Esta no ha sido una buena semana.

El lunes falleció el padre de nuestro compañero y amigo Juanlu Sánchez. El martes viajé a Sevilla para acompañarle en el duelo y darle un enorme abrazo. Regresé el miércoles a primera hora, en el AVE. El accidente de Toledo me pilló en el tren, que se quedó parado a la altura de Córdoba. Volví desde allí hacia Madrid en el último coche alquilado que quedaba en la ciudad, dando instrucciones a la redacción por teléfono al tiempo que tranquilizaba a los amigos y familiares que sabían que ese día viajaba. Es una frase terrible, por lo que presupone: “Estoy bien, no ha sido mi tren”.

Contar una tragedia mientras está ocurriendo es lo más duro de mi oficio. Durante las primeras horas, el estrés blinda tus emociones. Va subiendo el recuento de los muertos mientras tú intentas mantener el foco, conseguir la información, explicar a los lectores qué está pasando. Todavía no eres del todo consciente de las vidas que no vuelven. Esa losa cae de golpe al día siguiente, cuando repasas lo ocurrido como una persona más, sin pensar en cuál es el titular adecuado. Y es entonces cuando te derrumbas, como me pasó el 12 de marzo de 2004. Como siempre me pasa.

Esta semana también me ha tocado escribir sobre algo que preferiría no tener que contar: el intento de intimidación de Eduardo Inda tras publicar en elDiario.es –igual que hicieron muchos otros medios– que la empresa editora de la web que dirige había pagado 242.000 euros a la abogada de Koldo García. 

Las principales asociaciones de periodistas me han mostrado su apoyo. “Estos métodos de intimidación a periodistas y fuentes son intolerables y responden a intereses espurios”, aseguran la FAPE y la Asociación de la Prensa de Madrid, que representan a más de 17.000 periodistas. También han expresado su respaldo la asociación de editores CLABE y Reporteros Sin Fronteras (muchas gracias, compañeros).

Fue un episodio desagradable, claro. Pero en el fondo es una distracción para que nos olvidemos de lo más importante de esta historia. ¿Qué hace Okdiario pagando cerca de un cuarto de millón de euros de los gastos judiciales de un imputado por corrupción? ¿A cambio de qué?

Algunos datos para entender mejor esta historia.

La abogada Leticia de la Hoz defendió a Koldo García en su juicio en el Supremo. Ahora está imputada en la Audiencia Nacional por el juez Santiago Pedraz, en la investigación contra Leire Díez. La acusan de haber intentado sobornar a Carmen Pano, la empresaria que asegura que llevó 90.000 euros en efectivo a la sede del PSOE en Ferraz, repartidos en dos entregas.

Carmen Pano tiene antecedentes por estafa, según la UCO. Y también era administradora de tres empresas que presuntamente blanquearon dos millones de euros dentro de la trama de los hidrocarburos. Es la madre de la exnovia de Víctor de Aldama; es muy cercana a este conseguidor condenado por corrupción. Entre 2020 y 2021, según la UCO, Carmen Pano sacó dinero en efectivo de las cuentas de esas empresas en más de 120 ocasiones, en el cajero automático y en la ventanilla del banco. En total, billete a billete, 2,25 millones de euros.

Con ese historial, cualquiera pensaría que Pano estaría entre los acusados del caso Gaslow, una de las piezas del fraude del IVA en los hidrocarburos de la que salía ese dinero. No es así. El juez Santiago Pedraz ha procesado a una quincena de personas y ha incluido a las tres sociedades de Pano como responsables civiles en caso de condena. Pero ella, sorprendentemente, se ha librado del banquillo. Como contó Javier Lillo en elDiario.es, la UCO la sitúa como la persona que sacaba el dinero del cajero poco después de que llegaran las transferencias de la trama. Sus empresas tendrán que responder judicialmente. Quien las administraba, no.

Al lado de Pano, hasta Víctor de Aldama es un aficionado en esto de salir bien parado de una investigación penal. Aldama no entró en prisión en el caso de las mascarillas, tampoco tuvo que devolver el dinero que logró con ese pelotazo, pero al menos sí fue juzgado y condenado. La mujer que acusa al PSOE sin más prueba que su palabra de haber pagado 90.000 euros ni siquiera se sentará en el banquillo por esta pieza del fraude de los hidrocarburos donde su papel aparece documentado en los informes de la UCO.

Muy normal no es. Pero volvamos a Leticia de la Hoz y Okdiario.

La abogada de Koldo García está también acusada de haber cobrado dinero del PSOE, dentro de esa misma investigación que protagoniza Leire Díez. Desde el primer momento, ella negó que el PSOE le hubiera pagado la defensa judicial de Koldo, como sospechaba la Fiscalía Anticorrupción, pero tampoco explicaba quién era el pagador. Llevaba varios meses argumentando que, sin un mandato judicial, no podía revelar quién había abonado sus honorarios. Le impedía hacerlo el secreto profesional. 

El miércoles 28 de octubre, esta misma semana, el juez Santiago Pedraz al fin ordenó a Leticia de la Hoz que aportara esos datos. Ella lo hizo al día siguiente, este jueves, cuando se conoció la noticia. No solo ha entregado a la Audiencia Nacional las facturas, sino también los comprobantes de las transferencias. Son dos pagos, 242.000 euros en total: 200.000 euros más IVA. El concepto de ambas facturas es muy claro: “Honorarios, aranceles y gastos por asesoramiento jurídico y procedimientos del señor D. Koldo García”.

La primera factura, de 181.500 euros, se pagó desde la empresa editora de Okdiario, Dos Mil Palabras SL, al bufete de Leticia de la Hoz el 27 de noviembre de 2025. Exactamente el mismo día en que Eduardo Inda publicaba su entrevista con Koldo García. Exactamente el mismo día en que Koldo García entraba en prisión.

Antes de publicar esta información, como hacemos siempre en elDiario.es, intentamos recabar la versión sobre estos hechos de Eduardo Inda y de la empresa que edita Okdiario. No quisieron contestar. Al día siguiente, Okdiario publicó que ese dinero fue el pago para la “realización de un libro y una docuserie”.

Para demostrar esta afirmación, muestran algunos fragmentos de un contrato con Koldo García. Solo unos trozos. Pero fuentes cercanas a Koldo García aseguran que ese contrato que enseñan de forma parcial es un borrador que nunca se firmó, y que establecía pagos muy superiores a esos 242.000 euros. Eduardo Inda tampoco ha mostrado el contrato completo, que seguro resultará interesante. 

Hay otras preguntas sin respuesta. Si era un pago a Koldo García por una docuserie, ¿por qué se abonó el dinero al despacho de su abogada en vez de al propio Koldo? Y otra más: ¿dónde están ese libro y esa docuserie? Porque solo se ha visto la entrevista.

Pagar a un entrevistado, comprar un testimonio, es una práctica éticamente muy dudosa. En elDiario.es nunca lo hemos hecho ni lo vamos a hacer. Nuestro Estatuto prohíbe pagar a las fuentes “para no fomentar la fabricación de información falsa y el mercadeo de datos obtenidos ilegalmente”. Es el mismo criterio deontológico que siguen otros medios de calidad en todo el mundo, como BBC, Reuters, France Presse o The New York Times. Pagar a una fuente crea un incentivo para la mentira. 

En algunos programas de televisión, especialmente los del famoseo y el corazón, esos reparos éticos no existen. Allí se paga habitualmente a algunos entrevistados porque dan audiencia, y la audiencia da ingresos. Pero ni siquiera en ese mundo, que mueve muchísimo más dinero que una web como Okdiario, se pagan 242.000 euros por una entrevista, según fuentes del sector. Es una cifra desproporcionada para cualquier medio. Para Okdiario, más aún.

Hay unas palabras del propio Koldo que cobran especial interés a la luz de estos pagos. Las pronunció en su última intervención en el juicio del Tribunal Supremo.

Koldo García: “A mí se me ha ofrecido que se me iba a quedar esto en nada si me metía con el Gobierno. Hay dos medios de comunicación que se reunieron conmigo, y lo que estoy diciendo lo puedo demostrar, para que mienta y engañe a todos los españoles”.

Las frases importantes son dos: “Para que mienta y engañe” contra el Gobierno. “Y lo que estoy diciendo lo puedo demostrar”. 

El juez Santiago Pedraz investiga si desde el PSOE se financió una trama para interferir en causas judiciales que afectaban al partido y al Gobierno. Y en esa misma investigación se acaba de encontrar de forma inesperada con un pago que merece ser esclarecido: 242.000 euros de la empresa editora de Okdiario para la defensa de Koldo García. Cabe preguntarse si esa importante suma de dinero tiene algo que ver con lo que Koldo denunció ante el Supremo: que alguien buscaba interferir en esa causa judicial. ¿Tirará Pedraz de ese hilo? ¿O esta cuestión quedará también en nada, como con Carmen Pano?

P.D. Una última recomendación: el próximo miércoles empezamos un nuevo boletín con las claves de la campaña electoral. Durará hasta el 29N. Lo hace nuestro compañero Iñigo Aduriz y seguro que te gustará. Puedes apuntarte desde aquí. 

No revelo mis reuniones con fuentes. Verme con ellas es parte de mi trabajo, como el de todos los periodistas. Hablamos con gente todo el tiempo, para intentar conseguir información y después poder contar a los lectores lo que pasa. 

No detallo estos encuentros. Pero tampoco me ha pasado nunca lo que me ha ocurrido este jueves. 

Hace apenas unas horas, me he visto con una fuente: la abogada Leticia de la Hoz. Es la responsable del despacho que defendió a Koldo García en el juicio en el Tribunal Supremo por el que fue condenado junto al exministro José Luis Ábalos. Fue una reunión improvisada, que organizó el director adjunto de elDiario.es José Manuel Romero, tras conocerse esta mañana que OkDiario pagó la defensa de Koldo García en el Supremo. Son 200.000 euros más IVA, 242.000 euros en total, que abonó la empresa editora del medio que dirige Eduardo Inda al despacho de abogados de Leticia de la Hoz.

La primera factura, de 150.000 euros, se pagó exactamente el mismo día en que se publicó una entrevista a Koldo García hecha por el propio Eduardo Inda. El concepto de la factura es también bastante claro: “Honorarios, aranceles y gastos por asesoramiento jurídico y procedimientos del señor D. Koldo García”.

Leticia de la Hoz ha desvelado esas facturas y también los comprobantes de las transferencias dentro de una investigación de la Audiencia Nacional, donde está imputada por supuestamente formar parte de la llamada “cloaca del PSOE”. Entre otras cosas, la acusan de haber cobrado de este partido la defensa de Koldo García. Pidió permiso al juzgado para revelar quién había pagado realmente sus honorarios y resultó que no: que no cobró del PSOE sino del medio de Eduardo Inda. 

Tras saltar esa noticia, que hoy hemos publicado muchos otros medios, en elDiario.es quisimos recabar la versión de Leticia de la Hoz sobre estos hechos. Además de Romero, fui acompañado por otro periodista de la redacción, de la sección de Tribunales. Yo llegué el último, pasadas las 15:00, porque venía de la tele. No fue una reunión clandestina: quedamos a comer el menú del día en un restaurante cercano, que está en un hotel próximo a la redacción. Ni siquiera nos escondimos en un reservado; no había motivo alguno para ocultarnos. 

Nos despedimos en el propio restaurante a las 16:44. Sé la hora exacta porque tengo el ticket de la comida, que pagué justo al salir del restaurante. Leticia de la Hoz se fue al baño y nosotros nos fuimos andando hacia la redacción. Y cuando Romero y yo estábamos paseando por la calle, nos abordó un hombre bastante corpulento, unos dos metros de alto, vestido de traje y con la cabeza rapada. Nos enseñó su móvil, con el logo de OkDiario. Y nos dijo: “Te he estado haciendo fotos para Eduardo Inda”. Se dio la vuelta y se marchó, en dirección otra vez hacia el restaurante. 

José Manuel Romero y yo nos quedamos pasmados, sin entender muy bien a qué venía lo ocurrido. Llamamos a Leticia de la Hoz: mientras hablaba con nosotros por teléfono, esa misma persona hizo con ella exactamente lo mismo. El mismo mensaje, el mismo tipo corpulento. Es esta persona de la foto. Se ve también el logo de Ok Diario en su teléfono.

Unos minutos después, a las 16:58, Eduardo Inda me envió un mensaje de WhatsApp a mi teléfono. Muy breve: “Jojo”.

Leticia de la Hoz nos dice que va a presentar una denuncia por estos hechos, que considera un intento de intimidación. Nosotros lo estamos estudiando con nuestro abogado. Probablemente en las próximas horas OkDiario publicará las fotos de esa comida para intentar presentar como una suerte de conspiración lo que fue una reunión con una fuente, como las que tenemos todos los periodistas.

Y sí, claro que los periodistas de elDiario.es nos reunimos con fuentes. Ya conté en el pasado aquella vez que incluso estuve en casa de Francisco Correa, el cabecilla de la trama Gürtel. Es parte de nuestro trabajo. La diferencia –entre muchísimas otras– es que en elDiario.es nunca pagamos a las fuentes: ni por información ni por las entrevistas. Ni doscientos mil euros ni doscientos. Tampoco recurrimos a seguimientos por la calle.

Ya os imaginaréis que no es un trago agradable. Esta gente da miedo. 

Si te gusta nuestro trabajo y crees que es importante que podamos seguir informando frente a las presiones, apóyanos: hazte socio, hazte socia, de elDiario.es

Este miércoles, en la SER, Aimar Bretos me pidió el titular del día. Mi respuesta fue esta: “PP y Vox confirman su coalición con el primer objetivo de incumplir la Constitución para controlar la Justicia”.

“Luego lo desarrollo”, prometí en la radio. Pero la tertulia acabó por otros derroteros y me quedé sin tiempo. Así que lo explico hoy.

PP y Vox confirman su coalición, porque eso es lo que ha ocurrido esta semana. Su anuncio de un pacto para las candidaturas al Senado es la enésima prueba de que forman un bloque. Los electores del PP votan también por Abascal como vicepresidente. Y lo mismo ocurre al revés.

Incumplir la Constitución, porque ese es el primer objetivo de este acuerdo. Lo dejó entrever Feijóo en una entrevista en Onda Cero, donde aseguró que busca “una mayoría de tres quintos”. ¿Y por qué tres quintos? Porque esa es la mayoría reforzada necesaria para nombrar a los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional que están pendientes de renovación.

Hace ya diez meses que estos cuatro magistrados deberían haber sido nombrados, como ordena la Constitución. Pero el PP ha bloqueado la renovación porque espera que las próximas elecciones le permitan alcanzar, con Vox, esa mayoría de tres quintos en el Senado. Así podrían elegir a los cuatro magistrados sin pactar con el PSOE. Una mayoría que hasta ahora no ha conseguido ningún partido, pero que el PP sueña con lograr.

Antes las excusas habían sido otras, siempre peregrinas: que no se puede pactar nada con Sánchez, que las comunidades autónomas donde gobierna el PP van con retraso y hasta la festividad de la Virgen de la Bien Aparecida de Cantabria. Pero Feijóo ha dejado al descubierto el verdadero cálculo político: retrasar la renovación hasta después de las elecciones, por si entonces puede nombrar a los cuatro magistrados solo con los votos del PP y Vox.

Es un fraude antidemocrático. Porque la renovación tocaba ahora, con el Senado actual, no con el que sueña Feijóo. La Constitución establece plazos para renovar estos órganos, que no pueden quedar al arbitrio de cuándo le conviene a cada partido.

Este bloqueo del PP a la renovación de un órgano constitucional es la norma, no la excepción. Lo hizo Aznar, lo hizo Rajoy, lo hizo Casado y ahora lo hace Feijóo. Todos ellos incumplieron la Constitución.

¿Y para qué sirven estos bloqueos? Para controlar la Justicia. Es lo que históricamente han conseguido con el Consejo General del Poder Judicial. Y es lo que ahora quieren repetir con el Tribunal Constitucional.

No hay hoy una sola sala en el Tribunal Supremo donde la derecha no tenga una mayoría abrumadora. Y no me refiero solo a la orientación ideológica de sus magistrados –que también–, sino a cómo llegaron allí: la gran mayoría fueron elegidos por los vocales del CGPJ nombrados por el PP.

Los jueces del Tribunal Supremo no caen del cielo. Tampoco llegan allí por oposición. Los nombra el Consejo General del Poder Judicial, donde las mayorías políticas deciden de forma discrecional, sin un verdadero concurso de méritos. 

Los sucesivos bloqueos del PP a la renovación del CGPJ han permitido prolongar durante años las mayorías conservadoras en ese órgano. Buena parte de los actuales magistrados del Supremo fueron nombrados por un Consejo sin legitimidad democrática, con el mandato caducado.

Es como si un alcalde perdiera las elecciones, se atrincherase en su despacho y siguiera colocando a los suyos. Con dos agravantes: nadie ha pagado consecuencia alguna por estos bloqueos antidemocráticos y además los nombramientos siguen ahí. Los magistrados elegidos por un Consejo con el mandato caducado continuarán firmando sentencias en el Supremo hasta su jubilación. 

En las últimas tres décadas, la izquierda ha gobernado España durante 16 años y la derecha durante 14. Pero, en ese mismo periodo, el Consejo General del Poder Judicial ha tenido una mayoría conservadora durante más de 22 años. Y un presidente conservador durante casi 28 años. 

Y no es solo una cuestión de bloqueos. También de cómo ha actuado cada partido cuando ha tenido la mayoría parlamentaria.

Durante los gobiernos progresistas, el PSOE ha aceptado el consenso. Zapatero, por ejemplo, pactó el nombramiento de un presidente conservador para el CGPJ: Carlos Dívar. Justo lo contrario que el PP, que cuando ha tenido mayoría parlamentaria ha recurrido al rodillo. Rajoy cambió la ley para que el Consejo pudiera aprobar los nombramientos del Tribunal Supremo por mayoría simple, sin necesidad de pactos amplios. Así, los vocales conservadores de los años de Carlos Lesmes podían decidir esos nombramientos sin contar con los progresistas.

Ni siquiera en el actual consejo, renovado en 2024, la izquierda manda gran cosa. La división del bloque progresista está permitiendo a la derecha seguir controlando la mayoría de los nombramientos. El vocal Carlos Hugo Preciado, propuesto por Sumar, va por libre; igual que la presidenta supuestamente progresista, Isabel Perelló. La derecha controla las comisiones importantes del consejo.

Lo resumió muy bien Argelia Queralt, actual vocal del CGPJ, del sector progresista: “Los conservadores son una banda militar, nosotros una banda de jazz con tendencia a los solos y a la improvisación”.

Y luego pasa lo que pasa. La injerencia del Tribunal Supremo en estas elecciones, donde decenas de miles de españoles, los nietos de los exiliados, no podrán votar. O la injusta condena al fiscal general. O que una ley aprobada por el Parlamento sea boicoteada por la Justicia, como ocurrió con la amnistía. 

