La Mesa de la Asamblea de Madrid ha suspendido temporalmente ley del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso por la que se reconoce al embrión como miembro de la unidad familiar. Según fuentes parlamentarias, esta norma, que se iba a aprobar en el pleno este jueves por la mayoría absoluta del PP y que es una de las grandes apuestas del Ejecutivo, ha sido suspendida por problemas de forma que se intentarán resolver en los próximos días.

La suspensión viene por la petición del PSOE de la Comunidad de Madrid, que pidió la nulidad del procedimiento y que se devolviese el texto al Consejo de Gobierno. En declaraciones remitidas a los medios de comunicación, la portavoz de Igualdad del Grupo Parlamentario Socialista, Lorena Morales, ha criticado que Ayuso “siete años después de que anunciara esa ley”, es “incapaz de traer un texto medianamente en condiciones”. “Esta ley no puede seguir adelante, la prioridad tienen que ser las mujeres y su bienestar”, ha indicado.

Según explican fuentes parlamentarias a elDiario.es, el Gobierno de Ayuso no envió tres informes: uno de Gestión de tributos, Dirección general de atención al ciudadano y otro del Consejo de la Infancia, de la Agobacía General de la Comunidad de Madrid. Este último es el que indicaba defectos en la forma de la ley y es por el que el PSOE ha solicitado la nulidad de la tramitación: “Sin la subsanación de las deficiencias de carácter esencial, el proyecto no estaría en condiciones de continuar su tramitación”, indican en el escrito remitido a la Mesa de la Asamblea. Este martes fue cuando entraron los informes a la Asamblea, pero el PSOE denunciaba que el anteproyecto de ley llegara al Consejo de Gobierno sin esos escritos.

Según el texto, la Abogacía de la Comunidad había solicitado la definición clara del alcande de la ley, la unificación del requisito de las semanas de gestación —para solicitar ayudas, el embrión cuenta desde el momento de su concepción, aunque para solicitar el carné de familia numerosa, tiene que tener más de 14 semanas— y la eliminación de la obligación de que se presente exclusivamente de forma online, entre otras cuestiones.

Además, el Grupo Socialista también critica que el procedimiento de aprobación por el que se iba a llevar a cabo la ley fuese el de “lectura única”: “Al faltar estos tres informes en el expediente original, los grupos parlamentarios no han podido evaluar el impacto real de la norma”.

Ahora, tras la decisión de la Mesa, se pretende resolver “en los próximos días” el error, aunque la actividad parlamentaria se paraliza este jueves hasta el mes de septiembre, cuando se vuelven a retomar los plenos en la Asamblea de Vallecas.

Una de las apuestas del Gobierno de Ayuso

La ley del 'concebido no nacido' es una de las grandes apuestas del Gobierno de Ayuso. Aunque la presentó hace años, ha sido hace solo unas semanas cuando el Ejecutivo regional aprobó el Proyecto de Ley para que el embrión fuese considerado “un miembro más de la unidad familiar” y así que pudiese contar para acceder a beneficios y ayudas en la Comunidad.

El portavoz del Gobierno, Miguel Ángel García Martín, explicó que la norma que buscaba “proteger la vida y ayudar a las familias que decidan tener un hijo” a través del reconocimiento del “concebido no nacido”.

Ya desde su presentación contó con las críticas de la oposición, tanto del PSOE de Madrid como de Más Madrid, que tras la noticia de este miércoles han asegurado que Ayuso “está más pendiente de montar un show mediático para los negacionistas del derecho al aborto que de legislar con sentido común y favor de los derechos de la infancia”.

Más Madrid confirma que no habrá alianza con Izquierda Unida y Movimiento Sumar para las próximas elecciones autonómicas de 2027. El partido de Mónica García ha asegurado que continúan trabajando “con el resto de formaciones políticas” para una hipotética coalición que dispute el poder a Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid.

Según fuentes del partido, “no hay nada sobre la mesa” en cuanto a posibles pactos futuros y argumentan que siempre han ido sin Izquierda Unida en la Comunidad, aunque no descartan alianzas puntuales en municipios como Rivas Vaciamadrid.

La decisión viene después de que tanto IU como Movimiento Sumar, Comuns y Más Madrid mostrasen su sintonía a través de la celebración de diferentes actos en el marco de la coalición para las generales, 'Un paso al frente', que presentaron el pasado 21 de febrero.

Desde Izquierda Unida muestran este miércoles su sorpresa ante la decisión de Más Madrid y aseguran que seguirán intentando conseguir esa alianza teniendo en cuenta la “buena” relación que han mantenido y mantienen los dos partidos en la Comunidad y también a nivel nacional. En cualquier caso, IU Madrid insiste en que se presentarán sí o sí a las próximas elecciones autonómicas, ya sea con otras fuerzas políticas o en solitario. “Queremos ir lo más acompañados posible, pero si los demás no tienen altura de miras iremos en solitario y con nuestras siglas por delante”, espetan fuentes de la federación madrileña de IU.

“Francamente, no entendemos que una decisión de este calado se traslade a través de fuentes o comunicados. Si alguien quiere hablar del futuro de la izquierda madrileña lo razonable es hacerlo en las mesas correspondientes, con respeto entre organizaciones y con altura de miras”, critican por su parte fuentes de IU federal, que califican de “irresponsabilidad” la decisión de Más Madrid. “Resulta difícil de entender que se hable de construir un frente amplio en el ámbito estatal mientras se descartan alianzas en uno de los territorios donde más falta hace una alternativa sólida a la derecha”, argumentan igualmente esas fuentes, que avisan de que está en juego “mucho más que una fórmula electoral de cara a unos comicios autonómicos”.

La formación de la ministra de Sanidad ya había descartado previamente una posible alianza con Podemos, ahora que Ione Belarra ha anunciado que será la candidata del partido para los comicios autonómicos de 2027. La líder de la formación morada encabezará una lista para intentar recuperar la representación que perdió el partido en 2023. Cuando anunció su candidatura, Belarra lamentó que “todo el mundo” se hubiese “rendido”. “El PSOE no presenta” en la región “más que candidatos de cuarta” y Más Madrid, a su juicio, se siente muy cómodo liderando la oposición. Ahora, fuentes del partido de Mónica García piden a Podemos que centre sus críticas en Isabel Díaz Ayuso.

En la casa de la familia Akkouh, en un barrio obrero de Torrejón de Ardoz (Madrid), llevan un año sobreviviendo a la ausencia de un hijo, un hermano, un tío. El 17 de junio de 2025, Abderrahim (35 años) murió estrangulado en plena calle por un agente de la Policía Municipal de Madrid, ayudado por otro agente jubilado del mismo cuerpo. Desde entonces, en esta pequeña vivienda las lágrimas brotan en el momento menos esperado. “Queremos que los culpables paguen por lo que han hecho y que se limpie el nombre de mi hermano”, repite una y otra vez Chaimae.

En el centro del salón de la vivienda hay una gran mesa preparada para la ocasión del encuentro con elDiario.es con agua, zumo de naranja y dulces árabes, rodeada por los padres de Abderrahim, Jamila y Mimoun, y sus hermanas, Nassira y Chaimae, y una de las hijas de esta última, de seis meses. Chaimae, dependienta en una tienda de venta al pormenor de frutas y verduras, comienza el relato: “A nosotros nos llegó la noticia al día siguiente. Se presentaron en esta casa, donde vivía Abderrahim con mis padres, y aunque al agente de Policía Nacional le dije que no le diera la noticia a mi madre hasta que llegásemos, lo hizo mientras yo lo escuchaba por teléfono”.

Chaimae, la hermana pequeña de los seis hermanos que llegaron a ser, es la que mejor castellano habla de todos los presentes. Sus palabras suenan resueltas, seguras, también con cierto pesar por el recuerdo. Mimoun y Jamila, al escucharla, asienten y niegan con la cabeza, según lo que escuchen en cada momento. “La familia todavía no ha recibido ninguna comunicación oficial en la que se diga que mi hermano murió asfixiado por un policía. Nos llegaron a decir que se lo habían encontrado muerto en la calle”, se queja.

Los estragos de la familia Akkouh para enterrar a Abderrahim todavía resuenan en sus remembranzas. “Tuvimos que hacer una manifestación para exigir que nos devolvieran su cuerpo. No lo tuvimos hasta después de más de 20 días y apenas le podíamos reconocer”, asegura Chaimae.

