El consejero de Economía del Gobierno de Cantabria (PP), Luis Ángel Agüeros, ha declarado que “la situación en Cantabria es buena y las necesidades básicas de las personas están satisfechas” en una intervención pública organizada por el Foro Económico de El Diario Montañés.

En este sentido, ha justificado la afirmación en que la autonomía tiene “la tasa de desempleo más baja de España”, situada en el 7,49% frente al 10,83% nacional, que ha sumado once mil afiliados más a la Seguridad Social en tres años y que la tasa AROPE -utilizada para medir el riesgo de pobreza y exclusión social- tiene tres puntos menos que el año anterior.

Cantabria asciende en los ránking de calidad de vida, ha asegurado en un discurso sin referencias a uno de los principales problemas de los cántabros que es la vivienda. Al mismo tiempo se conocía que el número de trabajadores afectados por un despido colectivo en Cantabria se disparó un 275% en abril, hasta los 135 afectados. El tercer mayor incremento de las comunidades tras los registrados por Extremadura y Murcia.

En el ámbito tributario, el consejero ha defendido las reformas fiscales impulsadas por el Gobierno de Cantabria, destacando que se han diseñado “de forma milimétrica” para beneficiar a la mayoría de los contribuyentes sin comprometer los ingresos públicos. “No es bajar por bajar impuestos, es establecer lo que nos demanda la sociedad”, ha afirmado, adelantando que los datos de recaudación serán “muy positivos”.

El discurso de Agüeros ha derrochado optimismo: se ha felicitado porque, aunque Cantabria continúa creciendo a menos ritmo que el resto de España en su opinión avanza “en la senda correcta hacia la convergencia económica con España”. Uno de los principales objetivos de la legislatura es precisamente lograr esa convergencia -ha dicho- un proceso que “no es automático”. De hecho, ha reconocido que no se revierte en una legislatura pero ha añadido que “ya tenemos varias comunidades autónomas por debajo, es decir, vamos escalando posiciones”.

En su intervención también ha dicho que “cada euro que se invierte produce mucho más rendimiento y mejor posicionamiento de nuestras empresas”. Para Agüeros la mejora que, en su opinión, está viviendo actualmente el sector empresarial cántabro se refleja en que la comunidad “es actualmente la tercera comunidad en el índice de confianza empresarial”. “El empresario de Cantabria está cómodo en esta comunidad autónoma”, ha concluido.

En este sentido, ha defendido que Cantabria ofrece un entorno favorable para la actividad económica y ha destacado la importancia de las inversiones empresariales previstas para los próximos años -ampliación de la central hidroeléctrica de Aguayo y el proyecto Altamira-. “Con que solo se pongan en marcha alguno de estos proyectos, el crecimiento va a ser exponencial”, ha asegurado.

El Grupo parlamentario Socialista ha defendido en el Parlamento de Cantabria que el futuro centro de asistencia de Parayas sea de gestión pública, que se evite la privatización de la atención sanitaria y los servicios sociales que se anunciado para el proyecto. Un objetivo que ha compartido también el PRC. Mientras que el Partido Popular ha dicho que “se atenderá de la forma que mejor proteja los intereses de los cántabros de acuerdo con la ley y con fórmulas que históricamente han permitido consolidar el sistema de la dependencia y que ustedes han utilizado”, ha reprochado a los socialistas el diputado del PP Alejandro Liz.

La diputada Norak Cruz ha defendido que está en juego el modelo de salud y de cuidados. En este sentido ha dicho que la respuesta de la consejera de Inclusión Social del Gobierno de Cantabria, Begoña Gómez, “es claramente insuficiente” y que hizo una intervención “evasiva” que evitó aclarar quien gestionará los servicios sin concretar cuál será el futuro modelo de gestión. “No despejó la sospecha de privatización encubierta”, ha reprochado la socialista.

Cruz ha subrayado que la consejera no negó en ningún momento la entrada de fórmulas privadas en la gestión. “No ha despejado la incógnita principal: quién va a gestionar Parayas”.

Los socialistas aspiran a que se renuncie a cualquier modelo de concesión, cesión o arrendamiento con entidades privadas con ánimo de lucro en la gestión del complejo, “para evitar lo que el Partido Popular llama colaboración público-privada que utilizan como un atajo para evitar la gestión directa de los sistemas públicos”. Que queda fuera de cualquier tentación de mercantilización, ha concluido.

La diputada del PRC, Ana Obregón, también se ha mostrado partidaria de que la gestión de Parayas sea cien por cien pública: “los ciudadanos no tienen por qué pagar dos veces por los servicios sanitarios que son imprescindibles”. La diferencia es que los regionalistas creen que la consejera de Inclusión Social si ha garantizado ya que será así. “Esperamos que eso se cumpla y que la gestión siga siendo pública”.

Buruaga: “No será un macrocentro para 300 inmigrantes”

El antiguo centro de Parayas desató una de las primeras polémicas de la legislatura del Gobierno del Partido popular en Cantabria cuando la presidenta Buruaga rechazó los 30 millones de euros para destinarlo a un centro de refugiados.  “No será un macrocentro para 300 inmigrantes impuesto por el Gobierno central” -dijo Buruaga- sino un espacio sociosanitario “para las verdaderas necesidades de los cántabros, de nuestra comunidad”. España es “muy grande” y “los refugiados se pueden acoger en muchos lugares” del país, remachó.

El proyecto, que contempla la rehabilitación de ocho de los diez edificios del complejo mientras que otros dos deberán ser demolidos por su mal estado, se encuentra aún en fase de estudio de viabilidad económico-financiero antes de la licitación de las obras prevista para 2027.

El proceso judicial que impulsó la cántabra Nuria Terán tras perder a su pareja ha desembocado en dos sentencias prácticamente únicas en España. La primera declaró que el suicidio de su marido fue un accidente laboral. La segunda que las aseguradoras no pueden excluir el suicidio de sus pólizas de accidentes. Ahora su familia cobrará los 100.000 euros de la indemnización en caso de fallecimiento por accidente de la póliza que contrató el fallecido con Santander Generales Seguros y Reaseguros, S.A.

Una sentencia “pionera” en España, reconoce la abogada Celia Carbonell que ha defendido el caso. “Tenemos algunos casos por acuerdo extrajudicial, pero es la primera vez que un juez reconoce que el suicidio es un accidente porque es involuntario”, subraya.

No obstante, la letrada precisa que más allá de este veredicto individual las compañías aseguradoras no pueden excluir el suicidio como accidente. La Ley del contrato del seguro dice que cualquier tipo de suicidio debe de estar cubierto a partir del primer año de la contratación “salvo pacto contrario”, precisan algunos contratos, pero en referencia al periodo de tiempo que podría reducirse, por ejemplo, a seis meses. Pero no excluirlo de la categoría de accidente. Una consideración que podría ayudar a otras familias que estén atravesando circunstancias similares.

A preguntas de elDiario.es, el abogado de Santander Generales Seguros y Reaseguros, S.A., en nombre de la compañía, ha declinado hacer declaraciones.

Un accidente ajeno a la voluntad de la persona

El juzgado de primera instancia número 10 de Santander ha estimado la demanda de la viuda del hombre que contrató un seguro de accidentes de protección integral en 2020. Un año después se suicidó. El Tribunal Supremo confirmó en 2024 que fue un accidente laboral: “La decisión de quitarse la vida estuvo vinculada de manera próxima y más que directa con su trabajo y, en concreto, con la situación derivada de la demanda por acoso laboral y las consecuencias de la misma”.

La familia reclamó en los tribunales la indemnización correspondiente a la póliza de accidentes y el juzgado les ha dado la razón. La sentencia no es firme y contra ella se puede presentar recurso en la Audiencia Provincial de Cantabria.

La sentencia concluye que el suicidio no fue voluntario, sino provocado por las circunstancias laborales: “Debe entenderse acreditada la ausencia de intencionalidad o voluntad dolosa del asegurado en la causación del suicidio”. Es decir, que es un accidente porque es ajeno a la voluntad de la persona.

La muerte por suicidio fue la fase final de un proceso patológico inducido por el entorno laboral, dice la jueza Ana Isabel Viaña. Según argumenta, no fue por tanto un acto intencionado, sino que “la capacidad decisoria del asegurado estaba absolutamente comprometida por su entorno laboral”, que se encontraba “en un estado de distorsión cognitiva y de miedo insuperable”, incompatible con el concepto de intencionalidad “por carecer de la conciencia necesaria para que pudiera imputársele tal decisión”, concluye.

La decisión del Parlamento de Cantabria de pedir que se declare Bien de Interés Cultural al monumento al franquista Carrero Blanco en Santoña para eludir la Ley de Memoria Histórica ha generado reacciones contrarias en fuerzas políticas y asociaciones de memoria. Cantabristas, Asociación Héroes de la República, Podemos y el propio PSOE, que fue el único que votó en contra de la iniciativa. “Es un escándalo democrático que el PP y el PRC pidan que se ensalce la figura de Carrero Blanco, vicepresidente de la dictadura franquista”, censuran los socialistas en un comunicado.

“Han hecho méritos para calificarse como postfranquistas”, acusa la Asociación Héroes de la República. “Es sorprendente y desvergonzado que representantes de estas agrupaciones políticas propugnen ofrecer a la juventud el relato que la dictadura de Franco no era dictadura, ni que Carrero Blanco fue la mano derecha del dictador, jefe de gobierno, el mismo gobierno que firmaba órdenes de represión y fusilamientos”, censura.

En su opinión, un “relato” que no se sustenta ni en resoluciones condenatorios de las Naciones Unidas, ni en la Constitución española y “mucho menos en la reciente legislación de Memoria Democrática”.

“Lo que ha ocurrido hoy en el Parlamento de Cantabria no ocurriría en la vida en un parlamento democrático alemán o italiano cuando la extrema derecha presenta una propuesta para ensalzar el fascismo”, ha criticado la portavoz de la Comisión Ejecutiva Autonómica del PSOE de Cantabria, Ainoa Quiñones. “El PP y el PRC han votado a favor de legitimidad el ensalzamiento que hace la extrema derecha de VOX del vicepresidente de la dictadura franquista a pesar de los requerimientos de la Fiscalía para que Santoña cumpla la Ley de Memoria Democrática”.

Cantabristas: “lamentable y trasnochado”

Cantabristas considera “lamentable y trasnochado” la alianza de PP, PRC y VOX -solo los socialistas se opusieron- y critica que estos partidos “no hayan mostrado la misma predisposición para proteger decenas de bienes patrimoniales culturales de Cantabria que siguen descuidados y solo se muevan para blindar un monumento que exalta la dictadura franquista”.

Desde la formación política han lamentado además la participación del PRC en este acuerdo: “El partido regionalista lleva semanas diciendo que quieren modificar la Ley de Patrimonio Cultural. ¿Para esto lo quieren hacer? ¿Para defender un monumento franquista a Carrero Blanco?”.

Para Cantabristas, estos partidos están realizando una interpretación de la Ley de Patrimonio “cobarde” y profundamente interesada al intentar convertir un monumento de exaltación franquista en un bien merecedor de protección cultural. “Una vez más, vemos a la derecha retorciendo las leyes para ponerlas al servicio de sus propios intereses ideológicos. Lo que están haciendo es una maniobra para eludir la aplicación de la Ley de Memoria Democrática y blindar un monumento franquista que jamás había sido considerado Bien de Interés Cultural hasta que ha surgido la necesidad política de protegerlo. Los monumentos de la dictadura son indefendibles, deben desaparecer y no pueden conservarse ”mediante interpretaciones torticeras de la legislación patrimonial que desvirtúan el verdadero sentido de la protección del patrimonio cultural“.

Podemos advierte de acciones legales

Por su parte, Podemos Cantabria advierte de que “estudiará todas las vías legales disponibles” si el Gobierno autonómico inicia un expediente para declarar Bien de Interés Cultural (BIC) el monumento dedicado a Luis Carrero Blanco en Santoña con la finalidad de impedir la aplicación de la Ley de Memoria Democrática.

La formación recuerda que las competencias autonómicas en materia de patrimonio cultural existen para proteger bienes con auténtico valor histórico o artístico, “no para convertir la figura del BIC en un mecanismo destinado a mantener homenajes públicos a dirigentes de la dictadura franquista”.

La propia iniciativa aprobada en el Parlamento de Cantabria reconoce expresamente que persigue la “paralización de la retirada” del monumento y evitar su inclusión en los procedimientos previstos por la normativa de memoria democrática. Para Podemos, esa motivación “evidencia el riesgo de una utilización desviada de las potestades públicas”: emplear una herramienta de protección cultural con una finalidad distinta a aquella para la que fue creada.

Podemos rechaza el intento de presentar este debate como una cuestión de memoria de las víctimas del terrorismo. El monumento objeto de controversia no fue concebido como un espacio general de recuerdo a las víctimas, sino como un homenaje personal a Luis Carrero Blanco, quien fue una de las máximas autoridades de la dictadura franquista y llegó a ocupar la Presidencia del Gobierno nombrado por Franco.

