“El Ayuntamiento de Santander debe tener voz en el Parlamento de Cantabria”. Su alcaldesa, Gema Igual, justificó con estas palabras que iba a simultanear dos cargos públicos durante esta legislatura, el de diputada del Parlamento de Cantabria y el de regidora municipal.

Entonces, Igual -que concurrió como número 2 de la lista de su partido- declaró que consideraba “importante” que el Ayuntamiento “pueda tener discurso en el Parlamento de Cantabria porque somos un tercio de la población, somos capital de provincia y se nos debe escuchar”.

El resultado de aquel entusiasmo inicial es que solo ha intervenido en tres de los 116 plenos que se han celebrado desde que resultó ser elegida parlamentaria autonómica. Mientras otros alcaldes que también son diputados han intervenido hasta en 60 ocasiones.

Ahora, acaba de presentar, con fecha de 3 de noviembre, la renuncia a su acta de diputada para poder presentarse como candidata al Senado por el Partido Popular en las próximas elecciones del 29 de noviembre. La normativa le permite seguir siendo alcaldesa.

De salir elegida, nuevamente simultaneará dos cargos públicos, con la diferencia de que el parlamento autonómico solo requiere su presencia en la sesión plenaria de los lunes, y el Senado la obliga a desplazarse a Madrid para más jornadas de trabajo.

La lista del PP correrá un puesto más, hasta el número 20, y en sustitución de Gema Igual le corresponde entrar a José Luis Blanco Fomperosa, el exalcalde de Ribamontán al Monte que es coordinador de Acción Política y Electoral del Partido Popular de Cantabria. Actualmente ocupa el cargo de director general de la Ciudad de Transportes de Santander, CITRASA.

A lo largo de cuatro años de legislatura la voz de Santander que reivindicó Gema Igual solo se ha escuchado en tres ocasiones y ni siquiera para pronunciarse de forma directa sobre cuestiones que afectan a la ciudad.

Su primera intervención fue el 21 de noviembre de 2023 en el debate de una proposición del PRC sobre el mantenimiento e incremento de las partidas presupuestarias para las víctimas de violencia machista y sus hijos.

Siete meses más tarde, en mayo de 2024, volvió a hablar desde la tribuna del hemiciclo cántabro para fijar la postura del Grupo Parlamentario Popular relativa a los planes para frenar la decadencia del comercio en Cantabria.

La tercera y última vez que habló en el Parlamento autonómico fue más de un año después, en septiembre de 2025, cuando intervino en el debate de una moción de los regionalistas sobre el pequeño comercio. Desde entonces lleva más de un año en silencio aunque asiste a todos los plenos concentrada en su portátil.

Alcaldes y diputados

El caso de Gema Igual no es único, hay otros alcaldes de su propio partido y del PRC que también ejercen como diputados autonómicos. En el caso del PSOE no hay ninguno porque su reglamento interno prohíbe duplicar cargos. Respecto a Vox, el cuarto partido con presencia en el hemiciclo, únicamente gobierna en coalición con el PP en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana y sus diputados no son concejales de ningún ayuntamiento.

Los alcaldes y diputados pueden optar por uno de sus salarios y cobrar dietas en el otro. Durante esta legislatura ha habido cinco regidores a sueldo del Parlamento ejerciendo también como máximos responsables de sus municipios -Polanco, Entrambasaguas, Comillas, Selaya y Los Tojos- aunque actualmente son cuatro, ya que María Jesús Susinos dejó la Alcaldía de Entrambasaguas cuando fue nombrada consejera de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación del Gobierno de Cantabria en sustitución de Pablo Palencia y cesó como diputada.

Asimismo, hay otros tres regidores que únicamente perciben las dietas del Parlamento y que cobran el sueldo de sus respectivos consistorios. Se trata de la propia Gema Igual que cobra 72.000 euros anuales del Ayuntamiento además de las dietas por asistencia a los plenos, del regionalista Javier López Estrada (Torrelavega) y del popular Carlos Caramés (Piélagos).

El trabajo parlamentario de la diputada Gema Igual, que ha ocupado el banquillo junto a la presidenta autonómica María José Saénz de Buruaga, concluye con este balance unos meses antes de terminar la legislatura en mayo de 2027 con las próximas elecciones autonómicas y municipales, a las que se presentará -ya, previsiblemente, como senadora- para intentar revalidar la alcaldía que actualmente ostenta en la capital de Cantabria.

“Yo soy alcaldesa de Santander hasta mayo, yo soy la candidata a la Alcaldía en las elecciones de mayo y yo seré la cabeza de lista del PP al Senado”, presumió tras ser designada directamente por el presidente del PP Alberto Núñez Feijóo -explicó ella misma- para encabezar la lista de Cantabria.

La acampada por la vivienda de Cantabria abandona el próximo viernes la plaza Porticada finalizando así la reivindicación en la calle después de casi 40 días, aunque sus integrantes seguirán preparandose para la jornada de huelga general del 11 de noviembre convocada por el Sindicato de Inquilinas.

En sintonía con la acampada de Sol, el Sindicato de Estudiantes dio el primer paso y fueron los primeros en instalarse en la Plaza, un campamento que ha llegado a reunir 40 tiendas y que ha organizado desayunos solidarios, asambleas abiertas, talleres y actividades para mantener viva la reivindicación y el debate.

Las cinco semanas han ido pesando en el ánimo de los participantes, ya que muchos de ellos después de dormir en la plaza tenían que ir a trabajar o a clase. A eso se une la inseguridad que han sufrido por las noches, que les obligaba a turnarse para hacer guardias y evitar incidentes.

La rebautizada como Plaza de Amparo, en referencia a la mujer a la que el Ayuntamiento expropió su casa en la Vaguada de las Llamas hace una década para hacer un vial, la acampada de Santander, ha recibido en varias ocasiones la visita de la Policía Local de Santander para identificar a sus integrantes y amenazar con multas por ocupación del espacio público. En este momento tienen los datos de 19 personas.

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha estado en contra de la acampada y les ha llegado a acusar de estar “privatizando” un espacio público. “Lo que estamos haciendo es colectivizarla para tratar de sacar adelante todo lo que se está pidiendo, no solo aquí, sino en otras ciudades de España”, replicó Sofía Callejo, una de las personas que participan en la reivindicación.

Hace unos días, la alcaldesa pidió a la Delegación del Gobierno de Cantabria “despejar” la plaza para poner una instalación de Halloween que finalmente se ubicó en la cercana plaza de Alfonso XIII.

El último episodio se vivió la semana pasada cuando la policía nacional acordonó la plaza durante el mitin del líder de Vox, Santiago Abascal, en los jardines de Pereda, porque se había convocado en la Porticada una concentración antifascista.

Casi cien mil cántabros -concretamente, 94.176 personas- están esperando a ser atendidos por la sanidad pública en la comunidad autónoma. De ellos, uno de cada cuatro tardarán más de seis meses en tener la consulta, la prueba o la intervención que necesitan, según los datos oficiales que ha presentado la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública.

Cantabria, con la sexta parte de la población pendiente de asistencia, encabeza la mayor lista de espera del país, es la comunidad con más pacientes por cada 1.000 habitantes esperando a ser atendidos. A la vez, esos ciudadanos tienen que esperar el mayor número de días de todo el Estado: el 22% de las personas esperan más de seis meses. “Unos datos malísimos”, ha considerado el portavoz de la plataforma, Fernando Rodero, durante una rueda de prensa celebrada este lunes en Santander en la que ha denunciado que “es la mayor lista de espera y los que más días tardan en ser atendidos”.

La comunidad ha encabezado por la cola el ránking de las peores expectativas de listas de espera en los últimos siete años. No obstante, en el último mes de noviembre se han reducido las listas de espera de operaciones y de consultas, pero han subido las de pruebas diagnósticas, donde en este momento hay casi 42.000 pacientes.

Actualmente, hay casi 15.000 cántabros esperando una cirugía y más de 37.000 una consulta. “Tenemos uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo, pero llevamos unos años cuesta abajo y sin frenos”, ha reconocido.

Rodero ha considerado que hay un “problema de gestión” y de “falta de recursos” que, a su juicio, “nos está haciendo ser los últimos del país, aunque no es una cuestión puntual, es estructural”. En opinión de la Plataforma, la situación “no se arregla dando dinero a la privada, ni haciendo peonadas, ni presionando a la gente para ir a la sanidad privada”. Además, subrayan que el consejero de Salud, César Pascual (PP), “se enorgullece de ese declive y dice que la solución es pasar más recursos a la privada”. “Estamos en una situación bastante seria que el consejero no es capaz de revertir”, denuncia Rodero.

La Plataforma considera que a las iniciativas, por activa, que alimentan la sanidad privada se suman los efectos que, por pasiva, provoca la falta de recursos suficientes para mantener el sistema público, adaptarlo a las crecientes exigencias actuales y a las perspectivas de futuro, incluida las relativas al envejecimiento de la población y a las naturales expectativas que las mejoras científicas crean en la ciudadanía.

En este sentido, desde el colectivo han señalado que “hay que destacar el crecimiento intolerable de las listas de espera”, donde Cantabria ocupa los peores lugares de todo el Estado español; sobre todo en las listas quirúrgicas, donde la comunidad autónoma ocupa -según los últimos datos oficiales- el peor lugar en cuanto a número de pacientes en espera por cada 1.000 habitantes (24,9, frente a una media nacional de 17,7). 

En opinión de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública, cada vez es más evidente cómo el engrosamiento de las listas de espera “acaba operando como una forma especialmente perversa de alimentar a la privada por la vía de la exasperación de los pacientes que no pueden esperar lo que se les pide”. Lo peor es que gran parte de ellos tampoco pueden pagarse un seguro o una asistencia puntual en centros no públicos, ha denunciado el colectivo, por lo que muchos acaban viendo cómo su dolencia se agrava, a veces con consecuencias fatales.

La Plataforma ha insistido en las “clamorosas deficiencias” en la Atención Primaria de toda la comunidad, con decenas de consultorios médicos no operativos en los meses de verano, y sin asistencia a lo largo del año en poblaciones como Miengo, Cudón y Cuchía.

“El panorama de la sanidad pública en nuestra comunidad es, en suma, cada vez más preocupante, y las responsabilidades son claras, habida cuenta de la competencia absoluta de la autonomía en la materia”, ha criticado la Plataforma.

Desigualdades en el mismo territorio

El análisis de las listas de espera que ha hecho la Plataforma -a través de los datos oficiales de Consejería y Ministerio- evidencian las desigualdades de los pacientes en función de su lugar de residencia. Se constata que hay diferencias notables entre los 87 días de media que esperan los pacientes del Hospital Sierrallana de Torrelavega para hacerse una prueba, frente a los 46 del Hospital de Laredo o los 56 de Valdecilla.

Como ejemplo, a 30 de septiembre de 2026 había 10.117 cántabros esperando a hacerse una ecografía. Los de Torrelavega tardarán una media de 94,5 días mientras que los de Santander y el área que cubre Valdecilla se la podrán hacer en 27.

La Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública ha exigido la retirada del anteproyecto de Ley de Salud Digital de Cantabria que estos momentos tramita el Parlamento autonómico porque, según denuncian, “expone” el historial médico de los ciudadanos a empresas privadas, no garantiza la confidencialidad y la custodia de los datos de los pacientes.

El médico Antonio Jiménez, portavoz del colectivo, explica que en la normativa impulsada por la Consejería de Salud del Gobierno de Cantabria “el dato tiene un sentido económico, no científico” y, por lo tanto, puede ser usado para obtener rentabilidad económica. Por ello, alerta sobre el uso secundario del dato “que se utiliza para otras cosas que no son asistencia sanitaria”.

Como adelantó elDiario.es, un informe elaborado por juristas para la Plataforma advierte de que el proyecto de Ley de Salud Digital expone el historial médico de los ciudadanos a empresas privadas, carece de controles suficientes y podría ser inconstitucional.

La Plataforma considera que las prisas del Gobierno de Cantabria por legislar sobre esta cuestión -anticipandose a la normativa nacional y europea, que están en fase de desarrollo- responden a que “necesitan una cobertura legal” para ceder los datos de Cohorte al laboratorio privado estadounidense.

