Varios ciudadanos cántabros han denunciado presiones para realizarse pruebas médicas en el Hospital privado Santa Clotilde con la advertencia de que si lo rechazan, porque prefieren esperar a ser atendidos en la sanidad pública, perderán su puesto en la lista de espera y la demora será mayor. La Consejería de Salud había negado estas prácticas y hasta ahora mantenía que era una opción voluntaria. No obstante, los testimonios de algunos afectados coinciden en lo contrario.

“Vas a perder la prueba, te la van a quitar”, le dijeron por teléfono a Laura Colina cuando la llamaron del Hospital de Laredo para darle cita para una resonancia y dijo que prefería hacérsela en Valdecilla. “Me dijeron que si rechazaba ir a Santa Clotilde automáticamente me quedaba sin la prueba”, confirma. En esa misma llamada le aconsejaron no renunciar y hacer un escrito –que ya ha gestionado– pidiendo que la prueba se haga en la sanidad pública y que la mantengan en la lista de espera. “¡A qué punto hemos llegado, coaccionando a un paciente bajo la amenaza de perder la prueba diagnóstica”, denuncia.

La Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública asegura que no es un caso único y que tiene varias reclamaciones de usuarios del Servicio Cántabro de Salud sobre las derivaciones a la sanidad privada. “Se les dice que deben aceptar la derivación a Santa Clotilde porque pertenece a la red del Servicio Cántabro de Salud”, explican desde la entidad. De hecho, según refieren los propios afectados, se les ha explicado que negarse a ello es como negarse a hacerlo en Valdecilla, perdiendo todos sus derechos a ser atendidos.

El Gobierno de Cantabria firmó un convenio de privatización de servicios sanitarios para derivar operaciones quirúrgicas y pruebas médicas al hospital privado Santa Clotilde, propiedad de una orden religiosa que recibirá 256 millones de euros de dinero público durante los próximos veinte años, hasta 2046.

A raíz de estas circunstancias, la Plataforma cree que se está coaccionando a los pacientes y que, probablemente, si alguno protesta se le atenderá según lo establecido, pero habrá otros muchos que creerán lo que les dicen e irán a Santa Clotilde aunque no quieran, por temor a las consecuencias.

En realidad, según explican desde el colectivo el protocolo establece que si un paciente rechaza hacerse la prueba en la sanidad privada sale de la lista “estructural” y pasa a estar en situación de “demora voluntaria”. Supone que se les cita por orden de antigüedad en función de la disponibilidad del centro público.

Hace unos meses, la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Cantabria solicitó a la Consejería de Salud que aclare qué ocurre con los pacientes que rechazan ser derivados al hospital privado Santa Clotilde. Si cuando se rechaza operarse allí “se respeta íntegramente su posición en la lista de espera del Servicio Cántabro de Salud para ser intervenido en un hospital público” –preguntaron– “o si, por el contrario, ese rechazo supone algún tipo de perjuicio, retraso o pérdida de su lugar en la lista de espera”.

La cuestión afecta directamente a los derechos de los pacientes y a su capacidad para decidir dónde desean ser atendidos. En este sentido, desde la Plataforma insisten en que los ciudadanos tienen derecho a saber “si ejercer su libertad de elegir la sanidad pública puede tener alguna consecuencia sobre su posición en la lista de espera”. “La transparencia también forma parte del derecho a la salud”, subrayan.

La Fiscalía de Cantabria solicita tres años de prisión para un polícia local de Reinosa acusado de un presunto delito de odio por difundir desde su cuenta en la red social X contenido calificado como xenófobo especialmente hacia las personas magrebíes. El perfil, que tiene 25.100 seguidores, estaba teóricamente orientado a contenidos futbolísticos.

Asimismo, pide que se borren los mensajes, que se cierre la cuenta y que se inhabilite al acusado para ejercer cualquier profesión en el ámbito docente, deportivo y de tiempo libre, durante un tiempo superior en 7 años al de la pena de cárcel que imponga en la sentencia.

Previamente, la titular de la plaza 1 del Tribunal de Instancia e Instrucción de Santander había dictado un auto, el 8 de marzo de este año, que ordenaba la retirada cautelar de los contenidos denunciados por el Ministerio Fiscal. Unos mensajes que se enviaron en julio de 2025.

En alusión a un jugador de futbol dice -por ejemplo- “se comporta exactamente como esperaríamos que se comportase un moro promedio”. “A falta de fútbol, ha decidido que su carrera tenga futuro gracias a ser la cheerleader de un moro. Tiene que estar orgullosa su familia”, comenta en relación a una fotografía.

La cuenta difundió comentarios sobre ciudadanos de origen magrebí: “En cualquier otra situación serían abatidos de inmediato y aquí no se hace nada (…)”, “manada de moros con machetes (…) que no se les encañone como mínimo con sus armas”, “Votaré al partido político que me asegure (…) que echará hasta el último moro”. Establece además una relación directa entre delincuencia y migración. En otros momentos escribe: “el pueblo español se levante contra todas las agresiones de moros que está habiendo en todas las ciudades (...)” y en el pueblo solo hay problemas con los de siempre, con los moros“.

El perfil de X creado por el acusado estaba dedicado a un contexto futbolístico, pero un hilo que escribe el 11 de julio de 2025 cambió “radicalmente el contexto” porque lo dedica a comentar sucesos ocurridos tras una agresión a un hombre de 68 años por parte de unos ciudadanos de origen magrebí en Torrepacheco.

Según relata el escrito de la Fiscalía, el acusado hizo reiteradas publicaciones con las que mostraba su rechazo e intolerancia hacía las personas de origen extranjero, así como las personas que profesan el Islam, en las que vincula de manera generalizada delincuencia con inmigración, o que la ridiculizan o injurian para “estigmatizar y una difamar de forma global e injusta a dicho sector de la población, desacreditándolos y contribuyendo a despertar o aumentar entre la población los prejuicios y estereotipos contra un colectivo de personas, especialmente vulnerables, con el consiguiente riesgo de generar sentimientos de rechazo y hostilidad social frente a ellos”.

El escrito de calificación de la Fiscalía, al que ha tenido acceso elDiario.es, considera que las publicaciones producen “un gran impacto negativo” entre los miembros del colectivo migrante y las personas magrebíes y que constituyen un atentado a la dignidad de las personas destinatarias de los mismos “por su naturaleza degradante y despreciativa”. De esta forma -estima la Fiscalía- contribuyen a la difusión de prejuicios y estereotipos negativos respecto a ellos.

A su vez, añade que el acusado era consciente de que sus mensajes “se incorporaban a redes telemáticas con vocación de perpetuidad” y que, desde ese momento, carecía de control sobre su difusión, con lo cual podían multiplicar su impacto mediante sucesivas transmisiones. Una circunstancia que incrementa “exponencialmente los hechos y los consiguientes ataques a los colectivos de víctimas objeto de sus publicaciones”.

En este sentido, precisa que uno de los hilos tuvo 6.5 millones de visualizaciones, 981 comentarios registrados, 39.000 me gusta y fue compartido 39.000 veces. El informe de la Fiscalía señala que, por el contrario, los contenidos sobre fútbol de la cuenta tienen muchas menos visualizaciones, cero marcadores y pocos comentarios y reacciones.

Antonio Vilela vivía en Santurce cuando en 1997 tomó una decisión que cambió por completo su vida: comprarse una casa en el municipio cántabro de Argoños. Tres años después, un amigo le llamó por teléfono: “Oye, que en la prensa pone que tu urbanización tiene una sentencia de derribo”. Fue el comienzo de una incertidumbre que arrastra tres décadas.

Cantabria atesora un récord difícil de emular para su tamaño. Más de quinientas viviendas con sentencia de demolición. Todo empezó en la playa de la Arena, en Arnuero, donde se arrasó un encinar para construir una urbanización de 144 apartamentos junto a la ría de Ajo. “Fruto de la naturaleza”, presumían los anuncios. Las casas las edificó Cenavi, una constructora que ya no existe. Paradójicamente, también recibió el encargo de demolerlas.

La mayoría de las sentencias dictadas por los tribunales -llegaron a ser 835 en total según la documentación consultada por elDiario.es- son herencia de la corrupción urbanística de los años noventa, pero todavía colean las consecuencias del terremoto judicial que ha hecho tambalearse la vida de cientos de familias. Todavía quedan 527 viviendas con sentencia de derribo en la comunidad. 314 propietarios han muerto sin ver resuelto el conflicto y otros aún viven en precario, en una casa que tarde o temprano tendrán que abandonar.

