Ángeles Flores Peón ya ha cumplido 101 años y vive en Gijón, a apenas diez minutos en coche del estadio de fútbol de El Molinón y a 20 del antiguo frente de Colloto. Ese espacio, de apenas una treintena de kilómetros, fue el escenario de su propia guerra, la Civil, y también de sus derrotas.

Ángeles asegura que, hoy en día, ya solo responde a las preguntas de los periodistas con los pendientes puestos y sin salir de su salón, una estancia pequeña en la que las rosas socialistas enmarcan historias plasmadas en multitud de placas de homenaje por una acción que ya nadie recuerda.

A Maricuela, como era conocida por los más cercanos, la guerra le pilló bailando y, con la misma naturalidad, decidió alistarse para ir al frente. Sin embargo, su labor, y la de muchas otras milicianas, fue “minimizada hasta convertirse en una mera anécdota”, tal y como señala Gonzalo Berger, doctor en Historia Contemporánea por la Universidad de Barcelona.

La llegada de la II República a España en 1931 supuso un avance en derechos y libertades para las mujeres con iniciativas como la conquista del voto, el matrimonio civil, el divorcio o las oposiciones a puestos del Estado.

Estos cambios, que igualaron a España con la Europa vanguardista de los años 20, apostaron “por la modernización del país”, subraya Berger, aunque, tal vez, se sucedieron “más rápido de lo que la otra parte del país estaba dispuesta a asumir”.

A pesar de que Maricuela tuvo claro que lucharía “porque era de la República”, no fueron sus únicas razones. “El hecho de que muchas mujeres se enrolaran de forma voluntaria los primeros días tras el golpe”, señala Ana Martínez Rus, doctora en Historia Contemporánea en la Universidad Complutense de Madrid, fue una maniobra “en consonancia con lo que estaba en juego a nivel general, pero sobre todo para ellas”.

No obstante, lo que en un primer momento fue una iniciativa pionera a nivel mundial, y una gran maniobra propagandística para la República, pronto se volvió un inconveniente. Mientras que a un lado de la frontera las instantáneas de Marina Ginestà daban la vuelta al mundo, detrás de la barrera de los Pirineos el día a día de las milicianas en el frente era muy distinto. Equipadas con mono, pantalón y fusil y llevando a cabo acciones consideradas masculinas, generaron rechazo tanto en su propio bando como en el del enemigo debido a que, según el historiador, “a algunos combatientes les humillaba profundamente que hubiese mujeres que fueran más valientes que ellos”. Con el recrudecimiento del conflicto, voces de su propio bando se alzaron para pedirles que dejaran la primera línea y se ocuparan de las labores de la retaguardia.

La forma en la que consiguieron la salida de muchas de estas mujeres fue una campaña propagandística de desprestigio. En las calles empezaron a colgar carteles en las que igualaban a las mujeres del frente con las enfermedades venéreas. Poco a poco las desplazaron de la primera línea de combate.

Maricuela conoció mejor la tierra en la que se había criado en apenas un año que sus padres en toda una vida. Tuvo que arrastrarse por ella para esquivar las balas y llevar la comida a los combatientes, que luchaban tras un parapeto. Solo libró un día y quien la sustituyó en la trinchera murió de un disparo por no agacharse lo suficiente.

Aunque no sabe si fue o no valiente, Maricuela estuvo en el frente, y, cuando regresó, tuvo que sufrir las consecuencias de su doble derrota: la primera, desde el primer momento en que, destaca Berger, “no les dejaron ser lo que querían ser” y la que vino después con la victoria de los sublevados.

Cuando las tropas franquistas llegaron a su tierra, Maricuela y sus dos compañeras milicianas tuvieron que enfrentarse a las duras condiciones del penal en el que ingresó con apenas 18 años y donde sufrió continuas vejaciones. Después llegarían un Consejo de Guerra sumarísimo y el miedo al temido “paseo”, como eran conocidos los fusilamientos entre las reclusas.

Cuatro años después, cuando salió de la cárcel, su España era otra. Franco había ganado la guerra y las mujeres que estuvieron en las trincheras fueron duramente represaliadas: les raparon el pelo, las violaron, les robaron su dignidad. Fue “terrible”, recuerda Maricuela, quien asegura haber sacrificado “lo mejor de su juventud” en la contienda.

Con la muerte de Franco y la llegada de la democracia, aquellos que estaban en el exilio regresaron, y con ellos sus vivencias. La Columna Durruti, la liberación de París o la Batalla del Ebro comenzaron a escribir sus propias páginas en los libros de Historia. Quienes no regresaron, aunque nunca se marcharon, fueron las milicianas, que callaron sobre sus vidas. “Nunca explicaron cuál fue su lucha y cuál su derrota, una doble derrota”, apostilla Berger.

Tuvieron que pasar casi cinco décadas, en 1989, para que el papel de las milicianas en la Guerra Civil fuera tenido en cuenta como objeto de estudio. No fueron protagonistas ni en la Historia ni en la ficción, y su papel en el conflicto fue silenciado. “Resultaron estigmatizadas por los franquistas primero, por los republicanos después y acabaron olvidadas”, asegura Rus.

A pesar de que actualmente se realizan actos que conmemoran su papel en el conflicto, la crisis sanitaria causada por la COVID-19 ha suspendido homenajes importantes, como el organizado por la Fundación Pablo Iglesias, ligada al Partido Socialista, sobre las mujeres pioneras en la España Contemporánea.

Décadas de silencio terminaron por enterrar la historia de las milicianas, que hoy resiste gracias a figuras como Maricuela o el que ella bautiza como “su hijo adoptivo”, Pedro Alberto, quien insiste en la necesidad de hablar, de “reivindicar la memoria de todas aquellas mujeres que estuvieron presas” o participaron en la Guerra Civil y que “no pudieron contarlo nunca”.

Ella, sentada en su sillón orejero, le da la razón. “Yo no cuento lo que me contaron, yo lo viví”, señala y, aunque el tiempo vaya en su contra, seguirá contando su historia a quien quiera escucharla, desde el principio hasta el final. Hasta que, como dice al despedirse, “me venga la libertad”.

