La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, consolida la celebración del Dos de Mayo en una fiesta sin representación de miembros del Gobierno central, con la presencia de Alberto Núñez Feijóo y con un mensaje claro: “Madrid no se dejará controlar por nada y por nadie, quien lo intente volverá a encontrarse con una rotunda y digna respuesta”.

Aprendiendo la lección del año pasado, cuando la lluvia aguó los actos que Ayuso había preparado, este año la entrega de medallas y el discurso de la presidenta autonómica se ha producido en el interior de la Real Casa de Correos, en la plaza del Sol. Una vez más, el Ministerio de Defensa se ha negado a desplegar a las Fuerzas Armadas para el evento, que de nuevo no ha contado con ningún miembro del Gobierno al no haber recibido invitación oficial de la Comunidad de Madrid.

Ayuso no ha olvidado la ausencia del Ejército en su intervención: “Mientras esperamos a que el Ejército vuelva a su plaza, a esta Puerta del Sol que tanto le echa de menos”, ha dicho la presidenta, “celebramos que nuestra región” represente la recreación histórica de los hechos de 1808.

“La sociedad madrileña es otro ejército que, sin mandos ni galones, camina unido sobre todo si se le pone a prueba y ha de responder en defensa de su libertad. Les adelanto no se dejará controlar por nada ni por nadie. Quien lo intente, volverá a encontrarse con una digna y rotunda respuesta”, ha añadido.

A pesar de los dardos al Gobierno central, este año Ayuso no ha sido tan beligerante con Sánchez como otros años. Solo hay que remontarse al del año pasado cuando centró su intervención en críticas al Ejecutivo por el apagón que se había producido escasos días antes.

Durante su discurso de este sábado, la presidenta autonómica ha comparado la situación de la política actual con el levantamiento de 1808: “Madrid se comportó de manera ejemplar ante los ojos del mundo en la pandemia y también ante las tropas napoleónicas”. Ayuso también ha aprovechado para sacar músculo asegurando que la comunidad vive su “mejor momento”: “Ni el nacionalismo ni las ideologías identitarias nos han hecho perder el tiempo”, ha asegurado.

La también líder del PP de Madrid ha expuesto su “preocupación por la situación de España” y ha asegurado que existe “en ocasiones” “poco apoyo administrativo” desde el Gobierno central a la Comunidad de Madrid. “¿Cuántas oportunidades estamos perdiendo en estas circunstancias?”, se ha preguntado, sin especificar esa falta de “apoyo”.

Una de las medallas que la presidenta previamente había entregado había sido la de la Gran Cruz de la Orden del 2 de Mayo para la Vuelta Ciclista a España, un reconocimiento que se ha producido, según palabras de la propia Ayuso, después de que fuese “boicoteada” el pasado mes de septiembre en la capital, cuando las protestas contra el genocidio en Gaza por la participación de Israel en el evento deportivo lograron paralizar su final. Ayuso ha criticado esos hechos: “Ni los deportistas ni la capital merecían eso”.

El broche final del acto ha sido la interpretación de Paloma San Basilio, que ha comenzado cantando una composición dedicada a Don Quijote de la Mancha.

En una entrevista posterior en Telemadrid, Ayuso ha vuelto a alentar el bulo sobre voto por correo y ha dicho que espera que las urnas “no estén infladas artificialmente” como en las últimas elecciones generales celebradas en 2023. “Sánchez perdió el rumbo hace mucho”, ha deslizado la presidenta que también ha apuntado que llegó a liderar su partido “retorciendo” y “manipulando”.

Ausencia del PSOE de Madrid

Antes del comienzo de los actos, los portavoces de los grupos parlamentarios de la Asamblea han atendido las preguntas de los periodistas en una breve rueda de prensa. Por el micrófono han pasado representantes del PP, de Vox y de Más Madrid, con la ausencia de miembros del PSOE, que este sábado celebraban de forma paralela un acto en La Rosaleda.

Durante su intervención, Carlos Díaz Pache, portavoz del PP en la Asamblea, ha afeado que “Sánchez vaya a impedir que las fuerzas armadas desfilen”: “No solo es una falta de respeto, es un ataque a la integridad de las instituciones”, ha asegurado.

Preguntado por el próximo viaje de la presidenta a México, que además coincide con la declaración de Miguel Ángel Rodríguez, investigado por haber difundido datos de periodistas de El País que trabajan en una información sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Díaz Pache ha asegurado que estos “viajes institucionales tienen una utilidad innegable”. Sin embargo, el portavoz no ha encontrado contradicción entre este viaje y las declaraciones de Ayuso por las que se refirió a México como un “narcoestado”. Mientras, para Más Madrid, este viaje es una “provocación colonialista”.

El partido de Mónica García también ha comparado la situación actual con la de los levantamientos del 2 de mayo y ha cargado contra los actos celebrados por la Comunidad: “El PP convierte algo que es de todos los madrileños en su fiesta particular”, han dicho Rita Maestre y Manuela Bergerot. “Si hoy nos invadieran las tropas francesas, Ayuso les diría que están en el mejor momento y lugar para invertir en vivienda. Es justo lo que le dijo a Blackrock”.

El portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, aseguró la semana pasada que las diputadas de la Asamblea tiene “cauces más que habituales” para denunciar situaciones de acoso. Esas fueron sus palabras después de que elDiario.es preguntara por un supuesto caso de acoso sexual que una diputada de Vox habría denunciado ante Ayuso, según recoge el periodista David Fernández en su libro. Tras estas declaraciones, el PSOE de Madrid denuncia ahora que estos “cauces más que habituales” se quedan cortos: “Llevan diez años sin aplicar correctamente el protocolo”.

El protocolo antiacoso de la Asamblea de Madrid lleva diez años sin actualizarse: se publicó en 2016 y, desde entonces, no se ha modificado, a pesar de que en los últimos años han aparecido nuevas formas de acoso, especialmente aquellas enfocadas a las redes sociales o entornos digitales. Pero en caso de acoso sexual o laboral, ¿quién puede acogerse a este protocolo?

Según el propio texto, al que ha tenido acceso elDiario.es, y según indican desde la propia Asamblea, el protocolo aplica solo para los propios trabajadores y trabajadoras del órgano público. Es decir, tanto las diputadas como las trabajadoras de empresas externas, como el servicio de limpieza o la cafetería, quedan fuera del protocolo. Estas últimas deben ir a su propia empresa si quieren denunciar un caso de acoso.

En cuanto a las diputadas, “no tienen relación laboral con el Parlamento, por lo que los protocolos no resultarían de aplicación directa”, explican. “Una vía alternativa podría ser su resolución en el ámbito del Grupo Parlamentario y, en su caso, ante la Mesa de la Comisión de Estatuto de Autonomía, Reglamento y Estatuto del Diputado o la Mesa de la Asamblea, si se está ante un supuesto de los recogidos” en el Reglamento.

Sin embargo, el PSOE de Madrid asegura que las diputadas de la Asamblea están “desprotegidas” porque, en caso de acoso sexual o laboral, se ven obligadas a recurrir a vías por las que es probable que su caso acabe viendo la luz, lo que podría llevar a que no quieran denunciar.

“Estas son las consecuencias de tener a una presidenta negacionista de la violencia de género, el desamparo total a las mujeres”, lamentan desde el PSOE madrileño. “Tenemos un protocolo contra el acoso sexual en la Asamblea controlada por el PP, que no se actualiza aunque la ley les obligue a incluir el acoso en el ámbito digital”, critican. “Tomemos nota las madrileñas”.

Y en caso de que una trabajadora quiera denunciar, ¿cómo puede hacerlo?

Según se explica en el protocolo, será la Secretaría General la encargada de recibir y tramitar las denuncias. Esta “deberá disponer de una lista de personas que hayan recibido formación específica en materia de género o que, sin tenerla, esté dispuesta a recibirla”. Este listado se deberá publicar “en el plazo de 5 días hábiles” desde que se publica el protocolo de 2016, entonces esos nombres se harán públicos a través de la Intranet.

Esto es lo que se denomina como “asesores confidenciales”, una figura que puede ser habitual en estos casos y que en la Asamblea debe tramitar “directamente la denuncia de acoso sexual, acoso por razón de sexo”, por lo que serán los encargados de “gestionar y tramitar” las denuncias, así como asistir e informar a la víctima. “Su identidad y la forma en que se podrá contactar con ellas se dará a conocer a todo el personal a través de la intranet”, recoge el documento.

A raíz de la respuesta del portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, en la que aseguraba que las diputadas tenían “cauces más que habituales” para denunciar los supuestos casos de abuso, el PSOE de Madrid investigó en la intranet, a la que solo tienen acceso los trabajadores y trabajadoras del órgano regional. Preguntaron por el listado de asesores confidenciales, pero, según relatan a este diario, no encontraron ningún documento, a pesar de que así lo recoge el protocolo aprobado hace diez años.

Tal y como denuncian y como se aprecia en los metadatos del archivo, el mismo día en que preguntan por qué estas figuras no aparecen en la Intranet, es el día en el que suben el archivo con el listado de nombres.

Este periódico ha preguntado a la Asamblea de Madrid, teniendo en cuenta que los nombres de los asesores confidenciales fueron publicados ese mismo jueves, de qué otra forma podían las trabajadoras denunciar situaciones de acoso. “La denuncia por parte del personal de la Cámara de situaciones de acoso sexual y acoso por razón de sexo y discriminatorio nunca se realiza ante los asesores confidenciales, la única vía es a través de la Secretaría General”, explican.

Además, aseguran que “la solicitud de voluntarios para desempeñar” esta figura “fue realizada mediante escrito de la Secretaría” en 2016. Y ese mismo año la “Dirección de Gestión Administrativa remitió listado de las personas que se presentaron voluntariamente”, aunque la Asamblea no se ha referido en sus respuestas a por qué el listado con los nombres de los asesores fue publicado en la intranet hace solo unos días, solo con los nombres y apellidos de los mismos.

Las citadas fuentes del PSOE madrileño critican que si una persona es víctima de este tipo de acoso, no acudirá a la Secretaría General para denunciarlo porque la “Asamblea es un ámbito muy pequeño” y se conocería lo sucedido.

A preguntas remitidas por este medio, la Asamblea de Madrid responde que los protocolos no se han actualizado desde que se publicaron porque “no se ha requerido desde la representación de personal unos nuevos protocolos, ni ha habido ninguna razón de oportunidad o legalidad”. Por ahora, según indican, “no hay casos registrados de acoso sexual y acoso por razón de sexo y discriminatorio en el seno de la Asamblea de Madrid”.

La semana que viene el grupo socialista activará una petición de comparecencia con la consejera sobre acoso sexual, donde tratarán sobre los protocolos antiacoso sexual en la Comunidad de Madrid y la Asamblea. “Si Ayuso no vela por el personal de la Asamblea, ¿qué le importamos las demás? Lo mismo que su compañera de Móstoles y aquella diputada de Vox”, añaden en declaraciones a elDiario.es.

Las educadoras infantiles madrileñas se han concentrado esta mañana frente al ayuntamiento de Madrid tres semanas después de comenzar su huelga indefinida. Esta semana, exigieron al alcalde José Luis Martínez-Almeida una reunión para poder exigirle personalmente la paralización de las prórrogas de los contratos de las empresas que trabajan con estas escuelas infantiles, después de haberse reunido con el delegado del Área de Gobierno de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández Sánchez, sin haber recibido soluciones. Fernández Sánchez explicó a la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI) que las prórrogas de esos contratos ya “estaban todas formalizadas y tenían por tanto carácter irrevocable”, “cosa que no era cierta”, porque, según denuncian desde la PLEI, las autorizaciones de gastos para ello se realizaron incluso después de la reunión que mantuvieron con el delegado.

La lluvia y el día gris no han paralizado a las educadoras ni sus vestimentas amarillas. Mientras decenas de ellas, además de otras trabajadoras de escuelas infantiles y familias se han reunido frente al ayuntamiento, algunas pertenecientes a la PLEI han entrado a presenciar el Pleno municipal que se celebraba esta misma mañana del 29 de abril. En el exterior, pancartas donde se leía “0-3 no llega a fin de mes”, “No guardamos, educamos” o “No es vocación, es explotación”. En el interior, no solo las educadoras vestían camisetas amarillas, sino que miembros de la Asamblea, como Rita Maestre, portavoz de Más Madrid, entre otros muchos, se han sumado a la causa con su atuendo.

Educadoras infantiles expulsadas del Pleno

Las educadoras fueron invitadas a la tribuna por miembros de la oposición municipal, en una jornada en la que se debatiría esa paralización de las prórrogas de los contratos que exigen, y las mejores condiciones laborales por las que llevan en huelga indefinida desde el pasado 7 de abril. La proposición defendida por la concejala socialista María Caso incluía también bajada de las ratios de niños por educadora y subida de salarios, con el fin de equipararse con los de las educadoras de otros ciclos. A día de hoy, algunas educadoras reciben mensualmente 1221 euros, lejos de los 1518 euros que corresponderían según convenio.

Durante su intervención, miembros de la Asamblea como Rita Maestre han defendido la lucha de las trabajadoras, mientras que José Fernández Sánchez ha querido “desmontar la proposición”, insistiendo en que “lo que proponen es imposible, y lo saben. Es ilegal en sus propios plazos. Por cierto, muy a lo sanchista. ¿Para qué presupuestos?”. Ante las palabras del delegado, las educadoras han reaccionado: “¡Sí se puede!”. Poco después, la Presidencia de la mesa solicitó la intervención de seguridad y las trabajadoras fueron desalojadas. “Esto es intolerable” ha dicho el presidente del Pleno, Borja Fanjul, “y que los grupos de la oposición estén aplaudiendo, les vuelve a retratar”. Nervioso, Fanjul ha llamado al orden incluso al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, durante la expulsión.

“Nos han escuchado un rato; han tardado en echarnos”, ha declarado una de las invitadas a la tribuna. A la salida, las compañeras las recibían con más cánticos, silbatos y cacerolas. “Vamos a aguantar. Hay que subir el tono de la presión”, insistían las portavoces del PLEI, que no se van a rendir hasta que consigan soluciones.

Después de tres semanas en huelga indefinida y concentrándose en distintos puntos de la capital, las educadoras confiesan estar agotadas al no estar consiguiendo respuestas por parte de las instituciones. “Pasamos más tiempo con los niños de la escuela que con nuestros propios hijos”, explicaba una de las presentes, que lamenta estar viviendo una situación como esta en un trabajo que es vocacional: “Podría estar trabajando de administrativa, cobrando más y con menos problemas, pero esta es mi vocación. Lo único que pedimos es poder ejercerla con dignidad”.

Agotadas física y emocionalmente

Las educadoras explican que se turnan para cubrir los servicios mínimos establecidos por ley durante las huelgas, y que esto está poniendo aún más en tensión la situación con las familias, que apoyaban la causa, pero empiezan a notar más nerviosos a unos niños que no quieren ir a la escuela, tras pasar tantas horas al día en unos centros que no funcionan como deberían. “Si antes era difícil atender a tantos niños, ahora lo es todavía más”, subrayan las educadoras.

Están agotadas física y emocionalmente, más aún desde que observan la poca transparencia institucional y cómo el Gobierno madrileño gira la cara. “Cada día somos menos en las concentraciones porque la gente está agotada, también mentalmente”, lamenta una de las presentes. Algunas familias han acudido con sus carritos y los más pequeños para apoyarlas. “Estamos al cuidado diario de sus hijos. Lo que pedimos afecta a la calidad educativa y al bienestar de los niños”, defiende una educadora.

Las trabajadoras de las escuelas infantiles de la capital no entienden que ni el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ni la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, comparta su visión ni empatice con ellas, cuando se trata de la educación de los niños en una etapa fundamental de sus vidas. “Que pongan cámaras en las aulas Almeida y Ayuso, para que vean lo que vivimos cada día”, decía una de las compañeras, que enseñaba las marcas de los mordiscos en el brazo provocadas por un niño con necesidades especiales durante una jornada laboral. “En el mismo momento tengo que recoger una mierda, que evitar que dos niños se peguen y otra se escape por la puerta, más vigilar a todos los demás que gritan y perturban la tranquilidad de dos niños con TEA”, añade, “he tenido que poner pestillos”.

Las educadoras infantiles tienen claro que no es el momento de bajar la intensidad de las concentraciones y seguirán insistiendo a las instituciones competentes que la situación cambie. Esta misma tarde se concentran en la Puerta del Sol para reclamar estas mejoras y paralizar las prórrogas de estos contratos.

Más Madrid ha expulsado del partido a su portavoz en Parla y tercer teniente de alcalde, Miguel Fuentes, por “comportamientos hostiles” a una compañera de formación en el Ayuntamiento.

“Inmadura, insoportable, te pasas el día jodiendo”, son algunas de las expresiones que habría utilizado para dirigirse a compañeras de partido en la localidad, según han trasladado a Europa Press fuentes conocedoras de los hechos denunciados ante los órganos del partido.