Ninguno de ellos ha digerido la respuesta a la primera pregunta que se hizo Antonio tras aquella conversación telefónica: “¿Cómo voy a tener una sentencia de derribo, si nunca me ha denunciado nadie y he comprado una vivienda con todos los permisos pertinentes?”. Él no se conformó con aquel veredicto judicial y movilizó a los afectados para ejercer una defensa conjunta. AMA, la Asociación de Maltratados por la Administración, se ha convertido en una caravana de desesperanza que todo el mundo conoce en Cantabria y que se gestó en un encierro en el Ayuntamiento de Argoños en diciembre de 2004, una de las primeras movilizaciones de los afectados.

En la siguiente primavera se fundó la organización que ha llegado a reunir 4.600 socios. Su epicentro siempre ha sido el incansable espíritu reivindicador de Antonio Vilela y su contagiosa constancia para organizar movilizaciones. Llegó a llenar un autobús con ochenta personas para viajar a Bruselas y exponer sus reivindicaciones en el Parlamento europeo.

Cuando empezó tenía 39 años. Hoy tiene 67 y sigue al frente de AMA. Estudió tanto para poder defender a los afectados que acabó por sacarse la carrera de Derecho.

“En 25 años he conocido a nueve consejeros de Obras Públicas, ninguno ha repetido”, apostilla. Es decir, que cada legislatura empiezan de cero poniendo al día al político de turno sobre una situación que todavía no se ha resuelto.

Las denuncias de una asociación ecologista

En el triángulo hay un tercer vértice: la Asociación para la Defensa de los Recursos Naturales de Cantabria. ARCA, otras siglas de extraordinaria trascendencia en la comunidad, que ha sido la principal impulsora en los tribunales de los procesos contra el urbanismo ilegal. Ellos lograron que los jueces dictasen las polémicas sentencias de derribo y anulasen planes municipales de urbanismo.

La mayoría de las viviendas con sentencia de ilegalidad se construyeron en dos ayuntamientos costeros, Piélagos y Argoños, y en menor medida en Arnuero y Escalante.

En el municipio de Piélagos —con doce playas en el geoparque Costa Quebrada— gobernó durante 22 años seguidos José Ángel Pacheco, del Partido Popular, que llegó a ser condenado por un juzgado de lo penal de Santander a año y medio de cárcel y nueve años de inhabilitación por un delito continuado contra la ordenación del territorio. Corrupción urbanística. Concedió licencias de construcción a casi 400 viviendas que acabaron con sentencia de demolición. Cuando falleció, sus antiguos compañeros del PP propusieron poner su nombre a un colegio.

La corrupción urbanística ha salido muy cara a los cántabros porque los platos rotos -las indemnizaciones y las viviendas de sustitución que se están ofreciendo como alternativa a los afectados por los derribos- se pagan con dinero público. De hecho, el Gobierno de Cantabria ha tenido que ayudar a los ayuntamientos que eran incapaces, por la desproporción en relación a su presupuesto, a hacer frente a estas cantidades desde que optó por la solución de impulsar procedimientos de responsabilidad patrimonial en 2015. A través de la empresa pública Gesvican se habilitó un fondo de derribos para gestionar el asunto.

En Piélagos (26.901 habitantes) aún quedan en pie 88 viviendas con sentencia de derribo de tres urbanizaciones que se construyeron sobre los acantilados de la playa de Cerrias. Se han tirado tres casas. El Ayuntamiento ha intentado legalizar las viviendas con un nuevo Plan General de Ordenación Urbana —como un indulto a posteriori— pero todavía está pendiente de aprobación.

En este municipio se llegó a urbanizar la ladera del monte La Picota, una zona de alto valor ecológico, pomposamente bautizado como el Alto del Cuco. La constructora Fadesa edificó 241 de las 400 viviendas proyectadas sin permiso de la Comisión Regional de urbanismo (CROTU) antes de que lo frenara un recurso de la asociación ecologista ARCA en los tribunales porque era un espacio protegido. Fue uno de los ejemplos más simbólicos de la corrupción urbanística en Cantabria, con el mismo alcalde: Pacheco. Después de una sentencia del Supremo, 'el Algarrobico de Cantabria' se derribó. Las casas nunca se llegaron a habitar. La demolición le costó 3,7 millones de euros al Gobierno de Cantabria.

Argoños, el segundo municipio más pequeño de Cantabria que alcanza ni los dos mil habitantes, llegó a tener 255 viviendas condenadas a la piqueta. En más de dos décadas solo se han tirado 12. Tres familias ya tienen otra vivienda de sustitución y ocho han preferido cobrar una indemnización económica, en compensación por el valor de los inmuebles y los daños morales padecidos después de tantos años de incertidumbre. Las cuantías las fijaron los tribunales, entre 58.000 y 65.000 euros frente a los 280.000 que reclamaron algunos propietarios.

La última cifra que dio hace unos meses el Gobierno de Cantabria confirma que solo en indemnizar a los propietarios de Piélagos ya han gastado más de 7,5 millones de euros de dinero público.

En Escalante hay 32 viviendas ilegales. Un edificio, al lado de la sede del Ayuntamiento, que hay que derribar. Catorce de las personas que compraron en él un piso ya tienen otra vivienda de sustitución. En el cercano municipio de Arnuero suman 142 las casas condenadas a la piqueta.

“Seguimos habitando en la incertidumbre y la gente que compró con 40 o 50 años se ha hecho muy mayor; si tardan mucho no vamos a quedar ninguno”, lamenta Antonio Vilela. A lo largo del tiempo se han intentado buscar atajos “que lo único que han hecho ha sido retrasarlo todo”, valora.

Además, los propietarios no entienden que ellos hayan tenido que salir de sus casas y que, mientras las derribas, otras personas se hayan metido a vivir en ellas. De hecho, esta semana el consejero de Fomento del Gobierno de Cantabria, Roberto Media, se presentó con una pala excavadora en una urbanización y se encontró con que solo pudieron derribar dos viviendas porque las otras estaban ocupadas.

Los afectados también señalan otra paradoja en este amargo proceso para ellos, desde el punto de vista personal. Algunas urbanizaciones como Pueblo de Mar o El Camino del portillo en Argoños se edificaron sobre suelo urbano. Es decir, que cuando tiren las casas se podrán hacer otras perfectamente legales. “Es una tortura institucional”, concluye Antonio Vilela.

El Gobierno de Cantabria ha comprado parte de la hemeroteca del periódico ALERTA y fondos gráficos, procedentes del propio diario y de agencias de información, con un contrato menor por importe de seis mil euros.

La colección, incompleta, incluye ejemplares desde 1937, el año en que se publicó el primer número del periódico bajo la cabecera de ALERTA que nació en la dictadura de Franco, de las cenizas del periódico republicano El Cantábrico, cuyo último número se imprimió el 23 de junio de 1937. Los falangistas que entraron en Santander incautaron su rotativa, a través de la Delegación Nacional de Prensa y Propaganda. Como ya no había casi papel editaron, en un primer momento, una efímera hoja llamada España que más tarde se consolidó como Alerta, el gran periódico del movimiento, que mantuvo su hegemonía en los kioscos hasta 1991.

La adquisición de estos fondos por parte del Gobierno del Partido Popular se produce después de la adquisición en diciembre de 2024 de la sede del periódico por 4,5 millones de euros para trasladar allí la Imprenta Regional, los talleres y los servicios de emergencia.

La polémica compra del edificio de 6.000 metros cuadrados, propiedad de la familia Díaz Porras, se gestionó en tan solo 16 días, desde el día 6 que se procedió a valorar el inmueble, hasta el 22 de noviembre, fecha en la que se autorizó la adquisición. La compra de las instalaciones, ubicadas en la avenida del Primero de Mayo de Santander, se realizó por el procedimiento administrativo de 'adjudicación onerosa directa', una excepción para eludir el concurso público en determinados casos como la singularidad del edificio, la especial idoneidad, las condiciones del mercado inmobiliario o la urgencia de adquirirlo por acontecimientos imprevisibles.

Un fondo de inversión norteamericano, Franklin Templeton, ha comprado una participación mayoritaria en la sociedad que promueve en Cantabria el Campus Tecnológico Altamira. Una iniciativa que, por el momento, solo es un proyecto sobre el papel con el motor de un futuro centro de datos que no tiene acceso al suministro eléctrico que necesita para funcionar, por lo que está paralizado. Las obras tenían que haber empezado en enero de 2026.

La noticia del cambio de manos de la promotora -adelantada por El Diario Montañés, y anunciada por los nuevos propietarios en un comunicado - no informa de cuánto ha pagado por adquirir Stoneshield Capital.

Los nuevos propietarios entran como socios capitalistas pero la gestión seguirá en manos de Felipe Morenés, uno de los hijos de Ana Botín, y su soocio Juan Pepa, que conservan el 25% de la firma.

