Europa se pone de perfil ante los crímenes y amenazas de Trump en Venezuela
“No tenemos ningún comentario que hacer en este momento”. Es la respuesta de la Comisión Europea a la situación que vive Latinoamérica con las amenazas de Donald Trump contra la Colombia de Gustavo Petro y, especialmente, la Venezuela de Nicolás Maduro contra quien EEUU ha pasado de las palabras a los hechos con el asesinato de supervivientes de una 'narcolancha' tras un ataque en el Caribe, algo que se considera un crimen de guerra.
Pero en Europa se mira hacia otro lado ante lo que supondría una violación del derecho internacional y la amenaza de una intervención militar. “Vamos a acabar con esos hijos de perra”, dijo Trump en referencia a ataques terrestres en territorio venezolano bajo el pretexto de la lucha contra el narcotráfico. El silencio de la Comisión Europea, que es la guardiana de los tratados de la Unión Europea, entre cuyos objetivos en materia internacional están el de “contribuir a la paz y la seguridad”, “a la solidaridad y el respeto mutuo entre los pueblos” y el “estricto respeto del derecho internacional”, choca con la posición que tiene en otros conflictos.
La condena de la UE a ataques militares o armados es constante, especialmente en el caso de Ucrania. Prácticamente, cada bombardeo de Vladímir Putin tiene una respuesta desde Bruselas. Ursula von der Leyen y el entonces alto representante, Josep Borrell, tardaron minutos en condenar los brutales atentados de Hamás el 7 de octubre de 2023, si bien la alemana evitó cuestionar inicialmente la respuesta indiscriminada de Benjamín Netanyahu y a la UE le costó meses pedir un alto el fuego o cualquier medida que supusiera elevar la presión sobre Israel.
El seguidismo a la política internacional de EEUU es la tónica habitual de Europa desde hace décadas y el desconcierto hacia la deriva que pueda adoptar Trump acrecienta la incertidumbre de la dirigencia europea.
En el caso de Latinoamérica, es España la que suele llevar la voz cantante en el seno de la UE dados sus vínculos históricos y culturales con el continente. El Gobierno de Pedro Sánchez también se ha mantenido de perfil ante la escalada verbal y militar de Trump en el Caribe. “El derecho internacional se debe respetar en Gaza, en Ucrania, Sudán o vamos a ver lo que pasa en Venezuela”, aludió el presidente en una entrevista en RAC1 el lunes.
Para entonces Trump ya había cerrado el espacio aéreo de Venezuela, una decisión que afecta en lo comercial a la gran aerolínea española Iberia, y que para el socio minoritario de la coalición es una violación del derecho internacional y una amenaza a su soberanía, así como a su integridad territorial. En ese momento, también se habían producido 83 asesinatos extrajudiciales en el Caribe y el Pacífico Oriental en 21 ataques contra supuestas 'narcolanchas' durante los últimos meses y Trump había anunciado una nueva escalada militar en la zona, donde tiene desplegados 15.000 soldados, además de barcos y un portaaviones.
“La crisis de Venezuela se tiene que resolver por medios pacíficos. Una solución democrática y ante todo, dialogada y genuinamente venezolana”, afirmó este martes en Bruselas el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, como si el único problema en ese país fuera interno, entre Maduro y la oposición.
“Prudencia” de la reacción diplomática
“No van a encontrar nunca a España atizando ningún fuego con respecto a un país hermano latinoamericano, sea cual sea. España siempre va a estar al lado de las soluciones dialogadas, pacíficas y democráticas. Lo que nosotros queremos para el pueblo venezolano, exactamente igual que lo que queremos para todos los pueblos hermanos de Latinoamérica, es lo mismo que queremos para el pueblo español: paz, democracia y justicia social”, remató el jefe de la diplomacia española.
Fuentes gubernamentales rechazan la idea de que la respuesta de España esté siendo tibia y la califican de “responsable y prudente” con llamadas a la “contención”. Lo que dicen esas fuentes es que, por el momento, no ha habido intervenciones “a gran escala”, aunque obvian las ejecuciones en el Caribe, y que están a la expectativa de cómo se desarrollen los acontecimientos. “No podemos tener respuestas que puedan agravar la situación”, señalan esas fuentes, que aseguran que hay movimientos a nivel diplomático europeo y latinoamericano.
El asedio de Venezuela por parte de EEUU va tomando forma con el rechazo explícito del Congreso de ese país, que ha instado a Trump a retirar las hostilidades dentro de la nación caribeña o a solicitar autorización para una declaración de guerra.