Según la resolución del proceso sancionador, al que ha tenido acceso Europa Press, Fuentes habría incurrido en un “comportamiento hostil” hacia una compañera con reiterados “menosprecios sobre su trabajo en el ámbito institucional, su actividad militante y sus características personales o estéticas”.

Estos comportamientos serían una infracción grave recogida en el punto 166 k) de los Estatutos de la formación. Este artículo hace referencia a “emitir insultos, expresiones vejatorias o realizar comportamientos hostiles hacia compañeros o compañeras del partido, de manera presencial, en medios digitales o cualquier otro medio de comunicación”. De hecho, el instructor de este escrito, fechado el 7 de abril, destaca que los comportamientos “hostiles” no han sido solo contra la denunciante sino también hacia “otros miembros participantes en Más Madrid y en Parla” en un “cúmulo de actitudes mantenidas durante un largo período de tiempo”.

Las fuentes conocedoras de los hechos denunciados han explicado que el edil también habría sugerido a compañeras de partido no ir ni en minifalda ni en pantalón corto a los actos y habría afirmado a una compañera que no podía “tomar un descanso” porque tenía que “estar disponible 24/7”.

Uno de los episodios que también se habrían trasladado sucedía cuando una trabajadora le había informado de que padecía una enfermedad grave que podría implicar que prolongase una baja, ante lo que él habría respondido que debía dimitir “para no ser una carga para el Grupo Municipal”. “Cuando le despide le dice que si se hubiera puesto de su parte no habría sido esa persona la despedida”, rematan.

Fuentes denuncia una “situación insoportable” y anuncia una rueda de prensa

Este miércoles, el portavoz ha denunciado que ha vivido “una situación insoportable” dentro de Más Madrid durante “más de un año” y dice desconocer el contenido del expediente, que asegura haber leído “por primera vez” a través de los medios de comunicación. “Lo que al principio fueron unas discrepancias legítimas se convirtió en una campaña de aislamiento y presión contra mi persona que ha terminado en un 'juicio sumarísimo'”, ha escrito Fuentes en una publicación en redes sociales, en la que afirma haber denunciado ante el Comité de Código Ético del partido a Miguel Rodríguez, Isabel Ávila y Cristina Garrote.

“Me duele profundamente que se utilicen mecanismos de castigo para resolver diferencias políticas y filtrarlo para generar un daño que ya es irreparable. Sé que no he sido el único caso”, ha añadido, y ha adelantado que dará una rueda de prensa.

Miguel Fuentes es uno de los cargos de la formación que ha mostrado explícitamente su apoyo a Emilio Delgado. El ejemplo más reciente ha sido la III Verbena de Más Madrid celebrada este sábado.

En ella, la ministra de Sanidad, Mónica García, anunciaba que quería ser candidata a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, intención que también había anunciado hace un año Delgado. Fuentes compartió en redes sociales una imagen del momento en el que Delgado tomaba la palabra, además de repostear su intervención completa, en un contexto de choque interno por las primarias.

A lo largo del último año, en su cuenta de 'X' ha compartido también varias intervenciones de Delgado en medios de comunicación y de la Asamblea regional, además de mensajes suyos llamando a actos en los que intervenía tanto en la región como el que protagonizó junto al diputado del Congreso por ERC Gabriel Rufián.

“Si me dais vuestro respaldo, quiero ser la próxima presidenta de la Comunidad de Madrid”. Con estas palabras anunciaba Mónica García su intención de postularse a las primarias de Más Madrid el pasado sábado. Por el momento, es la única que ha anunciado de forma oficial que quiere ser candidata para las elecciones de 2027. Pero puede que la situación cambie: Emilio Delgado, su compañero de partido y coportavoz en la Asamblea de Madrid, había dejado la puerta abierta a postularse también. Y por eso mismo, el anuncio de la ministra de Sanidad, con él en el escenario, no sentó nada bien. Esa incomodidad se ha cristalizado en los últimos días.

¿Cómo se ha llegado hasta aquí?

La líder de Más Madrid avisó el día de antes a Emilio Delgado. Según relatan fuentes del entorno del portavoz adjunto a elDiario.es, cuando expresaron su disconformidad, la respuesta de García fue que a ella tampoco le gustó el acto que protagonizaron Delgado y Gabriel Rufián el pasado mes de febrero en Madrid sobre la unidad de la izquierda. “Nos alegramos de que se vaya a decidir en las primarias del partido”, dijo entonces el entorno de Emilio Delgado, dejando claro que no estaba tan seguro que Mónica García fuese a ser la candidata para 2027.

La carrera para ser la cara visible de la formación en las autonómicas, ahora segunda fuerza en la Asamblea, dio su pistoletazo de salida el sábado. Y con ella, las disputas internas han salido a la luz.

En una entrevista con elDiario.es este domingo, Mónica García aseguraba que “no solamente” había hablado con Delgado: “Llevamos hablando con él muchos meses sobre cómo podemos combatir a Ayuso juntos. Nos necesitamos todos. Esto no es ni tú ni yo, somos un nosotros que esperamos ampliar”, aseguraba. También señalaba que la ciudadanía pide a la izquierda que deje de “mirarse el ombligo” para ir “todos a una, tanto a nivel regional como estatal”.

Sin embargo, el tono cambió este lunes. Durante el programa Al Rojo Vivo, en LaSexta, los dos entraron al choque en directo. Mónica García comenzó su intervención argumentando de nuevo esta unidad y fue Emilio Delgado quien puso sobre la mesa el debate de las primarias del partido diciendo que le gustaría “que pudiera seguir votando toda la gente que lo ha hecho estos años y que no se limitara el derecho al voto”. Y es ahí donde reside el embrollo: ¿quién podrá votar a quién?

¿Qué dice el estatuto sobre las primarias?

El estatuto del partido establece una diferenciación sobre las personas que participen de él: militantes y simpatizantes. Y son los primeros los que tienen derecho a participar en los procesos para configurar las candidaturas electorales, según el texto aprobado en mayo de 2025. Las personas simpatizantes, por otro lado, tendrían derecho solo a aquellas candidaturas electorales en las que participe Más Madrid en las asambleas “cuyo ámbito de población comprenda más de 500.000 habitantes o en las asambleas en las que participen más de 50 personas”.

Según explican fuentes del partido, esto quiere decir que ni en Madrid ciudad ni en Madrid comunidad autónoma los simpatizantes podrán votar, sino que serán los militantes. “El lugar de participación y referencia es la asamblea y no hay una asamblea ciudad ni hay una asamblea Comunidad. Son distritos o municipios”, indican.

Fuentes del entorno de Emilio Delgado tachan de “confuso” este sistema y aseguran que “han ido reduciendo el ámbito de participación”. “Ahora parece que ni siquiera [los simpatizantes] van a poder votar en la ciudad de Madrid”, critican. “¿Para qué tienen entonces esa cláusula? Los estatutos no se pueden interpretar en clave restrictiva”, añaden en declaraciones a elDiario.es.

¿Qué es ser simpatizante y qué es ser militante?

Para ser militante de Más Madrid, actualmente se deben cumplir tres participaciones al año en actividades reconocidas por la organización. Entre la primera participación y la última tiene que haber una separación de tiempo de al menos cuatro meses “que la participación se distribuya en el tiempo” y evitar que se acumule “justo antes de primarias o consultas”.

Simpatizantes son, en cambio, todas las personas que se inscriban como tal en el apartado. Está pensado para una participación más puntual y, por ejemplo, pueden participar en consultas que se convoquen siempre que no sean vinculantes o “que no afecten a los Estatutos, los reglamentos que los desarrollan o las decisiones de los órganos del partido”.

¿Qué critican los 'emilistas'?

Los 'emilistas', el grupo que apoya una hipotética candidatura de Emilio Delgado, cargan contra esta diferenciación entre militantes y simpatizantes, así como con el hecho de que solo puedan votar los primeros. Argumentan que el sistema favorece a Mónica García después de que Delgado haya conseguido más protagonismo mediático en los últimos meses y apoyo, especialmente en redes sociales y una parte de los votantes de Más Madrid. Ellos apuestan por que las votaciones se abran también a simpatizantes y calculan que, si solo votan los militantes, estos serán unos 700 aproximadamente, aunque no hay cifras oficiales. Por otro lado, aseguran que la voluntad de los inscritos “sería mucho más representativa”, y aunque tampoco hay cifras cerradas, calculan en unas 30.000 personas.

El entorno del portavoz adjunto en la Asamblea de Madrid critica también que para ser militante se deban cumplir estas tres participaciones porque consideran que pueden haber personas que participen de alguna manera en el partido pero que por falta de tiempo no hayan podido colaborar en estas actividades. Además, consideran que la redacción del estatuto es confusa en cuanto a los derechos que pueden ejercer los simpatizantes.

Otro de los puntos que se critican es el hecho de que todavía no haya un anuncio oficial de primarias y que no se haya constituido un comité electoral.

¿Cuál es la postura oficial de Más Madrid?

Desde el partido critican que “los órganos del partido aprobaron este reglamento de participación hace meses y las y los militantes lo refrendaron en una consulta digital, sin que se plantearan las objeciones que se están planteando ahora en los medios de comunicación y de manera coordinada”. Desde el entorno de la líder del partido autonómico afean que ahora se critique un reglamento que se aprobó hace un año. El texto vio la luz en 2025. Unos meses después de su aprobación, en febrero de este año, dimitieron cuatro de los seis miembros del Comité de Garantías de Más Madrid, entre críticas a la dirección por esta reforma de los estatutos.

En los anteriores estatutos, aprobados en 2021, se eliminaba la cuota económica como requisito para ser afiliado y se establecía que “podrán ser afiliadas todas las personas físicas mayores de edad que no tengan limitada su capacidad de obra”. Estas personas afiliadas, tendrían derecho a ser “electoras y elegibles en los procesos de elección de órganos internos”, así como en los procesos para la “configuración de candidaturas electorales en las que participe Más Madrid”.

Las fuentes oficiales enmarcan en la “normalidad” que los estatutos “se vayan actualizando con ciertas mejoras”, niegan que haya restricciones y trasladan ejemplos de algunas de las actividades que se pueden hacer para ser militante: “Cualquier persona que haya ido a llamar puertas en su barrio, que haya asistido a una charla o a un debate del partido” o “que haya ido a coles para difundir nuestra propuesta de comedor escolar gratuito”, “cualquier persona que haya dedicado a Más Madrid dos horas de su vida en los últimos cuatro meses”, aseguran, recordando que no es necesario pagar una cuota económica.

“Si algún militante concreto no puede cumplir con los requisitos por circunstancias personales, puede quedar eximido temporalmente si lo solicita y lo aprueba por consenso su asamblea territorial”, añaden.

Después de tres semanas en huelga indefinida, las educadoras infantiles siguen exigiendo a las instituciones mejoras en sus condiciones laborales. Las educadoras de niños de entre 0 y 3 años quieren reunirse con el alcalde de Madrid, José Luís Martínez-Almeida, para trasladarle su malestar de cara a la inexistencia de soluciones que han recibido por parte del Gobierno municipal para mejorar la situación precaria en la que trabajan a diario. Esta semana, la Plataforma de Escuelas Infantiles, junto con el sindicato CGT, se han dirigido a Almeida y al delegado del Área de Gobierno de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández Sánchez, además de a todos los concejales presidentes de los distritos madrileños, para solicitar el cese de las prórrogas de los contratos que gestionan las escuelas infantiles de la capital.

Las educadoras, que llevan en huelga indefinida desde el pasado 7 de abril, y se han concentrado en varias ocasiones frente a distintos puntos institucionales de la ciudad —como el Ministerio de Educación, la Consejería de Educación o en la Plaza de Callao—, recuerdan haberse reunido con José Fernández Sánchez la semana pasada, donde exigieron al delegado del Área de Gobierno la paralización de estos contratos. Desde la Plataforma explican que la justificación de estas prórrogas es “la continuidad de los proyectos educativos”, algo que para las educadoras es “bastante incoherente”, puesto que “instaurar un proyecto pedagógico en un centro educativo y evaluar su funcionamiento cada 3 o 5 años para, a continuación, volver a realizar una licitación y cambiar de empresa gestora de las escuelas, así como el proyecto educativo de la misma, carece del propio sentido que ustedes argumentan para la continuidad del contrato en prórroga”.

Muchas prórrogas se firmaron tras la reunión

Desde la Plataforma denuncian que la consolidación de un proyecto educativo requiere “de una municipalización del servicio y de un acompañamiento pedagógico, que, con el presupuesto invertido para este primer ciclo de educación infantil, es imposible llevar a cabo”. Las educadoras critican que a día de hoy existe un número indeterminado de prórrogas de contratos de escuelas infantiles municipales que no han sido formalizadas, pese a que el delegado del Área de Gobierno insistió en la reunion que mantuvieron el pasado 21 de abril en que “ya estaban todas formalizadas y tenían por tanto carácter irrevocable”. “Cosa que no es cierta”, replican las educadoras.

Las trabajadoras y educadoras de las escuelas infantiles madrileñas subrayan que en las juntas de Gobierno celebradas después del comienzo de la huelga indefinida -el pasado 7 de abril-, se ha autorizado por parte de las juntas municipales correspondientes “el gasto para varias de esas prórrogas asociadas a contratos que terminan su periodo inicial de ejecución el próximo agosto”. Las mismas explican que esta decisión es “un paso previo siempre a la firma por parte de las empresas del acuerdo vinculante legalmente de dicha prórroga”.

Sin embargo, desde la Plataforma denuncian que estas autorizaciones de gastos se han realizado incluso después de la reunión que mantuvieron con el delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández Sánchez -el pasado 21 de abril-, donde expusieron su solicitud de paralizar estas prórrogas y donde se les informó de su “imposibilidad”, además de que “ni siquiera habían contado todavía con la aprobación del gasto en junta de Gobierno, trámite indispensable con carácter obligatorio en importes similares”, explican las educadoras infantiles. Un ejemplo, recuerdan, es el de las escuelas infantiles de Carabanchel, donde se acordó el gasto después de la mencionada reunión. Las mismas detallan que esta reunión “no fue satisfactoria, no se expuso ninguna posible solución a este conflicto justificando que el Ayuntamiento no tiene ningún tipo de relación laboral con las trabajadoras”.

La PLEI denuncia una falta de transparencia institucional

Las educadoras infantiles califican esta gestión como una “falta de transparencia”, la cual “se suma a la falta de voluntad política que ha llevado al Gobierno municipal a condenar a las educadoras infantiles a ganar durante el próximo curso 1221 euros en lugar de los 1518 a los que tienen derecho”. Además, recuerdan que lo que exigen a las instituciones no es nuevo. Ya el día 5 de abril de 2025 se realizó una petición formal por parte de la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles donde solicitaban el cese de estos contratos, para recibir mejores salarios -como reciben las educadoras de otros ciclos, como las de 3 a 6 años-, y mejores condiciones laborales.

Las mismas critican que las instituciones han tenido mucho tiempo para redactar nuevos pliegos, sin solución, “condenando a esta precariedad a las trabajadoras de forma consciente y deliberada”, además de no poner en valor la educación de la primera infancia.

Las educadoras solicitan reunirse con Almeida

Por todo ello, desde la Plataforma de Escuelas Infantiles solicitan al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, una reunión para pedir personalmente la paralización de las prórrogas que todavía no son efectivas, y que “no se formalice ninguna prórroga más de las que ya cuentan con la autorización por parte de la Junta de Gobierno, hasta que no se resuelva el conflicto colectivo que tiene en curso con las trabajadoras de las empresas que gestionan sus escuelas infantiles”.

Además, exigen que se resuelvan todos los contratos que hayan sido prorrogados, “aunque suponga económicamente un perjuicio puntual para el Ayuntamiento de Madrid, que estamos seguras, será capaz de reorganizar sus partidas económicas” porque, según explican, “hay justificación legal para poder llevar a cabo esta resolución de contratos”. Las educadoras infantiles insisten en que ninguna de estas prórrogas ha comenzado ya “y por lo tanto se pueden sacar nuevas licitaciones por vía urgente”. También exigen la inspección del servicio de las empresas gestoras y amonestar a las que correspondan por no cumplir los contratos.

Desde la Plataforma rechazan esta firma de prórrogas que les condena “a casi dos años y medio más de precariedad y sustraen 4000 euros anuales de incremento salarial a los que tenemos el derecho, sostenido por nuestro trabajo cotidiano, y defendido por las compañeras huelguistas y por la ciudadanía de Madrid, que nos apoya”. Además, recuerdan que el trabajo de las educadoras es un servicio público y que tanto ellas como las familias y los más pequeños saldrán beneficiados de estas medidas que solicitan.

