Los vínculos de la Comunidad de Madrid se entrelazan cada vez más con gobiernos ultras, especialmente de países americanos. Isabel Díaz Ayuso dejó claro este lunes todo lo que la unía a José Antonio Kast, el presidente de Chile que reivindica al dictador Pinochet y que ha llegado al poder impulsado por un discurso reaccionario centrado en el miedo a la inseguridad de la ciudadanía. “Nosotros, como gobiernos, defendemos a los dos lados del Atlántico lo mismo”, llegó a decir la presidenta autonómica cuando le entregó la medalla internacional. Pero esta no es la única vez que Ayuso utiliza un premio de la Comunidad para mostrar su afinidad con dirigentes de la extrema derecha internacional. En los últimos años, ha reconocido también al argentino Javier Milei o a los Estados Unidos de Donald Trump. Estas distinciones, sumadas a viajes y encuentros institucionales, le han servido para acercar posturas con la derecha y extrema derecha mundial.

Este mismo martes, solo un día después de darle la distinción a Kast, la Comunidad de Madrid anunció que otorgará este miércoles una nueva Medalla Internacional, en esta ocasión al presidente de Honduras, Nasry Asfura, apoyado por Trump y la extrema derecha europea. Lo hará en un acto en la Real Casa de Correos, un día antes de la Cumbre Iberoamericana que reunirá en la capital a presidentes de países como Argentina, Chile y Honduras, además de contar con representaciones de los gobiernos de Colombia, Ecuador o El Salvador.

No se sabe si Isabel Díaz Ayuso aprovechará la cumbre para repetir la imagen del abrazo a Javier Milei del 21 de octubre durante su encuentro privado. La presidenta autonómica no dudó en sacar pecho de su amistad con el presidente argentino en un encuentro que acabó con invitaciones mutuas: para que Ayuso vuelva a Argentina y para que Milei acuda a la cumbre. La escena del mes pasado recordaba a la que se produjo en junio de 2024. Ayuso le entregó entonces la Medalla Internacional al presidente argentino en un acto que acabó siendo un mitin político contra el Gobierno de Pedro Sánchez. De nuevo, como ha hecho dos años después, la líder madrileña aplaudía la motosierra de Milei, con sus políticas de recortes no solo económicos, también de derechos.

Solo un mes antes, en mayo de 2024, unas declaraciones del político ultra incendiaron las relaciones diplomáticas entre España y Argentina. Milei cargó contra el Gobierno de Pedro Sánchez y contra Begoña Gómez, a quien llamó “corrupta”. Por eso, cuando Ayuso otorgó la medalla honorífica, el Gobierno central exigió “lealtad institucional” y “respeto” a la presidenta regional: “Es la responsable de que hayamos asistido a este discurso que evidentemente rompe las bases de nuestra Constitución”, dijo la exvicepresidenta primera María Jesús Montero.

Pero Ayuso no solo se esfuerza por mostrar cercanía ideológica con Milei, también ha aplicado la misma fórmula con los líderes de otros países: reconocimiento institucional y actos conjuntos en su empeño por erigirse como la oposición real —y sin mesura— a Pedro Sánchez de cara al mundo. La 'Thatcher' madrileña, como la definió The Telegraph.

“El principal faro del mundo libre”

Posiblemente uno de los premios más polémicos concedidos por la Comunidad de Madrid fue el que Ayuso anunció en febrero de este año. La presidenta regional dijo que iba a otorgar a Estados Unidos la Medalla Internacional por ser “el principal faro del mundo libre”. Las declaraciones venían un mes después de que el presidente de EEUU, Donald Trump, secuestrara a Nicolás Maduro y bombardease Venezuela. Y no solo eso: la presidenta de la Comunidad de Madrid reivindicó a EEUU en plena polémica por la brutal actuación del ICE, los agentes de inmigración de Trump que llevan meses sembrando el miedo en las calles del país, especialmente después del asesinato a tiros de Renee Nicole Good.

A pesar de que recibió críticas incluso de algunas personas dentro de la órbita de la derecha, el Gobierno de Ayuso salió a defender el reconocimiento para EEUU. “La historia de los 250 años de historia de Estados Unidos, por supuesto, que es un faro de libertad y un ejemplo para las democracias occidentales”, aseguró el portavoz del gobierno autonómico, Miguel Ángel García Martín. Unas palabras que luego la propia Ayuso quiso matizar: “No se le da a un Gobierno, se le da a una nación”, dijo. Pero las palabras de Ayuso, de nuevo, volvieron a traer cola y puso en un aprieto las relaciones internacionales.

El choque con Claudia Sheinbaum en México

Cuando Ayuso adelantó que elegía a Estados Unidos como el país que iba a recibir la distinción de la región, la presidenta también dijo que esperaba que Cuba, Nicaragua y México siguieran los pasos de Argentina y rompieran “sus cadenas” para poner “fin a los narcoestados de ultraizquierda”. Unas declaraciones que no sentaron nada bien en México y que fueron el inicio de un choque diplomático que se saldó con el fallido viaje de Ayuso al país.

La presidenta Claudia Sheinbaum respondió a los ataques de Madrid asegurando que sus declaraciones eran algo “absolutamente falso”. “México ha decidido su propio destino sin copiarle a nadie”, dijo la dirigente mexicana en febrero de este año. No se quedó ahí el asunto: mientras el Gobierno central se esforzaba por acercar posturas con el país centroamericano, Ayuso decidió unos meses más tarde, en mayo, que iba a ir de visita institucional allí después de llamarles “narcoestado”. Nada más llegar ensalzó la figura del conquistador español Hernán Cortés. Sus declaraciones le valieron un nuevo choque con Sheinbaum y Ayuso acabó su viaje antes de tiempo entre acusaciones al Gobierno de Pedro Sánchez y de Claudia Sheinbaum por ponerla en riesgo en “un país violento”.

Los lazos con Israel más allá de los premios

Además de Argentina, Chile o Estados Unidos, también Daniel Noboa recibió la misma medalla cuando salió elegido presidente de Ecuador en 2023. De nuevo, con el mismo discurso centrado en la “libertad”. Su conexión con el derechista desde ese momento fue tal que la líder madrileña acabó participando en la campaña de 2025 de Noboa. “Este domingo hay que elegir, o socialismo o libertad”, decía Ayuso en un comentado mitin del presidente ecuatoriano. El mismo día en que la pareja de Ayuso, Alberto González Amador, declaraba ante la jueza.

Otros de los dirigentes que han recibido medallas de la Comunidad de Madrid en los últimos años son el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, o los líderes opositores de Venezuela María Corina Machado y Edmundo González. Pero más allá de los premios, hay otro país con especial conexión con la capital de España. En 2023, en uno de los viajes internacionales de Ayuso, la presidenta autonómica visitó Israel, donde se reunió con el gobierno que hasta la fecha era el más ultra de la historia del país. Una reacción a la decisión de la entonces alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, de romper el hermanamiento con Tel Aviv por el apartheid sobre el pueblo palestino.

“Nosotros no estamos en un momento para romper relaciones con nadie, con ningún país y mucho menos con un Estado democrático como el de Israel, un ejemplo de democracia como pocas y a la que nos unen muchos lazos culturales, económicos y políticos”, dijo Ayuso. Unos meses después, comenzó la guerra y el genocidio sobre Gaza. Tres años después, la presidenta autonómica no ha condenado la masacre que continúa, aunque sí ha protagonizado actos junto a organizaciones judías en Madrid y su gobierno viajó hace meses a Israel para buscar colaboraciones con empresas tecnológicas de ciberseguridad.

Después de años de infrafinanciación en la universidad pública, al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso se le empiezan a acumular los rescates obligados para evitar que los centros se hundan económicamente. La Universidad Rey Juan Carlos (URJC) se plantea ahora pedir en torno a 40 millones de euros a la Comunidad de Madrid, según ha adelantado este martes El País. El rector anunció el pasado viernes durante el Consejo de Gobierno de la universidad que “valora” solicitar el préstamo.

Si la URJC finalmente decide pedir el rescate al Gobierno de Ayuso, se convertirá en la segunda universidad en esta situación. Hace un año, la Complutense pedía un préstamo de 34,5 millones de euros, un rescate que la Comunidad de Madrid estaba ultimando para que el centro pudiera hacer frente a su “deficitaria situación económica”. En un comunicado, la Complutense recordó que la situación financiera de las universidades públicas madrileñas era el resultado de una “infrafinanciación” que les afecta desde la crisis de 2008.

Ya en ese momento, a finales de octubre de 2025, el entonces consejero de Educación, Emilio Viciana, admitió que la Rey Juan Carlos, el centro peor financiado de España, iba a correr la misma suerte que la Complutense. “Hay datos públicos en los que nos encontramos que hay alguna otra universidad, en concreto la Rey Juan Carlos, que también se encuentra en situación de déficit. Lógicamente nosotros, al igual que hemos hecho con la Complutense, nos situamos a su lado y vamos a ayudar en todo lo que sea necesario”, dijo.

En sus declaraciones, el consejero obvió entonces que la Universidad Rey Juan Carlos es la peor financiada de España y que la situación general de las universidades de la Comunidad de Madrid destaca si se compara con otras regiones del país. Un tercio de los ingresos de la URJC provienen de cobrarle al alumnado.

Sin embargo, este anuncio no se encuentra entre el resumen de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno de la institución que se envían a los trabajadores del centro. En el aspecto económico, la URJC especifica tres puntos adoptados: la aprobación de la actualización de precios públicos para instalaciones deportivas, una aprobación de la propuesta de modificación presupuestaria sobre el proyecto ERASMUS y otra aprobación de la propuesta de pagos individuales por incentivos a la docencia extraordinaria.

Precisamente esta semana, los días 4 y 5 de noviembre, todas las universidades públicas de la región se suman a la huelga del profesorado por la falta de medios. Una huelga que comenzó el 14 de octubre y que continúa con concentraciones de miles de personas para reivindicar una educación pública de calidad.

“Te entregamos esta medalla por todo lo que has hecho hasta el momento y todo lo que tienes por delante”. Con estas palabras la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha entregado este lunes la Medalla Internacional de la región al presidente de Chile, el ultraderechista José Antonio Kast. Como ya hizo con otros dirigentes de la extrema derecha, como el argentino, Javier Milei, o el ecuatoriano, Daniel Noboa, Ayuso ha dicho que ha decidido encargar la medalla al presidente chileno “en reconocimiento a su compromiso con la libertad, la seguridad, la prosperidad y la defensa de las instituciones”.

Tras presentar al Gobierno anterior del país latinoamericano, el del izquierdista Gabriel Boric, como el responsable de haber acabado con la “estabilidad económica” o haber cerrado sus puertas “a la inversión”, la presidenta ha dicho que Kast, en cambio, defiende una política de “impuestos bajos, estabilidad institucional y confianza en quienes trabajan, emprenden, invierten y crean empleo”. “Un camino que el presidente Kast ha decidido recuperar para devolver a Chile el protagonismo que merece entre las grandes naciones del continente”, ha dicho.

“En apenas unos meses de mandato, el presidente Kast ha situado estas prioridades en el centro de su acción de gobierno, con la firme determinación de devolver a los chilenos tranquilidad, confianza, control de su propio destino, también orden y un compromiso extraordinario con los niños, con la juventud y con la educación”, ha añadido, además de identificar al dirigente chileno, pero también a Milei y Noboa como representantes de “la defensa de la libertad y el derecho de sus pueblos a dirigir su futuro”.

Ayuso ha reivindicado una “alianza” entre Chile y España como “naciones hispanas en lo económico y en lo cultural, pero también en la política y en los valores y los principios”. “Porque somos naciones libres y nuestros gobiernos defendemos las democracias liberales y el Estado de derecho, que no van a ceder ante el autoritarismo”, ha añadido, sin mencionar directamente a la izquierda o al Gobierno de Pedro Sánchez, al que suele tildar de autoritario.

“Defendemos lo mismo”

“Nosotros como gobiernos defendemos a los dos lados del atlántico lo mismo. También creemos en las sociedades abiertas pujantes y dinámicas donde cada persona llegue tan lejos como su esfuerzo personal le lleve su talento y su voluntad”, ha añadido. A Kast le ha dicho que en Chile hacen falta “reformas valientes” que “son siempre el preludio y la antesala de la prosperidad ansiada y necesaria que necesitan todos ustedes”. “Que la riqueza no se va a multiplicar en prohibiciones, desde luego, pero tampoco la prosperidad se va a regalar desde despachos. Ningún país puede avanzar si los ciudadanos tienen miedo, si las empresas no tienen certeza, si no hay seguridad jurídica, si no hay confianza, si el poder político lo invade todo en la sociedad”, ha remachado.

