Pedro Trapote, fundador de las discotecas Pachá y Joy Eslava y dueño de la chocolatería San Ginés, volverá al banquillo acusado de fraude fiscal. La Audiencia Provincial de Madrid ha anulado la sentencia que absolvió al empresario de defraudar más de 500.000 euros en el Impuesto de Sociedades de una de sus empresas y ha ordenado repetir el juicio contra él y la sociedad con la que gestiona la chocolatería. Un proceso judicial y tributario que arrancó hace más de una década en el que Trapote acumula, además de este juicio pendiente de repetición, una condena por fraude fiscal y una absolución en un pleito millonario que ya está en manos del Tribunal Supremo.

Trapote (Valladolid, 1939) se coronó como rey de la noche madrileña en los años ochenta, cuando abrió la discoteca Joy Eslava en la calle Arenal dos días después del golpe de Estado fallido de Antonio Tejero. También cuando, a mediados de la década de los noventa, se hizo con el Teatro Barceló que alojó durante años la discoteca Pachá. Es el responsable, desde hace décadas, de la centenaria chocolatería San Ginés. Y su trayectoria empresarial se tambaleó cuando, a mediados de 2016, un juzgado de Madrid autorizó que los inspectores de Hacienda registraran ambas discotecas en busca de pruebas de fraude fiscal.

Esos registros derivaron en varias denuncias de la Fiscalía y diversas investigaciones penales contra Trapote, sus empresas y varios de sus socios bajo acusaciones de defraudar varios millones de euros entre el IVA y el Impuesto de Sociedades de 2013 a 2017. El empresario, enfrentado al fiscal Julián Salto, aceptó una primera condena de prisión en 2022 en su primer juicio por el IVA de tres años —donde se le aplicó la atenuante de reparación del año por devolver el dinero— pero su abogado, el exmagistrado Eduardo de Urbano, decidió cargar contra el origen de todas la causas judiciales: los registros de la Agencia Tributaria en 2016.

Después de esa primera condena firme aceptada en conformidad y ya por tanto irrevocable, Trapote se enfrentó en 2024 a su segundo y mayor juicio por defraudar a Hacienda, en el que tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado le acusaban de haber dejado de pagar 2,3 millones de euros en el Impuesto de Sociedades de su empresa Europea de Explotaciones entre 2015 y 2017. La Audiencia Provincial de Madrid, en ese juicio, anunció que la mayor parte de la documentación intervenida en ese registro había sido obtenida de manera ilegal y no podía servir para condenarlo. La Agencia Tributaria, dijeron entonces los jueces, “no había solicitado ni obtenido autorización judicial” para conseguir todos esos datos, solo una pequeña parte.

Esa absolución, todavía pendiente de ratificación por el Tribunal Supremo, tuvo eco en el tercer juicio al que se enfrentó Trapote por fraude fiscal. Los inspectores de Hacienda no solo encontraron documentación sobre la dudosa contabilidad de su empresa Europea de Explotaciones, sino también sobre otra de sus sociedades, Pasadizo SA, con la que gestiona la chocolatería del pasadizo de San Ginés de Madrid. Y Trapote volvió al banquillo de un juzgado de lo penal de Madrid a finales del año pasado acusado de defraudar algo más de medio millón de euros en el Impuesto de Sociedades de esa empresa. El resultado en esta derivada fue el mismo: absuelto por las irregularidades en los registros de la Agencia Tributaria de 2016.

Ha sido la Audiencia Provincial de Madrid la que ha anulado esta absolución y ha ordenado que otro juzgado de lo penal de la capital repita el juicio contra él, aunque sin entrar a valorar las pruebas que obtuvo Hacienda en sus discotecas hace una década. Los jueces explican que, tal y como argumentaba la Abogacía del Estado en su recurso apoyado por la Fiscalía, el juzgado no llamó a declarar a uno de los inspectores que firmó los informes clave del caso y eso produjo indefensión a la representación de Hacienda en el pleito. La defensa de Trapote —cuñado de Felipe González y amigo de Juan Carlos I— pudo presentar un documento de más de 300 páginas argumentando la nulidad de las pruebas pero Hacienda, explican los jueces, solo tuvo a uno de los peritos del informe y no a los dos.

El resultado es que los juzgados de lo penal de Madrid tendrán que celebrar un nuevo juicio por dos delitos fiscales contra el dueño de la chocolatería San Ginés, pero con la presencia de este inspector jubilado de Hacienda. La nueva sentencia, aunque tenga en cuenta el testimonio de este segundo perito que no fue citado para el juicio, seguirá condicionada por la alegación de que los datos de la empresa Pasadizo se obtuvieron de forma irregular durante los registros en las discotecas de Trapote en 2016 mientras el pleito más voluminoso está ya en manos del Tribunal Supremo.

Hacienda lleva a Trapote al Supremo

Con su condena de 2022 ya declarada firme y su última absolución pendiente de repetición, la causa penal más abultada de este empresario está en manos del Tribunal Supremo y su sala segunda. Fuentes del caso explican a elDiario.es que la Abogacía del Estado ha recurrido la sentencia que en 2024 marcó el fracaso de las causas contra Trapote al declarar las irregularidades de los registros de la Agencia Tributaria de 2016. Un juicio en el que Hacienda llegó a pedir que el empresario fuera condenado a seis años y medio de prisión y pagara multas que, junto con su empresa Europea de Explotaciones, sumaban varias decenas de millones de euros.

La decisión del Supremo pondrá a prueba las alegaciones de la defensa de Trapote de que las pruebas de fraude fiscal contra él se ven afectadas sin remedio por la doctrina del árbol envenenado: los inspectores entraron en la Joy Eslava y el Teatro Barceló y clonaron toda la información disponible en los TPV de las barras de las dos discotecas, donde había información sobre los delitos fiscales que investigaba el juzgado pero también sobre muchos otros e, incluso, sobre otras de sus empresas.

“La prueba que sirve de base a la acusación se obtuvo de forma conscientemente ilícita”, reprochó el tribunal en 2024. La Agencia Tributaria recogió un “exceso” de información para la que no tenía autorización judicial, y además ocultó esa información a los tribunales: “Lo guarda para su utilización posterior”. Esa sentencia recoge cómo Trapote, que durante la fase de instrucción llegó a reconocer parcialmente los hechos, vendió en 2022 el Teatro Barceló para hacer frente a estas deudas.

Agentes de Policía Nacional investigan la muerte de una mujer hallada con signos de violencia en la localidad madrileña de Leganés, según ha informado la Jefatura Superior.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 15:15 horas, cuando se recibió una llamada en la Sala del 091 alertando de que un hombre que había entrado en el domicilio de su hija había encontrado el interior de la casa muy revuelto, pensando que quizá habían entrado a robar.

Una vez personados los agentes del Grupo de Atención al Ciudadano en el domicilio, hallaron a una mujer fallecida con signos de violencia y un cuchillo con lo que parecen ser restos de sangre.

La víctima es la hija del hombre, que tenía llaves de la casa y que se había acercado hasta el lugar porque no sabía nada de ella desde hacía un tiempo, han confirmado a EFE fuentes policiales.

Hasta el lugar se ha desplazado el Grupo de Delitos Violentos de Policía Científica y el Grupo VI de Homicidios, quienes se han hecho cargo de la investigación.

Según las mismas fuentes, la Policía sigue investigando los hechos y no se descarta ninguna hipótesis.

Esta es la segunda mujer asesinada este sábado en Madrid, después de que esta mañana fuera detenido un hombre de 85 años por la muerte violenta de su exnuera, de 47, que ha sido hallada sin vida con signos de estrangulamiento en la vivienda que ambos compartían en la calle Ferrocarril del distrito madrileño de Arganzuela.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha acusado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y a la consejera de Sanidad, Fátima Matute, de “mentir” sobre las listas de espera del Hospital Universitario Ramón y Cajal, y ha cargado contra ellas por “hostigar” e “insultar” al médico del centro que denunció la supuesta manipulación de estos registros. Estas declaraciones han tenido lugar después de la información publicada por El País el pasado martes y actualizada este sábado con la difusión de un audio en relación a las órdenes en el Hospital Ramón y Cajal para modificar la prioridad en las intervenciones quirúrgicas.

Tras un acto de su formación en la capital, la también líder de Más Madrid ha criticado, en declaraciones a los medios, que “lejos de investigar si es verdad que se están falseando, manipulando o manoseando las listas de espera”, el Gobierno regional ha decidido “investigar al denunciante”, algo que considera un “agravante” en esta situación. “Yo le quiero recordar a la señora Ayuso que hay una ley de protección del denunciante, por la cual no se le puede hostigar, no se le puede insultar, que es lo que venimos viendo que ha hecho la señora Ayuso. Lejos de investigar si es verdad que se están falseando, manipulando o manoseando las listas de espera, lo que se ha puesto es a investigar al denunciante”, ha subrayado.

Asimismo, la ministra ha insistido que estas presuntas manipulaciones se deben a “intereses económicos” dirigidos “sistemáticamente y programadamente desde la Consejería de Sanidad para provocar que los pacientes se vayan a la privada con un seguro privado o que se vayan a Quirón”.

García ha asegurado que este caso es un reflejo de la situación “absolutamente indecente” que atraviesa la Sanidad en la Comunidad de Madrid, que afirma que cuenta con una Consejería que pone “incentivos para que se hagan trampas en las listas de espera” y que “está más preocupada en ver cómo esa bolsa de listas de espera se puede trasladar o transferir a Quirón que en solucionar realmente los problemas clínicos de los pacientes”.

En este sentido, ha remarcado en que el Ministerio que dirige lleva “meses trabajando con las comunidades autónomas” para cambiar el “obsoleto” Real Decreto de 2003, de cara a dar “transparencia y trazabilidad” a las listas de espera. No obstante, ha recordado que el Partido Popular “se ha opuesto”, y le ha instado a que “reaccione y se dé cuenta que gobierna para los pacientes, no para sus propias estadísticas ni para llenar las cajas de Quirón”.

“Vamos a cambiar ese Real Decreto para que no volvamos a escuchar ninguna declaración de este tipo, para que no se vuelva a atacar a ningún profesional que lo denuncia y para que no se vuelvan a producir aquellos audios que escuchamos hace tiempo de un CEO, también de un hospital privado de Madrid, que decía que las listas de espera las iba a manipular para poder hacer caja. Esto es absolutamente indecente y vuelvo a insistir, la señora Ayuso y Fátima Matute mienten, da igual cuando leas esto”, ha añadido, en referencia al caso del Hospital de Torrejón de Ardoz.

Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, criticó el pasado jueves durante su intervención en la sesión de control en el Pleno de la Asamblea que la izquierda dé “lecciones de lista de espera”, e insistió en que fue el propio denunciante el que “manipulaba las citas”. Así lo hizo también Matute el miércoles cuando aseguró que fue el propio denunciante el que “manipuló las listas de espera de manera irregular” en 57 casos concretos.

La Policía Nacional ha detenido este sábado a un hombre de 85 años por la muerte violenta de una mujer de 47 años, que había sido su nuera en el pasado, en el distrito madrileño de Arganzuela.

Según ha informado la Policía Nacional, el 091 recibió el aviso a las 11.10 horas de que una persona, expareja de la víctima, había recibido una llamada de su padre en la que le manifestaba que había cometido un hecho grave y estaba esperando que llegase la Policía.

Según ha precisado el Servicio de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid, la mujer presentaba señales de estrangulamiento. Los hechos han ocurrido en la vivienda que ambos compartían en el número 30 de la calle Ferrocarril, en el distrito de Arganzuela de la capital.

Hasta el lugar han acudido efectivos del Grupo de Atención al Ciudadano y servicios sanitarios, que han hallado a una mujer tendida en el suelo sin signos vitales y que presentaba señales de violencia, por lo que han confirmado en ese momento la muerte tras realizar maniobras de soporte vital básico sin éxito.

Cuando ha llegado el personal sanitario, este ha confirmado el fallecimiento y comprobado que la víctima mostraba síntomas aparentes de estrangulamiento, aunque el portavoz ha precisado que será la autopsia la que confirme la causa de la muerte.

Al lugar también se ha desplazado el Grupo de Delitos Violentos de la Brigada Provincial de Policía Científica y el Grupo VI de Homicidios, que se ha hecho cargo de la investigación.

El jueves estaba marcado en rojo en el calendario por dos citas: era el día que se iban a conocer las explicaciones del elegido por Ayuso para dar la cara por la compra del ático, el consejero Miguel Ángel García Martín, y estaba previsto el acto de apertura de los sobres con las ofertas por el inmueble. No salió bien ni una cosa ni la otra: nadie quiso comprar un ático conocido en toda España por esta polémica y el portavoz del gobierno regional no solo no despejó las dudas sobre la operación, sino que reconoció por primera vez que iba a ser un “alojamiento”.

El ejercicio de supuesta transparencia del Gobierno de Ayuso dejó sin responder las mismas preguntas que rodean la operación desde hace casi dos meses: quién, cómo y por qué escogió comprar un ático situado en el barrio donde creció la baronesa del PP. Lo que está claro es que no fue para un traslado provisional por las obras de la Puerta del Sol, como dijo en un primer momento la baronesa del PP. Pero, en su intento de zanjar la crisis, el gabinete madrileño ha aumentado la lista de incógnitas.

¿Quién ordenó comprar el ático y por qué?

El expediente publicado por el Gobierno de Ayuso empieza directamente por el contrato de confidencialidad que fue exigido a la propietaria del ático por parte de la Comunidad de Madrid antes incluso de su visita, tal y como reveló elDiario.es. No incluye nada de lo que pasó antes y motivó la elección de ese inmueble en concreto y no otro. El primer documento aportado en el expediente es del 3 de febrero y el último, del 15 de septiembre. La tasación se hizo el 13 de febrero, las arras se firmaron el 27 de ese mes y el 14 de abril se formalizó la compraventa para pasar a formar parte de la cartera de inmuebles de Planifica Madrid.

La dirigente madrileña insistió este viernes en la misma defensa que ha ejercido hasta ahora: que ella no era conocedora del detalle de la operación —se sabe que lo visitó— y que no dio la orden de buscar un ático. “No se ha dado una orden de ese tipo, se buscan muchas viviendas (...) No es dinero perdido, es dinero en patrimonio de la Comunidad de Madrid. Es más, esa casa se irá revalorizando con el tiempo”, respondió en una intervención trufada de críticas a Pedro Sánchez.

¿Por qué un alquiler de 3.000 euros?

La pretensión de la Comunidad de Madrid era, una vez adquirido por esta empresa pública, alquilárselo. Para ello iban a pagar 3.000 euros al mes durante diez años, pero con un periodo de carencia de 15 meses desde la firma, por lo que la primera mensualidad no se habría abonado hasta noviembre del año que viene. Ese contrato llegó a rubricarse, pero se extinguió antes de entrar en vigor.

El gasto total presupuestado y aprobado ascendía a 315.000 euros por un inmueble que costó más de seis millones. La Consejería decidió alquilarlo a 10,47 euros por metro cuadrado, una cifra que dista mucho de los precios de la zona, que oscilaban entre los 23,71 y 55,73 euros por metro cuadrado. No se explica por qué se optó por esa cifra ni por qué se decidió una exención de quince meses.

¿Por qué dieron otra versión sobre su uso?

La documentación deja claro que para el Gobierno de Ayuso era clave que el inmueble fuese residencial. La Comunidad de Madrid alegó la necesidad de “disponer de un inmueble institucional de carácter residencial o dependencias específicas para su uso de manera permanente u ocasional por distintas autoridades”, algo que es “habitual” en otras comunidades, decía en su memoria.

Lo que quería el gabinete de Ayuso era tener un piso con una zona destinada a lugar de trabajo y un área de descanso y alojamiento ocasional para autoridades “en visita oficial a la Comunidad de Madrid o las propias autoridades de la Administración regional”. Planifica Madrid “dispone de un inmueble que reúne las condiciones idóneas descritas”, remataba el documento para justificar el arrendamiento de la propiedad que acababan de comprar a través de la empresa pública.

Un breve informe del 7 de julio justificó que la finalidad prevista era compatible con la normativa urbanística y los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid dieron su visto bueno el 15 de julio al contrato de alquiler. También concluyeron que ese destino institucional debía calificarse legalmente como un arrendamiento “para uso distinto del de vivienda”, según la Ley de Arrendamientos Urbanos.

La argumentación de su uso como “alojamiento” es la misma que dijo el jueves el consejero de Presidencia y responsable de la empresa pública a través de la cual se adquirió el ático, pero es la primera vez que se da públicamente esta explicación. La hemeroteca es clara: la líder popular dijo que sería destinado a “reuniones institucionales” de forma provisional y se justificó por las obras de gran calado que iban a hacerse en la sede de la Puerta del Sol. ¿Por qué mencionaron las obras en la Puerta del Sol como motivo principal para la mudanza, si su uso iba a ser otro?

Cuando Ayuso pronunció esas palabras, el 29 de julio, la Comunidad de Madrid ya había firmado el contrato de alquiler por diez años. ¿Por qué habló de una oficina “provisional” si se había alquilado por una década?

Las preguntas de la Intervención: ¿idóneo y necesario?

La Comunidad de Madrid quería empezar a alquilar el ático a partir del 1 de agosto. En las fechas anteriores se emitió un informe clave: el de la Intervención Delegada de Economía y Hacienda. La Interventora aprobó el 27 de julio la fiscalización del expediente de gasto y permitió continuar con la tramitación del alquiler. Pero hizo unas observaciones sobre algunas deficiencias apreciadas en el proceso.

Entre ellas, decía que la Dirección General de Patrimonio y Contratación citaba un informe que a ella no le habían aportado y lamentaba que no se profundizase en aspectos como “el estudio de la necesidad, idoneidad, aspectos económicos o la comparativa de edificaciones similares”. “Estos aspectos deberían haberse desarrollado suficientemente en el Informe Técnico a elaborar por la Dirección de Patrimonio y Contratación, que parece haberse limitado a una descripción del inmueble y régimen urbanístico del mismo”, decía.

¿Por qué pasó en 48 horas de firmar el alquiler a decir que ya no le hacía falta?

La Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid emitió la orden para autorizar el alquiler el 27 de julio. La firma formal del contrato de arrendamiento entre Planifica Madrid y la Comunidad tuvo lugar al día siguiente, el 28. Y de forma repentina, el 30 de julio ya no hacía falta ese inmueble que tanto necesitaba la Comunidad de Madrid.

¿Qué pasó en esas 48 horas? Que El País publicó la adquisición del ático. El 29 de julio el Gobierno de Madrid amaneció con esa noticia en portada y defendió la pertinencia de la compra. Pero no tardó en rectificar: la Consejería de Presidencia transmitió el 30 de julio “la desaparición de la necesidad que motivó la solicitud” del alquiler. En ese documento se transmite que, dos días después de firmar el contrato, ya no hacía falta un ático “institucional” con carácter “residencial”, pero no se dice por qué.

¿Y el dinero para la reconstrucción?

La salida del ejecutivo regional a la crisis pasó por prometer el dinero de la venta de este inmueble y otro en Gran vía para la “reconstrucción” después de los incendios de verano. La operación planteaba sus dudas porque el dinero —en caso de haberse vendido, que no ha sido así— no se puede destinar directamente, ya que hay una empresa entre medias, Planifica Madrid. Solo puede hacerse mediante el reparto de dividendos.

El presidente de la empresa pública y también portavoz del Gobierno autonómico, Miguel Ángel García Martín, aseguró el jueves que en octubre se reunirá el consejo de administración de Planifica Madrid para elevar a la Junta General de Accionistas la aprobación de un reparto de dividendos a cuenta a favor de la Comunidad de Madrid para dar los 20 millones que habían anunciado a la reconstrucción. No ha explicado cómo lo van a hacer si contaba para esos cálculos con haber vendido el inmueble de Chamberí.

Ayuso dijo que dimitiría en caso de haber mentido

“Si yo he mentido, dimito”. Fueron las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid en el debate sobre el estado de la región hace una semana para reivindicar todas las respuestas dadas por su equipo y por ella sobre el ático. El expediente de la compra contradice las explicaciones dadas y no menciona las reformas de la Puerta del Sol ni se alude a una estancia provisional. Es un contrato para un uso distinto, que incluye el alojamiento de las autoridades de la Comunidad de Madrid y que fue adquirido por Planifica Madrid sin que conste la justificación del porqué.

Nada en las declaraciones de la baronesa del PP de este viernes hace pensar que valore una dimisión ante las contradicciones que plantean los papeles que ellos mismos han presentado. Ayuso insistió en que la propiedad no era para ella y, entre otros comentarios ajenos a la polémica, zanjó: “A mí qué me importa”.

“Este acuerdo de confidencialidad se establece con el propósito de garantizar unos niveles rigurosos de confianza entre las partes e implantar las condiciones bajo las que la parte divulgadora acuerda revelar cierta información confidencial, que es de su propiedad, a la parte receptora”. Este es el acuerdo de confidencialidad que exigió el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso durante la operación de compra del ático de lujo incluso antes de la visita del piso, una cláusula que ya adelantó a finales de julio elDiario.es. La publicación del expediente de la operación llevaba a cabo por Planifica Madrid, la empresa pública que compró la vivienda, se produce el mismo día que se ha conocido que el proceso de venta ha quedado desierto, aunque seguirá a la venta.