Esta semana, las educadoras infantiles se concentrarán frente al Palacio de Cibeles el miércoles a las 8:45 horas, y a las 18:00 horas en la Puerta del Sol; el jueves, se reunirán frente a la Consejería de Educación a las 12:00 horas. El viernes, además, acudirán a la manifestación del 1 de mayo en Marqués de Vadillo a partir de las 11:00 horas.

Una tercera autopsia del cuerpo de Abderrahim Akkouh que incluye el análisis de los vídeos de la actuación que acabó con su vida desvela que este vecino de Torrejón de Ardoz de 35 años perdió la vida por una “muerte violenta por homicidio”. Sucedió la noche del 17 de junio de 2025, cuando J. J. T. C., policía municipal de Madrid fuera de servicio, persiguió a este hombre de origen magrebí por las calles de la localidad. Tras inmovilizarle, le practicó la técnica de sujeción conocida como mataleón hasta que le asfixió.

En un primer momento, el procedimiento se abrió como un homicidio imprudente. Tras recibir el informe de la autopsia, la defensa del fallecido pedirá a la magistrada del Juzgado de Instrucción número 4 de Torrejón que se le impute un delito de homicidio doloso o asesinato. Asimismo, volverá a reclamar que el policía retirado, P. A. P. C., quien evitó con su peso corporal que Abderrahim pudiera defenderse de la asfixia y e intentó frenar la grabación de lo sucedido por varios transeúntes, deje su condición de testigo para ser investigado.

El informe de la autopsia realizado el 5 de marzo de este año —al que ha tenido acceso elDiario.es— recoge que la “causa fundamental” de la muerte fue “asfixia mecánica”. Los médicos forenses que firman el documento definen esta asfixia como “la falta de oxigenación causada por obstrucción física o presión externa que impide el paso de aire a los pulmones”. Rubén Vaquero, letrado de la familia Akkouh, asegura que esta es la evidencia de que “Abderrahim murió por la compresión de la caja torácica y del estrangulamiento” al que le sometió J. J. T. C.

La resolución de los expertos del Instituto de Medicina Legal también asume en sus consideraciones médico-forenses que en el fallecimiento intervino el consumo reciente de drogas como cannabis y cocaína y lesiones cardiacas previas, así como la compresión torácica y presa cervical que sufrió Abderrahim por parte del policía. Sin embargo, en sus conclusiones aprecia que la “causa inmediata” de la muerte fue la anoxia, es decir, la falta de oxígeno en el organismo. Más allá de la ya expuesta “causa fundamental”, los especialistas recalcan en la “etiología médico-legal” que se trata de una “muerte violenta por homicidio”.

Ante dicho extremo, Vaquero asegura que esta es la mejor forma de echar por tierra algunas versiones vertidas por los agentes policiales que señalaban que Abderrahim podría haber muerto debido a sus complicaciones médicas. Según el relato de los agentes, habrían comenzado a perseguirle después de que le robara el móvil a uno de ellos. 

Por otro lado, que el caso se investigue como homicidio doloso conllevaría que fuera un tribunal de jurado popular el que terminara discerniendo lo sucedido en el juicio oral. “Esa era nuestra intención desde el principio para que la sociedad española pueda mostrar que rechaza estas situaciones en las que policías matan a una persona movidos por el racismo”, añade el abogado.

De testigo a un segundo investigado

Por el momento, P. A. P. C., el agente de la Policía Municipal de Madrid retirado que también intervino en los hechos, forma parte del procedimiento en calidad de testigo. No es la primera vez que Vaquero intentará que eso cambie. “Está claro que tuvo una participación activa en los hechos. Formó parte de la persecución y abatimiento contra el suelo de Abderrahim, también de su inmovilización, e intentó que los presentes no grabaran lo que sucedía, incluso peleándose con uno de ellos, tal y como prueban los vídeos”, desarrolla el letrado.

Además, el agente jubilado, con el cuerpo de Abderrahim ya inerte, le espetó “mereces que te mueras ahora mismo, cabrón”, tal y como recogió elDiario.es. “Entendemos que hay indicios suficientes de racionalidad criminal que son indubitables como para que pase a estar investigado, porque su relación con el crimen es cristalina y evidente”, reitera el mismo Vaquero. 

Lo mismo reclama la hermana del fallecido, Chaimae Akkouh, quien resalta que “este hombre no pasaba por ahí, no es un testigo más, sino que ayudó a que Abderrahim no pudiera librarse de la asfixia sujetándolo por los pies”. En este sentido, la autopsia recoge que “la inmovilización de la mitad inferior del cuerpo no condiciona el resultado de fallecimiento”, una vez analizados las consideraciones médico-forenses y las imágenes de los vídeos aportados en la autopsia. De todas formas, el abogado argumenta que “no hay muerte si no se le impide a Abderrahim esa situación de indefensión en la que también participó P. A. P. C.”.

Sin prisión preventiva

Esta joven de 26 años, también vecina torrejonera, sostiene que desde que tuvo lugar la muerte de su hermano viven con miedo. “Nunca sabes cuándo puede llegar un cambio de última hora en el procedimiento. Han tardado mucho en dejarnos conocer esta autopsia y temíamos que no recogiera lo que realmente sucedió”, comenta. Ese miedo fue a más cuando hace unas semanas la justicia decidió archivar la investigación sobre la muerte de un hombre en un locutorio de Torremolinos (Málaga). En ese caso, falleció tras recibir entre ocho y once descargas eléctricas de dos pistolas táser, golpes e inhalar gas irritante, además de ser inmovilizado bajo presión en tórax y piernas durante una intervención de seis agentes de Policía.

Por eso, Chaimae se posiciona a favor de elevar las medidas cautelares que, a día de hoy, tan solo pesan sobre J. J. T. C., quien tiene el deber de firmar cada 15 días en los juzgados. “Pedimos la prisión preventiva para asegurar el procedimiento y que no tuviera acercamiento a la familia, pero nos lo denegaron”, detalla Vaquero. El agente intentó dejar de tener la obligación de personarse cada quincena en los juzgados, pero la magistrada no aceptó la petición.

Un miedo que no desaparece

La hermana del fallecido, la pequeña de los ahora cinco hijos que acompañan a su madre, Jamila, asegura “confiar en la justicia española”. Así lo explica: “Habrá un día en que todo saldrá a la luz y será ahí cuando tengamos la reparación y justicia que buscamos desde junio del año pasado”. El informe de esta autopsia ha significado un pequeño alivio en el periplo judicial que todavía enfrentan, pero el dolor continúa. “Hasta que no haya una sentencia firme que esclarezca la culpabilidad de los dos policías, no terminaremos de sufrir”, comenta.

La palabra “miedo” es de las más repetidas por Chaimae al ser preguntada por qué le hace sentir lo ocurrido. “Yo tengo dos hijos y tengo miedo por ellos. Como esto pueda volver a suceder, todos estamos perdidos, no solo los familiares de Abderrahim, sino otros tantos que ha habido y que habrá El abuso policial e institucional debe parar ya”, reivindica la joven.

Vaquero, por su parte, reitera que esta autopsia que ahora se conoce es una “prueba directa objetivable” que supondrá transformar el procedimiento en un procedimiento de jurado por homicidio doloso o asesinato. “Aquí queda claro que Abderrahim murió por la acción violenta de un policía que le comprimió la caja torácica y le estranguló mientras otro policía jubilado le ayudaba para que no hubiera ningún tipo de defensa”, concluye el abogado.

La precariedad en la que sobreviven los bomberos forestales de la Comunidad de Madrid ha conllevado que, a lo largo del invierno, tan solo se hayan realizado la mitad de las tareas de prevención de cara a la época de máximo peligro. La llegada del incremento de las temperaturas ha vuelto a desvelar las costuras de una gestión que depende de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior y Tragsa, la empresa encargada de las contrataciones. Desde el 25 de agosto de 2025, la plantilla ha mantenido la huelga indefinida. Tres son sus demandas principales: un incremento del salario que les permita vivir con dignidad, gestión directa del servicio y el cumplimiento de la normativa en materia de protección de la salud de los trabajadores.

Rafael Fernández, delegado de UGT en el comité de empresa, asegura que en todo este tiempo los avances en las negociaciones han sido pocos. “Tragsa sigue cerrada en banda a nuestras peticiones”, comenta el también integrante de comité de huelga. En la actualidad, los bomberos forestales de la Comunidad de Madrid cobran en torno a 1.300 euros al mes por realizar un trabajo esencial que incluye la extinción de incendios forestales, labores preventivas durante el invierno en nuestros montes y la intervención en emergencias climáticas cada vez más frecuentes, como inundaciones o episodios de dana, tal y como expresó el comité de huelga en un comunicado reciente.

Por su parte, la Comunidad de Madrid ha intentado estabilizar al colectivo, que verá aumentados sus efectivos a lo largo del año, pero reducidos en las épocas de alto riesgo. “Antes éramos siete personas por equipo y ahora vamos a ser cinco. Eso limita mucho nuestro desempeño”, añade el sindicalista. Los sindicatos afirman que el organigrama anterior recogía unos 550 efectivos en verano y 250 en invierno. La última remodelación dejará en 419 las personas que trabajarán de forma continuada.

Más combustible en el monte

El aumento de las temperaturas ya es palpable en la región madrileña. En estos ocho meses de paro, una de las principales consecuencias ha sido la reducción “drástica”, tal y como la cataloga Fernández, del número de hectáreas trabajadas. “Se nos presenta un verano con una época previa de abundante lluvia que ha hecho que aumente en gran medida la vegetación sobre la que no se ha trabajado, combustible en el monte. Tampoco se han realizado las mismas fajas de seguridad que en años anteriores”, añade.

Julio Chana, secretario del comité de empresa por CGT, agrega que las labores de silvicultura se han visto mermadas. “Solo hemos desbrozado y quemado la mitad de la superficie que se debería”, ilustra. La Comunidad de Madrid se ha querido adelantar a los acontecimientos. El mismo Fernández detalla que les han cambiado los horarios de mayo, aunque la campaña de alto riesgo suele comenzar en junio.

Salud de la plantilla y gestión directa

Sus demandas están claras desde el primer momento. Dado que el convenio colectivo por el que se rigen data de 2008, las tablas salariales “están totalmente obsoletas”, según el ugetista. Los datos que manejan en cuanto a salarios cifran en 1.300 euros el dinero que un bombero raso percibe al mes. “Nos jugamos la vida, trabajamos con un alto riesgo en condiciones de penosidad y toxicidad, y lo que nos pagan apenas supera el salario mínimo”, denuncia Fernández.

Chana, también integrante del comité de huelga, estima en un 40% la subida que necesitan en las nóminas para poder mantener sus vidas en la Comunidad de Madrid. “Si no, es imposible desarrollar el trabajo con profesionalidad. Somos un servicio esencial que vela por la seguridad de la ciudadanía. Cuando más se demore el conflicto, más insegura estará la población”, desarrolla.

La salud es otra de las cuestiones que más preocupa a la plantilla. Los representantes sindicales señalan que las bases se han quedado totalmente anticuadas en lo que se refiere a descontaminación de los equipos de protección individual. En este sentido, Chana subraya que es imprescindible el reconocimiento de la penosidad, toxicidad y peligrosidad con la que los bomberos forestales se ven obligados a desempeñar sus funciones.

A todo ello se suma la reclamación de que pasen a ser un cuerpo gestionado directamente por la Administración Pública. “Lo llevamos pidiendo desde 1998. Ahí éramos personal laboral, luego estuvimos 20 años con el servicio privatizado en manos de dos empresas, y ahora se lo regalamos a una empresa pública, aunque de pública tiene poco”, precisa el representante de CGT.

Tragsa no responde

Por su parte, Tragsa ha facilitado los datos de seguimiento de la huelga a lo largo de estos meses. Según la compañía, fluctúan entre el mínimo cosechado este febrero, el 0,97%, con el máximo, que tuvo lugar en septiembre del año pasado, con el 23,66%. Los sindicatos, en cambio, aseguran que la plantilla secunda en su inmensa mayoría los paros. “Como empresa pública sometida a la legislación correspondiente, respeta todos los derechos laborales de los trabajadores y, en ese sentido, respeta su derecho a la huelga”, ha añadido Tragsa.

Del mismo modo, la compañía liderada por el presidente del consejo, Jesús Casas, ha declinado responder a preguntas como si se ha producido algún avance en las negociaciones desde el inicio de la huelga, qué medidas pueden tomar para dar respuesta a las exigencias de los bomberos o cómo es su trabajo junto a la Comunidad de Madrid a la hora de evaluar conjuntamente la situación, así como si han realizado algún tipo de requerimiento al Gobierno regional.

Negociaciones sin avances

Las negociaciones continúan encalladas con el verano a la vuelta de la esquina. “La Comunidad de Madrid ha dicho que ellos han puesto algo más de dinero, todo lo que podían. Unos 130 euros más al mes. A nosotros se nos queda una cara…”, expresa Chana. Este sindicalista tampoco deja de lado su faceta ciudadana: “Yo pago mis impuestos y me parece incomprensible que no haya un servicio totalmente público y de calidad que vele por mi seguridad, como es el de los bomberos forestales”.

La Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, con Carlos Novillo al frente, ha asegurado que “esperamos que antes de que llegue la época de alto riesgo de incendio forestal se pueda resolver este problema”. Asimismo, han destacado que han activado “todas las herramientas, todo el presupuesto necesario para que eso pueda ser así y puedan llegar a un acuerdo con la empresa pública Tragsa, que es de quien dependen”.

Como ya habían adelantado los representantes sindicales, con el nuevo encargo la Comunidad ha permitido que “gran parte de la plantilla de más de 415 efectivos puedan estar contratados durante todo el año, que es una de las reivindicaciones”. La Consejería ha defendido que han incorporado en el presupuesto del nuevo encargo “la cantidad económica suficiente para que los pluses que ellos reclaman puedan ser aprobados por el Ministerio de Hacienda, en este caso, que es el que tiene que autorizarlo a Tragsa”. Por último, el departamento de Novillo ha recalcado que la labor de los bomberos forestales “es fundamental” y no pueden “mantener esta huelga”.

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el centro del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) adscrito a la Universidad Complutense de Madrid, según ha adelantado este lunes El País y ha confirmado elDiario.es. El Gobierno de Ayuso aprobó la creación del centro adscrito el año pasado perteneciente al Colegio de Abogados, que además fue acusación particular en el juicio contra el fiscal general del Estado.

Fuentes del Ministerio critican la autorización de la Comunidad de Madrid como “contraria al ordenamiento jurídico por permitir a un colegio profesional ejercer funciones universitarias oficiales sin base legal, invadiendo competencias estatales y alterando el sistema universitario”.

La impugnación de la Orden se suma al recurso contencioso-administrativo que interpusieron dos diputados del PSOE de Madrid el pasado mes de enero ante la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid. En dicho recurso, los socialistas consideraban que se había vulnerado el Estatuto General de la Abogacía Española y la Ley de Colegios Profesionales tras habilitarse a sí mismo para impartir titulaciones oficiales C en los nuevos estatutos aprobados el pasado julio.

En enero de este año, el Gobierno solicitó a la Comunidad de Madrid y, ahora, con esa información, el Ministerio de Diana Morant ha interpuesto la denuncia. Argumentan que los colegios profesionales “no tienen atribuida por ley la función de impartir docencia” oficial en grados y másteres, consideran que la orden contraviene la Ley Orgánica del Sistema Universitario sobre la creación de centros universitarios, así como que el ICAM “asumiría funciones propias del sistema universitario”, extralimitando sus competencias.

Dichas fuentes aseguran también que esto “desdibuja la separación entre formación universitaria y ordenación profesional” y que afectaría “competencias estatales”.

También la Universidad Carlos III de Madrid anunció que recurriría la creación del centro, según anunció el rector, Ángel Arias. “Es un error este paso, que abre la puerta a que los colegios profesionales puedan dar formación”, dijo.

El ministro para la Transformación Digital y líder de los socialistas madrileños, Óscar López, ha criticado que la autorización de este centro “no tiene encaje legal y altera el sistema universitario”. “La función de los colegios profesionales no es montar negocios académicos privados”, ha dicho en redes sociales.

El Colegio de Abogados, en el juicio al fiscal general

El Colegio de Abogados de Madrid presentó una querella contra la Fiscalía y, después, ejerció como acusación popular durante el juicio contra el fiscal general, donde pidió una condena de cuatro años de cárcel para Álvaro García Ortiz.

Tras su actuación en el juicio, las asociaciones Abogados Demócratas por Europa (Adade) y Defiéndete en Derecho, de ámbito progresista, emitieron un comunicado para quejarse por la participación del ICAM y la corporación respondió a las críticas defendiendo que actuaron al margen de cuestiones “políticas o personales”. “Debe enmarcarse exclusivamente en su obligación de defender el secreto profesional” y el “derecho de defensa”, dijeron entonces.

La ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, se ha enzarzado en una discusión con el coportavoz de su mismo partido en la Asamblea de Madrid, Emilio Delgado, en una intervención en directo en 'Al Rojo Vivo', en La Sexta. García anunció este fin de semana que pretendía presentarse a las primarias del partido para disputarle el poder a Ayuso. Durante la conversación, la ministra ha adelantado que tendrá que ser la militancia quien decida al próximo candidato a las autonómicas de 2027, mientras que Delgado apostaba por ampliar la votación a todos los inscritos. No obstante, en la lista de la Asamblea de Madrid solo votarán militantes y no simpatizantes.

“Nosotros no competimos entre nosotros, competimos con Ayuso”, ha repetido Mónica García durante la conexión en directo, una idea que también planteó durante su conversación con elDiario.es de este domingo. “Espero que seamos capaces de centrar nuestros objetivos”, ha añadido. Mientras, Emilio Delgado ha indicado en su intervención que le gustaría “que pudiera seguir votando toda la gente que lo ha hecho estos años y que no se limitara el derecho al voto”.

Y ahí es cuando ambos han chocado: Mónica García, por su parte, ha insistido en que será la militancia “la que elija cómo nos presentamos ante la señora Ayuso”. Es decir, “todo el que participe de Más Madrid y sea militante de Más Madrid”. “¿Con estar inscritos van a poder votar?”, pregunta Delgado. “Todo el que esté militando en Más Madrid. Las decisiones de todos los partidos la toman los militantes”, insiste de nuevo la ministra de Sanidad.

Unas horas después, ambos han reiterado sus posturas en TVE: García ha defendido que en las primarias de Más Madrid solo se pide que la gente participe en la vida de la formación para poder votar —“Yo no participo en las primarias del PSOE”, ha dicho—, y Delgado ha argumentado que “hay miles de personas que han votado sistemáticamente” que con las normas actuales no podrán. “Estando de acuerdo en que lo principal es echar al PP, para conseguir eso necesitamos un amplio proceso participativo”, ha añadido Delgado, que por ahora no ha anunciado oficialmente que pretende presentarse para ser candidato a las elecciones de 2027, pero en octubre del año pasado dejó la puerta abierta en este sentido.

La participación de Más Madrid se articula, actualmente y desde el estatuto aprobado en mayo de 2025, en dos niveles: militantes y simpatizantes. Son los militantes quienes tienen derecho a participar en los procesos para configurar las candidaturas electorales. Las personas simpatizantes, en cambio, tienen derecho solo en las candidaturas electorales en las que participe Más Madrid en las asambleas cuyo ámbito de población comprenda más de 500.000 habitantes.

Esto es así a partir de la reforma de los estatutos del partido hace un año. Hace unos meses, en febrero de este mismo año, como consecuencia de ese cambio estatuario cuatro de los seis miembros del Comité de Garantías de Más Madrid presentaron su dimisión, entre críticas a la dirección por estos cambios aprobados por la militancia. La dirección del partido defendió entonces la democracia interna de la organización y recordó que todos los cambios fueron ampliamente debatidos y votados en las asambleas. 

En los estatutos del partido aprobados en 2021, se eliminaba la cuota económica como requisito para ser afiliado y se establecía que “podrán ser afiliadas todas las personas físicas mayores de edad que no tengan limitada su capacidad de obra”. Estas personas afiliadas, tendrían derecho a ser “electoras y elegibles en los procesos de elección de órganos internos”, así como en los procesos para la “configuración de candidaturas electorales en las que participe Más Madrid”.

Ahora, la letra pequeña de las condiciones para ser militante de Más Madrid incluye cumplir tres participaciones al año en actividades reconocidas por la organización. Entre la primera participación y la última tiene que haber una separación temporal mínima de cuatro meses precisamente para “que la participación se distribuya en el tiempo” y evitar que se acumule “justo antes de primarias o consultas”.

Mónica García (Madrid, 1974) ha decidido oficialmente dar un paso al frente. Pretende ser la candidata de Más Madrid para intentar arrebatarle la mayoría absoluta a una presidenta autonómica que considera que encarna ahora “muchísimo mejor que Abascal” las políticas de la extrema derecha. Que no necesita a Vox porque, ideológicamente, es Vox. Y todo ello mientras Madrid se torna “más desigual, más difícil, más inaccesible”. Un Madrid “pensado para los fondos buitre”. Eso sí, un Madrid que, según las encuestas, podría volver a aupar al poder a Isabel Díaz Ayuso de cara a las próximas elecciones de 2027.

La suya es la única candidatura oficial anunciada, aunque otras figuras, como la de Emilio Delgado, han dejado la puerta abierta a presentarse también. “Hay algo que nos está pidiendo la ciudadanía, que es que dejemos de mirarnos el ombligo y vayamos todos a una, tanto a nivel regional como estatal”, dice García, en conversación con elDiario.es. “Nuestro adversario no está entre nosotros, está enfrente, es Ayuso, es el Partido Popular”, aunque también “los fondos buitre, los oligarcas, Trump o Netanyahu”.

La también ministra de Sanidad lleva estas últimas semanas bajo el foco mediático por el conflicto entre el Ministerio y los sindicatos médicos, que ha acabado en nuevas jornadas de huelga tras la última propuesta de la cartera que dirige García. “A los que me llaman traidora y dicen que tengo que dimitir, creo que les hubiera traicionado si hubiera dejado en el cajón estas mejoras y no hubiera hecho nada”, responde García.

Acaba de anunciar que se postula de nuevo para las primarias de Más Madrid. ¿Por qué ha decidido dar este paso? ¿Cuándo tomó la decisión?

Nunca me he ido de Madrid. Independientemente de que sea ministra de Sanidad, siempre he tenido el alma dividida entre la sanidad y la otra pasión, que es Madrid. Madrid es un freno para el avance de España. Todas las políticas progresistas que hemos puesto en marcha desde el Gobierno no han permeado a los madrileños y madrileñas. Y eso es porque tiene un gobierno que está haciendo un búnker ideológico y es el laboratorio de las políticas trumpistas y de la ultraderecha. Necesitamos cambiar la pieza de Madrid para cambiar el avance del resto de España.

Si finalmente es la candidata, ¿tiene pensado continuar en el Gobierno hasta que se anuncien las elecciones o pretende dejar el Ejecutivo antes?

No, nos queda un año en el Gobierno. Nos quedan muchas reformas y muchas transformaciones de nuestra sanidad pública por hacer. Desde que hemos llegado hemos impulsado medidas que llevaban en el cajón diez, quince o veinte años. Igual que estamos celebrando ahora los 40 años de la Ley General de Sanidad, necesitamos darle un impulso a nuestro sistema público, que es el eje vertebrador de nuestro estado de bienestar y que nos permite reconocer a la sociedad tal y como la reconocemos: una sociedad que no le pregunta a ningún paciente de dónde es, ni de dónde viene, ni cuánto dinero tiene en la cartera, sino qué le pasa y en qué le puede ayudar.

En las elecciones autonómicas de 2023, Más Madrid consiguió ser segunda fuerza en la Asamblea. ¿Qué ha cambiado desde entonces?

Cada vez que nos hemos presentado en Más Madrid hemos tenido más respaldo, más escaños y más reconciliación de la gente con la política. Ha cambiado que tenemos un Madrid más desigual, más difícil, más duro, más caro, más inaccesible. Un Madrid que no está pensado, ella misma lo dice, para los madrileños y los ciudadanos: está pensado para los fondos buitre. Ella quiere que Madrid sea Miami y yo quiero que Madrid sea Madrid. 

Madrid tiene un gobierno que está haciendo un búnker ideológico y es el laboratorio de las políticas trumpistas y de la ultraderecha. Necesitamos cambiar la pieza de Madrid para cambiar el avance del resto de España

También ha cambiado la percepción que se tiene de las políticas ultraneoliberales. Parecía que la señora Ayuso era una derecha supuestamente moderada y lo que ha hecho durante todos estos años ha sido materializar las propuestas más ultras. Ya no solo de Vox, sino las iniciativas de Trump, de Netanyahu y de toda esa Internacional del odio. Por eso creo que cambiar la pieza de Madrid va a ser algo fundamental. Nos lo va a agradecer el espacio progresista, pero también creo que nos lo va a agradecer la derecha moderada de este país.

Y, sin embargo, las encuestas para Madrid apuntan a que Ayuso podría revalidar su mayoría absoluta. ¿Cómo lo explica? ¿Qué ha hecho mal la izquierda?

Para darle la vuelta a la tortilla hay que tener en cuenta que la tortilla lleva pegada a la sartén 30 años. Ese búnker ideológico que hace que nada de la buena política pueda permear a los madrileños y madrileñas provoca que tengan cierta desconfianza a que la política les resuelva sus problemas. Sin embargo, desde el Gobierno hemos resuelto algunos de esos problemas. Hemos transferido a la Comunidad de Madrid muchos miles de millones de euros más de los que le transfería el señor Feijóo. Y eso no se ha visto: no se ha materializado ni en los sueldos de los profesionales sanitarios, ni en los centros de salud, ni en la educación, ni en la vivienda, ni en la facilitación de la vida ni en un Madrid más verde.

Ayuso encarna muchísimo mejor que el señor Abascal todas las políticas de la ultraderecha.

Ese búnker ideológico viene acompañado de un búnker mediático que hace que las buenas noticias no permeen a la ciudadanía madrileña. Y ese es nuestro trabajo, ir municipio a municipio, puerta a puerta, explicando que podemos tener un Madrid infinitamente mejor que el que tenemos.

En los últimos días, PP y Vox han pactado en dos comunidades diferentes. Uno de los puntos más comentados del acuerdo ha sido el concepto de ‘prioridad nacional’. Abascal ya ha adelantado que quieren incluirlo también en otros territorios. Aquí Ayuso, por ahora, se ha mostrado contraria. ¿En caso de que el PP de Ayuso necesite a Vox porque no consiga la mayoría absoluta, cree que cederían también en este asunto?

Ayuso no necesita a Vox porque encarna la mayoría de las políticas que dice Vox. Más allá de un aspecto muy concreto de esta prioridad nacional, en todo lo demás está a favor. La señora Ayuso ha criticado la sanidad universal, la regularización de los migrantes y todo aquello que nos hace ahora mismo el faro moral del mundo. Ha criticado al Gobierno por condenar un genocidio y por enfrentarse a Trump. 

Ayuso encarna muchísimo mejor que el señor Abascal todas las políticas de la ultraderecha. Nosotros tenemos una prioridad nacional: la sanidad universal y que no tengamos una universidad asfixiada. Nuestra prioridad nacional es que tengamos la factura de la luz más baja de toda Europa o que tengamos una transición ecológica, que tengamos unas ciudades verdes, futuro para los jóvenes. Y, sobre todo, que el acceso a la vivienda cumpla con el artículo 47 de la Constitución. Son diferentes prioridades y yo creo que las de Ayuso y las de la derecha han estado claras durante todos estos años.

En el acto donde se postuló como candidata defendió que lo haría sin “renunciar a ninguna bandera”. Su compañero Emilio Delgado sostiene que la izquierda tiene que cambiar su discurso en cuestiones como feminismo o como inmigración para atraer a una parte de la población que ha caído en manos de la extrema derecha. ¿Cree que son compatibles estas dos posturas?

Claro que son compatibles. Por eso digo que no tenemos que renunciar a ninguna bandera. Es compatible defender que tenemos que llegar a unas capas de la población más amplias, sin olvidar a las que hemos defendido y tenemos que seguir defendiendo. Es compatible hablar de las familias trabajadoras con que hay determinados colectivos que han estado históricamente marginados, que también tienen los problemas de los trabajadores y las trabajadoras.

No podemos dejar caer ninguna de las banderas, ni del colectivo LGTBI, ni de las mujeres trans, ni del feminismo, ni de los migrantes. Porque son precisamente esas banderas las que la ultraderecha ha ido a atacar en primera línea

El feminismo nos ha traído no solo el concepto de igualdad, sino una sociedad mejor. No podemos renunciar a esa bandera. Entre otras cosas porque las mujeres no somos una minoría, no somos una identidad que haya que proteger. No podemos dejar caer ninguna de las banderas, ni del colectivo LGTBI, ni de las mujeres trans, ni del feminismo, ni de los migrantes. Porque son precisamente esas banderas las que la ultraderecha ha ido a atacar en primera línea. 

Esto es perfectamente compatible con defender a la clase trabajadora. ¿Cómo lo hemos hecho? Aumentando el salario mínimo interprofesional, disminuyendo a la mitad el paro juvenil, disminuyendo la brecha entre hombres y mujeres en nuestro país. Nosotros no competimos con los de al lado. Los derechos no compiten entre sí. Nosotros competimos con quienes desde arriba nos están robando la sanidad, quienes nos están robando el derecho a la vivienda y que nos están robando el derecho a las oportunidades de tener una vida mejor. Contra esos competimos, no competimos entre nosotros.

Delgado abrió la puerta en una entrevista en octubre del año pasado a postularse a unas primarias. ¿Habló con él antes del anuncio del sábado para explicarle su intención?

Obviamente. No solamente he hablado con él, sino que llevamos hablando con él muchos meses sobre cómo podemos combatir a Ayuso juntos. Nos necesitamos todos. Esto no es ni tú ni yo, somos un nosotros que esperamos ampliar. En Más Madrid tomamos las decisiones de forma colectiva.

Hay algo que nos está pidiendo la ciudadanía, que es que dejemos de mirarnos el ombligo y que vayamos todos a una, tanto a nivel regional como a nivel estatal. Nuestro adversario no está entre nosotros, está enfrente, es Ayuso, es el Partido Popular

Por supuesto que le avisé, como también avisé al presidente del Gobierno y él me dijo que más o menos ya lo sabía porque yo durante los años que llevo de ministra nunca me he ido de Madrid. He estado en los barrios, he estado con mi organización haciendo calle, que es lo que necesitamos. Todos necesitamos la fuerza de Emilio, la templanza de Manuela, el arrojo de Rita Maestre, de Carla Antonelli, de nuestras diputadas en el Congreso y nuestras concejalas y concejales. 

¿Y le ha dicho Delgado si tiene intención de postularse? 

Lo que me ha dicho es que quiere acabar con Ayuso. Y cuando yo le dije que me iba a presentar me dijo que le parecía bien. Y, de hecho, le tendí la mano ayer para que fuéramos juntos, como se la he tendido a todos aquellos compañeros y compañeras de la organización que queremos ir a una. 

Hay algo que nos está pidiendo la ciudadanía, que es que dejemos de mirarnos el ombligo y que vayamos todos a una, tanto a nivel regional como a nivel estatal. Hay algo que ha calado, que trasciende a la unidad de la izquierda y que tiene que ver con que seamos capaces de entender quién es nuestro adversario. Nuestro adversario no está entre nosotros, está enfrente, es Ayuso, es el Partido Popular, que no ha sido capaz de poner ni una sola medida de mejora de la vida de la gente encima de la mesa. Nuestro adversario son los fondos buitre, los oligarcas, Trump, Netanyahu. No nos podemos equivocar de adversario y nos podemos equivocar tampoco de rumbo en el mapa.

Hablando de Ayuso, ahora mismo tiene varios frentes judiciales abiertos. El próximo 6 de mayo Miguel Ángel Rodríguez [su jefe de gabinete] tendrá que declarar como investigado por haber difundido los nombres de dos periodistas de El País que trabajaban en una información sobre Alberto González Amador. ¿Qué opinión le merece?

Están en su peor momento. Todos los frentes judiciales se los ha ido abriendo ella con tesón y muchos tienen que ver con su manera de entender la política y el poder. No tiene que ver con esa vocación de servicio público sino con una manera de entender el poder muy personalista que se ejerce a través del miedo y de la crueldad. Cualquiera que haya estado siguiendo a la señora Ayuso durante estos años ha visto lo cruel que ha sido, por ejemplo, con las familias de los mayores de las residencias, con los niños y niñas palestinos o con algunos compañeros suyos de partido, empezando por el señor Casado.

Esa manera de manifestar el poder con crueldad, con odio, con miedo y con mentiras le va a pasar factura. La ultraderecha del odio está empezando a estar de capa caída. Lo hemos visto con Viktor Orbán en Hungría y el siguiente paso es la señora Ayuso. 

Un juzgado acaba de admitir la querella de la exconcejala de Móstoles por acoso sexual y laboral contra el alcalde de esa localidad. Ayuso ha salido a defender a Manuel Bautista. Me pregunto cómo se debería actuar en este caso y qué mensaje se traslada desde las instituciones, especialmente a las mujeres.

Voy a dar la vuelta a la pregunta, porque no es desde las instituciones, es desde el PP. Las mujeres en el Partido Popular no están protegidas. Las mujeres en el resto de partidos hacemos para que estén protegidas. En el PP están al albur de los acosadores sexuales y laborales. Si te pasa, no vas a tener el apoyo de tu presidente ni de tu partido y lo que te van a aconsejar es que estés calladita. Ese es el mensaje que se le da a las mujeres del PP.