Por el momento no ha trascendido el importe económico de la operación.

La compra tampoco la realiza directamente el fondo de inversión, sino que lo ha hecho a través de su filial inmobiliaria, Clarion Capital, un objeto social que se distancia de la tecnología para centrarse en el mercado de compra venta y promoción de terrenos y propiedades.

La previsión es que la operación -en la que Stoneshield Capital ha estado asesorado por Goldman Sachs- se cierre en las próximas semanas, antes de que acabe el año.

La gestora de Juan Pepa y Felipe Morenés se fundó en 2018 y está especializada en el negocio de las residencias y alojamientos para estudiantes, infraestructura digital, hostelería e infraestructuras críticas. También posee participaciones en varias de las plataformas de activos reales, entre ellas MiCampus, Solaria, Exolum, Neinor Homes y Meliá Hotels International.

Centro de datos en Cantabria

En febrero de 2025, el Gobierno de Cantabria presentó públicamente a Stoneshield como la sociedad promotora del Proyecto Altamira, un macrocentro de datos de 500 megavatios con una inversión prevista de 3.600 millones que promete crear 1.500 empleos en la comunidad autónoma y que se ubicará en suelos de Villaescusa y Piélagos. Se anunció que estaría en marcha en 2032.

Sin embargo, esta iniciativa empresarial la gestiona otra sociedad que se creó cinco meses antes de anunciarse del proyecto con un capital social mínimo de 3.000 euros.

La promotora inicial ha tenido un efímero protagonismo real y enseguida pasó a un segundo plano. En apenas unos meses se han sucedido varios nombres: Stoneshield, una sociedad del holding; XDC Properties, su nueva filial de centros de datos que se estrena con su primer proyecto en Cantabria, y Tavira, que es la firma que lo desarrolla oficialmente, hasta que se cambió otra vez el nombre. El BORME del pasado 23 de junio certifica que ahora ha pasado a ser XDC North Coast S.L., una asesora y relaciones públicas de empresas constituida, como las dos anteriores, en septiembre del año pasado.

Compra de los terrenos

El único movimiento ha sido la compra de los terrenos. La promotora compró la mitad de las parcelas públicas donde se ubicará el futuro campus tecnológico tres meses antes de anunciarse el proyecto. Cuando el Gobierno del Partido Popular de Cantabria y el fondo de inversión Stoneshield presentaron la millonaria inversión ya se había tramitado la adquisición del suelo industrial e incluso estaba redactado el trámite urbanístico del PSIR para la primera fase de las tres en las que se desarrollará el proyecto.

Finalmente, adquirió 636.432 metros cuadrados de suelo industrial, sin actividad desde hace casi veinte años, en el polígono de VIPAR, una sociedad mercantil pública creada en 2008 participada en un 85% por la empresa pública SEPIDES (Gobierno de España) y en un 15% por SICAN (Gobierno de Cantabria) en los términos municipales de Piélagos y Villaescusa. Desembolsó por el ellos más de nueve millones de euros.

Documento censurado

Como publicó elDiario.es, el proyecto estrella del Ejecutivo cántabro del PP, una inversión millonaria, se avaló con un dosier de 15 páginas que llegó censurado al Parlamento autonómico y que, por tanto, los diputados cántabros no conocen. El promotor privado ha pedido que no trascienda la información más sustancial: las características técnicas, el impacto económico y la viabilidad económico-financiera.

Con este documento el Gobierno de Cantabria ha aprobado su catalogación como primer proyecto empresarial estratégico de la comunidad.

El suicidio se puede prevenir. “El primer paso es preguntar acerca de si en algún momento han pensado que, para vivir así, mejor no vivir”, explica Ana Fernández Villar, psiquiatra y coordinadora del área sanitaria de Salud Mental en el Centro Hospitalario Padre Menni. Escuchar, sin juicios ni valoraciones, y después, buscar ayuda de profesionales, ya sean psiquiatras o psicólogos.

Este 10 de septiembre, se celebra el Día Mundial para la prevención del Suicidio bajo el lema Cambiar la narrativa. Habla de seguir trabajando sobre aquellos mitos acerca del suicidio, como que “quien lo dice, no lo hace”, “el suicidio no se puede prevenir”, que “es algo de valientes” o que “preguntar acerca de ideas de suicidio propicia que las personas se suiciden”, explica.

Contra esas creencias, sí que necesario preguntar acerca, siempre en un contexto adecuado. “El suicidio no habla de valientes ni cobardes, nos comunica un profundo sufrimiento”, expresa. “Se puede prevenir y muchas veces las personas hablan acerca de esa ideación antes de hacer un intento, por lo que hay que tenerlo en cuenta”, recomienda.

A su juicio, lo que puede llevar a una persona a suicidarse son múltiples factores “que enraízan en un profundo sufrimiento y en un deseo, no tanto de morir, sino de no continuar viviendo así”. La doctora considera que la desesperanza, la soledad no deseada, el dolor físico o el trastorno mental grave influyen en esa decisión.

El perfil de la persona que llega con ideación suicida a consulta en los últimos años es el de una persona relativamente joven, a veces sin un trastorno mental, pero con una crisis vital sobrevenida. Algunos de los factores que podrían estar influyendo son la soledad que se percibe entre los jóvenes que está generando un mayor aislamiento relacionado con el papel de las redes sociales y los cambios estructurales familiares. También la impulsividad acrecentada por consumo de sustancias o la pérdida de sentido vital entre muchos jóvenes y adultos, considera Fernández Villar.

Por otro lado, no hay que olvidar el suicidio “oculto” de los ancianos. “Una realidad poco evidenciada y hablada, pero que requiere nuestra atención y nuestros esfuerzos por abordarlo y tratarlo”, advierte. En estos casos, algunos factores podrían ser el envejecimiento incapacitante o soledad no deseada.

La experta añade que también existe una relación entre el suicidio y el trastorno mental grave, como la esquizofrenia, trastorno bipolar, trastorno depresivo y trastorno por abuso de sustancias. El riesgo de la conducta suicidio “se incrementa de forma significativa en los casos de comorbilidad psiquiátrica, es decir, cuando coexisten dos o más trastornos mentales en un mismo individuo”. Esta situación intensifica el malestar psíquico y dificulta el acceso o adherencia a tratamiento adecuados, aumentando así la vulnerabilidad.

Señales de alarma

Para poder prevenir el suicidio hace falta advertir las señales de alarma. Hay algunas circunstancias que en algunas personas pueden ser factores de riesgo. Conflictos interpersonales, pérdidas recientes, diagnósticos médicos graves o situaciones de crisis agudas “pueden activar la ideación de poner fin a su vida”. Por otro lado, resulta importante observar si la persona empieza a resolver asuntos pendientes con premura, cambios de carácter bruscos, autolesiones, aumento de la impulsividad, mayor aislamiento. “Ante estas situaciones, es importante aproximarse a la persona, preguntar acerca de la ideación autolítica y buscar ayuda de profesionales”, recomienda la psiquiatra.

La Consejería de Salud del Gobierno de Cantabria (PP) está tramitando un convenio con Mutua Montañesa para derivar a dicho centro cirugías de la especialidad de Traumatología y pruebas de resonancia y escaner que hasta ahora se hacían en la sanidad pública.

El acuerdo que se pretende firmar es otro convenio singular, como el aplicado en el hospital religioso Santa Clotilde, con un presupuesto mucho más moderado de 6,5 millones como máximo, frente a los 256 millones del centro privado, y una vigencia de cuatro años. En el caso del Hospital de la Orden de San Juan de Dios la privatización sanitaria se prolongará durante veinte años, hasta 2046, hipotecando la futuro gestión en la comunidad durante las próximas dos décadas.

Los convenios singulares permiten adjudicar servicios sanitarios sin concurso.

El acuerdo ha sido adelantado por El Diario Montañes y confirmado por fuentes del Gobierno a Europa Press.

Este segundo convenio no será el último que firmen los responsables de la sanidad pública. Falta un tercer acuerdo -todavía pendiente- con el Centro Hospitalario Padre Menni, que atiende a personas con enfermedad mental.

Mutua Montañesa se define a sí misma como una asociación de empresarios sin ánimo de lucro que colabora con la Seguridad Social “en la misión de cuidar de la salud y el bienestar de los trabajadores, gestionando la salud y las contingencias derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales”, así como las prestaciones económicas relativas a la incapacidad laboral por enfermedad común y aquellas otras prestaciones encomendadas por la Seguridad Social.