Ahora, la memoria de la operación desvela que esta cláusula se firmó el pasado 3 de febrero de 2026, con una vigencia de diez años, hasta el 3 de febrero de 2036 aunque haya finalizado “la negociación y haberse ejecutado las compraventas”. En la transacción se exigió a la parte vendedora de ese inmueble la firma de este acuerdo con carácter previo incluso a la visita del piso. La compra tuvo lugar dos meses después, en abril, por 6,3 millones de euros.

En el acuerdo, de tres páginas, se expone que “actualmente” las partes se encuentran en un proceso de negociación para la venta del inmueble “piso noveno o segundo ático derecha con entrada por el Paseo del General Martínez Campos número 35 con vuelta a la calle de Zurbano número 64”. “El propósito del presente acuerdo de confidencialidad es proporcionar al potencial comprador determinada información, así como permitirle visitar el inmueble, para que una vez analizada, pueda realizar una oferta económica de adquisición del mismo”, expone el texto.

Según se explica en el texto, la parte receptora, es decir Planifica Madrid, se compromete a “utilizar única y exclusivamente la información proporcionada para poder realizar una oferta económica concreta por la compra del inmueble anteriormente indicado”. Además, se acuerda que el procedimiento “regirá la custodia y no transmisión a terceros de la información distribuida entre las partes, así como los derechos, responsabilidades y obligaciones de los mismos”.

El documento también deja claro que se incluye el “carácter recíproco” ya que obliga a ambos a “no divulgar la información confidencial y a mantener la más estricta confidencialidad respecto a la misma”. “Cada parte se compromete a advertir de dicho deber de confidencialidad y secreto a sus empleados, directivos, asociados, asesores o cualquier persona que, por razón de su cargo o relación de dicha parte, deba tener acceso a la información confidencial”, explica el texto que añade que no se podrá “reproducir, modificar, hacer pública o divulgar a terceros” esta información “sin previa autorización escrita y expresa de la parte divulgadora”, es decir, la agencia inmobiliaria Promotora.

En el caso de un fracaso o cancelación de la negociación para la compra del ático, ambas partes acuerdan que se mantienen las obligaciones de confidencialidad y la “prohibición de uso (ya sea a través de su ejecución, transmisión...) de la información y datos suministrados” por parte de la inmobiliaria.

“El incumplimiento o elusión de las obligaciones del presente acuerdo por cualquiera de las partes, directa o indirectamente, dará derecho a la parte agraviada a una indemnización económica igual al valor de la información y, en su caso, de la ejecución de las compraventas objeto de negociación”, afirma el texto que también añade que “toda violación o incumplimiento” conlleva la obligación de “pagar a la otra parte una indemnización compensatoria”. “Las partes convienen que, en caso de que cualquiera de ellas incumpla, total o parcialmente, las obligaciones derivadas del presente acuerdo, será responsable de los daños y perjuicio, directos o indirectos, que dicho incumplimiento ocasionase a la otra parte, incluido el lucro cesante”, expone.

En el texto también se aclara que este acuerdo de confidencialidad no constituye un “compromiso, oferta, acuerdo o principio de acuerdo por parte de ninguna de las partes de realizar la posible transacción”. “Ni la presente carta ni las conversaciones mantenidas suponen la creación de ningún acuerdo de obligación u otra forma de relación legal entre las partes, a salvo lo dispuesto respecto a la la confidencialidad, que serán vinculantes”, expone.

En una comparecencia este jueves en la Asamblea de Madrid, el consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid y máximo responsable de Planifica Madrid, Miguel Ángel García, ha reconocido que la compra del ático respondió a una serie de necesidades de su departamento entre los que ha mencionado la de “contar con un inmueble institucional con una zona destinada a lugar de trabajo, un área de descanso y alojamiento ocasional para autoridades en visita oficial a la región o a las propias autoridades de la Comunidad de Madrid”.

La Comunidad de Madrid realizó una memoria para justificar el arrendamiento del ático de lujo en Chamberí a Planifica Madrid en la que no apuntaba a las obras de la Puerta del Sol aducidas por Ayuso como motivo de la mudanza en ningún momento. En cambio, lo que necesitaba el Gobierno regional era un “inmueble institucional de carácter residencial”, repetía varias veces. La documentación, a la que ha tenido acceso elDiario.es, forma parte del expediente de la adquisión del piso por parte de la Comunidad de Madrid.

La cronología de la compra del ático empieza en febrero, cuando se firma el contrato de confidencialidad entre Planifica Madrid y la inmobiliaria. La compra se ejecutó en abril y no fue hasta el 27 de julio cuando la Comunidad de Madrid autorizó el arrendamiento del inmueble a Planifica Madrid. Lo alquiló por 3.000 euros al mes. Se acordó un periodo de carencia de pago de la renta de 15 meses desde la firma, por lo que la primera mensualidad no se habría abonado hasta noviembre del año que viene.

¿Cómo lo justificó? “En el contexto actual es una práctica habitual a nivel estatal, autonómico o incluso local disponer de un inmueble institucional de carácter residencial o dependencias específicas para su uso de manera permanente u ocasional por distintas autoridades como apoyo a las sedes oficiales”, decía la Secretaría General Técnica de la Consejería de Presidencia.

Hay “razones operativas, de seguridad y de representación institucional” que justifican la pertinencia de contar con un “inmueble institucional de carácter residencial”, insistía el Gobierno de Ayuso, con una zona destinada lugar de trabajo y un área de descanso y alojamiento ocasional para autoridades “en visita oficial a la Comunidad de Madrid o las propias autoridades de la Administración regional”. Es la misma versión que ha dado este jueves el consejero de Presidencia, Miguel Ángel García Martín, en un nuevo cambio de relato por parte del Gobierno de Ayuso.

En otro momento, la memoria vuelve a insistir en que lo importante es que se pueda vivir en el piso: “Pero además de las razones anteriores, existen otros supuestos que justifican la necesidad de disponer de espacios accesorios o complementarios en contextos de gestión de crisis que pueden prolongarse en el tiempo y requerir de espacios complementarios con posibilidad de uso residencial”. Planifica Madrid “dispone de un inmueble que reúne las condiciones idóneas descritas”, remata el documento para justificar el arrendamiento. También les interesa su acceso directo a la planta novena desde el garaje y las dos plazas de aparcamiento.

Un informe de la Intervención Delegada de Economía y Hacienda puso en duda algunas de las lagunas del proceso de arrendamiento, aunque aprobó la fiscalización del expediente de gasto. Entre las carencias, decía que la Dirección General de Patrimonio y Contratación no profundizó en aspectos como “el estudio de la necesidad, idoneidad, aspectos económicos o la comparativa de edificaciones similares”. “Estos aspectos deberían haberse desarrollado suficientemente en el Informe Técnico a elaborar por la Dirección de Patrimonio y Contratación, que parece haberse limitado a una descripción del inmueble y régimen urbanístico del mismo”.

Solo dos días después de la firma del arrendamiento, la Comunidad de Madrid lo dejó sin efecto. La Consejería de Presidencia transmitió el 30 de julio “la desaparición de la necesidad que motivó la solicitud de arrendamiento formulada”.

Miguel Ángel García, consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, ha reconocido este jueves que la compra del ático de lujo de 6,3 millones de euros el pasado abril respondió a una serie de necesidades de su departamento entre los que ha mencionado la de “contar con un inmueble institucional con una zona destinada a lugar de trabajo, un área de descanso y alojamiento ocasional para autoridades en visita oficial a la región o a las propias autoridades de la Comunidad de Madrid”.

Para argumentar ese uso García ha mostrado, sin embargo, una memoria de necesidades de la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local “para el arrendamiento del inmueble” fechada el 2 de julio de 2026, tres meses después de la compra del ático en una de las mejores zonas de Chamberí. En esa memoria también se contemplaba “disponer de espacios accesorios o complementarios a las sedes institucionales en contextos de gestión de crisis que pueden prolongarse en el tiempo y que pueden requerir de un inmueble de estas características”.

“Este uso es plenamente compatible con la normativa urbanística, pues el carácter residencial del inmueble no impide el destino de parte del inmueble a despacho”, ha detallado, además de contar que la operación cuenta con informes favorables de la Abogacía General, que reconocen un “uso distinto al de vivienda”. También ha mencionado otro informe de la Dirección General de Patrimonio de la Consejería de Economía, así como el contrato suscrito entre Planifica Madrid y la Comunidad “que recoge expresamente la necesidad de alquilar este inmueble institucional como apoyo a las sedes oficiales”.

Durante su comparecencia en la Asamblea regional, García, que es el máximo responsable de Planifica Madrid, la empresa pública que compró el polémico ático, ha remarcado, pese a ello, que el Gobierno autonómico “nunca compró un inmueble para ser la residencia de la presidenta que vive, como siempre, en su propia casa”. Ayuso ha escuchado la intervención de su consejero sentada en su escaño de la Cámara autonómica, pero en cuanto ha terminado García se ha marchado, sin escuchar a los portavoces de la oposición, muy duros exigiendo explicaciones a la presidenta madrileña.

“Planifica Madrid adquirió un inmueble tras un proceso de búsqueda con el objetivo de ponerlo a disposición de la Comunidad de Madrid”, ha dicho, “como complemento de la actividad institucional y como apoyo a las dependencias institucionales por las obras” en el edificio de Presidencia de la Puerta del Sol. “Esta compra de inmuebles son habituales en todas las administraciones públicas”, ha señalado. Lo que sí ha destacado García es que el inmueble costó 6,3 millones, pero no se pagó “ningún tipo de sobrecoste por comisiones como se ha dicho”.

Con todo, García ha considerado que la idea de que el ático era para Ayuso es “una gran mentira” de la izquierda para “tapar la desastrosa gestión que el Gobierno de Sánchez ha hecho de la invasión de Ceuta”. “Solo querían fabricar un caso y ha quedado totalmente acreditado que era falso”, ha añadido, en su turno de réplica, trufado de descalificaciones contra la oposición y, especialmente, contra PSOE y Más Madrid, los grupos de la izquierda representados en la Asamblea. De hecho, ha enumerado las viviendas en las que viven o han vivido miembros de esos dos partidos para contrarrestar las peticiones de explicaciones de la oposición.

La oferta de venta, desierta

“Este inmueble nunca adquiere para que sea una residencia oficial para la presidenta, como sí tienen, por cierto, la mitad de los ministros y muchos presidentes autonómicos”, ha añadido. “¿Dónde está su fantasma? ¿Dónde está la residencia que se le iba a poner a la presidenta?”, ha preguntado a la oposición.