Todos los frentes judiciales de Ayuso se los ha ido abriendo ella con tesón y muchos tienen que ver con su manera de entender la política y el poder. No tiene que ver con esa vocación de servicio público sino con una manera de entender el poder muy personalista que se ejerce a través del miedo y de la crueldado

A las mujeres de la sociedad le estamos dando otro mensaje. Tenemos que proteger a las mujeres de los acosadores sexuales y de los acosadores laborales desde las instituciones, desde las organizaciones políticas, desde las empresas. Cuando Ayuso protege a todo aquel que tiene un mínimo rastro de duda de acoso sexual o laboral, como puede ser el señor Bautista o el señor Plácido Domingo o el señor Julio Iglesias, lo que le está diciendo a las mujeres es: yo no te voy a proteger. Es más, voy a proteger al acosador. 

Cuando la concejala fue a Ayuso a pedirle ayuda, lo que se encontró es una puerta cerrada. Eso no ocurre en el resto de organizaciones políticas. Por lo menos en Más Madrid no ocurre ni ha ocurrido nunca. Siempre estamos con la víctima.

La Comunidad de Madrid ha perdonado 71 millones a Quirón y Ribera Salud después de asumir y tratar a sus pacientes. ¿Usted cree que es viable este modelo de sanidad? ¿Qué propone?

La señora Ayuso y el PP en la Comunidad de Madrid se han montado un subsistema sanitario para seguir alimentando a Quirón, más a Quirón que a Ribera Salud, del proyecto que tendría que ir a la sanidad pública para beneficio privado de sus amigos. No solamente son los 71 millones que les ha perdonado. Cuando tú no cobras una deuda, estás presuntamente malversando dinero público porque con esos 71 millones podrías haber contratado a 1.200 profesionales sanitarios. Son los 5.600 millones, que es la mitad del presupuesto para sanidad de un año, que se le ha dado en los últimos cinco años a Quirón. Es un artículo pagado por personas de Quirón que decía que lo hacían muchísimo mejor que la sanidad pública. Y Ayuso puso un tuit diciendo que qué bien lo hace Quirón, qué mal la sanidad pública. Que la sanidad pública tiene peores resultados, la que ella gestiona. Sabiendo que, de los 32 hospitales que tiene Madrid, solo cinco son del modelo sanitario que ella defiende. Los otros no van con ella. Si fuera eso real, tendría que estar cesando a la consejera de Sanidad inmediatamente.

Como venimos recordando con esta Ley General de Sanidad, los negocios y la protección de la salud colisionan. No se puede hacer negocio con la salud. El que quiera hacer negocio que lo haga en otro sitio.

En la última semana se han tensado aún más las relaciones con el comité de huelga. De hecho, los sindicatos de médicos han llegado incluso a pedirle su dimisión. ¿Es posible desbloquear este conflicto?

Dos no acuerdan si uno no quiere. El comité de huelga ha roto unas negociaciones que estaban yendo bien desde hace varias semanas y las ha roto porque tienen una visión del conflicto que es el conflicto en sí mismo. En las últimas semanas a la mesa de negociación no han llevado las reivindicaciones legítimas de los profesionales, las cuales yo agradezco porque son el fruto de un malestar de 20 años y han hecho que tengamos la normativa del Estatuto marco más ambiciosa que podríamos tener. Pero cuando el comité no lleva esas reivindicaciones, sino que lleva una propia como es tener sillas en las mesas de negociación saltándose la ley electoral, lo siento, pero una negociación en la que pides algo ilegal o irreal no es una negociación.

Algunas de las demandas son imposibles. Y cuando alguien viene a demandar algo imposible, no quiere resolver el conflicto, quiere poner alguna excusa para poder mantenerlo

Desde el Ministerio hemos hecho todo lo que estaba en nuestra mano. Hemos asumido la disminución de las horas de guardia, la disminución de las guardias, la conciliación, la materialización de la estabilidad en el empleo en nuestro sistema sanitario para que no haya nadie que esté más de dos años con un empleo interino. Todas aquellas normativas europeas no solo las hemos cumplido sino que las hemos rebajado. Europa dice que como máximo un facultativo puede trabajar 48 horas. Nosotros hemos puesto un plazo para que pasemos a 45, luego a 42 y luego a 40 horas semanales. Pero para que se cumplan todos esos límites, las comunidades autónomas tienen que contratar recursos. Yo no puedo hacer menos guardias si no tengo más compañeros para dividirme las guardias. 

Hay cosas que son imposibles. Una de las cosas que nos pedía el comité de huelga es que las guardias fueran voluntarias. Ante todo, la Ley General de Sanidad nos dijo que los facultativos y los profesionales sanitarios éramos servidores públicos 24 horas, siete días de la semana. Algunas de las demandas son imposibles. Y cuando alguien viene a demandar algo imposible, no quiere resolver el conflicto, quiere poner alguna excusa para poder mantenerlo.

Aun así, nosotros nos hemos reunido ya 28 veces, nos reuniremos las veces que haga falta. Hemos propuesto diferentes alternativas. Les hemos pedido tanto nosotros como las comunidades, como los pacientes, la Organización Médica Colegial, o el Foro de la Profesión Médica, que suspendan la huelga mientras seguimos encontrando soluciones y no ha habido manera. No puedes acordar con una mano y romper el acuerdo con la otra. Es un flaco favor a las pretensiones legítimas de mejora de las condiciones. 

Mencionaba antes a las comunidades. ¿Cree que están colaborando con el Ministerio?

Hay comunidades que están colaborando con el Ministerio, algunas también del PP. Incluso las hay que ya han pactado con sus comités de huelga de médicos salidas al conflicto que van en la línea del Estatuto marco. Y hay otras que están poniendo todos los obstáculos posibles para que el conflicto se mantenga, a pesar de que esto repercute en sus listas de espera, en sus pacientes y en el ánimo de los profesionales. 

¿Y cuáles son los próximos que pretende dar el Ministerio de Sanidad?

Me veo atada de pies y manos, porque hemos llegado cuatro veces acuerdos y nada más salir por la puerta, los que firman el acuerdo, lo rompen. Pido responsabilidad al otro lado. 

En 22 años que he estado trabajando en el hospital nunca he oído a ninguno de los sindicatos que hoy reclaman la huelga decir que hay que acabar las guardias de 24 horas. Nunca he oído a un sindicato médico decir que va a hacer movilizaciones para mejorar las condiciones laborales. Ha sido llegar nosotros al Ministerio de Sanidad y remover toda la legislación que llevaba 20 años obsoleta, para plantear el mayor conflicto de la sanidad. No encaja.

Los que me llaman traidora y dicen que tengo que dimitir, creo que les hubiera traicionado si hubiera dejado en el cajón estas mejoras y no hubiera hecho nada. Desde que hemos llegado al Ministerio hemos sacado el Estatuto marco, la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias, el Real decreto que regula las condiciones laborales de los MIR y de los EIR y de todos los residentes de nuestro país. Todo eso estaba sin tocarse y sin reivindicarse. 

Comentaba antes que la sanidad pública forma parte de su prioridad nacional. También mencionaba la vivienda, que en Madrid es uno de los problemas más acuciantes. El Gobierno de Ayuso se ha negado a aplicar la Ley de Vivienda. ¿Qué propone en este sentido Más Madrid?

Pues muy sencilla la propuesta, muy difícil el problema porque es un problema que llevamos arrastrando desde hace muchos años. En regiones como Madrid, el 40% de los ciudadanos dice que su principal preocupación es la vivienda. Está afectando a nuestra salud mental. 

Madrid es una región tensionada, no una zona tensionada, y el Partido Popular tiene que contarnos de qué lado está, si está del lado de la señora Ayuso y los especuladores o está del lado de los ciudadanos

Hay que hacer muchas cosas radicales a la vez, no solamente construir vivienda pública. El Plan Vive de la señora Ayuso ha sido un fraude más. No solo en número de viviendas, sino en el precio, que es el mismo del mercado. Hay que construir vivienda pública, hay que retener esa vivienda para que no pase al mercado. Y hay que poner un torniquete en esta sangría que es la prórroga de los contratos de alquiler. Tenemos dos días para convencer a la sociedad. El 74% de la población quiere que se prorroguen los contratos de alquiler, porque no podemos hablar de proteger a la ciudadanía en su cesta de la compra, en su gasto de electricidad o en su gasto en gasoil y no protegerla en lo más importante, que es la vivienda.

Y esa protección tiene que ver con que la gente pueda vivir tranquila, que no se expulse a las familias de los barrios. Es algo de sentido común. Y la señora Ayuso apuesta en su modelo de sociedad por un mercado especulador y voraz que se está haciendo con el futuro de los niños y las niñas. 

Madrid es una región tensionada, no una zona tensionada, y el Partido Popular tiene que contarnos de qué lado está, si está del lado de la señora Ayuso y los especuladores o está del lado de los ciudadanos. Por una vez en su vida tiene una oportunidad en toda la legislatura para demostrar de qué lado está.

¿Está de acuerdo con las propuestas de la ministra de Vivienda? ¿Considera que son suficientes?

Nosotros siempre hemos dicho que no son suficientes porque necesitamos abordar el problema del alquiler y necesitamos abordar el problema de las prórrogas de los alquileres. No basta con crear vivienda pública o construir. Necesitamos todo el arsenal de medidas y por eso hemos empujado al PSOE.

Por ejemplo, no estamos del todo de acuerdo con las rebajas fiscales a los caseros. Pero no solo por algo ideológico, sino porque no funcionan. Es un bizum que le damos del dinero de los impuestos directamente a los caseros. 

[El problema de la vivienda] es un destrozo social de tal calibre que tenemos que poner todas las medidas y ser todo lo radicales que tengamos que ser

Necesitamos medidas que nos cubran y que protejan al inquilino, a la gente que quiere comprar una casa, la gente que quiere tener acceso a una vivienda pública y medidas que bajen el mercado. Después de una crisis de vivienda, siempre va una crisis social y una crisis económica. Mientras, en estos años se van a forrar los de siempre, los grandes fondos, los grandes tenedores, ya estamos viendo las cifras en las cuales hoy está absolutamente sobredimensionado el mercado de los grandes tenedores, mientras que ese supuesto rentista que solo lo hace para compensar su renta o su pensión, es mínimo. 

Usted decía que el próximo martes se va a votar el decreto de los alquileres en el Congreso. ¿Dan por perdido ya el voto de Junts?

No lo damos por perdido, porque este problema también lo tienen los catalanes. Los catalanes y catalanas también están con el agua al cuello con sus alquileres y están pensando si se pueden quedar en su ciudad. Afecta transversalmente a todo nuestro país. 

Lo que se pide es una cosa muy sencilla que dice la Constitución, no es un invento de Sumar o de un ministro. Lo que dice la Constitución es que los poderes públicos tenemos que velar porque no se especule con la vivienda. Eso conlleva no solo malestar, también desarraigo, que la gente tenga que irse a vivir a 50 kilómetros de donde tiene que trabajar. Es un destrozo social de tal calibre que tenemos que poner todas las medidas y ser todo lo radicales que tengamos que ser. 

En estos meses estamos viendo movimientos por parte del espacio de la izquierda a la izquierda del PSOE. En Podemos existe también el debate sobre la posibilidad de hacer primarias abiertas conjuntas con otras fuerzas políticas. ¿Estaría usted a favor de un proceso con el resto de organizaciones para elegir al candidato de la izquierda?

Bueno, es que nosotros llevamos meses en ese proceso. Varias fuerzas progresistas, las que nos juntamos en el año 2023 para gobernar y para contener a la derecha de la ultraderecha. Lo hemos llamado la Alianza de las Fuerzas Progresistas. 

Nunca en este país hemos tenido a las fuerzas progresistas tan cohesionadas como estamos ahora, pensando cómo ponemos en marcha las mejores políticas públicas y defendemos al Gobierno de España. Porque son las políticas del Gobierno las que nos están poniendo como faro moral del mundo y las que reavivan los rescoldos de la socialdemocracia europea. No han salido de Ferraz, han salido de años de izquierda transformadora. 

Hemos encontrado ya un consenso de abordar el momento actual y el contexto actual de manera conjunta, de manera fraterna. Y esto no había ocurrido nunca. Nadie nos tiene que decir cómo tenemos que hacerlo y cuáles son las recetas que ya desde hace muchos años estamos trabajando en ellas.

¿Tiene usted algún nombre en mente que pueda liderar este hipotético espacio?

No tengo ninguno y tengo muchos. Creo que al final llegaremos al quién y de manera consensuada. Espero que no haya una sola persona, sino muchas que se hagan cargo de este espacio. Nos necesitamos todos. Estamos ahora en el cómo, sabemos el para qué y ya encontraremos el quién.

Se ha hablado mucho del nombre de Gabriel Rufián. ¿Usted lo contempla como posible candidato?

Yo lo contemplo todo y no contemplo nada. Tendremos que decidir entre todos cuáles son las personas que pongamos al frente de este espacio progresista que tiene que responder a las sensibilidades que hemos construido. A mí Rufián me parece que no solo ha puesto encima de la mesa una preocupación legítima, la de cómo afrontamos esta ola reaccionaria. Me encanta escucharle mover el avispero e intentar proponer ideas. 

Necesitamos todas las herramientas porque ahora mismo estamos en una lucha desigual y muchas veces la izquierda nos hemos fustigado. Hemos estado resistiendo a este embiste y ahora tenemos que ir a la carga, motivo por el cual yo he dado un paso al frente en la Comunidad de Madrid. Si el principal laboratorio de las políticas más ultras se está dando en Madrid, donde tenemos que ir es a la raíz del problema que es Madrid.

“Rentistas culpables, Gobierno responsable”, “Vox y PP, la misma mierda es” y “nos quieres echar para especular”. Estos han sido algunos de los cánticos más repetidos esta mañana frente a la sede nacional del PP, en el número 13 de la calle Génova de Madrid. Una convocatoria ciudadana secundada por el Sindicato de Inquilinas y la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) ha logrado congregar a unas 400 personas, según estas organizaciones. 

Todas ellas han salido a la calle a las 12.00 horas con una única idea: intentar que el real decreto aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 22 de marzo y que prorroga dos años más los contratos del alquiler a más de un millón de contratos que terminan antes de 2028 no decaiga este martes, 28 de abril, en el Congreso de los Diputados.

“Por eso venimos aquí, a la sede del PP, para hacerles ver que votarán en contra de una medida que claramente beneficia a las personas que más lo necesitamos, que somos las inquilinas”, ha dicho en primera persona Gonzalo Álvarez, portavoz del Sindicato. Según los datos recogidos por Eurostat, en 2024, el 42,2% de quienes vivían de alquiler a precio de mercado ya estaban en riesgo de pobreza y exclusión social en España. Además, los españoles destinan de media el 51,38% de su salario bruto mensual a la renta de una vivienda estándar de 90 metros cuadrados, según un informe realizado por los analistas de pisos.com.

Mientras el sol se dejaba notar cuando se agota este primer mes de primavera, muchos de los concentrados expresaban su enfado ante el previsible voto en contra de las derechas parlamentarias el próximo martes. “Durante este mes y hasta la votación del real decreto, la norma está vigente y posee plena seguridad jurídica. Puedes adherirte a ella si tu contrato de alquiler finaliza antes de que termine 2027”, ha defendido Álvarez. 

Por ello, la Confederación de Sindicatos de Inquilinas a nivel estatal ha puesto a disposición de los interesados unas plantillas que han recibido miles de arrendadores en estos días para comunicar que se adherían a esta prórroga. “No se necesita respuesta del casero. Solo enviarlo, es automático. Así, solo podrá subir el alquiler como máximo un 2%, siempre ligado al IPC”, ha recordado el portavoz.

El mismo Álvarez ha señalado que la votación del martes servirá para ver qué posición ocupa cada diputado y diputada: “O están con las inquilinas o con los fondos buitre que especulan con nuestras casas”. En este sentido, los 144 congresistas del PP y de Junts han recibido en apenas 24 horas unas 50.000 cartas remitidas al correo electrónico público de los parlamentarios. 

Calificados por el Sindicato como “diputados anti-prórroga”, les exigen que no tumben la norma defendida a ultranza desde Sumar. Además, en los últimos días el Ministerio de Consumo ha remitido más de 500 cartas a grandes tenedores para que acepten la prórroga.

Cuando la movilización llegaba a su ecuador, y los corredores de la maratón madrileña comenzaban a desfilar por el lugar, el portavoz del Sindicato de Inquilinas ha comentado a elDiario.es que este tipo de protestas sirven para “señalar claramente a esos partidos que alardean de ser muy patriotas, pero que luego están de parte de empresas como Blackstone y Cerverus y fondos buitres”.