La entidad da cobertura a más de 30.000 empresas y autónomos a través de 21 delegaciones y 340 profesionales distribuidos por todo el país. Aunque su referencia y presencia principal está en Cantabria con su hospital, especializado en Medicina Rehabilitadora y Traumatología, situado en la avenida del Faro de Santander.

Privatización sanitaria con Santa Clotilde

El convenio singular con Santa Clotilde no se anunció públicamente y pasó desapercibido en los acuerdos del Consejo de Gobierno porque la inversión no se reflejó en la nota de prensa que se suministró a los medios de comunicación. La noticia la adelantó elDiario.es y el ejecutivo de Buruaga justificó que no se había hecho público porque “estaba pendiente de firmarse”.

Lo cierto es que el convenio entró en vigor el 1 de enero de este año y nunca hubo una firma pública ni una fotografía oficial de un acuerdo polémico que desató numerosas críticas por parte de partidos políticos, sindicatos y asociaciones como la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública.

A raíz de este acuerdo se va a pagar al hospital privado más del doble de lo que venía percibiendo por las prestaciones de hospitalización, cirugía y rehabilitación que ya realizaba el centro médico dependiente de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios.

elDiario.es también desveló que un informe oficial advirtió que el convenio para la privatización sanitaria aprobado por el PP compromete el presupuesto de Cantabria hasta 2042. El documento alertaba del “elevado compromiso presupuestario” para las cuentas públicas del acuerdo firmado con el hospital Santa Clotilde: “Obligará a adoptar medidas de priorización del gasto público”.

Críticas del PSOE

“Es un paso más hacia la privatización y un golpe más a la sanidad pública” -denuncia Marcos Agudo, secretario de Salud del PSOE de Cantabria- “una nueva vuelta de tuerca en esa carrera privatizadora de la sanidad pública”.

En su opinión, es “absolutamente incomprensible” que el Gobierno de Cantabria “siga transitando por una senda que no ha demostrado otra cosa que inutilidad y despilfarro, sin ningún beneficio para el conjunto de la ciudadanía; sólo numerosos beneficios para unas pocas manos: los que hacen negocio a costa de la salud de todos”.

Agudo sostiene que detrás de las privatizaciones hay un incremento de casi 2.000 personas en la lista de espera respecto a noviembre de 2025 y un aumento de 20 días de demora para hacerse una intervención quirúrgica. Esta situación “es todo un desastre” para la ciudadanía de Cantabria que ha visto “regalados” 256 millones de hacia la sanidad privada, y de 65 millones de un plan de reducción de listas de espera que no han servido para absolutamente nada más que para incrementar las demoras. “Un desastre para los cántabros y un buen negocio para la empresa privada”, ha concluido.

El comité de empresa del Gobierno de Cantabria prosigue este martes con su segundo día de encierro de protesta en la sede gubernamental de la calle Peña Herbosa, tras no recibir respuesta por escrito a sus peticiones de la Consejería de Presidencia.

Los sindicatos que representan al personal laboral del Gobierno de Cantabria, unos 2.000 trabajadores, han recibido la visita de la formación política Cantabristas. Paulu Lobete, su secretario general, acompañado por otros dos miembros del partido -Luis Ojembarrena y Daniel Lobete-, difundieron un video en redes sociales expresando su solidaridad con la negociación del convenio colectivo que lleva meses paralizado.

“Para este Gobierno todo lo que tiene que ver con los derechos de los trabajadores puede esperar”, ironiza Lobete. “Si no hay sobrecostes, si no hay grande sobras, si no hay pelotazos las cosas van a otro ritmo diferente, y por eso el comité de empresa se ha tenido que plantar dentro de la sede del Gobierno de Cantabria”, añade en un video grabado a las puertas de la sede de Peña Herbosa.

Horas después, el PSOE intentó entrar a hablar con los trabajadores encerrado pero llegó tarde y el edificio ya estaba cerrado al público. El secretario general del PSOE Pedro Casares -junto al portavoz parlamentario Mario Iglesias- grabó un video en la puerta denunciando que la presidenta Saénz de Buruaga no les deja entrar. “No nos dejan acceder al edificio y no les dejan salir a ellos”, explica el también delegado del Gobierno de Cantabria. “Esta es la democracia que entiende el Partido Popular”, reprocha.

Por su parte, los trabajadores encerrados señalan que el primer día “todo han sido despropósitos y con una idea clara, que abandonáramos el encierro, pretendiendo que saliéramos para no dejarnos entrar, no permitiendo que entrara comida o impidieron el acceso a una delegada del comité de empresa en la sede”, han indicado en un comunicado.

Los sindicatos han insistido en que desde el Ejecutivo “cerraron las puertas a la prensa y se produjo una visita a la sala por parte de la Administración, en la que llegaron a decirnos que podíamos comunicarnos, mientras a seguridad le daban otras indicaciones”.

Además, han informado que a las 15.30 horas “se acercaron a ver si abandonábamos y cuando les indicamos que era necesario llegar a un entendimiento, logramos negociar la entrada de comida y la posibilidad de bajar a atender a los medios de comunicación”.

Por su parte, los trabajadores -en este segundo día de encierro- han subrayado que la negociación “sigue sin la confianza necesaria porque siempre ha parecido que el Gobierno estaba poniendo excusas constantes con el fin de no culminar con la firma de un convenio colectivo tan necesario como deseado”.

“Parecía que se lograría que nos trasladaran respuesta a nuestras peticiones por escrito pero se arrepintieron pronto”, han añadido los sindicatos, que consideran que en la Administración regional “son incapaces de constatar una disponibilidad presupuestaria para esta negociación; nos robaron la partida presupuestaria de 2023, 2024, 2025 y va camino de que desaparezca la de 2026 porque por lo que ve que hay que recaudar para otros”.

Finalmente, el órgano sindical ha reprochado a la consejera de Presidencia, Isabel Urrutia, que “no apuesta por su personal laboral mientras da discursos vacíos de lo mucho que valora nuestro servicio público; mentira y palabras huecas como se ha demostrado de nuevo cuando a las 20.00 nos avisaron que el edificio cierra a las 22.00 horas y tenemos que encargar la cena y avisar a nuestras familias”.

El último presupuesto de Cantabria se aprobó a finales de abril después de un pacto por sorpresa de última hora con el Partido Regionalista de Cantabria que incluyó subir el sueldo a los profesores que llevaban meses de movilizaciones. Con su apoyo, el PRC salvava así -por tercera vez en la legislatura- las cuentas públicas del Gobierno en minoría del Partido Popular, tras una intensa campaña de presión del PP hacia los alcaldes regionalistas que veían peligrar las inversiones en sus municipios.

Cuatro meses después, los docentes siguen en pie de guerra. Antes de empezar el curso ya han protagonizado una manifestación -a la que acudió el propio PRC- organizada, esta vez, por una Plataforma por la Enseñanza Pública, a semejanza de la Plataforma de apoyo a la sanidad pública que trata de defenderse de las privatizaciones. En el ámbito de la educación pasa lo mismo: este año, según la Consejería de Educación, hay tres mil alumnos menos en las aulas, fruto del descenso demográfico, y 93 profesores menos. 72 aulas y 95 maestros, cifran los sindicatos.

La paz social a la que aspiraban los firmantes de aquel acuerdo no ha llegado. A ello se une el complicado escenario de las privatizaciones sanitarias. El consejero César Pascual -tras otro verano de consultorios cerrados- y con las urgencias los centros de salud y hospitales saturados (se han atendido más de 1.300 consultas diarias a personas de fuera de Cantabria), aspira según todos los indicios a completar ese mapa de privatizaciones con más convenios singulares. Al que se firmó por veinte años -hasta 2046- y 256 millones de euros con el Hospital religioso Santa Clotilde, se proyecta sumar otros con Mutua Montañesa y el Hospital Padre Menni, aunque por el momento se desconocen los términos de los mismos.

Mutua Montañesa es un hospital especializado en medicina traumatológica y rehabilitadora, enfocado a pacientes que han tenido accidentes de trabajo o bajas laborales. El Centro Hospitalario Padre Menni es un hospital privado vinculado a una orden religiosa especializado en la atención integral a personas con enfermedad mental.

En medio de este contexto, el consejero de Economía, Luis Ángel Agüeros, ha anunciado que el proyecto de Presupuestos Generales de Cantabria para 2027 podría aumentar en casi 300 millones de euros respecto al actual y ha invitado al resto de grupos parlamentarios (PRC, PSOE y Vox) a apoyarlo “con o sin modificaciones” o renunciar a esa subida. Con las elecciones autonómicas y locales de mayo a la vuelta de la esquina no parece el escenario más favorable a que las cuentas pasen la criba del Parlamento cántabro.

