Continúan los problemas para el vecindario de la urbanización Torresolano en Nalda. Todavía hay familias desalojadas tras el derrumbe del muro a principios de mayo. Y las que quedan, siguen padeciendo cortes de agua. El último este fin de semana pasado: el agua dejó de salir del grifo el sábado por la noche hasta a última hora de ayer lunes. Sin una gota de agua al abrir el grifo en plena ola de calor. Cortes que son demasiado habituales y que tal y como ha relatado uno de los vecinos de esta urbanización es consecuencia de la falta de recepción definitiva de las obras por parte del Ayuntamiento de Nalda.

Con los termómetros rozando los 30 grados bien entrada la medianoche y la región en alerta naranja, el gesto cotidiano de abrir un grifo para refrescarse se ha convertido en una utopía para decenas de familias de la urbanización. Desde el pasado sábado por la noche, el agua dejó de salir de los grifos. “No podíamos lavar los cacharros, ni poner la ropa a lavar, ni ducharnos, ni absolutamente nada. Imagínate el olor que teníamos en casa con este calor”, cuenta indignado este vecino de la urbanización Torresolano en Nalda. Una “situación alarmante”, más aún para los menores, mujeres embarazadas y personas mayores que viven allí.

La cotidianidad se desmoronó en cuestión de 48 horas. Las cocinas acumulaban platos sucios y las cisternas de los baños dejaron de funcionar. Penuria es el término utilizado por este vecino para describir la situación que han vivido. “Tuve que bajar a casa de mis suegros a ducharme antes de ir a trabajar, tengo una empresa y debo atender a mi clientela en condiciones, no puedo estar dos días sin ducharme. Y como yo, el resto del vecindario”.

Que el agua no salga del grifo para beber es quizás un problema menor porque la compra de agua embotellada se ha convertido en una obligación diaria, un gasto extra que se suma al pago puntual de unos impuestos que no se ven reflejados en los servicios básicos. “Nosotros pagamos el IBI todos los años puntualmente. Cumplimos con nuestras obligaciones por lo que solo reclamamos nuestros derechos: una seguridad estructural y unos servicios adecuados. No pedimos nada más”.

Y es que asegura que la calidad del agua, cuando la hay, deja mucho que desear: “Es lamentable”. Este vecino ha instalado unos filtros a la entrada de su casa. “Los cambié hace unos veinte días, tendrías que ver las fotos y vídeos de cómo estaba ese filtro, habría que ver si el agua es potable”, denuncia. Y todo esto pasa, insiste, mientras pagan puntualmente sus impuestos.

Un problema crónico bajo el fantasma de la “recepción provisional”

La raíz de los cortes de agua se remonta a hace unos 15 años. La urbanización se encuentra en un limbo legal conocido como “recepción provisional”. Al no haber asumido el Ayuntamiento de forma definitiva las obras del complejo, el vecindario no dispone de una canalización de agua de boca directa y normalizada, como la que da servicio a localidades colindantes como Sorzano. “Por la carretera de la urbanización sube un conducto a Sorzano y de allí, se deriva a las viviendas”. Es lo que piden en Torresolano, un conducto que dé servicio a toda la urbanización porque ellos cuentan con un depósito desde el que se bombea el agua a los domicilios y las averías en este conducto son las que provocan que el vecindario se quede sin agua. La solución por parte del Ayuntamiento de Nalda llega en forma de camiones cisterna. “Un parche para hoy porque en unos meses volveremos a estar igual. Estamos siempre vendidos, dependiendo de si se rompe una bomba o de si un operario puede venir a repararla. Esto no es nuevo. El día Nochevieja pasamos la tarde entera angustiados, con las familias en casa y las cenas preparadas, a punto de abortar el plan porque tampoco había agua”.

Se sienten desamparados porque los cortes nunca se notifican formalmente y es que este vecindario depende de la buena voluntad de los operarios de la empresa de mantenimiento y de las llamadas directas a la alcaldesa de la localidad, Raquel Arrieta.

Afortunadamente, el agua volvió a los grifos de la urbanización Torresolano ayer lunes por la tarde. Pero la paciencia del vecindario se va agotando poco a poco. Quieren poder disfrutar de los servicios que pagan con sus impuestos. Quieren que el Ayuntamiento de Nalda recepcione definitivamente su urbanización, algo que la alcaldesa ha dicho “habrá que valorarlo, de momento, estamos trabajando para que la urbanización recupere el agua y esperamos que sea a lo largo de la tarde del lunes”, como efectivamente así ocurrió. ¿Cuándo será el próximo corte de agua y cuánto durará? Es lo que se pregunta el vecindario de Torresolano en Nalda que solo quiere una solución definitiva y no más parches.

Samuel Noval e Isabel López son los protagonistas de esta historia, los responsables de Erveca Studio, una iniciativa que fusiona programación y folclore riojano. Un éxito, el de sus proyectos digitales, que también ha tenido que superar la falta de vivienda de alquiler en el medio rural riojano. En Pradillo, un pueblo de unos 20 habitantes, esta joven pareja han puesto en marcha su empresa de desarrollo tecnológico y utilizar los píxeles como herramientas para rescatar del olvido las tradiciones locales.

Él es natural de Pradillo, aunque creció en la vecina aldea de Peñalocintos. Estudió Geología en Salamanca donde hizo sus primeros pinitos en programación y un máster en Zaragoza. “No me he movido mucho de Los Cameros, solo para estudiar”, reconoce. Todo lo contrario a su pareja, natural de Palma de Mallorca. “Estaba muy cansada del ajetreo propio de la ciudad y encima una ciudad tan masificada como Palma de Mallorca”. Se conocieron en internet hablando de videojuegos. Después comenzarían las visitas hasta que llegó el momento de cambiar la capital balear por Pradillo. “Decidió quedarse aquí” y emprender una nueva vida en la sierra riojana.

En 2028, Samuel comenzó a diseñar el primer prototipo del videojuego Erveca, un videojuego de mundo abierto ambientado en los Cameros que tuvo que dejar “pausado por la magnitud del proyecto en solitario”. En 2023, ya con la ayuda de Isabel en Pradillo, deciden retomar este proyecto “con una nueva estética y una forma de trabajo más asequible”. Y así nace Almazuela Picross a partir de los minijuegos desarrollados para Erveca “donde los jugadores deberán resolver diferentes nonogramas o picross para desbloquear retales de almazuelas. Con ellos podrán completar una almazuela final al superar cada nivel, combinando lógica, creatividad y tradición textil”.

Y desde Pradillo, estos desarrolladores tratan de rescatar del olvido tradiciones locales porque “el juego cuenta con 19 almazuelas reales, cedidas generosamente por las artesanas que cada año participan en la Fiesta de la Almzuela de Pradillo a las que se suma una almazuela especial creada por la comunidad de fans del estudio, ganadora del concurso anual de diseño de patrones que coincide con esta celebración”.

El bagaje de Samuel como antiguo guía de las cuevas de Ortigosa y técnico en la oficina de turismo local nutre de contenido cultural cada nivel. “De pequeño veía que había muchos chavales en el pueblo y actualmente quedamos veinte todo el año. No queremos que se pierdan estas tradiciones; queremos que la gente las conozca a través del mundo digital”, reivindica el joven geólogo. Su próximo proyecto será un juego de puzles en 3D donde los coleccionables serán los icónicos bancos de azulejos de Pradillo.

Ellos marcan el ritmo de su día a día en Pradillo. “Aquí no tenemos presión alguna, el día que estamos cansados, nos vamos a dar un paseo por el monte y en el bar del pueblo siempre encontramos a alguien con quien hablar y desconectar de las pantallas”. Mientras Isabel trabaja en el bar del pueblo, Samuel ejerce como programador freelance. Juntos dedican las primeras horas del día a dar forma a sus videojuegos. Una vida “cómoda” en un pueblo de apenas 20 habitantes. “Curiosamente, soy el que más velocidad de internet tiene: somos los únicos conectados al repetidor de fibra óptica del pueblo, así que descargo todo mucho más rápido que mis antiguos compañeros en Zaragoza”, cuenta.

El muro de la vivienda: el gran desafío de la repoblación

Sin embargo, a pesar del idilio rural, del abandono del ajetreo de la ciudad y de las ventajas del teletrabajo, también esta pareja se ha topado con el problema de la vivienda. “Aquí la oferta de vivienda es muy baja porque hay pocas casas en alquiler y que estén en condiciones para vivir”. Les costó medio año encontrar su casa. “No hemos cambiado un par de veces porque en una de ellas las ventanas no estaban bien aisladas y la vida aquí en invierno es dura”.

La vivienda y la distancia con Logroño porque cada vez que tienen que realizar algún trámite en la capital “perdemos prácticamente todo el día”. Aun así, Pradillo seguirá siendo su hogar mientras se sigan conservando servicios esenciales. “Tenemos una entidad bancaria a diez minutos en Torrecilla en Cameros; tiendas en Ortigosa y la carretera nacional que al ser una principal se limpia mucho en invierno, algo importante de cara a cualquier urgencia”.

Unas 22 familias con personas con discapacidad en Logroño se quedan este año sin la escuela deportiva. Esta era al menos la situación hace apenas dos horas porque el Ayuntamiento de Logroño acaba de informar a través de una nota de prensa que “Logroño Deporte mantendrá las actividades deportivas para las personas con discapacidad que se ofertaban en el programa deportivo municipal para este verano”. En la misma nota aseguran que “la voluntad del Gobierno local de mantener esta oferta deportiva es firme y siempre lo ha sido. Tal y como se avanzó en la presentación del programa deportivo de verano, Logroño Deporte ofertó 350 plazas para personas con discapacidad, incrementando el número de plazas e incorporando nuevas propuestas. Una oferta deportiva municipal específica que no se había producido antes para este colectivo”.

Sin embargo, esa no “voluntad” no era tal hace un par de horas porque la Escuela de Verano no se iba a realizar tal y como ha confirmado a Rioja2 esta mañana el coordinador y director técnico de la Federación Riojana de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual, ahora FERDIS, Juanjo Lozano. FERDIS es la encargada de gestionar esta escuela a través de un convenio con Logroño Deporte, y en colaboración con el Ayuntamiento de Logroño“.

En la conversación mantenida esta misma mañana, Lozano ha relatado que este año habían diseñado un proyecto “muy atractivo respaldado por una inversión más alta (14.000 euros), ya que el programa incluía actividades todos los días”. Y al parecer, ambas partes, FERDIS y Logroño Deporte, estaban de acuerdo. “El pasado 3 de junio me pongo en contacto con Logroño Deporte porque ya estábamos recibiendo inscripciones, pero la Escuela no estaba cerrada del todo”. Insiste y recibe un “sí” desde el Ayuntamiento de Logroño. “Así lo comunico a las familias y trabajadores que estaban pendientes de saber si finalmente podían contar con este trabajo”.

El 8 de junio, el coordinador del programa remite toda la información relativa a las inscripciones a Logroño Deporte y la única respuesta que recibe hace referencia al número de inscripciones. “Sin tener ninguna comunicación más, me dicen por teléfono que la Escuela no sale adelante por lo que solicito dicha información por escrito porque esas no son las formas de comunicar la suspensión de las actividades”.

Con la negativa en la mano, desde FERDIS intentan negociar con el presidente de Logroño Deporte, Paco Iglesias, pero el resultado es el mismo: la Escuela no sale adelante. Algo que desde la Federación censuran tras escuchar tan solo tres días después al alcalde de Logroño, Conrado Escobar, dedicar uno de los banderazos a las personas con discapacidad. “No es de recibo que el Ayuntamiento de Logroño decida suspender esta Escuela para personas con discapacidad, y tres días después, el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, dedique uno de los banderazos a este colectivo”.

A última hora de esta tarde, los responsables de FERDIS han sido convocados a una reunión con el presidente de Logroño Deporte. Y aunque Lozano no era muy optimista porque “un Ayuntamiento no da un paso atrás”, deseaba equivocarse, ya que su único objetivo es que esta Escuela salga adelante. “Es una oportunidad importante para los usuarios de socializar, interactuar con más personas y potenciar su ocio y tiempo libre”. Sin olvidarnos, añade, “que para las familias es un importante recurso para poder conciliar la vida laboral o familiar o simplemente tener un respiro para poder descansar o hacer cualquier recado”.

En cuanto al número de inscritos otros años, Lozano recuerda que la cifra ha ido variando: 13 en 2021; 28 en 2022; 38 en 2023 y 18 en 2024“. El año pasado, la Escuela tampoco salió adelante porque desde el Ayuntamiento ”se organizó un campus para personas con discapacidad muy selectivo dentro del Campus Deportivo Mini Héroe porque las actividades tenían una limitación de edad de 6 a 14 años“. Por primera vez, avanzaba Paco Iglesias, ”se ha convertido en un campus inclusivo, de forma que este verano se han destinado un 10 por ciento de las plazas para personas con discapacidad“. En concreto, de las 363 plazas, 33 están dirigidas niños con discapacidad de 6 a 14 años (nacidos entre 2011 y 2019). El rango de edad para el resto de participantes es de 6 a 12 años (nacidos entre 2013 y 2019).

Con la respuesta del Ayuntamiento de Logroño, y horas antes de la reunión con la Junta Directiva de FERDIS “para reafirmar la voluntad de mantener la oferta para todos los inscritos”, Lozano solo desea que se “mantenga en todos los términos el programa diseñado que incluía actividades todos los días”. Un paso atrás por parte del Ayuntamiento de Logroño del que dice “los únicos beneficiados serán las personas con discapacidad”.