La protesta, parapetada en todo momento por dos furgones policiales, ha vivido un momento de cierta tensión cuando los concentrados, perimetrados por agentes de Policía Nacional en la acera de en frente de la sede del PP, han intentado acercarse a la misma unos 20 minutos después del inicio de la convocatoria. Los uniformados han hecho que los activistas retrocedieran mientras estos coreaban consignas como “no nos vamos, nos quedamos” y “sus negocios, nuestra miseria”.

Las caras de la crisis de vivienda

César Sanjuan ha sido uno de los inquilinos que ha pasado gran parte de la mañana vociferando contra el PP a las puertas de su sede. Tiene 55 años, es pensionista y vive con su mujer y dos hijos en un piso de Carabanchel que pertenece a un fondo buitre. “Mi contrato terminaba el 30 de junio de este año, pero el primer día en vigor del decreto, ya comuniqué que me adhería a él”, ha contado con algo de alivio. 

Su vivienda, en la que reside desde hace 20 años, en un primer momento estaba protegida, era pública. “Luego la vendieron a Blackstone y nos empezaron a hacer pagar el IBI, la comunidad… Entré pagando 500 euros y ahora voy por 1.050 euros al mes por un piso de unos 70 metros cuadrados”, ha criticado.

Sanjuan es una de las miles de personas en España que respiran algo más tranquilas tras la aprobación del real decreto por el Consejo de Ministros. “Ya habíamos empezado a hacer sondeos por el barrio, a ver dónde nos íbamos, pero está todo imposible. Te tienes que ir a Parla o Pinto, y el precio del alquiler casi está igual que en la capital”, ha comentado. 

Este hombre todavía no entiende cómo la derecha puede votar en contra de tantas familias: “No me entra en la cabeza, porque es que están votando en contra de sus propios votantes. Si tuvieran un poco de corazón y sentimientos, deberían votar a favor”. Según el ministerio liderado por Pablo Bustinduy, la medida beneficiará a más de 2,5 millones de personas.

Lo mismo piensa Aldo Reverte, que ha venido a Madrid desde el pueblo barcelonés de Aigua Freda como integrante de la Confederación Estatal de Sindicatos de Vivienda: “Aquí todo el mundo tenemos memoria y solidaridad, por eso estamos unidos”, ha comentado el mismo día de su 36 cumpleaños.

Cerca estaba Rufina Parra, vecina de Argüelles y profesional del servicio de atención a domicilio. Ella es usuaria de Alquiler Seguro, “una inmobiliaria que utiliza cláusulas abusivas que te obliga a firmar”, ha denunciado. Del mismo modo, esta mujer de 55 años ha añadido que “cada vez se inventan nuevas formas de sustraer nuestro dinero”. Mientras tanto, alrededor se escuchaba un solo cántico: “Jóvenes y mayores contra especuladores”.

Ana Carrera ha sido otra de las personas que esta mañana se ha acercado a la protesta. Ella se sabe privilegiada por vivir en Malasaña y ser la alquilada de una amiga. “Obviamente, si no tuviera esta suerte no podría vivir ahí. Esta situación nos expulsa de la ciudad, que quedará para unos pocos que se lo puedan permitir y como un parque temático para turistas”, ha denunciado esta trabajadora del audiovisual y el teatro de 45 años mientras buscaba la sombra.

Contra la tibieza del PSOE

Kike Villalobos, responsable de Vivienda en la FRAVM, ha agregado que “este país no se puede permitir tener en vilo a millones de personas que viven de alquiler con una crisis habitacional brutal”. Según la Federación, han llegado a ver contratos que se terminan y cuya renovación supone un incremento de hasta el 300%. “Reclamamos que los diputados de derechas también se pongan del lado de la mayoría social y, al menos, que no se opongan a la aprobación del decreto”, ha declarado a elDiario.es.

La aprobación del decreto haría que cualquier persona pudiera adherirse al mismo en cualquier momento hasta 2027, aunque los sindicatos apuntan que su vigencia es totalmente válida hasta el 28 de este mes, cuando presumiblemente caerá en el Congreso.

“Si no, nos tendrán que mirar a los ojos para tener que decirnos que nos tenemos que ir de la casa en la que vivimos. No estamos hablando de una medida bolivariana, sino de una medida que aporta estabilidad”, ha aseverado Villalobos. En la FRAVM no son ajenos a esta crisis, pues día tras día ven cómo golpea a los más humildes.

En este sentido, ha criticado que el PSOE sea algo tibio ante la iniciativa. La titular de Vivienda en el Gobierno, Isabel Rodríguez, debería ser la principal garante de este decreto, a ojos del responsable de Vivienda. Algo similar en lo que considera Álvarez, del Sindicato de Inquilinas, donde consideran que esta medida “alivia, pero no soluciona”.

Por eso, la concentración de esta mañana ha servido, asimismo, para reivindicar por parte del Sindicato una bajada sistemática del 50% de los contratos del alquiler. “Es algo posible, solo falta voluntad política”, ha añadido el portavoz. Del mismo modo, han reivindicado que los contratos vuelvan a ser indefinidos, lo que evitaría que los arrendatarios vivieran con el miedo en el cuerpo por si su casero quiere subir el precio de forma exorbitada o poner un piso turístico. Por último, han reclamado que se recuperen las viviendas vacías “secuestradas por bancos, fondos buitre y pisos turísticos”, que calculan en unos cuatro millones.

La ministra de Sanidad y coportavoz de Más Madrid, Mónica García, presentará su candidatura a las primarias del partido de cara a las próximas elecciones autonómicas a la Asamblea de Madrid, después de ser la candidata ya en 2023, cuando logró ser la segunda fuerza más votada en la Comunidad.

“Después de mucho pensarlo, he tomado una decisión. Si me acompañáis, si me dais vuestro respaldo, quiero ser la próxima presidenta de la Comunidad de Madrid”, ha anunciado la ministra, quien ha añadido: “¡Quiero que se vaya Ayuso y sus políticas dañinas!”.

García ha hecho el anuncio en la tercera edición de la verbena 'La madrileña', que el partido madrileño ha organizado en el Parque Paraíso como las últimas primaveras. Después de describir los más de 25 años del PP al frente de la Comunidad de Madrid como “el laboratorio del neoliberalismo”, ha dicho que “la próxima estación” será “acabar con ese daño”.

Tras ello, Mónica García ha afirmado que si se quieren cambiar las cosas “tenemos que gobernar Madrid” y ha dicho querer ser la candidata de Más Madrid a la presidencia de la Comunidad de Madrid.

“Hemos impulsado la ley Quirón, hemos blindado la Sanidad, hemos ampliado derechos y hemos abierto camino. Y lo vamos a seguir haciendo. Quiero hacerme cargo, que merezca la pena militar y hacer política. Quiero que merezca la pena pelear contra ese Goliat que nos ha hecho tanto daño”, ha subrayado.

En este sentido, Mónica García ha recalcado que quiere recorrer este camino “de la mano de Manuela, de Rita, de Edu y, por supuesto, de Emilio”. “Todos juntos. Nos necesitamos todos. Emilio, eres uno de nuestros mayores valores. Edu, Rita, Manuela, Tesh, Alda, diputados, concejales, concejalas, militantes. Nos necesitamos todas”, y ha añadido: “¡A por ello, madrileños y madrileñas!”

Desde la formación nacional a la que pertenece Más Madrid en el Congreso, Sumar, no han tardado en celebrar su decisión. La vicepresidenta segunda y compañera del Ejecutivo de Mónica García, Yolanda Díaz, ha asegurado que la ministra “mandará a Ayuso a la oposición” y que construirá “una Comnunidad de esperanza, justicia social y derechos”.

Fuentes de Sumar citadas por Europa Press han respaldado a García como candidata y defienden que no pueden “pensar en una mejor candidata” para enfrentarse a la presidenta madrileña.

“Toca plantar cara, a Trump, a Abascal y a Ayuso”, había este mediodía Mónica García, quien ha descrito el origen de su formación en “una tradición de lo común” y ha asegurado que si la ultraderecha no gobierna en la Comunidad es porque Isabel Díaz Ayuso es quien representa a ese sector ideológico.

“Lo que empezó en Hungría, tendrá que seguir en Madrid. Si ha caído Orbán, tendrá que caer Ayuso”, ha exclamado Mónica García, quien ha hecho mención a la “prioridad nacional” que PP y Vox han pactado en Extremadura o Aragón con ironía: “su prioridad nacional para los fondos buitre”.

“Somos hijos e hijas del no pasarán. Somos hijos e hijas de las mareas, que dijeron la sanidad se defiende. Somos hijos e hijas del 8M, que puso el feminismo por delante. Somos hijos e hijas de los gobiernos del cambio”, ha señalado la líder de Más Madrid.

También ha agradecido a la líder de Compromís, Mónica Oltra, por “devolver la dignidad a la política”. “Gracias Mónica Oltra por volver a la política”. “Somos hijos e hijas del no a la guerra. Y también somos hijas y nietas de las brujas que no pudieron quemar”, ha añadido, tras lo que ha apuntado que el feminismo es “el hijo no deseado de la ilustración” y que “por eso vamos a defenderlo”.

García, que ha dicho que su partido defiende “todas las banderas”, ha sacado pecho de las medidas económicas del Ejecutivo, especialmente sobre el mercado de trabajo, y ha destacado las cifras de afiliación a la Seguridad Social o de reducción del desempleo.

La ministra de Sanidad ha defendido también la suspensión del acuerdo comercial de la UE con Israel y ha dicho que es “un honor” haber podido traer a España a niños enfermos de Gaza a través del Ministerio. García también ha defendido algunas de las medidas de su departamento, como el registro de objetores de conciencia o la propuesta para el blindaje del derecho al aborto en la legislación.

“Vamos a defender la paz. Dios santo, defender la paz”, ha añadido García, quien ha asegurado que “el futuro no está en el petróleo”, y ha dicho que defenderán también “el derecho a vivir” y que “no vamos a dejar que nos lo roben nunca más”, para lo que ha propuesto hacer que los millonarios “apoquinen”.

La líder de Más Madrid, que ha definido a su partido como la “izquierda renovadora”, se ha mostrado además confiada respecto de las futuras elecciones autonómicas: “Cada vez que se abren las urnas volvemos a convencer a más y más madrileños de que hay alternativa”. Y ha sacado pecho de las políticas de izquierda en la Comunidad y del arraigo de su fuerza política: “Donde gobierna Más Madrid la vida de la gente mejora. Y lo más importante, estamos arraigados en el territorio. Creemos en las raíces. Barrio a barrio, puerta a puerta”.

Antifascismo, comunidad y salarios

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea madrileña, Manuela Bergerot, ha intervenido antes que su predecesora haciendo referencia a la efeméride de este sábado, recordando que “el antifascismo está en la base del movimiento democrático”. “El 25 de abril recordamos que la democracia es inseparable del antifascismo, que la democracia no surge de pactos entre las élites, surge del conflicto, y siempre, en todas partes, surge desde abajo”, ha destacado.

Bergerot, quien ha dicho querer “ganar” para “tener poder”, ha asegurado que su partido está tejiendo “los lazos que hacen comunidad” y ha cuestionado el uso político que hacen de la inmigración la “derecha ultra” y la “ultraderecha”, en referencia al PP y a Vox.

La líder de la oposición en la Asamblea de Madrid ha dicho también que es necesario “empezar a hablar de salarios máximos” y ha defendido que es “insostenible” que directivos de grandes empresas puedan recibir salarios hasta cien veces superiores a los de un trabajador. “Tenemos que poner el freno democrático a los millonarios que se creen, como dice Ayuso, que se pueden comprar las casas que les dé la gana y venderlas al precio que les dé la gana”.

Bergerot ha defendido también “haber puesto nuestra organización al servicio de la ILP de la regularización” y que Más Madrid existe “para ampliar la democracia” y para “conseguir poder para quienes no tienen poder”. Y ha agregado: “Las madrileñas nacemos donde nos da la gana. Y sí, papeles para todos”, tras lo que ha apuntado con ironía que “hay algunas que tenemos tantos papeles que tenemos hasta el acta de diputada”.

También ha estado presente en el acto de Más Madrid su portavoz municipal en la capital, Rita Maestre, quien ha celebrado que la justicia haya anulado el “tasazo” de basuras aprobado por el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, y ha dicho que “a los barrios no se va, en los barrios se está”, tras recordar que Isabel Díaz Ayuso ha visitado en los últimos tres años más veces Miami que Carabanchel.

Emilio Delgado: el posible rival presente en el acto

El diputado de Más Madrid Emilio Delgado, quien en el mes de octubre no descartó postularse de cara a unas primarias de la formación, ha estado presente en la III verbena 'La Madrileña' organizada este sábado por el partido de izquierdas. Delgado, quien ha intervenido en segundo lugar en el acto político, ha agradecido el trabajo de los militantes y ha destacado como origen del éxito de la formación que esta sea transparente, abierta y participativa —en referencia a las primeras primarias de Más Madrid—, que sea un proyecto por y para los madrileños y que tenga una vocación de victoria clara. Fuentes cercanas a Emilio Delgado reconocen que se alegran “de que se vayan a convocar primarias” para decidir quién será el candidato o candidata.

Delgado, en el pasado mes de octubre, se postuló para liderar la formación en la Comunidad, algo que le fue afeado por caras visibles de la organización como su portavoz Manuela Bergerot, por el momento escogido. Tras ello, organizó junto a Gabriel Rufián un acto de debate entre ambos para tratar de “reactivar” a la izquierda ante la amenaza de la ultraderecha y pidió a los partidos de izquierdas “reflexionar sobre por qué genera tanta ilusión en la izquierda este acto”.

Este sábado, ha defendido que el objetivo no es “frenar a la ultraderecha”, de cuyo crecimiento ha dicho que es “un síntoma”, y ha apuntado contra la “desigualdad” como lo que está “dinamitando las bases de la convivencia en España”.

“Ante una propuesta tan agresiva como la que nos han puesto delante, no basta con gestionar lo que hay y mejorarlo un poco”, ha reflexionado. Como propuesta, ha promovido renovar “esa vocación de victoria” y “plantear un gran salto adelante”. “Me refiero a un salto equivalente al que experimentaron nuestras familias hace 50 años, cuando venían de dormir con bestias, cuando venían de cohabitar con los animales en el campo, y de pronto llegaron aquí, y a través de su lucha consiguieron asfaltar las aceras y vieron florecer centros culturales, y polideportivos, y colegios.

“Ese salto hacia delante es lo que tenemos que plantear”, ha dicho Delgado, que ha pedido “conquistar el futuro”.

Los 2.000 vecinos de Pozuelo de Alarcón que la asociación de afectados calcula que existen por la construcción de un recinto ferial, un palacio de congresos y un hotel cerca de sus viviendas respiran algo más aliviados desde hace unos días. Un tribunal ha acordado como medida cautelar que las obras del proyecto no podrán comenzar hasta que haya sentencia firme sobre las consecuencias que puede acarrear su edificación. Los damnificados denuncian que no existe un informe medioambiental actualizado y temen ser víctimas de los problemas de tráfico y ruido que se generarían, mientras que el Consistorio defiende la construcción de estos enclaves al ser “fuente de riqueza y empleo”.

Javier Cabo, presidente de Pozuelo por la Calidad de Vida y contra el Ruido (POZCAVIR), afirma que la tramitación de la documentación por parte del Ayuntamiento “carece de todos los estudios pertinentes que se deben realizar” si se quiere realizar un proyecto de tales características. Tras agotar la vía municipal, la entidad acudió al tribunal de lo contencioso-administrativo. No les han dado la razón todavía, pero entienden que el magistrado ha apreciado indicios de que “estas obras podrían causar daños irreversibles sobre el entorno natural y residencial”.

Sin embargo, el Ayuntamiento liderado por Paloma Tejero (PP) ha señalado a elDiario.es que cuentan con varios informes favorables a la intervención. Citan uno fechado en diciembre de 2023 y emitido por la Comunidad de Madrid. En él se recoge que “no se observan riesgos para la salud humana y el medio ambiente, ni valores de vulnerabilidad del terreno objeto del planeamiento urbanístico”. Ante dicho extremo, Cabo incide en que ese dictamen fue emitido antes de darse a conocer el pretendido destino final de los terrenos. “Un informe ambiental general en el que no se concreta qué se va a construir lógicamente no sirve para nada”, defiende el pozuelero.

El Ayuntamiento, por su parte, afirma que también existe un informe favorable de la Dirección General de Carreteras de la Comunidad de Madrid, tal y como ya han aportado al juzgado. A ello se suma un pronunciamiento de la Confederación Hidrográfica del Tajo, pues el recinto podría afectar al arroyo de La Plata, en el que se recoge que “esta intervención urbanística constituye un impacto ambiental negativo de escasa entidad, ya que las comunidades vegetales más interesantes se han integrado en la ordenación propuesta”.

