Lo confieso. A mí, director entonces del diario 20 minutos, Aznar no me llamó tras los atentados del día 11 de marzo de 2004, jueves. Quizás porque teníamos una vieja mala relación: ya me había mentido en un caso de corrupción años atrás, y lo pillamos en pocos días. Gracias a esa no llamada, el presidente del Gobierno no me presionó, y puse en la portada del viernes 12 este titular, a toda página y a un cuerpo tipográfico enorme: «¿ETA o Al Qaeda?». Veinte años después, algunos colegas están ahora reconociendo errores, otros están poniéndose medallas quizás algo más grandes de lo que realmente les corresponde y algunos otros siguen sin pedir perdón por las mentiras de esos días y de tantos años después.

Me enteré de los atentados por una llamada de mi hermana, desde Valencia. Yo tenía previsto ese 11 de marzo coger en Atocha un tren a las 8 de la mañana camino de la capital del Turia. Estábamos preparando la que iba a ser la quinta edición local de 20 minutos, tras las de Madrid y Barcelona, que habían nacido en el 2000, y las de Sevilla y Zaragoza, en 2003. A última hora, tuve que anular el viaje porque estaba resfriado y con algo fiebre. Cuando mi hermana escuchó en la radio que se habían producido unas fuertes explosiones en Atocha me llamó alarmada. Creía que yo estaba allí.

Resfriado y todo, me fui a toda prisa a la redacción, entonces en pleno centro, en la Plaza del Callao. Confieso que hasta pasado el mediodía de aquel jueves 11 de marzo de 2004 no se me pasó por la cabeza la hipótesis de que los atentados de esa mañana fueran obra de terroristas islámicos. Lo pensé por primera vez hacia la una, cuando me entrevistaron de una radio argentina y más que preguntármelo me lo aseguraron. «Ha sido Al Qaeda, ¿no?».

El diario 20 minutos era gratuito. Lo repartíamos en la calle y en los grandes intercambiadores del transporte público de las grandes ciudades. Llegamos a editarlo en las 15 ciudades españolas más pobladas y a repartir un millón de ejemplares al día. Lo habíamos fundado en el año 2000 dos periodistas -José Antonio Martínez Soler, que se ocupaba de la gestión, y yo, que dirigía el diario- y seis cajas de ahorro embarcadas en el proyecto por el financiero Julio Ortega y la ejecutiva Margarita Sánchez. Se publicaba solo de lunes a viernes, cuando las ciudades estaban activas y el coste de reparto por ejemplar era muy bajo, por su rapidez. Nos los quitaban de las manos. Vivíamos de la publicidad, era nuestro único ingreso. En 2004 ya estábamos en beneficios y en Madrid ya éramos el diario más leído. No lo digo yo, lo decía el Estudio General de Medios (EGM). En 2008, el ranking nacional de EGM estaba encabezado por 20 minutos, con casi 3 millones de lectores diarios, seguido de Marca y de El País.

Pocos minutos después de que estallaran las bombas, habíamos decidido sacar una edición especial sin publicidad y repartirla a primera hora de la tarde, como habíamos hecho también en los atentados del 11-S en EE UU. La duda que me metió el periodista argentino me llevó a poner inicialmente este gran titular: «Masacre en Madrid». Pero cuando en torno a las dos de la tarde estábamos cerrando la edición, el ministro del Interior, Ángel Acebes, atribuyó las bombas a ETA. Cambié el titular: «Masacre de ETA en Madrid», aunque en el texto decía: «Una oleada de explosiones en la red de Cercanías, previsiblemente provocadas por ETA…».

A medida que avanzaba la tarde del jueves 11, los indicios que apuntaban a Al Qaeda fueron mucho más sólidos. Además, yo no sufrí la presión que sufrieron mis colegas los directores de la prensa de pago por parte del presidente del Gobierno, José María Aznar, que les llamó uno a uno para asegurarles que la autora del atentado era ETA.

A mí no me llamó Aznar, y tengo que agradecérselo públicamente. No me llamó quizás porque desde Moncloa apenas se consideraba entonces a los diarios gratuitos, pese a que ya contábamos con millones de lectores, o quizás también porque yo ya tenía con el entonces presidente del Gobierno una vieja mala relación.

A finales de los años ochenta del siglo pasado, mi colega y amigo José Ángel Esteban y yo habíamos investigado en los semanarios El Globo y Cambio 16 el llamado caso de la construcción de Burgos, que acabó con la dimisión del alcalde burgalés, el independiente de derechas José María Peña, y de varios concejales de AP (luego PP) y en el que Aznar, por entonces presidente de Castilla y León, salió salpicado. Durante nuestras indagaciones, Aznar nos mintió cuanto pudo: un día nos aseguraba en su despacho oficial en Valladolid que no conocía al principal acusado, el empresario Antonio Miguel Méndez Pozo (que acabó en prisión), y pocas fechas después teníamos en nuestras manos una vieja foto en la que se les veía juntos, hablando en un rincón de un hotel de Madrid…

La furgoneta con las cintas coránicas, el desmentido del entorno de ETA sobre su autoría, la reivindicación para Al Qaeda en una página de Internet… Durante la tarde y la noche, las dudas sobre quién había puesto las bombas fueron tantas que decidí abrir la portada del viernes 12 de las cuatro ediciones que teníamos entonces con este titular «¿ETA o Al Qaeda?». En la página 3 del diario llevamos un editorial (era infrecuente que lo hiciéramos, publiqué muy pocos en mis casi 17 años de director) que se titulaba «Unidos contra el terror» y arrancaba así: «La salvajada perpetrada ayer en Madrid, fuera obra de ETA o de activistas islámicos de Al Qaeda, bate todos los récords de maldad conocida en España…»

Tenía entonces y aún tengo hoy una casa de fin de semana en un pueblo de Guadalajara, a una hora en coche de Madrid. Allí estaba la tarde del sábado 13 de marzo de 2004, lamentando que el 20 minutos no tuviera edición los sábados y domingos. Leía junto a la chimenea y con la tele puesta y sin voz cuando, pasadas las ocho, vi al ministro Acebes en la pantalla. Cuando activé el sonido y le oí anunciar que había cinco detenciones («tres ciudadanos marroquíes y dos hindúes»), salí a la calle con el móvil para que mi familia no me oyera y telefoneé a José Antonio. No lo encontré. «¡Hay noticias y nosotros no tenemos periódico! -clamé a su buzón de voz- ¡Teníamos que haber sacado hoy una edición! ¡Y mañana!».

Cuando volví a casa, mi mujer me contó que acababa de llamar nuestro hijo Ignacio, que estaba posteando desde la calle Génova, donde cientos de manifestantes preguntaban al PP quién era el autor real de los atentados.

-¡Y Rajoy ha dicho además que la manifestación es ilegal! -exclamó ella-. Tu verás, pero yo me voy a Madrid a la manifestación.

-Pues yo a sacar el periódico- repliqué.

Apagamos la chimenea, recogimos a toda prisa y a las nueve estábamos de camino. Conducía ella, nuestra hija iba atrás, callada y sin perder detalle. Yo logré hablar por el camino con algunos de los periodistas del diario; con el jefe de producción, Paco Perea, que estaba movilizando a las imprentas, y con José Antonio.

-Oí tu mensaje, ya está todo en marcha -me contó-. Para las ediciones de Barcelona, Sevilla y Zaragoza no hay problema, las imprentas ya están avisadas. La rotativa de Madrid está cerrada, pero podemos hacerlo en Zaragoza y traerlo en furgonetas. Y Juan [Rodríguez Marín, el director de distribución] ya tiene localizados a algunos repartidores.

Llegamos a Madrid pasadas las diez de la noche. Mi mujer y mi hija se quedaron en Génova, en la manifestación. Yo seguí hasta la redacción. Éramos siete para hacer el diario: Charo Rueda, Miguel Máiquez, Pilar Bello, Almudena Agulló, Arminda Rosales, Manuel Villa y yo; creo que no me olvido de nadie.

Fue un trabajo titánico y hermoso, fue uno de esos días que todos nosotros recordaremos siempre en nuestra trayectoria de periodistas. Hicimos una edición especial de ocho páginas, sin publicidad. Intensa, adolorida.

Nos dimos mucha prisa, pero cerramos tan tarde (pasadas las tres de la mañana) que recogimos toda la información de última hora que el resto de los diarios impresos no pudo meter en la mayoría de sus ediciones porque las tiradas de los domingos eran para todos ellos superiores a las del resto de la semana, y había que cerrar antes para darles tiempo a las rotativas a imprimirlas.

Nosotros dimos muchos detalles sobre los detenidos que el resto de diarios no tenían; sobre la reunión de la Junta Electoral Central para estudiar la denuncia del PP del acoso a sus sedes; sobre el cambio en la programación de TVE, que por la noche emitió Asesinato en febrero, acerca del asesinato por ETA del socialista Fernando Buesa y su escolta pese a que estaba prevista otra película; sobre la reivindicación de los atentados por el islamismo radical en un video hallado junto a la mezquita de Madrid, reivindicación desvelada por Acebes a las 0,45 horas del domingo 14, aunque la llamada avisando sobre el video se había producido a las 19.40 del sábado.

Las ediciones especiales, las que no eran las ordinarias de lunes a viernes, teníamos que comunicárselas previamente a algunos Ayuntamientos. Al de Madrid, con Alberto Ruiz-Gallardón (PP) entonces al frente, se lo notificamos en un fax sobre las cuatro de la madrugada, cuando ya habíamos mandado todas las páginas a las imprentas.

Tengo delante la portada de 20 minutos de aquella edición especial del domingo 14. Un gran titular decía: “11-M: fue Al Qaeda”. Con este subtítulo: “Un video y 5 detenciones confirman la autoría del terrorismo islámico”. Puse también un segundo titular: “Manifestantes ante sedes del PP reclaman al Gobierno que diga la verdad”. Y un tercero: “Los españoles votan hoy en pleno shock por el 11-M y su investigación”.

Las elecciones generales previstas para ese domingo habían sido, sin duda, la razón principal por la que esos días Aznar y su Gobierno mintieron tanto y retrasaron todo lo que pudieron algunas informaciones que descartaban a ETA y señalaban al yihadismo. 

El lunes 15, nuestro titular de portada decía: “Vuelco: gana Zapatero”. En esa edición o en la del martes 16, no lo recuerdo bien, una tira de nuestro dibujante Eneko resumía a la perfección lo que pasó esos días. Eran cuatro viñetas, cada una con su fecha: 11-M, 12-M, 13-M, 14-M. En todas había un globo terráqueo y un pequeño Aznar al que la nariz de pinocho le iba creciendo viñeta a viñeta; tanto, que en la última daba la vuelta completa a la Tierra y lo ensartaba y mataba.

Vamos a tener que reformar el refranero. A partir de ahora, habrá que decir: “Dos que duermen en el mismo colchón acaban teniendo la misma forma de expresión”. Tras el pacto PP-Vox en la Comunidad Valenciana, el partido de Alberto Núñez Feijóo ha experimentado un brusco acelerón de evolución lingüística -aunque más que evolución habría que llamarle involución- y en su pacto con el de Santiago Abascal ya habla de “violencia intrafamiliar”. ¡Con lo que les había costado a los dirigentes del Partido Popular llegar a lo de “violencia de género”! (A lo de “violencia machista” llegaron muy pocos).

