La Xunta de Galicia se opone a la protección del lobo y es una firme defensora de que debe poder cazarse. Ni los datos de su último censo, que concluye que la población de la especie no crece, sino que está estable, ni las conclusiones del Gobierno central sobre que el estado es desfavorable en la península ibérica ni las decisiones judiciales que han frenado las normas gallegas que permiten abatir ejemplares han hecho cambiar de idea a la Consellería de Medio Ambiente. En su persistente batalla por aplicar un control letal sobre estos animales, se ha puesto al frente de una inusual maniobra que pretende forzar que el informe que se presente ante Bruselas sobre la situación del lobo no sea el elaborado por el Gobierno central, sino uno alternativo redactado por la Xunta y al que han dado su apoyo varias comunidades autónomas. Con este embrollo sobre la mesa, y tras la petición de varias organizaciones de que se pueda consultar toda la documentación, el Ministerio para la Transición Ecológica ha decidido que va a sacar a información pública el material, según adelantó la Agencia EFE.

Una de esas organizaciones es el Fondo para la Protección del Lobo. Ernesto Díaz, su coordinador, considera que la estrategia de las comunidades que pelean por poder cazar lobos, con la Xunta al frente, es “insólita”. Dice no recordar otro caso en el que una comunidad haya decidido recopilar la información de las demás para presentar un informe alternativo al ya elaborado por el Gobierno central con los datos remitidos por las propias autonomías. Asegura que lo que se está desplegando es “una maniobra orquestada fundamentalmente por los gobiernos de las comunidades del noroeste”, que han ido reuniendo apoyos de otras administraciones “afines”, sobre todo del PP. Y detrás de todo esto interpreta que lo que hay es “una búsqueda del voto rural”, con el discurso, cuestionado por expertos, de que están aumentando los ataques de lobos al ganado y amenazando su viabilidad.

Pero, para llegar a la situación actual, se han entrecruzado varios hilos. La postura de la Xunta ha sido clara y favorable a la caza de lobos. En 2021, cuando la especie se incluyó en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre), lo que llevó a que no se pudiese cazar, el Gobierno gallego se opuso. Esa prohibición duró hasta marzo de 2025, cuando una enmienda a la ley sobre desperdicio alimentario le retiró esa protección, con el apoyo de PP, Vox, Junts y PNV. La Consellería de Medio Ambiente se había preparado para aprovechar de inmediato ese nuevo escenario: autorizó de nuevo la caza de lobos solo un día después de que el cambio entrase en vigor. La Justicia paralizó después esa posibilidad de matar a estos animales (y la Xunta lo recurrió).

Esa modificación normativa contiene un segundo aspecto que ha permitido la maniobra con el contrainforme: obliga a que los informes sexenales sobre el estado de conservación de fauna y flora silvestres que se deben remitir a la Comisión Europea pasen antes por la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente -que reúne a Gobierno central y comunidades- y reciban su visto bueno. Antes de ser elevados a esa Conferencia, deben analizarse en la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, en la que también están representadas las comunidades autónomas y el Ejecutivo estatal. Y en este foro es en el que la Xunta presentó su informe alternativo. Antes de estos cambios, que han sido recurridos ante el Tribunal Constitucional por el Defensor del Pueblo, el Gobierno central los elaboraba y los enviaba directamente a Bruselas.

El Gobierno español está fuera de plazo para presentar estos informes sexenales (y Bruselas ha abierto expediente por este motivo), que debía haber entregado antes de julio de 2025. Fue a esas alturas cuando el Ministerio para la Transición Ecológica difundió los datos del último censo del lobo: hay 333 manadas en España, que son 36 más que una década antes, pero menos que las 500 que los expertos defienden como el umbral de seguridad para confiar en las buenas perspectivas de la especie a largo plazo. Con esta información, el informe sobre el estado de conservación concluyó que la situación era desfavorable, algo que hace más difícil que entre las medidas de gestión que se adopten para la especie estén las letales.

El documento se presentó en Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, pero no fue aceptado. Lo que ocurrió fue que la Xunta acudió a la cita con un informe alternativo que llega a la conclusión contraria y que ha sido apoyado por buena parte de las comunidades autónomas. Votaron a favor Andalucía, Aragón, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Navarra, Comunitat Valenciana, Extremadura, Illes Balears, La Rioja, Asturias, Murcia, la ciudad autónoma de Ceuta y la propia Galicia. Castilla-La Mancha, Catalunya y Euskadi se abstuvieron y el Gobierno central votó en contra. El siguiente paso es elevarlo a la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, algo que aún no ha ocurrido y que va a tardar, dado que el Gobierno central ha decidido sacar a información pública toda la documentación.

El contrainforme

La Xunta defiende la maniobra de intentar forzar el cambio en las conclusiones que se envíen a Bruselas y asegura que su informe alternativo “es una especie de réplica/alegación a la propuesta del Ministerio”. En su justificación, la Consellería de Medio Ambiente acusa al Gobierno central de estar haciendo “valoraciones subjetivas” y exponer “falsedades” con el “único fin” de que la conclusión sea que el estado es desfavorable. El documento gallego, al que ha tenido acceso elDiario.es, repasa parámetro por parámetro los datos para las regiones atlántica y mediterránea y defiende que en ambas debe considerase que la situación es favorable. Cuestiona la interpretación que hace el Gobierno de los criterios establecidos en Europa para las evaluaciones y también critica que se tome como referencia que la población de seguridad sea de 500 manadas para la península ibérica.

El Ministerio replica a varias de las consideraciones de la Xunta y agrega un análisis de los resultados si no se tomasen como referencia esas 500 manadas. La conclusión es que, aun así, el estado sigue siendo desfavorable en las tres regiones (atlántica, mediterránea y alpina). El Gobierno central defendió también que es necesario tener en cuenta el impacto de los ejemplares que ya han sido cazados en comunidades como Cantabria y Asturias y el de los gigantescos incendios del pasado verano en territorios habitados por la especie.

La Consellería de Medio Ambiente señala, en respuesta a preguntas de esta redacción, que tomó la iniciativa de elaborar un análisis que contradice el del Ministerio “en el marco de la coordinación y colaboración existente entre las comunidades autónomas con intereses en esta materia”. Asegura que, en otras ocasiones y asuntos, han sido otras comunidades las que han adoptado este papel. Sobre la elaboración del informe afirma que lo hicieron técnicos de la Xunta, que es un trabajo riguroso y que el contenido “recoge la información aportada por las distintas regiones” y que se han utilizado para el censo estatal - los datos “son los oficiales, que son públicos”, aclara-. Es decir, han empleado la misma información que el Gobierno central para llegar a la conclusión opuesta.

Mientras la Xunta acusa al Ministerio de hacer valoraciones subjetivas, son varios los expertos que dicen que quien tiene una postura ideológica y alejada de la ciencia es la Consellería de Medio Ambiente. Ernesto Díaz la califica de “arbitraria” y cree que Galicia y el resto de comunidades del noroeste, como Asturias, Cantabria o Castilla y León están en “una carrera hacia el precipicio de matar lobos”.

La beligerancia de la Xunta

En enero de este año, varios responsables de estos territorios se reunieron en Cantabria para reclamar la convocatoria urgente de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, que debería aprobar el informe sexenal sobre el lobo y en la que quieren que salga adelante el documento de la Xunta. Tras el encuentro, la conselleira gallega, Ángeles Vázquez, volvió al argumento del impacto en el ganado y consideró que eso es una evidencia de su buena situación en Galicia: “Su estado de conservación es favorable, como acredita el hecho de que los ataques de esta especie hayan aumentado un 72% en relación con 2021”. Estos datos de muertes de animales causadas por el lobo también son discutidos por biólogos, que avisan de que un aumento de los reportes no implica necesariamente que hayan crecido los ataques porque no se analiza si hay ADN de esta especie o de perros asilvestrados ni se distingue depredación de carroñeo. Apuntan también a posibles fraudes en un contexto en el que han aumentado las compensaciones por ganado muerto.

Vázquez ha insistido en los últimos años en una postura especialmente beligerante para autorizar la caza de lobos en Galicia, a pesar de que es una medida que, cuando ha estado permitida, apenas se ha usado ni ha tenido éxito en Galicia: un informe publicado en 2023 por Unións Agrarias indicaba que en la década anterior se habían autorizado 60 batidas, que se saldaron con solo 11 animales cazados. Después de que la Justicia paralizase la medida que reintroducía la posibilidad de abatir ejemplares de esta especie, la conselleira reaccionó con exageración: “Lo que no se puede pretender es que Galicia albergue a todos los lobos de toda España”.

A la espera de que se inicie el proceso de información pública anunciado por el Ministerio para la Transición Ecológica lo que se abren son incógnitas sobre el informe sexenal del estado del lobo. Ernesto Díaz señala que se desconoce cómo va a ser el trámite, de qué manera se van a gestionar las alegaciones y cómo van a influir posteriormente en la información que se remita a Bruselas.

Cientos de personas han salido a la calle en Lugo, en el acto central convocado por el sindicato CIG con motivo del Primero de Mayo, y han clamado contra el imperialismo, el aumento del militarismo y la “criminalización” de la clase trabajadora que cae enferma. El secretario xeral del sindicato nacionalista, Paulo Carril, ha recordado que el lema de la movilización de este año es 'Contra el imperialismo, por la paz y por la soberanía. En Galicia, trabajo digno y derechos'. Así, ha recalcado que la guerra promovida por el “capitalismo neoliberal” pretende imponer la “hegemonía” de Estados Unidos, y agrava la “situación crítica” que padecen los trabajadores, también los gallegos.

