El último número del periódico El Impulsor publicó una ilustración de un obispo con un trabuco en la mano. “Quién me iba a decir que después de tantas hostias como he dado me iba a liar a tiros”, decía la viñeta. Fue el domingo 28 de marzo de 1937. La crítica se consideró tan excesiva que el gobernador republicano, Juan Ruiz Olazarán, ordenó su cierre por los “excesos” de la redacción y consideró que para defender a la República no hacía falta tanto ardor y que la guerra “también se hace en las trincheras”. Así que ordenó movilizar a dos responsables de la Redacción.

Así lo recoge el escritor José Ramón Sáiz en un libro que repasa la historia de esta publicación. Sucedió en abril. Dos meses antes de que en junio del 37 se cerrasen todos los periódicos de la provincia por la escasez de papel.

Durante 64 años Torrelavega tuvo su propio periódico, del que solo existe una colección en papel que pertenece a un particular. El Impulsor, que durante una etapa fue el decano de la prensa cántabra, coexistió en su última etapa previa a la Guerra Civil con otras cabeceras como El Cantábrico de José Estrañi, La Voz de Cantabria, La Región de Luciano Malumbres y Matilde Zapata o El Diario Montañés, que se editaban en Santander.

El primer número salió a la calle en 1873 de la mano de Juan López Barredo como El Impulsor municipal para “defender los intereses de la villa”, dando el relevo a la efímera cabecera de El Porvenir de Torrelavega, de tendencia republicana y que duró solo tres meses.

En sus primeros pasos critica que la estación de ferrocarril se ha quedado pequeña o que hace falta arreglar una calle. Fue al cuarto intento —tras tres cierres, suspensión gubernativa, pena de cárcel e incluso el destierro de su propietario— cuando se consolidó el periódico, con periodicidad semanal, a partir de 1875. Bajo el rótulo de El Impulsor figuraba una leyenda: 'Periódico semanal de intereses morales y materiales, literatura, noticias y conocimientos útiles'.

El Impulsor salía los domingos y su biografía fue agitada. Pasó por etapas de marcado republicanismo, conservadurismo católico y acabó en manos de un director, el último, anarquista.

Durante una época se llegó a editar una publicación en la que se descalificaba al boticario Juan Francisco López Sánchez, entonces propietario y director del periódico, bautizada como 'Espátula'. El mote popular que tenía en Torrelavega aquel hombre de barba, bigote, lentes y bastón, sombrero y traje con chaleco que se asoma a la única fotografía suya que se conserva y que el escritor José Ramón Sáiz publica en su libro.

Nunca cobró una peseta. Es más, perdió dinero y hasta patrimonio personal en el empeño de mantener con vida el periódico. Hubo una etapa en que estuvo mal visto por el poder político. “Al que provoque su enojo / por ser ciudadano malo/ El Impulsor dará palo/ sea blanco, negro o rojo”, escribió un colaborador.

Pepe 'el de la botica' fue uno de los agraciados con el segundo premio de la Lotería de Navidad —¡Viva el 18.869!, tituló en portada— que en 1922 dejó diez millones de pesetas en Torrelavega. Había prometido a una vecina que si le tocaba le compraría la mejor vaca que hubiese en la Feria de Ganados. Cumplió su palabra. También tuvo la generosidad de regalar una participación premiada a un cliente que se lamentaba de no haber llevado nada. “Dame una peseta, toma un décimo de lotería, y cobra ahora mismo las cinco mil pesetas en el banco, pero las depositas a nombre de tus hijos”, anécdota que se incluye en el libro 'El Impulsor: 64 años de historia de Torrelavega'.

El periódico de la capital del Besaya tuvo un importante protagonismo en el descubrimiento de las Cuevas de Altamira. “Nos toca la grata satisfacción de haber sido El Impulsor quien ha publicado lo único científico que acerca de este monumento se ha escrito”, se vanagloriaba el propio diario.

López Sánchez, al que sucedieron otros directores, fue sin duda el mayor protagonista de la trayectoria periodística de El Impulsor. “He confesado, estoy tranquilo. Al domingo no llegaré”, reproduce el escritor José Ramón Sáiz. Falleció el 12 de diciembre de 1909 y dejó instrucciones claras: “En la primera plana de El Impulsor debería ir la esquela de mi defunción y después, a la vuelta, decidme cuatro cosas y pedid a todos que rueguen a Dios por mí”.

Durante décadas, hasta que el gobernador republicano cerró el periódico por su excesivo entusiasmo a favor de la causa, El Impulsor siguió dando noticias de la comarca. La llegada de la fábrica de Solvay a Barreda, la visita del general Primo de Rivera, el récord de 1.000 vacas que se vendieron en la feria de ganados de un domingo de febrero de 1911, las gestas del ciclista Vicente Trueba, 'la pulga de Torrelavega', a quien el periódico organizó un homenaje cuando ganó en el Tour de Francia. El estreno de 'Ben-Hur', la inauguración del monumento al escritor José María Pereda y las colaboraciones del poeta José Luis Hidalgo, que publicó su primer poema con 15 años en las páginas de El Impulsor son algunos de los hitos de esta cabecera.

Recientemente, con motivo del 150 aniversario del periódico de Torrelavega, la Sociedad Cántabra de Escritores ha rendido homenaje a 'Espátula' con una ofrenda floral en la tumba del cementerio de Geloria donde descansa.

El Gobierno de Cantabria ha publicado en el Boletín Oficial de Cantabria el Proyecto de Interés Regional de La Pasiega (PSIR), una operación urbanística que expropió terrenos entre Renedo y Parbayón para construir un área logística de actividad industrial y que ya se ha iniciado.

La publicación se produce después de que hace unos días la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria confirmase que no está en vigor, porque no se había publicado su texto íntegro en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) sino un enlace a una web que contenía el documento y que, según el tribunal, no garantizaba que no pudiese alterarse su contenido.

El documento es tan extenso que se ha publicado este miércoles 29 de abril dividido en siete boletines extraordinarios.

Después de conocerse que el PSIR no estaba en vigor, la presidenta cántabra, María José Sáenz de Buruaga dijo que “se trata de una cuestión jurídica muy compleja” y que, por eso, el Ejecutivo estaba recabando informes y analizando el contenido de esta sentencia firme para “diseñar una estrategia jurídica con detenimiento, rigor y prudencia” con el objetivo prioritario de garantizar la seguridad jurídica de este PSIR y de todas las actuaciones que de él derivan, como la futura firma del convenio con el Gobierno central para la construcción de la estación intermodal“.

La complejidad avanzada por la presidencia parece haberse solucionado siete días después publicando de manera correcta el PSIR que, a lo largo de estos años no ha estado vigente aunque se han realizado las expropiaciones y se han iniciado los trabajos sobre el terreno.

El convenio singular de privatización sanitaria con el hospital privado religioso Santa Clotilde, que recibirá 256 millones de euros de dinero público en los próximos 16 años, ha protagonizado uno de los debates del Pleno de Presupuestos en el Parlamento de Cantabria. Ha sido con ocasión del debate de la Ley de Acompañamiento, una especie de cajón de sastre donde se modifican leyes y se incluyen algunas medidas fiscales que afectan a cualquier área del Ejecutivo.

Así, durante el desarrollo del debate, el diputado del PSOE y exconsejero de Sanidad durante la pasada legislatura, Raúl Pesquera, ha criticado la medida que ha introducido el Partido Regionalista de Cantabria (PRC) -vía enmienda pactada con el PP- para que el Gobierno autonómico rinda cuentas anualmente en el Parlamento sobre el convenio singular con el hospital Santa Clotilde y sus respectivas adendas.

Un convenio que ha llevado a los tribunales la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública que también ha impugnado administrativamente la formación política Podemos. Además, el Juzgado de lo Contencioso‑Administrativo ha admitido a trámite el recurso presentado por Izquierda Unida Cantabria contra la resolución por la que se modifica el convenio singular de vinculación del Hospital Santa Clotilde de Santander.

Pesquera ha calificado de “milonga” la enmienda regionalista y la ha atribuido a que los diputados del PRC facilitaron con su voto que exista el convenio singular el año pasado, al aprobar una modificación en la ley que permite externalizar servicios sanitarios con entidades sin ánimo de lucro, como ha ocurrido con Santa Clotilde. “Ahora quieren enmendar su error”, ha reprochado.

Desde la tribuna parlamentaria, el diputado socialista ha explicado que estos convenios existen en España desde 1986, pero nunca han sido necesarios en Cantabria hasta el año pasado. En opinión del exconsejero de Sanidad, el Gobierno del PP ha creado así la “sanidad concertada, que antes no existía” y por eso no estaba recogido en la ley autonómica. Por eso, antes no se contaba a los médicos de Santa Clotilde como parte del sistema público de salud y ahora sí, según ha precisado.

Y es que desde el 1 de enero de 2026, el Servicio Cántabro de Salud (SCS) reconoce los méritos profesionales del personal que trabaja en el hospital privado Santa Clotilde como si fuesen personal público. Antes no se reconocían porque trabajaban en una entidad privada. “Desde el 1 de enero sí se cuentan porque están incorporados al Sistema Nacional de Salud, artículo 1 del convenio que han firmado. Ahora sí, antes no. Eso es nuevo”, ha denunciado Pesquera.