Respecto a la futura Ley de Salud Digital consideran que “nuevamente, como en Valdata, pone el foco el proyecto económico no en el científico” y por lo tanto hay que usarlo para obtener rentabilidad. Los defensores de la sanidad pública piden a los grupos parlamentarios que presenten una enmienda a la totalidad. “Este proyecto tiene que ser retirado porque no da garantias de seguridad en la custodia de los datos”, advierten sus portavoces.

En este sentido, añaden que la ley “no legisla”, sino que lo deja al desarrollo del reglamento. “Algo tan sensible tiene que tener cobertura en la propia ley, y no lo hace”. Si no se retira, la Plataforma presentará un recurso de inconstitucionalidad a través del Defensor del pueblo.

Jiménez ha explicado que tradicionalmente todos los datos de la salud de los cántabros se recogían en papel pero ahora ha llegado a la edad de la digitalización y la historia clínica es ahora electrónica y se almacena en formato digital. Esto conlleva una necesidad de regular esos datos, pero el problema del proyecto de Ley de Salud Digital “tiene los mismos sustratos privatizadores de todo este Gobierno” como el Plan de Salud, el convenio singular con Santa Clotilde o Valdata y Cohorte, denuncian.

Desde la Plataforma han recordado que el Plan de Salud ya hablaba de colaboración público-privada para el futuro campus de la salud que se edificará en la antigua Residencia Cantabria. En paralelo, el convenio con Santa Clotilde, “que es una forma de prestación sanitaria privada que no tiene parangón” porque no se limita a mandar pacientes para solucionar las listas de espera, sino que se trata de “dopar a una empresa privada para mejorar la calidad de la asistencia privada”, “Esto es privatización 2.0, de segunda generación”, advierte el portavoz de la Plataforma.

Por último, cita el ejemplo de Valdata, “muy bien financiado, que se le da a un grupo de juristas, de abogados, no de investigadores sanitarios” para darle cobertura legal al uso del dato y ponerse a disposición de la empresa privada. “Y lo dicen sin ambages”, subraya Jiménez.

En este sentido, apunta que lo intentaron hacer también con el proyecto Cohorte Cantabria cuando el actual Gobierno del PP “decidió sobre la marcha” regalar los datos de salud y sociosanitarios de más de 50.000 cántabros a un laboratorio privado. “Para ello, necesita una legislación nueva, necesita tener una cobertura legal que no tenía”, resume.

Desde la Plataforma informan que se está desarrollando legislación europea sobre datos, que estará concluida en 2029 y sobre los estudios genómicos para 2031. En España también está en trámite. “El Gobierno de Cantabria, con una asombrosa agilidad administrativa, echa para delante con una legislación que invade las competencias del Estado y que puede generar desigualdades entre comunidades”, explica el portavoz.

José Manuel González Rubio se convirtió hace poco más de un año en presidente del Colegio de Arquitectos Técnicos de Cantabria después de 36 años protagonizados por su antecesor. Con él ha llegado una nueva forma de comunicar y de apostar por ciclos más cortos de liderazgo. Una etapa en la que en el mercado laboral hay “más trabajo que profesionales”. Los aparejadores de Cantabria, menos de 400 en activo, no alcanzan para cubrir todas las ofertas de empleo que se generan.

Frente al debate de la vivienda y sus soluciones aterrizan una realidad: la falta de mano de obra para la construcción y el elevado precio de los materiales, que repercute en un contexto complicado de la vivienda. Un mercado sin una solución única. La receta para templar la situación tiene varios ingredientes: mayor disposición de suelo, planeamientos y licencias administrativas más ágiles o formación de profesionales de distintos gremios. Respecto a la iniciativa inmobiliaria de Real de Piasca para urbanizar vía Proyecto Singular de Interés Regional (PSIR) con el visto bueno del Gobierno de Cantabria el casi único suelo que queda en Santander, González Rubio considera que serán las administraciones competentes las que tengan que poner puertas al campo a esta figura administrativa.

¿Qué momento vive la profesión? ¿Hay suficiente trabajo para los aparejadores?

Ahora mismo es una época de muchísimo más trabajo. Tenemos más trabajo que profesionales. Se podría decir que tenemos pleno empleo porque todo el mundo que ejerce la profesión de forma liberal tiene trabajo. Casi todas las semanas enviamos ofertas de empleo y muchas de ellas ni se cubren. Empleo, absoluto. ¿Suficientes técnicos? Ahora somos 516 colegiados totales pero ejercientes solo 393 y hay trabajo para todos. Para estimular vocaciones y dar a conocer la profesión este año nos hemos apuntado a una convocatoria, 'El gran concurso del hormigón', para estudiantes de primero de Bachillerato. Consiste en hacer una probeta de hormigón que se analiza en un laboratorio de control de materiales. El centro que consiga el material con mayor resistencia opta a un premio local y a la fase final nacional. El objetivo es visibilizar la profesión porque al año entran dos o tres nuevos colegiados y si tenemos en cuenta los que causan baja o fallecen, cada vez cuesta más que haya nuevas generaciones. Es una situación que también se da en otras comunidades. Aquí en Cantabria, tenemos la esperanza que de que a medio plazo pueda cambiar porque Uneatlantico va a empezar a impartir el Grado en Arquitectura Técnica en septiembre.

Los últimos datos que ha publicado el Colegio pronostican que en Cantabria se podrían alcanzar las 2.000 viviendas de nueva construcción este año, lo que supone volver a las cifras de 2009. ¿Qué tipo de vivienda se está construyendo?

Hay un alto porcentaje de vivienda particular unifamiliar, de promotor privado. Siempre lo ha habido y lo sigue habiendo. Es más habitual en localidades con poca población, donde se hereda o se compra un terreno para hacer una casa. Después hay promociones privadas cuyo objetivo es hacer viviendas en bloque que van fluctuando en función de variables económicas y sociales. Los datos de este trimestre son buenos. Hace 17 años que no llegamos a esta cifra de 2.000 viviendas nuevas, con lo que cual alcanzar es cifra estaría muy bien. El año pasado se construyeron 1.867 y ahora en el tercer trimestre estamos en 1.523.

Estamos en un contexto de fuerte demanda de vivienda. ¿Esas 2.000 viviendas de obra nueva son suficientes para lo que está demandando el mercado?

Probablemente hacen falta más. Estamos cansados de escuchar que faltan viviendas en todo el país. Se necesitan más viviendas, pero por algo tenemos que empezar. Tampoco sería bueno otra burbuja. Quizá sería mejor plantearnos una progresión: este año 2.000, el año que viene intentar llegar a las 2.500... que vaya creciendo poco a poco para que el mercado se vaya adaptando a ello y pueda equilibrarse todo un poco.

¿Se construyen más casas que pisos en Cantabria?

Este trimestre de las 523 viviendas de obra nueva, 85 han sido viviendas aisladas y 435 viviendas colectivas, que incluyen pisos y casas adosadas, todo lo que es más allá de una sola vivienda.

¿Cómo está el mercado de vivienda pública en Cantabria?

En los últimos tres meses se han construido 58 viviendas de protección oficial, que salen al mercado en unas condiciones ventajosas para economías más desfavorecidas.

El mercado de compraventa de viviendas de segunda mano ha elevado los precios, las de nueva construcción también, hasta el punto de que hay personas que renuncian a una vivienda social porque ni siquiera así pueden dar la entrada o pagarla. ¿Por qué es tan caro construir?

Con la obra nueva pasa lo mismo que en el supermercado. La lista de la compra cada día es más cara -¿estamos de acuerdo?- pues cuando vas a un almacén de construcción la lista de la compra para hacer la vivienda también te sale más cara. Los materiales han subido, pero hay otro problema que es la evidente carencia de mano de obra. Cuesta mucho encontrarla, es muy habitual ver siempre a los mismos en las obras, normalmente de gremios de personas procedentes de otros países. No hay mano de obra, los materiales son más caros: el precio de la construcción se incrementa. Antes construir un edificio colectivo podían ser 1.500 euros el metro cuadrado -que es mucho- y ahora es muy difícil hacerse una vivienda unifamiliar por menos de 2.000 euros el metro cuadrado. Eso implica que una vivienda normal de 100 metros, solo construirla, costaría 200.000. A eso hay que sumar el valor del suelo, licencias, honorarios de técnicos, impuestos y demás.

Además, la mayoría de las viviendas que se construyen son para personas de fuera de Cantabria, que parecen tener más recursos económicos que los locales para poder adquirirlas. ¿Quiénes construyen y compran a esos precios?

Hay un evidente mercado de segundas residencias, lo que pasa es con el tema del teletrabajo es una segunda residencia muy relativa. Por lo común, ya no son viviendas para 15 días. Igual lo son para el verano, Semana Santa y Navidad. Incluso casos de personas que teletrabajan varios días a la semana desde Cantabria y van dos días a la semana a Madrid. Ha cambiado el concepto tradicional del trabajo presencial y eso favorece que la gente se haga más segundas residencias porque la pueden disfrutar más tiempo, no solo en vacaciones. A eso se suma que el poder adquisitivo, por ejemplo, de un madrileño, es diferente. La vida allí es más cara y, entonces, eso que a ellos les parece barato -una vivienda por 300.000 euros- a nosotros nos encarece el producto. Si no hay muchos contratistas y los que hay tienen la posibilidad de trabajar para un cliente foráneo que te va a pagar más, pues lo van a hacer. Personalmente, la mayoría de los clientes que tengo ahora son de fuera.

¿Cómo está influyendo la liberalización del suelo rústico en Cantabria?

La Ley del Suelo que permite construir vivienda sobre suelo rústico cuando cumples una determinada distancia al núcleo urbano es positivo, porque liberaliza suelo. Siempre deberían ser actuaciones puntuales para viviendas unifamiliares. Pondría más en duda que ese suelo se destine a alquileres o a apartamentos turísticos. Entiendo que es positivo ampliar la posibilidad de edificar en este tipo de suelo, pero con eso solo haces un pequeño guiño. Favorece, pero no es la solución. No vamos a poder vivir solo de viviendas en suelo rústico. Además, eso tiene que estar muy medido y muy acotado, porque de lo contrario acabaríamos convirtiendo ciertos núcleos rurales en colonias, no tendría sentido. También es cierto que la actuación en suelo rústico ya no depende del ayuntamiento de turno, sino de la CROTU (Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo) que interpreta para considerar si se puede o no construir. Lo que pasa es que, además de eso, necesitamos suelo urbano regulado. Lo que no puede ser es que redactar un plan general de un ayuntamiento grande lleve años.

La situación en Santander, por ejemplo.

Santander está funcionando con el Plan General de 1997. Han pasado 30 años y las necesidades que tenia la ciudad hace tres décadas no son las de ahora. Hubo un intento, pero que se tumbó por el tema del abastecimiento de agua. Se planteó un crecimiento de ciudad y se tuvo en cuenta todo menos el suministro de agua potable. Pero supuso volver a la casilla de salida. No solo pasa en Santander, hay otros ayuntamientos que tardan años en desarrollar el planeamiento. La sociedad va más rápido que la tramitación. Se necesita una herramienta fiable que te diga qué puedes hacer en cada sitio y cómo está regulado. Además, por ejemplo, las posibilidades de crecimiento que tiene Santander tampoco son precisamente infinitas por su propia configuración geográfica. Es una gran lengua que al sur tiene la bahía, al norte la zona costera especialmente protegida.

Queda el terreno que plantea urbanizar el PSIR que ha presentado Real de Piasca. ¿Cómo valora esta iniciativa?

Desde el Colegio estamos a favor de todo lo que sea promover la construcción de vivienda, poner suelo en uso, pero hacerlo de una manera comedida. ¿Hacerlo con ese planteamiento? Nosotros no somos quién para valorarlo. Realmente el PSIR no es una figura que esté asociada a la vivienda, realmente es un plan de interés regional. Está reglamentado y en uso. Es lícito que alguien que se dedica a la promoción y al desarrollo inmobiliario quiera aprovechar esa figura para un interés propio y legítimo. Otra cosa será si estaba pensada para eso o no lo estaba. ¿Un interés general es la vivienda? Ahora sí, porque con todo lo que ha acontencido es un problema. Pero es un problema que teníamos también hace seis meses y hace un año, sin tanto revuelo. No viene de ahora. El PSIR está ahí y se utiliza, serán las administraciones competentes las que tengan que poner puertas al campo porque el PSIR es una especie de carta en blanco: puedes hacer todo lo que consideres interés general. Aquí se va al caso de que, encima, son terrenos que ya tienen sus propias construcciones. Implica no solo expropiar parcelas -que te podrá doler más o menos como propietario- sino que desaparezcan viviendas.

