que ciudadanos que se abstenían vuelvan a las urnas. Eso es algo que también puede pasar con Aliança, en su caso, independentistas desencantados con el resto de formaciones. Prometen la independencia aunque tampoco explican cómo la conseguirán. Tanto AfD como Aliança son euroescépticos y a quien más votantes le quitan es a la derecha y el centroderecha (si es que ese espacio aún existe). Llámale CDU, llámale Junts.

No será por libros y artículos que intentan explicar las causas del avance de la extrema derecha. Hay quien defiende que la historia es lineal (normalmente es argumento de la izquierda) y quien considera que es cíclica. En ambos casos, si hubiese que buscar un origen a por qué no ha parado de avanzar, probablemente la explicación, o una de las más evidentes, habría que buscarla en la crisis financiera del 2008, cuya onda expansiva ha durado décadas. En tres palabras: vivienda, salarios y servicios públicos.

Se ha roto el tabú. Los votantes de extrema derecha ya no se esconden, incluso presumen de ello. Los hay que incluso justifican que se niegue comida y un lecho a una persona que lleva semanas viviendo al raso en Ceuta o en una de nuestras calles. “Cómo se han tenido que quebrar los vínculos con algo que antes llamábamos ética o moral universal para que puedas creerte bueno mientras estás participando en un linchamiento”, alertaba el filósofo Santiago Alba Rico en una entrevista en este diario.

Hemos llegado a ese punto. Personas que se consideran buenas y cuyo enfado con el sistema les lleva a negar la atención sanitaria, la educación o un hogar a otras por su raza u origen. Asusta, pero está pasando.

En un país que no va sobrado de pensadores, Santiago Alba Rico (Madrid, 1960) se ha convertido en un referente para la izquierda, y ojalá no solo para ella. Su voz tímida, casi susurrante, se abre paso en artículos y libros que ayudan a combatir el griterío de parlamentos y tertulias. Su último ensayo, Gaza y el destino del mundo (Arpa), nos sitúa ante un espejo incómodo, el de la doble moral de Occidente.

“Israel es obra del antisemitismo europeo y en ese sentido, no debería haber existido. La fundación de Israel es injusta en todos los sentidos”, denuncia Alba Rico. Considera que la solución de los dos estados ya no es posible. Defiende que los propios israelíes, junto con los europeos, son los que tienen que des-sionizar Israel. “Entonces podrán plantearse cosas como las que decía Martin Buber: un estado binacional o un solo estado democrático en el que sea posible establecer unas reglas de juego compartidas”, añade.

Mientras, el filósofo se niega a caer en el pesimismo. No porque falten motivos sino porque si los palestinos resisten, pese a todo, a no tener nada, hay que aguantar y seguir denunciando el genocidio del que son víctimas. Alba Rico nos obliga a pensar sobre ese mundo que Gaza ha marcado como punto de no retorno civilizatorio y, también con las imágenes de Ceuta en la retina, lanza esta advertencia: “Estamos en un momento de la historia en el que uno puede creerse bueno mientras participa en un linchamiento”.

El arranque del libro es sorprendente porque se retrotrae a dos aspectos de la infancia: la diurna, que, por resumirlo, sería más la del juego, y la nocturna, que podría ser más la del miedo. Y a partir de ahí las vincula a algunas dinámicas del poder. ¿Cómo se le ocurrió?

Es una analogía que está presente en mi cabeza desde hace ya algún tiempo. Como lector de Freud creo que era casi inevitable plantearlo así. Pero quizá también tiene que ver con la percepción de los últimos años, en un contexto de descomposición de las democracias y de expansión del autoritarismo. El proyecto de la Ilustración ha fracasado claramente.

Kant decía que la Ilustración era la humanidad que alcanza la mayoría de edad. Durante dos siglos hemos creído, a ratos, que había sido así, pero en los últimos años vemos que no. Nunca hemos llegado a ser mayores de edad del todo. Seguimos como en un patio de colegio en el que los más fuertes, los que menos se atienen a los principios pactados por todos, son los que finalmente se apoderan de territorios, de las vidas de los demás y deciden, en definitiva, quién merece vivir y quién no.

Eso que yo llamo la infancia diurna, que es la del juego, en un momento determinado se convierte en hipocresía. Hemos seguido jugando a los valores morales, a la democracia, a la división de poderes. Lo que ha ocurrido es que se ha venido abajo ese aparato lúdico, más o menos pactado, en el que todos, hipócritamente, nos guiábamos por ciertos principios en los que quizá no creíamos, pero que nos defendían del niño nocturno. Y ese niño nocturno se ha apoderado del patio del colegio.

En ese patio incluso los juegos infantiles tienen reglas. Trasladado al comportamiento de dirigentes como Trump y Netanyahu, ¿el resumen sería que ellos no respetan ninguna regla?

Exactamente. Es una idea que recojo de Chesterton, de ese libro maravilloso que es Ortodoxia, en el que explica la obsesión que tienen los niños por las reglas. Pueden inventar las reglas, pero lo importante es seguirlas. Recuerdo en el libro una frase de un libreto de Wagner, Los maestros cantores de Núremberg, en la que dice: “Cread vuestras propias reglas, pero seguidlas”.

Hay algo siempre tranquilizador en las reglas. Incluso, si se quiere, en las mafias que tienen, o han tenido durante algún tiempo, reglas internas que había que respetar. Y los niños están obsesionados con ellas: quieren a toda costa que se cumplan.

Ese niño diurno que juega con reglas inventadas, pero en todo caso rígidas y de obligado cumplimiento, se convierte en un hipócrita civilizado, diría Freud. En El malestar en la cultura, la civilización sirve fundamentalmente para reprimir al niño nocturno. Y ese niño nocturno ha quedado liberado, desencadenado. No cumplir las reglas tiene en estos momentos muchas ventajas en términos de poder, de ganancia, de beneficio capitalista, de beneficio imperialista y de protección de los propios intereses.

En uno de los capítulos se hace una pregunta: ¿qué es Gaza? Y una de las conclusiones destacables sería que es mucho más que un territorio físico con una historia milenaria.

Sí. A mi juicio, Gaza no es solo un territorio, como han señalado autores como Pankaj Mishra. Es un cambio de paradigma, un concepto, un objeto mental.

En algún momento lo comparo con otros conceptos que ha habido a lo largo de la historia, sobre todo del siglo XX. Hablo de Verdún, que nadie sabe dónde está, pero que es un paradigma de guerra que, de alguna manera, establece también un parteaguas en la historia del siglo XX. Las trincheras de Verdún fundan el siglo XX. Y luego tenemos claramente dos conceptos que originalmente son territorios: Auschwitz e Hiroshima. Auschwitz, el de la liquidación horizontal del otro; Hiroshima, el de la liquidación vertical del otro.

Gaza es otro nuevo concepto en el que se combina lo horizontal de Auschwitz y lo vertical de Hiroshima. Al mismo tiempo, se introduce una novedad tecnológica que convierte —o ha convertido— Gaza en un laboratorio de una nueva forma de hacer la guerra; por ejemplo, mediante el uso de la inteligencia artificial.