Manchar el nombre de Abderrahim

A partir de entonces, varias informaciones señalaron que Abderrahim podía haber muerto por alguna complicación sanitaria, que era politoxicómano y que la persecución de los agentes que acabaron con su vida se inició porque les había robado un móvil. Todas las autopsias realizadas a su cuerpo objetivan que Abderrahim falleció por una “muerte violenta por homicidio” tras sufrir la llamada técnica del mataleón hasta que su cuerpo dejó de recibir oxígeno. Además, el móvil al que en un primer momento se refirieron los acusados, que responden a las siglas de J. J. T. C. y P. A. P. C., no ha aparecido.

Esta deshumanización de su ser querido ha causado una honda herida en los Akkouh, quienes batallan incansables por dar a conocer la verdad sobre Abderrahim. Fue su padre el primero en arribar a España en 1993, quien desde entonces se ha dedicado a trabajar en la construcción y el campo. Tanto Mimoun como Jamila tienen ahora 64 años. Poco a poco, llegó la reagrupación familiar. “Abderrahim siempre decía que se sentía más español que marroquí, vivía aquí con orgullo. Es algo costoso pensar que ha sido aquí, en España, donde le han matado”, admite Chaimae.

Mimoun se esfuerza en hacerse entender. A través de sus ojos llorosos y unas manos algo agitadas transmite la profunda injusticia que le acompaña desde hace un año. “Yo estaba en la mezquita de al lado de la estación y escuché sirenas de Policía y ambulancias”, detalla en alusión a las 23.00 horas aproximadamente del 17 de junio de 2025. Jamás pensó que su hijo fuera el motivo de tal despliegue. Se enteró de lo sucedido incluso después que Jamila, quien es incapaz de soltar la fotografía de su hijo, a la que besa continuamente.

Conciso y claro, recalca que ya en comisaría se negó a firmar los documentos que la Policía le expuso. “Me dijeron que firmara solo uno, y lo hice, pero yo no entiendo nada bien el castellano y no sé qué ponía”, abunda. Rubén Vaquero, el abogado de la familia, incide en ello: “El mismo día de los hechos, sin ningún respeto a su estatuto como víctima, que es una cuestión legal, no de respeto moral, le hicieron firmar que su hijo era un drogadicto y un delincuente, sin intérprete y sin abogado delante, para apuntalar la versión de los causantes de la muerte”.

Un recuerdo continuo

Los padres de Abderrahim no tardan ni dos segundos en empezar a llorar cuando escuchan preguntar por cómo era su hijo. Tanto, que Mimoun abandona por unos segundos la sala. La hermana pequeña rememora cómo de pequeño soñaba con convertirse en futbolista en España, donde fue contratado como carretillero y repartidor. “Te mentiría si te digo que no nos acordamos de él en cada paso, cada comida, cada charla. No paramos de recordarle, sobre todo mi madre. Por mucho que el tiempo pase, no te creas que es menos el dolor que tenemos”, añade.

Ya como vecino torrejonero, recuerdan a Abderrahim por su afán a la hora de ayudar: “Se encontraba con niños migrantes que apenas tenían nada y les daba ropa y comida. Fue un hombre que nunca hizo daño a nadie”. De todas formas, Chaimae no oculta el estado de salud delicado en el que se encontraba su hermano en los últimos años: “Andaba enganchado a las drogas y acudía a un centro para desintoxicarse. Eso fue su perdición, porque ya no le permitía encontrar un trabajo”.

Las palabras de la hermana brotan cargadas de rabia al tratar en quién recae la culpabilidad de la muerte de Abderrahim. “Parece que últimamente la Policía no está preparada o estudiada para ser Policía, sino para ser asesina”, enfatiza antes de subrayar que “algo así no hubiera pasado con una persona blanca”. “Vivimos en un racismo estructural, sobre todo contra los magrebíes. Me gustaría que España demostrara que no es un país racista, que es capaz de abrir sus puertas a los migrantes que vienen a trabajar para mejorar su vida”, se explaya.

A día de hoy, Nassira pasa cierto temor cuando vuelve de noche desde la planta logística de Alovera en la que trabaja. “Por mucho que los policías no ejercieran aquí, sí que son vecinos de Torrejón, y no los conocemos de nada, no sabemos quiénes son, así que ahora andamos con el miedo metido en el cuerpo. Tendrían que tener alguna medida cautelar más allá de firmar cada 15 días en el juzgado”, señala la misma Chaimae.

Dos investigados y apoyo popular

La acción por parte de los dos agentes policiales fuera de servicio aquel 17 de junio de 2025 fue tal que varios viandantes intentaron salvar la vida de Abderrahim, sin éxito. Vecinos también grabaron vídeos a pie de calle y desde los balcones. Gracias a esas imágenes, los dos policías están investigados y se sabe que el policía retirado, cuya calidad pasó de testigo a imputado el pasado 25 de mayo, llegó a decir “mereces que te mueras ahora mismo, cabrón”, cuando el cuerpo del magrebí yacía sin vida en la acera.

La última actualización del caso ha tenido lugar este 9 de junio con la comparecencia ante la jueza de P. A. P. C., el policía retirado, ya como investigado en el proceso. Este hombre sujetó las piernas de Abderrahim cuando procuraba zafarse de la asfixia que le acabó matando e intentó evitar que viandantes le defendieran y grabaran la escena. Según la defensa de los Akkouh, en su declaración apareció con peluca y barba postiza, algo que la magistrada le recriminó. No contestó a ninguna pregunta, tampoco las de su abogado.

La familia Akkouh ha recibido numerosas muestras de cariño en estos meses, incluso se ha creado un grupo de apoyo. “Necesitamos alzar la voz todo lo posible porque todavía queda batalla por librar, y será duro”, dice Chaimae. La familia al completo pugna por la verdad. “Para que se haga justicia aquí se tiene que actuar con certeza y firmeza, y que no por ser migrante se le den menos derechos y por ser agente de seguridad tenga más razón”, añade la hermana pequeña. De nuevo y tras cumplirse un año sin Abderrahim, una manifestación recorrerá las calles de Torrejón de Ardoz en su memoria el próximo sábado, 20 de junio.

El Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz, privatizado por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y cuya gestión corresponde a Ribera Salud, ha pedido a la Comunidad de Madrid prescindir de más médicos internos residentes (MIR) para ahorrar el dinero que supone su contratación. Según ha adelantado El País este martes, fue el CEO de la gestora, Pablo Gallart, quien dijo en un adudio publicado por el medio que los salarios de los MIR suponen varios millones que les “hacen falta”. El Ejecutivo regional, por su parte, insta al hospital a cumplir el contrato.

En el audio, revelado en septiembre, el CEO de Ribera Salud se quejaba de que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso no hubiese aceptado pagar los sueldos de los MIR. Tanto la Comunidad de Madrid como la gestora se encuentran en conversaciones para intentar llegar a un acuerdo sobre este tema, según fuentes de la Comunidad, que aseguran que “lógicamente es responsabilidad del hospital” la formación de los médicos.

La petición, que afectaría a los alumnos del primer año del próximo curso 2027, responde a “determinados retos organizativos” en el centro que es necesario resolver “para seguir garantizando el servicio”, según informa Europa Press.

Por su parte, Miguel Ángel Mánez, director general de Ordenación Profesional, del Ministerio de Sanidad, asegura que “lo habitual” es que los hospitales “quieran acreditar nuevaz plazas docentes” para poder “atraer talento”. “Lo extraordinario y profundamente preocupante es que un hospital universitario solicite que no se incluyan en la oferta de plazas todas las que tiene acreditadas o que puedan llegar a plantearse pedir la desacreditación de todas sus plazas”, asegura, en declaraciones a elDiario.es. “Tenemos muy claro que en plena necesidad de profesionales, renunciar a formar residentes no es una decisión menor, es un retroceso para el sistema sanitario y la ciudadanía”, dice.

La oposición ha criticado duramente la propuesta de Ribera Salud. El PSOE de Madrid ha reclamado este martes que la Asamblea de Vallecas celebre un pleno extraordinario sobre la contratación de los MIR. En declaraciones remitidas a los medios de comunicación, la portavoz del PSOE en la Cámara, Mar Espinar, ha reprochado que se “nieguen a formar a médicos residentes” porque “necesitan el dinero para otra cosa”.

