Un incendio que arde sin control ha arrasado ya 320 hectáreas en el municipio de Quiroga (Lugo) y ha llevado a la Xunta a declarar la situación 2 por la cercanía de las llamas a los núcleos de Casa do Vello, As Barxas y Penarrubia. El fuego empezó el martes alrededor de las 15.30 horas en la parroquia de Pacios da Serra, una zona montañosa del municipio, y se extendió rápidamente empujado por el viento, según la Consellería do Medio Rural.

En declaraciones citadas por Europa Press este miércoles, el concejal responsable del área de Medio Rural en Quiroga, Luis Manuel Arias, mostraba su confianza en que la bajada de temperaturas de este miércoles ayudase a la extinción, pero por el momento las llamas siguen fuera de control.

El Ministerio para la Transición Ecológica, por su parte, ha informado del envío de cuatro medios aéreos. Son dos aviones anfibios FOCA, dos helicópteros bombarderos y una brigada helitransportada. Asimismo, el Gobierno central destaca que trabaja “de forma coordinada con el dispositivo autonómico” para apoyar las tareas de extinción.

“No pienso en dimisiones”. El conselleiro de Emprego de la Xunta, José González, no se plantea abandonar el cargo después de que la Inspección de Trabajo sancionase a la bodega de su familia, Casal de Armán, por haber contratado para la vendimia del pasado año, a través de una ETT, a dos inmigrantes sin papeles. González admite que ha hablado del asunto con el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, pero no aclara si éste le ha dado su apoyo: “Eso pertenece al ámbito interno de las conversaciones que tenemos el presidente y yo”. Rueda todavía no ha hablado en público de lo que la oposición ya califica como “escándalo”.

González realizó estas declaraciones a elDiario.es en Moraña (Pontevedra), antes del acto de entrega de los premios de responsabilidad empresarial, organizados por la Secretaría Xeral de Emprego, dependiente de su Consellería, donde destacó la necesidad de “poner a las personas en el centro”. No quiso entrar en la casualidad de que este evento se celebrase justo después de que se conociese el “desgraciado incidente” –las comillas son suyas– protagonizado por la empresa de su familia. “Hoy hay que destacar a los premiados por este reconocimiento, es su día”.

“Me va a permitir, está suficientemente contestado”, despejó una cuestión sobre si había hablado de lo sucedido con Rueda. “Hablo con el presidente constantemente”. ¿Sobre este asunto también? “También sobre este asunto” ¿Y él le ha dado su respaldo? “Eso pertenece al ámbito interno de las conversaciones que tenemos el presidente y yo”. El BNG y la CIG, el principal sindicato gallego, han pedido su dimisión. “No estoy pensando en dimisiones, sino en entregar estos premios”. Y sobre la comparecencia en el Parlamento que solicita el PSdeG: “Si me llaman, claro, no tendré inconveniente en dar explicaciones donde me las pidan”.

Que lo aclare la empresa

Antes, el conselleiro pasó la pelota a la bodega familiar a la hora de añadir nuevas explicaciones a las aportadas por él este martes: “Creo que expliqué suficientemente los hechos y remito cualquier aclaración a lo que diga la empresa, que supongo que algo también explicará”.

Cuestionado por el hecho de que Casal de Armán presentase una denuncia por lo sucedido, pero no contra la ETT sino contra los dos inmigrantes irregulares, acusados de usurpar la identidad de personas que sí tendrían los papeles en regla, González respondió que no conocía el contenido de la querella y que lo que sabía era lo que le habían trasladado en el “ámbito familiar”.

“Para precisar: yo hablé de una denuncia de usurpación de identidad, de poner los hechos en conocimiento de la Guardia Civil para que determinaran qué es lo que había pasado. Simplemente transmití lo que en su momento me transmitió a mí mi familia. No sé exactamente el contenido de esa denuncia”, aclaró. Pese a que esta redacción se lo solicitó, Casal de Armán se negó a mostrar una copia de la demanda.

Para finalizar, preguntado por su opinión sobre los hechos como representante del gobierno gallego, y no como hermano de los propietarios de la bodega sancionada, respondió con tono rotundo: “Yo, como conselleiro de Emprego –y quiero ser muy claro–, evidentemente, cualquier empresa tiene que respetar sus obligaciones, por supuesto, también en materia de seguridad social”.

Los partidos de la oposición en Galicia consideran insuficientes las explicaciones dadas hasta el momento por la Xunta tras conocerse que la bodega de la familia del conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, y dirigen su mirada también hacia el presidente del Gobierno gallego, Alfonso Rueda. El BNG lo acusa de estar “escondido” por no haber respondido a ninguna pregunta ni haberse pronunciado en público sobre el asunto y el PSdeG le pide que aclare si conocía la situación de la empresa de la familia de González.

La líder del BNG, Ana Pontón, calificó de “auténtico escándalo” que la empresa familiar del conselleiro que está encargado de velar por el cumplimiento de la legislación laboral y que lleva las políticas sobre personas migrantes haya sido sancionada por contratar a dos sin papeles para la vendimia de 2025. Considera que es “gravísimo” el hecho en sí, pero también que el conselleiro “pretenda echarles la culpa a esos trabajadores”, algo que tacha de “obscenidad”. Se refiere a que, González señaló en sus declaraciones a una empresa de trabajo temporal (ETT) por proporcionar a estos trabajadores y aseguró que la denuncia que la empresa de su familia interpuso es por “usurpación de identidad” contra estos temporeros, no contra esa ETT.

“La pregunta que me hago es dónde está el señor Rueda, que está escondido y no dice nada de este tema”, agregó Pontón, que le ha exigido que tome una decisión: “O avala este comportamiento o procede al cese de un conselleiro que, desde nuestro punto de vista, está inhabilitado de facto para su cargo”. También cargó contra la postura en contra del PP con la regularización de migrantes: “Sabemos que, para el PP, los inmigrantes hay que tenerlos de manera irregular para poder explotarlos”.

Por su parte, el PSdeG ha registrado una batería de iniciativas en el Parlamento de Galicia que incluye varias preguntas sobre las ayudas públicas recibidas por la empresa familiar del conselleiro desde 2009 y una petición para que comparezca en la Cámara autonómica. Las explicaciones dadas hasta ahora, dicen los socialistas, son insuficientes. La diputada Carmen Rodríguez Dacosta recuerda que, aunque González y la bodega familiar atribuyen la responsabilidad a la ETT, la Inspección de Trabajo dirigió su actuación contra una empresa del grupo de la familia.

En el Parlamento, recalcó Rodríguez Dacosta, “no se le pregunta como hermano, sino como conselleiro de Emprego”. En las preguntas registradas en PSdeG pide saber la calificación de las infracciones y la cuantía de la sanción, además de la fecha en la que el conselleiro tuvo conocimiento de la actuación de la Inspección y si informó al presidente de la Xunta de lo ocurrido. “Primero pedimos explicaciones. Si las que dé en el Parlamento no convencen, exigiremos responsabilidades”, dijo la diputada.

Las ejecuciones hipotecarias sobre viviendas ascendieron a 182 en el segundo trimestre de 2026 en Galicia, de modo que se incrementan un 27,2% en comparación con las 143 del mismo periodo de 2025, según los datos que publica el Instituto Nacional de Estadística (INE) este miércoles y que recoge Europa Press. Esta cifra supone la mayor en un segundo trimestre desde 2022, cuando alcanzó las 188 ejecuciones. Además, el ritmo de incremento interanual de Galicia duplica el aumento del 12,2% en la media española.

No obstante, en comparación con el primer trimestre, hay un descenso en Galicia frente a las 199 ejecuciones de los tres primeros meses del año. Del total de 182 ejecuciones hipotecarias sobre viviendas, 129 fueron sobre viviendas de personas físicas (+17%) y 53, de personas jurídicas. Las ejecuciones hipotecarias sobre el total de fincas subieron hasta 294, lo que supone un alza del 25% en comparación con el segundo trimestre de 2025.

A nivel estatal, en el segundo trimestre se iniciaron 7.141 ejecuciones hipotecarias, un 8,3% más en tasa trimestral y un 12,2% más en la comparativa anual. De ellas, 6.864 afectaron a fincas urbanas (donde se incluyen las viviendas) y 277 a fincas rústicas (-15,3% trimestral y -19,5% interanual). Las ejecuciones hipotecarias sobre fincas urbanas se incrementaron un 9,4% en el trimestre, pero subieron un 14,1% en comparación con el segundo trimestre de 2025.

Dentro de las fincas urbanas, 4.869 ejecuciones correspondieron a viviendas, un 8,3% más que en el trimestre anterior y un 20,9% más que en el segundo trimestre de 2025. De ellas, 4.358 eran ejecuciones sobre viviendas de personas físicas, cifra un 10,2% superior a la del trimestre anterior y un 23,6% por encima de la del segundo trimestre del año pasado.

Por su parte, las ejecuciones hipotecarias sobre viviendas de personas júridicas bajaron un 3,5% trimestral, pero subieron un 5% en tasa interanual, hasta las 631, mientras que las realizadas sobre solares disminuyeron un 1,6% entre abril y junio (-41,3% interanual), hasta totalizar 125.