Nada de todo esto es anecdótico, todo es central; no es coyuntural, es estructural. Quien cede en el léxico, en el nombre que se les da a las cosas, cede en el concepto, en lo principal, en lo sustancial. Los cambios súbitos en el lenguaje son un indicador infalible de los principios endebles o impostados.

Al mismo tiempo y en el mismo territorio, en Elche (235.580 habitantes), otro pacto PP-Vox va a desalojar de la Alcaldía y del poder municipal al ganador de las elecciones del 28 de mayo pasado, el PSPV-PSOE. Como en Valladolid (295.639 habitantes), como en Alcalá de Henares (196.888), como en Burgos (173.483), como en... Ganador en votos populares el 28-M, el PSOE; ganador en gobierno, en poder, la suma de PP con Vox. ¿Qué fue de aquella doctrina de hace pocos meses del PP de que gobernara el partido más votado? 

En Elche había una Concejalía de Igualdad; ahora habrá una de Familia. Del tipo de familia tradicional que la derecha entiende, que ha firmado ese pacto bajo la cruz de una ermita, la de Santa Ana, en la pedanía ilicitana de Valverde.

Los nombres de los organismos públicos -las concejalías, las consejerías, los ministerios...- merecen una atenta mirada lingüística y un análisis político detallado. El periodista y profesor Aurelio Medel hizo una primera incursión en la materia en el número 9 de la revista Archiletras, en octubre de 2020, con el primer Gobierno de Pedro Sánchez de esta legislatura, el de coalición entre PSOE y Unidad Podemos. Términos como “Transición Ecológica”, “Memoria Democrática” o “Transformación Digital” se habían colado en el nomenclátor ministerial oficial. “La evolución de los nombres de los ministerios está también anclada en la evolución de la sociedad -escribía Medel-. Hace 40 años era inconcebible que expresiones como 'transición ecológica', 'memoria democrática' o 'transformación digital' definieran a un Gobierno. La protección del ecosistema era una batalla de esos locos que se llamaban ecologistas, el olvido la mejor receta de la Transición y lo digital no pasaba de la huella en el DNI”.

Lo “social” tiene ya un largo recorrido de casi un siglo en la nomenclatura oficial. Manuel Azaña, en los años treinta del siglo pasado, tuvo en su cuarto gobierno un Ministerio de Trabajo, Sanidad y Previsión Social. Tras la dictadura franquista, la denominación “Seguridad Social” apareció en el segundo gobierno de Adolfo Suárez. En uno de los de Felipe González, en 1988, hubo un Ministerio de Asuntos Sociales. “Asunto” fue también el asunto social para José María Aznar. Con José Luis Rodríguez Zapatero, se incorpora lo de “Política Social”. Con Mariano Rajoy, “Servicios Sociales”. Con el primer Pedro Sánchez, en 2018, “Bienestar Social”.

“La evolución del Ministerio de Defensa es la más singular y cínica”, escribía también Medel. Recordaba que en 1705, en su primera aparición en nuestro nomenclátor oficial, se llamaba Ministerio de la Guerra. “El cambio de Guerra a Defensa se produjo, qué ironía, durante la Guerra Civil”. Con Franco pasó a ser Ministerio del Ejército, aunque también hubo ministerios del Aire y de la Marina. Con Suárez pasó de nuevo a Defensa. 

Inciso: el viñetista, dibujante y escritor Máximo San Juan, que durante 30 años, de 1977 a 2007, firmó como Máximo, a secas, una viñeta editorial en el diario El País, se preguntaba en voz alta: “¿Por qué todos los estados tienen un Ministerio de Defensa si ninguno tiene un Ministerio de Ataque?”.

Ningún nombre, ningún léxico, es baladí; especialmente en política. Quien denomina enfoca, encuadra, define, elige. Este viernes, el propio Feijóo se hacía de nuevas en Twitter con el pacto valenciano de su partido con el de Abascal: “No vamos a renunciar a nuestros principios, cueste lo que nos cueste”, exclamaba después de que el número 2 de Vox en la Comunidad Valenciana dijera, contundente: “La violencia machista no existe”. Al cierre de esta crónica no consta que el líder del PP haya ordenado ni que se deshaga el pacto ni que se borre su tuit. 

Insiste la derecha, tanto por boca de algunos de sus dirigentes como por pluma de muchos de sus numerosos medios afines, en que las elecciones del domingo próximo son un plebiscito sobre Sánchez y sobre el sanchismo. Las urnas del 28M no estarían por tanto, según la derecha, para decidir quién gestiona desde las comunidades autónomas y desde los ayuntamientos, en los próximos cuatro años, la sanidad, la educación, el urbanismo, la vivienda, la movilidad en las ciudades, el impacto de la crisis climática en el territorio y en el día a día de los ciudadanos, etc., etc., sino para determinar si a finales de año sigue o no sigue Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa.

Hasta ahora, los plebiscitos los convocaba el poder, no la oposición. Incluso en el Diccionario digamos oficial —el de la RAE y las academias que tanto cita este cronista—, que dice esto de la palabra plebiscito: “Consulta que los poderes públicos someten al voto popular directo para que apruebe o rechace una determinada propuesta sobre una cuestión política o legal”. Si no por el Diccionario, las derechas deberían saberlo por nuestra historia reciente. Su entre admirado y respetado Francisco Franco se disfrazaba en ocasiones de demócrata convocando referéndums —en 1947, sobre la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado; en 1967, sobre la Ley Orgánica del Estado...— que en el fondo eran plebiscitos sobre sí mismo. O yo, o la horda roja. O yo, o el caos. O yo, o la barbarie. El dictador los ganaba por goleada, claro; en el de 1967, con un 95,86% de síes. Como dijo el propio Franco en su discurso de fin de año de 1969, “todo ha quedado atado y bien atado”, refiriéndose tanto a la Ley Orgánica del Estado de 1967 como a la designación de Juan Carlos de Borbón como sucesor suyo, anunciada poco antes del discurso.

Volvemos al plebiscito en que quiere convertir el 28-M la derecha. Siempre los plebiscitos se plantean como una elección entre dos alternativas, y en este la derecha va directa: o nosotros la gente de bien, o el sanchismo que pacta con la antiEspaña; o nosotros, o la horda roja, socialcomunista, etarra. ¡Hasta compradora de votos! 

Si insiste tanto la derecha en esa estrategia, será porque les funciona, será porque realmente les moviliza votos. Pero la pregunta ya no es esta. Si Pedro Sánchez ha entrado al trapo, con muchísimos mítines por toda España, pese a la enorme exposición al riesgo que estamos viendo que algo así supone, ¿será porque también les funciona a los socialistas, será porque así llevan a las urnas a partidarios tibios que de otro modo no irían a votar? ¿Será porque tienen medido que Sánchez suma y no resta a las siglas del PSOE? 

En unas elecciones, importa mucho el número total de votos populares que consigue cada formación, pero importa incluso más si esos votos se convierten en escaños suficientes como para acceder después al poder, tras pactar con otras candidaturas. Las últimas encuestas publicadas —el lunes pasado, último día posible con la ley vigente— apuntaban que en algunas comunidades autónomas y en algunos grandes ayuntamientos había partido en esa pugna por el poder; que en ellos se decidirá quién gobierna y quién no gobierna por muy pocos votos populares y por poquísimos escaños. 

En el ámbito autonómico, sería así en Comunidad Valenciana, con Ximo Puig (PSOE) y Carlos Mazón (PP) como principales presidenciables; en La Rioja, con Concha Andreu (PSOE) y Gonzalo Capellán (PP); en Aragón, con Javier Lambán (PSOE) y Jorge Azcón (PP); en Baleares, con Francina Armengol (PSOE) y Marga Prohens... 

En el municipal, las encuestas apuntaban el lunes pasado que las alcaldías de las cuatro ciudades más pobladas están muy disputadas. Madrid, con José Luis Martínez-Almeida (PP) por delante, pero con Rita Maestre (Más Madrid) con posibilidades. Barcelona, con Jaume Collboni (PSC) con parecidas opciones que Ada Colau (Barcelona En Comú) y ambos seguidos de cerca por delante de Xavier Trias (Trias Per Barcelona). Valencia, con opciones tanto para Joan Ribó (Compromís) como para Sandra Gómez (PSPV-PSOE) y María José Catalá (PP). Sevilla, con Antonio Muñoz (PSOE) y José Luis Sanz (PP) en un pañuelo.

Muchos nombres propios, muchas marcas políticas, muchos diferentes ámbitos territoriales, mucho balance de gestión y muchos proyectos alternativos... pero llegamos al 28M con casi todo centrado en un plebiscito. Tan ajustado parece, que quizás al atardecer del domingo ambas partes encuentren una manera de vendernos una victoria. 

Las siete plagas de Egipto. Las siete maravillas del mundo antiguo. Los siete pecados capitales. Los diez mandamientos. Los doce trabajos de Hércules. Los doce dioses del Olimpo. Las enumeraciones ordenadas siempre han sido un eficaz recurso narrativo y una contundente arma de la retórica. Desde la más antigua memoria.

Los siete samurais. Los siete magníficos. Los siete enanitos. Los doce del patíbulo. Las 22 leyes inmutables del marketing. Las enumeraciones ordenadas, que siguen siendo hoy un recurso narrativo y retórico eficacísimo, llegaron al sumun cuando alguien, en la noche de los tiempos, tan atrás que no sabemos ni cuándo ni dónde, lanzó una convención que sedujo a todos: el alfabeto. El nuestro viene del latino, y el latino del griego, y el griego del consonántico fenicio, y este quizás de la escritura cuneiforme o de los jeroglíficos egipcios o de vaya a saber dónde... Inventado el alfabeto, ¡tachán, tachán!, nacen los diccionarios. Ya tenemos una enumeración ordenada completa. Todas las palabras, todo incluido, todo.

Este martes pasado, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recurrió en el Senado a una enumeración ordenada para contrarrestar otra técnica retórico-electoral con que el Partido Popular y su líder Alberto Núñez Feijóo venían golpeando al PSOE y al Ejecutivo desde la semana pasada: ‘ETA’. Contra el 'ETA' del PP, las 'Diez verdades sobre el PP y el terrorismo' de Sánchez. La elocución del presidente del Gobierno fue demasiado larga, y quizás por eso perdió algo de eficacia. De hecho, a algún medio de comunicación no le cabía en un vídeo para redes sociales y dejó las diez verdades en solo seis. La décima y última verdad cumplía una máxima sagrada de las enumeraciones: que sea la más contundente, la que resume y remata, la que queda en la memoria de la audiencia. Dijo así Sánchez: “Décima y última verdad: Cuando en España ETA no es nada, para ustedes es todo. Porque, en su desesperación, ETA aunque no exista, es lo único que tienen”.