También esta mañana, y antes de conocer la decisión del Ayuntamiento de Logroño, los socialistas también han valorado la decisión del Consistorio que han tildado de “escándalo” además de afear al alcalde de Logroño “utilizar el primer banderazo de las fiestas de San Bernabé para buscar la foto y el aplauso del colectivo de personas con discapacidad”.

Trabajar a casi 30 grados en el interior de una oficina pública, llevando ventiladores de casa o deteniendo la actividad 15 minutos cada hora para “descansar del calor”. Esta es la realidad que, según denuncia el sindicato Confederación General del Trabajo (CGT) sufren desde hace cuatro años los trabajadores de varias sucursales de Correos en La Rioja —entre ellas las de Arnedo, Alfaro y la oficina de Cascajos en Logroño—. Una situación de “ninguneo” institucional y empresarial que el verano pasado ya cruzó la línea roja de la salud laboral.

El episodio más grave ocurrió en julio del año pasado en la oficina de Arnedo. Una empleada de avanzada edad que se encontraba sola por la tarde sufrió un síncope derivado de un golpe de calor en el interior de las instalaciones. Fue una compañera quien la encontró desmayada al entrar en la oficina y dio la voz de alarma. A día de hoy, casi un año después de aquel incidente que le ha desencadenado otras patologías asociadas, la trabajadora continúa de baja médica.

Denuncias sin respuesta e inacción

Lejos de suponer un punto de inflexión, la respuesta de Correos y de los organismos oficiales ante este accidente laboral ha sido, en palabras de los afectados, la inacción. En agosto del año pasado, CGT presentó una denuncia formal ante la Inspección de Trabajo por el mal funcionamiento crónico del sistema de aire acondicionado, compartido por las zonas de cartería y atención al cliente. En el texto de la denuncia, a la que ha tenido acceso Rioja2, explican cómo ocurrió el accidente. “El 2 de julio, durante el turno de tarde en la Oficina de Atención al Cliente en Arnedo, una trabajadora que se encontraba sola comenzó a sentirse mal con mareos y dolor de cabeza. Más tarde otra trabajadora que realizaba tareas de reparto volvió a la oficina y se la encontró tirada en el suelo y vomitando”. La trabajadora fue atendida, primero por su compañera, y después de por los servicios médicos que le diagnosticaron un golpe de calor.

De igual forma, en la denuncia también señalan que “el aire acondicionado no funciona bien desde su instalación. Es el único aparato de aire acondicionado para la zona de oficina de atención al cliente y para la unidad de reparto. Si se enfría una zona, deja de enfriar la otra. Nunca ha llegado a enfriar con normalidad”. Y añaden que la climatización sigue funcionando mal y que los trabajadores realizan sus tareas con temperaturas superiores a las establecidas legalmente. Circunstancias ya conocidas por la empresa porque “el responsable del centro de trabajo comunicó, antes del accidente, el mal funcionamiento de la climatización y de las altas temperaturas que soportan los trabajadores”.

De hecho señalan a Correos como el único culpable porque consideran que “el mal funcionamiento de la climatización y de la dejadez de Correos a la hora de solucionar el problema son las causas del accidente laboral sufrido por la trabajadora”. Hablan incluso de “actitud negligente de Correos para proteger la salud de los trabajadores y cumplir las medidas preventivas”. Y por ello piden que se reconozca este suceso como “un accidente laboral” porque la mutua no consideró el golpe de calor como un accidente laboral y la trabajadora estuvo de baja por contingencia común a pesar de que el golpe de calor fue provocado por las altas temperaturas con las que estaba trabajando dentro de la Oficina debido al mal funcionamiento de la climatización.

Y en Arnedo censuran que el problema se ve agravado por la propia arquitectura del edificio. “La cristalera del edificio genera un efecto pantalla que hace el termómetro supere los 27, 28 y 29 grados”. La falta de inversión, añaden, “afecta también a Alfaro donde los empleados se vieron obligados el pasado verano a realizar paros de 15 minutos cada hora ”para soportar las altas temperaturas“. Casi un año después, desde el sindicato CGT aseguran que no han recibido respuesta alguna.

Pero no solo han denunciado la situación ante la Inspección de Trabajo. Hasta en cuatro ocasiones han trasladado la situación de estos trabajadores en el Comité Provincial de Seguridad y Salud de la Administración General de La Rioja. Un órgano colegiado y paritario de participación destinado a la consulta regular y periódica en materia de prevención de riesgos laborales. En el hay delegados de prevención y representantes de la Administración. “Llevamos cuatro años con este problema. El año pasado, lo único que hizo la empresa fue poner dos aparatos portátiles (pingüinos) que no solucionan nada”, lamentan desde el sindicato.

Y parece que las quejas ante el Comité Provincial de Seguridad y Salud de la Administración General de La Rioja tampoco han servido para mucho. Hasta en cuatro ocasiones, a lo largo de 2025 y 2026. En junio de 2025, el acta del Comité recoge las altas temperaturas en Alfaro, “el problema siempre es el mismo”. En octubre de ese año, se insiste en el problema del aire acondicionado de Arnedo y Alfaro e informan del golpe de calor de la trabajadora. Al año siguiente, enero de 2026, el acta recoge nuevamente el problema con el aire acondicionado en Arnedo y Alfaro. Y en abril más de lo mismo: problemas del aire acondicionado en Arnedo, Alfaro y Logroño, concretamente en SUC 3, que es la oficina de Correos ubicada en la calle Cascajos de Logroño donde dicen, “están como hace años. De los tres sitios se solicita el cambio”.

Esta es la situación de los trabajadores de estas oficinas de Correos en La Rioja. Una situación que para el sindicato no es un problema sobrevenido, sino “una cuestión de no querer gastar dinero”. Están cansados de promesas incumplidas y de ver cómo el balón pasad de unas manos a otras. “La dirección se limita a derivar el problema a la empresa contratada para el mantenimiento del servicio, están pidiendo presupuesto, nos dicen constantemente”. Un argumento que para los trabajadores no es válido.

Correos responde: se cambiará la climatización en Arnedo próximamente

Rioja2 se ha puesto en contacto con Correos para contrastar la situación en estas oficinas y conocer las actuaciones que se van a llevar a cabo. Desde la empresa aseguran que disponen de medidas preventivas específicas para la protección de sus trabajadores frente a situaciones y condiciones climatológicas adversas, como pueden ser, en esta época del año, las altas temperaturas. Detallan igualmente el Plan de Prevención y los protocolos específicos y aseguran que “está previsto cambiar el sistema de climatización de Arnedo próximamente”, aunque no concretan cuándo podría ser ese próximamente. En el resto de las oficinas, “las actuaciones se solucionan desde mantenimiento siguiendo las peticiones y los protocolos de actuación correspondientes”.

Asimismo, y según el protocolo, Correos explica que las unidades de reparto ubicadas en zonas geográficas afectadas por avisos de la AEMET (Agencia Estatal de Meteorología) de alerta naranja (riesgo importante), la plantilla del turno de mañana no realizará labores de reparto domiciliario más allá de las 13:00 horas, mientras que, en el turno de tarde, dichas labores no se iniciarán hasta las 17:00 horas. En el caso de que el aviso se eleve a alerta roja (riesgo extremo), además se suspenderán las tareas de reparto a pie y en moto en el turno de tarde mientras se mantenga dicha situación, quedando limitada la actividad, a partir de las 17:00 horas, al reparto en vehículos de cuatro ruedas para la distribución de envíos registrados.

Además, y de manera independiente a la activación o no de alertas desde AEMET, Correos pone a disposición de los trabajadores, de manera permanente gorras técnicas para cubrir la cabeza y crema solar para la protección frente al aumento de la radiación ultravioleta que se produce en esta época. La información sobre los riesgos derivados de las altas temperaturas también constituye un elemento fundamental, existiendo abundante material divulgativo, como infografías y campañas comunicativas, orientado a concienciar sobre los riesgos del calor. Este material incluye consejos para afrontar la actividad diaria durante el verano, pautas para prevenir el golpe de calor, así como indicaciones para su detección y actuación en caso de producirse, en el ámbito de los primeros auxilios, todo ello complementado con la formación preventiva obligatoria.

Por último, más allá del personal que desarrolla su actividad en exteriores, que es, por tanto, el más expuesto al riesgo derivado de las altas temperaturas, el Protocolo anteriormente mencionado contempla igualmente medidas preventivas para aquellas situaciones extraordinarias en las que, en el resto de los puestos de trabajo, no se pueda garantizar de forma puntual el mantenimiento de unas condiciones térmicas adecuadas. Ante la posible concurrencia de esta situación, se prevé la implantación de pausas de actividad de 5 o 10 minutos por cada hora de trabajo, en función de las circunstancias, así como la adopción de otras medidas adicionales destinadas a preservar la seguridad y salud de las personas trabajadoras, así como de los clientes y usuarios.

Mientras tanto, un nuevo verano, este año algo adelantado, y la preocupación de los trabajadores ante las altas temperaturas y el riesgo para su salud porque las soluciones definitivas siguen sin llegar .

La situación del hospital de Calahorra a las puertas del verano no es nada halagüeña. Desde la Plataforma SOS Hospital de Calahorra hablan de déficit estructural de personal en el centro sanitario que cifran en unos 30 profesionales. En los últimos días, el gerente del Servicio Riojano de Salud, Luis Ángel González, y la directora del Hospital Universitario de Calahorra, Patricia Martín Rico, presentaron el Plan Fundacional del proyecto de remodelación del Hospital Universitario de Calahorra que se acometerá en los próximos meses. Una mejora de las instalaciones que incluye 16 nuevas consultas y una inversión de un millón de euros. En la comparecencia también hablaron de personal. La directora explicaba que “por primera vez desde la integración del centro en el SERIS y la estatutarización de sus profesionales, estos forman parte plenamente del Sistema Nacional de Salud y pueden ejercer su derecho a la movilidad hacia otros servicios de salud, especialmente en comunidades autónomas limítrofes. En este momento, 13 profesionales han solicitado traslado haciendo uso de ese derecho”. No obstante, añadió, “una de las principales ventajas de la integración es precisamente nuestra capacidad para absorber estos movimientos y garantizar la continuidad asistencial. De hecho, vamos a incorporar a 18 nuevos profesionales de las mismas especialidades, lo que nos permitirá mantener y seguir desarrollando toda la actividad asistencial con plena normalidad”.

El deseo de la Plataforma: “Ojalá sea cierto”

“Ojalá sea cierto”, desean desde la Plataforma SOS Hospital de Calahorra. Porque la realidad ahora mismo es que “hay especialidades sin médico como Alergología”. Otras sí que cuentan con profesionales, pero en una situación muy precaria. Es el caso de “Medicina Preventiva que cuenta con una única doctora que está a punto de marcharse; Anatomía Patológica con un solo doctor, también a punto de marcharse...”. La Plataforma calcula que en el Hospital de Calahorra hay un déficit de 30 médicos aproximadamente. Un panorama que puede complicarse con la llegada del verano muchas especialidades lo van a pasar muy mal, sobre todo, las que cuentan con pocos médicos como neumología, cardiología, alergología si no se corrige, anatomía patológica, medicina preventiva, radiología (se fue un médico y no lo han sustituido) y urgencias donde la situación es muy deficitaria porque hay problemas para cubrir los turnos... “. Ante este déficit de especialistas, en la Plataforma desean que el anuncio de la directora sea una realidad: ”Ojalá sea cierto y que cuando acabe el mes de junio no vengan 18, vengan 20 médicos y en las condiciones en las que merece este hospital, ni de prestado, ni para hacer peonadas“.

Las mismas fuentes advierten de que las soluciones de la Consejería de Salud no pueden pasar por parches temporales ni comisiones de servicio. “El servicio de permanencia salva vidas, de forma que los médicos vengan a trabajar a Calahorra no pueden venir de prestado ni a hacer peonadas. Esto es una máxima de gestión hospitalaria”. Desde la Plataforma plantean la solución a este problema: “hacer las cosas bien”. Y en este hacer las cosas bien está la convocatoria una OPE propia (Oferta de Empleo Público) y el concurso de méritos prometido junto con el Decreto de Difícil Cobertura que “aún está en veremos”.

A este déficit estructural de personal se añade que este mes de junio, profesionales de seis especialidades médicas suspenden su actividad extraordinaria por las tardes. Una práctica que este miembro de la Plataforma SOS Hospital de Calahorra califica de “sistema perverso” porque solo es una forma de maquillar las listas de espera. “Lo que hay que hacer es cubrir las plantillas correctamente y sacar toda la actividad por la mañana”. Una vez cubiertas las plantillas, “realizar actividad concertada por la tarde, pero la actividad concertada no puede suplir no tener las plantillas completas”.

Una ampliación “rácana, necesaria y poco ambiciosa”

Y con respecto al proyecto de ampliación del área de consultas externas anunciado por el Gobierno regional, la Plataforma lo considera “necesario pero muy poco ambicioso”. Y critican, además, que el plan se haya diseñado a espaldas de los trabajadores del centro. “Es un proyecto completamente desconocido para todo el hospital. No sabemos quién ha analizado las necesidades de las especialidades ni qué destino tendrán las consultas”.