Y el número de ejecuciones hipotecarias sobre viviendas habituales se situó en 3.703 en el segundo trimestre del año, cifra un 10,3% superior a la del trimestre anterior y un 27,5% por encima de la del mismo trimestre de 2025. Se trata de la cifra más alta de ejecuciones hipotecarias sobre viviendas habituales en algo más de nueve años, concretamente desde el primer trimestre de 2017.

El objetivo principal de esta estadística del INE es ofrecer trimestralmente el número de certificaciones de ejecuciones hipotecarias iniciadas e inscritas en los Registros de la Propiedad durante el trimestre de referencia. Estadística recuerda que no todas las ejecuciones de hipoteca terminan con el lanzamiento (desahucio) de sus propietarios.

El conselleiro de Emprego, José González, defendió este martes la “honorabilidad” de Casal de Armán, la bodega de su familia, tras la sanción impuesta por la Inspección de Trabajo al descubrir a dos inmigrantes sin papeles trabajando en la vendimia, tal y como adelantó elDiario.es. González culpó de la situación a la empresa de trabajo temporal con la que trabajan habitualmente, pese a que la multa le fue impuesta a Viña Campinas, una filial del grupo que dirigen sus hermanos y que él mismo abandonó en 2018 para tomar posesión de su cargo en el gobierno gallego.

En una visita al parque empresarial de San Cibrao das Viñas (Ourense), el conselleiro consideró que ese “desgraciado incidente” se debe al “error” de “confiar en que las personas contratadas, o puestas a disposición, a través de una empresa de trabajo temporal con la que se habla habitualmente tengan los papeles en regla”.

“Aunque la contratación de ese personal fue realizada por la ETT, la Inspección derivó la actuación contra la empresa que le realizó el encargo”, habían explicado a elDiario.es los responsables de Casal de Armán, quienes llegaron a asegurar que, cuando tuvieron conocimiento de las irregularidades, presentaron una denuncia ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Sin embargo, se negaron a proporcionar una copia del documento a esta redacción. Este martes, González ha explicado que la denuncia, por “usurpación de la identidad” se interpuso contra los temporeros, “no contra la ETT”. Para él, esa querella “acredita claramente que no había intención de fraude ni había conocimiento previo de la situación”.

Sin embargo, en su respuesta oficial, la Xunta no se suma a esa estrategia de desviar el foco. A través de un portavoz, afirmó por escrito a las preguntas de elDiario.es que el ejecutivo autonómico “como no puede ser de otra manera, aboga por el cumplimiento de las condiciones laborales en cualquier actividad que se desarrolle en Galicia y, evidentemente, también durante la vendimia”. Añadió que “cualquier trabajador que desarrolle su actividad en Galicia tiene que estar dado de alta en la Seguridad Social y, por tanto, las empresas deben cumplir todos los requerimientos en materia de contratación”.

A preguntas de los periodistas, González también argumentó que Trabajo impuso la sanción “en su grado mínimo” y “en la cantidad legalmente mínima” ya que “no apreciaba circunstancias agravantes”. “Quiero defender la honorabilidad de la empresa y, por supuesto, también de mi familia”, manifestó el conselleiro, tras insistir en que él ya no tiene vinculación con Casal de Armán, el grupo que los tres hermanos heredaron de su padre. “No soy socio, es de mi familia, no participo en la gestión, ni por supuesto en la organización ni en la contratacion de los trabajadores”.

La oposición ha reaccionado a la noticia de que la bodega de la familia de José González, el conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, fue sancionada por explotar a migrantes sin papeles en la vendimia del año pasado. El BNG reclama el cese de González por una situación que considera “indecente”, mientras que el PSdeG le pide primero explicaciones y, si estas no “convencen”, exigirá “responsabilidades”.

La información, publicada por elDiario.es, indica que la empresa Viña Campinas SL, filial de Casal de Armán, recurrió a personas de origen africano sin la documentación en regla para recoger la uva y la situación fue detectada en una inspección de oficio en los viñedos de la zona de O Ribeiro (Ourense). La bodega fue fundada por el padre del conselleiro y heredada, a su muerte, por José González y sus hermanos. El conselleiro se desprendió de su parte cuando fue nombrado para este cargo.

La viceportavoz parlamentaria del BNG, Olalla Rodil, recalcó que González está precisamente a cargo, dentro del Gobierno gallego, de garantizar el cumplimiento de los derechos laborales y la seguridad en el trabajo. “Es una noticia gravísima, absolutamente indecente”, dijo y se preguntó si realmente el PP, que se opone a la regularización de migrantes lo hace porque “en el fondo quieren que trabajen en esa situación de irregularidad”.

Por parte del PSdeG, Lara Méndez acusó al PP de no tratar igual a todos los migrantes y considerar que los hay “de primera y de segunda”. “Parece que no quieren regular la situación de los migrantes, pero no les importa contratarlos sin papeles”, criticó. “Es un tema tremendamente complejo y difícil que tendrá que explicar”, señaló y defendió que González tiene que comparecer en el Parlamento, aunque su grupo no presentó la propuesta en la junta de portavoces de este martes.

Méndez defendió ser “cauta con los adjetivos” y hablar desde “la rigurosidad”. Por eso considera que primero el conselleiro debe dar explicaciones y, “si el resultado no convence”, los socialistas exigirán “responsabilidades”. “¿El presidente de la Xunta qué va a hacer, va a seguir cerrando los ojos a lo que pasa en su casa o va a defender los derechos de los gallegos y también los de los migrantes?”, añadió.

Más dura fue la representante del primer grupo de la oposición, el BNG: “Es impresentable. Pedimos su cese inmediato”. Rodil recordó que este no es el primer incumplimiento de la normativa por parte de la empresa, con una orden para demoler un salón de eventos levantado en 2015 junto a una casa de turismo rural que también explota y varios viñedos. La estructura, sin embargo, continúa en pie.

“Es evidente que esta persona no puede estar ni un minuto más al frente de la Consellería”, manifestó la diputada nacionalista, especialmente cuando González está al frente de “la campaña de acoso y derribo contra los trabajadores que los criminaliza por enfermar”.

El PP no ve caso

El portavoz del PP, Alberto Pazos, siguió el guion y defendió al conselleiro: “No hay caso”. Se remitió a las declaraciones que González había hecho poco antes, en las que atribuyó la contratación de personas migrantes sin papeles a una empresa de trabajo temporal, y recordó que él dejó de ser socio de la bodega familiar cuando fue nombrado conselleiro, en 2018, y no participa en las decisiones o la contratación de personal. “Nos congratulamos de que funcione la inspección”, añadió Pazos, que también repitió los argumentos de la Xunta sobre el asunto: “Si corresponde sanción, tendrá que afrontarla con normalidad, como cualquier otra empresa”.

También se pronunció al respecto el diputado de Democracia Ourensana, Armando Ojea, que se limitó a decir que “si se contrata a sin papeles, es una ilegalidad y tienen que actuar las autoridades pertinentes”.

La bodega de la familia del conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González Vázquez, ha sido sancionada por explotar a migrantes sin papeles para la vendimia del año pasado en la comarca de O Ribeiro (Ourense). La sanción se produce tras una inspección de oficio en la que se certificó la presencia de dos trabajadores de origen africano sin papeles y, por tanto, sin la protección legal que debe amparar a cualquier empleado. La bodega, Casal de Armán, fue fundada por el padre del conselleiro y tanto él como sus hermanos la recibieron en herencia tras la muerte del patriarca de la familia. La sanción propuesta por la inspección se dirige contra Viña Campinas, S.L., una filial del grupo encargada de gestionar las viñas en las que se recolecta la uva con la que se produce Casal de Armán, tal y como han confirmado a esta redacción un portavoz del grupo de empresas.

Las sanciones para este tipo de prácticas oscilan entre los 10.000 y los 100.000 euros por cada trabajador irregular localizado en un centro de trabajo. En caso de reincidencia o explotación laboral grave los hechos pueden tener repercusiones penales. La Inspección de Trabajo, dependiente del Gobierno central, ha evitado hacer valoraciones ni confirmar la cuantía exacta de la multa impuesta a la familia del político del Partido Popular.

El conselleiro de Empleo, José González Vázquez, inspector de Hacienda antes de entrar en la política activa de la mano de Alberto Núñez Feijóo en 2016, declaró al Parlamento de Galicia aquel año ser propietario de terrenos y socio de la bodega junto a sus hermanos. Su participación en la empresa la recibió por herencia de su padre y se desprendió de la misma en 2018, coincidiendo con su entrada en el Gobierno gallego, primero como conselleiro de Medio Rural y, después, como titular del departamento de Trabajo.

elDiario.es se ha puesto en contacto con los responsables de Casal de Armán que se han desligado de cualquier práctica irregular argumentando que las contrataciones de temporeros sin papeles se realizaron a través de una empresa de trabajo temporal, ajena a su grupo de empresas, y que cuando tuvieron conocimiento de esas irregularidades procedieron a presentar una denuncia ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Esta redacción ha solicitado de la empresa una copia de esa denuncia, recibiendo una negativa como respuesta. Además, elDiario.es ha preguntado a los responsables de la bodega cómo es posible que la sanción propuesta por la Inspección de Trabajo se haya dirigido contra una de las empresas de su grupo, Viña Campinas, S.L. y no contra esa supuesta ETT que comerciaba con trabajadores sin papeles. Para esta última cuestión la empresa asegura que “aunque la contratación de ese personal fue realizada por la ETT, la Inspección derivó la actuación contra la empresa que le realizó el encargo”.

