El BNG, principal prtido de la oposición parlamentaria a Alfonso Rueda, exige que la Xunta de Galicia intervenga ante la grave crisis que atraviesa el Consorcio Editorial Galego, la principal distribuidora del libro en gallego. La empresa acumula deudas con unas 60 editoriales independientes por un monto de entre 309.000 y 504.000 euros. Hace unos meses negoció con Xesgalicia, organismo inversor del Gobierno gallego, un préstamo a largo plazo pero no hubo acuerdo. El presidente Alfonso Rueda aseguró este lunes, al término de la reunión semanal de su gabinete, que “si hay que tomar medidas y están en manos de la Xunta revertir la situación una vez analizada, que no haya duda de que se hará”.

La diputada nacionalista Mercedes Queixas fue sin embargo muy crítica. Recordó que la vigente Lei do Libro e da Lectura de Galicia obliga a la Administración “a favorecer la organización y la actividad de las distribuidoras gallegas”, algo que, a su juicio, se incumple desde hace años. “La intervención pública es en este momento imprescindible y urgente para garantizar la continuidad del sistema editorial gallego y evitar que la crisis comprometa la creación literaria, la actividad de las editoriales y cientos de empleos”, añadió Queixas.

Una veintena de editoras subscribieron el pasado viernes un comunicado en el que alertaban de la situación, que para ellas transciende la condición de “problema exclusivamente editorial” y se ha convertido en “una crisis estructural del ecosistema del libro en gallego”. Cuatro de ellas -Aira, Antela, Boadicea, Patas de Peixe- ya se han reunido con el director general de Cultura, Anxo Lorenzo. La consellería del ramo ha evitado por el momento comprometerse más allá de un genérico mostrar, a preguntas de elDiario.es, su “ánimo y disposición a que se produzcan vías y puentes de entendimiento” y a “seguir en esa línea siempre” que se lo pidan.

Alfonso Rueda insiste en su rechazo a la ley que, aprobada en el Congreso con el voto de todos los partidos excepto los de PP y Vox, abre la puerta a una reclamación política de décadas en Galicia: el traspaso de la titularidad de la Autopista del Atlántico, la AP-9. Según la tesis del presidente de la Xunta, la norma ya publicada en el Boletín Oficial del Estado, diluye los compromisos económicos del Estado, algo que la izquierda niega. En todo caso, y tras apoyar el voto en contra de su partido, Rueda pide ahora una “comisión bilateral” con el Gobierno central para “solventar las diferencias con la ley orgánica”.

El presidente explicó su solicitud tras acordarla en la última reunión semanal de su gabinete antes del parón de agosto. “Es un paso previo a la reunión de la comisión mixta de transferencias”, aseguró. Es a esta a la que ha remitido el Ejecutivo de Pedro Sánchez para concretar las condiciones del traspaso. Rueda volvió a repetir que el texto legislativo del Congreso hace desaparecer las garantías económicas que sí incluía el acuerdo unánime -PSdeG, BNG y PP- del Parlamento de Galicia.

Su artículo número 2 dice literalmente que “el acuerdo de la Comisión Mixta de Transferencias entre el Estado y la Comunidad Autónoma de Galicia deberá tener en cuenta la transferencia de los medios materiales y presupuestarios necesarios y la suscripción de los instrumentos jurídicos de desarrollo que prevea el citado Acuerdo”. La norma añade que “las consecuencias de las decisiones tomadas por la Administración General del Estado previas a la transferencia recaerán sobre la Administración General del Estado”, incluidas las derivadas de aplicar la concesión en vigor debido a modificaciones realizadas durante los largos años en los que el Estado mantuvo la titularidad.

La prórroga de la concesión que el gabinete de José María Aznar otorgó hasta 2048 fue declarada ilegal por la Comisión Europea. De confirmarlo el Tribunal de Justicia de la UE, el contrato sería nulo y habría que compensar a Audasa, la concesionaria. Este es uno de los puntos conflictivos del traspaso.

Permisos de trabajo

La Xunta de Galicia también negocia con el Gobierno central la transferencia de los permisos de trabajo. Rueda aseguró este lunes que confía en cerrar un acuerdo en septiembre. De hacerlo, sería la segunda competencia pedida transferida a Galicia desde que, en 2009, el PP de Feijóo asumió el poder autonómico.

La sección número 1 del Tribunal de Instancia de Ferrol ha decidido archivar la causa contra el activista propalestino Bruno Lopes Teixeiro, investigado por un supuesto delito de odio derivado de sus críticas al Estado de Israel en las redes sociales. Denunciado de oficio por la Guardia Civil, la resolución judicial dicta el sobreseimiento libre del militante del colectivo internacionalista Mar de Lumes y concluye que sus mensajes contenían posiciones antisionistas y no antisemitas y que constituyen una crítica política a Israel, a sus gobernantes y a las acciones de estos en el contexto del conflicto palestino israelí, según difundió este lunes la entidad de la que forma parte Lopes Teixeiro.

“Parece aconsejable explicar que el 'antisemitismo' y el 'antisionismo' son cosas totalmente distintas”, argumenta el magistrado, “basta acudir al diccionario de la Real Academia Española de la Lengua para comprobar la diferencia. Así, se define antisemita como persona que muestra hostilidad o perjuicios hacia los judíos, su cultura o su influencia, y antisionista como contrario al movimiento político centrado en sus orígenes en la formación de un Estado de Israel [...] la denuncia del Ministerio Fiscal y el atestado que la motivó no dejan dudas de que contienen un discurso antisionista, no antisemita [...] nos encontramos ante posicionamientos políticos legítimos, sin componente religiosa o relativa a cualquier grupo de personas de los que pretende proteger el delito de odio”.

La denuncia del denominado Grupo de Información de la Comandancia de la Guardia Civil de A Coruña señaló en su escrito algunas publicaciones en Internet durante 2024. “Ni un día sin desear la destrucción del Estado sionista. Una nueva matanza más, un nuevo episodio del genocidio más permitido por la comunidad internacional” o “Vamos a ser claros 'Del río al mar' solo tiene un significado y sí claro que es la desaparición del Estado nazi-sionista de Israel. ¿Y?” fueron dos de los ocho mensajes recopilados por la Benemérita. El propio Lopes Teixeiro consideró en su día que la acusación policial intentaba confundir antisionismo y antisemitismo y banalizaba este último término para “evitar cualquier tipo de crítica al ente sionista”. La demanda de los agentes asumía así las posiciones del gobierno israelí de ultraderecha.

El juzgado ferrolano, sin embargo, lo ve de otra manera. Mar de Lumes, en un comunicado remitido a los medios, explica que la resolución entiende que las posiciones manifestadas por Lopes Teixiero no incitan al odio, ni a la hostilidad ni a la violencia contra las personas judías ni contra ninguno de los colectivos protegidos por el artículo 510 del Código Penal. Los hechos, añade, no son delito y además están amparados por los derechos fundamentales a la libertad de expresión y a la libertad ideológica. El auto judicial, señala la sección 1ª del tribunal ferrolano, “realiza constantes juicios de valor e interpretaciones subjetivas” fuera de lugar.

Es la segunda vez que el juzgado de Ferrol archiva la causa. La primera fue recurrida por la Fiscalía y revocada por la Audiencia Provincial para practicar nuevas diligencias. El juez la archiva ahora de nuevo. Contra esta nueva decisión cabe recurso, pero el colectivo Mar de Lumes espera que no se presente dado “el contenido claro y fundamentado” de la resolución judicial, del archivo de la causa en dos ocasiones y que en esta última vez la Fiscalía ni siquiera se presentó a la declaración de Lopes Teixeiro.

La crisis que atraviesa la principal distribuidora del libro en gallego, el Consorcio Editorial Galego, se extiende por toda la cadena del sector. Veinte de las editoriales independientes más representativas han emitido este viernes un comunicado en el que denuncia un importante monto de impagos acumulados y que esta situación ha transcendido su condición de “problema exclusivamente empresarial” para convertirse en “una crisis estructural del ecosistema del libro en gallego”. Consultada por elDiario.es, una portavoz del Consorcio ha declinado explicarse. Horas más tarde, la empresa remitía una comunicación a los acreedores a la que ha tenido acceso este periódico y en la que aseguraba que, si antes del 30 de septiembre, la distribuidora no encuentra solución económica, “no descarta ir a concurso de acreedores”.

Son unos 60 sellos editoriales los directamente afectados. Las cantidades adeudadas por la distribuidora en ventas facturadas y no cobradas van de los 1.000 a los 20.000 euros, que, en editoriales independientes, pueden fácilmente comprometer su viabilidad. Los impagos, relata el comunicado de la recién constituida Plataforma de Editoras Afectadas, comenzaron en 2024. El Consorcio buscó el apoyo financiero de la Administración a través de Xesgalicia, a la que solicitó un préstamo a largo plazo de 300.000 euros acompañado, según la empresa, “de un plan de viabilidad resultado de un análisis exhaustivo”. No lo logró. Fuentes del sector calculan entre 309.000 y 504.000 euros el total de lo adeudado a 60 editoras.

