La familia Franco ha iniciado la retirada de sus pertenencias del Pazo de Meirás, ubicado en el municipio coruñes de Sada. Se trata de más de 400 piezas, entre muebles y distintos elementos decorativos, que no han sido reclamadas por el Estado y tras un proceso judicial para dirimir qué bienes eran propiedad de los herederos del dictador y cuáles de titularidad estatal.

Este traslado se produce, además, después de que la Justicia haya ordenado registrar a nombre del Estado dicha finca tras dejar de ser propiedad de los Franco. Toma esta decisión en base a las actuaciones practicadas por la Abogacía del Estado una vez que el Tribunal Supremo confirmase que el inmueble era estatal y no de la familia del dictador. Esta decisión también deriva de la confirmación del Tribunal Supremo de que el Pazo de Meirás pertenece al Estado al concluir que desde 1938 estuvo destinado al servicio de la Jefatura del Estado, desestimando los recursos que interpusieron los hermanos Martínez-Bordiú Franco.

Así lo comunicó la Sala de lo Civil del TS en una sentencia en la que señaló -- por unanimidad -- que sus moradores no pudieron poseer la finca en concepto de dueños, como mínimo hasta la década de los 90, en que dejó de prestarse todo tipo de servicio por la administración, no habiendo transcurrido el plazo legal de 30 años para poder adquirir la propiedad.

Un expolio degún los colectivos memorialistas

Por su parte, la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica (CRMH) de A Coruña ha tildado esta iniciativa de “expolio” por parte de la familia Franco y de haberlo hecho con la “complicidad” del Estado y la “total pasividad” de la Xunta. En un comunicado, la asociación ha criticado la “pésima gestión” del Gobierno central en la defensa de la titularidad pública de los bienes muebles del Pazo, haciendo que los Franco “saqueen” todo tipo de piezas “que van mucho más allá de elementos de carácter personal o bienes que tienen una vinculación con el Pazo posterior a la muerte del dictador Franco, dentro del listado de más de 400 elementos que no fueron demandados por el Estado”.

En concreto, la CRMH insiste en que los Franco están sacando de Meirás bienes ligados con la etapa del dictador “como resultado de un proceso en el que estos bienes no fueron defendidos apropiadamente por el Estado”. “El Estado suspende de forma unilateral y una vez más las visitas programadas para este viernes en el Pazo de Meirás, para que la empresa contratada por los Franco pueda seguir con los trabajos de desmontaje y extracción de los bienes. Todo ello con la pasividad de la Xunta”, han lamentado. Por todo ello, pide al Ministerio de Memoria Democrática que dé las explicaciones “oportunas” y que asuma las responsabilidades políticas que le corresponden.

También se pregunta si la Xunta ha cumplido con sus obligaciones de control, supervisión y previa autorización de estos trabajos que supusieron incluso la instalación de andamios para el desmontaje de elementos.

La crisis que atraviesa la principal distribuidora del libro en gallego, el Consorcio Editorial Galego, se extiende por toda la cadena del sector. Veinte de las editoriales independientes más representativas han emitido este viernes un comunicado en el que denuncia un importante monto de impagos acumulados y que esta situación ha transcendido su condición de “problema exclusivamente empresarial” para convertirse en “una crisis estructural del ecosistema del libro en gallego”. Consultada por elDiario.es, una portavoz del Consorcio ha declinado explicarse. Horas más tarde, la empresa remitía una comunicación a los acreedores a la que ha tenido acceso este periódico y en la que aseguraba que, si antes del 30 de septiembre, la distribuidora no encuentra solución económica, “no descarta ir a concurso de acreedores”.

Son unos 60 sellos editoriales los directamente afectados. Las cantidades adeudadas por la distribuidora en ventas facturadas y no cobradas van de los 1.000 a los 20.000 euros, que, en editoriales independientes, pueden fácilmente comprometer su viabilidad. Los impagos, relata el comunicado de la recién constituida Plataforma de Editoras Afectadas, comenzaron en 2024. El Consorcio buscó el apoyo financiero de la Administración a través de Xesgalicia, a la que solicitó un préstamo a largo plazo de 300.000 euros acompañado, según la empresa, “de un plan de viabilidad resultado de un análisis exhaustivo”. No lo logró. Fuentes del sector calculan entre 309.000 y 504.000 euros el total de lo adeudado a 60 editoras.

Todavía esta semana, cuatro de ellas -Aira, Antela, Boadicea y Patas de Peixe- mantuvieron una reunión con el director general de Cultura, Anxo Lorenzo, para tratar de buscar una salida. Preguntada por este periódico, la consellería asegura conocer de primera mano “lo que está sucediendo” pero se limita a afirmar su “ánimo y disposición a que se produzcan vías y puentes de entendimiento” y a “seguir en esa línea siempre” que se lo pidan. El comunicado remitido por el Consorcio a las editoriales explica que “un inversor privado interesado en la defensa de la cultura gallega” es la última tabla de salvación a la que se agarra antes del concurso de acreedores.

Problemas en la “biodiversidad” del libro gallego

La Plataforma de Editoras recuerda que la falta de liquidez derivada de las deudas “está afectando directamente a la capacidad de las editoriales para mantener su actividad”. Pero las consecuencias van más allá, añade, ya que existe “el efecto dominó sobre toda la cadena del libro”: también repercuten en autoras, traductoras, ilustradores, correctores, diseñadores, imprentas o librerías. Y en lo que la plataforma denomina “biodiversidad” del libro gallego. “Las editoriales coinciden mayoritariamente en que la crisis [del Consorcio] obligará a reducir la publicación de nuevos títulos, lo que no es una cuestión meramente comercial”, señala, “significa menos libros en gallego, menos oportunidades para nuevas autoras y autores y menos espacio para propuestas que ya tienen dificultades para acceder al mercado”.

Tres editoriales -A Nosa Terra, Sotelo Blanco y Baía- constituyeron la distribuidora Consorcio Editorial Galego en 2001. Las dos primeras desaparecieron en la estela de las crisis económicas de 2008-2012. La tercera sostuvo la empresa hasta la actual y grave crisis. Llegó a contar con el catálogo de unos 200 sellos editoriales gallegos.

Indra ha anunciado este jueves que pondrá en marcha una nueva fábrica de vehículos militares en As Pontes, en A Coruña, con la que prevé crear en el norte de España “uno de los mayores polos industriales de plataformas terrestres de Europa”. En concreto, la compañía ha avanzado en una nota de prensa que ha adquirido unos terrenos de más de 50.000 metros cuadrados, con una superficie construida de casi 15.000, para implantar esta nueva instalación. Según ha subrayado, esta instalación contará con una inversión de alrededor de 18 millones de euros y aspira a generar en Galicia entre 70 y 120 empleos directos de alta cualificación, además de puestos de trabajo indirectos en la cadena de suministro, proveedores y servicios asociados.