Para la presidenta madrileña, con el mandatario ultra “Chile tiene ahora una oportunidad extraordinaria” para “volver a ser esa gran Chile que es la nación tractora que lo fue durante tanto tiempo en el continente”. “Y queremos que a los dos lados del Atlántico los dos gobiernos sigan intercambiando estudiantes, conocimiento, cultura, empresas, inversiones, que nos ayude a enriquecernos mutuamente”, ha añadido. “La libertad ante la imposición, la ley ante la arbitrariedad, la seguridad ante el miedo, prosperidad frente a la resignación y la dignidad de la persona frente a cualquier proyecto que intente someterla”, ha zanjado.

La mayoría de las comisiones que han organizado la acampada en la Puerta de Sol de Madrid desde hace más de un mes en defensa del derecho a la vivienda, autodenominadas Acampada 26S, han anunciado su progresiva disolución, la salida de la plaza de sus integrantes y la “mudanza” a los barrios con la finalidad de preparar la huelga general del 11 de noviembre.

Esta decisión se produce después de que la Delegación del Gobierno enviase este lunes un correo electrónico a la comisión de asesoría legal de la acampada en Sol para comunicarle que “podría resultar legítimo ponerle fin” a la concentración y el mismo día que la capital se blinda ante la amenaza de posibles disturbios y saqueos por las nuevas convocatorias de la plataforma Blocus.

“Desde Acampada 26S, comenzamos la llamada mudanza a los barrios para transmutar en un movimiento social y de clase trabajadora, comprendido como Movimiento 26S”, con el objetivo de “preparar la huelga general” señala un comunicado del movimiento Acampada 26S. Pese a reconocer un “desgaste de las fuerzas”, asegura que “inicia una nueva etapa” dejando claro que “ninguna de estas decisiones fue ordenada por un órgano de gobierno, sino que respondió a una percepción compartida de las cosas”.

Y en este sentido apunta lo siguiente: “Esto no significa que termine todo aquello que hemos construido. Las redes de apoyo, los vínculos y las formas de organización que han surgido durante estos días continuarán tomando distintas formas, respondiendo a las necesidades que siguen presentes”.

En el comunicado, las comisiones dan cuenta de sus “victorias” entre las que señalan, “una convocatoria de elecciones anticipadas”, la “aprobación de dos Reales Decretos en materia de vivienda” así como “movilizar todo el discurso público en torno al problema de la vivienda y la explotación de la clase obrera”.

Sobre el terreno, ya no hay ninguna organización ni comisión presente en Sol salvo la constituida por las personas sin hogar. No obstante, según ha podido constatar EFE y tras hablar con varios de los acampados, existe mucha tensión porque hay un grupo de personas que no pertenecen a ninguna organización ni comisión que no quieren abandonar la plaza, frente aquellos que sí lo van a hacer.

Por el momento, los integrantes de las comisiones han explicado a EFE su intención de marcharse progresivamente, poco a poco, si bien el ritmo es lento y apenas hay movimientos de tiendas.

Asimismo, los acampados no ocultan su “miedo” a la amenaza de posibles disturbios y saqueos por las nuevas convocatorias de la plataforma Blocus en diferentes puntos de España, como Madrid, teniendo en cuenta que la alerta en máxima no solo en 'la milla de oro' sino en establecimientos de la calle Alcalá.

Cientos de vecinos de Titulcia, de Ciempozuelos y de otros municipios de la comarca de Las Vegas se han concentrado este sábado en la plaza de Titulcia para expresar su rechazo al proyecto de construcción de una macroincineradora de residuos, promovida por la multinacional PreZero, situada en torno a 1,5 kilómetros del casco urbano y cerca de los ríos Jarama y Tajuña.

Antes de ello, a las 10:30 de la mañana, se había organizado una marcha a pie por la carretera M-404 desde el municipio más cercano, Ciempozuelos, a unos cinco kilómetros. Los vecinos de esta localidad también se muestran preocupados por los efectos que tendrá la contaminación provocada por la macroplanta en su salud y en el entorno. Decenas de ellos han llegado caminando a Titulcia para unirse a la concentración.

La movilización, convocada por la Plataforma 'No a la incineradora de Titulcia', ha reunido también a representantes de colectivos ecologistas, vecinales y políticos de distintos puntos de la región, según han señalado en un comunicado.

Al término del acto, dos vecinos del municipio han leído un manifiesto en el que han reclamado al Ayuntamiento de Titulcia que deniegue cualquier licencia que permita la instalación y a la Comunidad de Madrid que rechace la Autorización Ambiental Integrada y emita una declaración de impacto ambiental negativa.

El portavoz de la plataforma, Francisco Ramírez, ha asegurado que la organización está “absolutamente desbordada” por la respuesta ciudadana y ha defendido que la concentración demuestra que Titulcia y la comarca están unidas contra una instalación que, a su juicio, amenaza la salud y el medio ambiente.

“No vamos a permitir que nos impongan una macroincineradora de 300.000 toneladas al año”, ha afirmado el portavoz del colectivo, que además ha advertido de que el proyecto generaría emisiones de dioxinas, furanos, metales pesados y partículas tóxicas, además de incrementar el tráfico pesado en la zona, afectar a la agricultura local y comprometer los recursos hídricos de la comarca.

Tras la concentración, los organizadores han anunciado que intensificarán las movilizaciones en las próximas semanas, con nuevas concentraciones, charlas informativas y la presentación de alegaciones al proyecto. “Hoy hemos llenado la plaza, mañana llenaremos la Comunidad de Madrid de alegaciones. Esto no ha hecho más que empezar”, han señalado.

La Plataforma 'No a la incineradora de Titulcia', de la que forma parte la Plataforma Ecologista Madrileña, agrupa, según sus datos, a vecinos a título individual y a más de 80 entidades locales, comarcales y regionales. La organización reclama un modelo de gestión de residuos basado en la reducción, la reutilización y el reciclaje frente a la incineración.

Hace una semana, el partido ecologista Alianza Verde advirtió en un comunicado que, además de “un alto impacto en la salud de la comarca”, este tipo de proyectos son contrarios a la Directiva Marco de Residuos de la UE, que exige avanzar hacia el “residuo cero”, priorizando la recuperación de materiales en la economía.

La Asociación Madrileña de Compositores (AMCC) ha confirmado la muerte de su socia fundadora y primera presidenta, la compositora María Luisa Manchado Torres (Madrid, 1956), en el accidente ferroviario del pasado 28 de octubre en Urda.

La musicóloga viajaba para participar en una mesa redonda de la Facultad de Ciencia de la Educación de la Universidad de Sevilla, en la que se iba a analizar sus aportaciones a la música española. Un homenaje a su obra, a su figura, a su compromiso.

La asociación ha expresado la “gran consternación y dolor que la familia de compositores” tras conocerse la noticia.

“Quienes compartimos con ella el camino de la AMCC recordaremos, por encima de los cargos y los reconocimientos, a la compañera que creyó en la necesidad de unirnos, de organizarnos y de trabajar colectivamente por la música que escribíamos”, ha compartido la asociación en un comunicado. “Recordaremos también a una mujer de personalidad intensa, inquieta, comprometida, capaz de defender sus convicciones y de abrir caminos allí donde apenas había precedentes”.

Su trayectoria, añaden, “nos deja una herencia que va mucho más allá de sus partituras: la de haber contribuido a que otras músicas, otras voces y otras mujeres ocuparan el lugar que les correspondía. Y nos deja, a quienes formamos parte de la AMCC, el orgullo y la responsabilidad de continuar aquel proyecto que ella ayudó a fundar hace ya más de un cuarto de siglo”.

Un referente, Premio Nacional de Música

Pianista, doctora en Musicología y licenciada por la Universidad Complutense, Manchado comenzó su formación en el Conservatorio Superior de su Madrid natal, que completaría en ciudades como París, Roma, Turín y Darmstadt.

Sus más de cuatro décadas la convirtieron en todo un referente, y que fue reconocida con el Premio Nacional de Música en la modalidad de Composición, gracias al impacto de su ópera La Regenta, basada en la novela de Leopoldo Alas Clarín y con libreto de la filósofa Amelia Valcárcel. El jurado no pudo definir mejor la relevancia de su lectura actualizada de un clásico de la literatura universal, destacando que con ella dio voz “a un personaje femenino icónico que subraya el largo compromiso de la compositora con la igualdad”.

Y es que Marisa Manchado no solo compuso, también luchó pionera y férreamente por la visibilidad de las compañeras en el mundo de la música. En 1982 fundó el programa de radio Mujeres en la Música en RNE y en 1998 publicó el ensayo considerado de referencia Música y mujeres, género y poder (Ménades). En él quitó las telarañas de los análisis que consideraban que la música clásica, la contemporánea, la ópera y la misma composición, como fenómenos ajenos al machismo, el racismo y el colonialismo. No en vano, a finales de los noventa ocupó la Subdirección General de Música y Danza del INAEM.

De su obra destacan otras dos óperas, Escenas de la vida cotidiana, que estrenó en 1997 en el Teatro de la Abadía de Madrid y en el Festival de Otoño; y El cristal de agua fría, que contó con el libreto de Rosa Montero. “Es una música extraordinaria y una mujer maravillosa”, publicó la escritora en sus redes sociales, tras enterarse de la noticia de su desaparición.

Julieta Gallego, Antonio Montero, Adriana Marroquín, Antonio Acedo, César Vicente, Fátima Báñez, Raúl Triguero, Francisco José Barbero. Son algunos de los nombres de los muertos en la catástrofe ferroviaria de Urda. Las vidas que fueron segadas por la catástrofe. Las historias que terminaron cuando, a las 08:53 horas del miércoles, 28 de octubre, la cabecera del AVE 2080 chocó contra el Iryo 6079 en el corazón de la Mancha toledana. Un accidente que ha dejado al menos 69 muertos.

Aunque aún quedan muchos cuerpos por identificar, las autoridades ya están notificando a las familias la identidad de los muertos. Recorridos vitales cercenados que deben quedar para el recuerdo de familiares, amigos y conocidos. Para que nunca sean olvidados.

Fátima Báñez García, de 59 años, exministra de Trabajo y Seguridad Social, estaba entre los pasajeros del último vagón del Iryo. Iba a Sevilla para participar, como presidenta de la Fundación CEOE, en un acto del Día de la Empresa de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA). Su identificación, en el Instituto de Medicina Legal de Toledo, habilitado como anatómico forense, ha supuesto un auténtico calvario para sus familiares, amigos y compañeros de profesión.

Junto a los familiares y amigos de Báñez, ha estado el exsecretario de Trabajo de México, Alfonso Navarrete, quien acudió expresamente a “abrazar y arropar” a sus conocidos. Ambos se habían conocido cuando compartieron cartera en España y en México, y trabajaron juntos en la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

La exministra había escrito a Navarrete la noche antes del accidente, al saber que él estaba en España. Le comentó la posibilidad de que sus familias pudieran juntarse un día. “Al día siguiente, recibí un mensaje de Jaime, su esposo, diciéndome que ella estaba en ese tren, y ahora que ya sabemos que ha fallecido, hemos venido a darle un abrazo a sus hijos, a sus hermanos, a su esposo, a su familia”, ha explicado el exsecretario de Trabajo mexicano.

Las condolencias por la muerte de Fátima Báñez no han dejado de multiplicarse, desde el ámbito personal y también político, empresarial y sindical: desde el propio presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo (que acudió a firmar en el libro de condolencias en la sede del partido de la calle Génova de Madrid) hasta la actual ministra de Trabajo, Yolanda Díaz; junto con UGT, CCOO y otros sindicatos, confederaciones y patronales.

Julieta Gallego tenía 24 años –los había cumplido el 9 de octubre– y era saltadora de longitud del club madrileño AD Sprint. Especialista en longitud y 60 metros. Vivía en Alemania y, el día del accidente, estaba yendo a Córdoba a visitar a sus abuelos. “Una vida por delante que se apaga injustamente”, dijo el presidente de la Real Federación Española de Atletismo, Raúl Chapado, al conocerse su muerte: “El deporte llora la marcha de Julieta”.

Su equipo recibió la noticia con “el corazón encogido”. “Nos despedimos de nuestra atleta Julieta Gallego, integrante de nuestro grupo de saltos”, escribieron en un comunicado. “Descansa en paz, Julieta. Siempre formarás parte de nuestra familia Sprint”.