Todavía esta semana, cuatro de ellas -Aira, Antela, Boadicea y Patas de Peixe- mantuvieron una reunión con el director general de Cultura, Anxo Lorenzo, para tratar de buscar una salida. Preguntada por este periódico, la consellería asegura conocer de primera mano “lo que está sucediendo” pero se limita a afirmar su “ánimo y disposición a que se produzcan vías y puentes de entendimiento” y a “seguir en esa línea siempre” que se lo pidan. El comunicado remitido por el Consorcio a las editoriales explica que “un inversor privado interesado en la defensa de la cultura gallega” es la última tabla de salvación a la que se agarra antes del concurso de acreedores.

Problemas en la “biodiversidad” del libro gallego

La Plataforma de Editoras recuerda que la falta de liquidez derivada de las deudas “está afectando directamente a la capacidad de las editoriales para mantener su actividad”. Pero las consecuencias van más allá, añade, ya que existe “el efecto dominó sobre toda la cadena del libro”: también repercuten en autoras, traductoras, ilustradores, correctores, diseñadores, imprentas o librerías. Y en lo que la plataforma denomina “biodiversidad” del libro gallego. “Las editoriales coinciden mayoritariamente en que la crisis [del Consorcio] obligará a reducir la publicación de nuevos títulos, lo que no es una cuestión meramente comercial”, señala, “significa menos libros en gallego, menos oportunidades para nuevas autoras y autores y menos espacio para propuestas que ya tienen dificultades para acceder al mercado”.

Tres editoriales -A Nosa Terra, Sotelo Blanco y Baía- constituyeron la distribuidora Consorcio Editorial Galego en 2001. Las dos primeras desaparecieron en la estela de las crisis económicas de 2008-2012. La tercera sostuvo la empresa hasta la actual y grave crisis. Llegó a contar con el catálogo de unos 200 sellos editoriales gallegos.

La obra de construcción duró cuatro años y la sacudieron fuertes huelgas, la más sonada dos meses antes de la muerte del dictador y que dejó la imagen de dos obreros antifranquistas encaramados a la chimenea más alta de Europa, 356 metros de altura. La central térmica de As Pontes (A Coruña) entró en funcionamiento al año siguiente, hace ahora medio siglo. La quema de carbón cesó en noviembre de 2023. Y Endesa, su actual propietaria, ha demolido este jueves las icónicas cuatro torres de refrigeración, de 99 metros de altura, 84 metros de diámetro en base y 57 en la coronación, con una explosión de 1,2 segundos. Defensores del patrimonio industrial había solicitado repensar el derrumbamiento. Sin éxito.

La central térmica marcó el paisaje social y físico de As Pontes desde la caída del franquismo. La que había sido una pequeña localidad agrícola y ganadera en la comarca de O Eume, en el noroeste gallego, se convirtió en un centro industrial y operario. Seis mil trabajadores llegaron a participar en las obras entre 1972 y 1976, algunos de ellos despedidos de Bazán, en Ferrol, tras las revueltas en las que la policía asesinó a Daniel Niebla y Amador Rey. Las instalaciones producían energía eléctrica a través de la quema de lignito, extraído de la mina en el lugar. A partir de los 90, el combustible comenzó a ser mezcla con carbón importado. La explotación se agotó y la central se alimentó durante lustros de carbón importado.

Fue precisamente el carbón, cuya combustión emite importantes cantidades de CO2 a la atmósfera, la que llevó a organizaciones ecologistas a tildar la central de “fábrica de cambio climático”. Su cierre escalonado -Endesa lo anunció para 2021, fue total a finales de 2023- acabó por confirmar la denuncia de los ambientalistas. Galicia acabó 2024 en mínimos históricos de emisiones de CO2, una caída del 50% respecto del año anterior. El Observatorio Galego de Acción Climática estableció la relación: “El abandono total del carbón y la elevada producción hidroeléctrica son las razones principales de la fuerte merma de las emisiones de gases de efecto invernadero de la producción eléctrica”.

La plataforma Galiza Sen Gas, que agrupa a Adega, Greenpeace, Ecoloxistas en Acción o al mencionado observatorio, emitió este jueves, coincidiendo con la demolición de las torres, un comunicado en el que calificaba el cierre de As Pontes como “la mayor acción climática en la historia de Galicia”. El comunicado entra en detalles y cifra en 330 millones de toneladas de dióxido de carbono las expulsadas por su chimenea: el equivalente a 20 años de emisiones de gases de efecto invernadero de toda Galicia al ritmo actual. “El fin de la producción eléctrica con carbón, posibilitado por el desarrollo renovable, es la causa principal del descenso del 42,2% en las emisiones brutas de gases de efecto invernadero de nuestra tierra en 2024 respecto a 1990”, señala Galiza Sen Gas. La Xunta suele presumir de ese descenso y se lo atribuye a sus propias políticas, algo que desmienten los datos.

Chipperfield y el patrimonio industrial

Apenas unos días antes de la voladura de las torres de refrigeración, la Unión de Asociaciones para la Defensa y Promoción del Patrimonio Natural y Cultural (conformada por 20 entidades de todo el Estado “comprometidas con la protección y estudio del patrimonio cultural y natural) también se posicionó. ”También el siglo XX forma parte de nuestra historia“, señala, ”los edificios industriales, aunque todavía nos resulten cercanos en el tiempo, son ya testimonios de un pasado que no volverá. Si esperamos a que pasen otros cien años para reconocer su valor, muchos de ellos ya habrán desaparecido“.

La nota concluye que “conservar el patrimonio industrial no significa conservar las chimeneas humeando. Significa conservar la memoria de quienes levantaron el mundo contemporáneo”. La Unión por el Patrimonio no fue la única en manifestarse en ese sentido. ICOMOS España, la Asociación pola Protección do Patrimonio de Galicia (Apatrigal) o el departamento de Historia da Arte de la Universidade de Santiago también solicitaron una paralización cautelar del derrumbamiento para estudiar el conjunto industrial. A la petición se sumó el célebre arquitecto británico David Chipperfield, que reside parte del año en Galicia. No sirvió de nada.

La operación ha generado, según datos difundidos por Endesa, 45.000 toneladas de residuos, sobre todo hormigón, “un 90% revalorizables”. El desamntelamiento de la zona finalizará en 2028.

El nombramiento de la desconocida profesora Eva López Tarrío como directora del principal museo de arte contemporáneo de Galicia, el CGAC, desató el pasado mes de mayo una formidable tormenta de críticas. Las principales asociaciones gremiales del sector protestaron contra un proceso de libre designación que ignoró todos los códigos de buenas prácticas en instituciones culturales y desdeñó por lo menos -los aspirantes lo hicieron público- dos currículums objetivamente superiores al de López Tarrío. La Xunta de Galicia, de la que depende el centro ubicado en Santiago de Compostela, se negó a cualquier diálogo y siguió adelante con su discutida elección. Once entidades, entre ellas algunas de las más representativas del mundo del arte, acaban de presentar un recurso administrativo de reposición.

El comunicado de la parte recurrente es tan contundente como algunos de los textos y manifiestos que salieron a la luz durante mayo y junio. “El proceso presenta graves deficiencias desde el punto de vista de la transparencia, las garantías procedimentales, el respeto a las buenas prácticas en la gestión de las instituciones culturales públicas y los intereses profesionales de la comunidad artística”, señala. Además, considera “radicalmente nulo” la designación de López Tarrío, una docente de secundaria cuya tesis dirigió el polémico historiador del arte Antón Castro y con escasa experiencia en comisariado o crítica de arte, “y la convocatoria del puesto por el sistema de libre designación”.

El Gobierno gallego se apoyó en una reforma unilateral de la ley de museos y una modificación de la relación de puestos de trabajo del museo, ambas cuestionadas por el sector, para suprimir la plaza de alta dirección y sustituirla por una reducida a funcionarios autonómicos especializados en museos. Estos son tan escasos que el Ejecutivo cambió el plan de personal y abrió la convocatoria a funcionarios estatales, locales y docentes. “La convocatoria y el nombramiento son actos que lesionan la libertad fundamental de producción y creación artística y que, en contra del ordenamiento jurídico, conceden derechos y facultades a quien carece de los requisitos esenciales para su adquisición”, dicen las asociaciones que respaldan el recurso, formalmente presentado por una de ellas debido a exigencias administrativas.

“La actuación de la Xunta ha generado una profunda crisis de credibilidad en torno a uno de los principales centros de arte contemporáneo de Galicia”, sostienen, “el recurso responde además a la necesidad de defender un modelo de gobernanza cultural basado en la autonomía de las instituciones, la profesionalización de sus órganos de dirección, la transparencia en los procesos de selección y el respeto a los principios de mérito, capacidad y concurrencia”. El caso de la nueva dirección del CGAC, un museo inaugurado en 1993, llegó a medios artísticos internacionales y provocó un alud de comunicados, posicionamientos y manifiestos, entre ellos el redactado por la asociación Vegliota y rebricado por más de 1.500 personas, entre ellas Manuel Segade, director del Reina Sofía.

