A partir del próximo lunes entran en vigor en toda la Comunidad de Madrid nuevas medidas restrictivas para hacer frente al acusado aumento de casos por coronavirus en la región las últimas dos semanas. Las medidas se suman a las aprobadas el pasado 18 de agosto que incluían la prohibición de fumar por la calle y en terrazas si no se puede respetar las distancias de seguridad, o la limitación a las visitas de familiares en las residencias de mayores. Estas son las nuevas limitaciones en el ámbito público y privado.

La orden del Gobierno regional se publicará en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) el próximo lunes 7 de septiembre. Desde ese día entrarán en vigor los nuevos límites que se revisarán cada 15 días y su continuidad, su suspensión o su endurecimiento se producirá “bajo el criterio de la Dirección General de Salud Pública”. Es decir, en función de como evolucione la pandemia en la región.

El Gobierno regional que preside Isabel Díaz Ayuso ha decidido limitar las reuniones familiares o de amigos no convivientes a las 10 personas. En la orden del 18 de agosto se limitaban estas reuniones a los espacios públicos y en los espacios privados aparecía como una recomendación. La nueva orden limita estos encuentros en los hogares y lugares de ámbito privado a unas máxima diez personas si estas no conviven de forma habitual.

Se pueden seguir celebrando bodas pero con limitaciones y estas celebraciones son las más afectadas por las nuevas restricciones. En los lugares donde se celebre la ceremonia (iglesias, lugares de culto o civiles) el aforo pasa a ser del 60% frente al 75% actual. Las limitaciones más restrictivas tienen lugar a la hora de celebración: solo podrán realizarse con consumo de comida y bebida en mesa con los comensales sentados. Se suspenden los bailes y la instalación de barras.

Los aforos en este caso se reducen del 75 al 60% en lo relativo tanto a las instalaciones funerarias, como a cementerios, crematorios, o tanatorios. Pese a esta limitación de aforo, el número máximo de asistentes a velatorios se mantiene, por lo que pueden acudir 50 personas si son al aire libre y 25 en espacios cerrados. A los entierros o cremaciones pueden asistir medio centenar de personas como máximo.

En la hostelería, debe observarse una distancia de seguridad entre las mesas o agrupaciones de mesas de, al menos, 1,5 metros, desde las sillas asignadas a las diferentes mesas o agrupaciones de mesas. En cuanto a la actividad de restauración en barra, se restringe la barra al 50 % de ocupación. El aforo en el interior de los establecimientos se mantiene en un 75%.

Los museos permanecerán abiertos pero se reducen los grupos de visita que pasarán tanto en salas de exposiciones y otros equipamientos culturales de 25 a 10 personas. Igualmente, se limita la actividad de guía turístico a trabajar con grupos de un máximo de 10 personas.

Los eventos taurinos quedan suspendidos hasta nueva orden.

Además, las actividades de espectáculos públicos o recreativos en recintos y espacios que no se dedican de manera habitual a dichas actividades no se autorizarán.

La Comunidad de Madrid se ha situado de nuevo a la cabeza de los contagios por coronavirus en el país en esta segunda ola de la pandemia. El incremento acusado de casos los últimos quince días ha oligado al Gobierno regional a imponer nuevas restricciones que principalmente se han centrado en la limitación de las reuniones de personas en espacios privados y la reducción de los aforos en hostelería, lugares religiosos, bodas, velatorios y espectáculos. Las medidas entrarán en vigor el próximo lunes 7 de septiembre y se revisarán cada 15 días.

A partir del lunes estarán prohibidas las reuniones de más de 10 personas no convivientes en el ámbito público y como novedad también en el privado. En la orden del pasado 18 de agosto, la administración autonómica ya recomendaba evitar las reuniones en el ámbito familiar. Pero este viernes, el consejero Enrique Ruiz Escudero ha anunciado que esas recomendaciones pasarán a ser una prohibición.

Además, se reduce del 75% al 60% el aforo en velatorios –cementerios, crematorios, o tanatorios– y el número máximo de asistentes a no podrá superar las 50 personas si son al aire libre y 25 en espacios cerrados. Los lugares de culto también ven reducido su aforo del 75% actual al 60%, cuyas restricciones se ampliarán a ceremonias nupciales y otras celebraciones religiosas o civiles.

La celebración de bodas se afectadas en otros aspectos: solo podrán realizarse con consumo de comida y bebida en mesa con los comensales sentados. Se suspenden los baile y la instalación de barras. El Gobierno regional ha decidido además suspender todos los eventos taurinos y solo podrán realizarse espectáculos en lugares especializados para ello.

En la hostelería, debe observarse una distancia de seguridad entre las mesas o agrupaciones de mesas de, al menos, metro y medio, desde las sillas asignadas a las diferentes mesas o agrupaciones de mesas. En cuanto a la actividad de restauración en barra, se restringe la barra al 50% de ocupación. El aforo en el interior de los establecimientos se mantiene en un 75%.

Las actividades de espectáculos públicos o recreativos en recintos y espacios que no se dedican de manera habitual a dichas actividades no se autorizarán y tampoco los festejos taurinos, hasta nueva orden. Además, se suspenden los espectáculos taurinos. También reduce el aforo de las salas multiusos polivalentes del 50 al 40%. En cuanto a los locales de apuestas, casinos e hipódromos, se rebaja el aforo del 75 al 60%. Esto también se aplica en centros recreativos, parques de atracciones, zoológicos y acuarios.

La modificación de la orden prevé, en caso necesario, la posibilidad de habilitar espacios públicos y privados, como hoteles con equipos médicos que ayuden a realizar el aislamiento de personas o grupos familiares por ser contactos estrechos de casos positivos o sospechosos que necesiten seguimiento médico.

La capacidad de rastreo también aumentará, según ha anunciado Escudero. En los próximos días la región incorporará nuevo personal para contar con 1.000 rastreadores (según el Gobierno regional actualmente disponen de 560 a los que van a sumar otros 150 cedidos por Defensa). También se ha anunciado la compra de dos millones de tests rápidos que ofrecen resultados en apenas quince minutos.

Las medidas entrarán en vigor el próximo lunes lunes, con su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM). Se revisarán cada 15 días que será cuando el Gobierno autonómico estime si las endurece o las rebaja en función de la evolución de la pandemia en la región.

El Gobierno madrileño trata así de hacer frente al incremento sistemático de contagios en la región que no ha dejado de crecer en los últimos 15 días y que empieza a notarse también en los ingresos hospitalarios, las UCI y la mortalidad. Madrid es ya la autonomía que más casos registra, 1.200 notificados según el ministerio y 2.859 incorporados a la serie histórica en las últimas 24 horas; tiene ya 407 hospitalizados y suma 73 muertos en la última semana. 

Isabel Díaz Ayuso ha descartado el confinamiento de la Comunidad de Madrid y ha apelado a la responsabilidad individual así como a no confiarse. "Ahora lo importante es volver al trabajo, volver a clase, y cuidarnos entre nosotros", ha defendido mientras aseguraba que será "inevitable que de vez en cuando haya contagios" porque la única manera de que no se produjesen sería con el "confinamiento total", que ha rechazado.

La presidenta madrileña ha reconocido que estas nuevas medidas perjudicarán a muchos sectores, para lo que ha prometido ayudas. Ayuso ha abogado por que "todo el mundo recupere la normalidad" y ha asegurado que la mayoría de los restaurantes y comercios son seguros. "La vida tiene que seguir con mucha responsabilidad, con mascarillas, pero tenemos que seguir avanzando porque sino económicamente esto va a ser todavía mucho peor".

Ayuso ha defendido que la región concentra más de un tercio de todos los positivos de España por la alta movilidad, algo que “está ocurriendo en todas las capitales europeas”. Pero las elevadas cifras de la capital no no tienen comparación con ninguna otra europea.

"Lo que hacemos es medicina de supervivencia". Con esa idea en la cabeza ha terminado este martes su jornada laboral una de las nueve médicos que atiende a los 88 pacientes que actualmente se alojan en el Ayre Gran Hotel Colón, el único establecimiento turístico que la Comunidad de Madrid ha mantenido medicalizado en todo momento desde que estalló la pandemia. Además de los facultativos, ocho enfermeras, 18 auxiliares de enfermería y dos celadores forman parte de la plantilla sanitaria que se distribuye en tres turnos los siete días de la semana. A ellos se suma el equipo de limpieza y de cocina, subcontratado. "Las enfermeras tocamos a 40 pacientes por turno", lamenta Elena (nombre ficticio), que explica que este martes eran dos compañeras trabajando durante la mañana, otra dos les relevaron por la tarde y una quinta durante la noche. A esta queja se suma otra enfermera, que "echa de menos más personal" sanitario para atender el aumento de pacientes al que han hecho frente "en las últimas semanas".

Actualmente, este hotel es el único recurso que la Comunidad de Madrid ha mantenido operativo para pacientes de COVID-19, que no tengan grandes complicaciones y que no puedan pasar el aislamiento en su casa. Durante el mes de abril, la Consejería de Sanidad llegó a contar con trece establecimientos turísticos sanitarizados. Con la contención de la pandemia estos recursos se fueron replegando y sólo quedó funcionando el Ayre Gran Hotel Colón, propiedad de El Corte Inglés y Palladium Hotel Group, y situado a 600 metros del hospital Gregorio Marañón. Ante el descontrol actual del virus, la Consejería de Políticas Sociales ha anunciado esta semana que abrirán un segundo hotel en Las Tablas para acoger a familias y personas sin hogar con síntomas leves de coronavirus. Según informa Europa Press, este nuevo recurso contará con sanitarios de Cruz Roja y tendrá una capacidad de 120 personas. 

La Comunidad de Madrid informó en julio que por el Ayre Gran Hotel Colón habían pasado hasta ese momento más de 500 personas. Desde el mes de marzo el trasiego de maletas y de taxis se ha sustituido por el de camillas y ambulancias. A pesar de que llevan meses sin alojar a turistas, ante la llegada de algún viajero despistado la cartelería de la puerta ya avisa de que actualmente "el hotel está haciendo las funciones de hotel medicalizado", acogiendo únicamente "ingresos de pacientes con Covid" y "actuando propiamente dicho como un hospital". 

Los trabajadores del hotel Colón consultados por elDiario.es explican que en las últimas semanas han notado un importante repunte en el número de ingresos. "Está subiendo como la espuma", cuenta uno de los celadores. Para una auxiliar de enfermería el incremento en los últimos sietes días ha sido "una barbaridad". Varios profesionales coinciden al señalar que en esta última semana se han habilitado nuevas plantas, que dejaron de estar operativas en los últimos meses.

Estas fuentes indican que entre los meses de mayo y julio llegaron a alojar a una veintena de pacientes, una cifra alejada del centenar largo al que estuvieron atendiendo durante los primeros días de epidemia y al que se están empezando a acercar durante estos días. Julia (nombre ficticio), otra enfermera que lleva varios meses trabajando en el hotel, explica que "a lo mejor en abril había demasiados profesionales para el reducido número de pacientes" que atendían, pero incide en que actualmente "ha subido el número de pacientes, sin que se haya aumentado la plantilla". Desde la Consejería de Sanidad no explican a este diario si se han producido nuevas contrataciones de médicos y enfermeras.

"Desde el 12 de agosto estamos sobrepasados", explica una de las médicos que llegó al hotel pocos días antes. "Recibimos muchas solicitudes de plaza por parte de Salud Pública, Atención Primaria y hospitales porque actualmente es el único recurso de este tipo con el que se cuenta", añade esta doctora. Teme que el número de ingresos siga subiendo, a pesar de que actualmente "es inasumible ver a todos los pacientes" de forma presencial. Optan por llamarles a las habitaciones y acudir en casos en los que la evolución no sea favorable. Si el paciente empeora es derivado a un hospital, ya que el hotel no está acondicionado para atender patologías graves. "No hay entradas de oxígeno. Tenemos balas que podemos poner solo de forma puntual antes de trasladarlos", añade. La peculiaridad de un alojamiento turístico también afecta a la rutina de las enfermeras. "Tengo a los pacientes que me corresponden distribuidos en cuatro plantas. Que el espacio no sea diáfano no nos facilita la labor", reseña Julia.

El nuevo repunte de usuarios se ha producido con un cambio en el perfil de los ingresados. Según explican las fuentes consultadas, al inicio de la pandemia sobre todo se alojaban personas mayores que eran derivadas de hospitales, ahora hay familias con niños, gente sin hogar, personas con problemas psicológicos, pacientes que viven hacinados o usuarios sin recursos que no tienen posibilidad de realizar un aislamiento correcto. Varios profesionales alertan de que el hotel no cuenta con trabajadores sociales ni psiquiatras para atender algunos de los casos que han sido derivados. Por su parte, un portavoz de la Consejería asegura que "el servicio de Psiquiatría" del hospital Gregorio Marañón "también presta atención a los pacientes de este dispositivo".

El cambio de perfil de los pacientes, incluyendo niños, ha incidido en la cocina del hotel. Sus trabajadores han tenido que adaptar los menús que ofrecen, teniendo en cuenta "la dieta y la carga calórica" que deben aportar a cada uno de los pacientes. Sandra lleva desde marzo trabajando en los fogones de este alojamiento. Recuerda que, durante los primeros días, la adaptación a todos protocolos COVID-19 provocó que sintieran que se tenían que "desinfectar al salir de Chernóbil" cada vez que abandonaban su puesto de trabajo. Con el paso del tiempo se han ido acostumbrando y tratan de tener "el mínimo contacto imprescindible" con los enfermos. "Nada que entra en el habitación del paciente puede llegar a la cocina", explica.

