El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, asegura que el Servizo Galego de Saúde (Sergas) solo recurre a médicos titulados sin especialidad por “causas excepcionales” y para evitar “cerrar servicios”. Lo dijo en el pleno del Parlamento de Galicia, en respuesta a la diputada del BNG Montse Prado, quien criticó la gestión de la Xunta en sanidad, especialmente durante el verano, con medidas “estrella” como la de contratar profesionales sin especialidad de formación MIR.

“El PP, una vez más, en lugar de tomar medidas para garantizar que haya profesionales, lo hila todo a que la culpa es Madrid que no le manda médicos”, denunció y señaló que las contrataciones de médicos sin MIR van a más a pesar de que “desde hace 31 años es obligatoria [la especialidad] para trabajar en el sistema público de salud”.

El conselleiro repitió, según recoge Europa Press, que Galicia tiene un “déficit estructural de profesionales médicos” y ha trasladado la responsabilidad al Gobierno central insistiendo en que las principales herramientas para corregirlo están en el Ministerio de Sanidad, dado que es “quien acredita las unidades docentes, quien autoriza las pruebas de formación sanitaria especializada y quien regula las especialidades”.

Caamaño defendió sus políticas asegurando que, si “no hay profesionales disponibles para cubrir determinadas ausencias o necesidades asistenciales”, la responsabilidad de la Administración es “organizar los recursos existentes para garantizar que la ciudadanía siga recibiendo atención sanitaria”. “No vamos a cerrar servicios ni abandonar a ayuntamientos porque el Ministerio no hiciese los deberes a tiempo y no adoptase medidas para ofrecer soluciones al déficit de profesionales de atención primaria como le correspondía”, dijo.

El BNG planteó otra cuestión relacionada con la sanidad en el pleno. El diputado Paulo Ríos hizo referencia a las protestas de los vecinos de Moaña que reclaman que vuelva a abrir el punto de atención continuada (PAC) cerrado hace seis años. “Vemos como, abierto el centro de salud, no hay más que mentiras y mentiras, engaños, cuando tratan de hacer pasar una ambulancia por un PAC”, señaló. Caamaño consideró que las urgencias están cubiertas con un médico y una enfermera por las tardes y con la ampliación del horario de funcionamiento de la ambulancia de soporte vital avanzado de enfermería, que pasó de 12 a 24. “Señor conselleiro, ponga las urgencias ya o dimita, es lo único que tiene que hacer”, le contestó del diputado nacionalista.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) reconoce el derecho de una mujer a percibir la prestación de ingreso mínimo vital (IMV) que el Instituto Nacional de la Seguridad Social le extinguió porque su hija obtuvo una beca para la preparación de oposiciones para el ingreso en las Carreras Judicial, Fiscal, en el Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia y en el de Abogados del Estado. En concreto, la Sala de lo Social destaca en la sentencia que dicha ayuda está destinada a sufragar gastos relacionados con la preparación de las pruebas selectivas, por lo que no debe ser considerada en el cómputo de ingresos para el IMV, cuyo objetivo es prevenir la pobreza y la exclusión social.

La entidad gestora alegó que estas becas deben computarse como ingresos, basándose en la normativa del impuesto sobre la renta. Sin embargo, el TSXG concluye que esa interpretación podría llevar a una “discriminación institucional por motivos socioeconómicos sobre las familias con bajas rentas, proscrita en la cláusula abierta del artículo 14 de la Constitución Española”. A ello añade que “se llegaría al absurdo de que una persona integrada en una familia con rentas superiores al umbral de acceso al IMV podría acceder a una de esas becas” y mantener su nivel de ingresos, mientras que la familia de una persona con acceso al ingreso mínimo vital vería penalizado económicamente acceder a esta beca, puesto que “expulsaría a su familia del IMV”.

“En términos reales, se estaría situando a las familias y a las personas integradas en ellas al dilema de solicitar las becas o el IMV y, a la postre, se estaría perpetuando desde las instituciones la situación de vulnerabilidad que se supone que tanto las becas como el IMV pretenden superar, lo que es algo frontalmente contrario al artículo 9.2 de la Constitución”, recoge el fallo. Así, la Sala de lo Social recalca que “las instituciones, en este caso las entidades gestoras de la Seguridad Social, estarían tratando de manera desigual, penalizando o excluyendo de los derechos a las personas por su falta de recursos económicos”.

Los magistrados destacan que no hay “problema insalvable” en asimilar las becas para la preparación de oposiciones para el ingreso en las Carreras Judicial y Fiscal, Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia y Cuerpo de Abogados del Estado al concepto de enseñanzas regladas, “si consideramos que son ayudas para el estudio concedidas por el Gobierno del Estado, con la finalidad de fortalecerse atrayendo talento hacia sus cuerpos jurídicos”. Por lo tanto, el TSXG desestima el recurso presentado por el Instituto Nacional de la Seguridad Social y confirma íntegramente la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número 2 de A Coruña. La resolución no es firme, pues contra ella cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

La investigación judicial abierta contra el expresidente de la Deputación de Lugo, José Tomé, por un supuesto delito contra la libertad sexual ha entrado en una nueva fase después de que la Fiscalía Provincial de Lugo se oponga al archivo de la causa que reclama el investigado y solicite la práctica de nuevas diligencias para esclarecer los hechos denunciados.

La posición del Ministerio Fiscal, conocida este miércoles y que recoge Europa Press, figura en un escrito con fecha del 22 de mayo, en el que considera que sobreseer la causa sería “prematuro” porque “quedan actuaciones de investigación relevantes por practicar y porque la causa se encuentra en una fase inicial”. Con la información disponible hasta el momento, asegura que resulta complejo encajar los hechos denunciados dentro del delito específico de acoso sexual, pero considera que “todavía no existen elementos suficientes para descartar esa posibilidad de forma definitiva”.

Incluso si finalmente no se apreciase la existencia de un delito de acoso sexual, los hechos investigados podrían ser constitutivos de otros ilícitos penales relacionados con la libertad y la dignidad de las personas, añade y cita figuras delictivas como amenazas, coacciones, trato degradante o conductas de carácter sexual que pudieran generar una situación objetivamente “humillante, hostil o intimidatoria para la denunciante”.

La Fiscalía pide que se hagan nuevas diligencias, entre ellas incorporar al procedimiento las conversaciones mantenidas entre la denunciante y el investigado, documentación que considera relevante para determinar el alcance de los hechos denunciados. También pide la declaración de varias personas identificadas por las testigos que ya han comparecido durante la instrucción y que podrían aportar información relevante sobre los hechos o incluso haber vivido situaciones similares.

El objetivo de estas actuaciones, defiende el escrito fiscal, es obtener una reconstrucción lo más precisa posible de los acontecimientos investigados antes de adoptar cualquier decisión definitiva sobre la continuidad o no del procedimiento.

Coincidiendo con la difusión de la posición de la Fiscalía, el Grupo Provincial del Partido Popular ha elevado el tono de sus críticas contra el expresidente de la Diputación. El portavoz popular, Antonio Ameijide, aseguró que José Tomé ha solicitado que la Deputación de Lugo asuma los gastos derivados de su defensa jurídica en esta causa judicial. La presidenta de la Deputación, la socialista Carmela López, lo negó y acusó al PP de haber difundido información errónea de forma deliberada. No existe una decisión de asumir con fondos públicos los gastos de defensa jurídica del expresidente, dijo. Los populares han interpretado la información de manera incorrecta, agregó.

López expuso que la Deputación dispone desde hace tiempo de una póliza de responsabilidad civil para autoridades que cubre a los 25 diputados provinciales y al personal de la Administración General. Pero tal cobertura está sometida a condiciones estrictas. En concreto, la aseguradora únicamente podría asumir determinados gastos en caso de que el solicitante resultase absuelto o de que la causa fuese archivada. Por el contrario, la póliza no contempla la cobertura de costes derivados de conductas delictivas acreditadas.