Gaza no es solo un territorio. Es un cambio de paradigma, un concepto, un objeto mental

Hay semejanzas y, como señala, también alguna diferencia.

Hay una cosa que rompe con el modelo del siglo XX. Auschwitz, después de todo, fue ocultado. Los nazis intentaron ocultarlo, no se jactaron de Auschwitz. La decisión relativa a lo que llamaban, eufemística y terriblemente, la “solución final” se tomó en una reunión secreta. Todo ocurría en la niebla, en la oscuridad. En Gaza, ha sido exactamente lo contrario: lo hemos vivido en tiempo real, a la vista de todos. Digo en algún momento, con mucha amargura, que si Hitler hubiera introducido cámaras de televisión en las cámaras de gas quizá habría podido ir más lejos de lo que llegó, que fue realmente bastante lejos.

No podemos mirarlo todo sin contaminarnos; no podemos permitirnos mirarlo todo sin que sufra también nuestra alma, nuestra integridad moral. Hemos visto demasiadas cosas. Las hemos visto en tiempo real, minuto a minuto, sin poder cambiar lo que estaba ocurriendo. Esto es un batacazo civilizacional y moral sin precedentes por una sencilla razón: ya no ocultamos los crímenes; incluso nos enorgullecemos de ellos.

Hay un 90% de la población mundial que está absolutamente en contra del genocidio en Gaza y que, sin embargo, totalmente impotente, ha tenido que contemplar imágenes que han dañado moralmente a la humanidad. Lo han hecho de una manera que no voy a llamar irreparable, pero sí con efectos muy duros.

Dice que un 90% de la población mundial pero al final parece que ese 10% restante de la población es el que acaba decidiendo qué pasa en Gaza.

Pues sí. El libro también es un acta de acusación a Estados Unidos y a la Unión Europea. Esto es algo que podemos constatar en otros campos, no solamente en Gaza. Lo decía Gaetano Mosca, filósofo y teórico del derecho en la Italia prefascista: una minoría organizada siempre es más poderosa que una mayoría desorganizada.

Obviamente, esas minorías que acaban apoyando un genocidio tienen más medios, más dinero y más recursos. También más recursos de propaganda. No solo se han apoderado de las armas y de la violencia, sino también de las palabras. En esas condiciones, una mayoría desorganizada puede hacer muy poco, salvo sufrir desde lejos el veneno moral de esas imágenes terribles en las que hemos visto a niños muertos, enterrados bajo los escombros, disparados por francotiradores o asesinados en sus camas.

Hay un momento en el que habla de la doble moral occidental. Ahora mencionaba a Estados Unidos y a la Unión Europea. ¿Un ejemplo es cómo se condena la violencia palestina, pero se tolera la de Israel?

Cuando se hacen condenas son puramente formales o retóricas y no van acompañadas de medidas que, sin embargo, sí se han tomado en otros lugares. Se han tomado medidas contra Rusia, muy legítimamente, frente a una invasión y una ocupación que hay que condenar sin ambages. Pero eso no se hace con Israel.

En el libro intento explicar que no se hace porque Israel forma parte de la peor historia de Europa, la que una y otra vez se ha impuesto, salvo en este breve paréntesis posterior a la Segunda Guerra Mundial. Israel es lo que queda de la Europa anterior a la Segunda Guerra Mundial. Y, como superviviente de lo que era aquella Europa, puede hacer retroceder a Europa. Lo estamos viendo con la islamofobia, el racismo y la ultraderecha creciente en Europa.

Todo eso tiene mucho que ver con Israel, como el propio Netanyahu reconoce y consagra estableciendo relaciones privilegiadas con partidos de la ultraderecha europea, que son los mismos partidos que antes de la Segunda Guerra Mundial perseguían a los judíos. De manera que sí: Israel es la supervivencia de la peor Europa en Oriente Medio y, desde allí, puede conducirnos a los europeos de nuevo a lo peor de nuestra historia.

Hay un momento en el que es especialmente contundente y dice que Israel no debería haber existido nunca y que no fue, como a veces se ha explicado, la presencia minoritaria y legítima de inmigrantes de religión judía en Palestina, en 1881 o 1906, la que reclamaba su existencia.

Israel es obra del antisemitismo europeo y en ese sentido, no debería haber existido. La fundación de Israel es injusta en todos los sentidos. Es fruto, en efecto, de un proyecto nacionalista excluyente que surge a finales del siglo XIX, cuando aparecen los nacionalismos, especialmente en Europa, y posteriormente en un contexto de imperialismo colonial. Es, por lo tanto, como decía Theodor Herzl, una avanzadilla de Europa en Oriente Medio y un parapeto frente a los bárbaros colonizados.

Ahora bien, que su existencia no fuera justa no quiere decir que debamos perseguir ahora la destrucción de Israel. No. Israel existe y no se puede neutralizar una injusticia con otra injusticia 80 años después.

Por tanto, tenemos una sola herramienta, una herramienta que va a dejar siempre insatisfechos a los justicieros de uno y otro lado, pero que es la única que tenemos: el derecho internacional.

Pero, cuando habla del derecho internacional, en el libro lo presenta como un débil cascarón en el que apenas se han contenido las ambiciones de las grandes potencias. Tal como está concebido ahora, ¿nos sirve?

Tal y como está, no nos sirve. Desde el mismo momento en que toda una serie de niños nocturnos han declarado no vinculante ese derecho, de alguna manera se vuelve nulo o inútil. También es consecuencia de cómo se construye ese derecho a partir de la Segunda Guerra Mundial. Pensemos, por ejemplo, en las Naciones Unidas.

Hay mucha gente que lleva mucho tiempo pidiendo una reforma de las Naciones Unidas. No puede ser que los vencedores de la Segunda Guerra Mundial sigan teniendo derecho de veto después de un largo proceso de descolonización, con un protagonismo creciente de otros países y de potencias al menos medias. Hay que reformar las Naciones Unidas. Es un buen momento para, al menos, plantear esa reforma. No para ejecutarla, porque para eso necesitamos más fuerza y más poder del que tenemos las mayorías desorganizadas, pero sí para plantearla.

No podemos permitirnos el pesimismo mientras los palestinos sigan resistiendo

Una cuestión sobre la que también reflexiona en el libro es la identificación entre el Estado de Israel y el pueblo judío. ¿Es un error que se ha cometido tanto desde la derecha como desde la izquierda?

Creo que sí. Esto es fruto también de esa culpa histórica resultado del Holocausto. Como cuentan muy bien Pankaj Mishra y Finkelstein, esto es relativamente reciente: empieza a ocurrir en los años sesenta.

Hasta finales de los años sesenta, hasta la Guerra de los Seis Días, no se establece una identificación entre el Estado de Israel y el Holocausto. De hecho, Israel no era un estado victimista. Había una especie de huida: el sionismo intentaba huir precisamente de esa identificación que establece el imaginario europeo entre el judío y la víctima. El sionismo reclamaba su derecho a la violencia, a no ser la víctima.