Ahora van a por el Tribunal Constitucional, la única colina de la Justicia que hoy no es suya. La derecha perdió la mayoría del Tribunal Constitucional en 2023. Por la forma en que se renueva este órgano, lo razonable es que la actual mayoría progresista perdure al menos hasta 2032. Es algo que no pueden soportar.

No es una rareza: es cómo ha funcionado el Tribunal Constitucional desde que nació. Tiene doce magistrados, nombrados por nueve años y renovados por tercios cada tres. Diez necesitan una mayoría de tres quintos para ser elegidos, lo que históricamente ha favorecido un reparto a partes iguales entre conservadores y progresistas. Los otros dos los elige el Gobierno sin necesidad de acordarlos con la oposición. Son esos dos los que suelen inclinar la mayoría.

Así ocurrió de forma pacífica en 2013, cuando el PP de Mariano Rajoy logró esa mayoría por nueve años. Pero lo que rige cuando beneficia a la derecha se convierte en intolerable cuando favorece a la izquierda. Desde que el PP perdió la mayoría en el Constitucional –porque antes la había perdido en las urnas– la derecha ha cuestionado la legitimidad de esta institución. Lo acusan de ser un tribunal al servicio del Gobierno. 

Que la mayoría de sus magistrados la eligiera la izquierda o la derecha claro que importa: marca su orientación. Por eso es tan grave manipular los nombramientos. 

Pero la orientación no es obediencia. El Estatut catalán, impulsado por el PSC y aprobado por el PSOE, quedó irreconocible tras pasar por un Constitucional presidido por una progresista, María Emilia Casas, que además fue ponente de la sentencia. La amnistía fiscal de Rajoy la anuló por unanimidad un Constitucional de mayoría conservadora. Y esta misma semana, el actual Constitucional, de mayoría progresista, ha inadmitido por diez votos a dos el amparo del Defensor del Pueblo contra el veto del Supremo al voto de los nietos del exilio.

La legitimidad de un magistrado no depende de cómo vota. Pero sí importa cómo llegó allí. La justicia emana del pueblo, dice la Constitución. Por eso los puestos clave del poder judicial se nombran directa o indirectamente desde las mayorías parlamentarias, respetando los plazos y las reglas establecidos.

Los mismos que se han saltado esas reglas para controlar el CGPJ –y de ese modo el Supremo– ahora cuestionan la legitimidad de los magistrados del Constitucional, que sí fueron nombrados sin trampa alguna.

Y así llegamos a bochornos como el vivido esta semana, con la respuesta que le ha dado la Sala de lo Penal del Supremo, con Manuel Marchena como ponente, al Tribunal Constitucional.

Dice el Supremo que la sentencia del Constitucional a favor de la amnistía es una “injerencia” en sus funciones. También le reprocha su “grandilocuencia” y sus “sobrantes epítetos”.

Es un desafío inédito en el mundo judicial. Todos los jueces españoles están sometidos a la revisión de otros tribunales. Los de primera instancia, por las audiencias provinciales. Y estas, por el Tribunal Supremo. 

Pero el Supremo tampoco tiene la última palabra. No desde que se aprobó la Constitución y España se sometió a los tribunales europeos. Por encima del Supremo, en materia de derechos fundamentales, está el Tribunal Constitucional. Y por encima de ambos, la Justicia europea. Si a alguien no le gusta una sentencia del Constitucional, puede acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Es común que el Supremo corrija o incluso desprecie argumentos de otros jueces sometidos a su decisión. Es lo que hizo Manuel Marchena con la sentencia de la Audiencia Nacional sobre el cerco al Parlament catalán, que después revocó la Justicia europea en una sentencia para enmarcar. Lo que no se ha visto nunca es que un tribunal al que le dicen que lo ha hecho mal se revuelva de esta manera contra su superior.

Y no, no es cierto que el Constitucional esté rompiendo la separación de poderes al cuestionar una decisión del Supremo. En este caso concreto, quien se saltó la separación de poderes fue el Supremo, al inventarse una interpretación peregrina sobre la malversación sin lucro para boicotear una ley aprobada por el Parlamento. 

Incumplir la Constitución para controlar la Justicia no es siquiera el único objetivo antidemocrático con el que amenaza la coalición PP-Vox. En el programa de la ultraderecha también está la ilegalización de los partidos independentistas, la prioridad nacional, la eliminación del derecho a voto de los españoles nietos del exilio y la censura ideológica en la cultura, entre otros ejemplos de medidas completamente inconstitucionales. 

Para estos “constitucionalistas”, la carta magna se resume en la monarquía y la unidad de España. Lo demás les da igual.

P.D. Imagino que lo sabrás ya: el Gobierno de Israel ha vetado a nuestra periodista Francesca Cicardi, que este miércoles iba a viajar a Tel Aviv. Tenía el visado en regla, tenía la acreditación oficial para cubrir las elecciones generales en este país. Pero menos de 24 horas antes de volar, la embajada israelí nos comunicó que su visado había sido revocado. 

No lo dicen abiertamente, pero no se nos escapa la razón: al Gobierno de Netanyahu no le gusta la información que hacemos en elDiario.es. Su veto es una represalia por informar sobre el genocidio en Gaza. Pero también es una medalla: una señal de que hacemos las cosas bien.

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Te imagino al tanto de las últimas noticias. No habrá acuerdo entre el Frente Amplio y Podemos. Sí hay pacto entre el PSOE y el Frente Amplio para el Senado. 

Entre el Frente Amplio y las confluencias de Canarias y la Comunitat Valenciana suman 15 partidos distintos. El decimosexto se ha quedado fuera. Ha sido más fácil para todos ellos pactar con el PSOE que con Podemos.

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“Yo planteé un proyecto y ese proyecto ha fracasado”, dijo el viernes Gabriel Rufián. “He fracasado”, insistió. También pidió “disculpas a la ciudadanía por el espectáculo dantesco” y confesó: “Me he planteado irme”. No lo hará, aclaró, porque “sería decepcionar a mucha más gente”. Dice que se queda “por responsabilidad”.

Es un fracaso muy peculiar. Porque todo lo ocurrido, al mismo tiempo, supone un éxito para el propio Rufián. Por tres motivos.

Primero, porque ha reforzado su posición dentro de ERC. Rufián tenía muy mala relación personal con la mitad de los diputados de Esquerra en el Congreso, con quienes apenas se hablaba. La posibilidad de liderar a la izquierda –que aumentó su tirón electoral– le ha dado más fuerza para negociar con Oriol Junqueras un equipo más afín. El resultado: en la nueva lista de ERC al Congreso no repetirán Francesc-Marc Álvaro, Pilar Vallugera ni Jordi Salvador, tres de los diputados con los que peor relación tenía.

Segundo, porque Rufián se lleva los votos de Podemos en Catalunya. No eran muchos, pero tampoco irrelevantes: en las últimas europeas, la candidatura de Irene Montero obtuvo 94.000 votos en la provincia de Barcelona. Una cifra que puede inclinar la competición entre ERC y el Frente Amplio en estas generales. En las anteriores, Sumar –con Podemos dentro– superó a ERC en Barcelona por 77.000 votos.

Tercero, porque este desenlace deja muy tocados a los Comuns, uno de los principales competidores de ERC. 

Rufián planteaba que la izquierda española y la izquierda soberanista debían confluir en el partido más votado de cada circunscripción. Pero su propuesta encerraba una evidente contradicción: en Barcelona, la fuerza más votada a la izquierda del PSOE en 2023 fue Sumar, no ERC. Pese a ello, encontró más respaldo y generosidad entre dirigentes de los Comuns –como Ada Colau y Gerardo Pisarello– que en la dirección de ERC, que siempre se cerró en banda a este acuerdo. Junqueras solo aceptaba la fórmula con la que finalmente ha transigido Podemos: incorporar a la lista electoral a alguna persona como independiente, con un perfil lo menos conocido posible y en un puesto sin el escaño asegurado. Podemos se lleva el sexto por Barcelona, donde ERC tiene ahora cuatro diputados. Para Esquerra es un regalo. Para Rufián también.

Así que no, Rufián no ha fracasado en estos tres frentes: el interno, el electoral y el de la competencia. En los tres sale ganando. El final del culebrón le ha dejado buenas cartas, aunque tampoco creo que esta carambola fuera su plan. Estoy seguro de que habría preferido otro final. No miente cuando dice que lo vive como un fracaso.

Honestamente, creo que Gabriel Rufián sí quería unir a la izquierda. Habría preferido una lista conjunta en Catalunya, como las que sí se han logrado en la Comunitat Valenciana o en Canarias sin tantos reproches ni alharacas. No dudo de que su intención fuera buena. Pero las buenas intenciones no siempre bastan.

En su ya larga carrera política, Rufián ha demostrado dos cosas: un olfato privilegiado para la táctica, una enorme ceguera estratégica. Es el mejor en las redes sociales, quien primero entendió el lenguaje de los jóvenes, el de los zascas y los memes. Sabe captar la atención y leer la pulsión de su gente. Al mismo tiempo, esa habilidad insuperable para subirse a las olas y acertar con los tuits más afilados, en ocasiones, le conduce al desastre. Es lo que pasó con sus famosas “155 monedas de plata”, que cambiaron para siempre –y para mal– la historia de Catalunya y de España.

El mejor en la táctica, el peor en la estrategia. Como demostró con su oposición a la reforma laboral porque no le interesaba que Yolanda Díaz tuviera esa victoria –¡menos mal que Alberto Casero salvó a dos millones de trabajadores en precario que hoy tienen contratos indefinidos!–. O como ha vuelto a demostrar esta semana, con ese pacto entre ERC y Podemos que ha acabado siendo determinante en la ruptura definitiva de la izquierda. 

No hubo maldad, sí algo de narcisismo. Rufián sobreestimó su poder, su capacidad de arrastre. Pensó que su tirón electoral era tan grande que podría mover el centro de gravedad de todos los partidos, incluido el suyo. El preferido de todas las encuestas estaba plenamente convencido de que esa firma entre ERC y Podemos forzaría al resto a entenderse. Rufián pensaba –así se lo transmitió a otros líderes de la izquierda– que ese pacto sería solo el primero, el que provocaría el acuerdo mayor y definitivo.

Hoy es evidente que estaba equivocado. 

Dos no pactan si uno no quiere. Y Podemos no ha querido. El pacto con Rufián remaba, pero en la dirección equivocada: era un incentivo para que no se llegara a un acuerdo, como finalmente pasó. 

Alargaría mucho esta carta explicar todos los motivos por los que Podemos no quería pactar, y tampoco creo que toda la culpa sea de este partido: vetar a Irene Montero en las listas de 2023 dejó una herida muy profunda. Podemos mira a todo ese espacio, salvo IU, como una escisión. Son sus antiguos cuadros, y entre unos y otros se acumula una cuenta de agravios, personales y políticos, imposible de saldar. Al mismo tiempo, Podemos no asume que ya no tiene la fuerza que tuvo. Tampoco habría sido muy coherente llamar “cómplices del genocidio” en Gaza a tus antiguos compañeros de coalición, como hizo Ione Belarra, y después acordar con ellos unas listas conjuntas.

Las primarias, obviamente, siempre fueron una excusa: ¿qué primarias se han celebrado con Rufián? ¿O en Canarias? ¿O en la Comunitat Valenciana? El viernes por la mañana, la coordinadora de Podem en Catalunya se lamentaba de enterarse por la prensa de quién iría de su partido en la lista de ERC cuando ni siquiera se conocía el resultado de las primarias en su autonomía. 

Dos no pactan si uno no quiere. Y la dirección de Podemos no ha querido, a pesar de las numerosas ofertas que ha recibido. La última de todas ellas, pública y a la desesperada, les garantizaba puestos de salida en Madrid y Barcelona, además de una portavocía. En la práctica era el número dos de Madrid para Irene Montero, como también desveló Emilio Delgado. Pese a ello, Podemos nunca quiso pactar con el Frente Amplio ni en Madrid ni en Catalunya. Y eso que allí le ofrecían un puesto más seguro que el que le dará ERC.

Solo habrá confluencia en Canarias y en la Comunitat Valenciana. En Extremadura, Murcia, Castilla-La Mancha y Cantabria las negociaciones regionales estaban bastante avanzadas, y en el resto de autonomías, salvo Madrid y Catalunya, el acuerdo habría sido posible. El principal escollo, el que llevó a Izquierda Unida a levantarse de la mesa, fue que Podemos quería una coalición solo con IU: en el reparto de recursos y en las listas. Fuera todo lo que oliera a Sumar o al antiguo Más País. Y, por supuesto, ni rastro de las palabras “Frente Amplio” en ninguna papeleta. Izquierda Unida se negó, aunque en algunos territorios, especialmente en Andalucía, le saldrá muy caro.

No es verdad, como argumenta Podemos, que en las provincias más grandes no pase nada por ir separados. La división tiene un coste político: los mensajes cruzan las fronteras provinciales y resulta difícil explicar por qué atacas en Madrid a quienes son tus aliados en Valencia. Y también puede tener un coste directo en escaños. En 2023, Sumar consiguió en Madrid 550.000 votos y seis diputados. El último entró por apenas 9.000 votos. Con esos mismos 550.000 votantes, en dos listas, lo más probable es que solo sumen cinco escaños. 

Pero si la división es mala en Madrid, ni te cuento en las Castillas, en Aragón, en Extremadura… El único consuelo está en la sabiduría de los votantes, que históricamente se han coordinado incluso mejor que los partidos a la hora de no tirar sus votos a la basura. 

“Yo planteé un proyecto y ese proyecto ha fracasado”, dijo Rufián. Irene Montero no dirá nada parecido. Porque Podemos también tenía un proyecto: ir solos, aunque solo compitieran por Madrid, para así garantizar la autonomía y la continuidad de su partido. Al menos la primera parte ya la ha conseguido.

La plaza de la Villa de París es uno de esos lugares donde se anudan los hilos del poder en España. Allí está el Tribunal Supremo y también la Audiencia Nacional, pero no solo. Mires hacia donde mires desde los jardines de esa plaza madrileña, todos los puntos cardinales te explican una parte importante de nuestra historia. 

Empezando por el centro de la plaza y el desahucio con el que nació.

Allí antes había un convento de monjas de clausura, el de las Salesas. Tras la revolución de 1868, el Gobierno del general Prim decidió incautarlo. El argumento fue económico: la Justicia necesitaba un edificio digno y el Estado no tenía cómo pagarlo. Las monjas resistieron durante más de un año, pero en octubre de 1870 las desalojaron, con un juez y un notario, y el convento pasó a ser el Palacio de Justicia. Donde estaban los huertos y jardines de ese convento nació la plaza de la Villa de París. ¿Y las monjas desahuciadas? El decreto, de 1870, aclara que fueron trasladadas “a otro local dentro de Madrid”, “con comodidad más que bastante”. No se quedaron en la calle.

Las monjas recurrieron a la Justicia. El pleito duró 37 años. En 1907, el Supremo sentenció que no era competente para corregir una decisión política de un Gobierno… y se quedó con el edificio.  

Al norte de la plaza está la Audiencia Nacional. Y justo frente a la puerta, por donde salen y entran todos sus jueces y fiscales, hay una placa en homenaje a José Antonio Primo de Rivera, en la casa donde nació. La puso allí la dictadura, en 1951, con su yugo y con sus flechas. Sigue intacta, 75 años después: es el lugar donde aún hoy se manifiesta la Falange. 

Al sur está el Tribunal Supremo, en el Palacio de las Salesas, antes convento. Durante la dictadura, compartió este edificio con el Tribunal de Orden Público: el juzgado de la represión política del franquismo. El TOP fue disuelto al llegar la democracia para renacer el mismo día como la Audiencia Nacional, con distintas funciones pero algunos de los mismos jueces. Poco después, se instaló en su actual sede al otro lado de la plaza. Literalmente, cambió de acera. 

Al este estaba Bocaccio, la versión madrileña de la mítica discoteca de la ‘Gauche Divine’ barcelonesa. Abrió en la capital en 1971 y también se convirtió en el local de moda, el lugar más libre de la dictadura. Cuenta Rappel –el vidente– que solía coincidir de fiesta en esa discoteca con la hermana del dictador, Pilar Franco. Y que en Bocaccio se mezclaban esas élites privilegiadas del franquismo con el ambiente gay, que solo en lugares así se toleraba. “Con Franco hacíamos de todo… con discreción”, recuerda Rappel. No todos tenían tanta suerte o tan buenos contactos. A escasos metros de Bocaccio, en esos mismos años, el Tribunal Supremo siguió firmando condenas por “escándalo público” contra los homosexuales.

¿Y al oeste? Hay un ático tan grande, tan lujoso, que a su lado el de Ayuso parece un piso de estudiantes. Se vendió en 2021 y ese año rompió todos los récords inmobiliarios. Mide 1.200 metros cuadrados, según publicó El Confidencial: pagaron por esa casa 25 millones de euros, más de 20.000 euros por metro cuadrado. 

Fue una plusmarca que no duró mucho. En 2023, otro ático en Barcelona alcanzó los 40 millones de euros. Y hace apenas un año, la familia Franco puso a la venta otro ático de lujo en Madrid por 18 millones: más barato en cifras absolutas –‘solo’ tiene 500 metros cuadrados–, pero a 36.000 euros por metro, mucho más caro que el de la Villa de París. Pertenecía a un edificio que dejó en herencia Carmen Franco, la única hija de ese dictador tan austero, tan patriota y tan honrado que convirtió a todos sus descendientes en millonarios. 

Pero volvamos a la Villa de París. El ático de los 25 millones formaba parte de una promoción de superlujo, en un sitio donde no hace falta instalar una alarma. No hay lugar más vigilado en todo el centro de Madrid que la plaza de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. 

El edificio era propiedad de la familia Espinosa de los Monteros. Entre otros, de Jorge y de Paz, hijos del marqués de Valtierra, Francisco Javier Espinosa de los Monteros. Son también los tíos de Iván Espinosa de los Monteros, el exportavoz de Vox.

En 2015, los Espinosa de los Monteros decidieron vender ese edificio para reformarlo como pisos de lujo, que suelen ser los más rentables. Encargaron la venta a su sobrino Iván, que ya entonces era uno de los fundadores de Vox. El 14 de diciembre de 2015, firmaron con él un contrato de comisión: le prometieron el 1,5% del precio que consiguiera.

A principios de 2016, Iván Espinosa de los Monteros encontró a los compradores: la sociedad Mabel Capital, dirigida por Manuel Campos. Entre sus accionistas están Abel Matutes Prats, hijo del exministro de Aznar, y el tenista Rafa Nadal. Mabel pactó pagar otra comisión del 1% a Iván Espinosa de los Monteros cuando se cerrase la operación.

El 13 de abril de 2016 firmaron el contrato para la futura venta: 25 millones de euros por todo el edificio. Solo había un problema en este enorme negocio: los inquilinos. 

Es una constante en el mercado inmobiliario. Los pisos viejos valen más si controlas el edificio al completo. De esa forma es más sencillo reformar todos de golpe para después venderlos muchísimo más caros. Por eso no interesa que dentro haya “bicho”, como llaman a los inquilinos. 