Está previsto que el centro de As Pontes asuma la integración de los vehículos anfibios de combate, vehículos lanzapuentes y sistemas de artillería sobre ruedas que Indra desarrollará para las Fuerzas Armadas españolas. Este centro contará además con capacidad para “integrar, probar, validar y poner en servicio estos sistemas”, así como con nuevas capacidades industriales para abordar programas de “alta complejidad” y una pista de pruebas propia que contribuirá a acelerar su ejecución y entrega. En este contexto, la nueva planta de As Pontes se suma a la creada el pasado año en Gijón y a una tercera planta aún en proceso de selección en el corredor norte.

“Lo que estamos construyendo en el corredor norte es mucho más que una ampliación de nuestra capacidad productiva. Estamos desarrollando una nueva generación de fábricas diseñadas desde cero para integrar digitalización avanzada, automatización e inteligencia artificial, con el objetivo de situarlas entre las más eficientes y competitivas de Europa”, ha defendido el consejero delegado de Indra Group, Josep María Recasens.

Solo en el ámbito de la fabricación de vehículos en el corredor norte, Indra dispondrá de capacidad de integración y producción de alrededor de 500 unidades al año. La iniciativa se enmarca, a su vez, dentro de un plan más amplio de Indra para reforzar su huella industrial en todo el territorio, siguiendo los tres corredores o ejes definidos por el Ministerio de Defensa en su Estrategia Industrial de Defensa.

En este sentido, la compañía contempla multiplicar su superficie productiva, pasando de unos 36.000 metros cuadrados a más de 154.000 metros cuadrados, mediante una inversión superior a 200 millones de euros y la creación de más de 1.000 empleos industriales directos y 1.400 puestos de trabajo de ingeniería y alta cualificación.

La obra de construcción duró cuatro años y la sacudieron fuertes huelgas, la más sonada dos meses antes de la muerte del dictador y que dejó la imagen de dos obreros antifranquistas encaramados a la chimenea más alta de Europa, 356 metros de altura. La central térmica de As Pontes (A Coruña) entró en funcionamiento al año siguiente, hace ahora medio siglo. La quema de carbón cesó en noviembre de 2023. Y Endesa, su actual propietaria, ha demolido este jueves las icónicas cuatro torres de refrigeración, de 99 metros de altura, 84 metros de diámetro en base y 57 en la coronación, con una explosión de 1,2 segundos. Defensores del patrimonio industrial había solicitado repensar el derrumbamiento. Sin éxito.

La central térmica marcó el paisaje social y físico de As Pontes desde la caída del franquismo. La que había sido una pequeña localidad agrícola y ganadera en la comarca de O Eume, en el noroeste gallego, se convirtió en un centro industrial y operario. Seis mil trabajadores llegaron a participar en las obras entre 1972 y 1976, algunos de ellos despedidos de Bazán, en Ferrol, tras las revueltas en las que la policía asesinó a Daniel Niebla y Amador Rey. Las instalaciones producían energía eléctrica a través de la quema de lignito, extraído de la mina en el lugar. A partir de los 90, el combustible comenzó a ser mezcla con carbón importado. La explotación se agotó y la central se alimentó durante lustros de carbón importado.

Fue precisamente el carbón, cuya combustión emite importantes cantidades de CO2 a la atmósfera, la que llevó a organizaciones ecologistas a tildar la central de “fábrica de cambio climático”. Su cierre escalonado -Endesa lo anunció para 2021, fue total a finales de 2023- acabó por confirmar la denuncia de los ambientalistas. Galicia acabó 2024 en mínimos históricos de emisiones de CO2, una caída del 50% respecto del año anterior. El Observatorio Galego de Acción Climática estableció la relación: “El abandono total del carbón y la elevada producción hidroeléctrica son las razones principales de la fuerte merma de las emisiones de gases de efecto invernadero de la producción eléctrica”.

La plataforma Galiza Sen Gas, que agrupa a Adega, Greenpeace, Ecoloxistas en Acción o al mencionado observatorio, emitió este jueves, coincidiendo con la demolición de las torres, un comunicado en el que calificaba el cierre de As Pontes como “la mayor acción climática en la historia de Galicia”. El comunicado entra en detalles y cifra en 330 millones de toneladas de dióxido de carbono las expulsadas por su chimenea: el equivalente a 20 años de emisiones de gases de efecto invernadero de toda Galicia al ritmo actual. “El fin de la producción eléctrica con carbón, posibilitado por el desarrollo renovable, es la causa principal del descenso del 42,2% en las emisiones brutas de gases de efecto invernadero de nuestra tierra en 2024 respecto a 1990”, señala Galiza Sen Gas. La Xunta suele presumir de ese descenso y se lo atribuye a sus propias políticas, algo que desmienten los datos.

Chipperfield y el patrimonio industrial

Apenas unos días antes de la voladura de las torres de refrigeración, la Unión de Asociaciones para la Defensa y Promoción del Patrimonio Natural y Cultural (conformada por 20 entidades de todo el Estado “comprometidas con la protección y estudio del patrimonio cultural y natural) también se posicionó. ”También el siglo XX forma parte de nuestra historia“, señala, ”los edificios industriales, aunque todavía nos resulten cercanos en el tiempo, son ya testimonios de un pasado que no volverá. Si esperamos a que pasen otros cien años para reconocer su valor, muchos de ellos ya habrán desaparecido“.

La nota concluye que “conservar el patrimonio industrial no significa conservar las chimeneas humeando. Significa conservar la memoria de quienes levantaron el mundo contemporáneo”. La Unión por el Patrimonio no fue la única en manifestarse en ese sentido. ICOMOS España, la Asociación pola Protección do Patrimonio de Galicia (Apatrigal) o el departamento de Historia da Arte de la Universidade de Santiago también solicitaron una paralización cautelar del derrumbamiento para estudiar el conjunto industrial. A la petición se sumó el célebre arquitecto británico David Chipperfield, que reside parte del año en Galicia. No sirvió de nada.

La operación ha generado, según datos difundidos por Endesa, 45.000 toneladas de residuos, sobre todo hormigón, “un 90% revalorizables”. El desamntelamiento de la zona finalizará en 2028.

La Axencia Galega de Turismo ha iniciado un procedimiento por posible vulneración de derecho de admisión en un bar de Arteixo (A Coruña) con simbología franquista y en el que aparece 'Rojos abstenerse', además de tener colgada en la fachada una bandera de España de grandes dimensiones.

Así lo ha explicado, en declaraciones a Europa Press, el portavoz de Arteixo Futuro, Rubén Pérez. “Denunciamos al bar porque entendemos que vulneraba el derecho de admisión al tener en la fachada una inscripción que pone 'Rojos abstenerse'”, ha explicado.