El recurso de reposición contra la elección de López Tarrío lo respaldan A Colectiva (Asociación Profesional de Artistas de Galicia), Contemporánea (Asociación de Galerías de Arte Contemporánea de Galicia), Vegliota, la Asociación Galega de Profesionais da Xestión Cutlral, la Asociación Galega de Profesionais da Ilustración, la Asociación Galega de Deseño (DAG), el Instituto de Arte Contemporáneo, el Consorcio de Galerías de Arte Contemporáneo, la Asociación de Mujeres en las Artes Visuales (MAV), la Unión de Artistas de Arte Contemporáneo de España y la Asociación de Directoras y Directores de Arte Contemporáneo de España (Adace).

El Consello Económico e Social, órgano consultivo de la Xunta de Galicia, ha reclamado al Gobierno gallego que adopte medidas ante el evidente deterioro de la sanidad pública. Lo hacía en su memoria correspondiente al pasado año, 2025. Preguntado por estas críticas, el presidente Alfonso Rueda les ha restado importancia. “Siempre digo que hay que mejorar, pero ya hemos mejorado muchísimo”, se defendió. Trabajadores y usuarios protestan desde hace años por lo que, entienden, es un proceso de privatización que está corroyendo elementos fundamentales del sistema sanitario público.

“Respetamos la opinión del Consello Económico e Social. Se trata de una opinión multidisciplinar”, afirmó. Las recomendaciones sobre el Servizo Galego de Saúde (Sergas) las aprobó por unanimidad el órgano que preside Manuel Pérez, exalcalde de Vigo por el Partido Popular. “No las comparto al 100%”, añadió Rueda. Manifestaciones multitudinarias ha mostrado en los últimos meses el profundo malestar ciudadano con el estado de la sanidad pública gallega.

No es la primera vez que los organismos consultivos y asesores de la Xunta afean las políticas de los gabinetes de Alfonso Rueda. El Instituto Galego de Estatística reveló, a finales de noviembre de 2024, la dramática caída en el número de gallego hablantes, especialmente entre la población más joven. El Ejecutivo respondió criticando la metodología e incluso encargó una encuesta a una empresa privada orientada a contradecir al IGE. También fue objeto de duros ataques por parte del Partido Popular el Consello da Cultura Galega. ¿La causa? Un informe de expertos que cuestionaba radicalmente el proyecto después fracasado para instalar una macrocelulosa en A Ulloa.

Alfonso Rueda no niega el cambio climático y su influencia en los cada vez más virulentos incendios, pero al mismo tiempo le resta importancia. “Decir que las circunstancias climáticas son la única causa lleva a mucha teoría y poca práctica”, afirmó el presidente de la Xunta de Galicia, que también criticó a Pedro Sánchez por “proponer pactos de Estado que en nada avanzan”. La comunidad sufrió el pasado año la peor ola de fuego de su historia: ardieron unas 120.000 hectáreas. Los expertos relacionan la cada vez mayor intensidad de las llamas con las mudanzas del clima y las de estos días en Madrid lo corroboran.

“Las causas son múltiples”, aventuró Rueda en la comparecencia posterior a la reunión semanal de su gabinete, “estos incendios de quinta generación causan explosiones incontrolables que antes no sucedían. Las temperaturas tan altas influyen”. Esa concesión al consenso científico la acompañó de la importancia de la limpieza del monte, justo antes de insistir en su tesis sobre el exceso de teoría. “Cuando se teoriza mucho, no se dedica tanto tiempo a actuar en concreto”, dijo.

“No estamos por desgracia libres del fuego”, añadió. Pero a Rueda le parece que un pacto de Estado en materia de clima como el propuesto en varias ocasiones por el presidente del Gobierno central sería demasiada teoría. “Y a veces lo concreto está parado”, sostuvo.

Las competencias en gestión forestal, prevención o extinción de incendios son de las comunidades autónomas. La de Madrid solicitó la pasada semana la declaración de emergencia para que el Ejecutivo central se hiciera cargo de la coordinación del operativo antiincendios.

El Partido Popular de Núñez Feijóo, del que forma parte Alfonso Rueda, ha asumido en los últimos años un discurso sobre el clima próximo en algunos puntos al negacionismo de la extrema derecha.

La Corporación de Servizos Audiovisuais de Galicia, antigua CRTVG y que agrupa a la TVG y a la Radio Galega, intentó imponer al cuadro de personal un “protocolo general que tiene como objeto la tramitación de las medidas de conciliación” sin abrir negociación con la representación sindical. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha tumbado la iniciativa, condenado a la empresa pública por vulnerar el derecho fundamental a la libertad sindical, anulado el documento y obligado a indemnizar a los sindicatos que habían presentado la demanda: CUT, UGT y Comisións Obreiras.

Según la sentencia, dictada por la Sala de lo Social, “cualquier documento de este tipo que afecte de forma colectiva a las condiciones de trabajo de la plantilla debe pasar obligatoriamente” por la mesa de negociación o el comité intercentros “en virtud del derecho a la negociación colectiva”. La cúpula de la compañía quiso evitar el trámite al enviar un texto a las centrales, “una propuesta de instrumento de ordenación de las solicitudes de conciliación de la vida personal, laboral y familiar”, y conceder 15 días para presentar alegaciones. Los sindicatos se negaron, amparándose en el Estatuto de los Trabajadores.

La empresa insistió en su táctica y el comité intercentros -del que forman parte CUT con cinco delegados, CIG con tres, UGT con 2, USO y Comisións uno cada uno- replicó con una propuesta de apertura de mesa de negociación. La empresa se negó y anunció que aplicaría unilateralmente el protocolo. Ahora el Tribunal Superior “considera que no es legalmente posible que la CSAG imponga unilateralmente un protocolo de conciliación sin abrir una negociación colectiva con el comité intercentros”. “Existe, por tanto, una vulneración del derecho a la negociación colectiva y del derecho a la libertad sindical”, concluye.

La sala deja sin efecto el mencionado documento y obliga a la CSAG a pagar 7.501 euros a cada uno de los tres sindicatos denunciantes en concepto de indemnización por daños y perjuicios. Contra la resolución, cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

Este periódico ha solicitado una valoración de la sentencia a la compañía pública gallega, pero de momento no ha recibido respuesta.

“Hito histórico” o “punto de inflexión” fueron algunas de las definiciones que usó el Gobierno gallego para definir la actualización del Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega presentado la semana pasada. Pese a los ditirambos y a lo concurrido del acto -varios centenares de invitados, más de 800 según la organización- en la Cidade da Cultura de Santiago de Compostela, el presidente de la Xunta de Galicia no asistió y cedió a su conselleiro de Cultura e Lingua, José López Campos, todo el protagonismo. El BNG acusa a Alfonso Rueda de ausentarse de un debate, el que afecta al estatus y posición social del gallego, que el propio Partido Popular incendió a partir de 2007, cuando rompió unilateralmente los laboriosos consensos tejidos hasta entonces.

“Ni siquiera estuvo en el acto propagandístico del PP en el Gaiás”, le afeó este martes la viceportavoz nacionalista en el Parlamento gallego, Olalla Rodil. Apenas se ha referido en público al documento de 700 medidas, elaborado por 130 expertos y que, aseguró López Campos, será la base para intentar llegar a acuerdos con las fuerzas políticas en la Cámara autonómica. Rueda se ha limitado a repetir los argumentos del conselleiro, a afirmar que la derecha está abierta a “ajustes” en el muy contestado decreto del plurilingüismo de Feijóo -instituciones científicas y culturales lo rechazaron, hubo manifestaciones multitudinarias en contra- y a atacar a la oposición por criticar el plan, dice, “sin haberlo leído”. La líder del BNG, Ana Pontón, le ha solicitado por carta una reunión para explicarle la propuesta nacionalista sobre el idioma, pero se ha topado con el habitual desdén de los populares, que la han remitido a las discusiones parlamentarias.

El Bloque entiende que la actualización del plan de 2004 -aprobado por unanimidad de PP, socialistas y BNG al año siguiente, un pacto dinamitado por Feijóo y Rueda a partir de 2007- es en realidad “un catálogo de rebajas”. Centra sus críticas en el ámbito educativo y recuerda que el anterior documento recomendaba un mínimo del 50% de asignaturas en gallego, algo que el PP incumplió después de haberlo firmado, y el nuevo lo reduce. “Establecer en la norma legal para todos los centros y niveles educativos un reparto en el uso escolar de las lenguas oficiales que garantice la adquisición de competencias equilibradas y favorezca el conocimiento, la valoración y el uso de la lengua gallega”, dice en concreto, además de aludir a un “principio de equilibrio” entre idiomas que se ha convertido en fetiche político del PP al respecto y que obvia la situación de desigualdad entre gallego y castellano.