La condición o circunstancias de su fallecimiento no pueden utilizarse para borrar su trayectoria política ni para convertir una norma de reconocimiento a las víctimas del terrorismo en un mecanismo destinado a neutralizar la aplicación de la Ley de Memoria Democrática. “Proteger el patrimonio histórico no puede convertirse en una vía para perpetuar reconocimientos públicos incompatibles con los valores democráticos” señala la formación.

El domingo fue un día de cielo azul en Cantabria. Los participantes en la marcha convocada por la Asamblea Abierta de Piélagos esperaban la salida junto a una fuente. Un pelotón de ciclistas se paró a beber agua y otras personas se acercaron a llenar garrafas. El caudal que abastece esa fuente -y al río Carrimont- circula junto a las instalaciones del vertedero de Castañeda donde el Gobierno de Cantabria ha autorizado a almacenar 4.000 toneladas de amianto procedentes del derribo del edificio de la antigua Residencia Cantabria de Santander.

Un motivo de preocupación para este colectivo que alerta de los riesgos de salud pública y medioambiental que implican esos residuos cancerígenos. A ello se suma que consideran de “muy dudosa gestión” otros vertidos recibidos en este planta en el pasado, como la llegada en 2017 de lodos con alto contenido en mercurio y otros materiales procedentes del dragado del puerto de Llanes en Asturias.

La marcha contra la transformación del vertedero de Castañeda en un vertedero de amianto reunió este domingo a medio centenar de personas. A través de esta acción reivindicativa, los organizadores han animado a toda la sociedad a informarse y movilizarse ante “otro despropósito más que se nos está tratando de imponer”, el cementerio de toneladas de amianto. El colectivo prepara una demanda judicial que presentará próximamente ante este “opaco” proyecto.

La Consejería de Medio Ambiente, dirigida por Roberto Media, autorizó en noviembre de 2025 una modificación “no sustancial” para incluir el amianto entre los residuos que pueden procesarse en las instalaciones del vertedero de Castañeda -gestionado por la empresa Integraciones Ambientales de Cantabria, S.A. (IACAN)- que tiene la categoría de residuos no peligrosos.

Una decisión derivada del derribo del edificio de la Residencia Cantabria de Santander, una torre de 45 metros de altura construida en 1969 frente al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla en Santander. La intención inicial era trasladar las toneladas de materiales contaminantes a Zaragoza, lo que suponía un coste “importante” -según dijo el consejero de Salud- pero finalmente, anunció, se podrán depositar en la comunidad autónoma, con lo que se ha “rebajado” el coste de desmontar el inmueble.

Así, el Gobierno de Cantabria -después de mantener el secreto sobre la ubicación del vertedero- desveló que no se creará una nueva planta de tratamiento específico de los peligrosos residuos de amianto, sino que se utilizará el de Castañeda habilitado ya oficialmente con esa “modificación no sustancial”. Allí empezarán a llegar las 4.000 toneladas de material contaminante de la Residencia Cantabria. Unos trabajos que se han encomendado a la empresa pública Tragsa que, a su vez, subcontratará por 5,8 millones la retirada de amianto.

Paralizar el proyecto

La Asamblea exige que se paralice el proyecto y que se reinicie su tramitación. “Esta vez con transparencia” y abriendo un periodo de información pública y consulta ciudadana que permita poder aclarar con informes técnicos si la ubicación es adecuada, cómo se pretende preservar la seguridad de la gestión de los residuos con amianto que se quieren traer, tanto en relación a su transporte, como a su almacenamiento de manera indefinida, y también a partir de un futuro cierre de las instalaciones.

Otra de las dudas del colectivo son los límites de almacenamiento de residuos con amianto que se establecen. “Se vienen escuchando noticias desde otras comunidades autónomas de la intención de exportación de sus residuos con amianto y queremos tener garantías de que nos vamos a convertir en un lugar de importación de residuos peligrosos como es el caso del amianto”, subrayan.

Los integrantes de la Asamblea dicen que no quieren caer en discursos de “aquí no” y apelan a la solidaridad con otros territorios afectados por este y otro tipo de proyectos que afecten a sus habitantes y a los espacios y recurso naturales. “Los residuos con amianto son un problema histórico que hemos generado en nuestras sociedades y tenemos la obligación de gestionar, pero se debe hacer de manera transparente, solidaria y con todas las garantías de seguridad para la salud humana y medioambiental”, precisan.

Requisitos del vertedero de amianto

En la resolución del Gobierno de Cantabria se indica que -según el Real Decreto que regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero- los materiales de construcción y residuos que contengan este mineral“podrán eliminarse en vertederos para residuos no peligrosos, sin realización previa de pruebas, a condición de que se cumplan varios requisitos.

No deberán contener sustancias peligrosas distintas del amianto aglomerado. La celda en que se depositen tiene que ser “suficientemente estanca” y no se pueden introducir otros residuos. Hay que tener precaución especial para que los residuos lleguen al vertedero de Castañeda envasados sin que se produzcan roturas ni grietas. Además, para evitar la dispersión de fibras, la zona de depósito se cubrirá diariamente y antes de cada operación de compactado con material adecuado. Si el residuo no está envasado, se regará periódicamente.

“La población no está informada de los riesgos que implica la mala gestión de un vertedero” -dicen desde la Asamblea Abierta de Piélagos- “hemos podido constatar estos días, durante las fiestas de Renedo, que muy pocas personas conocen esta autorización para traer y almacenar residuos con amianto, así como los riesgos que implican la mala gestión del almacenamiento de estos residuos cancerígenos”. 

El diputado regional y senador autonómico del PP cántabro, Íñigo Fernández, ha 'culpado' del cierre y abandono de playas en Cantabria a los juicios al hermano y mujer de Pedro Sánchez porque “no tiene otra cosa en la cabeza”. “Solo tiene en la cabeza que están juzgando a su número dos y ministro de Transportes por corrupción, porque van a juzgar a su otro número dos, porque acaban de juzgar la semana pasada a su hermano”, ha remachado, “y eso da lugar a que los accesos a la playa de La Tablía en Suances estén con una valla cerrados”.

Fernández, uno de los políticos más temperamentales de la bancada popular que habitualmente busca notoriedad con discursos hiperbólicos, se ha manifestado así durante el debate de una iniciativa de su partido en el Parlamento de Cantabria sobre el cierre de seis playas en la comunidad porque la Demarcación de Costas -señalada en la investigación judicial por el colapso de una pasarela en El Bocal que causó la muerte de seis jóvenes- considera que los accesos no están en buenas condiciones.

“Las playas en Cantabria están cerradas porque acaban de juzgar al hermano de Pedro Sánchez y van a juzgar ahora a su señora y no tiene otra cosa en la cabeza. Por eso están abandonadas las playas de esta región”, ha hilado Fernández durante el debate para desaprobar la gestión del Ministerio para la Transición Ecológica, a través de la Demarcación de Costas. “Su ministro de transportes está en prisión preventiva, pero el número dos que le sustituyó está en libertad condicional y con el pasaporte retirado, el señor Cerdán”, ha insistido.

“Acaban de juzgar a su hermano porque le hicieron una plaza a su medida, se la dieron a dedo, no fue a trabajar en la vida ni sabía donde y encima no pagaba impuestos”, ha recitado mientras la presidenta del Parlamento, su compañera de filas María José González Revuelta, le llamaba al orden para que se ciñese al tema del debate. “Lo estoy centrando muy bien porque esto explica el abandono”, ha respondido el aludido.

El propio senador autonómico había denunciado hace una semana que están cerradas La Tablía en Suances; La Arnía y Somocuevas en Piélagos; Covachos en Santa Cruz de Bezana; Langre en Rimabontán al Mar y El Aila en Laredo. En esta ocasión, atribuyó la responsabilidad a la Demarcación de Costas y no elevó el asunto hasta el presidente del Gobierno.

En este contexto, desde la tribuna parlamentaria también le ha dicho al delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, que “salga de su escondite” y “dé la cara” por su “irresponsabilidad” en este asunto. “Solo está para la campaña electoral” en la que va a “darse un tortazo”, ha espetado.

La proposición no de ley ha salido adelante con los votos a favor del Partido Regionalista de Cantabria (PRC) y Vox y la abstención del PSOE, después de que el PP haya rechazado incorporar sendas enmiendas planteadas por los de Santiago Abascal -que han tildado de “blandita” la propuesta 'popular'- y los socialistas.

Por su parte, el parlamentario socialista Jorge Gutiérrez ha censurado que el PP prefiera hablar del PSOE --que “no es el centro del debate”, pues “el foco” es garantizar los accesos a las playas- “antes” que de Cantabria y sus problemas, y les ha afeado que no propongan soluciones, a lo que Fernández le ha replicado que “no se ha leído” la PNL.

La regionalista Rosa Díez ha justificado el respaldo de su partido a la iniciativa 'popular' para buscar una solución a un “problema real” a las puertas de verano. Algo, ha añadido, que no es “un hecho puntual”, sino que ocurre “durante años” y cuyas consecuencias “pagan los ciudadanos”, de ahí la necesidad de que “todos arrimen en hombro”.

La figura del franquista Carrero Blanco (1904-1973) está abriendo una brecha en Cantabria. El debate de fondo es qué ley aplicar al monumento que su pueblo natal, Santoña, le hizo ya en democracia: si la de Memoria democrática, que supondría retirar el monumento por su condición de franquista, o la de Víctimas del terrorismo, dado que saltó por los aires en el atentado de la banda terrorista ETA. Víctima o verdugo.

El Ayuntamiento de Santoña había intentado sin éxito 'resignificar' la estatua para eludir la Ley de Memoria Democrática. Ahora, el debate ha llegado al Parlamento de Cantabria donde todos los partidos políticos representados estiman que debe conservarse, excepto el PSOE. Aunque el anterior alcalde socialista de Santoña también dijo hace unos años que no había que quitar el monumento “sino cambiar su denominación para evitar conductas que promueven la exaltación del franquismo”.

El PP, el PRC, Vox y el diputado no adscrito Cristóbal Palacio han unido sus votos para pedir que el Gobierno de la comunidad tramite la declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) al monumento al franquista Luis Carrero Blanco en Santoña, su pueblo natal. Una iniciativa impulsada por Vox para salvar la estatua de la Ley de Memoria Histórica que obligaría a retirarla.

Los votos del partido de Miguel Ángel Revilla se han sumado a la operación de la derecha para dar otra lectura a uno de los grandes protagonista de la dictadura que llegó a ser presidente del Gobierno con Franco. El portavoz regionalista Pedro Hernando ha reconocido que Carrero Blanco, cuyo monumento “levantó en su día enormes críticas”, fue un “antimarxista” y un “antidemócrata”, si bien también fue “un benefactor del pueblo de Santoña” y “uno de los principales impulsores de la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado”. “Está hecho a un santoñés ilustre”, ha subrayado.

Por ello, el PRC ha defendido que “es el momento de aplicar la ley”, tanto la de Víctimas del Terrorismo como la de Memoria Democrática, que también dice que “hay que trabajar para conseguir que la memoria democrática de este país se difunda y en esa memoria democrática están las víctimas de terrorismo”, ha dicho Hernando. “Miremos hacia adelante, apostemos por la democracia, apostemos por la formación, apostemos por explicarle a nuestros jóvenes y a nuestros mayores todo lo bueno y lo malo que hicieron algunos”, ha defendido.

Hernando ha relatado que cuando el pueblo de Santoña “para congraciarse con él” le ofreció una “estupenda parcela” para construirse un chalet para que veranease allí, Carrero propuso crear una guardería para los niños de las familias marineras. También ha recordado que cedió las marismas de Santoña al municipio y que hizo la traida de aguas. “Era un santoñés que ayudó a los santoñeses”, ha subrayado.

El PSOE se queda solo

El PSOE se ha quedado solo a la hora de rechazar esta proposición no de ley presentada por Vox, que pide paralizar cualquier intento de retirada o demolición de este conjunto escultórico por parte del Gobierno nacional, invocando la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma en materia de patrimonio.

Además, la iniciativa reclama aplicar la ley autonómica para declarar este monumento de Santoña como 'Espacio de Memoria y Dignidad de las Víctimas del Terrorismo', que esté debidamente señalizado y se incluya en los programas educativos.

El portavoz socialista Mario Iglesias ha aseverado que no se trata de una “iniciativa de patrimonio”, sino de “blanqueamiento”. Ha pedido retirar la placa que “exalta al dirigente franquista” y ha apuntado que existe “un precedente” del mismo escultor: El monumento a Franco en Santa Cruz de Tenerife que no fue declarado BIC porque los técnicos de Patrimonio del Gobierno de Canarias “concluyeron que su significado político era absolutamente inseparable” porque “la escultura se levantó para exaltar el régimen franquista”.