Recuerdan que ya en 2023 existía una memoria técnica redactada por la anterior gerencia para levantar un edificio completamente nuevo en la parte trasera del hospital. Ese Plan, asegura que contaba con un presupuesto cuatro veces mayor y resolvía los problemas de espacio para los próximos 15 años. “Lo presentó la anterior responsable de Salud, María Somalo, pero tras las elecciones se fue al cajón”. La propuesta actual plantea trasladar el gimnasio de rehabilitación a una zona administrativa, “fuera del área sanitaria lo que genera dudas de seguridad porque en rehabilitación los pacientes también sufren bajones de azúcar, lipotimias o desmayos, y se requiere atención médica inmediata en la misma zona”.

Y a la vez que cuestionan los nuevos proyectos previstos por el Ejecutivo regional, celebran la ampliación de Urgencias. “El proyecto inicial era muy pequeño, pero cuando llegó María Martín a la Consejería de Salud supo ver las cosas como se tienen que ver y se habilitaron unas Urgencias para el futuro”. Las actuaciones en Urgencias contrastan con ampliación del hospital que “llega tarde, se ha hecho a regañadientes y empujados por las protestas de la plataforma y de una forma timorata y rácana”.

Y como consideran que todavía hay motivos para seguir saliendo a las calles, la Plataforma SOS Hospital de Calahorra continuará defiendo su hospital en las concentraciones habituales y en todos los pueblos que lo soliciten como las previstas en Autol y Pradejón este mismo mes. Van a mantener el pulso durante todo junio antes del parón veraniego. Sus motivos siguen siendo los mismos: defender la sanidad pública y el Hospital de Calahorra. Y para ello no cesarán hasta lograr una OPE propia y el concurso de méritos prometido por decreto. “Las dos únicas herramientas legales para fijar de forma definitiva a los profesionales en La Rioja Baja”.

A finales de enero la Justicia reconocía que la prohibición del velo islámico en el Instituto Sagasta “vulnera el derecho fundamental de libertad religiosa”. El Juzgado de lo Contencioso estimó el recurso presentado por Eman Akram, la alumna de Bachillerato que fue expulsada de clase por llevar velo al principio de curso. Desde entonces tuvo que retirárselo para asistir a las clases. El fallo reconoció también una indemnización por daños morales de 2.000 euros, frente a los 45.000 que reclamaba la afectada.

A raíz de este caso surge la Acción por la Convivencia Antirracista (ACA), un colectivo social cuyo objetivo es seguir trabajando por el derecho de las alumnas a llevar hiyab en los centros educativos de La Rioja, así como sensibilizar y concienciar contra la islamofobia y el racismo, “en España sobre todo contra las personas musulmana y las consignas de algunos partidos que hace quince años nos darían vergüenza, pero que ahora tenemos más que normalizadas”, apunta una la activista Nieves Escalada Perales en una conversación con Rioja2.

Una vez conocido el fallo, ACA solicitó a la Consejería de Educación hacer extensiva esta sentencia en el resto de centros educativos riojanos. “Lo lógico y natural, si se quería zanjar la cuestión, es que Educación hubiera enviado una circular al resto de centros en los que se imponía esa misma prohibición, pero parece que la intención de la Consejería es generar un problema donde no lo hay y nunca debió haberlo”. En estos momentos, Escalada asegura que “en todos los centros de Rioja Baja se sigue prohibiendo el velo y en un IES de Logroño también”. En el centro de la capital riojana apostilla “tienen la deferencia de no sancionar a las alumnas a las que advierten de que es una práctica prohibida”.

En un centro de Calahorra, en el que asegura también está prohibido llevar el hiyab, “el director del mismo se negó a recibir un escrito de una alumna en el que mostraba su deseo de portarlo. Es increíble que una alumna realice una petición al equipo directivo del centro y el director se niegue incluso a recibir el escrito”, reitera esta activista y docente jubilada con experiencia en equipos directivos. “Esto es una muestra clara de racismo aunque no se quiera reconocer como tal”.

Desde ACA responsabilizan a la Consejería de Educación de la situación creada. El curso pasado, varias asociaciones se reunieron con el director general de Gestión Educativa, Luis Manuel Herce, y le advirtieron “de todas las leyes que se iban a infringir al aplicar tal prohibición”. Más tarde sería la Universidad de La Rioja “la que envió un detallado informe jurídico que ahondaba en los fundamentos legales que amparaban anular la prohibición en todos los centros”.

Tras la sentencia que reconoció que prohibir el velo islámico en clase en el IES Sagasta vulnera el derecho fundamental de libertad religiosa, ACA pidió a Educación que enviara una circular al resto de centros educativos informando del fallo. “Hemos esperado pacientemente al envío de dicha instrucción a los centros educativos para que dejen de prohibir el uso del hiyab y nada”. Solicitaron una nueva reunión con el responsable de Educación, Alberto Galiana, y con el director general de Gestión Educativa, Luis Manuel Herce, y “el silencio ha sido la respuesta”. Y un tercer intento. El pasado 21 de mayo, varias asociaciones firmaron una instancia dirigida al consejero de Educación con el mismo asunto: el envío a los centros educativos de la instrucción que anulara la prohibición de utilizar el hiyab. Tampoco en este caso han recibido respuesta.

Cansados de este silencio, y ausencia de respuestas, han decidido hacer público este asunto a pesar de que su intención era “poner coto a este problema sin hacer ruido y tratando de evitar el dolor que esta prohibición provoca en las alumnas afectadas”. Y es que censuran la postura de la Consejería de Educación del Gobierno de La Rioja: “Están obligando a pasar por el calvario de la denuncia a cada una de las alumnas que pretenda ejercer el derecho a portar el hiyab cuando es un derecho general, no individual”. insite Escalada. Más aún, añade, “cuando, tras la sentencia, saben que incumplen y ayudan a incumplir la ley deliberadamente”.

Para ACA la solución a este problema es sencilla. “La Consejería debería indicar al resto de centros educativos de La Rioja que se trata de un derecho recogido en la Constitución Española. No estamos hablando de opiniones, estamos hablando de legalidad”. Y es que hay alumnas que quieren llevar el velo a clase y no lo hacen “porque asumen la norma para no crear problemas a pesar de sentirse violentadas en su libertad religiosa”. Califica la hazaña de Eman (la alumna del IES Sagasta que acudió a la Justicia) de “valiente”, pero entiende a la vez “que haya familias y adolescentes que acaten la norma para evitar problemas dada la islamofobia actual, también en La Rioja”.

Pese a todo mantienen “abierta la esperanza de un cambio de posicionamiento”. Y recurren a Kant para recordar a Galiana “desde una perspectiva deontológica que el daño a sabiendas es inaceptable porque viola reglas morales universales al utilizar a los seres humanos como medios para un fin”.

Claustro, familias, alumnado y trabajadores del Bartolomé Cossío de Haro se han concentrado este jueves en la puerta principal del instituto para mostrar su apoyo al equipo directivo que hace dos días dimitió en bloque ante el ninguneo de la Consejería de Educación. Temen perder proyectos por falta de espacio. Una concentración y protesta en la que también han reclamado al Gobierno de La Rioja que asegure la asignación de las aulas necesarias para el correcto desarrollo de las actividades académicas del centro. La solución ha llegado tan solo unas horas después. La dirección se ha reunido con responsables de Educación, encuentro del que han arrancado varios compromisos: podrán utilizar el espacio de la Escuela Oficial de Idiomas y garantizan la continuidad de los proyectos.

Uno de los docentes del IES, además de mostrar su apoyo al equipo directivo, ha lamentado la situación que se ha generado en el centro. “Es muy triste tener que llegar a estos extremos, la dimisión del equipo directivo al completo, por pedir cosas lógicas para el alumnado de este instituto”. Y es que lo único que están pidiendo son “espacios adecuados para continuar realizando actividades”.

En Haro, al igual que en resto de municipios, cuenta este docente “hay mucho alumnado con necesidades especiales. Contamos con aulas para los escolares que no hablan castellano, clases para impartir los Programas de Diversificación Curricular (PRC); el Programa Currículo Adaptado (PROCUA); bilingüismo, apoyo de matemáticas... programas específicos que corren el riesgo de desaparecer si el centro no cuenta con los espacios necesarios”. Y es que en estas fechas, los centros educativos solicitan los proyectos que se desarrollarán el próximo curso escolar, y el IES de Haro no sabe si se los concederán o no, simplemente por falta de espacio.

El instituto acoge actualmente alrededor de un millar de alumnos y alumnas de Haro y de hasta 30 localidades del entorno. Las necesidades de nuevos espacios son patentes desde hace tiempo, tanto que ya este curso han estado ocupando cuatro aulas de la Escuela Oficial de Idiomas de la localidad aunque el centro prefiere que no se utilicen. “La Consejería tiene que decidir cómo resolverlo y de momento no tenemos respuesta”, contaba la directora del IES, Eena Gurría, a Rioja2.

Se sienten cuestionados y que han dudado de su capacidad de organizar horarios y distribuir grupos. “Todo este cuestionamiento a nosotras nos resulta especialmente doloroso porque los criterios estaban expuestos en nuestro proyecto de dirección: atender la diversidad del alumnado y gestionar la convivencia del centro”, explicaba la directora.

A pesar de la dimisión en bloque del equipo directivo, “continúan haciendo su trabajo”, cuenta este profesor. El problema vendrá el próximo curso escolar. “Se ha generado tal incertidumbre y se han visto tan cuestionados que no sabemos qué ocurrirá el próximo año”. Y ante tal incertidumbre, el alumnado ha lanzado un SOS. “Los escolares han formado en el patrio la palabra SOS, es su forma de decirnos que nos apoyan y están con nosotros”.

Y horas después de la concentración, ha llegado la solución. Y es que IES Manuel Bartolomé Cossío podrá utilizar el edificio de la Escuela Oficial de Idiomas de Haro, aunque la duración y las condiciones concretas de dicha cesión se determinarán en una próxima reunión. Asimismo, el próximo curso no se verá afectado ningún programa educativo que precise el alumnado, “siempre que se reúnan los requisitos establecidos para su desarrollo”.

La solución en la Escuela Oficial de Idiomas

A última hora de la mañana de este jueves, el equipo directivo del IES se ha reunido con responsables de la Consejería de Educación: el director general de Gestión Educativa, la inspectora jefa y el subdirector general de Infraestructuras Educativas. Encuentro que tal y como ha manifestado la directora del IES, Elena Gurría, “ha servido para acercar posturas”. Así, y ante la imposibilidad de habilitar nuevos espacios aptos para la docencia en ninguno de los espacios del centro, el instituto podrá utilizar el edificio de la Escuela Oficial de Idiomas de Haro.

Además, desde la Consejería han asegurado que “ningún programa educativo que precise el alumnado del centro se verá afectado, siempre que se reúnan los requisitos establecidos para su desarrollo”. Y otro compromiso. “La Administración educativa se ha comprometido a continuar realizando inversiones para mejorar el estado de los edificios del instituto así como a analizar las previsiones de alumnado para los próximos cursos, con el fin de valorar si fueran necesarias nuevas medidas”.

Los profesionales de medicina de cinco especialidades en La Rioja, Cirugía General, Traumatología, Urología, Digestivo y Ginecología han manifestado su intención de suspender la actividad extraordinaria a partir de junio, eso es, la próxima semana. Y desde el Gobierno de La Rioja, la consejera de Salud, María Martín, ha responsabilizado de esta situación a la titular de Sanidad, Mónica García. En La Rioja, ha dicho Martín, “habrá mejoras para los médicos, pero son parches mientras la ministra de Sanidad no negocie un estatuto”, ha respondido a los periodistas reiterando que hay “que poner el foco en que la responsabilidad es de la ministra”.

Traumatología es la especialidad que más lista de espera quirúrgica acumula. Al menos, a fecha de diciembre de 2025, últimos datos facilitados por la Consejería de Salud. Así, hace medio año 2.221 personas estaban en lista de espera en los dos hospitales de La Rioja, San Pedro y Calahorra. Por detrás, Cirugía General y Digestiva con una lista de espera de 1.584 personas en lista de espera; 1.030 personas en Urología; y 371 personas en lista de espera en Ginecología.

Fuentes de la Consejería de Salud aseguran que la Dirección General de Recursos Humanos mantiene reuniones con los sindicatos para tratar de encontrar una solución. “No obstante, aunque en La Rioja se alcance un acuerdo, la huelga no se desconvocará, ya que se trata de un conflicto de ámbito nacional”.

Martín reitera que el origen del problema está en Madrid, en el Gobierno central y advierte de que “si se quiere avanzar hacia soluciones, es necesario señalar dónde radican las competencias para resolver los problemas de fondo: en el Ministerio. Hace falta contar con más profesionales para que las guardias no tengan que ser de 24 horas y puedan ser voluntarias; para que exista la posibilidad de elegir entre realizar guardias o trabajar por turnos; y para que la actividad extraordinaria deje de ser necesaria porque la actividad ordinaria pueda absorber la demanda asistencial”. Cuestiones que, insiste, “no depende de la Comunidad Autónoma, sino del Ministerio”.

Lo que sí está en manos del Gobierno de La Rioja se está negociando, ha dicho, “para ofrecer respuestas y mejorar las condiciones dentro del margen de actuación autonómico” aunque aventura que alcanzar acuerdos no evitará la huelga motivada por una cuestión de carácter nacional.