La central sindical, primera de la comunidad por número de afiliados y de delegados sindicales, cambió a última hora la ubicación de su manifestción central, de Vigo a Lugo. Lo hizo tras el anuncio de moción de censura en Lugo, impulsada por el Partido Popular y una concejala tránsfuga exsocialista, contra el gobierno bipartito de PSOE y BNG. Carril lo recordó en declaraciones a los medios de comunicación: “Queremos denunciar la carrera de ”carrera de autoritarismo, de golpismo del PP y del gobierno gallego“.

A juicio del sindicalista, el partido gobernante en Galicia, el PP, está “más preocupado” por “compartir una agenda con Vox” que por la clase trabajadora, a la que “criminaliza” cuando cae enferma. Se refería a la campaña lanzada hace unas semanas por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, para limitar el derecho a abaja de los trabajadores. Rueda ha jugado a confundir las bajas médicas con el absentismo y, sin apoyarse en ningún dato, ha asegurado una y otra vez que las empresas gallegas tienen “un problema”. Lo que sí dicen los datos es que Galicia es la segunda comunidad donde los trabajadores cogen menos bajas pero está entre las que sufren más accidentes laborales. La atención primaria se encuentra al borde del colpaso -lo denuncian profesionales y usuarios; es la segunda, tras Madrid, con menos inversión- y las listas de espera de la sanidad son elevadas.

Sanidade ha activado el protocolo previsto cuando se dan casos de infecciones meningocócicas tras la muerte de una niña con posible meningitis en Ourense, y estudia la situación de sus contactos estrechos. Así lo ha trasladado el jefe de servicio de Epidemiología de la Dirección Xeral de Saúde Pública, Jesús Prego, que ha explicado que, “cuando se produce un caso con elevada sospecha clínica de enfermedad meningocócica invasiva”, como el de la menor de Ourense, debe activarse de inmediato el protocolo de actuación vigente, ya que “en ocasiones es complicado obtener muestras clínicas con resultados fiables en poco tiempo”.

Esto es lo que ha hecho la Dirección Xeral de Saúde Pública en el caso de Ourense. Así, las principales actuaciones recogidas en el protocolo son, en primer lugar, la búsqueda de contactos estrechos de la paciente, ya que esta enfermedad se transmite por contacto estrecho y prolongado con los pacientes en los 10 días anteriores.

También se contempla la indicación de quimioprofilaxia antibiótica, que elimina la posibilidad de transmisión en las 24 horas posteriores a la toma, y se revisa el “estado vacunal” de los contactos estrechos para completarlo si fuera necesario. “Esto se llevó a cabo con la mayor rapidez posible para evitar la posibilidad de casos secundarios”, ha explicado Prego.

La concejal tránsfuga renunció a intervenir en el primero de los debates del último pleno previo a la moción de censura. Trataba sobre reparos de intervención a algunos pagos a proveedores. Sí usó la palabra en el segundo, una iniciativa del PP para solicitar la declaración de interés turístico nacional de la Semana Santa de Lugo. La interrumpió el público presente en el salón de plenos del ayuntamiento. “Democracia sí / transfuguismo no”, corearon. El alcalde socialista intentó calmar los ánimos pero finalmente dio orden de desalojar la estancia. “Traidora”, “vergüenza” o “carroñeros” fueron algunos de los calificativos que dirigieron a María Reigosa, edil que tomó posesión tras la muerte de dos de sus compañeros en las listas del PSOE y que la semana pasada reveló que pasaba a apoyar a la derecha. Otros llegaron a lanzar algun moneda al suelo.

“Cuando algo es bueno para Lugo merece la pena apoyarlo, como muchas otras cosas que se van a apoyar en el siguiente pleno”, afirmó desafiante Reigosa, leyendo su intervención, después de que se reanudase el pleno. Ese siguiente pleno, convocado para el próximo jueves, 7 de mayo, será en el que se vote la moción de censura presentada por la líder del PP, Elena Candia, con el apoyo de la edil tránsfuga. Si la operación transcurre según lo previsto por la derecha, Candia obtendrá una alcaldía que los populares no han obtenido en las elecciones de los últimos 27 años. El presidente de la Xunta y del PP gallego, Alfonso Rueda, la ha respaldado públicamente en numerosas ocasiones.

Tras las protestas y el desalojo de los que protestaban, el pleno continuó con un rumor de fondo, el de los cientos de personas que, a las puertas del ayuntamiento, expresaban su indignación contra la moción de censura y el transfuguismo. Las alusiones se sucedieron a lo largo de la tarde. La nacionalista Maite Ferreiro, cuya formación, el BNG, forma parte del actual gobierno local en pacto con los socialistas, dio la bienvenida al pleno a una nueva edil del PSdeG, Eugenia Iglesias, y expresó su deseo de que prevalezcan “la decencia y la dignidad”. Elena Candia incluso se permitió una frase que atribuyó a Sócrates -la autoría de la misma no está clara- y que no venía exactamente a cuento: “Cuando el debate se ha perdido, la calumnia es la herramienta del perdedor”. Si se refería a la moción de censura del próximo 7 de mayo, el debate todavía no se ha producido. Porque la iniciativa sobre la Semana Santa sí salió adelante con respaldo de los demás grupos.

“Eso sí que es una caverna. Una caverna sanchista”. Así definió la diputada del PP Carmen Pomar a RTVE durante una comisión de control parlamentario a la CSAG –la antigua CRTVG– que, de nuevo, tuvo como protagonista la crisis de audiencias del canal autonómico. La corporación de medios públicos sigue culpando de ese desplome a mínimos históricos a las “desviaciones” de los audímetros, hasta el punto de que su directora xeral, Concepción Pombo, aseguró que “no pueden ser una herramienta principal de gestión”. “Nuestra guía no es Kantar”, insistió frente a un BNG que culpaba de la fuga de espectadores al “sectarismo” y la “falta de pluralidad” de los informativos, combinado con un entretenimiento que ha convertido el prime time en un “repositorio de chatarra televisiva de lo que fue Tele5 en su momento”.

Este jueves, PP y BNG coincidieron en preguntar por las audiencias, aunque desde puntos de vista opuestos. Los populares querían escuchar, una vez más, cómo la CSAG sancionó a Kantar Media –ahora Fifty5Blue– durante 20 de los 24 meses de los años 2024 y 2025, los de menor número de espectadores en las cuatro décadas de vida del canal. Como contraposición, esgrimían los datos de la primera oleada del EGM, que investía a TVG como el canal más visto en la comunidad, con un 20,1% de cuota de pantalla de lunes a viernes, a más de ocho puntos de Antena 3 y TVE, algo que en su opinión “constata el declarado liderazgo social” de la televisión gallega.

Pomar –exconselleira de Educación, decapitada tras la gestión de la COVID– siguió a continuación el manual de su jefe de filas, Alfonso Rueda, cuando se le pregunta por alguna de sus áreas de gestión y desvió el tiro para atacar al Gobierno central. Si, para Rueda, el enemigo es Pedro Sánchez, el rival de la diputada es el presidente de RTVE, José Pablo López, “portavoz del sanchismo”. Con un argumento que no es nuevo, la parlamentaria consideró “sospechoso” que López “arremeta” contra quienes piden explicaciones sobre el sistema de audímetros menos de un lustro después de que la propia corporación estudiase “un nuevo modelo” ya que el actual “estaba perfilado de forma que favorecía a las privadas”.

La popular acusó a la oposición de orquestar “campañas contra los medios públicos gallegos basadas en bulos e infundios” para acusar de falta de neutralidad a su cúpula mientras apoyan el nombramiento de López, responsable de las opiniones que han convertido a RTVE en una “caverna sanchista”. Lo acusó de provocar “el enfrentamiento más grave de la historia” de la corporación tras las denuncias del Consejo de Informativos referidas a la “malas praxis” y los “sesgos ideolóxicos” de determinados programas y de responder a esas críticas con un “ataque furibundo” contra los profesionales. “Eso sí son represalias, eso sí son coacciones, eso sí que es persecución”, afirmó tras recordar que los trabajadores votaron “masivamente” contra esos espacios y decidieron inicar acciones de protesta.

Habrá que ver si, con el tiempo, esas protestas llegan a los 415 venres negros que la plantilla de la CSAG cumplirá este 1 de mayo movilizándose contra la manipulación informativa y a los que Pomar no hizo ninguna mención. También obvió el hecho de que en la TVG no existe la posibilidad de que un consejo de informativos critique una decisión de la dirección general: en la ley aprobada en solitario por el PP el pasado año se aseguraron de eliminar la existencia de un órgano cuya creación habían paralizado antes durante más de una década.

“Acusan de manipulación a la CSAG cuando no hay ningún pronunciamiento de la justicia ni de la Valedora do Pobo que condenase a la corporación por esa supuesta censura” mientras “callan” con sentencias como la que condenó a Mañaneros 360 a corregir un rótulo referido a Isabel Díaz Ayuso por “tendencioso y no ajustado a la verdad”; algo que, según Pomar, “va a traer cola”.

“¿Quién va a ver esto?”

“Condena tiene la CRTVG, en firme, por mentir burdamente sobre el BNG y no le escuché la mínima reflexión al PP sobre esas difamaciones”, arrancó su turno la nacionalista Olalla Rodil. La diputada del Bloque pudo ir más allá y recordar sentencias como la que condenó a la corporación por represaliar a una periodista crítica y que la CSAG ha recurrido en el Tribunal Supremo.