La Xunta se ha sacudido el asunto como si no tuviera opinión sobre el lío que afecta a la empresa de la familia directa de quien dirige las políticas de empleo y emigración en la comunidad autónoma. En un mensaje por escrito remitido por un portavoz del conselleiro de Empleo abogan por el cumplimiento de la legislación laboral vigente, incluso, dicen, en época de vendimia. Como única reacción, el mensaje que a continuación se reproduce de manera literal: “La Xunta, como no puede ser de otra manera, aboga por el cumplimiento de las condiciones laborales en cualquier actividad que se desarrolle en Galicia y, evidentemente, también durante la vendimia. Cualquier trabajador que desarrolle su actividad en Galicia tiene que estar dado de alta en la Seguridad Social y, por tanto, las empresas deben cumplir todos los requerimientos en materia de contratación”.

Tres millones de facturación, cuatro trabajadores

Viña Campiñas, perteneciente a la empresa familiar Bodegas Casal de Arman SL, se constituyó en 2022 y se dedica a “actividades de apoyo a la agricultura”. En 2025, Viña Campiñas facturó 715.463,12 euros y no detallaba el origen de sus ingresos. Declaraba una plantilla media de 10,3 personas, frente a los 12,4 de 2024, según sus cuentas, accesibles a través de Insight View y firmadas por Juan Luis González Vázquez, hermano del conselleiro de Empleo, “en calidad de representante de Rectoral de San Andrés”, la holding familiar.

La bodega de la familia del conselleiro de Empleo, Bodegas Casal de Arman SL, facturó algo más de 3 millones en 2025. Su plantilla media no alcanzó en ese ejercicio las 4 personas, según sus últimas cuentas, que indican que “existen operaciones con partes vinculadas”, sin detallarlas, y que “se han recibido subvenciones durante el ejercicio para la financiación del Kit Digital por importe de 3.500 euros y del Igape [Instituto Gallego de Promoción Económica] para la financiación de uvas por importe de 17.407,96 euros”.

La propietaria última de estas dos empresas es la holding Rectoral de San Andrés SL, constituida en 2003, perteneciente a la familia del conselleiro y cuyo administrador único es su hermano Juan Luis. En 2025 tenía unos cinco empleados, según las cuentas que acaba de remitir al Registro Mercantil

Otras polémicas

No es la primera vez que Casal de Armán se ve envuelta en una polémica relacionada con el cumplimiento de leyes y normativas. En mayo de 2015 la empresa decidió levantar un salón de eventos con estructuras prefabricadas junto a sus viñas y a la Casa de Turismo Rural que explotan a sus pies. La infraestructura carecía de permisos municipales y de la Xunta, por lo que la administración gallega resolvió su “demolición” por el “tremendo impacto” sobre el entorno.

Aquella resolución de la Dirección Xeral de Patrimonio de la Consellería de Cultura fue objeto de una catarata de recursos y alegaciones que mantienen la polémica dormida en los despachos, mientras el holding de la familia del conselleiro mantiene su salón de eventos en pie al tiempo que buscan permisos para ampliar sus dotaciones de hostelería sobre parte de la finca, calificada como suelo rústico.

La Xunta va a dar a los pacientes la posibilidad de saber cuánto cuestan los tratamientos que recibe o las consultas a las que acude en la sanidad pública. El presidente gallego, Alfonso Rueda, explicó que la información se va a dar a través de la app del Servizo Galego de Saúde (Sergas) y aseguró que la intención de la medida es avanzar en materia de transparencia.

La Consellería de Sanidade explica que quienes tengan la aplicación Sergas Móbil pueden acceder a los datos en el icono del portal del paciente É-saúde, en el apartado Valoración económica da miña atención sanitaria. Para entrar es necesario tener el certificado digital o el sistema Chave 365.

El Gobierno gallego indica que el paciente va a poder ver información sobre los servicios de atención primaria como consultas médicas, de enfermería o análisis de sangre, pero también de actos sanitarios en la atención especializada, como consultas, pruebas diagnósticas y tratamientos. Otra de las cuestiones cuyo coste económico se va a poder ver es el de la asistencia en urgencias o en los puntos de atención continuada (PAC). También habrá un apartado con lo que cuestan los medicamentos dispensados, que distinguirá la parte que paga la sanidad pública y la que abona el paciente.

Sanidade aclara que los importes de los servicios se basan en los precios públicos (que se fijan en el Decreto 56/2014 que establece las tarifas del Sergas). El coste de los medicamentos será el del momento de la dispensación, a partir del precio oficial de venta al público.

En los próximos tres meses también se va a ir incorporando para su consulta la información sobre los costes de una hospitalización, de la farmacia hospitalaria, prótesis, terapias respiratorias o transporte sanitario no urgente. La aplicación del Sergas la usan 2,3 millones de personas, señala la Xunta.

El anuncio lo lanzó el presidente de la Xunta en el debate sobre el estado de la Autonomía de 2025: el Gobierno gallego se propone aumentar en 1.800 las plazas en residencias de mayores con la construcción de 24 nuevos edificios. Pero no será una ampliación de la capacidad netamente pública, sino que se hará a través de una colaboración público-privada que no se ha concretado todavía en qué va a consistir exactamente, a pesar de que el plan acaba de ser aprobado por el Consello.

Este lunes el presidente gallego, Alfonso Rueda, lo presentó tras la reunión semanal de su gabinete. En la comparecencia ante la prensa destacó que, en los últimos años, se ha incrementado el número de plazas “sostenidas con fondos públicos” y volvió agradecer por su contribución a la Fundación Amancio Ortega. Las instalaciones que paga el fundador del grupo Inditex se integran en la red pública gallega, pero el Gobierno gallego no las gestiona directamente, sino que entrega la gestión a entidades de iniciativa privada.

Rueda afirmó que al menos el 60% de las 1.800 nuevas plazas que se van a crear tendrán “carácter público”. La conselleira de Política Social, Fabiola García, que compareció también para presentar el plan confirmó que la iniciativa se va a llevar a cabo mediante una colaboración público-privada. En el modelo gallego existen centros que son privados, centros que son privados, pero en los que la Xunta tiene plazas concertadas y centros públicos.

García expuso que se van a dividir esas 24 residencias en 12 lotes, cada uno de los cuales va a incluir una residencia principal con más de 100 plazas y otra “satélite” de menor tamaño. Van a estar localizadas en ayuntamientos próximos entre sí. Además, el plan es que sean municipios de menos de 25.000 habitantes y en los que no haya ahora plazas de este tipo.

Los ayuntamientos, todos gobernados por el PP menos dos que están en manos del PSOE, tienen un plazo de un mes para adherirse y, a partir de ahí, disponen de un año para hacer efectiva la cesión de la parcela para levantar una nueva residencia. La Xunta tiene ya seleccionados los emplazamientos que le interesan. En caso de que algún ayuntamiento rechace formar parte de la iniciativa, el Gobierno buscará otra localización alternativa.

La propuesta de Política social incluye ocho en la provincia de A Coruña, que son (en todos los casos se cita primero la residencia principal y después la satélite): Porto do Son y Outes; Mañón y Cariño; Carnota y Cabana de Bergantiños; y Oza Cesuras y Carral. En Lugo se proponen, por una parte, O Corgo y O Páramo, y, por la otra, O Saviñao y Folgoso do Courel. En Ourense serían Ribadavia y Castrelo de Miño y San Cibrao das Viñas y Toén. En Pontevedra la intención es levantarlas en O Porriño y Baiona; Sanxenxo y Cambados; y Marín y Moraña. Un último lote incluye Arbo (Pontevedra) y Padrenda (Ourense). La conselleira ha recordado que está también en marcha la de Ribeira (A Coruña), un proyecto que la Xunta desbloqueó solo cinco días después de la moción de censura que dio la Alcaldía de nuevo al PP.

El presidente de la Xunta y del PP gallego, Alfonso Rueda, ha condenado el boicot sufrido por el trío de neotrad gallego Tanxugueiras en Palencia. “Estoy en desacuerdo con la actitud de estas personas”, dijo, y recalcó que “ni ellas ni otros tienen que aguantar este tipo de actitudes”, que sostiene que “nadie del PP” apoyaría.

Los hechos sucedieron el pasado 2 de septiembre. Un grupo de ultras envueltos en banderas de España, procedentes de la concentración en apoyo a Ceuta que se celebró, como en otras ciudades, en Palencia, obligaron a retrasar el concierto 40 minutos, entre gritos pidiendo la dimisión de Pedro Sánchez e improperios contra las artistas por cantar en gallego.

