Antes de empezar, una invitación. Reserva estas fechas: viernes 26 y sábado 27 de junio. Celebramos la quinta edición de nuestro Festival de las Ideas y la Cultura en Rivas-Vaciamadrid. Habrá conferencias, música, periodismo, podcasts, humor… Entre otros nombres, ya contamos con Marc Giró, La Bien Querida, Silvia Intxaurrondo, Ariel Roth, Bob Pop, Inés Hernand, Arde Bogotá, Jordi Évole o Marta Flich. Todas las actividades son gratuitas y puedes venirte con quien quieras. Ojalá nos veamos allí.

“Alex, hay que destruir todos los audios de M.R. cuando yo te de la orden. No debe de quedar nada. Es mi compromiso. Haz el favor de ir recuperándolos. Abrazo”

Esta nota manuscrita es de Luis Bárcenas. La escribió desde la prisión de Soto del Real. El papel se lo entregó a uno de sus amigos en la cárcel, otro recluso, que el 10 de marzo de 2014 tenía un permiso penitenciario. El encargo estaba claro: aprovechar esa salida al exterior para borrar los audios comprometedores que guardaba el extesorero del PP. En concreto, una copia que Bárcenas escondía en una cuenta de correo electrónico en la nube, en los borradores de ese e-mail.

No está claro quién es Alex. El recluso en cuestión, que hacía de recadero, se llama Isidro Sánchez; es posible que haya un tercero más. Hay menos dudas sobre la identidad de “M.R.” Son las siglas de Mariano Rajoy.

“M.Raj”, “M. Rajoy”, “Mariano” o “M.R.” son algunas de las fórmulas con las que se identificaba al expresidente del Gobierno en los papeles de Bárcenas. A su nombre, bajo distinta denominación, aparecen una treintena de anotaciones en esa contabilidad del PP. Suman 330.000 euros en total, entre 1997 y 2008. Siempre en dinero B.

Esta semana, en el juicio de la Kitchen, Luis Bárcenas ha vuelto a explicar cuáles eran esas pruebas que guardaba contra el PP. Eran tres grabaciones, según su versión. La primera, una comida que tuvo con Javier Arenas –hoy sigue siendo senador del PP y secretario del grupo parlamentario del PP en la cámara alta–. La segunda, una grabación del propio Bárcenas explicando cómo funcionaba esa caja B. La tercera, un audio grabado en el despacho de Mariano Rajoy en la sede del PP, donde también se escucha al expresidente destruir con una trituradora de papel uno de los folios de esa contabilidad paralela. 

Bárcenas guardaba copia de esos audios en un pen drive: escondido en el doble fondo de un arcón, en un taller de restauración de la mujer de Bárcenas. De allí lo robó la trama Kitchen en el otoño de 2013, según asegura el propio Bárcenas –y también el comisario Villarejo–.

Pero aquel pen drive no era la única copia. Había al menos otra más: la que Luis Bárcenas guardaba en esa cuenta gratuita de e-mail que, en marzo de 2014, ordenó destruir. 

“Es mi compromiso, no debe quedar nada”, escribió Bárcenas en esa nota manuscrita que ha reconocido como propia. ¿A cambio de qué?

El caso Kitchen, el caso Gürtel, la caja B… Hay que mirar el bosque, no los árboles. Todas estas tramas son, en la práctica, un mismo caso de corrupción. No solo porque coinciden los principales protagonistas. También por sus relaciones entre sí.  

La Gürtel ya se ha juzgado, dejando una enorme pregunta sin aclarar. ¿De dónde salió el dinero? ¿Cuál es el origen de las decenas de millones de euros que la Justicia encontró en las cuentas en Suiza de Francisco Correa y Luis Bárcenas?

El extesorero del PP llegó a sumar 48 millones de euros escondidos en sus cuentas en el Dresdner Bank y en el Lombard Odier. Buena parte de esta fortuna, según Bárcenas, la consiguió con inversiones en bolsa –uno de sus mayores pelotazos fue con la OPA de Enel sobre Endesa–. Pero su instinto o la información privilegiada con la que invertía no aclaran el origen de todos esos millones.

En su confesión, Francisco Correa dio una posible explicación a esa fortuna. Contó que Luis Bárcenas le encargó cobrar las comisiones del 3% durante el gobierno de José María Aznar. “Se trataba de adjudicar obras a los empresarios a cambio de que abonaran un porcentaje que yo recaudaría en beneficio de Luis Bárcenas”, aseguraba en un documento que me entregó en 2015. Un papel del que después se desdijo para, un año más tarde, confesar exactamente lo mismo ante la Audiencia Nacional. 

La explicación del 3%, de ser cierta, es incompleta: faltarían más personas en esa historia. Luis Bárcenas no adjudicó obra alguna. Eran otros los que lo hacían. Políticos que nunca fueron investigados por la justicia. La misma justicia que tampoco vio delito alguno en todos los sobresueldos en negro que se repartió durante años la cúpula del PP.

“Luis, sé fuerte” (...) “hacemos lo que podemos”, le escribió a Bárcenas Mariano Rajoy. Toda la trama Kitchen bascula sobre esta afirmación. Es la historia de un chantaje: Luis Bárcenas tenía información comprometida sobre su partido y sobre el entonces presidente Mariano Rajoy. Y solo una parte de la respuesta que dio aquel Gobierno ante la presión de Bárcenas se juzga estos días en la Audiencia Nacional. 

Según el juez Manuel García Castellón, la cúpula de Interior actuó por su cuenta y riesgo, sin que nadie en el Gobierno o en el partido se lo pidiera. La Fiscalía Anticorrupción acusó al propio García Castellón de levantar un “cordón o inaceptable línea roja” para que la instrucción no llegara hasta la rama política. Para desimputar a María Dolores de Cospedal –la que hablaba de “la libretita” de Bárcenas con el comisario Villarejo– y no citar ni siquiera como testigo al principal beneficiado de aquella trama: Mariano Rajoy.

Pero el brazo policial no fue el único que se activó ante la amenaza existencial que suponía para el PP este caso de corrupción. También hicieron lo que pudieron en otro frente: el de los tribunales. 

La investigación de la Gürtel está llena de maniobras judiciales en la oscuridad. 

El primer juez de la Gürtel, Baltasar Garzón, acabó expulsado de la carrera judicial. 

Cuando Garzón fue condenado, su plaza en el central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional salió a concurso. La ganó Miguel Carmona, un juez progresista, pero nunca la ocupó. 

Muy oportunamente, el Gobierno de Rajoy se encargó de buscar a Carmona otro destino: un puente de plata. Primero intentaron el Tribunal de la Haya, pero fueron tan torpes que presentaron su candidatura fuera de plazo. Después el Gobierno de Rajoy le nombró juez de enlace en Londres. Y mientras Carmona vivía en Londres, el Consejo General del Poder Judicial que presidía Carlos Lesmes, ex director general de Justicia con Aznar, pudo decidir quién ocupaba su puesto, en precario, de forma interina.  

Ese sustituto fue Pablo Ruz. Cada seis meses, el CGPJ decidía si le mantenía como sustituto y renovaba su sustitución. Estuvo cinco años en esa anómala situación: el juez más importante de España (para el PP) tenía contrato temporal. Y así siguió hasta que Pablo Ruz decidió ordenar el registro de la sede del PP. Pocos meses después, el CGPJ de Carlos Lesmes puso en marcha su sustitución.

Es algo parecido a lo que pasó con Manuel García Castellón. En su caso, era él quien estaba de juez de enlace: primero en París, luego en Roma. 17 años en uno de los puestos mejor pagados de la judicatura, en ambos destinos nombrado por gobiernos del PP. Casualmente, acabó pidiendo el regreso a su plaza en la Audiencia Nacional poco después de que Ignacio González y Eduardo Zaplana –descontentos con el juez sustituto, al que querían mandar “a tomar por culo a Onteniente”– pronosticaran su vuelta. 

Cuando al PP le va mal un juicio no cambia de abogado, cambia de juez. 

También funciona el palo y la zanahoria. El PP suele recompensar a aquellos magistrados que se portan bien. Es lo que pasó con Ángel Hurtado. Fue el único juez que se opuso a la condena del PP en el caso Gürtel. Fue también quien intentó que Mariano Rajoy no tuviera que declarar como testigo ante ese tribunal. Fue el juez que intentó evitar todas las preguntas incómodas para el presidente del Gobierno en esa declaración. Una actitud que recuerda a la que tuvo esta semana otra jueza, Teresa Palacios, ante este nuevo interrogatorio como testigo de Mariano Rajoy.

Tras estas hazañas, Ángel Hurtado fue ascendido al Tribunal Supremo por el CGPJ de mayoría conservadora, nombrado por el PP de Rajoy.

“Si hablas, tu mujer irá a prisión”, le decían a Luis Bárcenas durante el punto álgido del chantaje al Partido Popular. Un chantaje mutuo, al parecer.

Rosalía Iglesias, la mujer de Bárcenas, fue condenada a 15 años de cárcel en 2018 por la Audiencia Nacional. Y el tribunal tuvo que decidir si esta pena se empezaba a cumplir en ese momento o si había que esperar a que la sentencia fuera firme, cuando se pronunciara el Tribunal Supremo. 

En aquel tema, el CGPJ de Carlos Lesmes también operó. De hecho, fue algo que desempató el propio Lesmes, con su voto de calidad. Apartaron al juez progresista José Ricardo de Prada de aquella decisión. Y en 2018 la mujer de Bárcenas siguió en libertad. Entre quienes votaron a favor de que no entrara entonces en prisión estaba también el juez Ángel Hurtado.

Más tarde el Supremo rebajó la condena de la mujer de Bárcenas a 12 años y 11 meses. Entró en prisión en noviembre de 2020. Logró el régimen de semilibertad –solo dormir en la cárcel– dos años y medio después. 

¿Se entiende mejor ahora por qué nunca hemos escuchado esos audios que Luis Bárcenas se comprometió a destruir?

El gobernador de Buenos Aires llega a la cumbre progresista de Barcelona convencido de que “existe una internacional ultra” y de que la izquierda no puede limitarse a resistir: “Hay que plantear una propuesta para el mundo que viene”. Axel Kicillof (Buenos Aires, 1971), economista y una de las principales figuras del peronismo, habla sin ambages sobre el fracaso del plan económico de Milei, la interferencia de Trump en las elecciones argentinas y su propia candidatura presidencial para 2027: “La tarea es mucho más grande que buscar el candidato”.

¿Cómo describiría la situación económica y social de Argentina en este momento?

El modelo de Milei está fracasando, se mire por donde se mire. La enorme mayoría de los argentinos lo está pasando muy mal desde hace dos años. Y la novedad no es ni la guerra, ni Trump, ni los conflictos. Es la política económica que está aplicando Milei. Hay 270.000 nuevos desempleados formales y cerraron 22.000 empresas. Son números parecidos a los que hubo en los peores momentos económicos. Y junto con esa pérdida de empleo está habiendo una precarización muy rápida de trabajos que no tienen protección ni derechos.

El gobierno de Milei presume de que ha logrado el nivel más bajo en pobreza de los últimos siete años. ¿Es así?

No es lo que se ve en ningún lado. Ha sido muy polémico porque han echado a las autoridades del instituto estadístico. Tiene que ver con el modo de medición, está basado en estadísticas de ingresos y salarios que no se corresponden con ninguna otra fuente. No tiene ningún rigor y no es lo que se vive en Argentina. 

¿Qué hicieron mal los gobiernos de la izquierda argentina para que alguien como Milei pudiera alcanzar la presidencia?

Hay un fenómeno mundial. Más allá de la experiencia nacional, hay cuestiones de época. El gobierno previo al de Milei en Argentina fue un gobierno de unidad de todos los sectores del peronismo que habíamos estado enfrentados. Hubo muchas dificultades y, sin duda, fue un gobierno que terminó decepcionando bastante por los resultados económicos. Uno le puede dar una explicación más general sobre la etapa de la economía mundial, pero también hubo disputas internas. Así que hay muchos elementos para la autocrítica. 

Milei dijo que venía a destruir el Estado desde adentro, como si fuera un topo, una persona absurda. Se presentó para manejar un Estado al que viene a destruir

Como gobernador de Buenos Aires, que es la provincia donde reside el 40% de la población argentina, ¿qué margen de maniobra tiene frente a los recortes del Gobierno de Milei?

Está siendo muy difícil. Hemos cumplido seis años y medio de gobierno. En la primera etapa construimos el equivalente a mil escuelas, centros de atención primaria de la salud y reequipamos muchísimos de nuestros hospitales. Pusimos centros universitarios en 80 localidades pequeñas. Hicimos muchísimo en todas las áreas, lo que explicó en parte la reelección. Luego vinieron los primeros dos años de Milei y empezó a notarse muy fuerte la ausencia de un gobierno nacional. Milei dijo que venía a destruir el Estado desde adentro, como si fuera un topo, una persona absurda. Se presentó para manejar un Estado al que viene a destruir.

El propio Milei está reconociendo que el dato de la inflación, que ha vuelto a repuntar, es malo. 

No está funcionando. Aplicó un plan antiinflacionario que consiste en dejar fijo el tipo de cambio. Es un tipo de cambio atrasado, que hace que sea más barato ir de vacaciones fuera que dentro del país, o que sea más barato comprar alimentos de afuera. El otro elemento es una enorme recesión: limitar los ingresos. Desde que Milei asumió el poder planteó aumentos salariales de cero con una inflación que el año pasado fue del 31%. El último número es un 3,4% de inflación mensual. 

Como economista, ¿cuál sería su plan para la inflación? 

A mí me tocó ser ministro de Economía en los años 2014 y 2015, durante la época de Cristina Kirchner. Y el último indicador de inflación que tuvimos en el último año fue del 23% sin una recesión. Aún es alto, pero sin una recesión profunda, sin destruir los puestos de trabajo, sin destruir salarios, salud, educación y la vida de las personas. 

La tarea es mucho más grande que buscar el candidato. Esa sería más bien la culminación de un proceso, no su inicio

En las elecciones de septiembre de 2025 en la provincia de Buenos Aires obtuvo una victoria muy contundente que lo proyectó como líder de la oposición y como una alternativa electoral frente a Milei. Pero después llegaron los comicios legislativos nacionales de octubre y en ellos Javier Milei ganó con relativa holgura. ¿Qué lectura hace ahora de estas dos elecciones?

En la provincia de Buenos Aires pasamos de una victoria contundente a una elección muy polarizada, con listas nacionales, no provinciales. Se perdió, pero fue prácticamente un empate. Nosotros sacamos la misma cantidad de votos y todo el que había votado a diferentes expresiones regionales o locales se acumuló en Milei. En la provincia de Buenos Aires logró aproximadamente 20.000 votos de diferencia para un padrón de más de 10 millones. Fue una diferencia muy pequeña. Pero sí, Milei a nivel nacional sacó 40 puntos. Él lo presentó como una enorme victoria y dice: ‘Ahora voy a ir a fondo’, ‘ahora me voy a llevar el mundo por delante’. Y la verdad es que con 40 puntos nacionales tampoco estaba para tal prepotencia. 

Muchos en su espacio político le sitúan como candidato en las próximas elecciones argentinas frente a Milei. ¿Se lo está planteando?

La provincia de Buenos Aires es la más grande y muchas veces ha tenido candidatos a presidente después de que se cumplan los dos períodos como gobernador. No es raro que vean en mí una posibilidad de candidatura presidencial. 

Hay una tarea previa a una campaña y una candidatura: la reconstrucción del campo popular, de la fuerza política. Estamos en una situación muy excepcional, en un mundo que está reconfigurando sus esquemas de poder. Cada país tiene la obligación de enfrentar ese mundo planteando cosas nuevas ante fenómenos nuevos. La tarea es mucho más grande que buscar el candidato. Esa sería más bien la culminación de un proceso, no su inicio.

Cristina Kirchner, hoy presidenta del Partido Peronista a nivel nacional, está presa injustamente cumpliendo una condena

¿Hace falta primero una mayor unidad interna?

Sí. Eso también tiene que ver con algo que es habitual en fuerzas políticas como la nuestra, que tienen una historia tan larga. Hemos tenido discusiones, tenemos todavía disputas y hemos hecho un gobierno con el que no hemos tenido los resultados esperados. Además, Cristina Kirchner, hoy presidenta del Partido Peronista a nivel nacional, está presa injustamente cumpliendo una condena. 

Hablemos de la cumbre progresista que se celebra este fin de semana en Barcelona, en la que usted participa junto con muchísimos otros dirigentes y líderes de todo el mundo. ¿Qué espera de este encuentro?

Es una agenda muy, muy interesante, pero creo que es una reacción también. Y una apuesta ante una ultraderecha que, si bien es un fenómeno nuevo, ha mostrado que conforma una red internacional coordinada, que comparte un discurso.

¿Existe una internacional ultra?

Sí, existe.

Y no existe una internacional progresista.

La ultraderecha nos pone un desafío a todos. Lo importante de estos días es no discutirlo solo como una cuestión defensiva. También qué proponemos para el mundo que viene. Lo tenemos que pensar desde Latinoamérica, y desde Europa. Y si lo podemos pensar juntos es original, novedoso y potente.

¿Cuál es su posición frente a la guerra desatada por EEUU e Israel frente a Irán?

Quieren resolver con guerras problemas que la guerra solo viene a agravar. Es una aberración y tiene nuestra condena, con la particularidad de que el presidente argentino por el seguidismo, por la subordinación, por ideas tontas —casi diría pereza intelectual y deseo de agradar—, nos está metiendo como país en esos conflictos. Irán ha declarado a Argentina prácticamente enemigo. Estamos en la peor de las situaciones. Hay que dar una respuesta que sea a favor de los pueblos y claramente no la guerra.

Uno de los planes de Trump es precisamente reconstruir la hegemonía de EEUU en América Latina y ha encontrado en Milei uno de sus principales aliados. ¿Está subordinándose Argentina a Washington bajo ese eje Milei-Trump?

Argentina ha tenido otros episodios de subordinación de gobiernos de derecha y uno clásico ha sido el de Menem durante la década de los 90, que se autodenominaron “relaciones carnales” con Estados Unidos. Esto es peor. En Naciones Unidas, por ejemplo, solo tres países hemos votado en contra de determinar a la esclavitud como la aberración más grande en términos de delitos: Israel, Estados Unidos y Argentina. Es absurdo. Quiero pedir perdón por esos votos en nombre de una mayoría de argentinos. Estamos dándole la espalda a aliados históricos con cuestiones que tienen que ver con una agenda norteamericana. Me parece aberrante y vergonzoso para la Argentina.

En las elecciones de octubre ocurrió algo que tiene que ver con Estados Unidos: intercedió con una ayuda directa cuando el Gobierno estaba zozobrando y además intervino Trump pidiendo que se votara a Milei. Es una interferencia en política interna que pocas veces se había visto. 

Vemos a Trump peleándose con el Papa. Ha traspasado ya las últimas barreras.

Acaba de reeditar su libro ‘De Smith a Keynes siete lecciones de historia del pensamiento económico’. Milei se reivindica liberal. ¿Qué diría Adam Smith si pudiera ver las políticas de Milei?

Prácticamente todas las escuelas de pensamiento económico le dan un papel protagónico a Adam Smith como padre de la economía moderna, menos una, que es la escuela a la que pertenece Milei: la austriaca. Los autores de la escuela austríaca no ahorran en reproches, críticas y hasta prácticamente insultos a Adam Smith. Ser austriaco es ser antiliberal en el sentido del liberalismo de Smith. Smith reconoce que hay funciones que tiene que desempeñar el Estado y que son indelegables, como la educación. O que hay un peligro en los monopolios. Adam Smith critica los monopolios y Milei los reivindica. 

¿Qué opina de la posición y de la imagen internacional de Pedro Sánchez? En los últimos meses ha tenido bastante repercusión su oposición a Trump. 

Por eso estoy aquí también: porque en toda Europa y en todo el planeta las posiciones a favor de la guerra y de la ultraderecha son criticadas, resistidas y combatidas. Pedro Sánchez, también por decisiones que ha tomado y posiciones que ha adoptado contra la evolución más reciente de estas políticas, creo que se ha convertido en un referente internacional. 

Por supuesto que se pueden discutir muchas cosas, pero hoy vemos a Trump peleándose con el Papa León. Ha traspasado ya las últimas barreras. Y a mí me parece muy importante que, a pesar de las amenazas y los insultos, se pongan de pie diferentes referentes internacionales a defender sus posiciones. Yo estoy acá no para tomar partido en cada una de las decisiones, sino básicamente para decir que a esta ultraderecha hay que ponerle un límite y un dique. Y no solo eso. Hay que presentarle una alternativa.