“Las comunidades son competentes en gestión sanitaria”

Sin embargo, desde el Sindicato Médico de La Rioja, además de apoyar a los profesionales que han decidido suspender operaciones por las tardes, también responsabilizan al Gobierno de La Rioja de la situación actual y exigen responsabilidades a los gobiernos autonómicos.

Y es que, frente a las declaraciones de María Martín, el sindicato médico considera “especialmente preocupante que debate público se centre exclusivamente en responsabilizar al Ministerio de Sanidad porque las comunidades autónomas son competentes en la gestión sanitaria y tienen además capacidad directa para mejorar las condiciones organizativas y retributivas de los profesionales”.

Asimismo, este sindicato explica que esta situación “responde a un problema estructural arrastrado durante años que pasa por falta de planificación sanitaria, plantillas insuficientes, envejecimiento poblacional, aumento de la esperanza de vida y cronificación de enfermedades, sin una adecuación real de recursos humanos ni condiciones laborales”.

Ante suspensión de la actividad extraordinaria la próxima semana, Rioja2 ha preguntado si desde la Consejería de Salud se ha diseñado un plan de contingencia para que los pacientes no sufran retrasos en sus operaciones o citas. “Hay que analizar cuál es la situación, y esa evaluación se realizará el 1 de junio. A partir de ahí, se planificará la respuesta con todos los recursos disponibles”, ha sido la respuesta. Asimismo, también queríamos saber si desde el SERIS se ha planteado una reestructuración de la jornada ordinaria o una derivación temporal a la sanidad privada para mitigar el impacto de estas suspensiones de la actividad. Una pregunta sin respuesta explícita. Nos han remitido a las declaraciones de la consejera María Martín.

Las familias riojanas afrontan uno de los servicios de comedor más caros del país con unos umbrales de renta congelados que excluyen a la clase media trabajadora. La Federación de familias de la educación pública (FAPARioja) denuncia el control de un solo grupo empresarial sobre cuatro de los cinco lotes del servicio y la urgente necesidad de regresar a las cocinas in situ. El comedor escolar ha dejado de ser una simple herramienta de conciliación para convertirse en un pilar de resistencia social. Para muchos niños en La Rioja, la comida que reciben en el colegio es la mejor, y a veces la única, completa del día. Sin embargo, acceder a este servicio básico se ha transformado en una carrera de obstáculos económicos y burocráticos para muchos hogares riojanos.

A pesar de las “cantidades astronómicas” que el Gobierno regional anuncia para las partidas de becas, la realidad que aterriza en los hogares en este 2026 dibuja un panorama muy distinto: presupuestos congelados, umbrales de renta restrictivos y un servicio monopolizado por la gran industria del catering.

El último Consejo de Gobierno autorizó destinar 3,1 millones de euros a la convocatoria de ayudas de comedor escolar del próximo curso 2026-2027 para el alumnado que no tenga la consideración de transportado, escolarizado en Segundo Ciclo de Educación Infantil y Educación Primaria en centros sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de La Rioja. La cuantía final que recibirá cada familia se establece en función de los ingresos. Así se ha tipificado la ayuda tipo 1 con una cuantía máxima de 985 euros para familias con renta per cápita inferior o igual a 6.200 euros. La ayuda tipo 2, establece una cuantía máxima de 380 euros, para familias con renta per cápita superior a 6.200 euros y hasta 8.300 euros. Y la ayuda tipo 3, establece una cuantía máxima de 190 euros, para familias con renta per cápita superiores a 8.300 euros y hasta 9.000 euros.

El principal problema no es la cuantía de la ayuda máxima (Tipo 1), fijada en 985 euros por familia, sino el restrictivo filtro para acceder a ella: una renta per cápita inferior o igual a 6.200 euros. Ricardo Zaldívar es miembro de la junta directiva de FAPA Rioja y de la comisión de comedores y advierte de que “es muy difícil llegar a esa renta porque para entrar en esos baremos, prácticamente solo tiene que trabajar un solo miembro de la familia y a jornada parcial. En cuanto los dos progenitores trabajan, se quedan fuera”. Durante este curso 2025-2026 se benefician de este tipo de ayudas un total de 3.662 alumnos. En concreto, las ayudas tipo 1 llegan a 2.542 escolares; las tipo 2, a 876; y las tipo 3, a 244 estudiantes. 

El problema, explica Zaldívar, es que “a pesar del aumento del presupuesto general de La Rioja y de la recaudación, la partida destinada a estas ayudas se mantiene igual que el curso anterior y no se tiene en cuenta el aumento del coste de la vida de forma que la clase media baja queda completamente desprotegida”. El presupuesto de La Rioja para este año 2026 es de 2.118,60 millones de euros, lo que supone casi 35 millones más que en 2025 y la partida destinada a estas ayudas, permanece estancada en los 3,1 millones de euros, tal y como denuncian desde FAPA Rioja.

Y además, añade Zaldívar, “las resoluciones de las becas suelen publicarse en noviembre de forma que, durante los meses de septiembre y octubre, las familias deben abonar el precio íntegro del servicio, obligando a los equipos directivos de los colegios a hacer encajes de bolillos y retrasar los cobros para evitar que los menores se queden sin comer”.

El abismo de quedarse fuera

¿Qué pasa con las familias que no logran una beca y quedan fuera de estas ayudas? La respuesta es la renuncia. “Ante la imposibilidad de pagar, el peso de la conciliación vuelve a recaer en la red familiar, en los abuelos o, de forma mayoritaria, en las mujeres que son quienes se ven obligadas a reducir sus jornadas laborales, sus ingresos bajan y se cronifica la brecha de género”.

Y es que según los baremos establecidos una familia normal, de clase trabajadora no recibe esos 985 euros de beca. Por ejemplo, “si los dos progenitores trabajan, uno gana 14.000 euros al año y el otro 15.000 (sueldos netos que rondan los 1.000 o 1.100 euros al mes. En total, los ingresos de la casa son 29.000 euros anuales por lo que superan la renta per cápita exigida para recibir las ayudas tipo 1”. Esta familia recibiría las ayuda tipo 2, los 380 euros para todo el año.

La de Noelia es una de esas familias que se quedó fuera. Vivía en Santo Domingo de la Calzada y cuando se separó decidió trasladarse a Logroño con sus tres hijas. “En esos momentos, tenía casi asegurada plaza en un colegio público de Logroño, pero no tenía dónde vivir”. Cuando por fin encontró casa, el plazo para solicitar las ayudas había terminado. Por el servicio de comedor de las tres hijas, Noelia pagaba al mes cerca de mil euros. “Cuando llegué a Logroño tuve que montar mi propio negocio, una barbería en la calle República Argentina. Soy autónoma porque poder conciliar la vida laboral y familiar, sola y con tres hijas es bastante complicado así que trabajo cuando puedo”. Ahora, la situación es distinta porque Noelia ya está dentro de la red de las becas comedor. “Por el servicio de comedor de las tres pago unos 120 euros al mes”. Noelia comprende que tiene haber unos plazos de inscripción y unos tiempos, pero no entiende cómo personas que necesitan este tipo de ayudas se queden fuera como le ocurrió a ella, más aún cuando los de La Rioja están entre los comedores más caros de España.

Entre los más caros de España

La Rioja arrastra la fama de tener uno de los comedores escolares más caros de España. Actualmente, el precio del menú diario se sitúa en 7,17 euros en la tarifa mayoritaria, un coste que para una familia con dos hijos se traduce en un desembolso de unos 300 euros al mes. De hecho, solo Navarra, Cataluña y Baleares tienen un meno cuyo precio es igual o superior a los siete euros.

Y al elevado coste, desde FAPA Rioja denuncian también lo que califican de “anomalía administrativa en la licitación del servicio”. El concurso público de la región se dividió en cinco lotes para, “teóricamente, fomentar la competencia”, explica Zaldívar, pero “las exigencias técnicas, como acreditar contratos previos de más de un millón de euros, expulsaron a las pequeñas empresas locales”. El resultado de adjudicación, asevera, “un monopolio encubierto porque cuatro de los cinco lotes están en manos de un gigante empresarial, Mediterránea de Catering que concurrió utilizando dos empresas distintas, pero con una misma dirección, mismos proveedores... y esto no puede ser”. El quinto lote recayó sobre la empresa Seral.

Asimismo, el portavoz de FAPA Rioja denuncia otra trampa para la conciliación: un recargo en el precio para el alumnado esporádico. Y es que según una orden de 2006 de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, “el centro podrá establecer previo acuerdo del Consejo Escolar, el precio diario del menú para los comensales esporádicos, que no podrá exceder en un 30 por ciento el precio diario establecido para los comensales habituales. A estos efectos se considerará como carácter esporádico la no utilización del servicio todos los días”. Una penalización económica que desde FAPA Rioja tachan de “sinsentido”.

Otro de los “necesita mejorar” para esta Federación de familias son las cocinas centrales. Abogan por el regreso a lo cocinado in situ frente al sistema de cocinas centrales. “En coles de Logroño como el Obispo Blanco Nájera, el Bretón de los Herreros o el María Matute hay cocinas integradas y el servicio de comedor funciona mejor porque se garantiza el uso de verdura fresca y se elimina la dependencia de la gran industria alimentaria”. Zaldívar reconoce la dificultad de implantar cocinas en todos los centros escolares, pero no entiende “cómo se construyen colegios nuevos en La Rioja, como el de Rincón de Soto, sin cocina”. Y mientras el Gobierno de La Rioja construye nuevos colegios sin cocina, Zaldívar mira con envidia al Gobierno vasco que acaba de anunciar treinta cocinas propias y diez cocinas zonales en plena polémica por el modelo de comedores escolares de colegios públicos. Este anuncio, cuenta el portavoz de FAPA Rioja, llega en plena polémica por el modelo de comedores escolares en Euskadi, con especial presión en Vitoria-Gasteiz y Álava donde varias AMPA y plataformas han reclamado menos dependencia del catering centralizado.

En La Rioja, solo quince colegios públicos cuentan con cocina en el centro.

El Juzgado de Instancia de Logroño ha condenado a un vecino autor de un delito leve de amenazas tras intimidar a un concejal del Ayuntamiento de Nájera por el sentido de su voto en un pleno municipal. Los hechos ocurrieron en el contexto de la polémica y la tensión local generada en torno a la aprobación de los presupuestos que incluían un la construcción de un nuevo campo de fútbol junto a la Plaza de Toros. Los presupuestos, tal y como se preveía, no salieron adelante por el voto en contra de la oposición al completo, PSOE, PR+ e IU.

Delito leve de amenazas

La sentencia, a la que ha tenido acceso Rioja2, condena al acusado, autor criminalmente responsable de un delito leve de amenazas, a la pena de tres meses de multa con una cuota diaria de ocho euros (lo que suma un total de 720 euros), además del pago de las costas procesales. Por el contrario, el fallo desestima la petición de la acusación de imponer una orden de alejamiento de 100 metros durante seis meses, al considerarla “desproporcionada” por tratarse de un hecho puntual.

Los hechos ocurrieron el 1 de febrero de 2025 sobre las 18:00 horas en la calle Nueva de Nájera. El concejal se encontraba en un cajero automático de la zona. Su mujer e hijo menor (nueve años) le esperaban en el interior del coche. Tal y como declaró el concejal y recoge la sentencia, “había acudido a hacer alguna gestión a un cajero del municipio. Estaba pendiente de la celebración de un pleno en el que había una partida destinada al campo de fútbol”. Un pleno que generó “tensión en Nájera porque era público que la oposición, entre los que se encuentra el concejal denunciante, iba a votar en contra”.

De esta forma, y mientras el edil continuaba en el cajero, oyó gritos y al salir vio al denunciado con el coche parado y la ventanilla bajada a unos cuatro metros de distancia. “Tenéis que votar sí o sí... cago en dios”, gritaba el acusado a lo que el concejal respondió que votaría lo que entendiera mejor. En ese momento, “el denunciado, pasándose el dedo índice extendido por debajo de su cuello y mirándole, le dijo, como no votéis que sí, te corto el cuello”. Todo ello en presencia de su familia y “de hijo que entonces tenía nueve años que se asustó mucho por el incidente” hasta tal punto de “no dormir bien y no querer quedarse solo en casa”.

Durante la vista oral, el acusado admitió haber increpado al concejal en tono “alto” para pedirle el voto a favor, pero negó rotundamente haber realizado gestos amenazantes o haber pronunciado dicha frase. Sin embargo, el magistrado ha otorgado total credibilidad a la versión del edil que la califica de “clara, coherente y mantenida en el tiempo”.

En el juicio también declaró la mujer del concejal. Y aunque “dada la relación matrimonial entre denunciante y testigo la prueba testifical ha de valorarse con especial cautela, la declaración testifical no deja lugar a dudas”. Y es que, prosigue la sentencia, la testigo describe pormenorizadamente lo sucedido desde su punto de vista y cómo se da cuenta de que algo anormal está sucediendo“. En su declaración, la mujer relata que se bajó del coche al oír los gritos y presenció, a escasos tres metros, el gesto amenazante del acusado. También reiteró las secuelas para su hijo que sufrió problemas de sueño y temor a quedarse solo tras el altercado.

Asimismo, en los fundamentos de derecho, la sentencia señala igualmente el contexto en el que se produjo la amenaza “te voy a cortar el cuello” y justifica la pena argumentando que se profirió contra un concejal del Ayuntamiento por motivos relativos a la postura política de su grupo político ante una cuestión concreta y de posición política no compartida con el denunciado.