José Arsuaga se ha convertido en la máxima autoridad del poder judicial en Cantabria con el mismo consenso y aprecio entre sus compañeros que le ha acompañado siempre en los cargos que ha ido ejerciendo. Es el quinto presidente que ha tenido el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) tras Claudio Movilla, Francisco Javier Sánchez Pego, César Tolosa y José Luis López del Moral. Licenciado en Derecho por la Universidad del País Vasco en el año 1989, ingreso en la carrera judicial en 1991 y tras ejercer en los juzgados de Medio Cudeyo, Torrelavega, Bilbao y Santander pasó de ser juez decano de los Juzgados de Santander a presidir la Audiencia Provincial antes de aterrizar en la presidencia del TSJC. En el despacho que ocupa desde esta primavera un cuadro de su hermana alegra la estancia y acentúa el contraste con el mobiliario severo y añejo. Arsuaga rompe tópicos sobre la imagen de los judicatura -ni masculina ni endogámica, dice- y comparte la receta para ser un buen juez: estudio, esfuerzo, contacto con la realidad social y pelea contra sus propios sesgos.

En su toma de posesión como presidente dijo que le siguen presentes los mismos motivos que le impulsaron a ser juez, ¿los años de profesión le han hecho cambiar percepción inicial sobre la justicia?

Me di cuenta que estudiando derecho, yo no tengo ningún familiar miembro de la judicatura, pero en la carrera ví algo que me inclinaba a ser juez. Tenía una proyección de tratar de resolver los problemas sociales y luego vi que en el ámbito del derecho se me daba bien el razonamiento jurídico. Te atemoriza la necesidad de estudiar mucho durante mucho tiempo. En líneas generales no ha cambiado esa idea de cuando empecé. Ha cambiado la sociedad mucho, ha cambiado la administración de justicia pero la percepción que tiene uno no ha cambiado mucho. Sobre el juez pesan la carga de grandes decisiones que tiene que interiorizarlas y eso lo sabía al principio y lo se ahora.

¿La administración de justicia también ha cambiado?

Cambia con los tiempos. Cuando yo empecé no había tecnología. Las sentencias las escribíamos a mano. Las búsquedas de datos eran libros y ahora es electrónica. Eso cambia radicalmente la forma de trabajar de un juez. En la parte que quizá tenga más contacto ciudadano que es la celebración de las vistas en los juicios no ha cambiado tanto, sigue haciendo togas y una posición determinada dentro de un estrado con una liturgia. El gran problema que subsiste desde que yo empecé es la carencia de jueces en España, de plazas judiciales para hacer frente a una litigiosidad que desde entonces hasta ahora se ha multiplicado exponencialmente. Solo en los úlitmos cinco o seis años ha subido un 25%. La planta judicial es mayor que cuando yo empecé hace 35 años pero tiene peor proporción respecto al número de procedimientos judiciales. A pesar de que somos en activo unos 5.200 jueces, estamos en peor situación.

La generación del baby boom se va a jubilar ¿cómo va afectar a los juzgados cántabros y qué necesitan para funcionar mejor?

No tenemos un estudio demográfico en Cantabria pero el que hahecho el CJGP sirve para toda España. Lo que vamos a sufrir es una jubilación de aquellas personas que ingresaron en la carrera a finales de los ochenta y principios de los noventa, que fueron bastantes, que si se tuvieran que jubilar de golpe pues se crea la necesidad de reemplazarlos y no hay una previsión muy clara de cómo se va a sustanciar ese reemplazo. A la necesidad de más jueces se añade que habrá más jubilaciones de las habituales. Por lo tanto es uno de los mayores problemas de España en relación a la justicia.

Además de un conocimiento exhaustivo y memorístico del derecho para aprobar una oposición, ¿qué se necesita para ser juez?

Tener una preparación constante que no se termine con las oposiciones, un sentido jurídico que se acerca al sentido común de entender lo que sucede a su alrededor -que pertenece a una sociedad y que tiene que estar integrado-, gran capacidad de escucha y de atención porque no debe de fiarse de su primera impresión. Un juez tiene que pelear contra sus propios sesgos. El juez, como todas las personas, tiene sus sesgos pero tiene que ser capaz de neutralizarlos“. A veces una primera impresión no es la mejor decisión. Por tanto, estudio, esfuerzo, contacto con la realidad social y pelea contra sus propios sesgos.

He aprendido que puede no tenerse un trastorno mental y ser perfectamente malo, que lo que lleva a alguien a la comisión de los hechos es la pura maldad

Usted es profesor, desde hace años, del master de psiquiatría legal de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid. Entre alguno de los textos que ha escrito con otros colegas profesionales sobre la psiquiatría en el ámbito jurídico dice que la maldad existe, independientemente de la enfermedad mental. Que no tiene cabida en la psiquiatría ni se cura con fármacos.

Yo preferentemente he sido juez civilista, no tanto penalista pero me han interesado mucho las enfermedades mentales porque inevitablemente tenemos en la judicatura una relación bastante directa con las personas que lo padecen porque en última instancia nosotros somos los que autorizamos los ingresos psiquiátricos. No tiene que aparecer un delito para que intervenga un juez. Siempre me interesó mucho. Ahora en el ámbito penal que trabajo mucho está muy relacionado en ocasiones con la enfermedad mental. Pero es verdad que no todos los hechos execrables tienen que ver con la enfermedad mental ni mucho menos. Es una cosa completamente distinta a la actividad delictiva. He aprendido que puede no tenerse un trastorno mental y ser perfectamente malo, que lo que lleva a alguien a la comisión de los hechos es la pura maldad. Eso te introduce en un mundo mucho más complejo de las inquietudes humanas, de la literatura, la ciencia, incluso la neurociencia, de los impulsos vitales que pueden llevar a una persona a cometer hechos delictivos. Eso me ha interesado mucho por mi condición de juez y como ciudadano.

En Cantabria cada vez hay más asuntos en los juzgados ¿cuáles son los asuntos que generan mayores reclamaciones judiciales?

Hay dos jurisdicciones que tradicionalmente han estado sobrecargadas y siguen estando: la civil y la social. La civil, desde luego, porque el aumento de la protección social lleva a que haya más reclamaciones de ese naturaleza. Ha cambiado completamente. Desde el año 2015 aproximadamente sufrió lo que se llama la necesidad bancaria o crediticia. Un consumidor o inversor, cosa que no sucedía antes, empieza a reclamar contra la empresa que le proporciona servicios bancarios, crediticios o de inversión, y ahí aparecen las reclamaciones de hipotecas, luego las preferentes y se transformó hacia otros productos financieros: las tarjetas revolving o los microcréditos. Eso ha alterado muchísimo la percepción del juez civil. También hay jurisdicciones más estables como la de familia, pero también es verdad que cada vez hay más acuerdos respecto a lo que pasaba hace treinta años que era más habitual el divorcio o la separación contenciosa que de mutua acuerdo. Ahora predomina mucho el mutuo acuerdo. Hay otro tipo de litigiosidad que ha desaparecido en materia de arrendamientos urbanos, de responsabilidad civil, de tráfico o de seguros. Se ha reducido mucho. En cambio aparece la necesidad de protección del consumidor e inversor que empieza a reclamar en el juzgado generalmente con buenos resultados. La justicia ha servido de amparo porque no ha habido otros canales alternativos de solución. Aquí se ejerce una función jurisdiccional pero también se presta un servicio público y que toda la discrepancia que existe en esa materia inevitablemente llegue a los juzgados puede dar una respuesta satisfactoria pero no temprana y ahí empiezan los problemas.

El verdadero defensor del consumidor en este país han sido los tribunales de justicia

Si la justicia lo ha echado atrás es porque los bancos estaban vendiendo productos que no eran legales pero nadie lo ha corregido en origen, se seguian comercializando.

Ha habido avances significativos porque generalmente la justicia cuando declara la nulidad de una hipoteca o un producto financiero, ha habido una progresión en las leyes que partiendo de la ley protección de los consumidores y la ley de condiciones generales hacíamos la arquietctura de una sentencia. En esto la Unión Europa ha sido muy firme y ha dictado una serie de reglamentos que nos han ido diciendo cómo valorar a la hora de apreciar si un producto financiero se ha vendido o no bien. Eso nos ha servido para integrar la legislación europea con la española. Por ejemplo, con las preferentes nos vinieron muy bien las leyes MiFID que decían qué características debían apreciarse en la compraventa de un producto financiero para considerar si se había vendido bien. Generalmente los resultados que ofrecía ese producto cuando no había crisis era muy bueno. Nadie reclama cuando es bueno, pero cuando el resultado es muy malo y se pierde la inversión hay que pensar qué ha pasado aquí. Mucha gente decía: los jueces actúan con sesgo retrospectivo pero es que a pesar de que el resultado en el inicio fuera bueno estaba mal vendido porque no era ni la persona apropiada ni ese producto se le tenía que ofrecer. El verdadero defensor del consumidor en este país han sido los tribunales de justicia.

Prácticamente todas las semanas en Cantabria hay alguna vista relacionada con abusos sexuales, en muchas ocasiones a menores en su propio entorno familiar ¿es solo una sensación o hay un incremento de este tipo de delitos?

Nos damos cuenta pero no tenemos una explicación sociológica o científica de por qué ocurre. Hay un aumento significativo de los procedimientos que se enjuician relacionados con la libertad sexual, claramente, y además con menores. Nos hacemos la pregunta de qué está pasando. Posiblemente tenga que ver mucho las redes sociales o la información que se propaga en redes, con la cultura, la educación, la información que se ofrece y con una cierta banalización de las relaciones personales. Eso es lo que yo intuyo, pero es la misma intuición que puede tener cualquier ciudadano. Antes era el violador del ascensor y ahora sucede de forma muy distinta entre personas que se conocen, que han salido esa noche a tomar algo juntos.

El lenguaje judicial por su complejidad es una barrera para los ciudadanos. Hace una semanas leíamos, por ejemplo, que Zapatero está imputado en la trama Plus Ultra a raíz de un auto judicial, ¿no se había desterrado esta palabra en favor de investigado, que suena menos peyorativo?

Es un término tradicional. Se sustituyó por investigado porque se pensó que tenía una carga más relevante lo de imputado. Lo que sí que nos corresponde es utilizar un lenguaje certero, lo más claro y preciso posible. Lo dice la Ley: que las sentencias tienen que ser claras y precisas, otra cosa el lograrlo. En general vamos poco a poco hacia un lenguaje más claro en el que no utilicemos tantos gerundios, párrafos tan extensos, que apliquemos bien la puntuación que reduzcamos las frases subordinadas. Se está haciendo un esfuerzo en eso pero sin descender a un lenguaje vulgar, porque esto es una ciencia y el lenguaje es técnico. No entramos en cómo informan los medios de comunicación, nosotros tenemos nuestro canal que son las oficinas de comunicación que hacen una gran labor a la hora de trasmitir de forma sencilla resoluciones judiciales que a veces no son fáciles de entender por su lenguajae alambicado o porque el propio asunto sea complejo. Nos facilitan mucho la labor. ¿Cómo se trasmite a través de los medios de comunicación? nosotros ahí somos espectadores. Sí que vemos que la sociedad está más polarizada -antes se decía crispada- creo que es afectiva, emocional.

Los ciudadanos perciben que el estamento judicial se ha contagiado de la polarización política, quizá influida por esa elección de las cúpulas judiciales en arenas políticas ¿Qué le diría a todos aquellos que desconfían de la justicia?

Se da por sentado que hay polarización y que hay una afinidad política. Habría que someterlo a crítica. Hay que tener pensamiento crítico para saber si esto que me cuentan es así o no, porque estamos dando por válido lo que yo todavía no acepto. Todos tenemos ideología, hay que tratar de hacer un esfuerzo para que la ideología se quede en casa cuando nosotros vayamos a juzgar. Tenemos que trabajar contra nuestros propios sesgos que por ser inconscientes generalmente fluyen. La asignación política de unos determinados magistrados se hace por parte de unos medios de comunicación que no creo tenga intervención decisiva la judicatura. Puede parecerlo por la forma de designación, que es la establecida en España y posiblemente en otros países. Luego está cómo se designa a los miembros del Poder Judicial, y la designación en este momento es parlamentaria, por lo tanto, si no nay intevencióndecisiva de los jueces en la designación de los vocales que van a nombrar a los altos cargos judiciales no sé hasta qué punto influyen los jueces en nombrar a los propios jueces cuando no tienen participación decisiva. Entonces, no se cómo se soluciona ésto. Cuando hay procedimientos en los que tienen alguna relación con las personas que en ese momento están ejerciendo el poder político me imagino que molestará porque el poder judicial puede ser incómodo. Y es natural que lo sea. A nadie le gusta que le estén investigando y ahí inevitablemente aflorarán posiciones. Les parece mal que un juez instruya un procedimiento determinado, por la trayectoria de ese juez, unas veces porque creen que va muy rápido o muy lento.

A los jueces también se les achacan sesgos propios.