Las tres integrantes de Tanxugueiras reaccionaron publicando un vídeo poco después en el que llaman a no dejar pasar lo que ocurrió y avisan de que la violencia, tanto verbal como física, es “muy peligrosa”. “El mundo se está poniendo bastante oscuro”, señala una de ellas. No son las únicas artistas que han recibido ataques de ultras y varios de ellos llaman a darles respuesta con la unión en el sector y manteniéndose sobre los escenarios.

Rueda manifestó su rechazo al boicot a Tanxugueiras, pero aprovechó para reclamar atención también para “manifestaciones y seguimientos totalmente fuera de lugar” que asegura que sufrió él mismo: “Hay que denunciarlo cuando les toca a los demás y cuando nos toca a nosotros también”. Él estuvo aquel día en la concentración convocada en A Coruña. Cuando se le pregunta por alguna manifestación contra sus políticas, el presidente gallego suele responder distinguiendo entre quien protesta “de buena fe” y quien “politiza” los asuntos. Este lunes respondió a una pregunta sobre si, en el caso de las concentraciones por Ceuta, esto también ocurrió: “La inmensa mayoría estaban con la misma intención que yo, que era apoyar a un pueblo que está sufriendo. Si había otras personas intentando obtener rédito electoral, allá ellas, quedaron retratadas”.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, mantiene un doble discurso con respecto al apoyo a Ceuta: por un lado, defiende la solidaridad de Galicia -con la que justifica haberse ausentado de una reunión de su gobierno para estar en un acto político de Juan Jesús Vivas, presidente de la ciudad autónoma, en Madrid-, pero, por otro se, muestra reticente con el reparto de menores migrantes y rechaza concretar a cuántos estaría dispuesto a recibir en el sistema autonómico: “Me niego a hablar de cifras, ni siquiera sobre si tienen que venir en este momento”.

Rueda repitió este lunes el mensaje en el que lleva semanas instalado: Galicia se presenta como un territorio solidario, consciente del problema tras lo que llama “avalancha de personas que llegaron a Ceuta” hace mes y medio, pero carga contra el Gobierno porque reclama que el reparto de menores migrantes se haga con una planificación que dice que no hay y acompañado de presupuestos extra.

Justifica su negativa a concretar a qué estaría dispuesta la Xunta con que es el Gobierno central el que sigue “lejos de dimensionar el problema”. “Si quieren colaboración, se tiene que hacer de otra forma”, insistió. Además, en línea con el PP estatal, volvió a decir que los niños deben volver con sus padres y que la opción de trasladarlos a otros territorios “debería ser la última”. Acusó al Gobierno de no intentar otras alternativas, una cuestión que la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha negado en varias ocasiones al asegurar que se da prioridad al reagrupamiento familiar, pero esto no siempre es posible.

El portavoz de Sanidad del PSdeG, Julio Torrado, ha comparecido este lunes con los datos oficiales de las listas de espera del Servizo Galego de Saúde (Sergas) para denunciar el “récord histórico” alcanzado por el gobierno de Alfonso Rueda. 378.749 personas esperaban una cita médica a finales de diciembre, cuando la Consellería de Sanidade publicó la última actualización de los datos. Más allá del mal registro oficial, Torrado afirma que la realidad “es aún peor”.

Las cifras, colgadas en la web del Sergas, son 20.591 persona más que un año antes y 18.299 por encima de los seis meses anteriores. Por eso, el diputado socialista insistía: “No es una valoración nuestra ni un cálculo de parte”. Su crítica no acaba ahí: asegura que no sólo espera más gente, sino también más tiempo en las tres grandes categorías.

Así, la media para una prueba diagnóstica se eleva a 97,8 días –10,5 más que a final de 2024–; para una operación son 72,8 días –casi seis más– y para la primera consulta con el especialista, 62,6 días. Torrado llevó la comparación también a 2019, último año prepandemia. Entonces, confronto, en la lista quirúrgica esperaban 32.750 personas “y hoy son cerca de 50.000”.

“Y, aún así, los datos reales son peores”. Para el portavoz socialista, la cifra oficial se queda corta. “Si a usted, o a alguien de su casa, le dicen en un hospital gallego 'ya lo llamaremos', usted está esperando, pero no entra en la estadística hasta que tiene una fecha puesta”. En ese limbo “pueden pasar semanas o meses, por eso todo el mundo en este país sabe que la lista real es mayor”.

“Presumimos constantemente de tener un sistema sanitario cada vez más moderno y hay una fascinación tecnológica del gobierno de Rueda, que inaugura máquinas como quein toma cafés, pero cada vez hay más gente esperando y cada vez espera máis tiempo”, censuró. “Eso es inasumible”.

Falta de transparencia

Torrado criticó la falta de transparencia del gobierno popular. Recordó que los datos de las listas de espera se presentan dos veces al año. Sin embargo, “estamos a mediados de septiembre y aún no se conocen los del primer trimestre”. Recordó que los socialistas llevan tiempo proponiendo cambios en el cómputo para que refleje “lo que pasa de verdad y se puedan evaluar las políticas públicas con criterio”, algo que “siempre chocó con la negativa del PP y la Xunta”.

El diputado socialista se dirigió directamente al presidente gallego, Alfonso Rueda, y al conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, para pedirles que entren en el debate: “Cada vez que presentamos un dato somos unos mentirosos, cada vez que hacemos una valoración somos unos alarmistas y la culpa siempre acaba siendo de Pedro Sánchez”. “Así no se puede debatir, concluyó”.

Un juzgado de Santiago de Compostela ha condenado al Servicio Galego de Saúde (Sergas) a indemnizar con casi 300.000 euros a la viuda y los hijos de José Manuel Brey, el hombre que falleció el 4 de agosto de 2018 en el PAC (Punto de Atención Continuada) de la localidad pontevedresa de A Estrada sin recibir atención médica porque no había ningún facultativo en el centro. El juez considera “innegable” que la tardanza privó al paciente “de la probabilidad o expectativa” de salvarse y culpa a las deficiencias del servicio. La familia lo consideró entonces “una consecuencia palpable” de los recortes en sanidad.

La sentencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, fue emitida el pasado miércoles por la Plaza Número 1 de la Sección de lo Contencioso Administrativo del Tribunal de Instancia y adelantada por La Voz de Galicia. En ella se recuerda cómo José Manuel, paciente de párkinson, llegó a las cinco y media de la tarde de aquel sábado al PAC acompañado de su mujer. Presentaba un cuadro de fiebre, dolor abdominal y dificultad para respirar. A las 19:13 comenzaron los vómitos que le taponaron las vías respiratorias. Media hora despues, a las 19:45 –dos horas y cuarto después de llegar a urgencias–, fallecía en la sala de espera, ahogado en su popio vómito, sin que en todo ese tiempo apareciese ningún médico para atenderlo.

Aquella tarde, el centro debería haber contado con dos facultativos. Uno se encontraba a algo más de 30 kilómetros de allí, en el PAC de Vilagarcía. Según relató, lo convocaron por teléfono para cubrir los dos refuerzos y aceptó el de Vilagarcía. Sin embargo, en el sistema del Sergas aparecía con las dos guardias asignadas. Al mismo tiempo.

El otro médico de guardia sí estaba en su puesto, pero tuvo que salir a atender una urgencia. Cuando lo hizo, avisó a la central del Sergas de que el servicio quedaba descubierto. El Servicio Galego de Saúde explicaría después que fue imposible encontrar sustituto. Se escudó en la falta general de médicos a lo que se sumaba que la demanda aparecía en un sábado de agosto. En ese tiempo en el que el PAC quedó vacío, fue cuando llegó José Manuel. Sin nadie para atenderlo, murió en las propias instalaciones.

La familia del fallecido inició entonces una batalla legal que pasó primero por la absolución de los médicos pese a que la sentencia, penal, reconocía que el desenlace podría haber sido diferente si lo hubiese atendido un facultativo. “Si el médico no tuvo la culpa, la tiene el Sergas”, aseguró entonces su hija. Es lo que ha entendido, ocho años después, el juez compostelano que, en vía administrativa, condena al Servizo Galego y su aseguradora a pagar 120.000 euros –60.000 para la viuda y 30.000 para cada uno de sus hijos–, una cantidad que, aplicados los intereses, se espera que ronde finalmente los 300.000 euros.

La “pérdida de oportunidad” es el eje de la sentencia, una figura jurídica que se aplica cuando la falta de celeridad, el error o la demora diagnóstica privan al paciente de la probabilidad de curación, supervivencia o mejoría que habría tenido si se hubiese actuado a tiempo. Aunque no puede asegurar al 100% que el paciente se hubiese salvado con una intervención inmediata, se reconoce como “innegable que la tardanza le privó de la probabilidad o expectativa estadística de lograrlo”. Para el juez, entre otras carencias, faltó una valoración médica inicial o embrionaria del paciente y lo hizo por deficiencias del servicio. No lo ve por tanto, causa directa de la muerte, pero sí causa de la pérdida de oportunidad de haberse salvado.

La sentencia no es firme y cabe recurso ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, una posibilidad que ahora estudian los servicios juridicos del Sergas.