Contra esta resolución cabe interponer un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de La Rioja en un plazo de cinco días. La sentencia es del 18 de mayo.

El órdago del Gobierno de La Rioja

Finalmente, el Gobierno de La Rioja salió al paso y horas después de que los presupuestos no salieran adelante, y tampoco el campo de fútbol, el ejecutivo de Capellán se comprometió con el Ayuntamiento de Nájera a actualizar el convenio en vigor entre ambas administraciones y aumentar su inversión para financiar así íntegramente el coste del nuevo campo de fútbol de la localidad, cuyo presupuesto ronda el millón de euros, siguiendo el proyecto propuesto por el PP.

A lo largo de esta semana, dos familias de Logroño iban a ser desahuciadas de sus casas ubicadas en la misma calle de la ciudad: Somosierra 32 y 18. El primero, el del número 32, estaba previsto para este mismo miércoles. El segundo para el próximo viernes.

Poco después de las doce del mediodía llegaban al número 32 de la calle Somosierra las primeras personas con un mismo objetivo: frenar el desahucio de una madre y sus dos hijas. Ciudadanos y ciudadanas anónimas y también representantes de colectivos como el Sindicato de Vivienda, UGT, CCOO, Izquierda Unida o la Acampada por Palestina. A pesar de estar previsto a las 13:30, pasadas las 15:00 horas, todavía no se ha ejecutado al no aparecer la comitiva judicial. El del viernes seguro que no porque ha sido aplazado.

Así lo ha comunicado el portavoz del Sindicato de Vivienda de La Rioja, Álvaro Marqués. “Para demostrar que la lucha sindical y la unión vecinal funciona, el desahucio del próximo viernes se ha aplazado al 26 de junio”. Entre aplausos, Marqués ha insistido en que “la justicia no es de fiar. Y cuando esta justicia no sea justa, ahí estaremos nosotros presentes así que, vecinas y vecinos, la única defensa legítima que tenéis contra vuestros rentistas y caseros que quieran especular con su vivienda es la filiación sindical y la unión vecinal”.

Una persona mayor en situación de vulnerabilidad

En este caso, la persona que iba a ser desahuciada es una persona mayor, también en situación de vulnerabilidad, que cobra el Ingreso Mínimo Vital y que, desde hace siete años, vive en el piso ubicado en la calle Somosierra de Logroño. “Cuando llegó la fecha de finalización del contrato, le envió un burofax para que abandonara la vivienda y como sindicato intentamos negociar una ampliación, incluso una subida del alquiler, pero no hubo manera ninguna de negociar, solo quería echarla”, explicaba Cristina Briongos del Sindicato de Vivienda de La Rioja. En este caso, “ni siquiera ha habido juicio y se ha ejecutado directamente”.

El Sindicato de Vivienda solicitó la justicia gratuita y la abogada presentó un recurso de oposición al desahucio, al que se respondió que no estaba presentado en forma, aunque no saben por qué. Después, se recurrió de nuevo y tampoco se aceptó, por lo que el desahucio se programó sin haber celebrado un juicio.

Y al igual que la madre y sus hijos menores, esta mujer tampoco tiene alternativa habitacional. Antes de conocer que su desahucio ha sido aplazado, Briongos contó a este medio que la mujer ya había comenzado a buscar “lonjas y trasteros para ir dejando todas sus cosas de una vida construida a lo largo de los años porque a lo máximo que puede aspirar ahora es a alquilar una habitación”. Una búsqueda en la que “la tristeza se alterna con la ansiedad de qué hacer y una búsqueda desesperada”. De momento, esta mujer se queda en su casa, al menos, hasta el próximo 26 de junio.

Estos no son los únicos casos de desahucio que llegan al Sindicato de Vivienda. Al parecer, en esta zona de Logroño están subiendo mucho los precios del alquiler. “Se está expulsando a vecinas de toda la vida, ahora son estas mujeres, pero mañana puedes ser tú”, advierte Briongos.

No se resignan a que el patio de su colegio sea unan explanada de cemento. Quieren transformarlo, renovarlo y naturalizarlo. Este sigue siendo el objetivo de la comunidad educativa del CEIP Las Gaunas en Logroño porque entienden este espacio como algo más que un rectángulo de hormigón en que correr tras un balón. Los recreos en este cole de Logroño se han convertido en una experiencia pedagógica, un refugio climático y, sobre todo, un proyecto de comunidad.

Así y bajo el lema, “naturalización y transformación”, la comunidad educativa de este centro está rediseñando los espacios exteriores para responder a las necesidades cambiantes del alumnado que piden más verde, más calma y nuevas formas de jugar. Así lo entiende la directora del centro, Marina Gómez Hacha: “En Las Gaunas el patio es algo más que un patio. Es un espacio que tiene que responder a las necesidades cambiantes del alumnado. Antes los patios estaban centralizados siempre en los deportes, pero ahora los intereses van variando, son más diversos y hay que intentar dar respuesta. Y eso es lo que tratamos de hacer con el proyecto de patios, darle un aire diferente y dar cabida a esas necesidades que el alumnado nos ha mostrado”.

Y desde hace unas semanas, un mural infográfico preside el fondo del patio. Un mural que es algo más que una decoración estética y que nace de un Programa de Innovación Educativa que han realizado conjuntamente con la Consejería de Educación. Laura Zuloaga es profesora y madre: “No buscábamos algo únicamente artístico, queríamos que tuviese un valor pedagógico añadido”. Sumaron a este proyecto a la artista y psicóloga medioambiental Lourdes Berzas, Loubé para diseñar un mural sobre especies de nuestro entorno cercano.

El alumnado de primero de Primaria estaba trabajando el proyecto de los animales así que fueron los elegidos para trabajar junto a la artista. “Seleccionó tres especies de nuestro entorno: el vencejo, el mirlo y la paloma, el alumnado de primero investigó sobre estas tres especies y fueron explicando por el resto de aulas sus investigaciones para que todo el cole las conociera un poco más y pudieran votar por sus favoritos. La especie más votada por la comunidad educativa sería la que ilustrara el gran mural”. Y las más votadas fueron el vencejo y mirlo y esas son las especies que ilustran el gran mural. “La artista, junto al alumnado de primero, plasmó lo que la información y dibujos que querían que apareciera. Y el alumnado de primaria y cuarto plasmaron ese boceto se proyectó al mural del fondo del patio con el asesoramiento de Lourdes Berzas. ”Durante una semana, muy intensa, los escolares estuvieron trabajando en el mural. Muchas partes del mural han sido dibujadas por el alumnado“. Ahora solo queda la puesta en escena. ”Estamos pendiente del cielo para ver cuándo podemos hacer la presentación oficial en la que el alumnado de primero será el maestro de ceremonias y quien explique el mural infográfico“. Un trabajo que permanecerá en el patio ”porque la idea es reutilizarlo a lo largo de los cursos cuando se aborden los distintos ecosistemas y especies animales, porque a veces nos fijamos más en los koalas o los pingüinos que en lo que tenemos a nuestro alrededor“, reflexiona Zuloaga. El mural servirá ahora como recurso didáctico permanente para estudiar los ecosistemas locales sin salir del recinto escolar.

Pero el empeño de esta profesora y directora va más allá. La transformación comenzó el curso pasado. “Plantamos unas 150 plantas en los lindes y en un futuro tendremos unos laterales más verdes”. Y este año han transformado el porche del centro en espacio más agradable. “Lo hemos pintado de blanco y hemos habilitado rincones de juegos (Lego) donde el alumnado puede jugar durante el recreo”.

En otro rincón del colegio han habilitado una agradable zona de lectura bajo un magnolio. “Un rincón natural con troncos al que el profesorado sale a leer o comentar en un espacio más natural y relajado”.

La chispa de “Concéntrico” y el motor de las familias

El origen de este cambio hay que buscarlo en Concéntrico. Y es que el CEIP Las Gaunas fue uno de los lugares receptores de las obras efímeras de este festival de arquitectura. “Al tener que retirar la instalación artística por motivos de seguridad, el colegio detectó un vacío porque el alumnado ya había hecho suyo ese espacio diferente”, recuerda la directora del centro. Y es que en este centro conciben el patio como un ente vivo: “Antes los patios estaban centralizados en los deportes, pero los intereses ahora son más diversos”. Esta metamorfosis no sería posible sin la comisión de patio, la AMPA y las familias voluntarias que “muchas mañanas de fin de semana se acercan al cole a pintar y echar una mano”.

Y una vez tachado el mural, en el cuaderno aún quedan proyectos pendientes para lograr un “patio más humano”. A pesar de las limitaciones presupuestarias, la comunidad educativa seguirá tirando de creatividad y voluntad para lograr su próximo objetivo: los recursos suficientes para dotar a los más pequeños del colegio de una estructura de juegos.

Unas 90 familias, 120 personas, de la urbanización Torresolano en el municipio riojano de Nalda continúan en vilo desde el pasado 4 de mayo. La de Renato Vitale es una de esas familias que solo quiere vivir tranquilo en su casa. “Hasta ahora este lugar era un paraíso y se ha convertido en un infierno”. Y es que el colapso de un muro en esta zona residencial ha acrecentado la intranquilidad y el miedo del vecindario que desde hace años está denunciando y advirtiendo lo que finalmente ha ocurrido en esta urbanización ubicada a dos kilómetros del municipio riojano, al otro lado de la carretera de Soria.

Hace seis años que Vitale reside en esta urbanización. “No queremos más promesas, queremos garantías porque no se puede vivir pensando que el suelo se puede caer en cualquier momento”. Por su profesión (médico) está acostumbrado a trabajar con planes de prevención de riesgos: “Aquí hay un riesgo visible y las autoridades competentes no nos han hecho caso”.

Por eso considera que lo ocurrido hace unos días no fue un accidente, sino la conclusión inevitable de una negligencia prolongada. “No es un problema nuevo; es un problema conocido que lleva años sin resolver”, afirma con una mezcla de indignación y fatiga. Y es que durante años, el vecindario ha documentado la evolución de las grietas en el muro de contención. “Hemos acudido al Ayuntamiento de Nalda, hemos hablado con los bomberos... y todas las respuestas que hemos recibido eran tranquilizadoras, pero ha quedado demostrado que no se corresponden con la realidad”.

La situación límite llegó el domingo 3 de mayo. “Ese mismo día, nos seguían diciendo que la situación era segura a pesar de que era evidente lo que iba a pasar” y finalmente pasó. “Nos decían que el muro era seguro, se limitaron a poner una cinta para evitar que pisáramos por ahí”. Pero Vitale y el resto de vecinos no estaban tranquilos: “veíamos que el muro bajaba por centímetros de cinco a siete de la tarde, la evolución era evidente, pero hasta esa noche de domingo, el Gobierno de La Rioja no reconoció que había un riesgo real”. Fue cuando se activó el nivel un del Plan de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de La Rioja y comenzaron a desalojar a vecinos: seis en un primer momento, diez a lo largo del lunes.

Un limbo administrativo y de servicios

La situación de esta urbanización es compleja y en su historia hay varias fechas claves. Julio de 2005. La Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de La Rioja aprobó la modificación puntual del plan parcial del Valle de San Gregorio del municipio de Nalda. Una propuesta a iniciativa de GSI División de Promociones que sería la encargada de promover un complejo de viviendas en un terreno sin desarrollar urbanísticamente.

Diciembre de 2010. Ese año una ingeniería emitió un informe de revisión de la urbanización Torresolano y entre sus conclusiones apuntaba que las redes de saneamiento y agua potable no reunían las condiciones de estanqueidad para poder ser recepcionadas. Y además, advertía de la posibilidad de que aparecieran señales de rotura en taludes debido a las edificaciones. Abril de 2011. El Ayuntamiento de Nalda suscribe el acta de recepción parcial y provisional de las obras de urbanización y se otorgan las primeras licencias de primera ocupación para 63 viviendas unifamiliares.

Diez años después, 2021, el asunto de las grietas y deficiencias constructivas en esta urbanización llegan a la justicia. Y el Juzgado de Primera Instancia número 5 de Logroño da la razón al vecindario y estima la demanda presentada contra la promotora a la que condena a “efectuar la reparación de daños en el bloque de 18 viviendas por un importe de 153.500 euros”. Y además, el fallo al que ha tenido acceso este medio, también recogía que los demandados “debían asumir todos los gastos auxiliares derivados de la ejecución de las obras como alquileres, guardamuebles o cualquier otro”.

Sin embargo, el vecindario de la urbanización no quedó conforme con este fallo y apeló a la Audiencia Provincial. Su argumento principal era que no solo la empresa promotora era responsable, querían ampliar la responsabilidad a Tenedora de Inversiones (TIP) porque se quedó con la urbanización. TIP irrumpe en esta historia en 2012 cuando la promotora original, GSI, pasa por una situación financiera complicada. TIP firma un contrato de subrogación y se convierte así en la promotora urbanizadora del sector que, además de hacerse cargo de los avales y de las obligaciones para terminar las calles y servicios, también se convirtió en propietaria de muchas de las casas que aún no se habían vendido. Por segunda vez, la justicia da la razón al vecindario porque la Audiencia Provincial de Logroño “estima sustancialmente la demanda y condena solidariamente a TIP”. Esta sentencia es de marzo de 2023.