“Ustedes lo facilitaron con su voto” -se ha dirigido al PRC- “y, por tanto, ustedes son cómplices de que haya un convenio singular con Santa Clotilde”. Pesquera ha dicho que su partido lo avisó en las comisiones y que ahora “no pueden venir a lamentarse”. El Parlamento no tiene ninguna capacidad ejecutiva para rescindir un convenio por lo que no considera operativa la propuesta regionalista. “Tendremos Santa Clotilde para cinco legislaturas por lo menos”, ha advertido. “Tendremos 20 años de actividades sanitarias que deberían realizarse en el sistema público”, ha reiterado.

“Con lo beligerante que ha sido Paula Fernández [candidata electoral del PRC] con la sanidad, con qué poco se ha conformado”, ha subrayado durante su intervención, enla que ha lamentado que su aportación al presupuesto haya sido mover de destino una partida de cinco millones de euros ya que “no se ha aportado presupuesto adicional”. “Son ustedes los facilitadores de las politicas del Gobierno regional, ustedes les colocaron en el Gobierno y les aprobaron los presupuestos”, ha afeado a los regionalistas.

Pesquera ha subrayado que defender los servicios públicos “también es gestionarlos, que no consiste solo en aumentar el dinero que se gasta sino gastarlo de forma adecuada”. “Ustedes aumentan el presupuesto, pero no lo gestionan y si pueden lo externalizan para que sean otros los que gestionen ese dinero”, ha criticado al PP.

El portavoz regionalista, Pedro Hernando, le ha replicado que el convenio privatizador con Santa Clotilde ha existido y seguirá existiendo y los ciudadanos quieren saber que se cumplen los compromisos que recoge. Eso se consigue, a su juicio, haciendo que el Gobierno vaya cada año a rendir cuentas al Parlamento. “Hay otra vía, la judicial, que está abierta para quien quiera impugnarlo”, le ha recordado al PSOE. 

El tercer y quizá el último presupuesto de Cantabria entrará en vigor con cuatro meses de retraso tras un final feliz después de la escenificación de un desacuerdo que se zanjó de repente, con una inesperada reconciliación. Una maniobra de reanimación del PRC al Gobierno del Partido Popular que se precipitó por sorpresa. No vamos a malpensar que para satisfacer los intereses políticos personales de quienes lo rubrican más que los intereses públicos de todos los cántabros.

Nos dicen que se invertirá más dinero. Otra cosa es que sirva para las prioridades que necesitan los cántabros. En Sanidad, por ejemplo, se va a invertir más que nunca. Resulta curioso que cada vez nos salga más caro tener un peor servicio con las privatizaciones, las listas de espera y las demoras en las consultas de atención primaria. Es más, ni siquiera están contentos los propios sanitarios. 

Hay, además, un contraste absoluto entre la gravedad con la que se toman los presupuestos en el ámbito político y la absoluta indiferencia que provoca en los ciudadanos. Tal vez porque las cuentas públicas no van a cambiar sustancialmente nada. Quizá haya un poco más de dinero para poder cortar algunas cintas inaugurales y colocar placas memorialistas antes de las elecciones de mayo del 27 en las que quedan grabados en letras doradas los nombres de los alcaldes, consejeros y presidentes. 

Resulta curioso que cada vez nos salga más caro tener un peor servicio con las privatizaciones, las listas de espera y las demoras en las consultas de atención primaria

El pacto retrata la tibieza de las exigencias del PRC respecto a un Ejecutivo popular que ahora abraza la xenófoba 'prioridad nacional' para cerrar acuerdos de gobierno en otras comunidades y que aquí ya se aplicó al principio de legislatura. Cuando la presidenta Buruaga rechazó un centro de acogida para extranjeros en Camargo porque era mejor hacer algo -que no se ha hecho- para los de aquí. 

También se abraza a la ultraderecha cada vez que recurre la llegada de un menor extranjero a Cantabria. Lo hace con todos. Hasta se ha subido al carro de la mal entendida 'okupación' para justificar erróneamente la subida de los alquileres. Aunque los datos desmienten que sea un problema en Cantabria con cifras insignificantes, nuestros gobernantes insisten en el discurso del miedo.

El PRC hizo presidenta a Buruaga para evitar que pactase con Vox y neutralizar sus políticas ultraderechistas, pero ha resultado un rotundo fracaso. Paradójicamente el Partido Popular ha asumido sus discursos sin ninguna necesidad, lo cual resulta más inquietante. 

A su vez, es preocupante que los sucesivos acuerdos de los regionalistas pasen por alto estas cuestiones y algunas otras exigencias. A la privatización sanitaria -un procedimiento dudoso e incompatible con la defensa de la sanidad pública- se une la descarada impunidad urbanística ninguneando a los expertos de la comisión de urbanismo, y alentando a los ayuntamientos a ir más allá de la ley con ese llamamiento a no poner trabas a los alojamientos turísticos hasta en la línea de costa. Hasta se pretender aprobar el PROT por la puerta de atrás sin el consenso de los colegios profesionales.

La protección del territorio, el freno a la masificación turística y la vivienda son los verdaderos desafíos, que no se resuelven con algunas tiritas como el acuerdo salarial con los docentes, exigir que se paguen las subvenciones a los ganaderos o los cinco millones de euros para proyectos estratégicos, cuando el primero de ellos -el centro de datos Altamira- ya despierta notorios recelos porque ni siquiera tiene todavía el enchufe eléctrico que necesita.  

Aparcamientos de caravanas en los parques naturales, a los pies de la playa. Construcciones turísticas en suelo rústico. Mientras las personas que residen en Cantabria -esto ya no es una prioridad sino una emergencia- no pueden acceder a un alquiler ni comprar un piso. Un urbanismo prácticamente a la carta hace que Cantabria esté en riesgo de convertirse en un gigantesco escaparate turístico que deteriore su territorio y su paisaje natural. 

La aprobación de los presupuestos de manera tácita o indiferente bendice o encubre estas políticas. No cambia el rumbo. Quizá hubiese sido deseable algo más de ambición. 

El Gobierno de Cantabria tramita de forma apresurada y sin consenso el documento más relevante para el urbanismo y la ordenación del territorio de la comunidad autónoma: el Plan Regional de Ordenación Territorial (PROT), con la excusa de que lleva 20 años esperando a hacerse realidad.

La polémica por la tramitación exprés ensombrece un proceso que ha levantando las críticas de arquitectos, geógrafos e ingenieros agrónomos que se negaron a votar la versión inicial —el anteproyecto de ley— porque no se les dio tiempo suficiente para estudiarlo. La reacción del consejero de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria, Roberto Media (PP), ha sido reprocharles que “fueron a la reunión para dar un pequeño espectáculo más que a cumplir su función”, que el PROT “se va a aprobar con o sin los colegios profesionales” y que disponen de 45 días para presentar alegaciones.

En los últimos meses, el consejero ha hecho coindicir las fechas clave de la tramitación del proyecto con periodos vacacionales de Navidad y Semana Santa. Media presentó por sorpresa un plan que apareció de la nada un 29 de diciembre, dos días antes de Nochevieja, en la última semana navideña del año, y se aprobó su primera versión en un polémico pleno de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU) el día antes del puente de Semana Santa.

“De forma precipitada”, según el criterio de cuatro colegios profesionales -también protestó el Colegio de la Abogacía- que pidieron “más tiempo” para analizar el documento que el Gobierno les entregó tan solo tres días antes. Los representantes de arquitectos, geógrafos e ingenieros agrónomos se negaron a votar y se ausentaron de la reunión. “No queremos ser utilizados de forma falsaria”, indicaron en una nota de prensa conjunta.

En los anteriores intentos de aprobación de un PROT en Cantabria el proceso ha sido muy distinto y se ha tomado su tiempo para informar y divulgar sobre su contenido en reuniones comarcales y mesas de debate por distintos puntos de la geografía cántabra y con diversos colectivos implicados en la protección del territorio y el medio ambiente. Esta vez se ha optado por un proceso exprés. Antes de la aprobación inicial en la comisión de urbanismo —haciendo valer su mayoría el Gobierno— solo se remitió a algunas instituciones y organismos públicos cuyas áreas de gestión podrían estar afectadas por el plan como la Demarcación de Costas o AENA, por ejemplo.

Contenido del PROT

Además de la crítica a las prisas, también se cuestiona el contenido del propio documento. Un plan elaborado desde la empresa pública Gesvican que algunos expertos critican que está “hecho de retazos” de planes anteriores con algunos datos sin actualizar. Dicen que le falta “rigor técnico” y “metodología”. Un documento que pretende regular cuestiones como el paisaje, las viviendas turísticas o los aerogeneradores eólicos que, en opinión de algunos técnicos, no deberían estar en esta futura ley.

Entre otras polémicas cuestiones, el PROT autorizará que hasta la mitad de las viviendas de algunos municipios puedan ser turísticas y contempla límites muy laxos incluso en aquellos ayuntamientos que cataloga como “zonas saturadas” de Cantabria. Por regla general, según los planes del Gobierno del PP, no podrán ser más del 25% del total de las viviendas con la excepción de los ayuntamientos de “vocación turística”, donde podrán alcanzar hasta el 50%. Al tiempo, establece que Cantabria tiene capacidad para absorber una población flotante máxima de 409.166 personas frente a un censo total que no llega a los 600.000 habitantes.

El proyecto dará cuatro años a los ayuntamientos para adaptar sus planes urbanísticos al futuro PROT, se compromete entre otras cuestiones a prohibir parques eólicos excepto en la zona de Campoo y los límites con Castilla y León o Vizcaya y obligará a que los ayuntamientos cántabros adapten sus planes urbanísticos a la nueva normativa. Mientras tanto podrán hacer modificaciones puntuales.