Las otras polémicas del CEO

Esta no es la única polémica del CEO de la empresa gestora del hospital público de Torrejón. En diciembre de 2025, Pablo Gallart ordenó rechazar pacientes y alargar listas de espera para reducir gastos y ampliar beneficios, según grabaciones de audio a las que tuvo acceso El País. “En Torrejón en el año 22 y 23 decidimos como organización hacer un esfuerzo para bajar la lista de espera. Lo único que pido es: desandemos el camino”, decía. Posteriormente, la empresa gestora despidió a cuatri directivos que denunciaron la orden.

Ese mismo año se conoció que el Hospital priorizaba las operaciones de los pacientes más rentables. Mientras algunos esperaban más de dos meses para una cirugía una vez entraban en lista de espera, los de libre elección se oberaban antes de un mes en esa misma área, según una investigación de elDiario.es.

El Hospital de Torrejón de Ardoz es uno de los cinco hospitales públicos privatizados en la Comunidad y su gestora es la única del grupo Ribera Salud. El resto pertenecen a Quirónsalud: el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, el Rey Juan Carlos, el Infanta Elena y el General de Villalba.

Este lunes las colas eran similares a las de todos los días en las oficinas de Metro de Madrid en Sol. El personal que atiende a los usuarios trabaja como de costumbre, aunque salen a recordar la novedad que ya ha entrado en vigor: solo podrán solicitar la Tarjeta de Transporte Público Personal, el abono de transportes, aquellas personas que estén empadronadas en Madrid. Asociaciones y usuarios critican la medida del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que principalmente afecta a estudiantes, trabajadores en la capital que viven en otras comunidades y personas migrantes: “Perjudica a muchos inmigrantes. Hay mucha gente que alquila pisos y quienes se los alquilan no los quieren empadronar. Imagínate esa cantidad de gente cómo va a estar”.

Habla Cecilia, una de las usuarias de Metro de Madrid que hacen cola en la céntrica estación. En su caso, ella sí está empadronada y disfruta del abono, pero asegura que tiene “muchas amistades” que no lo están. “Incluso para regularizarse están haciendo un padrón policial. Imagínate tanta gente sin poder trabajar. Imagínate cuánto se gastan a diario en los pasajes sin tener el bono”, dice, en declaraciones a elDiario.es.

No es complicado encontrar a personas que, como Cecilia, aunque llevan ya un tiempo viviendo en España y, concretamente, en la capital, sí tienen conocidos a los que esta medida les afectará. Es el caso de Camila, que lleva ya cuatro años en el país y que es de Perú. A ella no le afectará porque está empadronada, pero a un familiar suyo, que acaba de venir para estudiar, sí. Entre el bullicio del resto de usuarios con prisas para subirse al metro, la joven relata las dificultades a las que se enfrentan las personas migrantes en la capital para solicitar el empadronamiento. “Tú vas a alquilar una habitación y un piso y muchas veces, aparte de las mensualidades y todo eso, te piden 400 euros o así” para poder empadronarse. “Mi prima alquiló una habitación, pero tenía que pagar 700 euros más” para poder solicitarlo.

Camila asegura que incluso ha llegado a ver grupos en redes sociales que cobran cientos de euros para que las personas migrantes se empadronen. “Están haciendo con todo esto un negocio”. Como en el caso de otros usuarios, la joven también entiende que se pida un empadronamiento, aunque reconoce que “perjudica a muchas personas”. “Es una pena, se sobreentiende pero es que también hay que ponerse...” [en la piel de esas personas].

Los trabajadores de la oficina siguen con normalidad su turno. Uno de ellos explica a elDiario.es que se esperaban una situación más caótica, pero dicen que en general la gente sí conoce la nueva medida, a excepción de unos pocos. Eso sí, asegura que quedan semanas todavía para recordar el cambio.

Las asociaciones tachan la medida como un “instrumento de exclusión social”

Uno de los argumentos que este lunes se han escuchado por parte del PP de Madrid es que esta medida no va contra los migrantes ni contra “ningún colectivo” en concreto. Unas declaraciones que desde Red Acoge critican por ser “muy engañosas”. “La Comunidad de Madrid no desconoce quiénes son las personas que tienen dificultades para el empadronamiento”, asegura Natalia Slepoy, responsable de área de incidencia de la asociación. “No se quiere personas con derechos, sino esclavos sin ningún tipo de reconocimiento”, asegura.

¿Y quiénes son esas personas? Aquellas que están en “situación de mayor vulnerabilidad”, que tienen más dificultad para acceder a una vivienda o que incluso están en situación de calle, y también personas como las trabajadoras internas. “Los ayuntamientos están poniendo obstáculos y están incumpliendo la legislación vigente que dice que toda persona tiene el derecho de empadronarse y el ayuntamiento la obligación de que esa persona esté empadronada sin importar la situación administrativa”, advierten.

Justo las personas no empadronadas son las que más complicado tienen para salir de esa situación de exclusión: “Quien no está registrado, no existe”. Pero es que además también afecta al conjunto de la población: “Si no están censadas todas las personas, las políticas públicas no serán acordes al conjunto de la población”. “Cuando se adoptan medidas como estas, el padrón se convierte en un instrumento de exclusión social”. Slepoy también pone de ejemplo el aumento a diez años de empadronamiento para acceder a una vivienda pública o “cuando se dificulta el acceso a la atención sanitaria, que en Madrid se incumple la ley reiteradamente”. “Medidas como estas son una política de prioridad nacional encubierta”.

Este mismo lunes, la presidenta de la Comunidad aseguraba que la medida se decidió porque el “contribuyente madrileño sufraga con sus impuestos el 90% del transporte público” y que este requisito se establece porque “hay que pagar” gastos como nóminas o modernizaciones de los vehículos. Sin embargo, para Red Acoge esto tampoco es del todo así: “Las personas, aun en situación irregular, contribuyen con sus impuestos indirectos a las arcas públicas y, por tanto, a pagar las nóminas de trabajadores que sí están regularizados”.

Hablan sobre esta cuestión Rocío y Elizabeth, dos mujeres que descansan bajo los toldos en las primeras horas de la tarde en la Plaza del Sol. “Si tú trabajas y pagas tu cotización, se supone que sale de ahí” el dinero para servicios públicos como el transporte, argumentan, independientemente de si están empadronadas o no. “Nosotros también pagamos”. Ambas tienen el padrón y los papeles en regla, pero el hijo de una de ellas vendrá a Madrid en julio y se encontrará con la nueva norma. “Va a ir a estudiar, al colegio y no se va a poder movilizar”, lamenta. O sí se va a poder movilizar, pero pagando lo que cuesta la tarjeta de diez viajes, un dinero que puede suponer un buen monto mensual si se utiliza mucho el transporte público. Ellas también relatan las dificultades a las que se enfrentan para conseguir el empadronamiento. “Es injusta”, dicen, sobre la medida.

Pero en las colas del metro también hay diversidad de opiniones: algunas personas procedentes de otros países, pero ya empadronadas y regularizadas aquí, consideran razonable la medida. Otras dos mujeres que aguardaban su turno, en este caso españolas, aseguran que está “muy bien hecho”. “Que se empadronen en un sitio, como nos tenemos que empadronar todos”, dicen en declaraciones a elDiario.es.

Fuera de la estación, Juan, de Perú, aguarda apoyado en un muro. El hombre asegura que “lo han complicado un poquito más”, pero que “tendrán sus razones”, aunque reconoce que es complicado para las personas que vienen de otros países poder conseguir darse de alta en el censo. Ahora Juan está empadronado y a punto de conseguir los papeles pero recuerda cómo fue para él cuando llegó a la capital. “Así como yo alguna vez estuve en esa situación, espero que haya alguna solución, alguna salida favorable para aquellas personas que también tienen derecho a estar, a disfrutar libremente de aquí, de España, que es un país hermoso”, dice a elDiario.es.

El Ministerio de Igualdad ha encargado un informe jurídico sobre el uso que realiza la Comunidad de Madrid de los fondos de Corresponsables, un plan que reparte 142 millones de euros a las comunidades para proyectos e iniciativas de conciliación, según ha adelantado El País este lunes y ha confirmado elDiario.es.