La palabra 'ETA', en efecto, se ha convertido en el comodín recurrente del Partido Popular en aquellas elecciones en las que no tiene otros argumentos más sólidos. ETA fue derrotada hace doce años; es decir, hace tres periodos electorales, pero si no hay una propuesta o un proyecto municipal o autonómico que presentar, o una buena gestión de la que sacar pecho, a la derecha le basta con invocar la palabra ‘ETA’ para mantener movilizado a su electorado. 'ETA' y su campo semántico –'Bildu', ‘terrorismo', etc.– han invadido tanto las nubes de tags del discurso electoral de la derecha que me recuerdan una frase, quizás del Giovani Papini joven y ateo –luego fue fervoroso católico–, que decía aproximadamente así: “Dios es una palabra griega que sirve para sostener argumentos insostenibles”. 'ETA', lo mismo. Para el PP, 'ETA' es un acrónimo vasco que sirve para sostener campañas electorales insostenibles. El PP se ha encomendado a ETA en esta campaña electoral en la que decidimos nuestros gobiernos municipales y autonómicos para los próximos cuatro años. 

Según diversas informaciones e indicios, Feijóo estirará el chicle retórico de 'ETA', 'Bildu', 'terrorismo' hasta el final de la campaña, hasta el 28 de mayo y más allá, a los pactos postelectorales. Por encima incluso del “derogar el sanchismo” con que comenzó la precampaña. O incluso solapando ambas, fusionando las dos en una sola: SánchezETA, o ETASánchez. Si lo hace, parecen evidentes sus dos motivos. Porque las encuestas no van como esperaban los dirigentes del PP y, sobre todo, porque les funciona.

Hace casi treinta años, en 1995, tras una reforma del Código Penal, titulamos así en la portada del diario financiero Cinco Días: “La usura deja de ser delito”. Y añadimos en un subtítulo, como aviso irónico a la parte religiosa y pía de nuestros lectores: “Pero sigue siendo pecado”. La usura había sido delito en nuestra legislación desde la Ley Azcárate, llamada así por su impulsor: el jurista -y político krausista- leonés Gumersindo de Azcárate, tan apreciado en su gremio que el principal premio que concede hoy el Colegio de Registradores lleva su nombre. La edición de este año se entrega en cuatro semanas. A la RAE, por cierto. Todo acaba siendo lengua.

En la vida pública, la mentira ya solo es delito cuando se produce una falsedad en documento público. En política, de unos años a esta parte, la mentira ha pasado a ser una técnica y estrategia más, apenas combatida o denostada; en ocasiones hasta celebrada. La practican episódica o permanentemente políticos de los más variados signos. Ya no es la mentira ni delito ni falta, pero, atención, estimados políticos creyentes y hasta practicantes y píos: sigue siendo pecado. La Iglesia Católica lo considera así porque viola la virtud de la veracidad y daña la confianza entre las personas. No sólo la religión (para los que la practican); también la más mínima ética repudia esta ascensión de la mentira a la categoría de las bellas artes a la que algunos de ustedes pretenden llevarla.

Donald Trump, ex presidente de EEUU, ha sido condenado este martes pasado por abuso sexual y difamación a la escritora E. Jean Carroll. La sentencia restaura una verdad que el exmandatario estadounidense había tratado de ocultar acusando incluso a Carroll de que era ella la que mentía. A Trump le debemos en buena parte el tremendo auge de la mentira en política, de las realidades alternativas, de los bulos planificados, de las fake news. Es muy probable que en las varias causas judiciales que tiene pendientes sea de nuevo retratado como un mentiroso compulsivo, reiterado, contumaz, además de con otros apelativos negativos. Y aun así, las encuestas dicen que buena parte de la opinión pública de su país sigue confiando en él, lo cree a pies juntillas pese a las enormes evidencias en contra y estaría dispuesta a apoyarlo de nuevo si finalmente se presentara a las próximas elecciones presidenciales. ¿Será esto lo que ha animado tanto a un número creciente de nuestros políticos a utilizar más y más la mentira?

Se empieza por las mentirijillas, por las estadísticas trucadas, por las medias verdades, por las mentiras disfrazadas... (Ya conté aquí el chiste de lo de prueba de natación entre Kennedy y Jrushchov, que ganó el primero, y en el que un titular decía «Nikita, subcampeón; Kennedy, penúltimo»). Y se acaba encadenando una mentira flagrante tras otra sin pestañear. A veces, con un periodista delante que ni pone en duda ni cuestiona ni repregunta ni enmienda la plana. 

Atribuimos desde muchos medios las fake news y las mentiras a los políticos falsarios, especialmente si no son de nuestro bando, y a las redes sociales y su descontrol. Pero también los propios medios somos muchas veces responsables, cooperadores necesarios, por acción o por omisión, de esa enorme riesgo para las democracias que supone la normalización de la mentira en política. Un debate público basado en falsedades contamina gravemente a los ciudadanos y daña de modo irreparable la democracia. 

La Ley Azcárate perseguía las condiciones leoninas que algunos prestamistas imponían a sus clientes, el “interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado”, como decía en su artículo 1. Algunos políticos -y algunas- mienten con usura, con avaricia, con reiteración notablemente superior a la normal, de modo manifiestamente desproporcionado. Y sí, también aquí, como en EEUU, es probable que las urnas se lo bendigan.

Impresionismo, puntillismo, expresionismo, fauvismo, cubismo, futurismo, dadaísmo, surrealismo... En el arte, los ismos son bautizados, nominados (dado nombre), por sus propios creadores e impulsores, y acaban logrando por lo general unos atributos positivos, una reputación. La historia del arte, especialmente la del último siglo y medio, está llena de ismos valiosos.

Felipismo, guerrismo, aznarismo, zapaterismo, sanchismo… En la política, los ismos personales son bautizados, nominados, por los rivales, con el indisimulado propósito de desacreditar al del nombre propio del que nace el sustantivo formado con ese sufijo, -ismo, tan frecuente en nuestra lengua. Al cabo, el término se convierte en peyorativo; se usa más como un descalificativo, como un insulto, que como un apelativo neutro. Rara vez es un piropo.

El sufijo -ismo, en efecto, es uno de los más recurrentes de nuestro idioma; vale en castellano para las cosas más diversas, para un roto y para un descosido. Te vas al Diccionario de las academias, el DLE, tan citado como fuente de autoridad en estas crónicas, y descubres sus muchas habilidades. Una: que -ismo forma sustantivos que “suelen significar” 'doctrina', 'sistema', 'escuela' o 'movimiento', y cita el Diccionario estos: socialismo, platonismo e impresionismo. Otra: que forma sustantivos que significan 'actitud', 'tendencia' o 'cualidad', y pone de ejemplos egoísmo, individualismo y puritanismo. Una tercera: que forma sustantivos que designan actividades deportivas, por ejemplo atletismo o alpinismo. Una cuarta: que forma sustantivos que designan términos científicos, como tropismo o astigmatismo. Y una quinta: que forma sustantivos que designan 'situación' o 'condición', como es el caso de marginalismo o pauperismo. ¡Qué capacidad genésica la del sufijo -ismo! Es más prolífico que el holandés Jonathan M., donante de esperma al que un tribunal ha ordenado parar porque ya tiene 550 hijos biológicos diseminados (nunca mejor dicho; viene del latín 'disseminare', y este de 'semen') por el mundo.

¿A cuál de esas cinco habilidades y capacidades de -ísmo se referirá Alberto Núñez Feijóo cuando dice que quiere “derogar el sanchismo”, en referencia el sustantivo a Pedro Sánchez? ¿Es para Feijóo el sanchismo una 'doctrina', un 'sistema', una 'escuela' o un 'movimiento'? ¿Una 'actitud', una 'tendencia', una 'condición'? ¿Es una norma, y por eso se puede 'derogar': “Dejar sin efecto una norma vigente”? ¿Debería el Diccionario incorporar una nueva acepción en -ismo para señalar que forma sustantivos que pretenden criticar, censurar, vituperar o denigrar a alguien?

Por lo general, los ismos en política se forman sobre nombres del poder, pero no a todos los poderosos los consideran sus rivales suficientemente dignos de generar su ismo. Apenas encontraréis el palabro 'rajoyismo' si buscáis en Google. Y la mayoría de las veces que halléis 'feijooísmo' se referirán al religioso benedictino y ensayista orensano del siglo XVIII Benito Jerónimo Feijoo, sin tilde, y las menos al Feijóo también orensano que ha sido durante trece años presidente de la Xunta de Galicia y ahora es presidente del Partido Popular. Por contra, Isabel Díaz Ayuso, que lleva en el poder autonómico de Madrid menos de cuatro años -es decir, un tercio de lo que estuvo Feijóo en el suyo-, ve estos días cómo se extiende el uso del término 'ayusismo' entre sus contrarios -e incluso entre algunos de sus partidarios, estos quizás pensando en que no es peyorativo-.

Viene con fuerza el ayusismo, viene pegando fuerte. Tanto, que algunas veces cuesta discernir si esa fuerza siempre activada de la presidenta de la Comunidad de Madrid va sólo contra el presidente del Gobierno de España o si también lo hace contra el presidente del Partido Popular. Hace unos días, en la tribuna principal de las celebraciones institucionales del Dos de Mayo, dio la impresión de ambas cosas.

En La Moncloa probablemente hayan visto una gran oportunidad en esa fuerza del ayusismo. Una oportunidad de fomentar el segundo uso, claro; el de volverla contra Feijóo. Tampoco hay que esforzarse mucho, ya vio Pablo Casado cuando estaba aún en primero de casadismo que Ayuso era de gatillo fácil.

Además de baloncesto -básket, dice él-, Pedro Sánchez practicó judo desde muy pequeño. Primero, con cinco años, en el polideportivo de Aluche. Después, en Alcobendas. Mucho tiempo de yudoca en total. Lo primero que se aprende en el judo es a caer, y en eso Sánchez ha dado muchas muestras posteriores en su trayectoria política de que lo entendió bien. Otra de las cosas básicas que se enseña en las escuelas de judo es la técnica del Chikara-No-Oyo, de la no resistencia. Yudoca octavo dan Pedro Sánchez (eldiario.es) Es la esencia de ese deporte. Se resume así: nada hay tan eficaz para derrotar a un rival como aprovecharse de su propia fuerza para tumbarlo. Si empuja, cediendo y tirando de él; si tira, cediendo y empujándolo.

En estos tiras y aflojas entre sanchismo y ayusismo de estos días preelectorales, quien tiene más papeletas de resultar dañado es el incipiente feijooísmo, tan incipiente que está por ver que llegue a cuajar del todo.

“¡Viejos olivos sedientos / bajo el claro sol del día, / olivares polvorientos / del campo de Andalucía!”, decía Antonio Machado en un poema, Los olivos, de hace ya bastante más de un siglo. “Olivares, Dios os dé / los eneros / de aguaceros, / los agostos de agua al pie”, añadía después en el mismo texto. Pues no. Ya ni Dios ni los meteoros dan aguaceros frecuentes en enero ni suficientes aguas al pie en agosto. Ni en Andalucía ni en muchos otros puntos. Ni para los olivos, ni para las cebadas de las dos mesetas, ni para las fresas de Huelva... 

Vamos de crisis en crisis, de la financiera a la pandémica, y ahora llega la climática. Hemos entrado en la era de la postnormalidad, palabra que aprendí la semana pasada, junto a desaprender. La normalidad de lluvias y temperaturas moderadas en abril ha dado paso a la postnormalidad de un abril, el actual, durante el que no ha caído una gota de agua en 21 de las 50 provincias españolas; un abril con los termómetros acercándose a los 30 grados en la meseta norte y a los 40 en el sur, para asombro y estupefacción de todos, incluidos los hombres del tiempo. 

