Excéntrico porque, cuando se llevaban los desarrollos progresivos o el blues rock pesado, él se fijaba en oscuras anomalías como The Velvet Undreground o The Stooges. Al tópico de sexo machista y drogas desenfrenadas, respondía con canciones de amor que respetaban a las mujeres y una inaudita militancia abstemia. Y si bien el mundo sonoro de la banda era eléctrico y vehemente, su lírica mantenía la “visión original”: al Jonathan Richman que puso en marcha The Modern Lovers le fascinaba lo que sus colegas rockeros consideraban anodino. La suya fue una banda activa apenas entre 1970 y 1974, en dirección contraria y obstinada -Fabrizio de André-, que no llegó a grabar ningún disco y que, sin embargo, generó su propio culto. El músico y escritor ourensano Carlos Rego le ha dedicado su último libro, No malgastes tu juventud (Silex, 2026).

No grabó ningún disco como tal pero en realidad The Modern Lovers (1976), que recoge maquetas registradas para Warner en 1972, aparece a menudo en las listas de lo mejor de la historia del rock. “Me fascina el personaje de Richman, su actitud ante la vida y ante la industria, una persona sin teléfono móvil ni ordenador. Por supuesto sin redes sociales. Que ya no viaja en avión y se dedica a la albañilería como hobby”, relata Rego (Ourense, 1965) en conversación con elDiario.es. The Modern Lovers, el primero de sus grupos, lo fundó con apenas 19 años en su Boston (Estados Unidos) natal. Acababa de descubrir a Lou Reed -es una de las personas que a más conciertos de la Velvet asistió, considera Rego- y buscaba la manera de canalizar angustia postadolescente, una mirada naíf a su alrededor y una guitarra “más interesada en el sonido que en los acordes o la afinación”. Punk antes del punk. Lo sabían los efímeros pero decisivos Sex Pistols, que unos años más tarde adaptaron su Roadrunner.

“The Modern Lovers estaban a la contra de todo lo que los rodeaba y aun así consiguieron llamar la atención. Hasta el punto de que lograron un contrato con Wagner y luego lo despreciaron”, señala Rego. El autosabotaje como una de las bellas artes. La banda que combinaba el primitivismo de los tres acordes con una escritura “alejada del antiguo donjuanismo” y asombrada ante la Norteamérica gris y suburbial alcanzó el corazón de la industria. Acto seguido, optó por ignorarlo. Aunque lo cierto es que la mayor parte del asunto era de Jonathan Richman.

Contra y más allá de los hippies

Solo tenía 18 años -es decir, 1969- cuando se plantaba en Harvard Commons, epicentro de la comunidad hippie en Boston, armado de su guitarra sin amplificar y un repertorio “sobre lo hermoso que es el neón de los carteles de los restaurantes”. “Llevaba el pelo corto, iba aseado, el contraste con la audiencia era brutal”, narra Rego, “es increíble que aguantase todo ese rechazo. Imagino que la mayoría lo considerarían un loco”. Aquella extravagancia, exhibida ante peludos y drogotas, escondía finalmente una feroz determinación artística, intransigente y personalísima. La vehiculó en primera instancia junto a sus amigos de instituto y mediante la electricidad. Habían nacido The Modern Lovers.

“El cae fascinado por el sonido de la Velvet Underground, pero el mundo interior es el suyo”, aclara Carlos Rego, también músico en Tesouro, “aunque es cierto que también admiraba mucho a The Lovin' Spoonful [banda estadounidense de folk rock de gran éxito a finales de los 60, hoy algo olvidada], que encaja mucho más con su visión original”. Pero The Modern Lovers y canciones como Pablo Picasso, la citada Roadrunner o She craked efectuaban la cuadratura del círculo: melodías repetitivas, guitarras eléctricas a volumen más que aceptable, y letras “que no tratan a las mujeres como ganado”, celebran la sobriedad o conducir por la Ruta 128, Estado de Massachusetts “con el impulso del sonido imperfecto y enérgico de un grupo que no sabe nada de tomas, overdubs o trucos de estudio”.

Tocan en bares y en escenarios a posteriori míticos -el Max's Kansas City de Nueva York-, en campus universitarios y en restaurantes, hasta en el concierto para pagar la fianza del amigo de Gram Parsons que había robado el cadáver de éste para incinerarlo en el desierto. Y peldaño a peldaño construyen una reputación que llega a oídos de la industria. John Cale, el violinista galés que insufló tendencias vanguardistas en los dos primeros discos de la Velvet y después inició una apasionante trayectoria en solitario, les produce maquetas para Wagner. También los graba el saltimbanqui de Kim Fowley. Esos dos registros, además de algunos directos, son el rastro fonográfico del grupo. Las maquetas de Cale, en concreto, conforman el disco de 1976, el que pasó a la historia. Nunca volvieron al estudio.

“The Modern Lovers no serían The Modern Lovers si no se empeñaran en lucir una capacidad congénita para complicarse la vida”, escribe Rego en No malgastes tu juventud, “una querencia inaudita por la intransigencia ante los compromisos que exige una carrera en el despiadado mundo del rock”. La paciencia de Wagner se agotaba porque los Lovers no se decidían. Lo que en verdad pasaba es que Jonathan Richman avanzaba en la radicalización de su pensamiento musical. Ya no quería guitarras tan altas, ruidosas. Bebía de la canción napolitana o de las melodías infantiles. Y sus letras basculaban aún más hacia una inocencia dadaísta que tropezaba con la incomprensión del resto de la banda. Su último concierto, cartel compartido con Moe Tucker -la batería de la Velvet- y George Thorogood, desemboca en un gemido y no en una explosión. “”No hay gritos, no hay discusiones, no hay un no quiero verte nunca más en la vida“, sintetiza, talvez sí ”alivio por superar de una vez por todas una situacion insostenible“.

Una nouvelle sobre determinación y radicalidad

Richman pasaría dos años de sequía y en 1976, justo cuando Wagner colocaba The Modern Lovers en las tiendas, sacaría el primer disco de una nueva era, Jonathan Richman & The Modern Lovers, acústico y sin apenas relación con la formación original. Pero de eso ya no se ocupa No malgastes tu juventud. El de Rego es un inusual libro sobre música, más próximo a una nouvelle sobre la determinación del artista narrada con destreza literaria que a esa página de wikipedia ampliada en que naufragan no pocas tentativas de literatura rock. “El plan era escapar de las biografías rock canónicas”, argumenta el autor, “salvando las distancias, me inspiré en las minibiografías de Jean Echenoz, en concreto en Correr (2008), que trata sobre el atleta checo Emil Zapotek”. Sin notas a pie de página, con una bibliografía mínima y asentado sobre décadas de documentación recogisa en revistas, periódicos y fanzines -“llevo toda la vida escribiendo este libro”, asegura humilde-, Rego tampoco quería entrevistar a nadie, sino integrar en la voz narrativa todos los materiales recopilados. Los retales. “Todo lo relativo a los Modern Lovers está hecho de retales, ni siquiera grabaron un disco como tal”, dice con ironía.

No malgastes tu juventud se aparta estilísticamente de anteriores obras de Rego, las dedicadas al postpunk de Derribos Arias, el folk rock de Magín Blanco o el folk progresivo antifranquista de Bibiano. ¿Qué hay en común entre músicos tan diversos? “Parto siempre de la música y estos son intérpretes y compositores que me gustan mucho”, aduce, “pero quizás hay algo más. Todos sufrieron una falta de éxito alarmante. Tenían personalidades muy marcadas y no fueron grandes vendedores de discos”. Pero el caso de Richman, concluye divertido, es singular: “Su desprecio por la opinión de los demás es algo que no tiene parangón. A otro nivel, quizás solo Neil Young es comparable”.

“La propia Iglesia se está reconociendo a sí misma como un gran tenedor”. El anuncio del acuerdo entre el Arzobispado de Santiago, Cáritas y el Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG) para transformar casas rectorales y patrimonio eclesiástico en viviendas de emergencia, ha servido para poner el foco sobre una realidad. Al Sindicato da Vivenda de Compostela, uno de los impulsores de la acampada que está a punto de cumplir un mes de estancia en la Praza do Obradoiro, justo frente a la Catedral, ese “parche asistencialista” se le queda corto y reclama que esos edificios, junto a todos los demás que la archidiócesis está “acaparando”, se “retiren de las manos de la Iglesia” para transformarlos en vivienda protegida. Se estima que en toda Galicia existen unas 4.000 rectorales a las que se podría dar ese nuevo uso.

El acuerdo marco fue suscrito a mediados de mes por el arzobispo compostelano, Francisco José Prieto; la directora de Cáritas Diocesana de Santiago, la exconselleira Pilar Farjas, y el decano del COAG, Luciano G. Alfaya. “La Iglesia quiere poner sus recursos al servicio de las personas y familias que más lo necesitan. Este convenio nos permite dar una nueva vida a inmuebles que forman parte de nuestro patrimonio para convertirlos en espacios de acogida, esperanza y acompañamiento”, afirmó entonces Prieto. “Se trata de una forma concreta de responder a necesidades reales y de contribuir a que más personas puedan recuperar estabilidad y dignidad a través de un hogar”.