Hemos visto este fin de semana la derrota de Orbán en Hungría, que es también la derrota de JD Vance, que lo fue a apoyar. Meloni ha perdido recientemente un referéndum muy importante en Italia, que es también su primera derrota en las urnas, en Chile ha ganado Kast... ¿En qué momento está el ciclo en el mundo, en América Latina y en Argentina?

Históricamente había algo pendular en América Latina que hacía que en los países ganaban posturas de base popular, progresistas o de izquierda. Y luego venía la derecha. Pero ahora está la ultraderecha y las grandes transformaciones que están ocurriendo creo que hacen la cuestión bastante más compleja. Estamos en un mundo en transición de un centro hegemónico muy fuerte después de la segunda posguerra, pero particularmente desde la caída del Muro. Era una hegemonía norteamericana que tenía que ver con cuestiones de reglas del juego internacional, pero también ideológicas, que en América Latina se le conoció como el neoliberalismo o el Consenso de Washington. Hoy vemos que ese pensamiento canónico está en discusión por la propia ultraderecha. Y la ultraderecha no es globalista.

¿Las provincias de Extremadura? En realidad son tres: “Cáceres, Badajoz y Leganés”. 

El dicho popular, muy extendido hace décadas, respondía a una realidad. Entre 1950 y 1975, Extremadura expulsó a casi la mitad de su población. Se fueron a las fábricas de Alemania, a las obras de Barcelona, a los suburbios de Madrid. Barrios enteros nacieron así: sin plan urbanístico, sin escuadra o cartabón. Casas bajas, construidas con las manos desnudas por los emigrantes que buscaban un techo para dormir. Es una herencia que aún es visible en parte del mapa de las grandes urbes españolas. Trazados caóticos, de calles estrechas y retorcidas más propias de la Edad Media, pero que se edificaron mientras el hombre llegaba a la Luna. Un siglo después del ensanche Cerdà o del Barrio de Salamanca de Madrid.

Aquellas ciudades no les esperaban, aquellos emigrantes tampoco eran bienvenidos. Las autoridades franquistas apostaban vigilantes en los trenes con destino a las zonas industriales. Identificaban a quienes viajaban sin contrato de trabajo. Los interrogaban y los mandaban de vuelta a sus pueblos. La respuesta de muchos extremeños era bajarse en la estación anterior y hacer el resto del camino a pie, campo a través, hasta llegar a casa de algún amigo o familiar en la ciudad. 

Esa gran ola migratoria afectó a toda la España rural. Pero se cebó especialmente con Extremadura.

Eran los “sin papeles” de entonces. Tampoco les trataron demasiado bien. 

Solo en Barcelona, el historiador Miguel Díaz Sánchez ha documentado más de 30.000 devoluciones desde el fin de la guerra hasta 1966. Antes de devolverles a su pueblo, primero se les encerraba con el pretexto de ser indigentes: en el Pabellón de Misiones, en Barcelona, o en el Matadero de Madrid. La orden de expulsión era clara: si les cazaban de vuelta, entrarían en prisión.

La represión del franquismo contra la emigración interior duró hasta los años 60. Acabó por dos motivos: la necesidad de más mano de obra en las ciudades y la incapacidad para evitar la emigración, por mucho esfuerzo que pusiera la Guardia Civil. Ni siquiera una dictadura pudo poner puertas al campo. Lo mismo ocurre hoy. A pesar de quienes creen que perseguir a los inmigrantes los hará desaparecer.

María Guardiola, presidenta de Extremadura: “Yo no puedo dejar entrar en Gobierno a aquellos que niegan la violencia machista, a quienes usan el trazo gordo, a quienes están deshumanizando a los inmigrantes”.

Es justo lo que acaba de firmar. 

El nuevo acuerdo extremeño entre el Partido Popular y Vox es una versión ampliada y extendida del mismo discurso ultra que ya pactaron en 2023. 

La extrema derecha no solo vuelve al Gobierno extremeño: ahora tendrá una vicepresidencia. Vox sigue negando la violencia machista y empleando el trazo gordo en sus discursos negacionistas contra las energías renovables o la agenda verde. En cuanto a la “deshumanización” de los inmigrantes, también subimos un nuevo escalón.

Vox lo llama “prioridad nacional”. El PP de Guardiola lo ha firmado sin rechistar. En la práctica, consiste en una política de racismo institucional: que los inmigrantes tengan menos derechos que los españoles pata negra en el acceso a las “ayudas, subvenciones y prestaciones públicas”.

Todo esto en una región donde los extranjeros son apenas el 4,7% de la población: un tercio de la media nacional (14,1%). No hay ninguna emergencia migratoria en Cáceres ni en Badajoz, es más bien al revés. Sin la llegada de los pocos inmigrantes extranjeros que se mudan allí, Extremadura seguiría perdiendo población. Son muy pocos, pero aunque no lo fueran: recortar derechos a personas por su origen es pura discriminación. 

“No se puede dejar al margen a nadie de un sistema en el que ha contribuido”. Y esto no lo digo yo, lo dice Isabel Díaz Ayuso. Cómo será este acuerdo para que le haya parecido mal incluso a la dirigente más trumpista del PP.

Hay otro problema: la “prioridad nacional” que plantean es profundamente ilegal. No se podrá aplicar. Con las leyes vigentes, a estas personas migrantes no se las puede discriminar. Otra cosa es que el PP y Vox, en el futuro, cambien la ley orgánica de Extranjería, como pretenden. Pero con este Congreso de los Diputados, por ahora, no ocurrirá. 

Tampoco podrán discriminar a los inmigrantes en el acceso a la Sanidad, como plantea Vox. Es una competencia cuya gestión está transferida, pero todas las autonomías deben dar acceso a todas las personas, según las leyes y derechos estatales. Hace unas semanas, un nuevo decreto amplió la sanidad pública incluso a los extranjeros sin residencia legal.

Que todas las personas que viven en España mantengan el acceso gratuito a la sanidad no solo es una buena noticia por una cuestión de humanidad: es también salud pública. ¿O acaso creen los votantes de Vox que los virus y bacterias respetarán su “prioridad nacional”?

Sí hay en el acuerdo extremeño otras trampas xenófobas que buscan este mismo objetivo racista, pero que recurren a métodos más sibilinos. PP y Vox han firmado ampliar el plazo mínimo de empadronamiento en Extremadura para poder optar a viviendas de protección oficial. Serán al menos diez años para la compraventa, cinco años para el alquiler social. No hace falta poner “los españoles primero” en este nuevo requisito legal, pero el objetivo es el que es: dejar fuera a los inmigrantes de las políticas públicas de vivienda. Son ellos, mayoritariamente, los que tienen pocos años de antigüedad en el padrón.

Esta idea, sin embargo, no es original. Es la misma medida que ha aplicado en Madrid Isabel Díaz Ayuso. Fue por voluntad propia: sin necesidad de que le presionaran desde Vox. 

El acuerdo extremeño es solo un aperitivo de lo que está por llegar. La “prioridad nacional” es el nuevo “pin parental”: la medida estrella que Vox quiere colar en todos los acuerdos con el PP, empezando por Aragón y Castilla y León. 

Tiene una parte de propaganda: varios de sus efectos prácticos en las autonomías serán muy limitados mientras no logren cambiar las leyes orgánicas. Pero también de amenaza: está claro cuál es el plan. Si de Vox dependiera, en España también tendríamos, a la caza de inmigrantes, a las milicias trumpistas del ICE.

Tanto Vox como el Partido Popular creen haber encontrado en el rechazo a la inmigración un caballo electoral ganador. Lamentablemente, es posible que tengan razón. Es una vieja historia. Cambian los nombres, el acento, el color de la piel, pero el mecanismo es siempre el mismo: culpar al último en llegar. Convertir al más débil en el problema. Señalar hacia abajo para no mirar hacia arriba.

El periodista alemán Ernst Klee publicó en 1971 un libro sobre las pésimas condiciones de vida de los inmigrantes españoles, italianos o griegos en la Europa rica. El título era esclarecedor: “Die Nigger Europas”. Los negros de Europa.

La mitad de los españoles que emigraron en esos años hacia Europa para trabajar lo hacía sin papeles ni permisos. Como siempre ha pasado en la historia, este tipo de barreras administrativas son inútiles cuando existe una necesidad material. Discriminar a los emigrantes no les hará desaparecer, solo hará su vida aún peor. 

Ojalá los abuelos extremeños expliquen a sus nietos en qué consiste la empatía, el respeto y la humanidad. Aquellos que se bajaban del tren una estación antes para no ser devueltos a su pueblo. Aquellos que mandaban pesetas a casa desde las fábricas del Ruhr. Aquellos que construyeron Leganés. 

No hace tanto tiempo, esos otros éramos nosotros.

“Habría que remontarse al reinado de Fernando VII”, afirma el juez Juan Carlos Peinado. Esto es “más propio de regímenes absolutistas”, escribe también. No lo hace en un artículo de opinión: se supone que son argumentos jurídicos, están en el punto segundo de sus “fundamentos de derecho”. Son parte de su obra magna, la cumbre de su carrera: el auto de 39 páginas con el que coloca a un paso del banquillo a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez.

Han sido dos años de instrucción anómalos como pocos. No solo por la más de una decena de ocasiones en las que otros tribunales –el Supremo y la Audiencia de Madrid– han corregido o desacreditado las decisiones de este juez. También por las conclusiones a las que llega Peinado tras su ardua investigación. Estamos ante un supuesto caso de corrupción que es la definición perfecta de un oxímoron. La contradicción en los términos en su máxima expresión. 

Peinado acusa de cuatro delitos: corrupción en los negocios, apropiación indebida, tráfico de influencias y malversación. Lo hace contra el criterio de la Fiscalía, que lleva tiempo pidiendo el archivo, y con el único apoyo de las acusaciones populares de la ultraderecha. 

Cada uno de estos delitos es un imposible en sí mismo. Son el asesinato sin muerto, el soborno sin mordida o el robo sin botín. La versión más creativa del derecho penal que se ha visto en mucho tiempo en los tribunales españoles. Y eso que hay un nivel de competición. 

1. La corrupción sin negocio

Según el juez Peinado, Begoña Gómez se dedicaba a conseguir dinero de empresas para enriquecerse. Es la base del primero de los supuestos delitos: la corrupción en los negocios.

 “La investigada fue la impulsora de la captación de fondos privados e, indiciariamente, no para la cátedra universitaria pública (lo cual era solo en apariencia), sino para integrarlo en su patrimonio personal”, pone por escrito el juez. 

Es falso. Y los datos salen de la propia instrucción. 

Ese dinero de empresas privadas que conseguía Begoña Gómez iba destinado a la Universidad Complutense de Madrid. A un proyecto educativo sin ánimo de lucro: financiar una cátedra universitaria y el desarrollo de un software gratuito en apoyo a las pequeñas empresas.

Begoña Gómez no se llevaba ninguna comisión de esos ingresos. Tampoco recibió un solo euro por dirigir esa cátedra. Solo cobraba por dar clases en varios másteres, con las tarifas miserables que paga la arruinada universidad madrileña.

En una década de colaboración con la Complutense –entre 2012 y 2022– Begoña Gómez ingresó 34.314 euros en total. Ni en su mejor año llegó siquiera al Salario Mínimo Interprofesional. La Guardia Civil investigó sus cuentas bancarias de manera exhaustiva. No encontró ningún pago irregular. El fiscal fue categórico en uno de sus últimos escritos: “No parece que el lucro sea sospechoso ni disparatado.”

Es un plan sin fisuras: usar tu enorme influencia como mujer del presidente del Gobierno para acabar dando clases por 500 euros al mes. 

2. El robo sin botín

El segundo delito es apropiación indebida. El juez Peinado calcula lo robado en más de 300.000 euros. Es el coste que tuvieron las aportaciones de Google, Indra y Telefónica para desarrollar un software del que Begoña Gómez se apropió, según el juez.

Es un extraño robo. Uno que no se produjo y donde no había nada de valor.

El software en cuestión era un proyecto sin ánimo de lucro. Era una herramienta digital que ayudaba a las pequeñas empresas a medir su impacto social y medioambiental para después poder acceder a ayudas públicas. Las empresas que lo usaban –llegó a estar operativo– respondían a un cuestionario interactivo y obtenían un informe con recomendaciones. 

Este software era gratuito, abierto a cualquiera que lo quisiera usar. Nunca generó un solo euro, ni tampoco había plan alguno para cobrar. 

¿Alguien sabe explicar para qué sirve robar un software así? ¿Dónde está el negocio? Peinado tampoco lo sabe. Lo habría puesto por escrito alguna vez.

Pero es que también es falsa la acusación principal: que Begoña Gómez lo tratara de robar. Nunca registró ese software a su nombre, como le acusa Peinado. Hubo un trámite inconcluso en marcha, pero fue para registrar ese desarrollo informático a nombre de la propia Universidad.

Lo que sí hizo Begoña Gómez fue registrar el nombre como marca comercial –antes siquiera de que se lanzara la cátedra–, constituir una empresa con esa denominación y poner a su nombre el dominio de la web: transformatsc.org.

Ese registro de la web costó 25 euros. Lo hizo personalmente Begoña Gómez por indicación expresa –y por escrito– de la propia universidad.

Es un robo peculiar: el botín, por ahora, va en una pérdida de 25 euros y un juicio por lo penal.

3. El tráfico sin influencia

El tercer delito –tráfico de influencias– se basa en unas cartas de recomendación. Unos escritos que Begoña Gómez firmó como directora de su cátedra, y que el empresario Carlos Barrabés presentó para lograr la adjudicación de dos contratos con la empresa pública Red.es.

Para el juez, esta es la pistola humeante –en dos años, no ha encontrado nada mejor– para demostrar una red de intercambio de ventajas donde la mujer del presidente utilizaba su influencia para beneficiarse económicamente. 

El primer problema ya lo hemos explicado: no hay beneficio económico. El dinero iba a una universidad pública.

El segundo es que tampoco hay influencia relevante. Junto a Begoña Gómez, otras 31 personas e instituciones firmaron cartas de recomendación idénticas a favor de Barrabés. Entre ellas, el Ayuntamiento de Madrid, gobernado por el Partido Popular. 

Peinado no ha imputado al Ayuntamiento de Madrid por tráfico de influencias. Tampoco a ningún otro de los que firmaron estos documentos. Pero eso sería investigar el presunto delito, y no a la presunta culpable, como este juez parece hacer.

Hay un dato que el auto de Peinado omite: la Guardia Civil elaboró un informe al inicio de la causa que descartaba expresamente el tráfico de influencias. El juez lo ignoró. 

Además, este asunto ya ni siquiera le concierne: las adjudicaciones de Red.es a Barrabés están siendo investigadas por la Fiscalía Europea Anticorrupción, que no ha encontrado prueba alguna de que Begoña Gómez influyera en nada. Allí no está imputada: solo ha sido citada a declarar como testigo.

4. La malversación sin malversador

Aunque a Peinado le resulte increíble, no hay que irse a la mujer de Fernando VII para encontrar a una primera dama con asistentes pagados con dinero público. Absolutamente todas las esposas de todos los presidentes del Gobierno han tenido uno o varios. Es una práctica consolidada en democracia.

La persona que ayudaba a Begoña Gómez se llama Cristina Álvarez. Sus funciones incluían el acompañamiento en desplazamientos y la coordinación con los equipos de protocolo y seguridad. Era un puesto de disponibilidad total, a jornada completa.

De esos siete años, la instrucción ha logrado acreditar esta dedicación a la cátedra: 21 correos en tres años, asistencia a diez actos en ocho años, y una reunión de una hora. Según los cálculos de la defensa: unas cuatro horas al año. 

Cuatro horas, de una jornada anual de 1.642 horas.

Pero el problema no solo está en si pueden ser delictivas estas gestiones para el “negocio” de ayudar a una universidad pública en proyectos sin ánimo de lucro. También a quién se acusa. 

La malversación de caudales públicos es un delito que solo puede cometer quien decide sobre ese dinero. No quien lo disfruta. Hay jurisprudencia previa que exime incluso a los funcionarios que han cobrado por un puesto que no debería existir, siempre que realmente fueran a trabajar.

¿Quién decidió que Begoña Gómez tuviera un asistente? Por esta vía, el juez Peinado intentó imputar al actual ministro de Justicia, Félix Bolaños, que era secretario general de Presidencia cuando se contrató a esta persona. El Tribunal Supremo se negó.

A falta de malversador, Peinado ha construido una malversación circular. Begoña Gómez es responsable de un delito que no puede cometer porque no es funcionaria. Y Cristina Álvarez es cómplice de un delito que tampoco puede cometer porque no decidió el destino de su propio trabajo. Cada una es colaboradora del delito de la otra. Ninguna es autora.

Lo lógico es que Peinado hubiera archivado toda esta parte de la malversación cuando el Supremo se negó a juzgar a Bolaños. Si no hay autor material del delito, ¿cómo puede haber cómplices? Pero la lógica en el juzgado de Peinado nunca acaba de funcionar.

Al menos en este auto, el juez Peinado ha archivado el quinto delito que estaba investigando: el de “intrusismo profesional”. Acusaba a Begoña Gómez de haber firmado sin la cualificación adecuada unos pliegos técnicos para el desarrollo del famoso software, algo que hizo porque así se lo pidió expresamente la Universidad Complutense. 

Peinado archiva este delito, pero lo hace a regañadientes. Deslizando que aún así estuvo mal. Lo hace con un latinajo: “Corruptio optimi pessima”. Se traduce como “la corrupción de lo mejor es lo peor”. En este contexto: es más grave cuando quien está obligado a los más altos principios lo hace mal.

Un juez de instrucción, por ejemplo. 

José Barrionuevo, Rodrigo Rato, Jaume Matas, Eduardo Zaplana... La lista de exministros en el banquillo de los acusados no es tan larga y en una misma semana se han sumado de golpe dos nombres más: José Luis Ábalos y Jorge Fernández Díaz. La política es también la agenda informativa: el espacio en las portadas de los periódicos es un bien escaso, los minutos de la televisión también. Y la Justicia ha decidido, casualmente, que ambos juicios se celebren a la vez. 

Para sorpresa de nadie, esta oportuna coincidencia está sirviendo para que el esperado caso Kitchen pase en muchos medios a segunda división. ¿A quién le importa el uso de los fondos reservados para destruir pruebas de corrupción cuando tienes a Jessica enchufada en un puesto de trabajo al que nunca fue? 

Esta coincidencia cósmica, dos exministros en el banquillo a la vez, fue decidida por el Tribunal Supremo. Por la Sala de lo Penal. El juicio de la Kitchen, en la Audiencia Nacional, ya estaba en agenda cuando se fijó la misma fecha para Ábalos. Pero los parecidos se acaban con la semana en la que arrancan los juicios. El resto del proceso penal de ambos exministros no ha sido igual.

El caso mascarillas –por el que Ábalos está siendo juzgado– comenzó a investigarse en 2022 sobre unos hechos ocurridos en 2020. La Kitchen, en 2018, por algo que pasó en 2013. Hay cuatro años de diferencia en la instrucción. Siete años de distancia, si contamos desde que se cometió el presunto delito.

Ábalos es un apestado, con razón. Nadie de su partido le defiende. Fue expulsado del PSOE meses antes de que fuera siquiera imputado, cuando estalló el caso Koldo. Fernández Díaz, mientras tanto, sigue publicando todas las semanas artículos en la prensa de derechas. Pontificando sobre la corrupción de los demás. 

Ábalos duerme cada noche en la cárcel. Es prisión preventiva, aunque aún no hay sentencia, supuestamente por el riesgo de fuga ante las elevadas penas a las que se enfrenta. Jorge Fernández Díaz duerme en su casa. Aunque las acusaciones contra él son también muy graves, la Justicia aquí no ve riesgo de fuga.

Incluso si Jorge Fernández Díaz es condenado, es posible que siga durmiendo en su casa, como ocurre con Eduardo Zaplana. Salvo que la condena fuera muy alta, no entraría en prisión hasta que la sentencia sea firme en el Supremo. Para eso, aún quedan unos años.