Además, la nueva normativa que impulsa el Gobierno del PP establecerá nueve categorías de suelo rústico con distintos niveles de protección y las viviendas aisladas, las áreas de autocaravanas y los campings estarán permitidas en los suelos catalogados como protección ordinaria.

Expulsión de los colegios profesionales

La urgencia aplicada en el proceso no ha tenido justificación por parte del Gobierno. Es decir, es un plan de la máxima importancia para el futuro de Cantabria, lo que no casa con la falta de tiempo para su debate y análisis. La celeridad en tramitar el PROT llama la atención precisamente cuando el propio consejero ha reconocido que se trata de un documento “que busca definir con criterios claros, cómo tiene que crecer Cantabria, cómo se protegen sus valores naturales y paisajísticos y cómo se coordinan decisiones que afectan directamente a la vida cotidiana de los cántabros como la vivienda, infraestructuras, industria, turismo, conectividad digital, energía y medio natural”.

Tampoco este es el primer encontronazo entre los expertos independientes y el criterio del consejero Roberto Media. El malestar de los colegios profesionales viene de atrás. Cuando el Partido Popular llegó al Gobierno modificó la composición de la Comisión de Urbanismo con la excusa de “agilizar su funcionamiento”. Para ello, excluyó a los colegios profesionales de Geógrafos, Biólogos, Aparejadores, Ingenieros Agrónomos y Abogados a la hora de tomar decisiones como las autorizaciones para construir en suelo rústico o las licencias eólicas.

Se hizo activando una comisión permanente, un órgano en el que no se sientan los profesionales, quienes solo participan cuando se convoca al Pleno de la CROTU. Es decir, antes había una fiscalización de los colegios profesionales en asuntos vinculados al urbanismo y ahora no. Un dato para acompañar este cambio de criterio: de 2012 a 2021 se autorizaron 1.500 viviendas en suelo rústico. Desde 2023 ya van más de 800.

La biblioteca del IES La Albericia de Santander ha recibido uno de los premios del Concurso del Día de los Autores Europeos 2026 que organiza la Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria por un vídeo donde los alumnos investigan y fabulan sobre el contenido de la cápsula del tiempo que enterró la escritora Concha Espina hace más de un siglo bajo su estatua en los Jardines de Pereda y que se ha perdido.

La iniciativa de los estudiantes coincide con el 70 aniversario del fallecimiento de la autora cántabra y surgió a raiz de la noticia que publicó elDiario.es: Desaparece la cápsula del tiempo con una carta secreta que la escritora Concha Espina ordenó no abrir en 100 años. La bibliotecaria, Isabel Gómez, impulsora de la iniciativa junto a su compañera Ana Rojas, partió del reportaje para crear una yincana literaria muy imaginativa en torno a la escritora y al misterio de la misiva que enterró y no ha podido ser localizada.

A lo largo del curso han ido reuniendo por grupos a los alumnos de ESO y les preguntaban si se habían enterado de la noticia: “La cápsula del tiempo ha aparecido en nuestra biblioteca”. A partir de ahí tenían que localizar la caja. Al abrirla comienza el juego: una yincana de cinco pruebas que tienen que superar.

El primer enigma consistía en dar respuesta a cinco preguntas sobre la información publicada en elDiario.es. Después tenían que ordenar párrafos de la biografía de Concha Espina. La tercera prueba obligaba a relacionar las portadas de sus libros con un pequeño resumen de su contenido. A continuación, se les facilitaban 56,50 pesetas de la época con las que debían comprar entradas para el antiguo Teatro Pereda -frente al que se ubicó el monumento de la escritora- de patio, butaca general o palco. La yincana finalizaba buscando la información que publicaron los periódicos de la época sobre la cápsula del tiempo.

Cada pista acertada va proporcionando fragmentos de imágenes, que una vez completadas se han colocado en un mural en la biblioteca a modo de exposición.

A través de este proceso, los alumnos fueron averiguando qué día de 1924 se colocó la primera piedra del monumento a Concha Espina en los Jardines de Pereda de Santander y descubrieron que la escritora enterró una carta suya con unas instrucciones muy concretas: no abrir hasta 100 años después y que el plazo venció el 23 de agosto de 2024.

En realidad, por el momento nadie ha desenterrado la caja de latón o zinc, según las versiones, que contenía además otro sobre con un autógrafo –un texto manuscrito– de Concha Espina, ediciones de las obras que escribió, periódicos locales con la fecha del día y unas monedas de plata y cobre de la época. “Por ninguna causa ni motivo debe leerse antes de un siglo”, escribió de su puño y letra en el sobre de la misiva la varias veces candidata al Premio Nobel de Literatura.

Nadie se ha molestado en buscarla. Se teme que se haya perdido tras algunos cambios de ubicación del monumento o que, en el peor de los casos, haya sido destruido por descuido en estas mudanzas.

“A partir de la noticia real sobre que Concha Espina había enterrado una cápsula del tiempo que nunca se encontró nos inventamos la posibilidad de que esa cápsula hubiera aparecido en nuestra biblioteca”, explican en un vídeo difundido en lnstagram, “y a través de una serie de pruebas que nuestros estudiantes iban superando, construimos entre todos un magnífico mural sobre esta escritora”.

Los estudiantes han impreso una portada de un periódico con la noticia del hallazgo. “Esta semana las bibliotecarias del IES La Albericia, Isabel Gómez y Ana Rojas, decidieron mover una estantería con libros”, arranca la información, para crear nuevos espacios. “Al mover la estantería, descubrimos una caja de latón llena de polvo” , explica una de las bibliotecarias. “Creíamos que eran cromos de Harry Potter o algo así”, afirmaron, pero de inmediato se dieron cuenta de que acababan de encontrar “un auténtico tesoro”: la cápsula del tiempo de Concha Espina.

“Las responsables de esta biblioteca escolar aún no se creen lo que ha pasado”, continúa la noticia. “Este periódico les ha preguntado por su contenido, pero ambas profesoras afirman que, antes demostrarla al mundo, deben enseñárselo a los alumnos del instituto, ”los grandes destinatarios de lo que acontece en esta biblioteca“, concluye el texto del periódico elaborado por los estudiantes.

La Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Gobierno de Cantabria ha tramitado 24 proyectos de alojamientos turísticos sobre suelo rústico desde que empezó el año. De ellos, 14 se localizan en el pueblo de Liencres, dentro del municipio de Piélagos, a través de dos proyectos distintos.

Uno de ellos, con ocho apartamentos turísticos, estará ubicado en una parcela rústica de 1.846 metros cuadrados en el barrio de Las Mazas, en la entrada del pueblo, a la orilla de la carretera comarcal que lleva hasta el Parque Natural de las Dunas de Liencres. El otro es un proyecto para otros 6 alojamientos turísticos en una parcela de 3.610 metros cuadrados de superficie en el barrio El Cutío.

A ellos se suma ahora la construcción de un edificio de cuatro apartamentos turísticos en una parcela de suelo rústico en Valdáliga promovido por un particular vinculado al negocio de hostelería y el alquiler de inmuebles. El proyecto de Valdáliga estima invertir casi 600.000 euros en construir cuatro apartamentos en planta baja sobre 644 metros cuadrados con piscina y una zona de aparcamiento para seis vehículos.

El consejero de Fomento, Roberto Media (PP), explicó hace unos meses que las autorizaciones en suelo rústico han permitido, a su juicio, que “mucha gente joven tenga hoy una vivienda en unas condiciones razonables sin irse de su pueblo, en un terreno que han comprado o heredado de sus padres”.

Pero en la práctica está generando el efecto contrario al alimentar el negocio de las viviendas turísticas en la comunidad autónoma. De hecho, recientemente desde la propia Consejería se ha dado un paso más al pedir a los ayuntamientos cántabros que no pongan trabas a los usos turísticos del suelo rústico en sus respectivos municipios.

En este sentido, el Gobierno que preside María José Saenz de Buruaga (PP) anunció el pasado viernes que no tiene intención de limitar la construcción de segunda residencia en suelo rústico en la futura Ley de Vivienda de Cantabria, actualmente en tramitación, como ha planteado el PRC. El Ejecutivo autonómico considera que los criterios establecidos en la Ley del Suelo son “buenos” para los municipios, porque la segunda vivienda en suelo rústico “supone ingresos” para los ayuntamientos en impuestos y en licencias.

El programa de cribado de cáncer de mama de Cantabria, cuya privatización anunció el Gobierno de María José Sáenz de Buruaga (PP) dentro del convenio singular con el hospital religioso Santa Clotilde, sigue haciéndose en la sanidad pública sin demoras que justifiquen su privatización.

El propio Ejecutivo del Partido Popular reconoce textualmente que “actualmente no se están realizando lecturas de mamografías” en el centro sanitario privado. Lo ha hecho a preguntas del Grupo Parlamentario Socialista que había pedido información sobre otra cuestión pararela: cuál es la titulación, especialidad y experiencia previa específica que tienen los profesionales que realizan las mamografías en Santa Clotilde. El Gobierno ha eludido responder directamente a esta cuestión bajo la premisa de que todavía el hospital privado no ha iniciado la gestión del programa.

En cualquier caso, la privatización del cribado de cáncer de mama se anunció tras haberse detectado un presunto atasco en la lectura de 3.900 mamografías. El consejero de Salud, César Pascual (PP), informó de esta cuestión, dijo que la sanidad pública no tenía radiólogos suficientes y ofreció la solución: que el hospital privado leyese un millar de mamografías pendientes para disolver la lista de espera en la comunicación de resultados.