Con la colaboración de Daniel Andrés Arrigote

Canarias está ubicada en su posición original

Metodología

MetodologíaEste mapa ha sido elaborado a partir de la información obtenida de las subdelegaciones del Gobierno de cada provincia, referente a las secciones censales del año 2018, por lo que pueden haber sufrido ligeras variaciones en 2019.

Griam, Alison, Laura y Olga son solo una muestra de la diversidad que caracteriza al movimiento 2020 Rebelión por el Clima

Esta mañana esta plataforma de activistas medioambientales –en las que están las principales asociaciones ecologistas de España– se instaló junto a la sede del ministerio para reclamar medidas inmediatas contra la crisis climática

El desalojo de la policía de los manifestantes que cortaban el tráfico se saldó con varias decenas de activistas en comisaría, tres detenidos y numerosos heridos leves

Una mañana de lunes atípica en Madrid y en decenas de ciudades del mundo. El colectivo Extinction Rebellion impulsaba acciones conjuntas en todo el planeta para exigir a los Gobiernos medidas concretas para luchar contra la crisis climática. Madrid no fue la excepción: un grupo de activistas de la plataforma 2020 Rebelión por el Clima cortó el tráfico en el puente que cruza la Castellana a la altura de Raimundo Fernández Villaverde, en la zona norte de la capital. Fueron desalojados por la policía, que se llevó a unas 40 personas a comisaría para identificarlas, además de dejar detenidas a tres de ellas. Los manifestantes denunciaron varias decenas de heridos leves.

Mientras tanto, otro grupo de activistas mostraba una cara diferente de la protesta: plantaban sus tiendas de campaña frente al Ministerio de Transición Ecológica entre cánticos, pancartas y coloridas performances con el mismo objetivo: exigir compromisos firmes al Gobierno en funciones.

En esa acampada hay muchos rostros y experiencias vitales diferentes que confluyen en un mismo objetivo: alertar de una situación de emergencia que necesita de acciones inmediatas.

Griam Cutanda: “Estamos a tiempo de mitigar lo peor”

Griam es escritor y doctor en Ciencias de la Educación. A sus 62 años, recorre España dando charlas sobre los peligros del cambio climático. Es uno de los seis fundadores de Extintion Rebellion en España y lleva décadas luchando por la conservación del planeta: “Ahora hay estudios que dicen que tenemos una posibilidad en 20 de que se extinga la raza humana. ¿Si tuvieras esa posibilidad de que un avión se estrellase ¿te subirías?”, pregunta.

Cutanda, que conoce de cerca la creciente concienciación de los últimos años –“En el 92 ya estuve apagando fuegos en Valencia y en el 93 replantando árboles”– está convencido que la gente no conoce esta información. “Hay que actuar ya, no queda tiempo ni de ser pesimista”, se enciende. Y concluye: “ya llegamos tarde”. Aun así, cree que “estamos a tiempo de mitigar lo peor”. Y por eso no piensa moverse de la acampada.

Alison: “El futuro de mis hijos está en peligro”

Está sentada en el césped junto a sus dos hijos, Tommy y Lucas, de 7 y 9 años. Alison y sus pequeños vienen desde Cantabria con un billete solo de ida, ya que pretenden quedarse el máximo tiempo posible.

Alison es de Reino Unido pero lleva 15 años viviendo en el norte de España. “El futuro de mis hijos está en peligro” se lamenta Alison. Asegura que “mientras que los políticos electos no se responsabilicen de proteger a la población tendremos que salir a la calle”.

Ella y su familia están cómodos en la acampada “el ambiente es relajado, la gente sociable y la convivencia muy buena”

Sus hijos ven claro que “lo más importante es la vida y el bienestar de todos las especies en este planeta”, aseveran ambos hermanos.

Alison cree que es complicado ver el colapso que va a tener la civilización “no podemos imaginar cómo será”.

Laura: “Ya sufrimos el cambio climático”

Laura ha venido desde un pueblo cercano a Talavera de la Reina. No ha venido sola, la acompañan su pareja y su hijo Milo de 14 meses. Es la primera vez que se suman a una acción como esta. Lo hacen porque les “preocupa el ahora y el futuro” que le dejarán a Milo.

La familia se ha enterado a través de las redes sociales y han traído a Milo “porque forma parte de todo esto como futuro heredero del planeta”. Laura es escaladora y le encanta la naturaleza. A través del contacto que tiene con ella ha visto que los veranos cada vez son más largos y más secos. Sin embargo hasta ahora no había encontrado respuesta a su gran preocupación por el clima. “Hay que tomar medidas gubernamentales, ya estamos sufriendo el cambio climático”, afirma.

La familia solo pasará el día de hoy en la acampada pero querían formar parte a su manera.

Olga Balado: “Basta de mirar hacia otro lado”

Olga se define como arquitecta, animalista y vegana. Tiene 50 años y lleva más de 10 luchando contra el cambio climático y la extinción de la especies “para mí lo más importante que puede hacer un ser humano es luchar contra esta masacre y el maltrato a los animales”.

Balado considera que lo más importante es la acción: “Que se nos oiga, es una forma de dar viabilidad a nuestras demandas”. Cree que con el cambio climático no se está prestando la suficiente atención: “El ser humano tiene facilidad para mirar hacia otro lado”.

Varios grupos de activistas medioambientales han realizado una acción conjunta para exigir medidas concretas al Gobierno para atajar la crisis climática. Se trata de una acción coordinada con más de una decena de ciudades en todo el mundo.

Los manifestantes tienen intenciones de permanecer en el lugar hasta obtener un compromiso de actuaciones concretas por parte del Ejecutivo.

En el caso de Madrid, poco después de las ocho y media de la mañana han cortado la circulación en el puente que cruza la Castellana a la altura de la calle de Raimundo Fernandez Villaverde. Han cruzado grandes cadenas de un lado a otro del puente y se han instalado para impedir la circulación en ambos sentidos con banderas y cánticos como “No hay planeta B” o “Extinción, rebelión”.