“TVG tiene cada día menos audiencia. Es una realidad y usted es quien mejor lo sabe”, interpeló Rodil a Pombo antes de recordar que, en lo que va de año, sólo en dos días se superó el 10% de share. Tras cerrar marzo con un 7,5% de cuota de pantalla –segundo peor dato de su historia–, a falta sólo del dato del día 30, abril podría quedar todavía ligeramente por debajo. La directora xeral, por cierto, no mencionó ninguna desviación ni sanción a Fifty5Blue en este 2026.

La parlamentaria del BNG rechazó el argumento del EGM utilizando como “fuente” a la propia Xunta ya que, cuando licita contratos marco para campañas televisivas, se basa exclusivamente en los datos de los audímetros. “Seguir intentando tapar el sol con el dedo no nos va a sacar de esta situación”, insistió tras criticar que la CSAG se compare permanentemente con los canales de RTVE que –tanto en la tele como en la radio– sólo ofrecen desconexiones territoriales. En cuanto a la Radio Galega, medio para el que EGM sí es referencia, obtuvo sus peores resultados desde 2008, con menos de 100.000 oyentes, practicamente la cuarta parte de la emisora líder, la Cadena SER. Sin embargo, la corporación lo vende como un logro: “la primera emisora pública en número de oyentes”. “Felicidades, primera de dos, no hay ni para hacer un podium”, ironizaba minutos antes otro diputado nacionalista, Iago Suárez.

“Usted lleva un año en el cargo y tiene el mérito de acumular los peores datos tras 40 años y ocho direcciones generales”, señaló Rodil a Pombo, algo que “no pasa porque sí”. Los nacionalistas consideran que los espectadores “apagan la TVG” por dos grandes motivos. El primero, el “sectarismo” y la “falta de pluralidad” tanto en los informativos donde “cada día se entrevista a un conselleiro” como en los espacios de opinión. “Ni queriendo encuentras en la calle a cuatro personas que se den la razón en todo”, ironizó sobre las tertulias del matinal radiofónico Galicia por Diante. Asuntos como la moción de censura en Lugo, que centra desde hace semanas la actualidad gallega, pasa desapercibida en la parrilla y pese a una concentración de repulsa que reunió a miles de personas, la única voz de los vecinos que se escuchó fue la de una entidad recién creada y próxima al PP.

A esto, Rodil suma la transformación de un entretenimiento que fue “referencia” cuando era liderado por series propias de ficción –Mareas Vivas, Padre Casares...– en refugio de “chatarra televisiva de lo que fue Tele5 en su buen momento”, y que es la baza de TVG para luchar por un prime time con una “competencia voraz”. Rodil enumeró algunos de los invitados del formato A miña gran cidade. Corazón galego: “Bertín Osborne por O Salnés, Esperanza Aguirre con programa doble, Carmen Lomana buscando un collar de lujo, Al Bano –el de Romina– bebiendo vino, María José Campanario –¿quién se acuerda de ella?– buscándole una vaca a Jesulín y el Cordobés negociando la compra de un tractor... ¿Quién va a ver esto?”, se preguntaba antes de enumerar datos que tocaron techo con el 6,8% de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, una emisión acompañada “de todo el bombo” y el contrato de vallas publicitarias. “¿Cuánto le cuesta a los gallegos esto? ¿Cuánto pagamos por traer a esta gente?”, cuestiones que adelantó que presentarán por escrito y a la que todavía sumó otra: “¿Qué más le falta, un reality de curas?”. La pregunta no era inocente. Según ha sabido elDiario.es, ese es uno de los proyectos en los que trabaja el canal autonómico para tratar de remontar la audiencia.

“Divergencias significativas”

En su respuesta –leída, “para no equivocarse improvisando”, como había explicado anteriormente a una diputada socialista–, la directora xeral no dio respuesta a ninguna de esas cuestiones y volvió a poner el foco en las “divergencias significativas”, los resultados “extrañamente distintos” que ofrecen los audímetros y las encuestas, algo que, en su opinión, “requiere una explicación técnica”. Pombo admitió verse condicionada por unos datos que no le ofrecen “certezas”, algo que, dice, les hace ser “extremadamente prudentes en las decisiones de programación”, aunque los cambios en la parrilla no cesan.

“Hoy en día, los datos de Kantar Media no pueden ser una herramienta principal de gestión. Si nuestra guía fuese Kantar, estaríamos tomando decisiones que irían en contra de los intereses del sector audiovisual gallego” al obligarles a “penalizar contenidos estratégicos, cultura e identidad”. Los audímetros no se “entusiasman” con las series de referencia, el cine gallego “multipremiado” o los “derbis deportivos entre ciudades”. Tampoco le gustó la definición de “repositorio de chatarra” tras el premio Circom a Land Rober, “el mejor programa de prime time hecho en Europa”, aunque técnicamente su horario (21:40-22:40 h) se ajuste más a un access previo al horario de máxima audiencia.

Por todo ello, no puede ser “la hoja de ruta de la corporación” lo que definió como una “herramienta más” que “reconoce sus propias limitaciones”. Así lo hizo en 2023, “antes de cambiar de propiedad”, un portavoz de Kantar que “presentó la necesidad de evolucionar a modelos híbridos para mejorar la cobertura y la granularidad del sistema”. Tecnicismos que TVG tendrá que volver a enarbolar cuando se confirmen los malos datos de abril.

La investigación sobre la muerte del joven de 18 años que fue rescatado el pasado martes del río Gafos en Pontevedra apunta a un accidente fortuito y no a un acto violento. Fuentes de la investigación indican que las evidencias recopiladas hasta el momento descartan la hipótesis de una agresión, según informa Europa Press.

Según la principal línea de trabajo de la Policía Nacional, el fallecido cayó al agua de manera accidental, posiblemente tras sufrir un tropiezo y golpearse durante la caída. Los indicios disponibles señalan que la causa del fallecimiento fue el ahogamiento, a falta de que se conozcan los resultados definitivos de la autopsia. No obstante, las primeras valoraciones del equipo forense ya apuntan en esa dirección.

Los datos recabados también coinciden con el testimonio del menor que acompañaba a la víctima en el momento de los hechos. Este joven no fue detenido en ningún momento y su declaración se considera coherente con la reconstrucción provisional de lo sucedido.

En el marco de las pesquisas, los investigadores han tomado declaración a varios testigos durante las últimas horas. Asimismo, prevén analizar posibles grabaciones de cámaras de seguridad situadas en las inmediaciones del puente de Rosalía de Castro, con el objetivo de esclarecer completamente las circunstancias del suceso.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha estimado un recurso presentado por una paciente que sufrió daños irreversibles tras ser intervenida en el Hospital Arquitecto Marcide de Ferrol, y ha condenado al Sergas a indemnizarla en más de 50.000 euros, según una sentencia con fecha del pasado 26 de marzo.

Según recoge Europa Press, los hechos ocurrieron en 2016, cuando la mujer fue intervenida para la implantación de una malla suburetral como parte del tratamiento de una incontinencia de esfuerzo. A raíz de esta operación, la mujer sufrió lesiones en el nervio pudendo, con consecuencias irreversibles, tales como dolor crónico intenso o imposibilidad de mantener relaciones sexuales.

La mujer presentó una reclamación ante el Sergas, que le fue denegada, y un juzgado de Santiago validó inicialmente ese rechazo, al no quedar probada la mala praxis médica, ya que la indicación de la cirugía había sido correcta, la neuralgia es una complicación “posible” y no se constató el uso de una técnica defectuosa.

No obstante, el TSXG ha estimado el recurso porque, aunque no hubiera mala praxis y no se haya podido probar un error del cirujano, debe aplicarse la 'doctrina del daño desproporcionado', “debido a la evidente asimetría entre la intervención programada y el resultado obtenido”.

Así, recuerda que la paciente se sometió a una operación por una patología que no compromete la integridad vital, “y el resultado ha sido una lesión neurológica bilateral crónica con dolores quemantes y punzantes de gran intensidad”. En estas circunstancias, expone el TSXG, se produce “una inversión de la carga de la prueba” y no es la paciente la que debe probar el error del cirujano, sino la Administración la que debe demostrar una causa fortuita o de fuerza mayor que rompa el nexo causal (entre la intervención y el resultado lesivo).

Al no haber podido explicar el Sergas de forma coherente por qué la colocación de esa malla terminó lesionando los nervios, la Sala concluye que el daño es “jurídicamente insoportable”, y esa conclusión se apuntala por el hecho de que no ha sido posible retirar la malla por “motivos técnicos”. “Esta circunstancia sitúa a la paciente en un escenario de desamparo que agrava la desproporción: no solo sufrió una lesión inesperada en una cirugía, sino que el sistema sanitario admite que no puede retirar el agente causante”, señala el TSXG en su sentencia.

Por todo ello, revoca la sentencia de instancia y anula la resolución del Sergas que denegó la reclamación, reconociendo el derecho de la paciente a ser indemnizada en 50.427,76 euros más intereses legales. La sentencia no es firme y contra ella cabe recurso de casación.

Un joven de 18 años de edad murió en la tarde del martes en Pontevedra tras ser hallado herido grave en el río Gafos después de supuestamente discutir con otro varón, menor de edad, según informa Europa Press. El chico fue sacado del agua en la zona del río en la calle Rosalía de Castro. Varias personas llamaron a emergencias para avisar unos minutos antes de las 21.00 horas e indicaron que previamente se había producido una pelea en la zona.