Escuchamos a diario hablar de diagnósticos y soluciones para el problema de la vivienda. ¿Qué tienen que decir los profesionales?

El problema es muy grave y no hay una solución sencilla, ni siquiera una única solución. Se puede hablar de mayor disposición de suelo, planeamientos más ágiles y adecuados al momento que vivimos, tramitaciones administrativas -de licencias, por ejemplo- también más rápidas, no puede ser que en determinados ayuntamientos una licencia para construir viviendas pueda tardar un año. Necesitamos formar a más trabajadores especializados para hacer determinados trabajos que ahora mismo tienen demanda pero no tienen trabajadores. Técnicos, como nuestra propia profesión, o trabajos de obra. Abordar solo una de las partes sin verlo de manera global no sirve de nada. Además, hay un detalle importante: tener una cierta seguridad jurídica sobre lo que tienes. Si decides alquilar tu casa o un local no se te puede quedar el inquilino a vivir toda la vida. Mientras no arreglemos todo eso va a ser muy difícil dar una solución al problema de la vivienda. Hay que tener claro qué es lo que se pretende hacer con la vivienda y llegar a un punto de acuerdo entre todos, porque además hay mucha vivienda que está vacía y que puede ser aprovechable.

¿Cómo está el sector de la rehabilitación de vivienda?

Las estadísticas que tenemos de obra nueva son precisas al cien por cien porque en toda obra nueva interviene un aparejador. Pero en las rehabilitaciones no es imprescindible, la puede hacer un arquitecto. No todas dependen de los técnicos. Lo que vemos en los datos que tenemos es que las rehabilitaciones van ligadas a las ayudas, a las subvenciones. No tenemos una cultura del mantenimiento, en los edificios no hacemos eso a pesar de que hay herramientas como el libro del edificio, un manual de uso y mantenimiento que todo el mundo tiene en una obra nueva, pero que estoy seguro que casi nadie mira. Siempre es más barato llevar un mantenimiento al día de los edificios que no esperar a que se caigan para tener que rehabilitarlos. Tuvimos un boom de ayudas a rehabilitación hace unos años y ahora van quedando pequeños programas. Pero cuando no hay ayudas, se rehabilita muy poco.

Respecto al patrimonio público, cuando vemos por ejemplo el edificio del antiguo convento de Las Clarisas en Santander, ¿se está cuidando y rehabilitando o hay cierta dejadez de la administración?

No sé muy bien cuál es el motivo para no acometer rehabilitaciones. Si queremos tener una ciudad de calidad es necesario preservar todo aquello que esté protegido, y ser muy estrictos con ello. No se deberían permitir -incluso deberían ser perseguidas y sancionadas- actuaciones contrarias a deteriorar, modificar o alterar de manera grotesta o inapropiada un edificio que esté catalogado. Ser estricto en el cumplimiento de estos requisitos me parece fundamental porque si no desvirtuas la protección y quitas valor al patrimonio. Son proyectos muy delicados y muy costosos.

La Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Cantabria ha sacado a información pública el expediente promovido por un particular para construir un aparcamiento de autocaravanas en la zona de servidumbre del dominio público marítimo terrestre de San Vicente de la Barquera.

Durante un plazo de 15 días se podrán formular las alegaciones que se estimen oportunas. Es el segundo estacionamiento de estas características que se tramita dentro del Parque Natural de Oyambre, tras otro proyecto conocido en marzo que en el mismo municipio, a pocos metros de la playa de Gerra, y también sobre suelo rústico, pretende construir un estacionamiento de 30 plazas, más otras 11 “en previsión”, según figura en la documentación registrada en la Comisión Regional de Urbanismo y Territorio de Cantabria (CROTU).

El aparcamiento también de 30 plazas que ahora sale a información pública se situará sobre una parcela rústica de uso agrario, de casi 15.000 metros cuadrados de superficie, con acceso directo desde la carretera CA-236 cerca de la localidad de Gerra y dentro del Parque Natural de Oyambre. De toda esta superficie el aparcamiento ocupará solo 3.000 metros cuadrados. El resto del terreno seguirá manteniendo su aspecto actual, según detalla el proyecto registrado en el Gobierno. La inversión prevista es de 183.000 euros.

El estacionamiento estará limitado en tiempo “en función de los recursos turísticos que ofrece la zona”, según estima el proyecto. Por lo que las autocaravanas podrán permanecer en él entre 48 o 72 horas, aunque el documento advierte de que dicho límite horario se podrá superar si así lo considera el particular que promueve esta instalación. Es decir, cuando la temporada de afluencia sea bajo “dichos límites de acogida podrán ser ampliados”, explica.

El promotor justifica que la zona de Oyambre “es un destino tradicional” de este tipo de turismo de autocaravana ya que es una zona de paso por la costa “donde los usuarios de este tipo de vehículos disfrutan de buen tiempo, existe una extensa oferta turística, así como zonas naturales de elevado interés”. A menos de dos kilómetros de la parcela -apunta- existen varios restaurantes y bares.

Los colectivos ecologistas y sociales ya habían alertado públicamente hace más de un año de las modificaciones que incluye la Ley de Simplificación Administrativa de Cantabria en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Natural de Oyambre. En concreto, en aquella que permite habilitar áreas de servicio para autocaravanas en primera línea de costa. 

Más de ocho mil personas, entre proclamas, panderetas, coplas y caricaturas del consejero Roberto Media, han plantado cara a la especulación urbanística en el pueblo cántabro de Villaverde de Pontones en una manifestación contra el proyecto privado para construir una piscina de olas de surf que tramita el Gobierno de Cantabria a través de un PSIR, la figura urbanística que permitirá recalificar y expropiar suelo rústico para levantar el complejo deportivo y turístico.

El Ejecutivo del PP justifica la operación por el interés general. “No puede existir interés general si existe rechazo general”, ha proclamado Paulu Lobete, secretario general de Cantabristas -la formación política que ha organizado la convocatoria junto a los vecinos y que, antes de empezar, ha guardado un minuto de silencio en señal de duelo por las víctimas del accidente ferroviario.

“Nadie ha pedido una piscina de olas artificiales en Villaverde de Pontones, nadie quiere más proyectos como este que atraen masificación turística”, ha respondido al Gobierno de Cantabria. “Esto es un basta, y un punto de inflexión frente a una iniciativa contraria a los intereses de Cantabria”, ha remachado.

La manifestación salió desde el cruce del centro del pueblo, donde se había instalado un escenario. Allí estaban convocados los medios de comunicación por los organizadores para escuchar una declaración de Cantabristas, acabada la cual se acercaron a los micrófonos el alcalde del pueblo, Raúl Ruiz, -a quien los vecinos forzaron hace dos días a ponerse de su lado y en contra del PSIR- y la candidata a la presidencia de Cantabria, Paula Fernández. Cuando los regionalistas empezaron a hablar recibieron una sonora pitada por parte de los manifestantes. Después, desplegaron una pancarta del Ayuntamiento y de la Junta Vecinal con el lema 'No al proyecto Olucas' encabezando la manifestación. Finalmente, la protesta echó a andar con la pancarta de la organización en primera línea: 'Cantabria se defiende, no al PSIR Olucas', sin ningún nombre de partidos, instituciones o colectivos.

Los vecinos de Villaverde de Pontones han recibido una abrumadora ola de solidaridad ciudadana contra el complejo turístico y deportivo privado a siete kilómetros de las playas de Somo y Loredo, que necesitaría 30.000 metros cúbicos de agua cuando el municipio que sufre restricciones en verano. Una pareja se ha sumado a la marcha reivindicativa desde Llanes - “vemos lo que está pasando con el turismo en Cantabria y hay que defenderse”, dicen- otros grupos de amigos y familiares desde el País Vasco que corean con contagiado entusiasmo: 'El que quiera Olucas, que se vaya a La Maruca“.

La manifestación se ha convertido, sobre todo, en el epicentro del rechazo de los ciudadanos cántabros hacia todos los PSIR que está impulsando el Gobierno de Cantabria y que han herido profundamente a varias zonas del territorio cántabro, con la presencia de los colectivos de vecinos afectados por el PSIR de Real de Piasca, en su mayoría vecinos de Rucandial; los de Laredo, Astillero y los de Las Excavadas de Torrelavega. Todos ellos se han unido contra la política urbanística de la presidenta Buruaga y el consejero Media. “Están solos con el promotor de este proyecto en su capricho imposible”, ha manifestado Lobete, que les ha acusado de estar promoviendo una iniciativa que es “un esperpento” y “lo contrario a lo que Cantabria necesita”.

“No se puede tramitar un PSIR sin tener el dinero para la inversión y sin tener la titularidad de los terrenos” -ha reprochado Gloria, la representante de los afectados- “Esta figura se está usando de manera arbitraria por este Gobierno para echar a la gente de sus pueblos”. “No puede ser que a promotores privados les den las herramientas para echarnos de aquí”, ha subrayado.

Para la Asociación de Afectados por el PSIR 'Olucas Surf Center' ha sido “una jornada histórica”. “Ha sido la voz de un pueblo y de una comarca que se niegan a que su suelo se convierta en objeto de especulación”, consideran. Dicen que la manifestación de este sábado “no es el final”, sino el punto de partida de una lucha que continuará “por todas las vías legales, sociales e institucionales”.

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), provocó cierto desconcierto cuando anunció el pasado mes de junio, con toda solemnidad desde la tribuna del Parlamento y en pleno Debate sobre la Orientación Política del Gobierno, la construcción de una piscina gigante de olas artificiales para hacer surf a siete kilómetros de las playas de Somo y Loredo, referentes de la práctica de este deporte.

Para ello, el Gobierno de Cantabria tendrá que recalificar 100.000 metros cuadrados de terreno rústico –sobre un yacimiento paleolítico protegido– y expropiará algunas parcelas si sus propietarios no llegan a un acuerdo con el promotor privado de este macrocomplejo hotelero, que solo tiene el 70% del suelo que necesita. Seis parcelas, según calculan los vecinos y afectados directos.

El debate de fondo es la necesidad de un proyecto de este tipo, en una comunidad con más de 200 kilómetros de costa y 80 playas, algunas de ellas referentes en la práctica del surf. De hecho, Cantabria cuenta con cuatro reservas naturales de surf: Ribamontán al Mar, Suances, Noja y San Vicente de la Barquera.

La operación urbanística impulsa un proyecto privado que, en realidad, es un resort de lujo, un complejo turístico y deportivo con un gran lago –que necesita cada año el agua equivalente a 10 piscinas olímpicas–, alojamientos, restaurante, bar, tienda, terrazas y aparcamiento. Todo eso se mete en mitad de un pueblo de 470 habitantes, Villaverde de Pontones, sin agua suficiente ni accesos adecuados, más allá de un estrecho vial que atraviesa el barrio Trapa, perjudicado por el proyecto que ha puesto en pie de guerra a los vecinos.

La piscina de surf ocupa menos de la cuarta parte del proyecto total, con una extensión equivalente a más de diez campos de fútbol. “Es un negocio para unos pocos”, denuncian los vecinos que han constituido una asociación de afectados.

Cuatro meses después, la iniciativa ya ha sido catalogada de “interés público” por el Gobierno del PP entre los recelos de los vecinos y de muchos colectivos, que han organizado una concentración de protesta este sábado 31 de octubre, y que no entienden cómo una instalación turística privada con acceso de pago puede ser considerada así. “La comunidad surfera no equivale a interés regional”, rebaten. Además, consideran que Cantabria ya es un referente de surf “con olas reconocidas internacionalmente”, apuntan. “Debe justificarse qué valor público añade una instalación artificial”.

Lo cierto es que como la normativa municipal no permite la operación urbanística, el Gobierno ya ha aprobado inicialmente el PSIR (Plan Singular de Interés Regional), una figura administrativa que le permitirá recalificar el suelo y que deja al Ayuntamiento de Ribamontán al Monte al margen de la operación.