Hasta en nueve ocasiones ha preguntado José Ramón Gomez Besteiro por las políticas de vivienda al presidente de la Xunta de Galicia. Lo recordó este miércoles durante la sesión de control en el Parlamento autonómico en la que también lamentó que no siempre contestaba el presidente de la Xunta, sino “un tertuliano chusqueiro [chistoso]”. “Pero las competencias son del Gobierno gallego”, añadió Besteiro en referencia al asunto del debate. Trataba de hacer que Alfonso Rueda explicase el proceder de su gabinete y no dedicase la mayor parte de su intervención a atacar al Ministerio de Vivienda. Lo consiguió solo a medias.

Besteiro había enmarcado, de entrada, el problema. Hay 34.000 ciudadanos gallegos apuntados en el registro de demandantes de vivienda pública, un 143% más que cuando, en 2022, rueda sustituyó a Feijóo al frente del Gobierno gallego. El precio del metro cuadrado ha subido un 13,3% en un año y de los 153 millones de euros destinados a vivienda en los presupuestos de 2025, 120 quedaron sin ejecutar, aseguró el socialista. Los sucesivos ejecutivos de Núñez Feijóo habían reducido la política de vivienda pública a prácticamente cero y solo en esta legislatura, el Partido Popular ha modificado el rumbo, por lo menos discursivamente. “Galicia es una de las comunidades del Estado con menos parque de vivienda pública”, resumió.

El presidente de la Xunta se defendió. “La vivienda es un tema central para nosotros y estamos haciendo un gran esfuerzo”, dijo. Repitió su promesa más recurrente al respecto, la construcción de 4.000 pisos públicos en cuatro años, 6.000 en 2030. Y, como es habitual, se cuidó mucho de justificar los años de inacción en la materia de gobiernos de los que él formó parte. so sí, los ataques y las críticas los reservó, también como es habitual, para Pedro Sánchez. “Viene usted aquí a tapar las vergüenzas en vivienda del Gobierno central”, afirmó, “si quieres anuncios, el Gobierno de España, si quieres que se hagan realidad, tu comunidad autónoma”. Aunque su intención era ironizar, en realidad describía el reparto competencial: la vivienda es responsabilidad de la autonomía gallega.

“La pregunta es qué hicieron durante estos 8 años”, insistió Gómez Besteiro. El período se refería al tiempo que Sánchez lleva en el gobierno y durante el que, recordó, ha destinado 548 millones de euros para que Galicia gastase en políticas de vivienda. “No merece la pena hablar de Pedro Sánchez y de vivienda pública”, intentó zanjar Rueda, antes de enumerar algunas medidas de su consellería: el desarrollo de suelo para 20.000 viviendas de protección pública -y construcción privada- o el aumento hasta los 45 años de la edad para optar a avales de la Xunta.

Pontón: “No ha aprendido nada de las olas de incendios”

Los incendios en Herbón (Padrón, A Coruña) y Boborás (Ourense) dieron pie a la pregunta de Ana Pontón, líder del BNG. La nacionalista afeó al presidente de la Xunta que nada sustancial haya cambiado en el dispositivo antiincendios tras las grandes olas de fuego en 2017, 2021 y 2025. Esta última, el pasado agosto, registró los mayores incendios de la historia de la comunidad. “No ha aprendido nada”, le recriminó Pontón, para quien entre las medidas imprescindibles a adoptar mencionó una moratoria indefinida de las plantaciones de eucalipto o la ordenación del monte en mosaico. Lo que recomiendan la mayoría de expertos. “Un rural vivo es la mejor garantía contra el fuego”, sintetizó.

La nacionalista también se refirió a algunas promesas incumplidas de Rueda. Fue tras los devastadores incendios en el oriente ourensano que el presidente anunció en la Cámara autonómica que su gobierno se encargaría de la limpieza de las franjas secundarias en los ayuntamientos de menos de 10.000 habitantes. “No lo hizo. Su palabra no vale nada”, dijo, “ni siquiera en las parroquias prioritarias. Solo en 70 de las 276”. Alfonso Rueda apenas entró en lo concreto, exigió a la líder de la oposición “un llamamiento a la prevención y una condena a los incendiarios, que los va a haber” e insinuó que Pontón busca el rédito político en las olas de incendios. Sí dijo que el Plan de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais de Gaicia (Pladiga) cuenta con más recursos que nunca y que el eucalipto no tiene la culpa. “En Ourense el año pasado no ardió una hectárea de eucalipto”, dijo. “Esto es tarea de todos, también de la oposición”, concluyó.

Los trabajadores del hospital de Montecelo, en Pontevedra, han denunciado la presencia de ratas y culebras en el servicio de farmacia del centro. En un escrito remitido por la delegada de prevención al comité de seguridad e higiene del Área Sanitaria de Pontevedra e O Salnés, señala que, durante las visitas a la farmacia se han encontrado culebras, ratas e indicios de “otras plagas procedentes de zonas de sumideros”. Avisa de que la situación es especialmente preocupante porque en este servicio se gestionan, almacenan y dispensan medicamentos para toda el área hospitalaria, incluidos tratamientos de quimioterapia, de nutrición o fármacos para pacientes ingresados.

La presencia de estos animales, continúa el escrito, supone un riesgo para los trabajadores y también para la calidad y la seguridad de los medicamentos y productos sanitarios que salen de este servicio y que pueden poner en peligro a los pacientes. Los trabajadores reclaman una inspección y que se tomen medidas urgentes de desinfección. El gerente del área sanitaria, José Flores, admite la situación y señala que no es la primera vez que ocurre algo parecido. La razón, asegura, es que el hospital se encuentra rodeado de campo y que el servicio de farmacia se encuentra en la planta -2, lo que hace más fácil que estos animales accedan al interior.

Flores asegura que ya se ha activado el dispositivo previsto para estos casos: se ha comunicado la situación, de la que dice que la gerencia tuvo constancia ayer, martes, a la unidad de prevención de riesgos laborales y a medicina preventiva. “Se están tomando todas las medidas necesarias y se está investigando para actuar en consecuencia y de forma definitiva”, señala. Los trabajadores dieron el aviso al ver “alguna rata y una culebra”: “Es algo que puede pasar”.

El escrito de los trabajadores también avisa de que hay material mal almacenado, depositado directamente en el suelo y “deficiencias de orden, limpieza e higiene incompatibles con los estándares exigibles a un servicio sanitario”. Piden, por este motivo, que se revisen las condiciones en las que se depositan los materiales en la farmacia de Montecelo.

Relatan también que una trabajadora, que prefiere no dar su nombre, tuvo que acudir a urgencias por una picadura que desconoce qué animal se la hizo y tuvo que tomar antibióticos para tratarse.

La Guardia Civil busca a un hombre, de 43 años de edad, que agredió a su expareja en Ponte Caldelas (Pontevedra) y secuestró a su bebé, al que después abandonó junto a la casa rectoral y el cementerio, sin que haya sufrido heridas.

Según fuentes de la Benemérita que cita Europa Press, los hechos ocurrieron sobre las 16.30 horas del martes. El varón agredió a la mujer y se escapó al monto llevándose al niño. Se activó un enorme operativo de búsqueda, ya que “estaba en juego la vida de un bebé”. Al mismo se sumaron un helicóptero, drones, perros de detección de personas, varias patrullas e incluso el Seprona.

Horas después, el bebé fue localizado al lado de la casa rectoral, donde lo había dejado el hombre. Sin embargo, este miércoles continúa la búsqueda del presunto agresor, al cual ya le constaba una orden de búsqueda y detención por un caso previo.