El Gobierno es quien aporta la mayoría del dinero mientras que las comunidades concretan los proyectos. En el caso de Madrid, una parte de ese dinero se deriva a los ayuntamientos y otra parte la incluye como línea adicional en convocatorias para entidades sociales vinculadas al 0,7% del IRPF. Igualdad ha detectado que la Comunidad de Madrid “está disolviendo los fondos del Corresponsables en la convocatoria genérica del 0,7, lo que dificulta el seguimiento”, señalan fuentes del Ministerio de Igualdad a elDiario.es. En el marco de la revisión de 2025 se ha encargado un informe jurídico concreto sobre esto.

Desde el PSOE afirman que en 2024 una de las principales beneficiarias fue la Fundación Altius, piedra fundamental en el andamiaje de Legionarios de Cristo, que recibió más de 380.000 euros.

Esta congregación fundada en los años cuarenta por el mexicano Marcial Maciel, protagonista de uno de los mayores escándalos de la Iglesia Católica en el último siglo por sus abusos sexuales a menores y la red financiera tejida en paraísos fiscales, ha sido receptora de subvenciones de la Comunidad de Madrid con frecuencia. Solo en seis meses de 2025 el Ejecutivo madrileño le concedió más de tres millones de euros y 13 subvenciones.

La Consejería de Familia, Asuntos Sociales y Juventud, que gestiona los fondos transferidos a la Comunidad, asegura que las bases reguladoras del IRPF reproducen las del Plan Corresponsables. “Cada año concurren cerca de 500 entidades con más de 1.000 proyectos a la convocatoria”, afirman a elDiario.es fuentes de este departamento, que recuerdan que el Gobierno ha avalado los últimos seis años la gestión de estos fondos. “Es el Ministerio de Igualdad el que tiene que aclarar por qué ha recortado 100 millones en dos años a estos fondos destinados a la conciliación de las familias españolas y dónde ha ido a parar ese dinero”, añaden.

Las educadoras infantiles madrileñas han denunciado la firma de cerca de 40 prórrogas de los contratos de las empresas que gestionan las escuelas infantiles de la capital. Según explican desde la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI), “Almeida comenzó a firmar prórrogas que condenaban a la precariedad más absoluta a los cientos de trabajadoras de la red de escuelas municipales de Madrid”. Además, recuerdan que la existencia de unos nuevos pliegos para el próximo curso, en vez de la continuación de los vigentes hasta este verano, se traducirían en una mejora salarial a partir de septiembre para las educadoras infantiles que, según detalla la PLEI, ascendería a los 1518 euros al mes, en vez del SMI.

Cerca de veinte educadoras, junto a CGT, UGT y CCOO, firmaron el recurso que se presentó contra estas prórrogas. Según sostiene la PLEI, “desde el Ayuntamiento de Madrid no solo no han parado las prórrogas ya aprobadas a la fecha de presentación de los recursos, si no que han aprobado el gasto para otras 20 más”. La presentación de este recurso ha supuesto otra situación preocupante para las educadoras. Según han explicado en un comunicado, varias educadoras que firmaron el recurso “han sido coaccionadas” por las empresas que gestionan las escuelas donde trabajan. “Estas coacciones se han producido porque dichas empresas han tenido acceso a esta información facilitada por las Juntas de Distrito, concretamente, los datos personales de las trabajadoras firmantes”, reconoce la PLEI.

Las educadoras atacan al Ayuntamiento de Madrid por estos hechos: “Podría vulnerar la normativa en materia de protección de datos y los principios de buena fe, seguridad jurídica y tutela efectiva, en su vertiente de garantía de indemnidad”, desarrollan las educadoras. “Además, podría haber incurrido en desviación de poder, ya que estaría utilizando sus potestades -la tramitación de un recurso- para un fin distinto del previsto por el ordenamiento jurídico, facilitando colateralmente herramientas de presión laboral a una empresa privada, con graves consecuencias para los derechos laborales de las trabajadoras”, añaden.

Almeida promete “estudiar lo ocurrido”

El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ha prometido “estudiar” el reproche de las trabajadoras. “Lo que he pedido es a protección de datos del Ayuntamiento de Madrid, dado lo sensible del tema, que estudie la cuestión y que determine que es exactamente lo que ha pasado”, ha señalado en declaraciones a los medios desde el Palacio de Cibeles, añadiendo que investigarán lo sucedido a través de los “canales internos de protección de datos”. “Cada escuela depende de los distritos y queremos saber cuál ha sido el modo de actuación exacto desde el punto de vista de protección de datos para así ha habido cualquier irregularidad inmediatamente solventarla y en el caso de que no la haya habido que tengamos todos la tranquilidad de que se ha actuado correctamente”, ha concluido Almeida.

Sin embargo, las denunciantes sostienen que los datos personales de las trabajadoras que firmaron el recurso (nombre, apellidos y DNI) “se recaban en el marco de un procedimiento administrativo [un recurso de reposición]. La finalidad de esos datos es tramitar y resolver dicho recurso”. Las educadoras entienden que las empresas que gestionan las escuelas pueden conocer la presentación del recurso, por estar implicadas, “pero siempre protegiendo los datos de las trabajadoras que no son necesarios para el hecho vinculante y deberían haber sido anonimizadas antes de haber sido trasladados”.

Las educadoras describen esta situación como “hechos muy graves”, y exigen que termine “esta represión por parte de las empresas gestoras”. Desde la Plataforma recuerdan que denunciar injusticias laborales de manera personal “no debe suponer amenazas, ni presiones” por parte de esas empresas, y explican que aplicarán “las medidas oportunas para hacer frente a la represión ejercida a las compañeras por el mero hecho de impugnar unas prórrogas que son una vergüenza”.

Las movilizaciones de las educadoras continúan

Las escuelas siguen de huelga indefinida después de más de dos meses desde que comenzó. Ante las pocas soluciones que reciben por parte de las instituciones, las educadoras continúan sus movilizaciones, apoyadas también por las familias. Este miércoles, 17 de junio, la coordinadora de familias en defensa del 0-3 entregará en la Consejería de Educación 20.000 firmas en apoyo a la huelga durante la concentración semanal organizada por la Plataforma. Las familias demandan “la apertura inmediata de una negociación real y efectiva, una interlocución directa con las familias y un aumento de dotación de escuelas infantiles públicas que garantice que un elevado número de familias se quedan excluidas en las matriculaciones”.

Por otro lado, han convocado concentraciones en muchas ciudades de todo el país para este jueves 18 de junio, para reclamar la reducción de las jornadas educativas durante las temporadas de calor. Las educadoras infantiles denuncian una “discriminación calendaria” que sufren los niños y las niñas de 0 a 3 años, “cuyas jornadas anuales llegan a alcanzar los 215 días frente a los 175 del resto de etapas educativas”.

Las profesionales del 0-3 recuerdan que “estudios de neuroeducación alertan de que las jornadas escolares excesivas en pleno verano cronifican el estrés biológico en la primera infancia”. Por ello, exigen “una solución política real que obligue al Estado y a las comunidades a legislar de cara a las empresas (con reducciones de jornada estivales pagadas o permisos flexibles) en lugar de institucionalizar a los bebés durante 11 meses al año”. Ante esta situación, han convocado concentraciones bajo el lema “El descanso infantil no debería ser el precio por ir a trabajar” en muchas comunidades autónomas de toda España. En Madrid, se reunirán en la Puerta del Sol, este jueves 18 de junio, a las 19:00 horas.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha referido este lunes al polémico anuncio del Consorcio Regional de Transportes (CRTM), que ha decidido excluir a los no empadronados de la Tarjeta de Transporte Público Personal, un abono que sirve para obtener bonificaciones en la red de Metro, bus o Cercanías. La decisión perjudicará sobre todo a estudiantes y personas migrantes que vivan en la región. Según ha asegurado Ayuso, su Ejecutivo pretende “promover acuerdos con más regiones” para los jóvenes universitarios.

Durante un desayuno informativo, la líder del PP de Madrid ha indicado que los nuevos requisitos, aplicables desde este mismo lunes, no afectarán a “los usuarios de provincias limítrofes” con las que la Comunidad tiene “convenio” y ha asegurado que esta decisión responde a “otra realidad”: “El contribuyente madrileño sufraga con sus impuestos el 90% del transporte público, lo use o no lo use”. Según ha continuado la presidenta regional, “hay que seguir” modernizando este transporte y adaptándolo, una situación que “hay que pagar”.

Ayuso ha indicado que ya hay convenio con algunas poblaciones de Castilla-La Mancha y Castilla y León y ha dicho que se seguirán impulsando otros acuerdos regionales para que los estudiantes puedan acogerse a las bonificaciones, aunque no se ha referido a las personas migrantes que se quedarán fuera por no estar empadronadas en la Comunidad de Madrid.