El proyecto 'Olucas' supone la expropiación de terrenos privados en el barrio Trapa de Villaverde de Pontones, en Ribamontán al Monte, porque el promotor no tiene la propiedad de todas las parcelas sobre las que se construirá el complejo turístico-deportivo. Los afectados –que defienden el patrimonio rural, paisajístico y cultural– argumentan que no necesitan una piscina artificial para atraer visitantes. “Necesitamos conservar lo que nos hace únicos”, proclaman los carteles difundidos por los vecinos contra el PSIR del Gobierno de Cantabria, que exigen que alguien explique por qué el proyecto necesita una tramitación urbanística excepcional respecto al planteamiento ordinario municipal.

La movilización de los vecinos confluye en una manifestación en contra del proyecto, convocada por la formación política Cantabristas, este mismo sábado a las doce de la mañana en Villaverde de Pontones, bajo el lema 'Cantabria se defiende'. La protesta –que hará un recorrido por los terrenos afectados– planta cara al macrocomplejo turístico de olas artificiales, a la especulación urbanística, a la masificación turística y a la destrucción del territorio.

“El Olucas Surf Center es un caso más de cómo la especulación y la turistificación quieren convertir Cantabria en un resort turístico, pasando por encima de quienes vivimos aquí todo el año”, cuestionan desde Cantabristas.

Consumo de agua

Uno de los aspectos más polémicos es el consumo de agua, en un municipio donde este verano ha habido restricciones de agua en uno de sus pueblos, Liermo. Según el consejero de Fomento, Roberto Media (PP), no hay que preocuparse porque “será como llenar dos piscinas convencionales”, dijo en sede parlamentaria. La realidad es que necesita cada año el agua equivalente a 10 piscinas olímpicas, según los propios informes consultados por elDiario.es.

La información aportada por la promotora confirma que el lago requerirá de unos 30.000 metros cúbicos de agua y precisa que esta operación se necesita hacer una vez al año “para mantener el nivel de agua estable” y “compensar la evaporación”. “Lo que corresponde a una llenada durante todo un año”, matiza el documento. “Es necesario conocer la demanda anual total y su origen”, añaden los vecinos.

La segunda cuestión son los accesos al complejo turístico que tendrán que hacerse a través del pueblo, por el estrecho vial que atraviesa el barrio Trapa y que resulta insuficiente para canalizar a la puerta de las viviendas el tráfico de vehículos que pronostican las expectativas: 200.000 visitantes al año. Lo que, en opinión del Ayuntamiento de Ribamontán al Monte, implica construir otro acceso independiente “que evite el paso del tráfico generado por el mismo por el núcleo de Villaverde de Pontones”.

'Olucas' se realizará en un municipio con una fuerte movilización social contra el proyecto de instalación de la macroplanta de tratamiento de purines y otros residuos para su transformación en biometano y biofertilizante orgánico, promovido por la empresa Verdalia Bioenergy en el pueblo de Praves, en Hazas de Cesto, con una inversión de 25 millones de euros.

La promotora busca financiación

El promotor califica la iniciativa urbanística como un “modelo de desarrollo basado en la diversificación de usos y actividades, con distintas líneas de negocio complementarias”: piscina, restaurantes, tienda para alquiler y venta de material deportivo, zona para impartir formación, recepción y vestuarios, zona de eventos, un “graderío natural”, aparcamiento público y privado, escenario al aire libre y alojamiento tipo 'glamping' (acampada con 'glamour') tipo bungalows. En el proyecto se definen como cabañas para entre dos y seis huéspedes.

El proyecto privado se registró oficialmente media hora antes de que comenzase el Debate de Orientación Política de finales de junio en el Parlamento de Cantabria, donde la presidenta María José Saénz de Buruaga lo anunció oficialmente. 

La promotora de la piscina de surf, Olucas Cantabria Sociedad de Responsabilidad Limitada, se constituyó hace poco más de un año, en mayo de 2025. La sociedad, que figura a nombre de Ignacio Martínez-Peñalver como socio único, se constituyó con el capital social mínimo de 3.000 euros e hizo una ampliación de 85.000 euros una semana antes de hacerse público el proyecto.

Respecto a la financiación del proyecto de la piscina de surf en Villverde de Pontones, el propio documento que registró oficialmente admite que se está buscando los 43 millones de euros que necesita, y reconoce que se están manteniendo contactos “con inversores privados de primer nivel” con experiencia en el sector turístico, inmobiliario y de ocio, si la movilización política y social no consigue evitarlo.

El Ágora Solidaria, Cultura y Memoria Luis Toca celebrará durante el mes de noviembre tres actividades centradas en la defensa de la educación pública, la violencia de género y la lucha contra el estigma asociado al VIH.

En un comunicado, la organización ha subrayado que la programación incluye charlas y encuentros con los que la entidad busca fomentar el debate social, la reflexión y la sensibilización ciudadana.

La primera cita tendrá lugar el jueves, 5 de noviembre, a las 19.30 horas, con la charla 'La lucha en defensa de la Educación Pública de Cantabria', a cargo de Diego San Gabriel, profesor de Geografía e Historia y miembro del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Cantabria (STEC).

La programación continuará el martes, 17 de noviembre, a las 18.00 horas, con la actividad 'Mujeres que transforman heridas en arte', organizada por la Asociación Consuelo Berges.

El ciclo concluirá el martes 24 de noviembre, a las 19.30 horas, con 'VIHda, Ilusión e Historia', una iniciativa de la Asociación Ciudadana Cántabra Antisida (ACCAS).

Las tres actividades se celebrarán en la sede del Ágora Solidaria, Cultura y Memoria Luis Toca, situada en la calle Juan XXIII, 22, de Santander.

La entrada será gratuita hasta completar aforo y los encuentros también podrán seguirse en directo a través de YouTube.

Los jardines de Piquío, sobre el mar Cantábrico, se inauguraron tras dos años de reformas con una malla de protección en las clásicas barandillas de forja que los rodean. La razón es que la normativa actual obliga a ciertas condiciones de seguridad. Por ello, el Ayuntamiento de Santander pidió al Gobierno de Cantabria que las declarase como Bien de Interés Cultural (BIC) para justificar su permanencia y que siguieran formando parte del paisaje singular de la zona evitando esa red de seguridad que compromete la estética, ya que no se requiere en esas circunstancias.

Dos meses después de la ceremonia de inauguración, Patrimonio acaba de pronunciarse con una decisión que va más allá de lo solicitado por la alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), para poder indultar las barandillas de este recinto. La Dirección General de Cultura y Patrimonio Histórico del Gobierno de Cantabria inicia el proceso para proteger todo el frente marítimo, desde la plaza de San Martín en Reina Victoria hasta el final de la segunda playa de El Sardinero.

Todo el paseo quedará blindado como Bien de Interés Cultural. Un BIC que se extiende por una superficie mucho mayor de la que pretendía el Ayuntamiento y que le obligará a garantizar la conservación no solo de las barandillas, sino de todos los elementos y espacios del recorrido: jardines, plazas, aceras, bancos, pérgolas, barandillas, así como Piquío, la plaza de las Brisas y el parque del alcalde González Mesones. El Boletín Oficial de Cantabria ha publicado este jueves la resolución.

La tramitación de este asunto se inició con polémica. El Gobierno desmintió públicamente al Ayuntamiento y aseguró que la propuesta de declarar BIC las barandillas de Piquío fue suya, no de la alcaldesa Gema Igual. Según la versión de la Consejería de Cultura, que ha dirigido hasta la semana pasada Luis Martínez Abad (PP), ellos fueron quienes plantearon un expediente de urgencia para proteger la barandilla que no se llegó a tramitar por desinterés municipal.

Tensión entre dos administraciones del PP

Lo curioso es que la tensión se produjo entre dos admistraciones gobernadas por el mismo partido, el PP. Además, en ese contexto, siete días antes de la inauguración de los jardines, Martínez Abad publicó un mensaje en Facebook sobre la alcaldesa: “El problema. querido amigo. es que no gobierna ni para unos ni para otros. No es capaz de hacerlo compatible porque solo gobierna para su ego”. Posteriormente lo borró y echó la culpa a un colaborador. Paradójicamente, ahora ambos -Igual y Martínez, alaldesa y exconsejero- forman pareja política como candidatos al Senado por Cantabria en las elecciones generales de noviembre.

La protección del BIC comprende el frente marítimo de El Sardinero integrado por playas, paseos, jardines, equipamientos históricos, miradores y espacios públicos “que conforman una imagen urbana unitaria de gran valor para la identidad de la ciudad de Santander”, argumenta el texto.

Esto incluye los elementos y espacios a lo largo de todo el recorrido -jardines, plazas, aceras, bancos, pérgolas y barandillas- así como el promontorio de Piquío, la plaza de las Brisas y el parque del alcalde González Mesones. La Dirección General de Cultura estima que aunque no todos los elementos de este espacio protegido son iguales, “mantiene una clara unidad paisajística y urbana, en gran medida vinculada a las actuaciones proyectadas por el arquitecto municipal Ramiro Saiz Martínez” que tiene su inicio en la plaza de San Martín y continúa hasta las playas de El Sardinero.

Patrimonio alude a la necesidad de proteger las barandillas originales de forja de Reina Victoria, la segunda playa de El Sardinero y de El Camello. Sobre éstas últimas aprecia textualmente: “actuaciones modernas como las desarrolladas en la zona de la playa de El Camello han supuesto la sustitución de las partes metálicas de la barandilla por un nuevo diseño distinto al de la barandilla original”. La baja calidad de la réplica que se instaló -en cuanto a materiales y a estética- ya había provocado polémica en la ciudad.

Raúl Ruiz (PRC) se convirtió en alcalde 24 horas después de presentarse el polémico proyecto Olucas en el Gobierno de Cantabria. Nunca se le olvidará su primer día, porque nada más tomar el bastón de mando tras la inhabilitación de su antecesor, Joaquín Arco, se encontró con un asunto que está resultando notablemente incómodo.

Ayer, medio pueblo -literalmente, porque había más de 200 personas de un censo de 470 vecinos- le afeó y le cuestionó su postura cuando menos tibia frente al proyecto de hacer una piscina de surf con alojamientos y restaurante en Villaverde de Pontones, que el Gobierno de Cantabria acaba de declarar de “interés público”, lo que provocará expropiaciones y recalificaciones del suelo rústico donde se pretende realizar.

No obstante, para el nuevo alcalde no ha sido ninguna sorpresa. En el Ayuntamiento ya conocían los pormernores de la inversión desde que hace un año, dado que sus promotores lo presentaron en el Ayuntamiento.

Inicialmente, al nuevo alcalde no le pareció mal. Reaccionó con bastante naturalidad y aceptación en sus primeras valoraciones y reconoció que la única preocupación son los recursos hídricos, ya que en verano hay restricciones de agua en algunos pueblos del municipio.

En cualquier caso, según aseguró, “nos han dicho que solo necesitarán una cantidad de agua semejante a dos piscinas del tamaño de las municipales, que recogerán agua de lluvia y que cuentan con un sistema de reciclado”, explicó en esos primeros momentos a elDiario.es.

Desde el Partido Regionalista de Cantabria, la diputada y candidata a la Presidencia, Paula Fernández, fue mucho más tajante. Dijo que el proyecto “huele a pelotazo” y rechazó la tramitación de un Proyecto Singular de Interés Regional (PSIR) “a la carta” para permitir su desarrollo en suelo rústico, cuando el interés público de la actuación es “muy cuestionable”. “Hay que mirar que sea beneficioso: si es bueno para Cantabria, es bueno para Ribamontán al Monte”, templó el alcalde del PRC.

El Ayuntamiento de Ribamontán al Monte ha mantenido una posición de distancia y silencio público desde que estalló la polémica por el PSIR (Plan Singular de Interés Regional) que impulsa el Gobierno de Cantabria para recalificar suelo rústico en Villaverde de Pontones para que un promotor privado instale un complejo deportivo y turístico con una piscina de olas de surf, en un municipio a siete kilómetros de las playas de Somo y Loredo.

Hasta que, dos días antes de la manifestación contra el proyecto impulsada por Cantabristas este sábado, ha convocado a los vecinos a una especie de asamblea abierta a la que inicialmente había invitado al promotor, en un ejercicio de mediación del que finalmente se ha desistido porque no se presentó. La iniciativa se interpretó como una maniobra inspirada desde el Ayuntamiento para tratar de atenuar la protesta del fin de semana.