Fuentes de la Policía Nacional señalaron que los servicios sanitarios trataron de reanimar al varón en varias ocasiones y lo trasladaron a un centro hospitalario, pero murió. Añadieron que no hay detenidos por el momento, aunque sí han identificado a un menor que estaba con el joven fallecido cuando se produjeron los hechos.

Los agentes investigan lo ocurrido y analizan las cámaras de seguridad de la zona, a la espera de la autopsia. No se descarta ninguna hipótesis en este momento.

El pleno de la Deputación de Lugo celebrado este martes aprobó una moción de urgencia presentada conjuntamente por el PSOE y el BNG para condenar el transfuguismo y denunciar la moción de censura con la que el PP se va a hacer con el bastón de mando y va a desalojar del Ayuntamiento de Lugo a Miguel Fernández (PSOE).

La portavoz socialista del gobierno provincial, Pilar García Porto, y el vicepresidente de la Deputación, Efrén Castro (BNG), han defendido el documento, en el que se pide la retirada de la moción de censura y la reprobación de la representante del Partido Popular, Elena Candia, y de la concejala tránsfuga María Reigosa por esta “maniobra, que tiene el objetivo de alterar la voluntad expresada en las urnas en la ciudad”, recoge Europa Press.

También da el respaldo de la Deputación al gobierno legítimamente constituido por PSOE y BNG e insta a las administraciones públicas a impulsar las iniciativas legislativas y reglamentarias “para que ninguna actuación derivada del transfuguismo pueda traducirse en una mejora personal, política y económica para quien la promueve ni para quien se beneficia de ella”.

En el debate, la socialista y el nacionalista han insistido en señalar que se ha producido un “aprovechamiento de la desgracia ajena”, en relación con el fallecimiento de la alcaldesa y de dos concejales, y un “mercadeo de voluntades” para cambiar el gobierno local.

La iniciativa ha salido adelante con los únicos votos en contra del Partido Popular, que ha asegurado que esta moción está avalada por “el descontento, la falta de gestión y la incomunicación entre los miembros del Gobierno”. El portavoz del PP en este organismo, Antonio Ameijide, ha acusado al PSOE y BNG de doble moral, al considerar que se habían valido de la misma fórmula en varias ocasiones en la política nacional.

García Porto ha señalado que el discurso de “parálisis” y “deriva” con el que Candia justifica su moción de censura “no se corresponde con la realidad”. La portavoz socialista también se ha referido a la concejala María Reigosa, señalando que lo que en otro contexto debería haberse traducido en un compromiso reforzado con el proyecto que la llevó a la institución “quedó eclipsado por una sucesión de aspiraciones personales que su propio grupo no pudo satisfacer”. En este sentido, ha lamentado que haya optado por “entrar en la historia política de la ciudad por la vía del transfuguismo”.

García Porto recordó además la respuesta ciudadana del pasado 24 de abril, cuando más de 3.000 personas se concentraron en la Praza Maior convocadas por la plataforma 'Transfuguismo no, democracia sí'.

Efrén Castro, por su parte, ha definido a Elena Candia como “una persona sin moralidad” asegurando que ya empleó hace años la misma táctica para hacerse con la presidencia de la Deputación durante unos meses. “Los que firmaron la moción quedan marcados por su indignidad y el pueblo de Lugo no lo va a olvidar, porque son buenas personas y no están de acuerdo con lo que acaban de hacer”, manifestó.

La de este martes es la sexta jornada de huelga educativa en un curso que se anunciaba, ya antes de empezar, convulso. El profesorado gallego llegaba a septiembre de 2025 reiterando sus denuncias de que los derechos que se perdieron con la crisis económica desencadenada a partir de 2008 no se llegaron a recuperar, avisando de que las necesidades diversas en las aulas requieren de más personal y reclamando una reducción de las ratios ante la sobrecarga. Pero sumaron nuevas batallas: una instrucción de la Consellería de Educación para implantar el principio de la neutralidad ideológica -un concepto empleado por la ultraderecha- o el nombramiento como jefe provincial de Educación en A Coruña de Santiago Freire, exalcalde del PP en Noia y Lousame que tiene anotados en su historial chistes machistas y una broma en elogio del golpe de estado de Franco.

“Lo que llevamos este curso son fotos y propaganda y estamos hartas de anuncios vacíos y de que no haya ninguna mejora ni en las condiciones laborales del profesorado ni en la enseñanza pública”. Así resumió el sentir del profesorado la secretaria nacional de CIG-Ensino, Laura Arroxo, antes de que la multitudinaria manifestación que recorrió Santiago de Compostela saliese de la Alameda. Este sindicato, STEG y las Asambleas Abertas do Ensino Público son las organizaciones convocantes de las protestas y representan a la mayor parte de los docentes. Con las fotos, Arroxo se refiere a acuerdos sellados entre la Consellería de Educación y el resto de sindicatos. El más reciente, el anunciado hace unos días por la Xunta y Comisións Obreiras, UGT, ANPE y CSIF para que los docentes de secundaria pasen de 20 a 18 horas lectivas a la semana, que eran las que tenían antes de los recortes aplicados en 2012. Las organizaciones que convocaron la huelga critican que aún no se conocen las condiciones concretas del acuerdo y se hace difícil evaluarlo sin saber si va acompañado de un incremento de la plantilla.

Arroxo repitió que exigen recuperar derechos que les fueron “arrebatados” con la crisis y volver al horario anterior. Eso son las 18 horas lectivas en secundaria, en principio anunciadas por la Xunta, y 21 en infantil y primaria, que siguen a la espera. También insistió en que el alumnado “es mucho más diverso y necesita más recursos humanos para avanzar en inclusión” y que se reduzcan las ratios de alumnos por docente. También llamó a reducir la “sobrecarga burocrática brutal” que afrontan. Respaldó las demandas Comba Campoy, secretaria de Acción Sindical de STEG, que calificó la situación de insostenible. “Es cada vez peor y afecta a la calidad de la enseñanza”, recalcó.

Esta jornada de huelga, dijo Campoy, está marcada también por la participación de las Asembleas Abertas do Ensino Público, integradas por profesorado que dedica horas de su tiempo libre para organizar las movilizaciones. En representación de las mismas, Ana Cabanelas resaltó que se trata de una acción “que se hace desde la base y la colectividad”. “Queremos que se cambie la realidad en los centros, no más anuncios. Nosotros estamos a pie de aula y somos conscientes de cuál es la realidad”, afirmó y defendió que la enseñanza pública es la única opción para garantizar la igualdad de oportunidades. A la protesta de este martes se unió también el alumnado universitario a través de las Asembleas Abertas da USC.

Las protestas empezaron poco después del inicio del curso. La primera huelga, convocada por CIG y STEG, fue el 25 de septiembre. Le siguieron otras dos jornadas, el 28 y 29 de ese mes. Antes de acabar el primer trimestre se sumaron otras dos convocatorias el 16 y 17 de diciembre. Hubo también, en el arranque de 2026, encierros de profesorado en los centros, un tipo de protesta a la que no se recurría desde las movilizaciones contra la LOMCE de 2013. Y el calendario continúa: la semana que viene, el día 6 de mayo, habrá también protestas en una veintena de comarcas.

El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, ha recurrido de nuevo a desdeñar las protestas, de las que ha dicho que están “fuera de lugar” y que responden a un interés partidista del “entramado” de la UPG -formación núcleo del BNG-, el BNG y la CIG.

Abanca obtuvo en el primer trimestre de 2026 un beneficio atribuido de 207,5 millones de euros, un 5,7% menos que en el mismo periodo de 2025, cuando ganó 220 millones de euros, según ha informado este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y recoge Europa Press.

El margen de intereses decreció un 4,3%, aunque los ingresos por prestación de servicios aumentaron un 21,6% y el margen básico subió un 0,3%, hasta los 496,5 millones de euros. Los gastos de explotación crecieron un 2,7%, hasta los 288,6 millones de euros.

Así, el banco que preside Juan Carlos Escotet registró una pérdida en términos interanuales de 0,5 puntos porcentuales en su ratio de eficiencia, que cerró marzo en el 51,9%. Durante el primer trimestre a entidad ha registrado más de 37.000 altas de clientes.

La viceportavoz del BNG en el Parlamento de Galicia, Olalla Rodil, ha asegurado que la plaza de empleo público de Costas en Lugo “está ocupada desde 2025” y ha acusado a la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, de “mentir” tras asegurar que estaba vacante.

“Esa plaza está ocupada desde mayo de 2025 en concurso específico, es decir, un funcionario de la Xunta puesto a dedo. Esa misma persona sigue actualmente ocupando esa plaza en comisión de servicios”, ha afirmado Rodil en una rueda de prensa celebrada este lunes, recogida por Europa Press.

Así, Rodil ha recordado las palabras que la conselleira dijo hace unos días en Pontevedra cuando negó la vinculación de la plaza en Costas con la moción de censura y aseguró que “en el momento en el que una jefatura de servicio queda libre, en el minuto cero, se vuelve a convocar esa plaza porque, si no, el servicio queda estancado”.

A renglón seguido, Rodil ha apuntado que la persona que ocupa dicha plaza “nunca dimitió y nunca fue cesado” por lo que ha instado a la Xunta a responder “por qué mintió” la conselleira de Medio Ambiente.