El presidente de la asociación de afectados se retrotrae al informe medioambiental realizado de forma previa al conocimiento del uso final de la parcela para “invalidar” todas las resoluciones posteriores. “Una vez que en enero de 2024 descubren la verdadera finalidad del terreno es cuando deberían haberlo pedido, y no antes”, sostiene el mismo Cabo.

Sin obras hasta la sentencia

Sin embargo, el tribunal de instancia competente ha acordado admitir y aplicar las medidas cautelares solicitadas por POZCAVIR, lo que supone la paralización del proyecto urbanístico promovido por el Ayuntamiento de Pozuelo. La asociación ha destacado que “la adopción de medidas cautelares implica que el juzgado aprecia riesgo de daños irreversibles y la necesidad de proteger el entorno mientras se analiza la legalidad del proyecto”.

Ante este último movimiento a nivel judicial, el Ayuntamiento ha precisado que apenas afecta al futuro del enclave. Ya decidieron hace un mes y medio no iniciar las obras. “No queríamos que nos pillara con las obras recién iniciadas, lo que habría puesto en peligro la celebración de las fiestas de septiembre en esa misma parcela, que es en realidad lo único que pretende POZCAVIR. Así, nos quedamos como estábamos hasta que el juez decida y seguimos celebrando las fiestas en el mismo sitio y como en los últimos años”, han explicado.

Los mismos terrenos ya han sido utilizados hasta en cuatro ocasiones por el Ayuntamiento a lo largo de los dos últimos años, tanto para celebrar las fiestas patronales como para festejar con una macrofiesta la nochevieja. Fátima Arranz, cuya vivienda se sitúa a 300 metros del epicentro del ruido, ha sido una de las vecinas que ha sufrido las consecuencias: “Ya hemos visto cómo en esas ocasiones la primera entrada a Pozuelo desde Madrid se congestiona y hay problemas con el servicio de los autobuses”.

Esta antigua profesora de la Universidad Complutense de Madrid, que vive en el municipio desde 1994, enfatiza que el proyecto del recinto ferial y palacio de congresos es la forma de comenzar a urbanizar esa parte de Pozuelo, pegada a la Casa de Campo y el madrileño barrio de Aravaca. “No creo que el Ayuntamiento se eche para atrás porque urbanizar da muchos millones. Al menos la Justicia parece que funciona, porque es increíble que en todas las capitales europeas quieran recuperar los espacios verdes y aquí los estemos liquidando”, critica a sus 69 años.

Los vecinos se sienten respaldados por la Justicia

Desde POZCAVIR reiteran que la meta que persigue el Ayuntamiento es transformar “un espacio que actualmente actúa como zona de transición natural y pulmón verde, sustituyéndolo por infraestructuras destinadas a grandes eventos”. Contraria es la postura que esgrime el Consistorio, desde donde defienden el proyecto porque “el sector de los negocios y congresos es una fuente de riqueza y empleo de Madrid, hasta el punto de que hay mucha más demanda que oferta, por lo que, para un municipio como Pozuelo, tan cerca de la capital y con el atractivo de esta ciudad, es una oportunidad de seguir generando riqueza y empleo”.

Del mismo modo, argumentan que ubicar en ese espacio el recinto ferial es “idóneo”, pues antes las fiestas tenían lugar en el centro del pueblo, “lo que impedía organizarlas con más seguridad y menos molestias, como muchos vecinos reconocen y agradecen desde que se hacen en esa zona la avenida de Europa”, siempre según la versión aportada por el Consistorio.

Muy diferente es lo que opina Enrique Giménez, vecino de esta misma avenida, donde se concentra la mayoría de afectados: “Las medidas cautelares son un reconocimiento al desastre que puede suponer la urbanización y posterior construcción en la zona”. Este economista de 58 años expone que “como español me he sentido respaldado por un estado de derecho que hasta el momento parecía que no me estaba representando”. Además, admite que hasta el momento se han sentido “huérfanos e ignorados”.

La opinión de Giménez es una de las tantas que desde POZCAVIR recogen día tras día. “Los vecinos de Pozuelo vivimos aquí por lo que representa el municipio, no por tener unos servicios en una ubicación equivocada y absurda. Estamos aquí porque queremos tranquilidad y descanso, y queremos que eso siga así, que es para lo que contribuimos con nuestros impuestos”, desarrolla tras más de doce años como residente en la localidad.

Sin acercamiento de posturas

Cabo, el presidente de POZCAVIR, reclama que el Ayuntamiento reciba a los afectados, algo que nunca ha sucedido, tal y como critica. “Se cierran en banda y repiten una y otra vez que tienen mayoría absoluta y que esto estaba en su programa electoral. Lo que no dicen es que en su programa electoral también ponía que el recinto estaría alejado de las zonas residenciales”, puntualiza el activista. El Ayuntamiento ha matizado que la alcaldesa escuchó al vecindario. Aquello fue en febrero de 2025, cuando no se había creado aún POZCAVIR. Precisamente, fue después de esa cita cuando los afectados comenzaron a pergeñar la creación de la asociación, cuya primera junta se celebró en mayo del mismo año.

Por el momento, los vecinos organizados en la asociación esperarán la resolución judicial definitiva. Según sus abogados, el desenlace final todavía podría tardar en llegar un año. “Nuestra expectativa es que el Ayuntamiento se dé cuenta de la barbaridad urbanística que está cometiendo y del enorme perjuicio que está causando a los vecinos”, concluye el presidente. A la par, desde el Consistorio repiten que tienen “plena confianza de que este proyecto cumple todos los requisitos, incluidos y sobre todo los medioambientales”.

Tensión este viernes en la reunión de la Junta de Seguridad Local. El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, ha cargado al inicio de la reunión contra el alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, por copresidir la junta a pesar de que hace solo unos días un juzgado ha admitido a trámite la querella de la exconcejala de la misma localidad contra el edil por presunto acoso sexual y laboral. “Este señor tras lo que ha hecho no debe presidir una comisión como la que hemos celebrado en la que se habla de seguridad”, ha afeado Martín en declaraciones a elDiario.es.

Tras las palabras de Martín, Manuel Bautista ha anunciado que presentará una querella contra el delegado del Gobierno por supuesta vulneración del honor. Una querella que Martín considera que es un intento para “despistar”: “No hay que caer en esa estrategia por la que está intentando distraernos a todos”, ha criticado, para insistir en que “no debe ser él quien esté al frente de una reunión de esta naturaleza, tendría que haber dimitido hace mucho”.

El delegado considera que sería “hipócrita” que criticara este punto al salir de la reunión y no en la misma, aunque el Partido Popular ha tildado lo sucedido de “falta de respeto”, “indignidad” y de “no tener ningún tipo de escrúpulos”. En declaraciones remitidas a los medios de comunicación, el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha acusado al delegado de ir “al ayuntamiento de un alcalde a insultarle y a faltarle el honor”. “No vamos a recibir ningún tipo de lecciones de este elemento que pertenece a un Gobierno corrupto”, ha añadido.

Sin embargo, para Martín se trataba de una “cuestión de orden”: “Hay que recordar que él ha sido acusado por la que era su número dos. No es una campaña de ningún partido”, ha añadido. La exedil denunció de forma interna un supuesto caso de acoso sexual que se convirtió en acoso laboral, aunque la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, no se llegó a reunir con ella. Con quien sí se reunió fue precisamente con el alcalde de Móstoles cinco días después de conocer el caso.

Ahora, el delegado del Gobierno denuncia que el partido del alcalde le “está amparando y protegiendo”. Fuentes de Delegación aseguran que no le dan “mayor importancia” al anuncio de la querella por parte de Bautista: “Bastantes explicaciones tendrá que dar” a la Justicia.

Los bomberos de Madrid avisan de que en la tarde de este viernes existe la previsión de lluvias y tormentas que puedan llevar asociadas granizo y fuertes rachas de viento. De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha ampliado a este sábado el aviso amarillo este tipo de fenómenos meteorológicos en toda la Comunidad.

Asimismo, el aviso se mantiene este viernes activo de 16 a 22 horas, que podría incluir granizo. La previsión apunta a lluvias y chubascos que podrían ir con alguna tormenta ocasional, sobre todo en el suroeste, y temperaturas máximas en descenso.

Por ese motivo, los bomberos madrileños recomiendan “evitar zonas arboladas, asegurar toldos, ventanas y objetos en balcones y poyetes y extremar la precaución” a la hora de realizar desplazamientos.

A lo largo de la tarde, la Aemet prevé cielos cubiertos por nubes altas y desarrollo de nubosidad de evolución. Las temperaturas mínimas tendrán cambios ligeros y las máximas bajarán. Respecto al viento soplará flojo del sureste con intervalos moderados en zonas bajas a partir de la tarde.

Los termómetros oscilarán entre los 13ºC y los 23ºC en Madrid; los 12ºC y 25ºC en Alcalá de Henares; los 12ºC y los 25ºC en Aranjuez; los 12ºC y los 22ºC en Collado Villalba; los 13ºC y los 24ºC en Getafe y los 13ºC y los 23ºC en Navalcarnero.

La magistrada de la Audiencia Provincial de Madrid Rosa Quintana ha acordado este jueves la disolución del jurado y la suspensión del juicio a dos acusados de un pique en la M-30 de Madrid que causó un accidente en el que murió un tercer conductor al no comparecer uno de ellos, en busca y captura desde el pasado día 15.

Así lo ha comunicado la presidenta del tribunal en la vista en la que además ha adelantado que dictará una nueva orden de detención, esta vez internacional, ya que existen “sospechas” de que el fugado, Francisco M.S., “puede haber abandonado el territorio español”.

La causa se sigue por unos hechos ocurridos el 25 de julio de 2021 cuando según el fiscal debido a un pique a una gran velocidad en la carretera de circunvalación M-30 de Madrid entre Francisco M.S., que conducía un BMW acompañado de su novia, y Rafael M.F., que iba al volante de un Fiat, provocó que este chocara con un tercer vehículo causando el fallecimiento de su conductor.

El fiscal solicita quince años de cárcel para los dos por un delito de homicidio y conducción temeraria. La defensa del fugado alegaba que concurría una atenuante de miedo insuperable al considerar que su cliente fue perseguido por el otro acusado sin opción a salirse por unas de las salidas de los túneles de la vía.

La vista oral se suspendió la semana pasada tras dictarse una orden de búsqueda y captura sobre el acusado. La presidenta del tribunal ofició a la Guardia Civil para que se desplazara a su domicilio, donde no se le encontró.

La prueba testifical y pericial del juicio concluyó el pasado 14 de abril. Un día después estaban previstas las declaraciones de los dos acusados ante el jurado y el tribunal, pero uno de ellos no se presentó. En una vista, los abogados y el fiscal se mostraron a favor de suspender la vista hasta que se le localizará o de la posibilidad de disolver el tribunal de jurado si no apareciese, extremo que ha sucedido.

Una de las principales pruebas en el juicio eran las cámaras de seguridad de la M-30, que registraron velocidades de hasta 176 km/h en una zona limitada a 70 km/h. Sin embargo, las defensas pusieron en duda durante los informes iniciales la validez de estas mediciones al señalar que los cálculos se realizaron a partir de imágenes de las cámaras de la M-30 y no mediante radares homologados.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid asegura que no le “consta” que una diputada de Vox denunciara ante Ayuso que un exconsejero intentara besarla. Así lo ha indicado el consejero portavoz, Miguel Ángel García Martín, en la rueda de prensa celebrada este miércoles.

Se trata de un suceso que el periodista David Fernández ha recogido en un libro que acaba de ver la luz, Ayuso. Zancadillas, intrigas y venganzas en la Corte de Madrid (Libros del K.O., 2026). Según lo que relata Fernández también en una entrevista con elDiario.es, esta diputada de Vox habría acudido a la presidenta regional para denunciar este hecho y ella le habría dicho 'no hay tema'. “Cualquier diputado tiene cauces más que habituales para poder denunciar este tipo de situaciones si es que se han producido”, ha añadido el portavoz a la pregunta de elDiario.es.

Sin embargo, a pesar de la respuesta del portavoz del Gobierno regional, la edil que denunció al alcalde de Móstoles por acoso sexual nunca consiguió una reunión con Ayuso a pesar de haberla pedido. La presidenta evitó recibirla, aunque sí citó al alcalde cinco días después de conocer el caso. Entonces, la edil, se dirigió por escrito a Ayuso y su número dos, Alfonso Serrano, y la secretaria de Organización, Ana Millán, pidieron a la concejala guardar silencio. “Protegerte es no hacer nada”, le dijo Ana Millán.

El PSOE de Madrid se ha referido a esto cargando contra el Gobierno autonómico. “No hizo nada en este caso y tampoco hace nada con el alcalde de Móstoles”, han indicado en un mensaje de X.

David Fernández asegura, por su parte, que la diputada de Vox nunca le autorizó a dar su nombre. Según el relato del periodista en la entrevista con elDiario.es: “El consejero intentó besarla. Ella se apartó y le dijo: ”¿Oye, qué haces? Por favor, déjame“. Dio por terminada la reunión y se fue. Se lo contó a su marido, que quiso volver a la consejería a decirle cuatro cosas al consejero. Pero, bueno, obviamente eso se enfrió. Y pidieron una reunión con Isabel Díaz Ayuso. Le dijeron: ”Oye, mira lo que ha hecho tu consejero, que no es de recibo“. Y la respuesta más o menos fue: ”Bueno, pero te lo has apartado. Pues no hay tema“.”.

David Fernández ha ejercido el periodismo en distintos medios desde el 2000, pero durante unos años se pasó a la comunicación política. Desde allí empezó a recabar historias y testimonios sobre la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por parte de algunos de sus colaboradores. “Hay gente a la que le gusta y hay gente a la que no, pero no podemos negar que es un animal político. Y quería explicar cómo ese animal político ha llegado hasta donde está”, en la Presidencia de la Comunidad de Madrid con mayoría absoluta.

En Ayuso. Zancadillas, intrigas y venganzas en la Corte de Madrid (Libros del K.O., 2026), Fernández analiza las razones de su ascenso tras hablar con más de 180 personas que han trabajado con ella. Además, relata un episodio hasta ahora desconocido, el de la denuncia de una alta dirigente de Vox contra uno de los consejeros de Ayuso que tanto esta como Génova 13 desoyeron.

Empieza el libro hablando de cómo había chats en la judicatura que se mofaban de que Isabel Díaz Ayuso pudiera ser viceconsejera de Justicia durante el primer gobierno de Cifuentes. ¿Cómo llegó a esa posición?

Yo sé la razón exacta, pero no la puedo contar porque se lo prometí a las personas que me lo contaron.

¿Tiene que ver con algún asunto personal?

Tiene que ver con un asunto personal. A mí me lo confirmaron varias fuentes. También retrata un poco de lo que va el libro, que no es de alta política ni para describir a estadistas. Es un libro que narra las miserias de las políticas públicas.

Es un ejercicio de periodismo, porque al final lo que ha hecho ha sido hablar con mucha gente. Dice que con unas 180 personas.

No quise hacer un panegírico de Ayuso, pero quería reconstruir el personaje y la historia a través de los retratos de la gente que la ha conocido. Algunos me dejaron citarles; otros, no. De lo que sí me di cuenta es de que había mucho miedo ante la figura de Isabel Díaz Ayuso. Mucha gente me pedía que no le citara. Y muchos compañeros me advirtieron de que escribir un libro sobre Ayuso iba a perjudicar mi futuro.

¿El miedo es porque tiene mucho poder?

Y porque maneja mucho poder económico: la publicidad. Es la realidad de los medios de comunicación que viven de la publicidad. Ella gana la guerra civil a Pablo Casado [se refiere a la caída del que fue líder del PP tras denunciar la comisión que cobró el hermano de Ayuso en la compra de mascarillas] porque tiene el poder económico de los medios de comunicación. Si Pablo Casado hubiera estado en el gobierno central y hubiera tenido también el dinero en la caja para poner publicidad institucional, no estoy tan seguro de que Ayuso la hubiese ganado.

¿La gana gracias a Miguel Ángel Rodríguez?

En esa batalla entre dos generales, los coroneles de Isabel Díaz Ayuso estaban mejor preparados que los de Pablo Casado. Luego se juntan, como le digo, ese poder económico que tiene la Comunidad de Madrid y Miguel Ángel Rodríguez. Ustedes [en alusión a elDiario.es] lo han vivido en sus propias carnes. Descuelga el teléfono, llama y amenaza. Llama a ciertos medios que saben que el rédito económico es importante y estos siguen lo que les marca la agenda de Miguel Ángel.

Afirma que Ayuso, en principio, era una superviviente que poco a poco se convirtió en el principal activo del PP. ¿Cómo lo consiguió?