Todavía este lunes, al término de la reunión semanal del Ejecutivo, el conselleiro de Cultura e Lingua insistía en que “no existe” un problema de competencias lingüísticas entre los jóvenes, sino de “prestigio social”. Los informes de expertos no avalan esta tesis. De hecho, la encuesta del Instituto Galego de Estatística (IGE), dependiente de la Xunta, que encendió todas las alarmas hace año y medio deducía lo contrario: 15 años de políticas lingüísticas del PP de Feijóo y Rueda multiplicaron por dos el número de niños de entre 5 y 14 años que no sabe hablar gallego, el 32,44%.

La Xunta de Galicia insiste en quitar importancia al informe de Icomos, el organismo asesor de la Unesco, que criticaba con dureza aspectos fundamentales de la candidatura de la Ribeira Sacra a Patrimonio de la Humanidad. “Sus resoluciones no tienen valor decisivo”, sostuvo este lunes el conselleiro de Cultura, José López Campos, “y en los últimos años han crecido las diferencias entre sus documentos de evaluación y las conclusiones de la Unesco”. El Comité de Patrimonio Mundial se reúne esta semana en Corea del Sur para decidir a cuáles de los 33 expedientes aspirantes otorga su reconocimiento.

“Los informes de Icomos no son vinculantes”, añadía López Campos el término del Consello semanal del Gobierno galego. Presentaba un informe sobre el estado de la propuesta de la administración sobre la Ribeira Sacra. El Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos) la había cuestionado: no quedaba justificado su “valor universal” ni cumplía las condiciones de “integridad y autenticidad”, además señalaba la pérdida de biodiversidad, la fragmentación de hábitats, las consecuencias en el lugar del cambio climático, las inundaciones de terrenos por la construcción de embalses o los incendios forestales.

Pero el Gobierno gallego prefiere ver la parte positiva. Según el titular de Cultura, la de la Ribeira Sacra es una candidatura “seria, rigurosa y novedosa”, que ha obtenido el respaldo de todas las administraciones. “El Gobierno de España tiene cierta reputación en la Unesco”, aseguró López Campos en un gesto inusual en cargos del PP gallego, “y ha decidido presentar y defender la propuesta después de ver el texto de Icomos”.

La candidatura de la Ribeira Sacra abarca un territorio de 180 kilómetros cuadrados y 26 ayuntamientos en los entornos de los ríos Sil y Miño. La ocupación humana en un paisaje con impresionantes cañones y valles fluviales, marcado por “su patrimonio hidráulico”, llevaron a sus promotores a centrar la propuesta en lo que denominan “cultura del agua”. La decisión de la Unesco será pública, previó el conselleiro, entre el domingo 26 y el lunes 27 de julio, tras el análisis del expediente por los embajadores de 21 Estados miembros de la Unesco.

Alfonso Rueda lleva semanas intentando justificar el voto en contra del Partido Popular en el Congreso al traspaso a Galicia de la autopista AP-9, que va de Ferrol a Tui, en la frontera portuguesa. Este lunes, al término de la reunión semanal de su gabinete, el presidente de la Xunta ha insistido en que no aceptará la competencia sino es a “coste cero” y ha cargado contra el ministro de Hacienda, Arcadi España, por decir que el Gobierno gallego debe usar “su presupuesto, sus recursos y sus políticas” para gestionar la infraestructura. Rueda ha asegurado que incluso si Feijóo llega al Ejecutivo central, él mantendrá su posición al respecto.

PSOE, Sumar y BNG pactaron la ley de transferencia de la AP-9, que salió adelante en el Parlamento español con la oposición de PP y Vox. Se trata de una demanda histórica de la comunidad, cuya Cámara lo había reclamado por unanimidad en varias ocasiones. Alfonso Rueda sostiene, sin embargo, que el texto pactado no respecta esos acuerdos. La izquierda y los nacionalistas defienden que sí. “El ministro deja quedar en mal lugar a los partidos de la oposición, que dicen que viene con lafinanciaciónn asegurada”, dijo Rueda.

Socialistas y BNG remiten en realidad a la Comisión Mixta de Transferencias entre administraciones para acabar de concretar la operación. Es en ese órgano en el que se estudian las condiciones económicas del traspaso. La ley, en todo caso, fija una división de responsabilidades económicas: el Estado asumiría las derivadas de decisiones adoptadas antes de la transferencia y la Xunta, las derivadas de decisiones adoptadas tras la asunción de las competencias.

Fue el Gobierno de José María Aznar el que aprobó una prórroga de la concesión a Audasa de la autopista, que Europa ha declarado ilegal. Las consecuencias de esa ilegalidad todavía no se han hecho públicas. Rueda se comprometió este viernes a seguir demandando el “coste cero” aunque presida el Gobierno central Alberto Núñez Feijóo. “De lo contrario, yo no puedo aceptarla [la competencia]”, concluyó.

La recuperación de la memoria democrática todavía no se había convertido en tendencia literaria. Tampoco se trataba de 400 páginas pensadas para el asueto veraniego y repletas de torsiones de guión. Su narración avanza mediante elipsis y un estilo lírico que se aleja del grado cero del lenguaje. Ni siquiera está escrito en castellano, sino en gallego. Contra todos esos lugares comunes del best seller levantó Manuel Rivas O lapis do carpinteiro (Xerais, 1998), una novela breve e intensa sobre la represión fascista y sus cicatrices que se convirtió en una de las más vendidas de la literatura gallega, 100.000 ejemplares solo en gallego según cifras de la editorial. Traducida a 40 idiomas y con versión cinematográfica a cargo de Antón Reixa, O lapis do carpinteiro recogió además alabanzas de Günter Grass, Eduardo Galeano, Vázquez Montalbán o Erri De Luca.

La historia es una historia de amor atravesada por las turbulencias del siglo XX, o las turbulencias del siglo XX atravesadas por una historia de amor. El médico republicano Daniel da Barca y su pareja, Marisa Mallo, sobreviven a la cárcel de A Falcona, en el Pazo de Raxoi de Santiago de Compostela. Verano del 36. No lo hace, sin embargo, el pintor que dibuja el Pórtico de la Gloria con un lápiz de carpintero e ilustra a los presos y a quien pasea una cuadrilla fascista. Rivas (A Coruña, 1957) escribe sobre sombras: al fondo de su novela hay personas reales, porque su novela trabaja con la verdad. “El momento germinal de O lapis”, cuenta por teléfono a elDiario.es, “ocurre en Tui, a finales de los 80”. Era entonces un reportero freelance que entrevistó al doctor Francisco Comesaña y a su esposa, Asunción Concheiro, republicanos, socialistas, exiliados en Cuba y retornados a Galicia.

“Aquella entrevista quedó ahí guardada, como una célula madre, creciendo en las esquinas de la memoria”, relata. Pero no fue hasta que se cruzó con un objeto que el libro tomó forma: el lápiz de carpintero que, junto a una garlopa, conformó la única herencia que recibió de su abuelo, Manuel de Sigrás. “Había comenzado la historia varias veces. Llegue a tener 20 páginas escritas. No me convencía. Un día me fijé en el lápiz y dije: ya sé quién va a contarla”, afirma. Se nutrió además de decenas de notas en cuadernos, visitas a la isla de San Simón en la ría de Vigo -campo de concentración durante la Guerra Civil- y de uno de sus propios relatos, el célebre A lingua das bolboretas, incluido en Que me queres amor? (Galaxia, 1995), Premio Nacional de Narrativa. “No veo mis obras como leiras [fincas] separadas, sino más bien como los anillos de un árbol, una cosa lleva a otra”, describe.

A lingua das bolboretas, que José Luis Cuerda convirtió en largometraje con Fernán Gómez como protagonista en 1999, cuenta un maestro y su escuela durante la Segunda República. “Un día les llega un microscopio. Por fin podrían ver lo invisible, la lengua de las mariposas”, explica. Solo que Franco se alza contra la democracia y las luces se apagan. Rivas tardó apenas un día en escribirlo. “No había un esquema previo, solo la idea del microscopio. Pero la memoria es algo activo y camina hacia adelante. Aquello prendió y creció como una hiedra de sombra”, se extiende. Los anillos del árbol: el más exterior de la literatura de Rivas sobre la Guerra Civil es Os libros arden mal (Xerais, 2006), una novela de 600 páginas, fragmentaria y coral -“más que coral, está llena de gente por todas partes”, dice el autor. Su tiempo de escritura, añade, fue otro, demorado, arquitectónico.

Porque O lapis do carpinteiro tardó, tras años de fermentación, unos tres meses “de arresto domiciliario” en transformarse en la novela de 162 páginas que deslumbró a lectores de toda condición. La escribió en Urroa, un lugar de Vimianzo, en la Terra de Soneira, donde vivió años. Acompañaba a su pareja, profesora. “No cuenta solo la historia de lo que pasó en la guerra y del fascismo”, vuelve sobre el argumento, “sino también la del silencio y la del factor humano, una pareja que mantiene la pulsión creativa y el deseo frente al horror”.