El resultado final parece haber sido muy distinto. Los vecinos han acusado al alcalde regionalista de haber mentido y haber “ocultado información”, algo que él ha desmentido, y han exigido el compromiso de que se apoyen sus reivindicaciones. Es decir, el rechazo al PSIR que recalificará y expropiará además las parcelas de los que se han resistido a vender. Entre ellas, dos terrenos propiedad de la Junta Vecinal de Villaverde de Pontones que el alcalde pedáneo, César Bolívar, también presente en la mesa de la reunión, se ha comprometido a no vender al promotor del complejo turístico.

La presión de los vecinos ha hecho que finalmente los responsables municipales hayan tenido que pronunciarse. En el caso del alcalde su templanza hasta ahora contrastra con la posición contraria con reiteradas denuncias públicas que ha liderado su propio partido, el PRC, a nivel autonómico, con choques con el consejero de Fomento, Roberto Media, a cuenta de esta iniciativa que, desde el minuto uno, ya rechazaron y denunciaron como un “pelotazo urbanístico”.

La reunión de este miércoles forzó una postura del Ayuntamiento que parece haber tomado a regañadientes empujado por la presión vecinal. El siguiente paso es la manifestación del sábado 31 de octubre a partir de las 12.00 horas en el pueblo, organizada por Cantabristas, apoyada por ARCA y Ecologistas en Acción, en apoyo de los vecinos del municipio que cuentan con la solidaridad y el apoyo de otros colectivos sociales contra otros PSIR en diferentes puntos de la geografía de Cantabria.

El acto de campaña que ha protagonizado este miércoles en Santander el líder de Vox, Santiago Abascal, ha derivado en un cordón policial de la acampada por la vivienda que se sitúa desde hace cerca de un mes en la Plaza Porticada de la capital de Cantabria. La Policía Nacional ha rodeado este céntrico espacio público, donde se ubican cerca de treinta tiendas de campaña, durante el mitin que el dirigente de extrema derecha ha protagonizado a tan solo unos metros de distancia, junto a la grúa de piedra ubicada en el frente marítimo de la ciudad.

Según la Delegación del Gobierno en Cantabria, la fuerte presencia policial -con varios furgones y más de una docena de efectivos- se justifica porque había convocada una concentración antifascista en la propia plaza por la presencia de Abascal en la ciudad.

La organización de la acampada por una vivienda digna ha evitado pronunciarse sobre la situación, pero los testimonios particulares de las personas que les acompañan sí han denunciado que se les ha impedido abandonar la plaza, hasta que las fuerzas del orden público se han retirado tras finalizar el acto de Vox frente a los jardines de Pereda a tan solo unos metros de distancia en línea recta. Un mitin que ha reunido -según las estimaciones de la Policía Nacional- a medio millar de personas en un acto de precampaña que no se ha suspendido pese al luto nacional por el accidente ferroviario en Toledo.

De igual modo, otras personas presentes en la plaza han asegurado a elDiario.es que al intentar acercarse al mitin de Abascal han sido identificados por los agentes, que han llegado a revisar el contenido de sus teléfonos móviles, según dos testimonios recabados por este medio.

Por su parte, la Delegación del Gobierno no ha confirmado que los policias tuviesen orden de impedir a los acampados abandonar el recinto. Los agentes custodiaban todos los puntos de entrada y salida de la Plaza Porticada con dos furgones policiales.

En todo caso, no se han producido incidentes más allá de una persona con actitud retadora que portaba una bandera con la cruz de Borgoña -un símbolo reaccionario que se asocia con la ultraderecha- y otro hombre que entró en la plaza por uno de los puntos de acceso gritando consignas nazis “sin que la policía haya hecho nada”, apunta uno de los acampados.

Más tensión ha habido en el encuentro con los medios de comunicación convocado por Vox junto a la grúa de piedra de la capital cántabra, con gritos de “hijos de puta los periodistas”. Rodeados de los asistentes al mitin, los profesionales de la prensa han preguntado a Abascal -que estaba acompañado por los candidatos al Congreso y al Senado en la comunidad, Emilio del Valle y Laura Velasco- por la situación judicial de la portavoz del partido en el Parlamento de Cantabria, Leticia Díaz, investigada por las grabaciones a sus propios compañeros con un bolígrafo espía hallado en un despacho del grupo, y que también ha sido denunciada por acoso laboral a una trabajadora del su equipo en la Cámara.

“No sé ni de qué me está hablando y además me importa muy poco en el día de hoy”, ha respondido Abascal a preguntas de un periodista sobre la situación judicial de la diputada, informa la agencia Europa Press. “No conozco nada de lo que me habla y los jueces resolverán lo que crean que tienen que resolver”, ha remachado.

El Gobierno de Cantabria tramita la construcción de un aparcamiento para 27 autocaravanas sobre suelo rústico en el municipio de Cabezón de Liébana, en el entorno de los Picos de Europa.

El Boletín Oficial de Cantabria saca a información pública el expediente para autorizar el área de servicio en el pueblo de Vieda sobre suelo rústico, en unos terrenos llanos de pastos de más de 6.000 metros cuadrados de extensión que se pavimentarán de gravas y zahorra.

El proyecto, promovido por un vecino del pueblo, fue registrado en febrero en la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU). Las parcelas en las que se ubicará son de su propiedad y están rodeadas de instalaciones de turismo rural, según figura en la documentación.

La parcela se corresponde con una finca de aprovechamiento agrícola de pasto sin apenas vegetación arbórea y en su ficha catastral consta que tiene un uso agrícola. Tiene acceso a través de la carretera comarcal y, por el oeste, linda con el dominio público hidráulico del cauce del río Bullón.

El proyecto consiste en construir un área de autocaravanas para que puedan aparcar y recargar los depósitos de agua y vaciar las aguas grises y negras. Todas las plazas tienen una superficie mayor de 50 metros cuadrados y una longitud mínima de 12 metros.

El proyecto necesita el visto bueno de la CROTU para autorizar un nuevo uso del suelo. Su promotor justifica que ha observado el aumento de tránsito de autocaravanas en la comarca de Liébana “y la escasez de instalaciones para poder aparcar y ofertar los servicios necesarios para estos vehículos”. “Ante este aumento de turismo, decide destinar varias parcelas de su propiedad para albergar este uso”, argumenta la memoria.

Más proyectos en Oyambre y Liérganes

La Dirección General de Urbanismo del Gobierno de Cantabria también tramita la autorización para construir otro aparcamiento de autocaravanas en el Parque Natural de Oyambre, a pocos metros de la playa de Gerra, en San Vicente de la Barquera. Un proyecto sobre suelo rústico en el que un promotor particular invertirá 73.000 euros para un estacionamiento de 30 plazas, más otras 11 “en previsión”. El estacionamiento, al que se accede desde la carretera comarcal 236, se ubicará sobre dos parcelas contiguas que tienen una superficie conjunta de 28.924 metros cuadrados muy cerca de la playa lo que, en opinión de Ecologistas en Acción, que se opone al proyecto, “causará un gran impacto visual”, entre otras cuestiones. 

En paralelo, la Consejería de Turismo del Gobierno de Cantabria sacó a licitación la construcción de un aparcamiento de autocaravanas en Liérganes, con 27 plazas y una inversión cercana a los 600.000 euros del que finalmente desistió.

Un exjuez y un sargento de la Guardia Civil han denunciado en el programa Salvados las presiones que recibieron por investigar asuntos de corrupción urbanística en 'la Marbella del Norte', como se conoció popularmente al municipio cántabro de Castro Urdiales durante la etapa en la que se investigaron múltiples casos de corrupción urbanística. El exmagistrado Luis Acayro Sánchez, apartado de la carrera judicial, vincula esta circunstancia a su expulsión de la judicatura por una inhabilitación del Tribunal Supremo. Mientras, el responsable de la investigación policial desvela que le llegaron a quitar sin explicaciones un complemento de productividad y que sospecha que sus superiores avisaban a los investigados cuando se ordenaban registros domiciliarios.

El juez Acayro, inhabilitado por el Alto Tribunal para la carrera judicial durante diez años por prevaricación judicial tras instruir una veintena de casos de corrupción urbanística en Castro Urdiales que afectaban a políticos, empresarios y funcionarios con más de 40 condenados, asegura que ha pasado de confiar en la justicia a tenerle “miedo”. “Cuando investigas, te conviertes en alguien muy incómodo”, advirtió durante el programa que dirige Fernando González, 'Gonzo'.

Luis Acayro Sánchez ha dado su primera entrevista después de la sentencia que lo inhabilita para ejercer su profesión en el programa Salvados emitido este pasado domingo por La Sexta. En la entrevista, vinculó sus investigaciones sobre corrupción con los problemas que ha tenido con la justicia.

Tanto el magistrado como el entonces responsable de la investigación judicial de la Guardia Civil, José Ramón Pérez, desvelaron las presiones que sufrieron desde que empezaron a investigar los numerosos casos de corrupción en un municipio costero donde se estaba construyendo de manera acelerada en la etapa del ladrillazo. “Había promociones que directamente se construían sin licencia”, apuntó el magistrado.

Además, Acayro denunció las “presiones mediáticas” que –a su juicio– ha sufrido del periódico El Diario Montañés, en cuyo consejo de administración está el abogado del exalcalde de Castro Urdiales “que llevaba varios investigados”. En su opinión, daban pábulo a todas las quejas sobre su persona. “El caso era yo, la foto era la mía, el titular era mi nombre, muchos titulares sesgados”, explicó ante las cámaras de La Sexta. El investigador principal coincide: “Tanto a Acayro como a mí nos sacaban en El Diario Montañés una o dos veces: 'La Guardia Civil paraliza la obra de...'. Y salía yo en primera plana. 'El juez Acayro no sé qué' y salía Acayro con la niña”.

El sargento de la Guardia Civil explicó que se llegaron a hacer perfiles falsos de Acayro en las redes sociales con contenido pornográfico y reconoció que tuvo muchas dificultades para hacer su trabajo, a pesar de que cuando le preguntó al juez hasta dónde podía llegar, Acayro respondió: “Hasta el fondo”.

Al tiempo, confesó que “posiblemente” sus superiores avisaban a los investigados de los registros porque “nos estaban esperando”. También explicó que acabó por recomendar a Acayro que se fuese de Cantabria porque temía las consecuencias de aquellas presiones. “Yo de los jueces que conocí estando aquí a ninguno le hicieron nada de eso”, subrayó.

El juez relató cómo sus problemas empezaron cuando llegó a Castro Urdiales en 2007, cuando llevaba tres años ejerciendo. Durante ocho años instruyó numerosos casos de corrupción en un municipio. “Os falta la folclórica, si tenéis una folclórica nos sobrepasáis”, le dijeron a José Ramón Pérez los compañeros de la Guardia Civil en alusión a la operación 'Malaya' de Marbella.

La condena que acabaría apartándolo de la carrera judicial llegó en 2022, después de superar varias quejas y otro juicio anterior que ganó. Ha perdido su condición de magistrado después de una sentencia del Tribunal Supremo también polémica, como todo lo que le rodea. El Alto Tribunal ha doblado la pena de cinco años que le impuso en primera instancia el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) al considerar que solicitó información en perjuicio de un abogado sobre los contratos menores que mantenía con el Ayuntamiento de Castañeda, unos hechos que se produjeron en 2018.

El afectado, José María del Real, es un abogado vinculado a asuntos urbanísticos que ya había tenido contacto con el juez cuando instruía casos de corrupción en Castro Urdiales. El letrado se quejó al Colegio de Abogados de Cantabria, que inicialmente no atendió el caso. Pero tres años después cambiaron de opinión. Se desconoce qué motivo indujo a ello. La cuestión es que la institución colegial recuperó esa denuncia y Colegio y letrado presentaron conjuntamente una querella contra Luis Acayro Sánchez por prevaricación que ha provocado el fin de su carrera judicial.

El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria le impuso cinco años de inhabilitación por prevaricación judicial, Acayro recurrió al Supremo, que anuló aquella sentencia y dictó una nueva que duplicaba la pena: diez años sin poder ejercer como juez. Sucedió algo inesperado. La primera condena, según Acayro, era “contradictoria” porque consideraba que había cometido un delito doloso, a la vez que reconocía que era un error del juez. “Quitamos el error y mantenemos el dolo”, argumentó la nueva sentencia que redactó el Supremo. “¿Cómo se puede perjudicar a un abogado al que le das la razón?”, cuestionó en televisión, ya que la sentencia de Acayro fue favorable al querellante.