En caso de entrar en vigor, Agüeros explica que los presupuestos quieren “hacer un esfuerzo por cuarto año consecutivo en salud, educación y servicios sociales”.

También ha reivindicado los beneficios de la bajada de impuestos del ejecutivo de María José Saénz de Buruaga que, en su opinión, ha logrado “una mayor recaudación” y que deja a Cantabria en una “buena” situación presupuestaria.

El objetivo es que los presupuestos entren en vigor el primer día del año porque el escenario de 2026, cuando el pacto con el PRC se alcanzó en marzo, “sería contraproducente” en un año electoral, considera el consejero.

En torno al 15 de septiembre, con motivo de la fiesta de La Bien Aparecida, el Gobierno de Cantabria anunciará el techo de gasto y después continuará con las políticas de gasto de cada consejería.

En materia de Fondos Europeos, Agüeros ha detallado que a lo largo de este mes de septiembre el Gobierno de Cantabria tendrá una aproximación “casi definitiva” de las cantidades ejecutadas, una vez finalice la recopilación de datos de los proyectos concluidos en la que se encuentra inmersa la Consejería.

En esta línea, ha indicado que cuando comience el curso parlamentario --el primer Pleno se celebrará el día 21 de septiembre-- comparecerá y explicará los datos definitivos de ejecución.

También ha apuntado que el Ministerio ha permitido ampliar el plazo para algunos fondos “hasta final de año e incluso durante el ejercicio que viene”, por lo que, aunque la fecha formal concluyó el 31 de agosto, no ha finalizado “totalmente” para algunas consejerías.

Prácticamente, todas las semanas el Gobierno de Cantabria tramita alguna solicitud urbanística para construir alojamientos turísticos sobre suelo rústico. Al tiempo, las cabañas pasiegas -construcciones de piedra para guardar el ganado- han pasado a ser apreciadas para transformarse en segundas viviendas para ciudadanos de fuera de la comunidad o como negocio de alquiler turístico. Precisamente esta semana, una empresa de Baleares ha solicitado autorización a la Dirección General de Urbanismo para reformar -con derribo parcial- dos cabañas independientes en el Barrio Velascones de Resconorio (Ayuntamientos de Luena) que comparten parcela. Un terreno con una extensión de 3.500 metros cuadrados.

El proyecto, que según publica el Boletín Oficial de Cantabria ha salido a información pública, añade una zona de aparcamiento y un vial sobre el terreno rústico. El permiso lo ha pedido una empresa radicada en Palma de Mallorca, Natura Calma Cabañas S.L., que se dedica al negocio de los alojamientos turísticos y el alquiler vacacional.

Una de las cabañas tiene 167 metros cuadrados y cien la otra más pequeña. El promotor explica que ha planteado la distribución de los espacios para obtener un apartamento en cada una de las cabañas, que cumpla los estándares para ser ofertado como alojamiento turístico. La cabaña pequeña tendrá dos dormitorios dobles con baño en la planta baja y en la primera un salón comedor con cocina y la escalera que comunica con el piso inferior. La cabaña de mayores proporciones tendrá tres dormitorios dobles y dos baños en la planta baja y otro junto a un salón-comedor-cocina en el piso superior.

Según recoge el propio proyecto, que invertirá casi medio millón de euros en la reforma, la normativa obliga a que las cábalas pasiegas se oferten como una única unidad de alojamiento. Es decir, como un apartamento que se alquila en su totalidad y no por habitaciones.

La propia Susana Herrán ha convocado a los medios de comunicación para anunciar lo que era un secreto a voces, que dejará de ser alcaldesa de Castro Urdiales cuando acabe la legislatura y que no repetirá como candidata en las próximas elecciones de mayo. Herrán cumple ocho años al frente del municipio en un gobierno de coalición con Castro Verde que sumó cuatro concejales a los siete que tenían los socialistas.

Ante los periodistas -arropada por el secretario de Organización, Agustín Molleda, y el alcalde de Colindres, Javier Incera- ha dicho que es una “decisión personal”, “muy meditada” y que ha tomado desde “la tranquilidad y la responsabilidad”.

“Siempre he pensado que ocho años de gestión de un ayuntamiento son más que suficientes para una persona”, ha argumentado Herrán, que accedió al cargo en 2019 y que, tras revalidarlo en los comicios de 2023, se mantendrá en el mismo hasta agotar el mandato. La regidora ha justificado que dedicarse “en cuerpo y alma” a un municipio y a sus vecinos supone “sacrificar otras cosas” como la familia.

El futuro de Herrán, una de las socialistas estrechamente identificadas con Pablo Zuloaga hasta que en las primarias cambió su apoyo a Pedro Casares, podría escribirse en clave autonómica o nacional y es el primer movimiento que se hace en la actual familia socialista de cara una futura lista en clave menos local. Todo hace presumir que el liderazgo de Herrán podría heredarlo el secretario del partido en Castro y actual concejal Pablo Antuñaño, actualmente diputado en el Congreso desde que sucedió a Casares cuando éste pasó a desempeñar el cargo de delegado del Gobierno en la comunidad.

Susana Herrán dio la sorpresa cuando encabezó una candidatura alternativa a la del entonces secretario general Pablo Zuloaga -con quien tenía una estrecha relación- al Congreso Federal del PSOE en el que se reeligió a Pedro Sánchez como secretario general. La lista de Susana estaba impulsada por Pedro Casares y fue la primera maniobra para hacerse con el poder en las primarias regionales. Herrán dio esa primera batalla para después ceder el liderazgo a Casares, que acabó arrebatando la secretaría a Zuloaga.

La actual alcaldesa no ha dado más pistas sobre su futuro político al margen de considerar cerrada su etapa de regidora municipal, aunque dada su posición en el PSOE de Cantabria como vicesecretaria general podría acompañar al candidato Pedro Casares como la número dos de su lista o aspirar a encabezar la futura lista al Congreso de los Diputados por la comunidad cuando Sánchez convoque elecciones generales.

“No se trata de dar el salto a la política regional y nacional”, ha insistido. También ha dicho que el PSOE es “el partido más democrático que existe” y que son precisamente los militantes quienes han de elegir al “mejor” candidato socialista a la Alcaldía de Castro y en otros ámbitos, por lo que no depende de ella ni su relevo ni ocupar cargos en otras esferas. “Yo no puedo elegir ir a Bruselas”, ha expresado.

El anuncio de la número dos del PSOE de Cantabria era un paso necesario para activar el proceso de primarias en la agrupación castreña para elegir aspirante a la alcaldía. Así, ha elegido este momento para trasladar su decisión a los castreños -que previamente ha comunicado a sus familiares-, a dirigentes del PSOE de Cantabria, al secretario de la agrupación socialista de Castro y diputado nacional, Pablo Antuñano, y a la Ejecutiva autonómica socialista.

Susana Herrán nació en Santurtzi y desde los 15 años reside en la pedanía de Mioño, en Castro Urdiales. Afiliada desde hace más de 20 años al Partido Socialista ha sido alcaldesa de Mioño y formó parte del gobierno municipal como concejala de Asunto Sociales. En 2019 se convirtió en la primera mujer en ostentar el cargo como alcaldesa del municipio.

Leonora Carrington hubiese estado satisfecha porque el acto de inauguración de Faro Santander acusó cierto aire surrealista, como las obras de la artista que exhibe el espacio expositivo que se abre al público en el corazón del Banco Santander, la antigua sede de la entidad frente al Centro Botín, otro emblema de la marca de la casa que se inauguró en 2017. Tres protestas con pancartas reivindicativas para todos los gustos y los periodistas confinados en un salón del sótano del edificio, que solo vieron los discursos a través de una pantalla.

La apertura oficial ha hecho ruido en una mañana brumosa del norte preparada para recibir al rey Felipe. A las once de la mañana, de camino al museo, había tres concentraciones diferentes, lo suficientemente alejadas del epicentro para no generar réplicas auditivas a su Alteza Real y al resto de invitados que pasaron bajo el arco de la calle Martillo hasta la puerta de acceso al edificio, fuertemente custodiado por francotiradores en la terraza, el espectacular y habitual despliegue de seguridad que conlleva cualquier aparición real.

Frente a Hacienda ondeaban las banderas republicanas. Un furgón policial vigilaba de cerca a catorce manifestantes. Monarquía o democracia, rezaba la pancarta. A pocos metros rugía un coro de vuvuzelas sin partitura de la policía local de Santander que, paradójicamente, se manifestaban en el lugar menos acostumbrado, al otro lado de la pancarta, con la Policía Nacional, enfrente al grito de 'Viva el rey, viva España, Gema Igual nos engaña'. La alcaldesa de Santander se hacía, así, protagonista de la sonora pitada de los empleados públicos que representaban también el descontento de técnicos de servicios sociales, ordenanzas y vigilantes.