Para el BNG “es evidente” que dicha plaza, para la que este lunes termina el plazo de admisión de solicitudes, era “el pago por la firma de la tránsfuga” para que el PP pudiese registrar la moción de censura en Lugo. “Una cacicada, no tiene otro nombre”, ha subrayado Rodil.

Con todo, aunque la edil exsocialista del Ayuntamiento de Lugo María Reigosa asegurase que no se presentará a la plaza de empleo público, Rodil ha remarcado que, personalmente, “no sabe lo que va a hacer, pero su palabra no vale nada”.

Por todo ello, el BNG registró diferentes iniciativas parlamentarias para exigir explicaciones sobre esta cuestión y que “se depuren todas las responsabilidades”.

En este sentido, Rodil ha incidido en que en un sistema democrático “no se pueden admitir ni permitir el uso de recursos públicos para cambiar gobiernos, manipular la voluntad de la ciudadanía expresada en la urnas y saciar las ansias de poder del PP”.

“Clamor social”

Olalla Rodil también ha hecho referencia la concentración que tuvo lugar el pasado viernes ante la casa consistorial de Lugo y ha afirmado que los vecinos “dejaron claro” el rechazo a la moción.

“Es un clamor social, la indignidad absoluta y la indencencia de esta moción”, ha asegurado, al tiempo que ha remarcado que “en muy pocas ocasiones” se concentró “tanta gente” delante del Ayuntamiento.

Así las cosas, el BNG ha ensalzado que la ciudad de Lugo “avanzó mucho” en los últimos años, con un proyecto político que “puso a las personas en el centro”.

“Eso es lo que quiere cargarse el PP promoviendo esta moción de censura. Quiere paralizar una ciudad que avanza”, ha sentenciado Olalla Rodil.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, defiende que es “lícito” que la Consellería de Educación se haya negado a homologar un encuentro de educadores de Galicia y Portugal organizado por Nova Escola Galega al considerar que la actividad, “tal como está redactada, no cumple con el principio de neutralidad ideológica”. Ese encuentro lleva como título “Palestina e máis alá. Educar na vida en tempos de xenocidio”.

El jefe del Gobierno gallego ha afirmado que la Xunta está en su derecho de considerar que eso “no se puede validar como horas de formación del profesorado” y ha sostenido que esa es “la razón” para denegar la homologación: “Si se quiere vestir de otras cosas, allá cada uno”.

Nova Escola Galega denunció la semana pasada este rechazo, que le fue transmitido por la Consellería de Educación en un documento en el que alude únicamente al incumplimiento de la neutralidad ideológica, un principio que la Xunta impuso hace un año en las aulas y tras el que los expertos ven una asimilación de ideas de la ultraderecha en un intento de controlar las escuelas.

Cuando se conoció la denuncia de Nova Escola Galega, la Xunta dio un giro a su argumentación y dijo que la propuesta no sigue la normativa, según un informe técnico-jurídico. Indicó que no cumple las “condiciones de 'carácter extraordinario'” exigidas en el artículo 20 del reglamento, que la temática no se alinea con “las líneas estratégicas del Plan de Formación do Profesorado” y que “es susceptible de confrontar con el principio de neutralidad”. El rechazo a homologarlo no implica que la Xunta impida el encuentro, que sigue adelante.

La concejala tránsfuga del Ayuntamiento de Lugo que va a dar la Alcaldía al PP, María Reigosa, anunció que no va a optar a un puesto, convocado en comisión de servicio por la Xunta, de jefa de servicio de Litoral en Lugo. Lo hizo en la misma comparecencia en la que confirmaba que dará su voto para que Elena Candia logre el bastón de mando y después de que PSOE y BNG preguntasen públicamente si esa plaza, dependiente de la Consellería de Medio Ambiente, no estaría pensada para encajar con el perfil de Reigosa, que es funcionaria de Costas. Ahora el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se remite a esas palabras de la edila, pero no descarta que ella se vaya a presentar a algún otro puesto público en la administración autonómica.

Rueda respondió este lunes, de vuelta de su viaje a China, a una pregunta sobre si puede garantizar que Reigosa no va a optar a alguna otra plaza de la Xunta tras lograr el PP su apoyo para la polémica moción de censura de Lugo. Su reacción fue aferrarse a que lo que ella dijo ante los medios es que no va a optar a la de jefa de servicio en Lugo: “Hacerme responsable de lo que una persona anuncia públicamente... Cuando las cosas se anuncian públicamente es que las cosas se van a cumplir”. Aunque fue él mismo el que habló de la posibilidad de que Reigosa no cumpla su palabra: “Si al final optase, entonces otra cosa sería la decisión que tomamos. Pero no me quiero adelantar, sinceramente, porque ella misma dijo que no optaría”.

La cuestión del papel que va a desempeñar Reigosa tras la moción -cuyo debate está previsto para el 7 de mayo- está sobre la mesa. En la rueda de prensa en la que ella y Candia confirmaron el movimiento, la líder del PP en Lugo manifestó ya que “todos tendrán un papel cumpliendo la ley” y espera trabajar “codo con codo” con la edila que dejó el PSOE y figura actualmente como no adscrita. Con la plaza de Litoral descartada por ella misma, está pendiente determinar su destino en un contexto en el que la ley rechaza que los concejales tránsfugas puedan acceder a mejoras económicas o políticas dentro del ayuntamiento, lo que quiere decir que no puede formar parte del futuro gobierno del PP ni cobrar más.

Una de las quejas de Reigosa con respecto al PSOE es que, según ella misma explicó en una entrevista en La Voz de Galicia, el partido no le ofreció una dedicación exclusiva del 100% cuando asumió el acta de concejala, sino que le ofreció “el 70% porque el 30% restante lo querían usar para que otros concejales cobraran más”. Rueda minimizó la importancia de estas críticas en la decisión de apoyar la moción de censura: “Habló de muchas motivaciones y las principales eran que entendía que el Ayuntamiento no funcionaba”.

El presidente de la Xunta, que es también el líder del PP gallego, volvió a defender el movimiento para desalojar del gobierno local de Lugo a PSOE y BNG frente a las críticas y las protestas, como la organizada el pasado viernes en la ciudad. Señaló que manifestarse es democrático, al igual que lo es “usar un cauce previsto en la ley como la moción de censura”.

El magistrado Luís Villares y Juezas y Jueces para la Democracia han presentado sendos recurso de alzada ante el Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) frente al acuerdo de la presidenta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), María Azucena Recio González, por el que se decide el traslado forzoso del juez de la sección tercera de la Sala de lo Contencioso, la cual ha paralizado decenas de proyectos eólicos en los últimos tiempos, para pasar a la sección cuarta.

De ello informa a Europa Press un portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia que explica que se han presentados los dos recursos. En un comunicado, Juezas y Jueces para la Democracia explica que ha planteado recurso de alzada ante el Pleno del Consejo General del Poder Judicial frente a los traslados forzosos de cuatro magistrados de lo Contencioso del TSXG, entre los que se encuentra Villares.

Considera que estas decisiones “adolecen de graves defectos que ponen en tela de juicio la inamovilidad de los magistrados afectados y, con ello, la propia independencia judicial”.

Juezas y Jueces para la Democracia sostiene que el procedimiento para adoptar esta decisión se ha verificado “sin audiencia de los cuatro magistrados y magistradas afectados” entre los que se encuentra Luis Villares, asociado de la entidad.

El hecho es que el TSXG decidió el trasladó forzoso de la sección tercera a la cuarta de Luís Villares y María Dolores López López. Mientras que Rosa Agrasso y Alexis Fernández pasan de la sección cuarta a la tercera.

Sin “motivos claros” ni “criterios objetivos”

Además, sostienen que se llevó a cabo con “una motivación meramente aparente e inidónea para justificarla”, “incumpliendo la norma que exige una serie de contenidos y trámites” que, según Juezas y Jueces para la Democracia, “no se atienden en el presente caso”. Así, señala que la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Bilinski contra Polonia y la del Tribunal de Justicia de la Unión de 6 de marzo de 2025, apunta la necesidad de “motivos claros y criterios objetivos” que consideran que en este caso no concurren.

El resultado de estos defectos, para la asociación, “es la ausencia de tales criterios objetivos y motivos claros”, que, en su opinión, “ponen en tela de juicio la propia medida, dentro de un contexto de presión por parte de representantes políticos y empresariales que hacen más necesario, si cabe, extremar las garantías”. “La quiebra de la forma, según el TEDH, junto con la ausencia de motivos claros, llevan a apreciar un riesgo evidente para la inamovilidad y la independencia del tribunal que JJpD no puede ignorar”, apunta.

JJpD ha solicitado también al CGPJ la suspensión de los acuerdos recurridos, recordando que la quiebra en la formación de los órganos judiciales y en el nombramiento de sus integrantes, puede llegar a ser motivo de nulidad de las resoluciones según la jurisprudencia del TEDH.

Por último, defienden que la asociación está plenamente legitimada en base a las previsiones de la propia Ley Orgánica del Poder Judicial como conforme a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos para “actuar en defensa de la independencia judicial”.

JJpD traslada su confianza en las instituciones y espera que el sistema de garantías de un Estado de Derecho “robusto” conjure lo que representa un verdadero y objetivo peligro para la independencia judicial y la integridad del sistema jurisdiccional europeo.

La semana pasada, el magistrado Luís Villares acudió a apoyar al ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz en el homenaje vecinal organizado en Santiago de Compostela.