“Los establecimientos públicos no pueden discriminar”, ha argumentado. “A lo largo de los años, cada vez ha puesto más simbología de carácter franquista y entendemos que se usa en restricción del derecho de admisión”, ha añadido.

Por este motivo, la entidad ha puesto una denuncia administrativa ante la Dirección Xeral de Comercio e Consumo. “Nos vino notificado que la denuncia la asumía la Axencia Galega de Turismo, será quien determinará si infringe la normativa específica que es la Ley de Turismo de Galicia o cualquier otra norma”, ha expuesto.

Así, ha confirmado que la Xunta ha iniciado “diligencias administrativas”. “Un procedimiento interno para determinar si denunciamos algo que es sancionable y a partir de ahí abrir un expediente sancionador”, ha señalado.

La Xunta de Galicia ha declarado la emergencia cinegética temporal por primera vez en toda Galicia “ante los daños ocasionados por el jabalí”. La medida entrará en vigor este viernes, 31 de julio, y se extenderá hasta el mismo día del año 2027, de forma que abarcará toda la temporada de caza 2026-2027. Este instrumento permite abatir o capturar sin límite de ejemplares jabalíes de ambos sexos, “prioritariamente hembras adultas y subadultas en todas sus edades”, según recoge el Diario Oficial de Galicia (DOG), que publica este jueves su activación. La declaración incluye a los Tecores y zonas libres y añade, como novedad, a las explotaciones cinegéticas comerciales de caza mayor.

Esta es la sexta vez que se recurre a este instrumento “provisional y extraordinario”, que busca “agilizar” la aplicación de medidas dirigidas al control de este especie, recuerda la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. También se aplicó en 2019, 2021, 2023, 2024 y 2025. Eso sí, nunca antes sobre toda Galicia. “A pesar de la implementación de estas medidas, se han detectado un incremento en los últimos años y de forma exponencial de las afecciones ocasionadas por esta especie, principalmente a los cultivos, así como un incremento en la accidentalidad del tráfico”, asegura la Consellería. Precisamente, los motivos a los que responde esta nueva aplicación son el “análisis pormenorizado y objetivo” de cuestiones como estas.

También se ha tomado en consideración su potencial como factor de difusión y mantenimiento de la peste porcina africana, ya que, según la Xunta, elevadas poblaciones de esta especie “favorecen la dispersión de la enfermedad, dificultan su erradicación e incrementan el riesgo de que pase a ser endémica en Europa”. Todo ello ha llevado a la Consellería a considerar que las circunstancias actuales “hacían necesario” articular una declaración de este tipo para “eliminar el riesgo y reducir el tamaño de las poblaciones”. Con todo, podrá quedar suspendida antes en su conjunto o en parte del ámbito de aplicación de constatarse que desaparecen las causas que la motivaron.

Caza libre del jabalí todo el año

Durante el periodo hábil de caza -entre el 15 de agosto y el 28 de febrero de 2027-, las modalidades de caza permitidas podrán practicarse durante todos los días de la semana, con comunicación previa al Departamento Territorial de la Consellería, salvo en las zonas libres de caza. En ellas únicamente se podrán autorizar cacerías los lunes, martes, miércoles y viernes, siempre que no sean festivos. Asimismo, en terrenos de régimen cinegético especial (Tecores y explotaciones de caza mayor), podrán realizarse esperas. Las personas cazadoras deberán portar una autorización por parte del titular, que será nominativa, personal e intransferible para cada jornada. También permitirá, con carácter excepcional, el uso de medios auxiliares, tales como dispositivos de mira y detectores electrónicos de paso o presencia de animales.

La consellería permitirá igualmente la caza fuera del periodo hábil de caza, que va desde la entrada en vigor hasta el 15 de agosto y entre el 1 de marzo y 31 de julio de 2027. Lo justifica en el “riesgo sanitario asociado de transmisión de enfermedades de caracter epidemiológico con afección potencial”. En este periodo, podrá autorizarse el desencame de jabalíes, la captura en vivo y la extracción de ejemplares mediantes esperas, acechos y batidas.

Las grandes historias de lucha contra la imposición están mucho más cerca de nosotros de lo que podríamos pensar. La joven escritora de O Porriño (Pontevedra) Beatriz Cabaleiro ha elegido la peripecia vital de una amiga y vecina -Samia en la vida real, Zahira en el libro- para publicar una novela basada en hechos reales y contar una historia en la que se pueden ver reflejadas otras jóvenes con familias en las que los radicalismos religiosos y las tradiciones les impiden cumplir con sus sueños y convertirse en las personas que quieren ser realmente.

“La libertad que habito” (Aira Editorial) es el título de un libro (publicado en gallego y castellano) que desde la portada -en la que se ve a una joven deportista de espaldas despojándose del velo islámico- deja claras sus intenciones. “Samia y yo somos amigas desde muy jóvenes, tuve la oportunidad de vivir desde cerca las grandes dificultades que sufrió para salir de una vida familiar muy complicada, en la que no le dejaban ser como el resto de sus amigas. Ella me iba contando todo lo que le pasaba y decidí escribir un libro con su historia. Partí de la idea de una biografía, pero al final decidí convertirlo en una ficción para que fuera más fácil transmitir el mensaje. Aunque la esencia es el proceso que pasó Samia a través del deporte para conseguir convertirse en la persona que siempre quiso ser”, explica la autora.

Aparte de las conversaciones que mantuvo con Samia a lo largo de varios años, Cabaleiro decidió documentarse y conocer de primera mano la cultura y la tradición islámica y bereber. Por ello viajó a Beni-Mellal, la localidad marroquí cercana a Marrakech de la que procede la familia de Samia, y trató de conocer mejor el proceso por el que había pasado la protagonista del libro. “Estando allí pasas miedo aunque iba acompañada por un amiga y yo era una privilegiada al ser turista. Te gritan de todo y puedes ver cosas que ya veía aquí con Samia (mujeres bañándose vestidas), pero mucho peor porque allí las mujeres no tienen escapatoria. Al volver pensé en la suerte que tenemos de nacer en Europa y de no tener que pasar por lo que pasan esas mujeres”, explica Cabaleiro.

Samia llegó a O Porriño en 2001 cuando contaba 9 años de edad. Su padre había venido antes a trabajar a esta localidad y finalmente decidió trasladarse a Galicia con toda la familia. Según explica la propia joven, los primeros años fueron complicados porque ella solo hablaba francés. Poco a poco se va integrando en su nuevo país, pero a partir de la adolescencia comienzan los problemas en casa porque su padre apenas le permite salir de casa si no está acompañada por amigas “y no por mucho tiempo” y no le permite vestirse como a ella le gustaba, es decir, igual que el resto de chicas de su edad. Y eso que su familia no era de las más radicales en el terreno religioso.