La Comisión de Transportes del Congreso ha aprobado este martes el informe de la ponencia de la ley de la AP-9 para transferir la gestión y la titularidad de la vía a la Xunta de Galicia, con el único rechazo de PP y Vox, por lo que continúa su tramitación en las Cortes y se eleva al Pleno de la Cámara Baja. El origen de la ley surge de un acuerdo unánime del Parlamento de Galicia, aunque se desbloqueó hace unas semanas gracias al acuerdo entre el PSOE, BNG y Sumar y, pese a que los socialistas habían presentado inicialmente enmiendas en otro sentido, incluye la cesión de la gestión y de la titularidad de la vía a la Xunta.

El acuerdo entre las tres formaciones llegó el día anterior a que se reuniera la ponencia para validarlo -paso que dio con el voto en contra de los populares (que alegan que el texto difiere del que salió del Parlamento de Galicia) y de Vox-. Ahora, este martes se ha ratificado la ponencia y se ha aprobado el informe para que la ley de la AP-9 continúe su recorrido parlamentario y se eleve al Pleno.

Durante la sesión de la Comisión de Transportes, PP y Vox han cargado contra el acuerdo alcanzado entre estas formaciones, mientras que BNG y Sumar han ido más allá del traspaso de la AP-9 y han insistido en su reivindicación de eliminar el peaje de la vía. Y es que el nuevo texto que surgió tras el acuerdo dio pie a una proposición de ley orgánica, que fue validada en la ponencia pese al voto en contra de PP y Vox. Es esta norma la que continua su tramitación en las Cortes hasta que el traspaso pueda ser negociado en una comisión bilateral entre Xunta y Gobierno central.

Aunque los socialistas habían presentado una enmienda que evitaba la titularidad, el nuevo texto pactado sitúa como objetivo de la ley “la transferencia a la Comunidad Autónoma de Galicia de la titularidad de la AP-9 y las competencias sobre el régimen jurídico de la concesión, así como las funciones y servicios de la autopista AP-9 a la Comunidad Autónoma de Galicia”. Para ello, se determina que la Administración General del Estado y la comunidad elevarán a la Comisión Mixta de Transferencia una propuesta de acuerdo que determine las condiciones y límites para la transmisión de competencias hasta ahora ejercidos por la Administración estatal en relación a la Autopista del Atlántico, lo que será aprobado por real decreto.

Condiciones del traspaso

Dicha propuesta de acuerdo deberá abordar las condiciones del traspaso de varias funciones, empezando por la autorización de la puesta en servicio de nuevos tramos, adaptaciones o reformas de los existentes, así como de enlaces y vías auxiliares de la autopista. También concretará como se materializa la supervisión e inspección del correcto funcionamiento de la autopista, conforme a la normativa general de carreteras y a los pliegos que rigen la concesión; así como la potestad sancionadora respecto a incumplimientos de la concesionaria en la explotación de la AP-9.

Asimismo, abordará los términos para las modificaciones que afecten al régimen económico-financiero de la concesión, “singularmente en lo que atañe al establecimiento, actualización y supresión de las tarifas y peajes, así como la aplicación de programas de descuento, incluyendo la autorización de aquellos que sean voluntarios a instancia de la concesionaria”; y para la redacción y aprobación de convenios, o addendas a los actuales.

Repercusiones económicas

Además, según el texto pactado, la Administración General del Estado conservará a su cargo, con respecto a la sociedad concesionaria de la autopista AP-9, las obligaciones con repercusiones económicas y financieras derivadas de la aplicación de la concesión en vigor que hayan sido motivadas por modificaciones adoptadas en el periodo en que ha tenido la competencia y con los limites económicos vigentes a la fecha de la aprobación del traspaso.

En la misma línea, las consecuencias de las decisiones tomadas por la Administración estatal previas a la transferencia recaerán sobre la misma. El acuerdo de la transferencia deberá establecer “la obligación de la aprobación de las revisiones ordinarias o extraordinarias de tarifas que dichas modificaciones hayan establecido, con el fin de que estos límites económicos sean respetados”.

¿Cuándo asumirá la Xunta los costes?

En cuanto a la Xunta, asumirá a su cargo, con respecto a la sociedad concesionaria de la autopista AP-9, “todas las obligaciones con repercusiones económicas y financieras consecuencia de las modificaciones que sobre el régimen económico financiero de la concesión promueva una vez efectivo el traspaso”. Finalmente, las modificaciones que sobre el régimen económico financiero de la concesión quiera promover la comunidad autónoma no podrán afectar a los compromisos económicos previstos y “cualquier decisión que suponga un incremento de dichos compromisos deberá ser asumida íntegramente por la comunidad en la cuantía que este incremento suponga”.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha acordado elevar al Tribunal Constitucional una cuestión de inconstitucionalidad relativa a la exclusión del lobo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE) al norte del Duero, lo que implica una rebaja en su nivel de protección. Según informan fuentes judiciales, el alto tribunal gallego plantea la cuestión con respecto a dos disposiciones de la Ley 1/2025, de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, y lo hace por la posible vulneración de los principios de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos y de seguridad jurídica; del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, en relación con los derechos de participación pública y de acceso a la justicia en materia medioambiental; y del artículo 45 de la Constitución, en relación con el principio de actuación conforme a la mejor y más reciente evidencia científica y el principio de no regresión del estándar ambiental.

En un auto, el TSXG explica que la modificación sobre la protección del lobo se introdujo mediante enmiendas en una ley destinada a prevenir las pérdidas y el desperdicio alimentario, por lo que no detecta una relación suficiente entre el objeto de dicha ley y la regulación del lobo, y ello plantea dudas sobre el cumplimiento de los requisitos de homogeneidad y congruencia exigidos en el procedimiento legislativo.

Así, indica que “no se discute que, desde la perspectiva formal de la jerarquía normativa, una norma de rango de ley aprobada por las Cortes Generales tiene rango suficiente para aprobar una modificación del LESPRE”, pero advierte de que “desde la perspectiva material del control de la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos no se puede obviar que, efectivamente, se ha prescindido de esos trámites administrativos reglados e informes técnicos preceptivos previstos en la regulación del procedimiento administrativo de modificación del LESPRE, utilizándose el rango normativo legal para conseguir su elusión”.

El TSXG explica que, en este caso, se habría utilizado una norma de rango legal para evitar los trámites, informes técnicos y evaluaciones científicas exigidos para modificar el LESPRE.

Los magistrados recalcan en su auto que “se produce una elusión singular del procedimiento administrativo para la exclusión de una población de fauna silvestre del LESPRE, sin una específica referencia motivada a la razón de dicha exclusión”. Estas circunstancias, según subrayan, “impiden a priori valorar cuáles son las concretas razones que avalarían que se haya prescindido del trámite legal y reglamentariamente dispuesto para abordar ese tipo de modificaciones del LESPRE, que incorpora trámites administrativos e informes técnicos específicos para garantizar que su modificación venga avalada por la mejor información científica disponible”.

“En suma, con la modificación del LESPRE cuestionada, el legislador ha asumido mediante una ley funciones que correspondían -y de hecho siguen correspondiendo- a la Administración General del Estado”, señala el tribunal, al tiempo que añade que “existen dudas de la legitimidad constitucional de esa decisión”, pues entiende que debería “basarse en criterios científicos y técnicos verificables con un procedimiento administrativo reglado e impuesto en el marco de las exigencias del derecho ambiental de la Unión Europea”.

Con respecto al posible impacto sobre la tutela judicial efectiva, el TSXG advierte de que “no solo se obvia la competencia y procedimiento administrativos establecidos por la normativa con carácter general como cauce para las modificaciones del LESPRE, sino que ello repercute en las posibilidades de impugnación de asociaciones de defensa del medio ambiente que quieran cuestionar esa rebaja en el nivel de protección de la especie”.

Además, hace referencia en la resolución a una posible vulneración del principio de no regresión ambiental, porque la rebaja del nivel de protección del lobo podría suponer una regresión en la protección ambiental sin una motivación suficiente ni una ponderación acreditada de los datos científicos disponibles.

Por lo tanto, el TSXG suspende provisionalmente las actuaciones del procedimiento contencioso-administrativo iniciado por dos asociaciones ecologistas contra la Consellería de Medio Ambiente y Cambio Climático hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la admisión de la cuestión de inconstitucionalidad.