Iván Romano Ramos. Este policía nacional de 42 años ocupaba el vagón 8 del AVE que protagonizó la colisión. El agente era natural y vecino de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) y que acababa de ser padre recientemente.

La Policía Nacional confirmaba su fallecimiento tras ser identificado su cuerpo entre las víctimas y trasladaba el pésame a la familia, amigos y seres queridos, así como a los del resto de víctimas.

Antonio Montero Domínguez era inspector de Hacienda. Miembro del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado, tanto en la especialidad de Inspección Financiera y Tributaria como de Aduanas e Impuestos Especiales, varios medios jurídicos especializados han reconocido y alabado su trayectoria.

Fue responsable de varias dependencias en las Delegaciones Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) en Madrid y Valencia. En 2004, se incorporó como Subdirector General de Tributos en la Dirección General de Tributos del Ministerio de Hacienda, siendo responsable del desarrollo reglamentario de la actual Ley General Tributaria. También era profesor coordinador de la Escuela de Hacienda Pública, en los cursos de formación para funcionarios de nuevo ingreso y de formación permanente, así como para otros empleados públicos, tanto nacionales como internacionales.

La presidenta de la Asociación de Inspectores del Estado, Ana de la Herrán, con motivo de un congreso de este sector en Toledo, lamentaba su muerte: “El problema no son los trenes, sino las personas que organizan, dirigen y gestionan”.

Adriana Marroquín era ingeniera y tenía 27 años. Aunque era de origen alicantino, vivía en Madrid. Trabajaba como desarrolladora de producto de la empresa Engie, un grupo capital francés centrado en la energía. Fue su hermana la que avisó de que había desaparecido tras el accidente. Viajaba de Madrid a Sevilla por motivos laborales.

Antonio Acedo nació en Móstoles (Madrid) y tenía 36 años. Era el maquinista del AVE 2080, hijo y nieto de trabajadores del sector del ferrocarril. De su pasión por los viajes y los trenes nació el blog que escribió durante diez años: 'Paisajes desde el tren'.

“Viajé con frecuencia en AVE entre los trayectos de Madrid, Barcelona y Valencia”, escribió sobre las razones para empezar un blog. “En dichos viajes es donde comencé a observar la belleza sublime del paisaje efímero que se desvanece con el propio paso del tren. Las primeras imágenes en mi origen están tomadas con un teléfono móvil adosado a la ventana del tren captando la relación entre el poder y el esplendor de la naturaleza sobre el hombre, así cómo la fugacidad de la belleza imperceptible, quién sabe si por la velocidad o por la falta de observación”.

Acedo también fue militante de Izquierda Española. Fue, precisamente, la propia formación política y su fundador, Guillermo del Valle, los que anunciaron que había muerto en la tragedia de Urda.

María Luisa Manchado Torres era compositora y musicóloga. Viajaba en el AVE para participar en una mesa redonda de la Facultad de Ciencia de la Educación de la Universidad de Sevilla, en la que se iba a analizar sus aportaciones a la música española. Un homenaje a su obra, a su figura, a su compromiso. La Asociación Madrileña de Compositores (AMCC) ha confirmado la muerte de su socia fundadora y primera presidenta.

No solo compuso, también luchó férreamente por la visibilidad de las compañeras en el mundo de la música. En 1982 fundó el programa de radio Mujeres en la Música en RNE y en 1998 publicó el ensayo considerado de referencia 'Música y mujeres, género y poder' (Ménades). En él quitó las telarañas de los análisis que consideraban que la música clásica, la contemporánea, la ópera y la misma composición, como fenómenos ajenos al machismo, el racismo y el colonialismo. No en vano, a finales de los noventa ocupó la Subdirección General de Música y Danza del INAEM.

José Manuel Chacón tenía 31 años. Fue uno de los dos guardias civiles que desapareció tras el accidente. Destinado a la Unidad Técnica de Policía Judicial, vivía en Madrid y volvía a su Sevilla natal para visitar a su familia. Su cuerpo fue identificado el día después de la tragedia. La noticia la recibió su familia en la estación de Santa Justa.

Juan José García Palacios. Sevillano de 26 años, también era agente de la Guardia Civil. Viajaba en el AVE. La familia había estado difundiendo su foto en los tres últimos días, sin resultados. El Ayuntamiento de El Palmar de Troya ha trasladado su pésame a través de las redes sociales, compartiendo su pésame con su entorno y familia: “Su pérdida nos ha dejado un profundo sentimiento de tristeza y desolación”.

David Reina. El malagueño tenía 22 años y era técnico de Renfe, entre los fallecidos en el accidente ferroviario de Urda Desde el accidente la familia y los amigos se han movilizado para obtener cualquier pista o información que pudiera ayudar a dar con su paradero. El joven, que estudió FP ferroviario en Málaga, iba en el tren AVE, en concreto en el vagón 8, y venía para pasar unos días con su familia.

Raúl Triguero nació en Guadalajara y tenía 43 años. Era reportero del programa '¡De Viernes!' de Telecinco. Triguero empezó a trabajar en la cadena en 2006, como becario. Viajaba en el vagón ocho del AVE. Iba a Sevilla a entrevistar a Amador Mohedano.

César Vicente Sanz tenía 64 años y viajaba con su gato. Trabajaba como profesor en el IES Híspalis de Sevilla. Su hijo, el actor sevillano César Vicente, conocido, entre otros muchos papeles, por su aparición en la película Dolor y Gloria de Pedro Almodóvar, hizo un llamamiento masivo en redes sociales el día del accidente porque su familia no conseguía contactar con él.

“Gracias por haber estado a mi lado en mis momentos de duda y duras decisiones”, escribía el intérprete al conocerse el fallecimiento de su padre. “Seguiré escuchando Bambino todas las tardes, con nuestras charlas sobre la felicidad y la pureza del ser humano, ¿te acuerdas?. Siento tu peso en mi pecho, en mi corazón, no hay alma que pueda quitarme esta pena”.

Francisco José Barbero Liébanas nació en Córdoba y tenía 32 años. Había estudiado en la Universidad de Jaén y vivía en Madrid, desde donde cogió el tren para pasar el puente con sus padres. Ha sido a ellos, en Toledo, donde se habían desplazado para intentar encontrarle, a quienes les han comunicado el fatal desenlace tras el accidente.

María de los Ángeles Mazo era madrileña, aunque llevaba varios años viviendo en el municipio malagueño de Cuevas de San Marcos. “Formaba parte de la vida de nuestro municipio y su recuerdo permanecerá entre quienes tuvieron de compartir momentos con ella”, aseguran desde el Ayuntamiento de la localidad.

Propietaria del Hostal R-Conecta, había conseguido lanzar su negocio en un pueblo de casi 4.000 habitantes. Un pueblo que la recordará “muy querida, emprendedora y sociable”.

Alexandra García Bartolomé, de 39 años y orígenes abulenses, de la localidad de San Pascual, era vecina de Torrejón de Ardoz (Madrid). El alcalde Alejandro Navarro ha comunicdo su fallecimiento y ha trasladado su pésame a la familia a y a los amigos.

Francisco J.R. tenía 51 años, estaba casado y era padre de un hijo de cinco años. Empresario afincado en Madrid, viajaba en el vagón siete del AVE. Estaba volviendo al sur andaluz para visitar a sus amistades y familiares.

Manuel Castrillo Tambay, cirujano oral y maxilofacial, fue director médico de Quirónsalud. Después pasó a ocupar el puesto de jefe de departamento de Asesoría Médica y Mutualidades en SegurCaixa Adeslas hasta abril de 2025, cuando dio el salto a Nueva Mutua Sanitaria. Ha confirmado su fallecimiento la Sociedad Española de Cirugía Oral y Maxilofacial y de Cabeza y Cuello.

Alberto Arroyo Martínez era vecino de la localidad madrileña de Villanueva del Pardillo. El Ayuntamiento ha comunicado su fallecimiento. “Como muestra de respeto y reconocimiento a su persona, el alcalde, Eduardo Fernández Navarro, ampliará el luto oficial hasta el domingo 8 de noviembre”, ha dado a conocer el consistorio, donde la bandera del municipio ondea a media asta.

“Eras un disfrutón de la vida, pero también un hombre de enorme disciplina. Deportista nato desde siempre, el deporte era tu vitamina diaria. Pero si algo te definía por encima de todo era tu bondad, tu capacidad de escuchar y esa manera tan discreta y especial de estar para con los demás”, destaca el comunicado municipal. “Tu bondad y tu luz seguirán acompañándonos siempre. Descanse en paz”, concluye.

José (Pepe) San Emeterio tenía 54 años. Sus hermanos Esther y Manuel han estado buscándolo desesperadamente en Toledo durante los tres últimos días. De origen sevillano, iba en el vagón ocho del AVE y viajaba con su perro, que sí pudo ser localizado y entregado a su cuñada. Empresario y amante de la tecnología, era padre de una joven de 16 años.

Juan Manuel Ossorio Torres, de 61 años, era vecino del municipio gaditano de Benalup-Casas Viejas. Residía en Madrid cuando, por motivos laborales, se desplazaba hacia Sevilla. Su fallecimiento lo ha confirmado la Diputación de Cádiz, y el Ayuntamiento de la localidad ha decretado día de luto oficial y le ha dedicado unas palabras: “Era un enamorado de su pueblo, de su gente y de entorno que tuvo que cambiar de residencia por el trabajo desde que terminara sus estudios en Algeciras, pero que nos visitaba continuamente junto a sus dos hijas y esposa”.

Mercedes Irazola Bezares, una joven riojana que también viajaba en el tren. La televisiva Valeria Ros había hecho en las últimas horas un llamamiento para tratar de localizar a su amiga. Hoy se ha confirmado su muerte.

Antonio Vázquez iba en el vagón número 8 del Iryo. Dirigía desde 2016 la carrera de Pablo Aguado y había acompañado al diestro a lo largo de su trayectoria. El taurino, hermano de Curro Vázquez, falleció tras el impacto entre los trenes.

David Martínez Méndez tenía 25 años y vínculos familiares en Sevilla. En un comunicado, su familia y seres queridos han agradecido todo el cariño y ayuda “en estos momentos tan difíciles”. Desde el pasado jueves, 29 de octubre, la familia del joven había hecho un llamamiento a la colaboración ciudadana para poder localizar, detallando que viajaba en el vagón 7 del AVE siniestrado. Estos días habían recorrido diferentes centros hospitalarios en busca de información, entre ellos, el Hospital Universitario de Toledo y el Hospital 12 de octubre de Madrid.

Daniel Cabañas, Salvador García y Enrique Flores eran vecinos de Leganés (Madrid). El Ayuntamiento ha publicado en redes sociales la confirmación de su fallecimiento junto con un mensaje de pésame: “Nuestra ciudad lamenta su pérdida desde lo más profundo de nuestros corazones y se pone a disposición de sus familias y amigos para lo que necesiten”.

Eleuterio del Olmo. Tenía 50 años y vivía en El Casar (Guadalajara). Su familia y sus amigos le buscaron durante cuatro días, difundiendo su imagen a través de las redes sociales. “Despedimos a una gran persona y a un gran amigo”, publicaba el Club de Fútbol de Fuente El Saz.

Tamara González Costa. La biocientífica en medicina regenerativa y biología cardiovascular de 31 años era de Bembibre (León). La científica se encontraba en el coche de pasajeros número 8 del AVE siniestrado, que por el sentido de la marcha se encontraba justo detrás de la locomotora que impactó contra el Iryo. Actualmente vivía en Austria, donde ejercía como investigadora posdoctoral en el prestigioso Instituto de Biotecnología Molecular (IMBA) de Viena, consolidando un perfil científico de proyección internacional.

Marta Shahbazi. La científica de 41 años vívía en Cambridge, hija de un refugiado iraní de los ayatolás y vinculada a Carrizo de la Ribera por su madre, es sobrina de la biofarmacéutica de León y premio nacional de Ciencia Juan de la Cierva en 2021, María José Alonso. Su familia corroboró a 'The Sunday Times' que recibió el sábado la noticia de su muerte. Viajaba en el coche de pasajeros anterior a la máquina del AVE.

Carlos Ortiz era director de Colegios del Centro de Estudios Universitarios (CEU). Su fallecimiento lo ha confirmado y lamentado esta institución. También era director del Colegio CEU San Pablo Sanchinarro de Madrid.

“Carlos era una persona muy querida en nuestra institución y su pérdida nos conmueve profundamente”, han subrayado en un comunicado tanto el CEU como la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP). Ambas instituciones han trasladado su “cariño y cercanía” a su mujer, Mónica, a toda su familia y, “de manera muy especial”, a la comunidad educativa del Colegio CEU San Pablo Sanchinarro.