“Parece julio” es frase que todos hemos oído y escuchado mucho estos días. Tanto parece julio, que se diría que nos hemos saltado la primavera. En tiempos de Cervantes, sostiene y argumenta Josep Pla con un texto del Quijote en su maravilloso Las horas (1953), el libro que más he releído y regalado en toda mi vida, había cinco estaciones: “la primavera, el verano, el estío, el otoño y el invierno”. ¿Nos quedaremos en breve en tres estaciones: invierno, verano y otoño? ¿En dos: invierno y verano, o verano y veroño (otro palabro reciente)? 

Mal momento meteorológico y climático ha escogido Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente de Andalucía, para impulsar normas jurídicas que aspiran a la taumaturgia, a hacer brotar el agua por ley. Un divino 'hágase la luz', y la luz se hace; pero en agua y en postnormalidad. 

La polémica iniciativa del Gobierno y del Parlamento andaluces me recuerda aquella tarde remota de las pertinaces sequías del franquismo en que los mozos de Olmedillo de Roa (Burgos) fueron a la casa del cura, don Veri (apócope de Veridiano, nombre poco frecuente según el INE: 34 actualmente en toda España), a pedirle la imagen de la virgen de la Basardilla para sacarla de rogativa por los campos e implorar lluvias. Debía de ser mayo, a primera hora de la tarde, con el cereal sediento y mucho calor para esas alturas del año. Cuentan que don Veri salió desde la sombra de su fresco portal de la casa parroquial a la calorina del medio de la calle calcinada, escudriñó todos los puntos cardinales del cielo y les dijo a los mozos: “Si queréis la sacamos, pero de llover no está”.

He escudriñado en el sitio en línea de la Agencia Estatal de Meteorología, y no se esperan cambios notables en los próximos días en las zonas más golpeadas por la sequía. Dice la AEMET en el apartado 'Fenómenos significativos': “Temperaturas significativamente altas en el interior del tercio sur peninsular”. Andalucía supone buena parte del tercio sur peninsular. También en política la previsión es de temperaturas altas. El Gobierno y el PP siguen sacudiéndose duro con lo de Doñana y la ley andaluza. El partido de Moreno Bonilla y de Feijóo suelta incluso alguna patada al Gobierno y a Pedro Sánchez en culos de las instituciones europeas, y esto es también indudable indicio de postnormalidad. 

Aunque aún quedan negacionistas del cambio climático, todo indica que la expresión se nos está quedando pequeña, corta, raquítica. En los medios de comunicación está empezando a aparecer otra: 'crisis climática'. 'Cambio climático' está en el Diccionario de las academias, definido así. “1. m. cambio previsible en el clima terrestre provocado por la acción humana que da lugar al efecto invernadero y al calentamiento global”. Crisis, a secas, sin el añadido de 'climática', figura de este modo en el Diccionario: “Cambio profundo y de consecuencias importantes en un proceso o una situación, o en la manera en que estos son apreciados”. El cambio climático parece profundo, ya parece a punto de transformarse en crisis. 

Como tal, 'crisis climática' no está en el Diccionario de las academias, pero nada me extrañaría que al final del año figure entre las nuevas expresiones admitidas, tal como apuntan las previsiones meteorológicas, informativas y políticas de estos días de primavera convertida en bochorno juliano o agosteño. ¿Y sanchismo? ¿Entrará en el Diccionario? Es altamente improbable. No entraron en su día ni felipismo, ni guerrismo, ni aznarismo... Pero en el léxico político, el sanchismo ya está desde hace meses e incluso años instalado, y ahora divulgado y promocionado por el PP. ¿Les dará a los de Feijóo algún retorno en votos su uso? Veremos.

Dicen los socialistas que las modificaciones a la ley del 'solo sí es sí' pactadas con el PP son “puramente semánticas” como si esto fuera una bagatela, una nadería. Pues no: la semántica es mucho, y la lingüística es todo. Somos lengua, sólo la lengua nos hace humanos. La semántica estudia el significado de las palabras. Un matiz semántico puede evitar que un violador, por ejemplo, salga a la calle antes de tiempo, para dolor de su víctima y vergüenza del legislador que no sabe reconocer un error y enmendarlo a tiempo.

Como los humanos somos sobre todo lengua, la política ha devenido últimamente en lengua, en comunicación, en relato, en verdades, en mentiras, en realidades paralelas... El Génesis comienza con esa frase tan citada de “En el principio creó Dios los cielos y la tierra”, frase que Juan le enmienda y supera -semánticamente, que no es poco- con este otro comienzo, el de su Evangelio: “En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios”. Con ello, ya no sólo los humanos somos lengua, también lo es la divinidad. Siglos después, Platón siguió por el mismo camino, y Jorge Luis Borges lo contó así, en endecasílabos, también en un comienzo, el de su poema El golem: “Si (como afirma el griego en el Cratilo) / el nombre es arquetipo de la cosa, / en las letras de 'rosa' está la rosa / y todo el Nilo en la palabra 'Nilo'. / Y hecho de consonantes y vocales, / habrá un terrible Nombre, que la esencia / cifre de Dios y que la Omnipotencia / guarde en letras y sílabas cabales.”.

El Nombre, todo está en el Nombre. Es el poder taumatúrgico del Nombre, su Omnipotencia. A veces cuesta. Como a Sumar, buen nombre, buena marca, pero que por ahora no logra completar la suma, y no parece que sea inminente que lo haga. 'Sumar' es, en el Diccionario de las academias, cortapego y entrecomillo, “1. tr. añadir. (II agregar). U. t. c. prnl. A su falta de tiempo se suma ahora una nueva obligación. 2. Reunir en una sola varias cantidades homogéneas. 3. tr. Dicho de varias cantidades: Componer un total. 4. tr. desus. Resumir, compendiar, abreviar una materia que estaba extensa y difusa”. En lengua, el antónimo de sumar es restar, y el de multiplicar es dividir. A las elecciones autonómicas y municipales del próximo 28 de mayo, es casi seguro que Sumar y Podemos no llegarán juntos, sumados. Si tampoco llegan así, sumados, a las elecciones generales de finales de año, la posible suma se habrá convertido en resta, y la división habrá frustrado las expectativas de multiplicación. 

Este lunes, elDiario.es publicaba una interesante encuesta. El trabajo de campo se hizo entre el 3 y el 12 de abril pasados. Es decir, después de que, el día 2, Yolanda Díaz presentara oficialmente Sumar y confirmara que será candidata a la Presidencia del Gobierno con esa marca. Según la encuesta, si ahora se celebraran elecciones generales, Sumar sería la cuarta fuerza estatal y alcanzaría el 9,7% de los votos, y Podemos lograría el 6,3%. Un 9,7% es muchísimo para una marca nueva, recién creada. Pero no es tanto en términos de rendimiento en escaños en unas elecciones generales. Con ese 9,7% de votos, es improbable que Sumar entre en el reparto de escaños en 38 de las 52 circunscripciones electorales que tenemos, las 38 que reparten siete o menos escaños cada una. Sólo PSOE, PP, Vox, y los partidos nacionalistas hegemónicos en algunas zonas, lograrían escaños en esas circunscripciones medianas y pequeñas. Centenares de miles de votos a la izquierda del PSOE se quedarían sin rendimiento en escaños, sin conversión de esa fuerza en posibilidades de poder.

Las cosas serían bien distintas si Sumar y Podemos fueran juntos. El 9,7% de Sumar más el 6,3% de Podemos totalizan un 16%. Tercera fuerza estatal, por delante de Vox, al que la encuesta da un 15,4%. Sería además a Vox, y al bloque de derechas, al que arrebataría unos cuantos escaños que serían clave para que la izquierda siga en el Gobierno.

El Barómetro del CIS hecho público este jueves arroja parecidos resultados y una conclusión igual. El CIS da a Sumar el 10,6% de los votos y recoge una caída de PSOE y PP (elDiario.es) El instituto público da a Sumar un 10,6% y a Podemos un 6,7%, y a Vox lo deja en el 11,1%, bastante más abajo que en el estudio de Simple Lógica para elDiario.es antes citado. Juntos, Sumar y Podemos sacarían a Vox tanta ventaja en la tercera plaza que en algunas circunscripciones medianas y pequeñas probablemente inclinarían aún más escaños hacia la izquierda. 

La lengua no es una ciencia exacta, pero las matemáticas sí lo son. Parece claro que, sumados, Sumar y Podemos multiplican; y divididos restan.

Decía un titular, este martes pasado: “El fantasma de otra crisis financiera sacude el mundo”. La caída del Silicon Valley Bank, banco especializado en el sector tecnológico; del Signature, contagiado por el primero; y del Silvergate, especializado en criptomonedas; y los problemas de Credit Suisse, este miércoles, nos ha recordado a muchos aquel 15 de septiembre de 2008 en que Lehman Brothers presentó su declaración formal de quiebra, en plena crisis de las hipotecas subprime, y el planeta entero se precipitó en una crisis financiera global, la más dura en muchas décadas. 

Ni los problemas del Silicon Valley, del Signature, del Silvergate o del Credit Suisse son -por ahora, toquemos madera- los de Lehman Brothers antaño, pero no es menos cierto que los sobresaltos de la economía globalizada son cada vez más frecuentes y de mayor impacto en la opinión pública y en las economías locales. Si en los años sesenta del pasado siglo, cuando el meteorólogo Edward Lorenz formuló su teoría del caos, el aleteo de una mariposa podía sentirse al otro lado del mundo, nada tiene de raro que en estos tiempos de economía global el estrépito del derrumbe o de las dificultades de varios bancos a la vez provoque miedos cervales en todo el planeta.

En España, además, nos hemos llevado estos días otro susto económico. Los precios de los alimentos siguen disparados: un 16,6% en febrero, pese a la bajada del IVA a muchos productos básicos decretada dos meses atrás por el Gobierno. Presumían con razón en el Ejecutivo hace pocas semanas de sus logros económicos -uno de los IPC más bajos de la Unión Europea al acabar 2022, los buenos resultados de la excepción ibérica en los precios del gas y la electricidad, la subida del 8,5% de las pensiones en enero, la subida en un 47% del Salario Mínimo Interprofesional desde que Pedro Sánchez es presidente, etc., etc.-, pero novedades recientes como la subida de los tipos de interés y de las hipotecas, la espantada de Ferrovial o este nuevo repunte de los precios de los alimentos deberían ponerle de nuevo al Ejecutivo en posición de acción, no en la de espera.

A los sustos de efectos transfronterizos de la economía global es difícil reaccionar desde los gobiernos nacionales. Incluso desde las grandes instituciones internacionales. Un relajamiento de décadas en la normativa y en los controles, demasiado condescendientes con “la invisible mano del mercado”, nos han llevado a una merma de soberanía generalizada y a una falta de instrumentos suficientes de reacción ante los excesos. El poder financiero global, en cierto modo, ha aprovechado para constituirse en poder autónomo. 

Pero a los sobresaltos económicos domésticos, internos, nacionales, sí deberían los Gobiernos reaccionar. El Ejecutivo de Sánchez, que ha afrontado la crisis de la pandemia, la escalada inflacionista o la crisis energética con novedosas y eficaces medidas, debería profundizar en ese camino. Seguro que se pueden probar más recetas de las aplicadas hasta ahora ante la subida de los alimentos o la de la inflación en general, o la del euríbor y las hipotecas. Lo que no se puede es resignarse a que sea “la invisible mano del mercado” la que gobierne. Ya sabemos en qué acaban sus designios. 