Si Ábalos es condenado –cosa probable– seguirá durmiendo en prisión. Su sentencia sí sería firme, al ser del Supremo. Y no tendría siquiera un calendario claro de cuándo podría salir. Aún tiene pendiente otra causa penal en la Audiencia Nacional, junto a Santos Cerdán. Hasta que no haya sentencia firme de ese segundo juicio –si es condenado– tampoco podrá consolidar penas.

Hay una justicia rápida. Hay otra muy lenta. La diferencia de velocidad en teoría responde al juzgado que instruye cada caso. La Audiencia Nacional está colapsada. El Tribunal Supremo apenas celebra juicios: solo los de los aforados o de aquellas excepciones que le vienen mejor, como ocurrió con el Procés, que debería haberse juzgado en el TSJ catalán. Por eso la Kitchen fue lentísima en la Audiencia Nacional y lo de Ábalos, o lo del fiscal general, ha sido a toda velocidad.

Pero esta explicación es incompleta para entender el ritmo electrizante con el que Ábalos ha sido encarcelado, está siendo juzgado y probablemente será condenado. Este juicio es anómalo porque es un proceso contra la persona, y no contra los delitos.

A Ábalos se le acusa en este juicio de haber cobrado comisiones por la adjudicación de un contrato de mascarillas durante la pandemia. Pero el empresario que vendió esas mascarillas no está en el banquillo de los acusados en el Supremo.

También se le acusa de haber enchufado en dos empresas públicas a una de sus parejas, Jessica Rodríguez. Pero los directivos de esas empresas que colaboraron con el enchufe y permitieron que Jessica no fuera siquiera a trabajar tampoco están entre los acusados en este juicio.

A Ábalos también se le juzga por disfrutar durante el verano de un chalet gratis en la costa a cambio de otro favor político que prometió a una empresa de hidrocarburos. Pero la empresaria que pagó ese chalet tampoco está en el banquillo. Ni tampoco el empresario de hidrocarburos que supuestamente lo sobornó.

La mayor parte de estas personas que colaboraron, indujeron o participaron en los presuntos delitos de Ábalos están imputadas. Acusadas judicialmente por estos hechos. Pero no en el Supremo, sino en la Audiencia Nacional. Han sido convocados a este juicio, pero solo como testigos, no como imputados: con obligación de decir verdad. Aún queda mucho para que sean juzgadas. Cuando puedan defenderse, ya dará igual, porque para entonces ya habrá una sentencia en firme del Tribunal Supremo sobre estos mismos hechos. 

Hay también una curiosa excepción: el caso de Jessica Rodríguez. No está imputada en ningún sitio, ni el Supremo ni en la Audiencia Nacional. Por mucho que pregunto a mis fuentes jurídicas, nadie me sabe explicar por qué ella no está siquiera acusada, pero el hermano de Pedro Sánchez será juzgado. Y eso que David Sánchez sí iba a trabajar. 

Volvamos a Ábalos. En teoría, un mismo delito no se puede juzgar dos veces. En teoría, los acusados tienen derecho a defenderse. En teoría, las piezas separadas en los juzgados se trocean en función de los presuntos delitos, no según las personas que participan en ellos. Pero con este caso, el imaginativo Tribunal Supremo ha inaugurado una nueva forma de juzgar. 

Como Ábalos era diputado, la competencia en la instrucción era del Tribunal Supremo. Cuando la Audiencia Nacional –que empezó la investigación del caso Koldo– pidió la imputación del ministro, lo lógico habría sido que todos los demás implicados hubieran pasado al Tribunal Supremo junto a él. Es lo que se hizo, por ejemplo, cuando el Supremo asumió la investigación de toda la causa de los GAL porque José Barrionuevo era aforado. Toda aquella investigación pasó al Supremo, Amedo no siguió en la Audiencia Nacional.

En vez de eso, en esta ocasión, se partió la instrucción de una forma absolutamente artificial: Ábalos, Koldo y Aldama, al Supremo. Y el resto de la tropa se quedó en la Audiencia Nacional. 

¿Pueden dos tribunales distintos investigar y juzgar unos mismos delitos? En España parece que sí. 

Si el Supremo se hubiera quedado con toda la causa en aquel momento –habría sido lo razonable–, es dudoso que hubiera podido ir tan deprisa. Con los GAL tardaron tres años desde que asumieron la instrucción. Cuando hay muchos acusados, los tiempos de la Justicia se suelen alargar. 

El día en que Ábalos renunció a su escaño –el 28 de enero de 2026– este juicio aún no tenía fecha. El Supremo podría haberlo mandado de vuelta a la Audiencia Nacional y acabar con esta absurda división. Ninguna ley se lo impide, solo un acuerdo en el pleno que se puede cambiar. Pero claro, enviar el caso a este juzgado colapsado no habría permitido condenar a un exministro de Pedro Sánchez antes de que llegue el verano, como probablemente ocurrirá. Las prisas son políticas.

Las anomalías en este caso de corrupción –porque es corrupción, a pesar de estas extrañas maniobras judiciales– no se acaban aquí. Te recomiendo este artículo del abogado Carlos López-Keller que explica muy bien esta absurda división y otros desatinos más. Una de sus metáforas sobre el juicio es muy potente: “Como el plato es escaso, lo llenan de guarnición”. Se supone que este juicio va de las mordidas por los contratos de mascarillas durante la pandemia. Pero en lo que llevamos de juicio, el enchufe de Jessica Rodríguez (una malversación de 44.000 euros) parece ser la gran prioridad. El dinero de las supuestas comisiones, por ahora, parece más difuso.

La exuberante instrucción del Supremo contrasta con la otra pista de este doble circo: el caso Kitchen. 

De aquella investigación se ocupó Manuel García Castellón. Es ese juez que recomendaba Ignacio González, en conversación con Eduardo Zaplana, cuando pedía mandar al magistrado que ocupaba su plaza en la Audiencia Nacional “a tomar por culo a Onteniente”.

Es el mismo juez que, tal y como pronosticaba González, pidió volver a su plaza en la Audiencia Nacional: a cobrar menos y trabajar más. 

Es el mismo que acusó de terrorismo a Carles Puigdemont con la coartada de un turista francés que había fallecido de un infarto durante las protestas independentistas en el aeropuerto de El Prat. El mismo que tuvo que cerrar abruptamente aquella investigación porque metió la pata con los plazos. 

En la Kitchen, García Castellón tampoco decepcionó. Fue el responsable de que Mariano Rajoy ni siquiera fuera llamado a declarar como testigo, como pedía la Fiscalía Anticorrupción. Y había argumentos más que de sobra para ello: Rajoy no solo era el jefe directo de Fernández Díaz, sino también el principal beneficiario de que la Kitchen destruyera esas pruebas de corrupción que guardaba Luis Bárcenas. Unas supuestas grabaciones que le afectaban directamente a él, y también al partido del que era presidente.

García Castellón también fue quien salvó de este juicio a María Dolores de Cospedal, de nuevo en contra del criterio de la Fiscalía, a pesar de esos audios donde la entonces número dos del PP hablaba con Villarejo de “la libretita de Bárcenas”.

El caso Kitchen llega a juicio, trece años después. Pero aún quedan por investigar judicialmente muchos otros de los presuntos delitos que cometió esa policía política que anidaba en ese Ministerio del Interior. La Operación Catalunya, contra los independentistas. La guerra sucia contra Podemos y todos los rivales políticos del PP. Todo eso aún sigue impune. Es muy probable que nunca se llegue a juzgar.

Porque la Justicia es igual para todos y los niños vienen de París. Más concretamente, de la Plaza de París, en Madrid, donde tiene su sede el Tribunal Supremo español.

P.D. En elDiario.es hemos producido dos documentales cortos sobre cada uno de estos juicios. El primero: Caso Ábalos, la tríada de la corrupción. El segundo: Juicio final a la guerra sucia del PP. Te recomiendo que los veas: son muy buenos y ayudan a comprender lo que pasó. 

Y el lunes, estrenamos otro documental más: Las tres guerras sucias del PP. Espero que te gusten.

Casi un mes después de empezar los bombardeos, Alberto Núñez Feijóo ha descubierto al fin que está en contra de la guerra. Ha tardado en llegar a este punto. Pero aún le queda una tarea importante: decirnos lo que piensa de ese líder internacional que ha provocado esta catástrofe. 

O al menos decir su nombre. 

Hay una larga tradición cultural para este tipo de tabú. La referencia más popular probablemente está en los libros de Harry Potter. Se trata de Voldemort: ese mago tan poderoso y temido que casi nadie se atreve a nombrarlo. Apenas se le menciona, salvo que sea imprescindible. Y cuando no queda otro remedio, se refieren a él con un circunloquio: “El que no debe ser nombrado”. 

La idea no es original. Ni falta que hace: la excepcional saga de J. K. Rowling es una de las mejores vías para iniciar a los niños en el maravilloso hábito de la lectura. Ese tabú de no nombrar a alguien temido y poderoso viene de la mitología. De los griegos, que llamaban “euménides” (benévolas) a las Erinias: las diosas de la venganza, que castigaban en el Tártaro a los criminales. Decir su verdadero nombre en voz alta era algo que la mayoría de los griegos evitaba, por el miedo a invocarlas y provocar una represalia.

Ese miedo está también en el judaísmo. En el tetragrámaton de cuatro letras hebreas con el que se nombra a Dios, una palabra tan sagrada que la tradición prohíbe pronunciarla en voz alta. Y si se escribe, tampoco se debe destruir después el texto. Por eso se le llama “Adonai” (señor) o “HaShem”, que se traduce literalmente como “el nombre”. El eufemismo no oculta nada: todos saben perfectamente de quién se habla.

En las novelas de Harry Potter, no era solo miedo o superstición. Había también una razón técnica, o más bien mágica: era tanto el poder de Voldemort que podía rastrear la ubicación de cualquiera que lo nombrara. No es muy distinto a lo que ocurre con la dictadura china y los sistemas de vigilancia masiva en los programas de mensajería en el móvil, sus equivalentes a WhatsApp. Pocos escriben el nombre de Xi Jinping cuando se trata de una crítica. Por motivos obvios. 

El caso español tiene su propio Voldemort. Es Donald Trump. Y el miedo del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, se nota en las vueltas que da para evitar nombrarlo.

Durante las últimas semanas, el líder del PP ha pronunciado docenas de discursos sobre la guerra contra Irán. Ha hablado de “nuestros aliados”, de “la administración norteamericana”, de “Estados Unidos”, de “Occidente”. Ha dicho también que Pedro Sánchez se ha “enfrentado a un aliado” y que eso “perjudica los intereses de España”. Ha pedido que España “vuelva a estar del lado de la libertad”. Y ha hecho todo tipo de malabarismos para intentar defender dos posiciones imposibles. 

La primera fue apoyar la guerra de Trump y Netanyahu contra Irán. Es lo que hizo en las primeras semanas y basta repasar sus tuits, declaraciones y comunicados de entonces para comprobarlo. Y cuando vio que hasta sus propios votantes estaban en contra, empezó un nuevo giro: un “no a la guerra” en abstracto, donde al principal responsable de este enorme desastre ni siquiera se le nombra. 

En privado, Feijóo asegura compartir todas las críticas a Trump que sí se atreve a hacer hasta la FAES. Pero también dice no querer manifestarlas por “responsabilidad”. Es una curiosa excusa.

En público, hay que buscar con lupa las ocasiones en las que Feijóo menciona siquiera a Donald Trump por su nombre. En su cuenta de X no hay una sola desde que empezó esta guerra. En entrevistas, solo lo hace si le preguntan específicamente por el presidente estadounidense, y para ponerse de perfil. En su discurso en el Congreso de esta semana, solo lo nombró una vez. La frase literal fue esta:

“Lo que pasa en el mundo es algo más complejo que estar cerca o lejos de Trump. Ojalá fuese tan simple”.

¿Ojalá fuera tan simple? ¿Es que acaso cree el presidente del PP que hay alguna otra persona, algún otro motivo, que permita explicar la crisis económica mundial que se nos viene encima? ¿O es que esta guerra fue un infortunio meteorológico que nos cayó del cielo? 

¿Hay algún otro líder internacional en los últimos 80 años que haya puesto en riesgo de forma más grave el bienestar y la seguridad de todos los habitantes del planeta? ¿Algún otro asunto sobre el que cualquier líder político deba al menos explicarnos lo que piensa?

La posición de Feijóo con este tema no solo es estrambótica en España. También en Europa, donde el resto de los líderes conservadores ni fueron tan serviles en su defensa del ataque contra Irán ni han tardado tanto tiempo en oponerse a esta guerra ilegal. Hasta Giorgia Meloni ha sido más rápida que Feijóo en este viaje. Y ni siquiera así evitó su primera gran derrota, en el reciente referéndum italiano sobre su reforma de la Justicia.

El problema de Feijóo es siempre el mismo. Toda su política, también la internacional, se define por llevar la contraria al Gobierno, sea cual sea el asunto a debate. 

Se opuso a la excepción ibérica con el tope al gas –“timo ibérico”, lo llamaba– que permitió a los españoles pagar una de las facturas eléctricas más baratas de toda Europa durante la crisis de Ucrania. Fue el único partido de la oposición en toda la UE que cuestionó la gestión de los fondos europeos en su propio país, sembrando dudas sobre España. Votó en contra de la misma reforma de la ley del suelo que pedían sus propios ayuntamientos. Se opuso frontalmente a una reforma del sistema de financiación que beneficiaba especialmente a las autonomías donde su partido gobierna. Ordenó a sus presidentes autonómicos que rechazaran la quita de la deuda que les ofrecía Sánchez (como en el chiste: “que se joda el sargento, que no como”). Y esta misma semana se ha abstenido en el decreto con la rebaja de impuestos a los combustibles que él mismo pedía. 

Cualquier día Feijóo nos dirá que la Tierra es plana, si es que a Sánchez le da por insistir en que es redonda. Con suerte, lo mismo se abstiene: “Ni redondismo ni terraplanismo”. 

Feijóo también olvida que no es él, sino “Santiago Obescal”, el elegido por Trump como virrey de Estados Unidos para España. O tal vez lo recuerda mucho, y está intentando postularse para el cargo.

Al mismo tiempo, su cobardía frente al matón de la Casa Blanca permite profetizar cuál será su política si llega a La Moncloa. ¿Qué piensa hacer Feijóo con la subida del gasto militar del 2% al 5% del PIB que exige esa persona naranja de la que nunca nos habla? ¿De dónde piensa sacar el dinero, o la valentía para negarse?

P.D. El próximo sábado no te escribiré. Me tomo unos días de descanso con mi familia. Nos vemos a la vuelta.

Ante cada crisis del petróleo, España repite la misma fórmula: descuentos al combustible que no tenemos, pagados con dinero público que no nos sobra. Es una receta populista, ineficaz y regresiva. Una idea equivocada, que lleva saliendo mal desde hace medio siglo. 

El primero que apostó por ella fue Franco, en 1973, tras la primera gran crisis del petróleo. La Guerra del Yom Kippur –apenas 19 días– llevó a un embargo de los países árabes exportadores contra EEUU y sus aliados, por su apoyo a Israel en ese conflicto. El precio del crudo subió un 70% en un solo día; acabaría multiplicándose por cuatro. La respuesta de la dictadura fue intentar que los españoles no se enteraran de la crisis. Evitar medidas impopulares en un momento en que el régimen agonizaba. Mientras el precio de la gasolina se disparaba en todo el mundo, en España solo subió un 20%. El resto lo ponía el Estado.

Aquella política fue desastrosa. Los ingresos del Estado por el monopolio del petróleo pasaron de 26.355 millones de pesetas en 1973 a solo 234 millones en 1974. El descuento a la gasolina se comió el 4,7% del presupuesto público. Al no trasladar el precio del petróleo, España siguió como si nada hasta finales de 1975. No se redujo el consumo. El golpe llegó después, mucho más duro. El crecimiento del PIB pasó del 7,8% en 1973 al 0,5% en 1975. La inflación alcanzó el 28% en 1977. Los Pactos de la Moncloa estabilizaron la situación, pero sin abordar la dependencia energética. Cuando llegó la segunda crisis del petróleo, en 1979, España seguía sin los deberes hechos. La economía se atascó durante casi una década.

Por fortuna, ya no estamos en esa época. En este siglo XXI, España ha transformado su modelo energético, algo que está siendo clave en el crecimiento de nuestra economía. Hoy España produce electricidad más barata gracias a las renovables, que suman casi el 60% de la producción. “El sábado pasado, el precio del megavatio hora en España fue de 14 euros, frente a más de 100 en Italia, Alemania o Francia”, presumió Pedro Sánchez en su rueda de prensa de este viernes. 

“España está mejor preparado que casi ningún otro país de nuestro entorno para este shock energético”, dijo también el presidente. Es una verdad a medias.

En producción eléctrica renovable hemos hecho los deberes. España saca muy buena nota. No así en el transporte: ahí el suspenso es absoluto. 

España ocupa en torno al puesto 20 en la UE en penetración del coche eléctrico. Solo hay siete países peor. En ventas nuevas, sumando híbridos enchufables, España apenas alcanza el 20%, frente al 30% de Alemania, el 35% de Países Bajos, el 38% de Portugal o el 50% de Dinamarca. Si miramos el parque total, el porcentaje es ridículo: apenas el 1,5% tiene etiqueta cero. La inmensa mayoría de los coches en España dependen del petróleo.

Quien cree que es un problema de renta se equivoca. ¿Por qué Portugal sí está logrando el despegue del coche eléctrico y no España?

Se entiende todo mejor con este gráfico. Ojo: son datos previos a la bajada al 10% del IVA para los combustibles que acaba de anunciar el Gobierno.

Somos uno de los países de la UE con impuestos más bajos a los combustibles. En gasolina, solo Bulgaria tiene una carga fiscal menor. En diésel, solo nos gana Estonia. En precio final, es difícil encontrar gasolineras más baratas que las españolas entre los países de nuestro entorno. Por eso las colas, en la frontera, siempre están de nuestro lado.

Al mismo tiempo, antes de impuestos, el precio de la gasolina en España es de los más altos de Europa. Algo que solo se puede explicar por los márgenes del refino y de las distribuidoras: no por la carga fiscal que soportan los combustibles ni por el precio mundial del crudo, que es similar para todos.

En parte es herencia de las políticas franquistas, que la democracia nunca corrigió por el mismo motivo: es impopular. El resto de Europa lleva décadas gravando fuertemente el combustible para reducir su consumo y la dependencia del petróleo. 

En toda Europa hay campañas públicas para animar a los conductores a revisar la presión de sus ruedas: el consumo aumenta hasta un 10% si están poco infladas. Cobran peajes en las vías de alta velocidad y es por lo mismo: para desincentivar el coche privado y no subvencionar el transporte de mercancías por carretera. En las grandes ciudades, apuestan por la bicicleta, o por restringir el coche en el centro. 

España, país sin petróleo, pero paraíso de la gasolina (para las petroleras, más que para los consumidores). Y también del diésel: la Comisión Europea lleva años exigiendo eliminar su ventaja fiscal, hasta el punto de que hay 1.000 millones de fondos europeos en juego.

Es una cantidad que probablemente haya que sumar a los 5.000 millones en descuentos fiscales que ayer anunció el Gobierno, su plan frente a la guerra de Irán. Se dice pronto esa cifra: 5.000 millones es el doble que la mayor convocatoria de becas de la historia.

Esta rebaja de impuestos será regresiva: la mayor parte irá a familias que no lo necesitan. Será ineficaz: engordará los beneficios de las petroleras. E irá en dirección contraria a lo que España necesita: depender menos del petróleo.

Ya lo vimos en la anterior legislatura, con el descuento de 20 céntimos por litro de combustible durante la crisis de Ucrania. Según los datos de la AIREF, costó 4.531 millones de euros. El 40% fue al tercio más rico; el más pobre solo recibió el 20%. Y unos 857 millones acabaron mejorando los beneficios de las petroleras, según este estudio. 

Aquella medida solo sirvió para frenar el IPC. Como España tiene impuestos más bajos sobre el combustible, también es donde más aumenta el precio cuando sube el petróleo. Un problema que no se resolverá mientras no se corrija esa fiscalidad.

El PSOE parece haber optado por un paquete de medidas que perfectamente podría haber firmado la derecha. Es casi lo mismo que pedía Feijóo: bajar unos impuestos que ya eran bajos. Parece que la prioridad –más que tomar las medidas adecuadas– era hacer algo que pudiera ganar la votación en el Congreso.