La policía ha comenzado a desmontar el corte pasadas las nueve y media de la mañana, incluso arrastrando a los manifestantes por la calle, que formaron una cadena humana para intentar no ser desalojados. Los agentes se han llevado a 40 de ellos para ser identificados en comisaría y han detenido a tres que a última hora de la tarde han sido puestos en libertad sin cargos. Uno de ellos es Jorge Riechmann, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid. La organización ha contabilizado también decenas de heridos leves.

Otro grupo de manifestantes han acampado en la plaza de San Juan de la Cruz, frente al ministerio de Transición Ecológica. Denuncian la pasividad del Gobierno y de las empresas frente a la crisis climática. Los portavoces del movimiento explican que ya se reunieron con la ministra Teresa Ribera el 4 de septiembre, pero ante lo que califican como “inacción” por parte del Gobierno en funciones, han decidido quedarse frente al edificio hasta obtener alguna respuesta concreta a sus peticiones.

Piden la declaración de la emergencia climática con políticas vinculadas y acordes con la magnitud de una crisis “que podría causar más muertes que la II Guerra Mundial”, asegura Miguel, uno de los portavoces de la acampada. También exigen una reducción drástica de las emisiones de gases de efecto invernadero y acciones de justicia climática respecto a las personas desfavorecidas (personas en riesgo de exclusión social o con bajos ingresos y países en vías de desarrollo “que ya están sufriendo lo que los países desarrollados sufrirán en 20 años”.

Esta acción se ha repetido en otras ciudades del planeta, como Sydney o Amsterdam. En España la iniciativa ha reunido a la gran mayoría de las asociaciones ecologistas –incluidas Greenpeace o Ecologistas en Acción– en una plataforma llamada 2020 Rebelión por el clima.

La Policía Municipal de Madrid, en apoyo con la Policía Nacional, ha realizado tres desalojos paralelos de personas sin hogar en la madrugada de este viernes. Se trataba de las dos acampadas que reclamaban el fin del sinhogarismo que desde hace más de cinco meses se establecieron en el Paseo del Prado –frente al Ministerio de Sanidad y Bienestar Social, y junto al Ayuntamiento, en Cibeles– y una tercera situada desde hace unas semanas frente al Congreso de los Diputados.

La intervención ha tenido lugar a las 4 de la mañana de este viernes. Los agentes de Policía han irrumpido en los tres campamentos a la vez, despertando a las personas que allí se refugiaban y pidiéndoles que recogieran sus pertenencias con celeridad y salieran de las tiendas de campaña. Precisamente este viernes activistas del campamento tenían previsto ofrecer una rueda de prensa para manifestar su postura ante los planes anunciados por el Ayuntamiento de desalojar la zona.

Miguel Carrera, portavoz de la acampada, considera que la intervención de la Policía para desalojarles ha sido “manifiestamente ilegal”. Afirma que han violado varios derechos constitucionales: el derecho a manifestación pacífica; su derecho a la intimidad, ya que a “la hora del desalojo estaban dentro de las tiendas de campaña semidesnudos en algunos casos”; y el derecho a la propiedad privada, ya que “se han quedado con algunos objetos personales y han tirado a la basura nuestras tiendas de campaña”, explica.

Al desalojo también han acudido tres dotaciones de Samur Protección Civil con seis personas, además de los 12 profesionales de Samur Social.

Atención del Samur Social

Desde que se instalara la acampada, las personas sin hogar que la componían han reiterado las quejas por la falta de atención desde el Samur Social, quienes los consideraba como manifestantes y no como personas en situación de vulnerabilidad. A finales de julio, se hizo público que de los 80 acampados, el Samur Social solo consideraba 'personas sin hogar' a 12 de ellos, por lo que los acampados reaccionaron situando a modo de protesta 12 tiendas de campaña frente al Ayuntamiento, lo que se saldó con la detención de Miguel Carrera durante el desalojo de las mismas. Además, la noche de la gota fría, Samur Social cerró las puertas de su sede a los acampados que acudieron hasta allí para pedir ayuda.

En el desalojo de esta madrugada se han atendido a 48 hombres y 9 mujeres, lo que según Carrera, “choca con su anterior valoración” de que solo 12 fueran realmente personas sin hogar y demuestra que “si el Samur Social no les había atendido antes era simplemente porque no habían querido”. Destaca que en esta ocasión tampoco han ofrecido ayuda a todo el mundo y que a quienes les han dado alojamiento, solo es “de manera provisional”.

Carrera ha anunciado que se tomarán acciones judiciales inmediatamente contra todos los responsables del desalojo. En declaraciones a eldiario.es ha explicado que van a interponer “una demanda contra Almeida y contra los policías que han intervenido en la operación por violación de derechos constitucionales”.

“Sostenemos la protesta, de momento, mañana acudiremos en bloque a la manifestación por el derecho a la vivienda que convoca la coordinadora de vivienda”, asegura Carrera. “Después de la manifestación nos reuniremos y veremos qué acciones vamos a tomar”.

Respuesta del Ayuntamiento de Madrid

El alcalde de Madrid, Jose Luis Martínez-Almeida, que compara la manifestación pacífica de estas personas en situación de necesidad con 'okupas' que se apropian de espacios púbicos, ha asegurado que el desalojo de los 'sin techo' acampados en el Paseo del Prado es un “aviso” para otras ocupaciones ilegales de calles y edificios en la capital. Para Almeida, se trata de una muestra del Consistorio en su mensaje de que no se puede “ocupar ni privatizar de manera ilegal”. Por ello, ha afirmado que no les “va a temblar el pulso para acabar” con las 'okupaciones'. El alcalde del Ayuntamienro de Madrid ha querido solucionar con este desalojo un “problema que ya se había alargado demasiado en el tiempo”, a su parecer

Desde el consistorio han apuntado que han desalojado un total de 141 tiendas de campaña y tres veladores y que se han identificado a 87 personas. Una de ellas ha sido detenida para su puesta a disposición judicial porque tenía una orden de entrar en ingreso a prisión, algo que según Almeida “hace una idea” de cómo era la okupación de la vía pública que tuvo lugar durante meses en el Paseo del Prado. Sin embargo, como ya contó eldiario.es en la acampada también se encontraban personas enfermas y hasta mujeres embarazadas.