La práctica totalidad de los 72 bomberos del Consorcio Provincial contra Incendios de Ourense han presentado demandas individuales contra la decisión del organismo –conformado por la Deputación y la Xunta– de restarles del cómputo de horas extraordinarias los permisos por hospitalización, asuntos propios, bajas e incluso horas sindicales del año 2025, el ejercicio en el que Galicia sufrió la peor ola de incendios de su historia, con Ourense como epicentro. El Consorcio trata así de ahorrarse en todos los casos que pueda el abono de las 144 horas anuales de trabajo que no redujo tras la entrada en vigor del nuevo convenio colectivo.

Los bomberos de los cuatro parques comarcales de Ourense –A Rúa, O Carballiño, Verín y Xinzo– iniciaron 2025 con 1.776 horas en su cuadrante anual o, lo que es lo mismo, 73 turnos de 24 horas y otras 24 horas de formación. El 24 de marzo de ese año, después de una huelga que afectó a los consorcios de las cuatro provincias gallegas, el boletín oficial de la provincia publicó el primer convenio provincial que, entre otras mejoras, incluía la reducción de la jornada anual de 73 a 67 turnos –1.608 horas más 34 de formación–, una medida que entraba en vigor con carácter retroactivo desde el 1 de enero.

Sin embargo, ese recorte de horas no se aplicó y los cuadrantes permanecieron sin cambios. Desde la CIG recuerdan que el Consorcio ni siquiera aceptó entonces la propuesta de los sindicatos para modificar sólo los meses posteriores al acuerdo ni tampoco que se definiese cuáles de esos servicios se considerarían horas extras. Finalizado el año –durante el que se quemaron 90.000 hectáreas en Ourense, el 80% de todo lo que ardió en Galicia–, esos seis turnos de diferencia seguían sin pagarse.

La “sorpresa” llegó meses después, cuando, a 30 de junio de 2026, el Consorcio emitió una resolución en la que aceptaba abonar el exceso de jornada pero con rebajas: “Sobre el número total de las guardias recogidas en los cuadrantes, deberán descontarse todas aquellas situaciones que supusieron, a cada trabajador, no superar las 67 guardias previstas en el Convenio, ya que fueron retribuidas en sus nóminas, tales como situaciones de IT (bajas), reducciones voluntarias de jornadas, permisos retribuidos recogidos en el Convenio, licencias, así como todas aquellas otras circunstancias que ya fueron pagadas en sus nóminas con anterioridad”. Ese recorte afecta también, según denuncian los afectados, a las horas sindicales, calculadas en función de la jornada de 73 turnos y no de la 67.

En el caso de las bajas, la exclusión “expresa e indudable de la compensación por el exceso de guardias realizadas”, supone –para el sindicato CUT– la “equiparación” a las ausencias injustificadas. Una postura que recuerda al discurso de la Xunta en el que se habla en los mismos términos del absentismo y de las incapacidades temporales. La central considera esta postura una “discriminación por razón de salud” y recuerda que la ley “sanciona el trato desigual en las condiciones de trabajo, entre las que se encuentra el derecho a la igualdad retributiva”. Por eso, en la demanda de su representado, además del pago proporcional de las horas extra, incluye la solicitud de una indemnización por daños morales al trabajador.

No es el único sindicato incapaz de entender la postura del organismo. “No, no lo comprendemos”, asegura Ismael Vázquez, representante sindical de la CIG en el parque de Verín. “Intentamos dialogar y explicárselo de todas las formas posibles, modificar los cuadrantes...”. Pero, ante la falta de respuesta, finalmente optaron por acudir a los tribunales. “No queremos vivir en un conflicto permanente; queremos trabajar, pero nos están quitando derechos”. El Consorcio no ha respondido a las preguntas de elDiario.es.

La conflictividad a la que se refiere Vázquez es recurrente en Ourense, donde ya el pasado abril retomaron los paros y se negaron a hacer horas extras para denunciar la lentitud con la que la Deputación presidida por el popular Luis Menor, en contraposición a otros entes provinciales, aplicaba los acuerdos del convenio. El principal, la creación de 17 nuevas plazas de bombero conductor, el equivalente a la plantilla de cualquiera de los cuatro parques. La fase de oposición arrancó este verano.

Lo sucedido hace diez días en Palencia (Castilla y León) fue sobre todo un síntoma. De que “el mundo se está poniendo bastante oscuro”, en palabras de Aída Tarrío, una de las integrantes de Tanxugueiras, el celebrado trío gallego de neotrad que sufrió un intento de boicot por parte de ultras en la ciudad castellana. A base de insultos contra el presidente del Gobierno e improperios contra las artistas por cantar en gallego, ataviados con banderas de España, obligaron a retrasar el concierto unos 40 minutos. Tanxugueiras y la mayoría del público se sobrepusieron, pero en un vídeo publicado poco después pedían “dar importancia” a lo que pasó. “La violencia verbal y la física son muy peligrosas”, decían. Colegas, críticos y productores comparten preocupación: no se trata del único caso.

Los recurrentes ataques de políticos reaccionarios al asturiano Rodrigo Cuevas o la hostilidad hacia la propuesta de Mondra, músico que investiga en los ritmos urbanos a partir del folclore gallego, son algunos ejemplos recabados por este diario. “Estos ataques están a la orden del día”, relata Mondra a elDiario.es, “pero nunca con tal magnitud”. Él mismo fue objetivo, finalmente no consumado, durante su actuación en las fiestas de la Ascensión en Santiago de Compostela en mayo. Entonces, recuerda, un grupo de gente que enarbolaba una rojigualda quiso acceder a la Praza de A Quintana con intención de sabotear el concierto. “Por suerte los desalojaron”, señala.

Mondra, cuya gira A ronda -un cuidado espectáculo con coreografías y audiovisuales- encara su recta final en salas de Catalunya, Valéncia, Madrid y Extremadura, va más allá de la anécdota. “Soy vecino del barrio de San Pedro [de Santiago de Compostela]”, en pleno Camino Francés, el más transitado, “y veo cada día cómo entran peregrinos con simbología gigantesca y actitudes que no son únicamente identificarse con ella, sino ir contra lo que consideran que se opone a sus estándares”. En su caso particular, no se trata únicamente de cantar en gallego e incorporar fragmentos de la tradición musical gallega a la electrónica de baile: su espectáculo celebra la diversidad afectivo sexual y cuestiona lo que define como “heteronorma”. “Las agresiones recientes demuestran que cada vez es más necesario subir al escenario y retar estas ideas reaccionarias”, aduce.

Los hechos de Palencia impactaron a Mondra. “Las imágenes, preo también la valentía de Tanxugueiras para continuar y sacar adelante el concierto”, puntualiza. A Faia Díaz, miembro de DeVacas, banda de folk pop con retranca y, en solitario, autora de dos discos en que aproxima el folclore a experimentos vanguardistas, también. “Todo mi apoyo a las Tanxugueiras”, dice, de entrada, en conversación con este periódico, “pero no hay que tener miedo. Estas cosas deben servir para estar todas unidas y defender la cultura y la diversidad”. Con DeVacas ha cantado en gallego hasta en el último rincón del Estado. Ha percibido gestos torcidos o abandono de butacas, pero nunca un boicot. “Supongo que el usar el filtro del humor lo suaviza todo”, dice, “somos conscientes de que el fascismo está ahí y ahora lo hemos visualizado con Tanxugueiras”.

“El tonto del pueblo es casi el alcalde”

Lo que sí han padecido DeVacas, conformado por tres mujeres y un hombre, es el machismo. Y de manera salvaje a través de las redes sociales. “Lo que antes estaba en las redes parece que ahora salta a la realidad, ese es el problema”, afirma Díaz. Algo parecido sostiene Nando Cruz, crítico y periodista catalán, colaborador de elDiario.es. Lo hace con un ejemplo más gráfico. “Lo que pasa es que antes el tonto del pueblo, o de la ciudad, montaba un pollo y nadie se enteraba”, ironiza, “ahora empieza a través de las redes y organiza una cacería con el 'España es una y no 51. Ahora el tonto del pueblo es un visionario, un ideólogo y el nuevo punk. El tonto del pueblo es casi el alcalde”. En cualquier caso, Cruz expone un razonamiento de raíz histórica para entender por qué propuestas de renovación de los folclores peninsulares suscitan odio en la ultraderecha.

“El franquismo cooptó las músicas tradicionales y los convirtió en instrumentos del régimen”, desarrolla su teoría, “esta oleada de recuperación y modernización a partir de los años 2000 va en contra de esa imagen. A lo mejor determinada gente piensa que les han quitado algo y se enfada, muestra su protesta”. Protesta alimentada, además, por el ascenso del extremismo reaccionario, a nivel estatal y mundial. Es, quizás, este último factor el que diferencia el contexto actual en el que surge esta tendencia a reactivar las músicas tradicionales de otros momentos en que hubo tentativas análogas. Eso y el éxito más allá del propio territorio de nombres como Tanxugueiras, Fillas de Cassandra, Baiuca, Rodrigo Cuevas, Maria Arnal i Marcel Bagés, Verde Prato, Califato ¾, Tarta Relena. “Quizás suceda que, hasta ahora, este tipo de propuestas habían funcionado en espacios afines, pero al dar el salto son recibidos con hostilidad en según qué ambientes”, añade.