“Una mirada a un inmenso silencio”

La agitada y celebrada peripecia del libro O Lapis do carpinteiro no tardó en anunciarse. Su editor en Xerais, el histórico Manuel Bragado, enseguida se dio cuenta de que había interés. Lo percibía por la demanda de las librerías. La presentación en A Coruña desbordó expectativas y, recuerda Rivas, dejó más gente en el exterior del auditorio de Caixa Galicia que dentro. “Creo que parte de su impacto tiene que ver con la cerilla que se enciende en la oscuridad, con el movimiento de alas de la mariposa que no sabes qué va a provocar”, considera, “estaba en el aire la necesidad de una historia como esta”. Sucesivos actos, a veces acompañado del brillante dramaturgo y contacontos Quico Cadaval o de la banda folk punk Os Diplomáticos de Monte Alto, confirmaron aquellas impresiones iniciales.

El de la Galería Sargadelos de Barcelona resultó memorable. “Hubo mucha gente. Aparecían personas con vidas quebradas y ganas de hablar”, señala. O lapis do carpinteiro fue también, en su opinión, “una mira a a un inmenso silencio, al vacío. No digo que fuese el primero, había ya libros extraordinarios, pero sí apareció antes de la supuesta moda de la memoria histórica”. En el Círculo de Bellas Artes de Madrid sucedió algo. “Estaba firmando libros y, de repente, se acercó una señora que dijo: 'Yo soy la hija de Herbal'. Levanté la vista y vi una mujer con los ojos llorosos. No dijo nada más. Se dio la vuelta y se fue”, relata. Herbal es uno de los más impactantes personajes de O lapis, verdugo, chivato, envidioso y a la vez atormentado. No existió en la realidad.

Al libro no solo lo acompañó el favor de los lectores y las lectoras. La crítica fue generosa y obtuvo premios de relieve: el de la Crítica Española, el Arcebispo San Clemente, el de la Asociación de Escritores en Lingua Galega o el del 50 aniversario de la sección belga de Amnistía Internacional. Algunos ilustres colegas de Manuel Rivas lo celebraron entusiasmados. Con Manuel Vázquez Montalbán coincidió en San Simón. “Recuerdo que me dijo '¿cómo carajo has hecho para escribir esto?”, dice con un punto de emoción. El Nobel alemán Günter Grass la calificó de impactante. También le gustó a Eduardo Galeano, mito de la literatura emancipadora latinoamericana. Y la faja de la última reedición, acabada de salir, reproduce una cita del italiano -más en concreto de Nápoles- Erri De Luca: “Si trabajase en una viña quizás recibiría vino. Pero recibo libros. Y entre los tantos que acaban varados en mi casa, hay alguno que olfateo y viene conmigo. Uno de esos descubrimientos fue O lapis do carpinteiro”.

Ocho meses después de lo previsto, la Xunta de Galicia presentó su nueva propuesta para la normalización del gallego. El documento recoge 700 medidas “en todos los ámbitos sociales” elaboradas por 130 expertos, pero no entra en uno de los aspectos más discutidos de la política lingüística de los sucesivos gobiernos del Partido Popular: su presencia limitada por ley en la enseñanza. El conselleiro de Cultura, José López Campos, remitió la posibilidad de rectificar el llamado decreto del plurilingüismo, impuesto en 2010 por Feijóo, a una negociación política y “con consenso”. Preguntado por si el Gobierno gallego levantará el veto al idioma en asignaturas de ciencias, dijo: “El plan recoge ese escenario”.

López Campos cargó, no obstante, contra el BNG e insinuó que la exigencia de retirada de la norma que, por primera vez en democracia, redujo el gallego en las aulas era “una reclamación unilateral” del nacionalismo. En realidad, dicha legislación ha sido cuestionada por instituciones culturales oficiales, asociaciones de base, escritores y cineastas, sindicatos, toda la izquierda política e incluso por el Consejo de Europa. “El plan no entra en el tema del decreto pero sí pide ajustes que permitan actualizarlo”, resumió. El BNG cargó contra el Gobierno gallego casi en tiempo real: “Van a mantener el infame decreto contra el gallego que convirtió nuestra lengua en una lengua de segunda y nos llevó a la actual situación de desastre en la que cada vez se habla menos gallego”.

El conselleiro atendió a las preguntas de los medios de comunicación en un aparte, tras presentar las líneas generales de un documento para el que no ahorró ditirambos. “Es una respuesta ambiciosa y estratégica que sintetiza las aportaciones de la inmensa mayoría de la sociedad gallega”, afirmó ante cientos de invitados en el museo de la Cidade da Cultura, en Santiago de Compostela. Pese a la autoproclamada importancia de la cita, entre los asistentes no se encontraba el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ni el responsable de Educación, Román Rodríguez.

El argumento principal del Gobierno gallego para actualizar el Plan Xeral de Normalización Lingüistica de 2004 consiste en una evidencia: Galicia ha cambiado y no es la misma que en 2004. También mencionó los alarmantes datos de la encuesta del Instituto Galego de Estatística que revelaron la drástica caída de gallego hablantes, sobre todo en la franja de edad más joven. “Esas cifras nos pedían un paso al frente. También lo pidió en 2025 la Real Academia Galega. Entendimos perfectamente el mensaje”, aseguró.

“Un nuevo tiempo en el que el gallego sea la lengua que nos une”, decía, en esa línea, el vídeo que abrió el acto del Gaiás. Lo que obviaba, también lo obvió el conselleiro, era que los acuerdos amplios de los que presumía en las imágenes los dinamitó por su cuenta y riesgo el Partido Popular. “La lengua gallega”, dice ahora López Campos, “es una responsabilidad social, una gran responsabilidad colectiva”. Y definió el Pacto da lingua galega como “un nuevo documento sobre un pacto social” del idioma y pidió “altura de miras” a las fuerzas políticas para sumarse al mismo tras un “proceso de escucha y diálogo” del Parlamento autonómico.

“Estamos a tiempo de compromisos compartidos”

Los trabajos, coordinados por el catedrático y académico Manuel González, implicaron a 130 expertos organizados en 11 comisiones sectoriales, 400 contactos y recopilaron 1.300 aportaciones. “Aún estamos a tiempo de alcanzar compromisos compartidos”, dijo, “desde el diálogo, las razones, el realismo y el rigor”. González había desgranado antes lo que designó como seis objetivos del nuevo documento: la capacitación lingüística de la población, la garantía legal de poder vivir en gallego, el incremento de la implantación social de la lengua y su mayor estima social, el reconocimiento exterior de la misma y la dotación de recursos lingüísticos y técnicos para “vehicular las necesidades de la sociedad actual”.

El académico, que ya hace más 20 años presidió la redacción técnica del plan de normalización, no esquivó las controversias. Aseguró comprender la postura del BNG, “aunque no la comparta”, pero insistió en acordar “una hoja de ruta avalada por el consenso y un compromiso político sin grietas”. Celebró las medidas a favor del reconocimiento del pluralismo lingüístico del Estado impulsadas por el Gobierno de Pedro Sánchez -su uso en el Congreso y en el Senado, la petición de oficialidad en la Unión Europea- a las que se opuso el Partido Popular en Madrid y en Santiago de Compostela. Y llamó “al avance social del gallego en todos los estratos y todos los sectores”. “Ojalá la fecha de hoy marque un punto de inflexión en el camino de la plena normalización de nuestro idioma”, había comenzado su discurso.

9Louro y dos conselleiras

A la presentación del Plan da lingua galega asistieron, en el edificio del museo de la Cidade da Cultura, cientos de invitados. Había miembros de la Real Academia Galega y del Consello da Cultura, dos conselleiras -la de Política Social y la de Vivienda- pero ni rastro del de Educación, a cuyo departamento corresponde la aplicación del discutido decreto del plurilingüismo, mandos de la Guardia Civil y la Policía Nacional, candidatos del Partido Popular pero ningún representante del nacionalismo político, tampoco socialista, presidentes de fundaciones culturales emblemáticas -la Rosalía de Castro, la Castelao-, incluso presentadores de televisión. No estaba Alfonso Rueda pero sí el presidente del Parlamento, Miguel Santalices. El acto lo condujeron Esther Estévez e Xosé Antón Touriñán y lo salpicaron intervenciones -la productora audiovisual Zaza Ceballos, neofalantes de distinto origen- y actuaciones -9Louro, Simón Rodríguez Landaeta- que a duras penas se sobrepusieron a la insufrible acústica del edificio diseñado por Eisenman.