Críticas de Más Madrid

Más Madrid ha registrado una Proposición No de Ley (PNL) en la Asamblea de Vallecas para la “retirada inmediata” de la disposición. La portavoz del partido, Manuela Bergerot, ha asegurado que la medida “va a hacer la vida más difícil” tanto a estudiantes como a trabajadores que mantienen el padrón en sus provincias de origen y a “miles de personas migrantes que, en distintas situaciones administrativas, encuentras trabas para empadronarse en la Comunidad de Madrid”.

“Ayuso no necesita a Vox para hacer la vida más difícil a las personas migrantes”, ha asegurado. El partido también preguntará sobre el tema en el próximo pleno de la Asamblea de Vallecas.

Cuando Gabriel Navarro, empresario y constructor de Madrid, se sentó a tomar un café con Alfonso Javier Ussía, asesor entonces de Presidencia de Isabel Díaz Ayuso, pensó que sus problemas iban a desaparecer. Sus problemas eran 1,4 millones de euros que le debía la Comunidad de Madrid después de haber construido un centro de Formación Profesional (FP) de la rama sanitaria en el complejo educativo Ciudad Escolar en 2023. Ussía le dijo en una cafetería junto al despacho de Ayuso, en la plaza Mayor, que no se preocupara, que “lo iban a solucionar”. Pero no solo no se solucionó, sino que nunca más le cogieron el teléfono, según declaró Navarro a la jueza que instruye un caso de presunta prevaricación durante el primer gobierno de Ayuso, destapado por elDiario.es.

No le pagaban porque era una obra construida ilegalmente, fuera del sistema, sin sacar a concurso, con fraccionamiento de facturas, sin auditoría, sin competencia ni publicidad. No existía en los registros. Pero no era la única, ni Navarro era el único empresario con el que se construyó así. Hay al menos otros nueve centros educativos y de FP que se hicieron troceando contratos para hacer pasar obras de envergadura por contratos menores (tienen un límite de 40.000 euros y con ellos no hace falta hacer un concurso público). Se dieron unos ocho millones a dedo entre los años 2021 y 2023, según la cifra que maneja la Fiscalía, pero que puede ser mayor.

El empresario Navarro insistió y logró que le hicieran caso en la Consejería de Educación –entonces estaba en manos de Emilio Viciana, conocido miembro del malogrado 'clan de los Pocholos' que acabaron dimitiendo en bloque–. Les contó el caso del impago y ante la evidencia de que era un expediente fantasma se abrió una investigación interna. Tan graves fueron los indicios encontrados por la inspección que Viciana ordenó remitir el caso a la Fiscalía para abrir una investigación penal. Lo hizo pese a que el caso afectaba de lleno a sus predecesores en la Consejería que eran, nada menos, que dos de las personas más cercanas actualmente a Isabel Díaz Ayuso y de gran peso en el PP de Madrid. El exconsejero Enrique Ossorio (hoy presidente de la Asamblea de Madrid) y la exviceconsejera de Educación Rocío Albert (hoy consejera de Economía y Hacienda de la presidenta madrileña). Es algo que no se le perdonó a Viciana en la Puerta del Sol, cuentan fuentes conocedoras del caso, y es uno de los factores por los que cayó en desgracia.

La Consejería circunscribió el caso a un subdirector de FP al que cesó y está investigado. Y apuntó a directores de varios centros aunque la Fiscalía sospechaba en sus informes de responsabilidades más altas. Viciana encargó también auditorías de cuentas de varios centros del complejo de Ciudad Escolar y tres centros más, afectados por reformas fuera del sistema (el artístico Alberto Corazón, el conservatorio de Alcalá de Henares y el Antonio Machado). Según la documentación oficial a la que ha tenido acceso elDiario.es, en todos los casos, los auditores de la Comunidad de Madrid –precisamente a las órdenes del departamento de Rocío Albert, la Consejería de Hacienda– han hallado un comportamiento achacable a la Consejería de Educación e indicios que hacen imposible que fuera un caso aislado u organizado desde abajo.

Estos documentos internos de la propia Comunidad de Madrid gobernada por Ayuso revelan que desde la Consejería liderada por Ossorio se enviaba a los centros cientos de miles de euros para “gastos de funcionamiento” que eran sospechosamente coincidentes con los importes de las obras que se acabaron haciendo. Además, no se especificaba el concepto del dinero enviado, lo que generaba mayor opacidad. Por ejemplo, en el caso de la Escuela de Arte Alberto Corazón, la inspección detecta lo siguiente: “A pesar de que la documentación que soporta los ingresos abonados por la Consejería no especifica los gastos que se van a financiar, se puede apreciar la correlación de ingresos percibidos con pagos por banco para la empresa (constructora)”. Después hace un listado detallado de los mismos.

La intervención también apunta a la cúpula como la única que podía enviar el dinero, ya que los directores (profesores con cargo) solo pueden gestionar lo que se les envía: “Desde la Consejería se ingresa a los IES elevados importes vinculados a la implantación de enseñanzas, tanto para obras como equipamiento, cuando los centros solo tienen competencia para realizar reposiciones”. Y añade: “El centro no tiene competencia para autorizar dichos gastos”. En el caso del centro sanitario de Ciudad Escolar, apunta a que el elevado importe de construcción, 2,5 millones de euros, hacía imprescindible no solo sacar a concurso, sino que hubiera sido autorizado por el consejo de Gobierno de Ayuso.

En otra de las auditorias, del Conservatorio de Alcalá, los inspectores redactan claramente respecto a obras de insonorización y otras: “No se ha tramitado por parte de la Consejería el correspondiente expediente, pese a ser conocedora de la cuantía de los gastos a acometer”.

La declaración en el juzgado de instrucción de los directores de los IES bajo investigación fueron coincidentes en que hacían lo que les decía Alfonso Mateo, el subdirector de FP cesado. Este declaró en sede judicial que heredó ese modelo y que para enviar dinero a los distintos centros de Madrid con distintas cantidades se hacían memorias justificativas –de dos folios y sin ninguna precisión, como ha podido constatar elDiario.es– en un proceso administrativo que requería de la firma del consejero, entonces Enrique Ossorio. Un ex alto cargo de Ayuso, entonces director general de Secundaria, también dijo en mayo ante la jueza que el proceso de enviar dinero a los centros necesitaba de la firma del hoy presidente de la Asamblea.

El caso sigue siendo investigado y, por su complejidad, el juzgado ha solicitado una prórroga para poder seguir citando a testigos y recabando pruebas sobre un presunto delito de prevaricación que, según apuntó en su escrito la Fiscalía, se trató de una “palmaria y grosera omisión del procedimiento” de manera reiterada en la Consejería de Educación.

Cuando uno pasea por la calle Juan de Vera, en el madrileño barrio de Arganzuela, pocas cosas son las que le ayudan a conocer lo que sucedió, y todavía ocurre, tras esos muros. El actual centro de inserción social (CIS) Victoria Kent, antigua cárcel de Yeserías, alberga en su arquitectura neomudéjar casi un siglo de historia entre sus pabellones y antiguas celdas. De infraestructura algo deteriorada, a día de hoy los internos gozan de un régimen de semilibertad que les permite estar fuera del centro hasta 16 horas al día. A pesar de ser de los pocos enclaves utilizados por el franquismo para recluir a los y las disidentes que sigue en pie en la capital, desde el Gobierno central todavía no lo han declarado Lugar de Memoria Democrática.

Llamada así por ubicarse en una zona industrial en la que se trabajaba el yeso, la construcción erigida por el Ayuntamiento de Madrid en torno a 1928 tenía como destino ser un asilo de mendigos. De ella sobresalen seis pabellones en forma de ‘H’ con largos brazos dispuestos en parejas y paralelos a la calle Juana Doña que son de doble altura, con cubiertas inclinadas de teja curva. Entre los pabellones quedan espacios libres en forma de calle que se denominaban “patios”. En la segunda planta, los pabellones se conectan a través de un eje longitudinal, en forma de puente, sobre estos patios. Existe también un último pabellón, con un solo brazo, más corto que los anteriores.