Además, frente a la Grua de Piedra, la tercera estación del viacrucis reivindicativo de la mañana en Santander. Una exposición alternativa sobre los otros cuadros que financia el Banco Santander, una ácida crítica protagonizada por tres ciudadanos y una pancarta estratégicamente sujeta a dos pilastras. Imágenes enmarcadas que denuncian lo que -en su opinión- pretende ocultar la creciente apuesta cultural de la entidad: la especulación inmobiliaria, la guerra y la crisis climática.

Con este aperitivo los autobuses de invitados -la familia Botín, Pedro Jota Ramírez y Antonio Garamendi, entre otros- descendían de los autobuses y accedían al edificio por la calle del Martillo, bajo el polémico arco que el juez ha ordenado reabrir al tráfico. Hoy seguía cerrado con unas vallas, para que los curiosos esperasen detrás de ellas a ver salir al rey, en esas clásicas imágenes de telediario.

A los medios de comunicación invitados a cubrir el acto se les dirigió al sótano una hora antes. Allí quedaron confinados, en un salón con catering y vistas a una pantalla en blanco. En ningún momento pudieron ver el museo, ni la terraza de la azotea -que ha elevado el volumen sobre la cubierta para abrir una cafetería escaparate con vistas a la bahía- donde los invitados disfrutaron de un cóctel. Por no ver, ni siquiera vieron al rey. Ni de refilón. Solo unos segundos -y de espaldas- a través de la proyección. En otro momento surrealista tuvieron que seguir a ciegas desde la planta -1 a lo que estaba pasando sobre sus cabezas en el piso superior. Arriba y Abajo, como la mítica serie de televisión británica.

Cuando empezó la proyección del acto no funcionaba el sonido, así que durante algunos minutos fue como ver una película muda, cuando un alumno de la Escuela de Música Reina Sofía tocaba el violonchelo. “Está interpretando la banda sonora del Titanic”, broméo un periodista en la sala.

Cuando comenzó a hablar la presidenta del Banco Santander ya se recuperó el sonido: “Aunque los Botin pasemos tiempo fuera de aquí, siempre volvemos a Cantabria”. Ana Botín recordó las reuniones de los domingos por la tarde con su padre Emilio en el 'consejillo', una de las salas del edificio, la sede central del banco. Confesó que les costó mucho tomar una decisión sobre el derribo de los despachos de su padre y de su abuelo. Dos soberbias estancias, de estilo británico que finalmente fueron sacrificados y que ahora se pueden ver a través de realidad virtual.

Tres colecciones para el Faro del Banco Santander

Era un edificio de muchas puertas y cerraduras -dijo- que estaba cerrado para la gente y que ahora se abre con Faro Santander. Un espacio expositivo que alberga la colección de pintura del Banco Santander, una muestra que es el resultado de más de 160 años de coleccionismo que tendrá una presencia permanente en el centro. Desde Lucas Cranach el Viejo, 'La predicación de san Juan Bautista' (1537-1540), a la pintura 'Soñé que revelabas', de Juan Uslé (2018), junto a obras de Tiziano, el Greco, Velázquez, Zurbarán, Chillida, Goya, Miró, Tàpies o Torner.

El reclamo de la inauguración es la Colección Gelman que trae a Santander -después de cierta polémica con el Gobierno de México por el tiempo que van a permanecer las piezas fuera del país- obras de Frida Kahlo, Diego Rivera, María Izquierdo, Rufino Tamayo, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, Gunther Gerzso y Francisco Toledo, además de un fondo fotográfico que se podrá visitar hasta el 10 de enero de 2027.

El surrealismo de Leonora Carrington completa la oferta expositiva inaugural y mostrará en público 'Villa Pilar', un cuadro que la artista pintó en Santander en 1940 mientras estuvo ingresada en el polémico sanatorio psiquiátrico del doctor Morales. Precisamente esta pieza, rescatada de un trastero de Nueva York, pertenece a su familia y es la primera vez que se exhibe. Aunque en Santander este cuadro ya se había podido ver al alguna ocasión, cuando el propio médico lo exhibió en una charla en 'las Matildes', el popular Club de lectura del Centro Cultural Matilde de la Torre que dirige Marisa Samaniego.

Ana Botín evocó el origen del edificio, que data de 1795 y ha sido hotel y club de regatas antes de convertirse en la sede del Banco Santander. Su abuelo también modificó completamente el inmueble que, en realidad, son dos edificios distintos a los que conectó a través de un pasadizo que configuró un arco sobre la calle del Martillo, que después se bautizó como Marcelino Sanz de Santuoula. El primer Emilio Botín rehizo los interiores e incorporó sobre la azotea del edificio cuatro esculturas femeninas que representan la navegación, el comercio, la cultura y el arte.

El banco está próximo a cumplir 170 años. “Hemos crecido porque se tomaron decisiones difíciles”, subrayó la presidenta de la entidad. Mientras se transformaba la sede del Paseo Pereda, también se ha estado transformando el banco, apuntó. “Hemos crecido desde esta ciudad” -señaló- “y nuestra ambición es llegar pronto a los 500 millones de clientes”. “Quiero pediros a todos que os abrais una cuenta Openbank”, apostilló en línea con el impulso a la filial del Santander.

El Consejo de Gobierno de Cantabria ha aprobado una subvención de 105.000 euros -15.000 más de lo anunciado inicialmente- para contratar personal en la Cátedra de la Vivienda vinculada al Banco Santander que creó hace unos meses la Universidad de Cantabria. En la misma sesión, ha decidido destinar 70.000 euros para erradicar el chabolismo en Cueto (Santander), dinero público que contribuirá en parte a ayudar a los afectados -a través del Centro Social Bellavista- a pagar el alquiler de las viviendas en las que sean realojados.

La 'Cátedra Cantabria Vivienda' -su denominación oficial- será un observatorio sobre vivienda que dependerá del Santander Financial Institute (SANFI) para hacer investigar y hacer informes sobre el sector. Tendrá también participación del grupo de investigación 'Derecho e Innovación' de la UC.

SANFI es un centro especializado en la formación, investigación y transferencia en el sector financiero, creado en 2012, fruto de la alianza entre Banco Santander, la Universidad de Cantabria y la Fundación UCEIF, que también es un órgano mixto entre ambas instituciones.

La actividad de la Cátedra llega con cierto retraso respecto a la tramitación de una normativa fundamental para el sector objeto de análisis: la ley de Vivienda que ha impulsado el Gobiero del PP en Cantabria y que ya está tramitando el Parlamento autonómico sin los informes o el trabajo analítico de un foro académico que podría haber sido relevante a la hora de desarrollar el articulado.

En la firma de creación de la cátedra, el diciembre de 2025, el consejero de Fomento Roberto Media anunció que se financiaría con 90.000 euros de dinero público. Ahora, ocho meses después se destinarán quince mil más para contratar personal técnico e investigador que de inicio a los trabajos sobre la situación de la vivienda en Cantabria que atraviesa un momento especialmente complicado por los elevados precios y la insuficiencia de un mercado de alquiler acorde con las necesidades de los ciudadanos.

La presión turística, que interviene sustancialmente en el mercado inmobiliario, y la falta de regulación sobre la proliferación de pisos turísticos, junto a un mercado inmobiliario dominado por segundas residencias y alojamientos vacacionales, configuran un contexto complicado para la comunidad cántabra.

El Gobierno de Cantabria impulsó la cátedra tras el informe -cuyo importe no ha trascendido- elaborado en julio de 2024 por el catedrático de Derecho Financiero y Tributario Enrique Varona y la profesora Consuelo Arranz de la Universidad de Cantabria (UC), que avala la decisión del gobierno autonómico del PP de no declarar “zonas tensionadas” en el mercado de alquiler, argumentando que limitar el alquiler podría reducir la oferta de vivienda.

En la presentación pública de este foro académico de análisis de la vivienda, tanto el consejero como la rectora de la Universidad de Cantabria, Conchi López, explicaron que querían dar una utilidad práctica al organismo en el sentido de que aporte soluciones “innovadoras y efectivas” para garantizar el acceso a la vivienda en condiciones “dignas y asequibles”.

En cualquier caso, la actividad de la Cátedra tendrá una duración de cinco años y estará gestionada por una Comisión de Seguimiento formada por representantes del Gobierno de Cantabria y de la Universidad de Cantabria.