Protestas desde abril

Los concentrados en el Paseo del Prado comenzaron con la acampada a mediados del mes de abril para hacer visible la situación de las personas sin techo en plena campaña electoral y exigir el cumplimiento de artículos básicos de la Constitución, como el derecho a la vivienda y el trabajo digno.

Apuntaban a través de carteles a que hay más de 32.000 personas sin techo, que el 65 por ciento tienen estudios de Secundaria y que el 15,4 por ciento son jubilados. Aparte, señalan que el 47 por ciento de las personas en situación de calle han sufrido agresiones.

Situaron su acampada frente al Ministerio de Sanidad y Bienestar Social para hacer hincapié la situación de “desamparo” que, en su opinión, sufren y exigir un compromiso por parte de la administración para tomar iniciativas “definitivas” que permitan acabar con el sinhogarismo.

Posteriormente, extendieron su protesta hasta las proximidades de Cibeles “para darle la bienvenida al alcalde”, según afirmaban, y en las últimas semanas una tercera acampada se había instalado frente al Congreso de los Diputados con la reclamación de que Pedro Sánchez aprobara un Decreto Ley –elaborado por ellos mismos– con medidas urgentes para frenar el sinhogarismo.

Roberto García entra en la oficina de la Agencia de Vivienda Social (AVS) a las ocho y media de la mañana. Después de decidir qué comunidades de vecinos va a visitar durante el día, el coche arranca a las nueve en punto. Dentro de él viaja también Juan Manuel Pérez como copiloto. Los dos son asistentes vecinales de la Comunidad de Madrid y llevan años enfrentándose a conflictos entre vecinos.

Los asistentes vecinales trabajan como mediadores entre los vecinos que viven en los pisos que otorga la Agencia de Vivienda Social, que depende de la Comunidad de Madrid. Actualmente, la AVS tiene 23.206 viviendas repartidas por toda la comunidad. El organismo se encarga de gestionar los pisos de protección pública dirigidos a colectivos que están en riesgo de exclusión social, como personas que han sufrido un desahucio, víctimas de violencia de género o familias con una situación económica delicada.

“Nuestro trabajo consiste en resolver cualquier conflicto que surja en estas comunidades”, explica Roberto. “Además, hacemos un seguimiento para comprobar que los problemas no vuelvan y vigilamos que se cumplan tanto las normas de la comunidad como las de la agencia”, apunta Juan Manuel.

La tarea a la que se enfrentan, reconocen, resulta titánica. Y no solo por su complejidad. Todavía no hay suficientes agentes para que todas las comunidades de la AVS disfruten de este servicio. En total hay 70 técnicos de asistencia vecinal y 25 trabajadores de contratación externa que realizan labores de ayuda comunitaria. Durante el año 2018 se actuó en 886 comunidades y 14.902 viviendas. O, lo que es lo mismo, 33.700 personas. Porque el trabajo de estos agentes se centra tanto en las dinámicas colectivas como en el bienestar individual de estas personas.

La intención de la AVS es que todas las comunidades cuenten con asistencia vecinal progresivamente. De momento, Roberto y Juan Manuel enfrentan sus limitaciones aplicando estrictos criterios en su agenda de intervenciones: las comunidades que sufren graves conflictos de convivencia tienen prioridad. E intercalan estas acciones con otras en las nuevas promociones de pisos, que siempre cuentan con asistencia vecinal, ya que resulta más fácil resolver roces entre vecinos desde el principio. De lo contrario, los problemas pueden enquistarse durante años.

Juan Manuel repasa, de camino, los perfiles que suelen repetirse en todas las comunidades: “Siempre está el empoderado, el que quiere más, el que pasa de todo...”, sonríe. Aunque luego existen elementos discordantes, lo que hace que no puedan utilizar las mismas estrategias en todos los casos.

Hay, sí, una estructura en sus actuaciones: hablar con los vecinos, preguntar por los problemas que tienen, tratar de entender el porqué de su incomodidad. “La respuesta suele ser: 'Puff aquí hay muchos problemas, esta es la peor comunidad”, cuenta Roberto, mientras Juan Manuel ensaya posibles respuestas.

La realidad, reconocen, es que una vez que analizan punto por punto qué sucede, no suele ser tan grave. La solución es simple: el diálogo con los vecinos, la mediación para resolver conflictos y plantar las bases para que no se vuelvan a repetir.

Su labor no es conseguir una comunidad en la que no haya problemas, sino un vecindario unido, capaz de resolverlos. Para ello crean grupos motores de vecinos que se unen con un fin común, como por ejemplo, llevar a cabo tareas comunitarias. Crear lazos en estas comunidades es imprescindible para que la convivencia sea llevadera. Cada familia viene de una situación muy diferente, en ocasiones traumáticas, y necesitan un ambiente sano en el que vivir y sentirse seguros.

No es una tarea fácil. Lograr que una comunidad de vecinos se integre en el entorno depende también de la colaboración de la gente de alrededor, que no siempre encuentran. “Como es un piso de la AVS, vosotros os lo coméis', nos dicen a menudo”, reconoce Roberto. Por ello, los asistentes no solo trabajan en la propia comunidad sino en los barrios donde se localizan. Hablan con las asociaciones, con los vecinos de los edificios cercanos y luchan contra los prejuicios que acarrea un bloque de viviendas sociales. Cada vecino que se integra en el barrio es un pequeño triunfo para estos agentes: “Cuando dejan de referirse a él como el moro o el gitano y pasan a llamarle por su nombre, es una buena señal”, sonríe Roberto. El coche se detiene. Primera parada: Carabanchel.