El comienzo de la Guerra Civil tras el fracaso del golpe de Estado de julio de 1936 hizo que el asilo tuviera diversas funciones, entre ellas centro de detención y hospital, esta última a partir de 1938. En 1941, el centro comenzó a llamarse prisión de Yeserías. A ella arribaban únicamente hombres hasta que se cerró la cárcel de Ventas, cuando también empezaron a entrar mujeres. Tendrían que pasar varias décadas hasta que en 1971 la prisión fuera considerada femenina en exclusiva. Justos 20 años después se cerró y, ya en 1994, volvió a abrir sus puertas como CIS Victoria Kent.

Lo primero que me dijo un guardia civil es que menuda pinta traíamos las rojas. Yo había estado una semana en la Dirección General de Seguridad, torturada, sin poder lavarme, con el vestido descosido

Rosa García Alcón — Detenida en 1975

Los recuerdos franquistas

Una vez que se abre la primera puerta, se cruza un pequeño aparcamiento y se supera el control de seguridad, un pequeño jardín con floridos arbustos y cuidado césped da la bienvenida al visitante. Lo primero que se observa, un cartel con el artículo de la Constitución Española que garantiza que las penas de prisión y las medidas de seguridad deben orientarse fundamentalmente hacia la reeducación y reinserción social.

El día en que Rosa García Alcón ingresó en Yeserías no existía ese jardín, y mucho menos ese precepto constitucional. Detenida el 24 de agosto de 1975 y trasladada a la prisión el 1 de septiembre, esta militante de la Federación Universitaria Democrática de España, ligada al FRAP, recuerda cómo empezaba a anochecer cuando ingresó en la cárcel. “Lo primero que me dijo un guardia civil es que menuda pinta traíamos las rojas. Yo había estado una semana en la Dirección General de Seguridad, torturada, sin poder lavarme, con el vestido descosido”, rememora.

El médico de la prisión se negó a poner en el informe que García Alcón presentaba numerosos hematomas en el cuerpo y un dislocamiento en el pie izquierdo. “Llegué a la sección de políticas y ahí estaban mis compañeras. Me recibieron, me apoyaron mucho, me dieron ropa y me escucharon. A partir de entonces, la estancia no fue tan dura, porque éramos muchas”, explica la actual militante de la asociación de presos y presas represaliadas por el franquismo La Comuna.

El nombre de esta organización no es baladí. Algunas presas crearon su propia comuna entre rejas, donde compartían todo lo que tenían. García Alcón recuerda con angustia el 27 de septiembre de aquel año, cuando el franquismo fusiló por última vez: “Estuvimos con las dos últimas condenadas a muerte de la dictadura, María Jesús Dasca y Concepción Tristán. Fueron unos momentos trágicos”.

Además de estos dos nombres, el de miles de mujeres también han quedado impregnados en la historia de Yeserías, como la escritora y abogada Lidia Falcón, la activista y escritora Eva Forest, la dirigente del PCE y diputada Pilar Brabo y la actriz antifranquista Mari Paz Ballesteros.

La nueva vida en la España democrática

Según Instituciones Penitenciarias, en la actualidad 291 internos cumplen su condena de forma presencial en el CIS Victoria Kent, donde hay hombres, mujeres y un pabellón para madres con hasta diez plazas. La mayor parte de ellos se han visto privados de libertad por delitos de violencia de género o contra la seguridad vial. En este sentido, acuden a formaciones para potenciar su reeducación y reinserción y así evitar la reincidencia. Su estancia obligatoria es de mínimo ocho horas al día. Es decir, tienen que estar presentes en uno de los tres recuentos que se realizan cada jornada. La mayoría pasa la noche en el CIS, por lo que el horario habitual de entrada es de 23.00 horas hasta las 8.00 horas del día siguiente.

La prisión de Yeserías, recordada por muchos como set de rodaje de la película ‘Tacones lejanos’ de Pedro Almodóvar, no goza de cocinas propias. La comida llega desde la cárcel de Valdemoro, a las 13.00 horas y a las 19.00 horas. El desayuno se basa en algo de bollería y café. El comedor está en la planta baja del primer pabellón. Son mesas ancladas al suelo de ocho personas, con asientos sin respaldo y atornillados a las mismas mesas. Un sábado de mayo, los internos comieron pasta con pollo y patatas y cenaron verduras con hamburguesa y patatas. Al día siguiente, comieron cocido completo y pasta con carne de cerdo y cenaron verdura con pollo y patatas.

Esa planta la gobierna una gran sala de estar, rodeada de bancos incrustados a la pared, y en medio una pequeña televisión protegida por un cristal. Al lado está la biblioteca, cerrada con llave, también enrejada. La política marca que, si un usuario quiere algún libro, acuda a las bibliotecas municipales. Cerca pero ya en otro pabellón se ubica el archivo, con varias salas forradas de estanterías metálicas hasta el techo y donde pocas profesionales se afanan en digitalizar cientos de legajos amarilleados por el paso del tiempo. En ellos, miles de sentencias franquistas, entre las que se cuentan, por ejemplo, las de aquellos detenidos por luchar contra el régimen y las de aquellas presas por abortar, que motivan la consulta de historiadores.

Madres que cumplen prisión

La mayoría de los internos se encuentran en tercer grado. Es el estadio más avanzado de una condena hacia la libertad que llega cuando has cumplido la mayor parte de la pena. “Muchos lo piden porque tienen que cuidar de familiares o porque tienen un precontrato de trabajo que les vale como justificación de que quieren reinsertarse”, comenta una trabajadora que ha desempeñado sus funciones en el CIS durante unos meses.

En el centro hay trabajadora social, psicóloga, jurista y educadora, pero no equipo médico. Se entiende que, ante una necesidad sanitaria, el usuario acude al médico habitual del centro de salud. “Quienes están peor aquí son las madres porque la mayoría de presas que tienen hijos lo que intentan es que se quede algún familiar o allegado con ellos”, determina esta trabajadora que prefiere no dar su nombre.

En el caso concreto del CIS Victoria Kent, también se encargan de realizar el seguimiento a los liberados condicionales, aquellos que cumplen medidas alternativas a la privación de libertad y quienes están en tercer grado telemático, con una pulsera en el tobillo, que alcanzan las 105 personas.

Desde La Comuna han pedido el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática que declaren el CIS Victoria Kent como Lugar de Memoria Democrática. La propuesta decayó ante el silencio de la cartera liderada por Ángel Víctor Torres a principios de febrero. “Aquí no solo estuvimos políticas, también había mujeres presas por abortar o ayudar a hacerlo, o por adulterio, o por ejercer la prostitución. Eso tiene que explicarse, que la gente entienda lo que ocurrió aquí para que no se olvide”, reclama García Alcón, quien dejó Yeserías atrás el 3 de diciembre de 1975 en libertad condicional tras abonar sus padres 30.000 pesetas.

Alcalá de Henares no se puede entender sin Miguel de Cervantes. El abrazo entre la ciudad madrileña y el escritor es tan perenne como el que se dan Don Quijote y Sancho Panza en la icónica estatua de la calle Mayor de la localidad, escenario de innumerables fotos de los turistas que llegan a Alcalá atraídos por el manco de Lepanto. Al final de esa vía, adornada con soportales y salpicada de historia, había otra parada obligatoria para el visitante cervantino: un mural enorme que decoraba uno de los laterales de la llamada casa Tapón y que mostraba la lucha del ingenioso hidalgo con sus grandes enemigos: los molinos. Una obra que ya nunca más podrá verse, porque el Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha decidido destruirla, culminando más de una década de inacción por cuidarla y restaurarla.

Pero antes de seguir, retrocedamos unos años en el tiempo. Nos colocamos en 2008, cuando Omar Duclós, intendente de la ciudad argentina de Azul escribió al alcalde complutense para que impulsara el hermanamiento entre ambas ciudades. ¿El motivo? El vínculo cervantino que había entre ambas. La localidad argentina, cercana a Buenos Aires, posee una de las colecciones privadas de ediciones de Don Quijote de la Mancha más importantes fuera de España, y quería sellar ese hermanamiento con la ciudad que vio nacer al escritor.

Dicho y hecho, tres años después ese vínculo era oficial. Y para conmemorarlo, se encargó a Miguel Rep, un importante dibujante argentino, que realizara dos murales, uno en Azul y otro en Alcalá de Henares. En el caso de esta última, el lugar elegido fue uno de los laterales de la casa Tapón, en la plaza de los Santos Niños, donde se ubica la Catedral. “Era algo que no se había hecho nunca, dos murales a una distancia de miles de kilómetros, conectados por Cervantes”, recuerda José Manuel Lucía Megías, catedrático de Filología Románica de la Universidad Complutense de Madrid y uno de los promotores de la obra.