El vecindario de Torresolano paga puntualmente sus impuestos de una urbanización que ha sido recepcionada parcialmente por el Ayuntamiento de Nalada y eso se nota en la los servicios que reciben. “El mantenimiento es más que deficiente, tenemos farolas rotas desde hace meses y la gestión de las infraestructuras es escasa”. Ahora, a todo esto hay que añadir que hay siete viviendas desalojadas y otras dos bajo vigilancia preventiva. “Mi casa quizás es de las menos afectadas, pero hace años que vemos las grietas”, cuenta Vitale. “Puntualmente, pagamos el IBI, entre 400 y 500 euros al año y no recibimos ningún servicio del Ayuntamiento de Nalda. Ni siquiera limpia las papeleras a pesar de que en la última década calculamos que ha recibido más de un millón de euros de impuestos de los vecinos de esta urbanización”, cuenta otro vecino afectado. De la recepción provisional, cuenta, “han pasado ya 14 años y desde el punto de vista jurídico, el Consistorio tiene la obligación de recepcionar la urbanización completa, pero mira hacia otro lado”. La postura más cómoda, asegura, “porque ni se hace responsable de nuestra situación ni obliga a actuar a la empresa”.

Mientras tanto, el tiempo pasa y el vecindario exige una solución inmediata porque advierten de que la situación se va a complicar: “Las siete casas desalojadas pueden ser quince o veinte en cuestión de días”. “Es triste saber que un lugar tan bonito se transforma en un infierno por el descuido de la gente”, lamenta Vitale. Para las 90 familias que habitan este enclave, la prioridad ya no es la estética de sus viviendas, sino la seguridad básica de saber que el suelo que pisan no va a desaparecer bajo sus pies. Y pro esta razón, piden una intervención subsidiaria del Ayuntamiento de Nalda o incluso del Gobierno de La Rioja “porque el problema se puede multiplicar por tres en los próximos días”.

Este medio ha intentado contactar en varias ocasiones con el Ayuntamiento de Nalda, pero hasta la fecha no han atendido a nuestra petición.

El Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) nace como un pilar del sistema de bienestar, diseñado para garantizar la autonomía de personas dependientes en su propio hogar. Un servicio que abarca un conjunto de prestaciones sociales dirigidas a personas mayores, con discapacidad o en situación de dependencia que, por sus circunstancias personales, ven dificultada la realización de las tareas básicas de la vida diaria y necesitan apoyo para mantener su autonomía e independencia personal en su entorno habitual, que es el domicilio. Es la definición de servicio de ayuda a domicilio, porque en Logroño, la realidad que atraviesan las trabajadoras dista mucho de la teoría. Y es que tras la fachada de una labor social indispensable, se esconde un sector cien por cien feminizado que lucha contra la precariedad laboral, el intrusismo de tareas y una desprotección alarmante frente a los abusos de los usuarios y la falta de supervisión empresarial.

Y aunque cuando hablamos de servicio de ayuda a domicilio pensamos en personas mayores, las trabajadoras en Logroño atienden a un espectro más amplio: menores, personas con discapacidad, autismo o enfermedades raras. Su función principal es la atención personal (higiene, movilización, acompañamiento a centros de salud o colegios) y un apoyo doméstico básico.

Según el Ayuntamiento de Logroño, el perfil de las personas usuarias son, en su mayoría, personas mayores o con discapacidad con reconocimiento de su situación de dependencia. Pero hay otros tres perfiles que reciben una atención específica del servicio porque también se trabaja con familias en situación de desprotección de menores, con una atención que llega a más de 40 familias. También a personas en situación o riesgo de exclusión, con apoyos personales, domésticos o de terapeutas, una ayuda que llega a unas 50 personas usuarias. Y además, “también hay un nivel adicional que aporta el servicio en caso de Logroño con una importante vocación preventiva”, recoge textualmente la web del Ayuntamiento logroñés: “la atención a personas mayores que, sin tener reconocimiento de dependencia, se detecta que son vulnerables a situaciones de aislamiento, soledad o de falta de autonomía personal, perfil en el que se atienden a en torno a 100 personas”.

"Si el usuario es un menor, el servicio es para el menor. No para limpiar la casa a fondo, ni para bajar la basura de toda la familia, ni para pasear a la mascota

Trabajadora del SAD en Logroño

El problema surge cuando la línea entre “auxiliar sociosanitaria” y “empleada de hogar” se difumina intencionadamente por parte de las familias y la falta de control de las empresas adjudicatarias. “Nos tienen como la chica de la limpieza y ya está”, lamenta una trabajadora con 23 años de experiencia que le permiten negarse a realizar una serie de labores como limpiar lámpara, planchar la ropa o incluso lavar la ropa de toda la familia. “Si el usuario es un menor, el servicio es para el menor. No para limpiar la casa a fondo, ni para bajar la basura de toda la familia, ni para pasear a la mascota”.

Las labores que deben realizar estas trabajadoras lo marca el programa de atención individual (PIA) un informe elaborado por Servicios Sociales que determina qué prestaciones y servicios tiene que recibir la persona en función del grado de dependencia asignado. Y en ocasiones, cuenta otra trabajadora con nueve años de experiencia, “cuando el PIA marca que a ese usuario hay que bañarlo, llegamos al domicilio y nos encontramos con que ya lo ha bañado la hija que, a cambio, nos pide que lavemos las cortinas”. Abusos que denuncia se dan, sobre todo, entre las trabajadoras nuevas. “Otra compañera me contaba ayer mismo que en el PIA establece atención para el marido, sin embargo, esta trabajadora tiene que atender a los dos. Otras veces, nos obligan a planchar la ropa de todas las personas que viven en el domicilio, no solo la del usuario del servicio”.

Y además e estos abusos laborales, muchas de las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio en Logroño denuncian situaciones de acoso y racismo

Indefensas ante acoso, agresiones verbales y racismo

Hay quienes llaman a la oficina diciendo: no me mandes a esta negra, que a mí las negras no me gustan

Trabajadora del SAD en Logroño

La vulnerabilidad de estas mujeres se acentúa al trabajar a puerta cerrada. El testimonio de las trabajadoras logroñesas revela situaciones de extrema gravedad que, a menudo, quedan diluidas en informes internos sin consecuencias reales. Denuncian episodios de acoso sexual y tocamientos: “Hay usuarios que se aprovechan... te echan la mano, te tocan el culo. Y como es una persona vulnerable, parece que tienes que tragar”, relatan. Denuncian violencia verbal. “Son habituales insultos como vaga, estúpida o tonta cuando nos negamos a realizar tareas que no nos corresponden como limpiar lámparas o mover muebles pesados”. Y también racismo. “Hay quienes llaman a la oficina diciendo: no me mandes a esta negra, que a mí las negras no me gustan”.

Desde CCOO La Rioja, el secretario general de Hábitat , Javier García, habla incluso de problema. “Con estas trabajadoras y las empleadas del hogar nos encontramos con la inviolabilidad del centro”. Y sí, reconoce que han tenido problemas de acoso. “Los hemos denunciado, hemos denunciado a la empresa, pero sin no se deja por escrito, cierran los ojos y miran hacia otro lado. Por esta razón, insistimos a las compañeras que dejen todo por escrito para que haya una trazabilidad y poder acudir a Inspección de Trabajo, como hemos hecho, cuando la empresa no hace nada”. Ante situaciones más graves, asegura que han acudido a Fiscalía y Guardia Civil. Como último responsable del servicio, el Ayuntamiento de Logroño lo tiene claro. La concejala de Servicios Sociales, Patricia Sainz, asegura que “si nos llega una incidencia de este tipo, actuaríamos y nos pondríamos en contacto con la empresa para ver qué ha pasado”. Rioja2 ha intentado también hablar con la empresa que gestiona este servicio, pero hasta el momento, no hemos recibido respuesta.

La amenaza del “Modelo Holandés”: más carga, menos control

Y otra de las preocupaciones del sector en Logroño, la última, es la implantación de un nuevo método de organización importado de Holanda (conocido como Buurtzorg), que el Ayuntamiento pretende instaurar. Buurtzorg es una empresa privada sin ánimo de lucro, que tiene contratadas 8.000 enfermeras, atiende a 65.000 personas y genera un 8 por ciento de beneficios que revierten en la propia organización. Además, tiene una tasa de absentismo del 3 por ciento (la media holandesa es del 7 por ciento) y unos niveles muy elevados de satisfacción de las personas usuarias.

En Logroño, el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, explicaba en octubre de 2025 que con “este nuevo modelo somos sensibles a una de las demandas más habituales de los usuarios: reducir en la medida de lo posible el cambio de auxiliares que les atienden”. Y la implantación de este modelo “no solo va a propiciar que esto sea posible, sino que supone un auténtico cambio en el concepto del recurso: el paso de una atención centrada en la organización del servicio a una atención centrada en la persona, en cada una de las 2.030 personas que son usuarias del recurso”.

Y en esa misma comparecencia ante los medios de comunicación, Escobar detallaba que este nuevo modelo, conocido de forma coloquial como ‘superislas', se estaba poniendo en marcha en tres zonas de la ciudad; una por cada uno de los lotes que componen el contrato del servicio. En octubre del pasado año, la primera zona en la que se iba a implantar este modelo incluía las calles situadas detrás del Ayuntamiento: Paseo de la Constitución, Congreso, El Coso, Avenida de Navarra, San Bernabé, Capitán Gaona, Rodancha, Muro de Cervantes y San Mateo. La segunda de las zonas comprende el barrio de Varea. Completa la terna el área de los alrededores de la antigua estación de autobuses, las vías Pío XII, Avenida de España, Belchite, Galicia, Pino y Amorena, Oviedo, Ingeniero de la Cierva, además del parque del Carmen. Sin embargo, este nuevo modelo es para el representante de CCOO La Rioja “una marca blanca precarizada porque bajo este sistema, grupos de auxiliares deberán autogestionar sus horarios y sustituciones”.

En definitiva, con salarios que apenas superan el Salario Mínimo Interprofesional y jornadas que las mantienen ocupadas prácticamente durante todo el día, las trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio de Logroño exigen un “cambio drástico en la negociación del próximo convenio”.

Piden un reconocimiento profesional: “No somos limpiadoras, somos trabajadoras a las que se nos exige el certificado de profesionalidad en atención sociosanitaria”. Piden mejoras salariales: “un sueldo acorde a la responsabilidad física y emocional que conlleva el cuidado de grandes dependientes”. Y piden igualmente protocolos de protección y medidas efectivas ante el maltrato y el acoso en los domicilios. “Nos gusta nuestro trabajo, si no, no estaríamos aquí. Es duro física y psicológicamente”, concluyen estas dos trabajadoras que también esperan que el gasto público llegue a quienes sostienen este servicio de cuidados en Logroño.

Un servicio con 2.030 personas usuarias en Logroño

El Servicio de Ayuda a Domicilio del Ayuntamiento de Logroño atiende a 2.030 personas, en su mayor parte (1.820) en situación de dependencia. Se prestan 11.700 horas semanales de atención por parte de 420 auxiliares que desempeñan su labor a lo largo de toda la semana. Se trata de un servicio que en los últimos años ha tenido un crecimiento exponencial tanto de personas usuarias como de profesionales que lo atienden. De lunes a viernes, la prestación se organiza en hasta cuatro turnos diarios; con todo, hay labores que se atienden también en fines de semana y festivos.

Además de la labor de los auxiliares, el servicio incluye apoyos técnicos tanto en la parte sociosanitaria (terapeuta ocupacional, apoyo psicológico) como en otras asistencias (ayudas técnicas, limpiezas extraordinarias o comidas a domicilio).

El servicio completo tiene un coste anual para el Ayuntamiento de Logroño que asciende a 10.328.313,08 euros sumando los tres lotes en que se distribuyen los contratos. En la financiación de dicho importe, el Ayuntamiento cuenta con una subvención de 4.500.000 euros del Gobierno de La Rioja. Desglosando esos importes por hora de servicio, el coste efectivo por hora de atención para el Ayuntamiento asciende a entre 20,27 y 21,62 euros si es en laborable y a entre 25,07 y 26,93 euros si es en festivo (la mínima diferencia va en función del lote en el que se incluye cada caso). Para los usuarios, se establece una escala de precios en función de sus ingresos, de la que resultan importes de entre 0 y 10,40 euros por la hora.

Un servicio al que se destinan más de diez millones de euros y “muy sensible porque se dedica a cuidar de las personas”, reitera la responsable de Servicios Sociales en Logroño, “por lo que desde el Ayuntamiento velamos y controlamos el servicio. Lo que nos compete a nosotros es estar encima del servicio porque es extremadamente sensible, otra cosa es ya la relación de las trabajadoras con la empresa”.

Prometieron una respuesta formal y ya ha sido enviada. Hace una semana, la Asociación de Informadores Gráficos de La Rioja presentó una queja formal ante la Cofradía de la Santa Vera-Cruz y de los Disciplinantes por impedirles realizar su trabajo durante la celebración de 'los Picaos' en San Vicente de la Sonsierra. Desde la Cofradía prometieron una respuesta, también formal, y esta ya ha sido enviada al presidente de la Asociación AiG. Una misiva en la que realizan algunas “matizaciones por los perjuicios a la institución” y en la que también queda claro que seguirán fuera del circuito procesional.