Andrea Olmos. Era de Figueres. “Una pérdida que nos golpea profundamente”, ha escrito el president de la Generalitat en su cuenta de la red social X. El Ayuntamiento de Figueras también ha expresado sus condolencias.

Patricia Fernández Häring era arquitecta madrileña, fue vocal de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid que ha expresado su profundo pesar por el fallecimiento de su compañera y colegiada. Una persona “siempre comprometida con un Colegio abierto, participativo y cercano a sus profesionales”.

David Benítez. Tenía 38 años y era vecino de Chiclana. Viajaba en el vagón número 8 del AVE. Su hermana, Ana Benítez, acudía a los medios de comunicación y a las redes sociales para encontrar al joven después de que se activara su historial clínico en la atención primaria de Castilla-La Mancha. Horas después de que interpusiera la denuncia en un cuartel de la Guardia Civil en Sevilla, se ha conocido el deceso.

Laura Arcones Ferreras. Formaba parte del cuerpo técnico del Ministerio de Cultura de España, donde desempeñaba su labor profesional en el Archivo General de la Administración (AGA). Tras confirmarse su fallecimiento, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, así como las cuentas oficiales del propio ministerio y de sus compañeros en el AGA y en otros archivos han expresado sus condolencias.

María del Carmen García Guevara . Esta joven de 26 años originaria de Rute, en Córdoba, se había trasladado con sus padres a Mallorca. Actualmente vivía en Madrid y viajaba a Sevilla en uno de los trenes siniestrados por motivos laborales. Trabajaba en una empresa del sector de la publicidad. “La Corporación Municipal, en nombre de todo el pueblo de Rute, desea trasladar sus más sinceras condolencias a su familia, amigos y allegados, acompañándolos en el dolor por esta irreparable pérdida”, publicaba el Ayuntamiento de Rute, en unas condolencias a las que también se ha sumado el ayuntamiento mallorquín de Inca.

Carlos Martínez Millet era director Financiero y de Operaciones, además de consejero de la empresa Sport Life Ibérica, un grupo de comunicación en España especializado en la publicación de revistas, la organización de eventos deportivos y de motor, y el desarrollo de estrategias de marketing y contenidos a medida. “Carlos deja una huella imborrable entre quienes hemos tenido la suerte de trabajar con él y hace que su pérdida, en el desgraciado y evitable accidente de tren de Urda, sea especialmente dolorosa”, publican hoy en el grupo. 

Ana Avilés, la mujer de 68 años que viajaba a Sevilla para acudir a la boda de su hija. Residía en Madrid e iba en el vagón 7 del AVE.

Ignacio López Espinosa era arquitecto. Tenía 63 años, viajaba en el asiento 17D del vagón 7 del AVE y vivía en Málaga por motivos laborales. Su familia, parte de ella residente en A Coruña, se desplazó a Madrid para tratar de localizarlo tras el accidente.

Cristina Ferris ha sido identificada como una de las víctimas del choque de trenes en Urda, Toledo. La farmacéutica, de 41 años, viajaba en el vagón 8 del AVE. La gaditana residía actualmente en Sevilla, aunque mantenía un fuerte vínculo con el municipio de Rota, en donde había crecido, y formaba parte de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps). El Ayuntamiento compartió un comunicado en el que traslada su apoyo y solidaridad a los familiares. Un gesto al que también se sumó el Colegio de Farmacéuticos de Sevilla y la Universidad de Sevilla, que ha compartido “su cariño y apoyo” a los allegados de la profesional “en estos momentos de profundo dolor”.

Aún son muchos, muchos más, los fallecidos en Urda. No todos caben en una simple crónica, pero a todos ellos, a sus familias y amigos, va dirigido nuestro cariño, pésame y abrazo.

La cantante y compositora madrileña, con raíces andaluzas, Clara Montes, es una de las personas que han resultado heridas en el siniestro ferroviario ocurrido el 28 de octubre en Urda (Toledo), tal y como han confirmado fuentes cercanas a la artista.

El accidente ha dejado al menos 69 muertos y centenares de heridos, sin que se haya concretado el número exacto. Es el caso de Clara Montes ingresada en el Hospital Universitario de Toledo con pronóstico reservado. Es una de las personas a las que, según ha sabido este medio, han visitado hoy los Reyes de España, que han pasado tanto por el centro hospitalario como por la casa sacerdotal, lugar de acogida desde anoche de los familiares de personas desaparecidas tras el accidente.

Este viernes, a través de un mensaje en Facebook desde el hospital de Toledo dice que “más que nunca” da las “gracias por poder estar aquí”.

“Mi estado de salud, dentro de la gravedad, no reviste peligro”, continúa en el mensaje. “Mi corazón está con las víctimas de este terrible accidente, con sus familias y con todos los que están sufriendo esta pérdida irreparable. Recibid mi cariño más sincero y mis más profundas condolencias”.

La artista agradece “de corazón la entrega de todos los equipos de emergencia, sanitarios, fuerzas de seguridad y profesionales que han estado ayudando desde el primer momento. Gracias también por la visita de Sus Majestades los Reyes en el hospital y a todas las personas que han estado a nuestro lado, cuidándonos y acompañándonos”. “Y gracias a todos los que habéis llamado, escrito y os habéis preocupado por mí. He sentido vuestro cariño y os estoy profundamente agradecida”, deseando “una pronta recuperación para todos los heridos y envío toda mi fuerza a sus familias”.

La artista fusiona copla, flamenco, canción de autor y los sonidos mediterráneos con una voz potente y versátil. Es además, muy conocida por poner música y voz a grandes poetas españoles. En 1998 su álbum dedicado a los poemas de Antonio Gala le permitió ganar un Premio de la Música, y posteriormente ha adaptado obras de autores como Rafael Alberti

La llamada urgente de donación de sangre ante las decenas de heridos que ha causado el accidente de tren ocurrido el miércoles en la línea Madrid-Sevilla, a la altura de la localidad de Urda (Toledo), ha recibido una respuesta masiva en la Comunidad de Madrid. La afluencia de ciudadanos a los centros y puntos habilitados para extracción superó este miércoles todas las previsiones hasta el punto de que las autoridades autónomicas pidieron aplazar ese gesto de solidaridad para los próximos días, cuando seguirá siendo necesario. Las donaciones continúan este jueves desde primera hora de la mañana con el objetivo de mantener las reservas de sangre para ayudar a los afectados.

El Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid lanzó este miércoles un llamamiento urgente ante el posible aumento de la demanda sanitaria derivado del accidente. La respuesta ciudadana superó los registros habituales, con más de 4.0000 donaciones, según datos difundidos por la Comunidad de Madrid.

Entre quienes han acudido a donar está Pilar, que explica que el accidente fue lo que le animó a dar el paso. “Es la única forma que tenía de colaborar, de ayudar, y quería hacerlo”, cuenta. Su gesto resume la motivación de muchos de los ciudadanos que han acudido a los centros de extracción para ayudar en la atención de los heridos. “Animo a todos los que puedan a venir”, añade.

Una de las voluntarias de la Cruz Roja que se encuentra en la Unidad Móvil ubicada en la esquina de la calle Gran Vía con la calle Montera agradece la “respuesta tan positiva” que ha habido por parte de la ciudadanía y recuerda que “será necesario mantener este nivel para los próximos días”. “Entre ayer y hoy están todas las reservas casi llenas, pero animamos a la gente a venir los próximos días para que podamos mantenerlas a lo largo del tiempo”, explica.

Me impacta mucho que hayamos tenido el accidente de Adamuz hace solo diez meses y ahora tengamos otro nuevo accidente. Es horrible

Sergio es usuario habitual de la línea Madrid-Sevilla, la misma en la que se ha producido el accidente, y reconoce que el suceso le ha afectado especialmente. “Me impacta mucho que hayamos tenido el accidente de Adamuz hace solo diez meses y ahora tengamos otro nuevo accidente. Es horrible”, afirma. Aunque no suele donar sangre, esta vez ha decidido hacerlo para ayudar todo lo que esté en su mano. “Estoy muy impactado. Esa línea la cojo mucho y hoy he decidido donar por solidarizarme con los afectados. No es mucho, pero quiero ayudar en lo poco que pueda”, añade.

En este sentido, Sergio explica que ayer ya había intentado donar, pero debido al alto volumen de donaciones, le recomendaron volver hoy para mantener las reservas de sangre. “Lo importante es sostenerlas en el tiempo, por eso es bueno que la gente venga dentro de unos días, para que luego no haya un bajón”, indica.

Detrás de él está María, que señala que llevaba tiempo pensando en donar, pero el accidente fue lo que ha terminado de convencerla. “Ayer fue el punto de partida”, cuenta, y añade que “es una forma de contribuir cuando no todo el mundo puede ayudar estando físicamente en el lugar del accidente”. “Es importante que aportemos nuestro granito de arena”, resume.

Todos los aquellos que se han animado a donar coinciden en una misma idea: la solidaridad no debe agotarse. Hasta ahora, la llegada masiva de ciudadanos ha permitido responder al llamamiento urgente tras el accidente de Urda (Toledo). Sin embargo, es importante que las reservas se mantengan y que las donaciones continúen durante los próximos días.

Los ciudadanos que quieran donar pueden acudir al Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid, a los hopsitales con puntos habilitados de extracción o a las unidades móviles de donaciones. Los horarios y las ubicaciones pueden consultarse en la web de la Comunidad de Madrid.

César Alonso es un médico jubilado de 66 años. En agosto empezó a dolerle la pierna y su médico de cabecera le derivó al traumatólogo de manera “preferente”. A los dos días le llamaron del servicio de citas de la Comunidad de Madrid, pero para decirle que no le daban cita: “Me dijeron, literalmente, que no había lista de espera disponible, que ya me avisarían cuando se abriera”. Es decir, las agendas médicas se habían cerrado y le dijeron que todavía no había entrado en el sistema oficial que recoge cuánto espera cada persona en la región para ser tratado. César no contaba para el sistema porque el contador no se activa hasta que la cita se da. Su caso no es único.

En 2025 se contabilizaron 366.603 pruebas y visitas a especialistas que, habiendo sido ordenadas, no obtuvieron el volante, formando así una bolsa de pacientes oculta en los registros de la Comunidad de Madrid, que publica en abierto solo las esperas una vez la cita se ha dado (es más o menos coincidente con el número de pacientes, pero un mismo paciente puede estar en la lista de espera de pruebas diagnósticas y de especialista, por ejemplo).

Esas demoras de los pacientes “sin cita” solo se pueden obtener revisando año a año las memorias del Servicio Madrileño de Salud (Sermas), ya que la web del Gobierno de Ayuso no los contabiliza junto al resto. También figura en los datos que Madrid aporta al Ministerio de Sanidad, pero sin desglosar. Por eso la Consejería considera, a preguntas de elDiario.es, que no se puede calificar de “lista oculta”.

Estos pacientes sin cita se han quintuplicado desde 2023, el año en el que Ayuso ganó por mayoría absoluta. De 71.755 pruebas y visitas sin citar entonces se ha pasado a 366.603 en 2025, año con los últimos datos disponibles. Destacan especialmente (para mal) las especialidades de traumatología y ginecología.

El activista por la sanidad pública Óscar Hernández visualizó hace unos meses los datos de quienes no tienen un volante con fecha: “Lo de traumatología es un ejemplo significativo. Los pacientes atrapados en este limbo sin cita se han multiplicado por 22 en los últimos dos años”, explica.

“Estas dos especialidades, trauma y ginecología, son precisamente las que cuentan con más asistencia a la privada. Hay que preguntarse por qué”, señala José Manuel Freire, profesor de la Escuela Nacional de Sanidad y exdiputado del PSOE en la Asamblea. Este experto en gestión sanitaria apunta a los riesgos asociados a un sistema que te hace esperar meses o años. “En Madrid han aumentado mucho los seguros privados, lo cual deslegitima lo público. La gente se pregunta para qué pago impuestos si luego tengo que pagar una póliza para que me vea el médico en un tiempo razonable”. César lo sabe bien: “Mi caso ha sido calificado como preferente y ni siquiera me citaron. De hecho, ahora tengo síntomas neurológicos, como hormigueo”. Hace una semana le ofrecieron finalmente una visita para el 29 de octubre. Pero del año 2027.