Nando Cruz señala también la responsabilidad de la comunicación social a la hora de expresar, o dejar de hacerlo, la pluralidad cultural del Estado español. “Ha habido poco trabajo de los medios de comunicación para naturalizar que en este país hay otros idiomas distintos del castellano, por ejemplo”, asegura, “pon una radio pública, o privada. La segunda maqueta de grupo de rock en castellano tiene más facilidad para salir en antena que una banda que canta en gallego, en catalán o en euskera. Estas tiene que demostrar mucho más”. La lista de los mejores discos españoles de los últimos 50 años seleccionada en 2025 por el suplemento Babelia de El País como ejemplo: dos discos en catalán -Qualsevol nit pot sortir el sol (1975), de Sisa, y 10 milles per veure una bona armadura (2011), de Manel-, ninguno en gallego, ninguno en euskera, ninguno en asturiano, uno en inglés -Devil came to me (1997), de Dover.

Artistas “un poco inseguros”

En el catálogo de la cooperativa cultural gallega Urdime figuran algunas bandas que forman parte de esa nueva eclosión de raíz folk y apertura global: Alana, Catuxa Salom, Lideira o Abril. “De un tiempo a esta parte, nuestras artistas sí que notan un aumento del rechazo y se sienten un poco inseguras, despreciadas”, responde Ángela Vila, encargada del apartado musical de Urdime, “y no solo fuera de Galicia, también aquí”. No siempre es explícito, denuncia, pero algunas críticas formuladas como “solo programáis gaitas” proceden, a su juicio, del mismo lugar, aquel en el que la ultraderecha nutre el odio “a toda identidad distinta a la suya”.

Para Vila el panorama es preocupante. Sobre todo porque, tras lo acontecido en Palencia antes de la actuación de Tanxugueiras, no vio condenas contundentes. “Sí del público y del sector, pero no de los políticos. Al fin y al cabo, los que gritaban venían de sus manifestaciones”, dice, en referencia a que los alborotadores ultras llegaban de las concentraciones en solidaridad con Ceuta convocadas por el PP y apoyadas por Vox. El presidente de la Xunta de Galicia, el conservador Alfonso Rueda, no ha hecho ninguna referencia ni ha mostrado solidaridad con las artistas. “La cultura, el respeto y la educación deben prevalecer por encima de todo si queremos ser una civilización civilizada”, apuntaba la tanxugueira Aida Tarrío en el vídeo posterior al incidente.

El autorrescatador es un dispositivo de emergencia que permite respirar cuando en el entorno no hay suficiente oxígeno o cuando están presentes gases tóxicos. Los brigadistas que luchan contra los incendios en Galicia lo tienen como el último recurso en caso de que una situación se complique. Pero estos profesionales tuvieron que pasar este año varios días sin estos equipos porque casi todos los que compró la Xunta tuvieron que ser sustituidos por un defecto. Y, en ese periodo entre que un trabajador notificaba el problema y le entregaban material nuevo, tenía que acudir a su puesto sin que tuviese disponible un autorrescatador.

La diputada socialista Carmen Rodríguez Dacosta denunció la situación en el Parlamento de Galicia, en el que presentó una serie de preguntas sobre lo ocurrido. Le contestó el director xeral de Defensa do Monte, Manuel Francisco Gutiérrez, que admitió que, de los 2.820 autorreguladores adquiridos han tenido que ser sustituidos 2.639. Aseguró que no hay ningún brigadista que no cuente con este material en la actualidad y señaló que los reemplazos se fueron haciendo progresivamente y que no estuvieron a la vez más de 2.600 trabajadores sin este dispositivo. También afirmó que el defecto no implicaba que el aparato no estuviese operativo. La Consellería do Medio Rural agrega que los cambios se hicieron en época de bajo riesgo. La diputada, sin embargo, aseguró que varios brigadistas le comunicaron que recibieron los nuevos autorrescatadores hace pocos días.

Un brigadista de la zona de Ourense relata a esta redacción que, en su caso, fueron dos los cambios de autorrescatador que tuvo que pedir desde que le entregaron el primero, el año pasado. Confirma que, como señala Medio Rural, el problema estaba en la bolsa exterior, que se hinchaba. El aparato se basa en una reacción química en la que se genera oxígeno y aparentemente, se desencadenaba pese a estar cerrado y bien almacenado, expone este trabajador, que indica que a él le entregaron el material nuevo en cuestión de tres días y hace meses, antes de la campaña de máximo riesgo, que empieza en julio en Galicia. Eso sí, en esos días entre que se llevaron el autorrescatador defectuoso y le dieron el nuevo tuvo que ir a trabajar sin él. Esos días no tuvo que salir a ningún incendio, pero fue porque “coincidió así”. Si hubiese tenido que ir a apagar llamas, tendría que haber salido sin este complemento.

Manuel Francisco defendió que hay que distinguir entre los equipos de protección individual (EPI) destinados a los trabajos de extinción (el traje ignífugo, el casco, las botas, los guantes, las gafas, las máscaras antihumo o el protector del cuello) y sus complementos, entre los que incluyó el autorrescatador. Según su versión, el fabricante aseguró que los dispositivos seguían operativos, pese al fallo en la bolsa. Pero se hizo la sustitución igualmente y la empresa sustituyó las bolsas antiguas por otras con una válvula para impedir la entrada de impurezas y que permiten que, si se generan candidades pequeñas de oxígeno en el interior, puedan salir.

Las sustituciones se fueron haciendo, según el director xeral, a medida que cada trabajador fue comunicando que su equipo tenía un defecto. El brigadista de la zona de Ourense que contó su experiencia a esta redacción expuso que en su brigada se cambiaron todos los autorrescatadores defectuosos a la vez y explicó que se les había pedido que comprobaran su estado.

Rodríguez Dacosta replicó que la respuesta de la Xunta implica que “fallaron los autorrescatadores” y que eso “da para reflexionar”. Y pidió explicaciones por la llegada de algunos de ellos en septiembre. “No me responda que los autorrescatadores están entregados y diga cuándo debía disponer de ellos el personal, que decía que al principio de la campaña tenían que tener los EPI. Pues no era cierto”, recriminó. La diputada añadió que las quejas de los brigadistas por el material van más allá de estos dispositivos y que protestan por la escasez, por ejemplo, de camisetas interiores o por no disponer de mochilas para poder llevar consigo todo el material que, si llevan sujeto al cinturón, resulta “inaguantable”.

Fran Lebowitz no quería ser escritora. Quería ser jueza. “No soy jueza, pero sí juzgo mucho”, se sinceró este jueves en A Coruña. No tardó en demostrarlo. Donald Trump, Ophrah Winfrey, Martin Scorsese, Ronald Reagan o Andy Warhol fueron algunas de las celebridades que sufrieron sus veredictos durante la hora escasa de su intervención en la fundación Marta Ortega. Cáustica y costumbrista, por momentos un poco deslavazada en sus razonamientos y aun así divertidísima, la escritora neoyorquina cumplió de sobra las expectativas: “Es realmente difícil escribir, la única profesión tan difícil como escribir es ser minero. Sin embargo, hablar es muy fácil. Soy muy buena hablando”. En A Coruña lo hizo con el profesor Daniel Mendelsohn.

Sus odas a la procrastinación -mejor limpiar el baño que sentarse ante el ordenador- convivieron con ácidos comentarios sociales, desopilantes críticas artísticas, anécdotas autoirónicas, contundentes opiniones políticas. Nacida en Nueva Jersey en 1950 y famosa como vecina de Nueva York, sus conciudadanos no siempre le agradan. Sobre todo uno, el que ocupa la Casa Blanca. “A lo largo de mi vida he vivido tres acontecimientos históricos: el asesinato de JFK, el 11S y la primera victoria de Donald Trump. Este fue el que más muertes causó”, relató. Unos minutos antes le había retirado incluso sus credenciales como creador del mal: “La gente piensa que todo es culpa de Trump pero esto empezó con Reagan”.

Hablaba 25 años después de los atentados contra el World Trade Center. “Fue horrible. Y sus reverberaciones, terribles. Sucedieron un montón de cosas estúpidas: se bombardeó Irak y se perdieron libertades individuales”, recapituló. Demócrata, como buena intelectual neoyorquina, y votante de Zohran Mamdani -el alcalde socialista de la ciudad-, en realidad la política es apenas un elemento secundario en los comentarios sociales de Lebowitz. “Estaba en el hotel [en A Coruña] y en la televisión solo había canales en español. Como soy monolingüe, tuve que ver el único que estaba en inglés, Bloomberg. Es lo más horrible que he visto nunca”, confesó, “combina los dos peores lenguajes que existen, el comercial y el de la política”.