Datos catastróficos recogidos por el IGE

El Gobierno de Alfonso Rueda reaccionaba con la promesa de un Pacto polo Galego a los catastróficos datos recopilados por su órgano estadístico. Quince años de gabinetes del Partido Popular habían multiplicado por dos el número de niños que no saben hablar gallego: el 32,44% de entre 5 y 14 años. Expertos y oposición enseguida lo vincularon a las consecuencias del decreto del plurilingüismo, que redujo por primera vez la presencia del gallego en la enseñanza pública y lo prohibió en algunas asignaturas de ciencias. La norma, aprobada en solitario por el PP de Feijóo en 2010, había provocado un rechazo masivo de izquierda, nacionalismo, académicos o estudiosos de los procesos de normalización lingüística. Hasta el Consejo de Europa acabó pronunciándose en contra.

El decreto culminaba así la ruptura unilateral de los consensos sobre el gallego a la que había procedido Alberto Núñez Feijóo con Rueda como número 2. La derecha gallega asumía el discurso extremista de asociaciones contrarias al idioma propio de la comunidad e incluso participaba en sus manifestaciones. Según estas, y así lo repite todavía en algunos debates el actual presidente de la Xunta, el bipartito de Pérez Touriño estaba “imponiendo” el gallego y poco menos que persiguiendo a los castellano hablantes. Esa retórica gruesa le sirvió a Feijóo para arrastar a su partido a la ruptura del Plan Xeral de Normalización Lingüística, aprobado por unanimidad -PP, Partido Socialista y BNG- en el Parlamento gallego en 2005, cuando todavía gobernaba Fraga Iribarne.

A la necesidad de revisar y actualizar ese plan, conformado por más de 400 medidas concretas dirigidas “a favorecer el uso del gallego en todos los ámbitos de la sociedad”, se refirió el conselleiro José López Campos a los pocos meses de que el IGE difundiera su encuesta. Antes, eso sí, su departamento había llegado incluso a cuestionar la metodología del organismo oficial y encargado una encuesta a una empresa demoscópica privada para revertir la imagen de la situación lingüística gallega. Ahora, con la presentación del Plan da lingua galega con ocho meses de retraso sobre la primera de las fechas anunciadas, la Xunta asegura que busca un lugar para el gallego “en la Galicia de 2026”.

La ofensiva de Alfonso Rueda para rebajar el derecho a baja laboral, que antecedió en algunos meses a las estridentes declaraciones de Feijóo al respecto, ha tropezado con la Justicia. El principal sindicato gallego, la CIG, llevará ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) la resolución de la Xunta de Galicia que refuerza el papel de las mutuas privadas en el control y gestión de las incapacidades temporales, cuya legalidad cuestiona. “El Gobierno gallego disfraza de 'agilización' y 'refuerzo del control' del llamado 'absentismo laboral' lo que es parte de una ofensiva patronal y mediática contra las personas trabajadoras”, denuncia la central.

“Rueda pretende instalar un discurso peligroso en el que enfermar se vuelve sospechoso”, añade el sindicato en un comunicado, “al prevalecer la presión económica sobre el criterio médico”. La medida, una de las anunciadas por el presidente de la Xunta en el último debate sobre el estado de la autonomía -fue la iniciativa estrella de su intervención-, implica además una “fiscalización creciente” del criterio del personal de atención primaria de la sanidad pública.

La resolución impugnada modifica el protocolo de la Consellería de Sanidade para el seguimiento de la incapacidad temporal y permite a la inspección a autorizar de una sola vez “todas las pruebas y procedimientos” relacionados con una baja solicitados por entidades privadas. Antes, debían solicitar el permiso prueba a prueba, siempre y cuando las hubieran pedido antes profesionales de la sanidad pública. No figura, critica la CIG, ninguna limitación por tipo de patología y desaparece la mediación del Servizo Galego de Saúde (Sergas).

“En lugar de apostar y reforzar la sanidad pública y eliminar las listas de espera que no paran de crecer, las mutuas incrementan su derivación de dinero público hacia la sanidad privada”, considera Paula Carril, secretario general del sindicato que ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior.

El primero de los seis relatos que componen Todos aínda aquí comienza con una escena: hombres armados y con pasamontañas paran el coche en el que circula una pareja. La mujer está embarazada. Sacan al hombre del automóvil, le exigen su documentación y comprueban que se trata de católicos. Les rompen el parabrisas y les roban el vehículo. Los dejan tirados en una cuneta en las afueras de la ciudad, una fría noche en el norte de Irlanda. Dos días más tarde, nace un niño, el narrador de la historia. “Las fotos son de color rosa, Michael Madigan aparece sonriendo y mi madre tiene esos cortes por toda la piel, pequeñas costras, algo parecido a coordenadas/pecas”, escribe Liadan Ní Chuinn, pseudónimo que firma el libro y del que apenas se sabe que tiene 28 años y nació en algúnn lugar de los Seis Condados. El cuento lidia, como otros de la colección, con un fantasma que todavía existe, el dolor producido por la violencia colonial británica.

“No puedo hablar por nadie más”, responde Ní Chuinn a la pregunta sobre la tristeza que supura cierta literatura irlandesa actual, “pero en la mía hay mucho dolor que procede de la pérdida de cultura e idioma que sufrimos por causa de la colonización británica. Ese dolor viene de la violencia y de la negación de esa violencia y de sus repercusiones”. Habla con elDiario.es a través del correo electrónico, mediado por su agente literaria. Pese a que Todos aínda aquí (Rodolfo & Priscila en gallego, traducción de Isaac Xubín; Segona Perifèria en catalán; Feltrinelli en castellano) es una de las sensaciones últimas de la literatura irlandesa, se desconoce la identidad y el género -la agente la menciona con pronombre neutro- de quien lo ha escrito. Su escritura, en todo caso, es precisa, casi quirúrgica, oscura y lírica, salvaje en algunos tramos. Y política, política sin rodeos. “En este libro me he centrado particularmente en la violencia más reciente del Estado británico. Todo se reduce a esto”, señala, “quienquiera que seas, como civil, tienes derecho a que el Estado británico no te mate”.

Ní Chuinn se extiende sobre el contexto en el que escribe. Nació en 1998, el mismo año en que británicos, unionistas y republicanos firmaron el Acuerdo de Viernes Santo que acabó con las manifestaciones más duras del conflicto colonial en el norte de Irlanda. “Aunque la guerra terminó, su impacto aún se siente”, resume, “pienso a menudo en la violencia olvidada del Estado británico en el norte de mi país y en lo que nos ha hecho. Pero eso no significa que todo haya acabado. El norte sigue bajo ocupación”. Los británicos mataron hombres, mujeres y niños, y sus soldados aterrorizaron a generaciones de personas, añade, “pero el Estado británico sigue sosteniendo que fue una fuerza neutral [en el conflicto entre unionistas y republicanos]. Se niega a reconocer lo que hizo aquí”. Además, las organizaciones paramilitares lealistas -que defienden la integración del norte en el Reino unido- existen. Todavía. Y, asegura Ní Chuinn, “amedentran comunidades, son responsables de la explotación sexual de jóvenes y del tráfico de drogas, y, en tiempos recientes, de horrorosos ataques racistas”. Los últimos sucedieron en Belfast el pasado mes de junio y adoptaron la forma de pogromo contra los migrantes.

Relatos sobre el trauma

Sobre ese telón de fondo se despliegan los seis relatos de Todos aínda aquí. No en todos la violencia es explícita, pero su eco sordo sí recorre estas historias sobre el pasado y el presente, los lazos que se desintegran, los vivos y los muertos, las lenguas amenazadas, los hijos y sus padres. Literatura del trauma. “Pienso mucho en el amor y en la atención”, afirma, “en todas las formas en que las personas cuidan unas de otras y en el orgullo que me produce, quizás porque sé que esto no es lo que los demás fuera del norte de Irlanda asocian con nosotros”. La familia y sus tensiones conforma otro de los núcleos del libro, escrito en un país de fuerte cultura católica. Para Ní Chuinn, de hecho, “la dinámica de una familia no puede separarse de la de su entorno”. Es decir, de las condiciones históricas, políticas, en las que vive. “Pensar sobre padres e hijos en Irlanda en muchos puntos de nuestra historia”, dice, “es pensar sobre todos esos padres encarcelados, internados, investigados, asaltados, secuestrados, gaseados, es pensar en los hijos de esa gente”. La sombra del conflicto, una vez más.

Pero Liadan Ní Chuinn confiesa, pese a todo, cierta visión animista de la realidad. De ahí el título de la colección, Every One Still Here (Todos aínda aquí en gallego, Encara hi són tots en catalán, Todos siguen aquí en castellano), sugerido por Declan Meade, su editor en Irlanda. Es una frase de Rusia, un relato que discute la exhibición de restos humanos en un museo “y la deshumanización del otro que, creo, cultiva la mencionada exhibición”. Como los poemas sobre los hombres momificados encontrados en la turbera que escribió otro irlandés de los Seis Condados, Seamus Heaney, en su implacable Norte (1975). Sea como sea, el Todos aínda aquí (Todos siguen aquí) remite “a un entendimiento del mundo animista en espíritu. Todos están aún aquí, vivos y muertos, todos sus miedos y sus dolores y sus consuelos y su amor. Nos afectan, los miremos directamente a los ojos o no”. Así, Ní Chuinn desconfía del individualismo, que percibe como núcleo de la literatura contemporánea: “Mucho de lo que se crea y se consume en la actualidad se basa en el individuo. Pero ninguno de nosotros es, nunca, un individuo”.