“La Iglesia está reconociendo que, solamente en casas rectorales –porque sabemos que poseen otro tipo de inmuebles y mucho más numerosos–, tienen 4.000 en toda Galicia y 800 en Compostela”, una archidiócesis que ocupa un tercio de la superficie de la comunidad. “Están reconociendo públicamente que están acaparando vivienda, porque esta política se basa en rehabilitar, y reacondicionar viviendas que no estaban correctamente habilitadas o que no estaban a disposición de la población en general”, explica a elDiario.es Dani González, portavoz del Sindicato da Vivenda.

“Si la Iglesia puede movilizar tanta vivienda de golpe significa que no estaba siendo utilizada”, continúa. “Entonces, para nosotros no hay más que un reconocimiento público del papel que está desempeñando la Iglesia como un gran tenedor más. Por eso, siempre la incluimos en nuestro cupo junto a empresas, bancos y fondos buitre. Sobre todo en Compostela, evidentemente”. El inventario más reciente de las posesiones del Arzobispado, del año 2020, elevaba a 1.677 el número de sus inmuebles urbanos de uso no religioso, la cuarta parte de un patrimonio que alcanzaba los 300 millones de euros de valor catastral.

“Ya tener 800 viviendas es bastante extraordinario, porque aquí lo que prima son medianos tenedores, con 10 o 15 pisos, y la Iglesia sobrepasa todos estos números. Lo que nosotros recomendaríamos es retirarla de sus manos y convertirla en vivienda protegida”, concluye González. “Esa es la política institucional que nos resultaría mínimamente adecuada”.

Pero, mientras ese ambicioso objetivo no llega, el Sindicato celebra “cualquier parche” que se pueda poner, “porque es un avance y una apuesta de recursos a disposición de colectivos vulnerables que lo necesitan. Pero no deja de ser un parche, se queda muy limitado”. Además, pese a reconocer la labor de Cáritas, critica el modelo, “asistencialista”, porque “genera dependencia y consideramos que no es ni de lejos lo idóneo, que no es donde se tienen que poner recursos y mucho menos se tiene que celebrar por todo lo alto como una política exitosa. No representa más que una forma de solucionar un error estructural que no se está abordando”.

La búsqueda de financiación

La propuesta de Arzobispado, Cáritas y COAG busca “identificar, estudiar, rehabilitar y poner en uso” edificios de la Iglesia que puedan convertirse en “recursos residenciales para personas y familias en situación de vulnerabilidad”, es decir, “movilizar patrimonio residencial de la Iglesia y ponerlo al servicio de proyectos de vivienda de emergencia, alojamiento temporal e inclusión social.” Con ello, la archidiócesis “aspira a ofrecer respuestas concretas a uno de los principales desafíos sociales de Galicia, el acceso a una vivienda digna”.

El acuerdo marco “permitirá analizar el potencial de las aproximadamente 800 casas rectorales existentes en el territorio de la Archidiócesis de Santiago, una parte significativa de las cerca de 4.000 casas rectorales que existen en Galicia, con el objetivo de identificar aquellos inmuebles que, por sus características y ubicación, puedan ser rehabilitados y destinados a programas residenciales de carácter social”. Un convenio que busca un marco estable en el que combinar “la función social del patrimonio eclesiástico, la experiencia de acompañamiento de Cáritas –que gestiona 40 alojamientos sociales en la comunidad, con unas 240 plazas– y el conocimiento técnico de los profesionales de la arquitectura”.

Entre las primeras actuaciones anunciadas destaca la elaboración de un Plan Director de Vivienda Social en Patrimonio Eclesiástico de la Archidiócesis de Santiago que actualice el inventario de casas rectorales que la Xunta y el COAG redactaron entre los años 1991 y 1993. El convenio también prevé crear una “red de arquitectos colaboradores”, vinculados al Colexio, para el “desarrollo de estudios previos, asesoramiento técnico y proyectos de rehabilitación”, además de puesta en marcha de “mecanismos de apoyo permanente” que orienten sobre ayudas públicas, subvenciones, eficiencia energética y adecuación normativa.

El de la financiación de los proyectos que puedan surgir es un capítulo todavía desconocido. Las tres entidades firmantes se comprometieron a colaborar en la captación de fondos, tanto públicos como privados, para conseguir “hacer viables las actuaciones de rehabilitación y puesta en uso de los inmuebles seleccionados”. Queda también por ver si el uso como vivienda de emergencia sería para siempre o por un período limitado de tiempo, tras el que la Iglesia pudiese volver a disponer de las rectorales y convertirlas, como ha sucedido en otros puntos del Estado, en hoteles de lujo.

El precedente frustrado por unas elecciones y un robo

Ese uso social por un plazo temporal cerrado era lo que buscaba una anterior iniciativa del cabildo compostelano, más modesta en su ambición pero con un objetivo que, sin duda, se ajustaba más a lo propuesto por el Sindicato da Vivenda. En febrero de 2010, la crisis económica golpeaba con fuerza a España. El paro había crecido casi un 80% durante el año que acababa de finalizar y sólo tres meses después, en mayo, el gobierno Zapatero acometería su gran recorte de gasto público, 15.000 millones de euros. Es en ese invierno cuando José María Díaz, el deán de la Catedral –su principal autoridad “ejecutiva”– puso a disposición del Consorcio un edificio vacío en la Praza de Feixóo, a sólo 200 metros de la fachada este del templo, la que da a la Praza da Quintana.

El Consorcio de Santiago es una institución tripartita –formada por el Estado, la Xunta y el Ayuntamiento– que tiene entre sus principales objetivos velar por una zona monumental declarada Patrimonio de la Humanidad. En aquel momento, había puesto en marcha un programa llamado Edificios Tutelados en el que se hacía cargo de la rehabilitación de inmuebles completos a cambio de mantenerlos después en alquiler social el tiempo necesario para recuperar el coste de los trabajos. Esa era la iniciativa a la que Díaz, volcado con la labor del Consorcio, ofrecía sumar una construcción que, en aquel momento, estaba vacía, excepto por dos locales comerciales en la planta baja. Quienes lo trataron entonces aseguran que, tras ese, el deán tenía en la cabeza sumar al programa más edificios sin uso.

La encargada de gestionar aquel programa de alquileres era la empresa municipal de vivienda, Emuvissa, que –aunque nadie podía predecirlo– tenía los días contados. En las elecciones municipales de 2011, el PP consiguió la alcaldía por un puñado de votos y al nuevo regidor, Gerardo Conde Roa, que traía bajo el brazo proyectos urbanísticos que la oposición no dudó en tildar como “pelotazos”, Emuvissa le sobraba, así que la cerró y, con ella, el plan de los Edificios Tutelados.

De la media docena de reformas de inmuebles que se habían presentado a la iniciativa, sólo una –de titularidad privada–llegó a hacerse realidad. Sin Emuvissa, Díaz pensaba que, precisamente, Cáritas podía ser una buena alternativa, pero el deán cayó en desgracia tras el robo del Códice Calixtino. Dimitió de su cargo, volvió a su Mondoñedo natal, en el norte de Lugo, y su propuesta quedó en el limbo.

Hoy, tres lustros después y un escenario en el que la vivienda es ya el primer problema de la sociedad, al que era entonces gerente del Consorcio, Xosé Manuel Villanueva, le parece una “prioridad” vincular la rehabilitación del patrimonio con la oferta de alquileres asequibles. En conversación telefónica con elDiario.es, señala que el Consorcio de Toledo, un ente similar al compostelano, lo tiene tan claro que, incluso, está llegando a comprar directamente los inmuebles para llevarlo a cabo. En su opinión, en ciudades como Santiago, la apuesta por este eje es, más que necesaria, claramente “indispensable”.

Investigadores del Instituto Español de Oceanografía (IEO), dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), han documentado por primera vez la presencia en aguas gallegas de dos especies “de afinidad tropical”, es decir, propias de aguas más cálidas. Han identificado cinco ejemplares de alacha (Sardinella aurita) y un cangrejo ermitaño Dardanus calidus. Los dos estudios, uno por cada especie, se acaban de publicar en las revistas Cybium y Biology y “refuerzan la hipótesis de un progresivo proceso de tropicalización de las costas del noroeste peninsular”, señala la institución.

El trabajo publicado en Biology se centra en el cangrejo ermitaño Dardanus calidus, a partir de la aparición de una hembra en Corrubedo en julio de este año. Esta localización está unos 460 kilómetros más al norte de la zona de la costa portuguesa en la que se ha encontrado habitualmente esta especie, explica el IEO. Este animal está ampliamente distribuido por el Mediterráneo y el Atlántico oriental, pero hasta el pasado verano no se había documentado su presencia en aguas gallegas. Un solo registro, recuerdan los investigadores, no muestra por sí mismo una expansión sostenida hacia el norte de la especie, pero “contribuye a un creciente grupo de observaciones que evidencian una reorganización biogeográfica en curso en la región”.