El deporte, vía de escape

“Las cosas se fueron complicando al ir creciendo y las restricciones por parte de mi padre fueron aumentado. Aunque no me atraía mucho el deporte empecé a ir al club de atletismo de Porriño por una amiga marroquí que me animó. Empecé con 13 años y poco a poco fui mejorando en el atletismo y aprendí a nadar y a andar en bicicleta, que no sabía, para empezar con el triatlón. Mi entrenador Daniel Mouriño, una persona muy importante para mí, me llevó a una competición de triatlón en Pontevedra y fui abriendo los ojos y ví que el deporte era una opción muy buena para poder salir de mi casa y conocer otro mundo. Mouriño fue a hablar con mis padres y les convenció para que me dejasen entrar en el Centro de Tecnificación Deportiva de Pontevedra. Les dijo a mis padres que era una buena oportunidad para mí de estudiar y hacer deporte y ellos aceptaron finalmente”. explica Samia.

La entrada en el centro deportivo le abrió nuevos caminos, pero también le hizo ver las dificultades a las que iba a tener que seguir enfrentándose. “Yo veía a mis compañeras con sus bañadores de competición bonitos y yo tenía que ir con el mío, de señora mayor. También tenía miedo a usar un tampón, a no cumplir los códigos islámicos con la comida, etc. Poco a poco, fui abandonando esos complejos y también traté de hablar con mis padres y explicarles que yo no encajaba con los preceptos del islam. Con el tiempo fui consiguiendo liberarme de esa presión, aunque fue complicado porque la resistencia, sobre todo por parte de mi padre, fue muy fuerte”.

En el aspecto deportivo Samia fue destacando en las competiciones a las que acudía y eso hizo que la llamasen desde la federación marroquí de triatlón femenino, que acababa de constituirse en su país de origen. “Me dijeron que habían consultado datos en internet y que yo era la única mujer marroquí que practicaba ese deporte. Me propusieron ir al campeonato de África que se celebraba en Mauricio y me aseguraron que si lo ganaba iría a los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Tenía 17 años y fui allí con toda la ilusión. Finalmente, no conseguí el objetivo porque el nivel competitivo era muy alto. Al volver a O Porriño me sentí frustrada y decidí dejar el triatlón de competición. No he abandonado nunca el deporte y hasta acabé dando clases de atletismo en Porriño, pero me dí cuenta de que el nivel competitivo era demasiado para mí”.

Romper con la familia y el islam

A la vuelta del campeonato Samia ya había decidido que quería dar un vuelco definitivo a su vida aunque eso le costase romper con su familia. Como es habitual en las chicas de su edad, comenzó a salir con un novio y su padre la amenazó con encerrarla en el domicilio familiar. Él se había radicalizado en los postulados islamistas en los años anteriores. Samia se apoyó en una amiga árabe para irse a su casa. Posteriormente, con apenas 18 años, conoció al hombre que hoy es su marido y se fue a vivir con él. “Mi madre me dijo que si había decidido abandonar a mi familia iba a irme al infierno. Después pasaron dos años sin hablarme pero finalmente se les pasó. Ahora tengo buena relación con mi madre, pero no tengo contacto con mi padre. Ellos acabaron separándose y mi hermana menor siguió mi ejemplo y también acabó por vivir como ella quería y por liberarse del peso de la tradición y la religión”.

Aunque han pasado unos cuantos años de todo aquello, a Samia le gusta ver ahora su historia reflejada en el libro de su amiga porque cree que puede ayudar a otras chicas a seguir su camino y ver que es posible conseguir convertirse en quien uno desea, aunque haya que afrontar un duro proceso y enfrentarse a la propia familia. “El deporte fue muy importante para mí, me ayudó a liberarme y evitar una vida en la que estaría casada con quien mi familia eligiese para mí, aunque ahora las cosas sean un poco más fáciles para las mujeres árabes que hace 20 años, cuando yo era adolescente y apenas empezaban a funcionar las redes sociales. Sin embargo, sigue existiendo el riesgo de que el peso de la tradición se imponga y acabes viviendo la vida que no quieres vivir por imposición”.

Para Beatriz Cabaleiro el proceso de concebir y escribir la novela, que le ha llevado varios años, también ha supuesto un aprendizaje importante. “Gracias a Samia he entendido muchas cosas y he visto cómo pueden romperse las barreras culturales y religiosas. Siempre me ha llamado la atención todo lo que ella se ha visto obligada a hacer para cumplir su sueño. Y finalmente lo consiguió”, indica la autora de la novela.

Cabaleiro destaca que escribir la historia de Samia le removió profundamente y le llevó a reflexionar sobre lo que todavía sigue sucediéndole a muchas mujeres y hace no tanto tiempo también era habitual en España. “Lo que hoy nos parece imposible, ayer era corriente”, señala la autora, que también destaca la importancia de la adolescencia para las mujeres, “un tiempo frágil, lleno de dudas, de miedo al rechazo, de necesidad de encajar y, al mismo tiempo, de deseo de ser una misma”.

El Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña ha dado la orden para que el Registro de la Propiedad de Betanzos inscriba el Pazo y Torres de Meirás, ubicado en el municipio coruñés de Sada, a nombre del Estado español. Así lo recoge un auto al que ha tenido acceso Europa Press y que toma esta decisión en base a las actuaciones practicadas por la Abogacía del Estado después de que el Tribunal Supremo confirmase que el inmueble era de titularidad estatal y no de la familia Franco.

De esta forma, en el registro figurará a nombre del Estado y no de los herederos del dictador como ocurría hasta el momento. El auto, contra el que cabe recurso de reposición en el plazo de cinco días desde su notificación, ordena la cancelación de las inscripciones registrales contradictorias del dominio. Esta decisión se produce después de que el Tribunal Supremo confirmase que el Pazo de Meirás pertenece al Estado al concluir que desde 1938 estuvo destinado al servicio de la Jefatura del Estado, desestimando los recursos que interpusieron los hermanos Martínez-Bordiú Franco.

Así lo comunicó la Sala de lo Civil del TS en una sentencia en la que señaló --por unanimidad-- que sus moradores no pudieron poseer la finca en concepto de dueños, como mínimo hasta la década de los 90, en que dejó de prestarse todo tipo de servicio por la administración, no habiendo transcurrido el plazo legal de 30 años para poder adquirir la propiedad.

Autopistas del Atlántico (Audasa), concesionaria de la AP-9, ganó 45,93 millones de euros en el primer semestre del año, lo que supone un 3,05% más respecto al mismo periodo del año anterior, según las cuentas remitidas a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La compañía afirma que registró en el primer semestre de 2026 un total de 61 millones de viajes y que el tráfico medio de la autopista contabiliza 26.833 vehículos de intensidad media diaria, un 3,15% más que en el mismo periodo de 2025.