Finalmente, se descubrió el engaño: Santa Clotilde llevaba leyendo mamografías desde nueve meses antes. Ese encargo ya se había hecho en enero de 2025, cuando no había atasco. El hospital privado Santa Clotilde, perteneciente a la Orden de San Juan de Dios, llevaba meses haciendo los informes de las mamografías públicas cuando el consejero de Salud anunció que se le había encargado este servicio para aligerar los resultados del programa de cribado de cáncer de mama. Lo hizo con un contrato menor —al que tuvo acceso elDiario.es— de seis meses que entró en vigor en enero y había caducado a final de junio por importe de 14.900 euros.

Pese a estas circunstancias, el Gobierno de Cantabria firmó un convenio singular con el Hospital Santa Clotilde para los próximos 16 años, prorrogable hasta los 20, por importe 256 millones de euros, que incluye los cribados de cáncer de mama y de colon. Aunque entró en vigor el pasado mes de enero, el centro sanitario no está gestionando por el momento las mamografías, según admite el propio Ejecutivo del PP en su respuesta parlamentaria.

Ese es otro de los puntos polémicos del acuerdo. Santa Clotilde carece de la infraestructura y medios necesarios para desarrollar este programa y prevé hacerlo en colaboración con otra empresa, HT Medica —propiedad de un fondo internacional de capital riesgo—, que opera dentro del propio centro sanitario.

En cualquier caso, la necesidad de la externalización queda cuestionada porque el programa sigue funcionando en la sanidad pública con normalidad. Las mamografías se siguen realizando según el calendario de cribados y los resultados se comunican a las participantes en un plazo máximo de un mes.

A estas circunstancias se une el compromiso adquirido por el Partido Popular en el pacto para la aprobación de los presupuestos de Cantabria de 2026. El PRC incluyó una partida de cinco millones de euros para el programa de prevención del cáncer de mama “dentro de la sanidad pública”, según matizó con insistencia la candidata electoral regionalista, Paula Fernández.

Desde el Gobierno de Cantabria no se ha confirmado si se ha renunciado a la privatización del programa o si el hospital privado lo gestionará en un futuro, como está firmado en el convenio singular que entró en vigor en enero.

El Consejo de Gobierno de Cantabria ha aprobado este jueves, en su reunión semanal, el cese de la directora general de Turismo, María Saiz, quien será sustituida por el exalcalde de Reinosa José Luis López Vielba (PP), ingeniero agrónomo, que acaba de perder el bastón de mando tras la moción de censura del PRC y el PSOE. Será la tercera persona que ocupe el puesto desde que el Partido Popular empezó a gobernar en 2023.

Con este cese ya son 16 altos cargos los que han dejado la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte que dirige Luis Martínez Abad sin que se hayan cumplido tres años de la legislatura que está siendo especialmente complicada para consolidar un equipo de trabajo en este departamento.

Hace menos de un año renunció el secretario general que llevaba unos meses en el cargo. Poco antes se despidió a la directora de Recursos Humanos de la empresa pública CANTUR. Además, han cesado, entre otros, la propia consejera, su jefe de gabinete, dos secretarios generales, el director general de Turismo, el director general de Cultura, la directora de Cabárceno, el director de CANTUR, la directora de la Fundación FIS, el director de la Sociedad Regional de Cultura, Turismo y Deporte y el director artístico del Palacio de Festivales. Una larga nómina de ceses y dimisiones que se extiende al propio Gobierno de Cantabria que ha cambiado a uno de cada cuatro altos cargos. 

La versión oficial justifica que María Saiz ha cesado a petición propia, pero la falta de sintonía con el equipo del consejero era notoria.

López Vielba, que fue alcalde de Reinosa hasta el pasado 31 de marzo, fecha en la que fue apartado del cargo por una moción de censura presentada por el PSOE y el PRC, será el tercer director general de Turismo y Hostelería de esta legislatura, tras María Saiz y Gustavo Cubero, que ocupó ese cargo desde julio de 2023, tras la llegada del PP al Gobierno regional, hasta febrero de 2025.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha confirmado que el Proyecto Singular de Interés Regional (PSIR) del Llano de la Pasiega, en Piélagos, no está en vigor, porque no se ha publicado su texto íntegro en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC).

A juicio de la Sala, la publicación de una norma puede realizarse mediante la remisión a una página web de la administración porque eso plantea el problema de que “solo se puede comprobar el enlace el día en que se pincha, pero no se puede saber lo que se veía en el momento de la publicación, de la demanda, del juicio o de la sentencia”.

Para la Sala, “existe un problema de inseguridad o duda” acerca de lo que aparece tras ese enlace, de “si ese contenido puede variar con el tiempo y, de ser así, de qué factores depende”.

“Esto generaría dudas acerca de la fiabilidad del contenido y también sobre el momento de la entrada en vigor”, añade, porque “no existe ningún tipo de norma que permita este tipo de publicación alternativa, que regule o dé fiabilidad sobre el sistema, es decir, se desconoce en virtud de qué habilitación la publicación del proyecto se realiza a través de este mecanismo y por qué se escoge este y no otro posible”.

La sentencia, notificada ahora -contra la que no cabe recurso- resuelve un recurso planteado por el Ayuntamiento de Piélagos contra una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 3 de Santander de mayo de 2024.

En aquella resolución, la magistrada estimó el recurso de dos ciudadanos contra la liquidación del Impuesto de Bienes Inmuebles de sus fincas del año 2023. Hasta entonces, habían sido consideradas rústicas, y a partir de esa fecha les cobraron el IBI como urbanas en virtud del nuevo urbanismo planteado por el PSIR de La Pasiega que, presumiblemente, estaba en vigor.

Estos ciudadanos recurrieron la liquidación del IBI argumentando que sus fincas seguían siendo rústicas porque el PSIR no había entrado en vigor al no haberse publicado íntegramente en el BOC.

La realidad es que el 5 de mayo de 2022 el Boletín Oficial de Cantabria publicó el acuerdo del Consejo de Gobierno por el que se aprobaba definitivamente el PSIR de La Pasiega y el índice de documentos que componen el proyecto singular, añadiendo que podía “consultarse y descargarse” en un enlace web.

Pues bien, contra esa sentencia que dio la razón a los dos particulares el Ayuntamiento de Piélagos presentó un recurso solicitando aclarar “si basta para la entrada en vigor de un PSIR la publicación del acuerdo de aprobación definitiva remitiendo a una web electrónica para el acceso al contenido íntegro del plan”.

La Sala ha respondido fijando la siguiente doctrina: “Para la entrada en vigor de un PSIR es necesaria la publicación de la resolución de aprobación definitiva junto con la publicación íntegra del texto del PSIR en el Boletín Oficial de Cantabria, sin que sea suficiente la publicación por medio de remisión a una página web de otra administración”.

Y añade que, en este caso concreto, “el PSIR no había entrado en vigor, la finca no tenía por lo tanto carácter de urbana y no podía liquidarse el IBI, y, en consecuencia, la sentencia de instancia es correcta”.

El portavoz del Grupo Parlamentario Regionalista, Pedro Hernando, ha reprochado al Gobierno de Cantabria el “fracaso, engaño y decepción” del proyecto del Centro de Datos Altamira anunciado hace once meses con “documentos censurados” y un informe de la Universidad de Cantabria que ha habido que forzar para que haya sido entregado al Parlamento. Las obras iban a comenzar en enero de 2026 y el PSIR tenía que haber estado aprobado en diciembre de 2025. “Todo lo dijo el promotor, Stoneshield Capital”, ha exculpado el consejero de Industria Eduardo Arasti. Los millones de euros, las cifras de empleo y los plazos.

El Gobierno de Cantabria, que hasta ahora se había empleado con energía en presentar y avalar el proyecto, empieza a tomar distancia. De hecho, el Campus Tecnológico de Centro de Datos 'Altamira', promovido por Stoneshield Capital, ha sido declarado Proyecto Empresarial Estratégico de Cantabria (PSIR) por el Consejo de Gobierno, por lo que se ha convertido en la primera iniciativa empresarial en obtener esta declaración.

“La realidad a día de hoy del Centro de Datos de Altamira es un 'prao' sin obreros, sin máquinas, ni PSIR”, ha subrayado Pedro Hernando.

El diputado regionalista ha llamado la atención sobre que ninguna de las empresas promotoras que han ido cambiando de nombre -Stoneshield Capital, XDC Properties, XDC North Coast y Tavira- tienen información sobre el proyecto en sus páginas web a excepción de “una sola foto”. “¡Pero si están los periódicos de España repletos de que el grupo Stoneshiled quiere invertir en Cantabria 3.600 millones!”, ha replicado el consejero. Aunque Hernando ha cuestionado “si es una realidad o va camino de convertirse en la quimera de este gobierno”.

En el debate del hemiciclo cántabro, Hernando ha subrayado que el consejero de Industria ha dado explicaciones en el Parlamento de Cantabria en seis ocasiones. “¿Sabe qué nos ha aportado? nada de nada, lo que es a día de hoy el proyecto Altamira”, ha aseverado. “Lo único que les pedimos es que tengan un proyecto serio y riguroso y allí nadie dijo que hacía falta energía”, ha añadido.

