El adelanto en Castilla y León aboca al país a dos años de campaña y aleja los pactos de Estado

Si algo ha demostrado la política española en los últimos años es que nada se puede predecir. A principios de 2018, un politólogo reconvertido a político auguraba que sería un “año valle” tras el complejo 2017 que acabó con unas elecciones en Catalunya convocadas desde Madrid tras la aplicación del 155. Un momento para reconfigurar las piezas en el tablero. Nada más lejos de la realidad: apenas unos días después de que el Congreso diera luz verde a sus Presupuestos, Mariano Rajoy salía de Moncloa al triunfar la moción de censura presentada por el PSOE. Y un Pedro Sánchez que llevaba meses en la travesía en el desierto de la oposición tras retomar las riendas de su partido recuperaba la primera posición por primera vez en casi una década.

Desde entonces, los partidos se han mantenido en una campaña que algunos ni siquiera frenaron durante la peor pandemia en un siglo. La oposición de las derechas ha tratado de hacer caer al Gobierno. Vox y PP llegaron a votar incluso contra los estados de alarma. Y a menudo los Gobiernos, el central y los autonómicos, también han priorizado el tacticismo frente a medidas impopulares, sobre todo después del confinamiento. A diferencia de lo sucedido en otros países de nuestro entorno, en España no ha habido tregua ni cuando el país sumaba las cifras más elevadas de muertos. Ni tampoco un paréntesis con los fondos europeos y la recuperación económica. Este era el contexto antes de que el presidente de Castilla y León, el popular Alfonso Fernández Mañueco, apretase este domingo el botón electoral. Y la convocatoria adelantada en Castilla y León, que precederá a la de Andalucía, aboca al país a dos años de tensión electoral que alejan más todavía cualquier atisbo de pacto de Estado y la renovación de órganos constitucionales como el Consejo General del Poder Judicial, bloqueado por el PP desde hace tres años.

En la España del multipartidismo ya nada puede darse por hecho. Todos los partidos, incluidos los supuestos aliados, se miran de reojo. Las zancadillas entre socios están a la orden del día y el cortoplacismo manda. Lo demostró Isabel Díaz Ayuso cuando dio un golpe en la mesa al comunicar a su socio de Gobierno, el entonces vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, la ruptura de su acuerdo y la convocatoria de elecciones anticipadas después de que Ciudadanos hubiera firmado con los socialistas una moción de censura contra su propio Gobierno en la Región de Murcia. 

Ayuso reabría un ciclo que parecía haberse cerrado un mes antes en Catalunya con la victoria moral de los socialistas liderados por Salvador Illa, aunque los independentistas retuvieran el poder con el liderazgo de ERC. Pero el triunfo arrollador de la presidenta madrileña frenó en seco el viento a favor que hasta entonces vislumbraba Sánchez, que buscó recomponerse con una profunda remodelación en el Gobierno y en el PSOE. 

Las crónicas y los análisis volvieron a errar al situar en Andalucía la siguiente parada electoral. Fue, de hecho, la excusa que encontró Ferraz este verano para adelantar el relevo de Susana Díaz: la necesidad de acelerar la renovación del liderazgo ante lo que veían como un certero adelanto de los comicios. El PP había encontrado una estrategia perfecta para ahogar a Sánchez: aprovechar el naufragio de Ciudadanos para recuperar su poder y mantener los gobiernos, con Vox si es necesario. 

A pesar del fracaso en la aprobación de los presupuestos y la asfixia a la que le está sometiendo Vox –que ahora no da el apoyo al decreto de ayuda a las empresas–, Juanma Moreno Bonilla aguanta el tirón y aún no pone fecha para los comicios en Andalucía. La última vez que se pronunció los situó en junio u octubre. El resto de partidos está ya en modo precampaña –Ciudadanos ya ha celebrado sus primarias y Juan Espadas lleva “en modo elecciones desde que llegó”, según admiten en Ferraz, y este mismo lunes abandonó la alcaldía de Sevilla–, a pesar de que el portavoz del Gobierno regional ha asegurado este lunes que Andalucía es “una isla de estabilidad” con “un pacto de gobierno estable, fructífero y fuerte”.

También gozaba de buena salud el acuerdo en Castilla y León, según le transmitió el presidente, Alfonso Fernández Mañueco, a la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, en una conversación telefónica este domingo en la que le aseguró que no convocaría elecciones, según ha adelantado El Periódico de España. Apenas doce horas después el presidente castellanoleonés pulsaba el botón rojo sin avisar siquiera a su vicepresidente, Francisco Igea. 