Es también decepcionante el papel de Sumar en esta negociación. Retrasaron su entrada en el Consejo de Ministros como modo de presión para incluir la moratoria para los pisos de alquiler. Es un gesto de cara a la galería: esa moratoria no va a prosperar –como saben todos en la coalición– porque no hay mayoría suficiente en el Congreso. PNV y Junts se oponen frontalmente.

El problema de fondo sigue siendo el de siempre, igual que en los años 70. Nadie quiere tomar una medida tan impopular como subir la gasolina o el diesel, o permitir que suban. 

La electricidad en España –el precio mayorista– es una de las más baratas de Europa. Hay horas, casi todas las semanas, donde la producción renovable es mayor que toda la demanda. Y aun así, aquí seguimos: apoyando fiscalmente una energía que no tenemos, en lugar de apostar por la que nos sobra.

La foto general no admite dudas. La derecha ha vuelto a ganar las elecciones en Castilla y León. El PP seguirá gobernando, como ocurre en esta comunidad desde hace 39 años. Lo hará con dos escaños más. Mañueco sube cuatro puntos: en gran medida, a costa de los votos huérfanos de Ciudadanos, que en 2022 aún sacó un 4,6% antes de su extinción.

Es una buena noche para el PP, pero insuficiente para gobernar en solitario: volverá a necesitar a la ultraderecha. Como ha confirmado el propio Mañueco en su primera declaración tras el escrutinio, no piensa pactar con nadie más.

En el bloque de la derecha, la sorpresa es el frenazo en el crecimiento de Vox. La ultraderecha apenas sube un punto y un escaño, por debajo de las encuestas y de sus expectativas. Se entiende mejor el parón cuando se compara este resultado con los estirones vividos en Extremadura, donde Vox había doblado sus votos, o en Aragón, donde crecieron siete escaños sobre 2023.

Hay dos razones que explican por qué Vox ha dejado de crecer: las purgas internas y la guerra de Irán. Con la expulsión de Javier Ortega Smith, ya no queda ninguna de las caras históricas del partido salvo Santiago Abascal. Y tampoco parece haberles ayudado la grave crisis internacional provocada por su gran referente, Donald Trump.

Con todo, Vox será gobierno. El PSOE será el primer partido de la oposición. Y con un dato mejor del que obtuvo en 2022: dos escaños más. Sube, en gran medida, porque se come a toda su izquierda, que se queda sin representación.

El buen resultado del PSOE en Castilla y León contrasta con el de Extremadura y el de Aragón. Por primera vez, desde las catalanas que ganó Salvador Illa, un candidato autonómico socialista mejora los datos del ciclo anterior.

Hay varios factores que explican este cambio de tendencia. Un mejor candidato: el alcalde de Soria, Carlos Martínez, que ha dejado en las raspas al localista Soria Ya!. También un contexto más favorable para el PSOE: el ‘no a la guerra’ de Pedro Sánchez le está ayudando a reconectar con el electorado progresista. Es mejor este marco de debate que el que acompañó a los socialistas en las elecciones de Extremadura y Aragón, donde solo se habló de corrupción.

El PSOE también se ha beneficiado en estas elecciones de la inexistencia de una candidatura competitiva a su izquierda. Sí la había en Aragón, con la Chunta. Sí la había en Extremadura, con la unidad de todos esos partidos que se repelen en Madrid. No la hubo en Castilla y León.

En 2022, la lista conjunta de Podemos e IU logró el 5,1% de los votos y un solo escaño. Aquello ya fue una derrota: venían de 10 escaños en 2015, de dos en 2019. Ahora se quedan sin representación: apenas suman un 3% entre las dos.

Dentro del naufragio de los cero escaños, la lista más votada de quienes antes se presentaban en coalición volvió a ser la de IU y Sumar: un 2,24%. Mientras que Podemos apenas alcanza el 0,75%. Es la mitad de los votos que ha logrado la candidatura friki de Alvise Pérez.

La proporción entre IU y Podemos es muy similar a la que se vivió en Aragón: IU-Sumar vuelven a triplicar a los morados. Por separado, en los territorios, Podemos está muy lejos de aspirar a mantener una mínima representación. Y aunque IU mantiene mejor tono, sin Podemos en sus listas, pagan el alto precio de la división.

A diferencia de Extremadura, de Aragón, estas autonómicas no fueron consecuencia de un adelanto electoral. Simplemente tocaba votar. El PP quiso que cada una de las cuatro citas previstas –aún faltan las andaluzas– fueran por separado. Podía haberlas agrupado en un solo domingo y decidieron que no. Con este menú de cuatro platos, buscaban forzar la derrota del ‘sanchismo’ y también desgastar a Vox. Un plan genial de Alberto Núñez Feijóo que, por ahora, sigue sin carburar. Al menos en esta ocasión el PP no se ha llevado el gran chasco de Extremadura y Aragón.

En unos meses tendremos la foto final de esa estrategia electoral: unas elecciones autonómicas donde el PP puede perder una de las pocas mayorías absolutas que mantiene, la de Andalucía. Con un Vox rozando el 19% –aunque sea su techo– esa mayoría sigue estando en riesgo.

Donald Trump no tiene un plan. Lo del cambio de régimen –dicen fuentes de la inteligencia israelí– es “un pensamiento mágico”. La guerra de Irán cumple dos semanas con el precio del petróleo desbocado, con el estratégico estrecho de Ormuz bloqueado y con la amenaza que esto supone para la economía del planeta.

“EEUU es el mayor productor de petróleo del mundo, con gran diferencia; por lo tanto, cuando los precios del petróleo suben, ganamos mucho dinero”, presume Trump. Es una verdad incompleta, pero sirve para entender su estrategia.

Sí, EEUU es hoy una potencia petrolera, la primera del mundo. Su producción casi se ha triplicado en las últimas dos décadas. Las nuevas técnicas de fracking y perforación en horizontal han hecho rentables yacimientos de esquisto que, hasta hace muy poco, no se explotaban. Desde 2020, Estados Unidos exporta más petróleo y productos derivados de los que importa, pero sigue dependiendo de otros países. Sus refinerías están adaptadas al crudo pesado –que hoy viene sobre todo de Canadá y México–, mientras que la nueva producción estadounidense es un petróleo más ligero y gas natural que, en gran medida, se exporta.

Sí, la guerra en Irán puede mejorar la balanza comercial de EEUU, aunque no tanto como a Trump le gustaría; EEUU también es el mayor consumidor de petróleo del mundo. Así que todo depende del plural; quiénes son esos que ganan “mucho dinero”. Las petroleras de EEUU se han disparado en la bolsa. Otra cosa son los ciudadanos, incluidos los votantes republicanos. El precio de la gasolina también sube para ellos.

Más datos relevantes para entender esta historia. La revolución del fracking ha reducido la dependencia que tenía EEUU del petróleo del Golfo Pérsico. Hace una década era el 24%. Hoy no llega al 8%, y sigue bajando (y podría bajar más si Venezuela, el país con las mayores reservas del planeta, recupera su producción y la pone al servicio de EEUU). Por el estrecho de Ormuz circula alrededor del 20% de todo el crudo que consume el mundo, pero la mayor parte –casi el 90%– va para Asia. Ese cuello de botella no es tan importante para Estados Unidos. 

La jugada es a tres bandas. La guerra contra Irán es un pésimo negocio para Trump. Su economía también se resentirá y su inflación subirá. Pero la superpotencia rival puede pagar un precio aún más alto. Alrededor de la mitad del crudo que importa China llega desde el Golfo Pérsico y hoy ese grifo se ha cerrado.

¿Y para Europa? El caos provocado por la guerra de Irán es catastrófico. Nuestra dependencia de Ormuz no es tan grande como la de China, pero eso no supone un gran consuelo. El problema es, simplemente, que apenas producimos crudo ni gas natural y el precio está por las nubes.

El 90% del gas y el 96% del petróleo que consumimos en Europa es importado. En España es aún peor: el porcentaje es el 100%. Hace cinco años, dejaron de bombear los últimos y residuales pozos petrolíferos que operaban frente a la costa de Tarragona, en la plataforma Casablanca. Apenas producían 200 barriles diarios, el 0,015% del consumo de crudo de España. 

El resumen es claro. Cada dólar que sube el precio del petróleo es una transferencia de riqueza desde España y Europa hacia los países productores. Incluida la potencia que ha provocado esta guerra: Estados Unidos. Para un tipo como Trump, obsesionado con la balanza comercial, es un factor importante. No tiene un plan. Sigue siendo una guerra ruinosa para sus propios intereses: su economía, su inflación, sus próximas elecciones de noviembre. Es algo que sin duda le preocupa: por eso ha levantado las sanciones petroleras a Rusia. Pero al menos puede convencerse de que un mundo con el barril a 100 dólares le favorece en algunos frentes. 

La solución para Europa, a medio plazo, también es clara: reducir la dependencia de algo que simplemente no tenemos. Cambiar el petróleo y el gas natural por fuentes de energía autóctonas y limpias. Es lo que está haciendo España, con bastante éxito. Casi el 60% de toda la producción de electricidad española ya viene de las renovables. Gracias a la energía eólica, a la hidráulica, a la fotovoltaica, el precio mayorista de la electricidad en España es un 32% más barato que la media europea. Es una de las claves para entender por qué España también crece más que el resto de la Unión Europea. Ya no es solo una apuesta por el futuro del planeta: afecta a nuestra economía del presente.

Con estos datos, resulta imposible entender la posición de esos que se llaman a sí mismos “patriotas”. Como ocurre con el apoyo a esta guerra por parte del PP y Vox, la pregunta es obligada: ¿a qué país se supone que defienden? No es a España.

El nacionalismo energético de Trump es irresponsable desde el punto de vista climático, pero al menos responde a un interés nacional reconocible. Estados Unidos es una potencia petrolera y gasista. No es nuestro caso. 

En el fondo, basta con seguir el rastro del dinero. Los ‘think tanks’ que hoy defienden a Trump, a Milei, a Ayuso o a Abascal son los mismos que durante años negaron el cambio climático mientras recibían generosas donaciones de las empresas más contaminantes. La red internacional que articula Atlas Network lleva años difundiendo ese mismo discurso contra la agenda verde y contra las energías renovables. Un planteamiento trumpista, incoherente para un país como España cuya riqueza energética es el sol, el viento y el agua. No el petróleo.

La siguiente batalla ideológica ya está sobre la mesa: las medidas económicas a tomar para paliar esta crisis. La derecha ya ha ido a lo de siempre: pide una rebaja a los impuestos sobre los combustibles. Una medida que, con Ucrania, aprobó el gobierno de coalición y que no debería repetirse. Es eficaz contra la inflación, es sencilla, es rápida. Pero también es profundamente regresiva y subvenciona la dependencia energética. 

El petróleo no es solo una mercancía: es una relación de poder. Por eso, para España y Europa, la transición energética no es solo una cuestión climática, como demuestra esta guerra. Hablamos de soberanía. 

Pedro Sánchez defiende el “no a la guerra” de España como una posición de principios, no de oportunismo político. En esta entrevista con elDiario.es, el presidente del Gobierno defiende la coherencia de su política exterior, rechaza el giro de Von der Leyen, descarta adelantar las elecciones y asume la responsabilidad por los casos de corrupción en el PSOE.

“Cuando hemos dicho ‘no a la guerra’ ha habido una ola de orgullo de ser español no solamente dentro de nuestro país, sino también por parte de muchas sociedades a lo largo y ancho del planeta”, reivindica el presidente del Ejecutivo. A su juicio, dar respuesta a “la ola reaccionaria en España, Europa y el mundo” es “una obligación para el Gobierno de coalición progresista”. 

¿Le preocupa una represalia de Donald Trump contra España?

No. La posición de España es coherente a lo largo del tiempo en las sucesivas guerras que hemos vivido ya desde hace cinco años: la de Putin en Ucrania, la de Gaza... La defensa de la legalidad internacional es una posición consistente por parte del Gobierno de España. En segundo lugar, pertenecemos a un espacio que es la Unión Europea, y la Comisión Europea ha sido muy clara al respecto. Y finalmente, porque creo que la coacción no es el camino. Ser aliado de Estados Unidos no es decir sí a todo.

¿Se ha sentido respaldado por el resto de los países europeos ante el anuncio de un bloqueo comercial a España?

Dentro de la Unión Europea no ha habido una posición común, como sí hubo con Ucrania. Pero España siempre ha mantenido lo mismo, con Ucrania, con Gaza o con Irán: la defensa del derecho internacional. Ha sido una posición de coherencia que ha conectado no solamente con determinados gobiernos europeos, que han ido girando su posición a lo largo de estos últimos días, sino también con buena parte de la sociedad y la opinión pública europea, que está en contra de una guerra que no va a traer nada bueno y que nos retrotrae al año 2003, cuando se produjo la guerra de Irak. Habrá proyectos políticos que defiendan la guerra en Irán, pero creo que no han aprendido nada y que continúan equivocándose en todo.

Von der Leyen plantea que Europa necesita una política exterior más realista y que no se puede confiar en el sistema basado en reglas. ¿Qué le pareció esta propuesta de la presidenta de la Comisión?

Hay elementos de su discurso con los cuales España puede estar de acuerdo. Por ejemplo, el caso de la política comercial o también el respeto al derecho internacional y la soberanía nacional con Groenlandia. Pero desde el punto de vista de la política exterior española, nos sentimos mucho más cómodos con el planteamiento que ha hecho el presidente del Consejo [Europeo], Antonio Costa. 

‘El mundo de ayer’ es el mundo sin reglas. El dilema no es un viejo orden versus un nuevo orden, es un orden internacional versus el desorden internacional, que nos llevó a dos guerras mundiales. El mundo está cambiando, pero los valores y principios de la Unión Europea no deberían cambiar.

¿Le llamó Von der Leyen antes de este discurso? ¿Ha hablado con ella recientemente?

No. Evidentemente, es el posicionamiento de la presidenta de la Comisión Europea. Ayer [por el lunes] sí tuve ocasión de poder hablar con el presidente del Consejo Europeo.

El Gobierno de España ha sido muy claro en su posicionamiento de respeto al derecho internacional. Estamos hablando de soberanía y de integridad territorial. Estamos hablando de paz, de lucha contra la pobreza, de financiación al desarrollo, de políticas climáticas o de cómo regular la inteligencia artificial y el desarrollo de las nuevas tecnologías. 

Tenemos que acabar con el derecho a veto en Naciones Unidas

¿Y qué debe hacer Europa?

Europa debe enarbolar el orden internacional basado en reglas y la defensa del multilateralismo renovado. Los gobiernos occidentales van a tener que hacer una renuncia para hacer de ese sistema internacional uno mucho más representativo. Tenemos que acabar con el derecho a veto en Naciones Unidas. No deja de ser curioso que dos miembros permanentes del Consejo de Seguridad sean Rusia y Estados Unidos, que ahora mismo son dos potencias que están trayendo mucha inestabilidad al mundo con las guerras en Ucrania y también en Irán. Si hacemos una reforma del sistema de Naciones Unidas tendremos que incorporar a grandes naciones como India, el continente africano, China o Brasil, con una representación mucho más amplia en estos organismos.

¿Es viable esa reforma de Naciones Unidas con Rusia y Estados Unidos en contra?

Debería hacerse, porque el orden internacional al final es lo que nosotros queramos que sea y es en el interés de Europa, que no deja de ser un proyecto multilateral, como lo es también el sistema de Naciones Unidas.

Antes definía a EEUU como un aliado. ¿Alguien que amenaza con anexionarse por la fuerza un territorio vinculado a Europa como Groenlandia sigue siendo un aliado?

Desde el Gobierno de España y desde Europa siempre hemos defendido que tenemos que tener una relación transatlántica fuerte. Aunque suene paradójico, ahora mismo reforzar esa relación transatlántica pasa por reforzar el pilar europeo: nuestro crecimiento económico, nuestra seguridad y nuestra defensa común. EEUU ya ha manifestado claramente que la seguridad europea tiene que recaer sobre los hombros de los europeos. 

Ahí es donde empiezan los matices, porque cuando hablamos de crecimiento y de competitividad la derecha y la ultraderecha plantean desmantelar las políticas climáticas. Los efectos económicos de la crisis en Irán, por el impacto en el petróleo, demuestran que la autonomía estratégica pasa por la transformación energética que está liderando España y que nos hace más competitivos, con el impulso de las renovables. 

Otro ejemplo: nosotros hemos sido también muy contrarios al 5% del PIB en defensa. ¿Por qué? Porque eso no va a potenciar ni a fortalecer la industria europea de la defensa, sino que nos va a hacer mucho más dependientes de la industria estadounidense. 

La oposición le acusa de que su ‘no a la guerra’ es electoralista. ¿Qué le responde?

Que esta guerra no la ha provocado España. Ha sido una guerra impulsada de manera unilateral por dos naciones. Además, nosotros somos coherentes y consistentes con la política exterior que hemos mantenido durante estos ocho años casi de Gobierno. No vamos a resolver la situación de inestabilidad en Oriente Medio con una ilegalidad tan flagrante. 

Feijóo y Abascal dicen que ‘no a todo’ salvo a la guerra y este ‘noísmo’ que practican el PP y Vox no es nuevo. En todas las crisis que ha tenido que gestionar este Gobierno, desde la pandemia, siempre hemos encontrado a una oposición que se ha definido simplemente por decir ‘no’ a todo, incluso entrando en contradicciones. Dicen ‘sí’ a la guerra de Estados Unidos e Israel en Irán, pero ‘no’ a trasladar la solidaridad de España con un país europeo como es Chipre.

¿Cuánto cree que puede durar esta guerra? ¿Qué escenarios manejan en el Gobierno?

Es difícil de prever porque ayer escuchamos al presidente de Estados Unidos decir que le quedaba poco a la guerra. Ahora que también desde la oposición se están planteando medidas socioeconómicas para amortiguar su impacto, creo que la medida menos onerosa y la que más vidas salva es el ‘no a la guerra’. Que esta guerra acabe cuanto antes.

La Unión Europea ya gasta en armamento más del doble que Rusia. ¿Realmente es necesario aumentar el presupuesto militar o es más importante avanzar hacia una defensa común?

Hace falta más coordinación, hace falta más escala y hace falta que seamos más eficientes en el gasto en defensa. El debate no debe ser en primer lugar en qué vamos a gastar, sino si somos capaces los europeos de generar más riqueza. ¿Tiene sentido que las grandes corporaciones digitales estén al otro lado del Atlántico? ¿Tiene sentido que Europa transfiera en torno a 600.000 millones de euros de ahorro al año europeo para financiar el crecimiento económico estadounidense? Todo eso tiene mucho que ver con deberes pendientes en Europa como son la unión de ahorro y de inversiones, la culminación del mercado único energético o también el mercado único digital. 

La gran paradoja y el gran desafío que tiene Europa es que, además de ser víctima de múltiples shocks no buscados –Putin, Ucrania, Estados Unidos, Irán, Gaza...– tenemos a muchos gobiernos en torno al Consejo Europeo, gobernados por la derecha con la ultraderecha, que lo que buscan es renacionalizar políticas que están hoy en manos de los europeos, en vez de avanzar en ese proceso de federalización que es lo que necesita Europa. 

¿Y qué puede ofrecer Europa al mundo?

El poder tiene, según los teóricos, dos palancas: una, el poder duro y estamos hablando de la capacidad militar, pero luego también hay otro poder que es el blando, que es el poder de hacer pedagogía, de influir o estar comprometidos con los grandes debates que afronta la humanidad y donde Europa es referencia. 

Cuando hemos dicho ‘no a la guerra’ ha habido una ola de orgullo de ser español

El mundo necesita referencias, consistencia, coherencia, principios y valores. Y eso es Europa. Está en nuestros tratados y es lo que desde el Gobierno de España defendemos. Por eso, cuando hemos dicho ‘no a la guerra’ ha habido una ola de orgullo de ser español no solamente dentro de nuestro país, sino también por parte de muchas sociedades a lo largo y ancho del planeta. Eso tiene mucho que ver con que hoy España es sinónimo de orgullo, porque somos sinónimo de principios, valores y también de resultados. Estamos demostrando que con el modelo español de hacer las cosas se consiguen resultados óptimos para la clase media y trabajadora de nuestras sociedades. 

Con el modelo español de hacer las cosas se consiguen resultados óptimos para la clase media y trabajadora

¿Qué le parece el plan francés de aumentar su arsenal nuclear? Usted habla de poder blando y este es el más duro posible. ¿España va a colaborar?