Una comunidad con especial necesidad

Entre Carabanchel y Latina hay una comunidad muy particular. Tiene 194 viviendas, cada una con su historia. Juan Manuel recuerda que cuando fueron a pedir los expedientes que detallan la situación en la que entra cada inquilino se dieron cuenta de que se habían adjudicado 140 viviendas de especial necesidad en una sola promoción: “Es una situación muy problemática, hay mucha pobreza real, mucho trastorno mental diagnosticado, en tratamiento, violencia de género, familias desestructuradas...”. Juan Manuel se lamenta: “No puedes juntar el 80% de familias así en el mismo ámbito”. Por lo general, el porcentaje de viviendas de especial necesidad suele ser más equilibrado. En esta ocasión, había tanta lista de espera de familias con esta catalogación que la primera promoción que se hizo de viviendas se llenó.

Esta particular comunidad de vecinos generó otro problema: nadie quería ser presidente de la comunidad o tesorero, ya que todas la viviendas estaban en régimen de alquiler. Así que la AVS creó un nuevo modelo de gestión: el programa de administrador único. Desde la Agencia se controla todo y los asistentes vecinales vigilan que se cumplan las normas.

Según Roberto y Juan Manuel entran por la puerta, varias familias se acercan a saludarles. Les cuentan los problemas que tienen, sus preocupaciones e incluso sus inquietudes personales. Les han convertido en un desahogo de su rutina.

Ellos van sin objetivos, abiertos a cualquier problema que pueda surgir. Y surgen. Una queja por olor a marihuana. Un vecino que intenta realquilar su piso de forma ilegal. Familias que ocupan viviendas vacías. Estas son situaciones del día a día para los agentes, que también encuentran tiempo para interesarse por cuestiones personales de los vecinos.

Pilar abre la puerta envuelta en su bata rosa, apoyada en un bastón y algo enjuta. Acaba de salir del hospital, no se encuentra bien de salud y los asistentes quieren comprobar si está algo mejor. Ella resume las complicaciones de su vida con naturalidad y pocas palabras: “No se vive malamente, pero si bajasen un poco los precios se viviría un poco mejor”.

Pilar pide un plato de ducha, porque le cuesta mucho entrar en la bañera por sus problemas de movilidad: “A ver si te acuerdas de lo de la ducha”, le pide a Roberto. Y él le explica que ya está solicitada, pero que tardarán más o menos un año en hacer la obra.

Continúan y tocan el timbre de Carmen, una vecina que conocen desde hace tiempo. Ella tuvo que dejar su piso porque ocuparon su anterior vivienda, también de la AVS. Se lamenta: “Mi casa era mucho más grande, mi hijo tenía más espacio”. Los asistentes la ayudaron a poder salir de su anterior edificio y conseguir este nuevo piso. Carmen explica que ahora “pide poca ayuda”, aunque ellos suelen pasarse a preguntar cómo está.

Carmen pide poca ayuda, pero hay vecinos más demandantes, cuenta Juan Manuel: “No podemos hacerles nosotros la gestión porque algún día nos tendremos que ir”. Su misión es enseñarles a ser autosuficientes.

El coche arranca de nuevo. Hay que continuar.

En carretera charlan sobre el problema de los okupas. Ellos les tratan como a un vecino más, porque así lo son. Hablan con ellos para pedirles que no generen conflicto en la comunidad y dejan claro que ellos no les pueden ayudar con su situación judicial. La conversación se detiene junto con el coche.

Una comunidad a la que llega Papá Noel

En Alcorcón, Maite abre la puerta del portal. Ella es “el alma de la comunidad” en palabras de Roberto y además de vecina, es la portera. Ve desde lejos a los asistentes y se acerca gastando bromas. Presume de conocer a cualquier familia que pase por delante suyo. Aquí se respira el ambiente de las antiguas comunidades de vecinos.

Maite conoce bien la historia de esta promoción de viviendas. Antes de la llegada de los asistentes “todo era caos”, resume. En pocos meses los conflictos hicieron que la convivencia fuese imposible. Pero cuando los mediadores entraron en el vecindario y ayudaron a desatascar los problemas que había, los vecinos se tranquilizaron, explica.

Ahora se han convertido en una comunidad modélica. Capitaneados por Maite, se han creado muchas tradiciones, como que algún vecino se disfrace de Papá Noel en Navidad. Entre todos decidieron que ningún niño se quede sin regalos en esas fechas y organizan excursiones a la piscina y al polideportivo en verano. Los vecinos también han conseguido unos hermosos jardines por muy poco dinero: “Todo el mundo colabora y ayuda, sobre todo los niños y los mayores que bajan, cogen el azadón y se ponen a trabajar conmigo”, comenta orgullosa la portera.

Aquí no les llegan muchas quejas a los asistentes vecinales, así que arranca el coche por última vez, de vuelta a la oficina.

Roberto y Juan Manuel explican que trabajar en parejas es imprescindible: mientras uno habla con los vecinos otro se queda observando qué sucede alrededor. Se enfrentan a situaciones muy duras, como violencia de género o enfermedades graves. Por eso la complicidad con el compañero es muy necesaria. Su objetivo final: implantar este sistema en todas las comunidades de la AVS y dejar de acudir a las que ya no lo necesiten. Aunque a veces sea duro, los asistentes lo tiene claro: “Para nosotros es mucho más gratificante el ámbito social, mucho más que estar en un despacho tramitando prestaciones económicas”.

El coche se detiene por última vez. Piloto y copiloto se despiden para dedicarse a lo que menos les gusta de su trabajo: hacer informes. Las vidas de Carmen, de Pilar, de Maite y de tantos otros vecinos que han conseguido una convivencia agradable gracias al empeño de estos asistentes vecinales se vuelven papel. Y satisfacción personal para Roberto y Juan Manuel.

Más de 200 profesores universitarios han firmado un manifiesto contra la criminalización de los niños, niñas y adolescentes extranjeros dentro y fuera de los sistemas de protección en el estado español . Piden “una reacción pronta por parte de las Administraciones locales, autonómicas y estatales para que sus derechos sean siempre respetados”.