Recientemente, en el foro 'Diálogo Joven Europa' el director del Departamento de Derecho Privado de la UC, Eduardo Vázquez de Castro, subrayó que nace para “contribuir a comprender mejor la realidad del mercado residencial en nuestra comunidad” y ayudar a diseñar soluciones eficaces, especialmente en relación con los jóvenes, “que son quienes sufren con mayor intensidad las dificultades de acceso a la vivienda”, precisó.

Al tiempo, añadió que en España ya existen experiencias relevantes “que han demostrado que estas estructuras pueden convertirse en verdaderos laboratorios de políticas públicas, capaces de influir en la regulación, en la innovación urbana o en la formación de profesionales especializados”.

La financiación aprobada por el Gobierno de Cantabria este mes de agosto permitirá contratar investigadores e iniciar los trabajos de este nuevo observatorio tras los ocho meses transcurridos desde su creación.

La fachada triste y gris acusa cierto olvido. Hay algunos cristales rotos en las ventanas viejas de madera del primer piso. Con el paso de los años el edificio se ha ido quedando prácticamente vacío a excepción de tres inquilinos de renta antigua. Al lado del portal un cartel amarillo advierte que hay cámara de vigilancia y una alarma instalada por los propietarios, el fondo inmobiliario Global Cuena.

El Ayuntamiento de Santander ha ordenado el desalojo del número 8 de la calle Santa Clara por el riesgo de las obras que estaba realizando su dueño con los inquilinos dentro para convertir el inmueble en un edificio de apartamentos. Los vecinos ya habían denunciado hace dos años que les querían echar. Entonces eran ocho, hoy solo quedan tres.

En febrero de 2024, los pocos inquilinos que quedaban en este céntrico inmueble de siete plantas en la capital cántabra recibieron una noticia inquietante. El edificio había sido comprado por una sociedad —el fondo inmobiliario Global Cuena— que quería convertirlo en apartamentos. Nadie les había avisado. Los vecinos, algunos de renta antigua que pagaban entre 300 y 600 euros de alquiler, denunciaron en la prensa local que les querían echar para hacer pisos turísticos.

La que más ruido hizo fue Conchita Mantilla, una de las personas más conocidas en Santander por haber gestionado el antiguo Hotel Rex y por haber ejercido como concejala en la ciudad con el Partido Regionalista de Cantabria de Miguel Ángel Revilla. A Chitín, como se le conocía familiarmente, le ofrecieron seis mil euros por irse de su casa, en la que llevaba residiendo más de sesenta años, y pagarle la mudanza.

Finalmente, el nuevo propietario se echó atrás. Negó que tuviera la intención de dar un uso turístico al edificio, explicó que no quería echarles de sus casas y concluyó que los inquilinos lo habían entendido mal.

Conchita Mantilla falleció con 91 años en febrero. Poco después la empresa decidió seguir adelante con su plan inicial y empezar las obras de reforma del edificio, para hacer 27 apartamentos con los tres inquilinos dentro, lo que ha acabado por provocar su desalojo. Hace unos días, el Ayuntamiento de Santander ordenó a los vecinos salir del inmueble porque la estructura “está debilitada” y hay que reforzarla.

El concejal de Fomento, Agustín Navarro, explicó que la empresa que compró el edificio inició unas obras de reforma interior en las que tiró tabiques que han hecho que no se pueda garantizar la seguridad del edificio. Unas obras “totalmente legales”, según el Ayuntamiento de Santander, que contaban con un proyecto “validado” por el Consistorio. No obstante, el proyecto que presentó la empresa en abril de 2024 a los vecinos ya advertía que la reforma tenía que hacerse con el edificio vacío.

La alcaldesa, Gema Igual, restó importancia al asunto: “No estamos ante una emergencia”, dijo. Al mismo tiempo, daba 48 horas a los inquilinos para abandonar sus casas. El desalojo también afecta a los locales comerciales de los bajos del edificio: un supermercado y un bazar. También afecta a otro negocio, una peluquería, que lleva más de setenta años en el primer piso del edificio.

Los inquilinos son cautos y no quieren hablar públicamente de la situación, han recurrido a unos abogados para que les asesoren en el proceso y confían en poder regresar a sus casas y a sus negocios cuando se refuerce la estructura.

El Ayuntamiento de Santander ha exigido a la empresa propietaria que apuntale el edificio en un plazo máximo de quince días para garantizar la seguridad estructural del inmueble y evitar riesgos para las personas o los bienes. Al día siguiente de salir de sus viviendas, ya han empezado los trabajos.

El edificio de la calle Santa Clara se suma a una tendencia evidente en Santander —donde se ha incrementado notablemente el turismo— que es convertir edificios de viviendas convencionales en apartamentos. Cada vez es más habitual. En la cercana calle Cervantes o en Peñas Redondas hay ejemplos de ello.

En el caso de los pisos turísticos, la presión turística ha hecho proliferar de manera descontrolada los alojamientos sin una regulación y un control efectivo sobre los mismos. También ha contribuido a incrementar el precio de los alquileres y dificultar el acceso, ya que la mayoría de las viviendas se dedican al turismo y al alquiler de temporada.

En este contexto, la Empresa Municipal de Turismo de Santander encargó un estudio de impacto turístico y capacidad de carga de la capital de Cantabria. Los resultados tendrían que haberse hecho públicos en junio.

La empresa Cantares de Santander S.A. (CANDESA) ha solicitado autorización para abrir una planta de tratamientos de residuos de construcción y demolición en Herrera de Camargo, junto a la cantera de áridos destinados principalmente a obra civil, edificación e infraestructuras, y las plantas de hormigón y de mezclas asfálticas.

La instalación, que ocupará 13.000 metros cuadrados en el Barrio La Verde, se destinará a generar áridos reciclados para reducir los vertidos a partir de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos principalmente. La planta, ubicada en una nave de diez metros de altura, dará servicio a la zona de Camargo, Santander y otros municipios cercanos. Dará trabajo a siete empleados.

El proyecto invertirá 2,3 millones de euros y no contempla la gestión de residuos peligrosos. Se plantea “como una nueva línea de negocio centrada en la producción de áridos reciclados” que complemente al árido natural, explica la memoria registrada en la Dirección General de Urbanismo que ha salido a información pública.

La planta incorporará todas las fases necesarias para el tratamiento de este tipo de residuos: admisión, separación manual y mecánica, trituración, limpieza y cribado. A partir de este proceso se obtendrán materiales reutilizables para ser comercializados, para labores de restauración minera o para nuevas aplicaciones constructivas.

La capacidad máxima de tratamiento de la instalación será de hasta 250.000 toneladas anuales, aunque se estima una entrada inicial de aproximadamente 120.000 toneladas al año durante los primeros años.

Los camiones accederán por la entrada situada al norte del emplazamiento, hasta llegar a la báscula y el punto de inspección, para realizar la descarga en el interior de la planta, y saldrán por el extremo opuesto del recinto sin acceder en ningún momento al área de explotación minera.

La parcela sobre la que se ubicará la planta está calificada como suelo urbanizable y es un terreno que fue utilizado como zona de acopio de materiales durante las obras de ejecución de la autovía S-30 en sus inmediaciones. Por precaución, se extenderá una losa de hormigón impermeable sobre toda la superficie para evitar infiltraciones al terreno.

El Gobierno de Cantabria ha pagado 4,2 millones de euros al hospital religioso Santa Clotilde por los servicios sanitarios -estancias de pacientes y operaciones- corrrespondientes a los tres primeros meses del año. La cantidad facturada de enero a marzo es la mitad de lo que se venía pagando hasta ahora -8,4 millones- antes de que entrase en vigor el contrato singular de privatización impulsado por la Consejería de Salud que incrementa notablemente esta cantidad hasta los 16 millones al año.

El acuerdo, según expresó el propio consejero César Pascual, se firmó para “dar estabilidad” a la orden religiosa “que quiere hacer una inversión muy importante de casi 60 millones”, y que “pronto empezará a construir un bloque con nuevos quirófanos” y a dotarse “de tecnología que hasta ahora no tenían”. Una tecnología y unas dotaciones exigidas en el convenio y que el hospital está lejos de cumplir porque todavía no ha empezado las obras de ampliación del centro sanitario necesarias.

Las intervenciones quirúrjicas realizadas en Santa Clotilde son sobre todo operaciones de rodilla y cadera, varices, hernias y lesiones cutáneas. Además de 470 operaciones de cataratas, según los datos aportados por el Gobierno de Cantabria al Parlamento.

Aunque estaba incluido inicialmente en el convenio, y justificó el incremento del precio, no se están realizando cribados de cáncer de mama y de colon como anunció el propio consejero. Ambos programas de prevención de cáncer se siguen haciendo en la sanidad pública.