El hotel es un reflejo de la situación en la que se encuentra la Comunidad y la ciudad de Madrid. Munir, nacido en Bangladés, explica que ha estado una semana en el hotel. Reside en Usera, uno de los distritos más azotados por el virus en la capital. Después de que su tío diese positivo y se confirmase también su diagnóstico, pidió ayuda en el centro de salud para evitar contagiar a las "siete u ocho" personas con las que comparte alojamiento.

Eduardo también vive en un piso compartido. En este caso en Tetuán. Con una mochila, una carpeta en la que lleva sus informes médicos y una sonrisa abandona el que ha sido su alojamiento durante cuatro días. A él llegó tras dar positivo por COVID-19 y comprobar que no podía mantener una cuarentena correcta en su casa. "Comparto con gente que no son ni mi familia ni mis amigos, así es complejo mantenerse aislado. No tienes a nadie que te haga la comida o la compra", destaca. 

Sin síntomas graves llegó el viernes al hotel, tras pedir ayuda en el centro de salud para pasar su confinamiento, y este lunes le han confirmado que está limpio. "Mi cuadro clínico dice que no soy una persona contagiosa y que tengo anticuerpos", relata eufórico. Con esta noticia, tiene claro que en los próximos días volverá a trabajar, porque durante estas dos semanas no ha entrado ningún ingreso en su cuenta. Si no pedalea, no cobra. Se gana la vida como rider y teme que su situación haya sido un factor de riesgo en la infección. "Trabajo en Glovo, voy de allá para acá y estoy en contacto con mucha gente", señala. Los pacientes se marchan muy agradecidos por la atención recibida. Los profesionales que les han atendido no piden que se les reconozca su trabajo, reivindican más personal y responsabilidad. "Queremos menos aplausos y que la gente se ponga las pilas", sentencia el celador con el que ha contactado esta redacción, que asegura que afrontan "temerosos" el descontrol de la COVID-19 en Madrid.

"El panorama hoy es completamente distinto. Está siendo todo mucho más ágil, nada que ver con ayer cuando la gente estaba apelotonada no se podía guardar la distancia de seguridad y la cola no avanzaba". Esta trabajadora del instituto Virgen la Paloma –que prefiere guardar el anonimato– es una de las encargadas este jueves de asegurarse que el personal docente y no docente que ha acudido al centro a hacerse las pruebas serológicas cumple con las medidas de seguridad. La situación ha dado un giro radical con respecto a la vivida solo 24 horas antes cuando una "mala organización" terminó generando largas colas, aglomeraciones y mucha indignación entre el personal educativo. El punto más conflictivo este jueves ha estado en Leganés, pero incluso allí, la gestión "ha sido más ágil que ayer", reconoce un docente que le ha tocado la prueba en el IES María Zambrano.

Las largas colas kilométricas, los retrasos y el hastío protagonistas en la jornada del miércoles han podido superarse por una mejor planificación basada en la contratación de más personal tanto dentro de los pabellones habilitados para la extracción de sangre como fuera, en la organización de las colas. "Hoy se ha preparado un recorrido diferente y además somos más controlado que los docentes que vienen llegan a la hora asignada y se mantienen las distancias de seguridad.

El consejero de Educación, Enrique Ossorio, terminó pidiendo disculpas a última hora de este miércoles por las aglomeraciones que se habían producido durante la primera jornada de testeo. El consejero de Ossorio cambiaba el discurso de confrontación que había imperado durante la tarde por parte de todo el Gobierno regional que acusaba a los docentes de no haber respetado los turnos. El departamento de Ossorio asumía finalmente las culpas y decidía habilitar un nuevo centro, el Ramiro de Maeztu, que ha ayudado a descongestionar el que fuera este miércoles el punto caliente de la polémica.

La imagen fuera del recinto este jueves no es comparable con la de la jornada anterior y la marcha de los profesores que van llegando a realizarse la prueba avanza rápida. "Han puesto más personal que ayer, hubo compañeros que me dijeron que habían contado ayer como a 19 sanitarios y hoy son bastantes más", dice Jorge al salir de realizarse la prueba.

En la sala habilitada para el testeo, el gimnasio del instituto, el personal sanitario trabaja sin descando. Pepa Soriano, la directora asistencial del proyecto que ha sido adjudicado a Ribera Salud, es una de las que está realizando las extracciones. Soriano, en declaraciones a elDiario.es, reconoce que la situación este miércoles les "superó". "La jornada está transcurriendo hoy de una manera más fluida, principalmente por varios motivos: hemos reforzado el personal asistencial para que fuera más rápido y por otra parte porque hemos cambiado y reforzado los circuitos de acceso a los recintos que se ha reforzado con más personal", explica.

"Otro factor detonante es que en Madrid centro hemos abierto un segundo punto para la realización de los test en el Ramiro de Maeztu", añade la directora asistencial. Las citaciones también se han espaciado en el tiempo y si este miércoles había 700 profesionales convocados en media hora en el Virgen de la Paloma, este jueves hay 750 a la hora.

A la salida del recinto empiezan a formarse las primeras colas a las 13.10 horas que la policía controla. Una de las profesoras que le ha tocado esta pequeña retención explica que su hora era a las 12:30 pero confía en que no le quede mucho tiempo más para acceder al recinto. Fue una a las que este miércoles la Consejería de Educación decidía anularle la cita tras las aglomeraciones. "Esto no tiene nada que ver con ayer, me alegro que hayan recapacitado".

En otro punto de la autonomía, la situación es menos agradable. Es este jueves Leganés el punto más conflictivo y durante hora y media se forma una larga cola de un par de kilómetros en las aceras aledañas al centro María Zambrano.

Ossorio ha vuelto a pedir perdón este jueves a la vez que destacaba que la segunda jornada “está transcurriendo con normalidad”. "La Comunidad de Madrid realizó el miércoles más de 16.000 pruebas de COVID-19 a los trabajadores de los centros docentes de la región que comenzarán sus clases en los próximos días. El objetivo del plan es que el curso académico se inicie con las mayores condiciones de seguridad posibles.

Esta es la crónica de un día de caos en las pruebas serológicas al profesorado de Madrid. A las 8:30 de la mañana, Isabel Díaz Ayuso arrancaba la jornada en los micrófonos de esRadio, la emisora de Federico Jiménez Losantos. La presidenta madrileña tenía listo un mensaje, a su manera, tranquilizador: los colegios van a ser "lugares muy seguros". "Lo más probable", añadía, era que "a lo largo del curso prácticamente todos los niños de una u otra manera" se contagien de coronavirus. Pero esos contagios no producirían en las aulas –defendía la regidora madrileña– sino "fuera": "durante el fin de semana en una reunión familiar, o por la tarde en el parque o por un compañero". 

Ayuso se despedía del locutor radiofónico al que más entrevistas ha concedido desde que es presidenta, sobre las 9:30 de la mañana. Había colocado ante una audiencia afín el discurso de que su plan para la vuelta a las aulas era "seguro", que se trataba de una planificación envidiada por el Gobierno central, y dejado un recado al profesorado por mantener la huelga educativa para los días 22 y 23 de septiembre en la región. "No es el momento de huelgas, ni de amenazas ni de acosarnos en los colegios", decía la Jefa del Ejecutivo madrileño a su comunidad docente. Ayuso era ajena todavía a la que se venía encima.

A esa hora, las imágenes de cientos de profesores agolpados a las puertas del IES Virgen de la Paloma –en el centro de la capital, uno de los seis puntos habilitados por el Gobierno regional para la realización de test serológicos al personal docente y no docente– ya empezaban a correr como la pólvora por todos los chats de la comunidad educativa. Las pruebas habían arrancado a las ocho de la mañana y tan solo una hora y media después las colas ocupaban centenares de metros en las aceras. Los primeros signos de indignación empezaban a notarse en el personal docente que empezaba a palpar el "descontrol" de la gestión que el Gobierno regional había descargado en una empresa privada. Las imágenes más reproducidas eran las del centro educativo situado en el corazón de la capital, pero las hileras masivas también se repetían en los centros del Sur y el Este y el Oeste de la región, otros tres puntos logísticos preparados para realizar test por el Gobierno regional.

El plan había arrancado el día anterior. Durante la noche del martes, los profesores madrileños y el personal no docente de la Comunidad de Madrid recibieron en sus correos electrónicos la convocatoria de la Consejería de Educación. En este mensaje, se les anunciaba que, entre el 2 y el 7 de septiembre, el Gobierno regional comenzaría su programa para testar al personal educativo antes del regreso a las aulas. Era una reivindicación del profesorado desde hacía semanas y fue uno de los grandes anuncios que hizo Isabel Díaz Ayuso en la rueda de prensa del 25 de agosto en la que presentó su plan de vuelta al cole, a diez días de la apertura de las primeras aulas. 

Los correos electrónicos habían llegado a la bandeja de entrada de decenas de miles de profesores, conserjes, y profesionales de la educación pasadas las nueve de la noche y en algunos casos hasta de madrugada. Algunos miles habían sido convocados la noche anterior para asistir desde primera hora de la mañana del miércoles a realizarse las pruebas. Según la zona geográfica, les correspondía uno de los seis centros habilitados.

Las redes sociales empezaron a caldearse ya entonces –cerca de la madrugada– ante una convocatoria que consideraban "improvisada" y comunicada con unas pocas horas de margen. El email enviado por la Consejería de Educación revelaba además que el servicio había sido privatizado y que la empresa seleccionada a dedo por el Gobierno regional había sido Ribera Salud.

La segunda gran polémica que corrió por los grupos de WhastApp y de ahí a las redes sociales se produjo porque una de las cinco direcciones de área territorial, la del Sur, había dejado al descubierto datos personales de más de 16.700 profesionales en su misiva al personal educativo adjuntando un excel con el nombre, apellido y lugar de trabajo de cada uno de los citados.

A primera hora del miércoles, el sindicato Comisiones Obreras denunciaba lo que consideraban una vulneración de la ley de protección de datos y anunciaba acciones legales. Pero el foco de indignación de toda la comunidad docente ya había cambiado pasadas las diez de la mañana. A esa hora, las colas eran kilométricas en varios puntos de la región donde se estaban realizando los test.

Un gigantesca concentración de personas a pleno sol

Una acción programada para velar por la seguridad de la comunidad educativa y de los alumnos ante el inicio de curso más incierto se había convertido en una gigantesca concentración de personas a pleno sol, de esas de las que desaconsejan todas las autoridades sanitarias. Paradójicamente, la muchedumbre concentrada había sido convocada por uno de esos gobiernos que luchan contra la pandemia.

"No hay distancia de seguridad, ni fuera ni dentro del centro donde se están haciendo las pruebas", denunciaba Olga, una de las profesoras que salía de hacerse la prueba a las once de la mañana a pesar de que la habían citado dos horas antes. "Nos han convocado a todos como rebaños. Estamos indignados, esto es la importancia que se le dan a la educación", lamentaba otro de los docentes.

El equipo de comunicación del Gobierno regional intentaba improvisar alguna explicación en torno al mediodía, con los canales de televisión y la prensa digital plagada de vídeos que recorrían de atrás adelante y de delante atrás, a cámara lenta, algunos acelerados, las grandes concentraciones de profesores esperando a hacerse las pruebas del Covid-19.

El Ejecutivo regional optó por culpar al profesorado de ser el causante de las colas por no seguir las recomendaciones de la Consejería de Sanidad. "Los lugares para realizar los test se han habilitado por zonas y se ha dado cita previa para que se realicen de forma escalonada, pero algunas de las personas han ido a una hora que no les correspondía o aún no habían sido convocadas, lo que ha provocado colas puntuales en alguno de los centros", argumentaban. 

Pero a esas horas, las televisiones ya emitían junto a los recorridos por las hileras de gente testimonios de personas que habían sido citadas a las 11, que seguían aguardando a las 13:30 y que calculaban una espera de hora y media más hasta realizar las pruebas. No había comunicado que pudiese rebatir la contundencia de las imágenes y los consejeros de Sanidad, Enríque Ruiz Escudero, y el de Educación, Enrique Ossorio, irrumpieron entonces en los diferentes programas televisivos de la mañana para reproducir la versión oficial.

Escudero hablaba de "hazaña" del equipo de Gobierno al programar 100.000 test en cuatro días y responsabilizaba a los docentes por haber llegado antes de su turno a realizarse la prueba. "Ruego que cada persona vaya en el horario que se le ha asignado, hay seis edificios y solo en uno ha sucedido esto, si respetamos los horarios no va a haber problema", decía el consejero de Sanidad. Su homólogo en Educación y también después el vicepresidente del Gobierno, Ignacio Aguado, ahondaban en esa idea: los profesores eran los causantes de las colas por acudir a la cita antes de tiempo. 

La Consejería de Educación ordenaba entonces la suspensión de las algunas de las pruebas "por la saturación en la gestión". El departamento de Ossorio había enviado una misiva al centro IES Virgen la Paloma –donde se había provocado la mayor concentración– cancelando las pruebas. Pese a la comunicación interna, a la que tuvo acceso elDiario.es, el consejero de Educación salía después a desmentir que los test se hubieran suspendido. Ossorio hablaba de "reorganización" de las citaciones de algunas personas porque habían ido "más de las previstas". 

La realidad según ha podido comprobar este diario es que se citaban a cientos de personas a la vez en un período de tiempo de media hora. El documento excel que la Dirección territorial del Sur de la Consejería de Educación envió la noche del martes a los más de 16.700 docentes de esta zona geográfica –con datos personales–, certifica que los docentes convocados en el pabellón deportivo del IES María Zambrano habían sido citados en grupos de 412 personas cada treinta minutos, que eran atendidos por 21 sanitarios encargados de realizar las pruebas serológicas. "No daba tiempo a limpiar e higienizar entre profesor y profesor", dice una de las docentes. "Es una vergüenza que se nos señale a nosotros como los responsables", añade. 