Según Sanidad, “el aumento responde a la adecuación de la actividad tras la pandemia: el Sermas ha recuperado y superado su actividad previa —13,7 millones de consultas en 2025, frente a 13,5 millones en 2019— para atender a una población que ha crecido en más de 440.000 personas desde 2020” y destaca que los “sin cita” no son un grupo homogéneo, ya que también hay reprogramaciones o derivaciones según prioridad.

Respecto a las pruebas médicas con más atasco y con más pacientes esperando sin siquiera tener fecha están las resonancias magnéticas (más de 42.000 “sin cita”) y las ecografías (casi 30.000 en 2025). También hay esperas de volante de derivación en mamografías: de las 20.000 pendientes de hacer el año pasado, casi la mitad era de mujeres que ni siquiera habían sido citadas.

elDiario.es ha hecho un análisis de datos sumando en una lista el total de personas esperando (con cita y sin cita). En 2025 había más de 1,4 millones de personas aguardando operación, pruebas o que le visitara un médico especialista. Esta última es la bolsa de espera más alta, con casi un millón de personas.

Pese a que el Gobierno de Ayuso saca pecho en algunos indicadores de demora de especialidades concretas o usando medias globales, la realidad es que desde 2017, y especialmente desde la pandemia de 2020 (el primer gobierno de la presidenta se inició en 2019), han empeorado especialmente los indicadores de la lista de espera para el especialista: se ha duplicado el número de pacientes en espera (+92%), la demora media ha subido un 86% y los pacientes que aguardan más de tres meses para ver al especialista se han incrementado un 321%.

La población de la región ha aumentado en más de 600.000 personas en ese tiempo. Mientras, el dinero destinado a personal sanitario se contiene cada año, incluso se presupuesta de manera tan escasa que no da para pagar las plantillas y hay que hacer constantes parches, como admitía la propia consejería de Sanidad en un documento interno que publicó elDiario.es. Las pruebas diagnósticas es el único indicador que ha bajado mínimamente en ese periodo (en 23.000 personas respecto al año anterior, aunque son casi 300.000 pruebas a la espera).

La Comunidad de Madrid, que en julio aseguró en una comunicación oficial que había reducido las listas de espera en el primer semestre de 2026, también utiliza la derivación a los hospitales públicos de gestión privada para reducir las demoras. A muchos pacientes se les ofrece como alternativa que acudan a hospitales de Quirón (hay cuatro en la región, entre ellos la Jiménez Díaz) o Ribera Salud (el de Torrejón), que pueden contratar o ampliar horario sin tener que cumplir con las estrictas normas del sistema público. Se ha llegado a citar a pacientes de madrugada.

Si el paciente no acepta porque quiere seguir en su hospital de referencia público se contabiliza como “rechazo de derivación”. Quienes no pueden ser operados por cualquier motivo (por ejemplo, están convalecientes de otra operación) se contabilizan como “transitoriamente no operable”. La lista de espera quirúrgica los suma a todos (no pasa lo mismo en pruebas y especialista, que se desagregan, lo que impide tener una visión global del problema).

Cuando las esperas son muy largas, también hay pacientes que deciden cambiarse de hospital desde el público a alguno de estos privatizados, gracias a la ley de libre elección que instauró Esperanza Aguirre y que convierte al paciente en un posible cliente para empresas con interés en captar desde la pública: “En traumatología, decenas de miles de pacientes salen del Ramón y Cajal (-7.809), 12 de octubre (-7.920) o La Paz (-8.018) y son absorbidos por hospitales de Quirón, como la Fundación Jiménez Díaz (+38.247), Rey Juan Carlos de Móstoles (+18.252) o Villalba (+9.363)”, explica Hernández.

La libre elección de primeras consultas en 2024 era de 11% y en 2025, a falta de que se publiquen todos los datos, al menos de 12,2%. La ganancia está en que los hospitales privatizados cobran al Servicio Madrileño de Salud por cada paciente extra que atienden de fuera de su zona de influencia, de manera que las largas listas de espera en la pública son una oportunidad de negocio para estos gigantes sanitarios. También para los seguros privados, que han crecido exponencialmente en esta región (cuatro de cada diez madrileños paga ya póliza privada).

“En los hospitales se cierran las agendas y así tu volante se mete en un cajón hasta que se abren agendas de nuevo. ¿Por qué? Así se controla la lista de espera, se engrosa o reduce. Cuando te llaman, te ofrecen el hospital público y luego muchas veces te ofrecen en Quirón más pronto”, resume Ana Encinas, testigo de los procesos como médico de Atención Primaria en Madrid y defensora de la sanidad pública en distintas plataformas. La portavoz de Sanidad de Más Madrid, Marta Carmona, explica que el Gobierno de Ayuso saca pecho de algunas cifras porque maquilla datos: “La actividad de poca complejidad es muy rápida y sale adelante también por la libre elección, pero hay otra lista de espera muy larga. Si yo me como dos pollos y tú ninguno, la media dirá que nos hemos comido un pollo por persona, pero no es así”, resume como metáfora del conteo de esperas en Madrid.

“Pero el gobierno regional sabe perfectamente cuál es la espera real, como también lo saben los médicos por el sistema interno, lo que pasa es que han diseñado una serie de buzones distintos donde meten a distintos pacientes para que los datos den mejor imagen”, explica Carmona.

El Ministerio de Sanidad anunció en junio un real decreto que unificaría los criterios y datos que aparecen en las listas de espera de todas las comunidades autónomas para evitar diversidad de datos, con la intención de tener una radiografía clara y con criterios técnicos que diera una imagen fiel en cada territorio. Los consejeros autonómicos no pusieron grandes pegas en asumir criterios uniformes al inicio, pero el pasado viernes acabaron por votar en contra las comunidades autónomas gobernadas por el PP.

La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha explicado a este medio que se está trabajando en reducir las esperas con “la priorización clínica de las derivaciones, adecuación de la citación a quienes más tiempo llevan pendientes a misma prioridad clínica, codificación del motivo de cada solicitud, derivación a centros con menor demora” o las consultas telemáticas, una nueva apuesta que ha crecido un 800%, según datos de la propia Sanidad.

César Alonso, que ha sido médico y ahora paciente por su dolor en la pierna, sigue esperando a ver si le adelantan la cita, mientras que se ha pagado un fisio por su cuenta. Cuando le vean su dolencia “preferente”, en 2027, es muy probable que ya no le duela o que se haya buscado una solución de pago, aunque por el momento no quiere pasar a los hospitales privatizados de Quirón o Ribera si se lo ofrecen, cuenta a elDiario.es. “Me parece increíble y un descontrol que Madrid tenga miles de pacientes, algunos más graves que yo, sin control, esperando a ser atendidos o a tener una cita sin que nadie se interese por si han mejorado o empeorado”, concluye.

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Tiene 72 años y un 72% de discapacidad intelectual. Sus circunstancias la han llevado a permanecer durante años en centros especializados en Castilla y León, pero los problemas vinieron cuando su familia quiso trasladarla a la Comunidad de Madrid. La administración la dejó fuera de las plazas de centros especializados al pedir el acceso siendo mayor de 65 años. Esto ha llevado a su hermano, que también es su tutor, a una batalla legal durante meses que ha acabado con la condena al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso a pagarles 10.000 euros por daño moral, algo que la Comunidad va a recurrir.

El hermano de esta mujer, José Manuel, es el único apoyo que tiene, tanto familiar como económico. En conversación telefónica pide que se mantenga en el anonimato a su hermana y propone llamarla ‘Maricarmen’, en honor a la anciana de 87 años que falleció después de que la desahuciaran. Desde hace meses lleva luchando para intentar que se reconozcan las necesidades que tiene Maricarmen, con grado II de dependencia reconocida y que celebra la sentencia como “un paso adelante”.

“Lleva 17 años siendo atendida en centros de discapacidad intelectual” en Castilla y León, explica. En 2025 decidieron trasladar el expediente a la Comunidad de Madrid para que pudiesen estar más cerca mientras ella ingresaba a través de una plaza privada en una de estas residencias especializadas. Ahí conoció a su pareja, Alejandro, mientras la comunidad autónoma resolvía el expediente. Finalmente, la Comunidad le reconoció una prestación económica vinculada al servicio residencial (PEVS) pero no la incorporó al servicio residencial del Programa Individual de Atención (PIA), lo que hizo que no entrara en lista de espera para poder acceder a una plaza pública en un centro especializado, tampoco a una concertada. Eso hace que sí o sí tenga que ir a una residencia privada. La Administración, que tardó además mucho más tiempo del fijado por la normativa en responder, no entró a explicar por qué en su caso no aplicaba este servicio. 

José Manuel reconoce que les es imposible asumir los costes porque, además, la gestora de la residencia de su hermana les ha avanzado que subirán los precios hasta los 3.000 euros mensuales, más otros posibles gastos que pueda necesitar Maricarmen. La mujer tendría que dejar el centro, su rutina y las personas que ha conocido en él. Especialmente a Alejandro, que aunque también es mayor de 65 años sí puede permanecer en la residencia. Desde el Comité Español de Personas con Discapacidad (CERMI) se plantean “hasta qué punto los sistemas de atención a la discapacidad y a las personas mayores garantizan la continuidad de los apoyos cuando una persona con discapacidad envejece”.

En abril, decidieron denunciar. En julio, un tribunal de Instancia de Madrid ordenó a la Consejería adoptar las acciones necesarias para que la mujer continuara en la residencia con asignación de plaza pública o concertada, teniendo en cuenta su estabilidad emocional. El Ministerio Fiscal había solicitado cautelares para garantizar la inclusión en la lista de espera de un recurso residencial especializado. Si no se adoptaba podían producirse “perjuicios de muy difícil reparación”. Unos meses más tarde, en septiembre, es cuando se dicta sentencia.

Además de la indemnización a la familia, la Comunidad de Madrid debe volver a valorar el caso de manera individualizado “sin que la edad pueda operar como criterio automático de expulsión”. En el texto, la jueza confirma que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso “vulernó su derecho a la igualdad” por derivarla de forma automática a una red de recursos para mayores por tener más de 65 años. La Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales que dirige Ana Dávila y que ha anunciado un recurso, debe pagar 10.000 euros a la familia.

Además, el pasado 8 de octubre, el juzgado decidió mantener las cautelares a la espera de una sentencia firme y después de que el Gobierno autonómico la haya recurrido. Ordenó dar traslado a la Comunidad y al Ministerio Fiscal para que presentaran alegaciones. La Consejería, por su parte, asegura que es “rotundamente falso” que se discrimine en función de la edad y argumenta que ha habido un aumento de las plazas públicas para personas con discapacidad.

Por ahora, mientras avanza el caso en los juzgados, Maricarmen podrá continuar junto a su pareja, Alejandro, y la red que ha construido en el centro en el que vive. José Manuel, por su parte, seguirá peleando ya que el fallo, insiste, no adjudica directamente una plaza residencial definitiva a su hermana y no es firme.

Isabel Díaz Ayuso hace cambios en su gobierno a solo unos meses de las elecciones autonómicas. La Comunidad de Madrid anuncia modificaciones en varias consejerías después de que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, incluya a Carlos Novillo, actual consejero madrileño de Medio Ambiente, Agricultura e Interior y a José Antonio Sánchez, viceconsejero de Presidencia, en su lista por Madrid. Las dos próximas salidas han sacudido a diferentes consejerías del Gobierno de Ayuso.

Carlos Novillo hasta el momento se encargaba de gestionar emergencias como la de este verano, con los incendios que arrasaron la sierra oeste de la capital. En julio, Novillo se dirigió en una breve carta al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, para pedir la declaración de la emergencia nacional ante la gravedad de los fuegos. Ahora, el consejero que entró al gobierno regional tras la toma de posesión de 2023, se irá a la lista de Feijóo dejando además algunas normas como la ley LIDER, criticada por la oposición y asociaciones por favorecer la “privatización del suelo público”.

La cartera de Novillo la asumirá Jorge Rodrigo, actual consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras y uno de los perfiles con más peso dentro del equipo de Ayuso y que ha capitaneado la cruzada de la presidenta autonómica contra la Ley de Vivienda del Gobierno central al negarse a aplicar los controles de precios fijados por la norma para las zonas tensionadas. En enero de este año, la Oficina Antifraude de Madrid criticó el fichaje a dedo de su pareja en la Empresa Municipal de Vivienda. Unos meses más tarde y tras su salida forzosa de la empresa pública, José Luis Martínez-Almeida la recolocó en un día y con sueldo récord.