Así, y en primer lugar, desde la Cofradía desmienten a los profesionales gráficos de La Rioja y aseguran que “nunca durante este año ha existido imposibilidad alguna para ejercer su labor profesional”. Reiteran que “la Junta Directiva no dio ninguna indicación para entorpecer el trabajo ni de los informadores gráficos, ni del público que estaba situado a lo largo del recorrido. Si alguien se sintió molesto porque no pudo hacer la foto que deseaba, lo hizo de modo personal”.

En lo relativo a las acreditaciones, explican que las retiraron en 2025 por decisión colegiada de la Junta Directiva. Una decisión aprobada por unanimidad en la asamblea general tras observar el “invariable” comportamiento de los medios que describen como “invasivo”. “Desconocemos si esto lo hacen de forma consciente o inconsciente, pero en años pasados, fotógrafos y cámaras irrumpieron de forma anárquica en el interior de la procesión y llegaron a molestar a los disciplinantes hasta tal punto que el acompañante tuvo que avisarle para que no resultara dañado”. Y el disciplinante, “no puede estar pendiente de lo que ocurre a su alrededor, ni sentirse invadido en su intimidad con un montón de cámaras que graban minuto a minuto su sacrificio”, apostillan.

De igual forma consideran que la retirada de las acreditaciones no implica que estos profesionales no puedan seguir realizando su trabajo. No comparten la interpretación de la asociación AiG e insisten en que la “única misión de la Junta Directiva es preservar la pureza del rito, un acto de fe, sin intromisiones de fuentes externas, sin agobios para el disciplinante a la hora de ser pinchado y sin que ninguna cámara se introduzca por los recovecos entre el penitente, acompañante y práctico”.

Y por lo que parece, así seguirá siendo en próximas ediciones porque dejan claro que no se podrán introducir en el interior del circuito procesional para no interrumpir la marcha del disciplinante. Así que deberán compartir espacio con el resto de público: “Nunca se ha denegado el derecho individual o colectivo a tomar imágenes o fotografías de las procesiones penitenciales”.

Y además de ser una Fiesta de Interés Turístico Nacional, desde la Cofradía recuerdan a los informadores gráficos de La Rioja que Los picaos de San Vicente de la Sonsierra también tienen la consideración de Bien de Interés Cultural Inmaterial; la Medalla de La Rioja; la Placa a la Exaltación de los Valores Riojanos, y otros reconocimientos que “nos obligan, alientan y animan a seguir con nuestra altruista tarea. Estamos seguros de que, en otras manifestaciones profanas o religiosas que gozan de algún reconocimiento, por ejemplo, los danzantes de Anguiano, o los Sanfermines, o las Procesiones de Zamora, o las de Valladolid, etc., los medios no recorren el interior de las mismas para realizar su ”labor profesional“. Y les reta: ”díganos una permita su tránsito por el interior de todo el circuito porque a nosotros no nos consta“. Y concluyen reiterando que la intención de la Cofradía es ”seguir protegiendo nuestra cultura y tradición celebrada durante hace más de cuatro siglos en San Vicente de la Sonsierra con toda su pureza, sin interferencias externas que generen conflictos“.

La próxima cita en la que los disclinantes recorrerán las calles del municipio será el próximo mes con la Cruz de Mayo, y si la cosa no cambia, fotógrafos y cámaras se verán obligados a cubrir este acto con las mismas dificultades de la Semana Santa. Y es que, de momento, la Cofradía no ha recogido el guante lanzado por la Asociación AiG de “dialogar y encontrar soluciones que permitan compatibilizar el correcto desarrollo del acto con el trabajo de los profesionales de los medios de comunicación”.

La cita era este lunes a las 12,00 horas en la calle Segundo Arce 16. El motivo, detener el desahucio de una mujer y su hijo de 14 años. El entorno de este portal, en el barrio logroñés de El Campillo, se ha ido llenando de periodistas, policía y, sobre todo, personas que se han ido congregando para tratar de detener el deshaucio. Y lo han conseguido. Se ha suspendido hasta el próximo 29 de mayo, con una nueva cita a las 12,30 horas. La mujer, eso sí, ha tenido que ser atendida por los servicios sanitarios debido a su estado de nerviosismo, pero podrá permanecer en su casa al menos durante algo más de un mes.

A la hora convocada del desahucio, 12.00 horas, la inquilina ya estaba “vaciando su casa”, relata a Rioja2 el portavoz del Sindicato de Vivienda de La Rioja, Álvaro Marqués: “Solo quedan los electrodomésticos, algunos pocos muebles y un colchón. La mujer tiene también alguna mascota y va a intentar acudir a los servicios sociales porque no tiene alternativa habitacional”. En una de las ventanas de la vivienda ha colgado un cartel en el que lee: 'Vivienda para vivir, no para especular'

Al parecer, la inquilina de esta vivienda que está próxima a ser desahuciada, “intentó presentar una cláusula de vulnerabilidad, pero el juez no la ha aceptado”. Apesar de todo, aunque el Sindicato de Vivienda estaba dispuesto a oponer toda la resistencia posible, la propia inquilina les pidió que no lo hicieran, que simplemente le apoyasen y le acompañasen. Por eso, cuando los trabajadores de Justicia han intentado acceder al inmueble, pasadas las13 horas, ha habido una resistencia inicial que se ha disuelto cuando ha comenzado a correr la voz: el desahucio ha sido suspendido.

Al parecer el Juzgado ha decretado una prórroga de 30 días de oficio, al tratarse de una vivienda habitual. Ahora, hasta el día señalado, se intentará hacer valer ese informe de vulnerabilidad y alcanzar una negociación para que no tenga que ser expulsada de su casa.

Desde el Sindicato de Vivienda de La Rioja apuntan que “no tiene ningún sentido que haya viviendas vacías y gente en la calle. Además, en este caso, una madre con su hijo que ha pagado su alquiler”. Y es que la organización califica este caso como “un ejemplo sangrante de desprotección que la sufre la clase inquilina frente a los grandes tenedores”. “Todos los desahucios son injustos, pero este demuestra de forma cruda que ni siquiera estar al corriente de pago te protege de la voracidad de los fondos buitre”, afirma el portavoz del Sindicato.

La afectada reside en una vivienda propiedad del fondo de inversión Témpore Properties SOCIMI S.A. (perteneciente a la SAREB) con un contrato a siete años desde el año 2021. El Sindicato denuncia “un historial de acoso inmobiliario” ejecutado por agentes de la compañía para forzar la salida de la inquilina. “Han usado tácticas mafiosas, desde obligarla a firmar renovaciones de contrato, amenazas de intervención policial y hasta inventarse deudas que ya estaban pagadas”, explican desde el SVLR. De hecho, según explican, “el procedimiento actual nace de un supuesto impago de dos meses en 2022 que fue en realidad una compensación económica pactada con la propia empresa, pero que Témpore utilizó para judicializar el caso”. 

Desde el Sindicato vinculan este desahucio con una estrategia especulativa de mayor escala. “Témpore necesita vaciar el edificio de inquilinos para poder vender los activos o acceder a las subvenciones del Plan Estatal de Vivienda Asequible. Es una paradoja criminal: el Gobierno va a dar dinero público a fondos buitre después de que estos mismos hayan echado a las familias de esas casas que luego van a revender”, denuncian desde la organización.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja (TSJR) confirma la sentencia que saca de las listas a un profesor interino de Enseñanza Secundaria en La Rioja tal y como avanzó El Día de La Rioja. La resolución judicial a la que ha tenido acceso este medio ratifica que el docente incurrió en un “notorio incumplimiento de sus funciones” y en “grave desconsideración” hacia su alumnado, incluyendo un empujón a una de ellas.

Los hechos se remontan al inicio de aquel curso (2022-2023), cuando apenas un mes después de comenzar las clases, la Consejería de Educación del Gobierno de La Rioja inició un expediente disciplinario tras detectar graves irregularidades en la labor del docente. Y es que, tal y como recoge la sentencia, al poco tiempo de comenzar el curso, surgieron conflictos con sus compañeros y el equipo directivo. “En la primera reunión del departamento del 13 de septiembre de 2022 surgieron desavenencias”, cita textualmente. Tras varias incidencias, la Consejería de Educación inició el 20 de octubre de 2022 un expediente disciplinario basado en tres cargos principales. Uno de ellos, tipificado como falta muy grave, el incumplimiento de sus deberes básicos como programar las clases, evaluar correctamente al alumnado, realizar tutorías con las familias y mantener un clima de respeto en el centro.

Un segundo cargo (falta grave) por trato desconsiderado hacia el alumnado durante las clases, “puesto de manifiesto tanto en expresiones concretas como en el modo o forma de dirigirse o responder a los discentes”. Y el tercer cargo (falta grave) hace referencia a un incidente específico donde se le acusa de “haber empujado e insultado a una alumna”.

Expediente abierto por Función Pública de La Rioja

En mayo de 2023, la Dirección General de Función Pública del Gobierno de La Rioja consideró a este docente responsable de “una falta de notorio incumplimiento de las funciones esenciales inherentes al puesto de trabajo o funciones encomendadas”. Falta tipificada como muy grave y con una sanción de rescisión del nombramiento de interino además de sacarlo de las listas durante cerca de seis años. Por el segundo cargo, desconsideración con al alumnado, la sanción también contempla la rescisión del nombramiento de interino y sacarlo de las listas cerca de tres años. Por el incidente con la alumna, la Dirección General de Función Pública acuerda suspenderle de sus funciones y sueldo hasta final de curso.

El docente interino recurrió y solicitó en los tribunales la anulación de estas sanciones. Y el Juzgado de Primera Instancia decidió reducir las sanciones porque las consideraba excesivas, reconociendo a su vez su existencia. Sin embargo, el profesor interino, no conforme con esta decisión, volvió a recurrir y apeló a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja (TSJR) solicitando la anulación total de las sanciones y la devolución de los sueldos no percibidos. El fallo de la sala ha supuesto un nuevo revés para el docente.

Y es que en este nuevo fallo, uno de los puntos clave es el incidente ocurrido con una alumna. Según el relato de los hechos probado por el tribunal, el profesor empujó e insultó a una estudiante que intentaba salir del aula tras haber desobedecido sus órdenes. Aunque el docente alegó que se trató de un “choque fortuito”, el tribunal se apoya en los testimonios de dos compañeros de clase, del jefe de estudios y de la directora del centro —quien afirmó que el propio profesor le reconoció inicialmente el empujón— para determinar que existió una agresión física, independientemente de que no hubiera intención de causar daño. Además, en la sentencia se recoge que “la versión de la alumna fue corroborado por dos compañeros que presenciaron los hechos y relataron lo sucedido de forma coincidente. Además, después del recreo, la alumna y el profesor se reunieron con el jefe de estudios y la directora del centro. El propio interesado manifestó que hubo un choque fortuito, los que significa que sí hubo contacto entre ambos. Aunque su intención no fuera causar daño a la alumna, es incontrovertido que se produjo una colisión entre ambos, que provocó que la alumna rebotara y que permite encuadrar esta situación como al que se ha declarado probada de empujón”.

Y además, el fallo ratifica la desatención de las funciones docentes porque más allá de este incidente puntual, la justicia confirma una falta muy grave por el incumplimiento de las tareas esenciales de supuesto. En concreto, entregó un documento a las familias con criterios de evaluación que contravenían la normativa LOMLOE, otorgando a un examen un valor superior al permitido. Asimismo reitera la falta de implicación en las tareas de tutoría y reconoce un “grave desorden” en el aula presenciado por el equipo directivo del centro en varias ocasiones.

Las sanciones: fuera de las listas de interinos

Aunque el Tribunal ha ajustado ligeramente la duración de las sanciones propuestas inicialmente por la Administración para cumplir con el principio de proporcionalidad, las consecuencias para el docente son severas. Por la falta muy grave: Rescisión de su nombramiento como interino e imposibilidad de obtener un nuevo contrato en la administración riojana durante tres años y un día. Y por las faltas graves: Rescisión del nombramiento e inhabilitación para nuevos contratos por un periodo de un año, además de la suspensión de funciones durante el tiempo que restaba de curso.

Esta sentencia agota la vía ordinaria y respalda la actuación del Gobierno de La Rioja.

El Ayuntamiento de Logroño aprobó el pasado viernes en la Junta de Gobierno Local el pago de las chiquibecas de 2025 con lo que el abono a las familias, cerca de 700, se realizará “estos días”, aseguran desde el Consistorio. Hace un mes, nos hacíamos eco del malestar de familias logroñesas que criticaban la convocatoria de estas ayudas para el mes de julio de 2026 sin haber abonado las de 2025. De septiembre a junio, la educación de cero a tres años es gratuita por el programa de Ayudas Bono Infantil del Gobierno de La Rioja. En julio, al no ser periodo lectivo, el Ayuntamiento de Logroño habilita las ayudas conocidas como chiquibecas.

A principios de marzo,  Consistorio de la capital riojana presentó la convocatoria para este 2026. Se ha habilitado una partida presupuestaria de 156.000 euros para, como aseguraba la portavoz municipal, Celia Sanz, “apoyar a las familias en la conciliación familiar y laboral durante el periodo estival”. Sin embargo, todavía no han abonado las del pasado mes de julio. “Las ayudas ya están concedidas, también hemos presentado toda la documentación y el abono sigue sin llegar cuando ya podemos solicitar las de 2026”, relataba una familia afectada. Ante el retraso en el pago, familias también escribieron al Ayuntamiento de Logroño. La respuesta: “La Unidad de Educación está tramitando los expedientes. Cuando finalice la tramitación se hará el abono correspondiente”.