El escrito propone poner en marcha un plan nacional sobre inmigración infantil y juvenil que atienda sus necesidades desde una perspectiva no solo legal, si no sociológica y psicológica.

Desde el Observatorio Criminológico del Sistema Penal ante la Inmigración de la Universidad de Málaga explican que en las últimas semanas se han dado una serie de movilizaciones vecinales en contra de la existencia de centros que acojan a estos menores. Elisa García España, profesora de Derecho e impulsora del manifiesto, ha explicado a eldiario.es que quieren ser la “voz en contra de los populistas que se oponen a los menores extranjeros no acompañados”.

García España critica “estos mensajes mediáticos que se lanzan en contra de los menores y que contribuyen a la creación de un estado de animadversión hacia los extranjeros en desamparo”.

Para que se respeten los derechos fundamentales de estas personas, García España pide que “se considere sobre todo que son niños en situación de peligro pero para nada peligrosos”, y continúa: “Los tweets y acciones que se están llevando en contra de estos niños están totalmente fuera de lugar. El trato populista de partidos de ultraderecha mancha a todo el colectivo”.

Tres propuestas concretas

En el escrito aparecen tres propuestas concretas para mejorar la situación en la que se encuentran ahora: una reflexión de alto nivel para eliminar las barreras de inclusión de estos menores, que el Ministerio Fiscal haga cumplir la normativa y las sentencias de los tribunales nacionales e internacionales que ordenan la defensa y tutela de los derechos fundamentales de estos niños, y por último, que los medios de comunicación dejen de construir una imagen de los niños extranjeros como sujetos sociales criminalizados.

La escritura del manifiesto ha sido realizada por expertos de diferentes áreas como psicología, psiquiatría, sociología, derecho o educación que ven necesario un cambio “radical” en el trato a estos niños. García España pide también que “dejen de llamarles menas porque es un término peyorativo” y que “se cuenten los finales felices de estos menores, porque hay muchos que se integran perfectamente en la sociedad”.

Pablo Echenique, secretario de Acción de Gobierno de Unidas Podemos, ha confirmado que hasta el momento no hay contacto entre el PSOE y Podemos “el único contacto que hay es entre los grupos parlamentarios que hablan habitualmente pero en ningún momento para negociar un Gobierno”, ha explicado en Cadena SER.

El diputado ha lamentado la actitud de Pedro Sánchez: “Nos parece poco responsable llevar una negociación al último minuto, en referencia a la intención del presidente del Gobierno en funciones de emplazar las conversaciones con Unidas Podemos a principios de septiembre, y después de que el secretario de Organización socialista, José Luis Ábalos, asegurara en una entrevista con El País que a veces las negociaciones se resuelven ”en el último minuto“.

“No tenemos que convertir la política en una telenovela para adolescentes –ha advertido Echenique– porque estamos hablando de millones de personas a las que les cuesta llegar a fin de mes, que pagan un alquiler abusivo, que le han bajado el salario”.

Para Echenique, el PSOE maneja tres alternativas: “Un acuerdo con Ciudadanos, un gobierno en solitario, de ordeno y mando, o una repetición electoral”. “Mediante la presión están buscando que alguna de ellas tenga lugar”, ha asegurado quien lideró las negociaciones de Unidas Podemos con el Gobierno, que ha sentenciado: “Las tres serían una mala opción”.

Echenique se ha mostrado abierto a que en una nueva fase de negociaciones sea otra persona la que se siente a la mesa con los socialistas. Pero ha dejado claro que en su opinión no hay ninguna voluntad negociadora en el PSOE. “Nada cambiará porque llame una parte u otra”. “No va a ayudar a mejorar la vida de las personas si les decimos que no vale lo que votaron el 28 de abril porque hay partidos que quieren mejores resultados”, ha concluido.

Con respecto a la querella que Podemos e Izquierda Unida han presentado contra 28 responsables de la operación Chamartín, Echenique ha confirmado que no estaban al tanto de ello mientras se sentaban a negociar un posible gobierno de coalición: “Nos informaron de la querella después de haberla presentado, pero si hay riesgo de que se hayan perdido 3.000 millones de dinero público, nos parece sensato que se investigue”.

El Registro Civil Central ha publicado este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) los nombres de 4.427 españoles que murieron en los campos de concentración nazis con la complicidad del régimen de Franco. De esta forma, los familiares de las víctimas pueden registrarlos más fácilmente como fallecidos.

Esta medida forma parte de las iniciativas de la Ley de Memoria Histórica para la reparación de las víctimas del nazismo, según informa el Ministerio de Justicia en un comunicado. Sin embargo, la lista publicada en el BOE no está completa: faltan los datos de varios centenares de víctimas del nazismo que no fueron proporcionados por Francia.

Según la Dirección General de Memoria Histórica del Ministerio de Justicia, los nombres que se han dado a conocer este viernes son los que estaban registrados en los libros del Registro Civil Central, pero los historiadores encargados de realizar esta base de datos han recopilado hasta 695 nombres de otras víctimas.

Los datos de estas cerca de 700 personas figuraban en certificados de defunción enviados por el Gobierno francés a principios de la década de 1950 y fueron 'arrinconados' por la dictadura de Franco para evitar que los familiares de las víctimas pudieran hacer reclamaciones a Alemania. En una nueva fase, estas personas se incluirán como fallecidas en el Registro Civil Central para que puedan ser reconocidas “simbólicamente”.

Hasta ahora, las historias de los españoles en los campos de concentración de Mauthausen y Gusen, adjunto al primero, solo se habían conocido de manera extraoficial, ya que los supervivientes de esos campos han contado su historia y la de sus compañeros. Entre otras iniciativas, se encuentra una página web que reúne documentos, fotografías, vídeos y entrevistas con 13 de los deportados que todavía permanecen con vida y de sus familiares.