No obstante, la decisión del Supremo tuvo dos votos particulares contrarios a la condena. “No puedo confiar en un magistrado de la Sala Segunda del Supremo que cuando va a resolver un recurso de casación manipula los hechos probados para poder armar una sentencia condenatoria”, declara el afectado en la entrevista en 'Salvados'. “Esa es mi experiencia personal. Sería muy injusto decir de manera generalizada que no se puede confiar en la Justicia, pero tampoco sería justo decir que se puede confiar al cien por cien”, explicó.

El magistrado, que lleva casi cuatro años apartado de su actividad profesional, ha explicado que no puede ejercer como abogado por los antecedentes penales derivados de la condena y que tampoco dispone de un sueldo ni cobra el paro. Además, le reclaman ahora 100.000 euros de la prestación que cobró mensualmente durante los años que estuvo suspendido de empleo y sueldo. “Una prestación envenenada”, dijo, que ahora tiene que devolver con intereses a la administración.

Acayro, una vez que el Constitucional ha rechazado entrar en el proceso, ha llevado su caso al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. “Realmente están dando un toque de atención, sobre todo a los que vienen detrás”, concluyó el guardia civil durante el programa.

La Secretaría de Estado de Memoria Democrática del Gobierno de España ha declarado Lugar de Memoria Democrática el antiguo campo de concentración de La Magdalena en Santander ubicado en el recinto del Palacio que es actualmente la sede de los cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP). Una península cerrada con accesos controlados, de la que solo era posible escapar a nado.

Según motiva la resolución, fue además uno de los primeros campos de concentración establecidos por el franquismo y el más fotografiado, al servir de modelo para la creación de otros campos en toda España. “Desde sus primeros días, el régimen lo utilizó como herramienta de propaganda”, aduce el Ministerio.

La declaración de Lugar de Memoria Democrática se aplica concretamente al edificio en el que se ubicó el campo, las antiguas Caballerizas del Palacio de La Magdalena, se encuentra integrado en el Conjunto Patrimonial del Palacio de La Magdalena. Ahora, el Ministerio pondrá una placa o un panel memorial para su conocimiento público.

La decisión contrasta con el rechazo del Ayuntamiento de Santander, que había presentado alegaciones al expediente. Al anunciarse la tramitación, la alcaldesa Gema Igual (PP) consideró que “solo sirve para dividir a la sociedad” y “no aporta nada a la convivencia, ni al progreso de la ciudad ni al respeto institucional”. El Partido Popular de Cantabria pidió dar marcha atrás a una iniciativa que, a su juicio, “solo pretende ensalzar a unas víctimas y humillar a otras”.

Medidas de protección

La declaración establece que, por las circunstancias del bien, una construcción rehabilitada y en uso en un recinto abierto al público, no precisa de ninguna medida específica de protección. Pero la resolución sí implica medidas de difusión e interpretación “con una finalidad conmemorativa, de homenaje, didáctica y reparadora”, precisa el texto publicado en el BOE.

Así, el Ministerio impulsará la realización de recursos audiovisuales y digitales explicativos, promoverá la instalación de placas, paneles o distintivo memorial interpretativo, y también se señalizará como punto de reconocimiento de las víctimas. Además, el portal web de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática recogerá su geolocalización y una ficha con fotografías y audiovisuales.

Un espacio para concentrar a la población 'desafecta'

La resolución ministerial argumenta que en el conjunto patrimonial conocido históricamente como Palacio de La Magdalena se ubicó el antiguo campo de concentración de La Magdalena que el régimen franquista mantuvo en funcionamiento desde finales de agosto de 1937 hasta noviembre de 1939.

Desde los inicios de la Guerra de España, y a medida que las tropas franquistas avanzaban, el nuevo régimen comenzó a habilitar numerosos espacios destinados a concentrar y custodiar a la población considerada 'desafecta', explica la resolución.

En la justificación añade que al finalizar la guerra existían en todo el país 188 campos de reclusión, y uno de los más importantes -además de servir como modelo para el sistema de concentración franquista– fue el de La Magdalena. Con el derrumbe del Frente Norte, aislado del resto de la zona republicana y sin posibilidad de huida hacia Francia, el mar se convirtió en la única vía de escape. Miles de combatientes republicanos derrotados quedaron atrapados en Cantabria, y la magnitud de las rendiciones –unos 50.000 soldados solo en la provincia– desbordó la capacidad de las fuerzas franquistas.

Ante esta situación, explica la resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado, las autoridades improvisaron lugares de internamiento en todos los grandes recintos disponibles de la capital. El campo de concentración de La Magdalena se instaló en las Caballerizas del Palacio. Una cuestión que le sirvió al Ayuntamiento de Santander para alegar que la declaración de Lugar de Memoria debe dejar exento al Palacio que es eje del recinto y que se utiliza para eventos sociales porque dicho edificio podría vincularse “a valores erróneos como la persecución ideológica o la represión”.

Llegó a albergar a 1.600 prisioneros

Aunque su capacidad máxima del campo de concentración era de 600 prisioneros, llegó a albergar más de 1.600, según los cálculos oficiales. La Secretaría de Estado también aporta que hay un documento conservado en el Archivo General Militar de Ávila que detalla las rutinas diarias impuestas a los reclusos: realizar el saludo fascista al cruzarse con los mandos, cantar el 'Cara al Sol', asistir a misa y participar en actividades destinadas a fomentar el llamado 'espíritu español'.

La motivación ministerial relata también las condiciones de vida “extremadamente duras”: los presos sufrían hambre, frío, hacinamiento y enfermedades como el tifus, la sarna o la tuberculosis. La mortalidad era alta, y los testimonios apuntan a que muchos cadáveres eran abandonados en la orilla del mar para que las corrientes se los llevaran; otros, posiblemente, fueron ejecutados en el propio recinto, argumenta el escrito oficial.

El Ministerio considera que el campo de La Magdalena cumplió una función estratégica: tras la caída de Euskadi, se convirtió en el principal espacio de internamiento para sospechosos políticos y militares republicanos, en muchos casos sin juicio ni garantías. Los prisioneros podían permanecer meses detenidos antes de ser interrogados, y muchos morían antes de que llegara ese momento.

La Dirección General de Cultura y Patrimonio Histórico del Gobierno de Cantabria ha sacado a información pública el expediente para declarar la finca de Gerramolino, en Comillas, como Bien de Interés Cultural con la categoría de Lugar Cultural Jardín Histórico.

El expediente podrá consultarse durante un mes, con cita previa en el servicio de Patrimonio Cultural de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte.

Gerramolino es una finca, con edificación y jardín, ubicada en el entorno de la ría de La Rabia, en el Parque de la Naturaleza de Oyambre, a menos de dos kilómetros del centro de Comillas. No se sabe exactamente cuándo se construyó aunque una fotografía de 1880 ya muestra la casa terminada.

La importancia reside en su jardín botánico, donde aún conviven múltiples especies exóticas, lo que incrementa el valor de esta finca. Un vergel de estilo inglés con evocación romántica que aloja una villa de aires victorianos con cierta inspiración oriental, muy poco común al tradicional patrimonio arquitectónico cántabro. Su original diseño se atribuye a un arquitecto anglo-indio amigo de los Woods que utilizó materiales importados de Inglaterra, entre ellos una chimenea Adam y una escalera de roble.

El recinto fue construido a finales del siglo XIX por un matrimonio inglés -James Pontifex-Woods (Southwark, Londres 1834-Comillas 1912) y su esposa Charlotte Goodrich (1851-1932)- figuras ligadas a la historia industrial, científica y paisajística de Cantabria, que recrearon su particular cottage en uno de los lugares más emblemáticos de la comunidad.

La Finca de Gerramolino adoptó el modelo de jardín paisajista inglés. Es el primer ejemplo en Cantabria al que se sumaron otros espacios en el parque de Sobrellano en Comillas (1883-1893), el Palacio de los Hornillos de Fraguas (1897-1904) y el Palacio de La Magdalena de Santander (1909-1911), todos con una fuerte impronta anglosajona.

Vanesa Almeida (Vitoria, 1978) se ha pasado la vida haciendo terapia, desde los ocho años. Pedía ayuda, pero el profesional que tenía delante nunca vio lo que la pasaba. “Me he pasado 40 años pensando que el problema era yo”, explica. La campeona del mundo de vela, tres veces campeona de España y entrenadora del equipo Paralímpico Español de Vela utilizaba el deporte como una vía de escape pero a la vez vivió sus éxitos deportivos como un “martirio”. Viviendo ya en Santander, a los 40 años, casi por casualidad, una psicóloga puso nombre a lo que le pasaba: “Oye, Vane, me parece que eres autista”.

El diagnóstico cayó como una losa, pero tras cuatro años de terapia ha emprendido la misión épica de poner voz al autismo. Decidió escribir el libro 'No somos el problema' cuando una mujer, llorando, se acercó a ella en un acto y le dijo: “Yo quiero entender a mi nieta”. La publicación, que presentó en octubre en el Ministerio de Juventud e Infancia, aspira a cambiar la mirada: “Hay mucha información sobre autismo pero hay muy poca comprensión”. Ahora sube montañas con el proyecto 8.000 sin barreras, un proyecto de alpinismo deportivo y emocional.

El autismo en cierto modo es responsable de que usted se inclinase por el deporte, ¿qué suponía para usted?

Mis padres fueron esquiadores. Yo he sido una niña esquiadora hasta los nueve años que apareció la vela. Yo he hecho deporte porque es lo único que me hacía estar bien. Lo recomiendo a toda la sociedad general, con salir a andar y sudar un poquito, ir en bicicleta o nadar ya es suficiente. No hace falta hacer todo lo que yo hago que soy deportista y me siento bien haciendo deporte fuerte. Yo llegué a los 40 con dificultades. Siempre se me ha visto el éxito, pero hay un precio por todo eso para una autista sin mapa. Solo una palabra que define todo eso: sufrimiento. Yo pensaba: bueno, esto es el precio de vivir porque como naces así y eres así no tienes un punto de inflexión. Pero no es el precio de vivir, es el precio de vivir sin mapa. Yo he estado en terapia desde los ocho años, buscando ayuda.

Una deportista de élite mundial descubre un día que tiene autismo con 40 años ¿cómo llegó a ese diagnóstico?

En mi caso el diagnóstico ha sido cuestión de suerte, me encontré en Santander con una psicóloga especialista en autismo y ella me lo vio. Me mandaron a Salamanca, a Infoautismo, con Ricardo Canal, un investigador con una trayectoria de 40 años que también es de Santander. Me hizo las pruebas y lo confirmó. Te tienen que ver especialistas. El otro día leí un mensaje en las redes: “ya están con esta gaita”. Vamos a estar con esta gaita hasta que sea himno nacional. También escucho “esto de las etiquetas es una moda”, porque tú no has vivido esto o no has estado 40 fustigándote pensando 'yo soy el problema'. Yo he tenido apoyos, pero también escribo para la gente que nos lo ha tenido. Las personas con autismo tenemos cinco veces más de riesgo de muerte por suicidio. Si vives con una ansiedad basal vas a tener más problemas.

La palabra autismo me cayó como una losa, he necesitado cuatro años de terapia. Duelo, rabia. Terrible. Pensé que no iba a salir de ahí

Cuando mi psicóloga me dijo: “Oye, Vane, yo creo que eres autista”, yo le dije: “no, esos son los que están delante de una pared balanceándose”. El estereotipo, lo que la sociedad nos muestra. Me fui a casa y empecé a leer cosas en el móvil hasta que llegué a la web de una chica autista. En cuanto leí cómo colapsaba, me reconocí. Fue un alivio, pero la palabra autismo me cayó como una losa, he necesitado cuatro años de terapia. Duelo, rabia. Terrible. Pensé que no iba a salir de ahí. Pero he aceptado mi condición, mi camino. He tenido que perdonar y me he tenido que perdonar a mí misma. Es un proceso que no se puede hacer sin ayuda.

En su caso, el autismo le permite comunicarse, llevar una vida normal, pero no siempre es el caso.