Un hombre de 31 años de edad, de iniciales J.S.T, murió en la mañana de este martes en el municipio pontevedrés de Cambados tras haber recibido un disparo supuestamente efectuado por un agente de la Policía Nacional, en el transcurso de una operación antidroga que se llevaba a cabo en ditintos puntos de la comarca de O Salnés.

Según fuentes conocedoras de la operación consultadas por Europa Press, los hechos se produjeron en la zona de Corbillón, en Cambados, y el fallecido era uno de los investigados en relación con el tráfico de drogas.

El propio hospital de O Salnés confirmó el fallecimiento del hombre, que ingresó sobre las 7.30 horas herido de bala. “El paciente falleció poco después durante las primeras atenciones de emergencia efectuadas por el equipo asistencial del hospital arousano, tras agravarse de forma crítica su estado de salud”, apunta el centro hospitalario en un comunicado.

En declaraciones a Europa Press, el abogado de la familia del fallecido, Guillermo Presa, ha asegurado que “no se produjo ningún tiroteo”, sino “un único disparo de la policía”.

“Estaba desnudo en cama, la Policía reventó la puerta, se asomó para ver qué pasaba y recibió un disparo”, relata el abogado, al tiempo que asegura que en la vivienda los agentes “no encontraron ningún arma”. Por consiguiente, se ha abierto una investigación por homicidio de la cual se ha hecho cargo la Guardia Civil.

En el marco del operativo antidroga –dirigido por el Juzgado número 1 de Vilagarcía, que ha decretado secreto de sumario–, se han llevado a cabo registros en esa localidad, Vilanova, Cambados y Ribadumia. La investigación por la muerte del vecino de Cambados corresponde al juzgado número 4 de Cambados, que es el que estaba de guardia cuando sucedieron los hechos.

“Estaba desarmado y prácticamente desnudo”

Laura, la novia del fallecido, presenció los hechos y asegura que su pareja “estaba desarmado y prácticamente desnudo” cuando los agentes irrumpieron en su casa.

“Tiraron la puerta abajo y del ruido que hizo nos asustamos, porque estábamos en cama durmiendo. Él se levantó para ver qué había pasado y se asomó por la puerta y le dispararon”, ha asegurado en declaraciones a los medios congregados en la zona de Corbillón, en Cambados, donde se produjeron los hechos.

Además, ha relatado que los agentes “casi ni le dejaron coger una sábana para taparse” y cuando se cubrió, cogió una sudadera, se vistió y vió como los policías atendían a su pareja. “Le taparon la herida, llamaron a la ambulancia y a mí me llevaron para abajo --en referencia a la parte inferior de la vivienda--”, ha indicado.

También ha subrayado que “no había ningún tipo de arma de fuego en casa” y que el joven y la policía “no” intercambiaron ninguna palabra antes de producirse el disparo. “Él cuando le dispararon le dijo --a los agentes-- que qué le habían hecho”, ha relatado.

A continuación, el joven fue conducido al hospital y, en un primer momento, a la familia le trasladaron que la situación “no era tan grave”. “Al rato ya me dijeron que había muerto”, ha lamentado Laura, que solicita no difundir sus apellidos. 

Una docena de detenidos

Al menos 12 personas han sido detenidas en las últimas horas en el transcurso del operativo antidroga. Según han confirmado fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), se llevaron a cabo registros en viviendas, naves y garajes de los partidos judiciales de Vilagarcía y de Cambados, así como en un domicilio de la Comunidad de Madrid y otro de Vigo.

El pase a disposición judicial de estas personas se realizará previsiblemente el jueves, según apuntan las mismas fuentes.

La Xunta va a pagar, un año más, la seguridad para la catedral de Santiago. Este lunes ha anunciado que va a firmar dos convenios de colaboración a través de los cuales va a entregar 1,5 millones e euros a la Catedral de Santiago de Compostela y la Fundación Catedral de Santiago para este fin. Una pequeña parte de los fondos, 250.000 euros, se reservarán para aportar al funcionamiento del Centro Internacional de Acogida de Peregrinos.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, anunció la aportación de las arcas públicas a la Iglesia este lunes y destacó que aumenta con respecto a la aprobada el año pasado, algo que justificó por la previsible mayor afluencia de visitantes en 2027, que será Año Santo.

El primero de los acuerdos es una colaboración por la cual la Xunta dará 1,2 millones de euros para la seguridad de la catedral y la oficina de atención al peregrino, procedentes de la Axencia de Turismo de Galicia. El otro, para funcionamiento del centro de peregrinos, suma otros 250.000 euros.

La Consellería do Medio Rural ha decidido desactivar la situación 2 del incendio de Boborás (Ourense) al dejar de correr peligro las casas. La decisión se tomó a las 17.34 horas de este lunes, en un fuego que ha arrasado 230 hectáreas, según las estimaciones provisionales de la Xunta.

El director xeral de Defensa do Monte, Manuel Francisco, ha explicado que el pico de calor de este lunes dificulta las tareas de extinción. La principal causa que se baraja como origen del fuego es un rayo, informa Europa Press.

Este mismo lunes, la alcaldesa de Boborás, Patricia Torres, ha advertido de que la situación es “compleja”, si bien “nada que ver” con lo “terrible” que fue en la tarde del domingo, por el riesgo para viviendas. La regidora ha valorado la actuación “ejemplar” de vecinos que refrescaron tanto los entornos de sus casas como la de aquellas personas que no se encontraban en ellas.

Varios helicópteros, hidroaviones y brigadas, así como medios del Ministerio para la Transición Ecológica, participan en las tareas de extinción.

El calendario escolar para el curso 2026/27 en Galicia establece que las clases van a empezar el 9 de septiembre, que es un miércoles, y van a terminar el 21 de junio, que es un lunes. Todas las etapas educativas van a seguir este plan, excepto los segundos cursos de los ciclos formativos de grado básico, medio y superior de FP, que terminarán un poco antes, el 15 de junio. El calendario que ha aprobado definitivamente la Xunta, y que se ha publicado este lunes en el Diario Oficial de Galicia (DOG) contiene algunos cambios con respecto a la propuesta inicial. Afectan a las vacaciones de Navidad, que finalmente van a empezar el día 22 de diciembre (incluido) y se van a prolongar hasta el 7 de enero (incluido también).

Además, la orden publicada en el DOG señala que las enseñanzas de régimen especial, dadas sus particularidades, puedan empezar la actividad lectiva con flexibilidad, con el 16 de septiembre como tope. También recoge que las clases de segundo de Bachillerato terminarán en función de las fechas de la prueba de acceso a la universidad (PAU) y que el periodo de adaptación para el cuarto curso de Infantil pueda ser gradual hasta, como mucho, el 15 de septiembre.

En cuanto a las vacaciones, además de las de Navidad, habrá tres días no lectivos por el Entroido, que serán el 8, el 9 y el 10 de febrero. La Semana Santa irá del 22 al 29 de marzo, ambos incluidos. Esto se traduce en 12 días libres, dado que el 19 de marzo, que es el viernes anterior, es festivo en toda Galicia. Se suma como no lectivo el 7 de diciembre -cuando se va a celebrar el Día do Ensino-, lo que permite hacer un puente desde el sábado 5 al martes 8. Y también serán no lectivos los días de las fiestas laborables de ámbito estatal, autonómico (entre ellos el ya citado 19 de marzo) y local.

La orden también fija las pruebas de evaluación de diagnóstico del cuarto curso de Primaria entre el 26 y el 30 de abril y las del segundo curso de la ESO, entre el 19 y el 23 de abril de 2027.

La Xunta ha aprobado el calendario laboral de Galicia para el año 2027, que incluye como festivos propios el 19 de marzo y el 17 de mayo, el Día das Letras Galegas. Además, la Comunidad mantiene otras fechas tradicionalmente festivas: el 6 de enero, día de Reyes y el Jueves Santo, que en 2027 es el 25 de marzo.