En el caso de las convocatorias para el centro educativo situado en el centro de la capital –donde mayores aglomeraciones se produjeron– las citaciones eran de 700 personas cada media hora, asegura el sindicato Comisiones Obreras, que va a presentar en las próximas horas una denuncia ante Salud Pública. 

"Ha sido un auténtico escándalo", dice a este periódico Isabel Galvín, portavoz de CCOO. Para Galvín, hay que poner el foco en el contrato de Ribera Salud y Cruz Roja para intentar entender lo que ha ocurrido. "En la denuncia que estamos ultimando adjuntaremos como pruebas además de la organización caótica con cientos de docentes citados a la vez cada media hora, fotografías de las colas y también de las quemaduras de los compañeros que han pasado más de tres horas bajo el sol", señala.  

Ayuso anunciaba el 25 de agosto que se harían pruebas masivas a los docentes. La presidenta madrileña no aclaraba cómo se llevarían a cabo, pero este martes se desvelaba que el Gobierno regional había recurrido a una empresa privada. El Ejecutivo autonómico ha adjudicado a dedo por la vía de emergencia el contrato a Ribera Salud principalmente y también a Cruz Roja. El Ejecutivo autonómico no quiere dar detalles sobre el coste de la adjudicación.

"Nosotros nos enteramos el 30 de agosto [pasado domingo] de que nos íbamos a encargar de la realización de las pruebas y viajamos desde Galicia a Madrid el lunes", dice en declaraciones a este diario Carla –nombre ficticio–, una de las enfermeras que ha trabajado este miércoles desde el IES Virgen la Paloma. "Ha sido una locura y no se han respetado las distancias de seguridad", señala. 

El vicepresidente Ignacio Aguado defendía este miércoles que Ribera Salud "era la única empresa que se comprometía a tener los 100.000 test realizados antes de que comenzara el curso". "No tenemos ningún tipo de problema en contratar servicios con empresas privadas", continuaba. "Este gobierno ha dejado atrás los complejos y falsas dicotomías entre público y privado, apostamos por lo que da el mejor servicio a los ciudadanos", insistía. "He visto algunas colas puntuales, en uno de los seis centros, y me transmiten desde la Consejería de Educación que se está estudiando qué ha sucedido para que en los próximos días no se repita. Estoy convencido de que se puede resolver", zanjaba Aguado desde la Puerta del Sol.

La Consejería de Educación informaba a última hora del miércoles que este jueves se retomarán las labores de testeo. "La Comunidad de Madrid ha realizado hoy más de 16.000 pruebas de COVID-19 a los trabajadores de los centros docentes de la región que comenzarán sus clases en los próximos días con el objetivo de que el curso académico se inicie con las mayores condiciones de seguridad posibles", reza la nota de prensa que hace balance de la jornada. Las cifras ya no cumplen con los planes de Educación de realizar 25.000 pruebas al día.

De todos ellos, cerca de 9.000 se han llevado a cabo en el IES La Paloma, "donde durante el día se han producido una excesiva acumulación de personas, un hecho ante el que el consejero de Educación y Juventud, Enrique Ossorio, ha pedido disculpas", recoge el comunicado. El dispositivo se refuerza habilitando un centro más, el IES Ramiro de Maeztu, que contará con 20 equipos médicos adicionales.

Faltan menos de 48 horas para que los primeros alumnos, los de infantil, vuelvan a las aulas. Y todo el plan diseñado por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso para hacer frente al coronavirus empieza a hacer aguas antes de la reapertura de los centros educativos. La intención del Gobierno de Madrid era realizar test serológicos a todo el personal docente –100.000 personas– en tan solo cuatro días. Pero la iniciativa ha terminado con una primera jornada marcada por la polémica con colas kilométricas, aglomeraciones y un nuevo enfrentamiento entre el Gobierno regional y la comunidad educativa. 

El experimento todavía no ha acabado porque, de las 100.000 pruebas previstas, este miércoles se han celebrado 16.000. A los profesores que tienen cita este jueves la Consejería de Educación del Gobierno madrileño los seguía convocando por correo electrónico pasadas las 10 de la noche. Próximo capítulo, en unas horas.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha rechazado la solicitud de la Asociación Empresarial de Hostelería de la Comunidad de Madrid-La Viña de suspender con carácter urgente la orden de la Consejería de Sanidad que estableció medidas para frenar el aumento de contagios de COVID-19, entre ellas la restricción de la actividad de la hostelería.

En un auto fechado el pasado 31 de agosto, al que ha tenido acceso Europa Press, la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM acuerda que "no ha lugar a la adopción de medida cautelar sin audiencia de parte contraria que reclama la parte recurrente". El pasado viernes, el TSJM ya avaló la orden al estimar el recurso de la Comunidad de Madrid contra el auto del de lo Contencioso juez Alfonso Villagómez que había dejado en el aire estas restricciones. 

La Viña consideró las nuevas medidas "injustificadas, desproporcionadas y un agravio comparativo respecto a otros sectores de actividad", por lo que decidió acudir a los tribunales. En su recurso, solicitó con carácter urgente y sin oír a la contraparte la medida cautelar de suspensión de los artículos de la orden que afectan al sector: limitación de su actividad a la 1.00 de la madrugada, con cese de entrada de clientes a medianoche horas; grupos máximos de 10 personas; o la prohibición de fumar en terrazas. 

Según el TSJM, "la lectura de la integridad de estas alegaciones esgrimidas por la parte recurrente para fundamentar la suspensión cautelar e inmediata y sin oír a la parte contraria de la orden recurrida, confirma que no se está en ese caso excepcional previsto en la ley por razones de urgencia".

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido este miércoles que "es probable que prácticamente todos los niños de una u otra manera" se acaben contagiando de coronavirus "a lo largo del curso". "La gente ya se está contagiando, los niños ya se están contagiando. Todo el mundo se está contagiando y no hemos empezado el colegio", ha aseverado la presidenta regional en una entrevista en Esradio donde ha defendido a la vez que "los colegios se van a convertir en lugares muy seguros".

"A lo largo del curso es probable que prácticamente todos los niños de una u otra manera lo tengan. Pero porque a lo mejor se han contagiado durante el fin de semana en una reunión familiar, o por la tarde en el parque o por un compañero. No se sabe, porque el virus está en cualquier sitio", ha dicho Ayuso.

La presidenta madrileña también ha remarcado sus discrepancias con el Gobierno central. Ayuso ha vuelto a quejarse de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hablase este martes de Madrid como la región que genera "preocupación" en estos momentos al ejecutivo. La regidora ha dicho que no conoce "ningún país del mundo en el que el presidente del Gobierno arremeta contra su capital". "En cualquier país, si se cae su capital, se cae todo detrás", ha lamentado. También ha defendido que el Ejecutivo central "no quería" que presentase su plan para la vuelta al cole y que por eso la "contraprogramó" con una rueda del presidente del Gobierno que coincidió con el anuncio de sus medidas.

"Necesitamos sentarnos y hablar porque la situación de la epidemia en la Comunidad es especial. Es una comunidad mucho más vulnerable porque este virus se transporta, tiene una relación directa con el transporte", ha manifestado. En este sentido, Ayuso ha subrayado que Madrid tiene "una alta movilidad", como sucede "en el resto de capitales europeas".

Por ello, ha insistido en que la autonomía necesita "un plan específico". "Solo pido una estrategia", ha reclamado, al tiempo que ha criticado que, en vez de esto, el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, también secretario general del PSOE-M, se dedique a azuzarla "con mociones de censura".

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, se ha referido este miércoles a la situación de la Comunidad de Madrid tras las acusaciones de la presidenta autonómica de "ensañarse" con la región. Illa ha defendido en una entrevista en Antena 3 la labor realizada por las comunidades en la gestión de la pandemia y, en concreto, ha señalado que Madrid está "tomando las medidas adecuadas para estabilizarlos". "Madrid está tomando las medidas que tiene que tomar", ha afirmado.

Illa ha apuntado que mantiene "una comunicación fluida" con el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero. Este mismo miércoles el ministro se reunirá con los titulares del área de Castilla y León y Castilla-La Mancha, además del consejero madrileño, para estudiar cómo evitar que la situación de la capital se extienda a las provincias colindantes.

"Apoyo las medidas que tomen las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas porque hay que actuar con prontitud y contundencia. Creo que todas las decisiones que toman están proporcionadas pero también quiero lanzar el mensaje de que hay que hablar con los ayuntamientos porque tienen un papel muy importante en el control y seguimiento de los casos", ha explicado el ministro de Sanidad.

Las colas kilométricas que han concentrado a cientos de profesores a las puertas de un centro IES Virgen la Paloma en Madrid para realizarse las pruebas serológicas antes de que comience el curso escolar ha obligado a la Comunidad de Madrid a suspender algunos de los test que estaban previstos en este centro durante la tarde. "Por saturación en la gestión de la realización de las pruebas se suspende la convocatoria de hoy y próximamente se recibirá comunicación con una convocatoria para viernes", recoge una comunicación interna de la Consejería de Educación a la dirección del centro, a la que ha tenido acceso elDiario.es. Las pruebas suspendidas se retomarán este jueves, aseguran desde Educación, que hablan de "reorganización" de las pruebas ante el número elevado de docentes que han asistido.

El consejero de Educación, Enrique Ossorio, ha defendido que no se trata de una suspensión como tal, sino que se han "reorganizado las citaciones de algunas personas que estaban citadas a última hora de la mañana porque han ido más de las previstas". "Se van a atender hoy a todos los que han acudido ampliando horario", ha dicho el consejero en su cuenta de Twitter.

El Gobierno de Madrid que preside Isabel Díaz Ayuso prometió hacer pruebas serológicas a los profesores antes de la vuelta al cole. Los análisis han arrancado este miércoles con el servicio privatizado y la indignación de la comunidad educativa después de que cientos de profesores fueran convocados a la vez para realizarse unas pruebas que están provocando aglomeraciones y colas masivas en uno de los puntos. Además, parte de los profesionales denuncian que algunos de sus datos personales han quedado al descubierto tras el envío de un correo electrónico con información de 16.700 docentes.

Las pruebas han arrancado este miércoles después de que los docentes fueran convocados a última hora de este martes mediante un email que algunos recibieron pasada la media noche, según ha podido comprobar este periódico. Muchos de ellos se han encontrado con una cola kilométrica al llegar a uno de los lugares en los que habían sido citados, el IES Virgen de la Paloma. Las colas masivas también se han producido en otros puntos de la región, como en Alcalá de Henares o en el sur, según informa CCOO. Muchos de los docentes que han acudido a la cita se han dado media vuelta tras ver el "caos" que se había formado.

Cientos de profesores han llegado a la vez a la cita que ha ido acumulando varias horas de retraso. Denuncian que "no hay distancia de seguridad" ni fuera ni dentro del centro donde se están realizando las pruebas.

"El sitio donde entras a hacerte la prueba es un desastre, no hay distancia de seguridad alguna y yo me la he hecho a las 11 horas cuando tenía cita a las 9", narra a este diario Olga, una docente que acaba de salir de realizarse el análisis de sangre. "Nos citan a todos como rebaños. Estamos indignados, esto es la importancia que se le dan a la educación", lamenta.

Desde la Comunidad de Madrid responsabilizan de estas colas a los docentes y argumentan que los lugares para realizar los test "se han habilitado por zonas y se ha dado cita previa para que se realicen de forma escalonada, pero algunas de las personas han ido a una hora que no les correspondía o aún no habían sido convocadas, lo que ha provocado colas puntuales en alguno de los centros".

El Consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, se ha referido a estas aglomeraciones responsabilizando también al personal educativo. "Ruego que cada persona vaya en el horario que se le ha asignado. Hay seis edificios y solo está pasando en uno. Si respetamos los horario no va a haber problema", ha dicho Escudero, que también se ha referido a la privatización del servicio.

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha adjudicado por un procedimiento de emergencia, lo que supone una adjudicación a dedo, el contrato para realizar el servicio serológico. Las empresas escogidas han sido Ribera Salud y Cruz Roja, informa la Consejería de Educación a elDiario.es. "Las pruebas se han hecho con una empresa porque era la única forma de garantizar que estuvieran antes del inicio del curso", argumenta el departamento que dirige Enrique Ossorio. No aclaran cuál ha sido el coste de esta privatización.

"Tras evaluar las diferentes opciones, se ha decidido que Cruz Roja hiciera las pruebas a los 1.327 educadores y personal de servicio de las escuelas infantiles de gestión directa de la Comunidad de Madrid, y que la empresa Ribera Salud realizara las del resto de docentes y personal de los centros educativos", añaden estas mismas fuentes. "No se ha hecho a través de la sanidad pública madrileña para no colapsar el sistema, pero los test de anticuerpos sí son los de la Consejería de Sanidad y son los mismos para todos los docentes".

La Comunidad de Madrid realizará pruebas serológicas a los docentes para saber qué profesores tienen ya anticuerpos. A los que no presenten inmunidad se les hará una segunda prueba, esta vez, una PCR, recoge el documento que enviaron a los docentes.

Las colas no han sido la única polémica del día sobre las pruebas a los docentes. La Dirección de área Territorial del Sur –hay un total de cinco en toda la Comunidad– envió este martes por la noche un correo a los profesionales para convocarles para el test. Su sorpresa vino por tres frentes: muchos tenían la prueba al día siguiente (sin haber sido avisados con la suficiente antelación), el servicio lo iba a realizar una empresa privada y algunos de sus datos personales habían quedado al descubierto. La dirección del área había adjuntado en el email un excel en el que aparecía toda la información de los profesionales (nombres, apellidos, lugar de trabajo...).