Bruno Almón, investigador del Centro Oceanográfico de Vigo y primer autor del estudio, indica que la importancia del hallazgo no es solo que muestra una posible extensión de la distribución conocida de la especie, sino también lo que cuenta en el contexto geográfico en el que se produce. “Galicia se ha convertido cada vez más en una región donde se registran especies marinas de afinidad cálida más allá de sus rasgos históricamente documentados en múltiples grupos taxonómicos, incluidos peces, moluscos y macroalgas”, expone. Que haya aparecido un Dardanus calidus es “un ejemplo adicional” que concuerda con “el patrón regional más amplio” de presencia de especies asociadas hasta ahora a aguas más cálidas, indica.

Añade que son necesarias observaciones repetidas y hacer un seguimiento para determinar si este cangrejo persiste en aguas gallegas o si se trata de un “evento transitorio”. Después de ser estudiado, el ejemplar se ha incorporado a la colección de crustáceos marinos del IEO.

Sobre la alacha, el estudio publicado en la revista Cybium, indica que se ha documentado por primera vez su presencia en aguas gallegas. En concreto habla de cinco ejemplares que se capturaron a principios de 2026 en redes de cerco en el norte de la comunidad. Esto supone una ampliación de su límite de distribución conocido en el Atlántico oriental. Esto tiene implicaciones ecológicas, según explican los investigadores, que señalan que puede afectar negativamente a la población de sardina autóctona porque competirían por el mismo espacio y alimento. Esta especie, con menor valor comercial que la sardina, podría afectar también a la pesca, si se vuelve más abundante.

“La reciente tropicalización de la costa noroeste ibérica, junto con la creciente presencia de peces de afinidad tropical en aguas gallegas, pone de manifiesto la necesidad de documentar y evaluar los nuevos registros de distribución en la región”, indica el investigador Rafael Bañón, del Centro Oceanográfico de Vigo del IEO y primer autor del estudio, que considera que la alacha, por responder “rápidamente a la variabilidad ambiental”, puede ser un indicador útil de los cambios en los ecosistemas.

Almón agrega que la evidencia se está acumulado en múltiples grupos de seres vivos y, por ello, el noroeste de la península ibérica se está convirtiendo en “una región centinela” para entender cómo las especies marinas responden a las condiciones cambiantes.

“Entre las tareas del profesorado está la enseñanza de valores democráticos; la libertad de expresión y de manifestación son algunos de ellos”. Así comienza el comunicado suscrito por una treintena de docentes del Instituto de Enseñanza Secundaria Concepción Arenal de Ferrol. Con él, quieren enviar “su ánimo y cariño” a los estudiantes heridos en las cargas policiales del pasado día 21 en A Coruña. Fue el final de una protesta en la que participaron 5.000 personas, convocadas por diversas entidades antifascistas, contra la presencia en la ciudad del presidente de Vox, Santiago Abascal. Entre los lesionados de mayor gravedad estaba una exalumna del centro “casi perdió un ojo”.

“Nuestro alumnado, la juventud, tiene derecho a reclamar mejor formación y más medios en la educación; también una perspectiva de trabajo digna y de vivienda accesible”, escriben. “Lo hacen ejerciendo su derecho a la manifestación; a veces a gritos, porque no se les escucha suficientemente. Esto no pone en peligro la convivencia; es una forma de expresar su inquietud por un futuro deseado que no acaba de llegar”.

“Por eso”, continúa el texto, “no es aceptable que de estos actos de manifestación salgan heridos, algunos de elos de gravedad”. Según aseguran, una joven que fue alumna del centro el curso pasado “sufrió una rotura de la órbita ocular” y “casi pierde un ojo”.

“Rechazamos actuaciones que pongan en peligro la integridad física de estos chicos y chicas. Son nuestro alumnado; los vimos crecer y madurar en paz. Son nuestros hijos, nuestras hijas; son los cimientos de la próxima sociedad. Claman porque se les permita tomar sus caminos. No podemos callarlos y, sin duda, la violencia no es la respuesta”, concluyen.

La jueza de la plaza 3 del Tribunal de Instancia de Betanzos ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de los ocho detenidos, uno de ellos miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en un operativo contra el tráfico de drogas en varias localidades de la provincia de A Coruña.

Según han informado fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), en esta jornada pasaron a disposición cinco detenidos y en la jornada del domingo otros tres arrestados dentro de la misma causa. El operativo fue llevado a cabo por la Guardia Civil, la Policía Nacional y Vigilancia Aduanera, informa Europa Press.

Estas ocho personas detenidas están investigadas por un delito contra la salud pública de sustancias que causan grave daño a la salud en cantidad de notoria importancia y por pertenencia a organización criminal.

A mayores, dos de los arrestados que pasaron este jueves a disposición judicial están investigados por tenencia ilícita de armas y un tercero por revelación de secretos y acceso ilícito a información reservada.

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha reclamado finalmente a Audasa –concesionaria de la autopista de peaje AP9– 120.000 euros por el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) que quedó pendiente de cobro entre los meses de agosto y diciembre de 2023, cuando terminó la exención “franquista”.

En un audio grabado y enviado a los medios de comunicación, recogido por Europa Press, el regidor ha informado de que el Ayuntamiento remitió este miércoles a la empresa la liquidación pendiente de este impuesto, explicando que desde 1972 la compañía gozaba de una exención del 95% del IBI, que finalizó a mediados de 2023.

Así, durante años Audasa pagaba a Vigo una cuota reducida de algo más de 18.400 euros, mientras que ahora tendrá que pagar el 100% cada año, alcanzando los 383.000 euros anuales.

Abel Caballero ya había informado a principios de este año que reclamaría a Audasa la cuota correspondiente a los últimos meses de 2023, cuando la empresa siguió aplicando la bonificación del 95% pese a que ya había expirado.

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, reclama que la investigación sobre el choque de dos trenes en Urda, que deja, hasta el momento 69 fallecidos, se lleve “hasta las últimas consecuencias, con rigor e independencia” y que, de este modo, las víctimas reciban “la verdad, la justicia y la reparación” que no tuvieron los afectados por el accidente del Alvia en Angrois en 2013. La líder de la formación nacionalista pide, además que se depuren responsabilidades, “caiga quien caiga”: “Esto no va de un ministro ni de un gobierno, va de garantizar que tengamos infraestructuras seguras y que accidentes de esta magnitud, con un coste en vidas humanas que es impagable, no se vuelvan a repetir”.

Pontón, que participó en el minuto del silencio de todos los grupos en el Parlamento de Galicia, volvió a trasladar su apoyo a las víctimas y manifestó que en Galicia “remueve por dentro” porque trae a la memoria el accidente de Angrois, que considera que dejó como lección que “ante una tragedia de este tipo es imprescindible, incluso un imperativo legal, darles a las víctimas y a sus familias verdad, justicia y reparación”.

Añadió que la deuda no se saldó en el caso de Angrois y señaló como responsables al PP y al PSOE. Recordó también que Alberto Núñez Feijóo, que era presidente de la Xunta cuando se produjo aquel accidente, se opuso a una investigación en el Parlamento gallego sobre lo ocurrido, en donde el PP votó cuatro veces en contra. Indicó que la formación conservadora también se opuso tres veces en el Congreso, aunque en la Cámara baja terminó por crearse una comisión de investigación en 2017. “Está bien que Feijóo diga que España merece saber, pero también Galicia merecía saber y Feijóo hizo todo lo posible para evitarlo”, protestó Pontón. Ahora, tras el choque de Urda, exige una investigación que no se cierre en falso y que se tomen medidas para garantizar la seguridad de los trenes.

La Confederación Anpas Galegas ha criticado que la Consellería de Educación haya anunciado un incremento presupuestario para los centros educativos concertados y privados para 2027, exigiendo explicaciones a la Xunta.

En un comunicado recogido por Europa Press, la asociación ha mostrado su “sorpresa” ante esta decisión autonómica, “difícil de justificar”, en un contexto de dificultades que soportan los centros educativos públicos, como la “falta de especialistas de atención a la diversidad”, la escasez de mantenimiento o el “abandono” de la enseñanza no obligatoria.

“Es difícil de justificar cuando la enseñanza concertada ya hace tiempo que perdió su razón de ser. Galicia tiene 22.500 alumnos menos que hace 10 años. ¿Tenemos que entender que no hay plazas en la escuela pública suficientes?”, han lamentado, indicando que en los próximos años seguirá esta tendencia.

Por ello, las anpas se preguntan por qué se utiliza la bajada de la natalidad para justificar el cierre de unidades en la enseñanza pública, pero al mismo tiempo se incrementan los recursos destinados a la concertada.

“¿Qué modelo educativo está defendiendo la Consellería. No es suficiente con hablar de igualdad, de calidad o de neutralidad ideológica. Hay que explicar a qué centros se destinan los recursos, qué necesidades se dejan sin atender y a quién benefician esas decisiones”, insisten.

Para las anpas, “está claro el objetivo no es fortalecer la enseñanza pública”, sino “destinar los recursos de todos a unos pocos”.