El calendario ha sido aprobado en el Consello de la Xunta. Cada año hay 14 festivos, de los cuales dos son elegidos por cada ayuntamiento. Hay otros nueve que son obligatorios en todo el Estado y no se pueden sustituir salvo que caigan en domingo. Esas jornadas son el 1 de enero, el Viernes Santo, el 1 de mayo, el 15 de agosto, el 12 de octubre, el 1 de noviembre y 6,8 y 25 de diciembre. En 2027 el 15 de agosto es domingo, de modo que la Xunta establece, a cambio, que sea festivo el 17 de mayo.

Hay otros tres festivos opcionales: uno es el 6 de enero; otro, el Jueves Santo, y, por último, hay una elección entre 19 de marzo y 25 de julio. Galicia elige tradicionalmente el 25 de julio, pero en 2027 cae en domingo. Por este motivo, 2027 es Año Santo.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, prima el criterio de su gobierno sobre el del Icomos -órgano consultivo que asesora a la Unesco en materia de patrimonio cultural- a la hora de evaluar si el proyecto de la mina de Touro puede afectar al Camino de Santiago. Defiende la postura de los informes de los técnicos de la administración autonómica, que consideran, igual que lo hace la empresa promotora, que la explotación no tendría impacto sobre el Camino de Santiago. Por la contra, el Icomos manifestó que cualquier permiso para la actividad minera en la zona debería ser anulado porque no hubo consulta previa a la Unesco pese a plantearse para las inmediaciones de un tramo de la ruta jacobea, declarada Patrimonio Mundial desde 1993.

El informe del Icomos, dijo, “merece todo el respeto, el mismo, ni más ni menos, que los técnicos de la Xunta”. El proyecto está avalado por la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, agregó, que concluye que el proyecto para reactivar la extracción de cobre en Touro y O Pino es “compatible” con el Camino, cuyas dos últimas etapas discurren por esta zona.

Rueda hizo estas afirmaciones en respuesta a una pregunta sobre las advertencias del organismo que asesora a la Unesco, que acaba de proponer, en otro proceso distinto, que la Ribeira Sacra no sea declarada Patrimonio Mundial. A lo que no contestó el presidente gallego fue a otra cuestión sobre si su Gobierno va a seguir en futuros proyectos las directrices de la Convención de Patrimonio Mundial, que son las que establecen que cualquier acción que pueda tener algún impacto en un bien incluido en la lista deben ser consultadas, con carácter previo, con la Unesco.

El Gobierno gallego tampoco ha dado respuesta a las propuestas del Icomos de crear una mesa conjunta para analizar los posibles efectos sobre el Camino de Santiago del proyecto de Touro. En su informe señala que ya en febrero de 2025 remitió comunicaciones tanto a la Consellería de Economía como a la de Cultura pidiendo ese órgano de interlocución y reitera su disposición a crearlo.

Representantes de la CIG ocupan este lunes sedes de la Xunta y del Sergas en las siete ciudades gallegas como acto de repulsa al plan de mejora y control de la incapacidad temporal y el papel que le otorga en la gestión a las mutuas. Concretamente, los lugares donde se están desarrollando las protestas son: en A Coruña, en el departamento territorial de la Consellería de Sanidade; en Santiago, en la sede de Sanidade; en Pontevedra, en el edificio de la Xunta; en Ourense, en la delegación territorial de la Xunta; en Vigo, en la oficina del Sergas; en Lugo, en el edificio administrativo de la Xunta; y en Ferrol, también en el edificio de la Xunta.

Tal y como recogen en un comunicado, el plan de mejora de la gestión de incapacidad temporal supone “un nuevo paso en la estrategia de Rueda para convertir las bajas médicas en un problema de control social y no en un problema de salud laboral”. “Bajo el pretexto de combatir el llamado 'absentismo', el Gobierno gallego refuerza el papel de las mutuas y orienta la actuación de la inspección de cara a la aceleración de las altas médicas”, lamentan. En esta línea, aseguran que “de forma ilegal, pretende imponer con todo tipo de engaños, amenazas e intimidaciones, que los trabajadores firmen autorizaciones y consentimiento para que las mutuas puedan actuar impunemente contra la salud de los trabajadores”.

Argumentan que los datos demuestran que “el problema no es que la clase trabajadora quiera trabajar menos, sino que cada vez trabaja en peores condiciones, durante más años y con un sistema sanitario más deteriorado”. “El absentismo no es la causa del problema, sino el síntoma de un modelo laboral basado en la sobreexplotación, en el envejecimiento de la población activa y en los recortes de la sanidad pública”, remarcan.

Protesta en Ferrol

Durante la protesta de Ferrol, los participantes han portado carteles con lemas como 'Enfermar no es delito'; y 'La salud es un derecho', reclamando un cambio en el modelo de gestión que, según denuncian desde el sindicato, desprotege a los empleados frente a sus dolencias. 'Estamos aquí para denunciar que se está tratando la enfermedad como un fraude', han señalado portavoces del sindicato durante la acción, insistiendo en que el sistema actual prioriza el ahorro económico de las empresas por encima del bienestar físico de la plantilla. La ocupación se desarrolla, por el momento, sin incidentes y en un ambiente de reivindicación pacífica.

Una nueva protesta multitudinaria, que ha recorrido A Illa de Arousa (Pontevedra) por tierra y mar este domingo, ha llamado a “parar” el proyecto de Altri en Palas de Rei (Lugo) y la reapertura de la mina de Touro-O Pino (A Coruña). “Tenemos que seguir. Estamos obligados a parar estos proyectos y este modelo industrial perjudicial para el conjunto de Galicia”, ha reclamado el presidente de la Plataforma en Defensa da Ría de Arousa (PDRA), Xaquín Rubido, antes del inicio de la movilización. Esta ha sido convocada por esta entidad junto a Ulloa Viva y la Plataforma Mina de Touro-O Pino Non.

Bajo el lema 'Re-matemos Altri e a mina de Touro-O Pino', más de 10.000 personas han recorrido A Illa desde la playa de O Vao hasta el puerto de O Xufre, según las cifras que maneja la organización. Cerca de 300 barcos han apoyado la protesta por mar y se han acercado al punto final una vez fueron llegando las personas que participaron por tierra. Desde allí, han hecho sonar sus bocinas como signo de protesta. Pancartas y camisetas con el habitual “Altri non” han estado presentes una vez más en la marcha, en la que se han coreado cánticos como “Espolio e miseria é o que nos deixan”. También se han dejado ver las características calaveras que algunas personas portaban en la cabeza, simbolizando los efectos ecológicos que estas entidades advierten que tendrán ambos proyectos.

En este sentido, Rubido ha acusado al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, de “sacrificar” el río Ulla y la ría de Arousa para “beneficiar a unos privilegiados” y considera que estos proyectos “perjudican a la mayoría de la sociedad gallega, destruyen el tejido productivo y desarticulan el territorio”. Además, la portavoz de Ulloa Viva, Marta Gontá, ha pedido la dimisión a Rueda y a las conselleiras de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, y Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez: “Si no son capaces de proteger los recursos de todos, deberían dimitir y dejar su puesto a gente más educada, más empática y más formada”.

Estos mensajes estuvieron presentes en el manifiesto, que fue leído en el puerto por representantes de las tres plataformas convocantes. En él, han explicado que estaban ahí para “defender el agua” como su “modo de vida” y que, en sus palabras, “Rueda quiere regalarle a los proyectos depredadores de la mina y de la celulosa”. “No nos van a desmovilizar porque aún hay recorrido para seguir presionando en Galicia, en España y en Europa”, han exigido. En este sentido, han solicitado la denegación de los proyectos, la potenciación de los sectores productivos y la protección ambiental del río Ulla y de la ría de Arousa. “Tenemos que seguir movilizándonos y alerta para defender este país”, han concluido.