“Es muy grave el fallo de seguridad que se ha producido al filtrarse un listado con los datos laborales, y personales de más de dieciséis mil empleados públicos. Por este motivo vamos a interponer hoy mismo una demanda ante la agencia nacional de protección de datos”, ha lamentado este miércoles la portavoz de enseñanza de Comisiones Obreras en Madrid, Isabel Galvín. CCOO y Facua acusan al Gobierno regional de vulnerar la ley de protección de datos y anuncian denuncias contra la consejería. Desde Educación aseguran que ya investigan qué ha podido ocurrir y que se tomarán "las medidas oportunas".

Fernando García, médico epidemiólogo y portavoz de la asociación de Salud Pública de Madrid (AMASAP), es uno de los más de 600 sanitarios que ha firmado el manifiesto que reclama al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso que actúe para impedir "un nuevo colapso en el sistema sanitario" madrileño. Los profesionales sanitarios, entre médicos, enfermeros y celadores, solicitan, a través de un decálogo publicado en redes sociales este domingo, medidas dirigidas tanto al Ejecutivo autonómico como al Parlamento regional que buscan fortalecer el sistema ante la pandemia y atajar el avance del virus, después de que en Madrid no hayan dejado de crecer los contagios, los hospitalizados y los pacientes en UCI en el último mes. La solución es "sencilla", dice García: pasa por contratar a más rastreadores y profesionales de Atención Primaria. Los sanitarios lo cuantifican en 400 millones de euros, lejos de los más de 3.000 millones que va a recibir Ayuso del Gobierno central para hacer frente a la pandemia.

García, improvisado portavoz de los firmantes del manifiesto, atiende a eldiario.es por teléfono mientras el Ministerio de Sanidad está ofreciendo los últimos datos de contagiados en España. "La peor cifra de los últimas dos semanas", concluye García. El epidemiólogo se detiene –y se alarma– con los datos asistenciales de su región: "Lo más preocupante es que ya hay 211 pacientes solo de Covid-19 en las UCIs. Es una cifra tremenda en una comunidad en donde hay unas quinientas camas en cuidados intensivos. Supone que estamos ya sobrepasando el 40% de la capacidad de la UCIs solo con pacientes de coronavirus. También hay ya 1.832 pacientes hospitalizados, otra cifra muy preocupante".

¿Cómo surge el manifiesto? Reclaman más capacidad de detección a la Consejería de Sanidad.

El manifiesto parte de la preocupación de muchos sanitarios que vemos que no se están haciendo prácticamente grandes cosas ante la situación preocupante de Madrid, a pesar de que la solución es fácil. Le estuvimos dando vueltas sobre qué hacer ante el avance de la pandemia y decidimos elaborar un escrito que se tradujo en un decálogo, con la idea de recabar apoyos de distintas entidades. Ya tenemos once entidades que se han sumado y se siguen sumando más. Anoche teníamos más de 600 firmas de profesionales y siguen llegando, andamos un poco desbordados. Después de esto, lo que hemos hecho hoy es enviar una carta a la presidenta de la Comunidad de Madrid, al vicepresidente Ignacio Aguado, al consejero de Sanidad y al consejero de Políticas Sociales y a los portavoces de los seis grupos parlamentarios y a los portavoces de Sanidad de la Asamblea de Madrid para manifestarles nuestra preocupación y para instarles a que se tomen medidas con celeridad para revertir esta situación.

Dice que la solución es "fácil". ¿En qué consiste?

Lo primero que hay que hacer es garantizar que se detectan con mucha rapidez todos los casos para poderlos aislar y que los contactos guarden cuarentena. Para eso tiene que haber una atención primaria fortalecida, que durante los últimos meses ha perdido plantillas, se han cerrado centros y hoy por hoy están completamente desbordados. La mayor parte de los firmantes de este escrito son médicos y enfermeros de Atención Primaria que están muy desanimados porque ven que no pueden abordar lo que hay y que encima se pueden ver con una situación parecida a la que había en primavera. Por tanto, básicamente, lo importante es el refuerzo de la Atención primaria y que haya suficiente rastreadores.

Ustedes piden entre 1.700 y 2.000 rastreadores. Es más del triple de los que hay actualmente, 560. Según su cálculo, estamos lejos por tanto de cumplir con sus expectativas teniendo en cuenta además de la polémica gestión en la contratación de rastreadores que ha hecho el Gobierno de Ayuso.

Explico nuestros cálculos. Tener 1.700 rastreadores supondría tener un rastreador por cada 4.000 habitantes. Es lo que tienen en Alemania y en otras comunidades autónomas. Y Alemania es el país europeo que probablemente ha podido contener más la pandemia y uno de los motivos ha sido que tiene un sistema de salud pública potente y que desde el principio se prepararon para tener kits de PCR y formaron a muchos rastreadores. Esa es una cuestión fundamental, que haya muchos rastreadores. Pero además de Alemania, hay otros organismos como Harvard, que ha elaborado un informe que se llama 'Métricas clave frente a la Covid-19' en el que se recomienda que haya 30 rastreadores por cada 100.000 habitantes de núcleos de población que no estén muy dispersos. Y la cuenta por cada 100.000 personas significa que en Madrid tendría que haber algo más de 2.000 rastreadores. 

Por último, el Banco de España acaba de sacar un informe diciendo que para preservar la economía española lo que hay que hacer es apostar por la detección rápida de los casos y que haya suficientes rastreados. El Banco de España no es un organismo sanitario, es un organismo que supervisa la economía del país y sitúa la importancia de los rastreadores como una cuestión económica estratégica. Y esto es muy relevante, es decir, que ellos mismos se dan cuenta de la importancia que tiene.  

Las cifras no son buenas para Madrid según los datos que ha ofrecido este lunes el Ministerio de Sanidad. La autonomía vuelve a estar a la cabeza con 7.457 casos nuevos.

Lo más preocupante es que ya hay 211 pacientes solo de Covid en las UCIs. Es una cifra tremenda en una comunidad en donde hay unas quinientas camas en cuidados intensivos. Es decir, estamos ya sobrepasando el 40% de la capacidad de la UCIs. También hay 1.832 pacientes hospitalizados, que es una cifra muy preocupante. Teniendo en cuenta que normalmente los hospitales siempre están a un funcionamiento bastante intenso, si añades una buena proporción de los pacientes ingresados con Covid, obliga a que lo que no es Covid deja de tener la suficiente atención.

En primavera nos pilló a todos de improviso y nadie se lo esperaba y el sistema no estaba preparado. Casi han pasado seis meses y si vuelve a suceder significa que tenemos un problema, porque no hemos sido capaces de prepararnos. Sería grave. Esta pandemia no iba a desaparecer cuando desapareció el estado de alarma y se trataba de que el sistema tenía que estar preparado para afrontar todos los casos y todos los contactos y no lo ha hecho.

Al problema de la falta de rastreadores se ha sumado la incapacidad para hacer pruebas diagnósticas a tiempo por falta de material y personal.

Es un desastre. Resulta que una persona tiene síntomas y tarda en hacerse la PCR o se hace una PCR y puede tardar cinco o siete días en conocer el resultado. Si esa persona tiene que aislarse desde el momento en que se sabe que tiene la PCR positiva, se está perdiendo un tiempo muy importante. Si no hay reactivos, como ha pasado en un hospital importante, la cadena se frena y no se puede detectar con suficiente rapidez a los casos ni aislarlos. 

A eso se suman los contactos de esta persona, que aunque tengan la PCR negativa, deben guardar cuarentena y alguien se lo tiene que decir. Por eso tiene que haber esta red, esta infraestructura para detectar los contactos estrechos. Si esperamos a que el caso vaya al hospital como sucedió en marzo estamos perdidos. Al final se produce el colapso y eso no tiene solución. Quien lo tiene que frenar es la atención primaria.

Las zonas más afectadas de Madrid son las más deprimidas económicamente. En estos casos a veces es difícil guardar esa cuarentena e incluso dejar de ir a trabajar porque están dentro de la economía sumergida. ¿Qué creen que debe hacer el Gobierno regional para estos casos?

Ese es un aspecto muy importante porque hay que garantizar que cada persona pueda aislarse y guardar la cuarentena. Si alguien vive en condiciones de hacinamiento, en una vivienda donde hay mucha gente y no puede guardar cuarentena, los servicios sociales le tienen que proporcionar un alojamiento que sea seguro durante el periodo de cuarentena. Los servicios sociales se lo tienen que facilitar sin que les suponga un coste. Y si una persona se aísla o tiene que guardar cuarentena, tiene que tener una baja laboral, tenga el trabajo que tenga. Incluso si está en una situación de precariedad o en un trabajo de economía sumergida. Si esa compensación no existe, la gente no va a guardar la cuarentena, si aislarse significa no llevar ingresos a casa.

Ustedes han cuantificado cuánto costaría toda esa red: 400 millones de euros.

Formar y contratar rastreadores, aumentar las plantillas de atención primaria con médicos, enfermeros, administrativos del servicio telefónico hemos calculado que tendría ese coste de algo más de 400 millones de euros. Teniendo en cuenta que Madrid va a recibir 3.000 millones del Gobierno central se puede hacer, así como hacer frente a los gastos sociales.

400 millones de más de 3.000 millones no es un gasto tan grande. Si no es un problema de dinero, ¿por qué no se ha hecho ya?

No puedo contestar a esa pregunta porque yo estoy perplejo. Hay otras comunidades que se están preocupando por dotarse y están conteniendo el repunte como pasa en Aragón. Sin embargo, la inacción de Madrid cuando tienen dinero no la puedo explicar. Por eso es por lo que estamos intentando hacer un llamamiento a la ciudadanía para que los dirigentes se den cuenta de que se les está reclamando unas medias básicas. Lo que no entiendo es por qué no han tomado estas medidas antes. Contrasta con el dinero que se están gastando en el hospital de Valdebebas, más de 50 millones de euros.

¿Qué opina de esta infraestructura pensaba para las pandemias que no estará hasta mediados de otoño?

No responde a las necesidades que hay. Ya hay mucha capacidad hospitalaria en Madrid, que se podría reforzar y que es mucho más eficiente que construir un hospital que no tiene mucho sentido. Se construye esperando a que haya un repunte sin que previamente se hayan reforzado los pasos básicos que frenan esa expansión para que los casos no lleguen a los hospitales.

Decía antes que no podemos volver al colapso de la sanidad que se produjo en primavera. ¿Temen los sanitarios que pueda producirse la misma situación con los datos actuales?  

Es cierto que la situación actual no es igual que la de marzo porque hay muchos casos que son asintomáticos. En marzo solamente se detectaba la punta del iceberg y prácticamente se detectaban los casos graves. Los casos asintomáticos y con síntomas leves el sistema no estaba preparado para atenderlos. Ahora, después de la bajada que tuvimos con el confinamiento, está un poco desbordado, pero estamos todavía muy lejos de la situación de marzo y a tiempo de tomar las medidas para que no vuelva esa suceder lo de marzo. Confío en que se tomen porque todavía estamos a tiempo. Si no se tomara ninguna medida podríamos acabar como en primavera.  

¿Cómo sería para los profesionales volver al colapso sanitario de marzo?  

A lo mejor las autoridades no han querido reconocerlo, pero hubo colapso en el sentido de que el sistema fue incapaz de atender a todos los casos y se tuvo que recurrir a los triajes que es la situación de priorización cuando hay una situación de catástrofe. Decidir a quién se ingresa en la UCI y a quién no porque no pueden ingresar todos. Se dejó sin atender a personas que en condiciones normales habrían podido ingresar en una unidad de cuidados intensivos, pero que en esa balanza se descartaron y al no recibir los cuidados que debían recibir, estuvieron condenadas a fallecer.

Esa situación ha sido muy dolorosa para muchos profesionales porque han tenido que enfrentarse con situaciones que nunca habían vivido. Y eso deja una marca. El solamente pensar que pueden enfrentarse a una situación parecida les genera pánico. Va en contra de la moral de un profesional sanitario que tiene que hacer lo posible por su paciente. Eso sumado a que el 20% de los sanitarios acabó contagiándose por estar en la primera línea, que algunos murieron y otros se han quedado con secuelas... Eso es un panorama muy sombrío. Por eso cunde la preocupación y el desánimo, más si ven que las cifras cada día son peores y sienten que no hay medidas eficaces para contener la expansión del virus.

¿Temen la vuelta a las aulas?

Claro. En los colegios hay que adoptar las medidas adecuadas para reducir los contagios, pero aún así los colegios no se pueden aislar de la sociedad. Los profesores y los niños entran y salen. Si el virus está circulando tarde o temprano acaba entrando por muchas medidas que se tomen, no son planes seguros al 100%. La mejor garantía para que no entre el virus o lo haga lo menos posible son las medidas de contención. Es el mismo caso que en las residencias.

En el manifiesto hacen referencia a que no puede repetirse lo de marzo cuando se produjeron muertes que califican de "imperdonables" tanto por el Covid como por problemas de salud no atendidos al margen de la pandemia. ¿Cuánta gente se quedó sin atender que no eran enfermos de coronavirus?

Tenemos un estudio pendiente para cuantificar cuál ha sido el efecto sobre la salud en lo que no tiene que ver con la Covid-19. Por poner un ejemplo, en muchos hospitales se suspendieron las cirugías oncológicas, un tipo de cirugía que tiene que hacerse cuanto antes porque cuanto antes se opere un cáncer mejor pronóstico se va a tener. Si el sistema sanitario está colapsado y no puede operar y tienen que demorarse una operación de un cáncer, significa una supervivencia peor. Otro ejemplo es que del exceso de muertes que evalúa el estudio Momo, ha habido más de 45.000 muertes más que otros años y no todas habrán sido directamente por la Covid. Pero bueno, aunque una de esas personas haya podido morir sin haber tenido Covid, en el fondo hay que atribuir su muerte a la pandemia, ya sea porque ha tenido la infección o porque indirectamente no ha recibido las atenciones sanitarias que en otras circunstancias habría tenido.