Mientras García Martín desarrollaba sus argumentos, los diputados de la oposición han realizado comentarios desde sus escaños y han mostrado su desacuerdo con las palabras del consejero. Ante las continuas interrupciones, el presidente de la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio, ha intervenido para pedir silencio: “No paran de comentar. Vamos a esperar un poco. Tranquilícense, no puede estar hablando con sus comentarios continuos. ¿No les interesaba tanto esta comparecencia? Pues cállense, cállense. ¡Cállense!”. A continuación, Ossorio ha dado de nuevo la palabra a García Martín y le ha indicado que disponía de más tiempo para continuar con su intervención.

Martínez Abarca ha pedido al portavoz del ejecutivo autonómico encargado de explicar la compra del ático que deje “de arrastrar su dignidad” y le ha llamado “pelele”. “Usted no pinta nada, es el pelele que ha sacado para que se lleve los golpes que le corresponden a ella. A usted no se le ocurrió comprar un ático con terraza enfrente en el barrio donde se ha criado Ayuso, obviamente”, ha dicho Abarca. El diputado de Más Madrid ha insistido a García Martín en que se le recordará por haber intentado “limpiar” lo que hizo su presidenta. Y ha añadido: “Ayuso quiere ser es una aristócrata, una emperatriz y tener un tren de vida que le paguemos los madrileños”.

La comparecencia de García se ha producido apenas unos minutos después de que se conociera que el proceso de venta del ático de lujo comprado por la Comunidad de Madrid ha quedado desierto. El consejero ha añadido que el inmueble “se mantendrá a la venta a través de un procedimiento abierto de adjudicación”.

“Habemus apertura de sobres. Tanto lío y al final nadie está dispuesto a pagar lo que pagó Ayuso por sus caprichos”. ironizaba la portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar. Durante el Pleno de la Asamblea, Espinar ha acusado al Gobierno de Ayuso de “jugar con los tiempos”. “¿O es la jugada perfecta y la señora Ayuso se queda con el ático de sus sueños?”, se ha preguntado.

Las explicaciones de García Martín no han convencido a ninguno de los grupos de la oposición. Ni siquiera a Vox, que ha tachado de “poco precisas y confusas” las explicaciones que ha dado la Comunidad de Madrid por la compra del ático y ha advertido de que “el 'y tú más' no cubre sus obligaciones de transparencia”.

El ático que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso compró en abril por 6,3 millones de euros y que ahora ha puesto en venta tras la polémica se queda, por el momento, sin comprador. Según ha publicado la empresa Planifica Madrid, adscrita a la Consejería de Presidencia y encargada de la operación, la adquisición ha quedado desierta después de que el pasado lunes 7 de septiembre de madrugada expirara el plazo de presentación de las ofertas. El consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García, ha anunciado que “se mantendrá a la venta a través de un procedimiento abierto de adjudicación”.

“Propuesta de declaración de desierto (Lote 2: Madrid-General Martínez Campos)”, figura en el documento del acta de la mesa de contratación, reunida este jueves. El organismo ha decidido “elevar al órgano de contratación de Planifica Madrid la propuesta de declaración de desierto del Lote 2: Madrid-General Martínez Campos, por no haber concurrido oferta alguna al mismo”.

Mejor suerte ha corrido el inmueble de Gran Vía 6, que Planifica Madrid llevaba tiempo intentando enajenar sin éxito hasta ahora. Ese lote estaba compuesto por los “cuatro inmuebles” que están unidos en una única referencia catastral. Según el documento, el inmueble está en una tercera planta que consta de 1.132 metros cuadrados destinados a oficinas y 100 metros cuadrados de elementos comunes. La única oferta presentada es válida, así que la mesa de contratación ha propuesto como adjudicatario al licitador CARTESÓN, S.L, que ha ofrecido 11.850.010 euros.

¿Y ahora qué?

La empresa pública encargada de comprar el inmueble de Chamberí publicó este 7 de agosto el anuncio de venta del ático de lujo ubicado en el barrio de Chamberí por un precio de casi 6,7 millones de euros. En los pliegos se detalla que “en caso de no recaer adjudicación respecto del lote 1 —el de Gran Vía—, una vez transcurrido el periodo señalado anteriormente, la Oferta Pública se convertirá en Oferta Pública Permanente respecto al citado Lote con carácter indefinido mientras que no sea retirada por Planifica Madrid”. Eso quiere decir que el inmueble estará disponible para su venta mientras no haya una adjudicación, sin que se necesite que se vuelva a publicar la oferta. Esto hace alusión al caso de Gran Vía, pero no detalla qué pasaría en el caso del ático de Chamberí, por lo que no podría pasar a ser también Oferta Pública Permanente.

A pesar de que la operación se firmó definitivamente en abril, fue este verano cuando, después de que la polémica estallara, el Gobierno de la Comunidad de Madrid anunció que se vendería el ático. Según aseguró el consejero de Presidencia, portavoz del Ejecutivo y presidente de Planifica Madrid, Miguel Ángel García Martín, el dinero que pretendían obtener iría destinado a la reconstrucción tras los incendios de la Sierra Oeste. Con esta puesta en venta pretendían zanjar el caso. “Está en venta, chao pescao” llegó a decir Ayuso.

Sin embargo, no es tan sencillo destinar ese dinero a la reconstrucción. Habría que esperar al cierre del ejercicio de Planifica Madrid y al reparto de dividendos. Además, existen dudas sobre cuál es el dinero total de beneficio que pueda sacar la Comunidad. Más Madrid ya ha anunciado que llevará al Tribunal de Cuentas el caso. En su denuncia, el partido estima que si se suman esos 6,3 millones de euros de la compra a los impuestos y otros gastos derivados, el total se acercaría a esos casi 6,7 millones de euros de precio de venta. “De realizarse la venta por ese importe podría producirse una pérdida patrimonial”, señalaban en el documento.

La consejera de Educación de la Comunidad de Madrid, Mercedes Zarzalejo, ha asegurado este jueves en la Asamblea regional que esta región ha recibido “menos del 1%” de un plan para refugios climáticos, incluyendo centros educativos, que anunció el pasado 27 de julio el presidente del Gobierno, pero “tal afirmación no es cierta”, según fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Democrático.

Esas fuentes subrayan que las ayudas siguen abiertas y que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso no ha pedido todavía un euro de los fondos de un plan específico para ese fin, el denominado PREE Docente para la climatización de aulas, que llevan semanas disponibles para todas las comunidades autónomas.

Los fondos que anunció Sánchez en julio para refugios climáticos constan de dos líneas de ayudas. Por un lado, la convocatoria para Refugios Climáticos, dotada con 10 millones, y que está abierta hasta el próximo 15 de octubre; y por otro, la de ayudas para Renaturalización de ciudades, dotada con otros 9 millones y que se cierra más tarde, el 29 de octubre.

Los fondos se gestionan a través de la Fundación Biodiversidad. Se otorgan mediante el procedimiento de concurrencia competitiva. Están disponibles para entidades sin ánimo de lucro, organismos de investigación, universidades públicas, colegios profesionales, administraciones públicas o entidades mercantiles.

A estos fondos se suman los del PREE Docente. Desde la última semana del mes de agosto, las comunidades autónomas tienen a su disposición los 200 millones de este plan, impulsado por el ministerio y aprobado en junio por el Consejo de Ministros. El reparto entre las comunidades autónomas se aprobó en julio en una conferencia sectorial. El plan está destinado a climatizar colegios y centros educativos.

“Madrid no ha solicitado los 17,5 millones a su disposición asignados al PREE Docente”, confirma Transición Ecológica. “Por lo tanto, carece de sentido la afirmación de la consejera Zarzalejo de que Madrid ha recibido ”menos del 1% de todo lo que prometieron“, porque el Gobierno de Ayuso ”no ha pedido los fondos que ya tiene a su disposición y aún no se han resuelto las otras líneas de apoyo“, resumen desde el departamento de Sara Aagesen.

Hasta ahora el ministerio ya ha transferido fondos del PREE Docente a Canarias (la primera comunidad autónoma que los pidió) y a Castilla-La Mancha. La transferencia a Baleares y Navarra “se producirá en pocas horas”, indica Transición Ecológica. En este caso los fondos los reparte el Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE).

Madrid no ha pedido dinero de estos fondos después de que el pasado 7 de septiembre, Ayuso anunciase una inversión “histórica” de 1.240 millones para mejorar la climatización, la eficiencia energética y la accesibilidad de cerca de 1.400 centros educativos públicos de la Comunidad de Madrid. Lo hizo tres meses después de que uno de sus consejeros asegurara que el calor es “fuente de inspiración”.

Pero todavía no ha pedido dinero al PREE Docente, que se repartieron de forma proporcional al número de centros de cada territorio. Andalucía (38,5 millones), seguida de Catalunya (33,5 millones), Comunitat Valenciana (17,88 millones) y Madrid (17,54 millones) son las regiones que más dinero reciben. 

“¿Sabe cuánto hemos percibido de aquella lluvia de millones, que era una competición entre un ministerio y otro, y uno anunciaba mil y el otro anunciaba 500? Pues hemos percibido menos del 1% de todo lo que prometieron y que usted nos vendió como si fuera aquello la repanocha”, ha señalado este jueves la consejera de Educación de Ayuso, que ha asegurado que en julio, mientras la Comunidad vivía los peores incendios de su historia, el presidente del Gobierno aprovechaba para vender “una supuesta red de refugios climáticos”, mientras que después “quitó 309 millones de educación para dárselos a sus asesores personales”.

Zarzalejo ha insistido en que la Comunidad cuenta con un plan de actuaciones frente al calor en las aulas, que este año contará con 21 millones en más de un centenar de actuaciones. A ello se suma el multimillonario anuncio de Ayuso de hace unos días. El diputado socialista Esteban Álvarez ha afirmado que esas nuevas inversiones son “humo” y quieren hacer de “cortafuegos”. “¿Pero qué climatización tienen? ¿Qué plan tienen? ¿Dónde hay una metodología? ¿Cuándo se empieza? ¿Por qué centros? ¿Cómo se detecta en qué centro hace falta cada cosa?”, ha preguntado, informa Europa Press.

“Lo que usted merece es un juicio por corrupta, porque vender el presupuesto de una comunidad autónoma a Quirón es corrupción y comprarse un aticazo enfrente de su madre también”. Con estas palabras se ha expresado este jueves la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, dirigiéndose a la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, durante la sesión de control a su Ejecutivo.