Un barco pesquero navega solitario hacia el Gran Sol. Lo hace por un océano Atlántico no demasiado encrespado que despliega toda su fuerza visual, dispara reflejos, satura colores. El cineasta los manipula hasta disolverlos. La secuencia, musicalmente aderezada por una suerte de jazz ambient, se extiende durante casi diez minutos. “Fomos ficando sós / o Mar o barco e máis nós”, arranca el poema del vanguardista Manuel Antonio que presta el título al primer largometraje de Adrián Canoura (Burela, A Mariña, 1991). Esas imágenes por momentos oníricas dan paso a bordo: el Raúl Primeiro, un buque con base en el puerto de Burela cuyo patrón es el padre del director. Fomos ficando sós, estrenada en el festival Punto de Vista de Nafarroa, es la película con la que Canoura reflexiona sobre las relaciones paterno filiales, el estancamiento emocional y el paso del tiempo.

El filme comienza en el desván de los Canoura, en Burela, hace unos diez años. Allí encontró Adrián las cintas de vídeo que su progenitor, Raúl, había ido registrando durante años de travesías por los mares del norte a la busca de la merluza do pincho. “Él siempre decía que grababa para enseñar después a la familia, pero yo no recuerdo que nos pusiera nunca esas películas”, explica el hijo en conversación con elDiario.es al día siguiente de la primera proyección pública de Fomos ficando nós. Ese material, que abarca tres décadas de trabajo en el Raúl Primeiro, conforma uno de los tres núcleos visuales de la obra. Los otros dos son el recopilado por el propio Canoura en dos mareas -campañas de pesca- acompañando a su padre y una instalación que recrea algo así como un camarote y el puente de mando.

“Las cintas tienen una fuerza increíble. También plástica, con todo ese grano del VHS que casaba con lo que yo hacía”, relata. El cine de Canoura suele experimentar con las texturas y los colores, buscar los extremos menos transitados de la imagen. También ha incursionado en el videoarte -con el que acompaña la propuesta musical de Baiuca, electrónica folk- y colaborado en directo con Oliver Laxe. Pero los vídeos de su padre en el Raúl Primeiro escondían además un retrato casi antropológico del trabajo en el mar. Como de otra manera Vikingland (2011, Xurxo Chirro), que montó el diario filmado de un marino mercante gallego entre alemania y Dinamarca. Hombres -solo hombres, una profesión masculinizada al extremo- que pasan semanas en un reducido espacio físico, rodeados de la inmensidad del océano, y sin los medios de comunicación de la actualidad.

Fomos ficando sós no trata solo sobre eso. “Yo no quería hacer un retrato documental de cómo se pesca. Ya existen otras películas y seguramente realizadas mejor de lo que yo podría hacer”, aduce Canoura, “si en la mía hay un hilo es esa grieta, ese hueco que, a nivel íntimo, se abría entre mi padre y nosotros, su familia. Como antes se había abierto entre él y su padre, mi abuelo, también marinero”. El Raúl Primeiro solía navegar hasta Escocia y su tripulación -sobre 15 personas-, pasar más de un mes fuera de casa. Ahora se queda al sur de Irlanda o cerca de la costa francesa, y las mareas duran entre 20 y 30 jornadas. “Nunca lo expresamos abiertamente, pero nuestra comunicación siempre fue difícil, había ese estancamiento emocional de la gente del mar. El tópico habla de gente ruda”, dice.

Distancia emocional

Canoura recuerda la falta de comunicación, cierta “distancia emocional” respecto de su progenitor. Fomos ficando sós es, también, una tentativa de comprender qué sucedía y por qué sucedía. Además de los VHS, el cineasta y su cámara se embarcaron en dos travesías y las filmaron. La primera en 2019, a la brava, sin saber muy bien a qué se iba a enfrentar. “Fue casi una grabación pirata”, recuerda, “medio escondido, con un aparato pequeño. Tampoco quería incomodar al resto de los marineros”. La segunda hace dos años, ya con la productora Zeitung respaldando el proyecto y un boceto de guión en la cabeza. Las imágenes recogen los trabajos y los días de un barco en alta mar, aunque el protagonista indiscutible es el patrón, Raúl Canoura. Y esa cierta sensación de marasmo y soledad que enlaza con la poesía de Manuel Antonio, tan querida del cineasta y que también sucede en un buque, un pailebote.

“Hay mucha distancia entre el pailebote de Manuel Antonio y el Raúl Primeiro, pero también similitudes”, asegura. Su padre y la tripulación andan sobre todo a la pesca de la merluza do pincho, que se captura con anzuelo, una por una, “la técnica más artesanal dentro de la pesca industrial”. “Es un método repetitivo, con un punto aburrido”, se extiende, “la gente en Burela me decía, 'pero qué vas a grabar si es todo el día lo mismo”. Ese cierto estatismo provoca reflexión existencial. “No cuadrante estantío das estrelas / ficou parada está hora: / O cadáver do Mar / fixo do barco un cadaleito [en el cuadrante estancado de las estrellas / quedó parada esta hora: / El cadáver del Mar / hizo del barco un ataúd]”, dice el poema que da título a la película. La performance que funciona como tercer elemento de la narración dialoga con esos versos.

“Me interesaba añadir un ejercicio de juego, llevar el filme a una poética más plástica, no solo documental”, apunta, “a la frontera entre lo plástico y lo etnográfico”. Canoura reconstruyó un camarote y un puente de mando, y estableció un paralelismo entre el patrón de barco y el cineasta: “Compartimos aparatos, pantallas, botones. Y hay elementos en común entre dirigir un barco y dirigir una película. Al fin y al cabo, en los dos casos das órdenes a una tripulación”, señala. Al mismo tiempo, la instalación buscaba representar ese umbral entre el sueño y la vigilia en el que, explica, a menudo vivía su padre embarcado. Si Fomos ficando sós es un documental, lo es utilizando varios lenguajes, no todos habituales en el género.

Tras su estreno en Punto de Vista, la película estará en el Play-Doc de Tui (en la frontera gallega con Portugal) el 1 de mayo. En invierno se estrenará en salas comerciales.

Durante la catástrofe del Prestige, el petrolero que vertió decenas de miles de litros de crudo al mar, la TVG prohibió a sus periodistas utilizar la expresión “marea negra”. En las playas sólo había manchas o galletas de fuel. De la misma manera, para los redactores y presentadores de los informativos de la televisión autonómica, en la moción de censura de Lugo no hay una tránsfuga. Como mucho, la persona que entregará la alcaldía al PP 27 años después es una “edila no adscrita”, una concejala “que formaba parte hace poco del grupo socialista” y que ahora tiene “la llave” del gobierno. Una clase magistral sobre el uso de eufemismos.

Como es habitual cuando la polémica política salpica al PP, en San Marcos –sede de la CSAG, antigua CRTVG– imponen el perfil bajo. La frase podría simplificarse aún más: cualquier cuestión política –siempre que no permita algún tipo de ataque contra Pedro Sánchez o cualquier administración gobernada por PSOE o BNG– pasará lo más desapercibida posible en la escaleta. Sucedió en las últimas elecciones autonómicas, cuando tardaron 70 minutos en informar de su convocatoria e hicieron todo lo posible por reducir la duración de los bloques electorales, algo que frenó la justicia. Con esta moción, que ha indignado a buena parte de la opinión pública gallega, no iba a ser menos.

Más allá de afectar a la cuarta ciudad de Galicia, la censura de Lugo tiene condicionantes que no existían en las otras trece consumadas en este mandato. “Unas circunstancias absolutamente anómalas que no tienen parangón en ningún ayuntamiento de todo el territorio”, en palabras del todavía alcalde, el socialista Miguel Fernández, el tercero en ejercer el cargo desde las elecciones. Y esas circunstancias pasan, principalmente, por la muerte en poco más de un año de tres integrantes del grupo municipal del PSdeG; la última, Olga López Rocamonde, hace menos de un mes. La tránsfuga, María Reigosa, la número 11 de la lista, entró en la corporación pasado el ecuador del mandato para sustituir a uno de ellos, Pablo Permuy.

Ninguna de estas “circunstancias” aparece en las escasas informaciones sobre una moción que, pese a marcar la agenda política en Galicia, sólo abrió los telexornais el miércoles 22, el día en que, tras registrarse, se presentó en rueda de prensa con la futura alcaldesa, la popular Elena Candia, acompañada de la tránsfuga Reigosa y de todo el grupo del PP. Fue, también, la única vez en la que se le dedicó un vídeo y no simples pasos a declaraciones desde plató.

“Finaliza la incertidumbre sobre el cambio de gobierno en Lugo” fueron ese día las primeras palabras de la presentadora, la subdirectora de Informativos, Marta Darriba. Minutos después, su brusca transición para pasar de la explicación del gráfico con el reparto de escaños en la corporación a la siguiente noticia –la habitual crítica al ejecutivo central– no pasó desapercibida para los internautas. El texto, sin cambio de plano, era así: “La llave, por lo tanto, está en la edil no adscrita que esta mañana firmó la moción de censura con el Parido Popular. Junts presiona a Sánchez. Le pide que adelante las elecciones generales. Los de Puigdemont consuman su ruptura con el Gobierno...”.