El pasado 24 de julio, víspera del Día de Galicia, la Xunta contrató por casi 900.000 euros las tareas administrativas de seguimiento, análisis y valoración de las autorizaciones ambientales integradas (AAI) a una unión temporal de empresas formada por SGS Tecnos S.A.U. y Acivro Consultoría de Medioambiente, S.L. Lo hizo después de que en marzo de 2025, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) anulase, tras una denuncia del sindicato CIG, parte del decreto que regulaba las entidades de colaboración ambiental, al entender que implicaba “una privatización parcial” del proceso de redacción de esas autorizaciones. La Consellería de Medio Ambiente defiende que, en esta ocasión –al contrario de lo que sucedía con el decreto–, las labores estrictamente técnicas que se externalizan no invadirán “potestades públicas”.

El departamento que hasta el martes dirigía Ángeles Vázquez y que ahora encabeza Nicolás Vázquez –exsecretario general de Industria con competencias en Desarrollo Energético– se escuda en su “insuficiencia de medios” para ejecutar ya no las tareas de tramitación sino las de supervisión de las AAI. “Para la evaluación de la documentación relativa a los seguimientos (...) es imprescindible disponer de un equipo especializado en tareas y trabajos de análisis, valoración y/o redacción de informes técnicos referidos a dichos seguimientos, así como para dar respuesta al resto de necesidades” , explican en la justificación del contrato. El personal “mínimo” para el servicio son un coordinador y cuatro técnicos a tiempo completo. El contrato, con un coste de 874.849,08 euros, IVA incluido, se extiende durante 36 meses, prorrogable otros 24 más.

“La Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Sostibilidade carece de los medios de personal y técnicos propios para poder llevar a cabo este servicio” ya que “toda la información que los titulares deben presentar ante la Administración supone un volumen de entradas y salidas de documentación que hay que gestionar (revisar, incorporar a un expediente digital y almacenar la información) por lo que es necesaria una labor administrativa inicial y posteriormente una labor técnica de análisis del expediente que no resulta asumible para el departamento con su actual dotación de medios personales”.

“Esta modalidad de colaboración técnica se encuentra expresamente amparada por la legislacion de contratos del sector público y resulta coherente con la doctrina del TSXG que, en dos sentencias recientes, reconoció la posibilidad de recurrir a medios externos para la realizacion de tareas de naturaleza técnica o instrumental que no impliquen el ejercicio de potestades públicas”, explica por correo electrónico un portavoz de Medio Ambiente.

Adjudicación con giro final

Al concurso público, convocado en febrero, se presentaron dos propuestas: la de WSP SPAIN-APIA S.A.U. y la UTE de Tecnos y Acivro. La oferta de WSP fue la mejor valorada. La mesa de contratación le otorgó una valoración total de 90 puntos frente a los 73,38 de su competidora. Parte de la ventaja la obtuvo en la oferta económica: 632.362,20 euros –sin IVA– frente a 723.015,77. Pero, además, su equipo ganaba tambien en experiencia (5 puntos a 0) y formación específica (10 a 5).

Sin embargo, pese a esas puntuaciones, y después de solicitar documentación complementaria, la mesa consideró que “parte del equipo mínimo de trabajo” propuesto por WSP –una multinacional con 75.000 empleados y unos 600 trabajadores en plantilla en España – no acreditaba el tiempo mínimo de experiencia laboral requerido por el contrato. Para la Xunta, ese hecho equivalía a retirar su oferta, por lo que la adjudicación, “como indica la normativa de contratación del sector público” pasó al siguiente licitador.

SGS Tecnos –filial española del grupo suizo– está considerada una de las líderes del sector de inspección y control para fabricantes y promotores de parques eólicos, un trabajo que ahora, junto a la consultora Acivro, realizará para el otro lado: la administración. Acivro, que tiene como administrador único a Miguel Ángel Caruncho Campanario, presidente de la Asociación de Constructores de Pontevedra, ha realizado más de una decena de proyectos para parques e infraestructuras de la energética Greenalia.

El propietario de Greenalia, Manuel García Pardo, impulsó junto a Altri el proyecto de macrocelulosa en Palas de Rei (Lugo), que generó una enorme oposición social y del que el gobierno gallego acabó desistiendo. Culpó de ello al ejecutivo central, por negar la subestación energética que reclamaba la pastera para su puesta en marcha. Sin embargo, esa planificación energética no es todavía definitiva y su redacción final dependerá del gobierno que salga de las urnas tras el 29N.

En respuesta a elDiario.es, Medio Ambienta subraya que los parques eólicos “no están sometidos al régimen de AAI, por lo que los trabajos de asesoramiento ambienal a los promotores de estos proyectos no guardan relación con el objeto del contrato”. Añaden además que los pliegos de licitación establecen expreamente un régimen de incompatibilidad que impide desarrollar, durante la vigencia del contrato, trabajos para empresas o particulares relacionados con el servicio, “incluida la elaboración de documentación relativa a las modificaciones, revisiones, adaptaciones o seguimiento de las AAI”.

La sentencia de la Sección Tercera

En julio de 2023, la Xunta publicaba el decreto que regulaba las llamadas entidades de colaboración ambiental, una norma impulsada por Núñez Feijóo que vio la luz ya bajo la presidencia de su sucesor, Alfonso Rueda. En aquel momento, los socialistas ya alertaron de que lo que estaba haciendo el ejecutivo autonómico era privatizar el control ambiental de los grandes proyectos industriales. Lo mismo pensaba el sindicato nacionalista CIG, el de mayor implantación en Galicia, y por eso lo llevó a los tribunales.

En marzo de 2025, la Sección Tercera de la Sala de la Contencioso-Administrativo del TSXG le daba la razón y anulaba artículos del decreto, como el número 27. En él se hablaba del “carácter privado de las entidades de colaboración ambiental y la completa externalización, que se concibe con carácter estructural”, algo que resultaba contrario al Estatuto Básico del Empleado Público y al Régimen Jurídico del Sector Público.

Los magistrados también echaban en falta “mecanismos de control realizados por funcionarios públicos sobre la actuación de estas empresas en el procedimiento en concreto”, por lo que a la Xunta sólo le quedaba la posibilidad de realizar “simples ratificaciones, sin posibilidad de contraste”. Lo que ahora se ha contratado con Tecnos y Acivro es la privatización de otra parte del proceso, la que afecta al seguimiento de las autorizaciones ya concedidas.

Aquella resolución judicial fue uno de los múltiples choques entre el gobierno de Alfonso Rueda y la Sección Tercera, de la que formaba parte el magistrado Luís Villares, a quien los populares nunca le perdonaron su pasado como líder de la confluencia En Marea entre 2016 y 2020. Señalado tanto desde la Xunta y el PP como desde la patronal, Villares y su compañera Dolores López fueron trasladados forzosamente a la Sección Cuarta en marzo, dejando la Tercera “desmantelada” –según Jueces y Juezas para la Democracia– en una decisión que la oposición tildó de “escándalo” y que ha dividido por la mitad incluso al Consejo General del Poder Judicial.

El Tribunal Supremo del Reino Unido ha reconocido a la aseguradora del Prestige –el petrolero que en noviembre de 2002 contaminó la costa con el vertido de más de 63.000 toneladas de fuel cuando transitaba a la altura de la gallega– su derecho a ser indemnizada.

Así lo recoge el fallo tras un pleito en relación a esta cuestión y las exigencias planteadas por la aseguradora London Steam-Ship Owners' Mutual Insurance Association. En él, según informa Europa Press, se determina que podrá ser indemnizada por España, que tampoco tiene opción de cobrar los 855 millones del seguro.

Entre otras cuestiones, sostiene que “el hecho de que las partes y los árbitros emplearán la denominación 'compensación en equidad' no priva a la citada aseguradora ”del derecho al resarcimiento económico que legalmente le corresponde por incumplimiento contractual“. Lo hacen al estimar el recurso de apelación de esta parte frente a las pretensiones de España, pero también del Estado francés.

En el recurso, se planteaba cómo se aplica a un contrato que contiene una cláusula de arbitraje el principio según el cual un tercero no puede acogerse al beneficio de un contrato “sin aceptar su carga”.

En concreto, consistía en determinar si un tribunal ordinario o un tribunal arbitral ostenta la potestad de conceder dicha compensación por el incumplimeitno de lo que se ha calificado como una obligación en equidad de someterse a arbitraje. Esto después de que España no se se sometiese al mismo.

El fallo, que no establece cuantías concretas, se produce reconociendo el derecho a la citada compensación después de que se plantease una reclamación de 855 millones en los tribunales españoles y no por la vía del arbitraje, de acuerdo con la póliza existente para el barco siniestrado.

La subasta de bienes sacados del Pazo de Meirás es “un espectáculo lamentable e inmoral”, según la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica (CRMH) de A Coruña, que carga contra el Estado y la Xunta porque considera que esto es una evidencia de que “no defendieron adecuadamente” estos objetos, muchos de los cuales sostiene que deberían formar parte del patrimonio público. Lamenta esta “especie de feria de oportunidades del franquismo” que tiene como beneficiarios a los herederos del dictador Francisco Franco: “Una asquerosa apología muy lucrativa del régimen”.