La oposición ha utilizado precisamente dos de los asuntos más peliagudos de las últimas semanas para Ayuso y su equipo, el ático de lujo y la situación de la sanidad, al inicio de un largo Pleno que culminará, precisamente, con la comparecencia del consejero de Presidencia, Miguel Ángel García, para dar explicaciones sobre el polémico ático de lujo adquirido por la empresa pública Planifica Madrid y que la Comunidad puso a la venta en cuanto la prensa reveló esa adquisición. 

Para Bergerot, “lo del ático va a ser un chicle” que a Ayuso “se le va a pegar hasta el final de su carrera política”. “Da igual que ponga la cabeza de su consejero encima de una bandeja y usted lo sabe”, ha añadido, en alusión a la comparecencia de esta tarde. La portavoz de Más Madrid le ha espetado a la presidenta autonómica que “ni siquiera sus votantes” han “creído” sus explicaciones “porque son todo mentiras”.

Respecto a la sanidad, dos días después de conocer que en uno de los hospitales más importantes de la región, el Ramón y Cajal, había alterado la gravedad de sus pacientes para mejorar las listas de espera, la portavoz de Más Madrid ha acusado a Ayuso de “hacer ingeniería contable” para modificar las listas de espera. “Lo más inquietante del Ramón y Cajal es que no es un caso aislado. Tienen un plan perfectamente diseñado para que cada vez haya que esperar más en la pública para ir a la privada”, ha zanjado Bergerot.

“El bulo del culo” del Ramón y Cajal

Para Ayuso, todo lo relacionado con el Ramón y Cajal es “el bulo del culo” y ha cargado contra el cirujano sobre el que su gobierno ya centró las acusaciones el miércoles. “Resulta que es un señor que está manipulando las listas”, ha añadido, sin aportar pruebas.

La portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, había exigido previamente a Ayuso que presentara su dimisión por el escándalo del ático. “No hay veto que tape el escándalo en el que está metida”, ha afirmado Espinar, que además ha acusado al Gobierno madrileño de “censura y opacidad”. “Prometió dimitir si había mentido con la cuestión del ático. ¿Dónde está su carta de dimisión?”, se ha preguntado.

Espinar también ha criticado la alteración de las listas de espera sanitarias y los recortes en la universidad. “Se le acabó la impunidad, váyase para dejar de hacerse daño a sí misma”, ha concluido la portavoz socialista.

Ayuso ha respondido acusando a la izquierda de actuar desde la “desesperación” y ha defendido su gestión asegurando que las denuncias sobre las residencias y el caso de Torrejón fueron archivadas. También ha dicho que la oposición basa todas sus acusaciones contra su Gobierno en “mentiras”.

Ayuso ha afirmado que Más Madrid “no ha hecho nunca una propuesta” en la Cámara autonómica y que se dedican a “las mismas mentiras” y “las mismas monsergas”. Ha señalado que en cuanto se empieza a ver “propiedades y riqueza” se “duplica a la clase media que representa en la mayoría el centro derecha” en la Comunidad. “Por eso nosotros que gobernamos para todo el mundo tenemos esas victorias electorales y ustedes la derrota”, ha lanzado la mandataria autonómica, quien ha afirmado que el espectro político de Más Madrid “allí donde gobierna” siempre “propone y trae la miseria”, “da igual que sea en España” o “en el otro lado del Atlántico”.

“Game over, lo siento”, ha sentenciado la presidenta madrileña, en alusión al futuro de la izquierda.

Este jueves comparecerá en la Asamblea de Madrid a petición propia Miguel Ángel García Martín, el consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Lo hará para dar información sobre la polémica compra del ático de Chamberí adquirido por la Comunidad de Madrid por 6,3 millones de euros y que iba a destinar a “reuniones” oficiales mientras durasen las obras en Sol.

Desde el equipo de la presidenta y del PP de la capital aseguran que ya se han dado todas las explicaciones sobre esta operación, pero todavía quedan algunas incógnitas por resolver, especialmente sobre la adquisición. A las 14.00, casi a la vez que comparece García Martín, se abrirán los sobres con las ofertas de licitadores que quieren hacerse con el inmueble, si los hubiera.

¿Quién decidió comenzar la búsqueda y quién tomó la decisión final?

La compra del inmueble situado en la calle General Martínez Campos de más de 400 metros cuadrados y terraza se firmó en abril. Según reveló El País, el Gobierno autonómico trasladó a la inmobiliaria de lujo que buscaba un inmueble “entre 250 y 400 metros y gran terraza”.

¿Quién decidió comenzar la búsqueda y quién tomó la decisión final? Uno de los argumentos que esgrimen desde la Consejería de Presidencia —a la que está adscrita Planifica Madrid, la empresa pública encargada de la operación— es que se compran y venden inmuebles “todo el año” en función de las necesidades de la Comunidad de Madrid. Sin embargo, todavía falta conocer cuáles fueron los criterios y la justificación por los que se eligió concretamente ese inmueble y no otro.

¿Por qué ese ático si se buscaban oficinas?

Eso está relacionado con otra pregunta: ¿por qué se decidió comprar ese ático si lo que se buscaba era un lugar de oficinas? Según la normativa del Ayuntamiento de Madrid, no se puede convertir en una dotación pública un noveno piso de un edificio residencial en el barrio en el que se encuentra. Solo podría tener un despacho profesional que sería complemento de una vivienda habitual. Y, además, ¿por qué se necesita un inmueble de esos metros y una “gran terraza” para mantener reuniones formales? ¿Por qué se vio necesario comprar un espacio en lugar de alquilar otro o utilizar otro inmueble ya comprado mientras durasen las obras en Sol?

Posteriormente, se ha conocido que la propia presidenta Ayuso acudió al ático a visitarlo aunque, según su equipo, fue después de la compra y no antes. ¿Quién acudió antes a visitarlo? Esta pregunta ha sido remitida a diferentes personas, pero no ha sido respondida. “No se compran inmuebles sin visitarlos”, decía una fuente del entorno de la presidenta, que remitía a la Consejería de Presidencia para dar esa información.

Durante el proceso de compra del inmueble, según pudo saber elDiario.es, se exigió “confidencialidad”. Este periódico remitió esa pregunta al consejero de Presidencia a principios del mes de septiembre, la de por qué se exigió secretismo en la compra. “En todo este tipo de operaciones se pide confidencialidad”, aseguró el portavoz. Sin embargo, surgen otras cuestiones relacionadas. ¿También se exigió confidencialidad en otras ventas o compras de Planifica Madrid? ¿Cuál es el motivo de que se exija este punto?

¿Por qué no se ha enseñado el expediente?

A pesar de que el contrato se firmó en abril, no se conoce la compra hasta finales de julio, cuando El País publicó que la Comunidad había adquirido el inmueble de lujo. A partir de ahí, se ha pedido el expediente de compra a través de diferentes vías siguiendo con la normativa de Transparencia y teniendo en cuenta que se trata de una empresa pública. Todavía, dos meses más tarde, se desconoce el contenido de ese documento, lo que lleva a la siguiente pregunta: ¿Por qué no se ha enseñado hasta la fecha el expediente de compra completo, con toda la documentación relacionada con la compra? ¿Cuándo se va a enseñar? ¿Hay un acuerdo formal del consejo de administración? ¿Qué argumentos dan para esa compra?

Poco después de que saliese publicado en prensa el caso, con el revuelo mediático causado y después de que Ayuso asegurara en rueda de prensa que se trataba de una “campaña de desprestigio”, el Gobierno autonómico reculó y aseguró que iba a poner a la venta el inmueble para destinar el importe obtenido por esta venta y otras para sufragar la reconstrucción tras los incendios. ¿Por qué se decide poner a la venta un día después de que saliese en prensa y no antes, teniendo en cuenta que la compra fue en abril? ¿Por qué se necesita el dinero del ático para los incendios si el mismo día de la rueda de prensa de Ayuso salió a presentar un plan con un presupuesto para esta reconstrucción?

¿Hay comprador y habrá compensado su venta?

El pasado 7 de agosto, la Comunidad puso en venta el ático por casi 6,7 millones de euros. Ya hay varias denuncias ante el Tribunal de Cuentas por un posible “menoscabo” de dinero público en esta operación. Cuando pusieron en venta el inmueble, se denegó la posibilidad de acudir a visitarlo. ¿Cuál es el motivo?

Ahora se ha retrasado hasta el jueves la apertura de sobres con las ofertas. ¿Cuántas se han presentado? Quitando gastos de impuestos y otros relacionados con este tipo de ventas, ¿cuál será el resultado económico neto que quedará en las arcas públicas tras la compra y venta? Según calculó el Gobierno de Ayuso, con la venta de este inmueble y de otros en Gran Vía, se pretendía obtener unos 20 millones para la reconstrucción tras los incendios. ¿Ese dinero es el neto si se le resta lo que ha costado la compra?

Tanto el Gobierno de Ayuso como la propia presidenta y el PP de Madrid intentan desde hace meses zanjar el escándalo. La líder madrileña llegó incluso a, en una entrevista, enseñar su contrato de alquiler para tratar de demostrar que es “rotundamente falso” que se le haya comprado “una casa”. Sin embargo, ni la baronesa del PP ni su equipo han respondido a las incógnitas que todavía siguen presentes después de un verano en el que Ayuso incluso ha llegado a afear a la prensa sus preguntas sobre el ático.

Desde la oposición no creen que el consejero de Presidencia vaya a dar respuesta a estas preguntas y, desde las últimas semanas, critican que no tengan a su disposición el expediente o documentación relativa a la operación. El PSOE de Madrid aseguró esta misma semana que les habían “tirado todas las preguntas” que iban dirigidas a Ayuso en el pleno sobre la polémica. “Apesta a corrupción se mire por donde se mire”, dijo Más Madrid.

Las educadoras de las escuelas infantiles de Madrid han protagonizado este miércoles una sentada en la consejería de Educación para exigir la apertura de una mesa de negociación con la Administración regional y establecer mejoras en sus condiciones salariales y laborales. La protesta, que las educadoras habían planeado como una acción pacífica, ha terminado siendo disuelta después de que acudiera la Policía y no les permitiera continuar, según han explicado las propias trabajadoras.

“Nos hemos encerrado para exigir de una vez que se abra una mesa de negociación y aquí nos vamos a quedar hasta que nos echen o nos den esa reunión”, defendían las educadoras infantiles en declaraciones a este medio. Finalmente, la intervención policial ha impedido que pudieran mantener la sentada en el interior de la Consejería.

Las trabajadoras, que mantienen la huelga desde el pasado 7 de abril, reclaman mejoras salariales, una reducción de las ratios y la implantación de la pareja educativa. La protesta llega después de meses sin una respuesta por parte de la Comunidad de Madrid y de varias movilizaciones, que ahora coinciden con el inicio del curso escolar, lo que hace que la situación se haya vuelto todavía más “delicada”.  

La Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI) mantiene desde hace cinco meses la presión sobre las administraciones para que se sienten a negociar las condiciones laborales del personal que trabaja en el primer ciclo de Educación Infantil. 

El comienzo de este nuevo año lectivo ha coincidido con el mantenimiento de la huelga de las educadoras de 0 a 3 años. A principios de septiembre, las educadoras ya habían organizado una concentración permanente con pernocta en la Puerta del Sol, frente a la sede del gobierno de la Comunidad de Madrid, para recordar que el conflicto todavía sigue abierto y que las reclamaciones de la huelga “no habían sido escuchadas” por la consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo.

“Queremos que se abra una mesa de negociación”, resumen las trabajadoras, que aseguran que no están dispuestas a abandonar sus reivindicaciones hasta que la Comunidad se siente a negociar. 

De un lado, denuncian aulas saturadas, con ratios de 8 bebés por educadoras, 13 de uno a dos años y 16 de dos a tres, para lo que ya han conseguido que el Ministerio de Educación elabore un real decreto que mejore esas ratios. Por otro lado, la gestión de este ciclo, que en su mayoría está en manos de empresas privadas y que, como señalan, “han precarizado las condiciones laborales”, con salarios que rondan el salario mínimo y contratos inestables. 

Salarios que no reconocen la responsabilidad de su trabajo 

Una de las principales reivindicaciones de las trabajadoras es la equiparación salarial entre las profesionales de las escuelas infantiles de gestión directa y las de gestión indirecta, estas últimas con una gestión externalizada a empresas o cooperativas mediante contratos públicos. 

La diferencia es sangrante, prácticamente el doble

Las educadoras denuncian que, pese a desempeñar funciones similares, las condiciones retributivas pueden ser muy diferentes en función del modelo de gestión. Una de ellas, Lucía Martínez, asegura que algunas profesionales “cobran alrededor de 1000 euros, mientras que otras, pueden alcanzar los 1800 o 1900 euros, dependiendo de su antigüedad o condiciones”. “La diferencia es sangrante, prácticamente el doble”, afirma.

Las trabajadoras buscan que las administraciones incorporen complementos salariales en los pliegos de contratación para garantizar que las mejoras lleguen a las empleadas de las escuelas de gestión indirecta. Desde la plataforma, reclaman que el dinero público destinado a las escuelas infantiles se traduzca en mejores condiciones para las profesionales. “Este año un 10, el que viene un 20”, explican como ejemplo de una posible aplicación progresiva de estos complementos.

Menos niños por aula y más profesionales

La reducción de las ratios y la implantación de la pareja educativa son otras de las demandas centrales de la huelga. Las trabajadoras soportan actualmente una elevada carga de profesional y denuncian que las aulas pueden llegar a estar formadas por 8 bebés, 14 menores de uno a dos años y 20 niños de dos a tres años por educadora. En este sentido, las educadoras ya han conseguido que el Ministerio de Educación haya planteado modificaciones de estas ratios y que se reduzcan estas cifras.

Sin embargo, reclaman que es necesario, además, que se incluya la pareja educativa y que haya dos profesionales de referencia en cada aula. “La pareja educativa permite atender mejor las necesidades de los menores y evitar que una baja deje a una sola trabajadora al frente del grupo”, reconoce Lucía Martínez. “Si una persona está de baja, mañana tiene que haber otra”, añade.

Para las trabajadoras, la falta de personal “repercute directamente en los cuidados” y recuerdan que están defendiendo algo que va “mucho más allá” de sus condiciones laborales: “Estamos defendiendo el derecho de los niños y niñas a recibir la atención, el cuidado y la educación que merecen”, señalan.

Además, desde la plataforma sostienen que las primeras semanas son cruciales porque constituyen el periodo de adaptación con los niños y que los cambios constantes de educadora pueden dificultar la creación de vínculos estables con ellos. “En todo caso, debe haber otra persona que sea de ayuda y que también se convierta en un referente para las criaturas”, afirma Martínez.

Una etapa educativa “crucial”

Las educadoras defienden que el trabajo en las aulas de cero a tres años no se limita a los cuidados básicos, sino que también implica acompañar el desarrollo emocional de los menores, detectar posibles necesidades educativas y trabajar con las familias. “Somos gente muy formada y, por las condiciones que hay, se está perdiendo mucho capital humano que se ve obligado a trabajar en otro sitio para contar con un mejor salario”, lamentan las educadoras.

“Si yo no puedo pagar mis facturas, ¿con qué cuerpo entro yo en clase?”, resume una de las educadoras. Para las trabajadoras, la precariedad laboral termina afectando también a la atención que pueden ofrecer a los menores: “No puedo transmitir calma si no tengo calma”. La falta de unas buenas condiciones, explican “afectan a la atención emocional, a los cuidados y también al trabajo pedagógico que se desarrolla en estas edades”.

La protesta de este miércoles se suma así a cinco meses de huelga y movilizaciones, mientras las educadoras reclaman a la Comunidad de Madrid que abra una mesa de negociación y concrete medidas para mejorar las condiciones laborales del sector. Las educadoras sostienen que “la protesta se mantendrá abierta” hasta tener una respuesta desde la administración regional. 

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso niega que se manipulen las listas de espera para las intervencion pero asegura que ha sido el cirujano que denunció el caso del Hospital Ramón y Cajal quien manipuló los expedientes de los pacientes que esperaban para una intervención quirúrgica. “El mismo denunciante es quien manipuló las listas de espera”, ha asegurado la consejera de Sanidad en rueda de prensa este miércoles.

La consejera Fátima Matute ha asegurado que el cirujano que denunció que uno de los principales hospitales de la capital rebajó la prioridad de 57 pacientes pendientes de una operación para mejorar sus números es quien ha “manipulado de manera irregular la gravedad” de los pacientes “para su beneficio”, para “trabajar menos y operar casos menos complejos”. A la pregunta sobre si entonces se producían estas manipulaciones o no en la sanidad pública madrileña, Matute ha insistido en negra que se dieran pero ha hablado de este caso concreto, aludiendo a que “tal vez” ha denunciado la situación “porque tiene expedientes disciplinarios abiertos”. Incluso ha llegado a acusar al denunciante de pinchar y rajar las ruedas del jefe de servicio.

Matute ha indicado, como hizo este martes, que se han abierto diligencias previas para recoger información y no ha querido precisar si todos esos expedientes los llevaba un único médico, o si había más médicos que confirmaban lo mismo. En la información inicial que dio El País, se recoge que una doctora dio la alarma cuando detectó el cambio en el caso de su paciente, una niña de tres años. Matute ha deslizado que “a lo mejor tienen cierta relación con ese profesional”.

La consejera madrileña también ha cargado contra la ministra de Sanidad, Mónica García, quien acusó a la Comunidad de “maquillar” las listas y exigió a las comunidades que aprueben medidas contra la manipulación. Durante la rueda de prensa, Matute la ha acusado de “extender a todos los hospitales de la sanidad madrileña el comportamiento de un profesional concreto”. La consejera también ha asegurado que la “misión” de Mónica García es “boicotear la sanidad madrileña”.

Después de la rueda de prensa, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha compartido en sus redes sociales un corte con las explicaciones de la consejera en la Real Casa de Correos de Sol, añadiendo que se trata del “bulo del día contra el Gobierno de la Comunidad de Madrid”.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no irá a la apertura oficial del curso universitario en la Universidad Autónoma de Madrid. Su plante a los rectores y otros representantes de la comunidad universitaria le permitirá evitar la protesta convocada por estudiantes y trabajadores en contra de su presencia en medio de las quejas por el “desmantelamiento” de la educación pública.

En su lugar irá la consejera de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Mercedes Zarzalejo. La dirigente madrileña no había incluido el acto en su agenda oficial, pero sí ha acudido los años previos al inicio de curso, que cada edición se celebra en un centro distinto. Su actividad consistirá en presidir la reunión del Consejo de Gobierno y por la tarde clausura el II Homenaje a la Enfermería organizado por el diario La Razón.

Estudiantes y trabajadores han convocado una protesta para decirle que no es “bienvenida” en el centro por su desmantelamiento de la educación pública. “No es bienvenida porque las universidades públicas de Madrid están económicamente asfixiadas desde hace casi dos décadas. Porque no hay plazas suficientes en la pública mientras la privada no deja de crecer. Porque seguimos teniendo las tasas más altas del Estado y la inversión más baja por estudiante. Porque las profesoras seguimos sobrecargadas y no se ofrece ninguna solución. Y esta situación insostenible es fruto de la voluntad política de un gobierno madrileño que quiere destruir la universidad pública para hacer negocio con la educación de los madrileños”, decían las convocantes.

Trabajadoras y alumnas se quejan de la “mercantilización” en todas las etapas educativas y claman por una “respuesta común”. “La defensa de la educación pública es una sola lucha, desde infantil a la universidad”.

Cuando el pasado 9 de septiembre se publicó que se disparaba en dos años el número de mujeres a la espera de una mamografía en la Comunidad de Madrid y que 9.000 no tenían fecha asignada para esta prueba diagnóstica, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso sacó pecho de su gestión sanitaria, en la misma línea que ya habían seguido en ocasiones anteriores: “Madrid tiene las listas de espera más bajas”, dijo el consejero portavoz autonómico. La región lleva tiempo presumiendo, pero tras conocer que uno de los principales hospitales de la capital rebajó la prioridad de 57 pacientes pendientes de una operación para mejorar sus números, surge una pregunta: ¿cómo de fiables son las listas de espera de la Comunidad para tener una imagen real y completa de la espera de los pacientes?

El “maquillaje” de las listas de espera es una antigua denuncia de sindicatos y asociaciones de pacientes. “No nos llama la atención. Es algo que hacen prácticamente la totalidad de centros para ocultar datos a la Consejería y es algo que hacen las Consejerías con el Ministerio. No es algo privativo de Madrid”, señalaba este martes la secretaria general de la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts), Ángela Hernández.  

La Comunidad, no obstante, lleva décadas arrastrando una hemeroteca que da muestra del trampeo en la forma de registrar el tiempo de espera. Ya en 2005, el Ministerio de Sanidad expulsó a Madrid del sistema nacional de cómputo por los incumplimientos del Gobierno de Esperanza Aguirre de la normativa estatal del momento. Si los pacientes tenían que ser incluidos en el momento en que el médico especialista indicase la intervención, la Consejería no los contabilizaba hasta que hubiesen pasado las pruebas previas a la operación —incluido el anestesista—, mucho después. 