Manejar los tiempos es una de las claves de la gestión política. Hay que hilar fino a la hora de decidir cuándo y en qué orden se da cada paso relevante, o se anuncia qué medida o qué propuesta o qué nombramiento o qué destitución. Hay políticos a los que se les ve venir de lejos; políticos que, como los futbolistas obvios, anticipan tanto la intención de un pase -“lo telegrafían”, como dicen los cronistas deportivos- que le dan tiempo al rival a abortárselo. Otros, en cambio, juegan al despiste, a la sorpresa o incluso al sobresalto en el uso de los tiempos, del tempo. 

Es muy probable que el presidente del Gobierno y su equipo estén estos días muy enfrascados con los tiempos. Tienen que decirle a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, cuándo puede encajar en la agenda de Pedro Sánchez el debate la moción de censura que le ha presentado Vox, con Ramón Tamames de candidato alternativo. Hay que decidir también cuándo se hace la minicrisis de Gobierno para que salgan del Ejecutivo Reyes Maroto y Carolina Darias, que, como se anunció en noviembre pasado, irán de candidatas socialistas a las alcaldías de Madrid y Las Palmas, respectIvamente, en las elecciones del 28 de mayo próximo. Hay que decidir así mismo, y sobre todo, si ya que se retoca un poco el Gobierno por estas razones de calendario electoral se aprovecha para retocar algunas otras carteras. Hay que decidir, en fin, si se reacciona o no con alguna medida política contundente a las gruesas descalificaciones (“¡fascistas!”) que desde el socio minoritario del Ejecutivo, Unidas Podemos, se le han soltado al socio grande, el PSOE, en la pugna por la reforma de la ley del 'solo sí es sí'.

Las fechas del debate de la moción de censura ha de ponerlas la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, pero ha de tener en cuenta la agenda del Gobierno. Se barajó hace días que se celebrara la próxima semana, en concreto a partir del martes 14, pero se ha descartado. Ahora se especula con que sea “antes de Semana Santa”, y si es así tendrá que hacerse o en la semana del lunes 20 o en la del lunes 27. Justo las mismas fechas -“finales de marzo”- en que Presidencia del Gobierno tenía previstas las salidas de Maroto y de Darias del Consejo de Ministros. Hace meses no era así, en noviembre se pensaba estirar todo lo posible la visibilidad pública de las ministras candidatas, como en su día se hizo con Salvador Illa, que dejó el ministerio justo al borde del comienzo de la campaña electoral catalana. 

En esas estaba el equipo de Sánchez en Moncloa, en decidir si políticamente convenía afrontar primero la moción de censura y después la minicrisis del Gobierno, o viceversa, cuando la crisis interna de Ejecutivo por la ley del 'solo sí es sí' y por la bandera feminista ha abierto otras hipótesis. Los tiempos, el tempo, se han alterado.

Hasta hace pocas semanas, se diría que Sánchez no tenía previsto prescindir de su socio de Gobierno ni siquiera al final del mandato, cuando previsiblemente a primeros de octubre disuelva las Cortes y convoque elecciones. Pero si la enorme grieta en el Ejecutivo no se cierra o incluso va a más, es posible que cambie de opinión y dé un golpe encima de la mesa. Hay otro elemento que seguramente el presidente del Gobierno tendrá en cuenta antes de tomar una decisión. Lo que pase a su izquierda. Si Yolanda Díaz logra consolidar su liderazgo en ese espacio y garantizar que a la izquierda del PSOE no habrá más que una lista con capacidad de arrastre de voto en muchas circunscripciones en las próximas elecciones generales. Tanto en PSOE como en Sumar saben que, si se divide el voto a la izquierda de los socialistas, las posibilidades del tándem Feijóo / Abascal de llegar a la Moncloa crecen, y mucho. 

La cuenta atrás del examen electoral del 28 de mayo próximo corre que se las pela, ya quedan poco más de doce semanas, y ni el Gobierno de coalición ni sus dos socios (PSOE y Unidas Podemos) acaban de sacudirse las rémoras reputacionales que los lastran. Mientras la polémica sobre la ley del solo sí es sí y sobre sus consecuencias indeseadas en rebaja de penas sigue tensionando a los dos socios del Ejecutivo, y debilitando a este, al PSOE le surge otro charco de profundidad e inmundicia difícil de calcular por ahora, el caso Mediador y las mordidas del ya exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Cubero, conocido como Tito Berni. No hay semana sin sobresalto, y la oposición, pese a que tiene muchos casos propios de corrupción de los que avergonzarse -lo más reciente del caso Kitchen es repugnante-, ni da tregua ni ceja en su empeño de desgastar al Gobierno e intentar derribarlo.

Hasta poco antes de la Navidad pasada, desde el Gobierno se esperaba que estos meses de 2023 previos a las elecciones autonómicas y locales del 28M fueran un periodo tranquilo, en el que se habrían apagado las polémicas más crudas, como la de la reforma jurídica de la sedición y la malversación, y se hablara sobre todo de economía, de política social y de gestión. Se ha hablado, en efecto, de la subida de las pensiones, del 47% de incremento acumulado del SMI durante los Gobiernos de Pedro Sánchez y de otras novedades positivas de política social, pero de pronto han surgido otros temas económicos muchos menos amables: la subida de los tipos oficiales por parte del Banco Central Europeo, el encarecimiento del euríbor y de las hipotecas, el repunte de la inflación... 

Y ahora, de remate, la constructora Ferrovial, una de las mayores empresas españolas, una compañía que se ha convertido en un gigante de su sector gracias entre otras razones a sus numerosos y pingües contratos públicos durante décadas, anuncia que traslada su sede a Países Bajos. El Gobierno y su presidente -especialmente su vicepresidenta Nadia Calviño- predicando en Davos y en otros foros y mercados internacionales las bondades de nuestro país como destino de inversiones extranjeras estratégicas, y consiguiendo al calor de los PERTE anuncios de apuestas por España por parte de multinacionales muy relevantes, y en paralelo inverso una empresa española que se ha criado a los pechos del maná publico dice que se va y alega que en Países Bajos (antes Holanda) hay mayor “seguridad jurídica” que aquí. 

Quizás sea otro tipo de seguridad lo que Ferrovial busca. Quizás sea más seguridad y tranquilidad fiscal, pues según Tax Justice Network, un acreditado grupo de economistas que han sido propuestos para el Premio Nobel de la Paz, considera a Holanda, ahora Países Bajos, uno de los mayores paraísos fiscales del mundo, solo superado por Islas Vírgenes, Islas Caimán y Bermudas. Un primer cálculo ya dice que, si se va a Países Bajos, Ferrovial ahorrará hasta 40 millones de euros al año, 

La vicepresidenta Calviño le ha trasladado al presidente de Ferrovial, Rafael del Pino, la indignación del Gobierno por su fuga. Quizás le haya pedido también que lo reconsidere y le haya dado argumentos para hacerlo. Otras multinacionales españolas pueden estar tentadas a seguir a Ferrovial si a éste le sale gratis aquí el movimiento. El apocalipsis económico que según la derecha nos venía encima hace algunos meses no llegó nunca, y España salvó 2022 con mejores notas económicas que nuestro entorno, pero si se produce una espantada de grandes empresas españolas, aunque sean pocas, se hará mucho daño a nuestra imagen de país, se creará una nueva incertidumbre y se corre el riesgo de cegar el flujo contrario, el de multinacionales extranjeras que vienen a invertir aquí. 

El “es la economía de los pobres, estúpido (eldiario.es) decretado por Pedro Sánchez tras el batacazo electoral de la izquierda en las elecciones autonómicas andaluzas de junio pasado está llegando estos días a uno de sus momentos de máxima expresión. Más de nueve millones de pensionistas vieron hace unas semanas que su paga subía un 8,50% en enero gracias al Gobierno de coalición PSOE - Unidas Podemos, frente a los 0,25% de subida cuando gobernaba el PP de Rajoy. Este martes, el Consejo de Ministros subía el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a los 1.080 euros mensuales, con lo que ya está un 47% más alto que cuando Sánchez llegó a la Moncloa. Los funcionarios han visto que su retribución también empieza a repuntar. Las personas con hasta 27.000 euros de renta anual y un patrimonio inferior a 75.000 euros ya pueden pedir el cheque de ayuda de 200 euros para familias vulnerables... 

Otros asuntos -la ley del solo sí es sí, la reforma jurídica sobre la sedición y la malversación…- son objeto de mayor controversia, pero la gestión económico-social del Ejecutivo es aprobada, incluso con buena nota, por buena parte de la opinión pública española y aplaudida por organismos internacionales poco sospechosos de izquierdistas. Además de todo lo mencionado, el Gobierno ha arrancado el año con unas cuantas buenas noticias económicas. El PIB creció un 5,5% en 2022. Tenemos la inflación más baja de toda Europa. La afiliación a la Seguridad Social y el número de trabajadores con contratos estables está en récord histórico... 

¿Ya pueden los partidos del Gobierno de coalición confiar en que llegarán a los exámenes electorales del año -las autonómicas y locales de mayo y las generales de finales de 2023- con los deberes económicos hechos? Ni muchísimo menos. Primero, porque las incertidumbres económicas no están despejadas: la inflación, la guerra en Ucrania, la subida de los tipos de interés oficiales y su impacto en la economía doméstica de millones de familias hipotecadas... Segundo y no menos importante: ni PP ni Vox ni sus terminales mediáticas van a reconocerle al Ejecutivo ninguno de sus logros económicos y sociales, y van a hacer todo lo que esté en su mano para que su electorado, el de derechas, no se entere. Harán una dura oposición desde el relato, construirán en cada caso un relato alternativo forzando los datos con medias verdades o con mentiras flagrantes para que ni el Gobierno ni los partidos que lo forman ganen reputación de buenos gestores económicos y sociales.

El lunes de esta semana, tras un tuit en el que Pedro Sánchez sacaba pecho por la subida del SMI, uno de los economistas de cabecera de la derecha le replicaba así: “Explíqueles que gracias a las políticas intervencionistas España tiene la tasa de paro juvenil más alta de la UE”. No mentía en esto último el economista de derechas, somos el farolillo rojo europeo en paro juvenil. Lo que no decía es que la tasa de desempleo juvenil ahora está por debajo del 30% y en épocas de Rajoy estaba casi en el doble, por encima del 55% en 2013. Este y muchos otros 'relatos' similares me recuerdan un viejo chiste de periodistas. Cuenta que en los años sesenta compitieron en una prueba de natación el entonces presidente estadounidense, John Fitzgerald Kennedy, y el de la URSS, Nikita Jrushchov. Ganó el primero, que era 23 años más joven. La prensa estadounidense tituló así: «JFK, campeón. Jrushchov, último». Y la soviética así: «Nikita, subcampeón; Kennedy, penúltimo». Es un chiste, pero además de sonrisas provoca algunas reflexiones. ¡El relato! ¡La pugna por el relato!