El colectivo memorialista protesta porque las administraciones no atendieron sus peticiones de hacer inspecciones de los bienes y, en caso de que se encontrase alguno del dominio público, se impidiese la venta. Con independencia de que figuren o no en inventarios, “los bienes de dominio público son imprescriptibles e inalienables”, recalca. La CRMH hace referencia a los inventarios e informes encargados sobre los bienes que estaban en el interior del pazo una vez que la Justicia falló que el inmueble debía pasar a manos del Estado. Esos documentos fueron los que determinaron qué piezas debían permanecer en Meirás y cuáles se consideraban propiedad de los Franco.

La CRMH asegura que, entre los bienes sacados a subasta, hay objetos que estaban en Meirás antes de que muriese el dictador e incluso antes de la llegada de los Franco en 1938, por lo que están ligados a la escritora Emilia Pardo Bazán o al periodo de la dictadura. Cuestiona que estas piezas no se hayan reclamado como patrimonio público. En el catálogo de la puja, insiste, se evidencia que muchos de los objetos tienen, “como mínimo, una aparente vinculación” con esas etapas históricas y que, en varios casos, es fácil identificarlos con fotografías antiguas. “Exigimos, pues, que se den las explicaciones oportunas de por qué bienes del pazo, que tienen la consideración anteriormente descrita, no fueron incorporados a los inventarios que defendió la Abogacía del Estado en los diferentes procesos de reclamación judicial”.

Esta falta de diligencia de la que acusan a Xunta y Estado en la defensa de los bienes de Meirás “atenta contra la integridad patrimonial del pazo”, pero también “contra la memoria y el respeto que una sociedad democrática debe ofrecer a las víctimas del franquismo”. “Es inaceptable que, a más de 50 años de la muerte del dictador Franco, sus herederos continúen apropiándose de bienes que tienen su origen en la dictadura franquista”, recalcan. Y consideran que esto contradice algunas de las afirmaciones que se hacen en la reciente declaración del pazo como Lugar de Memoria, como la de que el inmueble deja de ser un símbolo de la apropiación y el poder franquista para ser un referente de la defensa de los valores democráticos y de la construcción de una memoria colectiva basada en la verdad, la justicia, la reparación y la preservación del patrimonio común. Con la subasta “ocurrió justo lo contrario”, agregan.

La CRMH recuerda que está pendiente la ejecución de la liquidación del estado posesorio de Meirás, lo que va a implicar que el Estado abone una compensación a los Franco por abandonar el pazo, dado que la sentencia considera que los herederos del dictador actuaron de buena fe. De nuevo, protesta el colectivo, los beneficiarios son los descendientes de Francisco Franco. Estos ingresos que van a tener, tanto por la indemnización como por la subasta, se derivan de procesos en los que las administraciones “reconocieron derechos a los herederos del dictador que resultan insoportables en términos morales y democráticos”, concluyen.

Los científicos del Instituto de Investigacións Mariñas (IIM), un centro dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), creen que han localizado en el interior de la ría de Vigo la mayor colonia de caballitos de mar –en concreto de Hippocampus guttulatus, los que tienen el hocico alargado– del litoral español. El equipo del proyecto Hippo Dec quiere ahora identificar a cada uno de los ejemplares que componen ese grupo, estudiar su comportamiento tanto de día como de noche y hacerles un seguimiento. La información de la que disponen, por el momento, es que tienen una actividad nocturna inusual en una especie diurna: han sido vistos comiendo y adoptando curiosas posturas, colocados boca abajo, mirando al fondo en busca de presas en las horas de oscuridad, cuenta uno de los especialistas implicado en el estudio, Miquel Planas.

Lo que puso sobre aviso a este grupo de investigadores (además de Planas, forman parte del equipo Sira Pereira Cividanes y Jorge Hernández Urcera) fue la información recabada por José Irisarri, un documentalista submarino que hizo numerosas inmersiones en una zona del interior de la ría de Vigo en la que se encontró con que puede haber entre 50 y 70 caballitos de mar, lo que convertiría a esta colonia en la mayor de España. Los expertos del IIM han hecho hasta ahora una única inmersión, para acotar la zona de estudio, pero a partir de noviembre confían en poder hacer al menos una inmersión diurna y otra nocturna cada mes.

Planas explica que quieren poder distinguir a cada uno de los ejemplares. Esa labor de identificación la van a hacer mediante el patrón de puntos blancos que tienen en el cuerpo, sobre todo en el tronco y la cabeza, y que es distinto en cada individuo. “Queremos saber cuántos son, quiénes son, si se relacionan o no, analizar su comportamiento y comparar el día y la noche”, expone. También tienen la intención de hacer un documental, de menor duración que otro realizado hace ocho años, SyngDoc. El desconocido mundo de los signátidos, premiado en el Ciclo Internacional de Cine Submarino de San Sebastián.

El proyecto Hippo Dec, financiado por el Ministerio para la Transición Ecológica, va por su cuarta anualidad. El objetivo del plan es evaluar el estado del caballito de mar en el litoral español. La especie es vulnerable y el Hippocampus guttulatus acaba de ser incluido en el catálogo de especies amenazadas. En esta tarea, los investigadores cuentan con la llamada ciencia ciudadana: fotografías, imágenes e información que aportan de sus observaciones personas que no tienen por qué ser especialistas en ese campo.

Ahora, los científicos del IIM van a estudiar a fondo esta abundante colonia localizada en la ría de Vigo. Y, en función de los resultados, propondrán que se aplique protección a esta zona, que Planas indica que es una pradera de zostera (una planta acuática que está en retroceso por la contaminación y otros efectos de las actividades humanas) bien conservada, en la que no hay actividad ni de pesca ni de marisqueo y se ha convertido en un refugio no solo para caballitos de mar, sino para otras muchas especies que encuentran también alimento aquí.

Un arrecife artificial en el puerto

Los caballitos de mar se dejan ver también por áreas menos esperables en la ría de Vigo. Los varios avistamientos acumulados en el puerto de la ciudad llevaron a instalar a este año varias estructuras, similares a jaulas, en dos puntos distintos, en el visor de A Laxe y en el de Bouzas. La intención era crear un arrecife artificial para facilitarles la permanencia en la zona, sobre todo para proporcionales estructuras para agarrarse, dado que estos animales suelen usar la cola para aferrarse y consumir menos energía. El investigador Jorge Hernández Urcera explicaba el pasado mes de febrero que al principio fue una sorpresa recibir tantos avisos de que alguien había visto un hipocampo en un lugar con tanto trasiego como el puerto vigués. Después le encontró una lógica: siempre hay alguna zona con pocas perturbaciones y con alimento y los amarres les proporcionaban puntos a los que sujetarse.

Así surgió la idea de instalar varias estructuras submarinas y observar lo que ocurría. Hernández Urcera indica que este mes terminó el seguimiento mensual y ahora es momento de preparar el informe final. Cuenta que en la actualidad hay dos refugios fondeados en el visor de A Laxe, que están allí desde febrero, y en los que han visto a unos 20 ejemplares de caballito de mar. Hay otros dos refugios en el visor de Bouzas desde julio y allí han observado a dos de estos animales. Los investigadores tienen que analizar las imágenes tomadas para determinar si hay observaciones repetidas del mismo ejemplar en diferentes días o son distintos.

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha calificado los cambios en las consellerías de Política Social y Medio Ambiente como un intento de convertir este último departamento autonómico en “un apéndice de Industria”. Así lo ha manifestado, a preguntas de los periodistas, en el acto de presentación de los candidatos al Congreso y al Senado para las elecciones generales por la provincia de A Coruña y después de que los nuevos conselleiros de Política Social e Igualdade, Ángeles Vázquez, y de Medio Ambiente e Cambio Climático, Nicolás Vázquez, hayan tomado este martes posesión de sus cargos.

De Ángeles Vázquez, ha recordado su paso por “muchas conselleiras, cada vez de menor rango”. Mientras, ha considerado que con los cambios “el PP quiere pisar al acelerador del expolio y la depredación de nuestro territorio” para “no tener una Consellería de Medio Ambiente sino un apéndice de Industria”. Ello, ha añadido, “para favorecer a grandes proyectos que vienen aquí a expoliar nuestra riqueza y dejarnos contaminación y destrucción”. “El PP está demostrando que gobierna para los grandes lobbys y quiere continuar con esa política de ataque a nuestro medio ambiente”.

“También un síntoma de que saben que les queda poco tiempo en el Gobierno gallego”, ha sentenciado. Cuestionada si cree que puede volver a retomarse el proyecto de Altri, ha indicado que el PP “no lo denegó por razones ambientales”. “Lo puso en el congelador por un problema de conexión a la red elétrica”. Al respecto, se ha mostrado convencida de que si la formación popular gobierna a nivel estatal “la decisión será resucitar Altri”.

El paro subió en 19.400 personas en el tercer trimestre del año en Galicia, lo que supone un 19,24% más que en el trimestre anterior, el mayor incremento entre todas las comunidades autónomas y muy por encima de la media estatal, que fue del 3,8% en ese mismo periodo, según los datos de la encuesta de población activa publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). En total, el número de personas desempleadas en la comunidad escaló hasta las 120.500 y la tasa de paro se situó en el 9,17%.