El grueso de la comunidad internacional se pone de perfil ante una situación que han condenado los expertos de la ONU, que han advertido de la ilegalidad de las acciones encubiertas y las amenazas de uso de la fuerza armada contra el Gobierno de Venezuela por parte de Estados Unidos. Detrás ven un intento de derrocar a Maduro. “Estas acciones también violan las obligaciones internacionales fundamentales de no intervenir en los asuntos internos ni amenazar con el uso de la fuerza armada contra otro país”, señalaron el 21 de octubre.
Presión al Pentágono
Los ataques contra supuestas 'narcolanchas' que arrancaron el 2 de septiembre ya se han cobrado 83 vidas en aguas del Caribe y el Pacífico Oriental, y tres meses después empiezan a hacer mella en la Administración Trump. Así, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, se encuentra sometido a presión del Senado y la Cámara de Representantes por haber ordenado rematar a dos supervivientes en el primer hundimiento, que terminó con 11 asesinatos extrajudiciales.
Tanto republicanos como demócratas en el Congreso han abierto investigaciones ante lo que podría constituir un crimen de guerra por la ejecución de personas a la deriva, y este jueves comparecía en el Capitolio el comandante que, según la Administración Trump, ordenó el segundo ataque, el almirante Frank 'Mitch' Bradley.
Hay dos personas en clara situación de peligro, con una embarcación destruida, que fueron asesinadas por Estados Unidos
Y el almirante les ha dicho a los legisladores que no hubo ninguna orden de “matadlos a todos” por parte de Hegseth, según el senador Tom Cotton, que preside el Comité de Inteligencia del Senado.
“Lo que he visto en esa sala ha sido una de las cosas más inquietantes que he visto en mi carrera pública”, ha dicho por su parte el representante de Connecticut Jim Himes, el líder demócrata del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, en relación con el vídeo del ataque que se les mostró. “Hay dos personas en clara situación de peligro, con una embarcación destruida, que fueron asesinadas por Estados Unidos”.
Hegseth ha defendido el segundo ataque como algo surgido en la “niebla de la guerra”, afirmando durante una reunión del Gabinete celebrada este martes en la Casa Blanca que no vio a ningún superviviente, pero que tampoco presenció el resto de la misión.
El secretario de Defensa también ha dicho que Bradley, como almirante al mando, “tomó la decisión correcta” al ordenar el segundo ataque, para lo cual “tenía plena autoridad”.
El miércoles se le preguntó al presidente Donald Trump si publicaría el vídeo del ataque posterior, tal y como han exigido los demócratas, y respondió: “No sé qué tienen, pero sea lo que sea, sin duda lo publicaremos. No hay problema”.
Un ataque posterior a finales de septiembre ha llevado a la familia de un colombiano a presentar una denuncia formal ante el principal organismo de vigilancia de los derechos humanos en el continente americano. La petición de la familia de Alejandro Carranza afirma que el ejército bombardeó su barco pesquero el 15 de septiembre, violando las convenciones de derechos humanos.
El Congreso de EEUU, contra los ataques a Venezuela
La Cámara de Representantes estuvo casi dos meses sin actividad porque los republicanos no querían presión política durante el cierre del Gobierno. Pero una vez superado, se acumulan las resoluciones registradas para evitar un ataque a Venezuela que viene telegrafiando Donald Trump desde septiembre.
La última registrada, este martes, dice lo siguiente: “El Congreso ordena al presidente que retire a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos de las hostilidades dentro de Venezuela o contra este país, a menos que se autorice explícitamente mediante una declaración de guerra o una autorización legal específica para el uso de la fuerza militar”.
La resolución ha sido impulsada por el representante demócrata por Massachusetts James McGovern, y apoyada por el republicano por Kentucky Thomas Massie.
Y este miércoles, los demócratas del Senado, junto con el senador Rand Paul (republicano por Kentucky), han presentado otra resolución sobre los poderes de guerra para impedir que la Casa Blanca utilice las fuerzas armadas en hostilidades con Venezuela sin la aprobación del Congreso.
La resolución, presentada por Paul y los senadores Tim Kaine (demócrata por Virginia), Adam Schiff (demócrata por California) y el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer (demócrata por Nueva York), ordena a Trump que deje de utilizar el ejército “a menos que esté específicamente autorizado por una declaración de guerra o una autorización específica para el uso de la fuerza militar”.
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