Las cuentas hasta junio presentan una facturación de 108 millones de euros(+0,86%) y un beneficio neto de 45,9 millones (+3,1%). Del volumen de negocio, 106 millones corresponden a peajes y el resto a ingresos por áreas de servicio, según señala la empresa. También indica que el 81% de los conductores han abonado su servicio con el sistema de telepeaje, frente al 4,2% que han optado por el pago en efectivo.

Jabalíes

Autopistas del Atlántico reivindica “importantes inversiones” en seguridad y servicios, como la implantación de barreras inteligentes diseñadas para prevenir el acceso de fauna a la calzada. El sistema inició su despliegue con la protección de cinco enlaces (A Barcala, Cuatro Caminos entrada y salida, Guísamo y Santa Marta), donde, según apunta la empresa, no se han detectado intrusiones desde la activación de las barreras.

El proyecto ha ido acompañado del reforzamiento de vallados y vigilancia por cámaras en puntos críticos de paso de fauna y forma parte de una línea de trabajo orientada a anticipar riesgos, incorporar soluciones innovadoras y seguir mejorando la seguridad de cada trayecto.

Los primeros resultados registran una reducción del 60% en accidentes con daños personales por irrupción de jabalí en calzada, con respecto al primer semestre del año anterior, de acuerdo con su información.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado la declaración de zona de mercado residencial tensionado de Santiago de Compostela, que entrará en vigor este jueves y se extenderá durante tres años. La aplicación de este medida permitirá contar con las medidas de contención de precios previstas en la ley y de las previstas en el plan elaborado a propósito por el Ayuntamiento.

Este municipio se ha convertido en la segunda ciudad gallega en entrar en esta clasificación, sumándose así a A Coruña, que obtuvo la declaración hace justo un año. Junto a Santiago, otras seis localidades españolas se han unido este miércoles al total de 317 que son considerados oficialmente zonas tensiondas.

Precisamente, el delegado del Gobierno, Pedro Blanco, ha apuntado que la aplicación de este instrumento está dando “buenos resultados” en otros territorios, “donde los precios han bajado de forma significativa”, ha asegurado en un audio remitido a los medios. Según ha citado Blanco, esta declaración aumentará la oferta de contratos estables y activará nuevas bonificaciones e incentivos para propietarios e inquilinos.

Entre otros, desde este jueves, todos los nuevos contratos del alquiler deben referenciar el precio del contrato anterior y el valor que le pueda corresponder atendiendo al índice de referencia de precios de alquiler de viviendas que resulte de aplicación. Además, conforme a lo que obliga la ley, el Ayuntamiento ha elaborado un plan de medidas correctoras que se aplicarán durante este tiempo.

El nombramiento de la desconocida profesora Eva López Tarrío como directora del principal museo de arte contemporáneo de Galicia, el CGAC, desató el pasado mes de mayo una formidable tormenta de críticas. Las principales asociaciones gremiales del sector protestaron contra un proceso de libre designación que ignoró todos los códigos de buenas prácticas en instituciones culturales y desdeñó por lo menos -los aspirantes lo hicieron público- dos currículums objetivamente superiores al de López Tarrío. La Xunta de Galicia, de la que depende el centro ubicado en Santiago de Compostela, se negó a cualquier diálogo y siguió adelante con su discutida elección. Once entidades, entre ellas algunas de las más representativas del mundo del arte, acaban de presentar un recurso administrativo de reposición.

El comunicado de la parte recurrente es tan contundente como algunos de los textos y manifiestos que salieron a la luz durante mayo y junio. “El proceso presenta graves deficiencias desde el punto de vista de la transparencia, las garantías procedimentales, el respeto a las buenas prácticas en la gestión de las instituciones culturales públicas y los intereses profesionales de la comunidad artística”, señala. Además, considera “radicalmente nulo” la designación de López Tarrío, una docente de secundaria cuya tesis dirigió el polémico historiador del arte Antón Castro y con escasa experiencia en comisariado o crítica de arte, “y la convocatoria del puesto por el sistema de libre designación”.

El Gobierno gallego se apoyó en una reforma unilateral de la ley de museos y una modificación de la relación de puestos de trabajo del museo, ambas cuestionadas por el sector, para suprimir la plaza de alta dirección y sustituirla por una reducida a funcionarios autonómicos especializados en museos. Estos son tan escasos que el Ejecutivo cambió el plan de personal y abrió la convocatoria a funcionarios estatales, locales y docentes. “La convocatoria y el nombramiento son actos que lesionan la libertad fundamental de producción y creación artística y que, en contra del ordenamiento jurídico, conceden derechos y facultades a quien carece de los requisitos esenciales para su adquisición”, dicen las asociaciones que respaldan el recurso, formalmente presentado por una de ellas debido a exigencias administrativas.

“La actuación de la Xunta ha generado una profunda crisis de credibilidad en torno a uno de los principales centros de arte contemporáneo de Galicia”, sostienen, “el recurso responde además a la necesidad de defender un modelo de gobernanza cultural basado en la autonomía de las instituciones, la profesionalización de sus órganos de dirección, la transparencia en los procesos de selección y el respeto a los principios de mérito, capacidad y concurrencia”. El caso de la nueva dirección del CGAC, un museo inaugurado en 1993, llegó a medios artísticos internacionales y provocó un alud de comunicados, posicionamientos y manifiestos, entre ellos el redactado por la asociación Vegliota y rebricado por más de 1.500 personas, entre ellas Manuel Segade, director del Reina Sofía.

El recurso de reposición contra la elección de López Tarrío lo respaldan A Colectiva (Asociación Profesional de Artistas de Galicia), Contemporánea (Asociación de Galerías de Arte Contemporánea de Galicia), Vegliota, la Asociación Galega de Profesionais da Xestión Cutlral, la Asociación Galega de Profesionais da Ilustración, la Asociación Galega de Deseño (DAG), el Instituto de Arte Contemporáneo, el Consorcio de Galerías de Arte Contemporáneo, la Asociación de Mujeres en las Artes Visuales (MAV), la Unión de Artistas de Arte Contemporáneo de España y la Asociación de Directoras y Directores de Arte Contemporáneo de España (Adace).

La imagen de un hombre encaramado a la fachada barroca del Colexio de Fonseca, en Santiago de Compostela, ha provocado perplejidad e indignación entre ciudadanos e internautas. La Asociación en Defensa do Patrimonio Cultural Galego (Apatrigal) ha denunciado la “falta de respecto por el patrimonio común” que, interpreta, se deduce de unas imágenes difundidas por la cuenta de Instagram Compostela Resiste, dedicada a documentar los excesos del turismo en la capital gallega.

“La escena es difícil de comprender”, dice el comunicado de Apatrigal, “escalar una fachada histórica, tocar esculturas, dejar candados, grabar nombres en la piedra o utilizar monumentos como si fuesen un parque de atracciones no son anécdotas, son síntomas de una pérdida de respeto por el patrimonio común”. El Colexio de Fonseca data de 1688 y se encuentra en las inmediaciones de la célebre Praza do Obradoiro. En la actualidad alberga dependencias universitarias y una activa sala de exposiciones.