“Como no hay nada detrás de todo este proceso se han inventado la falta de energía” porque cuando se presentó el proyecto “no dijeron nada” sobre este asunto. El diputado regionalista ha reiterado que en su anterior intervención explicó que el País Vasco ha estado negociando más potencia energética mientras el Gobierno de Cantabria “no había hecho nada de nada”. Asimismo, ha comunicado que Red Eléctrica española asegura que el ejecutivo cántabro no se ha puesto en contacto con ellos, algo que ha negado el consejero afirmando que han tenido dos reuniones con la presidenta. “No vale decir que el problema de Altamira es que no tiene energía porque Pedro Sánchez no se la da” -ha considerado- “porque Cantabria está al cien por cien de su capacidad y si no hay subestaciones nuevas” -salvo la adjudicada para el Besaya- “no habrá proyectos tractores”. “Estamos en plena tramitación, la planificación se ha iniciado pero no se ha resuelto”, ha defendido Arasti, porque están a la espera de si el Ministerio estima sus alegaciones.

Hernando ha puesto de relieve que contrariamente a la realidad, el informe elaborado por la Universidad de Cantabria decía que la electricidad no iba a ser un problema “porque hacía muy buena temperatura en Cantabria”.

El 4 de junio de 2025 el Ejecutivo del Partido Popular anunció “a bombo y platillo” el proyecto de inversión privada “más importante de Cantabria” -3.600 millones de euros- y una ley a medida “creada para ellos en la Simplificación Administrativa para hacerles más fácil la tramitación”.

Hernando ha recordado que, al tiempo, “nos dijeron que el proyecto Altamira abre un abanico de posibilidades” y que iba a ser “el proyector tractor” de empresas como Meta o Google. Además, hablaron de plazos y de las tres fases del proyecto. La primera de ellas, el comienzo de las obras en enero de 2026 tras la tramitación de un PSIR que ya estaba redactado y que se iba a aprobar como tarde en diciembre del año pasado.

Los regionalistas quieren saber por qué no han empezado las obras, dónde están los documentos del PSIR de la las tres fases, el plan de inversiones concretas y el cumplimiento de los objetivos que se habían comprometido a desarrollar. El titular de Industria le ha replicado que este proyecto “no es un cuento” como fue, entre otros, el de 'La Ciudad del Cine' con el Gobierno del PRC y ha reivindicado la “madurez” de esta iniciativa. “He apoyado, apoyo y apoyaré el proyecto hasta que se haga, que se hará”, ha remachado.

Cuatro magistrados han presentado su candidatura para presidir la Audiencia Provincial de Cantabria, una plaza que ha quedado vacante desde que el pasado 3 de marzo su titular, José Arsuaga, pasó a ser el nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC). 

El pasado 10 de marzo, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó la convocatoria de la plaza aprobada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a la que han concurrido cuatro magistrados: Amaya Merchán, Paz Aldecoa, Jaime Anta y Ernesto Sagüillo. 

En su solicitud, los aspirantes tienen que acreditar sus méritos, que serán ponderados por una Comisión de Calificación que les citará a una comparecencia, en la que los candidatos defenderán su currículo y presentarán su programa sobre la organización y el funcionamiento del órgano. 

Entre los méritos computan el tiempo de servicio activo en la carrera judicial, los destinos en jurisdicciones de los ámbitos civil y penal, el servicio en órganos judiciales colegiados y las resoluciones de relevancia jurídica y significativa, entre otros aspectos.

Una vez concluidas las comparecencias, la Comisión de Calificación formulará una propuesta con tres aspirantes que se elevará al Pleno del Consejo General del Poder Judicial, quien decide finalmente el nombramiento. El candidato o candidata designado sustituirá a José Arsuaga, que ha ejercido como presidente de la Audiencia Provincial de Cantabria desde el año 2015. El mandato dura cinco años. 

Las audiencias provinciales son tribunales de justicia que abarcan una provincia y tienen su sede en la capital respectiva. Tienen competencia sobre procesos civiles y penales. En el orden penal, juzga los delitos que llevan aparejadas penas de mayor gravedad (para las que no son competentes las Secciones de lo Penal de los Tribunales de Instancia o de otros Tribunales) y resuelve los recursos que establezca la ley contra las resoluciones dictadas por las Secciones de Instrucción y de lo Penal, de Violencia sobre la Mujer y de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia, de Menores y de Vigilancia Penitenciaria de los Tribunales de Instancia de la provincia.

Santiago Sañudo, un industrial de Torrelavega, se quejó de la comisión que le exigía el Banco Mercantil. “Si no está de acuerdo con lo que le ofrezco, ponga usted un banco”, le espetó el director. Así lo hizo. En la primavera de 1920 se convirtió en accionista fundador del Banco de Torrelavega junto a un grupo de empresarios y comerciantes que necesitaban créditos para financiar el comercio y la pequeña empresa local y que capitalizaron el descontento con el trato y las condiciones de la sucursal Mercantil.

La localidad cántabra de Torrelavega tuvo su propio banco durante 22 años, desde que abrió su primera sede en el Boulevard, junto al entonces Hotel Bilbao, y se festejó descorchando botellas de champagne. Una iniciativa para entorpecer el camino del Mercantil. El final de la efímera aventura acabó con un final feliz para el Banco Santander, que absorbió al Banco de Torrelavega en 1946.

Cuando prende esta iniciativa, la actividad en el Mercado Nacional de Ganados de Torrelavega era de notable importancia en una ciudad que no alcanzaba los 20.000 habitantes y donde se estaban instalando fábricas como Solvay, que empezó a producir en 1908, la Mina de Reocín o la Real Compañía de Minas Asturiana, además de empresas locales muchas de ellas relacionadas con la repatriación de capitales de ultramar, como apunta el historiador local Tomás Bustamante en su libro sobre la historia del Banco de Torrelavega.

En la ciudad había dos notarios, once escuelas públicas y tres colegios particulares, tres molinos de harina, una fábrica de hielo y tres de gaseosa, tres cafés donde se celebraban tertulias -El Cantábrico, El Moderno y El Pueblo-, dos imprentas y un servicio de carruajes a Suances, Comillas y San Felices de Buelna.

Así era Torrelavega antes de los años 20, cuando un grupo de empresarios comenzó a reunirse en la Cámara de Comercio y decidió crear su propio banco. Acordaron pedir consejo a Emilio Botín López, bisabuelo de Ana Botín, actual presidenta del Banco Santander. Tras algunas visitas en su finca de Puente San Miguel y debates en la tertulia de la farmacia de los portalones, en la Plaza Mayor, Botín dio con la solución. Crear una filial del Banco Santander “en Torrelavega y para Torrelavega” suscrito a la mitad entre la entidad financiera y los vecinos de la ciudad.

Al fin, en la primavera de 1920 se constituyó el Banco de Torrelavega con un capital inicial de dos millones de pesetas divididos en 8.000 acciones. La sociedad financiera operaba de manera independiente al Santander, aunque a lo largo de los 22 años de vida sufrió tres intentos de absorción por parte de Botín.

Los principales accionistas fueron el propio Santiago Sañudo, industrial del calzado; su amigo el médico Ramón Miguel y Crisol; el farmacéutico Hemenegildo Fernández, con despacho en la Plaza Mayo;, el comerciante de coloniales Herminio Azcárate, que tenía una tienda de ultramarinos en la calle de Consolación; el propietario de la fábrica de calzado 'La montaña rosa de los vientos', José Molleda Ugarte; y un indiano con propiedades en Filipinas, José Arce López, que fue el primer presidente del Banco. Además, formaban parte de la nómina de fundadores significados comerciantes como Pedro Matías Gómez-Sánchez, Fidel Ramón Palacio y Jacobo Díaz Iglesias, junto a tres representantes del Banco Santander.

El acuerdo entre el Santander y los empresarios del Besaya incluía una cláusula que impedía a ambas partes crear sucursales, agencias o asociarse con otra entidad bancaria.

Caja de ahorros

El banco abrió la oficina de su primera sede en el Boulevard y 18 años después inauguró un edificio propio en la calle José María Pereda, esquina con Menéndez Pelayo, que fue un acontecimiento social. Ese día se sorteraron 50 cartillas de ahorro con 15 pesetas entre los alumnos de las escuelas de la ciudad.

Dentro del banco operaba una Caja de Ahorros que admitía imposiciones desde una peseta a cambio de un interés del 3% anual y se regalaba un reloj-hucha. En 1933, la entidad tenía 3.057 cartillas de ahorros.

Uno de los primeros créditos que dio el banco fue a la Sociedad Gimnástica en 1921. En la navidad 1922 tocó el segundo premio de la lotería, diez millones de pesetas muy repartidos, que muchos vecinos ingresaron en la ventanilla del Banco de Torrelavega. En 1923 prestó 500.000 pesetas al Ayuntamiento para el pabellón de ganados, un parque de bomberos y obras en las escuelas de Sierra, Viérnoles y Campuzano.

Sucursales en Cabezón y Molledo

A lo largo de su existencia el Banco de Torrelavega abrió dos sucursales. La primera, en 1924 en Cabezón de la Sal, en el cruce de la carretera de Torrelavega hacia Carrejo. La otra, dos años después, en Molledo de Portolín. CabezÓn tenía entonces 1.815 habitantes y además de ferrocarril tenía estafeta de correos, teléfono y telégrafo. Allí, en banco financió, entre otras iniciativas, las obras de abastecimiento de agua a la villa después de que el Mercantil hubiese negado el crédito a la Corporación local.

La decisión de abrir oficina en Molledo se debió a la importancia del valle de Iguña con empresas como Hilaturas de Portolín, con 110 trabajadores, Electra del Besaya en Bárcena de Pie de Concha, o la fábrica de quesos Collantes. El Banco paralizó su actividad durante la Guerra Civil que dividió España en dos mitades, al punto de que existieron dos pesetas diferentes.