Pero, a partir de finales de los años sesenta, sí se establece esa identificación y el Estado de Israel comienza a extraer legitimidad de la invocación permanente del Holocausto y de la identificación entre el Estado de Israel y el pueblo judío.

Tenemos a Peter Beinart o a Marc H. Ellis, toda una serie de judíos que de ninguna manera están dispuestos a aceptar que Israel mate niños en su nombre. Hay que recordar constantemente esas voces judías y tratar de disolver esa identificación entre el Estado de Israel y el llamado pueblo judío que busca el sionismo para legitimar sus crímenes.

No hay un pueblo judío; hay una religión judía, hay una cultura judía. Y lo que no se puede hacer, desde luego, es identificar a Israel con el pueblo judío.

¿Por qué?

Porque la identificación entre el pueblo judío e Israel, allí donde Israel es una empresa colonial que comete un genocidio, hace algo que, por lo demás, desea el sionismo: promover el antisemitismo.

Y la mejor manera de combatir el antisemitismo es romper esa identificación entre el Estado de Israel y el pueblo judío. El pueblo judío, la cultura judía, la religión judía, no son culpables de los crímenes de Israel.

¿Cómo se podría des-sionizar Israel?

Va a ser difícil porque nace con el sionismo. La fundación de Israel es indisociable de ese proyecto, que desde el principio es excluyente y supremacista. Pero creo que es la única solución. Ahora mismo vemos muy lejos cualquier solución. La de los dos Estados es imposible. Hay que tener en cuenta que, en realidad, esto es lo que desde el principio se pretendió: hacer imposible la existencia de un Estado palestino.

Me irrita muchísimo que se hable constantemente del derecho a la existencia de Israel cuando el único derecho a la existencia que está siendo cuestionado constantemente, incluso desde Europa y desde Estados Unidos, es el derecho a la existencia de Palestina.

Con la particularidad de que Israel y sus gobernantes, desde Ben-Gurión, no han dejado de expresar clarísimamente su negativa a aceptar la existencia de un Estado palestino. Netanyahu no ha dejado de repetirlo en los últimos años. En el propio programa fundacional del Likud está escrito que el territorio de Israel va desde el río hasta el mar. Se reprocha constantemente a los palestinos que utilicen ese lema cuando está incluido en el programa fundacional del Likud.

No hay ninguna disposición por parte de Israel a aceptar la existencia de un Estado palestino. Por eso es necesario des-sionizarlo, y la única manera de hacerlo es que quienes han apoyado desde fuera a Israel dejen de apoyarlo.

Si Israel es un proyecto europeo, para que deje de ser un proyecto colonial, un proyecto genocida, es Europa la que tiene que dejar de apoyar a Israel.

No hay ninguna disposición por parte de Israel a aceptar la existencia de un Estado palestino. Por eso es necesario des-sionizarlo, y la única manera de hacerlo es que quienes han apoyado desde fuera a Israel dejen de apoyarlo

¿Cree que veremos el fin de la ocupación?

Personalmente, no lo sé. Confío en que mis hijos lo vean. Para eso es muy necesario que muchos más israelíes, y no solo judíos, se den cuenta de que la propia existencia de Israel, como señalan Ilan Pappé o Gideon Levy, está en peligro. Lo está porque es completamente inviable el proyecto sionista de un Israel excluyente en permanente guerra civil. Y son los propios israelíes, junto con los europeos, los que tienen que desionizar Israel.

Entonces podrán plantearse cosas como las que decía Martin Buber: un estado binacional o un solo estado democrático en el que sea posible establecer unas reglas de juego compartidas.

Hoy eso es totalmente inviable, pero no porque no pueda existir Hamás, sino porque existe un Estado de Israel gobernado, además, por partidos ultrarreligiosos que de ninguna manera pueden aceptar que exista un Estado palestino, ni siquiera que existan los palestinos.

No hay un reconocimiento de la existencia de los palestinos. No los llaman palestinos: los llaman árabes, precisamente para no tener que reconocer que existe un pueblo palestino.

En el libro señala que Gaza marca el inicio de un nuevo mundo. ¿Pronostica que ese mundo todavía será peor?

Últimamente, me resisto a dejarme llevar por el fatalismo o por el pesimismo. Creo que hay algo también muy político en esto: la decisión política que podemos tomar es precisamente la de no dejarnos arrastrar por ellos.

¿Cómo dejarse llevar por el fatalismo desde Europa cuando los palestinos están todos los días levantando escuelas en una jaima entre los escombros de Gaza; cuando están una y otra vez cambiando los pañales a sus niños, reconstruyendo sus casas, cuidando el olivo que les han quemado?

Lo que sí creo es que se avecinan tiempos aún peores, porque ese modelo Gaza es un modelo que estamos viendo en todas partes. Israel lo aplica en Líbano, Estados Unidos e Israel lo aplican en Irán, Rusia lo aplica en Ucrania, y estamos viviendo un proceso de desdemocratización mundial que no augura precisamente la reconstrucción de un derecho internacional más vigoroso y con mayor capacidad de protección, sino lo contrario.

No podemos permitirnos el pesimismo mientras los palestinos sigan resistiendo.

Hablando de cómo será ese nuevo mundo y viendo lo que ha pasado en Ceuta, tampoco parece haber demasiados motivos para el optimismo. ¿Cuál es su análisis de lo que está pasando?

Lo que más me preocupa, dejando de lado los análisis geopolíticos —que ya se han hecho, y muy buenos y muy finos; desde luego también en vuestro periódico—, es algo en lo que insisto en el libro. De pronto, estos días nos estamos encontrando con gente que se cree buena mientras impide que la Cruz Roja entregue pan y agua a los inmigrantes, los expulsa de los lugares donde los ha instalado precariamente el Gobierno o quema sus pertenencias.

Eso me preocupa mucho, porque estamos en un momento de la historia en el que uno puede creerse bueno mientras participa en un linchamiento. Es un poco lo que ocurre en Gaza. Hemos visto a ciudadanos israelíes que suben a la colina en Sderot para ver arder Gaza mientras toman una suculenta merienda o que impiden que se hagan entregas de ayuda humanitaria. Cómo se han tenido que quebrar los vínculos con algo que antes llamábamos ética o moral universal para que puedas creerte bueno mientras estás participando en un linchamiento.

Ese nuevo marco moral, o amoral, esté siendo alimentado por partidos políticos que aspiran a gobernar, incluso a derrocar a un gobierno legítimo por cualquier vía, amparándose en el niño nocturno, en el niño nocturno que todos llevamos dentro. Que nos creamos buenos ciudadanos o buenas personas mientras excluimos al otro, perseguimos al otro o matamos al otro es lo que más me preocupa en estos momentos.