“La democratización de los viajes es una conquistas social incuestionable”, aduce la asociación, “pero también asistimos a un fenómeno preocupante: el turismo de masas convierte, con demasiada frecuencia, el patrimonio en un simple escenario para conseguir una imagen llamativa en las redes sociales”. La persona que escaló Fonseca lo hizo, señala, para posar en una fotografía.

El debate sobre el modelo turístico de Santiago de Compostela -una de las ciudades del Estado que recibe más visitantes en proporción a su población- no está, en absoluto, cerrado. El malestar vecinal es evidente y los partidos políticos discuten qué hacer. Las tres últimas corporaciones de izquierdas (Compostela Aberta, PSdeG, BNG) han adoptado medidas para intentar reconducir la situación, desestacionalizar la afluencia, mitigar el gasto en limpieza o seguridad -la tasa turística funciona desde el pasado año- o reducir el impacto sobre el acceso a la vivienda.

“Compostela no necesita más turistas, necesita visitantes mejor informados, más conscientes y más respetuosos. Porque el patrimonio no es un decorado ni un rocódromo”, sostiene Apatrigal.

Un incendio forestal se encuentra activo en el municipio ourensano de Boborás, parroquia de Xurenzás, desde las 15,26 horas de este lunes. El fuego está próximo a las vías del tren y se investiga si se debe al paso de un tren. Adif informa de que este fuego ha obligado a interrumpir la circulación entre O Carballino y O Irixo, lo que afecta a los trenes de ancho convencional que circulan entre Ourense y Santiago de Compostela. De tal forma, Adif ha establecido un plan de transporte alternativo en autobús por carretera para garantizar la movilidad de los viajeros. Asimismo, sostiene que se trata de “un incendio ajeno” a la infraestructura.

La Consellería do Medio Rural informa a Europa Press de que en la zona trabajan dos aviones, un helicóptero, dos motobombas, tres brigadas y un agente. Por el momento no existe estimación de la Xunta de superficie quemada. Al respecto, la alcaldesa de Boborás, Patricia Torres, apunta al paso de un tren como causa del fuego de este lunes.

Precisamente, hace 10 días quedó extinguido otro incendio en esta misma parroquia tras calcinar 19 hectáreas, en un fuego que quemó en ese caso el castro de Xurenzás. Además, el pasado 13 de julio, el paso de un tren de mercancías por el entorno de Ourense provocó ocho fuegos en los municipios Maside, Ourense, Amoeiro y Punxín, que obligaron a activar un amplio operativo. Quemaron cerca de ocho hectáreas.

Por otra parte, está controlado desde las 15,18 horas de este lunes un conato en el municipio de Cangas, parroquia de O Hío, en donde se han quemado 0,25 hectáreas. El fuego se inició a las 13,48 horas. Entre otros medios, han trabajado dos aviones, un helicóptero y tres motobombas.

El Consello de la Xunta ha dado luz verde este lunes a un techo de gasto no financiero que asciende a 15.022 millones de euros para 2027, un 5,5% más que en el ejercicio anterior, lo que supone una cifra récord en la serie histórica, y lo hace además con fondos ordinarios al concluir las aportaciones extraordinarias derivadas de la pandemia y del fondo de mecanismo de resiliencia europeo. Así lo ha trasladado en rueda de prensa el titular del Gobierno gallego, Alfonso Rueda, que ha destacado que “por primera vez” se alcanza esta cifra. “Vamos a seguir la senda que iniciamos hace mucho tiempo de estabilidad y confianza”, ha ensalzado. El BNG, principal partido de la oposición, califica la cifra de “anticipo de unos presupuestos repetitivos” y acusa al Gobierno gallego de “falta de ambición política” y “conformismo”.

Rueda ha comparecido acompañado del conselleiro de Facenda e Administración Pública, Miguel Corgos, que ha explicado también las previsiones macroeconómicas, sobre las que ha actualizado el cuadro del ejercicio de 2026, “mejorando la estimación de crecimiento dos décimas”, por lo que “pasa del 1,9% a un 2,1%”. Una cifra, apostilló, “siempre prudente y que incluso no se descarta mejorar”. Para el 2027, Corgos ha insistido en que seguirán siendo “prudentes” y se prevé un avance del PIB “del 1,9%”, por lo que, tal y como ha manifestado, Galicia “encadenará siete años de crecimiento sostenible” y mantendrá “una mejor evolución media que España” y también “por encima de la zona euro”. Respecto a la tasa de paro, el conselleiro ha afirmado que para el próximo ejercicio se espera que “caiga por debajo del 8%, hasta el 7,7%”, rozando, ha añadido, “mínimos históricos”.

Tensiones comerciales y aranceles

El responsable de Facenda ha situado estas cifras en un contexto económico de “ralentización global de la economía” y con “muchas incertezas, externas e internas”. En cuanto a las externas, Corgos ha mencionado las tensiones comerciales y los aranceles impuestos por Estados Unidos, así como “el impacto de la guerra comercial” y las incertezas asociadas “al conflicto de Oriente Próximo”.

Sobre las “incertezas internas”, ha lamentado la “inestabilidad del Gobierno central” que, ha criticado en línea con el argumentario habitual del Partido Popular, “no es capaz de llevar a cabo las reformas que se necesitan”. No entró en el detalle de cuáles. Ha censurado, además, “la falta de presupuestos y el rechazo de la senda de estabilidad para 2027, lo que ”afecta a la estabilidad económica“. Y también ha señalado la conclusión del ”estímulo inversor“ del plan de recuperación y resiliencia”, una ayuda extra que, tal y como ha explicado, “suponía más de 60.000 millones acumulados que venían de Europa”.

Para la diputada Noa Presas, del BNG, la subida del techo de gasto no es, sin embargo, “mérito de la Xunta”, sino del aumento de recursos del sistema de financiación vigente, que aporta 930 millones de euros más debido al aumento de la recaudación fiscal a nivel estatal. Presas criticó a un gobierno, el de Alfonso Rueda, que no ha expusto un modelo propio de financiación, se niega a negociar bilateralmente con Madrid y pretende renunciar a una quita de la deuda de 4.000 millones de euros.

Contra la quita de la deuda

Sobre este asunto, Rueda ha insistido en que “no es un buen negocio para Galicia” por sí sola, aunque el Ejecutivo autonómico sí estaría dispuesto a aceptarla siempre que vaya “acompañada de un acuerdo de financiación” que sea satisfactorio para la comunidad. Más allá, ha vuelto sobre la tesis de su gabinete, cuestionada por algunos economistas, de que “mutualizar la deuda” no es “la solución ni muchísimo menos”. “Al final, volvemos a salir perdiendo”, sostuvo. Su Ejecutivo, añadió, lo que quiere es sentarse con el resto de comunidades en un foro multilateral para negociar el nuevo modelo de financiación autonómica.