Después de un agosto crítico en Madrid, con los contagios disparados y una gestión del Ejecutivo autonómico puesta en entredicho, el nuevo curso político será la prueba definitiva para el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Los epidemiólogos alertan desde hace días de que en la región hay transmisión comunitaria. Y la vuelta a las aulas, advierten, puede ser la "tormenta perfecta" para que el inicio de la segunda ola epidémica se descontrole por completo si las medidas anunciadas no llegan en la comunidad autónoma que fue la zona cero de la pandemia en primavera.

A la vuelta de vacaciones se le acumulan los frentes a la dirigente popular: la reapertura de los centros educativos coincidirá, además, con el inicio de la comisión de investigación sobre la gestión de las residencias, que partió en dos el Gobierno regional con un enfrentamiento sin precedentes entre consejeros de PP y Ciudadanos que sigue enquistado. Hay compañeros de Gobierno que no se hablan y las zancadillas se suceden entre las dos alas de la coalición. La amenaza de una moción de censura planea sobre el Gobierno desde hace muchas semanas, aunque ningún partido de la oposición se ha atrevido a dar el paso.

Díaz Ayuso regresaba de sus vacaciones el pasado martes para presentar personalmente –diez días antes de la reapertura de los colegios– el plan que ha diseñado su Gobierno para la vuelta al cole. Dos días antes de la reunión de coordinación fijada por el Gobierno con todas las autonomías, la presidenta madrileña prometía la contratación de 11.000 profesores –7.400 para la educación pública y el resto para la concertada– con el objetivo de garantizar ratios de 20 alumnos por aula.

Pero el plan arranca con fisuras: el Gobierno regional esperó hasta el pasado miércoles para aprobar una partida presupuestaria de 18,9 millones de euros destinada a la adecuación de los colegios (nuevos espacios, ventilación…). Las obras, según anunció el vicepresidente regional Ignacio Aguado, se alargarán hasta finales de año. La oposición y los sindicatos consideran que es un muestra más de la "improvisación" en la elaboración de las medidas teniendo en cuenta que los colegios cerraron en marzo. La huelga que anunciaron antes de conocerse el plan regional, por tanto, se mantiene. Es el primer territorio donde se convocó.

Díaz Ayuso es la única presidenta autonómica que se enfrenta a las movilizaciones de la comunidad educativa. Los principales sindicatos mantienen el paro a la espera de que los planes anunciados se materialicen. Aunque la música les suena bien, porque el plan del Gobierno regional recoge muchas de sus reivindicaciones –más profesorado, ratios más bajas y pruebas serológicas masivas para los docentes–, en CCOO, UGT, CGT y Stem no se acaban de fiar de que se vayan a poner en marcha a tiempo. "No es la primera vez que prometen una cosa y luego no cumplen, ya no nos fiamos", decía esta semana la portavoz de Comisiones Obreras Isabel Galvín a elDiario.es. Además siguen reclamando presencialidad de todos los niveles que garantice la igualdad de oportunidades de docentes y alumnos.

La presidenta madrileña afronta el reto de gestionar la educación –pero también la sanidad y las residencias– sin el paraguas del estado de alarma, que Ayuso utilizó para confrontar con el Gobierno de Pedro Sánchez y para culparle de la situación económica y sanitaria de la autonomía durante las peores semanas de la pandemia, a pesar de que todas las competencias sanitarias seguían siendo regionales. La dirigente del PP hacía un llamamiento estos días a que el Gobierno central vuelva a asumir las riendas de la pandemia: "No se puede pasar del estado de alarma a la nada", decía la jefa del Ejecutivo madrileño. Ayuso, sin embargo, rechazaba el ofrecimiento de Sánchez de que las comunidades autónomas soliciten estados de alarma individualizados.

La experiencia de gestión de Ayuso este verano desde que decayera el estado de emergencia el 21 de junio ha terminado con la región desbordada por los contagios. En los distritos y municipios del sur, el condicionante socioeconómico –menos recursos, trabajos precarios, viviendas pequeñas, pisos patera...– ha disparado los casos hasta el punto de que la incidencia por cada 100.000 habitantes dobla la de otros lugares de la región. Y está bajo sospecha el plan que presentó al Ministerio de Sanidad antes del verano para pasar de fase, cuando la presidenta y todo su partido acusaba al Gobierno central de boicotear a Madrid, "la locomotora de España", por intereses partidistas. Ahora se sabe que el Ejecutivo regional no contrató a los rastreadores que había comprometido. Algunos centros de salud siguen cerrados. Y los médicos de Atención Primaria, la gran damnificada de la sanidad madrileña, se asoman al colapso. Madrid también fue la última autonomía en imponer como obligatoria la mascarilla.

El viceconsejero de Salud Pública y Plan Covid-19, Antonio Zapatero, volvía a recomendar esta semana "evitar viajes innecesarios" y permanecer en casa en los municipios más afectados. Zapatero lleva diez días avisando de que la región estudia nuevas restricciones a la movilidad y a "actividades sociales" como la restauración y los encuentros familiares. El mensaje del que fuera el director del hospital de Ifema choca con la petición de Ayuso de "no alarmar", ya que eso podría perjudicar a la economía de Madrid, argumentó la presidenta regional sobre la preocupación manifestada por el Ministerio de Sanidad por la situación descontrolada en la autonomía. Mientras tanto, desde el Ayuntamiento de Madrid, el Gobierno de Martínez-Almeida cierra parques y piscinas.

Los datos no acompañan a la presidenta madrileña: la región concentra ya más de un tercio de todo lo que se está diagnosticando a nivel nacional. Sanidad notificó este viernes 9.799 casos, de los que 3.441 pertenecen a la Comunidad de Madrid. Las hospitalizaciones semanales tampoco han dejado de multiplicarse desde principios de agosto, y aunque la región está lejos de la situación asistencial que tenía en los peores meses de la pandemia cuando la sanidad colapsó, los profesionales sanitarios miran de reojo las cifras preocupados por lo que pueda pasar.

Madrid vuelve a estar a la cabeza de casos en el país y la explicación que dan los expertos tiene que ver con la polémica gestión en la contratación de los rastreadores. El Gobierno regional ha ido aumentando a trompicones la plantilla de controladores recurriendo, meses después de prometer al Ministerio los suficientes para pasar de fase en la desescalada, a voluntarios, a la privatización y a personal de ayuntamientos. La plantilla es actualmente de 560 rastreadores –uno para cada 12.000 habitantes–. La administración regional espera sumar otros 150 de los militares que el Ministerio de Defensa puso a disposición de las comunidades autónomas.

A la falta de controladores se suma otro problema al sistema de rastreo madrileño. La última semana, uno de los principales hospitales de la capital,  el Clínico San Carlos, ha dejado de notificar las pruebas diagnósticas por falta de reactivos para la realización de las PCR. La avalancha de tests también ha puesto en evidencia la falta de técnicos de laboratorio, como denunciaba este viernes Juan Carlos Rodríguez, presidente de la Asociación Española de Técnicos de Laboratorio (AETEL), en una entrevista en La Sexta.

Desde el Ejecutivo regional algunas voces reconocen que Ayuso lo fió todo al hospital de emergencias en Valdebebas que no estará operativo hasta octubre o noviembre, y en el que ha invertido más de 50 millones de euros. En el Gobierno autonómico estas mismas personas admiten que ha sido una estrategia "fallida" porque se "subestimó" lo que podía ocurrir en verano. Otros creen que cuando se ponga en marcha servirá para frenar la ola: "Cuando el hospital de pandemias abra esto será otra cosa", dice un portavoz del equipo de la presidenta madrileña.

Para los expertos, el tiempo que Madrid dejó de rastrear el virus –todo el mes de julio– ha sido un tiempo perdido que hipoteca lo que pueda ocurrir en los próximos meses. "Se ha perdido mucho tiempo y esto ha tenido una explosión en el número de casos por los asintomáticos que no se detectaron a tiempo", concluye Pilar Serrano, secretaria general de la Asociación de Salud Pública de Madrid. Serrano es positiva y cree que la curva todavía se puede frenar, pero la gestión que haga el Gobierno regional las próximas semanas será "determinante", concluye la epidemióloga.

El Gobierno regional se escuda en que la situación no es tan grave porque la carga asistencial en los hospitales no es la que vivió la región en primavera. Los ingresos rondan los 1.500 cuando en las peores semanas de marzo y abril alcanzaron los 15.000. ¿La explicación? los contagios este verano se han concentrado en la población de entre 15 y 49 años, en la que el virus es menos letal. También porque la carga viral es menor que hace unos meses, algo que los expertos creen que podría cambiar en otoño por un mayor uso de los espacios cerrados. No obstante, la situación no es igual en todos los hospitales. El 12 de Octubre, situado en la zona de más contagios, empieza a ver desbordada su capacidad y ha comenzado a suspender cirugías. Otros, como el Príncipe de Asturias, en Alcalá de Henares, o el de Getafe, ya no permiten las visitas a los pacientes hospitalizados, según confirmó la Consejería de Sanidad a elDiario.es esta semana.

Con este escenario, el nerviosismo y las discrepancias internas en la gestión de la epidemia vuelven a vislumbrarse en el Gobierno regional incluso entre consejeros del mismo signo. La cancelación de la feria taurina prevista para este fin de semana en Alcalá de Henares puso de manifiesto cómo los intereses económicos y los sanitarios no siempre van de la mano en las decisiones del Gobierno regional, como ocurrió en mayo cuando la entonces directora de Salud Pública, Yolanda Fuentes, acabó dimitiendo tras negarse a firmar un informe que pedía el cambio de fase en la región. En este caso, la Consejería de Interior autorizó la corrida de toros y horas después Salud Pública emitió un informe dirigido al Ayuntamiento de Alcalá de Henares en el que lo "desaconsejaba" por la incidencia que el virus podía tener en un evento que iba a congregar a más de 5.000 personas. Interior acabó suspendiendo el evento taurino solo un día después de autorizarlo por la alarma de la Consejería de Sanidad.

Las deficiencias en la gestión del Gobierno madrileño durante el verano ponen la gestión de la presidenta madrileña en el ojo del huracán. En el PP algunas voces ya cuestionan la estrategia "estridente" de Ayuso contra el Ejecutivo central y critican algunas de sus decisiones. Para frenar el ruido interno, el presidente popular, Pablo Casado, se trasladaba el pasado jueves a la Puerta del Sol para respaldar públicamente a la presidenta madrileña, su gran apuesta en las elecciones autonómicas de 2019.

Este apoyo llega después de que Casado ascendiera al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, como portavoz nacional, en un giro que algunos en el partido interpretaron como una apuesta por la moderación contrario al que ha representado hasta ahora Ayuso. El presidente del PP terminó su visita para conocer el plan madrileño para la vuelta al cole reafirmando su compromiso con la líder madrileña, cuya Presidencia es clave para el dirigente popular en los difíciles equilibrios internos con los que tiene que lidiar en el partido. Casado necesita a Ayuso. Pero a una Ayuso fuerte.

La realidad es que todo puede pasar en este nuevo curso político. La vuelta al cole no es el único reto al que se enfrenta Ayuso y cualquier traspié podría impulsar la moción de censura que reclaman algunos desde la oposición. Desde el PSOE, el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, la descartaba por ahora. "No es el momento", dijo Franco, que daba una pista sobre por dónde pueden ir los tiros de esa espera: los socialistas preparan la salida de Ángel Gabilondo como Defensor del Pueblo –para ello necesitan al PP– antes de ponerse a pensar en sacar a Ayuso del Gobierno. En el PSOE no quieren una moción para perderla y para ello necesitan que Ciudadanos la apoye. Si se despistan mucho, Más Madrid y Unidas Podemos-IU, que llevan semanas reclamándola, se pueden adelantar.

"Se inicia un curso político marcado por la improvisación, que por otra parte ha sido la tónica general de este Gobierno desde hace un año", dice el portavoz de Más Madrid, Pablo Gómez Perpinyà. "Nosotros tenemos la representación que nos han otorgado los ciudadanos y estamos dispuestos a hablar con cualquier grupo para que haya una alternativa cuanto antes", añade Perpinyà. Para la portavoz de Unidas Podemos-IU, "echar a Ayuso es un imperativo moral".

El calendario político podría dar la mejor excusa. En septiembre arranca en la Asamblea de Madrid la comisión de investigación sobre lo ocurrido en las residencias –donde fallecieron más de 6.000 ancianos en pocas semanas sin acceder a la atención sanitaria–, que amenaza con poner sobre la mesa las deficiencias de una gestión cuanto menos controvertida. Las órdenes internas de no trasladar a los residentes a los hospitales ya partieron en dos al Ejecutivo madrileño con el duro enfrentamiento público entre el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y el de Políticas Sociales, Alberto Reyero. Y el desfile por la Cámara madrileña de técnicos, trabajadores, familiares y sanitarios asusta a ambos partidos.