Y en lo de Ceuta ya lo vemos: a través de Ceuta, este nuevo modelo, este modelo Gaza, está también deslizándose muy deprisa en España, que hasta ahora era un poco una isla que se mantenía protegida del fascismo. Creo que a través de Ceuta el fascismo desembarca definitivamente en España.

A través de Ceuta el fascismo desembarca definitivamente en España

Es la deshumanización del migrante. Llega un momento en el que mucha gente ya no ve a personas.

No. Y te crees bueno por no ver a una persona, a un niño o a un joven que ha huido de su país. Eso es lo tremendo. Hay que tener muchísimo cuidado. Por eso en mi libro también hay una advertencia contra los justicieros, contra la idea misma de justicia, porque a través de la idea de justicia se cuela mucho más fácilmente el mal que a través de la idea de derecho. No queramos ser justicieros.

No podemos pedir a todo el mundo que se sienta conmovido por la existencia del otro, por el dolor del otro. No se lo podemos pedir a nadie. Pero precisamente por eso es muy importante conservar a ese niño diurno que, hipócritamente, recordaba ciertos valores, ciertos principios, ciertas reglas comunes.

Desde 1989 hasta la actualidad se han multiplicado por cinco los muros y las vallas construidas. La que separa Ceuta de Marruecos es solo una de ellas. En África, a raíz del proceso de descolonización de la segunda mitad del siglo XX se crearon tres cuartas partes de las fronteras que existen hoy en día. Las dibujaron los europeos. Estos datos y muchos otros igual de interesantes los aporta el historiador Natxo Escandell en su ensayo El arte de habitar la frontera (Barlin Libros, 2025).

Las fronteras no son solo un límite físico. Son, especialmente, una división económica. Y, por supuesto, también mental. Las religiones, las etnicidades o las diferencias culturales a veces separan más que un río y eso que un 23% de las fronteras mundiales están trazadas por ríos.

Otro dato que apunta Escandell y que ayuda a entender nuestros mapas. A partir del nuevo sistema surgido del Congreso de Viena de 1815 se alteraron, aproximadamente, unas 67 fronteras. Desde aquel año, de media, cada tres años ha desaparecido un estado europeo legítimo y con fronteras definidas y aceptadas por el resto de territorios.

La Guerra Fría y las descolonizaciones empezaron a dividir con vallas y alambres y posteriormente, con el avance de la globalización, la separación fue y es entre explotadores y explotados. Los migrantes buscan un futuro, un bienestar o directamente quieren salvar la vida. Describir esa realidad, que en la historia de las migraciones siempre ha sido la misma, se ha convertido en todo un reto en estos tiempos. Se deshumaniza a los migrantes hasta el punto de que Trump (cuyo abuelo llegó de Alemania) se niega a llamarles personas y les acusa de “introducir genes malvados”.

Escandell reproduce una imagen que circuló por redes sociales y que define muy bien cuál es el discurso que se está imponiendo. “Se trata de una mesa a la que se sientan un señor con corbata y dos más, uno con chaleco y otro con casco de obrero. Uno de estos parece del África subsahariana, hecho relevante para una anécdota no tan banal. El caso es que el empresario tiene justo delante de él un plato repleto de galletas y, en el medio de la mesa, vemos otro que contiene solo una. De la boca del trajeado sale una frase dirigida al obrero blanco: ‘¡Hey! ¡Ese inmigrante va a quedarse tu galleta!”.

Al final, como bien concluye este historiador, las fronteras han mutado a lo largo de los años pero su objetivo sigue siendo el mismo: “Controlar, jerarquizar y excluir”. Aquí es el Mediterráneo pero pasa lo mismo en el río Bravo, entre Estados Unidos y México, en las aguas pantanosas de la selva del Darién, entre Colombia y Panamá, o en la ruta marítima del Yemen. Miles de personas intentan cruzarlas y a la vez miles de personas mueren cada año sin conseguirlo.

El escritor Jorge Volpi, que también ha dedicado su último ensayo, Invasión alienígena (Debate), a analizar el papel de las fronteras y repasar la historia de las migraciones, lo resume con una pregunta que se responde sola: “La mayor fuente de discriminación que persiste en el planeta es obra del nacionalismo: El hecho -indeseado y casual- de nacer en un lado te confiere un sinfín de derechos y oportunidades, mientras que venir al mundo en otro te anuncia una vida de privaciones, inequidad, falta de perspectivas, opresión o pavor. ¿Cómo no ibas a querer cruzar esa línea imaginaria?”.

Según datos de Naciones Unidas, las personas que viven en un país distinto del que nacieron, que por la razón que sea cruzan esa línea, representan aproximadamente el 3,7% de la población mundial. Así que igual a quienes deberíamos interpelar no son a los que tienen hambre y se pelean por una galleta, también en Ceuta, sino a quienes ponen los platos y en el suyo se quedan con toda la caja.

En uno de los capítulos de Las invasiones bárbaras (Debate), el estupendo ensayo que ha publicado el periodista Claudi Pérez, se recupera el concepto de “democracia zombi” que David Runciman acuñó en su libro Así termina la democracia (Paidós, 2019). El politólogo británico defiende que la democracia representativa contemporánea está “cansada”, es “vengativa y paranoica” y “se engaña a sí misma”. “Con inusitada frecuencia, es ineficaz. Y además está cometiendo errores estúpidos en el peor momento. Pero, a su vez, con sus usos y costumbres, y con esa parafernalia que es una antigualla, se le da muy bien aplazar el desastre”, advierte el pensador.

Concretar qué es el desastre no es fácil, pero quizá un buen síntoma sea el hecho de que, según las encuestas, dos tercios del planeta no confían en su gobierno. Un par de indicios más: uno tras otro, los electorados de América Latina cambian derechos por un concepto cuestionable de la seguridad y, en Europa, la socialdemocracia nórdica se abona a las políticas antiinmigración.

Pérez describe en las invasiones algunos de los pálpitos catastrofistas que se han sucedido. Una angustia existencial que, como bien recuerda, remite a la caída de Roma. Vamos, que la historia está llena de episodios oscuros, pero después siempre acaba haciéndose la luz.

Ahora nos encontramos en uno de esos capítulos en los que cuesta alumbrarse y aún más ver una salida a esa especie de frustración colectiva que están capitalizando fórmulas cada vez más reaccionarias. El Brexit ganó. El Brexit fracasó. Y en 2026, los sondeos apuntan a que uno de sus principales ideólogos, Nigel Farage, podría convertirse en primer ministro.

En Estados Unidos ganó Trump, perdió y volvió a ganar. Es el mismo narcisista, el mismo mentiroso, igual de peligroso… y regresó a la Casa Blanca con la promesa de llevar a cabo “la mayor deportación de la historia”. Hemos visto batidas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (más conocido como ICE, por sus siglas en inglés) en escuelas y universidades. Alumnos nacidos en Estados Unidos y que son hijos de migrantes han dejado de ir a clase por miedo a ser detenidos. Agentes migratorios irrumpen en domicilios, empresas o tiendas. Les da igual que sean trabajadores con permiso de trabajo o estén pendientes de solicitudes de asilo.