Lo que pido a los niveles uno de autismo, como yo, es que tenemos que hablar. Intentar dar soluciones porque hay un 30% que no habla. No tienen voz y nosotros tenemos que aportar para poder ayudar a mucha gente. Se cree que actualmente una de cada cien personas es autista. Cada día nacen 12 niños autistas, doce familias que todavía no saben lo que les viene. Nosotros tenemos lo que llamo honestidad radical, la justicia del autista. Cuando vemos algo que no está bien, nos duele en el cuerpo, el sistema nervioso puede colapsar. Greta Thunberg es un caso de honestidad radical, dice las cosas sin ningún tipo de filtro. Yo soy más estratega porque ya tengo otra edad, pero con 20 años era como ella, iba a cuchillo.

Usted dice que ha pasado años sintiendo que no encajaba, ¿en qué sentido? ¿Cómo percibía esa diferencia?

Todos tenemos un cerebro diferente. En el 80% de la población es un cerebro neurotípico. Significa que es mayoritario. No que sea mejor o peor. Pero el sistema está hecho para ese 80%. El 20% somos los neurodivergentes, podemos ser autistas, TDH, altas capacidades. Hay una serie de trastornos a veces son clínicos y a veces no. En el neurotípico el sistema mayoritario es la comunicación directa, tiene una serie de formas de funcionar, de aprendizaje en los colegios, un funcionamiento a nivel laboral que para nosotros es el salvaje oeste, es muy duro, porque nosotros nos comunicamos de una forma diferente, tenemos una forma diferente de procesar la información. Necesitamos mucha estructura y mucha anticipación, llevamos mal la incertidumbre. Ese sistema no está hecho para nosotros, se tiene que adaptar, se tiene que hacer accesible. A una persona con silla de ruedas no le pones unas escaleras para subir, le haces una rampa. A los cerebros que somos diferentes nos tienen que hacer accesible ese sistema mayoritario.

¿El sistema está preparado, hay profesionales especializados en autismo?

En general el sistema es violento: se les medica, se les ingresa. Conozco el caso de un joven que está diagnosticado de otra cosa y medicado. Eso pasa. Pides ayuda al sistema porque estás mal y si no tienes la suerte de que haya alguien especializado en autismo te empiezan a medicar y te pueden destrozar.

Necesitamos mucha estructura y mucha anticipación, llevamos mal la incertidumbre. Ese sistema no está hecho para nosotros, se tiene que adaptar

¿Cómo les afectan las emociones o las situaciones cotidianas?

Todo ser humano colapsa. Te levantas, has dormido mal, discutes con tu pareja... ¿Qué ocurre con los neurotípicos con esa explosión emocional del sistema nervioso? Que explotan, se relajan y continúan. En el autismo el colapso es diferente. Nosotros colapsamos más rápido porque los estímulos que hay nos afectan más y cuando llegamos a un punto de ruptura nuestro cerebro empieza a funcionar diferente. Es un vaso que se va llenando gota a gota. La etiqueta que me roza, un ruido. Cada uno tiene unas criptonitas. Parece que cada gota no ocupa espacio, pero lo ocupa.

En un punto, el colapso se acelera y ya no me puedo organizar, me falla el sistema de planificación. Los estímulos externos se intensifican y entonces peto. Pero me afecta más que a los neurotípicos y necesito un periodo de recuperación. Yo me suelo meter en la cama -da igual la hora del día que sea- a oscuras, en silencio y quieta. Hay veces que viene mi hija y se pone a mi lado. Necesito media hora para recargar. Hay gente que se mete en la bañera, en el armario, donde haga falta.

Hay mucha información sobre autismo pero hay muy poca comprensión. La gente lo ve desde fuera y hace sus cábalas

Se necesitan tres cosas: tiempo, estímulos cero y quietud. Yo no me tiro al suelo ni me tapo los oídos. Todos hemos visto esa estampa en un aeropuerto o en cualquier otro sitio. Hay que entender que eso es un sistema nervioso sobreviviendo con los recursos que tiene. Yo he estado en tutorías en el colegio de mi hijo con mi marido en las que he entrado en colapso. Se me agota la batería y me tengo que ir a casa a descansar. Yo tengo otro tipo de recursos. Si se cambia la mirada a base de testimonios empezaremos a juzgar menos.

¿Por qué ha decidido narrar su historia?

Hay mucha información sobre autismo pero hay muy poca comprensión. La gente lo ve desde fuera y hace sus cábalas y definiciones y eso a una familia no le vale, a un profesor tampoco, ni a un pediatra. Es un libro que tiende un puente desde la ciencia, he hecho el camino contrario con metáforas y ejemplos universales explicándolo de tal manera que cualquier persona puede comprenderlo. Eso es este libro. Los expertos dicen que va a ser un antes y después en la comprensión del autismo. Es algo potente, no es solo contar mi historia, y por eso sale de un Ministerio y le quiero hacer andar para que llegue a todo el mundo. Con mi proyecto 8.000 sin barreras me han hecho cientos de entrevistas y me he dado cuenta de que no me comprenden, que no se entiende cómo una persona con autismo puede ganar un campeonato del mundo.

¿Tenemos una imagen del autismo adulterada por los tópicos, como una persona que no puede comunicarse?

Le llaman espectro autista porque todos somos diferentes, cada uno tiene sus dificultades, sus fortalezas y sus necesidades de apoyo. Vengo a romper la baraja. Yo monté este proyecto porque me pillé un cabreo monumental cuando me lo detectaron hace cinco años. ¿Cómo es posible que nadie lo haya visto? Que he pasado por el sistema educativo, universitario, la alta competición... Sí que es cierto que no cumplo el estereotipo de que no mira a los ojos, no tiene amigos, no se comunica. Yo soy autista y rompo todo eso.

El autismo está muy estigmatizado y hay personas que no reconocen que lo tienen porque pueden hasta perder el trabajo

Además, usted sostiene que el autismo está mucho menos diagnosticado en las mujeres.

Hay un porcentaje muy alto en mujeres que pasan desapercibidas porque nos han enseñado a no molestar, entonces siempre nos tapamos. Es el enmascaramiento. Yo siempre me he tapado todas mis cosas. No soy ningún problema, pero me he pasado cuarenta años pensando que el problema era yo. El problema es un entorno que no comprende. No hay nada que arreglar ni curar. El cerebro es diferente. Punto. No hay más. Yo he sido deportista de alto nivel, he hecho podiums... nadie iba a mirar hacia mí, yo ahora lo entiendo. Pero el autismo está en todas partes, en el deporte de élite, en los hospitales —hay médicos y enfermeros que tienen autismo y no lo van a decir— o profesores, que no se atreven a decirlo porque el autismo está muy estigmatizado y hay personas que no reconocen que lo tienen porque pueden hasta perder el trabajo.

¿En qué momento decide escribir el libro? ¿Cuál fue el detonante?

Este libro nace porque di una charla en Tajahierro al volver del Himalaya. Una señora mayor se me acercó llorando y me dijo: “yo quiero entender a mi nieta, ¿tú podrías escribir un libro?”. Fue tan fuerte, tan doloroso y tan humano. Yo no he escrito nunca un libro pero voy a intentarlo, le dije. Mientras escribía no estaba escribiendo solo para ella, sino para todas las madres que no comprenden. Luego, nosotros vivimos en una sociedad en la que bien o mal este libro se va a poder comprar, pero en países sin recursos no. Ahora estoy haciendo un proyecto con la Universidad de Burgos para poder mandar ejemplares a madres que nunca van a poder comprar este libro o que necesitan seis meses de ahorro para ello. Yo quiero que este libro viaje porque aquí solo hay sufrimiento, este sistema nos machaca. No solo yo, está saliendo mucha gente. Pido que se detecte lo antes posible, porque así te construyes la identidad en función de quien eres no estás toda la vida pensando soy yo el problema, ellos pueden y yo no.

¿En qué consiste su proyecto 8.000 sin barreras?

Es muy ambicioso, pretendo provocar un cambio de mirada. El reto deportivo de intentar hacer un ascenso en 8.000 me ha dado una cobertura mediática que no me podía imaginar, mucho más que cuando fui campeona del mundo de vela. Gusta mucho mi historia, tengo un equipo de científicos que me está ayudando porque vengo de la alta competición. Me busqué un entrenador mental, un escalador profesional, un equipo de nutricionistas, un preparador físico especializado en altura. Hice un intento, la montaña no me dejó y tengo previsto otro intento en primavera del 28. Pero esto es para abrir camino y conversación, para ver que una persona con autismo puede hacer de todo, que el diagnóstico no es una sentencia.

Los objetivos que tuve de ir a los juegos olímpicos de Sídney 2000 o de ser jefa de equipo han sido un martirio. Esos proyectos no les he disfrutado. Ahora me he vuelto a sentir deportista y es cuando más feliz soy. Además, no hay ni una investigación científica de una mujer alpinista -de hombres, muchísimas- así que estamos recogiendo los datos para que ayuden luego a otras mujeres a hacer ascensos.

¿Tiene más proyectos vinculados con el autismo?

Esta es la primera pieza divulgativa, el reto de los 8.000. He escrito un cuento sobre mi experiencia deportiva y vital y ahí un niño se puede reconocer. Se acompaña de una guía didáctica con la que el profesor puede trabajar en el aula ante la sospecha de que un niño tiene autismo. No es un diagnóstico, pero puede ver cosas. Se titula 'La niña sin frenos'. Hay otro libro que se llama 'Vivir sin mapa', qué explica qué ha pasado para que te llegue el diagnóstico en la edad adulta que he ido documentando estos cuatro años y es un proceso muy profundo a nivel emocional y psicológico en el que se va a reconocer mucha gente y va a ayudar a psicólogos a hacer el acompañamiento de esto. El cuarto, todavía está en preparación, se llama 'El colapso autista'. Quiero que ese libro siga otro camino, que pase una auditoría científica externa. Quiero dejar ese legado al autismo. Si el colapso autista deja de ser un misterio, puede ser acompañado.

Dentro de Almudena Suárez conviven dos identidades en una fértil armonía. La científica, catedrática de Teoría de la Señal y Comunicaciones en la Universidad de Cantabria, con dos doctorados, y la literaria. La autora de tres novelas que ha publicado El Desvelo. En la última, Llamada en espera, narra cómo una mujer desanda el camino para volver al pasado, al origen. No para reescribirlo, sino para volverlo a leer, para explorar los huecos que pasaron desapercibidos. Suárez ha escrito una novela de intriga donde el duelo se convierte en obsesión con un punto de partida perturbador: una mujer se queda a la puerta del aeropuerto con las maletas esperando que su pareja aparque. Él no regresa nunca. Una ausencia que no consigue entender, “que le provoca una discontinuidad”, explica la propia autora santanderina.

En su trayectoria se distinguen dos identidades: la escritora y la científica, experta en ingeniería eléctrica. ¿Desde cuándo se llevan tan bien las ciencias y las letras? Esa dualidad que se proyecta en el personaje de la mujer que analiza o padece el duelo con mentalidad científica...

La protagonista de la novela es muy racional y, sin embargo, no sabe cómo incorporar a su vida la idea de la muerte, porque ella no se ha enfrentado a ninguna antes que esa. Esa discontinuidad que en un momento algo que formaba parte de su vida desaparece le cuesta mucho cuestionar sin algo que para ella era fundamental, como una especie de segunda voz que tenía siempre a su lado. Esa discontinuidad, los cambios que produce y el hecho de que no hay vuelta atrás, lo procesa muy mal a pesar de su profesión, que debería ayudarle a comprenderlo. Pero no sabe enfrentar esos sentimientos.

Otra de las cuestiones sobre las que invita a reflexionar el libro es cómo una misma persona puede ser absolutamente diferente en su forma de ser con su pareja o en el trabajo. ¿Cree que todos tenemos esas versiones a veces contradictorias de nosotros mismos? ¿Somos varias personas a la vez?

Sí, desde luego. De alguna manera nuestra personalidad se ve muy afectada por el interlocutor, por la persona con la que nos encontramos. Hay una retroalimentación y dependiendo de con quién estemos surgen partes de nuestra personalidad diferentes. Cambiando de entorno la personalidad no va a cambiar de todo, pero va a tener una especie de modulación. De hecho, la propia protagonista reconoce que eso también lo había percibido, pero no le había dado importancia. En su relación del día a día eso no ocupaba mucho espacio y se revela más a través de lo que va hablando con diferentes personas. Él no es que lo hubiera ocultado, pero ella de alguna manera había velado esas connotaciones de su personalidad.

