Es la economía de los pobres, estúpido

“The economy, stupid”. Hay pocos eslóganes electorales o políticos tan legendarios como este. Se ha divulgado una y mil veces por todo el planeta, entre políticos, politólogos y observadores en general, como una frase que le espetara Bill Clinton a George Bush padre en la campaña electoral de 1992 por la Presidencia de los Estados Unidos. “Es la economía, estúpido”. Pero no, no fue exactamente así. La frase nació en aquella campaña, en efecto, e hizo fortuna y fue clave en la victoria de Clinton, pero se popularizó no porque Clinton la usara sino porque el consultor James Carville -apodado Cajún Rabioso-, uno de los estrategas de la campaña del candidato demócrata, la imprimió en un cartel que pegó en las oficinas centrales de Clinton, hasta entonces gobernador de Arkansas, para que ni al candidato ni al equipo se les olvidara la estrategia que les iba a llevar a la Casa Blanca: “The economy, stupid”.

“Es la economía de los más vulnerables; la economía de los pobres, estúpido”. Con las medidas aprobadas el sábado pasado, parece que el Gobierno de coalición presidido por Pedro Sánchez se ha dicho esa frase a sí mismo y la va a imprimir a fuego en su ideario a partir de ahora, para que oriente muchos de sus movimientos y decisiones. Salvar la economía de los más desfavorecidos, de las clases económicas y sociales más golpeadas por el principal problema que tienen hoy la economía española y la de todos los países desarrollados: los precios, la inflación, el galopante aumento del coste de la vida. Por ahí va buena parte del real decreto-ley aprobado el pasado sábado en el Consejo de Ministros “por el que se adoptan y se prorrogan determinadas medidas para responder a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania, para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica”. El entrecomillado es suyo, del Gobierno. 

Algunas de las medidas son universales, nos afectan a todos: la bajada del IVA de la luz del 10% al 5% o la prórroga de la bonificación a los carburantes, por ejemplo. Otras están directamente pensadas para las clases medias y bajas: la reducción del abono transporte, las del alquiler de viviendas, la de suspensión de desahucios, la congelación del precio de la bombona de butano, la prórroga del refuerzo del bono eléctrico, la subida del Ingreso Mínimo Vital y de las pensiones no contributivas y, sobre todo, la ayuda de 200 euros para trabajadores, autónomos y desempleados con bajos niveles de renta.

Los dos socios del Gobierno de coalición ya lo sospechaban, pero en las recientes elecciones andaluzas, con un resultado malo para el PSOE y desastroso para las formaciones a la izquierda de los socialistas, descubrieron del todo que una significativa parte de sus bases electorales de las clases medias y bajas les estaban abandonando por sentirse a su vez abandonadas ante su empobrecimiento por la altísima inflación. El golpe de timón hacia unas políticas más sociales para lo que queda de legislatura está claro. ¿Son medidas electoralistas? Hubieran sido tachadas así de haberse tomado antes de los comicios andaluces. Ahora, cuando aún falta -al menos teóricamente- año y medio para las elecciones generales y casi uno para las cruciales autonómicas y municipales de mayo de 2023, parece más que estamos ante una reedición del “no dejaremos a nadie atrás” de los primeros meses de la pandemia y de recuperar si se puede a aquellas bases electorales perdidas.

Ahora, además de hacerlo, hay que contarlo. “Ni desde Ferraz (sede central del PSOE) ni desde Moncloa ni desde los ministerios hemos sido capaces de contar los logros del Gobierno”, se lamenta un dirigente socialista, miembro de la Ejecutiva Federal. A los cambios de prioridades políticas pueden seguirle otros en la comunicación política. Viene un nuevo tiempo en el que Pedro Sánchez pisará más la calle y los barrios menos céntricos, aun a riesgo de sufrir abucheos, y menos las moquetas y los salones del Ibex.