Las imágenes y testimonios de esos operativos, o las encuestas que pronostican la victoria de la extrema derecha en Alemania y Francia, convierten ucronías totalitarias como la que retrataba, ya en 2019, la serie Years and Years, o ahora la película Anniversary (Amazon Prime), en realidades verosímiles.

El nuevo totalitarismo, ese que nace y crece en las redes (aunque no solo ahí), puede tener rostros tan jóvenes y, a priori, amables como el de la impulsora de un movimiento radical que irrumpe en la familia que protagoniza Anniversary. Para evitar el espóiler, lo dejaremos en que su desintegración es también la de un país.

El filósofo Michel Onfray ha explicado en más de una ocasión que el totalitarismo contemporáneo, parecido al que vemos en estas series y películas que cada vez son menos distópicas, no lleva casco ni botas. “Al contrario, vivimos en una sociedad de control: el hecho de que se nos pueda escuchar en todo momento, el hecho de que se acumulen datos sobre nosotros… Esta sociedad de control está en su apogeo”, alerta el controvertido pensador francés.

La historia nos ha demostrado que siempre acaba volviendo la luz y, como escribe Pérez, el pesimismo está más que justificado y el resentimiento es la palabra de este primer cuarto de siglo. Pero, como también aconseja, lo que deberíamos combatir es el fatalismo. Quizá aún estemos a tiempo.

¿Se imaginan qué habrían pensado si un gobierno del PP o del PP y Vox hubiese dejado durante tres semanas a miles de personas malviviendo en una playa de Ceuta? Es de suponer que los partidos de izquierdas hubieran alzado la voz y criticado con vehemencia unas imágenes como las que hemos visto este agosto. La deshumanización en forma de chabolas improvisadas en la playa, con niños y niñas durmiendo donde podían o les dejaban.

El Gobierno no ha estado a la altura en Ceuta. La instalación de unas primeras carpas para atender a migrantes, 21 días después de que llegasen, prueba algo evidente y es que no basta con fotos de ministros reunidos con el presidente o un desfile de visitas a Ceuta para hacer unas declaraciones que aclaraban poco o nada. Durante muchos días su único propósito, a la hora de trasladar los mensajes en público, fue la de negar la evidencia, la de una ciudad desbordada.

Para empezar, aún no está claro por qué llegaron tantos miles de migrantes y, a falta de explicaciones convincentes, hemos deducido que la prioridad del Ejecutivo fue desde un principio evitar un conflicto mayor con Marruecos para así garantizarse su colaboración. Desde el cambio de estrategia, por no llamarle abandono, con el Sáhara, ese ha sido siempre el propósito del Gobierno y ni con el sospechoso espionaje con el software Pegasus al presidente y algunos ministros se cambió de opinión.

Todavía hoy no existe un cálculo oficial sobre la cantidad de migrantes que deambulan por Ceuta. El Gobierno de la ciudad habla de unos 10.000, una cifra que el Ejecutivo central sitúa en la mitad. Sean 10.000 o 5.000, si esto no es una crisis humanitaria, ya me dirán qué lo es.

Lo ha sido desde que llegaron y por eso el primer día debería haberse actuado. Pero no se hizo y tampoco sabemos por qué. Ahora parece que el Ejecutivo ha empezado a reaccionar de verdad, probablemente porque es consciente que la normalidad que prometió no ha llegado y, además, va para largo.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, se ha instalado estos días en la ciudad para estar presente durante la operación para intentar desalojar la playa del Trampolín y trasladar a las personas que ahí malvivían a las carpas provisionales que se han instalado. Cama e higiene, es lo mínimo tras tantas jornadas.

Hay que felicitarse también por el plan para trasladar a 500 niñas a la península. Ellas son las más vulnerables entre los vulnerables. Unos voluntarios tuvieron que montar guardia de noche para protegerlas y vecinos del barrio del Príncipe improvisaron un refugio para resguardarlas. Médicos, también voluntarios, las atendieron. Eso ha pasado estos días en la España del 2026, la Europa del 2026.

¿Y qué hubiese hecho Alberto Núñez Feijóo si hubiese tenido que gestionar esta crisis? Si fuese verdad lo que le hemos escuchado habría incumplido la ley, algo que es irresponsable y delictivo. Porque su propuesta es una deportación masiva, sin tener en cuenta ni la situación personal de cada migrante, por ejemplo, si tiene derecho a asilo, ni tampoco la edad. Le gustase más o menos, si algún día llega a presidente tendrá el “deber”, por ley, de garantizar la protección de los menores migrantes. Lo saben bien sus presidentes autonómicos e incluso los consejeros de Vox que han metido en sus gobiernos. Y si no, se lo recuerda la Fiscalía de Menores, cuya labor es especialmente destacable.

El discurso de Feijóo y el de Vox en este ámbito, como en tantos otros, es cada vez más indistinguible, algo que más allá de tácticas electorales, teniendo en cuenta la cantidad de ciudadanos que apoyan sus recetas racistas, nos convierten en una sociedad más insensible y moralmente más cuestionable.

Este no será el primer artículo en el que se recuerde que la frase de Trump, presumiendo de que, si se pusiera a disparar tiros en la Quinta Avenida no perdería ni un solo voto, serviría también para explicar la fidelidad de una parte muy importante del electorado madrileño a Isabel Díaz Ayuso. Probablemente, esa sensación de impunidad es la que le ha llevado a cometer el error que peor justificación tiene a ojos de muchos votantes, también entre los suyos. Y esa es la novedad respecto a episodios anteriores, en los que había y hay como mínimo tantos o más motivos para cuestionar la gestión de la presidenta madrileña.

El ático de 485 metros cuadrados adquirido por el Gobierno regional por 6,3 millones, una operación realizada con toda la opacidad y sobre la que hay sospechas de que en realidad se eligió para ser una vivienda para Ayuso, fue la espita que desató una polémica del todo justificada, por más que ella busque restarle importancia. Primero, por la extraña adquisición del inmueble, pero también por la sucesión de errores posteriores.

Desde ponerlo de nuevo a la venta un día después de que se publicase la noticia en El País (con el inverosímil e improvisado argumento de que se destinará el dinero a la reconstrucción tras los incendios), hasta que su novio, Alberto González Amador, decidiese también vender ahora los dos pisos que comparte con Ayuso. Curiosa coincidencia. Pide el módico precio de 3,3 millones de euros por un piso y un ático que adquirió tras sus presuntos delitos fiscales.

Todavía hoy no se sabe quién y por qué ordenó a la empresa pública Planifica Madrid la compra de un ático que por normativa solo podía utilizarse como vivienda , puesto que ni podía ser una oficina ni tampoco una residencia oficial.