Se dicen varias cosas de los jueces que no son enteramente ciertas. Se dice que son hombres, que pertenecen a familias con miembros en la carrera judicial. Es decir que hay predominancia masculina y endogamia. Que pertenecen a una clase social económicamente privilegiada que no ha hecho la transición. Esto lo oigo continuamente. En realidad es una carrera muy feminizada. Estamos llegando al 60% y en las últimas promociones el 80% son mujeres. Sería masculina desde los años 90, pero desde entonces hasta ahora está claramente feminizada. Solo entre el 6 y el 7 por ciento de los que ingresan en la carrera judicial tienen padres o familiares cercanos en la carrera judicial. Estoy convencido de que bastante inferior a otras profesiones. Por lo que observo, la gran mayoría de los que conozco pertenecen a esa clase social de la España del ascensor que oermitió que estudiaran en la universidad pública española. Ese es el ámbito sociológico de la judicatura española y además me parece estupendo el sistema de becas para las personas que no puedan estar cuatro o cinco años estudiando porque su familia no le puede procurar esa posibilidad. Respecto a que los jueces no han hecho la transición. Es curioso, yo tengo sesenta años, soy presidente del tribunal superior y tenía nueve años cuando se murió Franco. Lo de la transición lo he leído en los libros de historia, yo solamente he vivido con la democracia, solamente me he cultivado con la Constitución, solamente he conocido el desarrollo de los derechos fundamentales cuando empecé a estudiar en la universidad en el año 84. ¿De dónde venimos los jueces? derivamos de una sociedad española que hizo la transición a la democracia, pero nosotros hemos llegado con la democracia. Son cosas que se dicen, que tienen el propósito evidente de dañar una imagen de la judicatura pero hay que explicar las cosas para que la gente tenga otra visión, un pensamiento más crítico y más completo.

Lawfare lo utiliza Trump, precisamente porque le han molestado algunas decisiones judiciales

¿Cree usted que existe el lawfare, ese término ya de uso común?

Yo creo que no. Además no lo acepto porque cuando he visto que se ha utilizado se ha hecho en diferentes sitios del mundo, en diferentes regímenes, en diferentes situaciones. Lawfare lo utiliza Trump, lo ha utilizado siempre precisamente porque le han molestado algunas decisiones judiciales. Lo que se llama la guerra oculta supone pensar que hay una conspiración de jueces que se fijan unas líneas de actuación y luego las cumplen. Lo niego.

¿Qué le diría a aquellos que propagan que muchas de las denuncias por violencia de género son falsas?

Las cifras por denuncias falsas son irrisorias, lo mismo que en general en los demás delitos. No se hace así. La gente piensa que denunciar es falsa, pero si denuncias puedes incurrir en un delito, se le advierte al denunciante. En líneas generales cuando yo he podido trabajar en el ámbito de la familia tenían unos indicios racionales para presentarlas. No creo que exista un afán por denunciar falsamente para ganar una posición posterior. No en vano, los jueces que se dedican a esto en muy poquísimas ocasiones deducen testimonio para que se persiga a los denunciantes y ellos conocen realmente si una denuncia falta completamente a la verdad.

La mediación se ha convertido en un trámite obligatorio antes de acudir a la justicia, antes de presentar una demanda civil, ¿Qué valoración hace del MASC (Medios Adecuados de Solución de Controversias), lo ve positivo o es un obstáculo más para el ciudadano al que se le promete una justicia más accesible?

Voy a decir algo que me parece relevante pero que puede no gustar en otros ámbitos como el de la abogacía o de la procuradoría. Hacen falta más jueces pero también hacen falta menos pleitos porque se pueden solucionar fuera del ámbito judicial. Los conflictos humanos o patrimoniales no necesariamente tienen que resolverse en la vía judicial, hay que evitarla porque es una caraga económica importante para el estado soportar una justicia colapsada. Los medios adecuados de solución de controversaria me parece una buena idea por dos motivos. Primero, porque antes de llegar al pórtico de la justicia hay que intentar llegal al pórtico del acuerdo y, además, porque si hay tendencia a la vía judicial porque se considera que es la única vía segura para obtener el reconocimiento y para permitir que se generenunos créditos por costas procesales también hay que valorar si eso es o no el único mótivo de acudir a un juicio. Porque en ese caso podríamos estar considerando que se está abusando también de un servicio público. Ese es el fundamento de la ley, que yo estimo razonable. Otra cosa es que esté siendo práctica porque es verdad que España no tiene una gran cultura del acuerdo. Es curioso que parece que no existe demasiada confianza en la justicia pero luego el ciudadano español acude masivamente a la justicia, aun conociendo que hay otros medios adecuados de solución de controversias por ejemplo la mediación, que hace tiempo que ya tiene reconocimiento legal. Hay que preguntarse por qué muchos siguen pensando que prefieren que la razón se la de un juez.

En Cantabria se están abriendo procedimientos para borrar las condenas de la dictadura, ¿cómo valora este proceso?

No tengo nada que decir, por una cuestión muy sencilla: está en la ley y el juez cumple la ley. La Ley de Memoria Democrática y el procedimiento creado por ella para sustanciar estos procesos. No tengo ninguna valoración, como cualquier otro procedimiento judicial más. Si está en la ley, que se cumpla.

Desde el Gobierno de Cantabria se insiste constantemente en que se producen muchas ocupaciones ilegales de viviendas y que la justicia tarda mucho en dar solución. ¿Desde la perspectiva de los juzgados de Cantabria perciben que es un problema, que se han incrementado los casos de ocupación?

Tendría que tener una estadística pero no creo que precisamente Cantabria sea uno de los puntos calientes en España. Es verdad que genera una inevitable alarma social. No tanto el allanamiento de morada, porque se confunde todo. El allanamiento de morada generalmente tiene una respuesta muy rápida en los juzgados de instrucción. Lo otro, el delito de usurpación de bienes inmuebles que suelen pertenecer a entidades bancarias. Nadie puede ocupar una propiedad ajena. Los primeros no tiene que haber tanta dificultad para tener una rápida respuesta, los segundos tienen una dificultad mayor. Lo que pasa es que tampoco hay unos instrumentos legales que permitan una respuesta ágil. Se tiene que acudir a la vía civil ordinaria que tiene sus tiempos, con cierto colapso y una organización nueva. Si el legislador se decidiera a crear un procedimiento específico para estas situaciones posiblemente esto se aceleraría.

¿Tienen los juzgados de Cantabria suficientes herramientas?

Tenemos un problema de plazas de jueces, necesitamos más. Hemos pedido hasta 13 nuevas plazas pero también tenemos un problema de creación de jueces que es una cosa distinta. Hay que crear una plaza para conseguir que venga un juez que accede por oposición. Lo que hay que hacer es convocar generosas oposiciones. Con la escasez de jueces que hay tiene que haber un plan estratégico a varios años con convocatorias generosas como la que ha previsto el Gobierno de 500 jueces, 375 por el turno libre y 125 por el cuarto turno. Pero que no sea flor de un día, que eso se proyecte durante varios años. La segunda cuestión es que tenemos que afinar en una organización judicial que es nueva, que es la oficina que sirve de soporte al funcionamiento de la actividad juridisccional. Se ha cambiado para hacerla más eficaz pero como todo lo que empieza tiene tensiones iniciales. Caben otras necesidades como los problemas de edificios fundamentalmente en las sedes de Laredo y Santander donde estamos llenos, son tres sedes y está todo ocupado. Tiene mal futuro porque no hay capacidad de extensión. Antes o después va a requerir de un plan a varios años, con una inversión importante, en el que piensen qué hacer con los edificios judiciales en Santander. Además, hay otras necesidades de otro tipo como la adaptación tecnológica o los peritajes públicos.

La bahía de Santander, el idílico espacio natural que hoy sirve de recreo a barcos y deportes naúticos, fue hace doscientos años uno de los tres puertos de referencia del comercio de esclavos hacia América, junto con Cádiz y Barcelona, con la implicación de la propia burguesía santanderina. Algunos de ellos se hicieron ricos y hasta fueron reconocidos con marquesados y condados. Antonio López, en cuya biografía ya pesa esta circunstancia, y otro cántabro, Juan Manuel Manzanedo. Bajo el barniz del éxito y la filantropía se ocultaron los negros cimientos sobre los que edificaron su fortuna otros nombres propios como Ángel Pérez (Ruiloba), Juan Madrazo (Marrón, Ampuero), Joaquín Gómez Hano de la Vega (Hazas de Cesto) y Pedro Martínez Gómez de Terán (Soto, en Campóo).

El relato histórico de la ciudad atribuye el florecimiento del Puerto de Santander a la exportación de harina, sin hacer referencia al tráfico de esclavos que no fue una actividad ocasional. En cinco años -entre 1815 y 1820- salieron de la bahía 17 barcos con esclavos.

En 1817, Santander se consideraba un puerto negrero de primer orden, de cuyos muelles salían periódicamente barcos cargados con mercancías que cambiaban por esclavos en África, desde allí atravesaban el Atlántico para venderlos en Cuba como mano de obra para las plantaciones de azúcar.

La historia de los negreros de Cantabria, con datos y nombres propios, sale a la luz en un ensayo -editado por El Desvelo- del profesor Salvador García Castañeda (Santander, 1932), catedrático ya jubilado de la Universidad de Ohio, en Columbus, donde reside, y vinculado a Cantabria como miembro de la Sociedad Menéndez Pelayo y del Centro de Estudios Montañeses.

La investigación cruza datos notariales y crónicas de la época para demostrar que algunas de las fortunas que hicieron los indianos cántabros se construyeron sobre la sombra del poco edificante tráfico de 'piezas de ébano', a quien trataban como si fuesen una mercancía más. La más lucrativa de la época: generaba beneficios de más de 2.500 por ciento. Un negocio que se mantuvo de manera clandestina en el Puerto de Santander incluso cuando se prohibió. Capitanes y armadores que desafiaron los tratados internacionales y siguieron haciéndolo aun cuándo la moral de la época ya lo empezaba a reprobar. Para ello crearon una red de alianzas que alcanzaba hasta la propia corona de España, según refiere el investigador.

Para ello, se tomaban algunas precauciones para disimular. Sobre la bodega de los barcos donde almacenaban los sacos de harina construían disimuladamente otra falsa cubierta, prácticamente un cajón, donde metían a los esclavos tumbados y atados de manos y pies con esposas. Como sardinas en lata.

Nombres propios de negreros cántabros

En este tiempo, y aun desde lo contemporáneo, se extendió un velo sobre los 'negreros', un término que se aplica a quienes compraban esclavos y a quienes los poseían. La mayoría de los negreros cántabros tienen en común que procedían de entornos rurales y familias muy pobres que emigraron a Cuba donde empezaron a ganarse la vida navegando o como dependientes de comercio, relata el autor del ensayo. Pusieron pequeños negocios que les permitieron invertir dinero en la compra venta de esclavos, las fábricas de azúcar o sus propias empresas.

Juan Madrazo salió del pueblo de Marrón en Ampuero y desde Cuba contrataba bergantines con los que, hasta 1820, transportó casi cuatro mil esclavos. Dejó escrito en su testamento que se hicieran varias obras benéficas en su pueblo. Es un contraste moral común a todos ellos. Al regresar a sus pueblos, financiaron la construcción de iglesias o escuelas públicas con el dinero que ganaron con el tráfico de esclavos. Se les dio la más alta consideración social, hasta títulos nobiliarios, y entraron a formar parte de la élite española.

Joaquín Gómez Hano de la Vega, natural de Hazas de Cesto, y sus sobrinos, también traficaron con esclavos desde Cuba con el bergantín Nuevo pájaro o la fragata Cantabria. Pedro Martínez Gómez de Terán “llegó a tener algunas de las factorías negreras españolas más grandes de la costa de África” y su primo Mauricio Pérez de Terán fue armador y propietario de buques de esclavos. Quien después fue conde de Mortera, Ramón Herrera San Cibrián, dedicado al tráfico marítimo también se lucró del negocio. “A su muerte dejó 50.000 duros para construir una iglesia y unas escuelas en Mortera y en Liencres”, apunta García Castañeda.

Otro personaje que recibió honores de marqués fue el santoñés Juan Manuel Manzanedo, prestamista, comerciante de azúcar y financiador de expediciones negreras cuyas biografías se han esforzado por esconder esta última actividad, como históricamente ha sucedido con el marqués de Comillas, Antonio López. “Rico como manzanedo”, se llegó a acuñar en España en alusión a su gran fortuna conseguida con el esclavismo. Llegó a ser la persona más rica de España con más de 170.000 millones de reales en 1879. Isabel II le dio el título de marqués de Manzanedo y, por si no era suficiente, Alfonso XII el de duque de Santoña con grandeza de España. Hoy, el instituto de enseñanza pública de Santoña lleva su nombre.