Tras pactar la venta, la familia Espinosa de los Monteros presionó a los inquilinos del edificio frente a la plaza de la Villa de París para que se fueran, según publicó el periodista Pedro Jiménez en la Cadena SER. Para esa operación, crearon un chat de WhatsApp donde coordinaron toda la operativa del “desalojo”, como ellos mismos lo llamaban.

En los mensajes de ese chat que desveló la SER se ve bien cómo lo hicieron. A algunos inquilinos los convencieron con dinero: “Acabo de llegar a un acuerdo con F.M. en 150.000”, “cerrado J. en 18.000”. Pero había otro elemento de presión: unas obras con cortes de luz y de agua durante casi todo el día. “Dejaron mi vivienda como un queso gruyère”, relató una de las vecinas. “Cuando volví del verano me encontré el piso absolutamente destrozado para que no pudiera vivir. No había ascensor, no había luz hasta las ocho de la noche... Era espantoso”.

El caso más extremo fue el de una mujer de 95 años, que vivía allí con otra anciana. Según la SER, su sobrina escribió el 19 de agosto de 2016 un mensaje a los dueños del edificio: “Me parece gravísimo tener a dos personas mayores –una de 95 años de salud delicada e imposibilitada para salir del edificio puesto que habéis clausurado el ascensor– casi 24 horas sin agua”.

¿La respuesta de Jorge Espinosa de los Monteros? “Seguimos sorprendidos de que mantengas a tu tía viviendo dentro de una obra, me parece inhumano que no quieras llegar a una solución. No me entra en la cabeza pero las obras no se pueden parar”.

Aquella anciana falleció solo cuatro días más tarde. Su sobrina presentó una querella en los tribunales. Denunció que su tía había sufrido “una grave situación de angustia provocada por el permanente hostigamiento al que se vio sometida”. La Justicia archivó esa querella.

El 6 de junio de 2017, ya sin inquilinos, se cerró del todo la operación y firmaron la escritura. Los vendedores cobraron entonces los 25 millones prometidos.

Para la empresa Mabel Capital, de Abel Matutes Prats y Rafa Nadal, la operación salió redonda. Solo con la venta del ático recuperaron lo que pagaron por todo el edificio. 

Entre los propietarios de una vivienda en esa promoción de lujo está Marta Ortega, presidenta de Inditex. Otro piso lo compró Rafa Nadal por cuatro millones de euros. Es el residencial más exclusivo de todo Madrid, como presume Mabel Capital en un vídeo de su web donde se pueden ver imágenes del edificio: la piscina interior, el gimnasio, el patio con jardín vertical o los enormes salones en doble altura del ático de los 25 millones.

Iván Espinosa de los Monteros se llevó 625.000 euros de comisión en aquella operación inmobiliaria de su familia. Un 1,5% de los vendedores. Otro 1% de los compradores. En total, el 2,5% de los 25 millones de euros. 

Para ahorrarse impuestos con aquella comisión, Iván Espinosa de los Monteros hizo dos cosas, según la Agencia Tributaria, que investigó la operación y acabó sancionándolo.

La primera: facturar a través de dos sociedades sin empleados, aunque el trabajo era solo suyo. Es un tipo de trampa muy habitual: el Impuesto sobre Sociedades es más bajo que el IRPF.

La segunda jugarreta fue aún más chusca: una de esas empresas usó una “factura falsa” de 169.400 euros de la empresa de su mujer, Rocío Monasterio. En 2022, el Tribunal Económico-Administrativo confirmó la sanción de Hacienda a Iván Espinosa de los Monteros, que recurrió la decisión.

Es el mismo Iván Espinosa de los Monteros que insultaba a Maricarmen llamándola “jeta” días antes de que muriera. “Yo que vivo en Madrid con mis impuestos le voy a pagar el piso delante de El Retiro a Maricarmen. Es flipante”, aseguró también.

Que alguien con este historial con Hacienda nos dé lecciones sobre cómo se gastan los impuestos es más flipante todavía.

A las monjas de las Salesas las echaron del convento “con comodidad más que bastante”. Siglo y medio después, las ancianas ya no tienen tanta suerte.

P.D. Me manda esta bellísima foto su autor, Diego Cobo, socio de elDiario.es. Maricarmen, rodeada de vecinas y del Sindicato de Inquilinas, que la acompañaron hasta el final. 

Muchos la insultaron. Mucha más gente la abrazó, como en esta foto. 

Ojalá su muerte no sea en vano.

“España necesita más avances sociales y menos insultos de la derecha”, propone Pedro Sánchez en su primera entrevista tras convocar elecciones. El presidente y candidato socialista recibió a elDiario.es a las 12:30 del miércoles en la sede del PSOE en Ferraz. Tras el fallecimiento de Maricarmen, Sánchez accedió a ampliar esta entrevista con varias preguntas sobre una muerte que ha conmocionado a la sociedad española. Esa parte de la entrevista se grabó el jueves: aquí puedes ver ambos vídeos completos. 

“Hay que intervenir”, insiste Sánchez sobre la vivienda. El presidente plantea estas elecciones como una disyuntiva: “O derechos o recortes”, “o la gente o los fondos buitre”. Se muestra preocupado ante la posibilidad de una injerencia extranjera en las elecciones, “y no solamente de naciones, sino también de actores no estatales”. Sobre el dueño de Amazon Jeff Bezos, que apoyó en redes las críticas a sus medidas de vivienda, Sánchez se pregunta “por qué estos oligarcas se posicionan en contra de debates que les quedan un poco lejos”. También rechaza las acusaciones de la derecha sobre el voto por correo: “Este bulo, y se les ve en la cara, es por miedo a perder las elecciones”.

¿Qué sintió al conocer la muerte de Maricarmen?

Pena, por supuesto. Tristeza. Y mucho rechazo a cualquier tipo de politización del dolor. Creo que la política está precisamente para responder a ese dolor y es lo que hemos hecho, con la aprobación y esperemos la convalidación del decreto que prohíbe precisamente desahucios como el que sufrió Maricarmen.

Maricarmen falleció en el hospital a las dos semanas de ser desahuciada. Otras personas, como es el caso de Olga en Hospitalet, se suicidan tras verse forzadas a dejar su casa. ¿Considera que son víctimas de un sistema injusto?

Sin duda. Este sistema tiene una parte de injusticia, sobre todo con los fondos buitre que mercantilizan el derecho a la vivienda que está reconocido en nuestra Constitución. Por eso creo que es tan importante lo que hemos aprobado en el Consejo de Ministros: definir qué es un fondo buitre. En muchas ocasiones la derecha y la ultraderecha tratan de enfrentar al pequeño propietario con el inquilino. Y es al contrario: tenemos que defender los derechos de los pequeños propietarios, de los inquilinos y, por supuesto, enfrentarnos a los fondos buitre, que lo que quieren es la especulación y el enriquecimiento frente al derecho a la vivienda.

Tras la muerte de Maricarmen, muchos manifestantes protestaron frente al Congreso. Entre otros cánticos, también gritaban: “¿Dónde está el Gobierno progresista?” ¿Qué les responde?

Que el Gobierno progresista está con su causa social, que está también en resolver el problema de la vivienda. Y de hecho, creo que dimos una respuesta pronta a esta cuestión con los dos decretos que aprobamos este pasado martes y que están ya en vigor, evitando desahucios.

Feijóo pide que no se haga campaña con la muerte de Maricarmen, mientras el PP veta un minuto de silencio en la Asamblea de Madrid y Almeida permanece sentado en el minuto de silencio en el Ayuntamiento. ¿Se puede pedir que esta muerte quede fuera del debate político?

Sin duda. Un minuto de silencio no es de un partido político o de un determinado colectivo. El minuto de silencio siempre es una representación del dolor que expresa el conjunto de la sociedad. Es bueno que no se politice el dolor. Lo que hay que hacer es reivindicar la política para que no se produzca ese dolor.

Antes de ser desahuciada, Maricarmen le responsabilizó expresamente a usted junto a Ayuso y Almeida. Es verdad que ustedes aprobaron después un decreto que hubiese evitado ese desahucio, pero ¿en qué falló su Gobierno? ¿No se pudo aprobar antes?

Maricarmen lo que nos hizo es un llamamiento a todas las instituciones públicas para evitar los desahucios a personas vulnerables, como es su caso. Esta cuestión la hemos intentado plantear al Congreso en reiteradas ocasiones a lo largo de estos más de tres años de legislatura. Desafortunadamente sin el apoyo del bloque conservador, que ha sido muy taxativo en contra de evitar desahucios a personas vulnerables.

Mi compromiso es que no se va a producir ningún desahucio en lo que queda de legislatura

Usted justifica el adelanto electoral por el bloqueo parlamentario, pero tampoco se han aprobado los Presupuestos en toda la legislatura. ¿Por qué ese bloqueo era compatible con seguir gobernando y el rechazo a los decretos obliga a convocar elecciones?

Es cierto, no hemos aprobado los Presupuestos. Pero con los Presupuestos con los que actuamos hemos logrado un crecimiento récord: más del triple de la zona euro. Estamos concentrando la creación del 85% del total de empleo dentro de la zona euro. Además, hemos reducido a mínimos históricos la desigualdad en nuestro país, aunque sigue siendo uno de los principales problemas. Desde el punto de vista presupuestario, creo que hemos cumplido con los objetivos. 

En segundo lugar, hemos aprobado 78 iniciativas legislativas entre las cuales están dos reformas de la Constitución. Creo que ha sido una legislatura fructífera. Pero a diferencia de la anterior, donde aprobamos la primera ley de la democracia sobre la vivienda, en esta ha habido un bloqueo por parte de una mayoría conservadora que ha entendido que los desahucios son poco menos que desalojos que se tienen que producir. Eso ha generado una contestación social, contraria a la realidad del Parlamento. Y si el Parlamento da la espalda a la ciudadanía, la ciudadanía tiene todo el derecho a reclamar la respuesta a lo que está demandando, que es una intervención contundente del mercado de la vivienda.

¿La presión de la calle ha hecho cambiar al PSOE su posición sobre la vivienda? ¿Se han atrevido a tomar medidas más osadas por las manifestaciones?

Nosotros hemos tenido siempre un mensaje muy claro. Necesitamos hacer del artículo 47 de nuestra Constitución lo que es: un derecho, una realidad. Hoy desgraciadamente no lo es.

¿Dónde está la dificultad? Primero, en gobiernos autonómicos del Partido Popular con Vox y en ayuntamientos también, que se niegan por razones ideológicas a aplicar la intervención en el mercado de la vivienda que habilita la ley de vivienda. Y dos, un Parlamento que se niega a regular y a intervenir en el mercado de la vivienda, en aquellos aspectos donde efectivamente es disfuncional. 

Esta es la realidad que nos hemos encontrado durante estos tres años largos de legislatura y por eso he convocado las elecciones: porque necesitamos una mayoría parlamentaria progresista para hacer esa intervención en el mercado de la vivienda. La disyuntiva es: o derechos o recortes. O gente, o los intereses de los fondos buitre: los intereses de aquellos que miran las cosas desde arriba, desde los áticos.

¿Es usted partidario del alquiler indefinido y de que los propietarios indemnicen a los inquilinos al acabar el contrato o ha publicado este decreto en el BOE porque se lo exigía Sumar?

No, yo creo que es un debate necesario que tenemos que dar y que es pertinente porque existe en otras partes de Europa. Es verdad que es un debate avanzado para el estado actual del debate en España, pero el Gobierno y el Partido Socialista lo apoyan también. 

¿Lo va a llevar el PSOE en el programa electoral?

Sí, vamos a llevar unas medidas de vivienda potentes y en ese asunto, por supuesto, el Partido Socialista estará. No solo hemos congelado los precios del alquiler al 2%, sino que también prohibimos los desahucios y extendimos ese escudo social hasta más allá de la pandemia y la crisis de Ucrania. 

El Gobierno ha planteado este debate en las Cortes Generales no una, ni dos, ni tres, ni cuatro veces: en multitud de ocasiones. Hemos intentado regular el alquiler de temporada, hemos intentado proteger a las personas vulnerables víctimas de los desahucios, como fue el caso de Maricarmen. Desgraciadamente, los gobiernos autonómicos del PP y de Vox y los ayuntamientos se han negado. Creo que es hora de que el Parlamento se parezca más a la calle y no a quienes viven en los aticazos.

¿Las medidas a favor de los inquilinos van en contra de los caseros? ¿Le preocupa que haya caseros que voten al PSOE que se puedan enfadar con estos decretos?

Esa es una falacia de la derecha y la ultraderecha, porque el pequeño propietario tiene en casa a sus hijos y sus hijas: a potenciales inquilinos que no pueden emanciparse por el precio del alquiler. Creo que el decreto guarda el equilibrio entre la defensa del pequeño propietario y los inquilinos. Y sobre todo, marca la diferencia entre cuáles son los intereses que defendemos nosotros frente a los fondos buitre y los especuladores. 

¿Llevar a la Diputación Permanente unos decretos que antes fueron rechazados por el Parlamento es un fraude democrático, como critica la derecha? ¿O es una forma legítima de aprobarlos?

Es legítimo. El Gobierno va a seguir gobernando hasta el último día de las elecciones. Mi compromiso es que no se va a producir ningún desahucio en lo que queda de legislatura. Y aspiro a una mayoría parlamentaria más amplia, progresista, para que en la próxima legislatura tampoco haya desahucios y se respeten los derechos de personas como Maricarmen. 

¿Apoya usted la huelga general por la vivienda? Dice su número dos en el partido, María Jesús Montero, que es una huelga contra la oposición.

Es evidente que toda esta movilización de la gente es en contra de los fondos buitre, a favor de una persona vulnerable que es desalojada precisamente por un fondo buitre… Es producto de una contestación ante un Parlamento que dice ‘no’ a una demanda legítima de solidaridad, de empatía. Esta no es una cuestión ideológica, es una cuestión de humanidad.

El derecho a la huelga general está reconocido en nuestra Constitución. Y me parece llamativo que lo cuestionen aquellas fuerzas políticas como el PP y como Vox que se manifestaron contra leyes que aún no existían, como la amnistía. Algunas de esas concentraciones han devenido en actos vandálicos y violentos contra mi partido que, por cierto, no contaron con el reproche ni el rechazo de la oposición: ni del PP ni, por supuesto, de Vox. Ahora están criticando el ejercicio de un derecho constitucional.

Ese ataque a las acampadas diciendo que son violentas... ¿Qué opina de esas críticas de la derecha?

Están en esa vieja máxima de Fraga Iribarne: la calle es mía. La calle es de todos. Mientras sea pacífico, como se están manifestando, pues tienen todo el derecho a hacerlo. Se están movilizando precisamente por causas sociales y eso creo que dice mucho del país que somos: un país que quiere seguir avanzando en términos sociales. No deja de ser curioso que a cada avance social haya habido un insulto por parte de la derecha. España necesita más avances sociales y menos insultos de la derecha.

Usted ha recordado las veces en que su partido ha intentado vetar los contratos de alquiler temporales, pero esto es una posibilidad que permitió la ley de vivienda y que en su momento ya fue cuestionada. ¿Fue un error haber dejado esa puerta abierta? 

Es que tenemos que regularlo, hay que intervenir. Por eso no nos basta con repetir una mayoría parecida a la que tenemos en estas Cortes. Necesitamos una mayoría más amplia para resolver el problema de la vivienda: un Parlamento que se parezca más al clamor de la calle. 

Por mucho poder y dinero que tengan esos fondos y las terminales políticas en el Parlamento de esos fondos, que son el Partido Popular y Vox, no hay nada en democracia más fuerte que el voto de la gente. Si las urnas se llenan, habrá ganado la calle. Pero si las urnas se vacían, pues ganarán aquellos que mueven los hilos.

En el último programa electoral del PSOE, en 2023, se comprometían a construir 183.000 viviendas públicas para alquiler en esta legislatura. ¿Cuántas se han construido?

Estamos en construcción o en proceso de construcción en torno a 124.000 viviendas. Hemos rehabilitado más de 500.000 viviendas y, en conjunto, vivienda protegida más vivienda de libre mercado, estamos hablando de que estamos por encima de las 900.000 viviendas en construcción o ya construidas, que es el máximo desde la crisis financiera. 

Todo lo que está sucediendo en el debate sobre la vivienda es muy parecido a lo que pasó desde la crisis financiera. Entonces hubo movilizaciones en contra de la reforma laboral que hizo el Partido Popular, en contra de la reforma de las pensiones, en contra de la congelación del salario mínimo interprofesional. Tardamos más de diez años en llevar al Parlamento y aprobar la reconstrucción del Pacto de Toledo. Tardamos muchos años en aprobar el impuesto a las grandes energéticas, el impuesto a la banca, el impuesto a las grandes fortunas. Lo hicimos gracias a mayorías progresistas y es evidente que hay élites a las que no les gusta que les pongan un impuesto.

Si se fija, al final hay siempre una movilización social, hay una solución que plantean esa movilización social y las fuerzas progresistas, y siempre hay un obstáculo: un bloqueo de mayorías conservadoras. Eso es lo que se rompió en 2018, en 2019, en 2023, y tiene que volver a romperse en 2026. Necesitamos una mayoría progresista si queremos la solución al mercado de la vivienda.

¿Se siente traicionado por Junts tras su rechazo al decreto de vivienda?

No quiero entrar tampoco a… porque en el balance general ha habido cosas positivas que ha aportado esa fuerza política y el resto. Por ejemplo, aprobar algo tan importante como es el decreto de Irán, que crea un escudo social ante el shock energético que implica esta guerra ilegal.

Lo que no he entendido es que hayamos negociado, hayamos llegado a un acuerdo sobre beneficios fiscales que son muy positivos para los propietarios o sobre los fondos buitre y que posteriormente hayan votado en contra. Al menos si hubieran permitido tramitar con su abstención el proyecto de ley, hubiéramos podido negociar. Pero en esta cuestión es evidente que Junts está más cerca del PP y de Vox que del resto de fuerzas políticas del arco parlamentario.

¿Por qué cree que cambiaron de idea?

No lo sé. Eso tendrán que preguntárselo a ellos. Lo que tengo muy claro es que la cuestión de los desahucios, la intervención del mercado de la vivienda, ha sido siempre un elemento de discrepancia importante entre el Gobierno de coalición progresista y esta fuerza política.

¿Cuándo fue la última vez que habló por teléfono con Carles Puigdemont? 

Nunca he hablado con él.

La principal asociación de jueces, conservadora, sostuvo que la ley de amnistía supondría el fin del Estado de Derecho. Después de los pronunciamientos del Tribunal Constitucional y de la justicia europea avalando esta ley, ¿cree que aquella advertencia era un análisis jurídico o una posición política?