Será el número dos de Rodrigo, José María García Gómez, quien pasará a ocupar la cartera de Vivienda, Transportes e Infraestructuras. Y lo hará además en unos meses complicados para esta consejería, después de que las protestas por la vivienda hayan tomado fuerza e incluso hayan propiciado el adelanto electoral del próximo 29 de noviembre. Rodrigo también deja los asuntos de Transportes después de un verano de reclamaciones disparadas en el Metro por el calor, la ampliación de la línea 10 o el proyecto para automatizar la línea 6.

La Consejería de Presidencia, del portavoz Miguel Ángel García Martín, también presenta cambios. Ángel San Gregorio, que hasta ahora era el director general de Atención al Ciudadano y Transparencia, será nombrado como nuevo viceconsejero del ramo. Sustituye así a José Antonio Sánchez, que también pasará a formar parte de la lista del PP de Feijóo por Madrid.

La semana pasada, el PP confirmó a la diputada Cayetana Álvarez de Toledo como 'número dos' de Feijóo en la misma lista, así como al portavoz nacional, Borja Sémper, que repetirá puesto como 'número tres'.

El delegado del Gobierno de Madrid, Francisco Martín Aguirre, ha presentado su dimisión, según ha adelantado El País y ha podido confirmar elDiario.es. El Consejo de Ministros nombrará este martes a su relevo. Previsiblemente, la persona elegida sea la actual subdelegada, Pilar Trinidad Núñez.

El dirigente del PSOE, que llevaba en el cargo desde 2023, ha justificado su renuncia con el argumento de que no se dan las condiciones para continuar con esta responsabilidad. Su decisión, a poco más de 24 horas de que se cierre el plazo para registrar las listas, se produce después de que se quedara fuera de las listas al Congreso y el Senado para las elecciones generales del 29N.

En el caso de otros delegados del Gobierno sí que van en las listas del PSOE para los próximos comicios. Es el ejemplo de Pilar Bernabé, que ha dejado el cargo al frente del organismo en la Comunitat Valenciana para ser cabeza de lista por la provincia de Valencia. Adriana Lastra también ha hecho lo mismo para ser la número uno por Asturias. Y lo mismo sucede con Pedro Fernández, que lidera la lista por Granada; Fernando Beltrán, que va de uno por Zaragoza; y Carlos Prieto, que va de número siete. En el caso del extremeño José Luis Quintana encabezará la candidatura del PSOE al Senado por Badajoz.

Militante socialista desde el año 2000, el ya exdelegado del Gobierno apoyó el pasado mes de julio a la concejala del Ayuntamiento de Madrid Enma López en las primarias para encabezar la lista del PSOE al consistorio madrileño para 2027, en las que se impuso Reyes Maroto. La propia Enma López ha agradecido en sus redes sociales su labor en estos años “de buen trabajo, compromiso y entrega”. “Madrid pierde a un gran servidor público”, ha expresado en la red social la edil socialista, que fue apartada de la dirección del grupo municipal en el Ayuntamiento tras vencer la exministra de Industria en las primarias.

Martín Aguirre pasó de responsabilidades técnicas y de gestión en el ámbito público y empresarial a puestos de relevancia en el PSOE y en la Presidencia del Gobierno, hasta asumir en 2023 la Delegación del Gobierno en Madrid, en sustitución de Mercedes González. En concreto, ejerció como secretario general de la Presidencia, y antes de eso fue director del Departamento de Planificación y Seguimiento de la Actividad Gubernamental de la Presidencia del Gobierno (2020-2021) y director del Gabinete Técnico de la Secretaría General dela Presidencia del Gobierno (2018-2020), compaginando este cargo con el de consejero de Paradores.

La salida de Martín Aguirre se produce a dos semanas de la celebración de la huelga general del 11 de noviembre y en medio de su pulso con la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid por la acampada de Sol. Ambas instituciones madrileñas han reclamado su desalojo por motivos de seguridad y salubridad, mientras que Martín Aguirre ha defendido la necesidad de proteger el derecho fundamental de reunión y manifestación y de ajustar cualquier intervención a la legislación vigente.

Enfrentamientos con la Comunidad y el Ayuntamiento

Solo en la última semana, desde el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso se acusó al ahora ya exdelegado de “connivente” con la acampada al “no exigir el cumplimiento de la norma y no dar la información necesaria a las fuerzas policiales”. “Será responsable si se produce algún accidente o cualquier otra situación de peligro, tanto para los manifestantes, como para el resto de los ciudadanos, y en especial para los agentes de Policía Nacional y Municipal”, aseguró la Comunidad de Madrid en el último escrito remitido a la Delegación de Gobierno esta última semana para exigir que levante la acampada “y cumpla la ley”.

También esta semana, la Delegación del Gobierno ha anunciado una investigación tras las cargas policiales contra profesores que se habían concentrado a las puertas de un acto de Ayuso. La presidenta madrileña calificó de “vergüenza” al Gobierno por “culpar” a la Policía y pidió que cuente cómo la Delegación permitió a los manifestantes desplazarse “desde donde tenía autorizada la concentración”.

Las últimas controversias se han sumado a una etapa marcada por los desencuentros con el Ejecutivo autonómico y local, que han cuestionado reiteradamente su gestión y le han acusado de actuar como representante de los intereses del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acusándole incluso de ser el “delegado de sanchismo”. Desde el PP de Madrid, el primero en reaccionar a la dimisión de Martín Aguirre ha sido el número dos de la formación en la región, Alfonso Serrano. En una publicación en sus redes sociales, ha insinuado que su renuncia no tendría que ver con las listas sino con que “presidía el crowdfunding de Sanchez [sic]” y “se vienen cositas”.

El otro gran frente de las últimas semanas de Martín Aguirre se produjo el pasado 14 de octubre, durante la primera jornada de huelga educativa en la Comunidad de Madrid, cuando la Policía Nacional realizó cargas contra manifestantes en el campus de la Universidad Complutense en Ciudad Universitaria que dejaron varios manifestantes heridos, y también algunos policías. El ya exdelegado calificó las imágenes de la actuación policial de “muy duras” y pidió una “investigación de urgencia”. Este posicionamiento rápido provocó la reacción de los sindicatos policiales, que exigieron su dimisión.

Pero los enfrentamientos con el PP no se circunscriben a este último mes. En junio de 2023, poco después de su nombramiento, afirmó que partidos como EH Bildu habían hecho más por España que “todos los patrioteros de pulsera juntos”, unas declaraciones que provocaron una fuerte reacción de la oposición y dirigentes conservadores ya reclamaron entonces su cese inmediato. En noviembre de ese mismo año, las protestas frente a la sede nacional del PSOE en la calle Ferraz contra la ley de amnistía abrieron otro frente por la actuación policial.

La acogida de migrantes y la distribución de menores procedentes de otros puntos de España también se convirtieron en otro motivo de enfrentamiento entre Delegación de Gobierno y Comunidad de Madrid. En enero de 2024, la llegada de migrantes al Centro de Acogida, Emergencia y Derivación (CAED) instalado en el acuartelamiento Primo de Rivera de Alcalá de Henares elevó la tensión entre la Delegación del Gobierno y la Comunidad de Madrid. La controversia se centró en las acusaciones que vinculaban a personas migrantes con denuncias por agresiones sexuales, algo que Martín Aguirre negó, basándose en la información policial disponible.

Otros de los puntos de mayor tensión con el Gobierno de la Comunidad de Madrid se produjo en septiembre del año pasado, cuando se le acusó de azuzar las protestas propalestinas que terminaron impidiendo el normal desarrollo de la última etapa de La Vuelta a España en Madrid.

Estuvo imputado en el caso de Begoña Gómez

Martín Aguirre no solo ha tenido enfrente al PP de Madrid con Ayuso a la cabeza. En mayo de 2025, el juez Juan Carlos Peinado le imputó por un presunto delito de malversación de caudales públicos en el caso de Begoña Gómez tras admitir a trámite una querella de Vox. Solo siete meses después, en diciembre de 2025, el magistrado lo desimputó siguiendo la orden de la Audiencia de Madrid que le emplazó a archivar la causa contra él al entender que su imputación se basó en “meras suposiciones”.

Martín Aguirre fue secretario general de Presidencia en Moncloa entre 2021 y 2023 y la extrema derecha afirmaba que tuvo un papel delictivo en la contratación de Cristina Álvarez, asesora al servicio de Begoña Gómez. En su declaración como investigado, el ahora exdelegado negó directamente haber participado en esa contratación.

Llegados de diferentes puntos del país, decenas de miles de pensionistas han recorrido las calles del centro de la capital esta mañana en una nueva jornada de lucha a favor del sistema público de pensiones. Entre sus demandas principales, la revalorización de las pagas que reciben conforme al índice de los precios al consumo (IPC) y la equiparación de la pensión mínima con el salario mínimo interprofesional (SMI). La protesta, que ha terminado a escasos metros de la acampada por una vivienda digna y asequible en la Puerta del Sol, ha escenificado la unidad de luchas a favor de lo público. “Cuando defendemos este sistema de pensiones, lo que hacemos es defender el futuro”, ha comentado Encarna González cuando la marcha partía desde el Paseo del Prado, en torno a las 12.00 horas.

Ella es una de las portavoces de la Coordinadora Estatal en Defensa de las Pensiones Públicas (COESPE), la organización que ha convocado esta movilización a la que, según sus cálculos, han acudido 50.000 personas. Delegación del Gobierno ha cifrado el seguimiento en la mitad de manifestantes. “Queremos que las pensiones conserven su poder adquisitivo porque hay un porcentaje altísimo de pensionistas que no llega al SMI”, ha reivindicado esta pensionista de 75 años, que se jubiló como trabajadora del Ayuntamiento malagueño y que ha llegado en tren a Madrid a primera hora de la mañana.

González ha explicado que otra de sus demandas es el fin de las penalizaciones a aquellos jubilados con más de 40 años cotizados, una realidad que afecta a 900.000 personas, estiman. “El parlamento aprobó el proyecto para que estas personas que han trabajado y cotizado muchos más años de los que exige la Seguridad Social, pero que por circunstancias ajenas a ellos se han tenido que jubilar antes de la edad, no se vean penalizadas”, ha explicado la portavoz cuando la manifestación, que ha contado con la participación de Ada Colau, Pablo Bustinduy y Emilio Delgado, arrancaba tras una pancarta que rezaba “subida de salarios y pensiones con el IPC real. Ni privatización ni recortes en servicios públicos”.

Todos los aquí reunidos consideran que el sistema público de pensiones es financieramente sostenible. “Exigimos una auditoría porque sabemos que ha habido fondos destinados a pensiones que se han utilizado para financiar otras partidas”, ha recalcado la misma González.

Más salario, mayores pensiones

Cuando a su alrededor se escuchaban cánticos como “PP y Vox la misma mierda son” y “la lucha es el único camino”, Ramón Franquesa ha recalcado que una de sus demandas es el aumento de los salarios. “Entendemos que las pensiones se financian con ellos y sin salarios dignos no hay pensiones dignas”, ha indicado este pensionista que ha llegado a Madrid desde Barcelona. Profesor de universidad ya retirado, a sus 69 años ha denunciado las declaraciones por parte de Vox sobre la no sostenibilidad del sistema público de pensiones. “Lo que ocultan es que los que no funcionan son los sistemas de capitalización”, ha defendido.

Como ejemplo, este portavoz de COESPE se ha referido a lo sucedido con los fondos de pensiones privados de Estados Unidos, Dinamarca y Suecia, que quebraron en la crisis económica de 2008. “No hay que irse tan lejos, tampoco. En España han quebrado los fondos de pensiones de los colegios profesionales, que ahora piden que sea la Seguridad Social los que salve y rescate a sus trabajadores”, ha añadido.

La manifestación giraba hacia la calle Alcalá en torno a las 12.45 horas cuando Franquesa ha precisado que el discurso defendido por PP y Vox es “malévolo”. Desde su punto de vista, el sistema público de pensiones se trata del sistema de solidaridad más importante que existe en España al tratarse de transferencias entre generaciones de trabajadores. “Hay que denunciar su demagogia y explicar por qué ni un solo pensionista puede votarles”, ha sentenciado frente al Consistorio de la capital.

Txomin Lorca, miembro del Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria, ha llegado algo justo a la manifestación tras recorrer en bus la distancia que separa Bilbao de Madrid: “No vamos a aceptar en ningún caso la marcha atrás en el reloj de la historia. No vamos a aceptar ningún tipo de involución sobre los derechos que ya hemos conseguido”, ha declarado este antiguo trabajador del sector de las artes gráficas de 74 años. Este pensionista ha reclamado al Gobierno actual que revalorice las pensiones. “No puede pasar página. Tiene que cumplir el objetivo de revalorizar las pensiones en función del IPC real”, ha exigido.