Si la comparación se hace con el mismo trimestre del año pasado, la fotografía no mejora mucho en el contexto del resto de comunidades, dado que se han sumado 17.900 personas al cómputo de desempleados, un 17,5% más (solo la subida de Navarra es más acusada, con un 31,68%). Mientras tanto, la suma estatal bajó en 21.900 personas en estos últimos doce meses, lo que supone un descenso del 0,84%. La población activa alcanzó los 1,3 millones de personas en el tercer trimestre en Galicia. Son un 3,2% más que en el trimestre anterior y un 2,48% más que un año antes.

Los datos del INE muestran que Galicia superó los 1,19 millones de trabajadores ocupados, que son 21.300 más que en el segundo trimestre (el incremento es del 1,82%) y 13.900 más que en el verano pasado (una subida del 1,18%). De este modo, España batió un nuevo máximo histórico de empleo, de más de 22,8 millones de trabajadores, en un tercer trimestre más flojo de lo habitual en creación de puestos de trabajo, con 73.600 personas ocupadas más, y con un alza del paro más elevada de lo que suele registrarse en verano, que alcanzó las 95.900 personas. En paralelo, hay un fuerte incremento de la población dispuesta a trabajar, la población activa, de casi 170.000 personas respecto al trimestre anterior.

Abanca registró un beneficio después de impuestos de 579,1 millones de euros entre enero y septiembre de este año, lo que supone un 13,6% menos respecto al mismo periodo del año pasado debido al incremento de la tasa fiscal efectiva provocado por el menor uso de créditos fiscales (del 7% al 28%). Pese a esto, según ha informado la empresa, su beneficio antes de impuestos creció un 2,4%, hasta 764,5 millones de euros, destacando Abanca su “sólida rentabilidad” gracias al crecimiento “eficiente” de su negocio recurrente y a la buena gestión de su balance. Precisamente, la rentabilidad ROTE de la firma se situó en el 12,2% y la rentabilidad sobre CET 1 en el 14,8%, con una “elevada holgura” sobre el coste del capital.

“La solidez de sus fundamentos permite a la entidad afrontar el entorno incierto desde una base robusta. La combinación de una amplia solvencia (colchón de capital de 1.900 millones), una alta calidad de los activos (1,8% de morosidad, 88% de cobertura) y una amplia posición de liquidez sitúan a Abanca como una de las entidades más sólidas del sector”, ha reivindicado el banco.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, defiende usos de la inteligencia artificial como el dado por el PP a esta tecnología para generar vídeos en los que se suplanta la identidad de Begoña Gómez, José Luis Rodríguez Zapatero o Montse Mínguez para que aparezcan reconociendo presuntos delitos. “Hombre, estamos hablando de redes sociales, que cada vez se vuelven más atrevidas, innovadoras y más, entre comillas, transgresoras”, defendió.

Rueda, que es también presidente del PP gallego consideró que el uso es adecuado, si se hace “con límites y con respeto”, algo que considera que se da en este caso. La condición que pone es que se debe indicar que se recurre a la inteligencia artificial para crear esos contenidos.

El presidente gallego ha cargado contra “los que más se quejan” por este tipo de campañas en redes sociales porque considera que son los mismos que “en su momento fueron más allá”. No concretó, sin embargo, a qué actitudes concretas se refería, pero sí manifestó que está convencido de que “si se les corre algo original”, lo harán antes de que termine la campaña para las elecciones del 29 de noviembre. No hay, repitió, “absoluta barra libre”, pero su postura es que las redes sociales están “para ser transgresoras, más cuando se habla de inventiva política”.

Tras difundir el PP los vídeos hechos con IA, el PSOE señaló que estaba estudiando emprender acciones legales.

Ángeles Vázquez, la hasta ahora conselleira de Medio Ambiente -una área en la que cosechó constantes críticas de los colectivos ambientalistas- va a ser la nueva titular de la Consellería de Política Social e Igualdade. Vázquez, que se ha destacado por su defensa de Altri, cambia de competencias para cubrir el puesto de Fabiola García, quien cesó como responsable de las políticas sociales de la Xunta para concurrir de número dos en las listas del PP al Congreso por A Coruña el próximo 29 de noviembre.

El puesto de Ángeles Vázquez en Medio Ambiente lo va a ocupar Nicolás Vázquez, el hasta ahora secretario xeral de Industria e Desenvolvemento Enerxético. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, resuelve la remodelación de su gabinete con promociones internas: la conselleira Ángeles Vázquez se ve premiada con un departamento con más tamaño y presupuesto -1.535 millones de euros previstos para 2027, frente a los 168,5 de Medio Ambiente- y al frente de las políticas ambientales asciende a un perfil procedente del área de la industria.

La comunicación de los cambios no se hizo hasta después de que finalizase la comparecencia ante la prensa en la que Rueda informa de los asuntos abordados en el Consello de la Xunta. Se hizo mediante una nota de prensa, en la que se recuerda la trayectoria de ambos. Ángeles Vázquez, que fue alcaldesa en Melide (A Coruña), entró en la Xunta en 2015, cuando Alberto Núñez Feijóo era el presidente, para ocuparse de la Consellería do Medio Rural. En 2018 pasó a la cartera de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda. Llegó a ser vicepresidenta segunda de la Xunta, pero Alfonso Rueda modificó la estructura del Gobierno gallego tras lograr su primera mayoría absoluta en 2024 y eliminó las dos vicepresidencias que había hasta entonces, un modelo heredado de Feijóo.

Fabiola García firmó su cese el domingo y, por lo tanto, el Consello de esta semana se hizo sin conselleira de Política Social para presentar los temas de su departamento -unas ayudas para que las familias paguen menos por el comedor en las escuelas infantiles de entidades de iniciativa social-. Según Rueda, la demora entre la salida de una titular y el nombramiento de la siguiente no se debió a ningún problema, sino que fue de índole práctica, para evitar posibles objeciones de la Junta Electoral a que hubiese estado ejerciendo en un cargo incompatible con ser candidata al Congreso hasta el mismo día en el que se registran las listas para las elecciones del 29N.

García deja un departamento que ha afrontado o afronta conflictos en todas las áreas de su competencia: de los problemas en las residencias de mayores y el servizo de axuda no fogar (SAF), a las protestas en la educación infantil, las demoras en la atención a la dependencia o las resistencias a acoger a menores migrantes.

Por su parte, Nicolás Vázquez da el salto de las políticas industriales al medio ambiente. El perfil elegido por Rueda es el de un funcionario que pasó ya por la Vicesecretaría Xeral de la Vicepresidencia y la Consellería de Presidencia entre 2015 y 2020, cuando el vicepresidente y conselleiro de Presidencia era el propio Rueda. En septiembre de 2020, tras las elecciones autonómicas de ese año, pasó a ser secretario xeral técnico de la Consellería do Medio Rural y, en junio de 2023, pasó a ocupar el cargo de secretario xeral de Industria -dentro de la Consellería de Economía e Industria-. Un año después sumó las competencias de Desenvolvemento Enerxético.

El nuevo conselleiro, nacido en Lugo en 1974, es licenciado en Ciencias Físicas por la Universidade de Santiago de Compostela y en Ingeniería Industrial por la UNED. Trabajó en el sector privado como consultor en sistemas de información, según indica la Xunta. Entre 2001 y 2015 se ocupó de diferentes funciones en el Instituto Enerxético de Galicia (Inega) y ese último año se incorporó como funcionario del cuerpo facultativo superior de la Xunta.

Ángeles Vázquez, por su parte, es una veterana en la política institucional. Nacida en 1972 en Melide, es licenciada en Geografía e Historia por la Universidade de Santiago de Compostela. Fue alcaldesa en su localidad natal en dos periodos: entre 2004 y 2007 y entre 2011 y 2015, además de concejala, diputada provincial en A Coruña y diputada en el Congreso.

La toma de posesión de ambos será el martes a las 9.00 horas en el Pazo de Raxoi. Rueda ha adelantado que la comparecencia en el Parlamento para presentar los presupuestos de Política Social, que estaba prevista para la misma jornada, se va a retrasar.

Anova, la organización fundada por el histórico nacionalista Xosé Manuel Beiras -fallecido el 8 de octubre-, ha vuelto a pedir el voto para el BNG, la formación de la que se escindieron la mayor parte de sus cuadros y militantes en 2012. Será la cuarta ocasión en que lo hace, tras las elecciones al Congreso de 2023, las europeas de 2024 y las autonómicas de ese mismo año. “Hacemos un llamamiento a la participación de la ciudadanía gallega”, señala en un comunicado, “con un voto utilitario antifascista en los comicios del próximo 29 de noviembre, pidiendo el apoyo en nuestro país a la candidatura soberanista del BNG”.