El final del Banco de Torrelavega llegó pocos años después. La entidad financiera que nació en la primavera de 1920 dejó de existir en otra primavera, la de 1942, cuando se aprobó, después de varios intentos, la absorción amistosa por parte del Banco Santander. Una acción del Banco de Santander por una del Banco de Torrelavega.

Según narra el historiador Tomás Bustamante, fue personalmente Emilio Botín Sanz de Sautuola quien, junto al consejero y fundador del Banco de Torrelavega, Santiago Sañudo, “visitaron uno a uno a los accionistas para prometerles y convencerles de la bondad de la operación”.

La breve historia del Banco de Torrelavega, apoyada por el Santander para quedarse con el negocio del Mercantil, tuvo aquí su punto final y pasó a engrosar la estructura de la entidad de los Botín, que fue creciendo hasta consolidarse como una referencia internacional.

La efervescencia de la primavera ha estallado con virulencia en lo político porque la placidez con la que ha discurrido una legislatura, sobreviviendo a golpe de herencias y ocurrencias, necesita carburante para la batalla final de las elecciones del año próximo. En unos días el Gobierno de Cantabria se ha liquidado el presupuesto y el PROT, el plan de urbanismo y ordenación del territorio que se ha colado por la puerta de atrás en la víspera del puente de Semana Santa. Todo ello con una precipitación que invita al recelo. O, cuando menos, al desconcierto.

Mientras los prados se siembran de margaritas que desperezan sus pétalos al sol, se ha tenido que improvisar a todo correr un acuerdo de presupuestos con el PRC, probablemente para eludir una orden de Génova –aún habitan la sede 'negra'– de pactar con Vox en sintonía con otras comunidades. Y eso que contra Vox no tienen ningún remilgo ideológico, simplemente es falta de sintonía personal con su lideresa local, Leticia Díaz, que compartió anterior Gobierno con la propia presidenta Buruaga.

El pacto de presupuestos ha sido tan apresurado que ni siquiera se han molestado en justificar y vestir la marcha atrás. Nadie conoce las verdaderas razones del repentino cambio de timón. Pero más allá de este giro de guion, la legislatura agoniza en la indiferencia. Se han consumido casi tres años en quitar más puertas al campo para sembrar lo rústico de establecimientos turísticos y piscinas, toros en los pueblos para combatir la despoblación, una privatización millonaria de servicios sanitarios durante dos décadas y cien millones de euros más –consignados en este nuevo presupuesto– para la Sanidad. Con la paradoja de que cada vez nos cuesta más que el servicio sea peor.  

También se ha pisado el acelerador en la aprobación inicial del PROT. Un documento que apareció repentinamente de la nada, que nadie sabe quién lo ha hecho, cómo, ni cuándo, y que se ha aprobado –inicialmente– a golpe de autoridad política en la comisión de urbanismo que, al parecer, no pinta nada. Como ha dejado claro el testimonio de los representantes de tres colegios profesionales –arquitectos, geógrafos y agrónomos– que se han negado a votarlo porque se les convocó el día antes del puente de Semana Santa sin tiempo para estudiar el documento. Demasiadas prisas y poca transparencia. Dos ingredientes que invitan a la alarma.

El mismo día que la NASA lanzaba un cohete a la luna, el consejero de Fomento, Roberto Media (PP), decía que la aprobación inicial del PROT “es un momento verdaderamente histórico”. A lo mejor se ha excedido un poco en la épica discursiva que, por otro lado, es ya un adjetivo de uso común, hasta manoseado, en la dialéctica discursiva del Gobierno de Cantabria.

Es histórica cualquier primera o última piedra, la bajada de impuestos del principio de legislatura o el proyecto del Centro de Datos que sigue sin 'enchufe'. Hasta en la cena de Navidad de los populares: “Hemos hecho historia al recuperar Cantabria para el PP”, dijo una eufórica Buruaga. Efectivamente, todo queda para la historia. Otra cosa es que se recuerde en generaciones venideras con tanta efusión y alborozo como el presente.

En cualquier caso, las prisas del consejero por aprobar el PROT no pueden sacrificar el contenido del documento. No basta como justificación que hace 20 años que debería estar aprobado y colgarse una medalla al mérito para la próxima campaña electoral. La importancia del futuro de Cantabria merece un trabajo riguroso, plural y transparente.

Tal vez lo más ridículo es que después del escándalo que supone que los colegios profesionales se nieguen a participar en la pantomima de aprobación del Plan, el consejero ha replicado que gracias al PROT “el sobao y la quesada se incoporarán a la ordenación territorial futura de nuestra comunidad”. A ver quién reniega de un PROT que les declarará Bien de Interés Inmaterial. Ya podían aplicar la misma protección a los datos de los 51.000 voluntarios cántabros del proyecto Cohorte que van a ceder a una farmacéutica estadounidense.

El Partido Regionalista de Cantabria (PRC) exigió en la reciente negociación presupuestaria con el Partido Popular que el primer año de carrera universitaria sea gratis para todos los cántabros, como uno de los puntos para apoyar las cuentas públicas de la comunidad autónoma de 2026.

Se trata de una medida que ya figuraba en la Ley de Juventud que aprobó el Parlamento de Cantabria el 30 de junio de 2025. En concreto, el artículo 13 de esta norma alude a la implantación de la gratuidad de los estudios universitarios “en los términos que se fijarán en el desarrollo reglamentario de esta ley, primando la excelencia académica”, apunta el texto.

La universidad ya es gratis -no solo el primer año, sino los cuatro- para las familias con hijos que ingresen menos de 40.777 euros anuales, por poner un ejemplo, gracias a las becas del Ministerio de Educación. Eso supone que si, a partir de septiembre, la Universidad de Cantabria no cobra tasas, esa medida beneficiará a los estudiantes de familias cuyos ingresos superen, de media, esos 40.000 euros y que ahora, por tanto, no entraban dentro del umbral económico exigido para acceder a las becas ministeriales.

El modelo que va a implantar el Gobierno del Partido Popular de María José Sáenz de Buruaga ya se había rechazado en el Parlamento de Cantabria. Ahora, sin embargo, ha aceptado ponerlo en marcha. Una medida que también han implantado o anunciado ya en otras autonomías como Castilla y León, Aragón o La Rioja, además de Castilla-La Mancha y Asturias.

Con la inclusión de esta medida en el pacto de presupuestos con el PP, los regionalistas buscan activar el primer curso de universidad gratis desde el próximo septiembre. La diputada y candidata electoral del PRC, Paula Fernández, calcula que la medida beneficiará a unos 1.700 estudiantes cántabros de los 2.246 alumnos nuevos que se han matriculado este año.

La matrícula de primer curso son 60 créditos con un precio medio de 14 euros. En base a estas cifras, el coste medio del primer curso del grado cuesta unos 840 euros de media en la UC, por lo que el Gobierno de Cantabria destinaría cerca de 1,4 millones de euros para este fin.

Aunque es una medida que ha exigido como propia el PRC, unos días después de firmar el acuerdo, la presidenta de Cantabria se reunió con la rectora de la UC, Conchi López, para reivindicar que su Gobierno destinará este año cerca de 1,5 millones de euros a financiar la matrícula gratuita de los cántabros que accedan a la Universidad de Cantabria, de la que se beneficiarán todos los empadronados en la comunidad autónoma durante el primer curso de sus estudios de grado.

El modelo de becas de la universidad pública está cambiando. Cuando hace unos meses a la actual rectora de la Universidad de Cantabria le preguntaron su opinión sobre esta medida respondió: “Lo importante es el resultado final, que todas las personas que quieran estudiar puedan hacerlo y no haya gente que se quede fuera”, subrayó. Ahora, su reacción ha sido más receptiva: ha dicho que la gratuidad de la matrícula del primer curso “elimina obstáculos” en el acceso a los estudios universitarios y “refuerza el papel de la universidad como ascensor social”.

Becas del Ministerio

Actualmente, los alumnos universitarios ya disponen de las becas del Ministerio de Educación para sufragar sus estudios universitarios. Se conceden en función de tres niveles de renta, pero también se tiene en cuenta el número de personas que forman la unidad familiar.

Esto supone que, por ejemplo, un estudiante de una familia de cuatro miembros pueda obtener una beca de matrícula gratis durante todo el grado si no superan los 40.770 euros anuales. En el caso de una familia con un único hijo podrá estudiar gratis toda la carrera si los ingresos familiares no superan los 34.334 euros.

Además de las tasas gratis, no solo un año sino todos los del grado, los estudiantes acceden a percibir ayudas económicas que oscilan entre los 1.700 euros y una cantidad variable en función de las notas, a 2.700 euros más si se estudia fuera de la comunidad autónoma. Es decir, las becas tienen una cantidad fija y otra variable, pero en todas va incluida la gratuidad de tasas.

También hay otro Programa Regional de Becas del Gobierno de Cantabria destinadas a pagar los gastos de matrícula y una ayuda al estudio para grado y máster para estudiantes de municipios rurales afectados por la despoblación. Una beca que se concede con los mismos requisitos económicos que las del Ministerio y que no es compatible con ninguna otra ayuda.

La gratuidad de la matrícula es una de las medidas incluidas en el presupuesto autonómico para 2026 junto con el nuevo Programa de Becas de Excelencia Cantabria, que contará con 300.000 euros e irá dirigido a los alumnos con mejores expedientes en Bachillerato, Formación Profesional, Enseñanzas de Régimen General y Enseñanzas Superiores. Una iniciativa que se suma al Programa Regional de Becas incluido en el Contrato Programa con la Universidad, cuyo presupuesto alcanza los 210.000 euros.