Todo iba sobre ruedas: el hermanamiento era una realidad, los murales estaban realizados e incluso se había publicado una nueva edición del Quijote ilustrada por Miguel Rep. Pero entonces llegó otra etapa: el mantenimiento. Y ahí el Ayuntamiento de Alcalá de Henares suspendió: “El mural estaba brillando en un lugar especial del centro, pero tenía los problemas que da el estar a la intemperie. Comenzó a sufrir por las humedades, descascarillarse... y ante eso el gobierno municipal no hizo absolutamente nada”, describe Lucía Megías.

La inacción descrita por el profesor es total y no entiende de ideologías. El hermanamiento se firmó con un alcalde del PP, Bartolomé González, ahora responsable de Patrimonio de la Comunidad de Madrid, en las siguientes elecciones, perdió el bastón de mando, que pasó al PSOE. “Como era una gestión de la anterior corporación, se desentendieron”, comenta el profesor. Sin embargo, cuando en los últimos comicios el PP volvió a ganar, la inacción continuó.

Y todo ello sin justificar absolutamente nada. “No nos han dado ninguna explicación. Al principio aludían a la burocracia y a que no tenían los permisos de patrimonio, pero luego se demostró que el propio Ayuntamiento era competente para hacerlo”, continúa Lucía Megías. El tiempo fue pasando hasta que el deterioro ya era palpable. Aun así, la corporación siguió sin hacer nada, y no precisamente por su dificultad de restauración. “Rep realizó el mural con colores planos para que fuera fácil de arreglar los desperfectos, y ni aun así han tomado medidas”, critica el profesor.

Tanto es así que, en vez de restaurarlo, el destino del mural ha sido su destrucción. Ahora, cuando alguien se asome a la plaza de los Santos Niños, en vez de la obra cervantina, se encontrará con una reinterpretación de la vista de Alcalá de Henares del artista Anton van den Wyngaerde en el año 1565, realizada por el artista alcalaíno Manu Cardiel. “Eso demuestra que no era tampoco un problema económico, si hay dinero para hacer uno nuevo, había para restaurarlo”, asegura el profesor.

Desde el Ayuntamiento de la localidad, su concejal de Patrimonio Histórico, Vicente Pérez, afirma que no existe “ningún motivo específico” por el que no se haya renovado la instalación, y recuerda que el actual equipo de Gobierno solo lleva tres años en el cargo. Sin embargo, defiende que este tipo de arte es por definición “efímero” desde su propia concepción y que lo que se ha llevado a cabo es una “actuación de renovación de la plaza” que corresponde a “otro momento histórico” con respecto al que se hizo el de Rep. López reafirma que el cambio se ha hecho con todas las garantías y todos los permisos, aprobado por la comisión de Patrimonio local, que es el órgano competente para estas actuaciones.

Con todo, además de la patrimonial, hay otra cuestión: la de la propiedad intelectual. El Ayuntamiento ha destruido, sin consultar al autor, una obra de arte que ya nunca más se podrá ver. “Es un dolor inmenso y siento la deslealtad de quien nos dio su palabra de que se iba a restaurar. A cambio de eso, yo seguí recibiendo fotos de turistas delante de un deterioro visible”, recuerda Rep. El artista asegura que no solo no le comunicaron nada sobre la sustitución del mural, sino que, además, mientras esta se producía, él estaba en Madrid.

Preguntado sobre si se plantea por todo ello acciones legales por la destrucción de su obra, Rep asegura que “desearía que no, que lleguemos a algún acuerdo”, pero también avisa que están estudiando el caso abogados españoles y que ya ha recibido un caso de un artista contra la FIFA que puede tener similitudes con el suyo. Lucía Megías, además, espera que este caso pueda sentar un precedente e incluso jurisprudencia para que algo así no se vuelva a repetir.

Incluso, el Ayuntamiento, asegura el artista, incumplió su palabra con él. “Tuvimos un almuerzo hace dos años con el delegado cultural y nos fuimos con el compromiso de la restauración”, señala Rep. Preguntado López por esta reunión, dice “desconocer” este encuentro y compromiso y señala que él, siendo el único que tiene las competencias en este tipo de actuaciones, no conoce personalmente a Rep.

Otra de las cuestiones que argumenta el Ayuntamiento es que el mural de Rep sustituyó también a otros dos anteriores. “Nunca hubiera aceptado sustituir una obra artística. Hay registros de que la pared tenía una publicidad, no una obra de arte. Mienten”, crítica el dibujante. También cuestionado por esto, el concejal afirma que es una “valoración subjetiva a la que no va a entrar”, pero deja claro que “no se debe valorar más a unos artistas gráficos que a otros” y que “todos son respetables”.

La cuestión también ha afectado a la relación con Azul, que, asegura el profesor, están muy molestos con la destrucción de una parte fundamental del hermanamiento. De hecho, la diferencia en la gestión de ambos murales es evidente. En el caso de la ciudad argentina, la obra de Rep sigue en perfecto estado, con dos restauraciones realizadas, una en 2018 y otra este mismo año. “Más allá del dolor que siento ante las mentiras y el ultraje, creo que no se ha tenido la más mínima consideración con el hermanamiento cervantino con la ciudad de Azul, donde mi mural hoy dialoga en silencio”, lamenta Rep. Sobre esto, López alega que la relación entre ambas ciudades sigue completamente vigente y que el hermanamiento no recoge que el mural sea el símbolo del mismo, sino que se desarrolló en ese momento concreto, pero que no representa esa sinergia con Azul.

También, para Lucía Megías, es un golpe muy duro para Alcalá de Henares, que con la destrucción del mural pierde una parte fundamental de su vinculación con Cervantes. “Todo esto demuestra que los representantes públicos no tienen ni idea de la identidad de esta ciudad. Siempre hemos querido dotar a Alcalá de una personalidad asociada a Cervantes y ahora sustituyen un mural cervantino por otro que no tiene nada que ver. Está claro que el Ayuntamiento no tiene una política cultural en una ciudad que debería estar llamada a ser la capital cultural de la Comunidad de Madrid”, zanja el profesor.

Mientras continúa la polémica por las declaraciones de los últimos días del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso sobre el calor que sufren las niñas y niños de la región en las aulas de los colegios, un grupo de ayuntamientos ha tomado nota de lo que las asociaciones llevan años reclamando y actúan para llegar donde la Comunidad de Madrid no lo hace. Independientemente de su signo político, consistorios como el de Rivas-Vaciamadrid, con una coalición de izquierdas, o el de Torrejón de Ardoz, del PP, han puesto dinero de las arcas municipales para tratar de paliar una situación que afecta directamente a la salud de los más pequeños, a pesar de que las competencias son autonómicas.

La polémica comenzó hace ya una semana cuando la consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo, explicaba las actuaciones del Ejecutivo madrileño ante las críticas por la falta de climatización en las aulas de cara a los últimos meses antes de verano. Aseguró que en este curso se había hecho una “inversión de casi 18 millones de euros solo en climatización”, como la instalación de toldos y zonas de sombra. “Pero, lógicamente, cuando hace calor, hace calor”, añadía, una frase que intentó ser defendida por su compañero, el consejero de Cultura, Mariano de Paco, durante el pleno en la Asamblea de Madrid, donde dijo que las altas temperaturas también podían ser “fuente de inspiración”. Pero parece que cada año más ayuntamientos se suman a tomar medidas en las escuelas. 

Torrejón de Ardoz (PP) instala aparatos de aire acondicionado en todos sus colegios

El municipio de Torrejón de Ardoz es uno de los más completos en cuanto a climatización de los colegios públicos. En los 21 centros de la localidad han instalado 1.669 aparatos de aire acondicionado de bajo consumo, tanto para el calor como para el frío. En total, 899 aulas que están climatizadas desde que comenzó el ambicioso proyecto en 2025.

Su alcalde, Alejandro Navarro Prieto, del PP, aseguró que se trataba de una “apuesta histórica por la educación pública”, una climatización que comenzó en 2025 y ha terminado este año con un total de siete millones de euros de inversión, que se engloba dentro del plan 'El Ayuntamiento Mejora los Colegios Públicos' que ha impulsado el consistorio durante los últimos años. 