Desgraciadamente, a finales de febrero caducó el tratado internacional que regulaba la no proliferación de armamento nuclear. Y estamos asistiendo a una acumulación mayor de ojivas nucleares en el mundo. Por eso, en la Conferencia de Múnich sobre seguridad, yo manifesté la exigencia de que las grandes potencias nucleares se sentaran a negociar un nuevo tratado para limitar y reducir las capacidades nucleares. Ya con eso le adelanto cuál es la posición del Gobierno de España: no queremos un mundo más nuclear, no queremos una Europa nuclearizada. Por tanto, nosotros no vamos a participar de ese proyecto.

No queremos un mundo más nuclear, no queremos una Europa nuclearizada

Su Gobierno ha pedido levantar las sanciones de la Unión Europea a Venezuela. ¿Confía en Delcy Rodríguez para esa transición?

La presidenta Delcy Rodríguez está dando pasos hacia esa transición que debe culminar con unas elecciones libres, limpias y con todas las garantías que por desgracia no tuvieron las anteriores, como dijo Naciones Unidas. España ha acumulado experiencia histórica como para poder compartir con los venezolanos y venezolanas y que pueda haber una transición democrática donde los propios venezolanos sean, sin interferencias, quienes decidan su gobierno y el futuro de su país.

Hablemos ahora de la política nacional. ¿Da por perdidos los Presupuestos o espera un cambio de posición por parte de Junts?

Nosotros no damos por perdido nada en absoluto, tampoco los Presupuestos. Pero también digo que con estos Presupuestos que tenemos podemos dar respuesta a todas las eventualidades derivadas, por ejemplo, de la crisis por la guerra de Irán, como ocurrió con la crisis de Ucrania.

Con estos Presupuestos que tenemos podemos dar respuesta a todas las eventualidades derivadas, por ejemplo, de la crisis por la guerra de Irán

Los objetivos en esta legislatura son bien claros: la culminación del proceso de normalización política en Catalunya derivado de la amnistía. La culminación de los fondos europeos, que nos están permitiendo crecer al doble de la media europea y también crear el triple de empleos en 2025 que Estados Unidos. Y finalmente, hay una obligación por parte del Gobierno de coalición progresista de sostener y de ser referencia de políticas que dan respuesta a esta ola reaccionaria que están sufriendo España, Europa y el mundo. Lo extraordinario, lo inédito, no es que Vox crezca en España porque crece en todo el mundo. Lo extraordinario, lo inédito, es que existe un Gobierno de coalición progresista que con sus políticas está haciendo frente de manera eficaz y equitativa a esta ola reaccionaria.

En 2018 usted pidió a Mariano Rajoy que convocara elecciones generales si no lograba aprobar los Presupuestos. ¿Por qué ahora ha cambiado de opinión?

Insisto, yo tengo ya mis presupuestos. Es una administración que tiene unos presupuestos que están respondiendo a los objetivos que nos hemos marcado durante esta legislatura. Los presupuestos no dejan de ser un instrumento para alcanzar un fin determinado. Si no obedeciera a esos fines, evidentemente tendría que pensar en otros escenarios, pero no es el caso. 

Ha repetido en varias declaraciones que las elecciones serán en 2027. ¿Por qué descarta completamente un adelanto electoral?

Primero, porque los fondos europeos terminan su último desembolso el 31 de diciembre de 2026. Incorporar un proceso electoral, como son además los procesos de investidura en nuestro país, tan procelosos y dilatados, creo que no obedece al interés general. Nosotros tenemos que culminar con éxito esta gran oportunidad que son los fondos europeos para la transformación de nuestra sociedad y el refuerzo del Estado del bienestar. 

Lo digo por enésima vez, culminaremos esta legislatura y las elecciones serán en 2027

Segundo, creo que no podemos incorporar más incertidumbre a la que, ya que viene de fuera. Hoy España es sinónimo de estabilidad. Las legislaturas son de cuatro años. Así lo establece la Constitución española y, por lo tanto, el Gobierno manifiesta de nuevo, una vez más, por enésima vez, que culminaremos esta legislatura y que las elecciones serán en el año 2027.

¿Confía en un acuerdo sobre financiación autonómica después de la propuesta que ha lanzado su Gobierno?

Yo espero que los grupos parlamentarios sean al menos capaces de permitir la entrada de este debate en el Congreso. Creo que todos los grupos parlamentarios –incluso el Partido Popular, pero ellos están en el ‘noísmo’– deberían permitir la tramitación de este nuevo sistema de financiación autonómica. 

Que se abra el debate, al menos.

Que se abra el debate. No olvidemos lo siguiente, de todos los niveles de la Administración, la que más renuncia en favor del fortalecimiento del Estado del Bienestar es la Administración General del Estado porque va a prescindir de 21.000 millones de euros para que se puedan transferir esos recursos a las comunidades y fortalecer las políticas del Estado de Bienestar que son de su competencia. 

Las cifras macroeconómicas son en España bastante buenas, pero la crisis de vivienda hace que muchos jóvenes y familias no lo noten. ¿Cuándo llegarán los pisos que el Gobierno ha ido prometiendo?

Están, de hecho, llegando esos pisos. Seguro que no con el volumen y número que demanda la emergencia habitacional que vivimos en nuestro país. El Gobierno no solamente ha creado una empresa pública que por primera vez en la historia de la democracia va a ser la impulsora, la promotora de esas viviendas de protección oficial que se van a poner en manos de las familias. También estamos utilizando todos los instrumentos a disposición del Estado. Por ejemplo, el Banco Público, el ICO, ha puesto no solamente a los promotores de viviendas, sino también a las familias jóvenes sistemas de avales, precisamente para poder hacer frente a la entrada de una hipoteca. O también políticas de alquiler. 

Vivimos en un Estado compuesto y existen también materias que son competencia de las comunidades autónomas. Nosotros hemos habilitado una Ley Estatal de vivienda que ha bajado un 10% el precio del alquiler allí donde se está aplicando, como en Catalunya. Mientras que en otras comunidades, como Madrid, donde abiertamente no se está aplicando la Ley de Vivienda, el precio del alquiler está creciendo por encima del 10%. 

Hay cosas que podemos hacer desde la Administración General del Estado, pero hay otras cosas que tienen que hacer las comunidades. Yo rogaría también a los ciudadanos de esas comunidades donde no se aplica la Ley de Vivienda que interpelen a sus gobiernos autonómicos, porque son los responsables de que no se pongan en marcha todas esas políticas vinculadas con la especulación de la vivienda.

El ministro Carlos Cuerpo ya ha advertido de que se empiezan a notar los efectos de la guerra de Irán en los bolsillos de los españoles. Si la guerra se alarga, ¿qué medidas económicas planean tomar?

Este Gobierno está contrastado en materia de crisis económica. Hemos demostrado que se puede dar una respuesta diferente a la neoliberal que aplicó los recortes durante la crisis financiera. Una respuesta que permite un rebote económico mucho más intenso. Lo hemos vivido durante la pandemia o durante la guerra de Ucrania. Fuimos el primer país de Europa que recuperó los niveles de inflación del 2% después de la crisis energética derivada de la guerra de Ucrania. Eso tuvo mucho que ver con la respuesta que dimos. 

Nosotros, por supuesto, no avalamos esta guerra en Irán, pero sí que vamos a proteger a nuestros compatriotas y lo vamos a hacer con todos los recursos del Estado. Ya estamos trabajando en un plan de respuesta. Abriremos una ronda de consultas con los grupos parlamentarios y también con los agentes sociales: con la patronal y los sindicatos.

Cuanta menor dependencia tengamos de los combustibles fósiles, mejor le irá a España y mejor le irá a Europa

¿Qué tipo de medidas están barajando?

Ese plan tendrá dos pilares. Uno, de respuestas coyunturales a esta guerra desde el punto de vista socioeconómico. Y dos, otro pilar de medidas estructurales, porque creo que la gran lección que tenemos que extraer de la guerra de Putin en Ucrania, o de la guerra en Irán ahora mismo, es que cuanta menor dependencia tengamos de los combustibles fósiles, mejor le irá a España y mejor le irá a Europa. 

Yolanda Díaz ha renunciado a repetir como candidata y contó que se puso en contacto con usted para comunicárselo personalmente. ¿Qué le dijo?

Son conversaciones privadas.

Lo que se pueda contar...

Lo que le puedo decir, en todo caso, es que Yolanda Díaz es probablemente una de las mejores ministras de Trabajo que ha tenido la democracia española. Creo que es de las mejores políticas que tiene ahora mismo España. Y para mí tengo que decirle que me dio pena. Creo que no solamente el espacio progresista, sino también la política española, va a perder uno de sus principales referentes. Yolanda Díaz lo ha sido y lo es. Pero entiendo también que hay un ámbito de decisión personal que corresponde a cada uno. Desde ese punto de vista, lo único que puedo decir es que respeto absolutamente la decisión, que la echaremos mucho de menos y que espero que ese espacio pueda encontrar una referencia; es muy necesario.

Respeto la decisión de Yolanda Díaz, la echaremos mucho de menos y espero que ese espacio pueda encontrar una referencia; es muy necesario.

¿Le preocupa que esa izquierda llegue fragmentada a las elecciones?

Todos tenemos que ser muy conscientes de los riesgos que afronta España y lo inédito de la experiencia española: un gobierno de coalición progresista ante una ola reaccionaria que, por desgracia, está expandiéndose en el mundo. Y si tenemos claro cuál es el objetivo –volver a reeditar una mayoría progresista–, todos tenemos que dar el do de pecho y asumir nuestra responsabilidad. 

La del Partido Socialista, le digo yo que la tenemos clara. Yo hablo por el proyecto político al que represento. Mi responsabilidad, mi deber y mi ánimo es volver a presentarme y volver a reeditar una mayoría progresista. Precisamente en esta coyuntura histórica que atraviesan España, Europa y el mundo. Lo que defienden PP y Vox en España es más o menos el mismo discurso que estamos viendo al otro lado del Atlántico. Es una vuelta al pasado que no va a traer nada bueno. Ni a España ni a Europa, como tampoco está trayendo nada bueno al mundo.

¿Qué le pareció la propuesta de Gabriel Rufián de una candidatura unitaria de la izquierda, incluyendo la izquierda nacionalista?

Son debates que demuestran la necesidad de que el espacio progresista sea consciente de que no puede perder de vista el principal objetivo: continuar con una senda de progreso y de avance que ojalá pueda verse intensificada en la próxima legislatura con una mayoría parlamentaria más rotunda de fuerzas progresistas.

Los resultados electorales del Partido Socialista en Aragón y en Extremadura han sido malos y las encuestas pronostican nuevas victorias de la derecha y la extrema derecha, tanto en Castilla y León como en Andalucía. ¿Cree que es responsabilidad de los candidatos o consecuencia del desgaste del Gobierno?

Desde luego no los candidatos, no las federaciones. Creo que todos somos, desde la organización, conscientes de que tenemos que reconstruir los proyectos políticos en determinados territorios después de haber estado dos legislaturas en muchas de estas comunidades. Es el caso de Extremadura y Aragón. No es el caso de Andalucía, ni tampoco de Castilla y León. 

La estrategia del PP y de Vox es bien clara. Ellos son conscientes de que no hay trasvase y, si lo hay, es marginal, de votantes del Partido Socialista hacia la ultraderecha y la derecha. Juegan a la desmovilización del electorado progresista, que se quede en casa. Y para ello utilizan todo tipo de triquiñuelas y de tácticas, como la deshumanización del adversario político. O hacer algunos elementos en los que efectivamente yo he asumido la responsabilidad y actuado en consecuencia, como son algunos casos de corrupción, pues la norma, la categoría. Es algo que nos está costando desde el punto de vista electoral. 

Soy consciente de ello y también soy consciente de que lo importante es cómo respondemos a estos casos de corrupción que nos han sobrevenido: con contundencia, absoluta transparencia y rendición de cuentas. Ahora tenemos que centrarnos. Ser conscientes de que tenemos un objetivo muy importante y es culminar toda esta agenda de avances sociales y repetir esa mayoría progresista.

¿Qué ha fallado para que los dos últimos secretarios de organización del PSOE estén acusados de corrupción? ¿Ha sido un error suyo o del partido?

En primer lugar, y sin ánimo de eludir la responsabilidad, si ha habido un error es de estas personas. Pero en segundo lugar, el error no se socializa: el error lógicamente se personaliza. Y yo lo he dicho desde el primer momento. Ese error, evidentemente, si se tiene que imputar a alguien, es a mí. A partir de ahí, creo que lo relevante es cómo se ha respondido a estas crisis. Antes veíamos connivencia, cuando no justificación, en estos casos de corrupción por parte de otras administraciones. En mi caso, no solamente he pedido perdón, sino que he actuado en consecuencia. 

Abalos y Cerdan: “Es un error mío pero lo relevante es cómo se ha respondido”

Su hermano se sentará pronto en el banquillo y su mujer lleva dos años imputada por cinco delitos. ¿Cómo valora estos procesos judiciales? ¿Sigue confiando en la justicia después de ellos?

Mi deber como presidente del Gobierno, evidentemente, es el de pedir a la justicia que haga justicia. Y desde luego, en el caso de mi hermano y de mi mujer, como marido y como hermano, pues trasladarles todo mi cariño, toda mi empatía ante la situación que están viviendo y que estamos sufriendo.

Traslado a mi mujer y mi hermano todo mi cariño, toda mi empatía ante la situación que están viviendo y que estamos sufriendo

¿Gestionó bien el PSOE y la Moncloa las denuncias de varias mujeres contra su antiguo asesor, Paco Salazar?

Creo que esta pregunta la hemos respondido tanto yo personalmente como la organización. Lo importante es que la organización tiene un protocolo antiacoso, que se está trabajando en su mejora y que antes o después hemos respondido a las exigencias que el movimiento feminista y, por supuesto, también las víctimas de estas supuestas agresiones han podido sufrir. A partir de ahí, creo que es como la noche y el día lo que hace la izquierda y la derecha, como es el caso del Partido Popular con el Ayuntamiento de Móstoles.

¿Se plantea el Gobierno indultar al fiscal general?

Siempre que hemos hablado de indultos, efectivamente, son plenamente constitucionales. Ahora mismo está en tramitación por parte del Ministerio de Justicia y cuando llegue el momento, el Gobierno se manifestará al respecto. Lo que sí creo que es importante es no olvidar cuál ha sido el posicionamiento del Gobierno de España sobre esta sentencia, que evidentemente respetamos pero no compartimos.

¿Cree conveniente que el rey emérito regrese a España?

No deja de ser curioso que este debate se haya sustanciado como consecuencia de la desclasificación de los archivos del 23F.

Antes de conocerse su contenido, le acusaban de estar intentando un golpe republicano.

Por eso digo que siempre que el PP y Vox posicionados en el ‘noísmo’: cualquier cosa que hagamos siempre se van a manifestar en contra hasta incluso cuando sea en contra de los intereses de España, como es por ejemplo el posicionamiento de la guerra de Irán o dotar de mayor transparencia a nuestra democracia, precisamente con la desclasificación de los papeles del 23F. 

Dijeron eso, dijeron también que era una cortina de humo. Y finalmente, cuando se vio el resultado de ese compromiso que asumimos con un escritor como es Javier Cercas, con la democracia española y con muchísimas asociaciones que así lo pedían, pues realmente lo que se conoció o lo que se supo es lo que ya sabíamos antes de esa desclasificación. 

En lo que respecta a la vuelta o no vuelta del rey Juan Carlos a España. Corresponde a la Casa Real. Desde luego, el posicionamiento que ha manifestado cuenta con mi respaldo y con mi respeto.

Entrevista completa a Pedro Sánchez:

Vídeo: Salvador Fenoll y Alejandro Corral

En privado, según fuentes de su entorno, Pedro Sánchez da tres razones por las que quiere agotar la legislatura, aunque no apruebe nuevos Presupuestos. 

La primera es Catalunya. Porque quiere cerrar del todo la crisis del procés, que terminará completamente con la vuelta a España de Carles Puigdemont. Mariano Rajoy pasará a la historia como el presidente bajo cuyo mandato se produjo una de las mayores crisis institucionales de nuestra historia reciente. Sánchez, como el presidente que después lo arregló.

La segunda son los fondos europeos. Porque tiene las herramientas económicas para poner en marcha reformas de calado en el tejido industrial, incluso sin Presupuestos.

La tercera razón la estamos viendo estos días. Es el contexto internacional. Porque Sánchez se ha convertido en una pieza fundamental en el tablero, no solo para la izquierda mundial. También para cualquier demócrata que crea en los derechos humanos, la paz y la legalidad internacional. 

Hace poco más de un año, hubo mucha gente que aplaudió al socialdemócrata Olaf Scholz, el excanciller alemán que de forma muy honrada y responsable se suicidó políticamente. Scholz no logró aprobar los presupuestos, así que decidió adelantar las elecciones a sabiendas de que las iba a perder. Mucha gente aplaudió su valentía, su coherencia, su responsabilidad. En tiempos más normales, también le habría elogiado yo. Pero eso era el mundo de ayer. 

Ante la ola reaccionaria mundial, ante la grave amenaza que supone Donald Trump, lo valiente, lo coherente, lo responsable, es intentar resistir dentro del marco democrático. No rendirse. Ojalá Scholz lo hubiera hecho, y que Alemania hubiera seguido más tiempo gobernada por una coalición de los verdes y los socialistas, en vez de por otro primer ministro conservador atenazado por la extrema derecha. Otro político asustado, Friedrich Merz, que está poniendo en riesgo a toda Europa con su infructuoso intento de agradar a Donald Trump. Alguien que hoy está siendo cuestionado en su propio país por su apoyo al matón de EEUU.

Esta semana, el presidente Pedro Sánchez ha demostrado por qué es valioso resistir. Por qué importa que España no sea otro país europeo gobernado por la derecha o la extrema derecha. Aunque sigamos sin Presupuestos.

Su decisión de impedir a EEUU usar las bases españolas en la guerra ilegal contra Irán ha tenido un fuerte impacto internacional. Una ola que ha modificado la posición de otros países en el mundo y en Europa. Sin la postura de Sánchez, por ejemplo, no se explica la posición de Italia. Hasta una aliada natural de Trump, como es Giorgia Meloni, ha acabado aplicando para sus bases el mismo criterio que Pedro Sánchez. 

Es, además, el único criterio legal. España está haciendo lo correcto al impedir que Morón y Rota sirvan para unos bombardeos obscenamente ilegales contra Irán. Es una decisión plenamente compatible con enviar una fragata para defender de posibles misiles iraníes a Chipre, un país de la UE. Si alguien encuentra una incoherencia entre ambas medidas debería volver a ver un programa infantil como Barrio Sésamo, para entender la diferencia entre conceptos básicos como arriba y abajo, dentro y fuera, o ataque y defensa.

Tampoco es incoherente repudiar el sangriento régimen iraní con cuestionar esta guerra ilegal. Después de Irak, después de Afganistán, nadie informado puede creerse ya que de las bombas estadounidenses nacerá mágicamente un país mejor, respetuoso con las mujeres y los derechos humanos. De prosperar los planes de Trump –la CIA planea dar apoyo a los opositores kurdos– lo que espera a ese país no es la democracia: es una guerra civil. 

La posición internacional de España es hoy importante y es valiente, aunque la mayoría de los países se pongan de perfil. Precisamente por eso. Y no es la primera vez que ocurre. Fue también Sánchez quien logró endurecer la posición de Europa ante el genocidio de Israel en Palestina. Fue también Sánchez quien se negó a la loca exigencia de Donald Trump de elevar al 5% el gasto militar.

Son, todas ellas, posiciones plenamente coherentes con el derecho internacional, con los intereses de España y con el sentir mayoritario de la ciudadanía española, como reflejan las encuestas. Hay otros asuntos donde la gestión del Gobierno es mejorable. Pero en este tema concreto, Sánchez está haciendo lo que se espera de cualquier gobernante que respete los derechos humanos, los tratados internacionales y la voluntad y el interés de su país. Y lo hace en un momento en el que esto, en Europa, se ha convertido en una rareza. 