Pontón exige el archivo de Altri

Por otra parte, la protesta ha contado con la participación de la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, que, una vez más, ha reclamado “el cierre definitivo de Altri” y ha exigido al gobierno del PPdeG que “deniegue todos los permisos y autorizaciones” a lo que considera una “bomba ambiental”. Asimismo, ha manifestado su rechazo a la “megaminería contaminante” para impedir que se reabra la mina de Touro-O Pino, en sus palabras, “controlada por fondos buitre”.

“A diferencia del PP, entre el expolio y Galicia, el BNG siempre está con Galicia. Entre llenar los bolsillos de una presa de multinacionales y la gente, el BNG tiene claro donde está: al lado de todos los vecinos y vecinas”, ha expresado. De igual modo, la líder nacionalista ha apreciado que “la fuerza de la gente ha logrado parar Altri” -actualmente en proceso de archivo-, aunque ha llamado a “no bajar la guardia”.

Cobre San Rafel defiende su proyecto

Ante esta convocatoria, la promotora de la reapertura de la mina de Touro-O Pino, Cobre San Rafael, ha reafirmado su “apuesta por la producción de cobre sostenible” dentro del proyecto actual, que fue declarado como Proyecto Industrial Estratégico (PIE) por la Xunta de Galicia en el 2024 y que “aplica las mejoras técnicas disponibles actualmente”, en sus palabras. En este sentido, la empresa ha asegurado que el nuevo proyecto, que difiere del presentado en 2017, “incorpora mejoras” con respecto a este “al incrementar las medidas de protección ambiental y garantizar el máximo respecto al medio natural y al entorno”.

La ofensiva del PP gallego contra la memoria de Xosé Ramón Reboiras Noia, el último asesinado por el franquismo en Galicia, no es una disputa por la ciencia de la historia. No busca reparar ningún relato, ni ajustar su versión del pasado, ni contribuir a una discusión honesta sobre lo ocurrido. Todo se reduce -así lo consideran los historiadores consultados por elDiario.es- a la actual política partidista y eso explica la iniciativa, repleta de tergiversaciones, que la derecha llevará a pleno en el Parlamento de Galicia para exigir la retirada de tres estatuas dedicadas a Reboiras en Santiago de Compostela, Lugo y Arzúa. “Es pura estrategia política. Y no solo sucede en Galicia, no solo sucede en el Estado español. El mundo está girando hacia posiciones fanáticas”, considera Emilio Grandío, catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Santiago de Compostela.

A Moncho Reboiras lo tiroteó por la espalda la policía de la dictadura el 12 de agosto de 1975. Fue en el portal del número 27 de la llamada calle Primo de Rivera, hoy Rúa da Terra, en Ferrol. Tenía 25 años, era sindicalista y militaba en la Unión do Pobo Galego (UPG), un partido comunista y nacionalista entonces ilegal, matriz del actual BNG. Esta desplegaba un “frente armado”, formado por un reducido grupo de activistas y bajo el liderazgo de Reboiras, que descartaba atentar contra personas y se centraba en dos objetivos: obtener máquinas multicopistas para la producción de panfletos y prensa clandestina, y dinero, para poder liberar militantes. A ese paso táctico de la UPG se agarra el PP para asegurar que el nacionalista asesinado es “un personaje que cometió actos vinculados con el terrorismo”. De paso menciona contactos con ETA y, en declaraciones públicas, lo mezcla todo con las disputas contemporáneas.

La única mención al contexto político y social de la época en la exposición de motivos de la proposición no de ley registrada por los conservadores en la Cámara autonómica dice lo siguiente: “En ningún caso es posible defender el terrorismo en el supuesto nombre de la Democracia, ni argumentar que estuvo dirigido contra una dictadura como eximente para victimizar y martirizar al terrorista”. El resto es una diatriba ideológica en la que el PP llega a asegurar que las esculturas en homenaje a Reboiras suponen “un símbolo de enaltecimiento del terrorismo”. El Código Penal vigente lo recoge como delito, pero los populares no han presentado denuncia. El Gobierno de España reconoció a Reboiras como víctima de la dictadura en 2009.

“Los hechos fueron los que fueron”

“No es más que un uso político de los términos”, critica el catedrático Grandío, “no calibran exactamente aquel contexto. Faltaban tres meses para la muerte de Franco y parece que la dictadura no lo era tanto. No fue así. Es más, la muerte de Franco no acaba con la dictadura”. Según los historiadores, esta solo finaliza con la Ley de Reforma Política de enero del 77 y las primeras elecciones libres y no censitarias cinco meses más tarde. “Hablar de terrorismo contra una dictadura no es lo mismo que hablar de terrorismo contra un sistema democrático. El contexto clarifica”, añade, “y los hechos fueron los que fueron. La dictadura mató con impunidad hasta el final”. En Galicia su última víctima mortal fue precisamente Reboiras Noia. En el resto del Estado habría todavía más.

Otro historiador, Xurxo Martínez, reconstruyó junto al periodista Xosé Manuel Pereiro la vida, militancia y muerte de Reboiras en O camiño da rebeldía (Aira, 2021). Sus autores certificaron, mediante el análisis comparativo de informes policiales y médicos y de testimonios directos, que la policía le disparó por la espalda. Y que no existen pruebas concluyentes de que lo que durante décadas se definió como “un tiroteo” entre clandestinos y agentes lo fuese en realidad. “No está claro que llegase a disparar ningún tiro. No hubo el tal tiroteo de la información que reprodujeron los medios”, argumentaban Martínez y Pereiro cuando publicaron el libro. También entonces, recuerda Martínez en conversación con elDiario.es, defendían la tesis de que el nacionalista “luchó por la democracia en un contexto difícil”. “En Francia, los que cayeron en defensa de la democracia son héroes incluso para la derecha”, lamenta sobre la actitud del PP gallego.

Martínez coincide con Emilio Grandío al relacionar la iniciativa de los conservadores con una deriva general hacia el radicalismo ultra. “No aceptan que aquellos que combatieron el franquismo eran demócratas”, sostiene, “y lo grave es que se imponga la línea ultraderechista en el PP, la misma que lleva a Vito Quiles al cierre de campaña en Aragón”. Porque, asegura, hay otras sensibilidades en el interior de la formación conservadora. Las que no se opusieron, dice, al busto que en Celanova reconoce a Luís Soto, secretario personal de Castelao, comunista, fundador de la UPG e independentista gallego. “Supongo que, al final, de lo que se trata es de controlar a ciertos votantes para que no se escapen a Vox”, sintetiza.

“A mi juicio, hay que ver el debate desde arriba, porque lo concreto es bastante miserable”, asegura Bieito Alonso, cuya última investigación, Crónicas trasatlánticas (Laiovento, 2025), trata sobre la emigración gallega en Latinoamérica y su implicación sindical y política. Ese “desde arriba” supone, para Alonso, un PP “que nunca condenó realmente el golpe del 36” y un discurso cada vez más asimilable al de la extrema derecha. “Estamos en una confrontación de momento ideológica muy dura, violenta”, dice, “espero que no vaya a más”. Lo “concreto y miserable” prefiere mirarlo con cierta ironía: “Al final, contribuyen involuntariamente a popularizar la figura de Moncho Reboiras, porque la mayoría de la gente no sabe ni de quién hablan”.

La campaña del PP, amplificada por su densa red de apoyos mediáticos, vivió primero sus escaramuzas locales. La de Santiago de Compostela resultó especialmente intensa, y la estatua de Reboiras amaneció vandalizada hace unas semanas. El portavoz del PP, Borja Verea, en la oposición, prometió retirar la escultura si algún día llega a alcalde. Justo a eso, a retirarla, conmina la iniciativa parlamentaria de su partido.