“Hola, Paco, que sepas que estás cesado tú y todos los consejeros de Ciudadanos y que voy a convocar elecciones porque es lo mejor”, le trasladó a primera hora de la mañana Mañueco a Igea. La respuesta del vicepresidente, a quien la noticia pilló con el pie cambiado en una entrevista en Onda Cero, fue escueta: “Pues muchas gracias, Alfonso”. Fin a dos años y medio de Gobierno. 

A partir de ahí, comienza la batalla del relato. Mañueco atribuye la decisión a unas supuestas conversaciones entre el PSOE, Ciudadanos y Por Ávila para impulsar una moción de censura. Ciudadanos votó en contra de la que impulsó el socialista Luis Tudanca en marzo del año pasado coincidiendo con la registrada en la Región de Murcia. Arrimadas ha atribuido a las presiones de Pablo Casado y su política “testosterónica” la decisión. Ciudadanos se enfrenta de nuevo a quedar sin representación parlamentaria. Por el contrario, Vox pronostica su “entrada con fuerza arrolladora” en las Cortes mientras que será la primera experiencia electoral para Podemos desde la salida de Pablo Iglesias. La plataforma que pretende lanzar Yolanda Díaz no llegará a la cita, su proceso de escucha se enmarca en un contexto nacional y arrancará a la vuelta de las navidades. Soria YA!, una de las plataformas surgidas del grito de la 'España vaciada', también tiene intención de competir por primera vez en unas autonómicas.

Génova aplaude la decisión de Mañueco. El objetivo del PP es trasladar la idea de un cambio de ciclo, primero en Castilla y León, donde el PSOE fue la fuerza más votada en 2019, y después en Andalucía. Pero una victoria de Mañueco supondría además un espaldarazo para Casado en su pugna con Ayuso: la tesis que quiere imponer la dirección nacional es que gana el PP allí donde se presente, no solo la dirigente madrileña. El PSOE ha acusado a Mañueco de ser “imprudente” por tomar esa decisión en “plena” sexta ola y por “paralizar” la administración en plena llegada de los fondos europeos. “Se han inventado una excusa”, ha denunciado el portavoz de la dirección, Felipe Sicilia. Pero en el PSOE estaban convencidos de que algo así iba a pasar. “No ha movido un dedo para aprobar los presupuestos”, señalan fuentes socialistas.

El PSOE atribuye el adelanto, además, al horizonte judicial para el PP en Castilla y León, que tiene varios procesos abiertos, como la trama eólica, el caso Perla Negra o el supuesto amaño de las primarias que ganó el propio Mañueco, que ha provocado la imputación del presidente y el gerente del partido en Salamanca. “Hay partido. Le puede salir el tiro por la culata. Puede recuperar terreno, pero está por ver si tanto como piensa: esto no es Madrid y él no tiene el tirón de Ayuso. Tudanca no es Gabilondo, está peleando. Vox va a apretar, pero a ver si suman”, señala un dirigente del PSOE regional.

Sánchez usará la baza de la estabilidad de la coalición frente al desgobierno en las regiones del PP con dos adelantos en menos de tres años (Madrid y Castilla y León), el fracaso en Andalucía a la espera de pulsar el botón nuclear y un Ejecutivo murciano sustentado en el transfuguismo. En Moncloa sostienen que la recuperación económica que ahora lastra la inflación se irá notando en los bolsillos de los ciudadanos reflejándose en las encuestas primero –sostienen que ahora mismo no hay pulso electoral para justificar la caída que pronostican los sondeos salvo el CIS– y en las urnas después.

Más allá de la batalla del relato, lo cierto es que 2022 arrancará como lo hizo 2021: en campaña electoral. Lo que ahora está claro y no lo estaba entonces es que el ciclo durará dos años –tras Castilla y León vendrá Andalucía y meses después el 'superdomingo' de las municipales y autonómicas de algunas regiones– y culminará con las generales que Sánchez, hoy con unos presupuestos que le garantizan estabilidad hasta el final de la legislatura, no tiene intención de convocar hasta finales de 2023, cuando concluya el turno de España en la presidencia europea.

Si hace un año la renovación del Poder Judicial quedaba en suspenso por la celebración de las elecciones catalanas, nada hace presagiar que vaya a haber un gran acuerdo de Estado entre PSOE y PP en un escenario de campaña permanente. Si en algún momento el acuerdo para actualizar el órgano de gobierno de lo jueces estuvo cerca, las elecciones vuelven a complicarlo.