Lo incomprensible, lo vergonzoso, es la posición de la derecha y la extrema derecha española frente a esta nueva guerra ilegal de Benjamin Netanyahu y Donald Trump. PP y Vox se han alineado con los ataques, han difundido bulos para criticar al Gobierno y han acusado a Sánchez de estar “del lado de los asesinos”. Alberto Núñez Feijóo ha dicho que España “está más aislada internacionalmente que nunca”, que “no es fiable” y que “no cuenta para los posicionamientos estratégicos del mundo”. El Gobierno de Ayuso llamó a Sánchez “corrupto”, “paria” y “tonto útil de las dictaduras”. El presidente de Murcia afirmó que prefería estar “con Alemania que con los dictadores de Irán”, como si la única alternativa al belicismo fuera la complicidad con los ayatolás.

Hay una sola excepción relevante en el PP, el presidente de La Rioja, Gonzalo Capellán. Se ha mostrado contrario a cualquier guerra y partidario del diálogo y la diplomacia. No ha criticado a Pedro Sánchez por su posición sobre Irán. Es el único, es el raro, que se ha desmarcado de Génova en sus críticas de brocha gorda contra el Gobierno de coalición. 

El patriotismo, al parecer, tiene excepciones. Funciona contra la inmigración, contra los independentistas, contra la izquierda, contra cualquiera que no crea en la miope idea de España que tiene la derecha. Pero se desactiva en cuanto llega un matón con bandera americana y ordena ponerse firmes.

Si gobiernan Feijóo y Abascal, ¿qué harán frente a las presiones de Trump? ¿De dónde piensan sacar el dinero necesario para gastar en armas ese 5% del PIB, ese diezmo que nos exige EEUU?

Trump apenas lleva 400 días de mandato. Le quedan 1400 días más. En poco más de un año ha bombardeado Venezuela, ha secuestrado a su presidente, ha abierto una guerra contra Irán, ha asesinado a sangre fría a ciudadanos de su propio país con una milicia paramilitar y ha fundado una ONU de cartón piedra para construir un resort en Gaza.

¿Qué será lo siguiente? ¿Cuba? ¿Groenlandia? ¿Cancelar las elecciones de noviembre que están previstas en EEUU? ¿Las tres cosas a la vez?

No soy ingenuo. Por sí sola, la postura frente a Trump de Pedro Sánchez no va a frenar a este matón. Es también obvio el interés en buscar con la política internacional una movilización del electorado progresista que Sánchez no logra con la política de vivienda. Pero claro que su posición tiene valor; por eso incomoda tanto a Trump. 

Es, al mismo tiempo, la única posición decente frente a esta guerra que se puede tener.

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Antes de despedirme, hay otra cosa que te quiero contar. 

Julio Iglesias nos lleva a los tribunales. Empieza un largo, caro y complejo proceso judicial; el cantante anuncia que irá contra nosotros por la vía penal. Va a pedir condenas de cárcel para los periodistas de elDiario.es, además de una gigantesca indemnización: 200 millones de euros, según han publicado distintos medios. Es una cifra que supondría nuestra quiebra. 

Ayer me reuní con todos los trabajadores de elDiario.es para tranquilizarlos. Hoy te quiero tranquilizar a ti también, porque muchos socios y socias nos habéis escrito, preocupados por nosotros. 

Algunos preguntáis cómo podéis donar dinero o subir la cuota para financiar nuestra defensa legal. Podéis hacerlo desde aquí, pero por ahora no estamos en peligro; no hay ninguna urgencia. Os agradecemos el apoyo, el cariño y la solidaridad. Ayuda mucho saber que no estamos solos. No tenemos miedo y vamos a defendernos. Mientras contemos con el respaldo de tanta gente, nadie nos va a cerrar. 

Hoy publicamos un artículo de María Ramírez en el que explicamos al detalle cómo fue esta larguísima investigación sobre Julio Iglesias: todos los pasos que dimos antes de publicar. Te recomiendo que lo leas. Tardamos tres años porque quisimos hacer las cosas bien. Por eso estamos tranquilos: nuestra información fue rigurosa, contrastada y veraz. Y lo podremos demostrar ante cualquier tribunal. 

No es una sorpresa. Sabíamos que podía suceder, como pasa casi siempre con las grandes exclusivas de investigación. Cuanto más incómoda es una noticia para alguien con poder, más probable es que acabemos siendo los periodistas quienes tengamos que responder ante un tribunal.

Esta semana, el abogado de Julio Iglesias ha dado el primer paso en esa dirección, tras nuestras informaciones sobre dos extrabajadoras que acusan al cantante de agresiones sexuales. Es una demanda de conciliación contra elDiario.es, un trámite previo obligatorio para poder presentar después una querella penal por injurias y calumnias que sus abogados ya anuncian. Entre las dos vías posibles para llevarnos a los tribunales –la demanda civil, la querella penal–, Julio Iglesias ha optado por la única donde, además de una indemnización, puede pedir una condena de cárcel contra los periodistas de elDiario.es.

Para evitar la querella, en esa demanda de conciliación, Julio Iglesias exige algo que no va a suceder: que nos disculpemos, que rectifiquemos, que reconozcamos que, como periodistas, no lo hicimos bien. No somos infalibles y podemos cometer errores, pero en este caso no tenemos nada que rectificar. Nos reafirmamos en todos los artículos que hemos publicado. Aunque amenace con un proceso penal, no nos vamos a retractar.

El archivo de las investigaciones preprocesales por parte de la Fiscalía de la Audiencia Nacional tampoco desmiente nuestra información. La Fiscalía no ha seguido por una cuestión de competencias: porque considera que no hay jurisdicción, a pesar de que Iglesias es español, porque los presuntos delitos ocurrieron fuera de España. 

La información que publicamos es rigurosa, contrastada y veraz. Es un trabajo meticuloso que empezó hace tres años, en enero de 2023, cuando nos llegó la primera pista sobre esta información. No solo recogemos el testimonio de estas dos denunciantes que le acusan de agresiones sexuales, dos mujeres a las que hemos entrevistado en distintas ocasiones a lo largo de un año y medio para comprobar la coherencia de su versión. También aportamos documentos, como las pruebas médicas de enfermedades de transmisión sexual que tuvieron que pasar. Hemos entrevistado a más de una docena de extrabajadores de las mansiones de Julio Iglesias, y a otras personas a las que estas mujeres relataron previamente lo que vivieron. Y también le dimos al afectado el tiempo suficiente para ofrecernos su versión. Contactamos con Julio Iglesias once días antes de publicar la primera información: ni él ni sus abogados quisieron responder. Posteriormente el cantante ha negado las acusaciones, que ahora califica de “montaje”.

Toda nuestra información no ha pasado solo por el filtro de elDiario.es. En 2025, se sumó a la investigación el equipo de Univision, en Estados Unidos. Sus periodistas –Federica Narancio, Esther Poveda y el co-ganador del premio Pulitzer Gerardo Reyes– volvieron a revisar cada detalle. Volvieron a entrevistar a las mujeres, esta vez en vídeo, y aportaron nuevas fuentes. 

La demanda de conciliación de Iglesias incluye varias afirmaciones que son falsas. No es verdad que los periodistas de elDiario.es participáramos en la elaboración de la denuncia ante la Fiscalía: fue una decisión de las mujeres, asesoradas por sus abogadas. Tampoco es verdad, como se afirma en la demanda, que los testimonios en vídeo que difundimos correspondan a “personajes figurados” o “un montaje con actrices profesionales”. Las mujeres que aparecen ante la cámara son las propias denunciantes. Modificamos la voz por medio de doblaje y cambiamos sus nombres reales para proteger su identidad. Es algo que en elDiario.es y Univision nunca ocultamos: está contado desde el primer día y así aparece también en cada vídeo. 

Julio Iglesias no solo da el primer paso para presentar una querella por lo penal contra varios de nuestros periodistas: estoy como “futuro querellado” –así se nos califica– junto a Elena Cabrera, Ana Requena, María Ramírez y Juanlu Sánchez. También pide una indemnización económica que no detalla en la demanda. Según han publicado distintos medios, sus abogados aseguran que reclamarán 200 millones de euros por los daños y perjuicios. Esta cifra supondría el cierre por quiebra de elDiario.es. 

No es fácil enfrentarse a un proceso judicial así, por mucho que supiera que podría ocurrir, por mucho que hayamos hecho las cosas bien. No es la primera ocasión, no será la última, pero nunca te acostumbras a esta forma de presión. 

Está en juego todo lo que tenemos, todo lo que hemos construido. Te quita el sueño, pero no las ganas de seguir. 

Empieza ahora un largo, caro y complejo proceso penal, pero estoy convencido de que los tribunales nos acabarán dando la razón. No me arrepiento en absoluto de haber publicado esta noticia; era nuestra obligación.

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Hay un protocolo. No cualquiera puede llegar al santoral. Pero en la Iglesia Católica es compatible una vida de pecados con alcanzar la santidad. No puntúa la media, el día a día de una trayectoria vital. Tampoco descalifica el error, por grave que sea. Pero sí son imprescindibles dos cosas: el milagro y la virtud heroica. 

Se puede ser ladrón y después santo, como San Dimas. Pecadora y santa, como María Magdalena. O cruel perseguidor de los cristianos y luego santo, como San Pablo.

Es el modelo católico de santidad con claroscuros que hoy nos propone Alberto Núñez Feijóo para Juan Carlos de Borbón. El rey emérito cometió “errores innegables”, reconoce el líder de la oposición. Pero “paró el golpe de Estado” y debe “pasar la última etapa de su vida con dignidad y en su país”.

La tesis es clara. Y a ella se han sumado esta semana otros dirigentes del PP, aprovechando la desclasificación de la documentación del 23F que aún conservaba el Gobierno bajo secreto. Unos papeles escasos, incompletos y que aportan francamente poco, pero que la inmensa mayoría de los medios de comunicación han querido presentar como la prueba del milagro del santo rey Juan Carlos. La demostración definitiva de su virtud como gran salvador de la democracia española. 

Los agujeros en esa tesis siguen siendo enormes. Casi tan grandes como la documentación sobre el golpe de Estado que sigue sin aparecer y que probablemente fue destruida muchas décadas atrás. Solo han llegado al siglo XXI unos pocos pinchazos telefónicos de aquel 23 de febrero de 1981: las llamadas de la mujer de Antonio Tejero, lamentando el destino del “tonto desgraciao” de su marido; o la conversación que tuvo Tejero, desde el Congreso, con el ultra García Carrés. Son transcripciones de pinchazos telefónicos cuya existencia demuestra lo mucho que aún sigue oculto o se destruyó. Si estas llamadas se grabaron, ¿alguien cree que todas las demás no?

Sabemos ya mucho del 23F. Del papel del rey en sus comienzos, del que tuvo en su resolución. Es evidente que Juan Carlos de Borbón alimentó el caldo de cultivo del golpe, con sus desprecios al presidente Adolfo Suárez, sus presiones para que dimitiera, su calculada ambigüedad ante el malestar militar y su falta de firmeza democrática ante aquellos que le hablaban de un “golpe de timón”. También es innegable que la intervención del rey por televisión fue determinante y supuso el fracaso definitivo de la asonada. Y menos mal. Aquella madrugada, con los tanques en las calles de Valencia y el resto de las divisiones pendientes de su decisión, Juan Carlos de Borbón hizo lo correcto y evitó un mal aún mayor.

No hay ninguna prueba que demuestre que el rey estaba al tanto de lo que ocurriría el 23F. Pero sigue siendo una incógnita el verdadero papel que desempeñó el general Alfonso Armada, el hombre de la máxima confianza de Juan Carlos de Borbón. Si actuaba por libre, o a las órdenes del rey o solo inspirado por los reiterados desprecios contra Suárez del Borbón.

La sentencia del 23F condenó a Alfonso Armada a 30 años de cárcel, la misma pena que Antonio Tejero y Jaime Milans del Bosch. En 1988 fue indultado por el Gobierno de Felipe González. Salió poco después, con la excusa de su delicada salud. Una salud tan mala que pudo vivir otro cuarto de siglo tras su excarcelación.

Hace año y medio supimos algo más, un detalle importante: lo que Juan Carlos de Borbón le contó en la intimidad de la alcoba a una de sus amantes, Bárbara Rey: “Armada estuvo siete años en la cárcel y jamás ha dicho una palabra”. Las preguntas son evidentes: ¿Qué sería eso, tan importante, que el general Armada se calló? ¿Tuvo que ver su silencio con el indulto que recibió?

En esa misma conversación con Bárbara Rey, donde elogia la lealtad del golpista Armada, Juan Carlos de Borbón también lamenta lo mucho que habló Sabino Fernández Campo, el jefe de la Casa Real durante el golpe. El exministro José Bono, en el último volumen de sus memorias, recoge una interesantísima conversación con Sabino, donde explica la reunión previa al golpe que el rey mantuvo con otro de los sublevados, el general Milans del Bosch.

“Sabino juzga extremadamente relevante esta audiencia. Cree que Milans «quizá entendió lo que dijo el rey de tal manera que pudo ser desencadenante involuntario del 23 de febrero. De lo que no tengo duda es de que el rey le dijo a Milans que la situación era insoportable, que había que tomar alguna decisión, porque esto se lo escuché con posterioridad. Es decir, le dijo lo que Milans venía a contarle. 

Continúa Sabino: «El rey lloró el 23-F cuando escuchó el tiroteo en el Congreso, y me dijo que no esperaba tiros. No esperaba disparos, pero ¿esperaba algo? Yo creo que esperaba algo acorde con la ley, porque Alfonso Armada le había llevado un escrito de un famoso catedrático de Derecho Constitucional que proponía que el rey se presentara personalmente en el Congreso de los Diputados y, después de un discurso en el que destacase la mala situación de España, propusiera un Gobierno presidido por un independiente, previsiblemente Armada. Al rey no le gustaba tener que ser él quien se presentara ante el Congreso. Le advertí de que se trataba de una proposición contraria a la Constitución, ¡menos mal que estaba yo allí!».“

¿Me dijo Sabino la verdad?“, se pregunta Bono en su libro. ”No puedo demostrarlo. De lo que estoy seguro es de que cuanto relato responde fielmente a sus declaraciones“.

Hay otra duda legítima, que tampoco resuelven estos documentos. ¿Qué habría pasado si Tejero hubiera aceptado el plan de Armada: un gobierno de concentración nacional bajo su presidencia? ¿Se habría emitido también ese mensaje del rey en defensa de la Constitución? El orden de los factores es importante. Esa condena televisiva del rey al golpe de Tejero solo se hizo pública cuando el golpe de Armada ya había fracasado. Siete horas después del asalto del Congreso.

Pero la beatificación del rey Juan Carlos que plantea Alberto Núñez Feijóo no solo hace agua porque estos nuevos papeles siguen sin aclarar las grandes incógnitas del 23F. El presidente del PP también olvida tres datos importantes cuando plantea que se permita al emérito regresar a España en esta última etapa de su vida.

El primer olvido: que no hay ninguna condena de destierro que haya que indultar. Juan Carlos de Borbón es un ciudadano libre que puede volver a España cuando le dé la real gana. De hecho lo hace habitualmente, pasa largas temporadas aquí.

El segundo olvido: que la razón por la que el rey se fue a Abu Dabi nunca fueron las dudas sobre su papel durante el 23F. Salió de España porque se lo pidió su hijo, Felipe VI, que hizo bien en marcar distancias con los fraudes ante Hacienda de su padre y esa fortuna millonaria que escondía en paraísos fiscales.

El tercer olvido: que el verdadero problema de su regreso a España es su residencia fiscal, como ayer puso sobre la mesa la propia Casa Real. Si duermes más de 183 días al año en España, es obligatorio tributar también en este país. Y declarar todos sus ingresos y patrimonio ante Hacienda.

En España los impuestos son bastante más altos que en Emiratos. Las donaciones de alguien que no es un familiar, como los millones que habitualmente le pagaban sus “hermanos” de las monarquías saudíes, tributan entre el 34% y el 81%.

El rey emérito también tendría que aclarar si ya ha devuelto los cuatro millones de euros que le prestaron algunos de sus amigos millonarios para así poder pagar las multas a Hacienda. Hace pocos meses, en elDiario.es desvelamos en exclusiva el contrato de uno de esos préstamos al rey. Firmó un 3% de interés anual y hay solo dos opciones posibles, ninguna buena para su asesor fiscal. Si el rey no ha devuelto ese dinero, ese préstamo podría ser considerado como una donación encubierta. Y si lo hizo, tendría que aclarar de dónde salió el dinero para pagar. 

La Iglesia católica solo perdona los pecados si hay arrepentimiento, algo de lo que el rey carece, a juzgar por lo publicado en sus memorias. Y en la tradición católica, la virtud heroica se acredita al final de la vida, no en un momento de gloria del pasado. Los santos pasan del pecado a la virtud, y no al revés. Feijóo propone exactamente lo contrario: beatificar al rey por lo que hizo hace cuatro décadas e ignorar lo que ha hecho desde entonces.

Juan Carlos de Borbón lleva sus últimos años en Emiratos Árabes Unidos, disfrutando de su fortuna, sin pedir perdón por nada. El milagro del 23F, si es que ocurrió, fue hace mucho tiempo. Y desde entonces, el santo ha caído.

La autonomía más rica de España es también la que más maltrata a la Universidad. A la pública, conviene precisar; que a la privada las políticas del PP le sientan fenomenal. 

Los datos, por si hubiera alguna duda. Madrid es la comunidad autónoma que menos dinero público invierte por alumno universitario: 6.975 euros frente a una media de 9.346. Es la que cobra tasas más caras: 2.052 euros al año, el doble que las autonomías más baratas (Galicia y Asturias). Es la que tiene más alumnos universitarios en la privada: ya son un tercio del total, el 34%, frente al 23% de la media nacional.

Las cifras absolutas son terribles. Pero cuando se compara con la riqueza de esta autonomía son más sangrantes aún; se entiende que Ayuso tenga como referente la motosierra de Milei. Respecto a su PIB per cápita, Madrid gasta la mitad que las demás. Repito, que es grave, la mitad: un 16% frente al 31% de la media nacional. 

Los datos completos, con gráficos, los ha recopilado Aurelio Medel en este interesante artículo que hay que leer. Son las cifras de la demolición de la universidad pública madrileña. Un recorte paulatino que cada año va a peor. En 2008, Madrid gastaba el 0,88% de su PIB en las universidades públicas. Hoy es el 0,68%.

Las consecuencias de esta asfixia económica a la vista están. Especialmente en la Universidad Complutense, la más grande de España entre las presenciales; una de las más antiguas y prestigiosas. Más de 500 años de historia, desde que la fundó en 1499 el cardenal Cisneros en la antigua “Complutum” romana, hoy Alcalá de Henares. 

En los últimos veinte años, la Universidad Complutense ha perdido el 25% de sus alumnos. No por falta de demanda, las notas de corte son altísimas y cada año miles de estudiantes se quedan fuera. Hay menos alumnos porque no les pueden atender. 

Ha habido meses donde el pago de las nóminas en la Complutense ha estado en riesgo. Algunos de los edificios se caen a trozos. La universidad ha tenido que presentar un plan urgente para devolver un préstamo de 33 millones al gobierno de Ayuso, unos recortes que pasan por reducir el número de profesores, precarizar aún más sus salarios e incluso eliminar algunos de los grados y titulaciones. A pesar de los recortes, sigue estando entre las mejores universidades españolas. Pero en cinco siglos, cuesta encontrar otro momento más crítico en la historia de la Complutense. Desde luego no hay otro peor en tiempo de paz.

Esta persecución contra la universidad pública madrileña en beneficio de la privada no empezó anteayer. Viene de lejos. Comenzó con Alberto Ruiz Gallardón y su consejero de Educación, el ultracatólico Gustavo Villapalos: el mismo que entregó a los Legionarios de Cristo una universidad, la Francisco de Vitoria. Esta institución privada empezó en la pública: nació como centro adscrito a la Complutense cuando Villapalos era rector. Fue el mismo Villapalos, como consejero de Educación, quien después autorizó su transformación en universidad privada independiente. Entonces era la segunda en Madrid. Hoy ya son 14 universidades privadas, y hay más en proyecto.

Los grandes tijeretazos a las universidades públicas los aplicó después Esperanza Aguirre, que perdió todo el pudor y forzó los primeros recortes de sueldos y presupuesto en la Complutense. Y la puntilla final, con ensañamiento y a la vista de todos, la está dando Isabel Díaz Ayuso.

El PP lleva gobernando la Comunidad de Madrid de forma ininterrumpida desde hace más de tres décadas, desde julio de 1995. En este tiempo han perdido las elecciones dos veces. La primera derrota la arreglaron con el Tamayazo. De la segunda les salvó Ciudadanos, ese partido que venía a regenerar la política y demostró su verdadera cara rescatando al corrupto PP de Madrid, que en esas fechas veía entrar en la cárcel a sus principales líderes, con la única excepción de Aguirre. Si aplicáramos a este gobierno autonómico un análisis sobre su calidad democrática, como los que pasan los Estados, Madrid no saldría demasiado bien.  