El partido, que ahora dirige el médico y exalcalde de Santiago de Compostela Martiño Noriega, reitera su análisis de coyuntura de los últimos años. La resistencia al avance de la ultraderecha en el Estado la encabezan las izquierdas soberanistas, entre las que citan a EH Bildu, Esquerra Republicana, la CUP y el propio BNG. “Fueron la voz de las mayorías sociales en las instituciones y el antídoto contra las extremas derechas”, sostiene. Anova mantiene, al mismo tiempo, alianzas municipalistas con sectores de la izquierda federal. Fue además una de las impulsoras de las mareas que sacudieron la política gallega hace una década y cuya presencia es en la actualidad reducida.

“Es necesario impulsar un llamamiento urgente a defender la democracia”, añade, “los partidos políticos tienen la obligación de entenderse y proyectarse en la sociedad como herramientas al servicio de las mayorías sociales, nunca como un fin en sí mismo”. Anova define la situación político social actual como de emergencia y entiende que las derechas amenazan los avances feministas, el derecho a usar la lengua gallega o la vivienda, los servicios públicos o una transición ecológica justa. Y, como ha repetido desde su fundación, remite a las plazas y a las calles como lugar desde el que reaccionar: “Marcan el camino, organización, programa de ruptura, huelga general y combate cívico”.

La investigación del proyecto Sensoxenoma resulta, al mismo tiempo, compleja de explicar y sencilla de comprender. Sucede a menudo con la ciencia que se mueve en las fronteras del conocimiento. “¿Puede un estímulo musical producir una respuesta biológica medible?”, resume la pregunta inicial uno de sus documentos de trabajo. Y lo explica a elDiario.es, con otras palabras, el biólogo y genetista Antonio Salas, uno de sus investigadores principales: “Queremos saber qué sucede a nivel molecular ante los estímulos sensoriales”. La base material de las emociones, de alguna forma, pero sobre todo una vía desconocida a los secretos últimos de la biología y, quizás, a nuevos procesos terapéuticos.

Sensoxenoma comenzó en 2019 de la mano del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela (IDIS) y de los grupos de investigación GenPoB y GenVip de la universidad de la ciudad. Salas Ellacuriaga y el pediatra Federico Martinón son sus investigadores principales. Lo coordina la musicóloga y doctora en ciencias de la educación Laura Navarro y en él trabajan unas 60 personas. Su campo de estudio se encontraba, en buena parte, por rozar. “Hasta donde sabemos nadie en el mundo está explorando esta área”, asegura Salas, “hemos creado el concepto de sensogenómica [una disciplina de la ciencia genómica que busca investigar como los estímulos sensoriales repercuten en el ADN] y ya hemos publicado 12 trabajos científicos en revistas importantes, cuando no había nada”. Y todo surgió en una casa. En la de Salas, concretamente.

“Soy muy melómano. Y en mi familia la música ha funcionado a menudo como terapia y jugado un papel fundamental en la recuperación fisiológica de una de mis hijas”, relata, “yo quería entender qué pasaba”. Los efectos de la música en las personas los han estudiado neurocientíficos o psicólogos cognitivos, pero faltaba la perspectiva molecular. Genética. Si alguien se emociona al escuchar música, qué sucede en ese momento en los genes. “Intentamos comprender lo más básico, las páginas de la partitura de nuestra genética y como esta se expresa al estimularse”, metaforiza, “en este caso con la música, algo que seguro está enraizado en nuestro genoma”. Los instrumentos musicales más antiguos conocidos, recuerda, datan de hace 40.000 años. Y los seres humanos nacen siendo “seres musicales”, con sentido del ritmo.

Dimensión social de un proyecto científico

A partir de esas intuiciones, Sensoxenoma ha creado un método experimental en el que se combinan genética, transcriptómica (estudio de las moléculas de ARN), proteómica (estudio de las proteínas), microbiota (estudio de microorganismos vivos), psicofisiología y participación ciudadana. Y que obtiene sus muestras y resultados a partir de conciertos de la Real Filharmonía de Galicia en colaboración con asociaciones de pacientes con deterioro cognitivo, daño cerebral o trastornos del espectro autista. “El proyecto, cuya dimensión científica es fundamental, ha adoptado también una dimensión social importantísima. Trabajamos con 24 entidades”, anota Salas.

“Una persona con alzhéimer no recuerda el nombre de su hijo pero sí Ondiñas veñen. A los que padecen daño cerebral, la música suele servirles como terapia. Y aquellos con autismo poseen una sensibilidad especial para la música y hay estudios que relacionan esa condición con el oído absoluto”, explica sobre los motivos para centrar parte de las investigaciones en esos colectivos. Pero no solo. A los conciertos experimentales del Auditorio de Galicia, en Santiago de Compostela, han acudido todo tipo de personas. Van cinco ediciones.

La primera, en 2022, ya obtuvo resultados significativos. Habían asistido personas con deterioro cognitivo y otras que no. A todas les recogieron muestras de sangre -un pinchazo en el dedo- y saliva. Más de mil muestras. En las primeras, sus genes cambiaron de expresión casi el doble de veces en que en las segundas. Lo del “cambio de expresión” es importante. Lo recuerda Laura Navarro, musicóloga y coordinadora del proyecto. “El ADN, los genes, no cambian, no se modifican. Pero ante cualquier estímulo se expresan, eso es el ARN y lo que nosotros estudiamos”, indica. En cualquier caso, en esa primera experiencia musical, los genes cuya actividad estaba alterada de las personas con deterioro cognitivo tendían a cambiar el sentido de su desplazamiento tras el estímulo musical.

“Esta conclusión abre una hipótesis de posible respuesta compensatoria”, aduce un documento del proyecto, que también advierte: “Pero no demuestra que la música trate o cure una enfermedad neurodegenerativa”. De hecho, Sensoxenoma avisa contra los malentendidos de la divulgación. “Nuestro proyecto no pretende demostrar que la música cure alzhéimer, daño cerebral u otras patologías”, dice uno de sus dosieres, “sus resultados son investigación básica y traslacional que ayudan a describir mecanismos y generar hipótesis”.

Los conciertos continuaron. Incorporaron sensores de ritmo cardíaco y de actividad en la piel. Se recogieron muestras de lágrimas. Los repertorios también cambiaron: música clásica, a veces más popular -Carmen, de Bizet-, a veces menos; música de cine, más figurativa y asociada a emociones claras -tristeza, alegría. “Hay una parte biológica de la relación que tenemos con la música, una ancestralidad”, sostiene Navarro, quien además avanza que uno de sus objetivos para 2027 es utilizar otras músicas. Le interesan especialmente el jazz o la improvisación. “Dependiendo del estilo, el número de estímulos cambia. No es lo mismo una partitura de Beethoven que C. Tangana”, dice.

“Vemos cosas inimaginables”

“Estamos viendo cosas inimaginables. Algunas respuestas abren caminos para procesos terapéuticos”, defiende Antonio Salas, “y desde luego aportan información sobre la discapacidad”. Sus documentos señalan que la pregunta inicial, aquella “¿puede un estímulo musical producir una respuesta biológica medible?”, ya ha cambiado. Los resultados permiten “preguntas más precisas”: ¿Qué mecanismos se activan? ¿Qué personas responden de forma diferente? ¿Cuánto dura el efecto?

También los objetivos en el futuro inmediato del proyecto. Entre ellos, “explorar posibles aplicaciones de la música como intervención no farmacológica, siempre dentro de estudios clínicos específicos”. Parte ya lo han llevado a la práctica. El proyecto Euterpe ADN deriva de Sensoxenoma y consistió en un año de intervenciones en siete centros de mayores —con deterioro cognitivo o no— en Galicia y el norte de Portugal. El método tenía tres partes: la escucha, el canto y la práctica instrumental basada en la improvisación con instrumentos adaptados.

“Lo que me gustaría es contagiar la investigación del sensogenoma”, concluye Salas, “y en ello trabajamos. Pero la ciencia es un constructo lento”.

La conversación entre iguales como forma de resistencia. Sacar las sillas a la calle. Romper el aislamiento. Reconstruir el lazo. Algo así propone el segundo disco de Fillas de Cassandra, Tertúlia (Altafonte, 2026), doce canciones de electrónica a la vez pop y de raíces, con ángulos avanzados y zona de baile. “Nos dimos la libertad de explorar sin límite nuevas oportunidades sonoras”, explica Sara Faro (Vigo, 2001), una de las Fillas. La otra, María Soa (Vigo, 1996), lo confirma, mientras señala la doble columna vertebral del proyecto: los sonidos sintetizados y los tradicionales. Feministas orgullosas desde su primer hit —Lisístrata (varre vasoira)—, la política está en todo lo que hacen. “A veces es sobre una lucha activa”, argumentan, “pero otras veces, hablando de amor en una canción, el hecho de elegir una u otra palabra implica una posición política”. Les preocupa el avance ultra y sus repercusiones en la cultura, pero se conjuran para hacer lo posible para que no suceda.

Fillas de Cassandra, uno de los fenómenos más celebrados del nuevo pop gallego, y en gallego, actúan este sábado en el Womex de Gran Canaria, el 31 de octubre en el Pazo da Cultura de Narón y el 6 de noviembre en La Riviera, en Madrid. Más adelante estarán el Aitzina Folk de Vitoria-Gasteiz, en el Monkey Week del Puerto de Santa María y ya en enero de 2027 en la Sala Apolo de Barcelona.