El campo de concentración de Mauthausen es uno de los más representativos para los españoles víctimas del nazismo, ya que la mayoría de presos terminaron allí. Cuando llegaban ni siquiera eran tratados como españoles porque Franco les había negado la nacionalidad, así que pasaban a ser apátridas.

Cientos de personas no conocían el paradero de sus familiares y las gestiones para saber qué había sucedido con ellos eran muy complicadas sin la existencia de un registro oficial. Muchos no estaban registrados como fallecidos 50 años después de su muerte. Este es el caso de Martín del Amor Hurtado: “Creíamos que había huido a Argentina, ahora sabemos que fue asesinado en Mauthausen”, explicaba a eldiario.es María Dolores Valeros, sobrina nieta del deportado.

Más complicada fue la localización del granadino Antonio Sierra. Él sí que sobrevivió al campo de Mauthausen. Tras la liberación huyó a Francia, pero pensó que su familia había fallecido. En los años 60 conoció a un hombre que iba a viajar al sur de España y le encargó conocer qué había sucedido con su familia. Gracias a este viajero se pudieron volver a encontrar y volvió a pasar sus último años a Peligros (Granada).

La responsabilidad de Franco en los campos nazis

Varios documentos publicados en el libro Los últimos españoles de Mauthausen del periodista Carlos Hernández confirman que el dictador Francisco Franco fue responsable de la deportación de más de 9.000 españoles que acabaron en campos de concentración nazis.

El 31 de julio de 1938 la policía franquista y la Gestapo - policía secreta nazi - acordaron un protocolo para enviarse información de sus enemigos comunes, y además hicieron por agilizar la extradición de los mismos. Poco después, desde España se envía una carta que explica que se “desentiende” de la suerte que puedan correr los españoles que todavía siguen en la Francia ocupada.

Además, el mismo día en el que el ministro español de Gobernación y cuñado de Franco Ramón Serrano Suñer visitaba Berlín, en Alemania se emitió una orden que agilizaba los trámites para que miles de presos españoles acabaran en campos de concentración.

“Es ridículo pensar que todo responde a una casualidad”, apuntaba el autor del libro en declaraciones a eldiario.es, que indicaba que “Hitler hizo el trabajo sucio a Franco para que el dictador español se pudiera librar de los ciudadanos que consideraba sería peligroso que volvieran a España”.

La Junta Municipal de distrito centro, cuyo responsable es José Fernández Sánchez, edil del PP, ha censurado el tradicional saludo de las fiestas de Lavapiés. Este año, desde la Plataforma de Fiestas Populares del barrio, encargada del acto, tenían previsto hacer un homenaje a las trabajadoras del barrio del pasado y del presente. Para ello, se han centrado en tres colectivos: las últimas cigarreras de la fábrica que Tabacalera tenía en el barrio, las mujeres de la cooperativa Bodegas Lo Máximo y las trabajadoras de Territorio Doméstico, un colectivo formado por trabajadoras del hogar.

Desde la plataforma, integrada por diversos colectivos de Lavapiés, explican que el programa de fiestas ya estaba aprobado por el anterior equipo de gobierno del Ayuntamiento. Sin embargo, la nueva corporación ha alegado que “el saludo a la fiestas iba a ser demasiado político y reivindicativo y no estaba dentro del marco de las fiestas del barrio”.

Aunque los organizadores de las fiestas han mantenido dos reuniones con el nuevo equipo municipal para intentar celebrar el saludo a las fiestas tal y como estaba inicialmente previsto, la Junta Municipal ha reiterado su negativa y solo les ha ofrecido celebrar el acto fuera del barrio y al margen de las fiestas.

La censura a este acto se suma a la lista de eventos cancelados por el Ayuntamiento de Madrid desde la llegada del nuevo equipo municipal de PP y Ciudadanos. El primer paso fue eliminar parte del mensaje de las banderas del orgullo ideadas por el equipo de Carmena. También han cancelado un concierto del grupo Def con Dos en las fiestas de Tetuán, con el argumento de “no avalar actitudes que fomentan el odio”, y no fue el último. La pasada semana se anunció la cancelación de otro concierto: el de Luis Pastor y su hijo, Pedro Pastor en las fiestas de Aravaca, que también había sido organizado por una plataforma de ese barrio madrileño y contaba con el aval del anterior Gobierno municipal. Tal y como anunció el propio Luis Pastor en una entrevista en eldiario.es, la intención del cantautor es celebrar el concierto a pesar de la prohibición del Ayuntamiento.

Pero las cancelaciones y prohibiciones no solo se han centrado en las fiestas. El servicio de dinamización y participación ciudadana que puso en marcha el Gobierno de Carmena en distintos distritos de la ciudad también está siendo desmantelado. En el caso de Villaverde ya hay fecha para su finalización: el 31 de julio, ya que la Junta Municipal ya les ha dicho que no lo va a renovar.

A pesar de la decisión municipal, la Plataforma de fiestas de Lavapiés no ha querido quedarse de brazos cruzados y han encontrado la forma de hacer su saludo a las fiestas: “El museo Reina Sofía nos presta sus instalaciones para proyectar el saludo” ha explicado una de las organizadoras, “Aunque no pueda ser presencial, lo hemos grabado y lo vamos a presentar a la hora prevista. La cultura de las mujeres es imparable”. 

El saludo a las fiestas de Lavapiés será el sábado 10 de agosto. La primera parte tendrá lugar en el Museo Reina Sofía  a las 20:30 con la Proyección del vídeo grabado y homenaje a las mujeres protagonistas. Después, a las 22:30 se ha convocado una concentración para la visualización del vídeo saludo de las fiestas en los teléfonos móviles de los asistentes en la Plaza de Arturo Barea. 

Ignacio Aguado, el líder de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid, ha declarado este lunes en Cadena SER que la fecha del pleno de investidura podría ser la semana que viene o la siguiente. Además, ha matizado que todavía “hay que hacer la ronda de consultas”.