Yo siempre dije que en un Estado democrático como el nuestro todos los colectivos tienen derecho a manifestarse y fijar posición. Pero también dije que nuestro Estado de Derecho tiene espacios, instituciones a los cuales recurrir. Y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal Constitucional han dicho que la ley de amnistía es una ley constitucional, acorde con la normativa europea. El Tribunal de Justicia europeo ha dicho algo más importante y es que las leyes de amnistía se han aplicado en todas las democracias del continente europeo para solucionar crisis políticas, de convivencia y de cohesión. El TJUE dijo textualmente que las leyes de amnistía son el instrumento precisamente para lograr esa reconciliación. 

Las consecuencias y las implicaciones políticas de la ley de amnistía están ahí. Hay una sociedad en Catalunya más cohesionada, una sociedad que vive la discrepancia desde el respeto y desde la convivencia. Y por cierto, una Catalunya que gracias a la acción del president Salvador Illa hoy es una de las principales locomotoras económicas y generadoras de empleo de todos los territorios de España.

La ley de amnistía fue de las primeras que acordó en este Gobierno y ha sido la última en aplicarse por la exótica interpretación sobre la malversación que hacía el Supremo y que ahora ha corregido el Constitucional. ¿Cree que fue un simple debate jurídico o cree que el Supremo trató de torpedear a este Gobierno?

En eso no entro. Respeto al Poder Judicial. Insisto: es una buena noticia. Como decía en un análisis Enric Juliana, ya todos estamos dentro. Y eso hace mejor nuestra democracia. No lo hacíamos por un partido o por una persona, lo hacíamos por la gente de Cataluña. Y es la gente de Cataluña la que de manera mayoritaria ha respaldado estas medidas porque quería pasar página. Y creo que cuando una democracia se muestra generosa y pone en valor la integración, no la exclusión, pues es cuando demuestra su poder y se fortalece. Nuestro país es un país mejor gracias también a esta ley.

Pero en 2023, antes de las elecciones, usted no defendía la amnistía.

Pero yo dije dos cosas al respecto. Reconocí efectivamente que no la había defendido durante la campaña, tenía dudas, como las tuve también con los indultos. Pero también es cierto, como dije entonces, que había que hacer de la necesidad virtud en dos cuestiones. La primera, teníamos que resolver definitivamente el drama que vivimos en 2017 y para eso servía la amnistía. Y en segundo lugar, la amnistía también abría las puertas a una legislatura de un Gobierno de coalición progresista. 

¿Qué quiere que le diga? Este Gobierno de coalición progresista ha consolidado derechos y libertades durante estos últimos tres años, como hizo durante los cinco años previos, y lo quiere seguir haciendo durante los próximos cuatro años.

Al final, creo que la disyuntiva, como siempre, es esa. En estas horas que llevamos de precampaña ya hemos visto cuáles son los intereses que defienden la derecha y la ultraderecha. Ya están abriendo la puerta a la privatización de las pensiones en nuestro país, vinculándolas con la productividad, diciendo que son insolventes. Y ya escuchamos al jefe de la oposición, al señor Feijóo, hablar de que las bajas laborales son como un cáncer. Yo lo veo claro: estas elecciones van de o derechos o recortes, de avance social o de involución. Y en esa disyuntiva estoy convencido de que habrá una mayoría de españoles y españolas que se movilizarán.

¿Ha habido corrupción en el PSOE, lawfare contra el PSOE o ambas cosas a la vez?

Ha habido una corrupción real. El caso de José Luis Ábalos lo demuestra. Y ha habido ficción y un interés claro por parte de asociaciones de ultraderecha, claramente vinculadas con partidos políticos como PP y Vox, que han traspasado todas las líneas rojas y han entrado de lleno en tratar de perseguir judicialmente a, en mi caso, David y Begoña, y, en el caso del PSOE, a toda la organización. Ya sabemos cuál es la campaña del PP: tratar de desmovilizar a la gente para que no vaya a votar con insultos y la judicialización de la política. Y nosotros no vamos a entrar en ese registro.

Ha habido corrupción real. El caso de José Luis Ábalos lo demuestra. También ficción y un interés claro por parte de asociaciones de ultraderecha que han traspasado todas las líneas rojas

¿Cuándo volverá la normalidad a Ceuta?

Da la sensación de que ha sido hace mucho tiempo, pero fue el 30 y 31 de julio. Estamos a principios de octubre y ya estamos reubicando a muchos de estos migrantes. En la última semana han sido nada más y nada menos que 900 los migrantes que han retornado a Marruecos. Ceuta volverá a la normalidad con el apoyo del Gobierno y pese a los intentos de la oposición de cronificar esta crisis.

¿En qué estado está la investigación que anunció su Gobierno sobre las agresiones de militares a migrantes en Ceuta?

Se está investigando por parte de las Fuerzas Armadas. Quiero poner en valor su trabajo para garantizar la convivencia y la seguridad. Y, en segundo lugar, si se han producido esos hechos, pues lógicamente no pueden quedar impunes.

Siendo usted secretario general, el PSOE llevó al Constitucional las devoluciones en caliente que aprobó el PP para Ceuta y Melilla. Ahora su Gobierno se plantea endurecerlas. 

No estamos endureciendo, al contrario. Estamos colaborando con las ONG en todo lo que tiene que ver con el triaje, la filiación y las solicitudes de protección internacional. Lo he dicho siempre.

Me refiero al proyecto de decreto que tenían en marcha.

Lo que queremos es acortar desde el punto de vista administrativo algunos pasos, pero desde luego no recortar los derechos que tienen todas las personas, también los migrantes, para solicitar esa protección internacional. Este Gobierno ha demostrado con la regularización que no es incompatible la fortaleza de un Estado de Derecho con la protección y la dignidad de los seres humanos. 

¿Ha sido solidario a la hora de afrontar esta crisis Juan Jesús Vivas, el presidente de Ceuta?

En 2021 y en 2026 vivimos crisis semejantes. La actitud de Vivas en 2021 es completamente diferente a la de 2026 y yo creo que es porque ahora mismo está más pendiente de lo que diga Génova que de resolver el problema en las calles de Ceuta.

Vivas está más pendiente de lo que diga Génova que de resolver el problema en las calles de Ceuta

¿Marruecos es un aliado, a pesar de haber utilizado en el pasado la presión migratoria contra España o de las evidencias sobre el posible uso de Pegasus contra usted y su Gobierno? 

La política de Marruecos y la relación bilateral es calificada de estratégica. Lo es porque cooperamos en muchos ámbitos, como en seguridad y lucha contra el terrorismo. Hay una diáspora marroquí muy importante aquí, como también muchos españoles viviendo allí. Hay una relación de proximidad que supera lo geográfico. En esa relación bilateral hay elementos en los que podemos discrepar, pero siempre desde el ánimo constructivo y no desde la confrontación. La españolidad de Ceuta y de Melilla siempre ha sido un elemento incuestionable por parte del Gobierno. Hemos exigido medidas e investigaciones a Marruecos, pero eso no significa que tengamos que romper las relaciones como quiere el Partido Popular.

Con la información que tienen hoy, ¿siguen sin saber qué pasó?

Hay algo que trasciende a la especulación que se ha vivido en muchos de los debates de los medios y es toda la dimensión de las redes sociales y de la tecnología como una herramienta para movilizar. El hecho cierto e incontestable es que las de Ceuta y de Melilla son fronteras donde existe una desigualdad en términos de oportunidades y de renta per cápita evidente. Esa tensión migratoria siempre va a existir. 

Tenemos que hacer tres cosas: reforzar nuestras fronteras, dar respuesta humanitaria a esta crisis y reforzar esa relación bilateral, sin perjuicio de que podamos tener elementos de discrepancia. Lo que no creo que sea inteligente es que Europa rompa su relación estratégica con Marruecos. Eso me suena un poco también a lo que ha hecho Feijóo con Francia. Hombre, yo creo que un tratado de guerra, pues, entiendo que se vote en contra, ¿pero un tratado de amistad con el principal socio económico que tiene España, que es Francia? 

¿Lo ocurrido con el tratado de amistad con Francia es el ejemplo perfecto de hasta qué punto ha sido imposible llegar a acuerdos en esta legislatura?

Es el ejemplo también de la interpretación que hacen PP y Vox de la política exterior. Yo he escuchado al señor Aznar decir que lo de Ceuta es consecuencia de la postura del Gobierno frente al genocidio en Gaza. ¿Qué es lo que está pretendiendo decir? ¿Que para que no suframos crisis tenemos que tragar con violaciones flagrantes de los derechos humanos?

Hay que recordar que el jefe de la oposición y el jefe del partido de la ultraderecha han dicho que estarían dispuestos a utilizar de una u otra manera la fuerza ante la llegada masiva de personas civiles a la frontera de Ceuta. Es que hoy no estaríamos hablando –que ya es bastante lamentable la situación y dramática– de 141 muertos. Estaríamos hablando de muchos más.

Su Gobierno ha jugado un importante papel en la política internacional, muy crítico con la guerra de Irán, con el genocidio en Gaza. ¿Le preocupa que haya injerencias extranjeras en nuestra campaña electoral?

Sí, y no solamente de naciones, sino también de actores no estatales. 

¿A qué se refiere?

Me pareció de particular interés que el chef José Andrés en Twitter se posicionara en contra de las medidas de vivienda por intervencionistas. Venía a decir que lo que se necesita es construir más. Permítame el sarcasmo: no habíamos caído en ello. Pero bueno, Twitter aguanta todo. Yo respeto al chef José Andrés, pero no solamente hay que construir vivienda y aumentar la oferta, tenemos que hacer mucho más. Esa es la filosofía de la ley del suelo, que nos llevó a la burbuja inmobiliaria, que luego nos llevó a la crisis y al rescate de la banca que hizo Rajoy. 

¿Qué es lo interesante de ese comentario? Que Jeff Bezos, el CEO de Amazon, dijo: “Estoy completamente de acuerdo”, Y yo me pregunto por qué estos oligarcas se posicionan en contra de debates que les quedan un poco lejos. No solamente por lejanía geográfica, porque esta gente no es que viva en aticazos: esta gente quiere vivir en Marte. Con eso lo digo todo. Yo entiendo que a lo mejor a Jeff Bezos no le gusta la regulación que nosotros hemos planteado sobre los centros de datos porque tienen que consumir energía renovable para que no se aumente el precio de la electricidad a los hogares, gestionar eficientemente el agua o que haya soberanía en los datos por parte de España. Pero para eso está un gobierno democrático.

¿Cómo valora el cuestionamiento por parte del PP al voto por correo?

El bulo del voto por correo, y se les ve en la cara, es miedo a perder las elecciones.

¿Un intento de justificar el resultado si pierden y poner en cuestión la legitimidad del próximo gobierno?

Eso sin duda. Pero hay un elemento adicional: la gente que ejerce su derecho al voto por correo suele ser gente currante: que ese domingo está trabajando en una cafetería o un restaurante, que tiene que abrir su pequeño negocio o tiene que hacer una mudanza. No solamente hay miedo a perder, sino también un intento claro de recortar el derecho al voto de millones de trabajadores.

Es lo mismo que ha pasado con la ley de memoria democrática. Le pido encarecidamente al Supremo que resuelva antes de estas elecciones el derecho al voto de esas 400.000 personas que lo han ejercido desde 2023, que es el tiempo que lleva en vigor esta ley. Que han votado en 2023, en 2024, en 2025 y no lo van a poder hacer en estas elecciones generales. Eso sí es alterar el censo. Son españoles y la condición de ser español incluye también el ejercicio del voto.

¿El Consejo de Ministros va a aprobar el indulto para el fiscal general del Estado antes de las elecciones?

Estamos estudiando ahora mismo todas las leyes y medidas que nos han quedado pendientes para ver la factibilidad de poder aprobarlas bien en Diputación Permanente o bien por parte del Gobierno en su condición de Poder Ejecutivo.

¿No lo descarta?

No lo descarto.

No descarto el indulto al fiscal general

¿Cuántas veces en estos ocho años ha pensado en tirar la toalla, además de la conocida en la que usted se dio cinco días de reflexión?

Soy muy consciente de que nos insultan y nos atacan no porque yo me llame Pedro Sánchez, sino porque subimos el salario mínimo, revalorizamos las pensiones, plantamos cara a los fondos buitre y le decimos ‘no’ al 5% de la OTAN en gasto en defensa. Y porque decimos ‘no’ a la guerra en Ucrania y en Irán y ‘no’ al genocidio en Gaza. 

La reflexión que yo me hago es la siguiente: si con un gobierno en minoría hemos logrado crecer como nunca, ¿qué no seremos capaces de hacer si ese Gobierno tiene una mayoría parlamentaria progresista en las Cortes?

¿Quién va a ser su número dos en las elecciones? En las anteriores fue Nadia Calviño.

No le puedo dar todas las respuestas, pero ya lo irá conociendo.

¿Y va a repetir en las listas la ministra de Defensa? ¿Cómo es su relación con ella? Se ha publicado que es tensa.

Margarita Robles lleva acompañándome desde 2014 o 2015. Es una extraordinaria ministra de Defensa a la que tengo no solamente una alta consideración política, sino también una amistad personal. Los ministros, evidentemente, tendrán las puertas abiertas para ser candidatos al Congreso si ellos así lo estiman.

Si no logra revalidar el Gobierno, ¿seguirá usted al frente del PSOE en la oposición?

No contemplo otra opción que seguir gobernando. Es más, yo veo el ambiente, la ilusión y la ambición que se ha generado en la izquierda. Y veo a una derecha muy desorientada que se resume en tres ‘erres’: recortes, resentimiento –de ahí los insultos y el mal perder que tienen– y, finalmente, la reacción. Su proyecto es de involución para nuestro país y ya lo estamos viendo. Hay razones de sobra para revalidar el Gobierno de coalición con una mayoría parlamentaria más amplia de la que tenemos.

Si gana las elecciones, ¿su partido nos llevará a la Tercera República como profetiza José María Aznar?

Lo que le digo a Aznar es que esté tranquilo, que no se excite, que lo que queremos es que se cumpla el artículo 47, que es el derecho al acceso a la vivienda por parte de los ciudadanos y ciudadanas. Y que si quiere que se cumpla la Constitución de la A a la Z, del primero al último de los artículos, que le pida a sus gobiernos autonómicos del PP con Vox que apliquen la ley de vivienda y que se comprometan a la intervención de un mercado que necesita claramente de la intervención de lo público.

La entrevista completa a Pedro Sánchez:

Parte 1

Parte 2

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9 de la mañana de este lunes. Conexión en directo: un atril vacío en la escalinata exterior del Palacio de La Moncloa. Antes de que arrancara la esperada declaración institucional del presidente del Gobierno, tres personas se cuelan en el plano que a esa hora emiten todas las televisiones de España. Ellos no saben que la cámara ya está encendida y en el aire: aparecen riéndose, salen de la última reunión en el despacho de Pedro Sánchez. Son Félix Bolaños, el ministro de Justicia, Diego Rubio, el jefe de gabinete del presidente, y Lydia del Canto, la secretaria de Estado de Comunicación. El núcleo duro con el que Sánchez ha diseñado el adelanto electoral: un plan que empezó a fraguarse hace menos de cuatro días. 

Pedro Sánchez nunca ha esperado a que se le acabe el reloj. En 2019 convocó tras la foto de Colón y la caída de sus Presupuestos. En 2023, a la mañana siguiente de perder las municipales y autonómicas. En ocho años en La Moncloa no ha agotado una sola legislatura: el botón siempre lo ha pulsado él, y siempre antes de tiempo.

No hay dos sin tres. Y esta legislatura, la más inestable de todas, ha vivido con el adelanto en el aire casi desde el primer día. Las especulaciones han sido constantes: Sánchez iba a convocar cuando imputaron a su mujer, cuando condenaron al fiscal general, cuando chocó con Trump por Irán o cada vez que los Presupuestos se quedaban en el cajón. En todas las ocasiones anteriores, no solo no pasó: es que Sánchez ni siquiera se lo planteó. Hasta el jueves pasado, convocar elecciones antes de 2027 nunca estuvo sobre la mesa.

Tampoco el miércoles de la semana pasada. En la rueda de prensa junto a Emmanuel Macron, una periodista le preguntó si iba a convocar elecciones si el Congreso no aprobaba los decretos de vivienda. “Permítame que me ponga en el mejor de los escenarios”, respondió Sánchez: “Soy razonablemente optimista con la convalidación”.

No era una evasiva. En ese momento, en La Moncloa, todos daban por hecho que el segundo decreto, el del alquiler indefinido, no se aprobaría. Pero sí confiaban en que el primero, donde estaban la mayoría de las medidas, saldría adelante. Estaba pactado con Junts. O eso creían.

El jueves por la mañana arreciaron los rumores de que Junts iba a tumbar ambos decretos. En esas primeras horas, nadie aún lo veía posible en La Moncloa; tampoco el presidente. Era tanta la confianza en el voto de Junts que incluso el mismo viernes en el Pleno, tras escuchar el discurso de Míriam Nogueras, la ministra de Vivienda seguía incrédula y comentaba a algunos próximos que no había escuchado a Nogueras un “no” rotundo. 

Pero volvamos a la noche del jueves, cuando el partido de Puigdemont comunicó su rechazo. La noticia hizo estallar a Pedro Sánchez. “Se cogió un cabreo enorme, estaba indignado”, explican fuentes del Gobierno. No solo por la falta de lealtad de Carles Puigdemont, a días de que el Tribunal Constitucional despeje su regreso a España. También por la frustración de no poder sacar adelante una sola medida en un Congreso donde pactar es sinónimo de traición: donde el acuerdo resulta imposible incluso ante el principal problema de los españoles.

Esa misma noche del jueves, Pedro Sánchez empezó a barajar el adelanto electoral para el 29 de noviembre. Hizo algunas llamadas a su equipo más cercano para consultarles su plan. Uno de ellos, un ministro, le respondió: “Es ahora o nunca, presidente”. No recibió una respuesta clara de Pedro Sánchez, que se limitó a escuchar sus argumentos. Pero este ministro sacó la conclusión de que ya entonces lo tenía decidido. Es lo mismo que ahora explican otras fuentes de su equipo en el Gobierno y en el partido. 

“Ha sido como revivir la moción de censura de 2018”, explica este ministro: “Sánchez siempre ve estas jugadas al vuelo”.

El viernes, poco antes de las nueve de la mañana, elDiario.es adelantó la información en exclusiva. Nuestro titular era muy claro: “Sánchez baraja convocar elecciones el próximo 29 de noviembre”. La noticia marcó la votación en el Pleno de ese día. Y la primera interpretación de la derecha no pudo estar más errada. “Es un farol para presionar a Junts”, aseguraban desde el PP. “No se atreverá a convocar porque las tiene perdidas”, decían desde el partido de Puigdemont. 

Las derechas llevan años construyendo la caricatura de que Pedro Sánchez se aferraría al poder a cualquier precio. “Se nos ha colado un dictador”, decía Ayuso hace unos días en una entrevista paranormal con Iker Jiménez: “Sánchez quiere perpetuarse en el poder”.