Ni separados ni confrontados

Varios activistas de diferentes luchas sujetaban la pancarta que abría la protesta. Estaba representada la sanidad y educación públicas, pero también el Sindicato de Inquilinas, que han llamado a la movilización en defensa del sistema de pensiones público. González se ha pronunciado sobre el pretendido enfrentamiento que desde algunos púlpitos políticos se predica entre personas mayores y juventud. “Queremos transmitir este legado a las nuevas generaciones, que no es algo que nos hayan regalado, sino fruto de nuestra sangre, sudor y esfuerzo”. La malagueña ha incidido en que “muchos fondos de pensiones privados también tienen intereses en la especulación inmobiliaria”.

Franquesa, por su parte, ha declarado que “la derecha busca que la gente común se pelee entre sí creando falsos adversarios”. Este jubilado catalán ha expresado que “dejar a una generación sin vivienda significa destruir el futuro de la sociedad”. Por ello, desde COESPE apoyan la huelga general convocada para el próximo 11 de noviembre. “No nos van a coger ni separados ni confrontados”, ha asegurado.

El doble negocio de los fondos de inversión con los planes privados de pensiones y el sector inmobiliario no es algo que pase desapercibido para Lorca: “Está claro que luchar por la mejora de las pensiones, por una vivienda y salarios dignos, forma parte de una misma estrategia de reparto equitativo de la riqueza”. El pensionista llegado desde Euskadi ha subrayado que esta defensa de las pensiones públicas que llevan a las calles desde hace casi una década “es para que perduren en el tiempo y sirva para las generaciones venideras”.

Por el reparto equitativo de la riqueza

Desde COESPE han invitado a no votar a la derecha el próximo 29 de noviembre: “Sabemos lo que quieren y cuál es su hoja de ruta, por mucho que ahora lo quieran ocultar. Nosotros estamos en la defensa de lo común, de aquello que garantiza una vida digna”, ha comentado González. Algunos de los cánticos coreados esta mañana han estado dirigidos a la situación de la vivienda: “Ni casas sin gente, ni gente sin casas” y “el próximo desahucio que sea en la Zarzuela” han sido algunos de ellos.

En torno a las 13.15 horas la manifestación ha llegado a la altura del metro de Sevilla, a escasos metros del kilómetro cero madrileño. Allí, varios pensionistas han tomado la palabra para leer el comunicado que ha cerrado la protesta. “Nuestras pensiones son parte de nuestro salario y no toleraremos que se reduzcan para que unos pocos sigan haciendo negocio con las guerras, especulen con las materias primas y los precios y batan récords históricos de beneficios”, han expresado.

Más allá de repetir sus principales reivindicaciones en torno a las pensiones y la solidez del sistema público, el movimiento pensionista ha subrayado que apoyan “todas las movilizaciones que tienen el común denominador del reparto equitativo de la riqueza y garantizar derechos sociales básicos para todas las personas”. Franquesa, el portavoz catalán, ha agregado que, incluso si terminan victoriosos en las elecciones aquellos partidos que afirman que defenderán el sistema público de pensiones, “habrá que seguir haciendo presión social en la calle, porque es posible que se olviden de sus promesas”. Un último grito ha cerrado esta jornada de lucha: “Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden”.

Centenares de padres y madres de alumnos de la educación pública madrileña han tomado este sábado la calle de Alcalá en la capital, frente a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, para protestar en apoyo a la huelga de docentes y pedir a la consejera, Mercedes Zarzalejo, que se siente a negociar con los sindicatos.

Entre silbatos, golpes de cacerola y palmadas, las familias, vistiendo el característico color verde de la causa, han entonado cánticos como “La profe luchando también está enseñando” o “Nada, nada, nada para la privada”, al mismo tiempo que han dejado ver carteles con lemas como “Nuestros hijos, nuestra educación, nuestra lucha” y “Sin educación no hay futuro”.

Los profesionales de la enseñanza pública no universitaria en la región comenzaron el pasado 14 de octubre una huelga con carácter indefinido, con la que reivindican, entre otras cuestiones, una reducción del horario lectivo, bajada de ratios, ampliación de plantillas y equiparación salarial con otras regiones, denunciando la falta de inversión por parte del Gobierno regional.

Por su parte, Zarzalejo sostiene que la bajada de ratios que piden implicaría que “280.000 alumnos perdieran su plaza”, y ve “inasumibles” los gastos que supondrían estas reivindicaciones. Asimismo, ha insistido en que “ya” está sentada con los sindicatos en las mesas de negociación, recordando que desde el mes de septiembre negocian la carrera profesional que, a su juicio, recibieron de buena manera.

“Su lucha es nuestra lucha”

En este sentido, cerca de 300 Asociaciones de Madres y Padres y Asociaciones de Familias del Alumnado de la escuela pública de la región han suscrito esta semana un manifiesto de apoyo “firme y decidido” al paro educativo, y han llamado a secundar las manifestaciones convocadas por el profesorado madrileño en defensa de la educación pública y mejoras laborales. “Su lucha es nuestra lucha”, remarcan.

Además, han subrayado que la educación de sus hijos y familiares depende en gran medida del “compromiso, la dedicación y el esfuerzo diario” de sus docentes, que sufren “dificultades” en su día a día para el ejercicio de su profesión “en unas aulas cada vez más exigentes, con ratios excesivas, falta de recursos, sobrecarga burocrática y una atención a la diversidad que demasiadas veces descansa sobre la voluntad y el esfuerzo personal del profesorado”.

En declaraciones a Europa Press durante la concentración de este sábado, Diana, maestra de primaria y madre de una estudiante de la Universidad Complutense de Madrid y de un niño con necesidades especiales también usuario de la enseñanza pública, ha asegurado que “hay pocos apoyos” y que se necesitan “más recursos humanos y materiales”.

“Veo cómo se deterioran incluso los edificios, y el tema de las ratios es fundamental, que haya menos alumnos por clase. Es que eso puede caber en la cabeza de cualquiera, que se recibiría más atención por parte del profesorado si hubiera menos alumnos por aula. O sea, que son cosas que yo creo que no son tan difíciles de entender. Mi hijo, por ejemplo, no tiene los apoyos que necesitaría”, ha señalado.

Finalmente, el portavoz de la Confederación de AMPAs, AFAs y Fampas de la Comunidad de Madrid (Confapa), Fernando Mardones, ha insistido en pedir al Ejecutivo autonómico que “escuche a los sindicatos y empiece a negociar, como en cualquier proceso de huelga reconocido por la Constitución”.

“Esto no es una huelga política ni partidista, es una huelga que se viene trabajando ya desde antes del verano, que ha coincidido con el contexto de la vivienda, con el contexto de las elecciones de noviembre, con el contexto de la huelga general del 11 de noviembre, pero en principio esto viene de atrás, viene de hace mucho tiempo. Y queremos que la Consejería se siente, la Comunidad de Madrid se siente y escuche al profesorado y también a las familias”, ha añadido.

“Para mí, la acampada ha venido en un momento en el que lo necesitaba”, reconoce Marta Bazar (@maartabazaar en Instagram), una joven artista madrileña que impulsa un llamativo proyecto relacionado con la protesta por la vivienda. En el marco de la comisión de cultura de la acampada en la Puerta del Sol, Bazar y sus compinches han iniciado el reto de documentar todo lo sucedido y preservar todo documento generado desde el 26 de septiembre, el día en que, en reacción al desahucio de Maricarmen, se inició una acampada histórica. Esta protesta ha puesto el foco en la movilización popular por la vivienda y, en concreto, en el papel de los jóvenes en esta lucha. 

El incipiente archivo, bautizado como Archivo de la Acampada en Sol 2026 (AAS26), está en una fase de recogida de cualquier documento físico que refleje todo lo vivido en la acampada: escritos, fotografías, ilustraciones, mapas, periódicos, pancartas, pegatinas, propaganda, revistas… Se han establecido varios puntos de entrega, entre ellos la Fanzinoteka de la comisión de cultura, en el interior de la acampada. Este enclave de la plaza, sin embargo, levanta este sábado sus tiendas para seguir organizando la huelga y las protestas por la vivienda desde los barrios. Quien quiera aportar sus documentos para este proyecto, puede contactar con @maartabazaar o con el Comité de Cultura de la Acampada, que están trabajando para implementar nuevos puntos de recogida.

Pero, ¿quién está detrás de este proyecto? Marta Bazar lo define como un “enorme puzzle” de personas, todas ellas con “un cierto interés por la historia”. Cada uno aporta lo que puede con las “herramientas que tiene a mano”. Por ejemplo, Marta y su amiga Irene, ilustradoras, se encargan de la parte más visual del archivo. “A todos nos hace la misma ilusión poder aportar nuestro granito de arena”, añade. Ella misma ha realizado la mascota del proyecto, Claudia, que le da visibilidad y difusión.

De momento, solo se recogen documentos físicos, pero el objetivo de la comisión es poder crear una base de datos digital para que puedan almacenarse otros formatos. 

Cómo transformar el adiós en un hasta siempre

En las últimas asambleas de la acampada, el elefante en la habitación ha sido la fecha de desacampada. Después del fracaso de los decretos en el pleno del Congreso, la convocatoria de elecciones generales y la aprobación de los mismos por parte de la Diputación Permanente, la protesta de Sol ha ido viendo una reducción de tiendas instaladas, también condicionadas por las lluvias. Muchas de las personas que han sido el motor de esta reivindicación histórica han tenido que decir adiós a un episodio que recordarán toda su vida. Desde el archivo, no solo buscan preservar el material físico de la acampada, sino también los sentimientos de cada persona que pasó por ella. Animan a todas a escribir una carta de despedida y creen que “es importante recoger todos los puntos de vista de la gente que ha estado”. 

Además, no solo se reclaman documentos reflejen la parte más bonita de la acampada, sobre la colaboración, solidaridad y unidad de los manifestantes, sino también los episodios de violencia que han sufrido a lo largo de este mes. “Recogemos los momentos malos de la acampada, como las lluvias o los periódicos donde se cuenta la llegada de los nazis a provocar a la gente”, puntualiza Marta.

La conveniencia de este archivo, para jóvenes como Marta, es evidente. La acampada ha supuesto un despertar: “Siento que a mucha gente de mi generación se nos había implementado esta idea de que no sabemos relacionarnos o que no luchamos por lo nuestro, y estos días se ha visto completamente lo contrario”. “Me ha nutrido mucho emocionalmente”, añade la travesti e ilustradora, en representación de la comisión del archivo. 

Como en cualquier episodio de calado social, la trascendencia es una preocupación y una tarea más por parte de los impulsores. Sin este afán de documentación, muchos museos contarían con la mitad de sus expositores. “Muchas de las personas que se han acercado a la acampada para reírse de nosotros parecen no haber pisado uno de estos museos en su vida, ni siquiera haber abierto un libro de historia”, critica Marta. 

No hay ofertas para el ático de Chamberí que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso compró por 6,3 millones de euros en abril. Otra vez. El nuevo plazo para recibir ofertas terminó el pasado 21 de octubre y, de nuevo, no hay comprador para el inmueble que ha marcado la polémica para el Gobierno autonómico durante todo el verano y que le trae calentamientos de cabeza a la líder madrileña y su equipo, pero sí hay una novedad en el expediente: el ático de General Martínez Campos pasará a ser Oferta Pública Permanente.

El pasado siete de agosto, Planifica Madrid, la empresa pública adscrita a Presidencia que se hizo cargo de la polémica operación, puso a la venta el ático de lujo por 6,69 millones de euros. El plazo para presentar ofertas expiró un mes después, el siete de septiembre. Y unos días más tarde, se conoció que el inmueble se había quedado sin comprador, por lo que seguiría a la venta. El otro inmueble que se puso a la venta en la misma subasta, el de Gran Vía 6, tuvo mejor suerte y salió adjudicado a Cartesón, S.L. por 11.850.010 euros. El consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García, anunció entonces que el ático de la cale General Martínez Campos se mantendría “a la venta a través de un procedimiento abierto de adjudicación”.

Ahora, por no haber adjudicación y una vez finalizado el plazo, el inmueble se convierte en oferta pública permanente “con carácter indefinido mientras que no sea retirada por Planifica Madrid, estando disponibles el inmueble en tanto que no haya sido adjudicado, sin necesidad de nueva publicación”. Es decir, esta oferta para su venta continuará sin que el Gobierno de Ayuso tenga que volver a sacarlo a subasta.