“Para mí y mi comunidad, Irlanda del Norte no existe”

Esa conciencia de lo colectivo atraviesa el libro. “Lo personal y lo político se entrelazan de manera brillante”, destacan sus editores gallegos, Rodolfo & Priscila. El discurso de Ní Chuinn lo ratifica una y otra vez. Irlanda del Norte, asegura, no existe, ni para ella ni para su comunidad. “Somos gente del norte. Soy una persona irlandesa, del norte de Irlanda. Pero Irlanda del Norte es el nombre de esa administración minúscula inventada por los británicos”, aclara. Más allá, agradece conversar con sus lectores en Galicia o Catalunya: “Creo que compartimos el aprecio por la importancia del lenguaje respecto a nuestros países e identidades”.

Todos aínda aquí fue un éxito -lo avalan los premios y las listas de final de año- contra pronóstico. La escritora escocesa Ali Smith lo celebró en una entrevista en The Guardian. Un primer libro, además de relatos y no una novela -comercialmente más viable, por lo general-, firmado con pseudónimo. Y que se interna en la selva de la herencia recibida, los vencidos y los asesinados, en un país traumatizado. “No tenía ni idea de cómo funciona nada de esto”, admite, “no sabía qué iba a pasar. Y aún menos que se iba a traducir a otros idiomas, algunos de ellos minorizados, lo que me resulta conmovedor”. En cualquier caso, concluye, “ojalá las ideas del libro sobre recordar y desafiar la deshumanización que se extiende por todas partes sean del interés de la gente, esté donde esté”.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se pliega a la táctica de Génova 13 en al menos cuatro asuntos cruciales en el debate político gallego: se opone a la quita de la deuda pública, no negociará bilateralmente una nueva financiación, ha votado en contra de la demanda histórica de traspaso de la autopista atlántica y del uso del gallego en las instituciones estatales. Estas posiciones le sirvieron a la portavoz del BNG, Ana Pontón, para calificar a Rueda del “presidente del no a Galicia”. “Ustedes sí que son los del no a todo”, intentó revolverse el jefe del Ejecutivo con uno de sus tópicos habituales sobre el nacionalismo, pero lo cierto es que el Partido Popular de Galicia y, con él, el Gobierno autonómico ha hecho suya la desaforada guerra sin cuartel de Feijóo contra Pedro Sánchez en estos temas. La sesión de control de este miércoles en el Parlamento de Galicia lo dejó claro.

“Le recuerdo un eslogan del PP, 'Galicia primeiro'”, había comenzado Pontón su intervención, “en realidad es 'el PP primero, Galicia después o Galicia nunca”. El Gobierno gallego, añadió, renuncia a 4.000 millones de euros en la quita de la deuda y no quiere negociar con el Estado “una financiación justa”. También “ha dicho no al gallego”: Alfonso Rueda llevó a su grupo parlamentario a votar en contra de su uso en el Congreso y en el Senado. Finalmente se refirió a la transferencia de la AP-9, cuya concesión a Audasa prorrogó Aznar hasta 2048 en una operación que Europa ha declarado ilegal. “Madrid manda, usted obedece y Galicia pierde. Usted, o mansiño de Génova”, resumió la nacionalista.

El presidente de la Cámara había acumulado las preguntas de la oposición. José Ramón Gómez Besteiro, líder de los socialistas gallegos, había acusado a Rueda de “no gobernar pensando en Galicia, sino en lo que le dictan en Madrid”. Y mencionó la existencia de “un nuevo susurrador en el oído de Rueda”, la extrema derecha: “Votan de la mano de Vox para evitar la transferencia”. Besteiro sintetizó su discurso con una definición de lo que entiende por autogobierna y que, a su juicio, Rueda no ejerce: “Es asumir competencias, no inventar problemas, y aprovechar cada euro para mejorar las condiciones de los nuestros”. Pontón había sido más contundente: “¿Cómo alguien incompetente va a querer competencias?”.

Alfonso Rueda se defendió con una respuesta algo deslabazada. Se esforzó por presentar a los líderes de BNG y PSdeG como delegados de Pedro Sánchez y llegó a calificarlos, “sin el sentido peyorativo”, de tontos útiles. A lo concretó entró, pero únicamente para volver sobre argumentarios ya conocidos y emitidos en numerosas ocasiones. La financiación no se negocia bilateralmente, sino en una conferencia de presidentes. “Una posición de partida que nunca va a mejorar” si la discusión es bilateral. Lo que no ha hecho nunca su gabinete es hacer público el modelo que prefiere, si es que tiene alguno. Sí a la transferencia, “no a la estafa”, que él considera que es el acuerdo refrendado en el Congreso por todos los grupos excepto el PP y Vox. Según la derecha, abre la puerta a que la Xunta tenga que indemnizar a la concesionaria, lo que la izquierda niega. “Hay que tener dignidad y ustedes no la tienen”, apuntó.

Ya en el turno de cierre, el presidente de la Xunta quiso explicar su visión del autogobierno y, para ello, puso algunos ejemplos: la frustrada operación de su gabinete para instalar una macrocelulosa en A Ulloa o lo que denomina “resolver el absentismo”, en realidad reducir el derecho a baja laboral de los trabajadores. “Ustedes sí que son los del no a todo. Ya que traen recados, lleven otro de vuelta”, espetó a la oposición: “Que respeten a los gallegos”.

Al alba del 27 de septiembre de 1975, un pelotón compuesto por guardias civiles y policías fusilaba a Xosé Humberto Baena Alonso. Nacido en Vigo 25 años antes, militante de la izquierda antifranquista, su ejecución la decidió un consejo de guerra sumarísimo plagado de irregularidades y se convirtió en la última del franquismo. Hace un año, cuando se cumplía medio siglo de los hechos, el Gobierno del Estado declaró nula la condena a muerte. Ahora, la Facultade de Xeografía e Historia de la Universidade de Santiago de Compostela, donde Baena cursó el primero de los cursos de Filosofía y Letras, ha aprobado una declaración de reconocimiento de su exalumno con la que además quiere homenajear a “una generación de estudiantes, profesores y personal que participó activamente en la lucha contra la dictadura franquista”.

Baena llegó a Santiago de Compostela en 1970. Se matriculó en Filosofía y Letras, titulación hoy desaparecida y que entonces se impartía en el histórico edificio de la Praza da Universidade, en la actualidad sede de Xeografía e Historia. “Durante su año en la facultad se involucró en el movimiento antifranquista”, relata a elDiario.es el decano del centro, Antonio Míguez Macho. Lo hizo hasta el punto de que fue detenido, juzgado y expedientado por participar en manifestaciones contra el régimen. Tuvo que dejar los estudios.

Baena peregrinó entonces por empleos ocasionales hasta que se incorporó al servicio militar en Colmenar Viejo (Madrid). Fue en esa época cuando empezó a militar en el Partido Comunista de España (marxista-leninista) y en su organización armada, el Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (Frap). El 22 de julio de 1975, apenas cuatro meses antes de la muerte de Francisco Franco, fue detenido de nuevo, acusado de matar a un policía. El 26 de septiembre, el Consejo de Ministros confirmó su pena de muerte, la de otros dos compañeros del FRAP -José Luis Sánchez Bravo y Ramón García Sanz- y la de dos miembros de ETA -Angel Otaegi y Jon Paredes, Txiki. Baena fue el último de los cinco en ser ejecutado en Hoyo de Manzanares.

“El tribunal que lo juzgó y la sentencia dictada fueron declarados ilegales, ilegítimos y nulos por el Gobierno de España el 16 de julio de 2025”, recuerda el acuerdo de la junta de la Facultade de Xeografía e Historia de Santiago de Compostela. Investigaciones como la del periodista Roger Mateos -El verano de los inocentes (Anagrama, 2025)- o la de la escritora Aroa Moreno Durán -Mañana matarán a Daniel (Random House, 2025)- han además descubierto y narrado las múltiples anomalías, falsedades y ocultaciones del mencionado consejo de guerra y ponen en duda sus conclusiones, amparadas en la legislación de la dictadura.

La Universidade de Santiago de Compostela realizará este 16 de julio un acto en el que intervendrán la hermana de Baena, Flor, y la rectora, Rosa Crujeiras. Dos paneles colocados entre el primer y el segundo piso de la Facultade de Xeografía e Historia, antigua Filosofía y Letras, recordarán desde ese día al que fue su estudiante, antifranquista comprometido y la última de las víctimas de la autodenominada justicia del régimen.