El marqués de Comillas

El propio marqués de Comillas, Antonio López, pasó de mendigar comida y usar ropas usadas a tener una fortuna. Huyó de Comillas en un barco hacia Cuba y tras trabajar y abrir sus propios comercios empezó a comprar esclavos criollos (nacidos en América) para venderlos en otras parte de la isla. Junto a su suegro, financió expediciones negreras y se dedicaron a la compra venta de esclavos. Cuando fue lo suficientemente rico volvió a España y montó la naviera A. López y Cia. que luego pasó a ser la Compañía Transatlántica. Cuando falleció, entre loas y homenajes públicos, su cuñado publicó 'La verdadera vida de Antonio López y López' donde desveló a la sociedad de la época el oscuro origen de su fortuna-,

Otro importante naviero cántabro, Ángel Pérez (natural de Ruiloba), era el representante de la compañía de Antonio López en Cienfuegos (Cuba) y como tal gestionó numerosas ventas de esclavos. Con el dinero que ganó regresó a Santander y fundó la naviera Pérez y Cia.

Los cántabros -entonces llamados montañeses- fueron el mayor grupo de españoles, por detrás de los catalanes, que hicieron las Américas en Cuba. Ejercieron como grupo de presión para evitar la abolición de la esclavitud, bloquearon proyectos y reformas del gobierno que consideraron contrarios a sus intereses económicos y compraron a periodistas para manipular a la opinión pública a su favor.

El ensayo de García Castañeda -basado en una exhaustiva bibliografía, entre ella un trabajo previo de Fernando Barreda- evidencia la falta de rigor de algunas biografías de indianos cántabros que dan nombre a colegios, que tienen estatuas y que son considerados benefactores sociales en la ignorancia o en el olvido de cómo fraguaron sus fortunas desde el epicentro del Puerto de Santander con el comercio de esclavos.

Los ingenieros de minas están muy cotizados en el mercado laboral y no solo desde que las tierras raras son el objeto de codicia mundial para obtener minerales que necesita la industria tecnológica. En Cantabria se cerraron las minas de hierro y zinc y actualmente solo quedan explotaciones de áridos, roca ornamental y sales. Precisamente en los pozos que dejó huérfanos la extracción ahora se pretende almacenar hidrógeno verde. Enagás plantea aprovechar las cavidades mineras abandonadas de la química Solvay para almacenar el gas que circulará por la comunidad a través de 140 kilómetros de tuberías que atravesarán 26 municipios. El experto Rubén Pérez, profesor, doctor y subdirector de la Escuela de Minas de la Universidad de Cantabria, explica estas cavidades son la “opción considerada más madura” para el almacenaje y que los riesgos son que, en combinación con el aire y en función de su concentración, “son mezclas que puedan resultar potencialmente inflamables o explosivas en caso de entrar en contacto con una fuente de ignición”.

Cantabria tuvo una gran tradición minera, ¿qué se está extrayendo actualmente en la comunidad y qué reservas minerales tiene?

Desde la segunda mitad del S.XIX, Cantabria contó con un importantísimo desarrollo de la minería, auspiciado en gran medida por la explotación de los recursos metálicos, con yacimientos de plomo-zinc y de hierro, como atestiguan los múltiples elementos de patrimonio minero presentes en la comunidad autónoma. En la actualidad, hay explotaciones de áridos, roca ornamental y de sales, para abastecer al sector industrial, la construcción y la edificación. 

Hace unos años se habló de un proyecto para resucitar la mina de Reocín porque al parecer había subido mucho el precio del zinc. ¿Podría ser rentable esta explotación? ¿quedó mineral por explotar cuando cerró la mina o es un yacimiento agotado?

Lo cierto es que en ningún momento el planteamiento fue resucitar Reocín. Pese a que el desarrollo de proyectos de investigación en las zonas asociadas a los permisos caducados con los que contaba AZSA -la empresa que explotó la mina de Reocín- pudo en su momento ser interpretado por la sociedad como una reapertura, plantear una vuelta a la explotación no es un escenario factible. Hay que tener en cuenta que el cierre, en su momento, estuvo ligado a una depleción [disminución] de reservas y que, además, las labores interiores y la corta se encuentran inundadas.

A la hora de localizar nuevos yacimientos, las empresas con frecuencia se apoyan en la existencia de otros de importancia explotados con anterioridad, por la posible presencia de masas minerales no identificadas, en los entornos de las ya conocidas, que hayan podido formarse como consecuencia de procesos geológicos idénticos o similares. En ese sentido, Cantabria ha contado con una minería importante de cinc, y por ello atrae el interés de cara al desarrollo de proyectos de investigación como el que en la actualidad se está llevando a cabo.

También se plantea almacenar hidrógeno verde en los pozos de sal de Solvay en Polanco. ¿Este tipo de almacenaje subterráneo entraña algún riesgo? ¿Podría tener alguna repercusión dada su relativa proximidad a la Cueva de Altamira?

Dentro de las opciones existentes para almacenar hidrógeno verde -obtenido a partir del agua, mediante hidrólisis, empleando energía de fuentes renovables- la considerada como más madura, debido a su grado de desarrollo tecnológico y a la experiencia derivada de su empleo en el almacenamiento de hidrocarburos o fluidos, es la asociada a la generación de cavidades en formaciones salinas.

Esta opción para el almacenamiento no es exclusiva de Cantabria, existen otros proyectos en Alemania y Países Bajos. Se eligen estas cavidades por la baja permeabilidad de las sales, o la buena adaptación de estos materiales ante la inyección y extracción de hidrógeno con respecto a otras alternativas.

Como sucede en el caso de otros combustibles de uso común, los riesgos relacionados con la gestión del hidrógeno son los ligados a su capacidad de generar, en combinación con el aire y en función de su concentración, mezclas que puedan resultar potencialmente inflamables o explosivas en caso de entrar en contacto con una fuente de ignición. Esto hace necesario cumplir las normativas locales, nacionales e internacionales relacionadas con un manejo seguro del hidrógeno, así como protocolos y medidas preventivas para reducir el riesgo de fugas y optimizar la seguridad de los procesos.

La ejecución de las cámaras destinadas a almacenar hidrógeno aplicaría a priori la misma tecnología que ya se emplea en las generadas para la extracción de la salmuera. Aunque el proyecto requiere estudios ambientales. 

Si antes se buscaba oro, ahora se buscan 'tierras raras', ¿cuál es ahora el mineral más cotizado que ofrece el subsuelo?

En la actualidad, Europa no centra su atención exclusivamente en las denominadas tierras raras -ese conjunto de 17 elementos químicos esenciales para diversas aplicaciones del ámbito tecnológico, como por ejemplo los imanes o las baterías- sino en un concepto más amplio: el de las 'Critical Raw Materials'. Las CRM, materias primas fundamentales indispensables para la industria, la tecnología, la defensa, las telecomunicaciones o la transición energética, cuya demanda experimentará un incremento exponencial. Se incluyen en un listado, publicado por primera vez en 2011, que se revisa de forma periódica. En su última edición, incluye 24 materias críticas, de las que 17 se consideran estratégicas como el litio, el wolframio -que se extrae en Barruecopardo, Salamanca- o el cobre, obtenido en explotaciones como las Cruces, ubicada en Gerena, Aguas Teñidas o Riotinto.

Europa es, por ejemplo, capaz de abastecer toda su demanda de estroncio [utilizado para cerámicas, vidrios, fuegos artificiales o luces fluorescentes] con la producción española, las únicas minas europeas de celestina, sulfato de estroncio, se localizan en Granada. En la mayoría de los casos el abastecimiento de CRM procede exclusivamente de terceros países no comunitarios. En el caso de las tierras raras se importan en su totalidad de China.

Buscando mayor autosuficiencia, el Reglamento de Materias Primas Fundamentales de Europa establece que para 2030 al menos el 10% del consumo anual deberá extraerse en la UE, se deberá procesar como mínimo el 40% de dicho consumo, el 25% deberá proceder de reciclaje interno, y no más del 65% del consumo de una determinada materia estratégica podrá proceder de un tercer país único. Europa insta a sus países miembros a investigar su riqueza mineral. En España se presentó recientemente el Programa Nacional de Investigación Minera 2026-2030 y se prevén convocatorias para evaluar y declarar proyectos estratégicos de extracción, transformación, reciclaje e investigación para la sustitución de materias primas críticas. De los 47 proyectos aprobados por parte de la Comisión Europea en la primera convocatoria, siete iniciativas se desarrollan en España.

Se habla mucho del agotamiento de reservas de petróleo ¿se acabarán el gas natural o algunos minerales? ¿Estamos cuidando suficientemente nuestro subsuelo?

El planteamiento del agotamiento de las reservas de petróleo se ha venido discutiendo de forma recurrente desde mediados del siglo pasado. La teoría del denominado Pico de Hubbert (1956) plantea que tras alcanzar un máximo en la producción, ésta sufriría un rápido descenso ligado al agotamiento de las reservas. En las estimaciones iniciales el pico se alcanzaría alrededor del año 2000, pero las producciones siguieron incrementándose. Circunstancias como la ampliación de las reservas identificadas a través de la investigación, la aparición de otras fuentes de extracción de hidrocarburos, o la modificación en la demanda que la Transición Energética plantea con sus objetivos de migración a fuentes energéticas más limpias, contribuyen a alargar las expectativas de disponibilidad.

Esto es igualmente aplicable a otros recursos minerales. A lo largo de la historia, el ser humano ha dependido de estas materias, si bien las demandas han venido condicionadas por el nivel de tecnificación. En muchos casos han permitido ampliar los tipos de minerales que se explotan, mejorar los procesos de tratamiento para aprovechar menas [el mineral natural del que se extraen minerales] más pobres, o incluso plantear la extracción a partir, por ejemplo, de antiguas escombreras mineras. Constituyendo un ejemplo paradigmático de aplicación de los principios de economía circular, que demuestra una vez más que el concepto de “reserva” no es estático en el tiempo y que puede incrementarse. Intensificar la investigación de la riqueza mineral de los territorios, unida a procesos cada vez más eficientes y a una optimización de la vida útil de los elementos de interés a través del reciclaje, son claves para garantizar el suministro de materias primas.

Durante décadas el trabajo en las minas ha sido peligroso, por los riesgos y por las enfermedades que provoca. ¿Hoy en día la tecnología puede sustituir la mano de obra humana en las minas?

Existen formas muy diversas de minería y no todas conllevan los mismos riesgos. Enfermedades muy concretas que tradicionalmente se ligaban al sector minero, como algunas respiratorias, se daban en minería de carbón pero no en la minería metálica de Cantabria. Desde antiguo la minería ha contado con legislación de seguridad e higiene del trabajo como el Reglamento de Policía Minera y Metalúrgica de 1934, o el vigente Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera de 1985, que se ha ido actualizando a lo largo del tiempo y que se combina además con las normas de prevención de riesgos laborales. En la actualidad, el creciente grado de tecnificación y automatización en las explotaciones mineras mejora la eficiencia de la extracción y reduce los riesgos. Así, puede plantearse como ejemplo el control remoto de equipos de transporte en explotaciones de interior, que puede hacerse desde dentro y desde el exterior de la mina.

¿Cómo conecta la profesión de experto en minas con el campo de la arqueología?

Los trabajos previos a un proyecto minero con frecuencia requieren medidas de protección de posibles restos arqueológicos. Es frecuente que los trabajos arqueológicos se compatibilicen con la actividad minera. Otra vía de relación con la arqueología es que a lo largo de la historia la minería ha abastecido de recursos imprescindibles para el ser humano. Ejemplos de explotaciones prehistóricas como el caso de Gavà (Barcelona) donde se extraía variscita, un mineral que se empleaba para elaborar joyas. O el uso del cinabrio -sulfuro de mercurio- de Almadén (Ciudad Real) en ritos funerarios. Considerando otros exponentes más recientes de la importancia de la contribución de los recursos mineros al desarrollo humano, arquitectónico y patrimonial, puede mencionarse el reciente reconocimiento como Roca de Patrimonio Mundial por la Unión Internacional de Ciencias Geológicas (IUGS) de la denominada 'caliza de Piedramuelle', de amplio uso a lo largo de la historia en la ejecución de monumentos de la capital asturiana.

Además, la minería es fuente y origen del denominado patrimonio minero, que combina una naturaleza cultural y geológica. En este sentido, pueden identificarse tanto paisajes culturales derivados de las actividades mineras, como elementos de patrimonio material -ya sea mueble o inmueble- o incluso formas de patrimonio no material. La minería contribuye de esta manera a generar un patrimonio cuya conservación es igualmente necesaria.

Cantabria es un territorio con poco historial sísmico, ¿somos una zona segura en cuanto a las probabilidades de sufrir terremotos y maremotos?

Cantabria es una zona caracterizada por un bajo riesgo sísmico, por lo que la incidencia de fenómenos asociados a terremotos o maremotos -tal como recoge, por ejemplo, el Plan Estatal de Protección Civil ante Maremotos- se considera igualmente reducida.

Ahora también se están enterrando cada vez más conducciones eléctricas y de fibra óptica, como los supercables de conexión que nos llegan desde el otro lado del Atlántico, ¿supone eso alguna afección o es algo muy superficial sin repercusión alguna?