La retahíla de enredos inmobiliarios son aún más lacerantes en un momento en que la vivienda es el principal problema del país. Las imágenes del ático que su Gobierno adquirió a escondidas o el vídeo que la inmobiliaria colgó de uno de los pisos que comparte con Amador, también en el barrio de Chamberí, han circulado más que cualquier declaración de los grupos de la oposición. Si es verdad que una imagen vale más que mil palabras, estas de los pisos han sido una embestida que no hay maniobra de Miguel Ángel Rodríguez que pueda taparla.

La mejor prueba de que no había argumentos para defender el embrollo de los áticos de Ayuso es que ni los medios de comunicación que están siempre a punto para elogiar sus discursos o sus vestidos, esta vez, o bien callaron o le afearon que las explicaciones eran insuficientes. No es mucho, pero es tan poco habitual que sorprendió. Nunca un error propio —y mira que ha cometido— había sido cuestionado por los medios ayusistas, que son mayoría en Madrid.

La cadena de equivocaciones que ha cometido con los áticos solo se explica por creerse intocable. Es casi lógico que lo pensase. Su irresponsable gestión durante la pandemia, lejos de recibir el castigo que merecía en las urnas, fue premiada por unos votantes no menos irresponsables. Es solo un ejemplo. Tampoco el sospechoso enriquecimiento de su pareja en esa etapa ha merecido el escrutinio que sería esperable por parte de muchos medios, a no ser que seas de los que creen que nuestra labor es fiscalizar solo a las administraciones menos afines ideológicamente.

“Ni quiero ni puedo” fue la frase estrella con la que Mariano Rajoy afrontó el procés. El entonces presidente del Gobierno y líder del PP ni quería ni podía negociar un referéndum, algo que puede resultar comprensible, pero tampoco estaba dispuesto a negociar, ni siquiera a dialogar, sobre ninguna otra cuestión que pudiera concitar el acuerdo de una amplia mayoría de la sociedad catalana. Cuando todo saltó por los aires, el Gobierno también renunció a buscar una solución al enorme choque constitucional que se produjo, de modo que todo quedó en manos de unos tribunales que intervinieron en un conflicto político a golpe de Código Penal.

Ese es el contexto en el que, tras los indultos y con un PSOE que necesitaba a Junts para investir a Pedro Sánchez, surgió la ley de amnistía, aprobada casi siete años después del 1 de octubre. Para entonces se contaban por centenares las personas condenadas o encausadas por causas relacionadas con el procés y la situación política seguía pendiente de normalizarse, con Carles Puigdemont sin poder volver a Catalunya y Oriol Junqueras inhabilitado para presentarse a las elecciones.

La frustración y el inmovilismo político fueron quedando atrás y, gracias a la negociación y al diálogo, comenzaron a darse pasos. Se pretendía poner fin a una situación que no beneficiaba a nadie y que no se correspondía con el deseo mayoritario de mirar hacia adelante. Nadie que conozca la política catalana podrá decir que la ley de amnistía no haya servido precisamente para eso.

Una vez el Congreso convirtió la amnistía en ley, expresando así la voluntad clara del poder legislativo, los del “ni quiero ni puedo” pasaron a centrarse en la segunda parte. Se quería, pero ¿se podía? Algunos se empeñaron en decir que no. No solo desde la esfera política, sino sobre todo desde la judicial. El rechazo de la amnistía a Puigdemont y Junqueras con el argumento de que se enriquecieron por no pagar el referéndum de su bolsillo constituye una pirueta jurídica que ahora está pendiente de la resolución del Tribunal Constitucional.

La Audiencia Nacional y el Tribunal de Cuentas, entre otros, plantearon cuestiones prejudiciales al TJUE sobre la adecuación de amnistiar delitos de terrorismo o sobre si las condenas por malversación podían haber afectado a fondos europeos. En definitiva, preguntaron por la compatibilidad de la ley de amnistía con el marco jurídico de la Unión Europea.

Todo eso ha quedado despejado este jueves con la sentencia del máximo tribunal de la UE que, por cierto, evita cualquier expresión ajena al lenguaje jurídico, un ejemplo que también deberían seguir algunos de nuestros tribunales, tan dados a incorporar florituras innecesarias en sus escritos. La sentencia de Luxemburgo avala la práctica totalidad de la norma del olvido penal, con la única excepción de la obligación de levantar las medidas cautelares, un aspecto cuya redacción ya resultaba muy dudosa.

Con este importante espaldarazo europeo, el Constitucional lo tiene mucho más fácil para terminar de validar la amnistía, algo que ya ha ido haciendo parcialmente, aunque sin entrar en el fondo del asunto. La decisión definitiva llegará en una sentencia muy esperada. El propio tribunal ha preferido no dictarla antes de conocer el parecer del TJUE, pero ahora, despejada la cuestión europea, todo apunta a que acabará pronunciándose en otoño.

Si certifica la constitucionalidad de la norma, el Supremo tendrá muy difícil, por no decir imposible, negarse a aplicar la amnistía a Puigdemont, Junqueras y al resto de afectados. Y se confirmará que el “no se puede” queda reducido a un “no se quiere”, algo que, en una democracia que presume tanto de serlo, un tribunal no debería poder permitirse.

El primer interesado, además de Sánchez y de los directamente beneficiados por la amnistía, en que este embrollo se resuelva definitivamente es Alberto Núñez Feijóo, por más que los populares gesticulen o que José María Aznar hable de una “agresión sediciosa al derecho”.

“Todavía diez años más tarde, Cataluña intenta recuperarse de ese gran proceso tóxico”, señaló este jueves el PP en un comunicado. La pregunta que tendría que hacerse el partido es qué ha hecho para contribuir a esa recuperación. Porque la incógnita no es qué hizo Rajoy con Catalunya, eso ya lo sabemos, sino qué hará Feijóo si llega a la Moncloa. Y, por ahora, el PP sigue sin responder a esa pregunta.

Lourdes Beneria (Vall de Boí, 1937) lleva toda la vida siendo una pionera sin proponérselo. Nació en un valle del Pirineo leridano y estudió en una época en que muy poca gente lo hacía y menos las mujeres. Escogió Economía cuando se acababa de estrenar una nueva facultad en Barcelona y solo ella y otra alumna acabaron la carrera. El resto de los licenciados eran hombres, algo que en esos tiempos era habitual. Ellos eran mayoría entre el alumnado y aún más entre el profesorado.

Pasó por Francia e Inglaterra antes de obtener la beca Fulbright que le permitió trasladarse a Estados Unidos. Más tarde es ahí donde se hizo un nombre como docente. Pronto descubrió que, como en tantas disciplinas, las mujeres éramos invisibles en estudios y estadísticas. “El trabajo doméstico, los cuidados o el empleo informal de muchas mujeres existían, pero quedaban fuera del relato económico dominante”, explica.

Beneria rememora su trayectoria sin querer darle importancia, pero sus trabajos, recogidos en decenas de artículos y libros, la han convertido en un referente de la economía feminista. Hablaba de desigualdad de género cuando prácticamente nadie sabía qué era o de la importancia de que el sector público invierta en políticas de cuidados cuando los debates iban por otro lado. Tuvo conciencia ecologista también muy pronto. En eso también fue una pionera.