Con mucha fortuna. El PP de Madrid es un ecosistema muy especial. Ella tiene la suerte de que es una periodista que se afilia en el distrito de Moncloa, conoce a Pablo Casado y hacen muy buena amistad. Pablo Casado ya es asesor, le habla a Alfredo Prada de ella y la meten de asesora. Luego tiene la suerte que conoce a una persona del equipo de Aguirre y la llevan a Presidencia. Allí sale mal, pero bueno, el partido nunca abandona a los suyos. Tiene la suerte de que la meten en la Comunidad, en el PP de Madrid y en Madrid Network durante cuatro años. Luego empieza a llevar las incipientes redes sociales del partido y empieza a dar charlas.

Una persona me dijo: “Mira, la culpa de que Ayuso sea diputada en 2011 es mía, que hablé a Ignacio González que era el que estaba haciendo las listas, porque Esperanza estaba para otras cosas, y le pedí incluir a esta chica que estaba despuntando en las redes sociales”. El PP sacó buenos resultados y fue elegida diputada. Luego tuvo la suerte de que se hizo muy amiga de Cristina Cifuentes cuando era delegada del Gobierno.

Ayuso ganó la guerra civil a Casado porque tiene el poder económico de los medios de comunicación

Siempre la habíamos relacionado con Casado y Aguirre, pero no tanto con Cifuentes.

Ayuso iba mucho a la Delegación del Gobierno a hablar de sus temas personales con Cifuentes. Y eso es también suerte porque, en ese momento, no se sabía que Rajoy iba a confiar en Cifuentes para que fuera presidenta de la Comunidad de Madrid. Cuando Cifuentes gana las elecciones en 2015, Ayuso le pide ser consejera o viceconsejera, incluso ser jefa de prensa. Pero la nombró portavoz adjunta.

¿Es cierto que cuando Ayuso estaba en Nuevas Generaciones planteó en una reunión reventar la manifestación del 1 de mayo llevando un cerdo vivo pintado con proclamas antisindicales y untado en aceite para que nadie lo pudiera coger?

Me lo contó gente que había estado en esa etapa en Nuevas Generaciones y en esa reunión. Esa gamberrada es como esas propuestas que se hacen en las juventudes de los partidos. Un poco alocada. La gente se rio. Pero bueno, sí define un poco el personaje de pandillera callejera.

Habla de la importancia de la comunicación en el ascenso de Ayuso y comenta que no solo llevaba la comunicación de 'Pecas', el perro de Aguirre, sino que creó cuentas y perfiles de trols para desacreditar a sus rivales políticos. Es algo a lo que ahora ya estamos acostumbrados. ¿Cree que ella fue la pionera y que el odio y los ataques en redes han influido en que esté en la Puerta del Sol con mayoría absoluta?

Cuando le hablé de este tema, un consejero de Esperanza Aguirre me la definió: “Isabel nos vino muy bien porque era una adelantada a su tiempo”. Estamos hablando de 2011 o 2012. Ella era periodista, vio en las redes sociales un nicho y se hizo fuerte. Otro consejero me dijo que creía que, en aquella época, Ayuso llegó a visitar todas las sedes de la Comunidad de Madrid y me dijo textualmente: “Yo creo que no hay un militante al que no le haya dado dos besos”. Ella se fraguó así un huequito en el partido para ser útil. Pero no sé si eso le ha ayudado realmente después a crear el personaje en el que se ha convertido. El punto de inflexión es Miguel Ángel Rodríguez, en el año 2020. Hay un antes y un después.

Menciona en el libro la financiación de los medios de comunicación y cómo la Comunidad de Madrid reparte ese dinero a medios afines sin tener en cuenta las audiencias. A la hora de escribir este libro y presentarlo, ¿se está encontrando con cierta censura?

Cuando presenté el proyecto a la editorial Libros del K.O con la que ya había trabajado en dos libros más les gustó mucho la idea, pero cuando hablamos de la promoción ya éramos conscientes de que muchos medios de comunicación no nos iban a hacer ni puñetero caso, porque es un libro crítico con Ayuso y Ayuso tiene ese poder.

Ayuso trabajó durante varios años en Madrid Network. En elDiario.es hemos informado de que la Comunidad de Madrid ha intentado impedir por tierra, mar y aire que se conocieran las cuentas de esa empresa pública. ¿Por qué cree que intentan ocultarlas?

Porque el día que se sepa con transparencia lo que se ha hecho allí se abrirá un filón para los medios de comunicación. Ella estuvo tres años. Llegué a hablar con una compañera que se sentaba con ella espalda con espalda. Iba poco por allí porque Madrid Network era el típico sitio en el que colocaban a gente del partido para que tuviera un sueldo porque el partido no lo podía pagar.

Hay una idea que menciona varias veces. Dice que Ayuso desempeña muy bien el papel de víctima. ¿Hasta qué punto cree que eso influye en su éxito?

Forma parte de su personalidad y su carácter. Siempre se estaba quejando de que no le hacían caso en el partido, de que si su familia la había dejado. Ayuso, que lleva gobernando la comunidad madrileña desde 2019, nunca ha hecho autocrítica. Va con su carácter y con el de su principal asesor y gurú. Ellos nunca se equivocan. Y para no equivocarse hay que ir con el papel de víctima. El caso más conocido es el de su pareja, Alberto González Amador. Es evidente que ha cometido fraude fiscal y en vez de dejar que él se defienda, prefiere dirigir el debate para sostener que es una persecución de Pedro Sánchez. Mucha gente me ha dicho: “Mira, Isabel atropella a un niño en la Gran Vía con un coche y la culpa la tiene el niño”.

El día que se sepa con transparencia lo que se ha hecho en Madrid Network se abrirá un filón para los medios

Hablábamos de la guerra civil con Casado y menciona como un punto de inflexión una simple celebración electoral que tiene lugar en Génova cuando ella gana y que no sienta bien al entorno de Ayuso por el protagonismo que adquirió el entonces líder del PP. Habla incluso de que Miguel Ángel Rodríguez esa noche envió insultos y amenazas tanto a Pablo Casado como a Teodoro García Egea. ¿Es ahí donde empezaron las últimas horas de Casado al frente del PP?

Ese es un episodio importante, pero ya venía de antes. Cuando Ayuso llegó a Génova para celebrar los resultados, cuando ya sabe que ha ganado, la estaba esperando en el parking una persona del equipo de Pablo Casado que sabe la bronca que ha tenido Miguel Ángel Rodríguez con Teodoro García Egea. Y le dice la frase de: “Isabel, está Casado muy mosqueado. Tienes que ver si Miguel Ángel Rodríguez es tu jefe de gabinete o tu jefe”. Ellos sabían que él mandaba y manipulaba. Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso eran tan buenos amigos y procedían de Nuevas Generaciones que cuando llegaron más alto pensaban que seguían en Nuevas Generaciones y mantuvieron una relación política muy infantil. Yo creo que gente más adulta hubiera llevado eso de otra manera. Fue una relación personal que se rompió. Y luego vino el triste episodio este del supuesto espionaje [de la dirección de Casado a Ayuso y su familia] que en vez de una novela de John Le Carré se asemeja más a una película de Torrente.

¿Cree que en una reunión en el Hotel Orfila de Madrid García Egea prometió a Ayuso no sacar a la luz el escándalo de las comisiones de su hermano a cambio de que ella renunciara a ser presidenta del PP de Madrid?

Cada uno tiene su versión. Realmente, ahí los problemas eran entre Teodoro García Egea y Miguel Ángel Rodríguez, y aprovecharon ese episodio de la comisión del hermano. Lo que quería García Egea era salir al menos con el compromiso de que Miguel Ángel Rodríguez se marchaba, pero obviamente no lo hizo.

Este fin de semana hemos conocido que un juzgado ha admitido la denuncia por abusos de una exconcejala de Móstoles tanto contra el alcalde como contra el PP. En el libro hay un momento en el que menciona un episodio similar que pudo haber ocurrido en el pasado.

En este caso fue una diputada de Vox, que no me autorizó a dar su nombre, que tuvo una reunión con un consejero de Ayuso en la que el consejero intentó besarla. Ella se apartó y le dijo: “¿Oye, qué haces? Por favor, déjame”. Dio por terminada la reunión y se fue. Se lo contó a su marido, que quiso volver a la consejería a decirle cuatro cosas al consejero. Pero, bueno, obviamente eso se enfrió. Y pidieron una reunión con Isabel Díaz Ayuso. Le dijeron: “Oye, mira lo que ha hecho tu consejero, que no es de recibo”. Y la respuesta más o menos fue: “Bueno, pero te lo has apartado. Pues no hay tema”. Ella [la víctima] se quedó sorprendida. Elevó el tema a Génova y allí le dijeron que lo sabían porque había más casos de este consejero, como el de una alcaldesa de otro municipio que también había sufrido un episodio similar. Como hacen las cosas en los partidos, las cosas se barren dentro de casa. Eso sí, cuando pasaron los meses y llegaron las elecciones, ese consejero desapareció. Ya no está en el Partido Popular. Pero, en ese momento, esta diputada de Vox esperaba algo más de Isabel Díaz Ayuso.

Entiendo que no puede decir quién es ese consejero.

No lo puedo decir. No estoy autorizado.

En el libro asegura que entre Ayuso y Miguel Ángel Rodríguez han pertrechado un nacionalismo madrileño. ¿Cómo lo definiría?

Es un invento de marketing de Miguel Ángel Rodríguez. En 1998, Rodríguez escribió un libro, El candidato muerto (Plaza & Janés, 1998), donde habla a los políticos y les dice que el mejor de ellos no será el más preparado. Fíjese qué visionario, ya sabía que iba a conocer esa habilidad de Ayuso. El mejor de ustedes no será el más preparado, sino aquel a quien la gente entienda, aunque lo que diga no le importe a nadie, añadía. Eso es el nacionalismo madrileño. Ellos piensan que en Madrid pasa todo, está el poder económico y las grandes empresas. Ayuso defiende Madrid ante los ataques de Pedro Sánchez y cree que le va a dar un rédito electoral. Pero está confundida, porque España no es solo Madrid.

Pero el nacionalismo madrileño tiene que ver entonces también con el victimismo.

Sí. Las estrategias de su equipo son que tienen que lanzar mensajes muy simples. No le pidas que participe en un debate de alta política sobre educación concertada o fiscalidad. Son frases muy simples y soflamas. Es vergonzoso. Es una periodista que ha visto que la política puede ser su forma de vida. No le interesa para nada la política. No le gusta la política. Le gustan los privilegios que conlleva el poder.

Usted considera que Ayuso en este momento es el principal activo del PP, incluso por encima de Feijóo. ¿Es Ayuso la que manda sobre Feijóo?

Es un diamante en bruto. Lo que pasa es que el diamante es demasiado bruto, es un cascarón vacío. Pero ella tiene poder institucional y Feijóo, al no estar en el Gobierno, no tiene ese poder con los medios de comunicación. Esa guerra está desequilibrada. Y Feijóo mantiene una especie de pacto de no agresión, así que Ayuso puede hacer lo que quiera. Hace dos días estaba criticando el pacto de Extremadura entre PP y Vox, saliéndose del guion oficial. Y Feijóo no le pudo decir nada.

Le puede pasar lo mismo que a Casado.

Casado tenía el mismo papel que Feijóo, es decir, no era nada, simplemente presidía el partido.

A Ayuso no le gusta la política, le gustan los privilegios que conlleva el poder

¿Cree que Ayuso puede ser una líder estatal con las cosas que dice? ¿Puede ganar unas elecciones a la Moncloa?

Por poder, puede. He visto cosas tan raras en política...

¿Pero cree que puede tener apoyos fuera de Madrid?

Sí, porque cuando cambian las tornas la gente se apunta al caballo ganador y ella tiene poder económico y político. Y luego hay una frase que me dijo una persona muy bien informada: “Isabel va a estar mandando y puede llegar a presidenta del Gobierno mientras contente a los poderes económicos del país”. Cifuentes contaba que sus problemas empezaron cuando no le aprobó la universidad a Planeta y aplazó los pagos del grupo Quirón. Ayuso estaba en ese gobierno y sabía cómo había pasado todo eso.

Desde que Ayuso está en el Gobierno, lo que recibe el Grupo Quirón de la Comunidad de Madrid se ha multiplicado.

¿Cuál es la primera decisión que toma cuando llega al Gobierno en 2019? Aprobarle la universidad al Grupo Planeta. ¿Qué fue lo siguiente? Víctor Madera, presidente del Grupo Quirón, fue a la Comunidad de Madrid a pedir que se agilizaran los pagos. Y Ayuso agilizó los pagos a Quirón. Luego nombró como consejera de Sanidad a una persona que venía del grupo Quirón y mantiene una relación sentimental con alguien que trabaja para Quirón.

Es uno de los principales comisionistas de Quirón. ¿Cree que hay una incompatibilidad?

Una incompatibilidad ética, seguro. Y la política da tantas sorpresas que a lo mejor dentro de unos meses nos llevamos alguna.

De momento, el único condenado a raíz de la publicación de elDiario.es de que el novio de Isabel Díaz Ayuso había defraudado a Hacienda una cantidad importante es el ex fiscal general del Estado, por haber intentado desmentir uno de los bulos lanzados por Miguel Ángel Rodríguez. ¿Cómo es posible?

Porque, lamentablemente, el político no tiene poder sin los medios de comunicación. Y en ese episodio del fiscal general algunos medios contaron bulos o no la verdad completa. El equipo de Isabel Díaz Ayuso descuelga el teléfono, pide publicar algo y eso se publica sin contrastar en algunos medios. Yo, que he trabajado para políticos –lo que fue el mayor error de mi vida–, vi por dentro ese fariseísmo y cómo los políticos necesitaban constantemente a los medios de comunicación y estos entraban en el juego sabiendo que el político les necesitaba.

También somos medios de comunicación los que publicamos las informaciones sobre la pareja de Ayuso.

Porque no todos los medios entran en ese juego, pero cuando entran el 80% o el 70% ya hay un desnivel. Obviamente, no todos los políticos y periodistas son iguales. Puede que haya un 20% de medios que intentan hacerlo bien. Pero cuando hay un poder político que controla en el otro lado al 80% de los medios de comunicación...

De haber sucedido lo mismo en otra comunidad autónoma, ¿seguirían en el Gobierno una presidenta con esas incompatibilidades, al menos éticas, y un jefe de gabinete que directamente ha amenazado con cerrar medios de comunicación e insulta a sus rivales?

En España, sí. Nosotros no tenemos la cultura anglosajona. Mazón, por ejemplo, ya no es presidente, pero ahí sigue con su sueldo público. En España hay fariseísmo en la política, hipocresía y los ciudadanos somos poco autocríticos. La pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid ha cometido un fraude fiscal, se ha abierto una pieza separada por si ha habido corrupción y soborno y ella sigue en el Gobierno. Y no pasa nada.

¿Cree que el hecho de que en la última legislatura se hayan conocido los casos de las muertes en residencias, el caso del hermano de Ayuso, el de su pareja y las vinculaciones con Quirón van a hacer que el electorado de Madrid cambie y no dé mayoría absoluta al PP?

No le va a quitar votos del electorado de la derecha. No va a haber votantes críticos de derecha. Vamos a ver si el electorado de izquierdas es capaz de sumar.

El cantante Carlos Baute se ha disculpado “si alguien se ha sentido ofendido” por sumarse a los cánticos racistas contra Delcy Rodríguez durante su concierto el domingo en la Puerta del Sol. También ha asegurado que no es “una persona racista” porque viene “de una familia venezolana” y creció “dentro del folclore venezolano, tambores”.

El artista ha publicado un vídeo para dar explicaciones en el que afirma que se sumó al cántico dejándose “llevar por la emoción del momento” y “sin medirlo” porque “son muchos años de represión” en Venezuela. “En medios se han generado interpretaciones y están diciendo que soy racista. Por favor, vengo de una familia venezolana, crecí dentro del folclore venezolano, tambores”, ha añadido.

“No soy una persona racista ni creo en el insulto como camino. Un momento puntual no define quién soy. Si alguien se ha sentido ofendido no tengo problema en disculparme”, dice en el vídeo.

El PP de Madrid se ha desvinculado de los gritos y ha afirmado que la Comunidad no tiene “responsabilidad” en los insultos a la presidenta de Venezuela porque se lanzaron “en la plaza por los propios manifestantes venezolanos, no en un acto” del Ejecutivo regional. Poco antes, el líder nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo, ha dicho que no está “a favor de insultar a nadie”. El líder del PP ha ironizado con que “hay personas que insultan y luego les molesta ser insultadas”. Y ha zanjado, titubeante: “No estoy de acuerdo con los que insultan ni con los que son insultados”.

Ante esta situación, la Embajada de Venezuela en España pidió perdón este domingo por los cánticos racistas. “Esta Embajada expresa sus más sinceras disculpas al pueblo de España, que conoce en su propia historia el horror del fascismo y de los crímenes de odio”, expresó la embajadora venezolana, Gladys Gutiérrez, en un comunicado emitido este domingo.