Café y tabaco

Su escritura no lo hace. O, más bien, no lo hacía: publicó dos exitosos libros en 1978 y 1981, recopilados en castellano en Un día cualquiera en Nueva York (Tusquets, 2021), y no ha vuelto a hacerlo. En ellos despliega una prosa lúdica y refunfuñante, atenta a la vida cotidiana de sus pares. “No me gusta la loción para después del afeitado, los adultos que patinan, los niños que hablan francés, las personas bronceadas en exceso. Pero no por ello decreto leyes ni enarbolo pancartas”, escribe en defensa de uno de los placeres de su vida, el tabaco.

Otro es el café. Así respondió a una pregunta del público coruñés sobre el secreto de su energía a los 75 años: “Café. Café. Café. Es un milagro. Es delicioso. Huele de maravilla y me da energía. Hay gente a la que no le gusta. No lo entiendo. Esta tarde he tomado un litro antes de venir aquí”. Café, tabaco y platos provistos “de un buen corte de algo poco hecho” alimentan a una escritora que, entre risas no se sabe si autocríticas o celebratorias, asegura ser “mucho más amable de lo que es mi cerebro”. “A veces pienso '¿cómo puedo estar pensando esto?' y no lo digo”, añadió. Medelsohn, que guiaba la conversación, no le preguntó a qué se refería en concreto. Tal vez a sus juicios -durante toda la charla repitió que esa, la de jueza, era su auténtica vocación- sobre arte y cultura. Aunque, la verdad, eso no los reprimió.

“El director del Metropolitan arruinó todos los museos del mundo cuando dijo que quería más visitantes en ellos”, señaló, “ojalá la gente quisiera ir al museo. En realidad, solo hace cola para entrar en un museo”. Desde ese punto de vista sobre uno de sus lugares preferidos en el mundo -“Soy atea desde los ocho años, para mí lo más parecido a una iglesia es el museo”-, desarrolló una teoría sobre Nueva York. Otra más. “Parece que en Nueva York algo solo vale la pena si haces cola. Yo nunca hago cola para nada”, proclamó. Antes prefiere quedarse en casa, tal y como cuenta en muchos de sus textos. Leyendo, por ejemplo, algunos de los 10.000 libros que, aseguró, conforman su biblioteca personal. El cuidado y destino de la misma protagonizó uno de los pasajes más hilarantes del acto.

Las inmobiliarias controlan la ciudad

“No he tomado una buena decisión inmobiliaria en mi vida”, comenzó aclarando. De haber leído Diario de una caza apartamentos en Nueva York, recogido en su segundo libro, Ciencias sociales (1981), no haría falta la puntualización. La historia es que Lebowitz quiso mudarse y necesitaba espacio para sus 10.000 volúmenes. Su agente inmobiliario le puso los pies en la tierra: no tenía suficiente dinero para alquilar un apartamento en el que cupiesen todos. “¿Por qué no metes la mitad en almacén?”, le sugirió. La escritora se indignó. “Tú tienes cuatro hijos. ¿Por qué no metes a dos en un almacén?”, respondió. El sarcasmo -“lo que tienen en Nueva York en vez de piscinas”- no ocultó, sin embargo, los hechos crudos: “Las inmobiliarias controlan Nueva York desde los holandeses”.

En todo caso, da un poco igual, porque la gente no es que no lea, es que lee mal. Y la responsabilidad es de Ophrah Winfrey, la popular presentadora de televisión. “Enseñó a leer mal a miles de personas”, se quejó, “promociona libros y dice 'meeee encaaaantan, me veo reflejada en él' y ahora todo el mundo dice lo mismo. Esa es una forma equivocada de leer. ¡Un libro no es un espejo, es una puerta!”. Mendelsohn estuvo de acuerdo y reforzó la tesis con un ejemplo de sus clases en la universidad. “Mis alumnos protestan por no sentirse identificados con los libros. Yo, que explico tragedia griega clásica, les digo: 'Menos mal, eso significa que no te acuestas con tu madre”, ironizó.

Pero no solo de lectura vive la intelectual liberal neoyorquina. Televidente irreductible aunque sin Netflix ni streaming de ningún tipo, ve la televisión “en medio de la noche”. Hizo de jueza, otra vez su vocación frustrada, en la mítica serie Ley y orden y también en El lobo del Wall Street (2013), de su amigo Martin Scorsese. “Mis amigos me preguntaban '¿qué papel haces en la película?' Soy la única mujer que lleva puesta la ropa”. Internet no le interesa y la inteligencia artificial no la entiende, más allá de que, en su opinión, va a llevar a todo el mundo al desempleo. “Haceos funcionarios”, recomendó. Ella, mientras tanto, quizás siga haciendo lo que más le gusta hacer, según lo escribió en El problema del servicio, también incluido en Ciencias sociales: “Pues de día me apetece estar en casa sin escribir. Y de noche […] salgo para no escribir”.

Siete entidades se han sumado a la convocatoria de una protesta, que será el domingo 13 de septiembre, contra la represa construida por la empresa Gestión y Técnicas del Agua de La Toja S.A. en el río Umia, a su paso por Ribadumia (Pontevedra). Denuncian que bloquea el paso del agua y de la fauna, altera el ecosistema y prima el interés privado, dentro del que incluyen regar un campo de golf. La represa no es nueva, pero las recientes obras para hacerla estable han provocado un “destrozo”, aseguran. Reclaman a Augas de Galicia, el organismo dependiente de la Consellería de Medio Ambiente que autorizó la intervención, que garantice el caudal ecológico y haga un análisis del impacto global de la obra.

Los avisos sobre lo que estaba ocurriendo en el Umia se lanzaron a principios de mes. El Colectivo Ecoloxista do Salnés publicó imágenes de la obra y el agua estancada del Umia en Cabanelas, además de un comunicado en el que explicaban que, con el verano y la escasez de precipitaciones, el río había quedado “prácticamente bloqueado por la represa” porque el agua no llegaba a superar el nivel de la zona más baja y la única que pasaba era la que se colaba entre las rocas. La obra se justificó con el objetivo de evitar la salinización del agua, que se capta para abastecer de agua potable a la Illa de A Toxa, en el Ayuntamiento de O Grove.

Unos días después de las quejas, Augas de Galicia comunicó que había realizado una inspección y había detectado deficiencias que impedían “el paso previsto para los peces”. La Xunta indica que hay “filtraciones a través del cuerpo de la represa” que hacen que no funcione correctamente. Pese a ello, señaló que la intervención “se ajusta, en términos generales, a las dimensiones y materiales autorizados y, de hecho, no se observaron afecciones negativas a la flora o a la fauna ni turbidez en el agua”. Le hizo un requerimiento a la empresa para que corrija esta situación.

La Xunta defiende la obra, que asegura que no es una nueva presa, sino “la reconstrucción estable de la represa existente, necesaria para evitar la salinización de la única captación que abastece a la Illa da Toxa”. Indica que, hasta ahora, lo que se hacía era reconstruirla cada verano de forma provisional, pero esto generaba “episodios recurrentes de turbidez”. Aguas de Galicia insiste en que dio la autorización después de que se realizasen los informes técnicos preceptivos y “después de estar sometida a información pública sin que se presentasen alegaciones”. Es una estructura de piedra, con una pendiente “muy tendida aguas abajo para funcionar como rampa para los peces y un canal central para aguas bajas”.

Las imágenes aportadas por varias entidades muestran, sin embargo, esos canales secos estos días y señalan que es imposible el paso de fauna en estas condiciones. El Colectivo Ecoloxista do Salnés avisa de que la obra tiene impacto en el ecosistema porque aumenta la temperatura del agua y modifica el transporte de sedimentos natural del río. Critica que interfiere en la entrada natural de agua salada en la zona, que es “vital” para la ría y considera un abuso “poner en riesgo el río para regar el campo de golf de A Toxa, mientras se exigen restricciones de agua a la ciudadanía por la sequía”. En este contexto, piden “alternativas de abastecimiento”.

A la protesta convocada para este domingo en la playa fluvial de Cabanelas a las 12.00 se han sumado la asociación ecologista Adega, la red de voluntarios medioambientales Limpiarousa, el Club de Pesca Deportiva Pesca Cíes, la Asociación de Vecinos San Vicente de Oubiña, la Plataforma pola Defensa da Ría de Arousa (PDRA) y el BNG. Una de las diputadas de esta última formación en el Parlamento de Galicia, Montse Prado, visitó la zona recientemente y denunció que el empedrado ocupa todo el ancho del río. El BNG criticó que se haga constar como finalidad la de garantizar el abastecimiento de agua potable, “cuando todo el mundo sabe que el objetivo fundamental es captar agua para el campo de golf”. Prado calificó la intervención de “agresión medioambiental injustificable” y señaló que, además, supone un riesgo aguas arriba, sobre todo en la parroquia de Oubiña, de posibles inundaciones con las lluvias.