Usted nace en el Valle de Boí y acaba siendo catedrática en Cornell, en Estados Unidos. Dicho así, parece casi una vida de película.

No sé si de película, pero sí que ha sido una vida de mucho trabajo, muchos pasos y también de quebraderos de cabeza.

¿Cómo fue salir del Pirineo para empezar a estudiar?

Los tres primeros cursos de bachillerato los hice por libre: me preparaba con una maestra y acudía a examinarme al Instituto de Lleida. Después ingresé como interna en el colegio de la Sagrada Família de Lleida. Cuando llegó el preuniversitario, como allí todavía no se podía cursar, tuve que venir a Barcelona.

En aquella época estudiaban pocas chicas, especialmente en el Pirineo. Dependía mucho de si la familia podía pagar el viaje y la pensión.

¿Siempre tuvo claro que quería estudiar?

A partir de un cierto momento del bachillerato, sí. Mi familia no se opuso. Éramos seis hermanos y yo era la pequeña, con trece años de diferencia respecto al hermano anterior. Dos de mis hermanas también habían estudiado: una era farmacéutica y la otra, maestra.

¿Cómo decidió estudiar Economía?

Cuando llegué a Barcelona todavía dudaba entre ciencias y letras. Un día leí en La Vanguardia que se creaba una nueva facultad de Económicas y pensé que podía estar a medio camino entre ambas ramas. También tenía mucha curiosidad por entender la diferencia entre capitalismo y socialismo.

El primer curso éramos unas sesenta y cinco personas y solo tres mujeres. Al final, terminamos solo dos.

¿Cuándo descubrió qué ámbito de la economía le interesaba más?

La carrera duraba cinco años. Poco a poco vi que no quería dedicarme ni a la teoría económica ni a la historia económica. El último año tuve un profesor de comercio internacional y aquel campo me interesó mucho.

¿Cómo llegó a Estados Unidos?

Antes pasé temporadas en Francia e Inglaterra para aprender idiomas. Después obtuve una beca para estudiar el Mercado Común. Cuando quise volver a Inglaterra, me explicaron que las becas Fulbright facilitaban el acceso a Estados Unidos. Presenté la solicitud sin demasiada confianza, pero me la concedieron.

Allí hice un máster de un año y después volví a Barcelona. Me casé con un estadounidense y, una vez cumplidos los dos años de residencia obligatoria en el país de origen que exigía la beca, regresamos a Estados Unidos.

¿Cómo fue hacer el doctorado con dos hijos pequeños?

Muy difícil, pero salí adelante. Primero empecé en Columbia, pero me quedé embarazada y pedí una excedencia. Durante un tiempo vivimos cerca de Filadelfia porque mi marido había encontrado trabajo allí. Cuando volvimos a Nueva York, me matriculé de nuevo en el doctorado, ya con dos hijos.

¿Cuándo empezó a interesarse por la desigualdad de género?

El feminismo no ocupó un lugar central en mi pensamiento hasta finales de los años sesenta. Mi tesis doctoral estudiaba el sistema educativo español, pero incluía un capítulo sobre la educación de las mujeres. Aquella parte, que al principio parecía secundaria, acabó siendo la que más me interesó.

De aquel capítulo surgió mi primera publicación. Anagrama publicó el texto porque prácticamente no había trabajos en castellano sobre esta cuestión. Yo no era demasiado consciente de ser pionera; simplemente era un tema que me interesaba.

¿Cómo fueron sus primeros años como profesora en Estados Unidos?

Después del doctorado trabajé en la Universidad de Rutgers, cerca de Nueva York, y más adelante también enseñé en Columbia. Impartía asignaturas de economía, como macroeconomía o comercio internacional, pero al poco tiempo también empecé a ofrecer un curso sobre mujeres. En aquel momento había muy poca bibliografía y hacíamos lo que podíamos.

Yo no era demasiado consciente de ser pionera; la desigualdad de género simplemente era un tema que me interesaba.

En 1979 trabajó en la Organización Internacional del Trabajo. ¿Qué descubrió allí?

En un viaje a Marruecos observé una contradicción muy clara. Las estadísticas decían que la participación laboral de las mujeres era muy baja y la de los hombres, muy alta. Pero en un pueblo de montaña vi a mujeres realizando todo tipo de trabajos duros —transportando productos, lavando ropa, cuidando criaturas— mientras muchos hombres estaban en las tiendas sin actividad porque no era temporada turística.

Aquello me hizo ver que las estadísticas no contabilizaban buena parte del trabajo femenino. No era un problema exclusivo de Marruecos; también ocurría en España y en muchos otros países. De ahí nació un artículo sobre producción, reproducción y división sexual del trabajo.

¿Le hicieron caso?

No demasiado. Cuando propuse revisar las estadísticas laborales, algunos se rieron. Pero, con el tiempo, la cuestión se fue incorporando a los debates de la OIT y se empezó a contabilizar mejor el trabajo de las mujeres.

También investigó el trabajo precario de las mujeres en México.

Sí. Cuando volví a Estados Unidos hice trabajo de campo en México sobre la maquila doméstica: mujeres que trabajaban desde casa en tareas industriales muy mal pagadas y en barrios muy pobres. Realicé el estudio con una socióloga argentina y de él salió un libro. La Fundación Ford financió la investigación, que nos ocupó dos veranos.

En cierto modo, su investigación ha consistido en hacer visibles realidades ocultas.

Sí, sobre todo realidades que no aparecían en las estadísticas ni en las publicaciones académicas. El trabajo doméstico, los cuidados o el empleo informal de muchas mujeres existían, pero quedaban fuera del relato económico dominante.

¿Cómo valora hoy la evolución de las mujeres en el mundo laboral?

No se puede generalizar, porque depende mucho del país, del sector y del contexto. Pero se ha avanzado enormemente. Las Naciones Unidas han tenido un papel importante, especialmente con la Conferencia de Pekín, que marcó un antes y un después. Hoy la desigualdad de género es mucho más conocida y preocupa a mucha más gente.

¿Qué queda todavía por hacer?

Queda mucho, sobre todo para las mujeres migrantes, que a menudo ocupan los empleos más precarios y tienen menos opciones laborales. El ámbito de los cuidados sigue siendo central. Ahora se habla mucho más de ello que antes, pero los presupuestos públicos todavía son insuficientes, tanto a escala estatal como local.

¿Cree que existe el riesgo de retroceder en derechos?

Sí. En Estados Unidos y en otros lugares han aparecido movimientos que defienden un retorno a modelos tradicionales. Aun así, pienso que no volveremos exactamente al punto de partida, porque cuando las mujeres han conquistado espacios y derechos es difícil que los abandonen por completo.

La economía no es solo una cuestión de cifras, sino también de derechos y de poder.

¿Cómo ve el trumpismo?

Como un desastre. Me cuesta reconocer aquel país. Cada día es más reaccionario y autoritario. Una parte del movimiento MAGA procede del conservadurismo de siempre, pero también hay personas castigadas por las crisis económicas y por la pérdida de empleo industrial. Trump ha sabido convertirse en el líder de ese malestar y de sectores que antes no estaban tan organizados.