De momento, el letargo estival ha servido para disimular las rencillas internas en el Gobierno regional, pero las delicadas relaciones entre los socios de coalición pueden volver a estallar por los aires en septiembre si la gestión de la pandemia se descontrola de nuevo. La estrategia de Ayuso para sacar cabeza del bache veraniego pasa por aprobar en otoño las cuentas de 2021. La presidenta madrileña necesita a Vox y para ello prometió una crisis de gobierno que redujera varias carteras para cumplir con una de las exigencias de la extrema derecha. La remodelación está en marcha y desde Ciudadanos y PP creen que podría anunciarse a mediados de septiembre coincidiendo con un debate del Estado de la región. Sobre la mesa también está el cese de los consejeros de Sanidad y Políticas Sociales, aunque algunas voces creen que la gestión del verano podría frenarlas: "Si destituye a Escudero sería como reconocer que la gestión que ha hecho durante el verano ha sido nefasta. Se estaría enmendando. Eso salvaría a Alberto Reyero porque Ciudadanos no va a permitir que sea la cabeza de turco y menos con la comisión empezada", argumenta un diputado de Ciudadanos.

Tras la discutida gestión de la sanidad en la primera ola, y el fiasco de las residencias, el Gobierno de Ayuso se enfrenta ahora al inicio de curso más complicado, con un gabinete partido en dos y la imagen de la presidenta por los suelos.

Cayó en el cartel electoral del PP casi por descarte. Se había quedado como líder de la oposición a Manuela Carmena tras la última de las despedidas de Esperanza Aguirre y recién nombrado presidente del PP, Pablo Casado, necesitaba un candidato que fuera de los suyos. No estaba clara la posibilidad de destronar a la alcaldesa de Más Madrid y tampoco estaba garantizada la continuidad en la Puerta del Sol tras haber tenido tres presidentes en cuatro años, caída en desgracia Cristina Cifuentes. El líder del PP eligió a una persona de su máxima confianza para la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, otra figura nacida en el 'esperancismo', sin experiencia de gestión como Casado, y que debía todo al PP de Madrid. Para el Ayuntamiento optó por quien ya estaba allí, un abogado del Estado que se había convertido en látigo de Ahora Madrid, que batalló contra las restricciones al tráfico y dio lo que los populares llaman la batalla cultural contra la izquierda.

Ambos necesitaron a Ciudadanos y a Vox y ambos lograron el poder. Pero a partir de ahí, los caminos de Martínez-Almeida y Ayuso empezaron a separarse. Al abogado del Estado, conocedor de cómo funciona la Administración por dentro, sus primeros reveses -la Justicia frenó de golpe su intento de paralización de Madrid Central- le hicieron ir más despacio. No ha renunciado al programa del PP ni a su ideología muy conservadora, pero la alcaldía lo ha suavizado. Todo lo contrario que Isabel Díaz Ayuso, que eligió la confrontación con el Gobierno central, con la oposición, los sindicatos... con tal de convertirse en el ariete de Casado. Dos años después de llegar al poder en el PP y tras cinco elecciones perdidas, el líder nacional lo ha elegido a él. Destituida Cayetana Álvarez de Toledo y con los barones exigiendo moderación, Martínez-Almeida pasa a ser la cara amable del partido.

Y su ascenso, consagrado hace una semana y media a la portavocía nacional del Partido Popular, ya se nota en el día a día de su trabajo como regidor. Pese al repetido mensaje de que su "techo es Cibeles", en referencia a la sede del Gobierno municipal, Martínez-Almeida alterna ahora dos trajes que le obligan a moverse entre dos aguas. De momento, va haciendo malabarismos.

"Si no le importa, y para evitar posibles equivocaciones, podemos quitar el cartel del Ayuntamiento de Madrid y así no hay equívocos entre la condición de alcalde y la de portavoz", dijo a una periodista el pasado martes en un acto para presentar el medida estrella del Consistorio para combatir la emergencia social, la tarjeta familias. En pocos segundos, la escena propia de una convocatoria institucional -con su cartel y su desfile de cargos- quedó reducida a un escueto micrófono. La vicealcaldesa, Begoña Villacís, y el delegado de Familias, Igualdad y Bienestar Social, Pepe Aniorte, (ambos de Ciudadanos) salieron de plano para dejar más nítido el mensaje del PP. "Para que luego digan que no tenemos flexibilidad en los ayuntamientos", ironizó el regidor.

El gesto, rápido, es una muestra de la nueva cotidianeidad del alcalde de Madrid. Su nombramiento como portavoz atraviesa todas sus apariciones públicas. En las convocatorias de prensa, las preguntas locales y nacionales intenta separar cuidadosamente, aunque muchas veces las segundas terminan acaparando el espacio. Un día después de conocerse su designación, un enjambre de cámaras se agolpaban a su alrededor en el acto para inaugurar la peatonalización completa de la Puerta del Sol.

"Entiendo que pueda haber personas que se les hayan planteado inquietudes o dudas acerca de la dedicación. Quiero dejar claro a los madrileños que mi compromiso con Madrid es total y absoluto, que mi compromiso con el esfuerzo, la responsabilidad y ejemplaridad que han mostrado a lo largo de la pandemia exige que yo dé lo mejor de mí mismo las 24 horas del día para tratar de superar la emergencia económica y social a la que nos enfrentamos", expresó aquel día el regidor. Los más cercanos a su perfil en el PP defienden que, en la práctica, antes de ser designado ya tenía voz en asuntos nacionales.

"Casado lo ha elegido para chocar con Sánchez un día sí y otro también. Y no está Madrid, con la situación extraordinariamente grave que vive, para dedicarse a otra cosa", discrepa la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, quien ha llegado a acuerdos con el regidor durante lo más duro de la pandemia y ahora interpreta que el movimiento "no dice algo bueno de su compromiso con la ciudad". Pepu Hernández, del grupo socialista, coincide. "Madrid no es un ariete, sino una ciudad con sus necesidades. Desdoblar el trabajo es un detrimento para Madrid y un déficit que vamos a terminar pagando. Creo que va a entrar en contradicciones porque la ciudad necesita unas cosas y el PP, otras", razona el portavoz. La oposición considera que el nuevo cargo desvela que "la moderación le ha durado poco" y puede endurecer sus mensajes.

Su socio de Gobierno, Ciudadanos, ve riesgos y ventajas en la designación. "Cuando le nombraron le pedí que si tenía que elegir entre Madrid y el PP, eligiera Madrid", asegura la vicealcaldesa, Begoña Villacís, que cree que su nuevo cargo en el PP permite acentuar que el Gobierno municipal está formado por dos partidos distintos.

Desde las filas de Vox, partido que apoyó su investidura como alcalde, observan también la "doble vertiente" con reservas. "Esperamos que no perjudique al Ayuntamiento, ni por su capacidad de trabajo ni por que le marque ideológicamente por seguir directrices nacionales del PP en cuestiones municipales", apuntan fuentes del grupo municipal liderado por Javier Ortega-Smith.

No hay precedentes en la historia del Ayuntamiento sobre una situación así. De hecho, la figura de portavoz nacional ha sido creada por Casado con el nombramiento de Martínez-Almeida. Con esta decisión, el líder, además, consagra Madrid como el gran bastión de oposición al Gobierno de Pedro Sánchez para el nuevo curso político, que se inaugura con un cambio de caras y de formas, pero no de fondo. Casado ya descartó tras la Junta Directiva Nacional cualquier posibilidad de pactos con el Gobierno de Sánchez.

Están por ver los equilibrios para tratar de ser "el alcalde de todos" -como se refieren a él sus más afines-, una baza que empezó a jugar durante la gestión de la pandemia sobre todo en comparación con Díaz Ayuso, y hacer ese papel institucional con el rol de látigo del PSOE que Casado reclama a cada uno de los dirigentes a los que asciende.

La designación de Martínez-Almeida también abre, a la interna, nuevos interrogantes sobre el futuro de la formación en la Comunidad de Madrid. La presidencia del PP regional está vacante desde la dimisión de Cristina Cifuentes y el movimiento ha levantado suspicacias en la organización donde ya hay debate sobre si implica que Ayuso, en su momento más crítico, contaría con un nuevo rival para presidir el partido en Madrid o incluso la candidatura a la Comunidad, en una organización donde ha sido habitual el cambio de cromos entre el Ayuntamiento y el Gobierno regional. El Congreso para elegir líder o lideresa no se celebrará hasta 2021.

El alcalde se ha esforzado durante la epidemia por construir un nuevo perfil más comedido en las críticas al Gobierno nacional con el que se ha sacudido impopularidad de los primeros meses de mandato. La pregunta que muchos se hacen ahora es si este ascenso -que pretende aprovechar su nuevo tirón- no terminará siendo un arma de doble filo que le impulse hacia arriba pero sea contraproducente para su imagen pública y su gestión como regidor de la ciudad. Una capital que gobierna, en coalición con Ciudadanos y con el apoyo externo de Vox, tras haber obtenido el peor resultado electoral de la historia en el Ayuntamiento y que vuelve a estar en el centro de la segunda ola del coronavirus.

El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, ha descartado que el PSOE presente en estos momentos de pandemia un moción de censura contra la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y asegura que sería una "magnífica noticia" que el actual portavoz socialista en la Asamblea fuera el nuevo Defensor del Pueblo.

En una entrevista esta mañana en 'Telemadrid' recogida por Europa Press, Franco ha dicho que ahora no toca plantear una moción pero cuando creen "que los niveles de incapacidad del Gobierno regional llegan a un extremo intolerable" pondrán en marcha este mecanismo parlamentario "en beneficio de los madrileños". "En estos momentos con la situación epidemiológica no demos pensar en moción de censura, pero cuando se supere puede haberla", ha reiterado.

Preguntado por los rumores que sitúan a Ángel Gabilondo como nuevo Defensor del Pueblo de España, el también secretario general de los socialistas madrileños ha contestado que de confirmarse sería "una magnífica noticia". "Tiene el apoyo del PSOE para ser Defensor y lo que quiera ser porque creo que se lo habría ganado", ha añadido.

Y respecto a las acusaciones de una supuesta oposición blanda liderada por Gabilondo, Franco ha afirmado que quiere para su partido una oposición responsable. "A mí me gusta el estilo de Gabilondo. Lo que no vamos a hacer es cambiar el estilo de una persona tan respetable, educada y sensata como él. Reconozco que dentro del partido hay quien pide mayor dureza. Es entendible, pero si hay más dureza tiene que ser sin insultos ni crispar. Hay que contraponer ideas y modelos con el del Gobierno regional", ha esgrimido.

El delegado ha admitido que ha sido crítico con la gestión del Gobierno regional de la pandemia y en general "pero en estos momentos complicados no quiero añadirle gravedad".

"Debemos trabajar todos juntos y aparcar las críticas para que no se produzca lo de primavera. Creo que estamos tiempo. No llegamos a tiempo en rastreadores, no se ha actuado con la premura adecuada. Y tenemos centros de Atención Primaria cerrados pero ahora mismo creo que es momento de trabajar conjuntamente más que hacer críticas. Pero es verdad que hay contradicciones entre consejeros de la Comunidad, que no es bueno para la percepción de los madrileños", ha apostillado.

El delegado del Gobierno en Madrid ha apuntado que los datos actuales del Covid-19 son "realmente preocupantes". "Estoy convenido que tras la parte más dura de la pandemia habremos sacado las lecciones oportunas para que los efectos de este rebrote no sean tan dramáticos como en esos meses. Estoy convencido de que las autoridades sanitarias sabrán estar a la altura de las circunstancias", ha dicho.

Preguntado por la situación de España en la que los rebrotes de coronavirus son de los más altos de Europa, Franco admite que es posible que la llamada 'desescalada' "no haya sido perfecta, todo lo eficiente y eficaz que debiera ser". "Hay que tener en cuenta que los ciudadanos tras meses confinados tenían un deseo de comunicarnos directamente. Y los españoles además por suerte nos gusta el contacto directo y abrazarnos. Y es posible que esta reacción humanamente entendible nos haya llevado a excesos que ahora estamos pagando", ha argumentado.

El representante del Gobierno central en Madrid también ha hablado de la manifestación de los llamados negacionistas hace unas semanas en la plaza de Colón, indicando que las manifestaciones son un derecho fundamental que no se autorizan, sino que se comunican.

"Los organizadores decían en el comunicado que iban van a tomar todas las distancias sociales, pero en ningún momento mencionan la palabra mascarillas. Nosotros cuando hacemos toma de conocimiento de la manifestación les recordamos la obligatoriedad de llevar mascarillas y de guardar distancias. Es verdad que hacer previsiones de lo que ya ha pasado es muy fácil. Es cierto que en redes sociales algunos decían que no había que llevar mascarillas. Y otros que decían que sí pero inscrito los mensajes que decían", sostiene.

El delegado ha defendido la actuación policial en dicha concentración, ya que los agentes impidieron que los manifestantes llegaran a calles adyacentes. Una vez que vieron muchas personas sin mascarillas, trataron de identificar al mayor número de personas posible sin la misma, que tendrán "su sanción correspondientes".

José Manuel Franco ha justificado además que los antidisturbios no disolvieron la protesta porque "se hubieran dispersados por las calles y sería peor el remedio que la enfermedad". Ahora, si los llamados negacionistas volvieran a comunicar una manifestación, "incrementarían las precauciones".

En general, respecto a las multas a ciudadanos que incumplen las nuevas normas para evitar la propagación del coronavirus, el representante del Gobierno central en Madrid ha recalcado que "se va a sancionar a todos" que las incumplan pero a la hora de tramitar las mismas "no pueden actuar con la celeridad que la gente desea", ya que ha reconocido que durante el estado de alarma hubo un "pequeño atasco" en este procedimiento ya que los funcionarios estaban trabajando desde casa.

José Manuel Franco también se ha mostrado favorable a dar autoridad a responsables de bares, hoteles y otros establecimientos para que puedan obligar a sus clientes a ponerse la mascarilla y guardar las medidas de seguridad "para que las personas irresponsables se comporten de manera responsable". "Teníamos al virus controlado pero no lo habíamos. Las administraciones tienen que hacer su trabajo pero hay una responsabilidad individual que no debemos olvidar", ha concluido.