Su tercer libro, Llamada en espera, es un thriller psicológico desde la mirada femenina de su protagonista que va reescribiendo algo que en principio parece inalterable, que es el pasado. ¿Tiene alguna lectura o alguna relación con la necesidad de poner en cuestión la historia, lo que a veces nos han contado como una versión oficial, como el caso de la memoria histórica?

Ella le encuentra a él por una casualidad y quiere olvidar toda su vida con él como una forma de enfrentarse a la ausencia. Intenta saber qué hubiera pasado con la trayectoria que llevaba de no haberse producido esa perturbación del camino que llevaba en su vida. Intenta volver ahí, continuar desde el mismo punto y ver qué evolución hubiera tenido.

La muerte está muy presente en su narrativa, en las tres novelas que ha editado con El Desvelo, ¿por qué siempre es el eje de sus argumentos?

La interrupción en la vida que supone la muerte genera muchas preguntas. Hay cantidad de interrogantes porque son diálogos que se interrumpen para siempre y quedan cuestiones por responder, que quizá no se nos ocurren en el momento en que vivía esa persona, pero que después producen grandes dudas. No puede haber nada más fuerte que el final de la vida de alguien que nos es próximo. La muerte puede cambiar la perspectiva que teníamos sobre esa persona que falta porque nos cuestionamos cosas y hay preguntas sin responder. En sí misma la muerte genera misterio, interrogantes. Genera dudas acerca, incluso, de nosotros mismos, del papel que tuvimos en la vida de esa persona. Es un activador muy fuerte.

Hay algo que refleja también de manera inquietante: cuando el rostro de las personas que han muerto se empieza a desdibujar y se recurre a mirar las fotografías para que se conserve nítido. ¿Qué sentido tiene para la protagonista?

Es un problema. Ese alguien ocupa todo su pensamiento y no puede recordar su cara, no la puede visualizar. No sé por qué sucede, pero a mí misma me pasa con personas que veo todos los días e intento recordar su cara y me resulta imposible. En cambio, otras que he visto muy de cuando en cuando las recuerdo con perfecta nitidez. Eso sí que puede suceder. Alguien para quien esa ausencia ocupa tanto espacio tiene que ser algo muy inquietante y perturbador. Le recuerda de otras maneras, pero no puede visualizarle la mayoría de las veces.

'Llamada en espera' habla de algo cotidiano, que es la muerte, desde el punto de vista de un complejo duelo interior. Retrata muy bien cómo enseguida todas las personas cercanas ofrecen la misma receta: la vida sigue, hay que pasar página ¿hay cierta urgencia en la sociedad por minimizar la importancia del duelo? ¿Hay cierta presión para que recuperarnos de inmediato aunque sea a base de pastillas que no nos hagan sufrir? ¿Qué relación estamos teniendo como sociedad con la muerte?

El planteamiento es que debe superarse, que tiene sus etapas y que al cabo de un tiempo queda ahí, aunque va a doler siempre, y la vida continúa. Yo me preguntaba qué pasa si eso se extiende muchísimo más de lo que estaba previsto. Las etapas puede que estén ahí pero no son tan dinámicas ni están tan bien organizadas como sugiere la psicología tradicional. En el caso de la protagonista se prolonga bastante más y ella misma busca sus propias soluciones -que no encuentra en los consejos de los demás- y lo hace de formas bastante drásticas.

¿Su mirada científica está presente en la forma en la que abordas la literatura?

La parte científica tiene una parte de escritura muy importante porque no vale solo con haber encontrado algo nuevo, sino que esa novedad hay que exponerla, se tiene que escribir y tiene que llegar a un lector. Hay que comunicarla de la manera más eficaz posible, hay que llegar a alguien que lo está leyendo a quien no conoces. Esa idea se tiene que trasmitir con coherencia, bien organizado e incluso expuesto de manera que, aunque sea algo científico, genere una cierta intriga que haga que el lector llegue hasta el final. Desde ese punto de vista, en la literatura se trasmiten otras cosas, otro tipo de acción, hay sentimientos, psicología, diálogos, conversaciones, pero esa comunicación entre el escritor y el lector desconocido es lo primordial. Creo que en ambos ámbitos es igual. Después hay aspectos como la coherencia, la causa-efecto, la eficacia... es decir, que no sobre nada y que tampoco falte. En la escritura científica es muy importante que nada puede estar de más y nada puede faltar. Mi aproximación a la literatura es parecida. Intento que la personalidad de los personajes se pueda intuir con acciones relativamente pequeñas porque en la vida nos formamos una opinión de una persona a partir de un gesto, no hace falta exponer ni indagar mucho. Intento que la literatura sea eficaz y, por otro lado, no es esquemática, porque no hay manera de trasmitir un espacio, un ambiente, si no hay una literatura evocadora o sugerente. No sé si lo logro, pero es el objetivo que tengo a la hora de escribir.

¿Qué supone para usted la literatura? ¿Una forma de evasión de su actividad científica o un compromiso más intenso?

Es una evasión en la que las reglas son otras, me salgo de la rigidez que puede tener la parte de investigación, más matemática. Me resulta muy entretenido, me gusta mucho y prácticamente todos los días dedico algo de tiempo porque de lo contrario la continuidad de la novela es casi imposible. Lo que hago mucho es reescribir porque hay muchas cosas que no se establecen relaciones entre ellas hasta que se vuelve a leer, y algo que parecía que no tenía función cuando ya está escrito el final se puede conectar. Al menos en mi caso se establecen muchas conexiones a través de la relectura de lo que escribo.

¿Cuándo empezó a escribir?

Prácticamente desde siempre, pero no me animé a publicar nada hasta hace unos con la primera de las tres novelas que publicó El Desvelo. No sé por qué esa me pareció que igual se podía publicar, pero llevo escribiendo desde los 18 años.

¿Cómo fue el paso de salir de la intimidad narrativa en la que habitaba y publicar sus novelas?

La actividad de escribir es muy solitaria y ahora puedo escuchar a la otra parte. El poder escuchar comentarios sobre la historia y los personajes me gustó mucho porque dejó de ser unilateral para entrar en la bilateralidad.

¿Qué lecturas le han conducido a ser escritora?

Los clásicos del XIX y principios del XX. Me gustaba entender por qué habían perdurado, por qué no son novelas que hayan tenido una vigencia corta, sino que llegan hasta hoy y están en cualquier librería. Soy un poco obsesiva así que con cada autor que escogía leía prácticamente la totalidad de Galdós, Balzac, Zola, Tolstói, Flaubert, Henry James. Me han gustado mucho Thomas Mann y Joseph Roth. De los franceses, Maupassant. Mi impresión es que conseguían generar una tensión, una intriga y los diálogos una fuerza, una intensidad que, en muchas de esas obras, te tienen pegado a la lectura y por eso han perdurado. El ser humano es el mismo, cambian las circunstancias, los tiempos, pero las formas de reaccionar, el egoísmo y la generosidad, las actitudes... todo está en esas obras.

De hecho, su novela habla de dos temas fundamentales, el amor y la muerte, que están muy presentes en la literatura universal.

La muerte produce una ruptura total, es una discontinuidad, un golpe, un final. Un precipicio en mitad del camino. Muy difícil ver cómo atravesarlo. Incluso la vida y su final es difícil de entender en sí misma. Plantea incógnitas y para la narrativa muchas posibilidades de interpretación porque hay muchas reacciones posibles.

Luis Acayro Sánchez, el juez que instruyó 20 casos de corrupción urbanística en Cantabria antes de ser inhabilitado por el Tribunal Supremo, protagoniza el programa Salvados que se emitirá este domingo 25 de octubre a las 21.30 horas en La Sexta.

Bajo el epígrafe 'Acayro, el juez juzgado', el programa que presenta el periodista Fernando González, conocido como Gonzo, indaga en las circunstancias que rodean la inhabilitación del magistrado tras una carrera profesional en los juzgados de Cantabria.

Acayro concede la primera entrevista desde que fue apartado de la carrera judicial y lo hace en un programa de televisión nacional de máxima audiencia. “Creo que me condenaron de una manera muy difícil de justificar en derecho”, dice en las imágenes de promoción.

“Luchó contra la corrupción urbanística y logró decenas de imputaciones. Pero también se ganó enemigos”, promociona el programa. “¿Confías en la justicia?”, le pregunta Gonzo. “Creo que sería muy injusto decir que no se puede confiar en la justicia, pero tampoco sería justo decir que se puede confiar al cien por cien en la justicia porque en ocasiones la justicia da confianza y en ocasiones da miedo”, declara Acayro en un avance de la entrevista difundido en redes sociales.

Luis Acayro Sánchez Lázaro (La Laguna, 1976) llegó a Cantabria con 30 años y cinco de experiencia como juez. Tramitó 24.000 asuntos en cuatro años. “En el 99,9 por ciento no tuve ningún problema, pero las 20 causas de corrupción me supusieron que perdí la cuenta cuando llegaron a 30 expedientes disciplinarios y diligencias informativas, y cinco querellas”, explicó en una ocasión.

19 años después perdió su condición de magistrado después de una sentencia del Tribunal Supremo. El Alto Tribunal dobló la pena de cinco años que le impuso en primera instancia el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) al considerar que solicitó información en perjuicio de un abogado sobre los contratos menores que mantenía con el Ayuntamiento de Castañeda, unos hechos que se produjeron en 2018.

El letrado se quejó al Colegio de Abogados de Cantabria, que inicialmente no atendió el caso. Pero tres años después cambiaron de opinión: la institución colegial recuperó esa denuncia y Colegio y letrado presentaron conjuntamente una querella contra Acayro Sánchez por prevaricación que ha provocado el fin de su carrera judicial.

No obstante, el veredicto del Supremo generó polémica en los estamentos judiciales. La decisión se tomó por tres votos contra dos. Los tres magistrados favorables a la condena fueron el magistrado y exsenador del Partido Popular Vicente Magro, Ana María Ferrer y Andrés Martínez Arrieta. Otros dos, Antonio del Moral y Leopoldo Puente, emitieron votos particulares que defendían su absolución.

Pero en sus argumentos fueron más allá: consideraron que no se pueden manipular o retorcer los hechos probados. Menos aún –según precisaron– en perjuicio del acusado, sin presenciar la prueba ni haber visto la grabación del juicio, lo que supone un cierto tirón de orejas a la opinión de sus compañeros de toga: “La mayoría introduce en su razonamiento algún salto acrobático alterando la apreciación probatoria”, escriben textualmente en las motivaciones de su voto contrario a la sentencia contra Acayro que desarrollan a lo largo de 15 folios.

Un grupo de deportistas ha convocado una concentración para defender las pistas de tenis públicas del Complejo de Deportes Ruth Beitia que el Ayuntamiento de Santander cede a entidades privadas para entrenar y dar clases particulares.

La convocatoria tendrá lugar este sábado 24 de octubre a las 11.30 horas en la Plaza del Ayuntamiento bajo el lema 'Defendamos las pistas de tenis públicas de Santander'.

Los convocantes reivindican que las pistas de tenis del Instituto Municipal de Deportes (IMD) se mantengan en buen estado y protestan porque las están utilizando clubes privados “con el consentimiento del Ayuntamiento de Santander, que además les concede privilegios sin amparo normativo”, advierte la convocatoria.

A ello, añaden un tercer motivo: que el Consistorio “hace oídos sordos” a sus quejas formales, sugerencias y peticiones de información. Por ello, animan a sumarse a la protesta con una raqueta y una pancarta reivindicativa “para defender unas instalaciones que son de todos”. “Esto no va de colores políticos, esto va de tenis y la defensa de lo público”, subraya el cartel de la convocatoria.

El Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Santander liderado por el PP permite a dos clubes privados que utilicen las pistas de tenis públicas del Complejo de Deportes Ruth Beitia para entrenar y dar clases particulares. Un asunto que trascendió a raiz de la petición de información que hizo un grupo de usuarios de las pistas de tenis que observaron que algunas estaban generalmente bloqueadas en horario de mayor afluencia.

Por ello, denunciaron el asunto al Consejo de Transparencia nacional que ha obligado al Ayuntamiento a responder, confimando que sí se alquilan las pistas de tenis públicas para usos privados a la Real Sociedad de Tenis La Magdalena -conocido como el Tenis- y al Club Alpha Tenis Player que, pese a estar ubicado en la localidad de Los Corrales de Buelna, también utiliza las instalaciones públicas de Santander para sus actividades privadas.