El Gobierno de Cantabria que preside María José Sáenz de Buruaga (PP) ha solicitado de nuevo la expatriación de los diez menores extranjeros tutelados que han llegado a la comunidad desde Ceuta y Canarias entre el 3 de febrero y el 23 de marzo. Un trámite que la administración autonómica hace cada vez que llega un niño migrante a Cantabria dentro del sistema de acogida del Estado justificándolo en que “el interés superior del menor se satisface con la reagrupación con su familia en su país de origen”.

De hecho, es una medida recurrente. En la última ocasión, el Gobierno de Buruaga solicitó la devolución de cuatro menores extranjeros el mismo día que exigió a la alcaldesa de Cartes, Lorena Cueto (PSOE), paralizar la orden de cierre del centro de acogida que el Ejecutivo autonómico ha instalado en el municipio. Ambas decisiones, aparentemente contradictorias entre sí, se tomaron en la misma reunión del Consejo de Gobierno el pasado 5 de febrero y en plena polémica por la instalación de este hogar de emergencia para niños y niñas.

Ahora, el Consejo de Gobierno del 20 de marzo ha acordado autorizar a la Dirección General del Servicio Jurídico interponer un recurso contra las resoluciones de las delegaciones de Gobierno de Ceuta y Canarias por la que se traslada y reubica a las personas menores de edad que han llegado a Cantabria en las últimas semanas.

Cada vez que llega un menor procedente de Ceuta, Melilla o Canarias, el Gobierno del PP en Cantabria recurre lo que denomina “traslados forzosos” -en vocabulario de la consejera de Inclusión Social, Begoña Gómez del Río- y la reubicación de estos niños por parte del Estado.

La Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Cantabria exige que los datos de los voluntarios del proyecto Cohorte no se utilicen para “encarecer seguros o excluir a colectivos vulnerables”. En la misma línea, solicita al Gobierno de Cantabria la publicación íntegra del acuerdo, y de la memoria jurídica y ética que lo sustenta, con la farmacéutica estadounidense a la que se van a ceder los datos de los voluntarios que participaron en este estudio. El colectivo pide una explicación “en lenguaje comprensible” de qué implica para las 51.000 personas y la creación de un comité para permitir o no usos secundarios de datos sanitarios en Cantabria.

En conversación con elDiario.es, el colectivo considera que hacen falta “políticas claras de conflicto de interés” para investigadores y responsables públicos, así como cláusulas que impidan que los modelos genómicos se utilicen para discriminar, encarecer seguros o excluir a colectivos vulnerables. Para ello, proponen un órgano que supervise los convenios y evalúe los posibles riesgos de usos secundarios. “Una gobernanza independiente” que debería contar con la participación de pacientes, expertos en bioética y protección de datos y representantes de la sociedad civil, precisan.

En opinión de los portavoces de la plataforma, son pasos “mínimos” para preservar la confianza en el proyecto. “Sin transparencia, sin garantías y sin participación social, cualquier acuerdo público-privado en un terreno tan sensible corre el riesgo de erosionar precisamente aquello que se necesita fortalecer: la confianza de la ciudadanía en sus instituciones”, explica Antonio Jiménez, exjefe de Neumología y exdirector médico del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla en Santander.

Cohorte Cantabria es un proyecto público que se sostiene sobre la confianza de miles de voluntarios “y esa confianza se alimenta de transparencia radical”, estima este experto. El colectivo subraya que la ciudadanía tiene derecho a saber qué va a hacer exactamente Regeneron Pharmaceuticals -una farmacéutica con sede en Boston propiedad de uno de los mayores fondos de inversión a nivel mundial- con los datos, qué obtiene la sanidad pública a cambio y qué riesgos existen. “Publicar el convenio -con las mínimas reservas comerciales- y los informes que lo sustentan no debería ser visto como una concesión, sino como un deber democrático”, apunta Jiménez en declaraciones a este periódico.

La plataforma reclama “hechos concretos” que avalen la afirmación de que el convenio entre Cohorte y el laboratorio farmacéutico estadounidense “se ajusta escrupulosamente a la legalidad y a la ética”, tal como han asegurado los impulsores del proyecto. “Cuando hablamos del uso de información de salud que se transfiere a una empresa privada, no basta con invocar buenas intenciones”, advierten.

Nuevo consentimiento

Desde el punto de vista jurídico, desde la plataforma consideran que un convenio de estas características exige una base legal bien definida “compatible con el consentimiento original”. Respecto a la cesión de datos de Cohorte, el colectivo considera necesario acreditar “que la finalidad es la investigación biomédica y la medicina de precisión, no una explotación comercial amplia”.

En su opinión, si los fines son comerciales o para desarrollar productos inaccesibles para el sistema público de salud, debería plantearse un nuevo consentimiento de los voluntarios en el proyecto. Así, la plataforma defiende que para respetar la autonomía de los participantes “se debe ofrecer un mecanismo sencillo de oposición o retirada para quienes no deseen que sus datos se utilicen en acuerdos con empresas privadas, sin perjuicio en su atención sanitaria”.

De hecho, advierten que debe garantizarse un beneficio recíproco y medible: acceso preferente a resultados para el sistema público, coautoría científica, participación en patentes o licencias y un retorno económico cuantificable. “No es aceptable que una farmacéutica reciba un activo enorme a cambio de contraprestaciones vagas”, concluye Antonio Jiménez.

“Memoria de elefante y palabra de tratante”, predicaba de sí mismo. Francisco Javier López Marcano (Torrelavega, 26 de enero de 1955 - 2 de abril de 2026) era capaz de recitar de memoria el primer capítulo de 'Cien años de soledad'. Le bastaba rozar un papel con la mirada para retener su contenido. A su prodigiosa memoria se le unían otras cualidades como una imaginación extrema para concebir grandes proyectos, como la cueva de El Soplao, un éxito turístico para Cantabria. Fue un político ambicioso que pensaba en grande. Se fue a Roma para promocionar el turismo religioso y habló con el Papa Benedicto XVI en latín, mientras le entregaba un ejemplar del Beato de Liébana ilustrado por el pintor José Ramón Sánchez.

El nombre del político que sabía latín, y que ha ilustrado durante cuatro décadas sus intervenciones con reflexiones de los clásicos, ha quedado asociado especialmente a la cultura cántabra que concibió como un todo, como una fusión de naturaleza, recursos turísticos, gastronomía y arte.

Marcano, gran conversador, lector empedernido, amante y coleccionista de arte, se despidió de la vida en la madrugada del Jueves Santo, en el simbólico momento que antecede a la pasión para los cristianos. El corazón, que ya había sido reparado hace unos años, dejó de latir en la misma ciudad que le vio nacer y a la que se entregó con la misma devoción religiosa que tenía. Vivía en Torrelavega con su mujer, Pilar Estrada, y el cariño de sus tres hijos -Leticia, Javier y Alba- y de sus nietos, de los que hablaba siempre que podía.

Le gustaba presumir de sus orígenes. Nació en Tanos y su padre desempeñó todos los oficios posibles para salir adelante: minero, tendero, jardinero. Él solo abandonó Torrelavega en un breve paréntesis vital para estudiar Filología Hispánica en la Universidad de Valladolid y hacer la mili, etapa que coincidió con los excitantes años de la transición. Curiosamente, mientras opositaba, estuvo a punto de ser uno de los primeros croupiers del Casino del Sardinero, pero en una carambola el día antes de vestirse el esmoquín consiguió una plaza de profesor en el Instituto Marqués de Santillana de Torrelavega donde ha enseñado Latín a varias generaciones de torrelaveguenses.

Carrera política fulgurante

La influencia política de Marcano ha sido determinante en las últimas décadas. Se entregó a ella con pasión y entusiasmo desde el Partido Regionalista de Cantabria (PRC) hasta los cargos que ha desempeñado en el Gobierno autonómico y el Ayuntamiento de Torrelavega, donde fue alcalde. Siempre al lado de Miguel Ángel Revilla, Marcano ha ejercido una extraordinaria influencia como uno de los padres del regionalismo cántabro y el poderoso líder del PRC en la comarca del Besaya. Si hay una palabra que le ha definido es lealtad, la que él profesaba hacia los demás y la que exigía hacia sí mismo.

Tenía 24 años cuando en 1979 ingresó en ADIC, la Asociación para la Defensa de los Intereses de Cantabria. Ocho años después se afilió al PRC y comenzó, como concejal de Seguridad Ciudadana en el Ayuntamiento de Torrelavega, una carrera política que suma casi cuatro décadas en primera línea con un solo breve paréntesis.

En alguna ocasión su hijo, Javier López Estrada, actual alcalde de Torrelavega y diputado autonómico durante las dos últimas legislaturas compartiendo bancada con su padre, ha narrado una anécdota que ilustra el carácter pícaro de su progenitor. Cuando aún era novato, al acceder al Ayuntamiento el policía de la entrada le pregunto: “¿Y usted quién es?”. “Vasco Núñez de Balboa”, respondió. Así lo apuntó el agente, con lo que el conquistador español se ha convertido en el personaje mas ilustre que ha visitado la Casa Consistorial de la capital del Besaya.

En el año 1995 llegó por primera vez a la Consejería de Cultura y Deporte, en el Gobierno de José Joaquín Martínez Sieso (PP). Posteriormente fue alcalde de Torrelavega y, tras esa etapa, regresó a la Consejería engordada con las competencias en Turismo.