En muchos casos, los tendidos de cables de comunicación o conducción se depositan sobre el lecho marino, sin existir excavación más allá de la ejecutada en las zonas de aproximación a costa -los cables de comunicación se pueden enterrar a entre 1 y 2 metros, y los de conducción eléctrica a profundidades que pueden superar la decena de metros- o la que se realiza ya en tierra firme a profundidades en el entorno del metro. Por ello que, la posible repercusión de la excavación puede considerarse a priori baja. 

¿Qué salida profesional tienen los graduados en los grados de minas y qué oportunidades laborales hay en Cantabria?

El contexto actual, ligado a la transición energética y a las necesidades de abastecimiento de recursos minerales -incrementadas en el caso de determinadas materias primas por la descarbonización de la industria, la generación energética y el transporte- suponen un amplio espectro de oportunidades profesionales con inmejorables perspectivas para los egresados de las titulaciones oficiales impartidas en la Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía de la Universidad de Cantabria: el Grado en Ingeniería de los Recursos Mineros, Grado en Ingeniería de los Recursos Energéticos y el Máster Universitario en Ingeniería de Minas.

Las tres titulaciones son de carácter habilitante y tienen atribuciones profesionales propias que facultan para firmar proyectos de ingeniería. En el caso del grado en Ingeniería de los Recursos Mineros, las salidas profesionales no se limitan únicamente a la extracción o a la industria minero-metalúrgica y siderúrgica, sino que permite ejercer en la rehabilitación de espacios y patrimonio minero, el reciclaje de materiales, el trabajo con combustibles y explosivos -la firma de proyectos de voladura es atribución exclusiva de las titulaciones de Minas- la participación en estudios y trabajos geológicos, topográficos, proyectos ambientales, seguridad y salud o en el desarrollo función pública.

En el caso de Recursos Energéticos, permite la investigación, trabajar en centrales de producción, redes de transporte, eficiencia energética y en el campo de los combustibles, explosivos, estudios geológicos, topográficos, etc.. Salidas profesionales en común con Recursos Mineros. La versatilidad de las titulaciones y la amplitud de los ámbitos de desarrollo facilitan la inserción profesional. Existe una importante demanda de especialistas en minas por parte de las empresas no únicamente en Cantabria, sino también a nivel nacional e internacional.

De hecho, la Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía es un nodo fundamental para captar talento. Dada la enorme demanda de perfiles, las empresas con frecuencia hacen un seguimiento que no se limita al momento en el que se gradúa una promoción. El ránking de la Fundación BBVA sitúa a la Ingeniería de Minas en la posición 13 entre los 108 campos de estudio considerados, atendiendo a la inserción laboral tras egresar.

“El patrimonio es identidad, es lo que nos define como personas y como pueblo”, pronunció Javier López Estrada. El diputado y alcalde de Torrelavega puso un ejemplo muy claro: “La lechera ya estaba cuando nacimos y estará cuando ya no estemos”.

No es habitual que un partido de la oposición impulse una ley en el Parlamento. Los proyectos suelen venir avalados por quiénes gobiernan. Pero el Partido Regionalista de Cantabria reivindica la bandera de la identidad con una Ley de Patrimonio Cultural que va a quedar ineludiblemente asociada a la memoria de su impulsor, el político Javier López Marcano fallecido recientemente.

En este caso, la propuesta desde el banquillo de la oposición va a prosperar porque su aprobación se negoció en el acuerdo de presupuestos que el PRC firmó con el Gobierno del Partido Popular de la comunidad. Pero el trámite de la ley no ha permanecido, como en otras ocasiones, en los despachos. Esta vez ha salido a la calle. Los regionalistas han organizado la primera de unas jornadas para analizar el proyecto de ley, debatir y recoger aportaciones de colectivos y personas vinculados a la defensa del patrimonio antes de que se apruebe en el Parlamento.

Para ello reunió en una mesa redonda a especialistas, representantes de asociaciones y entidades vinculadas a la protección, conservación y divulgación del patrimonio. Bernardo Colsa, reconocido conocedor y divulgador del patrimonio de Cantabria, moderó la jornada sobre el texto que actualiza y mejora la anterior norma de 1998. “Investigación, conservación y divulgación”, recitó. También fue crítico con la impunidad y expresó que, además, desde el punto de vista de los recursos económicos “la cultura no tiene por qué ser el patito feo”.

Un consejo con atribuciones destacadas

Susana de la Sierra, catedrática de derecho administrativo, explicó que la futura Ley tiene a su juicio dos fortalezas: un plan y un Consejo Cántabro de Cultura y Patrimonio cuyos miembros -en su opinión- deberían trascender a la legislatura para fortalecer su carácter de expertos independientes. Es un órgano “muy ambicioso” que asesorará al Gobierno en materia de cultura y patrimonio, emitirá informes sobre las propuestas de declaración de bienes de interés cultural, valorará la adquisición de bienes, promoverá publicaciones y estudios y elaborará el Plan de Patrimonio Cultural de Cantabria que define la futura ley. Es decir, que asume un papel protagonista en la gestión del patrimonio respecto a los técnicos de la administración y los propios responsables políticos.

Este futuro organismo trabajará en, al menos, siete comisiones -arquelogía, patrimonio industrial y patrimonio edificado, entre otras- y la cuestión clave es quienes formarán ese Consejo. El proyecto de Ley que ya está registrado en el Parlamento establece que estará compuesto por las propias consejerías, ayuntamientos, Universidad de Cantabria, entidades y asociaciones de cultura y patrimonio, entre otros miembros.

La mesa redonda organizada por los regionalistas dio voz al presidente del Grupo Alceda, Aurelio González de Riancho, que reconoció que la ley anterior de patrimonio ha sido buena “pero no se ha cumplido” y puso como ejemplo el “silencio administrativo, que era terrible”. En su intervención aportó una propuesta: la figura de los técnicos de patrimonio al servicio de los ayuntamientos, porque en los planes urbanísticos municipales debería haber un catálogo de los bienes que tienen que proteger.

También hubo un espacio de reflexión para los “patrimonios olvidados”. Felipe Sanz, experto de la Red de Patrimonio Industrial de Cantabria apuntó que desde la asociación sienten “bastante peso de responsabilidad” cuando a cierto nivel la protección de los bienes industriales “debería pasar a la administración”. “Hay que inventariar para proteger”, subrayó y habló de la necesidad de disponer de espacios físicos para archivos y elementos patrimoniales de valor: “se necesita un depósito almacén de patrimonio mueble”.

El PRC invitó también al presidente de la Asociación para la Defensa de los Intereses de Cantabria (ADIC) que acaba de cumplir cincuenta años y que su presidente, Marín Sánchez, reivindicó como “la asociación cívica más antigua” que hay en la comunidad para la conservación del patrimonio. En su caso, entre otras cuestiones, llamó al atención sobre que “muchas fiestas se están prostituyendo”.

Una de las cuestiones a las que se aludieron fue la necesidad de que los Bienes de Interés Cultural de caracter especial tengan ligado un “plan de salvaguarda”, algo que contempla la ley, un apoyo económico para aquellas circunstancias en los que los propietarios no pueden hacer frente a la conservación o restauración de un bien patrimonial.

En el debate se aludió, además, a la 'conservación de ruinas'. Los expertos coincidieron en que es una fórmula para mantener -sin necesidad de reparar de forma un tanto artificial- cierto patrimonio.

González de Riancho incidió en la carencia de inventarios y catálogos: “no se sabe lo que hay y no se puede gestionar lo que no se conoce”.

Bernando Colsa quiso hacer mención al voluntariado cultural, a las personas que trabajan desinteresadamente por la defensa y divulgación del patrimonio, a los vecinos que se ocupan de enseñar iglesias u otros recintos en los pueblos de Cantabria. Los representantes culturales presentes manifestaron que no necesitaban reconocimiento, sino ayuda. Pero que, en todo caso, se podría comparar con lo que hacen otras comunidades.

Las intervenciones de los asistentes a la jornada pusieron de relieve la preocupación por la protección de los entornos de los bienes, una cuestión a la que dan mucha importancia y que en su opinión no está recogido de manera suficientemente conveniente en la actual ley. Otro asistente advirtió de que la ley plantea hacer muchos inventarios que los técnicos de la Consejería no pueden realizar.

Se pidió también que la norma incluya la figura del arqueólogo habilitado que tenga potestad para paralizar por si mismo actuaciones que provoquen riesgo arqueológico. Entre las sugerencias se concluyó reivindicando también otra figura, la de conservador restaurador profesional, titulado.

Más de 40 comparecencias

La diputada y candidata del PRC a la Presidencia de Cantabria, Paula Fernández Viaña, ha valorado la contribución de este encuentro para abrir una nueva fase dentro de la tramitación parlamentaria del proyecto legislativo y “enriquecer” el texto registrado en el Parlamento.

En este sentido, ha recordado que el Grupo Parlamentario Regionalista ha solicitado más de 40 comparecencias de especialistas y representantes del sector para recabar sus aportaciones durante los próximos meses.

“A partir de septiembre vamos a tener las comparecencias, más de 40 solicitadas por el Grupo Parlamentario Regionalista, de muchas de las personas que han estado en esta jornada y, a partir de ahí, las enmiendas para lograr un texto enriquecido con las aportaciones de todos”, ha afirmado.

El Grupo Vox en el Parlamento de Cantabria pedirá en el próximo Pleno del Parlamento paralizar la retirada del monumento al franquista Luis Carrero Blanco, ubicado en el Paseo Marítimo de Santoña, que sea declarado de urgencia Bien de Interés Cultural (BIC) y como 'Espacio de Memoria y Dignidad de las Víctimas del Terrorismo', incluyéndolo en programas educativos y de difusión de valores democráticos.

Desde el Ayuntamiento de Santoña han intentado declarar víctima del terrorismo a Carrero Blanco para poder 'indultar' su estatua y burlar la Ley de Memoria Democrática, que obliga a su retirada en atención a su catalogación como símbolo de la dictadura. Amparándose en una Ley de Víctimas del Terrorismo de Cantabria, solicitaron sin éxito a la Consejería de Presidencia que reconozca que Carrero Blanco es una víctima. Pero desde el Ejecutivo de María José Saénz de Buruaga (PP9 respondieron que no tienen competencia para ello y que el asunto tenía que resolverse en la Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior.

En este punto del proceso surge la iniciativa de Vox porque el pasado 13 de mayo se inició el proceso para incluir este conjunto escultórico en el catálogo de símbolos contrarios a la memoria democrática “paso previo para imponer su demolición forzosa”, lamenta la portavoz de Vox, Leticia Díaz.

La diputada ha calificado la intención del Ejecutivo central como un “acto de vandalismo institucional guiado por el sectarismo ideológico”, y ha advertido que “intentar borrar por la fuerza una obra de arte sitúa al Gobierno en el mismo lado de la historia que aquellos que prefieren destruir antes que comprender”.

En este sentido, ha comparado esta medida con “la misma pulsión destructiva que llevó a los talibanes a dinamitar los Budas de Bamiyán en 2001 o la mentalidad censora de las hogueras de libros en la Alemania de 1933”.

La portavoz de Vox ha apelado al valor técnico e histórico-artístico del monumento, la ausencia de símbolos políticos, “al aval científico porque su valor arquitectónico lo incluye en el Catálogo del Patrimonio Cultural de Cantabria II” y a que fue promovido por los propios vecinos de Santoña para homenajear a un hijo de la villa asesinado por ETA. Por eso, reivindica la condición legal de víctima del terrorismo.

El cierre del aparcamiento subterráneo de Pombo en el centro de Santander por sus problemas estructurales de manera indirecta ha traido a la memoria el edificio a estrenar propiedad del Ayuntamiento deshabitado desde hace más de una década en la cercana calle de Santa Lucía.

El inmueble de cinco plantas, con diez plazas de garaje, había caído en el olvido ante la indiferencia municipal que lo mantiene cerrado.

Lo destapó hace más de un año el concejal regionalista Felipe Piña, que dio la voz de alarma y reprochó que la alcaldesa popular Gema Igual “permita esta situación mientras presume de que 11.000 personas opten a una vivienda de protección oficial en El Alisal”.

El PRC propuso destinarlo a viviendas en régimen de alquiler para jóvenes santanderinos con un precio que no supere el 30% de los ingresos vinculados al salario mínimo. El edificio continúa vacío un año después en medio de la crisis de vivienda.

Cuando se clausuró el parking de Pombo el Ayuntamiento de Santander ofreció a los propietarios que aparcaban allí sus coches otros aparcamientos gratuitos. Entre ellos 45 plazas en el recinto portuario junto a Comandancia Naval y Sanidad Exterior; entre 25 y 30 plazas en el aparcamiento del Palacio de Festivales; 10 plazas en el parking de Tetuán; 5 plazas en el aparcamiento de Jesús de Monasterio y 20 plazas en el de la Plaza de México.

A la lista se añadieron algunas plazas en el edificio municipal de la calle Santa Lucía -según comunicado oficial- para personas con movilidad reducida. Pero solo se pusieron a disposición de los afectados cuatro de las diez plazas que tiene en propiedad el Ayuntamiento en ese inmueble. No se ha explicado qué sucede con las otras seis, si hay alguna causa que impiden ser utilizadas porque -dado que el edificio está sin uso- lo lógico es que estuviesen todas disponibles.