Víctimas de su propia propaganda, muy pocos en el PP pensaban que el malvado Perro Sanxe renunciara a otros diez meses de sillón por pelear una batalla imposible. No solo el viernes: a lo largo del fin de semana siguieron sin creerse el adelanto electoral. Aunque en público el PP le animaba a convocar. “Pedro, no te lo pienses más”, decía Tellado. Habría sido rara otra postura: la derecha lleva pidiendo elecciones desde el primer día de esta legislatura. 

“Estaban nerviosos y por eso salieron a pedir elecciones”, asegura un ministro: “Lo hicieron porque no les va bien esta convocatoria”.

En privado, a lo largo del fin de semana, los líderes del PP no creían que se atreviera a dar el paso. “No habrá elecciones anticipadas porque Sánchez sabe que las perderá”, aseguraba uno de sus diputados. “La naturaleza de Sánchez es aferrarse al poder a cualquier precio”, decía un referente de Junts este domingo. 

Pero la decisión ya estaba en marcha desde el jueves por la noche. También la fecha. Aunque algunos dirigentes plantearon al presidente que antes tratara de aprobar otra vez los decretos y ganar así algo de tiempo, había un problema de calendario. Si no se convocaba ya mismo, empezaban las Navidades. El siguiente domingo posible caía en puente: el 6 de diciembre. Y el 13 de diciembre –que algunos ministros plantearon– tenía el problema de que ese puente de la Constitución partiría la campaña. 

Había otro factor añadido: la principal razón para convocar era justo aprovechar el momento. Cuanto más tiempo se tarde en votar, más difícil será para la izquierda centrar la campaña electoral en los temas sociales, en los que la derecha está incómoda: la vivienda, la sanidad, la educación… No es compatible una campaña relámpago con retrasar su inicio dos semanas.

“Sí había voces partidarias de dar una última oportunidad a la negociación con Junts”, asegura una fuente del Gobierno, “pero se descartó porque la confianza estaba rota”.

También hubo un momento, el viernes por la tarde, en el que parte del equipo de Sánchez dudó de la oportunidad de convocar. Fue por culpa de un bulo, que circuló en esas horas por los medios y las redes sociales: la falsa noticia de que la acampada en la Puerta del Sol se levantaba. Al día siguiente, las protestas masivas del fin de semana despejaron esas dudas y demostraron que hay agua en esa piscina.

El viernes, en el debate parlamentario donde tumbaron los decretos, Sánchez cerró su intervención –que no estaba prevista– con una frase premonitoria: “La historia les juzgará, antes de lo que creen y con más contundencia de la que se imaginan”.

Esa misma mañana del viernes, el presidente se reunió en su despacho en la zona de Gobierno del Congreso con varios de sus ministros, también los de Sumar. Aquellas fueron de las pocas reuniones presenciales. Contra lo mucho que se ha escrito, no hubo ninguna cumbre en La Moncloa durante el fin de semana.

Desde el jueves hasta el domingo, Sánchez ha hablado por teléfono en decenas de ocasiones con su núcleo duro: Félix Bolaños, Diego Rubio y Lydia del Canto. Solo ellos tres, los que se colaron en el plano de la tele, sabían al cien por cien cuál era el plan desde el primer momento. Pero Sánchez también ha hablado por teléfono con los dirigentes a los que más consulta en estos trances: entre otros nombres, los ministros Óscar López y Óscar Puente, la vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, la secretaria de Organización, Rebeca Torró, y el president de la Generalitat, Salvador Illa.

El factor Illa era importante. Es uno de los políticos en los que Sánchez más confía. Sabe que le dice la verdad, incluso si no le gusta: a diferencia de todos los demás, el president de la Generalitat ya no es su subordinado. 

Illa tenía motivos para defender que la legislatura resistiera un poco más: la esperanza de que el regreso de Puigdemont permitiera que Junts apoyara la reforma de la financiación autonómica, que ahora rechaza. Pero el ‘no’ a estos decretos de vivienda le abrió los ojos: no es posible pactar con Junts. Según explican fuentes de su entorno, Illa también fue de los que animaron a Pedro Sánchez a dar este paso.

Ante la Ejecutiva del PSOE de este lunes, Sánchez dio las gracias a “los que me habéis ayudado a tomar esta decisión”. “Y gracias también a los que no os he pedido opinión y me la habéis mandado también”, añadió. Durante el fin de semana, muchos de los dirigentes del PSOE que tienen su teléfono le han escrito. 

Además de estos mensajes y estas conversaciones telefónicas, el presidente del Gobierno también repasó algunas encuestas durante el fin de semana. No solo las que hemos publicado los medios de comunicación –entre otras, la de elDiario.es– sobre el masivo apoyo social a las medidas de los decretos. También los datos de un sondeo diario que paga el PSOE, que detectó un pequeño repunte en la intención de voto de los socialistas desde el viernes.

¿Cuándo se tomó la decisión definitiva? “El presidente estaba por el sí desde el primer momento, pero se acabó de decidir el sábado por la noche”, asegura una persona de su equipo. El domingo remataron el plan completo. Moncloa reservó el satélite para retransmitir al día siguiente la declaración institucional a las televisiones. Y el mismo domingo por la tarde, Pedro Sánchez comunicó al rey su decisión de convocar elecciones. Fue por teléfono: no hubo reunión con el rey en La Zarzuela. 

La convocatoria del Consejo de Ministros extraordinario, para adelantar las elecciones, no se mandó formalmente hasta que terminó la declaración institucional. De esa gestión se ocupó Félix Bolaños, que quería evitar que esa información confirmase la noticia antes de que la anunciara el presidente. 

El discurso convocando las elecciones lo remató Diego Rubio. Y allí aparecen algunas claves de por dónde quieren llevar la campaña: no solo es la vivienda, es también la privatización de la sanidad, que tan bien simboliza Ayuso. “Nosotros hemos transferido a esos gobiernos autonómicos más recursos que nunca para que construyeran vivienda e invirtieran en sanidad, y ellos han comprado áticos y privatizado hospitales”, afirmó Sánchez. 

“La agenda social es un tema muy incómodo para la derecha”, asegura una fuente del Gobierno. 

Pedro Sánchez también espera que la agenda internacional pueda jugar a su favor. La campaña electoral española se va a cruzar con las elecciones de medio mandato en Estados Unidos: con la probable derrota de los candidatos de Trump al Congreso y el Senado, que se celebran el 3 de noviembre. El Gobierno confía en que ese debate internacional le pueda favorecer. Más aún si Trump –como parece posible– no acepta los resultados.

Por último, hay otro eje que será clave en la campaña: esa idea de las élites frente al interés general de la ciudadanía. Va de tecnoligarcas, pero también de fondos buitre. Junto al debate de la vivienda, son las únicas banderas que están funcionando en todo el mundo para frenar la ola reaccionaria. 

“De momento el primer día tras la convocatoria ha ido bien”, concluye una persona del núcleo duro de Sánchez. “A Feijóo se le ha visto con un lenguaje corporal muy malo en su primer discurso”, asegura otra fuente del Gobierno. Todos ellos están convencidos de que el auge de Vox puede tener un efecto imprevisto: que el PSOE sea el partido más votado. Un escenario que, por ahora, no aparece en ninguna encuesta. 

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A esta hora, la decisión no está tomada. Tampoco el calendario. Durante el fin de semana, el presidente está escuchando a su equipo más cercano, en La Moncloa y en el partido. El sentir mayoritario es claro: ahora o nunca. Todos saben que van a unas elecciones dificilísimas. Las encuestas –hoy publicamos una en elDiario.es– dan a PP y Vox una mayoría abrumadora. Pero nadie cree que vaya a pasar un tren mejor en los próximos meses. 

Las encuestas también reflejan el error de las derechas: tumbar un escudo antidesahucios que apoya más de la mitad de sus propios votantes. Entre ese portazo y las acampadas se ha abierto una rendija: la oportunidad de dar una batalla que, hasta ahora, parecía perdida.

Pedro Sánchez baraja un adelanto electoral desde el jueves por la noche, cuando Junts confirmó que tumbaría el decreto de vivienda, en contra de lo pactado. Desde entonces, el ánimo en La Moncloa ha ido a rachas. Esa noche estaban muy decididos. El viernes por la mañana, también. Por la tarde se enfriaron un poco, en parte por un bulo: que la acampada de Sol se levantaba (falso). El sábado, las manifestaciones masivas volvieron a empujar hacia las urnas. “Al 70% habrá elecciones anticipadas”, dicen a esta hora fuentes del Gobierno.

Entre quienes hablan con el presidente hay consenso en la estrategia. Otra cosa es la táctica.

Dos inconvenientes pesan en la decisión de convocar este mismo lunes. El primero: los socios del Gobierno no están preparados. El Frente Amplio –antes Sumar– aún no tiene cabeza de cartel. El segundo: muchos inquilinos quedarían desamparados. Con elecciones el 29 de noviembre, si se disuelve el Parlamento este martes, se cierra el margen para negociar un nuevo decreto o aprobar otras medidas que eviten más desahucios.

Se puede explicar con la metáfora del surfista. Sánchez sabe que esta es la mejor ola que va a tener. La clave está en elegir el momento exacto para subirse. Si rema demasiado pronto, la ola le pasa por debajo. Si llega tarde, le revuelca.

En su entorno más cercano hay quien cree que ese pico de la ola aún no ha llegado. Que sería mejor esperar unos días: presentar otra vez un decreto y presionar un poco más a las derechas para que se vuelvan a retratar en el Congreso. Dentro de ese escenario, unos hablan de elecciones en diciembre: el domingo 13 (porque las otras opciones posibles antes de Navidad son solo el 6, que cae en el puente de la Constitución, o el 20, demasiado cerca de la Nochebuena). Otros –los menos– creen que la ola aguantará un poco más y apuestan por principios de año.

En cuanto al primer inconveniente, en La Moncloa estarán muy pendientes de la reunión de hoy a las 12:30 entre los ministros y principales dirigentes de Sumar. Habrá que ver qué sale de ahí: si piden más tiempo, si presionan para un nuevo decreto o si se declaran preparados.

“A nuestro espacio le va bien un poquito de pim pam pum”, dice una fuente de la dirección. La presión de unas elecciones inminentes empujará al Frente Amplio a cerrar filas y candidaturas. 

Entre los socios del Gobierno, quien más se muestra en contra del adelanto electoral es ERC. “En este país hay mucha gente que es de izquierdas y no quiere votar al PSOE. ¿Esta gente a quién vota? No hay nadie”, dice Gabriel Rufián. Su escepticismo tiene otro motivo. Si la legislatura acaba ya y gana la derecha, se hunde la reforma de la financiación autonómica, un asunto clave para ERC. Aunque no saliera adelante –lo más probable–, retratar a Junts votando en contra junto a PP y Vox habría sido una gran baza electoral para Esquerra.

Que esa reforma ni siquiera llegue a votarse también perjudica al PSC. Pero el equipo de Salvador Illa da por hecho que, con Junts en el monte, sus posibilidades eran muy escasas. “Tras el portazo a la vivienda, Illa ya no se hace ilusiones: da por hecho que Junts no aprobará nada”, asegura una fuente cercana al president.

Hay otro factor que empuja hacia diciembre: los sindicatos. Tanto en CCOO como en UGT se debate si sumarse a la huelga general que se coreó ayer en las manifestaciones. Sus direcciones se reúnen este lunes. De una manera u otra, respaldarán las protestas. Pero si las elecciones no se retrasan al menos unas semanas, perderán buena parte de su capacidad de presionar en la calle.

La Moncloa ya prepara una posible comparecencia del presidente para el lunes por la mañana. A primera hora de este domingo contrataron la señal de satélite para transmitir una posible declaración institucional. Aún no es seguro que Sánchez vaya a salir, pero su equipo quiere tener todo listo, por si decide mandar un mensaje.

¿Y si Sánchez espera un poco más? ¿Cuál es el plan? Aguantar la ola hasta diciembre es relativamente fácil. El Gobierno ya estudia qué medidas de las que se tumbaron el viernes (son las menos) podrían aprobarse como reales decretos, sin pasar por el Parlamento. Lo más difícil es explicar por qué habría que esperar hasta 2027, cuando ya es evidente que los Presupuestos son imposibles. ¿Con qué argumento? ¿Para qué?

Parafraseando a Žižek (“es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo”): es más fácil imaginar unas elecciones anticipadas que un plan B para agotar la legislatura. 

La crisis de la vivienda no se iba a resolver con dos decretos. Pero millones de inquilinos podían ganar algo que hoy les falta: la tranquilidad de saber que seguirán en sus casas. El Gobierno había dejado por el camino algunas de las medidas más ambiciosas para buscar un acuerdo. Lo que entró en el Congreso no era perfecto, pero suponía un avance importante. Lo que salió fue otro portazo.

En esta legislatura nunca hubo una mayoría progresista en el Parlamento. Pero no hace falta ser de izquierdas para necesitar una casa, ni para indignarse cuando desahucian a una anciana de 87 años. No hace falta siquiera ser inquilino precario para revolverse ante una injusticia flagrante. Se puede ser también casero –hay muchos que no abusan– y defender que este modelo no se sostiene. Hay un nuevo sentido común, que está despertando con las acampadas y las protestas ciudadanas. Una mayoría cada día más amplia, que ya no acepta que un techo sea un lujo. 

Aparece en todas las encuestas: cada vez son más los españoles que piden regular el alquiler, topar precios en zonas tensionadas, gravar las casas vacías o priorizar la vivienda pública. Incluso entre los votantes de derechas. Otro dato, que hoy publicamos: un 73% de los españoles respaldarían una huelga general por la vivienda. Entre ellos, un 60% de los votantes de PP y Vox. 

Es ya la opinión mayoritaria: un bien de primera necesidad no puede ser un simple producto de mercado. Es el mismo principio por el que el agua que sale del grifo cuesta lo que vale producirla, no lo que estarías dispuesto a pagar si te murieras de sed. Y cuando hay sequía, los cortes de suministro son para todos: no solo para los pobres.

Así lo ha entendido el PNV, ese partido poco sospechoso de antisistema. También Coalición Canaria, otra formación conservadora. Así lo entendió Junts, al menos en los primeros días. Parece increíble conociendo el desenlace, pero el partido de Puigdemont fue de los primeros que se movieron en la derecha, tras el desahucio de Maricarmen, para pedir medidas urgentes contra los fondos buitre.

El martes, en un corrillo de periodistas en el patio del Congreso, Míriam Nogueras presumió de que las izquierdas se quejaran del “decreto Junts”, como ella misma lo llamaba: “Que estén enfadadas es un buen ejemplo de que hemos conseguido nuestras cosas”.

Míriam Nogueras decía la verdad: Junts había logrado más que nadie en esa negociación. Su partido validó cada punto del decreto, según explican fuentes del Gobierno. No solo son de Junts varias medidas concretas, como las bonificaciones fiscales para caseros o que el impago de los alquileres de personas vulnerables lo asumiera el Estado. El Gobierno también les trasladó cada paso que daba con otros partidos. Conocían de antemano cada detalle de la nueva regulación, y no pusieron pegas. Se comprometieron a aprobarla. 

La división en dos decretos también buscaba agradar a Junts (y al PNV). Así podían votar a favor de la mayoría de las medidas sin aceptar el alquiler indefinido, que las derechas rechazaban.

Todo iba bien hasta que empezaron las llamadas.

Dice Junts que su ‘no’ al decreto es porque se queda corto: porque no protege a los inquilinos vulnerables. Basta con repasar sus propuestas para comprobar que esto es falso. Todas van en la misma dirección: recortar el decreto que habían pactado a favor de los caseros, o incluso endurecer los desalojos de los “okupas” por la vía penal. En algunos asuntos, como el alquiler de temporada, Junts incluso se desdice de lo que defendía. En diciembre de 2025, fue este partido quien planteó en el Parlament catalán una regulación contra este fraude. Ya no lo piden. 

Desde el Gobierno aseguran que este cambio en la posición de Junts solo responde a una cosa: a la presión de la patronal, al interés de quienes ganarían menos si este decreto se hubiera aprobado. “Vivir en Waterloo tantos años no es barato, hay que pedir ayuda a muchos empresarios que después te exigen estas cosas”, dicen fuentes gubernamentales. La dureza de la crítica es una muestra de su cabreo. La historia completa es más compleja, como recoge Neus Tomàs en esta imprescindible crónica que hoy publicamos.

La frase con la que Sánchez ha cerrado el debate parlamentario ha sido bastante clara: “La historia les juzgará, antes de lo que creen y con más contundencia de la que se imaginan”.

“Antes de lo que creen”. Tal vez en menos de dos meses.

Como adelantó en exclusiva elDiario.es, Pedro Sánchez baraja adelantar las elecciones generales tras el no a los decretos de vivienda. La fecha más probable es el 29 de noviembre, el primer domingo que permiten los plazos. Decidirá este fin de semana y, si se lanza, el anuncio llegará en cuestión de días. En un sentido u otro, probablemente lo sabremos el lunes.

Solo Sánchez sabe si dará este paso. La convocatoria electoral anticipada es una decisión que corresponde constitucionalmente al presidente. Varios ministros del equipo más cercano a Pedro Sánchez son partidarios del adelanto. Otros dudan.

Los principales argumentos a favor de convocar son tres. El primero, la movilización: que este debate puede ayudar a sacar de la abstención a una parte del electorado de izquierdas. Si PP y Vox arrasan en las encuestas es precisamente por esa asimetría: todos los votantes de la derecha están deseando votar, mientras que buena parte de la izquierda está desencantada. El voto que movería la vivienda no necesariamente iría al PSOE. Pero es precisamente la izquierda a la izquierda del PSOE quien tiene a sus potenciales votantes más desmovilizados. 

El segundo es de oportunidad. Salvo que Trump invada las Islas Canarias, no aparece en el horizonte un tren mejor al que subirse. El plan inicial que barajaban en La Moncloa –convocar las elecciones para 2027 tras el fracaso de los Presupuestos– es tan ilusionante como una colonoscopia. No se entiende tampoco por qué se adelantarían en ese caso, y no las otras veces que no hubo Presupuestos en esta legislatura.

Hay un tercer argumento: ¿es posible agotar el mandato cuando el Gobierno no tiene mayorías para aprobar sus decretos ni siquiera ante un asunto tan urgente? ¿Con qué proyecto? ¿Con qué objetivo? 

En contra del adelanto electoral pesa la desorganización de los socios de Gobierno. Sumar –o el Frente Amplio– sigue sin aclarar quién será su candidata o candidato. Tampoco la fórmula, ni si habrá acuerdo con Podemos.

A lo largo de su carrera, Pedro Sánchez ha demostrado su habilidad táctica con los adelantos electorales. También su afición a correr riesgos muy altos. Acertó en abril de 2019, al convocar tras la foto de Colón del “trifachito” que dejó a la derecha en las raspas. Acertó en 2023, tras la debacle de la izquierda en las municipales y autonómicas. Pero también falló en septiembre de 2019, cuando forzó una repetición electoral por su resistencia inicial a pactar con Unidas Podemos. No todos los triples entran. 