“El único asesinado fue él, y por la espalda”

Francisco Rodríguez es una de las figuras clave de la izquierda nacionalista gallega de los últimos cincuenta años. Compañero de Reboiras en la UPG, diputado por el Bloque en el Parlamento gallego entre 1993 y 1996 y en el Congreso entre 1996 y 2000, forma parte de la Fundación Terra e Tempo, una de las impulsoras de los homenajes al militante caído. “Me llama la atención la prepotencia y la chulería de llevar al Parlamento gallego una iniciativa para acabar con la autonomía municipal”, señala, “porque colocar estatuas o nombres de calles es competencia municipal exclusiva”. “Obviamente, hay algo más por detrás, no es una locura pasajera”, añade.

Rodríguez, filólogo y profesor de profesión, remite a la propia historia del Partido Popular. La resistencia de la formación hegemónica de la derecha a las ideas de memoria histórica o democrática viene de lejos, al igual que su reticencia a distanciarse del franquismo. El origen último del partido son los siete ministros de la dictadura que fundaron Alianza Popular en 1976. “Convierten a las víctimas en verdugos”, denuncia Rodríguez a quien, no obstante, le llama la atención “la cota de exasperación y agresividad” de su discurso en los últimos tiempos. “En Galicia no hace falta Vox, el PP ya cumple ese papel”, considera.

Sobre los hechos de 1975, que conoció de primera mano como dirigente de la entonces clandestina UPG, apunta un elemento fundamental. “No hubo violencia con heridos o muertos. El único asesinado fue él, Moncho, y por la espalda”, dice, “yo entiendo que la derecha no quiera participar en la idea de que Reboiras es un mártir del nacionalismo, pero no se pueden negar los hechos e invertir la historia”. El catedrático Emilio Grandío lo había desarrollado antes como conclusión a sus declaraciones a este periódico: “La historia es el relato más fidedigno posible de los hechos, de lo que sucedió”. El último asesinato franquista en Galicia.

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Santiago de Compostela investiga una denuncia por presunta agresión sexual contra un médico del Centro de Saúde de Galeras. La denunciante atribuye al facultativo varios episodios de carácter inapropiado, desde comentarios de contenido sexual hasta supuestos tocamientos.

Según la denuncia, los primeros hechos se habrían producido entre 2019 y 2021. La usuaria del centro público de salud afirma que en esos años el médico realizó preguntas y comentarios insistentes sobre prácticas sexuales que no guardaban relación con el motivo de las consultas.

Posteriormente, la denuncia relata que durante una consulta presencial por un bulto en el cuello el médico mantuvo una conversación de carácter personal y realizó gestos de contenido sexual. A continuación llevó a cabo una exploración física durante la que pidió a la paciente que se quitara la ropa de cintura para arriba y realizó tocamientos que esta considera ajenos a cualquier finalidad médica.

Bloqueo y nerviosismo

Tras los hechos relatados en la denuncia, la mujer refiere haberse sentido bloqueada y nerviosa, y relata que abandonó la consulta. Semanas después del incidente, en agosto de 2021, solicitó el cambio de médico de cabecera, que le fue concedido y se hizo efectivo el mes siguiente.

Consultado por este periódico, el Sergas señaló que mantiene “máximo respeto por el procediemiento judicial en curso” y confirmó que ha facilitado la información requerida por las autoridades en el marco de la investigación. El servicio sanitario añadió que desconoce los hechos concretos que motivan las diligencias y declinó realizar valoraciones para no interferir en el procedimiento.

La causa se encuentra actualmente en fase inicial de instrucción. En el auto que inicia la investigación –y al que ha tenido acceso elDiario.es–, la magistrada señala que los hechos denunciados “presentan características que hacen presumir la posible existencia de un delito de agresión sexual”, por lo que considera necesario practicar las primeras actuaciones para determinar las circunstancias del caso.

El incendio de Padrón (A Coruña), declarado en la tarde del viernes en la parroquia de Herbón y que se ha extendido ya al vecino municipio de Teo, ha calcinado hasta ahora un total de 350 hectáreas, según las estimaciones realizadas por la Consellería do Medio Rural durante este domingo. A última hora del sábado, esta cifra se situaba en 330.

La situación ha mejorado respecto a la tarde del sábado, cuando un flanco se reactivó y se evacuó como prevención ante la proximidad del fuego a dos núcleos de Carcacía, Sobrerribas y Cruxeiras de Abaixo, principalmente por la intensidad del humo. Además, llegó a cortarse la circulación por dos vías: desde Carcacía a Padrón y desde Vilar do Bispo a Lampai.

Durante la noche, la situación en los núcleos de población afectados mejoró mucho en cuanto a la dirección e intensidad del viento. Por ello, a primera hora de este domingo, las personas desalojadas han regresado a sus viviendas, según ha informado el 112 Galicia.

No obstante, la Xunta mantiene la situación 2 en el incendio de Padrón (A Coruña) como medida “preventiva” debido a su próximidad a dos núcleos de la parroquía de Carcacía, aunque realizará evaluaciones a lo largo del domingo para “poderla retirar”. La administración gallega elevó el sábado por la tarde la alerta de emergencias, que requiere de la intervención de medios estatales por su proximidad a núcleos de población, en concreto, a los de Cruxeiras de Abaixo e Sobrerribas, en Carcacía.

Según ha explicado a los medios de comunicación el director xeral de Defensa do Monte, Manuel Francisco Gutiérrez, se sigue la planificación marcada a primera hora y se están ejecutando trabajos de control y de remate. La extinción está enfocada en la cabeza del fuego y en su flanco derecho, que ha situado en el núcleo de Cruxeiras de Abaixo.

El director xeral ha cifrado en 100 los efectivos que actualmente están trabajando sobre el terreno, que forman parte de los 500 que se han movilizado hasta el momento por parte del departamento autonómico. Además, el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) apoya el operativo con dos aviones anfibios y un helicóptero, que trabajan de forma coordinada con los de la Xunta.

“Durante la noche, mejoró mucho la situación. Las lluvias localizadas, junto con el trabajo, pudo hacer que la situación sea tranquila y que la ciudadanía pueda hacer una vida normal”, ha explicado Europa Press el alcalde padronés, Anxo Arca. Con todo, ha pedido a los vecinos a que dejen las vías de comunicación libres para que los medios de extinción puedan realizar su trabajo.

A mediodía de este domingo, no se aprecian llamas en el fuego y los medios de extinción movilizados trabajan en perimetrar con bulldozer todo el área. “Somos optimistas. Eso no quita que tengamos todos los medios centrados y atentos a lo que pueda ir sucediendo”, ha detallado el regidor.

Incendio en Boborás

Por otra parte, el incendio forestal de Boborás (Ourense), declarado en la noche del sábado, sigue avanzando y ha calcinado un área de unas 150 hectáreas, según las últimas estimaciones de la Consellería do Medio Rural. En este contexto, ha declarado la situación 2 como medida preventiva por su proximidad al núcleo de Vecoña, en la parroquia de Moreiras, donde se inició el fuego.

El fuego comenzó a las 21.55 horas y se extendió por una zona con una orografía “compleja”, según la describe su alcaldesa, Patricia Torres. Hacia las 17.00 de este domingo, la estimación del área calcinada era de 50 hectáreas, una cifra que ha variado en 100 más en las dos horas siguientes.

La complejidad de la zona y las rachas de viento están dificultando durante esta tarde las tareas de los medios desplazados. Hasta ahora, la Consellería do Medio Rural ha movilizado a cuatro técnicos, ocho agentes, 20 brigadas, 11 motobombas, dos unidades técnicas de apoyo, tres palas, cinco helicópteros y nueve aviones. Además, el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) ha incorporado al operativo efectivos de la BRIF de Laza, que trabajan de manera coordinada con los de la Xunta.

Los medios aéreos no pudieron movilizarse hasta esta mañana, ya que no pueden actuar por la noche. Eso dificultó desde su inicio la extinción del fuego, que empezó “en el medio y medio del monte” y, según las hipótesis que baraja la regidora, pudo haber sido provocado por un rayo.