En abril del año pasado, el portavoz regionalista Felipe Piña preguntó en el Pleno municipal por esas plazas de aparcamiento, después del testimonio de algunos vecinos que sí veían coches aparcados en ellas. “¿Quién y para qué se utilizan las diez plazas de aparcamiento de propiedad municipal que existen bajo el edificio?”, inquirió Piña. “Yo puedo afirmar que no se usan por nadie a la espera de que el edificio entre en funcionamiento”, respondíó el concejal de Patrimonio Daniel Portilla. Extrañamente, un año después solo se han puesto a disposición de los vecinos cuatro de ellas sin que hayan trascendido las razones por las que las otras seis no pueden utilizarse, habida cuenta de que el edificio sigue sin uso.

El inmueble de Santa Lucía 13 fue hasta el año 2005 el colegio religioso Divina Pastora gestionado por religiosas franciscanas. Al cerrar el centro educativo el edificio se derribó y se construyó un bloque de 30 viviendas con un aparcamiento subterráneo de 115 plazas junto a un edificio anexo que la constructora cedió gratis al Ayuntamiento de Santander para facilitar el cambio de uso de la parcela. En teoría, iba a ser destinado a un centro cívico cultural. La operación se hizo mediante un convenio urbanístico.

Una década después, el PRC municipal denunció que seguía cerrado. “Ese inmueble no está abierto porque no tiene un destino actualmente”, argumentó la alcaldesa hace más de un año. “Será una dotación municipal” pero “tenemos que esperar el momento”, añadió. El 'momento' aún no ha llegado y el edificio en pleno centro de Santander sigue cerrado y vacío.

“Tanto el edificio como las plazas responderán a las prioridades de Santander y sus ciudadanos, asegurando un beneficio directo para la ciudad”, fue hace un año la respuesta oficial.

La geometría de color de Okuda nació del arte callejero. Al salir del instituto, donde le dio clases el pintor Roberto Orallo, compraba un bote de pintura y dibujaba sus grafitis en la pared blanca de un restaurante que había en la calle del Medio. Un día los dueños se hartaron: “enfrente tienes el Banco Santander, píntales a ellos la fachada”, le espetaron.

Aquel chaval es hoy un pintor, escultor y diseñador reconocido en todo el mundo que ha construido una marca propia de arte urbano muy reconocible y solicitada. Después de 30 años realizando proyectos artísticos por todo el mundo, más de 300 en 100 ciudades de 50 países diferentes, es el momento de volver a mis orígenes y de volver a mi ciudad“, ha dicho en la presentación de su futuro 'Museo del Kolor' de Santander.

Un espacio que se ubicará en el Palacio de Cortiguera de Santander, la antigua Cámara de la propiedad, de original estilo mudejar cerrado desde hace tres décadas y en avanzado estado de deterioro. El edificio es propiedad del Ministerio del Interior a través de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado (GIESE) que ha firmado un acuerdo de alquiler con opción a comprar.

No se conocen los detalles de los plazos, ni el importe que pagará la Coloring the World, la fundación de Okuda, por la futura propiedad del edificio, ni el importe del alquiler. Ni siquiera se ha explicado cómo y cuándo se hará la rehabilitación del inmueble ni quien asume sus costes. Ni el director del GIESE, José Antonio Peinado, ni el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, -presentes en el acto- han explicado los términos del acuerdo. La alcaldesa de Santander, Gema Igual, reconoció que el edificio era un punto negro: “ha venido Okuda a solucionarnos el problema”, espetó en su intervención.

Según informa El Diario Montañés firmó un acuerdo el 28 de abril que cede el espacio durante 25 años al Museo de Okuda con un canon anual durante los 10 primeros años. Durante los tres primeros podrá ejecutar un derecho de opción de compra.

Okuda convocó a los políticos, algunos gestores culturales, familiares, colaboradores y medios de comunicación a una presentación en el jardín exterior del edificio para mostrar su 'Museo del Kolor', un proyecto que supone “volver a los orígenes” y ofrecer su “legado personal” a su ciudad natal. La idea es que este espacio esté abierto en 2030 y acoja la colección que ha ido construyendo durante su carrera, centrada principalmente en el arte joven. Una colección “muy distinta”, según él mismo ha explicado, a la propuesta que tiene la ciudad con artistas como la norteamericana Jen Stark o el japonés Keiichi Tanaami.

Pero no funcionará solo como un espacio de exhibición sino que habrá talleres, residencias culturales y todo tipo de iniciativas sociales “que generarán comunidad y garantizan el acceso a la cultura a las nuevas generaciones”, ha explicado el propio artista.

“Realmente los proyectos que más exito han tenido míos han sido dar nueva vida a espacios que ya no tenían vida”, ha indicado Okuda, que ha puesto como ejemplo sus actuaciones en un iglesia de Denver (Estados Unidos) y de otra en Asturias. “Esto es un poco en ese camino”, ha añadido.

Okuda ha dicho que sigue “muy conectado” a su tierra, no solo visitando a su familia, sino implicándose en proyectos “que hemos hecho, hacemos y seguiremos haciendo”. En este sentido, con el 'Museo del Kolor' pretende “devolver” a Santander “todo lo que le dio en sus primeros años de aprendizaje”.

En la presentación han intervenido también el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares; la alcaldesa de Santander, Gema Igual, y el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Luis Martínez Abad, además del presidente y el director de 'Coloring the World', Óscar Sanz y Juan Vera, respectivamente. Entre los asistentes, también han estado, entre otros, el director de GIESE, José Antonio Peinado, y la presidenta del Parlamento, María José González Revuelta.

El presidente de la fundación ha explicado que la idea comenzó a gestarse “hace un par de veranos” cuando Okuda le llamó para informarle de la existencia de un palacete en el centro de Santander. “Dos años después, aquí estamos, emprendiendo este baile, esta carrera”, ha dicho.

Okuda en Cantabria

La presencia de Okuda en Cantabria ya es significativa. Desde el Faro de Ajo que revistió de polémica y notoriedad con su polícromía geométrica, hasta el oso de Reinosa, la fachada del Colegio Vital Alsar en Santander, murales urbanos hasta en Ruerrero, la oficina de Turismo de Laredo o la escultura en la playa de Cuchía. Todos los municipios quieren tener un trozo de Okuda, un lenguaje universal que actúa de reclamo artístico y turístico.

Con esta apuesta por Santander, desde el corazón de la ciudad Okuda se sumará a la apuesta cultural con Faro Santander (el museo en la antigua sede del banco del paseo de Pereda), el Centro Botín, el futuro Museo de Prehistoria y la colección del Archivo Lafuente como centro asociado del Reina Sofía.

La primavera de Santander se celebra solo cada cuatro años, con el entusiasmo propio de la cercanía de las urnas electorales. El portavoz del Grupo Municipal regionalista, Felipe Piña, ha desvelado que el festival 'Primavera viva', que incluye diferentes actividades gratuitas en el centro de la ciudad durante los meses de abril y mayo, se organiza “exclusivamente en los años electorales”. 

De hecho, solo se ha organizado en 2019 y 2023, coincidiendo con las semanas previas a las elecciones locales. Sin embargo, el resto de la legislatura el programa es “fulminado” de la agenda cultural y de ocio de la ciudad.

En un video difundido en sus redes sociales, Piña acusa a la alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), de utilizar los recursos municipales de manera “partidista y electoralista”.

En su opinión, esta “intermitencia selectiva” demuestra que Gema Igual “no busca consolidar una oferta de ocio y dinamización estable” para Santander, sino “utilizar los recursos públicos y los eventos gratuitos como una evidente herramienta de campaña electoral en beneficio propio”. 

Para Piña, la cultura y el entretenimiento vecinal no pueden ser un “recurso de quita y pon” que solo interesa poner en marcha en año de elecciones. Por este motivo, el Grupo Municipal Regionalista preguntará en el próximo Pleno por este “apagón cultural”. Asimismo, reclamará que el festival 'Primavera Viva' se convierta en una actividad fija y estable en el calendario anual de Santander.

La última edición del festival fue en mayo de 2023, cuando se celebraron las elecciones locales y autonómicas. Se programaron actividades de ocio en cinco plazas de Santander y en la calle Juan de Herrera durante varios días: fiestas infantiles, juegos educativos y participativos, talleres y conciertos. Durante un fin de semana previo a la cita con las urnas en la Plaza Alfonso XIII se organizó ‘Callejeando Food Fest’ con gastronomía internacional, actuaciones musicales en directo, exhibiciones de swing, danza, sesiones Dj, pinchadiscos, zona infantil y un 'market' de artesanos.

El Ayuntamiento de Santander suma un nuevo conflicto con la adjudicación de contratos, unos días después de anularse el contrato de la feria taurina. El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales ha suspendido cautelarmente el contrato para redactar la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que el Ayuntamiento adjudicó a la segunda empresa mejor valorada, tras el recurso de otra firma que fue excluida a última hora del proceso.

Desde el consistorio dicen que “se trata de una circunstancia completamente ajena a la voluntad del Ayuntamiento que responde a los tiempos propios de la tramitación administrativa y de las garantías legales que rigen los procedimientos de contratación pública”. La redacción del plan de urbanismo es una asignatura pendiente en la ciudad y sucesivos equipos de gobierno municipales han sido incapaces de sacarlo adelante.

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento adjudicó el contrato hace unos días, el 1 de junio, a la empresa Ezquiaga que presentó una oferta junto a otras empresas -lo que se conoce como UTE, unión temporal de empresas- junto a Sociedad y Territorio, Jornet Llop Pastor, Ineco y Junquera Arquitectos.

El propio equipo de gobierno de la alcaldesa Gema Igual (PP) ha informado en una nota de prensa que la empresa Omicron-Amepro, S.A. recurrió su exclusión del proceso y solicitó, al amparo de la Ley de Contratos del Sector Público, la suspensión cautelar de la tramitación hasta que se resuelva el recurso.

Omicron-Amepro obtuvo la mejor puntuación en el proceso de licitación pero finalmente ganó la segunda mejor valorada: Ezquiaga. La explicación es que el Ayuntamiento de Santander decidió excluir a la primera argumentando que faltaba documentación.

La nota del Ayuntamiento dice que durante el proceso de licitación del contrato, la mesa de contratación fue descartando progresivamente las ofertas presentadas. En una primera fase quedó excluida la propuesta de Territorio y Ciudad “y en la última sesión de la mesa, se acordó la exclusión de la UTE Omicron-Amepro”. Sin explicar las razones.

Por su parte, el Tribunal ha estimado la solicitud porque considera que si el contrato sigue adelante podría ocasionar perjuicios en caso de que el recurso fuese finalmente estimado, por ello ha decidido suspenderlo hasta que se resuelva definitivamente el asunto.

Diez años después de su anulación por el Supremo

Por lo demás, la reacción municipal ha sido lamentar el retraso en la tramitación de la revisión del PGOU, un documento que se aprobó en 2012 y que fue anulado por el Tribunal Supremo en 2016. Los magistrados consideraron que no garantizaba “la suficiencia de los recursos hídricos necesarios para abastecer a la población”. Diez años después la ciudad se rige provisionalmente por el planeamiento de 1997, tras un intento en la pasada legislatura de avanzar sin éxito en un documento gracias al empeño del concejal de Ciudadanos, Javier Ceruti, que gobernaba en coalición con el entonces equipo de gobierno en minoría del PP.

Anulación del contrato de la feria taurina

El mismo Tribunal Administrativo Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) que ha paralizado este contrato del PGOU hace unos días declaró nulo el acuerdo adoptado por la Empresa Municipal Plaza de Toros de Santander para adjudicar la organización de la feria taurina de Santiago a la empresa Lances de Futuro, tras estimar el recurso presentado por otra empresa, Cántabra de Toros, que también participó en el proceso.

El PSOE de Santander ha denunciado que el Tribunal tuvo que requerir el expediente al equipo de gobierno del Partido Popular hasta en cinco ocasiones. “Esa forma de actuar refleja una preocupante falta de diligencia y de respeto hacia los órganos de control administrativo”, ha denunciado Daniel Fernández, portavoz del Grupo Municipal Socialista.

El nieto del golpista general Dávila reclamará este miércoles 9 de junio en los tribunales que el actual Paseo Altamira de Santander siga conservando el nombre de su abuelo que se puso a esta calle durante la dictadura franquista. Juan de Dios Ávila, también militar ya retirado, pretende que el juez anule el acuerdo del pleno de Santander del 24 de abril de 2025 sobre el cambio de denominación de una decena de calles, entre ellas la de su pariente.

La vista se celebra en los juzgados de Santander, la ciudad que ha tardado una década en cambiar 18 nombres de calles vinculados con el franquismo, cambio aprobado por el Ayuntamiento en 2015 y que no se ejecutó hasta el año pasado, a instancias de la Fiscalía de Memoria Democrática que exigió al Ayuntamiento que cumpliese su propio acuerdo.