Desde ese momento, la moción se convirtió para los informativos en un toma y daca sin contexto dentro del cruce de declaraciones de los líderes políticos gallegos, ese trámite que la TVG debe cumplir por cuota de representatividad y que ejecuta sin pasión, como un ejercicio rutinario. Así habían colado la víspera, el martes 21, la primera referencia a “la situación del concello de Lugo” dentro de una pieza sobre la sesión de control al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, adelantada por su viaje a China.

El jueves, tras casi 15 minutos de informativo, el líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, criticaba a los populares y rechazaba la comparación con Noia, donde “los socialistas se apoyaron en un concejal del PP”. La número dos de los conservadores, Paula Prado, “acusa a los socialistas de hipócritas”. A continuación, la vuelta “a los focos” de Mariano Rajoy en su declaración como testigo en la Operación Kitchen. Por la tarde, se sumaba otro cruce de insertos: primero, la alcaldesa socialista de A Coruña, Inés Rey, anunciando que acudiría a la concentración convocada para este viernes por la plataforma Transfuguismo non, democracia si. Otro total de Prado la criticaba por poner buses para la manifestación y recordaba su “condena” por integrar en el gobierno herculina a una exconcelleira de Ciudadanos.

“Alguna de las asociaciones vecinales...”

Tras las políticas, llega la primera gran innovación informativa de esta crisis. “Precisamente, a raíz de la moción, alguna de las asociaciones vecinales reclaman medidas que liberen a la ciudad de lo que llaman abandono. En un comunicado, la plataforma Salvemos Lugo traslada un decálogo de mejoras entre las que figura un mejor cuidado de las infraestructuras o una reducción de la burocracia para realizar trámites en el ayuntamiento”. Tras las colas, vemos a Alberto Rodríguez, portavoz de dicha plataforma, quien asegura: “Nuestra intención es salvar esta ciudad del estado de estancamiento en el que se encuentra, por varios razonamientos: desde el estado en el que se encuentran las calles a las pistas rurales, que están en estado de abandono con muchos baches”.

Si alguna de las asociaciones vecinales respalda la moción es lógico pensar que alguna otra no lo hace. Incluso que son muchas, ya que el propio adjetivo utilizado indica, según la RAE, “un número no elevado o no relevante de las personas o cosas designadas por el sustantivo”. ¿Por qué TVG entonces se hace eco de lo que opina Salvemos Lugo mientras silencia al resto de entidades y no dedica ni un segundo a la plataforma Transfuguismo non, democracia si, que la víspera se presentó en un acto público con más de un centenar de asistentes?

Una de las cosas que no se cuenta a la audiencia es que Salvemos Lugo se había constituido ese mismo día. “Esta plataforma vecinal no va de siglas políticas ni ideologías. Va de salvar una ciudad que agoniza por la falta de gestión”, rezaba su comunicado de presentación. Sus portavoces, Cecilia Vázquez García, presidenta de la Federación de Vecinos Lugo Rural Importa y el propio Alberto Rodríguez, presidente de la asociación Xuntos por Lugo, “colectivo próximo al PP”, tal y como lo describía en octubre pasado el diario local El Progreso, a raíz de una disputa entre entidades que, vista hoy, sirve para ubicar a algunos personajes secundarios.

Todo empezó doce meses antes, en 2024, cuando la federación vecinal Lucus Augusti decidió premiar al ministro Óscar Puente en la celebración del Día do Veciño, una fiesta popular con miles de asistentes a la que el PP dio plantón. Poco después, la federación se rompió y los críticos montaron su propia entidad, Lugo Rural Importa. En esas fechas nace también la asociación Xuntos por Lugo que no tardará en contraprogramar a Lucus Augusti: coincidiendo con el Día do Veciño de 2025, organizarán su propia fiesta, a apenas 200 metros, con el respaldo de la Xunta pero del que Candia hizo todo lo posible por desvincular al PP. La federación primigenia llevó a la Valedora do Pobo una queja contra el gobierno gallego, al que acusaba de intentar “asfixiarlos” mientras subvencionaba a las nuevas entidades por “amiguismo”. Llegaron a denunciar que se les amenazaba con la retirada de ayudas si no acudían al acto de Xuntos, eventos en los que los organizadores visten chalecos de un color azulón muy similar al del PP –y al del propio gobierno gallego–. La mascota del colectivo es una vaca, de nombre Xuntiña, con la que la futura alcaldesa ya ha compartido baile en alguna ocasión.

Abonando el terreno

El viernes a mediodía, el Telexornal volvió a hablar desde Santiago de Lugo, una ciudad en la que “la tensión política va en aumento”. Esta vez sí se cuenta que en la ciudad “ya surgieron dos plataformas” alrededor de la moción. Sin dar ningún dato más sobre ellas –¿están a favor? ¿en contra? ¿mediopensionistas?–, toca encender las alarmas. “El PP advierte de que pedirán responsabilidades si hay incidentes” –como si, en lugar de plataformas fuesen pandillas que pelean por el control de las calles– mientras “los socialistas defienden el derecho de los ciudadanos a movilizarse. ”Creo que si el ambiente está enrarecido es por culpa de quien lo enrareció“, decía a continuación el portavoz de la ejecutiva del PSdeG, Julio Torrado. ”Si la crispación cristaliza en actos violentos, espero que nadie incurra después en la indecencia de intentar eludir su responsabilidad“, respondía en tono casi apocalíptico el portavoz parlamentario del PP gallego, Alberto Pazos Couñago, que remataba: ”Yo sí lo responsabilizo“.

Esa advertencia contra lo que pareciera kale borroka –no es una exageración: el PP gallego ha equiparado con ella el derecho constitucional a manifestarse– no era inocente. Se emitía cuatro horas antes de la concentración convocada ante el ayuntamiento lucense por una de esas dos plataformas: no era Xuntos por Lugo sino Transfuguismo non, democracia si, la que todavía no había tenido su minuto de gloria en el informativo. Y eso que un centenar de conocidos lucenses habían suscrito el manifiesto contra la moción de censura impulsado por el escritor y docente Lois Pérez y la artista Luz Darriba.

Allí, entre la multitud, estuvieron el líder del PSdeG, Gómez Besteiro; la viceportavoz del BNG, Olalla Rodil –Ana Pontón está en Brasil–; las alcaldesas de A Coruña, Inés Rey (PSdeG) o Santiago, Goretti Sanmartín (BNG), ninguno de ellos sospechoso de cristalizar violencias. Con tanto político, TVG no podía faltar, aunque fuese para vincular la movilización a las fuerzas de la oposición y no a la ciudadanía, a la que no dieron voz. Así también, fieles a sí mismos, evitaron mencionar el nombre de los convocantes, no fuese a escapárseles un transfuguismo justo en el rótulo.

La Deputación de Pontevedra ha denegado la petición de su secretario de retrasar su jubilación, pese a que sí se lo había autorizado en ocasiones anteriores. La negativa llega después de que este funcionario, Carlos Cuadrado, hiciese críticas en las que identifica ilegalidades en algunos procesos de selección de personal dentro del ente provincial: denunció una reducción del temario en el turno de promoción interna que considera irregular y no motivada y también que se reservaron más plazas de las debidas para estos movimientos de personas que ya se encuentran dentro de la administración. Las primeras objeciones se las trasladó al presidente, Luis López (PP), en septiembre de 2025 y las últimas, en el mes de marzo de 2026. Solo unas semanas después se le comunicó que no se le va a prolongar la actividad y debe jubilarse ya.

La resolución de la Deputación que le comunica la decisión está firmada el 9 de abril y es un documento de 13 páginas en el que se recogen los argumentos para no retrasar su jubilación. El motivo fundamental alegado por el ente en ese documento, al que ha tenido acceso elDiario.es es que no considera que su perfil, tras cuatro décadas en el puesto, sea adecuado para los proyectos de digitalización. Cuadrado ha rechazado hacer declaraciones.

El desencuentro comenzó con la convocatoria de varios procesos selectivos para cubrir vacantes entre los funcionarios de la Deputación que se incluyen en las ofertas de empleo público de 2023, 2024 y 2025, en el turno de promoción interna. El secretario presentó recurso de reposición contra estos procesos porque detectó una reducción del 50% del temario mínimo establecido. En ese documento razonaba que el ente provincial no tiene capacidad para disminuir estos contenidos porque están recogidos en una normativa básica. Además, consideraba que había falta de motivación para la decisión tomada y que se estaban generando “diferencias de trato” entre las plazas de acceso libre y las de promoción interna. Este recurso fue desestimado.

Posteriormente, Cuadrado volvió a avisar sobre una convocatoria publicada el 7 de enero de 2026 en el Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra, de la que dijo que “infringía la normativa, siendo nula de pleno de derecho”, según un escrito dirigido en marzo al presidente de la Deputación en el que le señalaba que hay límites para las plazas que se reservan para promoción interna. Solo un mes después, el secretario recibió la respuesta a su solicitud de no jubilarse y continuar en su puesto hasta los 70 años. Es una denegación, en la que la Deputación sostiene que su perfil no tiene “una adecuación plena” a las tareas para la digitalización.

El ente provincial expone que está en marcha un proceso para implantar la administración electrónica, que recibió un impulso significativo con la pandemia, pero sobre el que se observa en los últimos años “una desaceleración o estancamiento”. “Las actuales necesidades organizativas requieren un perfil profesional especialmente orientado al liderazgo efectivo de procesos de modernización administrativa”, indica y añade que se espera del secretario provincial que trabaje también en la coordinación entre servicios y promueva una comunicación fluida. “De las circunstancias descritas se desprende que este liderazgo no se está ejerciendo en la intensidad ni con los resultados que el actual proceso de transformación requiere”, continúa, antes de sostener que la continuidad del funcionario “no contribuiría” a la modernización administrativa. El informe hace constar, en cualquier caso, que el reconocimiento médico ha concluido que Cuadrado es apto para seguir realizando sus funciones. También asegura que no pretende cuestionar su “competencia profesional” o trayectoria.