“Maquillar los datos, desde el punto de vista político, da votos, pero se hacen trampas al solitario porque no solucionan el problema”, explica el presidente de Atención Hospitalaria de Amyts, Javier Ortega. Para él, que es cirujano general, lo ocurrido en el Hospital Ramón y Cajal va un paso más allá y es “muy grave desde el punto de vista quirúrgico”: “Es una cosa muy grave, se me ponen los pelos como escarpias”.

El jefe del servicio de Traumatología y Cirugía Ortopédica del centro, Basilio José de la Torre Escudero, y el director médico, Rafael Martínez Fernández, habrían rebajado la prioridad de hasta 57 pacientes de preferente a normal para ampliar el plazo máximo en el que debían ser intervenidos, de 90 a 180 días, a espaldas de los cirujanos, según ha publicado El País, que cita documentos y correos internos. 

Esta redacción se ha puesto en contacto con el hospital, pero no ha obtenido respuesta. 

114.000 personas en lista de espera

Según los últimos datos del Servicio Madrileño de Salud (Sermas), en julio había 114.627 pacientes esperando por una intervención quirúrgica en la región y la demora media estructural era de 57 días, aunque más del 40% sobrepasaban los tres meses de espera. Por esas mismas fechas, la lista de espera en traumatología del Ramón y Cajal superaba los 98 días de media, con 1.665 pacientes pendientes de una operación. 

Si se revisan los contratos de programa 2025 de los cinco grandes hospitales públicos madrileños —La Paz, 12 de Octubre, Gregorio Marañón, Ramón y Cajal y el Clínico San Carlos— todos ellos recogen “objetivos institucionales” para rebajar las listas de espera de las intervenciones quirúrgicas, con indicadores y puntuaciones periódicas, además de aportaciones adicionales destinadas a la actividad extraordinaria de reducción de las listas de espera. 

“Los contratos programa que se acuerdan entre los servicios de salud y las gerencias tienen dos propósitos: asignar fondos que cubran los costes fijos y las variables de la actividad pactada; y dotar bolsas de productividad para bonificar los desempeños, en cantidad y calidad de servicios prestados”, explica el experto en gestión sanitaria y profesor emérito de la Escuela Nacional de Sanidad, José Ramón Repullo, para quien esos incentivos son “el objetivo natural y universal de todos los modelos de gestión hospitalaria”. 

Pero, esos contratos, ¿pueden generar incentivos perversos? “Obviamente, sí. Por eso el arte de esos acuerdos radica en que sean inteligentes, bien gestionados, con fiabilidad de los indicadores de desempeño y con una evaluación objetiva y transparente del grado de cumplimiento y de las bonificaciones conseguidas”, continúa Repullo, para quien “cuanto peor gobernanza de un sistema o servicio, más fácil es caer en conductas oportunistas”. 

Para la secretaria general de Amyts, el problema de base es la propia organización de la gestión directa de la sanidad pública, con dos modelos compitiendo entre sí. “Cuánta más actividad hay en un hospital público, más gasto genera y más se aleja del cumplimiento presupuestario, así que lo único que te queda es la gestión de la lista de espera. Si cuando la aumentas vas a estar mal visto por la Consejería, se genera el incentivo de intentar ocultarla”, razona. Es, dice, “el modelo contrario a la [Fundación] Jiménez Díaz [de gestión privada], que cuanto más hace, más gana”. 

Solo en 2024, los hospitales de Quirón (Fundación Jiménez Díaz, Villalba, Infanta Elena de Valdemoro y Rey Juan Carlos de Móstoles) y Ribera Salud (que gestiona el Hospital de Torrejón) lograron captar 250.000 pacientes de la sanidad pública gracias a la libre elecciones impulsada por Aguirre. Este modelo, indican los expertos, convierte la sanidad madrileña en una suerte de “mercado persa”, donde los hospitales públicos acaban quedándose con las pluripatologías más complejas mientras los de gestión privada seleccionan las intervenciones más rentables. 

El caso del Hospital de Torrejón y la priorización de pacientes rentables

Es el caso del Hospital de Torrejón, gestionado por la empresa Ribera Salud. Aquí no se trataba de maquillar las listas de espera para cumplir unos objetivos, sino que, tal y como publicó elDiario.es a finales de 2025, en este centro sanitario se priorizaban pacientes que se consideraban rentables mientras los vecinos de Torrejón tenían que esperar más de dos meses para una cirugía una vez entraban en la lista de espera.

La libre elección que instauró el Gobierno de Esperanza Aguirre permite que los hospitales privados capten pacientes de la pública. Según un documento interno de la Comunidad, el “impacto económico” que ha tenido este sistema entre 2018 y 2023 ha sido de 1.268 millones de euros extra derivados a la sanidad privada. 

Tal y como publicó elDiario.es, en Torrejón el incentivo estaba motivado por la ganancia económica de la empresa gestora. Y para conseguir aumentar estos ingresos, el objetivo era hacer que los pacientes “no cápita” se operasen en este hospital a pesar de estar asignados a otros centros. Así, la Comunidad de Madrid tiene que pagar a ese centro elegido para la operación o tratamiento de dicho paciente externo. A muchos ellos se les ofrecían operaciones quirúrgicas tempranas y se les operaba antes que muchos otros que llevaban más tiempo esperando. 

elDiario.es ha remitido una serie de preguntas a la Consejería de Sanidad, como a partir de cuándo se contabiliza la espera para una operación, qué medidas pretenden tomar para evitar este tipo de situaciones en los hospitales públicos madrileños, o si tienen información sobre otras posibles alteraciones de las listas de espera. Desde el Gobierno autonómico no han respondido a estas cuestiones, haciendo alusión a que la “gestión de la lista de espera quirúrgica de todos los hospitales” madrileños “corresponde a los propios servicios asistenciales, de acuerdo con los criterios clínicos establecidos y con la responsabilidad de los profesionales implicados” y “refrendado por el comité semanal de quirófanos”. 

“Ni la Dirección Médica ni la Gerencia realizan directamente la gestión o modificación de las listas de espera quirúrgicas de los servicios. Por tanto, no cabe atribuir a estos órganos la realización de alteraciones individuales en las historias clínicas de los pacientes”, indican desde el Gobierno de Ayuso. La consejera madrileña de Sanidad, Fátima Matute, ha defendido este martes durante unos premios en los que se ha galardonado a Ayuso como “Política del Año” que en la región “no se falsean” las listas de espera, pero se abrirán “diligencias de información interna para volver a revisar todo” el sistema. “Es triste el ataque que se hace al tesoro que es la sanidad”, ha añadido la consejera, que no ha precisado si habrá ceses tras la polémica y atribuye la polémica a rencillas personales.

“Ni es nuevo, ni está penalizado”

La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid (Adspm) ha considerado “de extrema gravedad la información conocida sobre la modificación de la prioridad quirúrgica de pacientes del Hospital Ramón y Cajal para mejorar el cumplimiento de los tiempos de espera”. En un comunicado, han mostrado su preocupación porque “esto ocurra en un sistema en el que el cumplimiento de determinados objetivos con las listas de espera está vinculado a la productividad” y han reclamado a la Consejería que explique “qué controles existen para evitar que los objetivos de gestión puedan interferir en decisiones que deberían responder exclusivamente a criterios clínicos”. 

Esta organización ha recordado también que la lista de espera quirúrgica es solo el último escalón de la demora sanitaria. Además de los más de 114.000 pacientes esperando una operación en julio, había otros 670.000 pendientes de una primera consulta y otros 160.000, de una prueba diagnóstica y terapéutica. 

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha mandado este martes una carta a la consejera madrileña para requerir información sobre lo sucedido y “solicitar garantías” de la veracidad de los datos de las listas de espera que son remitidos al Ministerio. En marzo, García anunció que modificaría la normativa para conocer exactamente los tiempos de todos los pasos por el sistema sanitario. “Necesitamos la colaboración de las comunidades para darle transparencia al proceso. Queremos saber, desde el Ministerio, cuál es el tiempo que pasa desde que un paciente va a atención primaria con cualquier tipo de patología o dolencia hasta que le ven un especialista, le hacen una prueba, le vuelve a ver al especialista y hasta que le operan o no le operan o le dan el tratamiento. Toda esa trazabilidad no la tenemos a día de hoy. No sabemos lo que pasa con nuestros pacientes”, indicó García. 

El Ministerio llevó la propuesta al Consejo Interterritorial —donde están presentes las consejerías— esos nuevos “criterios de transparencia y trazabilidad” que “no fueron aprobados por las comunidades autónomas”, ha lamentado la ministra García a través de su cuenta de X, donde afirmó que “manipular las listas de espera, engañando a cirujanos y pacientes, ni es nuevo ni está penalizado”. 

Si tienes información sobre este u otros casos similares, puedes escribirnos a nuestro correo confidencial pistas@eldiario.es

La diócesis de Getafe ha decidido cerrar el grupo 'Hermanos del Amor Misericordioso', la rama masculina de las Hijas del Amor Misericordioso (HAM), una asociación pública de fieles que fue suprimida hace un mes y medio por la Archidiócesis de Madrid tras una investigación por casos de abusos que implicaban a la superiora de la asociación.

Según explica la diócesis de Getafe en un comunicado publicado este martes, desde el año 2008 han acompañado a un grupo de jóvenes en su proceso de discernimiento vocacional, es decir, en la búsqueda y valoración de una posible vocación religiosa, con vistas a una posible constitución como familia religiosa bajo el nombre de 'Hermanos del Amor Misericordioso' (HAM). Durante estos años, según precisa, algunos de sus miembros han sido ordenados diáconos y sacerdotes y actualmente ejercen distintas funciones pastorales en la diócesis.

Un nuevo camino para sus miembros

Sin embargo, señala que, “tras un tiempo prolongado de reflexión y acompañamiento, el obispo de Getafe ha comunicado a los sacerdotes, diáconos y seminaristas vinculados a este itinerario vocacional que, en adelante, el discernimiento sobre una eventual vocación a la vida religiosa deberá realizarse de manera personal e individual”.

En todo caso, puntualiza que “los seminaristas podrán continuar dicho discernimiento en sus respectivos seminarios o, si así lo consideran oportuno, incorporándose a un instituto de vida religiosa o a otra forma de vida consagrada legítimamente reconocida por la Iglesia”. Es decir, podrán seguir su formación religiosa de manera individual dentro de un seminario o incorporándose a otra institución religiosa reconocida por la Iglesia.

Por otra parte, añade que los ministros ordenados, es decir, los sacerdotes y diáconos, continuarán este proceso mientras ejercen los ministerios pastorales que les han sido encomendados en la diócesis.

El obispado advierte de que esta decisión “no supone un juicio negativo sobre la autenticidad del deseo manifestado por los interesados de vivir una vocación religiosa”. Al contrario, asegura que reconoce y valora dicho deseo.