Y parece que dicho abono está más cerca porque tras su aprobación en Junta de Gobierno Local el pasado viernes 10 de abril, el pago a las familias llegará “estos días”. La cuantía reservada a las chiquiebecas de 2025 ronda los 156.000 euros y las ayudas a las familias oscilaban entre un mínimo de 200 euros y un máximo de 260 euros al mes. En ningún caso, reflejaban las bases, la ayuda será inferior a los 200 euros ni superior a los 260.

Para este año 2026, se mantienen los mismos criterios porque las ayudas destinadas a las rentas más necesitadas oscilarán entre un mínimo de 200 euros y un máximo de 260 euros por menor. Los impresos de solicitud, así como el resto de los formularios, se podrán descargar de la página web municipal o recoger en el Servicio de Atención a la Ciudadanía 010 del Ayuntamiento de Logroño.

Cuatro vecinos y una asociación activa mantienen en pie esta aldea de La Rioja perteneciente al municipio riojano Muro de Aguas frente al silencio de las instituciones. Tienen el dinero para la luz desde hace años, pero la burocracia y la falta de voluntad política los mantienen en el siglo XIX. Y es que en pleno siglo XXI, el vecindario de este municipio continúa viviendo sin luz eléctrica, sin accesos dignos y, lo que es peor, sin ser escuchados.

El caso de la luz en Ambas Aguas roza lo kafkiano. En mayo de 2023 se firmó un convenio para conectar al pueblo a una línea de alta tensión que pasa a apenas 500 metros de las casas. El dinero, una partida de 291.000 euros transferida por el Gobierno de La Rioja, ya está en manos del Ayuntamiento de Muro de Aguas desde principios de 2024, pero la luz sigue sin llegar y los interruptores sin funcionar. El vecindario pide explicaciones e información, pero como la luz, tampoco llegan. “Nos dicen que están en plazo. El dinero lo tienen ellos y no vemos ni el proyecto ni la licitación. Llevan nueve meses 'evaluando' y nosotros seguimos con generadores”, lamenta el presidente de la Asociación Amigos de Ambas Aguas, Julián Pérez Alonso.

El entonces consejero de Sostenibilidad, Transición Ecológica, Álex Dorado, y el alcalde de Muro de Aguas, Pedro Juan Sanz, firmaron a principios de mayo de 2023 un convenio para comenzar los trabajos de conexión eléctrica de la “aldea de forma inmediata”. Además de Ambas Aguas, el entonces gobierno socialista de Concha Andreu rubricó convenios con otros ayuntamientos para la construcción de comunidades energéticas renovables en las aldeas de El Collado (Santa Engracia del Jubera) y Luezas de Cameros (Soto en Cameros). También se realizaron todos los trámites y la electricidad llegó a las aldeas de Treguajantes (Soto en Cameros), Larriba de Cameros (Ajamil de Cameros), Santa Marina (Santa Engracia del Jubera) y San Martín del Jubera (Santa Engracia del Jubera). Sin embargo el vecindario de Ambas Aguas no ha tenido la misma suerte y siguen sin poder utilizar un microondas o enchufar el taladro para realizar algún arreglo en casa sin estar pendientes de los generadores.

El tiempo pasa y las soluciones no llegan. “Estamos en plazo” es la única respuesta que reciben. Y así es. Desde el Gobierno de La Rioja responsabilizan al Consistorio: “según el convenio, la tramitación, licitación y ejecución de las actuaciones corresponden al Ayuntamiento de Muro de Aguas, en el ejercicio de sus competencias”. Y una matización más. Desde la Consejería de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo apuntan no tener potestad para realizar un “control más exhaustivo del avance del proyecto porque el convenio fue formalizado en la anterior legislatura sin la previsión de hitos intermedios de ejecución, ni mecanismos específicos de seguimiento periódico”.

Desde el Ejecutivo regional aseguran no poder hacer nada a pesar de haber liberado una partida cercana a los 300.000 euros para que la luz llegue a Ambas Aguas, aunque sí reconocen que “son conscientes del interés que suscita este asunto”. Por esta razón, han mantenido contacto con el Ayuntamiento de Muro de Aguas “trasladándole la conveniencia e importancia de que se facilite la información actualizada sobre el estado de tramitación del expediente”. “La interlocución directa con el Ayuntamiento constituye el cauce más adecuado para canalizar las solicitudes de información que se pidan. Sin perjuicio de lo anterior, la Consejería continuará atenta a la evolución de las actuaciones en el marco de sus competencias”, zanjan desde el Ejecutivo regional.

En la misma línea se ha posicionado el alcalde de la aldea Jaime Jiménez. En una conversación con este medio ha insistido en que desde el Consistorio se “está trabajando en este asunto al que hemos dado la máxima prioridad sobre cualquier otra cuestión”. Y al igual que el Ejecutivo regional, Jiménez reitera que están dentro de plazo. “En lo que llevamos de legislatura, me han cambiado el secretario hasta en cuatro ocasiones y esto lo ralentiza todo. Aun así, el día de la semana que tenemos Secretaría damos prioridad a este proyecto”. Asimismo, el alcalde de la aldea califica de “bulos” las críticas del vecindario y asegura que el pueblo está divido: “La oposición (PSOE) está utilizando este problema para hacer su propia campaña electoral de cara a las próximas elecciones municipales”. Un cruce de acusaciones en las que Jiménez ha adelantado no va a participar porque su único objetivo “es seguir trabajando por su pueblo”.

Un vecindario que no se resiste

Mientras tanto, el vecindario y la asociación, que este año cumple cuatro décadas, seguirán trabajando por el pueblo. “No nos resistimos”, insiste Pérez. Resistencia que contrasta con la “pasividad” del Ayuntamiento. “Parece que quieren dejar morir el pueblo porque en los últimos treinta, cuarenta años, el Ayuntamiento no ha solicitado subvención alguna para acometer mejoras en la aldea”. Al contrario. “Somos nosotros, vecinos y asociación, quienes sufragamos y ejecutamos las obras”. Una de las últimas, el arreglo del tejado de la Iglesia en la que Pérez calcula que se han gastado 12.000 euros. Ambas Aguas tiene únicamente dos calles asfaltadas, también por la Asociación. “Para el encementado de una de ellas, el Ayuntamiento sí que nos facilitó el material, pero el trabajo lo hemos hecho nosotros”. Al igual que las labores de saneamiento e instalación de tuberías y desagües que realizaron durante unas vacaciones de Semana Santa.

La cohesión vecinal en esta aldea no es solo una cuestión de cortesía, sino de pura supervivencia. Hasta los años ochenta, eran los propios vecinos quienes se subían al tendido para reparar cualquier avería eléctrica. Hasta que la técnica superó la buena voluntad: “Somos pocos y, cuando los trabajos se complicaron, el vecindario se plantó”, recuerda el presidente de la Asociación. “El Ayuntamiento decidió mirar hacia otro lado” y Ambas Aguas terminó sumida en la oscuridad hasta hoy.

Y a la falta de electricidad se suma un acceso tercermundista. “Somos el único pueblo habitado de La Rioja sin un acceso digno”, denuncia Pérez. “No pedimos una carretera, únicamente un acceso digno a Ambas Aguas”. Más aún, añade, cuando a pesar de contar con tan solo cuatro vecinos de forma habitual, dos de ellos tienen empresa. “En el pueblo hay dos negocios, una minería y una ganadería. Si a estas personas no se les facilita que puedan trabajar... les están invitando a que se vaya de Ambas Aguas”, lamenta.

Incluso el servicio más básico, la recogida de basuras, se ha convertido en un problema. Desde hace unos años, el vecindario paga el impuesto de recogida de basura. “Hasta entonces, guardábamos la basura en casa y cada uno la llevaba hasta Muro de Aguas que está a unos seis kilómetros”. Ahora, y tras pagar el correspondiente impuesto (40 euros), se han instalado contenedores en los que depositar una basura que nadie recoge. “Durante meses no hay alguacil que recoja los contenedores. Antes nos llevábamos la basura a casa y estaba limpio, ahora el pueblo parece un estercolero”.

“Nos quieren dejar morir”

Esta dejadez y falta de servicios han suscitado entre el vecindario la sensación de que “quieren dejar morir el pueblo”. Y es que nos le sirven las respuestas del Gobierno de La Rioja y la ausencia de ellas por parte del Ayuntamiento de Ambas Aguas. “Llevamos tres años con el tema de la luz, solicitamos información y no nos la dan”. La última reunión con el Ayuntamiento de Muro de Aguas fue en julio de 2025. “Desde entonces el vacío, no contestan a las solicitudes de información realizada en septiembre, diciembre y marzo. El pasado mes convocamos otra reunión a la que invitamos al Ayuntamiento. No acudió nadie, ni siquiera nos respondieron”.

Mientras tanto, el tiempo sigue pasando y Ambas Aguas continúa sin luz a pesar de que el dinero (291.000 euros) del Gobierno de La Rioja ya están en las arcas municipales desde principios de 2024. “Solo pedimos que la luz llegue por fin a Ambas Aguas. Si no nos hubieran prometido la luz, habríamos puesto más placas solares por nuestra cuenta. Pero nos tienen bloqueados con una promesa que nunca llega”, concluye. No piden milagros, solo que el dinero que ya existe se convierta en el cable que los conecte al siglo XXI.

“¡Basta de chapuzas en nuestro barrio!”. La Asociación Vecinal San José ha convocado para este sábado 11 de abril una mesa informativa para mostrar el hartazgo de este barrio logroñés y exigir soluciones porque “el barrio San José merece respeto”. Paco Herce es el secretario de la Asociación y asegura que el Gobierno de Conrado Escobar está al tanto de lo que está ocurriendo en el barrio. “Mantuvimos una primera reunión con los concejales Javier Martínez Mancho e Íñigo López Araquistáin en la que les mostramos las fotos de las chapuzas que han hecho en este barrio con motivo de las obras en las calles Beatos Mena y Navarrete”. De hecho, afirma que uno de los concejales les dio la razón y se escudó argumentando que “estaban teniendo problemas con el jefe de obra”. De ese encuentro con los responsables municipales salió una recomendación: elaborar un informe y enviarlo a Participación Ciudadana.

Y así lo hicieron, la asociación vecinal redactó el informe que enviaron, además de a Participación Ciudadana, a varios concejales de la corporación municipal: Leonor González Menorca (Participación Ciudadana); Íñigo López-Araquistáin (Urbanismo); Ángel Andrés ((Distrito Norte); y Jesús López (Medio Ambiente).

El documento está en manos de sus destinatarios desde finales de enero. Un informe que acompañan de fotografías y en el que recogen las irregularidades apreciadas por el vecindario. Así, critican que después de los trabajos realizados en esta zona haya “pendientes mal realizadas y bordillos nuevos con los viejos que son de diferente anchura”. Más chapuzas. “Se han mezclado baldosas viejas con nuevas y se han dejado pendientes exageradas en los vados que generan un escalón de dos centímetros incumpliendo así la Ley de Accesibilidad Universal y complicando el día a día de personas mayores y con movilidad reducida”.

Asimismo, y tras las obras acometidas, “las baldosas guía para las personas con discapacidad visual se han colocado mal porque las dirigen a un bordillo y en los días de lluvia se generan charcos de agua en los dos pasos de peatones que dificultan el tránsito peatonal”.

“Llevamos cuatro meses hablando y nadie hace nada”

Y ante estas “chapuzas” desde la asociación vecinal también plantean soluciones. En el mismo informe enumeran las medidas para solventar todas las irregularidades como “cambiar todos los bordillos y ponerlos nuevos tal y como recoge el proyecto; retirar las baldosas viejas por otras nuevas; rectificar las pendientes de los vados y dejarla alineada a la acera; solucionar los problemas de los charcos; modificar las baldosas guía para garantizar la seguridad de las personas con discapacidad visual y repintar los pasos de cebra”.

Las últimas noticias que de la Asociación es que la “última certificación de obras se ha paralizado”, cuenta Herce, aunque las soluciones siguen sin llegar. “Llevamos cuatro meses hablando de este tema, pero nadie hace nada, todo sigue igual, están dejando pasar el tiempo y nos sentimos maltratados”.

Están hartos de las “chapuzas” y piden respeto más aún cuando se comparan con otras zonas de Logroño. “Se quejan de las obras de las Cien Tiendas mientras que aquí permiten todo esto”. Y es que se sienten discriminados porque además su barrio ha sido el elegido por el Consistorio logroñés para convertirlo en una zona de bajas emisiones. “Eligen este barrio porque es la zona de Logroño en la que menos votos van a perder en las próximas elecciones municipales, es el único motivo”. Y a pesar de las críticas y denuncias públicas de las asociaciones vecinales de Madre de Dios y San Jose, entidades ecologistas, particulares y los socialistas de Logroño, el Ayuntamiento lo tiene claro: “Madre de Dios es la zona más apropiada” para instalar la zona de bajas emisiones en Logroño.

Con la acción de este sábado volverán a pedir respeto para el barrio. “Voy a defender los intereses de mi barrio gobierne quien gobierne”, advierte Herce.

Rioja2 se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento de Logroño para conocer su posición al respecto y saber si hay intención de acometer alguna mejora en esta zona de la ciudad, pero hasta el momento nadie ha respondido.