Ya lo hemos comentado otras veces. Hay pocos eslóganes electorales o políticos tan legendarios como el de “The economy, stupid”. Se ha contado por lo general como una frase que le espetara Bill Clinton a George Bush padre en la campaña electoral de 1992 por la Presidencia de los Estados Unidos. “Es la economía, estúpido”. Pero no, no fue exactamente así. La frase nació en aquella campaña y fue clave en la victoria de Clinton, pero se popularizó no porque Clinton la usara sino porque el consultor James Carville, uno de los estrategas de la campaña del candidato demócrata, la imprimió en un cartel que pegó en las oficinas centrales de Clinton, hasta entonces gobernador de Arkansas, para que ni al candidato ni al equipo se les olvidara la estrategia que les iba a llevar a la Casa Blanca: “The economy, stupid”. Los asesores de Pedro Sánchez y de Yolanda Díaz en los próximos procesos electorales deberían imprimirse este otro cartel en sus respectivos cuarteles generales: “Es la economía de los pobres... y el relato, estúpido”.

Cuando aún no se ha recuperado la sociedad española de los estragos de la inflación, otra novedad económica, la subida de los tipos de interés, amenaza ahora con empobrecernos y con encarecernos aún más el coste de la vida. La derecha política y mediática que hace seis u ocho meses anunciaba para finales de 2022 la llegada del apocalipsis, apocalipsis que por fortuna no llegó, ya está tardando en volver a sus negros augurios sobre la economía española y en adjudicarle también al Gobierno de Pedro Sánchez la responsabilidad del encarecimiento del crédito.

La decisión del Banco Central Europeo (BCE), la semana pasada, de combatir la inflación subiendo los tipos de interés medio punto, hasta el 3%, es ciertamente una noticia horrorosa para los millones de familias que están pagando su vivienda mediante una hipoteca a tipo variable y para muchas otras que pretendían comprar ahora su vivienda y que habían planificado su inversión contando con la financiación bancaria barata de hace pocos meses. 

La eurozona cerró 2022 con una inflación media del 9,2%; España, con un dato también malo, pero mucho menos: el 5,5%. En ambos casos, y en la mayoría de los países, se mejoraba respecto a las altísimas tasas de mediados del año pasado. Se temía que el BCE subiera los tipos, sí, pero se esperaba que, por esa mejoría de final de año, lo hiciera algo menos de lo que finalmente lo hizo. Además, al medio punto de ahora habrá que sumarle otro medio punto más en marzo y quizás un cuarto de punto más en mayo próximo. En conclusión: a muchas familias se les va a encarecer unos cuantos centenares de euros al mes el pago de su hipoteca. Más gasto en financiar la vivienda es menos gasto en otros tipos de consumo, menos ventas en general de todas las empresas y comercios que venden productos y servicios, menos producción en los que se las sirven, luego menos empleo, luego... En la economía se pasa del círculo virtuoso al círculo vicioso en breve plazo. Si el simple aleteo de una mariposa en un punto de la Tierra puede provocar un tsunami al otro lado del mundo, imaginemos qué no provocarán una crisis energética global y una guerra en Europa que está a punto de cumplir un año. El apocalipsis quizás no, pero sobre nuestra economía se cierne una niebla espesa, y con tendencia a cerrarse aún más.

¿Y que hacemos? ¿Nos resignamos? Estos días aún en sordina, ocupados como están Gobierno y oposición en la descarnada batalla política de la ley del 'solo sí es sí', pero probablemente asistamos en breve a un nuevo debate público: ¿Hay que topar la subida de las hipotecas? ¿hay que limitarle a la banca los beneficios caídos del cielo de Fráncfort, sede central del BCE? ¿hay que revisar al alza el reciente impuesto extraordinario fijado a los bancos? ¿hay que obligarles a los bancos a incrementar la retribución que dan a los depósitos y a reducir o eliminar sus varias y variadas comisiones ahora que ya ganan dinero gracias a los tipos de interés?... ¿O tiene que ser el erario público, que está rebosante, quien atienda y apoye a esos millones de familias y de empresas, vía bonificaciones fiscales, ayudas directas, etc., etc., a fin de evitar que la economía en su conjunto gripe? 

Quienes apoyen lo primero, recordarán que el Estado acudió al rescate del sistema bancario en la anterior gran crisis, que los bancos están en beneficios históricos, que nadie debe lucrarse en demasía de la desgracia colectiva de la mayoría... Quienes apuesten por lo segundo dirán que el Estado en su conjunto es uno de los grandes beneficiarios de la coyuntura económica y que es lógico que una parte de esos beneficios extraordinarios los devuelva directamente a la población más golpeada por el nuevo mal. 

Desde el Gobierno planeaban hace pocas semanas dejar atrás cuanto antes los debates públicos sobre la reforma jurídica de la sedición y la malversación o sobre la ley del 'solo sí es sí' para centrarse en sus logros económicos: la subida del 8,5% de las pensiones, la subida del SMI en un 47% en lo que va de legislatura, los nuevos datos de empleo y de afiliación a la Seguridad Social, los mecanismos puestos en marca para reducir la inflación, las muchas iniciativas sociales... Probablemente no contaban con que iban a tener que lidiar también con una subida de los tipos de interés.

“Yo doy la cara. Y cuando hay un problema, me empeño en resolverlo”, decía Pedro Sánchez este miércoles en el Congreso, en la sesión de control al Gobierno. Al problema de la subida de los tipos probablemente responda con una mezcla de las dos fórmulas esbozadas arriba.  

“Ha cesado a 40 ministros en 40 años”, le espetaba desde la tribuna del Senado este martes Alberto Núñez Feijóo a Pedro Sánchez. La frase del líder del PP da para un examen intenso, un escrutinio que da muchas pistas sobre cómo se desarrolla el debate público en España en estos tiempos. En las intervenciones públicas de Feijóo se mezclan verdades a medias, mentiras flagrantes y lapsus significativos.

Empezamos por el final. Los psicólogos y los lingüistas estudian los lapsus verbales desde hace mucho tiempo. No los consideran anécdotas, en muchos de ellos ven otras cosas. Sigmund Freud acuñó en 1901 el término de fehlleistungen, acto fallido. Consideraba el austriaco que el error respondía a un pensamiento, necesidad o deseo inconsciente de algo. ¡Si se le estará haciendo largo a Feijóo el mandato de Sánchez que, en dos ocasiones, afirmó que este lleva 40 años gobernando! En poco tiempo, Feijóo ha superado a Rajoy en lapsus y gazapos (Diccionario de la Lengua Española, DLE : “Yerro que por inadvertencia deja escapar quien escribe o habla”). Hace unos días, en una misma frase, se refería Feijóo a la última exalcaldesa de Madrid como Manuela Carmela, con ele, y convertía el participio del verbo contradecir en contradecido, en vez de contradicho.

Lo de “ha cesado a 40 ministros” tiene aún más miga lingüística y política. Cesar es, según el citado DLE, “destituir o deponer a alguien del cargo que ejerce”. Desde que es presidente del Gobierno, Sánchez ha cesado exactamente a 17 ministros, no a 40. A estos 17 en concreto: Carmen Calvo, Pablo Iglesias, Arancha González Laya, Juan Carlos Campo, José Luis Ábalos, Isabel Celáa, José Manuel Rodríguez Uribes, Salvador Illa, Pedro Duque, Miguel Castells, Dolores Delgado, Magdalena Valerio, José Guirao, María Luisa Carcedo, Josep Borrell, Meritxell Batet y Carmen Montón. Buena parte de ellos salían del cargo no por lo que insinuaba Feijóo, por “mediocres”, sino porque se marchaban por voluntad propia (Iglesias, Castells...) o porque eran promocionados a otros destinos (Batet, Borrell, Illa...) o porque había que hacer hueco en el Ejecutivo a nombres de Unidas Podemos tras al pacto para el Gobierno de coalición, hace ahora poco más de tres años.

Lo que sí ha tenido Sánchez en sus casi cinco años de presidente (se cumplirán el 2 de junio próximo) es 39 ministros. Los 17 antes citados más los 22 que están ahora en el cargo. Más él mismo, 40. Se ignora si en la chuleta que llevaba Feijóo en la tribuna del Senado ponía “40 ministros diferentes” y él añadió de su cosecha -“por insolvencia o por mala fe”, que diría Sánchez- lo de “cesados” o si este participio ya se lo pusieron en la ficha en su gabinete.

Sea como fuere, lo cierto es que Sánchez va a aumentar en breve tanto el número de ministros cesados como el número de ministros nombrados por él. Las ministras Reyes Maroto (Industria, Comercio y Turismo) y Carolina Darias (Sanidad) dejarán el cargo para ser candidatas del PSOE a las alcaldías de Madrid y Las Palmas, respectivamente, en las elecciones que se celebrarán el próximo 28 de mayo. Ambas candidaturas se anunciaron en noviembre pasado. Como se contó aquí, el plan de Sánchez era que ambas apuraran su permanencia en el respectivo ministerio todo lo posible, incluso hasta primeros de mayo. 

Pero llevar al tiempo los dos sombreros -el de ministra y el de candidata- les resulta harto dificultoso a ambas, y ahora hay indicios de que los relevos pueden producirse antes. Días pasados, corrió la especie de que serían este próximo fin de semana, pero hay un dato que lo desmentiría: la candidatura de Maroto va a presentarse este próximo sábado en un mitin del PSOE en Madrid al que asistirá Pedro Sánchez. Otras fuentes apuntan al próximo 7 de febrero, martes y con Consejo de Ministros. Se aprobaría en el mismo Consejo el cese de ambas y el nombramiento de sus sustitutos. Una tercera posibilidad: a finales de febrero. Maroto ultima estos días un proyecto muy ambicioso, el Pacto de Estado por la Industria, con la intención de firmarlo con los agentes sociales y los grupos parlamentarios el jueves 23 de febrero. Tanto su salida del Gobierno como la de Darias se producirían después.

Las propuestas de Alberto Núñez Feijóo caen en saco roto cada vez más deprisa. Incluso dentro de su propio partido. La última, la de que gobierne la lista más votada, ha durado muy poco tiempo en el debate público. Cuando la semana pasada la lanzó, pese a estar inmadura, probablemente el Partido Popular intentaba que los medios y la opinión pública dejaran de ocuparse de una maldita vez de las medidas antiaborto que PP y Vox trataban de poner en marcha desde el Gobierno de coalición que comparten en Castilla y León. Con lo del presidente castellano y leonés Mañueco (PP) y su vicepresidente García-Gallardo (Vox), en el PP nacional debieron de alarmarse. Primero porque le regalaba al Gobierno de coalición un respiro y una excelente baza de acción política justo cuando el Ejecutivo central estaba más desgastado por la reforma penal de la sedición y la malversación. Y segundo porque el enésimo intento de Feijóo de viaje al centro, esbozado pocos días antes con los nombramiento internos de Iñigo de la Serna y de Borja Sémper, se les convertía en un viaje a ninguna parte. O en un viaje en la dirección contraria, a la extrema derecha.

¡Había que sacar rápidamente otro conejo de la chistera! ¡Ahí va el de la lista más votada! ¡Lo antes posible, antes de que el Gobierno presuma de la subida del 8,50% a los pensionistas! 