La mano derecha de Revilla también atravesó épocas amargas cuando tuvo que ser sacrificado por su propio partido a consecuencia de los procesos judiciales que inició el Partido Popular contra él. Causas que hicieron mucho ruido y quedaron en agua de borrajas, pero que convirtieron a Marcano en mártir regionalista, tras varios años de fogosa artillería judicial. Procesos, como aquella fabulada desaparición de cuadros, El Soplao, el molino de Vestas, la Casa de los Gorilas de Cabárceno o la causa del Racing que esquivó con veredictos de inocencia.

“Tranquilo, sereno, equilibrado y confiado”. Así respondía cada vez que le preguntaban en aquella época por su futuro judicial. Después, volvió con plenos poderes. Miguel Ángel Revilla recuperó al hombre que siempre había estado a su lado y restituyó su honor nombrándole nuevamente consejero de Industria, Turismo, Innovación y Comercio en la pasada legislatura. “Estás limpio”, le dijo en un acto multitudiario ante cientos de simpatizantes. Ahora ocupaba un escaño como diputado en el Parlamento de Cantabria y vivía muy pendiente de los cambios en la cúpula de su partido y de la carrera política de su hijo, en quien ha sembrado su ambición política.

Cantabria infinita

Soñó con una 'Cantabria infinita', el lema que se popularizó bajo su mandato como reclamo turístico que aún pervive, fue un político impetuoso y creativo que a las siete de la mañana ya estaba en el despacho y que era capaz de improvisar una visita a cualquier obra en marcha. A sus colaboradores les costaba seguir el ritmo de este seductor de modales elegantes que vestía cuellos cisne, trajes a rayas e incluso sombrero y gabardina y que tenía una colección de un centenar de corbatas.

Marcano ha sido un politico con un elevado perfil intelectual y cultural que abrazaba con idéntica pasión la ópera -la gestión de oro del Palacio de Festivales puso en escena espectaculos de alto nivel que no se han vuelto a repetir- y un partido del Tropezón de Tanos, su primer equipo. Porque acostumbraba a recitar como una letanía que era del Trope, de la Gimnástica, del Racing, del Real Madrid y de España. A la vez era un enamorado del ciclismo y los bolos. Y, sobre todo, de la gastronomía. Como buen goloso que era defendió y promoció el hojaldre de su ciudad dentro de la Cofradía que ensalza este producto típico.

El histórico trío de dirigentes del regionalismo cántabro se ha quedado huérfano. Únicamente queda Revilla de aquella alineación simbólica del PRC: Rafael de la Sierra, falllecido en 2019 y Javier López Marcano, que se despidió en la madrugada de este 2 de abril de 2026 de la vida también a una edad muy temprana. Tenía solo 71 años.

'Las valquirias' de Wagner, su pieza favorita, cantan su grito de guerra mientras llevan a los héroes caídos al valle Valhalla, donde los difuntos preparan junto a Odin la batalla del fin del mundo. Hasta allí viaja el político infinito que ha sido Marcano.

El comité de empresa de la fábrica de Solvay en Barreda (UGT-FICA, CCOO y USO) ha alcanzado un principio de acuerdo en el expediente de regulación de empleo (ERE) planteado por la compañía que reduce a 45 los despidos e incluye mejores condiciones económicas de indemnización que las propuestas inicialmente.

El acuerdo se someterá a un referéndum vinculante de la plantilla, que tendrá lugar el próximo lunes día 6 de abril en los horarios habituales; entre las 5,30 y las 15 horas y desde la 21 hasta las 23 horas, informa UGT.

Según aclara el comité de empresa de la fábrica cántabra de Solvay, “como ya hemos señalado en varias ocasiones a lo largo de este proceso, nuestra intención, más allá de la retirada del ERE, ha sido en todo momento la de minimizar el impacto del mismo, reduciendo el número de despidos y estableciendo unas condiciones aceptables para quienes finalmente tuvieran que salir de la empresa.

Los sindicatos precisan que el número de despidos se reduce a 45 y se podría llegar hasta los 52 “en caso de que, siete personas, que no estaban incluidas en el perímetro del ERE, optaran por acogerse voluntariamente, si la empresa también lo aceptara”. 

“Así mismo se han acordado unas condiciones de salida que podemos considerar aceptables y, en todo caso muy superiores a las ofrecidas por la empresa en su planteamiento inicial”, subraya el órgano sindical tras concluir una negociación que se ha prolongado más allá de las 21 horas.

Estas condiciones estipulan una indemnización de 20 días por años con un tope de 12 mensualidades para las personas mayores de 63 años; un plan de rentas con el 80% del salario neto para las comprendidas entre los 58 y 63 años; y una indemnización de 40 días por año trabajado con un tope de 30 mensualidades para las que tengan una edad inferior a los 58 años mencionados.

El comité de empresa de la fábrica de Solvay en Torrelavega agrega en su comunicado que “habrá incentivos, que pueden alcanzar los 30.000 euros, para quienes decidan acogerse de forma voluntaria a este acuerdo para abandonar la empresa”.

Los colegios profesionales de arquitectos, geógrafos y agrónomos se han ausentado este miércoles de la votación del punto en el que se aprobaba de forma inicial el Plan Regional de Ordenación del Territorio de Cantabria (PROT) “ante la imposibilidad material de estudiarlo” para la reunión. Una cita convocada para el día antes del puente de Semana Santa y en mitad de las comparecencias en el Parlamento de los consejeros del Gobierno del Partido Popular para informar de los presupuestos de la comunidad. No obstante, tras este incidente, el consejero de Fomento, Roberto Media, compareció ante los medios de comunicación para valorar la aprobación del documento sin hacer mención al desencuentro con los representantes de los cuatro colegios profesionales.

“Somos plenamente conscientes de que este Gobierno cuenta con la mayoría necesaria para aprobar este instrumento independientemente del sentido de nuestro voto” -explican- “sin embargo, el hecho de que el resultado esté asegurado por la aritmética política no justifica el menoscabo de nuestra participación”.

La reacción se produce “ante la precipitada convocatoria del pleno” de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU) que recibieron hace una semana, el 24 de marzocon la sorpresa de que en el orden del día aparecía la aprobación inicial del Plan de Regional de Ordenación del Territorio (PROT), el documento que regula la gestión urbanística y medio ambiental de la comunidad.

Dos días después, el Colegio de Arquitectos de Cantabria -“en tiempo y forma”, destaca el colectivo- registró un escrito de solicitud de retirada del punto del orden del día “ante la imposibilidad material de estudiarlo para poder emitir voto responsable y posibilitar una profunda presentación y debate en el ámbito de la CROTU”, puntualiza. Una solicitud que, en similares términos, también registraron los Colegios de Ingenieros Agrónomos, de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos y de Geógrafos.

Sin embargo, las solicitudes no se aceptaron por considerar que el registro fue extemporáneo, al haberse presentado menos de 48 horas antes de la celebración de la Comisión.

Arquitectos, geógrafos y agrónomos explican en una carta firmada conjuntamente, que leyeron en la Comisión, que a pesar de la importancia del documento y el interés que mostraron los Colegios por conocerlo de primera mano, la presentación de los documentos técnico y jurídico “duró escasamente una hora, sin que se abriera la posibilidad de un debate que nos permitiera obtener una visión global de la metodología, fuentes, fines, objetivos y soluciones propuestas y, mucho menos, debatir y aclarar las dudas que de la explicación surgieron”.

A continuación los representantes colegiales intervinieron para reclamar más tiempo para profundizar en el documento, pero la presidencia de la reunión “dejó clara su intención de aprobar si o sí el PROT”, bajo el argumento de que, trascurridos 20 años desde la regulación de la figura en la Ley del Suelo, su aprobación la considera de urgencia. Así, se remitió a los Colegios a que presentasen alegaciones tanto en el procedimiento de participación pública publicado en la web Territorio Cantabria, como en la próxima información pública.

Ante estas circunstancias, los representantes de los Colegios consideran necesario clarificar la naturaleza de este foro. “Esta Comisión no es un proceso de participación pública ni un trámite de audiencia ciudadana; es un órgano de gestión administrativa regulado por la Ley del Suelo” -argumentan- “y nuestra presencia aquí no es una concesión, sino el ejercicio de las funciones que la ley otorga a los colegios profesionales”. Por ello, subrayan que el acceso a la información y el tiempo de análisis “no son una solicitud de gracia”, sino una condición indispensable para el funcionamiento del órgano.

Los tres colegios recuerdan en el escrito que tienen “la obligación legal de votar, sin que quepa posibilidad de abstención”, y argumentan que es “irresponsable” obligarles a participar en una votación sin disponer del tiempo suficiente para emitir una opinión fundada. “No podemos, por ética profesional y responsabilidad ante la sociedad, validar con nuestro voto un documento que no ha podido ser analizado con el rigor técnico que su envergadura exige”, consideran.

En el escrito conjunto señalan que su presencia en este órgano tiene una clara voluntad de colaboración de forma “totalmente desinteresada” aportando conocimiento y experiencia al servicio de la ordenación del territorio y del interés general. “Entendemos que no escucharnos y denegar los tiempos mínimos de estudio como se manifestó en la Ponencia Técnica del pasado día 30 constituye otra falta de respeto más hacia nuestros colectivos y hacia los profesionales que representamos”, estiman. Los tres colectivos consideran que ignorar sus peticiones y no escuchar nuestras observaciones muestra un “desprecio” por su trabajo y vacía de contenido la esencia de esta Comisión.

“No queremos ser utilizados de forma falsaria y, por responsabilidad institucional, anunciamos que nos ausentamos de la votación en la CROTU”, expresó durante la comisión Paula Santillana, vocal del Colegio Profesional de Arquitectos de Cantabria, que leyó el escrito en la reunión.