Ambos fuegos, tanto el de Padrón como el de Boborás, se han producido en el marco de un episodio de calor con temperaturas de más de 30 grados en toda la comunidad.

“Mi padre se moría dos veces al año y dos veces al año, resucitaba”. La relación de Javier Peña (A Coruña, 1979) con su progenitor, un marino mercante que pasaba meses embarcado, ha marcado toda su vida. Su último libro, Tinta invisible, fue una carta de amor hacia él, escrita a través de los únicos elementos que, en los últimos tiempos, les permitían comunicarse: las historias. Durante el proceso de escritura, Peña comprendió que su carácter ciclotímico procede de aquel carrusel de sentimientos que padeció de niño. Y volvió a mirar al mar, un elemento tan importante para él como lo fue para la historia del mundo y de la literatura. Todo eso es lo que está detrás de Es necesario navegar, el monólogo que inicia su gira por España pero que también llegará al otro lado de ese océano, a Latinoamérica, donde su podcast literario, Grandes infelices, vive todo un fenómeno fan.

“Mi padre se iba cuatro meses, luego pasaba dos en casa, marchaba otros cuatro, volvía dos más...”, recuerda Peña en un café compostelano, su espacio natural de trabajo. “Para un niño de siete u ocho años, cuatro meses es toda la vida”. Por eso, él está convencido de que esa “montaña rusa” de su infancia explica cómo es. “Mi carácter, que pasa de eufórico a depresivo, se representa en esa idea de mi padre yéndose, mi padre volviendo...”. Y todo por culpa del mismo mar que él veía desde pequeño, en su piso sobre la playa de San Amaro, desde el que se divisó el accidente del petrolero Urquiola. Él entonces aún no había nacido, pero sí recuerda cómo, en 1992 , lo mandaron a casa, junto a todos sus compañeros de colegio, porque se temía que la nube de humo provocada por el petrolero Mar Egeo, encallado a los pies de la Torre de Hércules, pudiese ser tóxica.

“Mi vida estaba ligada al mar pero, en los últimos años –con la separación de mi padre y mi vida en Santiago, tierra adentro– había perdido esa conexión. Tinta invisible me permitió regresar al mar y ver cómo él me trajo algunas de las historias que más me gustan: las de Conrad, Poe, Melville...”, relata. Ahora, de alguna manera, se lo devuelve. A ambos.

El espectáculo, que toma como título una frase de Pompeyo –“Navegar es necesario, vivir no lo es”– arranca con La Odisea o el arca de Noé, “que viene del Poema de Gilgamesh”. “Es decir, que las primeras obras de ficción están relacionadas con el mar. Esa idea de que la literatura nació en torno a él me hizo crear esta obra en la que, durante algo más de una hora, repasamos muchas de las cosas que nos dio: los seguros, las apuestas, el ecologismo...”. El escritor reivindica la enorme importancia que el mar sigue teniendo para una sociedad que, más pendiente de la tecnología, a menudo le da la espalda. Hasta que un carguero gigante se queda atascado en el Canal de Suez y afecta a todo el comercio mundial. O hasta que se cierra el Estrecho de Ormuz.

Millones de oyentes desde el salón de casa

El viaje escénico está inspirado en la ruta que más veces recorrió su padre: la que va de Rotterdam, el mayor puerto de Europa, a Richards Bay, en Sudáfrica, un antiguo poblado de pescadores, hoy convertido en una de las principales terminales de carbón del mundo. Una travesía que permite a Peña ir realizando escalas escogidas para narrar esas historias de la literatura y de los escritores que apasionan a los oyentes de su podcast.

Grandes infelices nació casi como un divertimento. “Quería hacer algo distinto; me gusta contar historias, pero también me gusta rebuscar cómo contarlas, contarlas de otra manera...”. El autor había publicado ya sus dos primeras novelas, Infelices y Agnes –como toda su obra, con Blackie Books– y pensó que esos “diez, doce mil ejemplares vendidos” le garantizaban, al menos, un número similar de “oyentes potenciales”. “Pero llevamos millones”, confirma aún sorprendido tras conocer que el número de suscriptores en Spotify ha superado los 100.000.

“Tampoco es que me esté haciendo rico, pero en ese sentido sí que siento que se me fue de las manos, porque nunca imaginé algo así. Ten en cuenta que el podcast lo sigo haciendo en el salón de mi casa, con mi mujer –esa voz femenina que ahora le preguntan ”si es inteligencia artificial“– y un micrófono de 50 euros”. De lo que más orgulloso parece sentirse es de la “comunidad” que se ha creado y que ha ido creciendo al igual que el propio formato. Peña no deja de interactuar con sus oyentes y, de hecho, “hay una temporada en la que, de los cinco escritores protagonistas, cuatro los seleccionó la gente”.

Desde el martes 9 está subido el capítulo número 34, el dedicado a Ernest Hemingway. El anterior, centrado en la chilena María Luisa Bombal, provocó una de esas situaciones que a Peña le sirven como termómetro. “Los libros de Bombal estaban agotados en la Feria del Libro de Madrid y dos personas desconocidas se encontraron en la misma caseta, buscándolos. Inmediatamente, se preguntaron: '¿Tú también escuchaste el podcast...?'”.

El mar en una maleta

Historias como esta le llegan continuamente, sobre todo desde Latinoamérica, donde lo conocieron primero como podcaster y después como escritor. “Allí sólo llegó Tinta invisible, y porque la gente que ya me escuchaba lo pedía”. Fascinado por lo que sucede al otro lado de ese mar con el que se ha reconciliado, trata de buscarle explicación. “Supongo que es porque les gustan mucho las historias de escritores que no son los que están de moda... pero no lo sé. Para mí es alucinante, me abrió unas puertas que no imaginaba. Nunca pensé que el grueso de mi carrera iba a estar en Latinoamérica”.

Tras estrenarse el pasado 29 de abril en Barcelona –“una de las mejores experiencias de mi vida”–, Es necesario navegar afronta la próxima semana un doble pase en Medellín, los días 18 y 20. “El primero se agotó y hubo que buscar una nueva fecha”. Después, Peña actuará en casa, en la Sala Capitol de Santiago, el 2 de julio. Las siguientes paradas serán Lima, Bogotá, Montevideo, Santiago de Chile y Madrid.

Si la Piquer tenía su baúl, Peña sólo necesita una maleta para transportar todo su espectáculo. Eso es lo que le permite afrontar sin grandes gastos una gira de ese calibre. Lo único necesario para Navegar por el escenario es una silla y una mesa. El resto, lo pone él. Lo principal, el mapa que se extiende sobre la mesa. “Es el lienzo sobre el que trabajamos”. El tablero de juego. Una cámara web lo proyecta a espaldas del escritor y ahí es donde se muestran la ruta, los textos, los autores... mientras él va contando historias. Un apoyo audiovisual que trasciende los límites sonoros que impone el podcast.

Esa economía de medios para adaptarse al recinto garantiza que no habrá dos escenografías iguales. “En Barcelona me colocaron un archivador, libros, una foto enmarcada de mi padre y mía... Usaron cosas que ayudaron, algo que va a depender de la disponibilidad de cada sala, pero al final son elementos accesorios: la esencia es una silla y una mesa”. Y la lámpara. “Sí, la lámpara va conmigo en la maleta, es una lámpara muy de escritorio, como de Bartleby, el escribiente”, con algo muy importante: “Tiene una cadenita de la que tirar, para encender y apagar la luz, que es como empieza y acaba la obra. No sería el mismo efecto hacerlo así que apretando un botón”.

Mientras se explica, Peña simula el gesto con los dedos. En unos días, volverá a hacerlo de verdad, con la cadena de la lámpara entre ellos. Será, de nuevo, frente a un auditorio deseoso de cruzar un océano de historias, rumbo a Richards Bay. La misma ruta que recorría su padre, dos veces al año, siempre antes de resucitar.