Lo que pretende la demanda presentada en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 2 de Santander es que se anule el acuerdo municipal por “una indebida aplicación” de la Ley de Memoria Democrática. Madrid también borró la calle que dedicó la dictadura el general Dávila y su familia lo recurrió sin éxito en los tribunales “a la vista de los méritos criminales que se le atribuyen», subraya el fiscal de Memoria Democrática de Cantabria Carlos Yáñez.

El general franquista Fidel Dávila, que durante décadas ha bautizado una de las principales vías de la ciudad, fue comandante en jefe del Ejército del Norte, desempeñó un papel sustancial en la organización del golpe militar de 1936 y fue un actor principal de la represión de la dictadura.

El Paseo Altamira se conocía como Paseo del Alta hasta que se rebautizó con el nombre del general Dávila en agosto de 1937, cuando las tropas de los golpistas de Franco tomaron Santander.

El Gobierno de Cantabria que preside María José Sáenz de Buruaga (PP) ha solicitado en mayo la repatriación de otros 5 menores extranjeros tutelados que han llegado a la comunidad desde Ceuta y Canarias. Un trámite que la administración autonómica hace cada vez que llega un niño migrante a Cantabria dentro del sistema de acogida del Estado justificándolo en que “el interés superior del menor se satisface con la reagrupación con su familia en su país de origen”.

El Consejo de Gobierno acordó durante el mes anterior autorizar a la Dirección General del Servicio Jurídico para interponer recurso contencioso-administrativo frente a cinco resolución del Gobierno en Canarias por las que se traslada y se reubica en Cantabria a tres menores de edad llegados desde Ceuta y otros dos desde Canarias.

Cantabria acoge en la actualidad a 41 menores migrantes no acompañados, a los que presta asistencia a través del sistema de protección autonómica. Pero la política de solicitar la repatriación es constante, se ha hecho en todos los casos.

El Gobierno recurre todas las llegadas de menores extranjeros a Cantabria. Unos traslados que la propia consejera de Inclusión Social, Begoña Gómez, califica como “forzosos” porque en su opinión el reparto fue “una imposición” que “no se ajusta a la ley”. En su opinión, ello justifica que se hayan “recurrido todas y cada una de las decisiones del Gobierno de (Pedro) Sánchez impuestas sin un respaldo legal”.

Tasio Cañedo fue injustamente fusilado hace 88 años. Una resolución judicial ha renonocido que el teniente del Ejército republicano y militante de UGT fue sometido a un juicio sin garantías y ejecutado de manera injusta durante la Guerra Civil por su ideología política. Una sentencia que además reconoce “el daño causado a la familia” y subraya que “no cometió delito alguno”. “Se le sometió a una muerte injusta e inhumana”, concluye el auto.

El proceso se ha realizado a instancias de su sobrina, María Toca, presidenta de Ágora Solidaria Cultura y Memoria Luis Toca que ha considerado esta sentencia “un paso relevante para la reparación de las víctimas de la represión franquista”.

La figura de Tasio Cañedo da nombre al Memorial de Memoria Democrática Tasio Cañedo, ubicado en la sede de Ágora Solidaria Cultura y Memoria Luis Toca, en la calle Juan XXIII, número 22, de Santander. El espacio recuerda tanto su trayectoria como la de otras personas represaliadas durante la dictadura.

La resolución, dictada por el magistrado Tomás Hernando Saiz en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Santoña, da respuesta al expediente promovido por la Fiscalía de Memoria Democrática al amparo de la Ley 20/2022 de Memoria Democrática. El procedimiento fue incoado el pasado 21 de abril y la vista se celebró el 29 de mayo, quedando posteriormente visto para sentencia.

El auto concluye que Manuel Cañedo Mancebo, conocido como Tasio Cañedo, fue sometido a un juicio sumarísimo sin garantías y condenado a muerte por motivos ideológicos, con “exclusión o negación absoluta de cualquier derecho”. Además, determina que no cometió delito alguno y que fue víctima de una muerte “injusta e inhumana”, declarando igualmente el daño causado a su familia como consecuencia de su ejecución.

La resolución recoge que la solicitud fue formulada por el Ministerio Fiscal, que interesó que se declarara judicialmente la realidad de los hechos sufridos por Cañedo durante la represión franquista. Tras analizar la documentación incorporada al expediente y la prueba practicada durante la vista, el magistrado concluye que concurren los requisitos establecidos en la legislación vigente para emitir dicha declaración judicial.

Entre las pruebas valoradas figura la declaración de María Jesús Toca Cañedo, sobrina nieta de Tasio Cañedo, quien relató ante el juzgado el profundo impacto que la ejecución tuvo sobre su familia. Según recoge el auto, explicó que uno de los hermanos de Tasio convivió durante toda su vida con el dolor de aquellos hechos y con el sentimiento de culpa por haber sobrevivido a la guerra mientras él había sido fusilado.

Asimismo, la resolución señala que la condena se sustentó en un informe emitido por Falange Española Tradicionalista y de las JONS, en el que se atribuía a Cañedo la condición de teniente de Milicias y “agente provocador”. A juicio del magistrado, la documentación obrante en el expediente acredita que aquel procedimiento careció de las más mínimas garantías procesales y estuvo motivado por razones políticas.

Tras conocer el contenido del auto, María Toca ha asegurado que la resolución supone el cierre de un largo proceso de investigación y recuperación de la memoria familiar. A su juicio, el pronunciamiento judicial confirma oficialmente unos hechos que durante décadas fueron transmitidos de generación en generación y que ahora cuentan con el respaldo de una resolución dictada por la Justicia española.

La presidenta de Ágora Solidaria ha destacado especialmente la importancia de que el fallo reconozca la naturaleza injusta de la condena y la responsabilidad de quienes participaron en el proceso que terminó con el fusilamiento de su tío abuelo. En este sentido, considera especialmente relevante que la investigación haya permitido esclarecer las circunstancias que rodearon aquellos acontecimientos.

Toca ha explicado que uno de los aspectos que más valora de la resolución es que se haya puesto el foco en los elementos que hicieron posible aquella condena. En su opinión, el auto permite comprender mejor el contexto represivo que rodeó el caso y contribuye a restituir la verdad histórica sobre lo sucedido.

“Hoy sabemos y queda ratificado por un juzgado del Estado español que mi tío fue asesinado por unos criminales. Esa es la parte más importante de esta resolución”, ha afirmado.

No obstante, también ha reconocido que la noticia está marcada por la tristeza. Según ha señalado, ninguno de los hermanos de Tasio Cañedo ha podido llegar a conocer esta resolución, pese a que durante décadas mantuvieron viva la memoria de lo sucedido y esperaron algún tipo de reconocimiento oficial.

“Lo triste es que ninguno de sus hermanos ha podido vivir este momento. Todo esto llega tarde, muy tarde. Tendría que haber ocurrido hace muchos años”, ha lamentado.

La presidenta de Ágora Solidaria ha reivindicado además el papel de quienes sufrieron la represión franquista por defender la legalidad democrática de la Segunda República. En este sentido, ha recordado que su tío abuelo fue ejecutado por sus convicciones políticas y sindicales y por defender principios como la democracia, la libertad, la justicia social o los derechos de los trabajadores.

Toca ha querido además extender este reconocimiento al conjunto de las víctimas de la represión franquista. “El orgullo que siento por mi familia lo hago extensivo a todas las víctimas. Para mí forman parte de la misma historia y de la misma memoria colectiva”, ha señalado.

La petición de revisión fue impulsada por María Toca Cañedo, mientras que la solicitud de nulidad fue presentada por el fiscal de Memoria Democrática, Carlos Yáñez. Con esta resolución, la Justicia reconoce oficialmente que Tasio Cañedo fue víctima de un procedimiento sin garantías y de una condena basada en motivos ideológicos, cerrando un capítulo que permanecía abierto desde hace casi nueve décadas.

La decisión judicial supone además uno de los pronunciamientos más relevantes dictados en Cantabria al amparo de la Ley de Memoria Democrática. Para la familia de Tasio Cañedo, el auto convierte en reconocimiento jurídico una verdad sostenida durante generaciones y representa un acto de reparación moral que, aunque tardío, devuelve dignidad a una de las víctimas de la represión franquista.

Ecologistas en Acción Cantabria ha presentado un extenso documento de alegaciones al Plan Regional de Ordenación Territorial (PROT), al considerar que el texto sometido a información pública adolece de importantes deficiencias jurídicas, ambientales y de participación ciudadana que pueden comprometer la validez del procedimiento y el futuro modelo territorial de la Comunidad Autónoma.

Para la organización, el PROT debería convertirse en la principal herramienta para proteger el territorio, combatir el cambio climático y ordenar el desarrollo de Cantabria desde criterios de sostenibilidad. Pero, en su opinión, los documentos presentados por el Gobierno autonómico mantienen una orientación excesivamente abierta y desarrollista, que podría facilitar nuevas dinámicas de artificialización del suelo, expansión urbanística e implantación de grandes infraestructuras sin suficientes límites ambientales.

Uno de los aspectos más preocupantes es la forma en la que se ha gestionado la participación pública. Ecologistas en Acción considera que el proceso incumple el espíritu de la Ley 27/2006 y del Convenio de Aarhus, al apoyarse en unas consultas preliminares realizadas hace cinco años, sin ofrecer una trazabilidad clara sobre cómo se han incorporado o rechazado las aportaciones realizadas por la ciudadanía y los colectivos sociales.

La organización denuncia que el expediente no permite conocer de forma transparente la evolución del documento ni los criterios utilizados para aceptar o descartar las propuestas planteadas durante las fases previas. En su opinión, la participación pública no puede reducirse a un mero trámite burocrático, sino que debe permitir una intervención real cuando todas las alternativas siguen abiertas.

De igual modo, las alegaciones critican la ausencia de espacios de diálogo y debate técnico entre Administraciones, entidades sociales y ciudadanía. Un instrumento de la trascendencia del PROT, llamado a condicionar durante décadas el futuro territorial de Cantabria, requiere mecanismos permanentes de gobernanza democrática y transparencia, y no únicamente la publicación de miles de páginas de documentación técnica.

Legitimación de infraestructuras de gran impacto

Otro de los bloques fundamentales de las alegaciones se refiere al propio modelo territorial. Ecologistas en Acción considera que el PROT corre el riesgo de convertirse en un instrumento de legitimación de futuras infraestructuras de gran impacto, grandes plataformas logísticas, expansiones urbanísticas o proyectos energéticos, bajo conceptos genéricos como “desarrollo”, “conectividad” o “competitividad”.

La organización defiende que la ordenación territorial del siglo XXI debe basarse en los límites ecológicos y en la capacidad de carga del territorio, priorizando la protección de los ecosistemas, la reducción del consumo de suelo, la regeneración urbana y rural, la conservación del paisaje y la adaptación al cambio climático.

En este sentido, las alegaciones reclaman que el PROT incorpore expresamente el principio de no regresión ambiental, de manera que no puedan reducirse en el futuro los niveles de protección territorial y ambiental ya alcanzados sin una justificación técnica reforzada y una evaluación ambiental rigurosa.

Asimismo, se solicita que la Infraestructura Verde y Azul pase a ser un elemento estructurante y prevalente del modelo territorial, condicionando cualquier nueva transformación urbanística o infraestructural incompatible con los objetivos de conservación de la biodiversidad y conectividad ecológica.

La organización también denuncia las importantes limitaciones existentes en el acceso a la información geográfica. Resulta contradictorio que un plan que anuncia la futura implantación de un “Gemelo Digital de Cantabria” obligue a la ciudadanía a trabajar durante el periodo de alegaciones con cartografía en formatos PDF estáticos y sin acceso a archivos geográficos interoperables, dificultando enormemente el análisis técnico independiente. Para Ecologistas en Acción, la transparencia y la participación efectiva requieren que toda la cartografía territorial esté disponible en formatos abiertos y reutilizables compatibles con los Sistemas de Información Geográfica.

Coherencia con las políticas europeas

Las alegaciones también ponen de manifiesto la necesidad de reforzar la coherencia del PROT con las políticas europeas más recientes en materia de restauración de la naturaleza, cambio climático, infraestructura verde y reducción del consumo de suelo, así como de establecer una clara subordinación de las políticas económicas e infraestructurales a los límites ambientales.

Finalmente, Ecologistas en Acción considera imprescindible que el Plan Regional de Ordenación Territorial deje de ser un documento meramente programático y se convierta en un verdadero marco normativo capaz de orientar y limitar las futuras actuaciones públicas y privadas sobre el territorio. La organización espera que el Gobierno de Cantabria aproveche el trámite de información pública para corregir estas graves deficiencias y construir un instrumento de ordenación realmente útil para afrontar los retos ecológicos y climáticos del siglo XXI.

En caso contrario, Ecologistas en Acción anuncia que estudiará todas las vías jurídicas disponibles para garantizar el cumplimiento de la legislación ambiental y la defensa del interés general, incluida la eventual impugnación por la vía contencioso-administrativa de la aprobación definitiva del PROT.