El Consello Económico e Social, órgano consultivo de la Xunta de Galicia, ha reclamado al Gobierno gallego que adopte medidas ante el evidente deterioro de la sanidad pública. Lo hacía en su memoria correspondiente al pasado año, 2025. Preguntado por estas críticas, el presidente Alfonso Rueda les ha restado importancia. “Siempre digo que hay que mejorar, pero ya hemos mejorado muchísimo”, se defendió. Trabajadores y usuarios protestan desde hace años por lo que, entienden, es un proceso de privatización que está corroyendo elementos fundamentales del sistema sanitario público.

“Respetamos la opinión del Consello Económico e Social. Se trata de una opinión multidisciplinar”, afirmó. Las recomendaciones sobre el Servizo Galego de Saúde (Sergas) las aprobó por unanimidad el órgano que preside Manuel Pérez, exalcalde de Vigo por el Partido Popular. “No las comparto al 100%”, añadió Rueda. Manifestaciones multitudinarias ha mostrado en los últimos meses el profundo malestar ciudadano con el estado de la sanidad pública gallega.

No es la primera vez que los organismos consultivos y asesores de la Xunta afean las políticas de los gabinetes de Alfonso Rueda. El Instituto Galego de Estatística reveló, a finales de noviembre de 2024, la dramática caída en el número de gallego hablantes, especialmente entre la población más joven. El Ejecutivo respondió criticando la metodología e incluso encargó una encuesta a una empresa privada orientada a contradecir al IGE. También fue objeto de duros ataques por parte del Partido Popular el Consello da Cultura Galega. ¿La causa? Un informe de expertos que cuestionaba radicalmente el proyecto después fracasado para instalar una macrocelulosa en A Ulloa.

Alfonso Rueda no niega el cambio climático y su influencia en los cada vez más virulentos incendios, pero al mismo tiempo le resta importancia. “Decir que las circunstancias climáticas son la única causa lleva a mucha teoría y poca práctica”, afirmó el presidente de la Xunta de Galicia, que también criticó a Pedro Sánchez por “proponer pactos de Estado que en nada avanzan”. La comunidad sufrió el pasado año la peor ola de fuego de su historia: ardieron unas 120.000 hectáreas. Los expertos relacionan la cada vez mayor intensidad de las llamas con las mudanzas del clima y las de estos días en Madrid lo corroboran.

“Las causas son múltiples”, aventuró Rueda en la comparecencia posterior a la reunión semanal de su gabinete, “estos incendios de quinta generación causan explosiones incontrolables que antes no sucedían. Las temperaturas tan altas influyen”. Esa concesión al consenso científico la acompañó de la importancia de la limpieza del monte, justo antes de insistir en su tesis sobre el exceso de teoría. “Cuando se teoriza mucho, no se dedica tanto tiempo a actuar en concreto”, dijo.

“No estamos por desgracia libres del fuego”, añadió. Pero a Rueda le parece que un pacto de Estado en materia de clima como el propuesto en varias ocasiones por el presidente del Gobierno central sería demasiada teoría. “Y a veces lo concreto está parado”, sostuvo.

Las competencias en gestión forestal, prevención o extinción de incendios son de las comunidades autónomas. La de Madrid solicitó la pasada semana la declaración de emergencia para que el Ejecutivo central se hiciera cargo de la coordinación del operativo antiincendios.

El Partido Popular de Núñez Feijóo, del que forma parte Alfonso Rueda, ha asumido en los últimos años un discurso sobre el clima próximo en algunos puntos al negacionismo de la extrema derecha.

Una ballena de entre cinco y seis metros ha tenido que ser remolcada a mar abierto tras aparecer varada en la playa de Sabón, en Arteixo (A Coruña) este lunes. Los resfuerzos por rescatar al animal no han servido de nada ya que perdió la vida, una vez fue liberada en aguias abiertas. Tal y como ha informado el 112 Galicia, fue un particular quien alertó a las 8:40 horas de la presencia del cetáceo en el arenal coruñés. Emergencias pasó el aviso a Salvamento Marítimo, a la Guardia Civil, la Policía local, Protección Civil de Arteixo y Gardacostas de Galicia. Según ha ampliado Salvamento Marítimo, Protección Civil alertó a los Controladores Marítimos de A Coruña, solicitando asistencia para remolcar al animal, que se encontraba próximo al dique del puerto exterior.

Hasta el punto se desplazó la embarcación de rescate Salvamar Betelgeuse, que remolcó a la ballena. Finalmente, a las 11:40 horas el cetáceo ya no se encontraba varado, pero, en coordinación con la Coordinadora para el Estudio de los Mamíferos Marinos (Cemma) se realizó el seguimiento del cetáceo, que finalmente no pudo superar el trance y acabó muriendo en aguas abiertas.

Los biólogos señalan que el animal se encontraba muy débil y delgado cuando lo remolcaron con éxito del arenal. Una situación preexistente a su rescate que, señalan, habría motivado su fallecimiento.

La Ribeira Sacra no será, por el momento, Patrimonio Mundial de la Unesco, aunque su candidatura seguirá viva tras la decisión adoptada este lunes por el Comité de Patrimonio Mundial reunido en Busán (Corea del Sur). Después de varias horas de debate y de intensas negociaciones entre los países miembros, el organismo internacional ha optado por devolver el expediente a España para que pueda introducir mejoras y completar la documentación antes de volver a presentarlo, evitando así que el proceso tenga que comenzar desde cero. El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, agradeció “la implicación, convicción y énfasis” del Gobierno español en la defensa de la candidatura y anunció que esta “volverá a intentarlo” dentro de un ño. “Espero que tengamos éxito”, añadió, informa Daniel Salgado.

El pleno del Comité ha aprobado una resolución de referral o devolución técnica, la opción más favorable cuando una candidatura no consigue la inscripción inmediata. La propuesta salió adelante gracias al respaldo de un bloque de 15 países encabezado por Perú, frente a la postura defendida por otros estados, como Suiza y Chequia, que apostaban por un deferral o aplazamiento, una medida mucho más severa que habría obligado a rehacer prácticamente toda la candidatura. La decisión supone un alivio para la candidatura gallega y para las administraciones que la impulsan, ya que el informe inicial del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos), organismo asesor de la Unesco, recomendaba directamente no inscribir la Ribeira Sacra en la Lista del Patrimonio Mundial.

El acuerdo alcanzado incorpora además un elemento considerado clave para el futuro del expediente: la realización de una misión consultiva del Icomos sobre el terreno. Esta misión permitirá que los expertos internacionales trabajen conjuntamente con el Estado español y la Xunta de Galicia para perfeccionar la candidatura antes de que vuelva a ser evaluada. El propio Icomos ha mostrado su satisfacción por esta solución y ha expresado su disposición a colaborar en la fase final del proyecto.