Hoy la ventaja de la derecha y la extrema derecha en las encuestas parece demasiado amplia como para darle la vuelta al marcador en el último minuto. Pero si hay un debate capaz de provocar un cambio es solo este. Es lo que está pasando en todo el mundo, de Nueva York a Berlín. Es el único asunto capaz de generar una corriente de ilusión, de esperanza entre la izquierda. Es la kriptonita contra el auge de la ultraderecha. 

Al mismo tiempo, los movimientos sociales de gran calado –y este lo es– no garantizan a corto plazo mayorías parlamentarias. Es lo que ya pasó con el 15-M. Lo siguiente fue la mayoría absoluta de Mariano Rajoy. Más adelante, también supuso la mayor transformación de la política española desde la Transición. 

Con las movilizaciones por la vivienda solo hay algo que creo seguro. Más tarde o más temprano, esos jóvenes que hoy copan las plazas lograrán sus objetivos. Porque la alternativa a su triunfo –una sociedad neofeudal de rentistas y siervos– es tan distópica como intolerable.

P.D. Si aún no lo conoces, te recomiendo nuestro nuevo boletín sobre vivienda, Una casa para vivir, de nuestro compañero Germán Aranda. 

El ruido chirriante de la radial rompiendo la cerradura. La policía entrando en la casa, sorteando una barricada improvisada: un sofá, una lámpara, una estantería, algunas cajas… Los enseres de toda una vida, reciclados como última defensa. El antidisturbios de armadura negra que se acerca a Maricarmen, en silla de ruedas, y le explica: “Venimos a cumplir un mandamiento judicial, te apoyamos y estamos contigo, ¿vale?, pero tenemos que hacer nuestro trabajo”. “Pero ¿por qué?”, responde la anciana mientras lo mira a los ojos, la única parte visible del rostro del policía bajo el casco. Ella tiene 87 años, lleva décadas en esa misma casa; la sacan en una camilla. Un “lanzamiento” es el nombre técnico. Suena aún más inhumano que un desahucio.

“Venimos a cumplir un mandamiento judicial”

Las sentencias no caen desde el cielo. Tampoco bajan de un monte sagrado, esculpidas en dos tablas. Son interpretaciones humanas, en las que en ocasiones existen distintos puntos de vista, como ocurrió en este caso. El primer juzgado que sentenció sobre el piso de Maricarmen desestimó el desahucio: le dio la razón a ella. Había argumentos legales para defender su derecho a quedarse.

El contrato de alquiler de su casa viene del siglo pasado. Lo firmó su padre en 1956. A su muerte, en 1960, su madre heredó el contrato. El 19 de noviembre de 2005 murió la madre y Maricarmen comunicó a los dueños que se subrogaba en ese contrato de alquiler con esas mismas condiciones. En aquel momento nadie le puso pega alguna. Siguió siendo así durante más de una década.

En marzo de 2018, la familia propietaria vendió el edificio a Renta Corporación, una inmobiliaria que cotiza en Bolsa. Esta empresa tampoco pleiteó contra Maricarmen ni cuestionó su contrato de alquiler. A los tres meses de comprar el edificio, Renta Corporación vendió su piso por 247.000 euros, un precio bajo para esa zona de Madrid. Era tan barato porque “tenía bicho”, que es como llaman a los inmuebles con inquilino en el siniestro argot inmobiliario.

El comprador fue Urbagestión, un pequeño fondo que se ha querellado contra el Sindicato de Inquilinas por llamarlo “buitre”. Incluso con un alquiler de 500 euros al mes –lo que pagaba Maricarmen, según su defensa–, el piso era un buen negocio porque a su muerte podrían vender un inmueble que hoy ya vale más del triple. A largo plazo, el piso era un chollazo. Pero la plusvalía se disparaba si lograban desahuciar a Maricarmen o subirle brutalmente el alquiler. No perdieron el tiempo: a los dos meses y medio de firmar la compra, ya le estaban exigiendo papeles a través de burofax.

Según el Sindicato de Inquilinas, le pidieron una subida del alquiler: primero 1.650 y después 2.650 euros, mucho más de lo que Maricarmen cobra de pensión. En 2020, Urbagestión fue a los tribunales y perdió. En enero de 2022, la jueza Elena Cortina Blanco, del Juzgado de Primera Instancia número 90 de Madrid, desestimó la demanda. Su argumento: durante trece años, los dueños habían aceptado a Maricarmen como inquilina con esas condiciones. En todo ese tiempo, en ningún momento cuestionaron la subrogación. Es lo que en derecho se llama la “teoría de los actos propios”. 

Era un argumento razonable. Pero Urbagestión recurrió, y el siguiente tribunal, la Audiencia Provincial de Madrid, le quitó la razón a Maricarmen en junio de 2022. ¿Su interpretación? Que la subrogación no podía prolongar el contrato durante toda la vida de Maricarmen: este había quedado extinguido en 2007, dos años después de la muerte de su madre. Para la Audiencia, que Urbagestión nunca hubiera dado por vitalicio el contrato era suficiente. Pero la voluntad que aquí cuenta es la del propietario anterior: los caseros que durante más de una década aceptaron que el contrato estaba protegido como una renta antigua; los que después vendieron el piso a bajo precio al entender que esta era la situación. Cuesta entender que el nuevo comprador tenga más derechos sobre esa vivienda que quien se la vendió. 

La abogada de Maricarmen recurrió esa segunda sentencia ante el Supremo. Ni siquiera entraron a estudiar el caso. En diciembre de 2023 la Sala de lo Civil inadmitió su recurso porque “carece manifiestamente de fundamento” y le impuso las costas. El ponente de esa decisión fue Francisco Marín Castán, entonces presidente en funciones del Supremo. Es un auto, ni siquiera una sentencia. El desahucio de Maricarmen se ventiló con apenas cuatro folios.

Es el mismo Tribunal Supremo que tan imaginativo se pone cuando interpreta la supuesta malversación de los independentistas para incumplir la ley de amnistía. Con otros asuntos, su rigor con la letra de la ley es implacable.

Tras la decisión del Supremo, el caso volvió al juzgado de primera instancia número 90 de Madrid. La orden de desahucio está firmada por Elena Cortina Blanco, la misma jueza que dio a Maricarmen la razón en su primera sentencia de 2022. El relator de la ONU para Vivienda asegura que esta jueza “debería haber parado” el desahucio. Pero este tipo de peticiones de la ONU no son vinculantes ante los juzgados españoles. 

“Tenemos que hacer nuestro trabajo”

¿Y qué dice la legislación? En 1994, el Gobierno socialista de Felipe González aprobó una ley para extinguir poco a poco la renta antigua –los contratos de alquiler vitalicios anteriores a 1985, como el del piso de Maricarmen– sin desalojar de golpe a miles de personas. Esa ley blindaba esos contratos hasta el fallecimiento del inquilino que los firmó. También daba derecho a subrogarse de forma vitalicia a las viudas: a los cónyuges de los titulares del alquiler. E incluso a los hijos que vivieran en la casa en dos supuestos: si tenían una discapacidad de al menos el 65% o si tenían más de 65 años, siempre y cuando esa subrogación llegara antes del 1 de enero de 2005. Si no se cumplía ninguna de estas dos condiciones, los hijos podían prolongar la renta antigua, pero solo durante dos años.

Maricarmen no entró en ninguno de estos supuestos para una prórroga vitalicia por quince puntos o diez meses. Quince puntos, porque tiene una discapacidad de “solo” el 50%. Diez meses, porque su madre murió en noviembre de 2005, poco después de terminar ese plazo transitorio que establecía la ley.

Hubo una segunda ley que también falló a Maricarmen: el decreto antidesahucios. Desde la pandemia, una moratoria permitía a los jueces suspender el lanzamiento de personas vulnerables sin alternativa habitacional. No anulaba la posible deuda ni expropiaba la vivienda. Solo aplazaba el desahucio hasta que los servicios sociales pudieran ofrecer una solución.

Esa protección decayó en febrero de 2026. El Gobierno –por la presión de Sumar, porque el PSOE no estaba por la labor– intentó prorrogarla. El Congreso tumbó el decreto con los votos del PP, Vox y Junts. Era la segunda vez en apenas un mes que esa misma mayoría rechazaba el escudo social. 

En julio, PSOE y Sumar anunciaron que preparaban una nueva norma que protegería a personas vulnerables como Maricarmen, incluso cuando ya existiera una sentencia firme. Ese nuevo decreto antidesahucios probablemente llegará el martes al Consejo de Ministros. De manera urgente, tras la conmoción social de esta semana. Demasiado tarde para Maricarmen.

“Pero ¿por qué?”

Hay una respuesta legal, toda una construcción jurídica que permite explicar qué ha fallado para que una anciana de 87 años en silla de ruedas sea desahuciada de su casa. Lo que no hay es una respuesta ética. 

De un lado, un fondo que busca el máximo beneficio de una inversión ya de por sí rentable y que se niega incluso a aceptar las ofertas de varias personas e instituciones que se ofrecen a pagar ese elevado alquiler que exigían. Del otro, una anciana indefensa. Es difícil encontrar en la sociedad a alguien que no empatice con la situación de Maricarmen. Es difícil pero no imposible, como demuestran algunos programas de televisión. 

Tampoco ha mostrado empatía alguna la presidenta de la administración pública que tiene las competencias en vivienda, la Comunidad de Madrid. Isabel Díaz Ayuso está más pendiente de otro tipo de casas: de ese ático de seis millones para “residencia de autoridades”. Ni el Ayuntamiento de Madrid, que solo ha empezado a moverse para buscar soluciones cuando Maricarmen copaba las portadas de todos los periódicos. Es coherente con la política de vivienda pública del PP de Madrid, que tiene entre sus hitos vender a un fondo buitre buena parte de su vivienda social. 

Pero la pregunta sigue siendo otra, una que trasciende a Maricarmen. ¿Por qué el derecho a una vivienda digna no está garantizado en España? ¿Por qué “los poderes públicos” han hecho tan poco por “impedir la especulación”, como manda la Constitución? ¿Por qué aceptamos que un derecho básico, como es la vivienda, se convierta en una inversión más?

Esta pregunta, este debate, es hoy el principal problema español. Un desastre que el PSOE ha afrontado tarde y mal, empujado por sus socios de izquierda, atrapado por un parlamento sin mayoría progresista y sin las competencias necesarias, que están en las autonomías.  

Es también una tragedia que el PP y Vox jamás solucionarán, porque ni siquiera aceptan que el mercado sea parte del problema.

P. D. La descripción del desahucio de Maricarmen y el diálogo con el antidisturbios salen de este impresionante reportaje de Andrea Ropero para El Intermedio.

La subasta para vender el famoso ático de Ayuso ha quedado desierta. Nadie ha querido ofrecer esos 6,7 millones de euros que pide la Comunidad de Madrid. Otra cosa habría ocurrido si el anuncio hubiera sido así:

Luego te hablaré del “local dormitorio”, que tiene su aquel. Vayamos primero al precio. 

Tres mil euros mensuales es un alquiler fuera del alcance de la gran mayoría de la población. El sueldo neto del 85% de los madrileños ni siquiera llega a esa cantidad. Pero cualquiera que curiosee por los portales inmobiliarios sabe que es imposible encontrar un anuncio así. No hay una sola vivienda equivalente en esta zona de Madrid que baje de los 12.000 euros mensuales, incluso más. De aparecer un anuncio como este sería una estafa, con seguridad. No existen los unicornios, ni las hadas, ni rebajas del 75% en los áticos de lujo ni caseros que te regalen 15 meses de alquiler.

En el increíble mundo de Isabel Díaz Ayuso, todo esto puede pasar.

Planifica Madrid compró el ático en abril de este año. Pagó 6,3 millones de euros y otros 378.000 euros de impuestos, casi 6,7 millones en total. En las 224 páginas del expediente no hay un solo documento previo a la compra que explique quién decidió adquirir ese ático ni para qué. Tres meses después, en julio, Planifica Madrid alquiló esta vivienda a precio de ganga a la Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid.

Las condiciones de ese alquiler son exactamente las que detallo: solo tres mil euros al mes, con un contrato de diez años, sin subidas anuales por la inflación y con las primeras 15 mensualidades sin pagar. Es una inversión ruinosa: Planifica Madrid se gasta 6,7 millones para una rentabilidad que no llega al 0,5% anual. 

No hay que mirar este contrato absurdo bajo la óptica financiera; no se puede entender así. El objetivo parece otro: esconder a los madrileños el dinero público que el Gobierno de Ayuso se había gastado en este ático de lujo. Que no saltara el escándalo. Que no apareciera un solo euro en las cuentas públicas de la Comunidad de Madrid hasta noviembre de 2027: pasadas las próximas elecciones autonómicas. 

Esta semana al fin hemos conocido el expediente de la compra de este ático. De ahí salen estos datos y también los metros cuadrados reales de la vivienda. La terraza original tenía 200 metros, como aún aparece en el catastro y recogieron varios medios de comunicación. Pero hace décadas un propietario anterior techó la mitad de la terraza sin licencia de obra. Ahora allí está el despacho, un aseo, un armario y el salón. 

La Comunidad de Madrid dice haber difundido toda la documentación, a pesar de que hay una ausencia clamorosa: no están los papeles que expliquen por qué Planifica Madrid gastó esa millonada en una vivienda de lujo. No aparece quién dio la orden de comprar el ático, ni tampoco cómo se decidió esa adquisición. ¿Es acaso posible que una empresa pública se gaste 6,7 millones sin una mínima justificación? En el Madrid de Ayuso, parece que sí. El primer documento del expediente es un contrato de confidencialidad con la vendedora: un papel que demuestra que el objetivo siempre fue la opacidad. La misma opacidad que explica ese absurdo contrato de alquiler.

En uno de esos informes del expediente, firmado por la subdirectora general de Patrimonio de la Comunidad de Madrid, se incluye como anexo un “estudio de mercado” para valorar la renta propuesta. Los números son asombrosos. Un piso de 400 metros cuadrados en la calle Almagro cuesta 22.292 euros al mes. Otro de 715 metros, también en Almagro, supera los 24.000. Uno de 400 metros en José Abascal sale por 15.000 euros mensuales. Y otro de 243 metros en Monte Esquinza, 11.500. No hay un solo piso entre los trece analizados que se acerque siquiera a los 3.000 euros del ático. 

El expediente no aclara el motivo que llevó a Planifica Madrid a comprar ese ático. Tampoco revela cómo se fijó ese precio tan bajo para el alquiler. Pero sí explica para qué lo pretendía usar la Consejería de Presidencia. Está en este párrafo, que aparece en uno de los informes de la Dirección General de Patrimonio y también se repite en el contrato de arrendamiento.

Si se quita la paja a este farragoso párrafo queda todo muy clarito. El ático de lujo es un “inmueble institucional de carácter residencial” (...) “para su uso de manera permanente” (...) “por distintas autoridades”. 

¿Y qué autoridad de la Comunidad de Madrid podría ser? Pues probablemente la misma que primero dijo no saber nada del tema y después reconoció que lo había ido a visitar: Isabel Díaz Ayuso. La misma que también admitió que pensaba usarlo, aunque solo de “oficina provisional” por unas obras de las que no habíamos tenido noticias previas. La misma que –casualmente– tiene a su madre viviendo en la acera de enfrente. 

Hoy Ayuso sigue negando que ese ático fuera para ella. Al tiempo, se victimiza y acusa a elDiario.es de haberle “robado su intimidad”. Pero el repaso a la cronología completa da muchos datos de lo que ocurrió.

Entre diciembre de 2025 y enero de 2026, Ayuso buscaba un nuevo piso. Lo sabemos por esta exclusiva de Raquel Ejerique en elDiario.es. La presidenta de la Comunidad de Madrid utilizó a su jefe de despacho para negociar la compra de una vivienda de 100 metros cuadrados en Chamberí. No era tan grande, tampoco barata: pedían 850.000 euros y hacía falta reformar. No hubo acuerdo, y otra persona la compró.

En febrero de 2026 aparece en escena el ático de 485 metros cuadrados. El contrato de confidencialidad con la vendedora –antes siquiera de la primera visita– es del 3 de febrero. El contrato de arras, de finales de ese mes. Y la compraventa ante notario se firma el 14 de abril de 2026.

Dos meses y medio más tarde, el 2 de julio, arranca el expediente para el contrato de alquiler: ese chollazo de 3.000 euros al mes con quince meses gratis que acuerda Planifica Madrid con la Consejería de Presidencia. El contrato se firmó el 28 de julio.

El 29 de julio, el periódico El País destapa la operación: desvela la compra de ese ático.

El 30 de julio, pillada in fraganti, Ayuso anuncia que se va a vender el ático. También anula el ridículo alquiler. 

Al día siguiente, el 31 de julio, se descubre que la pareja de Ayuso ha puesto a la venta los dos pisos donde vivían en Chamberí. Y apenas unas semanas después, nos enteramos de que se ha mudado a otra vivienda.

Intenta colocar las piezas de este puzle. Una presidenta que busca piso en Chamberí en enero. Una empresa pública que compra un ático en Chamberí en febrero, sin dejar constancia de por qué. Un inusual acuerdo de confidencialidad con la vendedora. Un contrato de alquiler para uso residencial “permanente” de “autoridades”, firmado en secreto. Una carencia de 15 meses que hace que el primer euro aparezca en las cuentas de la Comunidad de Madrid después de las elecciones. El escándalo que salta. La falsa excusa de la oficina temporal. La cancelación fulminante. La mudanza de Ayuso a otro piso.

¿Hay siquiera una explicación alternativa? ¿Una teoría, cualquiera, que permita explicar todo esto y que no sea exactamente lo que parece?

Epílogo: el Madrid del servicio

La ciudad es la distribución de las clases sociales sobre el mapa. En el caso de Madrid, hablamos de una de las capitales con mayor segregación económica, algo que se ve paseando por sus calles y que está presente en la arquitectura de muchos de sus edificios. 

Una amiga me contó una vez su asombro al descubrir la crueldad de esta segregación clasista. Al reformar su vivienda, en un buen edificio en Chamberí de los primeros años del franquismo, descubrió que el antiguo cuarto de la criada, en la “zona del servicio”, estaba separado del exterior con una fila simple de ladrillo sin aislante. A diferencia de todas las demás habitaciones, tampoco tenía radiador. Era un ahorro estúpido en la construcción: ¿cuánto cuesta cada metro cuadrado de fachada con ladrillo doble? ¿Cuánto gasta un radiador más en la calefacción central? Pero demostraba el desprecio por el servicio de las élites de la época. La criada se podía congelar, y daba igual.

El ático del que hoy te hablo fue construido hace casi siete décadas, en 1957. Era un piso señorial. Es decir, de los señores. Pero no solo porque tuviera una escalera para el servicio, una puerta para el servicio y una habitación para el servicio, pegada a una cocina que solo pisaba el servicio.