El juzgado de instrucción número 5 de Parla ha archivado la investigación abierta en 2014 al Ayuntamiento de esta localidad madrileña por los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos por el sobrecoste en las obras del llamado tranvía de Parla, la obra estrella del exalcalde socialista Tomás Gómez y cuya investigación judicial acabó con su carrera política. La jueza dice que "no hay indicios suficientes sobre los que poder sustentar de forma racional la denuncia formulada" por la fiscalía del Tribunal de Cuentas, informa la Cadena Ser. 

Sobre el delito de prevaricación, rechaza que haya habido una "actuación arbitraria" porque "a efectos de encajar en el ámbito penal, no cabe calificar de arbitraria la actuación de quienes aprueban unas modificaciones del proyecto de construcción que están permitidas en el pliego y que obedecen a razones de interés público". Son, por tanto, "modificaciones permisibles, avaladas por informes técnicos que reconocen el interés público".

La jueza también ha investigado posibles vínculos de los responsables públicos del ayuntamiento de Parla con las empresas adjudicatarias y subraya que no se ha encontrado ninguno. "No ha resultado", según el auto de archivo, "vínculo alguno ni justificación de enriquecimiento o apoderamiento de dinero público en perjuicio de tercero, tratándose de pagos realizados por obras ejecutadas a empresas ajenas a los integrantes de las juntas de gobierno local", por lo que no hay delito de malversación de caudales públicos

La adjudicación de las obras para la construcción del tranvía se hizo por 93 millones de euros más IVA. Ese coste aumentó hasta los 142 millones y, con los intereses, supuso a las arcas públicas un total de 256 millones.

Los retrasos en los resultados de las pruebas PCR se acumulan en Madrid. El problema está localizado en uno de los hospitales de referencia de la capital, el Clínico San Carlos, que atiende a una población de 374.814 personas. La falta de reactivos –necesarios para determinar la positividad o negatividad de la prueba– ha generado un tapón que ya es posible cuantificar. Médicas de dos centros de salud cuyas muestras se envían al laboratorio del Clínico explican a elDiario.es que no reciben ningún resultado desde hace al menos seis días. "Yo llegué de vacaciones el día 17 de agosto y desde entonces no ha entrado nada", dice Dora Bejarano, pediatra del centro de salud General Fanjul (Latina) y delegada de Amyts. Otra sanitaria del centro de salud de General Ricardos (Carabanchel) sitúa esta fecha en el día 21 de agosto. "El 17 empezamos a notar que llegaban menos y así progresivamente hasta el 21, que se cortaron", afirma.

El hospital, de referencia en la capital, tiene adscritos a su laboratorio 14 centros de salud que viven situaciones similares. Están diseminados por diferentes zonas de Madrid, tan dispares como Chamberí y Aluche, y algunas especialmente afectadas como el distrito de Carabanchel, el cuarto con más incidencia del virus durante los últimos 14 días. En los ambulatorios se hacen una media de entre 50 y 150 PCR diarias, según los profesionales. Todas ellas caen desde hace al menos una semana en la cola del laboratorio. "Este lunes los compañeros me contaron que había una estimación de 3.000 pruebas a la espera", apunta Bejarano.

"Los pacientes se desesperan y nosotras también. No es fácil alargar los aislamientos sin saber nada de la prueba. Les insistimos mucho en que se confinen. Les llamamos pero no podemos estar en la puerta de su casa y, cuantos más días pasen, más posibilidad hay de que hagan actividades no permitidas y diseminen, si son positivos, el virus", razona la médica de General Ricardos para explicar que este cuello de botella puede tener consecuencias epidemiológicas. "Estamos haciendo mal nuestro trabajo porque no han sido diligentes en la resolución", zanja Bejarano, que argumenta que con este retraso inicial también se demora todo el proceso que sigue a una detección de un positivo.

El viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero, confirmaba este jueves "un pequeño problema" de falta de reactivos en el Clínico San Carlos y "normalidad" en el resto de centros en cuanto al suministro. "El compromiso [proseguía] es comunicar a las 24 o 48 horas el resultado positivo o negativo".

El atasco en el caso del Clínico se ha producido por "la falta de tiras reactivas", como han comunicado a varios pacientes con los que habló este medio a principios de semana. El hospital admite que "los stocks a veces se quedan cortos" y explica que, ante la acumulación de pruebas, se "está priorizando a los pacientes que necesitan atención más rápida". Estos suelen ser los que llegan a las puertas del centro con síntomas más agudos de la enfermedad. No el perfil leve o moderado que se ve en los centros de Atención Primaria. El problema se debe a la "alta demanda nacional e internacional", según la Consejería. Ya pasó algo parecido pero a una escala mucho mayor en la primera ola epidémica.

Los sindicatos aseguraban a inicios de semana que habían fallado tres proveedores de reactivos. Uno de los suministradores, Roche (con las máquinas más automáticas y rápidas), confirmó a este medio que su demanda superaba ya su capacidad de oferta por el aumento de la capacidad diagnóstica en todas las comunidades y en Europa, aunque no refirió problemas en Madrid, sino en Aragón y Castilla y León.

El personal sanitario de Atención Primaria alerta de que la situación, además del "enfado lógico" de los pacientes, les sobrecarga todavía más. "Hacemos llamadas para nada, para decirles que aún no están sus resultados. Solo hay dos opciones: o los abandonamos a su suerte sin darles noticias, con los riesgos que eso conlleva, o multiplicamos el trabajo con esas llamadas extra con el estrés añadido que conlleva", resume Bejarano. "Es impotencia, es enfado, es imposibilidad de dar respuesta a nuestros pacientes. Lo padecemos nosotros, pero sobre todo ellos", continúa.

El atasco ya está derivando a la privada a pacientes que no pueden o quieren esperar 10 días a tener el resultado. "Algunos lo están solucionando por su cuenta repitiéndose la PCR en una clínica privada y nos informan ya directamente del positivo. Entonces nosotros empezamos el circuito", cuentan desde Carabanchel.

La Asociación AP Se Mueve, que agrupa a sanitarios de centros de salud, ha detectado en los últimos días un aumento –por el momento leve– de la ventana temporal para dar resultados en otras zonas de Madrid. En este caso no por falta de reactivos sino a causa de los tests masivos que se están realizando en los barrios de Madrid con más contagios. Chema Molero trabaja en un centro de salud San Andrés, de Villaverde Alto, un distrito donde esta semana se han hecho cribados aleatorios a la población. El médico relata que hasta este jueves los resultados se daban en 24 horas. "Éramos unos privilegiados, pero ya se están retrasando más. En el laboratorio del hospital Doce de Octubre –donde mandan sus PCR– nos han reconocido que tienen exceso de muestras y que el cribado les está llevando el tiempo", señala en conversación con este medio. Los retrasos en este centro de salud no son, en cualquier caso, comparables con los que se están registrando en el área de influencia del Clínico y habrá que esperar unos días para medir su impacto real.

Los facultativos de Atención Primaria en Madrid se quejan, tras la implantación de los test a gran escala para detectar asintomáticos, de que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso "no ha planificado correctamente" el impacto que este volumen nuevo de personas testadas puede tener en los centros de salud. "No sabemos si la relación es completamente directa. Pero parece algo poco comprensible que estén buscando casos entre los sanos cuando no podemos confirmar a los enfermos", apunta la sanitaria de Carabanchel, una zona azotada por un elevado número de positivos. "Es incomprensible que hagan pruebas masivas y se queden sin reactivos en un hospital como el Clínico. Piensas: ¿quién está gestionando esto? ¿qué cabeza?", señala Bejarano.

AP Se Mueve ha pedido a la Comunidad de Madrid que aclare "si estas pruebas tienen prioridad sobre las del resto de circuitos" porque "sería asumir un elevadísimo riesgo el hecho de que retrasasen los resultados de las solicitadas en el estudio de pacientes sintomáticos o de rastreo de contactos". La organización también solicita a la Consejería que les aclare quién "informa" de los resultados positivos de los pacientes del cribado. Los médicos consultados por elDiario.es aseguran que los resultados de sus cupos (los pacientes que atiende en su agenda cada médico) se vuelcan en sus ordenadores y que llaman directamente a los positivos sin esperar a Salud Pública. "En ocasiones, Salud Pública –los rastreadores– tienen una demora de 3 o 4 días en hacer las llamadas en los casos positivos, ¿es así también en estas pruebas?", se preguntan.

Los sanitarios de los centros de salud llevan semanas denunciando que asumen una parte de las tareas que corresponderían a los rastreadores, contratados a cuentagotas por la Comunidad de Madrid. "Hemos estado supliendo la falta de rastreadores y con el tapón en el laboratorio se convierte todo en una empresa casi imposible", defiende Bejarano. "Desde Atención Primaria queremos poder hacer nuestro trabajo (reiteramos que no todo es COVID), pero la Comunidad de Madrid lo impide al sobrecargarnos de tareas que no nos competen dentro de la estrategia de diagnóstico precoz, como son los rastreos, o los seguimientos de los contactos", concluye la nota de prensa de AP Se Mueve, que reduce su petición a una sola cosa: más profesionales y medios.

Corrección: la primera versión de este artículo contenía una referencia errónea a la compañía Roche.

Gana la salud pública. La Comunidad de Madrid ha cancelado finalmente la feria taurina prevista para este fin de semana en Alcalá de Henares. La decisión del Gobierno regional que preside Isabel Díaz Ayuso no ha estado exenta de polémica, después de que el miércoles se dieran directrices contradictorias sobre la celebración de la corrida de toros en apenas unas horas por parte de dos consejerías gobernadas ambas por el PP. El departamento de Interior concedía por la mañana los últimos permisos a la promotora del evento. Eso se producía a la vez que la Dirección General de Salud Pública lo "desaconsejaba", en un informe remitido al ayuntamiento de la localidad que gobierna el PSOE.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha pronunciado al respecto pidiendo "prudencia". "La situación de la epidemia en Madrid nos obliga a ser aún más prudentes", ha defendido Ayuso en su cuenta de Twitter apenas un día después de que su equipo de Gobierno autorizase la corrida de toros que iba a congregar a más de 4.000 personas.

"La decisión se basa en el análisis que la Consejería de Sanidad ha llevado a cabo de la evolución epidemiológica del COVID-19 en Alcalá de Henares y en el principio de prudencia que debe regir la actuación del Gobierno regional en la gestión de la crisis sanitaria", recoge un comunicado del Gobierno regional. En el mismo, la administración autonómica asegura que "se pone fin de este modo a la situación de incertidumbre generada en torno a la celebración de este festejo". La incertidumbre, no obstante, la había provocado el Ejecutivo autonómico de Ayuso emitiendo conclusiones contradictorias: este miércoles concedía los últimos permisos a la empresa promotora mientras Sanidad desaconsejaba el evento.

El consejero del ramo, Enrique López, había informado este miércoles de que la autorización de la feria taurina de este fin de semana en Alcalá de Henares estaba supeditada “a la evolución de la pandemia”. Para tomar esa decisión, López había pedido un último informe de la Consejería de Sanidad, que en una carta al Ayuntamiento de Alcalá de Henares ya se había pronunciado sobre su suspensión. La directora de Salud Pública desaconsejaba el evento por la cantidad de afluencia de personas del mismo y por las características del espacio donde se desarrolla la actividad: una plaza de toros.

El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, pedía este jueves responsabilidad a la Comunidad de Madrid en una entrevista a elDiario.es. Hace apenas una hora, su ayuntamiento pedía medidas cautelarísimas en el Tribunal de lo Contencioso-administrativo de Madrid solicitando la suspensión del evento que finalmente no se celebrará tras una orden del Gobierno regional. El regidor alcalaíno había solicitado su suspensión hace más de una semana pero no fue hasta ayer que recibió el informe de Salud Pública que le daba la razón.

La decisión de suspender el evento era inevitable por parte del Gobierno de Ayuso. La situación epidemiológica de la región no deja de empeorar cada día, y el informe de Salud Pública no dejaba lugar a dudas sobre el peligro se su celebración. A eso se sumaban las últimas medidas tomadas por el Ayuntamiento de Madrid que a partir del próximo martes cerrará los parques por la noche y cerrará las piscinas municipales por la evolución de la pandemia.

La tensión entre las dos consejerías populares de la Comunidad de Madrid por la polémica corrida de toros prevista para este fin de semana en Alcalá de Henares no termina de tener efectos reales sobre la venta de entradas, que siguen disponibles en portales como Servitoro o Bacantix. Este último, que ofrece asientos desde 15 a 75 euros, advierte de que los 2,5 euros de gestión no serán devueltos en caso de suspensión del evento, algo que evalúa en estos momentos la Consejería de Interior después de que la Dirección de Salud Pública haya "desaconsejado" el evento por la gran afluencia de público –se esperan más de 4.000 asistentes– y el tipo de recinto, una plaza de toros. 

De momento, la organización, cedida a la empresa Gestión y Producciones Loyjor, domiciliada en Leganés pero de la que no se conoce teléfono de contacto, no se ha pronunciado sobre la pugna interna en el Partido Popular de Isabel Díaz Ayuso. El miércoles, horas después de que la Consejería de Justicia e Interior autorizara el evento, Sanidad contestaba a una carta enviada por el alcalde complutense y remitía un informe contrario en el que consideraba la suspensión del acto. 

En el documento, apuntaba a la “gran afluencia de público” previsto, que podría rozar los 5.000 asistentes teniendo en cuenta la reducción al 75% de aforo, y la situación epidemiológica de la región, donde vuelven a superarse récords de contagios y donde ya se han autorizado la aplicación de nuevas medidas anti Covid más restrictivas. 