Este PP de Madrid, supuestamente liberal, dice defender la “meritocracia”. Al tiempo se ha dedicado a dinamitar la institución más meritocrática que existe, la Universidad pública. Es la llave del ascensor social: la herramienta más potente que tienen las clases trabajadoras para poder prosperar. En el último tercio del siglo XX sin duda fue así. Hoy es un pasaje angosto por el que muy pocos logran trepar. Basta con ver las notas de corte en la pública: hace falta más de un 13 sobre 14 puntos para estudiar Medicina o alguna de las carreras científicas y tecnológicas más demandadas. 

Hay otra salida, claro está. Pagar 20.000 euros al año para que tu hijo estudie Medicina en la privada; en ellas la nota de corte está en un 5. Es el modelo fantástico del PP de Madrid: te ahorran 200 euros en el IRPF, te lo cobran multiplicado por cien con el coste privado de la sanidad o la educación.

La causa de esta demolición está a la vista de todos. No ocurre por casualidad. Isabel Díaz Ayuso no oculta su desprecio sectario hacia la universidad pública. Para ella, la Complutense es una institución “colonizada por la izquierda” donde “se dan los títulos como churros”, un “entramado de chiringuitos de familiares y de negocios”. No es un diagnóstico: es su coartada para seguir recortando. 

Argumenta en su artículo Aurelio Medel que es un error culpar del deterioro de la universidad a ese clan de ‘los Pocholos’ que, en los últimos tres años, han dirigido la Consejería de Educación. Tiene razón: esto viene de mucho más atrás. Pero sí es sintomático en quién confió esta tarea: en qué manos dejó Isabel Díaz Ayuso la gestión de un presupuesto de 7.000 millones de euros anuales.

Ese auge y caída de ‘los Pocholos’ lo cuenta con mucho detalle José Precedo, en este otro artículo que publicamos hoy; es un novelón. Ayuso conoció al líder de ese grupo, Antonio Castillo Algarra, casi de casualidad. Cuando aún no era la presidenta de Madrid. Desde entonces, y ha pasado casi una década, este ‘Rasputín’ –como le llaman en el propio PP de Madrid– ejerció desde las sombras una enorme influencia y poder. No cualquiera puede colocar a tres diputados en las listas del PP de Madrid, ni nombrar al consejero de Educación, ni a cuatro directores generales. Todos ellos, gente de su absoluta confianza y lealtad, hasta el punto de que la gran mayoría dimitieron en una misma mañana, tras una escueta llamada telefónica en la que ‘Rasputín’ solo les dijo una frase: “Ya sabes lo que tienes que hacer”.

Lo ocurrido con estos Pocholos y su estrambótico gurú no es la causa del deterioro de la universidad. Pero sí demuestra la frivolidad de una Isabel Díaz Ayuso a la que solo le interesa el poder y no la aburrida gestión. También el sectarismo de la presidenta de la Comunidad de Madrid, cautivada intelectualmente por un iluminado ultraconservador cuyas ideas y artículos son como la letra de “El imperio contraataca”, de Los Nikis, pero con extra de petulancia y cero sentido del humor.

Mientras tanto, esa universidad fundada por Cisneros hace más de medio milenio agoniza. No es culpa de una fatalidad, ni del pérfido sanchismo, ni de la inteligencia artificial. Es una fría y meditada decisión política. 

Mientras la izquierda se enreda en sus siglas, en la derecha tienen claro el objetivo: controlar todos los resortes del poder.

Es una jugada que está pasando por debajo del radar. El PP ha vuelto a bloquear la renovación de una de las instituciones clave de la Justicia, igual que ya hizo con el Consejo General del Poder Judicial. Desde hace dos meses, un tercio del Tribunal Constitucional tiene el mandato caducado. Son cuatro de sus doce magistrados, los que nombra el Senado y que Feijóo se niega a renovar.

El PP mantiene ese bloqueo por las razones de siempre, porque espera un momento mejor. Si lo hace ahora, tendría que pactar con el PSOE porque la Constitución exige una mayoría de tres quintos del Senado. El PP confía en un desplome brutal de la izquierda en las próximas generales; una debacle que les permita nombrar a esos cuatro magistrados pactando como mucho con Vox. Sueñan con un ‘cuatro a cero’ en el Senado que entregue a la derecha el último bastión de la Justicia que aún se les resiste: el Tribunal Constitucional.

En el Senado, el sistema electoral no puede ser más mayoritario. Se escogen cuatro senadores por provincia, tres por islas mayores (Gran Canaria, Mallorca y Tenerife), uno por islas menores, dos para Ceuta y Melilla. Es la única elección con listas abiertas; con nula utilidad. En las provincias casi siempre sale un ‘tres a uno’: el partido más votado se lleva tres senadores. El segundo más votado consigue el cuarto escaño. Y más de un tercio de los votos suelen acabar en la basura: no logran ninguna representación.

La lección es siempre la misma. El sistema electoral español es mayoritario y la división se paga muy cara en las urnas. Pasa en el Congreso, especialmente en las 19 provincias que reparten cuatro escaños o menos. Pasa en todas las circunscripciones del Senado.

Hay un precedente interesante al que mirar, el de Ibiza y Formentera. Allí se elige un único senador y todos los partidos de la izquierda se presentaron en 2023 en coalición con un independiente al frente, Juanjo Ferrer. Fue un frente más amplio del que ahora propone Gabriel Rufián: PSOE, Sumar, Esquerra Unida y Ara Eivissa (un partido que en las europeas formó parte de Ahora Repúblicas, con ERC, Bildu y BNG). Fue una alianza que salió bien. Juanjo Ferrer es hoy senador. Su candidatura de unidad ganó por menos de 3.000 votos al PP. 

El caso de las Pitiusas es extremo: una circunscripción unipersonal. Pero no hay que recurrir a este ejemplo para explicar para qué sirve la unidad. La izquierda ya la logró en 2023. Fue una alianza compleja y mal avenida, un parto con dolor. Pero, a pesar de los problemas y de la división posterior, es importante recordar que Sumar fue un éxito porque consiguió su principal objetivo: frenar a la derecha. Sin ese 12,3% de los votos que logró esa coalición, hoy gobernarían España Feijóo y Abascal.

La idea lanzada por Gabriel Rufián de una alianza aún más amplia, que también incluya a la izquierda soberanista, ha sido recibida por una curiosa contradicción: muy poco entusiasmo entre las direcciones de los partidos y una inesperada ilusión en una parte no despreciable de sus votantes. Hay mucha gente de izquierda deseosa de alguna señal de esperanza que ayude a romper con el derrotismo, con esa profecía que da por inevitable una victoria apabullante del PP y Vox.

Los datos del CIS hace tiempo que registran un aumento en la popularidad de Gabriel Rufián. El portavoz de ERC en el Congreso se ha convertido en uno de los políticos mejor valorados por el conjunto de la izquierda. Curiosamente su respaldo es mayor y más transversal entre la dividida izquierda nacional que entre el aún más fragmentado independentismo catalán. Es uno de los políticos que mejor ha entendido la fuerza de las redes sociales, quien más y mejor las usa a su favor. 

De momento Rufián ha dado un primer paso. Pero hay una estrategia detrás que no pasa por crear una nueva coalición para toda España con él como candidato de unidad. La clave estará en Catalunya: en lograr un acuerdo entre ERC, Comuns y la CUP. Una alianza que sirva como ejemplo para otros lugares; que pueda extender ese mismo debate a Euskadi, Galicia, la Comunitat Valenciana o Aragón. Un proyecto que entienda que las leyes electorales son tan implacables como la ley de la gravedad. Y que aplique, de forma pragmática, ante esta situación excepcional, soluciones a medida para cada parlamento y cada circunscripción.

No se ha hecho nunca en este periodo democrático. Solo en Ibiza y para el Senado, donde esta es la tercera ocasión en la que se pacta este frente amplio. Pero el reto al que se enfrenta la izquierda en las próximas elecciones no será el de una campaña más. 

¿Qué pasaría si el PP y Vox logran alcanzar en el Congreso y el Senado esa mayoría de tres quintos, suficiente para una reforma constitucional? ¿Qué país podrían dejar?

Dentro de ERC, el principal aliado de Rufián es el exportavoz de ERC en el Congreso Joan Tardà. Ambos confían en provocar al menos un debate en ERC; incluso intentar que sea la militancia quien vote qué hacer. Por ahora, la dirección del partido es reacia a esta posibilidad. 

En el lado de los Comuns, hay varios dirigentes, como Gerardo Pisarello, que ven este posible frente amplio con buenos ojos, pero también existen fuertes resistencias internas, especialmente en los cuadros que provienen de Iniciativa. De nuevo dependerá de cómo sea el arrastre que los partidos detecten en la sociedad. 

No solo se mueve Gabriel Rufián, con esa charla prevista para el 18 de febrero con Emilio Delgado, de Más Madrid; un evento que ha generado una gran expectación. Tres días más tarde, el sábado 21, está convocado otro acto para presentar la reedición del pacto entre IU, Comuns, Más Madrid y Movimiento Sumar para las próximas generales. 

Aún no está claro un aspecto importante de ese nuevo acuerdo: quién estará en el cartel electoral. Los cuatro partidos coinciden en elogiar a Yolanda Díaz como la mejor ministra de Trabajo de la historia de España, como una dirigente que fue determinante para lograr que la derecha no gobernara en 2023. Nadie quiere clavar a Yolanda Díaz ningún puñal, pero son cada vez más las voces internas que plantean un relevo al frente de la coalición y piden normas más claras en la toma de decisiones del proyecto común. Entre los que más suenan está Pablo Bustinduy, que por ahora se resiste. También hay quien defiende la opción de Ernest Urtasun, o de recuperar a Mónica Oltra. Otros plantean un liderazgo coral, donde Yolanda Díaz tenga un lugar. 

¿Y Podemos? Hoy parece imposible que sus dirigentes pacten de nuevo una coalición; así lo dicen abiertamente. Tampoco hay en IU, Comuns y Más Madrid muchas ganas de integrarlos otra vez; menos aún tras el desastroso resultado de Podemos en Aragón. Curiosamente, la jugada de Rufián puede servir como catalizador para cuadrar el círculo de la unidad de la izquierda. Las bases de Podemos rechazan a Yolanda Díaz con furor –no perdonan la exclusión de Irene Montero–, pero no sucede lo mismo con Rufián. Para Podemos, sería más difícil quedarse fuera de un frente amplio si incluso ERC acaba entrando dentro de esa ecuación. 

No se trata de renunciar a las siglas. Tampoco es una nueva ‘operación Roca’ con Rufián como candidato a presidente. Es muy interesante el análisis y la propuesta que, en este artículo de elDiario.es, planteó Alberto Garzón. “La buena noticia es que técnicamente se puede articular una candidatura unitaria. La mala noticia es que nadie sabe cómo hacerlo”, resume el ex coordinador general de IU, que también defiende que no es necesario hacer “borrón y cuenta nueva” en cada ocasión. “No es buena idea empezar apuntando a quién no debe estar; sería más fructífero cambiar el foco hacia qué se quiere conseguir”. Empezando por la vivienda, que es hoy el problema más acuciante.

Las próximas elecciones generales no son otras más. El contexto internacional es terrible. La amenaza que supone el creciente empuje de la extrema derecha es más preocupante aún. Si el PP gobierna con Vox, como hoy parece probable, no será una simple alternancia ni otro ciclo político más. Están en riesgo derechos y libertades; mucha gente sufrirá. “Tengo miedo como demócrata”, dice Gabriel Rufián. Que en este sentimiento conecta con buena parte de la sociedad.

La unidad, por sí sola, no bastará para frenar esta ola reaccionaria. Desde luego ayudaría que las fuerzas de la izquierda al menos dejen de tirarse piedras entre sí y de abonar una división agresiva y artificial. 

Tampoco sirve la simple resistencia a la extrema derecha como eje principal de una propuesta. A juzgar por las últimas elecciones, ese discurso por sí solo ya no es suficiente. Hace falta proyecto, credibilidad y –lo más importante– la capacidad de ilusionar a un electorado progresista que hoy duda, se abstiene o vota resignado a la derrota. 

La primera victoria pasa por recuperar la esperanza; por volver a creer que el futuro aún está abierto. Que esa victoria abrumadora de la derecha y la extrema derecha que pronostican las encuestas y los resultados autonómicos no es inevitable. Igual que no lo fue en 2023.

Ahora se entiende mejor el cierre de campaña del PP: con Los Meconios, Vito Quiles y ese Alberto Núñez Feijóo que no había venido a la política para insultar. 

El Partido Popular adelantó más de un año las elecciones autonómicas de Aragón para depender un poco menos de Vox. Animados con las primeras encuestas, en el PP llegaron a soñar con los 32 diputados; con un resultado tan bueno como para poder gobernar sin la extrema derecha, con los partidos minoritarios: Teruel Existe o el PAR. Otra vez más, no será así. 

Jorge Azcón hoy tiene en las Cortes 26 escaños, dos diputados menos de los que tenía antes de convocar. Vox duplica su tamaño y vuelve a tener la llave del Gobierno de Aragón. 

Hay un segundo objetivo que al PP sí le ha salido bien. Porque todo este rosario de elecciones autonómicas anticipadas también busca desnudar la debilidad del ‘sanchismo’ y de la izquierda en general. Entre el PSOE, Chunta Aragonesista e IU-Sumar tendrán solo 25 de 67 escaños. Es el mínimo histórico de la izquierda en las Cortes de Aragón. Nunca antes la derecha y la extrema derecha han sido tan fuertes en este parlamento autonómico.

Entre las tres listas a la izquierda del PSOE hay un claro ganador, Chunta Aragonesista, que dobla escaños. Otra que salva los muebles: el escaño que repite IU-Sumar. Y una tercera candidatura, la de Podemos, que no alcanza ni el 1%. En votos, siendo ambos extraparlamentarios, el partido de Alvise ha sacado casi tres veces más. 

La tendencia general se repite una vez más, igual que antes pasó en Extremadura y probablemente pasará en Andalucía o en Castilla y León. El Partido Popular está siendo extremadamente eficaz a la hora de desmovilizar a la izquierda; también está logrando un claro giro a la derecha en toda la sociedad. Pero quien más rentabiliza ese discurso catastrofista y antisistema es la extrema derecha: no Alberto Núñez Feijóo.

Hace no tanto, habría sido inimaginable que un agitador ultra como Vito Quiles fuese la gran estrella invitada del PP para cerrar una campaña electoral. Fue una jugada desesperada para pescar votos en la extrema derecha, una apuesta que se entiende mejor viendo los resultados de hoy. 

“Ha ganado el cabreo”, dicen en el PP, que en su estrategia de oposición siguen cautivos de la misma contradicción. Es el PP quien aplica los mismos criterios éticos y morales de Donald Trump, quien está crispando la vida pública, normalizando el machismo, la xenofobia y los discursos de odio. 

Para sorpresa de nadie, el principal beneficiado es Vox.

–Usted no es la empleada de Hipercor que la tocan el trasero y tiene que aguantarse porque es el pan de sus hijos. ¡Usted no tenía por qué aguantar eso!

–Me estoy jugando mi dignidad.

–¿Su dignidad?

–Querían que me marchara como si hubiera hecho algo malo. Querían que me marchara como si fuera una incompetente. Yo no podía consentir eso.

–Pues uno se marcha si tiene dignidad. Y luego denuncia.

–Pues eso es lo que hice.

El interrogatorio del fiscal José Luis García Ancos a Nevenka Fernández pasará a la historia como un ejemplo descarnado de machismo institucional. Leído impresiona por su crudeza. Si escuchas el audio es aún peor. 

Nevenka fue la primera mujer en España que logró una condena contra un político por acoso sexual, contra el entonces alcalde de Ponferrada, Ismael Álvarez. Ella era una joven concejala. Él le doblaba en edad. La respuesta en su contra fue tan brutal que fue Nevenka la que tuvo que irse de la ciudad para no volver jamás; hoy vive en Irlanda. Ismael Álvarez fue condenado en 2002 a una multa de 5.780 euros y a una indemnización de 12.000 euros. Más tarde el Supremo rebajó la multa a menos de la mitad, 2.160 euros, con el argumento de que el alcalde no tenía “una relación jerárquica propiamente dicha” sobre la concejala.

El Partido Popular, donde ambos militaban, apoyó a su alcalde hasta el final. Incluso el día en que fue condenado y –solo entonces– presentó su dimisión. “Hay que tener un respeto total por el alcalde de Ponferrada, que ha tenido una postura impecable al dimitir antes de que haya una sentencia firme”, argumentó Ana Botella el mismísimo día en que se conoció la condena, para la posteridad.

Ha pasado casi un cuarto de siglo. Y la respuesta del Partido Popular ante una denuncia de acoso en sus filas no ha mejorado mucho.

Es otro alcalde, el de Móstoles, Manuel Bautista. Son otros hechos. Es otra concejala. Todavía no hay sentencia y falta mucho para que llegue una verdad judicial; una condena o una absolución. Sí hay sobre la mesa una denuncia por acoso –desvelada por el periódico El País– y la intención declarada de esta mujer de llevar lo ocurrido ante la Justicia. 

Hay también una respuesta deplorable por parte del Partido Popular. 

Ante esta denuncia por acoso, los dirigentes del PP han hecho exactamente lo contrario a lo que dicen sus propios protocolos, a lo que pide la decencia, a lo que ellos mismos exigían cuando eran otros partidos los salpicados por un escándalo similar.

La concejala de Móstoles que denuncia este presunto acoso laboral y sexual trató de usar todos los cauces internos. Ninguno sirvió. Escribió a Isabel Díaz Ayuso, a su gabinete. En nueve ocasiones, y dio igual. Se reunió con el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, y con su secretaria de Organización, Ana Millán. Mandó un escrito de 20 folios al comité de Garantías del PP Nacional. Y ni siquiera después de todos estos pasos, en ocho meses, nadie en su partido activó el protocolo de acoso. Tampoco abrieron expediente alguno al regidor.

¿Los consejos que le dieron en el PP a la denunciante? Muy parecidos a lo que le decían a Nevenka, 25 años después. 

“Todas hemos aguantado muchas cosas en política”

“Piénsalo, quizá te venga mejor dar un paso atrás, no pasarlo mal, que tu padre no lo pase mal”.

“Es que una denuncia pública o judicial te afectaría a ti”.

“El PP está para ayudarte, ese amparo pasa por quitarte de la cabeza cualquier tipo de denuncia”.

“Yo no sé qué entiendes tú por amparo, nuestro amparo fue decirte: vete a casa, habla con tu marido”.

“Tienes que protegerte, y protegerte es no hacer nada”.

La dirección del PP lo sabía. La dirección del PP lo ocultó, e hizo todo lo posible para que este escándalo nunca saliera a la luz. 

Esta impresentable gestión no evitó que Isabel Díaz Ayuso y todos los líderes del PP pidieran la dimisión del Gobierno por lo ocurrido con Paco Salazar. Unas denuncias internas que –sin duda– el PSOE no gestionó correctamente: durante meses arrastraron los pies. Pero que también provocaron su expulsión de La Moncloa y de la Ejecutiva del partido a las pocas horas de que elDiario.es publicara la primera información sobre él. 

“¿A quién van a poner al frente del PSOE?, ¿a Rocco Siffredi?”, criticaba Isabel Díaz Ayuso. “¿Qué se puede esperar del trato que le han dado a las mujeres, si lo hacen así con sus compañeras?”, decía Ayuso también.

Pero más infame que el doble rasero ha sido la reacción del PP, tras destaparse este presunto caso de acoso sexual y laboral. Negarlo todo, acusar a la denunciante, soltar bulos sobre ella y hasta filtrar a la prensa –con datos personales incluidos– los correos donde denunciaba la situación.

Dicen en el PP que no es un caso de acoso sexual, que es solo laboral. Un presunto acoso laboral que empezó, según la denuncia, cuando la concejala le dijo al alcalde que no quería nada sexual con él.

Dice el alcalde que es una venganza porque no la hizo teniente de alcalde. Pero en una grabación, con la propia concejala, admite que nunca pidió algo así. 

Se pregunta Alfonso Serrano, y ya es el colmo: “Y tú, ¿cómo ligas?”.