En las mejores casas del Madrid de esos años no solo trabajaba la criada, también el chófer. Era quien vivía en ese “local dormitorio” que aparece en la escritura del ático de Ayuso: una habitación de 11 metros cuadrados en la planta baja, con una ventana al patio y un baño común, que en tiempos compartía con el portero y otros criados. Cada uno de los pisos de este edificio en el paseo del General Martínez Campos tiene anexo su “local dormitorio” para el servicio en la planta baja. 

Era la inercia de las viviendas de la aristocracia y la alta burguesía del siglo anterior, muchas de ellas con su propio paso de carruajes, aún visible en algunos edificios de la ciudad. Una pista para reconocerlos son los guardacantones: unos postes de granito o de hierro que se colocaban a cada lado del portón para evitar que los ejes de los carruajes golpearan las paredes al pasar. En el bajo o el semisótano, junto a las cuadras, dormían cocheros y mozos, los criados que cuidaban de los caballos y limpiaban su estiércol. 

En 1957 los carros aún circulaban por Madrid, pero hacía tiempo que el chófer había empezado a sustituir al cochero en las casas de los ricos. En algunos edificios, sobrevivió también su habitación. La arquitectura del servicio simplemente se adaptó. 

El cuartito del chófer mide 11 metros cuadrados. El ático, 485. Para algunas cosas, el Madrid de los privilegios no ha cambiado tanto.

Hay gente que cree que el Gobierno es capaz de amañar el resultado electoral a través de Indra. Gente desinformada, sectaria o ambas cosas a la vez, porque es imposible que esta empresa manipule el recuento: en España lo hacen ciudadanos elegidos por sorteo, en presencia de los interventores de los partidos. Los medios lo hemos explicado decenas de veces, pero eso no impide que el bulo del pucherazo de Indra se resista a morir.

Una de esas personas desinformadas, sectarias o ambas cosas a la vez es juez del Tribunal Supremo español. Antes fue magistrado del Tribunal Constitucional, a propuesta del Gobierno de Rajoy, y también número dos de la Fiscalía General del Estado durante la última mayoría absoluta del PP. Se llama Antonio Narváez. Fue el primero de su promoción, lo que también demuestra que no todo se aprende con una oposición. 

Narváez es partidario declarado de Alberto Núñez Feijóo y no solo porque buena parte de sus ascensos se los deba al PP: así lo manifestó en una polémica cena de la Asociación de Fiscales con el líder de la oposición en abril de 2023. En esa reunión, Narváez cuestionó el recuento de Indra, criticó duramente al Gobierno de Pedro Sánchez por “deteriorar las instituciones” y expresó su deseo de que Feijóo llegara a La Moncloa: “Ojalá”. 

Antonio Narváez dio credibilidad al bulo de Indra. Ahora ha avalado otra conspiración de la extrema derecha: que el Gobierno prepara un “pucherazo” con la ley de nietos, que permite recuperar la nacionalidad a los descendientes del exilio español. Él es el ponente del auto del Tribunal Supremo que ha dejado sin derecho a voto a cientos de miles de españoles. Es un disparate jurídico de principio a fin. 

Algo de contexto, para no perderse.

El 19 de octubre de 2022, el Congreso aprobó la Ley de Memoria Democrática. En ella se da la posibilidad de recuperar la nacionalidad a los hijos y nietos de los españoles que se fueron al exilio “por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual”. 

Unos días después, el Ministerio de Justicia publicó en el BOE una instrucción donde se explica a los consulados cómo aplicar esta ley: los formularios, los plazos y qué documentos son válidos para acreditar el exilio. 

Había un problema: una gran parte de los nietos de los primeros exiliados no guarda el carné del PCE del abuelo, ni tampoco documento alguno de que fuera homosexual, republicano o ateo. Así que se estableció un criterio: presumir la condición de exiliado para todos los que salieron “entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955”. Y exigir más documentación para quienes se fueron entre 1955 y 1978.

No es un criterio perfecto, pero tampoco hay una alternativa mucho mejor. Exigir papeles más detallados sobre algo que ocurrió hace 90 años habría dejado fuera a muchos descendientes de exiliados; habría generado una injusticia aún mayor. 

Además, este criterio no fue una invención de Sofía Puente, la directora general que firmó esa instrucción. Es exactamente el mismo que ya se aplicó en 2008, con la ley de memoria anterior: “Se presumirá la condición de exiliado” a todos los que salieron “entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955”. La frase de la polémica es un corta y pega literal de algo que no fue discutido hace casi dos décadas. 

Poco después de publicarse en el BOE, una organización ultra recurrió la instrucción de Sofía Puente. Ya entonces pidió la suspensión cautelar con el mismo argumento que usan hoy: que no todos los que emigraron entre 1936 y 1955 eran exiliados. El TSJ de Madrid les mandó a paseo en 2023 y desestimó la petición. Después archivó definitivamente la demanda porque esta organización no estaba legitimada para recurrir.

Esa misma organización ultra volvió a la carga poco después. En 2024, presentó una querella contra Sofía Puente, acusándola de prevaricación. También fue archivada. 

Mientras tanto, el bulo del “pucherazo” de la ley de nietos creció y creció. Primero, amplificado por la ultraderecha. Más tarde, con el apoyo de Alberto Núñez Feijóo, que dio por buena la conspiración. Antes del verano, Vox llevó el tema a la Junta Electoral Central, pidiendo otra vez la suspensión de esta instrucción, con el argumento de que Sánchez estaba ampliando el censo para amañar las elecciones. La ultraderecha volvió a fracasar: la Junta Electoral rechazó su petición.

Iban perdiendo tres a cero… hasta que el Supremo apareció.

Vox recurrió la decisión de la Junta Electoral Central ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. Allí, por fin, los ultras han encontrado quien les compre la conspiración. En un auto extravagante, el Supremo ha suspendido cautelarmente el derecho a voto de cientos de miles de españoles, descendientes de los exiliados. Afecta a todas las personas –alrededor de 400.000– que se habían acogido a esta opción. No se les quita el pasaporte; siguen siendo españoles. Solo se les impide votar.

Un repaso a los cinco jueces que han avalado esta decisión demuestra hasta qué punto el dominio de la derecha en las cúpulas judiciales es abrumador. Antonio Narváez no es el único vinculado con el PP.

Luis María Díez-Picazo Giménez: está al frente de esta sección y es conservador. Es uno de los protegidos de Carlos Lesmes: director general de Justicia con Aznar y presidente del CGPJ con Rajoy. Fue Lesmes quien lo promocionó a la presidencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo. Llegó al Supremo en marzo de 2008, nombrado por un CGPJ con el mandato caducado, durante uno de los bloqueos del PP.

Díez-Picazo pasará a la historia por protagonizar uno de los episodios más negros de la justicia española: suspendió una sentencia firme del Supremo que condenaba a la banca a pagar un impuesto que grava las hipotecas. Para evitar ese cambio, convocó un anómalo pleno con todos los magistrados de la Sala para revisar la decisión por su “enorme repercusión económica y social”. Es algo que no había pasado nunca antes y que dudo que vuelva a pasar. En ese pleno, la sentencia se revirtió por un solo voto. Una vez más ganó la banca, a costa de todos los hipotecados.

Antonio Jesús Fonseca-Herrero: también conservador y también cercano a Carlos Lesmes. Fue el entonces presidente del CGPJ quien lo promocionó como responsable de la acción disciplinaria –el que expedienta a los jueces– durante los años de mayoría conservadora tras la victoria de Mariano Rajoy.

José Luis Requero: conservador y miembro del Opus Dei. En 2001 fue nombrado vocal del CGPJ, a propuesta del PP de Aznar. Estuvo allí hasta 2008: dos años más de los que debía, por el habitual bloqueo a la renovación que aplica el PP cada vez que pierde las elecciones. En esa época, se hizo famoso por comparar el matrimonio homosexual con “la unión entre un hombre y un animal” en un informe del consejo contra la ley del matrimonio igualitario de Zapatero. 

En 2014, durante el rodillo conservador de Carlos Lesmes en el CGPJ, fue ascendido al Tribunal Supremo con los votos de los vocales nombrados por el PP de Mariano Rajoy. 

Manuel Delgado-Iribarren: también conservador y uno de los últimos en llegar al Supremo. Fue nombrado hace poco más de un año por el nuevo consejo, a propuesta de los vocales elegidos por el PP. Entró por el turno de juristas –no es juez de carrera– y su principal aval en la derecha es Enrique Arnaldo, magistrado del Tribunal Constitucional y gran muñidor del PP en los asuntos judiciales, con quien ha escrito varios libros. Arnaldo fue clave en la extraña carrera académica de Pablo Casado. Años después, Casado impulsó su llegada al Constitucional.

¿Alguna mujer? ¿Algún progresista? Solo una persona en representación de ambas ‘minorías’. La sexta integrante de este tribunal es María Alicia Millán Herrandis, asociada a Juezas y Jueces para la Democracia. Ella es también la única que se ha opuesto a este dislate del Supremo con un contundente voto particular.

Que la derecha tenga una mayoría de cinco a uno en esta sección del Supremo no es una rareza: es lo habitual. Tampoco es fruto del azar.

Todos los jueces del Supremo son nombrados por el CGPJ; allí no se llega por oposición. Son nombramientos irrevocables, hasta la jubilación. 

Estas abrumadoras mayorías de la derecha en el Supremo son consecuencia directa de las maniobras del PP durante décadas, al bloquear la renovación del CGPJ cada vez que perdían las elecciones, o al cambiar las mayorías necesarias para los nombramientos cuando la derecha controlaba el consejo. 

Pero volvamos a la ley de nietos, porque esta medida del Supremo no solo es cuestionable por las biografías de quienes la han tomado y su poca apariencia de imparcialidad. Es una decisión disparatada, por muchas razones más. 

Es un disparate porque es extemporánea. La instrucción de Sofía Puente sobre cómo aplicar la Ley de Memoria Democrática se publicó en el BOE hace ya cuatro años. El plazo para recurrir –dos meses– está más que prescrito y el órgano judicial competente –el Tribunal Superior de Madrid– ya descartó intervenir. 

Es un disparate porque pisotea un derecho fundamental: el derecho a voto. Es tan importante en nuestra Constitución que ni siquiera se puede suspender con la declaración de un estado de sitio o de excepción. Y el Supremo lo ha hecho a las bravas, cancelando un derecho fundamental de terceros que no son parte del proceso y que ni siquiera han podido defenderse. 

Es un disparate porque es una medida completamente desproporcionada: no hay un equilibrio entre el bien que el Supremo dice querer proteger y la medida que ha decidido aplicar. 

Es un disparate porque es contradictorio: porque el Supremo no anula la nacionalidad de estas personas, solo uno de los derechos fundamentales que conlleva. 

Es un disparate porque el recurso de Vox va en contra de la decisión de la Junta Electoral Central, no contra la instrucción del Ministerio de Justicia –no podrían, estarían fuera de plazo–. Lo que hace el Supremo es aprovechar la ocasión para entrar a criticar esa instrucción por una vía que no corresponde. Es una clara desviación procesal.

Y es un disparate porque el bulo del pucherazo con la ley de nietos es tan falso como el de Indra que Antonio Narváez ya se tragó. 

La inmensa mayoría de los nietos e hijos de exiliados que han pedido la nacionalidad lo hacen por razones sentimentales o porque quieren un pasaporte de un país de la Unión Europea, que les da más posibilidades migratorias o de viajes a Europa o EEUU. Su participación en las elecciones ronda el 10%. Su influencia real en las próximas generales será mínima. 

Tampoco hay dato alguno que permita presuponer que apoyarán en las urnas al Gobierno. La única vez que ese voto exterior ha movido un escaño en unas generales fue en 2023… a favor del PP.

Me despido aquí por hoy. No sin antes recordar que publicar esta carta, criticar esta decisión del Supremo, no es un ataque intolerable a la Justicia de esos que denuncia la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló. 

Lo que debilita la confianza de los ciudadanos en la Justicia no son las críticas: son decisiones así.

El “efecto llamada” no fue la regularización de inmigrantes. Fue una decisión del Tribunal Supremo. Es una sentencia muy corta, solo 13 folios que pasarán a la historia. Se ha escrito mucho sobre la crisis de Ceuta, sobre el papel de Marruecos, sobre la deficiente gestión del Gobierno. Muy poco sobre el origen jurídico con el que todo empezó.

El 29 de junio de 2026, un mes antes del colapso de la frontera en Ceuta, la sección quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo recortó las “devoluciones en caliente”: una polémica excepción legal que solo se aplica en Ceuta y Melilla y que permite devolver inmigrantes a Marruecos por la vía rápida, sin las mismas garantías humanitarias que sí se aplican en el resto de las fronteras de la Unión Europea.

El origen legal de esas devoluciones en caliente está en una crisis anterior: la tragedia del Tarajal, el 6 de febrero de 2014. Alrededor de doscientos inmigrantes trataron de entrar en Ceuta a nado. La Guardia Civil, esta vez sí, recibió la orden de disparar con material antidisturbios: pelotas de goma, botes de humo y salvas detonadoras. Murieron 14 personas ahogadas. Veintitrés llegaron a tierra, pero la Guardia Civil las devolvió desde la propia playa, saltándose todos los protocolos legales.

La catástrofe en el Tarajal acabó en los tribunales. Estaba en cuestión la responsabilidad de los agentes que dispararon las pelotas de goma –acusados de homicidio imprudente, aunque finalmente fueron exculpados– y también la forma en que se devolvió a los supervivientes que nadaron hasta la playa.

El Gobierno de Mariano Rajoy zanjó el tema un año después. En marzo de 2015 aprovechó otro trámite parlamentario –la aprobación de la infausta ley mordaza– para colar por la vía rápida una importante modificación de la ley de extranjería. Se trata de una disposición adicional que establece un “régimen especial” solo para Ceuta y Melilla: en estas dos ciudades, se puede devolver por la vía rápida a aquellos extranjeros que “intentan superar los elementos de contención fronterizos para cruzar irregularmente la frontera”.

El PSOE y otros partidos de la oposición recurrieron esa reforma ante el Tribunal Constitucional, que en 2021 la avaló. Las polémicas devoluciones en caliente también llegaron en 2020 al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que también las respaldó. Entre sus argumentos a favor de las devoluciones en caliente, el TEDH subrayó la especial situación de Ceuta y Melilla, las únicas fronteras terrestres de la Unión Europea en el continente africano. Y que estos intentos de entrar en España se producían en grandes grupos y con violencia, lo que justificaba esta respuesta.

Pedro Sánchez recurrió ante el Constitucional las devoluciones en caliente cuando estaba en la oposición. Al llegar al Gobierno, mantuvo esa ley y la aplicó. Desde el PSOE ahora justifican este giro con la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. “Si derogamos las devoluciones en caliente, la situación de Ceuta y Melilla sería crítica”, aseguran fuentes del lado socialista del Gobierno.

No ha sido este el único cambio radical de opinión.

Hace diez años, nadie podía imaginar que quien acabaría recortando las polémicas devoluciones en caliente en Ceuta y Melilla no sería el primer gobierno progresista de coalición, ni tampoco la muy garantista justicia europea. Para sorpresa de todos, este cambio ha llegado de un tribunal de mayoría conservadora en el Supremo español.

Cuando se mira quién firma esta sentencia, la sorpresa es aún mayor.

Los nuevos progresistas

El ponente de la reciente sentencia del Supremo que acaba de recortar las devoluciones en caliente es Fernando Román García. ¿Un peligroso juez izquierdista? No. Antes fue secretario de Estado de Justicia en el Gobierno de Mariano Rajoy. Era el número dos de Gallardón.

El presidente de la sección en el Supremo que aprobó la sentencia es Carlos Lesmes. El nombre no te suena por su activismo en defensa de los inmigrantes. Antes fue director general de Justicia en el Gobierno de Aznar y, más tarde, presidente del CGPJ durante el Gobierno de Rajoy.

La sentencia fue aprobada con el voto unánime de los cinco magistrados de la sección. Junto a Román y Lesmes, hay dos asociados a Juezas y Jueces para la Democracia y una de la conservadora APM. Tres a dos, a favor de la derecha.

Que dos magistrados de JJPD recorten las devoluciones en caliente es algo esperable. Esta asociación progresista siempre las cuestionó, e incluso se pronunció en contra de la sentencia del TEDH que las blindó. Pero que dos ex altos cargos del PP recorten una reforma del PP es algo más raro de ver.

Fuentes jurídicas aseguran que el debate antes de esta sentencia fue intenso. Carlos Lesmes era el más crítico con el texto de la sentencia, aunque finalmente la aceptó. Y quien con más vehemencia defendía recortar las devoluciones en caliente era Fernando Román: secretario de Estado del mismo Gobierno que aprobó esa reforma de la ley de extranjería.

¿Y qué dice esta nueva sentencia del Supremo? Prohíbe las devoluciones en caliente cuando se entra a nado, tras un recurso presentado por un inmigrante argelino. A juicio del Supremo, esas devoluciones en caliente no son legales, ya que la ley habla de “elementos de contención fronterizos”. Y en el mar no hay vallas.

Es curioso el argumento, teniendo en cuenta que esta reforma se aprobó precisamente tras la devolución ilegal de esos 23 inmigrantes que entraron a nado en Ceuta en 2014, en la tragedia del Tarajal. De hecho, la propia reforma sirvió para exonerar de prevaricación a los guardias civiles que participaron en aquella devolución.

En su recurso ante el Supremo, la Abogacía del Estado argumentó que sí hay “elementos de contención” para evitar las entradas a nado: las cámaras térmicas, los drones o el propio espigón. Para el Supremo, esto no cuenta como barrera.

Tras la enorme crisis desatada el 30 de julio en Ceuta, ha sido el propio Supremo quien ha explicado al Gobierno cómo cumplir con la sentencia: basta con instalar unas boyas alargando la línea de frontera desde el espigón para que se consideren “elementos de contención”.

“Todo este lío para que baste con poner una cuerda”, asegura una fuente del Gobierno. Por resumirlo: si un inmigrante sortea por la vía vertical los obstáculos –saltando la valla– sí se le puede expulsar de forma inmediata. Pero si lo hace por la vía horizontal –rodeando a nado el espigón– ya no.

¿Te imaginas –en un suponer– qué habría pasado si esta misma crisis –80.000 personas entrando de golpe en Ceuta, 141 muertos– se hubiera producido durante un gobierno del PP, tras una sentencia aprobada por dos ex altos cargos del PSOE? ¿Qué habría dicho la derecha?

Y una segunda pregunta: ¿habría redactado el Tribunal Supremo esta misma sentencia si en el Gobierno estuviera el PP?

El papel de Marruecos

La noticia sobre el fin de las devoluciones en caliente para quienes entraban a nado se disparó por las redes sociales marroquíes y alentó las primeras llegadas a Ceuta. Así lo recogían varios informes previos que –sin anticipar la magnitud de lo que venía– sí alertaron del aumento de las entradas a nado a raíz de la sentencia.

Pero esta decisión del Supremo, por sí sola, no explica todo lo que pasó. Y en este episodio en concreto, falta por conocer mucho más: si hubo quien manipuló las redes sociales para propagar ese mensaje. Y lo más importante: a qué se debió la inacción de los gendarmes marroquíes en la frontera durante tantas horas.