Pareció al principio que lo de la lista más votada era una propuesta para las elecciones generales, pensada para que si el PP de Feijóo queda a final de año por encima del PSOE de Sánchez, como aún dicen muchas encuestas, pueda aquel llegar a la Moncloa sin depender de Vox. Alguien debió de advertir después que, para esa novedad, se requería cambiar no solo la Ley Electoral, sino también la Constitución, que en su artículo 99 no habla de quién ha sido el más votado sino que establece que para ser presidente del Gobierno y gobernar hay que conseguir antes la investidura en el Congreso de los Diputados, por mayoría absoluta o por mayoría simple.

El monte parió entonces un ratón (la propuesta de la lista más votada se rebajaba a los ayuntamientos), y quizás para disimular se le puso un envoltorio y un lazo: se incluyó en un llamado Plan de Calidad Institucional -por el partido que lleva 4 años bloqueando la renovación del CGPJ, sí, en efecto- acompañado de muchas otras medidas, buena parte de ellas inconcretas, y se fue Feijóo a presentarlo al lugar de Cádiz donde se firmó la Constitución de 1812, la Pepa. Pues ni aun así. Los alcaldes del PP que lo son pese a que su lista no fue la más votada en las anteriores elecciones municipales (José Luis Martínez-Almeida en Madrid, Jorge Azcón en Zaragoza...) pusieron cara de póquer. El paquete tampoco lo compró Isabel Díaz Ayuso, que dio un volatín y a la propuesta de Feijóo replicó con otra: mejor elecciones a doble vuelta.

Ya que el viaje a Cádiz no le ha servido a Feijóo para lo que pretendía, quizás sí le haya venido bien al líder del PP para en el camino leer la Pepa, una Constitución liberal (los liberales de entonces eran algo así como los socialdemócratas de ahora) que en su artículo 339 decía: “Las contribuciones se repartirán entre todos los españoles con proporción a sus facultades, sin excepción ni privilegio alguno”. Las ‘facultades’ en aquellos tiempos eran el dinero, los caudales. ¡Progresividad fiscal en nuestra Carta Magna de hace dos siglos! ¿Habrá tomado nota Feijóo?

Llegado al liderazgo del PP hace ya casi diez meses, Feijóo logró entonces darle un inmediato impulso a sus siglas, que pronto se colocaron por encima de las del PSOE en todas la encuestas. Él mismo consiguió incluso situarse por encima de Pedro Sánchez en valoración: en el Barómetro del CIS de abril de 2022, los encuestados le ponían al líder del PP una nota media de 5,20 frente al 4,65 que le daban al presidente del Gobierno y líder del PSOE. Pero el llamado efecto Feijóo duró poco. En el último Barómetro del CIS, de la semana pasada, la tortilla se ha dado la vuelta: Sánchez logra un 4,38 y Feijóo, un 4,27. Lo peor para este último no es solo la enorme caída -casi un punto en menos de un año- y quedar por debajo de Sánchez. Lo peor es que baja incluso ante su propio electorado. Los encuestados que en 2019 votaron PP le ponían a Feijóo un 7,07 de media en abril pasado y ahora le ponen un 6,75. Otro dato significativo de una y otra encuesta: en confianza generada, el 27,3% de los que en 2019 votaron al PP decían en abril pasado que Feijóo les inspiraba “mucha confianza”. En el último Barómetro han bajado al 17%. 

Pero la política no son solo datos y coyuntura. La política es volátil, muy volátil. Los escenarios cambian muy rápido, y las reputaciones suben y bajan con parecida velocidad, en función muchas veces del relato que los partidos logran que sea el dominante en el debate público. Aún faltan 17 semanas para las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo y casi un año para las generales. Ni la suerte de Feijóo ni la de Sánchez, ni las de sus respectivos equipos y formaciones, están echadas.

Diez días después de comenzar, la bronca política por las medidas antiaborto que Vox anunció oficialmente que se ponían en marcha en Castilla y León, donde gobierna como socio pequeño de coalición con el PP, ha dejado algunas conclusiones interesantes. Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta castellano y leonesa, insistía el martes en que este ha sido un “conflicto irreal”, una “cuestión ficticia”. Pues para ser irreal y ficticia la cosa ya ha tenido unos efectos devastadores en la credibilidad y estabilidad de su Gobierno, que entra en un tiempo de no sabemos si baches, socavones o precipicio, y notables en las expectativas del conjunto del PP en las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo próximo y en las de Alberto Núñez Feijoó en las generales de finales de año. 

Al Gobierno de Pedro Sánchez le ha venido muy bien la polémica. No sólo porque durante unos días ha borrado del debate público la controvertida reforma penal de la sedición y la malversación. También, y sobre todo, porque le ha permitido colgarse las medallas de haber parado los planes del PP y de Vox y de haber defendido eficazmente “los derechos de las mujeres”. A Feijóo le ponen ante un espejo incómodo. Ha comprobado muy de cerca que las distintas polémicas en las que le enrede Vox al PP, en Castilla y León o en otros ámbitos, dificultan su enésimo intento de viaje al centro, la imagen que quiere dar de moderado. Vox mancha y lastra; y Feijóo ya lo sabe.

Mañueco se metió en los terrenos pantanosos en los que ha chapoteado estos días por un error de cálculo, hace ya 13 meses. El 20 de diciembre de 2021, rompió su casi plácida coalición de Gobierno regional con Ciudadanos, disolvió las Cortes castellano y leonesas y convocó elecciones anticipadas para el 13 de febrero de 2022. Sus gurús demoscópicos le habían dicho al PP —al regional y al nacional, entonces presidido por Pablo Casado— que tenía a su alcance o bien la mayoría absoluta o bien una victoria tan aplastante que podría gobernar solo, con el apoyo parlamentario ocasional o estable de algunas pequeñas formaciones. No fue así, los gurús se equivocaron de plano. Las urnas del 13 de febrero solo le dieron dos alternativas a Mañueco: o gobernar con Vox dentro, con vicepresidente ultra incluido, o convocar de nuevo elecciones. Optó por lo primero, y ya estaba entonces Feijóo en la dirección nacional del partido. 

Cinco meses después, en Andalucía, al PP le fue mucho mejor en otras elecciones anticipadas. Contra todo pronóstico, Juan Manuel Moreno Bonilla lograba la mayoría absoluta, con lo que se sacudía toda dependencia de Vox.

El próximo 28 de mayo habrá elecciones autonómicas en doce comunidades: Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, Canarias, Castilla-La Mancha, Comunitat Valenciana, Extremadura, Madrid, Murcia, Navarra y La Rioja. El PP gobierna en dos de ellas —Madrid y Murcia— y aspira a retenerlas y a quitarle alguna otra a los socialistas. Es poco probable que logre la mayoría absoluta en ninguna de las doce que hay en juego. Es más probable que al PP se le repita el escenario de Castilla y León, y necesite a Vox para gobernar, que el escenario de Andalucía. ¿Qué ordenará Feijóo a sus barones territoriales si es así? ¿Meter a Vox en los gobiernos autonómicos, aunque eso multiplique el riesgo de incendios como el de las medidas antiaborto de estos días y dificulte las posibilidades del propio Feijóo de llegar a la Moncloa a final de año? Vox mancha y lastra, y con algunos asuntos activa el voto de la izquierda, y Feijóo ya lo sabe. ¿Y qué hará a final de año Feijóo si él mismo necesita a Santiago Abascal para llegar a la Moncloa? 

“Feijóo no tiene ni capacidad de liderazgo ni equipo ni proyecto ni estrategia”, comentaba en privado un dirigente socialista hace apenas dos semanas, haciendo balance del último trimestre de 2022. El líder del Partido Popular ha vuelto de la pausa navideña con novedades en el equipo: incorpora a la dirección y a la campaña electoral (comicios locales en toda España y autonómicos en doce comunidades el 28 de mayo próximo y generales previsiblemente a finales de año) a Íñigo de la Serna, exalcalde de Santander y ex ministro de Fomento, y a Borja Sémper, exportavoz del partido en el Parlamento Vasco. El primero será el coordinador del programa electoral y el segundo será el portavoz del partido en la campaña. Ambos tienen perfiles moderados y lucen maneras muy alejadas de las de los más asilvestrados de la dirección popular. 

Los nombramientos han gustado, por lo general, en la derecha mediática –hay entusiastas que con este simple paso dan por arrebatado al PSOE el centro político y hasta la bandera de la socialdemocracia– y a la vez han provocado algunas tensiones internas en el partido. “Cuatro años después, Soraya ha ganado el Congreso de 2018”, comenta un miembro de la dirección popular, en referencia a Soraya Sáenz de Santamaría, que en julio de 2018 compitió con Pablo Casado –ganador final– y con María Dolores de Cospedal por el liderazgo del PP tras la caída de Mariano Rajoy. “Pero no ha sido Soraya quien ha movido ahora los hilos; a Feijóo, el equipo se lo está haciendo Mariano”, en referencia a Rajoy.

El malestar interno que menciona esta fuente estaría radicado entre algunos miembros de las direcciones parlamentarias y en la de algunos territorios. Muchas de las miradas se han puesto en Cuca Gamarra, portavoz en el Congreso de los Diputados durante parte del mandato de Casado y a la que Feijóo no solo ha mantenido en ese cargo interno sino que además le ha añadido el de secretaria general de la formación conservadora. El mismo día en que se conocía el nombramiento de Sémper y se vendía como una señal de moderación que Feijóo enviaba a la militancia y al conjunto de la opinión pública, Gamarra oscurecía el mensaje con su exabrupto tuitero contra Pedro Sánchez a propósito de los asaltos a las sedes de los tres poderes del Estado en Brasil: “Contigo, en España esto ahora es un simple desorden público…”.

Cuca fue sorayista y tiene buena relación con el recién incorporado Iñigo de la Serna, pero quizás se esté viendo a sí misma algo desplazada con los recientes nombramientos. Algunos de sus cercanos la ven nerviosa, reclamando más foco mediático. Ponen de ejemplo de ello una reciente entrevista en Estado de Alarma TV, visita a la sede de este medio incluida. 

Las novedades en el equipo de Feijóo –al que aún se podría incorporar en breve algún otro exsorayista– han coincidido con un deterioro del PSOE en las últimas encuestas, probablemente por el desgaste ante su electorado natural por la reforma del Código Penal en lo que dispone sobre la sedición y la malversación. En el PSOE dicen que lo esperaban, que sabían que corrían ese riesgo. Quizás confiaban en que, una vez en vigor la reforma penal, lograrían que la atención pública se centrara en otros asuntos, especialmente en los éxitos de gestión económica y social del Gobierno de coalición, pero lo cierto es que las peticiones de distintos condenados del procés de que se revisen a la baja sus penas, incluso con su absolución, van a hacer que la polémica reforma figure aún durante muchos días en los titulares de prensa.

A menos de veinte semanas de los comicios del 28M, ni en PP ni en PSOE se aventuran a hacer pronósticos contundentes. Los primeros piensan que retendrán los gobiernos autonómicos y los de las principales alcaldías que ahora tienen y que pueden aspirar –con la ayuda de Vox, siempre con la ayuda de Vox –a arrebatárselo a los socialistas en Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja e incluso Comunitat Valenciana. En el PSOE, por el contrario, se muestran convencidos de que retendrán esas plazas y que tienen posibilidades de disputar Madrid, ciudad y comunidad, ambos ahora feudos del PP. Aciertos y errores de la precampaña y de la campaña van a inclinar a un lado o a otro la balanza del poder por muy pequeño margen en muchos de los gobiernos en juego.