El Proyecto Nodssum, una expedición científica encabezada por el Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), ha captado imágenes de algunos de los 220.000 bidones de material radiactivo arrojados a la Fosa Atlántica hace más de 40 años. Los investigadores, más de 30, navegaron entre el 27 de mayo y el 28 de junio y constataron “el avanzado estado de deterioro de varios” de los barriles. También confirmaron “la presencia de radionucleidos característicos” de estos residuos a “niveles mayores de los esperados en el área” pero que, “en cualquier caso”, esta “permanece baja”.

La misión del CNRS, de la que también forman parte varias universidades francesas, noruegas y alemanas, además de la de Girona y del Centro Nacional de Aceleradores, sucede a la realizada entre junio y julio de 2025 y que realizó un mapeado de los vertidos. Depositados entre los años 40 y los 90 del siglo pasado -la prohibición formal data de 1993- a unas 300 millas náuticas del cabo Fisterra en Galicia, son unos 220.000 bidones con 140.000 toneladas de basura nuclear a más de 4.000 metros de profundidad.

Los científicos navegaron durante el mes de junio a bordo del Pourquoi Pas? El submarino tripulado Nautile (parte de la Flota Oceanográfica Francesa, puede transportar a tres personas a 6.000 metros de profundidad) permitió a varios de los investigadores la “observación directa” de los bidones y su entorno inmediato. De ellos dan testimonio las imágenes reproducidas en esta pieza.

“Las observaciones a través del Nautile y de otros instrumentos”, asegura el CNRS en un comunicado, “proporcionan nueva información sobre los residuos”. En concreto, además del mencionado deterioro de los barriles, detectaron filtraciones e identificaron los materiales con los que la industria nuclear encapsuló sus desperdicios: resinas, asfalto o cemento. Los científicos han recogido también muestras de agua, sedimentos y organismos vivos para estudiar “la dispersión y transferencia de radioactividad al medio ambiente” y han documentado la biodiversidad en los residuos y en su entorno inmediato. “El objetivo” de la misión científica, declara el CNRS, “es alcanzar una mejor comprensión de los mecanismos de transferencia y transporte de los radionucleidos en los fondos oceánicos y su interacción con los ecosistemas abisales”.

El BNG, por su parte, ha reclamado al Gobierno español que se implique “de manera activa en la investigación” y la elaboración de un plan “para, de ser seguro, proceder a la retirada de los bidones radioactivos”. Para su diputado en el Congreso, Néstor Rego, “resulta incomprensible que el Estado español permanezca completamente al margen de una expedición de esta relevancia, cuando los posibles efectos de estos vertidos afectarán directamente al ecosistema marino gallego y a los sectores que dependen de él”.

La travesía del 'Xurelo' y la moratoria de los residuos

Fue precisamente la travesía de un palangrero gallego, el Xurelo, la que ya en 1981 contribuyó a llamar la atención sobre lo que sucedía en la Fosa Atlántica. Tenía 24 metros de eslora y lo había fletado un partido nacionalista de izquierdas -Esquerda Galega- con el apoyo de Greenpeace. En él embarcaron políticos, ecologistas y periodistas -un joven Manuel Rivas entre ellos. El barco con base en Ribeira (O Barbanza, A Coruña) se interpuso entre dos cargueros que arrojaban basura nuclear al océano. La prensa lo fotografió. Era la primera vez que se documentaba esta práctica, que en la zona se realizaba desde finales de los años 40.

Al año siguiente, el Xurelo y otros dos pesqueros gallegos -el Arosa I y el Pleamar- volvieron a la zona. También hubo protestas en Bélgica u Holanda y en 1983, el organismo europeo encargado de controlar los residuos nucleares declaró una moratoria de los vertidos. El Convenio de Londres de la Organización Marítima Internacional vetó, una década más tarde, cualquier vertido radioactivo al mar.

El cine de Gala Hernández (Murcia, 1993) es de análisis y oposición. De las tecnologías digitales disruptivas y a los relatos dominantes del tecnocapitalismo. Su última película, like moths to light [como polillas a la luz], lo sintetiza: ensayo documental en primera persona, relata cómo el mercado tecnológico amenaza uno de los últimos reductos de la experiencia humana al margen del capital, el mundo de los sueños. “Tengo una relación muy intensa con los sueños. Los uso para interrogarme sobre mis deseos, y también como fuente visual, para crear imágenes”, explica a elDiario.es “y un día vi esta empresa”. Habla de Prophetic, una de esas llamadas start up que vende la posibilidad, a través de una extraña diadema emisora de ultrasonidos, de controlar la orientación de los sueños. like moths to light participa en la sección oficial del festival Curtocircuíto, en Santiago de Compostela hasta el domingo 5 de julio.

“Con los avances de la neurociencia y las tecnologías digitales disruptivas, los sueños, una especie de último refugio de las personas, donde se encuentran los relatos de nuestra parte más íntima, se están convirtiendo en campo entero de especulación incluso financiera”, añade Hernández. Prophetic no es, ni mucho menos, la única compañía empeñada en someter ese territorio a la lógica del beneficio económico, dice. En cualquier caso, la película, de media hora de duración, se aleja del reportaje televisivo y de la exposición de obviedades. Juega con la oscuridad, recupera la fotografía decimonónica de los sueños y traza una suerte de alegoría con Dreamland, el parque de atracciones de Coney Island, Nueva York (USA) que ardió en 1911. “Descubrí esa historia por casualidad. Íbamos a rodar en Nueva York y yo quería hacerlo en Coney Island, un lugar onírico, atravesado por fuerzas extrañas. Un amigo artista me contó lo de Dreamland. Fue una coincidencia maravillosa”, recuerda.

Aquellas instalaciones, inauguradas en 1904, supusieron en su día el mayor contrato de electricidad del mundo. Sus promotores querían “erradicar la noche”. Pero su ambición se desintegró en un incendio colosal. “Ese ascenso y caída, tan prometeico, de personas que quieren traspasar el límite de los seres humanos es un cuentito perfecto. Su final funciona casi como una advertencia”, señala la cineasta, “esto es lo que pasa si intentas colonizar la noche”. O los sueños. A Hernández, cuyo cine emparenta con el de investigadores documentales como el último Chris Marker o Chantal Akerman, le preocupa, claro. “Estoy muy influida por el psicoanálisis y me da mucho miedo este intento de instrumentalizar los sueños, la colonización del inconsciente por las fuerzas tecnocapitalistas”, afirma.

El 'Sillicon Future'

Sobre tecnocapitalismo y subjetividad contemporánea trata precisamente la trilogía de filmes que precedieron a like moths to light. “Reflexiono sobre lo contemporáneo pero trato de aportar una perspectiva histórica y una proyección de futuro”, asegura. En la biografía de su página web, Hernández resume el propósito de La Mécanique des fluides (2022) -premio César al mejor corto documental-, for here am i sitting in a tin can far above the world (2024) -el título es un verso de una canción de David Bowie- y +10K (2025) como una meditación “sobre los procesos de individuación y su articulación con los algoritmos y las corrientes digitales de datos y capital”. Los incel, los usuarios de la criogenización -conservar cuerpos humanos a bajas temperaturas con la esperanza de que un día la ciencia permita reanimarlos- y los criptobrós son, respectivamente, su objeto. “Intento entender las transformaciones antropológicas que trae consigo el mundo digital”, apunta. Y para ello hibrida metraje encontrado, animaciones, registros documentales.

“Entiendo que hay diversas ficciones disputando el futuro. Las grandes tecnológicas imponen imaginarios que acaban apareciendo como ineluctables”, añade, “y las dificultades para subrayar que no son ineluctables resultan enormes. La sensación de que no hay alternativa es el problema”. El horizonte lo domina, considera, el denominado Sillicon Future, un concepto desarrollado en la academia. Esta idea, sostenida por los magnates tecnológicos y su prepotencia pseudovisionaria, entiende el futuro no como un parámetro temporal sino geográfico. Es decir, explica Hernández, según esta teoría hay zonas del mundo que viven en el pasado y zonas que lo hacen en el futuro. Para la tecnoligarquía de Sillicon Valley, Sillicon Valley es el futuro. “Construyen esta ficción. 'Vivimos en el futuro y no podéis escapar, hay una línea recta que os transporta aquí”, señala, “pero hay alternativas a vivir pegadas a una IA o a las redes sociales”.

Gala Hernández trabaja ahora en lo que será su primera ficción, Magnetic animals. Ella misma la define como una distopía en la que describe una formación social que busca “incentivar el natalismo” para evitar su extinción. Lo que llama epidemia de soledad conecta esta película con sus obras anteriores. Las culturas incel o criptobró y su individualismo feroz se alimentan, también, de la destrucción del vínculo social. “Tener a la gente hablando sola es triste y efectivo. La comunidad es cada día más frágil, si es que todavía existe tal cosa”, concluye.