Cuando salió Tertúlia, lo definieron como “un gesto político de escucha en un contexto de fragmentación social”. Medio año y tantos conciertos después, ¿ha funcionado así?

María SOA: En la situación que vivimos actualmente, hablar por hablar no es la motivación principal, pero con problemas como el de la vivienda, la gente sale, saca las sillas y una parte importante consiste en hablar, estar juntas haciendo comunidad. Es precioso ver cómo se está dando. El motor del disco era hablar por hablar, sacar las sillas y sentarse como reivindicación en sí misma.

Y sus actuaciones, ¿perciben si crean comunidad?

Sara Faro: Es algo que se da en general en los conciertos, pero como observadoras de nuestra propia experiencia, sí vemos cómo se construyen comunidades. También cómo se fragmentan, es natural. Pero los conciertos son un punto de encuentro fundamental que además te permite conectar con personas que en principio no conoces pero a lo mejor cuando acaba el concierto, con todo el hilo musical y las emociones que acompañan, descubre muchas afinidades.

Desde el principio de su carrera, canciones y discos tienen carga conceptual. ¿Qué buscan con esa estrategia?

S. F: Hay una parte que se debe a que nos gusta contar historias. También que es una manera de abonar dos individualidades, las de Sara y María, para construir un relato común. Sirve como una herramienta para encontrarnos en nuestras vivencias y sentimientos y, desde ahí, crear otra cosa que es nuestra obra.

M. F: Cada canción son solo dos o tres minutos de tu vida que vas a escuchar. No es como cuando te colocas delante de un cuadro o cuando puedes leer y releer un libro, pero es así como en las plataformas digitales puedes escuchar nuestra música. Entonces nos permitimos ser lo suficientemente poéticas y lo suficientemente explícitas y, en los directos, nos permitimos explicar ese contexto. Que a lo mejor no haría falta, porque se sentiría igual, pero es algo que nos gusta especialmente. A veces nos pasamos un poco de didácticas, pero es algo que nos gusta y nos emociona mucho.

No solo sucede en los conciertos, también en el discurso que acompaña los discos.

M. S: Nos encanta trabajar el concepto. Y de repente empezamos a ver que se nos hizo una simbología, tantas cosas relacionadas, que se crea un universo casi sin quererlo. Es muy bonito.

Fillas de Cassandra nunca ocultaron su parte política, empezando por el feminismo de su primer éxito, Lisístrata. ¿Por qué?

S. F: Es algo que nos sale de manera orgánica, porque somos dos personas hondamente politizadas. Atraviesa nuestra vida. Cuando nos juntamos Sara y María como amigas, comentamos la actualidad y nos posicionamos. Es imposible distinguir eso del momento del acto creativo, es imposible que no se contamine, que no se contagie, de esas preocupaciones que tenemos.

M. S: No es una condición sine qua non. Quiero decir, si hay una canción que no sale con algo explícitamente político, también nos lo permitimos. No consideramos que todas tengan que tener un mensaje directamente político, pero si una vivencia de amor se ve atravesada por una vivencia política como mujeres, acabamos un poco diciendo “al ataque” [risas]. A veces es sobre una lucha activa, pero otras veces hablando de amor en una canción, el hecho de elegir una u otra palabra implica una posición política, implica un pensamiento asociado. Y de eso sí que no nos podemos deshacer. Ni queremos. No somos dos personas, una la creadora y otra la política, somos la misma.

S. F: Pero para llegar a empatizar con un mensaje sí que le damos muchas vueltas. Porque lamentablemente hay como un lenguaje mando ligado a la revolución y es difícil no caer en él. Le damos muchas vueltas.

También sucede con las canciones de amor: hay un lenguaje muy manido asociado a ellas.

S. F: Sí, claro. Hay que reformular los lenguajes.

¿Por qué decidieron que Tertúlia ahondase en la vertiente electrónica del proyecto?

M. S: La parte electrónica y la parte de tradición son los dos estilos más universales en los que nosotras coincidimos. Porque después hay pop, indie, coral, eclesiástico, yo qué sé... todas las fuentes de las que bebemos. Pero concretamente la electrónica y la tradición se unen en todos los puntos. Las raíces, con sus ritmos diferentes pero que al final se van generando parecidos. Y la electrónica, en la que muchas veces la letra es lo último y hay entonces un ritmo interno que crea comunidad.

S. F: Este disco además lo producimos junto a Çantamarta y Beni, uno de ellos, tiene mucho conocimiento de la electrónica. Nos aportó muchas herramientas que no conocíamos y nos abrió unas oportunidades sonoras que hasta el momento no habíamos podido explorar. Nos dimos la libertad de explorarlas sin límite.

¿Y qué es lo que quedada de tradi en Fillas de Cassandra?

M. S: Cobra cada vez más importancia. Al principio éramos unas sinvergüenzas diciendo “y un poco de esto y un poco de esto y un poco de esto”, pero fue tomando peso en el proyecto y fuimos haciéndonos conscientes. Ahora es una fuerza de identidad. Tenemos consciencia plena de los que significa para nosotras la tradición. Desde el máximo respeto, seguimos usando esas herramientas, nos apasiona. Pero ahora desde un mayor conocimiento, quizás.

S. F: También creo que en este disco, paradójicamente, estando más alejado del tradi es donde nos permitimos hacer una jota, que tiene una estructura, y una muiñeira, cogimos coplas, por ejemplo en Insolación aunque después le diésemos otra melodía, o en Amor, aunque acabase siendo una kizomba... Entonces de algún modo recurrimos más o igual al cancionero popular gallego en este disco que en el anterior, aunque después el resultado se aparte más.

Existe como una estructura profunda relacionada con ritmos tradicionales.

S.F: También hay una manera de estructurar y decir las letras que está basada en la manera de construir las coplas tradicionales. Eso también subyace bastante, aunque después el resultado sea diferente.

¿Cómo reciben a Fillas de Cassandra fuera de Galicia?

M.S: Es increíble. Hay una parte de sorpresa y de seguir sorprendiéndonos con la gente que quizás aquí en Galicia, donde tocamos hasta debajo de las piedras, ya no... aquí se siente en familia y es otro tipo de acercamiento. Pero fuera, en Roma, en Praga, donde puedes bajar y ver a las 100 o 200 personas que están allí, conectas directamente de otra forma. Ver esas caras supone para nosotras una adrenalina a la que somos adictas, claro. Ellos se emocionan, nostras más. El concepto de electrónica y raíces se recibe muy bien. Conecta.

¿Imaginaron alguna vez que la música gallega y en gallego —Baiuca, Tanxugueiras, The Rapants, Grande Amore, las propias Fillas de Cassandra...— iba a alcanzar la repercusión, exterior pero no solo, que está alcanzando?

S. F: Cuando soy plenamente consciente de mi ser esto ya era incipiente, se estaba gestando. Es cierto que cuando era más pequeña, la idea de la música tradicional estaba más vinculada con las asociaciones o los grupos de baile. Como mucho ibas a un certamen y entonces conectabas con otros grupos pero...

M. S: Sí, o ibas a Castrelos [parque de Vigo con un enorme auditorio al aire libre] a escuchar a Carlos Núñez, que era como un hito histórico pero algo mucho más específico. Es cierto que en festivales y así nosotras vivimos un pop en castellano o en inglés. Y creo que normalizamos demasiado rápido la situación actual para lo mucho que costó alcanzarlo.

S. F: Vino como algo muy dado y rápidamente nos sumamos a ser parte de esa escena. Es precioso.

¿Temen que el clima político y el ascenso ultra afecte a la cultura?

M. S: A mí sí me da miedo. Con todas las letras. Y me da infinita pena. Ahora mismo parece imposible que no pudiésemos dar este concierto [en Salesianos, Vigo], pero aún me contaba mi madre que el único palo que le dio la policía fue en la puerta de Salesianos. No hace tantos años. Volver a eso no parece ahora tan lejano y claro que me da miedo. No ya por el hecho de que nosotras no podamos cantar y expresarnos, sino porque es una tristeza que, tras tantos años luchando por el gallego, por ejemplo, haya ahora gente concienciada de que haya que volver atrás. Es surrealista. Pero confío en que no pase. Somos muy activistas, haremos todo lo posible para que no sea así.

S. F: Es algo que nos ocupa espacio mental, a mí por lo menos. Cada vez más, aunque no quiera y me parezca surrealista pensar que en algún momento vamos a sufrir represalias por las cosas que cantamos. ¿Nos van a vetar en determinados espacios? ¿Cuándo vamos a comenzar a vivir esto? Ojalá nunca. Pero hay comunidades en donde ya se está haciendo. Aún hoy salió la noticia de que la Junta de Castilla y León vetará las ayudas al cine en función de la ideología. Ni siquiera hace falta que venga de frente, sino que de repente bajan las contrataciones en determinados ayuntamientos, por ejemplo. Estas cosas se van percibiendo antes de una censura explícita. Habrá que estar muy atentas.