La PDRA resalta que el caudal histórico del río Umia es de 9,55 metros cúbicos por segundo, pero en el verano baja a unos 2,03 metros cúbicos por segundo. La represa “no garantiza el caudal ecológico” en la época estival y, en el tramo en el que se embalsa el agua, se van a ver favorecidas las inundaciones en invierno y la proliferación de cianobacterias tóxicas por la subida de la temperatura, la pérdida de oxígeno disuelto y la presencia de nutrientes, denuncia. Añade que el impacto es también negativo para el banco marisquero de O Sarrido. “La Toja S.A. tiene alternativas para regar su campo de golf sin afectar a la viabilidad del río Umia”, señala y le pide a la Xunta la demolición de la represa.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha estimado parcialmente el recurso interpuesto por un trabajador del Sergas que denunció acoso laboral, y ha condenado a la administración pública a indemnizarle con casi 38.500 euros por haber vulnerado su derecho fundamental a la integridad física y moral.

Según informa Europa Press, este trabajador desempeñaba su labor en Vigo atendiendo tareas administrativas en las áreas de Recursos Humanos y Dirección de Atención Primaria. A partir de enero de 2021, a raíz de una serie de discrepancias e incidencias, sus funciones fueron modificadas para que tuviera menos relación con Recursos Humanos y, en momentos posteriores, también se fueron cambiando y adaptando sus tareas.

Estos cambios motivaron que el trabajador dejara de tener acceso a ciertas aplicaciones, necesarias para llevar a cabo algunas funciones, y aunque se reajustó su acceso, necesitaba solicitar información a mayores al departamento de Recursos Humanos para ciertas tareas.

El empleado estuvo de baja por ansiedad, y trasladó en diversas ocasiones que estaba siendo objeto de acoso por algunas personas, llegando incluso a celebrarse una reunión con el gerente del área sanitaria. En julio de 2023, el trabajador solicitó que se activase el procedimiento por situaciones de acoso, aunque dicho procedimiento concluyó con un archivo en enero de 2024, al no considerarse probado ni el acoso laboral ni ninguna clase de trato discriminatorio.

A partir de ahí, presentó denuncia en un juzgado de lo Social, que desestimó su demanda, pero ahora el TSXG ha estimado en parte sus argumentos y, aunque considera que el Sergas adoptó medidas para adaptar su puesto de trabajo, reajustando sus funciones y alejándolo de las personas con las que existía un conflicto, señala que dichas medidas “apuntan en la dirección correcta pero son tardías y no responden a una iniciativa preventiva, sino que van dirigidas a la corrección y resolución de un problema ya manifestado”.

Al respecto, el TSXG apunta que el Sergas era conocedor de la existencia de esos problemas desde 2021, y no activó inmediatamente los mecanismos de protección. Asimismo, expone que en el trámite de evaluación de riesgos laborales realizado en 2019 y verificado en 2024 no se identificó ningún riesgo psicosocial. Tampoco se llevó a cabo un estudio de esos riesgos cuando este trabajador comunicó esos problemas, que le llevaron a estar de baja en varias ocasiones.

“Es decir, los superiores del actor se han limitado a adoptar, de forma sucesiva, unas adaptaciones de las condiciones del trabajo del actor, que no podemos negar que fueran bienintencionadas, pero carentes de todo rigor y estudio técnico, y que no han servido para resolver la problemática, generando problemas a la salud psíquica del actor, cuando estaban informados de la versión de los hechos facilitada por el actor, en diversas ocasiones. Es decir, le han proporcionado una protección ineficaz, desprotegiendo su salud”, señala el alto tribunal gallego.

Por ello, considera que este modo de actuar ha incidido en la salud del trabajador y se ha vulnerado un derecho fundamental en lo que respecta a la integridad física y moral, y condena al Sergas a pagarle 38.497,80 euros.

También declara el TSXG que el Sergas ha incumplido sus obligaciones legales en materia de prevención de riesgos laborales y que tiene la obligación de llevar a cabo la oportuna evaluación de los riesgos psicosociales del trabajador en el puesto que desempeña.

Recurso del Sergas

Por su parte, el Sergas ha traslado su “absoluto respeto” por la decisión del TSXG, y ha recordado que, “en ningún momento” hubo inacción por parte de la gerencia del área sanitaria, sino que se ejecutaron los procedimientos previstos en el sistema de prevención de riesgos laborales (PRL).

Así, el Sergas dispone de un sistema de PRL integrado por una serie de mecanismos que son “públicos y fácil acceso para el personal” y que, una vez activados, “se ponen en marcha las medidas necesarias, adaptadas a la situación correspondiente”.

Como el juzgado de primera instancia dio la razón al Sergas, tras esta sentencia del TSXG revocando esa primera sentencia, el área sanitaria de Vigo ya presentó recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

La Xunta mantiene la alerta por escasez de agua declarada hace un mes en 32 ayuntamientos de los sistemas del río Lérez, en Pontevedra, y del Anllóns y la costa de A Coruña hasta el límite con Arteixo. Además, sigue aplicando medidas equivalentes de Baiona, aunque en este municipio pontevedrés no tiene declarada como tal la alerta. También se mantiene la situación de prealerta en los 59 ayuntamientos en los que estaba activada y se suman otros 16, hasta un total de 75, porque se incluyen desde ahora también en este nivel la unidad territorial de Ferrol (río Mera, ría de Ortigueira y ría de Cedeira, en la provincia de A Coruña) y en el subsistema de Zamáns, en Pontevedra, se van a aplicar las mismas prevenciones.

La decisión la tomó la Oficina Técnica da Seca, que se reúne periódicamente para analizar la evolución en los sistemas hídricos. La Consellería de Medio Ambiente informa de que, en la reunión, se repasaron los datos meteorológicos, la evolución de los caudales circulantes mensuales en los ríos y otros indicadores de sequía y escasez. Los expertos suelen recordar que estos dos conceptos no son equivalentes: la sequía se refiere a la falta de precipitaciones y la escasez de agua, a si los recursos son o no suficientes para cubrir la demanda. Este verano Galicia atraviesa, según los especialistas, una sequía repentina que se deriva de las pocas lluvias caídas desde finales de la primavera y las sucesivas olas de calor, que favorecieron la evaporación del agua.

La Xunta indica que los principales índices se mantienen en valores bajos y las precipitaciones de la última semana de agosto no han resuelto los problemas. Aunque suponen que el mes ha terminado siendo húmedo con respecto a los valores de la serie histórica y en algunos caudales hubo una recuperación puntual, la cantidad de agua caída no tiene efectos significativos ni sobre la recuperación de las reservas hídricas ni en los caudales de los ríos. Por ello, se mantienen los avisos en donde estaban activados y se extienden a más territorios. El Gobierno gallego añade que las previsiones a corto plazo no apuntan a que vaya a llover, sino a que seguirá el tiempo seco y subirán las temperaturas.

Medio Ambiente señala que, aunque en total son 107 los ayuntamientos que están en alerta o prealerta en Galicia Costa, la incidencia es desigual. En algunos municipios es “solo una parte reducida de su territorio” la que se encuentra dentro de una unidad con escasez de agua, mientras que el sistema principal de abastecimiento capta en otra cuenca. “Teniendo en cuenta la procedencia del agua de los sistemas municipales principales, la prealerta tiene mayores implicaciones prácticas sobre el abastecimiento en 48 ayuntamientos”, apunta. En el resto de la demarcación de Galicia Costa, que es sobre la que es competente la Xunta, la situación es de normalidad. Los embalses de abastecimiento están al 58,2% de su capacidad, un nivel que es 11 puntos inferior al del año pasado a estas alturas.

A estos ayuntamientos se suman los que están en prealerta desde principios de agosto en las cuencas del río Miño, el Sil y el Cabe, que dependen de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil.

En concreto, el nivel de alerta -que es el segundo más alto dentro del plan gallego- se aplica en Beariz, Barro, Bueu, O Campo Lameiro, Cangas de Morrazo, Cerdedo Cotobade, A Estrada, Forcarei, A Lama, Marín, Meaño, Meis, Moaña, Moraña, Poio, Ponte Caldelas, Pontevedra, Sanxenxo, Silleda e Vilaboa, de la unidad territorial del Lérez; en Arteixo, Cabana de Bergantiños, Carballo, Cerceda, Coristanco, Culleredo, A Laracha, Malpica de Bergantiños, Ponteceso, Tordoia y Zas, del sistema del río Anllóns; y en Baiona. Esto implica que es necesario adoptar medidas para conservar los recursos y se contempla también prohibir usos como llenar piscinas, regar jardines o baldear las calles. Pueden aplicarse también cortes puntuales de agua.

En la prealerta lo que se hace es un seguimiento intensivo de la evolución y se prevén medidas de concienciación para un uso responsable del agua. En este nivel estaban (y se mantienen) los municipios de la unidad territorial del río Tambre y la ría de Muros, los de la unidad territorial del río Grande, los del río Mandeo y ría de Betanzos y los de las cuencas del río Landro y el Ouro. Se suman los de Ferrol (Ares, Cabanas, A Capela, As Pontes de García Rodríguez, Cerdido, Fene, Ferrol, Mugardos, Narón, Valdoviño, Moeche, Neda, San Sadurniño y As Somozas) y Nigrán y Vigo, del subsistema de Zamáns. No obstante, la ciudad de Vigo se abastece principalmente de otro embalse, el de Eiras.