Consultada al respecto, la Deputación de Pontevedra defiende que la decisión de “no prorrogar por cuarta vez las funciones” del secretario es, “además de legítima, plenamente justificada” por las razones ya citadas. Añade que hay una “urgencia” por aplicar las nuevas tecnologías en el funcionamiento de la institución, sin aludir a otros perfiles dentro de la misma orientados a estas tareas. Justifica también que la prolongación del servicio activo “debe analizarse no solo como un derecho del funcionario, sino también como una medida excepcional condicionada a la contribución efectiva al interés general y al correcto funcionamiento de la administración”.

Vítor Belho no se lleva a engaño. “Queremos vivir de nuestro trabajo, y vivir lo mejor posible, pero Nordesía no nació para ganar mucha pasta. Pretendíamos ser un activo para la mejora de la comunidad musical, desde la convergencia entre tradición y modernidad”, asegura. Una empresa cultural, fundada hace ahora 30 años por Paco de Pin y el mismo Belho, que entiende que su función va más allá de lo mercantil, añade. “Las grandes cifras económicas ocultan la realidad diversa de la música popular, que a veces tiene dificultades para emerger”, sostiene, “nosotros seguimos creyendo en los artistas que se expresan desde la propia creatividad”. Nordesía, compañía clave en el despegar del folk gallego en los 90 y en la apertura a las músicas globales de raíz, celebra este sábado su cumpleaños con un concierto en la Sala Capitol de Santiago de Compostela.

El discurso de Belho sobre el estado de la cuestión musical en Galicia (y en el Estado) es crítico. Pese a ser uno de los empresarios culturales gallegos de mayor impacto, desconfía de lugares comunes. “Soy una persona observadora y reflexiono. Ahora mismo estoy más en el paradigma de los derechos culturales que en el de la industria cultural”, afirma. Es su respuesta a la pregunta por las decepciones que, al frente de Nordesía, vivió en estos 30 años. “Quizás la mayor frustración es ver que el dilema entre la dimensión económica y la dimensión social de la música, de la cultura, se inclina hacia lo económico como indicador principal”, dice. Los grandes números -cachés, públicos, conciertos- imponen una lógica perversa, uniformizadora. “Y acaban por arrastrarnos a todos, porque también se imponen en la contratación pública. Si no eres relevante en esos términos, no tienes espacio”, aduce.

Belho cita las investigaciones del periodista catalán Nando Cruz, colaborador de elDiario.es, como reveladoras. Sintetizadas en dos libros, Macrofestivales. El agujero negro de la música (Península, 2023) y Microfestivales y otros festivales posibles (Sílex, 2025), abogan por una reformulación del mapa de la música en directo y una valorización de experiencias al margen o más allá de las citas mastodónticas, insostenibles, con carteles intercambiables y sin ninguna coherencia. “El macrofestival es una tiranía, la explotación del usuario”, considera Belho, “determinado por el efecto FOMO [miedo a perderse algo]”. Contrapone los modelos que Nordesía ha promovido -ImaxinaSons, Sons da Diversidade, Festival dos Abrazos, Cantos na Maré- o promueve, como el Maré. “Buscamos insertarlo en el marco de una ciudad [Santiago de Compostela], que haya una programación diversa, implicada con otros agentes sociales”, defiende. Por los escenarios de su última edición pasaron músicos palestinos o brasileños, mexicanos o andaluces, gallegos o suizos.

“Hay una carrera por el crecimiento constante, una apuesta por la cantidad, que no compartimos. Hay que poner perspectiva, porque sino”, se extiende, “acabaremos con los lugares donde nace la música. Que son los templos de la cultura, alimentados por el poder en sentido amplio, sino los barrios, los pueblos. La música es más que un negocio”.

Talento potencial, déficit de contexto

Y en absoluto estas tres décadas de historia se reducen a una mirada pesimista. Nordesía tiene sus orígenes remotos en el Festival Folk Cidade Vella de Santiago de Compostela, que Belho dirigió entre 1987 y 1995. Fue cuando conoció a Paco de Pin, experto en las áreas técnicas del espectáculo. El último año actuaron Salif Keita, La Vieja Trova Santiaguera, Berrogüetto o Sharon Shannon. “Ya tenía cierta envergadura pero acabó abruptamente”, dice sin ahondar en los motivos. “Pero Paco y yo detectábamos un potencial de talento brutal en la música gallega y un déficit de contexto y capacitación”, señala, “queríamos abrir las músicas de raíz y explorar, desde ellas, una mirada al mundo”. Constituyeron Nordesía.

Los objetivos iniciales no estaban claros. Su “manifiesto poético ideológico” citaba la vanguardia histórica del poeta Manuel Antonio y el Laboratorio de Formas, núcleo teórico del Sargadelos de Díaz Pardo y Luís Seoane. Las intersecciones entre industria, cultura y política. El nombre lo recogieron de una exposición de Antón Reixa, otro poeta y, al frente de Os Resentidos, pionero del rock avanzado en gallego. El proyecto fue adquiriendo forma sobre la marcha. Además de “la proyección al mundo del talento gallego”, la profesionalización del sector fue otra de sus batallas.

“Cuando empezamos, se pagaba en sobres, no había altas y bajas en la Seguridad Social, ni seguros de ningún tipo”, recuerda, “nosotros impulsamos el convenio autonómico de servicios y productoras culturales, creamos la Asociación Galega de Empresas Culturales, fuimos consejeros en la creación de la Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic) durante el gobierno bipartito”. La participación en foros, ferias y encuentros “en los cinco continentes” o la organización de tres ediciones del Womex -uno de los principales mercados de las llamadas músicas del mundo- en Galicia son algunos de los hitos que destaca el propio Belho.

Proliferación espontánea de foliadas

El mundo ha cambiado. Y el mundo de la música, de manera singular en estos 30 años. Belho cita la metamorfosis de los soportes musicales -casetes, vinilos, cedés, Internet- y lo que describe como crecimiento exponencial del tejido creativo y empresarial. “Soy reticente a hablar de industria cultural para el caso gallego, prefiero hablar de tejido cultural”, puntúa, “pero hoy en día hay aspectos de la música popular que están normalizados y creo que es un triunfo”. Se refiere, por ejemplo, a la proliferación espontánea de foliadas y seráns, “algo que sucede de forma natural y orgánica, no siempre sobre un escenario”. La música gallega actual en la que más se fijan en Nordesía bebe, precisamente, de esas fuentes.

Belho no es, sin embargo, adanista. Le entusiasma el éxito de audiencia de propuestas como Tanxugueiras -cantareiras seducidas por los llamados ritmos urbanos- o The Rapants -indie dance cantado en gallego- pero recuerda que ya a finales de los 90, artistas como Carlos Núñez, Berroguetto o Luar Na Lubre -estos aún activos- “llenaban A Quintana [emblemática plaza de la zona vieja de Santiago de Compostela] con entrada de pago”. “Aquellos artistas constituían un verdadero movimiento que trabajaba la riqueza musical, tímbrica y sonora del país”, considera. ¿La diferencia? La mayor visibilidad mediática, el fenómeno de las redes sociales y una comunidad que actúa, contesta. Y aunque alerta de las alarmantes estadísticas que indican cierto retroceso de la lengua gallega, concluye: “Hoy en día la sociedad es más permeable a estímulos culturales propios”.

Por el palco de la Sala Capitol de este sábado, 24 de abril, donde Nordesía celebrará sus 30 años, desfilarán raperos -Lumedoloop-, jazzeros y renovadoras de la canción de raíz popular -A Pedreira & Alejandro Vargas, una de las responsables de la redignificación de la pandereta -Felisa Segade, de Leilía-, gaiteiros escorados al pop -Budiño-, una cantante referente de la recuperación del folclore gallego -Uxía- e incluso habrá presencia africana, mozambiqueña más concretamente -Cheny Wa Gune.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, promociona a Galicia como un destino turístico seguro y de calidad en un encuentro con operadores turísticos en Pekín (China). En el marco de su viaje al país asiático, Rueda ha subrayado la riqueza de Galicia en materia de patrimonio, gastronomía o termalismo, así como atractivos como el Camino de Santiago.

De tal forma, según Europa Press, anima a los ciudadanos de China a visitar la comunidad gallega con motivo del Xacobeo 2027, que será “el gran año de Galicia”.

De hecho, recuerda que el número de peregrinos procedentes de China se multiplicó por seis en la última década, de forma que se superaron los 4.400 durante 2025.

Conexión del pueblo chino y gallego

Subraya la conexión que existe en la forma de ser del pueblo chino y gallego, por su carácter acogedor, hospitalario y familiar, así como el interés por la gastronomía como parte de la identidad. “Tenemos esa sensibilidad especial para acoger con cariño y con mucha hospitalidad a todos los que vienen de fuera y para superar todo tipo de barreras”, señala sobre los gallegos.

Asegura que, a pesar de recibir 9 millones de turistas durante 2025, Galicia es un destino poco masificado, a su juicio. “Llevamos muchísimo tiempo trabajando en que las visitas se distribuyan durante los 12 meses del año”, remarca.