Se hizo público el jueves, 22 de diciembre, con la atención ciudadana probablemente más pendiente de las reformas jurídicas de la sedición y la malversación y del sorteo de la Lotería de Navidad, y quizás por ello pasó algo inadvertido. Se titula 'Macroencuesta sobre tendencias en voto autonómico', y la mayoría de los medios de comunicación informamos por ahí, por los resultados electorales que se podían producir en las 12 comunidades que el próximo 28 de mayo celebrarán elecciones: Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, Canarias, Castilla-La Mancha, Comunitat Valenciana, Extremadura, Madrid, Murcia, Navarra y La Rioja, más las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Pero el estudio del CIS es mucho más rico, no se limita a preguntar a quién votarán en mayo próximo los entrevistados. En realidad, los encuestados –5.545 en total, una muestra muy amplia– les ponen nota a sus gobiernos autonómicos en campos muy diversos. Los de Extremadura, Cantabria y Madrid son los que en general peor parados salen. Incluidos sus presidentes: Guillermo Fernández Vara (PSOE), Miguel Ángel Revilla (PRC) e Isabel Díaz Ayuso (PP).

“¿Cómo calificaría Ud. la gestión realizada por el/la presidente/a de su comunidad autónoma durante el último año: muy buena, buena, mala o muy mala?”, dice la pregunta número tres del estudio. Solo tres de los doce presidentes (no meto a Ceuta y Melilla en la comparativa porque la muestra es allí tan baja –20 entrevistas en cada una de ellas– que hay casillas que quedan en blanco) salen con saldo negativo si se comparan las notas buenas que logran con las malas. Son el extremeño Guillermo Fernández Vara (1,1% muy buena y 24,5% buena frente a 43,9% mala y 14,0% muy mala); el cántabro Miguel Ángel Revilla (3,2% muy buena y 32,7% buena frente a 34,5% mala y 15,6% muy mala) y, con mucha menor distancia entre las luces y las sombras, la madrileña Isabel Díaz Ayuso (18,0% muy buena y 26,8% buena frente a 18,5% mala y 31,2% muy mala). 

En el extremo contrario, los mejor valorados son tres socialistas: el aragonés Javier Lambán (2,8% muy buena y 56,2% buena frente a 18,8% mala y 6,1% muy mala), el canario Ángel Víctor Torres (10,4% muy buena y 47,8% buena frente a 20,7% mala y 6,8% muy mala) y la navarra María Chivite (4,9% muy buena y 51,7% buena frente a 20,6% mala y 10,4% muy mala).

El CIS también pregunta a sus entrevistados sobre “una serie de aspectos relacionados con su comunidad autónoma”, y les pide que les ponga nota, del 1 al 10. Cuando se pregunta por la facilidad para encontrar trabajo, Baleares y Navarra son las que salen mejor calificadas, y Extremadura y Asturias las que peor. Para emprender un negocio, Navarra y Madrid las mejores y Extremadura y Asturias las peores. Para encontrar vivienda a precio asequible, Extremadura y Castilla-La Mancha, las que mejor quedan, y Baleares y Madrid, las que peor. Cuando se pregunta por la salud y los servicios sanitarios, Navarra y La Rioja son las que mejor nota logran, y Madrid y Castilla-La Mancha, las que peor. En la educación y los servicios educativos, Navarra y La Rioja a la cabeza, y Madrid y Murcia, a la cola.

En la oferta de ocio, cultura y deportes, Madrid y Navarra destacan por arriba y Extremadura y Castilla-La Mancha se quedan en la cola. En los servicios sociales, Navarra y La Rioja salen como las mejores, y Madrid y Canarias, como las peores. En seguridad ciudadana, Asturias y La Rioja están en cabeza y Comunitat Valenciana y Murcia, al final de la tabla. En el fomento de la industria, Navarra y Madrid en la cabeza y Extremadura y Cantabria en la cola. En apoyo al medio rural, Navarra y La Rioja salen como las mejor calificadas y Asturias y Comunitat Valenciana, como las que peor. En la promoción turística, Cantabria y Canarias en la cabeza y Extremadura y Castilla-La Mancha en la cola. En el control de los incendios forestales, La Rioja y Murcia como las que mejor lo hacen y Comunitat Valenciana y Extremadura como las que peor. Y en la gestión de los retos demográficos, Murcia y Baleares en cabeza y Extremadura y Aragón en la cola.

El estudio incluye también esta pregunta general: “¿En qué medida está Ud. satisfecho/a con la gestión realizada por el Gobierno de su comunidad autónoma? Utilice para ello una escala de 1 a 10, en la que 1 significa que está 'muy insatisfecho/a' y 10 'muy satisfecho/a'”. Y aquí van las notas, ordenadas de mayor a menor: Navarra, 5,45; Aragón, 5,43; Canarias, 5,41; La Rioja, 5,32; Baleares, 5,27; Comunitat Valenciana, 5,16; Castilla-La Mancha, 5,08; Asturias, 5,06; Murcia, 4,99; Madrid, 4,96; Cantabria, 4,87; Extremadura, 4,45.

A cinco meses de las urnas, la suerte no está echada. Como se observa, tanto los aprobados como los suspensos lo son por pocas décimas –o por centésimas– por encima o por debajo del 5. Y en política cinco meses es una eternidad.

El otoño llega a su fin sin que las siete o las setenta plagas económicas que nos auguraba la derecha política y mediática hayan caído por ahora sobre nuestras cabezas. 'El otoño apocalíptico por ahora no está ni apenas se le espera', se titulaba esta crónica a mitad de la estación astronómica, hace seis semanas. 'El otoño desastroso, más en la política que en la economía', decía el titular de hace dos semanas.

¡Y tanto! Quizás crecido porque ve a Alberto Núñez Feijóo menguante y por esas buenas nuevas económicas —no apunta a recesión ni siquiera técnica, la inflación se modera, la excepción ibérica en la luz funciona, el número de ocupados y de afiliados a la Seguridad Social está en máximos históricos, el paro registrado desciende incluso en noviembre, las arcas del erario rebosan, los Presupuestos Generales del Estado están a punto de aprobación definitiva, etc., etc...—, Pedro Sánchez se ha metido en estos últimos días en una arriesgada (o quizás temeraria) gincana de reformas jurídicas. Sedición, malversación, nombramientos en el Tribunal Constitucional...A Sánchez se le ve convencido de que si concluye pronto esas controvertidas reformas y emplea el tiempo que queda para las urnas autonómicas y locales de mayo próximo y para las generales de dentro de un año en hablar de economía y de la variada y exitosa acción social del Gobierno de coalición, el coste electoral de sus siglas será leve o ninguno. 

Quizás también por lo mismo, porque ven que la economía aguanta mucho mejor que lo que ellos auguraban y porque temen que, al paso de recuperación electoral que lleva el PSOE y a la pujanza inicial que muestra Sumar, en la Moncloa habrá de nuevo un Gobierno de izquierdas tras los próximas elecciones generales, las tres derechas han tensado aún mucho más el debate público. Exigen elecciones ya, hablan del tirano, del dictador, del anticonstitucional Sánchez, de que España se rompe, de que la democracia se acaba...Pese a que su profecía del otoño apocalíptico de la economía no se ha cumplido, las derechas ya han comenzado a predicar una nueva catástrofe, un invierno apocalíptico en la política.

El debate es sobre hechos, sin duda. Hay un escandaloso bloqueo del Consejo General del Poder Judicial por parte del PP desde hace cuatro años. Hay también en el otro lado, el del PSOE, una reducción de las penas por malversación que a muchos votantes de izquierda les incomoda o les escandaliza. No son comparables en su gravedad, es mucho peor el primero. Pero, en realidad, el debate no va de qué está bien o qué está mal de cada asunto en términos de calidad democrática. El debate y la pugna política van sobre el relato. Van sobre qué cala y qué no cala en la opinión pública, qué imágenes y qué reputaciones le habrá quedado grabadas a cada ciudadano, a cada votante, cuando en 2023 pase por diferentes urnas y deposite su papeleta. De ahí el ruido y la bronca, de ahí la exageración y la insistencia, el lenguaje desaforado, los insultos, el “y tú más”. La política se convierte cada vez más en una modalidad del arte de la interpretación, de la escenificación, de la simulación, de la farsa, del esperpento.

Las preguntas que hace el CIS todos los meses en su Barómetro sobre la situación económica general y personal dan para hacer un índice en sí mismo; un índice muy interesante, digno de atención y seguimiento. Revela nuestras percepciones, nuestras contradicciones, quizás también nuestros miedos. 

Reza así una de esas preguntas: “Refiriéndonos a la situación económica general de España actualmente, ¿cómo la calificaría Ud.: muy buena, buena, mala o muy mala?”. Las respuestas en el último Barómetro, el de noviembre, publicado a primeros de este mes, son estas: mala, el 47,9%; muy mala: el 22,4%. En la otra pregunta, la de la situación económica personal de los encuestados, los resultados son bien diferentes: muy buena, 3,3%; buena, 63,2%. Algo no cuadra: en la misma encuesta, el 70,3% ve la situación económica general como mala o muy mala y el mismo tiempo el 66,5% ve la suya personal como buena o muy buena. 

El otoño llega a sus últimos días, y el apocalipsis, la hecatombe, el hundimiento estrepitoso que le auguraban para estas fechas a nuestra economía los profetas del desastre parece que solo se ha producido... en la opinión de los españoles sobre la situación de los demás, pero no en la situación real de la propia, en la que cada uno conoce bien. La posibilidad de una recesión se aleja, según ha dicho este martes en el Senado el gobernador del Banco de España. La inflación sigue alta, pero cayendo: medio punto porcentual menos en noviembre que en octubre, del 7,3% al 6,8%. Los anuncios de grandes inversiones industriales se suceden, de la mano de los fondos europeos Next Generation, y son inminentes algunos más. El número de activos y de ocupados están en máximos históricos...

Y además, las reservas hoteleras y de la hostelería para Navidad apuntan a que se alcanzarán niveles muy altos y el comercio en general afronta con optimismo este periodo en el que la demanda es muy fuerte. Un prólogo: el black friday y el ciber monday han ido bien, según los primeros datos conocidos.

El Gobierno, mientras tanto, y pese a que dispone de esos indicadores regulares tirando a buenos y la mejor herramienta posible para 2023 -unos Presupuestos Generales del Estado aprobados por un mayoría muy holgada en el Parlamento-, no ceja en su empeño de ponerse palos en sus propias ruedas. La división entre los socios de coalición -unas veces por la ley del 'solo sí es sí', otras por las diferentes corrientes del feminismo, otras por varios proyectos de ley polémicos que quedan para este último año de la legislatura...- y la tensión creciente, a la izquierda del PSOE, entre el proyecto de Yolanda Díaz y un parte del núcleo duro de Podemos han hecho que el otoño, sí, sea caliente y algo desastroso, pero no en lo económico, sino en lo político. PP y Vox, que han olido sangre en esos dos frentes, han radicalizado aún más sus discursos. ¡Y aún quedan seis meses para las elecciones autonómicas y locales del 28 de mayo próximo y un año para las generales!