En portales de información taurina la empresa asegura que desde el lunes y hasta este jueves está desinfectando y preparando la apertura del ruedo al público, después de las críticas y cambio de normativa con las que la Junta de Andalucía tuvo que enmendar su legislación para este tipo de eventos, tras las imágenes de aglomeraciones en la corrida del Puerto de Santa María. 

“Concretamente en Madrid no te exigen muchas medidas especiales, pero nosotros hemos mandado toda nuestra documentación de contratos, tasas… y aunque no nos lo pidieron, adjuntamos un protocolo anti COVID”, explicaba a Cultoro el empresario Manuel Martínez Erice, que cuenta en este mismo medio que se han instalado flechas para indicar los flujos de entrada y salida a la plaza, donde además se medirá la temperatura, y se ha reforzado la plantilla de acomodadores. 

El alcalde de la localidad madrileña, el socialista Javier Rodríguez Palacios, sigue pidiendo que Sanidad suspenda la feria taurina este jueves en una entrevista en elDiario.es y reprocha la falta de coordinación entre las consejerías. La decisión por parte del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso aún no está tomada a escasas horas de que arranque el evento. El consejero de Interior, Enrique Ruiz Escudero, ha informado esta mañana de que su departamento espera un último informe de la Consejería de Sanidad para decidir si mantiene la autorización o finalmente cancela la feria.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha comenzado una ronda de contactos para presentar el Plan de Vuelta al Colegio para el curso 2020/21 en la región con una reunión con el presidente del Partido Popular y líder de la oposición, Pablo Casado. Ayuso deja para la próxima semana los encuentros con la oposición. El martes se reunirá con el portavoz del PSOE, Ángel Gabilongo y con Rocío Monasterio, número uno de Vox en la Asamblea de Madrid. La presidenta no se ha reunido directamente con los sindicatos, aunque sí lo hizo el consejero de Educación, Enrique Ossorio, una vez hecho público el plan.

En el encuentro celebrado este miércoles en la Real Casa de Correos, "Casado ha trasladado el apoyo del principal partido de la oposición a este ambicioso plan educativo que refuerza de nuevo a la Comunidad de Madrid en la vanguardia de la enseñanza en España", según un comunicado del Gobierno regional. La reunión ha coincidido con la Conferencia Sectorial convocada por el Ministerio de Educación, que ha juntado a todos los consejeros del ramo con la ministra Isabel Celáa y el responsable de Sanidad, Salvador Illa.

La líder del Ejecutivo autonómico presentó ante la prensa su estrategia para la vuelta al colegio el pasado martes, dos días antes del encuentro nacional y con una huelga de profesorado ya convocada para inicios de septiembre como reacción a la falta de planificación. Ayuso promete la contratación de 10.600 profesores la reducción de las ratios a entre 20 y 23 alumnos por aula y la adquisición de 6.000 cámaras en las aulas para retransmitir las clases por 'streaming'. Los sindicatos y la comunidad educativa han concluido, tras conocer la propuesta, que los número "no cuadran". Los agentes sociales pidieron en una reunión con el consejero Enrique Ossorio el mismo martes por la tarde que se replanteara la semipresencialidad (combinación de clases presenciales y virtuales) de los alumnos de 3º de la ESO en adelante.

La huelga de docentes se convocó inicialmente para los días 5 y 6 de septiembre, coincidiendo con el inicio del curso teórico. Sin embargo, el plan de Ayuso pasa también por escalonar el arranque, lo que retrasa el comienzo de las clases hasta el 17 y 18 de septiembre para los alumnos de los últimos cursos de Primaria y los primeros de Secundaria. Los sindicatos han demorado, por este motivo, también los paros. Un movimiento que se ha interpretado públicamente en el Gobierno regional como un balón de oxígeno.

A escasas horas de que comience la feria taurina en Alcalá de Henares que fue autorizada con todos los permisos por la Comunidad de Madrid este miércoles, se desconoce si finalmente podrá producirse. Su alcalde, Javier Rodríguez Palacios –del PSOE–, había pedido desde hace más de diez días una valoración por parte de la Consejería de Sanidad sobre la situación epidemiológica de la localidad además de una evaluación sobre la pertinencia de su celebración para la salud pública. Finalmente, este miércoles a última hora llegaba a la Alcaldía una comunicación de la Dirección de Salud Pública desaconsejándola, solo unas horas después de que la Consejería de Interior que dirige Enrique López diera los últimos permisos al promotor de la corrida de toros.

En estos momentos, Rodríguez Palacios sigue reclamando su suspensión y ahora le respalda un documento de Salud Pública que le da la razón sobre los riesgos para la región que podrían darse si se celebrase. Para el regidor, la contradicción en el seno del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso "es una mezcla de ideología y descordinación que nos describe un gobierno de pandereta en el que dos consejeros no se ponen de acuerdo".

¿Qué va a pasar con los toros en Alcalá de Henares? Hay una autorización por parte de la Consejería de Interior y un informe de Sanidad que lo desaconseja. ¿Cuál es la situación?

En el Ayuntamiento no teníamos constancia oficial anoche de nada porque una vez más las consejerías gobernadas por consejeros del PP muestran una tremenda deslealtad institucional. Comunican a los medios de comunicación las cosas antes que a la administración a la que lo deben hacer. Hoy hemos podido evaluar la carta donde se dice claramente que se desaconseja.

Después de evaluar esta mañana la comunicación de la directora de Salud Pública, ¿qué van a hacer?

Estamos analizando todavía las cuestiones, pero es evidente que la carta de la directora general de Salud Pública dice que desaconseja el evento por la cantidad de afluencia de personas que pueda haber, primero argumento, y segundo, por las características del espacio donde se desarrolla la actividad, es decir, una plaza de toros.

Hoy lo que hemos hecho es mandar otra carta a la Directora General de Salud Pública diciendo que ella es la responsable de la salud pública en la Comunidad de Madrid y si considera que no recomendable ella es la responsable de ordenar que no se produzca esta corrida de toros a la autoridad competente que es la Dirección General de Seguridad. Nuestra posición es que no se produzca.

¿Han podido hablar de nuevo con alguien de la Consejería de Sanidad?

Hemos llamado y no contestan.

¿Qué van a hacer ahora?

Estamos esperando a que ahora la Comunidad de Madrid decida si sigue las recomendaciones y prima la salud pública o mantienen el evento.

¿Ustedes no tienen ninguna competencia para suspenderla?

Con la aurtorización enviada al empresario por parte de la Consejería de Justicia se demuestra que es la Comunidad Madrid la que tiene que autorizar una corrida de toros. De hecho, las corridas de toros están autorizadas a pesar de la Covid-19 en la normativa regional del 19 de junio de 2020 en la que se permiten corridas de toros y se establece en qué horas y un aforo 75%.

¿Creen que Sanidad con esta comunicación a ustedes un día antes de que se produzca el evento y después de que se autorice, está presionando para que se suspenda?

No lo sé. Esto es una mezcla de ideología, improvisación y un gobierno de pandereta en el que ni siquiera dos consejeros del Partido Popular son capaces de coordinarse entre ellos. Pido que dejen de escurrir el bulto, como cuando atacan al Gobierno de España. El Gobierno de la Comunidad de Madrid debe gobernar y es ridículo, de chirigota, que dos consejeros además del mismo partido se contradigan de esa manera. Esto ya no es ni siquiera la pelea Ciudadano y PP. Desde el mismo Gobierno y partido han emitido directrices completamente contrarias con un tema tan delicado como las salud pública. Es indignante.

También creo que hay una profunda deslealtad hacia el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, y hacia los vecinos y vecinas de Alcalá. No puede ser que todo esto lo estemos conociendo por informaciones de la prensa, que ningún responsable político de la Comunidad de Madrid se ha dirigido a mí como alcalde, porque no soy el alcalde de un partido político, soy el alcalde de todos los vecinos y vecinas de Alcalá de Henares.

¿En la comunicación que envió a Sanidad hace días pidió que se prohibiera la corrida de toros?

Nosotros exigimos a la Comunidad de Madrid una evaluación del riesgo, porque la única manera de impedir ahora mismo una corrida de toros es por razones de salud pública y la autoridad competente en salud pública, la única que puede autorizar o desautorizar, es la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.

El ejemplo es muy sencillo: los bares en Alcalá de Henares pueden abrir hasta las dos de la mañana según la normativa municipal, para obligarles a que cierren. Por ejemplo, a las 12 de la noche se necesita una orden de la Comunidad de Madrid como la que se emitió en su momento. En todas las comunidades autónomas, está demostrado, es la comunidad la que regula el horario de los bares y los espectáculos que se pueden hacer o no hacer. Es la comunidad autónoma la que tiene que permitir o no actividades legales, pero que debido a la Covid-19 no se pueden llevar a cabo. De hecho, la Comunidad Autónoma de Andalucía comenzó con aforos en los actos taurinos del 75% y ahora los aforos los ha rebajado al 50%. Nosotros pedíamos la evaluación del riesgo y que la Comunidad de Madrid, la consejería competente que es la de Sanidad, actuase.

¿Recibieron respuesta de ese requerimiento?

No hasta hoy con la comunicación de la Dirección de Salud Pública. Por desgracia estamos acostumbrados a que el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, no responda. No respondió cuando hicimos un llamamiento a que medicalizara la residencia de Alcalá de Henares, y fallecieron 900 personas en Alcalá de Henares y no responde a las cartas que le enviamos en otras materia. El silencio es la respuesta de la inmensa mayoría de los consejeros del Partido Popular.

¿Por qué les preocupa? ¿Cómo es la situación en estos momentos en Allcalá de Henares?

Alcalá de Henares en la primera oleada de la Covid-19 fue de las primeras ciudades que la sufrió y también con más intensidad. Hemos tenido 900 fallecidos aproximadamente, en especial en sus residencias dependientes de la Comunidad de Madrid. En estos momentos no estamos en una mala situación de salud, pero no queremos que se repita lo que vivimos en el mes de marzo y abril. Por eso no hemos abierto las instalaciones municipales deportivas al aire libre, no hemos abierto los juegos infantiles... Las actividades culturales que son fundamentales por el carácter histórico, cultural y turístico que tiene Alcalá de Henares, las controlamos con aforos máximos de 800 personas en un recinto de 20.000 metros cuadrados, con sillas individuales, con distancias aseguradas, con personal que vela por ello. Y de repente nos hemos encontrado con un evento taurino de grandes dimensiones. 

Se ha comunicado que será un aforo de 4.000 personas.

Se va a permitir un aforo que puede alcanzar más de 4.000 personas y que con la normativa de la Comunidad Madrid podría incluso alcanzar las 5.500, el 75% del aforo del recinto. El propio empresario por la situación consideró que iba a sacar a la venta de unas 4000 o 5000 entradas y no la totalidad de las permitidas. Pero como digo, eso no depende de nosotros. Hay una empresa concesionaria de la plaza que a su vez da otra empresa la explotación de los toros. Nosotros no sabemos cuántas entradas hay vendidas ni nada. 

¿Desde la Comunidad de Madrid quieren poner el foco en que se habla del evento por su naturaleza y no por el riesgo?

Esto no es un debate de toros sí o de toros no. Nosotros una corrida de toros no tendríamos ningún problema en que se celebrara si no fuera por la situación de la Covid-19. Cualquier evento que te pida una empresa privada, si cumple la legalidad, se debe autorizar: por ejemplo, un concierto o los bares están abiertos porque tienen su autorización. Pero quien modula por la situación de la Covid-19 cuántos aforos deben haber o qué horarios es la Comunidad de Madrid como hemos visto con los bares o como vemos con eventos que directamente no se pueden llevar a cabo como los deportivos. Entonces la diferenciación que ha hecho la Comunidad de Madrid con los eventos taurinos permitiéndolo y con aforos sueldos del 75%, es lo que complica enormemente cualquier cuestión relacionada con la suspensión de esta corrida. 

Me parece de chirigota que jueguen con la salud de los vecinos y vecinas de Alcalá de Henares. Es increíble que Enrique López, consejero de Justicia dé la autorización y se lo comunique al empresario, y por otro lado, Enrique Ruiz Escudero, el consejero de Sanidad, diga que no es recomendable. Que Isabel Díaz Ayuso ponga orden en su gobierno, que dejen de hacer juegos y que se tomen muy en serio que hay que frenar la expansión de la Covid en la Comunidad de Madrid.

¿Cree que estas diferencias en el seno del Gobierno tienen que ver con la defensa de la tauromaquia que siempre ha hecho la presidenta madrileña?

Evidentemente. Por una cuestión ideológica, Isabel Díaz Ayuso se ha hecho prisionera de unos compromisos que ahora mismo, con el nivel de contagios que hay en la Comunidad de Madrid, son absolutamente inasumible. Cuando se legisla por parte de Isabel Díaz Ayuso que se permitan las corridas de toros al 75% del aforo, había 23 veces menos contagios que los que hay ahora en la Comunidad de Madrid. Debían haber revisado esa norma con anterioridad, como ha hecho la Comunidad Autónoma de Andalucía, gobernada por el Partido Popular, por cierto.

También se han quejado de la situación de la Atención Primaria en Alcalá por el cierre de ambulatorios. ¿Puede ser un problema añadido?

La situación de la Atención Primaria en Alcalá de Henares es preocupante. La mayoría de centros de salud están con la mitad de su plantilla porque lógicamente tienen derecho a vacaciones. Pero el Gobierno regional debería haber cubierto esas vacantes. Uno de los ocho centros de salud directamente ya no abre por la tarde y el centro que atendía 24 horas de urgencias, directamente está cerrado desde el mes de marzo. Esas son las antenas que permiten agilizar los PCR y detectar los brotes con rapidez. Y por desgracia, vemos que en Alcalá de Henares están desmanteladas.