¿Qué piensa del discurso de la “prioridad nacional” respecto a la inmigración?

Es un discurso insolidario y alejado de la realidad. Nuestras economías dependen en buena parte de la mano de obra migrante. Es cierto que su incorporación puede generar desequilibrios temporales, pero no se puede ignorar que muchas actividades económicas necesitan a estas personas.

¿Puede la educación combatir estos discursos?

La educación es importante, pero no basta. También hacen falta conversaciones, debates y capacidad para convencer. Yo siempre he sido más bien tímida —soy del Pirineo—, pero me ha gustado argumentar e intentar convencer sin ser agresiva.

También ha defendido alternativas económicas vinculadas al ecologismo. ¿Le preocupa que el cambio climático haya perdido centralidad?

Mucho. La lucha contra el cambio climático no es una bandera ideológica, sino una necesidad. Me preocupa el avance del negacionismo y los intereses económicos que hay detrás.

En Cornell participé en una protesta para evitar que destruyeran una pequeña zona arbolada del campus. Al final llegaron las excavadoras y talaron los árboles. Aquel día lloré, como muchos estudiantes y profesores. Desde entonces entendí de otra manera qué representan los árboles y cómo todo está relacionado.

La lucha contra el cambio climático no es una bandera ideológica, sino una necesidad.

¿La economía influye más en la vida de lo que solemos pensar?

Sí. La economía tiene muchas ramificaciones y no se puede separar de la naturaleza, la sociedad o la política. La industria moderna y el modelo económico pueden provocar un daño enorme si no se tienen en cuenta estas relaciones.

¿Qué recomendaría hoy a un estudiante de Economía?

Que entienda que la economía no es solo una cuestión de cifras, sino también de derechos y de poder. Y, sobre todo, les diría a las chicas que sus derechos valen tanto como los de los chicos, que deben luchar por la igualdad y que no deben permitir que regresen las leyes ni las prácticas del pasado.

¿Por qué decidió regresar definitivamente a Catalunya?

Cuando me jubilé me planteé quedarme en Ithaca, donde está Cornell, porque estaba muy bien allí, tenía muchos amigos y era una ciudad agradable. Pero ninguno de mis hijos vivía en Estados Unidos y mi familia estaba aquí. Finalmente, el peso de la familia y el vínculo Catalunya y el Valle de Boí me hicieron volver.

Se marchó del valle con trece años. ¿Volver es una forma de cerrar el círculo?

Sí. Es un poco aquello de recorrer el mundo y volver a casa. Me gusta regresar. Hace poco una prima encontró una fotografía mía de pequeña, con una ternera, y durante días no sabía quién era aquella niña. Cuando me la enseñó, me reconocí enseguida. Fue como reencontrar una parte muy antigua de mí misma.

La han bautizado con distintos apelativos: fanatismo verde, fanatismo climático, ecolocura, estafa climática, dogmatismo climático, econazismo… Son conceptos que la extrema derecha utiliza para ignorar la emergencia climática. Hay que seguirlos de cerca para observar cómo han ido adaptando su discurso y han pasado, en muchos casos, del evidente negacionismo climático al econacionalismo. Han cambiado algunas expresiones, pero sus argumentos siguen siendo igual de peligrosos.

En Extrema dreta, què ens hi juguem (editado únicamente en catalán por Eumo), los profesores Jordi Corominas y Joan Albert Vicens dedican un interesante capítulo a analizar cómo los partidos de extrema derecha ajustan sus argumentos a ese ambientalismo nacionalista.

Vayamos a ejemplos concretos. Algunas de estas formaciones ahora aceptan que el cambio climático existe. Pero —y ahí está la trampa— defienden que es inevitable y que no queda otra opción que adaptarse. Eso les lleva a rechazar los acuerdos internacionales, empezando por la Agenda 2030 o el Pacto Verde Europeo.

De hecho, impugnan las medidas que obliguen a los Estados, porque su apuesta es que cada país aplique las que considere oportunas. Pretender que la solución sean más fronteras cuando la emergencia es planetaria es una barbaridad. Pero lo dicen porque hay gente dispuesta a votarlos por argumentos como ese. “La mejor preservación del medio ambiente es la defensa de las fronteras”, ha proclamado Marine Le Pen. Es una idea que a la extrema derecha francesa le ha funcionado muy bien. De ahí que su delfín, Jordan Bardella, insista en ella: “Las fronteras son el mejor aliado del medio ambiente; es a través de ellas como salvaremos el planeta”.

Ese econacionalismo les permite reclamar que las políticas energéticas no estén sometidas a ningún tipo de coordinación supraestatal. Sin tapujos, defienden que se mantengan los combustibles fósiles, recelan de las energías renovables y rechazan las zonas de bajas emisiones en las ciudades. Vox, abonado como está a las hipérboles, ha llegado a acusar al Gobierno de provocar un “suicidio energético e hidráulico”.

El discurso retardista, que ya había abrazado una parte de la derecha y con el que también coquetea el rojipardismo, repite como uno de sus principales mantras que el coste de la transición ecológica es muy elevado, especialmente en zonas como Europa, mientras que en otros puntos del planeta no se hace nada para combatir la emergencia actual.

James Painter, investigador asociado al Instituto Reuters y profesor de la Escuela de Geografía de la Universidad de Oxford, explicó hace unas semanas, durante una jornada celebrada en Barcelona titulada Desinformación climática: de la negación a la demora, que las tres argumentaciones utilizadas en el pasado eran: “No está pasando”, “no es culpa nuestra” y “no es malo”. Ahora, en cambio, sostienen que “las soluciones no funcionan o no son de fiar”. Es decir, según este experto, trasladan la idea de que “la ciencia no es de fiar”.

Ya sea con los argumentos del negacionismo clásico o mediante el retardismo, lo que nunca falla en la extrema derecha, con independencia del país, es la vinculación del discurso econacionalista con el elemento clave de todos sus programas: el rechazo a la migración. “Cuando eres ecologista, te aseguras de que no haya inmigración”, ha resumido Hervé Juvin, uno de los economistas de Reagrupamiento Nacional.

Pensar que Vox —cuyo líder, Santiago Abascal, calificó al presidente Sánchez de “terrorista climático” y negó que las políticas contra el cambio climático estén basadas en la ciencia— ya decide las medidas medioambientales en tantas comunidades autónomas, y que está por ver si pronto también lo hará en el Gobierno central, es algo que debería alarmar a cualquiera. De nada sirve que el presidente andaluz, Juanma Moreno, se lamente de las consecuencias del cambio climático si él es uno de los que ha dado entrada en las instituciones a la extrema derecha negacionista. Y Alberto Núñez Feijóo ya ha dejado claro que tampoco tendrá problema alguno en gobernar con ella. Así que sus votantes no podrán lamentarse de que no estuviesen avisados.