Sobre el acuerdo de investidura que han cerrado en la Comunidad con el Partido Popular, Aguado, ha hecho hincapié en que no tiene nada que ver con “la banda de Sánchez” y ha añadido “la diferencia es que nosotros hemos llegado a un acuerdo programático de 155 medidas mientras Sánchez no se ha puesto de acuerdo en los sillones con Podemos”. El líder de la formación naranja les ha echado en cara que “siempre están aupados por los nacionalistas”.

Dentro de las 155 medidas que el nuevo Gobierno de la Comunidad quiere poner en marcha, contemplan la posibilidad de destinar una parte del presupuesto de cooperación internacional a proyectos de ámbito local. Ignacio Aguado ha dicho que “hay que tener sensibilidad autonómica y destinar los recursos, que son escasos, a problemas que están más cerca y vemos todos los días” aunque ha matizado: “no renuncio a que Madrid ayude en materia exterior”.

Otro de los puntos programáticos que VOX ha puesto encima de la mesa es una inmigración ordenada, legal y respetuosa con la cultura occidental. Con respecto a este tema, Aguado no cree que VOX “este diciendo ninguna barbaridad” ya que en Madrid “se necesitan políticas migratorias que aseguren los derechos que tienen los que están y los de los que lleguen”.

En este acuerdo que han firmado en Madrid, VOX ha desbloqueado la investidura. Sobre la nueva posición del partido, Aguado ha declarado: “No sé porque VOX ha rebajado sus exigencias, solo conozco el trabajo que mi partido ha realizado en los últimos dos meses” para llegar a un gobierno en la Comunidad de Madrid.

Pocos días antes de este acuerdo, desde el PP se han puesto a cargos históricos del partido en áreas que ahora corresponden a Ciudadanos, acción que no ha gustado a Ciudadanos. Aguado ha confirmado que “no vamos a mantener estos cargos, trabajaremos con nuestro propio equipo” y añade, “la regeneración no viene de que gobiernen PP y PSOE si no de que Ciudadanos entre en esos gobiernos, creo que va a ir mejor que en el gobierno anterior”.

José Luis Ábalos, ministro de Fomento en funciones y secretario de Organización del PSOE, ha explicado esta mañana que acoge la denuncia de IU y Podemos por la Operación Chamartín “con tranquilidad, pero con indignación por el ejercicio de hipocresía” que a su juicio supone su inclusión en ella.

En una entrevista en la SER, Ábalos se ha preguntado si se trata de “una venganza” o “ajuste de cuentas” dentro de Unidas Podemos. “Nos implican a otros que no tenemos nada que ver”, ha lamentado. El ministro en funciones se ha mostrado disconforme ya que “ni la anterior alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ni la corporación actual están denunciados”.

Ábalos ha asegurado que ha pedido explicaciones al coordinador de pactos poselectorales de Unidas Podemos, Pablo Echenique, por haber pedido una “investigación” tras conocerse la denuncia. “La investigación tenía que haber sido antes, y no actuó”, ha recalcado.

“A mí la señora Carmena me vino a ver para pedir el apoyo, y yo con buena fe, apostando por que la señora Carmena no podía estar mezclada en ningún proyecto especulativo, la apoyé políticamente”, ha dicho Ábalos.

El socialista ha indicado que cuando llegó al Ministerio de Fomento se encontró “con un proyecto reformulado y aprobado por el ministro anterior” y ha querido resaltar que su única función fue “comprobar que todos los papeles del proyecto estaban en orden”.

Sobre la participación de Fomento en el proyecto, ha explicado que “solo entra a participar por ADIF” y resalta que “no gana nada porque todo se revierte en el propio proyecto”.

La denuncia contra responsables de la recientemente aprobada Operación Chamartín fue presentada el miércoles ante la Fiscalía Anticorrupción por representantes de Izquierda Unida y del grupo parlamentario de Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en Pie en la Asamblea de Madrid.

Firmado por las diputadas regionales Sol Sánchez e Isabel Serra y por el responsable de Economía de IU, Carlos Sánchez Mato, el escrito pide al Ministerio Fiscal que investigue por posible “prevaricación administrativa, cohecho y malversación de caudales públicos” a 28 responsables políticos y empresariales que han adoptado decisiones relacionadas con el proyecto urbanístico.

El recién nombrado alcalde de Madrid, José Luis Martinez Almeida, ha anunciado que se eliminarán, de momento, las multas a los infractores de la zona de bajas emisiones Madrid Central.  La medida fue puesta en marcha a finales de 2018 por Manuela Carmena. El alcalde ha alegado que el plan ha resultado ser “un fracaso”, y que de momento “solo se enviará una notificación sin multa” a partir del 1 de julio. 

La decisión ha causado polémica y el pasado lunes se ha constituido la Plataforma en Defensa de Madrid Central. Dentro de la misma se encuentran organizaciones como FRAVM, Ecologistas en Acción, Greenpeace, FAPA, Bicicrítica, asociaciones vecinales de Centro, entre otras. Juan Bárcena, portavoz de Ecologistas en Acción catalogaba de “esperpento” la decisión del Partido Popular de revertir Madrid Central “en solo cinco meses se han alcanzado mínimos históricos de dióxido de nitrógeno en el aire” sentencia. 

Desde la asociación piden que “no se revierta esta iniciativa que es en pos de todos los ciudadanos, además de una exigencia de la Unión Europea. Tendría un impacto brutal que eliminasen Madrid Central”, explica Bárcenas. 

Para impedir el desmantelamiento de Madrid Central y el descenso en la calidad del aire en la ciudad, la Plataforma ha organizado varios actos entre este viernes y el sábado 29 de junio a los que invitan a asistir a todos los interesados

Fridays For Future

Día: 21 de Junio 

Hora: 17:30

Lugar: Frente al Congreso de los diputados 

Bicicrítica 

Día: 27 de Junio 

Hora: 20:00

Salida: Plaza de Cibeles 

Recorrido: Alrededor de Madrid Central 

Manifestación

Día: 29 de Junio 

Hora: 19:00

Salida: Callao