La cantidad facturada por Santa Clotilde se desglosa de la siguiente forma. Los meses de enero y febrero han sido prácticamente idénticos, con 1,3 milllones, mientras que en marzo el coste ha subido hasta superar de largo los 1,5 millones de euros.

El convenio singular para privatizar servicios sanitarios públicos con el Hospital Santa Clotilde estima abonar 16 millones anuales durante los próximos 16 años, lo que hace un total de 256 millones. Existe, además, la posibilidad de prorrogar la privatización de servicios sanitarios durante cuatro anualidades más, hasta el año 2046.

El Ayuntamiento de Santoña ha intentado salvar de la Ley de Memoria Democrática la estatua del que fuera vicepresidente del Gobierno de Franco, Carrero Blanco, argumentando que también fue víctima del terrorismo, ya que perdió la vida como consecuencia de un atentado de ETA. La estrategia no ha funcionado.

La Dirección General de Promoción de la Memoria Democrática ha emitido una resolución el 2 de septiembre que ordena su derribo en el plazo máximo de seis meses al ser contrario a la ley.

En paralelo, el Ayuntamiento santoñés recurrió a la reciente normativa autonómica y, amparándose en una Ley de Víctimas del Terrorismo de Cantabria, solicitó sin éxito a la Consejería de Presidencia que reconociese que Carrero Blanco es una víctima. El Gobierno de Buruaga respondió que no tiene competencia para el reconocimiento de víctima de terrorismo en su normativa. Por esta razón, le indicó que debía dirigirse a la Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior, como órgano encargado de certificar la condición de víctima del terrorismo, donde tampoco han accedido a su petición.

Las autoridades locales pretendían que se autorizase la 'resignificación' del monumento para que permanezca en el paseo marítimo de la localidad. Una obra de 40 metros de altura del escultor Juan de Ávalos con un ángel en la cúspide y una rosa de los vientos, que hace alusión a la condición de marino de Carrero Blanco.

No fueron los únicos en solicitar el indulto, el Partido Regionalista de Cantabria (PRC) de Miguel Ángel Revilla apoyó en el Parlamento autonómico declararlo Bien de Interés Cultural para protegerlo de la Ley de Memoria y evitar su retirada. Además de “antidemócrata” también “fue un benefactor del pueblo de Santoña”, justificó el portavoz regionalista Pedro Hernando.

Reacción

La Asociación Héroes de la República y la Libertad considera que tanto el Ayuntamiento de Santoña como el Gobierno de Cantabria (PP) “han hecho verdaderos malabares para intentar colar por Bien de Interés Cultural la nostalgia que aún destilan de franquismo”.

En un comunicado, su presidente Jorge Suárez, reivindica esta resolución como “un paso importante de higiene democrática”.

La resolución ministerial puede ser recurrida.

A la misma hora que miles de ciudadanos abarrotaban la plaza del Ayuntamiento de Santander convocados por la Federación de Municipios de España para apoyar a Ceuta en su crisis migratoria, a pocos metros otro grupo de ciudadanos se manifestaba contra el racismo en la Delegación del Gobierno.

Una protesta para rechazar los mensajes racistas que se difunden desde la entrada masiva de migrantes en Ceuta el pasado 30 de julio, a favor de una convivencia social sana y contra los discursos de odio.

La primera concentración multitudinaria se disolvió sin incidentes. En la segunda los manifestantes sufrieron serios aprietos hasta el punto de que han sido evacuados en autobús.

Bajo el lema 'Paremos los pies al racismo' y convocados por CJS (Coordinadora Juvenil Socialista), con el apoyo de varios colectivos sociales como Pasaje Seguro y las Calles contra el fascismo, los manifestantes concentrados a la altura de Correos se han visto rodeados por algunos grupos organizados de jóvenes que vestían camisetas idénticas y ondeaban banderas de la cruz de Borgoña con aspas rojas sobre fondo blanco.

Con actitud provocadora comenzaron a insultarles, a vocear consignas fascistas y corear 'moros no, españoles si“ por detrás de un cordón policial que protegia a los cientos de personas allí concentradas.

La situación se ha prolongado durante casi hora y media hasta que se ha optado por evacuar a los manifestantes antifascistas, escoltados por la Policía Nacional, en autobuses municipales para alejarles del foco de tensión. Mientras se subían continuaron los abucheos e insultos desde ambos lados de la calle Calvo Sotelo, que seguía cortada al tráfico ya que solo se permitía la circulación de estos autobuses.

Hace dos días la organización Pasaje Seguro pidió públicamente acoger en Cantabria a niñas migrantes de Ceuta y reprochó la “criminalización de la ultraderecha”. Al tiempo, cuestionó que acoger a una 'pequeña parte' de las menores suponga un “un problema” para los servicios sociales de Cantabria.

La Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Gobierno de Cantabria tramita la construcción de un hotel rural de quince habitaciones con piscina en Tagle (Suances) sobre suelo rústico. Una parcela segregada pediente de autorización de la CROTU (Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cantabria) que aún no está inscrita en el castastro, según explica la documentación sometida a información pública que notifica el Boletín Oficial de Cantabria.

El establecimiento hostelero se edificará sobre una superficie de casi 900 metros cuadrados en dos plantas con sótano, configurado por dos alas entorno a un patio frontal coronado con cubierta a dos aguas. En la planta baja habrá cinco habitaciones, salón acristalado con acceso a una terraza exterior y recepción. Las otras diez habitaciones con terraza se ubican en el piso superior.

El proyecto contempla instalar una piscina exterior, zonas de terraza, jardines, arbolado y aparcamiento.

El proyecto, registrado por un particular de la zona, aspira a aprovechar las ventajas turísticas de Suances con “un edificio abierto al paisaje, en el que junto con la oferta de alojamiento se ofrezca al cliente la experiencia de descubrir el litoral de Suances, hoy incluido en el Geoparque Costa Quebrada”, una excepcional joya natural incluida en la Red Mundial de Geoparques de la UNESCO, explica el proyecto.

La edificación se ha diseñado un mirador para que “el cliente se conecte con el territorio mediante terrazas y miradores que le permitan disfrutar de las vistas que ofrece la parcela hacia las islas por el este, hacia Picos de Europa por el oeste, y hacia la mar por el norte”.

Este hotel se une a otros proyectos de alojamientos turísticos sobre suelo rústico tramitados a lo largo de este año. Entre ellos, dos establecimientos en Liencres de 6 y 8 apartamentos turísticos, y otro edificio de cuatro apartamentos con piscina en Valdáliga.

La construcción de viviendas en Cantabria es un negocio en manos de promotoras de fuera de la comunidad. Según advierte un informe del Colegio de Aparejadores y Arquitectura Técnica de Cantabria, a tenor de los datos de identificación fiscal, más de cada tres viviendas nuevas están promovidas por empresas foráneas.

Un mercado que crece y que genera expectativas de negocio a nivel nacional, como constatan los datos que aporta este colectivo profesional que -consideran- que ponen de manifiesto “lo atractivo que resulta el mercado inmobiliario de Cantabria para los promotores de otras comunidades autónomas”.

En concreto, en el primer trimestre del año solo el 17% de las nuevas viviendas fueron construidas por empresas de Cantabria. En el segundo trimestre la estadística mejoró hasta el 28%. En suma, el 77,5% de todas las nuevas residencias han sido promovidas por sociedades de fuera de la comunidad.

En paralelo, mientras crecen las compra ventas de segunda mano también lo hace la construcción de nuevos inmuebles, especialmente las viviendas de protección oficial.

Para entender la situación actual hay que echar la vista atrás. Hace veinte años se construyeron en Cantabria 16.588 viviendas. 2006 fue precisamente el punto de inflexión de un mercado inmobiliario que, tras el golpe de la crisis, nunca se ha recuperado. Aquellas cifras históricas cayeron en picado: en dos años se hicieron diez mil menos. Hubo años especialmente duros para el negocio de la construcción en los que no se llegaba ni a las quinientas viviendas.

A partir de 2021 el mercado inmobiliario ha ido resucitando con prudencia hasta llegar a las 1.867, una cifra que no se veía desde 2010. Las perspectivas han mejorado este año. A mitad de 2026 ya se han levantado mil viviendas nuevas en Cantabria y el Colegio de Aparejadores estima que se podría cerrar el año superando las dos mil y mejorando, por tanto, los datos de 2025.

Este año ya se han construido 1.003 viviendas nuevas. 435 en el primer trimestre y un 30% más en el segundo: 568 viviendas de las cuales 470 son pisos y 98 casas unifamiliares aisladas. Dato que “confirma la tendencia positiva que el sector viene registrando desde el pasado año después de una década de cierta atonía”, explica el presidente de los aparejadores cántabros, José Manuel González.