Los que primero entraron a nado ese día en Ceuta, equipados con flotadores, aletas o neoprenos, lo hicieron impulsados por las noticias sobre la sentencia o por grupos en redes donde se explicaba que “si vas nadando te quedas en España”. Los que llegaron después –por decenas de miles– no sabían nada del Supremo o del cambio con las devoluciones en caliente, según explican varios testimonios recogidos por elDiario.es. Fueron a Ceuta porque les contaban en las redes que la frontera estaba abierta: que los gendarmes marroquíes no estaban parando a nadie.

En el Gobierno, en privado, manejan tres hipótesis para las que dicen carecer aún de pruebas concluyentes.

La primera, que esa inacción de la policía marroquí se deba al volumen de la oleada. Tampoco los policías españoles plantaron cara: porque eran demasiados.

La segunda, que esa inacción responda a una operación de alguna de las corrientes de poder dentro del régimen marroquí, sin autorización ni orden expresa del rey. En un momento delicado para Marruecos, que pronto tiene elecciones.

La tercera, que la operación fuera autorizada por Mohamed VI, pero que, viendo la dimensión de lo ocurrido, después diera marcha atrás.

Pero Sánchez tiene un problema grave: casi nadie en España cree que 80.000 personas se puedan desplazar hacia Ceuta sin el conocimiento o la autorización del régimen autoritario marroquí. Y esto es algo transversal. La derecha no se fía de Marruecos por su rechazo a la inmigración. La izquierda, por el Sáhara.

Al mismo tiempo, el Gobierno no puede solucionar el problema actual sin la colaboración de Marruecos.

La gestión de la crisis humanitaria –miles de personas sin hogar vagando por la ciudad– ha sido también pésima. ¿Qué habría dicho el PSOE si, ante una situación como esta, un Gobierno del PP hubiese pasado tantos días sin un solo campamento y con los vecinos teniendo que darles de comer o protegiendo a las niñas?

Por si fuera poco, tampoco falta la habitual presión contra el Gobierno desde los aparatos del Estado. Como también se demostró esta semana con el episodio del famoso informe policial.

En resumen: una jueza exconcejal del PP pide un informe a una unidad dirigida por un exasesor del jefe de la brigada política del PP que concluye sobre Marruecos lo mismo que está diciendo el PP. La jueza ordena a la policía que no le diga nada al Gobierno, que acaba enterándose de que existe tal informe por la prensa. El presidente y casi todos sus ministros quedan en ridículo –o peor aún, como mentirosos– por una oportuna filtración que solo pudo venir de dos sitios: el juzgado o la comisaría, porque aún no se había dado traslado a la acusación popular.

Y solo llevamos una semana de esta nueva temporada electoral.

P.D. Una última cuestión. Lo de llamar “efecto llamada” a la sentencia en el arranque de esta carta es una pequeña provocación, una burla a ese lenguaje que siempre rechazaré. La verdadera razón por la que tantas personas se juegan la vida para cruzar una frontera nunca está en una sentencia o en una regularización. Siempre es otra: la enorme desigualdad.

Que no lo olvidemos nunca: quienes llegan a esas playas son personas que buscan un futuro mejor.

Esa desigualdad ya existe. La esperanza de vida también va por barrios. En Sevilla, por ejemplo, hay 8,8 años de diferencia entre las calles más ricas y las más pobres. Por países, la foto es aún más clara. En Mónaco ya supera los 87 años. En Nigeria todavía no llega a los 60.

Es un dato cruel, pero conviene ponerlo en perspectiva. Esa brecha se está reduciendo; es de los pocos indicadores de desigualdad que no crece. La reducción de las hambrunas y el aumento de la vacunación están acortando esa distancia. Paradójicamente, el aumento de la longevidad es, por ahora, uno de los mayores logros igualitarios de la humanidad. Ojalá las diferencias de renta o de educación entre países fueran tan estrechas.

Como en toda estadística, la esperanza de vida es un dato que condensa muchas catástrofes: la mortalidad infantil, la salubridad del agua, la existencia de una mínima red sanitaria. Solo en España, en apenas 50 años, ha pasado de los 73 a los 84 años. Si se mira un siglo atrás, el salto es aún más increíble. En 1926, la esperanza de vida en nuestro país rondaba los 40 años.

El gran aumento de la longevidad que trajo el siglo XX no llegó gracias a ninguna pastilla milagrosa. Fue un éxito de las políticas públicas: agua potable, vacunas, antibióticos, sistemas sanitarios universales, dar a luz en hospitales. Vivimos más porque decidimos colectivamente que nadie debía morir por beber agua contaminada o por una infección tratable. La longevidad fue, sobre todo, una conquista social.

El siglo XX elevó la esperanza de vida del ser humano al límite natural de los materiales. Vivimos más, de media, porque casi todos llegamos a ancianos. Pero el salto que se otea en el siglo XXI, lo que algunos desarrollos científicos ya prometen, va mucho más allá. Ya no se trata de agotar el límite biológico de la vida, sino de ampliarlo. Es un terreno resbaladizo, donde conviven investigaciones serias con vendehumos y charlatanes. Pero probablemente ocurrirá lo que siempre pasa cuando la ciencia es lo bastante avanzada como para resultar indistinguible de la magia. Lo mismo que está pasando con la IA o que antes ocurrió con Internet. A corto plazo, los pronósticos fallan por exceso de optimismo. A largo plazo, se suelen quedar cortos.

La promesa de la longevidad más allá de lo natural —algunos sueñan con la inmortalidad— es un horizonte que la ciencia ya no descarta. No está tan claro el cuándo. Tampoco el cómo: trasplantes, terapias genéticas, fármacos que intervienen en el metabolismo o que eliminan las células envejecidas… Las inversiones son millonarias porque la recompensa para quien lo consiga también será muy alta.

La pregunta no es si existirán tratamientos para retrasar el envejecimiento. La gran duda es si serán un derecho o un lujo. Si llegarán a casi todos, como el agua potable o los antibióticos, o quedarán reservados para unos pocos.

Quienes más están invirtiendo en alcanzar ese milagro son, precisamente, los que ya lo tienen todo: los tecnoligarcas, que acumulan una riqueza sin precedentes en la historia. Las implicaciones de una transformación así son tan inquietantes como ver a dos de los hombres más poderosos del planeta —Vladímir Putin y Xi Jinping— soñando en voz alta con la inmortalidad. Porque la muerte es lo que iguala a todos los seres humanos. Al menos por ahora.

Con este artículo, iniciamos la publicación en la web de elDiario.es del contenido de la revista 'El sueño de la vida eterna'. Hazte socia o socio para recibir en casa esta y el resto de nuestras revistas trimestrales.

Julio Iglesias nos ha llevado a los tribunales. No con una demanda civil, como las que cada día se presentan contra muchos medios de comunicación. Lo ha hecho con una querella, por lo penal, contra cinco periodistas de elDiario.es: Elena Cabrera, Ana Requena, María Ramírez, Juanlu Sánchez y también contra mí como director.

Nos acusa de tres delitos que suponen penas de prisión: injurias, calumnias e incluso un delito contra su integridad moral. Y para hacerlo, su abogado sostiene algo que es sencillamente falso. Dice que las mujeres que aparecen en nuestros vídeos son “actrices profesionales”, “personajes figurados”; que nos inventamos sus testimonios, que sus palabras son “ficciones”, que se trata de “un montaje”.

Simplemente, no es verdad. Estas mujeres de los vídeos son las dos extrabajadoras de sus mansiones que también denunciaron a Julio Iglesias por agresión sexual ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Una denuncia que la Fiscalía archivó porque consideró que no era competente para investigar algo ocurrido fuera de España, no porque concluyera que esas mujeres no existieran o que sus testimonios fueran inventados.

Lo único que hicimos fue doblar sus voces para proteger su identidad. No cambiamos una sola palabra de lo que dijeron. Ni una coma. Tampoco añadimos más emoción o dramatismo a sus testimonios. Tenemos los vídeos originales y horas de entrevistas grabadas con ellas. Podemos demostrar que no manipulamos sus palabras.

Tampoco ocultamos que la voz era doblada. Lo explicamos desde el primer día, tanto en los vídeos como en los reportajes.

Doblar la voz de una fuente para proteger su identidad no es un invento de elDiario.es. Es una práctica cada vez más habitual en el periodismo de investigación internacional; hay decenas de ejemplos previos, como este premiado reportaje de ProPublica sobre civiles asesinados por comandos de la CIA en Afganistán, que después se convirtió en este documental junto a The New Yorker. O en decenas de informaciones de la BBC, o de la radio pública estadounidense NPR, o de la televisión pública francesa.

La BBC –el estándar del rigor en Europa– tiene una guía sobre buenas prácticas periodísticas, que es de obligado cumplimiento para sus redactores y también un referente en la profesión. Incluye un apartado sobre cómo proteger el anonimato de una fuente. Y allí recomienda justo lo que hicimos: doblar la voz, en vez de distorsionarla –como se hacía antes– precisamente porque la tecnología ahora permite revertir una voz distorsionada para descubrir la voz real. Con la IA, estas herramientas son hoy aún más accesibles.

La querella también nos acusa de publicar de forma apresurada, sin contrastar. El delito de calumnias, según el Código Penal, requiere “un temerario desprecio hacia la verdad”; que los periodistas de elDiario.es publicáramos estas informaciones “con conocimiento de su falsedad”. Es exactamente lo opuesto a lo que hicimos.

Esta investigación llevó tres años y, junto a los periodistas de Univision Noticias –incluyendo a un coganador del premio Pulitzer, Gerardo Reyes–, aplicamos los mejores estándares internacionales en periodismo de investigación. En este artículo de María Ramírez –otra de nuestras periodistas querelladas– explicamos cómo fue este meticuloso trabajo. Tenemos documentados con fecha y hora 80 contactos o intentos de contacto con Julio Iglesias o personas de su entorno para tratar de recabar su versión desde once días antes de publicar: correos, llamadas o incluso la entrega de una carta en persona en su casa.

Recientemente, la Fundación Gabo nominó esta cobertura a sus prestigiosos premios de periodismo, entre los diez mejores trabajos publicados en español en el último año.

No es la primera vez que intentan llevarnos por la vía penal por publicar una investigación incómoda. Ya ocurrió antes, cuando destapamos el máster fraudulento de Cristina Cifuentes. Raquel Ejerique y yo pasamos dos años y medio imputados, pero la Justicia acabó dándonos la razón.

Esta querella busca algo más que discutir la veracidad de una información. Busca intimidar a quienes investigamos y contamos hechos de interés público; hoy contra los periodistas de elDiario.es, mañana contra cualquier otro. Por eso utiliza la vía penal.

La FAPE –Federación de Asociaciones de Periodistas de España– ha salido en nuestra defensa (gracias, compañeros). Asegura que esta querella “atenta contra los derechos fundamentales a la libertad de expresión y a la información”; “una acción abusiva e intimidatoria cuyo objetivo es impedir el libre ejercicio del periodismo, silenciar al medio y a sus periodistas y coartar el derecho de la sociedad a estar informada”.

Como también recuerda la FAPE, “la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Constitucional establece que prevalece el derecho a la libertad de expresión y a la información sobre otros derechos cuando la noticia es veraz, está diligentemente contrastada y es de interés general”.

Vamos a demostrar el rigor y la veracidad de nuestras informaciones en el juzgado; tenemos pruebas que respaldan todo lo publicado. Las mujeres de estos vídeos existen, sus testimonios son reales y su historia merece ser contada. Eso es lo que hicimos. Y lo volveríamos a hacer.

Se suponía que aquí se juzgaba un enchufe, un caso de tráfico de influencias. Esta causa judicial nació para averiguar si el hermano del presidente del Gobierno había conseguido un puesto de trabajo gracias a su apellido. En teoría, ahí estaba el escándalo. Ese fue el motivo que permitió que este asunto llenara las portadas durante dos largos años.

Ahora resulta que la sentencia nos dice que no, que no hay pruebas de que tal delito ocurriera.

No hay pruebas de que David Sánchez utilizara la influencia de su hermano. O de que Pedro Sánchez moviera un dedo para favorecerle. No hay pruebas de que nadie influyera para que el hermano del líder socialista accediera a ese trabajo. No hay pruebas, pero aun así hay una condena.

Los tres jueces de la Audiencia Provincial de Badajoz que firman esta sentencia han cambiado el centro de gravedad de este caso. No han podido probar el delito de tráfico de influencias y han acabado condenando por otro delito distinto: la prevaricación. Al expresidente de la Diputación de Badajoz, por haber creado una plaza “innecesaria” y “a la medida de David Sánchez”. A nueve personas más de esta misma administración pública, por participar en este mismo delito. Y a David Sánchez Pérez-Castejón, como cooperador necesario.

Condenados por prevaricación. Absueltos por tráfico de influencias.

Hay solo un problema. Para que los hechos probados de esta sentencia cuadren con una hipótesis mínimamente racional, hace falta que la Diputación de Badajoz tenga al menos uno de estos dos artefactos mágicos: una bola de cristal o una máquina del tiempo.

La sentencia distingue tres etapas en la prevaricación. La primera, la creación del puesto. La segunda, cuando cambia de funciones y nomenclatura. La tercera, cuando la Diputación contrata a un amigo de David Sánchez, Luis Carrero, dentro de ese mismo departamento –hubo un concurso y fue el único que se presentó–.

Pero la clave está en el arranque: en el momento en el que el presidente de la Diputación decide crear esa plaza que los jueces consideran amañada. Es una etapa que el tribunal considera ya prescrita, pero donde comienza este “plan delictivo”.

Según los hechos probados, ese delito de prevaricación empezó “entre el 10 y el 11 de octubre de 2016 en la localidad de Valdivia”. Fue justo en esos días cuando el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, y dos altos cargos de este mismo organismo decidieron crear un nuevo puesto de trabajo –el de coordinador de las actividades de los conservatorios– “con el objetivo de que fuera ocupado por David Sánchez”.

Era, dice la sentencia, un puesto innecesario, a pesar de que con anterioridad lo había ocupado otra persona hasta su jubilación. Un puesto creado a la medida del hermano de Pedro Sánchez, por “razones espurias”.

¿Y por qué habrían hecho tal cosa? ¿Por qué crearon esta plaza a medida ¿Qué les movió a cometer este delito?

Lo único que se parece a una respuesta a estas preguntas aparece en otro apartado de la sentencia, donde los tres jueces explican por qué deciden no condenar por tráfico de influencias. “Podríamos mantener, como contra hipótesis” –especulan– “que las conductas prevaricadoras obedecieron al interés de favorecer” a la familia de quien “sería reelegido secretario general del partido y con el tiempo presidente del Gobierno”.

Pero es que las fechas no cuadran. Ni de lejos. El 11 de octubre de 2016, Pedro Sánchez no era siquiera candidato a las primarias. Tampoco secretario general. Pocos días antes, el 1 de octubre, el Comité Federal del PSOE había forzado su dimisión y le había echado del partido por la ventana.

En el momento en que se crea esa plaza en la Diputación de Badajoz, Sánchez era un cadáver político. Y en aquella guerra interna del PSOE, Miguel Ángel Gallardo iba con Susana Díaz. No era precisamente un aliado del defenestrado Pedro Sánchez.

¿Acaso Miguel Ángel Gallardo pudo predecir el futuro? ¿O es que viajó al pasado tras la victoria de Sánchez en las primarias?

No es la única rareza de esta sentencia.

La prevaricación sin ser funcionario

El delito de prevaricación administrativa está definido en el artículo 404 del Código Penal. Es un texto muy claro y conciso:

Artículo 404.

A la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve a quince años.

La clave está en el sujeto: “autoridad o funcionario público”. David Sánchez Pérez-Castejón no es ninguna de las dos cosas. La sentencia le condena como “cooperador necesario”. El argumento: se benefició de esa prevaricación. No de su contratación, que se considera prescrita, sino del cambio posterior en su puesto de trabajo. Es decir: cuando a David Sánchez, “llevado por sus inquietudes”, se le ocurrió traer un programa de ópera a Badajoz. Habrase visto.

Hay precedentes de condenados como cómplices de una prevaricación que no son funcionarios. Pero se suele tratar de casos donde ha habido algo más que el beneficio de esa decisión arbitraria: cuando la prevaricación ha respondido a presiones o sobornos.

Aplicado a este caso concreto, ¿cómo se puede ser cómplice de una prevaricación cuando la propia sentencia reconoce que no hay pruebas del tráfico de influencias?

“A sabiendas de su injusticia”

La prevaricación también exige que la ilegalidad sea dolosa, consciente, grosera. No basta con que un funcionario tome una decisión arbitraria: tiene que hacerlo “a sabiendas de su injusticia”. En la práctica, esto se aplica solo en casos extremos de infracción administrativa: cuando los alcaldes adjudican plazas a dedo, sin oposición. O cuando se adjudica el puesto sin tener competencias.

Es algo que, en este caso, no ha ocurrido. Con David Sánchez sí hubo un procedimiento que se siguió de principio a fin, a través de los órganos competentes: desde que se crea el presupuesto de la plaza hasta que se adjudica. Hubo una convocatoria abierta, a la que se presentaron varios candidatos. A David Sánchez se le contrata “una vez terminado un máster en Milán tras una estancia en San Petersburgo”, recoge textualmente la sentencia, que cita este currículum como si fuera irrelevante.

No era tampoco una plaza de funcionario, un puesto de trabajo permanente: David Sánchez estaba contratado en un puesto de alta dirección, donde podía ser despedido en cualquier momento: simplemente con el argumento de pérdida de confianza.

En casos así, cuando aparecen irregularidades como las que detalla la sentencia, la jurisprudencia suele aplicar la nulidad administrativa: se anula la plaza. Pero ni se juzga ni se condena como un delito a los responsables (como expliqué en este otro artículo).

Es más extraño aún que se condene a la persona beneficiada, a David Sánchez. En toda la jurisprudencia española, no hay ningún precedente mínimamente comparable. También es la primera vez que se condena al hermano de un presidente del Gobierno en ejercicio. Ambos datos no parecen casualidades.

Hay una última cuestión muy discutible en la sentencia: cuando los jueces aseguran de forma taxativa que “la plaza no era necesaria”, o que el programa de Ópera Joven –que dirigía David Sánchez– no era acorde con el “interés general”. ¿Bajo qué criterios? ¿Deben ser los jueces quienes decidan cuáles son las necesidades culturales de una provincia? ¿Con qué legitimidad democrática?

¿Acaso era necesaria esa “oficina del español” que se inventó Isabel Díaz Ayuso para colocar a Toni Cantó? ¿O esa fundación pública irrelevante donde Esperanza Aguirre colocó a Santiago Abascal cuando no tenía trabajo? ¿O tantos otros puestos de libre disposición de cualquier administración pública?

De fondo, lo de siempre. Lo mismo que ocurre con el anómalo proceso contra Begoña Gómez: la pringosa sensación de que esta justicia no es igual para todos.