Año 2026. Un cuarto de siglo después de Nevenka. Y aún falta tanto por hacer. 

“Viudas de vivos”, las llamaba Rosalía de Castro en uno de sus poemarios, Follas novas, publicado en 1880. Son las mujeres que se quedaron solas en aquella Galicia miserable de la que huyeron los hombres jóvenes. Esas viudas de los emigrantes.

Galicia, sin homes quedas

que te poidan traballar.

Tés, en cambio, orfos e orfas 

e campos de soledad,

e nais que non teñen fillos

e fillos que non ten pais.

E tés corazóns que sufren

longas ausencias mortás, 

viudas de vivos e mortos

que ninguén consolará.

“Galicia, sin hombres quedas que te puedan trabajar”. Aquí puedes leer completo (en galego y castellano) este emblemático poema de Rosalía de Castro. Es un desgarro para el que solo sirve una palabra portuguesa intraducible que después reivindicaron los literatos gallegos: ‘saudade’, una suerte de melancolía atravesada por la nostalgia y el dolor por la distancia de lo amado.

De aquella Galicia hambrienta escaparon casi todos los que pudieron: entre 1,2 y 2 millones de personas de 1836 a 1960. Solo en la segunda mitad del XIX, Galicia perdió alrededor de una cuarta parte de su población. En términos relativos, hay que irse a Irlanda para encontrar un éxodo europeo equivalente. En algunos periodos, casi la mitad de los españoles que emigraron a América salieron de Galicia. Por eso allí aún nos llaman gallegos.

Rosalía de Castro, a su manera, también era hija de una de esas “viudas de vivos”. Su padre era sacerdote, un gran oprobio en su época, especialmente para la madre y para ella. En su partida de bautismo –nació en 1837–, aparece registrada “de padres desconocidos”. Se libró de la inclusa porque se hizo cargo su madrina, una sirviente de su madre. Esa infancia desgarrada se ve después en el compromiso de su escritura, en su retrato de la vida más dura en esa Galicia cruel, sobre todo para las mujeres.

Hoy Rosalía de Castro es el gran símbolo cultural de Galicia, con permiso de Emilia Pardo Bazán. Todos la citan. Pocos la leen. Es famosa una vieja metedura de pata de Alberto Núñez Feijóo, en una entrevista como presidente de la Xunta, donde citó a Rosalía de Castro como su escritora preferida… para después ser incapaz de nombrar correctamente una sola de sus obras. 

La impostura de Feijóo no empezó con Orwell y 1984. Pero más graves que sus enormes lagunas culturales son sus erráticas posiciones políticas. Ese oportunismo electoral del líder del PP que redefine a cada rato sus principios, siempre tras la estela de la extrema derecha.

Hay argumentos para criticar la regularización de inmigrantes que acaba de poner en marcha el Gobierno. El fundamental: que pudo hacerlo mucho antes. Esta necesaria medida llega tras un pacto con Podemos para la que no necesita sus votos. El PSOE lo hace así, el Gobierno lo hace ahora, para salir del debate ferroviario e intentar recomponer la mayoría de la investidura. Es una jugada a tres bandas, con la mirada puesta en Puigdemont; probablemente Podemos después apoye a cambio la transferencia a Catalunya de las competencias sobre migración que pide Junts. Con mucha, mucha suerte –aún parece muy difícil– puede que hasta se aprueben los Presupuestos.

Es criticable el momento. O que una regularización así no pase por el Parlamento, como sería deseable. Pero no son admisibles las mentiras y la demagogia con las que la oposición ha criticado esta medida, que es idéntica a la que antes aprobaron Felipe, Aznar o Zapatero.

Esta regularización es la misma que llevó al Parlamento una iniciativa legislativa popular que contó con más de 600.000 firmas. Hace menos de dos años, el PP votó a favor. 

Este Alberto Núñez Feijóo es también el mismo político que respaldó públicamente esa propuesta en varias entrevistas. “Hay un debate que debemos de zanjar con los inmigrantes que viven y trabajan en España pero que no obtienen o no han obtenido de momento papeles. Y esos pueden estar tranquilos”, aseguró Feijóo en 2024.

Sin duda, sí. Hoy están más tranquilas esas personas que viven, trabajan y pagan impuestos en España (del IVA nadie se escapa, aunque esté en la economía sumergida). Pero no por la acción de Feijóo, que aún hoy está intentando boicotear en Europa esta regularización. Menos aún por Vox, que si pudiera pondría en marcha esa misma gestapo contra los inmigrantes que actúa impune en Estados Unidos.

Es falso que esta regularización vaya a “colapsar” los servicios públicos. Estas personas ya están aquí, sus hijos ya van a las escuelas y también son atendidas por nuestros hospitales. La gran diferencia es que, a partir de ahora, saldrán de la economía sumergida, serán menos vulnerables a los abusos laborales y tendrán menos miedo al futuro. 

También aportarán más si están legales. Para las cuentas públicas, según dos estudios, el beneficio fiscal neto es de entre 3.300 y 4.000 euros al año por cada nuevo inmigrante que pasa a tener papeles. Regularizarlos supone más recursos para los servicios públicos, no menos.

Tampoco es verdad que el Gobierno esté manipulando el censo para ganar las generales de 2027. Y es aún más indignante que esta teoría de la conspiración la alimente Alberto Núñez Feijóo. Porque si alguien se ha aprovechado del voto de los emigrantes en España ha sido el PP gallego. Podría decirse que casi lo inventó. 

En las cuatro legislaturas que gobernó, Manuel Fraga cultivó el voto de la diáspora gallega con subvenciones, aperturas de centros culturales y una red de agentes electorales en países como Argentina, Brasil, Uruguay o México, donde la Xunta y el PP se mezclaban hasta hacerse indistinguibles.

La ventaja electoral del PP en lo que algunos dieron en llamar la quinta provincia gallega se demostró elección tras elección en los años 90 y los primeros 2000. En 1997, el PP registró el 52% del voto en el resultado total. En los votos de la emigración, su porcentaje fue aún mayor: el 68,7%, casi siete de cada diez. Y todo después de una intensa campaña de la Xunta en esos países con ayudas directas y actos en los centros de emigrantes que hicieron crecer el censo un 55% en los meses previos a las elecciones.

Que ciudadanos que viven en Uruguay, Argentina o Brasil –y que, en muchas ocasiones, jamás han pisado España– decidan quién debe gobernar Galicia siempre me pareció un disparate, por mucho que se les reconozca un pasaporte al que, por historia, tienen derecho. Pero es aún más contradictorio que se niegue el voto a personas que –esas sí– viven, trabajan y pagan impuestos en España.

Por mucha prisa que se quiera dar el Gobierno, estos inmigrantes ahora regularizados no podrán en ningún caso participar en las próximas elecciones generales: hace falta la nacionalidad, no un permiso de trabajo. Solo podrían, en algunos casos y dentro de un tiempo, votar en las municipales. También es dudoso que esto ayude electoralmente a la izquierda. La mayoría de las personas regularizadas son latinas; un bloque heterogéneo pero que suele tener un sesgo conservador. 

Todos estos datos y argumentos son de sobra conocidos por Alberto Núñez Feijóo. Cuando en 2024 apoyó la regularización lo hizo también porque se lo pidieron dos grupos de presión importantes para la derecha española: Cáritas –es decir, la Iglesia Católica– y las patronales de empresarios. 

Feijóo también conoce la historia de Galicia. Por eso su discurso actual no es ignorancia sino cálculo. De nuevo el cortoplacismo de un líder que se vendió como moderado y hoy compite en el mismo carril que Ayuso y Vox.

España fue durante más de un siglo un país que expulsaba a los suyos. Hoy recibe a quienes buscan lo mismo que anhelaban nuestros abuelos: trabajo, seguridad, futuro. 

Hay algo profundamente indecente en haber sido emigrantes y olvidarlo en tan pocas generaciones. 

Solo diez días después de aceptar la denuncia contra Julio Iglesias por agresión sexual, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha decidido archivar. La decisión no entra en el fondo del asunto. La Fiscalía no cuestiona a las denunciantes, ni las pruebas que aportan, ni su credibilidad. No tendrán por ahora justicia en España por otro motivo: su nacionalidad. Al no ser españolas, al ser unos presuntos delitos cometidos en República Dominicana y Bahamas, la Fiscalía considera que en España no se puede investigar.

Julio Iglesias no ha sido absuelto. La Justicia ni le ha dado ni le ha quitado la razón sobre estas graves acusaciones que el cantante niega. Esta decisión tampoco supone el punto final en los tribunales. La propia Fiscalía así lo recalca: el archivo “no produce efectos de cosa juzgada”; se puede volver a denunciar en otro tribunal. Las abogadas de las denunciantes, Women's Link, ya han anunciado que seguirán luchando para conseguir justicia. Están estudiando nuevas acciones legales. Van a continuar.

En su archivo, la Fiscalía de la Audiencia Nacional solo se pronuncia sobre una cosa: la jurisdicción. Según su criterio, la Justicia española no es competente para investigar, a pesar de que el cantante más famoso de la historia de España siga manteniendo su nacionalidad.

La competencia española era un asunto polémico desde el principio y se prestaba a interpretación, como ya contamos en elDiario.es. Hay juristas que lo ven como la Fiscalía. Otros que no. La Justicia Universal en España fue mutilada en 2014 por Mariano Rajoy. Desde entonces, el margen es pequeño y poco claro: el resultado de aquella reforma fue un larguísimo artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que es un auténtico galimatías, difícil de entender y de explicar. Es uno de esos temas polémicos que se presta a interpretación y hay precedentes en un sentido y en otro. La propia sentencia del Tribunal Supremo que cita la Fiscalía para argumentar su archivo –STS 974/2016, con Manuel Marchena como ponente– tiene un voto particular de otro magistrado, Antonio del Moral. Ni siquiera entre los jueces del Supremo hay consenso sobre esta cuestión.

Las abogadas de las denunciantes, Women's Link, aseguran que habían presentado tres escritos ante la Fiscalía que no han sido resueltos, que no les han contestado antes de tomar la decisión de archivar. En uno de ellos argumentaban sobre la jurisdicción, sobre el debate de la competencia. Otro escrito insistía ante la Fiscalía sobre las medidas de protección de las identidades de las denunciantes. El tercero ponía a disposición de la Fiscalía nuevos hechos e indicios que reforzaban la conexión con España.

Ninguno de estos tres escritos ha tenido respuesta por parte de la Fiscalía. Al tratarse de una investigación preprocesal –aún no en el juzgado– no es posible tampoco recurso. Fuentes fiscales sostienen que tras constatar que no había “ningún elemento” que permitiera atribuir jurisdicción a los tribunales españoles resulta “lógico” que se dictara un decreto de archivo sin contestar a esos escritos.

Women's Link y Amnistía Internacional son muy críticas con esta decisión: “La idea de que un ciudadano español podría ser eximido de afrontar un proceso de justicia si los presuntos delitos de los que es acusado no ocurrieron en España y fueron cometidos contra mujeres no españolas desconoce el principio de extraterritorialidad y, además, el derecho humano fundamental para que todas las mujeres y niñas puedan vivir en un mundo libre de violencias”.

El archivo por parte de la Fiscalía no cambia ni una coma de todo lo que hemos publicado sobre Julio Iglesias en elDiario.es. Nos reafirmamos en nuestra investigación, en el trabajo metódico y riguroso que hemos realizado en colaboración con Univision. 

No es algo nuevo. No es la primera vez que nos pasa. Muchas de nuestras grandes investigaciones se encuentran con situaciones así. Con Cristina Cifuentes absuelta por su máster regalado. Con la Fiscalía argumentando que al rey emérito tampoco se le puede juzgar.

Puede parecer frustrante. Pero creo que hemos cumplido con nuestro papel, que no es juzgar ni condenar: es ofrecer a la sociedad información contrastada y veraz. 

Nuestro periodismo no se puede archivar. Y no nos rendimos. Aún nos queda mucho por investigar.

El verdadero poder de Julio Iglesias no se mide en millones de dólares o de discos vendidos. No es solo el dinero o la fama: es la enorme influencia de una red de contactos. Un poder que se demuestra con la pequeña historia de una llamada de teléfono. 

Ocurrió en la primavera de 2005. Zapatero había ganado las elecciones un año antes y lo primero que hizo fue retirar las tropas españolas de Irak. Ya contaba con la enemistad de la superpotencia cuando no se levantó al paso de la bandera de EEUU en un desfile militar. La consecuencia directa de ambas decisiones fue que el presidente George W. Bush ordenó congelar la relación con España; un bloqueo diplomático al que también puso de su parte Aznar. 

Lo cuenta en uno de sus libros de memorias el exministro de Defensa José Bono. Estaban desesperados porque el Gobierno estadounidense se negaba siquiera a recibirlos. Fue entonces cuando Bono se enteró de los contactos que tenía Julio Iglesias con la Casa Blanca. Así que le llamó por teléfono: “Como buen patriota te ruego que ayudes a España”, le dijo el ministro al cantante. “Voy a visitar Estados Unidos oficialmente y quisiera que no se malogre el viaje”. Julio Iglesias le contestó que tenía muy buena relación con Henry Kissinger: el histórico ex secretario de Estado de EE UU, uno de los responsables del golpe de Estado en Chile del general Pinochet. “En cuanto te cuelgue el teléfono –respondió Iglesias a Bono– voy a hablar con él”. 

Aquella gestión funcionó. Y Julio Iglesias llamó a José Bono poco después. “Acabo de hablar con Kissinger. Ha contactado con Donald Rumsfeld [entonces secretario de Defensa] y le ha solicitado el mejor trato posible”. Solo dos horas más tarde –cuenta el exministro en sus memorias– le telefoneó el embajador de Estados Unidos en España: “A mí me hacen poco caso en el Pentágono, pero algo ha debido de ocurrir porque me acaban de trasladar que tu viaje será un éxito total”. Y así fue: Bono se reunió oficialmente con Donald Rumsfeld unas semanas después. 

No hay muchas personas vivas con la agenda de Julio Iglesias. Lleva más de medio siglo codeándose con los más ricos y poderosos porque es uno de ellos. Forma parte de esa élite mundial que coincide en fiestas, en cenas, en mansiones. Un olimpo que mira al resto de los seres humanos como pequeñas hormigas a sus pies. 

Ha sido una de las semanas más intensas en la historia de elDiario.es. No he dormido ningún día más de cuatro horas. Lo mismo les pasa a las compañeras de la redacción que han trabajado en este proyecto: Elena Cabrera, Ana Requena, María Ramírez, Raquel Ejerique, Izaskun Pérez y Natalia Chientaroli. La adrenalina nos mantiene en pie. 

Esta investigación, en colaboración con Univision, sobre las acusaciones contra Julio Iglesias por agresiones sexuales ha tenido una enorme repercusión. En España y en todo el mundo: The Guardian, Le Monde, The New York Times, Der Spiegel, Clarín, Washington Post, Frankfurter Allgemeine, The Times, Folha de S. Paulo, Reuters, BBC… La casi totalidad de los medios de comunicación han recogido nuestra exclusiva. Han citado nuestro trabajo y han dado credibilidad a nuestra información. 

Han sido tres años para llegar hasta aquí, como te conté el martes. Hemos sido muy meticulosos antes de publicar. Somos conscientes de que esta noticia ha tenido tanto impacto internacional por quién es Julio Iglesias. Y que este éxito periodístico se puede volver en nuestra contra. Si nos equivocamos, si no hacemos las cosas bien, esta exclusiva puede ser la tumba de elDiario.es. Toda nuestra credibilidad está en juego. Pero no solo: Julio Iglesias es alguien que nos podría arrollar con demandas en los tribunales. 

No hemos asumido un riesgo tan grande para hablar de Julio Iglesias en su faceta de famoso cantante internacional. Tampoco pretendíamos demostrar algo que ya se sabía: ese tufo machista que le acompaña desde siempre y que hoy escandaliza cuando se repasan algunas viejas entrevistas de su etapa de máxima popularidad. 

Esta investigación no va de un escándalo turbio de un famoso: va de otra cosa, del principal motivo por el que fundamos elDiario.es

Está en nuestro Estatuto, Artículo 10: “La misión fundamental del periodismo es controlar al poder en todas sus formas de manifestación y denunciar sus abusos, para evitar que se reproduzcan”.

No hemos dedicado este tiempo y estos esfuerzos a Julio Iglesias: lo hemos hecho por todas las empleadas domésticas que sufren abusos en todo el mundo. Y, en este caso concreto, por las que trabajaban al servicio de Julio Iglesias en esas mansiones que una de ellas definió como “la casita del terror”. 

Las protagonistas de esta investigación son víctimas especialmente vulnerables por tres motivos: por ser mujeres, por ser pobres y porque están racializadas. No tenemos en elDiario.es una sección dedicada a los famosos o a los cotilleos del corazón. Pero esto va de otra cosa: de machismo, de clasismo y de racismo. De la denuncia de un enorme abuso de poder contra personas extremadamente vulnerables.

Las dos mujeres que se han atrevido a contarnos ante una cámara lo ocurrido en esas mansiones, que también han puesto una denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional, son unas heroínas. Porque hay que ser muy valiente para enfrentarte a alguien tan poderoso como Julio Iglesias cuando eres una mujer joven, pobre y afrodescendiente. Como Julio Iglesias les decía: “Si tú hablas mal de mí nadie te va a creer”.

Todos los periodistas de elDiario.es estamos hoy orgullosos del trabajo de nuestras compañeras. En este periódico no hay una sección de investigación. Se ve al repasar algunas de nuestras exclusivas más citadas. Los títulos de máster regalados a políticos como Cristina Cifuentes o Carmen Montón los sacó a la luz Raquel Ejerique. La brigada política contra los independentistas la contó el primero Pedro Águeda. El pelotazo de las mascarillas del hermano de Ayuso con un amigo de su pueblo lo dio Fátima Caballero. La investigación sobre los pagos en negro a inspectores del Banco de España para formar a opositores es de Elena Herrera. El fraude fiscal y los supuestos sobornos por los que está imputado Alberto González Amador los destaparon José Precedo, Antonio M. Vélez y Pedro Águeda. Las denuncias ignoradas contra Paco Salazar las desvelaron José Enrique Monrosi y Esther Palomera. Y esta gran exclusiva internacional la lidera nuestra jefa de Cultura, Elena Cabrera.

No hay una sección de investigación en elDiario.es porque toda la redacción se dedica a eso: a investigar. A contrastar la información con el máximo rigor y publicar solo aquello que podemos demostrar. A fiscalizar los abusos del poder. 

Este tipo de periodismo sirve para cambiar el mundo. En este caso, para que el próximo multimillonario que crea que puede hacer lo que quiera con las mujeres de un país pobre al menos tenga un poquito de miedo a que la prensa lo descubra. Es un periodismo que sirve para combatir la impunidad.

Hay muchas otras historias muy potentes que estamos investigando desde hace mucho tiempo. Algunas de ellas pronto podremos publicarlas. Otras se quedarán en un cajón, si no las logramos contrastar. Pero si elDiario.es hoy es un periódico capaz de copar las portadas de todo el mundo con un trabajo de investigación es solo por una razón.

No somos más valientes. Tampoco somos mejores periodistas. Solo somos más independientes.

Y eso es posible gracias al respaldo de 117.000 personas, que nos respaldan económicamente para seguir. Si aún no lo eres, hazte socio/a tú también. 

Gracias por vuestro apoyo.

La foto la tomé con mi móvil esta semana, en la sala de reuniones de elDiario.es. De izquierda a derecha: María Ramírez, Raquel Ejerique, Elena Cabrera, Ana Requena, Natalia Chientaroli e Izaskun Pérez. Además de ellas, por parte de Univision –un equipo excelente del que hemos aprendido mucho–, han participado en esta investigación Federica Narancio, Esther Poveda, Gerardo Reyes y Margarita Rabin. 

Mucha gente está opinando sobre este trabajo sin conocerlo en profundidad. Si aún no lo has hecho, te recomiendo tres formatos distintos. Los tres requieren tiempo, pero hay mucho que contar. 

Un texto. El primer y detallado artículo que publicamos: Extrabajadoras de las mansiones de Julio Iglesias acusan al cantante de agresiones sexuales. 

Un podcast. El especial de cuatro capítulos de Un tema Al día, con Juanlu Sánchez. 

Y un vídeo. Este documental de 20 minutos: En la mansión de Julio Iglesias.