Durante el debate, algunos países han manifestado su preocupación por la posibilidad de que la candidatura volviese a presentarse sin los cambios necesarios. Por ello, se ha acordado que España deberá solicitar formalmente esa misión de asesoramiento para evitar nuevos bloqueos en futuras evaluaciones. El trabajo pendiente se centrará especialmente en ampliar y mejorar la documentación del paisaje cultural de la Ribeira Sacra. Entre las cuestiones que deberán reforzarse figuran el inventario y la cartografía del patrimonio hidráulico, así como de los elementos vernáculos e inmateriales vinculados a la cultura del agua.

“Valorar las raíces locales”

Por su parte, la delegación Española a través del embajador ante la Unesco, Miquel Iceta, ha defendido en primer lugar a que sea el Comité el que tome las decisiones y no el Icomos, en referencia al informe que desaconsejaba su distinción. Ha indicado también que existen dos problemas en la gestión, por una parte la toma de decisiones teniendo en cuenta “informes erróneos” y problemas de diálogo entre los estados y los órganos asesores. Asimismo, ha recordado que España “sigue comprometida con la necesidad de valorar las raíces locales en su papel de guardiana de patrimonio” y ha felicitado a la comunidad de la Ribeira Sacra “la de hoy y la que han preservado durante 15 siglos un bien de indiscutible valor universal en nombre de la Humanidad”. Entre ellos ha citado a Cipriano Marín y Ana Goy, “que tanto trabajaron por esta candidatura y que hoy ya no están entre nosotros”.

Iceta finalizó su intervención haciendo referencia a los incendios que asolan los territorios asegurando que “la defensa del patrimonio tiene siempre unos héroes, hoy lo son los bomberos de España, Francia y tantos otros países que luchan contra el fuego”. No ha faltado el agradecimiento a la propuesta de Perú, que ha dejado abierta la puerta al reconocimiento y a los países que ha apoyado esta medida y defendido la candidatura evitando tener que empezar de cero en su propuesta.

La Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e FP cerrará cuatro escuelas unitarias el próximo curso 2026/27 debido a la “falta de alumnos”. En concreto, dejará de funcionar el colegio Pazos-Comoxo en Boiro y las escuelas infantiles de Olas en Mesía, de Taboadela y de Lantaño en Portas. Así lo ha dado a conocer la Xunta a través de un comunicado en el que habla de “adaptar el mapa escolar a la evolución demográfica” de cada zona para el próximo curso 2026/27, lo que implica que dejarán de funcionar estas cuatro unitarias.

En este contexto, ha subrayado que “debido a la matrícula insuficiente y sin previsión de incremento”, este próximo curso dejarán de funcionar las escuelas de Educación Infantil de Olas en Mesía (cinco matrículas), de Taboadela (una matrícula) y de Lantaño en Portas (tres matrículas). Además del Colegio de Pazos-Comoxo en Boiro (dos matrículas). Estas unitarias, cuya relación se publicará en el Diario Oficial de Galicia próximamente, no alcanzan el número mínimo de alumnos para su continuidad, según ha insistido. Paralelamente, la Xunta ha defendido que está reforzando las infraestructuras educativas en aquellas zonas donde se constata “una demanda creciente de matrícula”.

En este caso se ha referido a tres centros de nueva construcción como el nuevo Colegio CEIP de Milladoiro en Ames (11,6 millones de euros), y los institutos IES Domingo Villar en Vigo (17,8 millones) y de O Pereiro de Aguiar (9,5). Asimismo, ha recordado que tiene en marcha o en previsión 11 obras de ampliación de centros educativos en Santiago de Compostela, Lugo, Vivero, Ourense, Caldas de Reis, Lalín o Vilagarcía de Arousa, entre otros.

Un total de ocho vocales del Consejo General del Poder Judicial consideran “injustificado” y “nulo de pleno derecho” el traslado forzoso del magistrado Luís Villares decidido por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) al apartarlo de la sección tercera de la Sala de lo Contencioso-Administratrivo, encargada de decidir sobre proyectos eólicos, para pasarlo a la sección cuarta. Así figura en un voto particular discrepante que firman a raíz de que el Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) haya desestimado por solo un voto de diferencia los recursos de alzada del juez Luís Villares y Juezas y Jueces para la Democracia contra este traslado forzoso que afecta en total a cuatro magistrados que se intercambian entre las secciones tercera y cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo.

La nueva presidenta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), María Azucena Recio González, decidió en marzo, unos días después de su llegada a este cargo, el traslado forzoso de quien fue portavoz de En Marea y de otros jueces entre las secciones tercera y cuarta. Sobre esta cuestión, los ocho vocales advierten en su voto particular que se trata de una decisión nula por “haberse prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido”.

De tal forma, cuestionan la propia forma en que se adoptó la decisión. Según exponen sus firmantes, el traslado fue ejecutado de manera inmediata y los órganos de gobierno llamados a intervenir tuvieron conocimiento de la medida cuando ya estaba plenamente en vigor, lo que supone “apartarse del procedimiento legalmente previsto”.

Justificación “insuficiente”

Asimismo, señalan que el recurso debió ser estimado porque la decisión se adoptó sin seguir adecuadamente el procedimiento, pero también porque la justificación ofrecida para acordar el traslado resulta insuficiente.

Indican que laa presidenta de la Sala vinculó la reorganización de las secciones a varias sentencias del Tribunal Supremo relativas a la participación previa de Villares en la actividad política y a posibles dudas sobre su imparcialidad en determinados procedimientos. Los firmantes del voto particular no cuestionan la relevancia de esas resoluciones ni la necesidad de preservar la imparcialidad judicial, pero consideran que no se explica de forma convincente “por qué dichas sentencias hacían necesaria una reorganización de las secciones de la Sala ni por qué la medida adoptada era la más adecuada para alcanzar ese objetivo”. A su parecer, el acuerdo realiza un juicio anticipado sobre eventuales problemas de imparcialidad que podrían producirse en el futuro, sin acreditar que esos riesgos justificaran una reorganización inmediata.

Además, advierten de que el cambio de sección no elimina necesariamente las situaciones que se invocan como fundamento de la medida. Y recuerdan que, en todo caso, el ordenamiento prevé mecanismos específicos para afrontar posibles conflictos de imparcialidad en asuntos concretos, como la abstención o la recusación, respecto de los que la presidenta “no explica por qué serían insuficientes”. El voto particular está firmado por: Bernardo Fernández Pérez, Ricardo Bodas Martín, Ángel Arozamena Laso, Luis Martín Contreras, Esther Erice Martínez, José María Fernández Seijo, Argelia Queralt Jiménez y Lucía Avilés Palacios