Además, aclara que los diáconos que se encuentran en camino hacia el presbiterado, es decir, hacia la ordenación como sacerdotes, recibirán la ordenación sacerdotal “en el momento oportuno, una vez reunidas las condiciones requeridas por el derecho de la Iglesia, y posteriormente recibirán el correspondiente encargo pastoral en la diócesis”.

La diócesis asegura su “acompañamiento humano y pastoral” a los miembros de este grupo y pone a su disposición “espacios de escucha, acogida y apoyo”.

El PP ha vetado la comparecencia de Pedro Corbalán, el CEO y consejero delegado de la empresa pública Planifica Madrid, la encargada de realizar la operación por la que la Comunidad de Madrid compró el ático de Chamberí por 6,3 millones de euros. Lo ha hecho a través de la mesa de la Comisión de Presidencia y Justicia de la Asamblea de Madrid, en la que tanto PSOE como Más Madrid habían solicitado que interviniera Corbalán el próximo lunes 21 de septiembre. “Demuestra que está asustado por sus responsabilidades jurídicas”, dicen desde Más Madrid.

Juan Varela, coportavoz de la comisión, ha denunciado la decisión del Partido Popular en la Mesa de la comisión y lo ha tachado de “escándalo”. En declaraciones a elDiario.es, el diputado asegura que “nunca” han hecho algo similar con un responsable de una empresa pública. “Les hemos pedido que lo argumentaran, pero nos han respondido que no tenían que argumentar nada”, ha asegurado Varela.

La diputada socialista Tatiana Jiménez explica que habían pasado el filtro inicial de la mesa, pero que ha sido este martes cuando en la reunión de la mesa específica de los portavoces de la comisión se ha comunicado el veto. “El argumento que nos han dado es que no lo permiten porque el reglamento les permite no admitirlo”. “Esto es una vulneración de un derecho”, critica la diputada del PSOE de Madrid en conversación telefónica.

Este mismo jueves comparecerá en la Asamblea de Vallecas el consejero de Presidencia y presidente de Planifica Madrid, Miguel Ángel García Martín, con lo que desde Más Madrid subrayan la importancia que tenía esta comisión en la que pretendían hacerle preguntas sobre la operación que se selló el pasado mes de abril, aunque salió a la luz a finales del mes de julio.

Los dos diputados de la oposición indican que previamente Corbalán ya había acudido a la comisión como responsable de Planifica Madrid. El diputado Juan Varela precisa que en octubre de 2025 Más Madrid activó la comparecencia del propio Corbalán y que entonces “no hubo ningún problema”, mientras que Tatiana Jiménez recuerda que incluso este mismo año el CEO acudió a la Asamblea, donde le preguntaron por la compra de un edificio. “Hemos manifestado [a la Mesa] que es muy evidente que están intentando ocultar algo. Ayuso lleva semanas alardeando transparencia, pero luego no permiten que el consejero delegado comparezca en la Asamblea, que es el sitio natural donde tiene que dar cuentas porque se debe a la ciudadanía”, ha criticado la socialista, que considera que la presidenta madrileña “está ocultando algo” y que buscan evitar que Corbalán intervenga por “si se le escapa la verdad”.

La empresa pública, adscrita a la Consejería de Presidencia del Gobierno de Ayuso, fue la encargada de realizar la operación, de la que todavía se desconoce el expediente. Tras el escándalo, la Comunidad de Madrid aseguró que se iba a poner a la venta el inmueble de la calle General Martínez Campos con el fin de destinar el dinero que pudieran obtener para la reconstrucción tras los incendios. Sin embargo, para ello necesitan esperar al cierre del ejercicio de la empresa pública. El pasado 7 de agosto, Planifica Madrid publicó el anuncio de venta por casi 6,7 millones de euros.

Todavía se desconce si el ático tendrá comprador. El pasado 8 de septiembre expiró el plazo de presentación de ofertas y este miércoles 16 a las 13.00 se procederá a la apertura de los sobres con las propuestas de los licitadores. A partir de ahí se abrirá un plazo para el estudio de las ofertas si las hubiera.

Sin preguntas sobre el ático

Este lunes, tanto PSOE como Más Madrid habían denunciado que la mayoría del PP en la Asamblea habían tumbado todas las preguntas que habían hecho sobre la polémica compra del ático. Los partidos de la oposición también habían criticado que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso no les facilita el expediente de compra de cara a la próxima comparecencia del consejero portavoz. “Nos ha tirado todas las preguntas que le dirigía a la presidenta sobre la compra del ático”, criticó la portavoz del PSOE de Madrid, Mar Espinar, en la rueda de prensa posterior a la junta de portavoces en la Asamblea.

Cambiar la fiscalidad de Madrid. Esa es la propuesta que han presentado este martes desde Más Madrid. No se trata solo de subir impuestos en la región, sino que el objetivo es cambiar el modelo del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Un modelo que, a juicio del partido de Mónica García, se basa en la “competencia fiscal a la baja” y el “vaciamiento deliberado de los ingresos públicos”. “Ayuso ha convertido a Madrid en un paraíso fiscal para los multimillonarios”, aseguran desde el partido.

La propuesta contempla nuevos tramos del IRPF autonómico. Frente al tipo marginal autonómico máximo actual del 20,5%, propone establecer un 25% entre 120.000 y 175.000 euros y el 27% desde 175.000 euros. También recoge eliminar la bonificación general del impuesto de patrimonio, que en la actualidad está suspendida por el impuesto a las grandes fortunas estatal avalado por el Tribunal Constitucional. En el documento del partido de izquierdas se propone gravar más a los grandes patrimonios, con hasta un 4% entre 20 y 30 millones y 4,5% desde los 30 millones de euros. “Esta medida, enfocada en grandes fortunas, persigue una recaudación justa, alineándose con la necesaria armonización fiscal”, indican desde Más Madrid. Sin embargo, previsiblemente, la propuesta no saldrá adelante por la mayoría absoluta del PP en la Asamblea de Vallecas.

En cuanto al impuesto de sucesiones y donaciones, el partido propone mantener la bonificación del 99% hasta el millón de euros, pero incorpora una rebaja progresiva de las bonificaciones con diferentes tramos: del 45% para las sucesiones de entre un millón y cinco millones, 15% para el tramo de cinco a diez millones y 5% por encima de diez millones. Según fuentes del partido, la propuesta pretende “señalar a los verdaderos responsables de nuestros malestares: no a quienes tenemos al lado, sino a quienes acaparan lo de todos y no aportan lo que les corresponde”.

Además, otro de los puntos que contemplan es incorporar un nuevo impuesto sobre Activos No Productivos de las Personas Jurídicas, “una figura tributaria de nueva creación orientada a combatir la elusión fiscal y garantizar la equidad del sistema. Durante años, el uso de estructuras societarias para albergar bienes de lujo”, indican en el texto de la Proposición de Ley, “que no están afectos a ninguna actividad económica productiva, ha servido como vía sistemática para eludir la tributación individual, vaciando de eficacia figuras como el Impuesto sobre el Patrimonio”. Con este nuevo impuesto pretenden gravar “de forma directa y real” a estos activos. La propuesta sería incorporar una escala entre el 0,5% y el 1,5% para bases imponibles superiores a los dos millones de euros. “Con esta medida, la Comunidad de Madrid desincentiva el rentismo y el uso de ”sociedades pantalla“”, aseguran desde el partido de la oposición.

Las rebajas fiscales de Ayuso

Las bajadas de impuestos se han convertido en una de las grandes apuestas del Gobierno de Ayuso durante los últimos años. Sin ir más lejos, en enero la presidenta de la Comunidad anunció una nueva bajada “en medio punto en el tramo autonómico” del impuesto sobre la renta, que entraría en vigor para la declaración de 2027, aunque en ese momento no precisó fecha.

Las rebajas fiscales han sido una constante desde prácticamente la primera legislatura de Ayuso al frente de la región. La última medida la adelantó en el marco del Debate sobre el Estado de la Región, cuando su gobierno aseguró que la Comunidad no cobraría tasas cuando sea la propia administración la que no resuelva una cuestión dentro del plazo establecido. Rebajas de impuestos que desde la oposición de izquierdas suman críticas: “Ha llegado el momento de hablar de que la culpa la tienen esos millonarios que no pagan lo que les toca mientras las familias trabajadoras se parten el lomo”, dicen ahora desde Más Madrid.

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández, se perfila como el próximo candidato morado para intentar recuperar la representación del partido en el Ayuntamiento de Madrid. Fernández, que fue portavoz de Podemos en las Cortes de Castilla y León entre 2015 y 2026, será previsiblemente ratificado para liderar la lista en la capital por las bases de la formación, que celebrará sus elecciones primarias entre el 5 y el 11 de octubre.

El paso adelante de Fernández evidencia que la estrategia de Podemos para el próximo ciclo electoral, que será clave para su superviviencia como proyecto político, se centrará en Madrid. El número tres intentará que la formación tenga concejales en el consistorio de la capital por primera vez desde 2019, cuando los perdieron tras la ruptura con Manuela Carmena, mientras la líder morada, Ione Belarra, será candidata a la Asamblea de Madrid para que Podemos recupere la representación perdida en las elecciones de 2023.

El propio partido morado reconoce la importancia de Madrid, donde Podemos nació y que siempre ha sido su principal feudo, para su futuro inmediato. Fuentes de la organización califican como una “batalla clave” las próximas elecciones locales en la capital para “acabar con el epicentro del poder de la derecha”. “Vamos a dejarnos la piel para que la ciudad deje de estar gobernada para unos pocos que mandan sin presentarse a las elecciones, como Florentino Pérez, y deje de ser el laboratorio de las políticas neoliberales del PP”, sostiene el propio Fernández en un comunicado.

Fuentes de Podemos explican que la campaña del candidato buscará “llevar la voz de los vecinos y vecinas a Cibeles para hacer frente al modelo del PP de Almeida y para pasar de un Madrid de la especulación a un Madrid donde la gente pueda permitirse vivir”. “Las políticas del PP en Madrid hacen que el dinero se acumule en unas pocas manos, mientras la inmensa mayoría de la gente no puede pagar el alquiler, no tiene tiempo para conciliar con su familia, utiliza un transporte público saturado, y ve cómo desaparecen zonas verdes y cómo se amontona basura en las calles de su barrio”, plantea Fernández.

Fuentes del equipo del dirigente argumentan, además, que las movilizaciones sociales de los últimos meses en la capital demuestran “que son miles las personas que reclaman un cambio de rumbo en el Ayuntamiento”. La idea de Podemos, según estas fuentes, es construir “una candidatura nítidamente de izquierdas, con propuestas claras y centrada en los temas clave del día a día de los madrileños y madrileñas”.