La líder madrileña y su equipo llevan meses intentando deshacerse del ático después una de las mayores polémicas del Gobierno de la Comunidad de Madrid hasta la fecha y tras diferentes versiones. Al principio, aseguraron que se adquiría debido a las obras de Sol para albergar en él “reuniones” oficiales, a pesar de que no podía ser oficina y solo podía destinarse a vivienda. Después, en septiembre, el consejero Miguel Ángel García Martín, aseguró en la Asamblea de Vallecas que la intención era la de “contar con un inmueble institucional con una zona destinada a lugar de trabajo, un área de descanso y alojamiento ocasional para autoridades en visita oficial a la región o a las propias autoridades de la Comunidad de Madrid”. Esto, sumado al goteo de información que se ha producido durante meses por parte del gobierno autonómico, ha movido a la oposición a llevar a los tribunales la compra.

La Comunidad pide al Tribunal de Cuentas que archive la investigación

Esta misma semana, la Comunidad de Madrid ha solicitado al Tribunal de Cuentas que archive las denuncias presentadas por PSOE y Más Madrid y no abra una investigación en torno a la operación de compra de Planifica Madrid. El Gobierno de Ayuso argumenta que la actuación “se ajusta plenamente a la legalidad” y a los “estatutos de competencias” de la empresa pública encargada de la compra. Además, aseguran que la compra “no supone un deterioro económico” para las arcas públicas.

El Tribunal de Cuentas había pedido a la Fiscalía, a la Comunidad de Madrid y a Planifica Madrid que se pronunciara sobre si debía nombrar a un instructor para investigar si hubo desvío de fondos en la adquisición del ático.

El cambio de despacho de la presidenta

Aunque la polémica parecía perder cada vez más peso, en las últimas semanas ha vuelto a aparecer fugazmente. El pasado martes 20, fuentes cercanas a la presidenta autonómica aseguraron que se estaban barajando diferentes instalaciones de la Comunidad para mover temporalmente el despacho de Ayuso ya que la Real Casa de Correos de Sol, en estos momentos, no reunía las condiciones de “seguridad” necesarias con la acampada por la vivienda.

Sin embargo, solo un día después, el miércoles 21, el consejero Miguel Ángel García Martín afirmaba en rueda de prensa que el motivo eran las “obras” de Sol. “Llevamos desde principios de año buscando un traslado ocasional de la presidenta por las obras” en la sede de la Presidencia, aseguró. El portavoz dijo que los “trabajos continuos de mantenimiento” en “ocasiones hacen difícil” que se desarrollen ciertas actividades en Sol, por lo que “han encontrado” otro despacho en el Canal de Isabel II como “complemento”. Durante la rueda de prensa, se le trasladó al consejero la pregunta que planteaba la oposición: ¿por qué no se movió a la presidenta a ese despacho a principios de año en lugar de comprar un ático de 6,3 millones para reuniones? “Ya lo hemos informado en muchas ocasiones, se buscó un inmueble que pudiera servir a las distintas necesidades de las consejerías de la Comunidad también en el marco de las obras de la Real Casa de Correos y evitar entrar en edificios que ya están en funcionamiento y con trabajadores instalados. Ese inmueble está a la venta y ya no es una alternativa a ese despacho ocasional para la presidenta y su equipo”, zanjó.

La comunidad educativa madrileña ha vuelto a tomar las calles de la capital este jueves, en el séptimo día de la huelga indefinida en defensa de la educación pública. Profesorado, estudiantes y familias han exigido la dimisión de la consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo, y han reclamado al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso que se siente a negociar.

La marcha, que ha partido desde Atocha a las seis de la tarde, ha puesto el foco en la negativa a negociar del Gobierno de la Comunidad de Madrid. “Deja de insultar y ponte a negociar”, reprochaban los asistentes haciendo alusión a las recientes declaraciones de Ayuso, quien también ha sido señalada con diversas pancartas y cánticos: “Aquí está el coro rociero”.

Mientras avanzaban por el Paseo del Prado, la comunidad educativa insistía enfurecida. “Mercedes escucha, la pública está en la lucha”, clamaban, para después señalar a la huelga indefinida: “A Zarzalejo le queremos preguntar: '¿cuánto tiempo puede aguantar cuando todas dejemos de enseñar? Poco después, en Cibeles, le han dedicado una sentada bajo el lema: ”Zarzalejo, siéntate un ratejo“. Y frente a la sede de la Consejería de Educación han vuelto a pedir su dimisión.

Las familias se unen a la marea verde

A la marea verde y amarilla se han sumado también 297 Asociaciones de Madres y Padres y las Asociaciones de Familias del Alumnado (AMPAS y AFAS) para manifestar su apoyo al profesorado. En un comunicado conjunto admitían conocer de “primera mano” las dificultades que padecen y se han apropiado de las mismas reivindicaciones: “Su lucha es la nuestra”. 

Las familias han denunciado también la actitud del Gobierno de la Comunidad de Madrid, que tildan como “grave e irresponsable”. De igual forma han mostrado su rechazo a las declaraciones de la presidenta Isabel Díaz Ayuso: “Ha optado por desacreditar la huelga, cuestionar su legitimidad y rechazar la negociación”.

La huelga indefinida continúa

Ante la ausencia de negociación, la comunidad educativa mantiene la huelga indefinida. Diversas proclamas se han referido a ella: “Ia, ia, ia, huelga indefinida”, “Arriba, arriba, arriba todos a luchar, que esta huelga la ganamos, esta huelga la ganamos y no vamos a parar”.

En la lectura del manifiesto han señalado el éxito de la misma: “Un 50% de participación y miles de personas en la calle”. Coincidía la portavoz de la UGT, quien ha recalcado la unión de la comunidad educativa: “Cuando nos organizamos tenemos fuerza para cambiar las cosas”.

Los convocantes han subrayado la resistencia mostrada en esta primera semana, “no han podido parar la huelga pese a la presión policial del martes, afirmaban, para posteriormente ser ratificado por la portavoz del Sindicato de Estudiantes: ”Es algo histórico, enorme. Tenemos que ampliar y sostener con la misma fuerza. Cada persona que suma nos hace más fuerte“.

Centenares de profesores y profesoras se reúnen este jueves a las puertas de la Asamblea de Madrid para presionar a las autoridades para que se sienten a negociar y en protesta por una educación pública de calidad. A solo unos metros, la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, se presenta como una víctima de “acoso” y afirma que por cada profesor que reclama sus derechos “hay nueve activistas” que de “manera fascista” se manifiestan contra ella.

Los docentes han bloqueado una de las calles aledañas al edificio y han reclamado la dimisión de la consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo. “Se tendrían que sentar con nosotras. Estamos dando todos los pasos hacia delante. Estamos saliendo a la calle, estamos hablando con las familias, estamos con nuestros alumnos”, replica Sonia, una docente y miembro de Menos Lectivas, en conversación con elDiario.es. Esta profesora afirma que la educación de los niños y niñas no se ve perjudicada por la huelga, sino por el Gobierno de la Comunidad de Madrid, que “no garantiza su calidad”.

“Lo que esperamos es que se sienten a negociar con nosotras, que es su deber como dirigentes de este gobierno. ¿Cómo no te vas a sentar con 45.000 personas que estamos haciendo la huelga? Es que estamos ojipláticas”, añade.

Los colectivos insisten que quieren, al menos, una respuesta de la Consejería. “Al menos que se sienten a escucharnos, que nos escuchen (...) Pensamos que viniendo aquí a lo mejor puede hacerse notar que esto tiene que ser urgente y que se tienen que sentar ya. Queremos una respuesta”, afirma Rubén, profesor de Educación Primaria.

La Marea Verde ha ido llegando desde las 9 horas a los alrededores de la Asamblea de Madrid. En el marco de la protesta, las docentes también han ido desplegando farolillos por las calles cercanas y han acudido personas vestidas de rocieras, en referencia a las críticas de Isabel Díaz Ayuso, que tildó las protestas de los docentes de “coro de rocieros”.

Las protestas de cientos de personas a las puertas de la Asamblea de Madrid son este jueves la banda sonora de un nuevo pleno tenso, solo un día después de la imagen del abrazo que dejaba la reunión entre Isabel Díaz Ayuso y Javier Milei. La líder madrileña ha justificado el encuentro en las supuestas buenas cifras del país andino y, después de que el dirigente argentino llamara a Pedro Sánchez “dictador”, Ayuso ha equiparado al presidente del Gobierno central con Nicolás Maduro. “Se ha reunido más veces con el tarado de Milei que con los profesores”, le ha reprochado la oposición.

Este jueves por la mañana, las protestas de los docentes y familias, que continúan la huelga general por la educación, reclamaban la dimisión de la consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo. Mientras, en el interior del hemiciclo de la Asamblea, los diputados del PSOE llevaban camisetas verdes en apoyo a las manifestaciones. “Es un orgullo que los niños de esta comunidad sean formados por profesionales que defiendan la calidad de la educación pública. Usted los está maltratando y los desprecia”, le ha espetado la portavoz socialista, Mar Espinar, a la presidenta autonómica durante su intervención. Espinar también le preguntó si durante la reunión con el presidente argentino trataron los insultos que este profirió a los periodistas o al presidente Pedro Sánchez. “Ha decidido abrazar la motosierra en lugar de abrazar a las personas”, le ha lanzado la portavoz del PSOE de Madrid.

Ayuso ha sido la única dirigente que se ha reunido con Milei. De hecho, ni siquiera Santiago Abascal, el líder de Vox, ha visto al ultra. La presidenta autonómica ha pedido “respeto” para él y ha asegurado que no van a permitir “lecciones de con quién se puede uno reunir o pactar”. “Bailan como Maduro, manipulan los censos como Maduro, besan como Maduro, pretenden eliminar los jueces como Maduro... Si camina, grazna y tiene plumas de pato, ¿qué es?”, ha ironizado en respuesta a las críticas de la oposición.

La tensión ha ido en aumento durante el intercambio de la oposición con Ayuso. Tanto, que la sesión se ha tenido que detener unos minutos después de que la presidenta del Ejecutivo regional acusase a la oposición de “acoso”. “Ya están acosando incluso dentro de los parlamentos, ya no rodeándolo sino dentro. Se pone una camiseta por la educación [en referencia a Mar Espinar] y es justo lo que no tienen”. Unas palabras que suscitaron un revuelo entre las bancadas del PSOE y de Más Madrid. Justo en ese momento, Alfonso Serrano ha espetado en voz alta, pero captado por el micrófono de la presidenta autonómica: “Cállate ya, verdulera”. El presidente de la Asamblea, Enrique Ossorio, se ha limitado a pedir silencio a Serrano y ha continuado la sesión. Posteriormente, Serrano ha confirmado en X que se dirigía a la portavoz de Más Madrid.

El Gobierno de Ayuso carga contra la huelga

Manuela Bergerot, la portavoz de Más Madrid, también ha sacado durante el pleno el polémico acto de este miércoles. “Se ha reunido más veces con el tarado que está destrozando Argentina que con los que enseñan a leer a nuestros hijos”, ha criticado. “Vive bunkerizada, solo se reúne con lobbys de millonarios y fondos buitre. Tiene que salir con la cabeza gacha de sus actos para no encontrarse cara a cara con los profesores de la pública (...) ¿No será que lo que le molestan son los madrileños?”. De nuevo, Ayuso ha vuelto a insistir en que Bergerot les ha “amenazado”.

“Por cada profesor que reclama sus derechos hay nueve activistas con linternas que de manera fascista se manifiestan contra mí”, ha asegurado la presidenta autonómica, que ha vuelto a salir en defensa de Milei. “Argentina está creciendo cuatro veces más que México. Cuando llegó Milei, los precios estaban disparados cuatro veces más”, ha asegurado, para añadir que está “combatiendo” a la pobreza, “que es de lo que ustedes viven”. Ese es el corte que ha elegido después la presidenta para compartir en sus redes sociales. “Fenómano barrial”, le ha respondido luego su “amigo” Milei en X.

La presidenta de la Comunidad ha vuelto a cargar contra la huelga educativa, una huelga que catalogan una y otra vez de “política”. También se ha sumado a las críticas posteriormente la consejera Mercedes Zarzalejo, que continúa sin sentarse con el comité de huelga: “Una huelga que ataca y acosa a la presidenta no es una huelga por la educación”, ha dicho durante su turno en el pleno. Otra diputada del PP de Madrid ha llegado a asegurar que las protestas docentes siguen el “más puro estilo kale borroka”.