Rivas (IU, Más Madrid-Verdes Quo y PSOE) aprueba un plan para climatizar las aulas con fondos municipales

Otro de los municipios que se han lanzado a climatizar sus colegios públicos ante la falta de actuaciones por parte de la Comunidad de Madrid ha sido Rivas Vaciamadrid. El Ayuntamiento ha impulsado este año un ambicioso plan para dotar de sistemas de climatización a los centros educativos del municipio, una iniciativa que contará con una inversión de 14,2 millones de euros financiada íntegramente con fondos municipales y que se ha convertido en una de las principales apuestas del Gobierno local para 2026.

El proyecto comenzó a dar sus primeros pasos a finales de 2025 con una primera fase que incluye tanto sus cinco escuelas infantiles de titularidad municipal como cuatro colegios públicos de la localidad. A diferencia de Torrejón, el Ayuntamiento de Rivas ha elegido la aerotermia para climatizar los centros, un sistema más eficiente y sostenible, que gasta menos electricidad y sirve para renovar el aire cada 14 minutos, lo que espera que redunde en una mayor salud entre los alumnos. El contrato incluye mantenimiento de todo el sistema, que sustituye además viejas calderas, durante los próximos 15 años. Empezará a funcionar el 1 de septiembre después de un intenso verano de obras, ya en marcha.

La actuación alcanzará en la primera fase a cinco escuelas infantiles municipales (El Dragón, Luna Lunera, Platero, Rayuela y Pipi Langstrum) y cuatro colegios públicos (Mario Benedetti, El Olivar, Jarama y Las Cigüeñas), con el objetivo de extender en 2027 la climatización al resto de centros educativos públicos de la ciudad, con los mismos plazos mes a mes pero en 2027 y siempre que obtengan el beneplácito de sus respectivos consejos escolares, siguiendo el fuerte arraigo de la dinámica participativa de la ciudad.

En el plano burocrático, mientras que en las escuelas infantiles no existe conflicto competencial, al depender directamente del Ayuntamiento, la situación es distinta en los colegios públicos, cuya adecuación y reforma corresponde legalmente a la Comunidad de Madrid a través de la Consejería de Educación. Precisamente esta cuestión ha generado tensiones entre ambas administraciones. Desde el Consistorio defienden que han decidido asumir una competencia que no les corresponde ante la ausencia de medidas por parte del Ejecutivo autonómico y debido a las elevadas temperaturas que se registran en las aulas durante buena parte del curso. 

Según denuncian, numerosos centros han superado los 30 grados en los meses de mayo, junio, septiembre y octubre, unas condiciones que afectan al bienestar, la salud y la capacidad de aprendizaje del alumnado. La iniciativa municipal cuenta con el respaldo de familias, consejos escolares y sindicatos, que consideran insuficientes las medidas paliativas aplicadas hasta ahora, como ventiladores o ventilación cruzada. 

Alcorcón (coalición de PSOE, Ganar Alarcón y Más Madrid) climatiza escuelas infantiles

En 2025, el municipio comenzó a climatizar las escuelas infantiles, cuyas sus clases se alargan hasta julio, a través de la instalación de sistemas de aerotermia y aire acondicionado. El Ayuntamiento, gobernado por la socialista Candelaria Testa, reclama a la Comunidad de Madrid que siga su camino y ponga también recursos para climatizar las aulas.

El Plan de Climatización se desarrolló en cuatro centros: Escuela Infantil Campanilla, Escuela Infantil Las Flores, Escuela Infantil Gloria Fuertes y la Escuela Municipal de Música, con una inversión total de 205.137,78 euros.

“En Alcorcón hemos actuado con responsabilidad y previsión, ejecutando ya más de 200.000 euros para adecuar nuestras aulas a una realidad climática cada vez más extrema, pero no podemos actuar donde no tenemos competencias. Por eso pedimos a la Consejería de Educación que actúe ya con medidas urgentes en los colegios públicos. No podemos permitir que el alumnado, profesorado y trabajadores pasen horas en espacios que superan los 30 grados”, dijo entonces Trinidad Castillo, concejala de Educación en la ciudad.

Arganda del Rey (PP y Vox) anuncia inversiones para climatizar varios colegios

Este pasado mes de mayo Arganda del Rey, cuyo ayuntamiento está gobernado por PP y Vox, anunció la climatización de todas las aulas del colegio público Antonio Machado de la Poveda. “Esto es solo el principio”, comunicaron entonces, para anunciar en la presentación de sus presupuestos municipales la climatización de dos nuevos centros de enseñanza públicos para este 2026, con una inversión de 100.000 euros. El alcalde, Alberto Escribano, aseguró que no había “dinero mejor invertido que en la educación pública” de la ciudad.

Leganés (PP y Unión por Leganés) aprueba 5,3 millones de euros para climatizar escuelas infantiles

El pasado mes de abril el equipo de gobierno de Leganés aprobó 5,3 millones de euros de su partida de presupuestos para climatizar escuelas infantiles y centros municipales. El objetivo, según publicaron en una nota de prensa, era actuar en las Casas de Niños Aventuras, Burbujas y Los Pinos; y en las Escuelas Infantiles Dulcinea, Jeromín, Valle Inclán, El Faro, Las Flores, Koala, Primeros Pasos, Rosa Caramelo y El Romancero, además de climatizar otros centros de la localidad.

Carlos Delgado, primer teniente de alcalde y concejal de Obras, aseguró que se trataba de un “proyecto ambicioso y necesario” para “mejorar la calidad de vida de toda la comunidad educativa”.

Críticas de la oposición a Ayuso, “una negacionista que no entiende el cambio climático”

Mientras, las familias de colegios públicos de la Comunidad continúan en lucha para que se atiendan sus peticiones. Algunas de ellas, de un colegio de la capital, enviaron un escrito al Gobierno de Ayuso, quien contestó que era cuestión del centro resolver los problemas de climatización. “Los centros han de adaptar el plan general de actuación frente a olas de calor a las necesidades propias del centro”, decía la carta de respuesta. 

Este mismo jueves, tras semanas de tensión y malestar, han decidido acudir al pleno de la Asamblea de Madrid después de ver cómo sus hijos continúan acudiendo a clase pese a las altas temperaturas. Finalmente, han sido expulsadas del edificio por gritar “vergüenza, vergüenza” durante el debate por la climatización de las aulas.

Otro ejemplo reciente de la presión que se ejerce desde los colegios es la que se ha producido en el CEIP Ignacio Zuloaga, en el distrito madrileño de Tetuán, donde las familias lograron que el pleno de la junta municipal aprobara por unanimidad una proposición para impulsar actuaciones de climatización y renaturalización del centro. La iniciativa forma parte de un movimiento cada vez más extendido en distintos barrios de la capital, donde asociaciones de familias y plataformas como Aprender Sin Calor se están organizando para reclamar soluciones estructurales frente a las altas temperaturas en las aulas.

En el caso del Zuloaga, las familias denuncian que el edificio, construido hace más de medio siglo y ubicado en un entorno densamente urbanizado, no está preparado para afrontar los episodios de calor cada vez más frecuentes. Entre las medidas planteadas figuran sistemas de climatización y ventilación, mejoras en el aislamiento térmico, la creación de zonas verdes y sombras en los patios y el refuerzo de la infraestructura hídrica con fuentes y espacios de riego. Aunque la propuesta recibió el respaldo de todos los grupos políticos, las familias recuerdan que iniciativas similares aprobadas en el pasado no llegaron a ejecutarse y advierten de que seguirán presionando para que las actuaciones se traduzcan en mejoras reales en el centro.

En el plano político, el calor en las aulas centra desde hace semanas la discusión. Más Madrid ya ha presentado varias propuestas en este sentido, como apagar el aire acondicionado en el pleno de la Asamblea de Vallecas como protesta “hasta que las escuelas infantiles tengan el mismo confort térmico que el despacho de la consejera” de Educación. El partido ha anunciado una Proposición No de Ley (PNL) para que la Comunidad “haga lo que ha hecho Torrejón de Ardoz”. “El alcalde de Torrejón entiende que los niños y niñas necesitan ser protegidos y necesita ser protegida su salud”. “Lo que tenemos en Madrid con Ayuso es a una negacionista que no entiende ni los derechos de la infancia ni el cambio climático”, criticaban los de Mónica García en la última junta de portavoces.

También el PSOE de Madrid denunció que la climatización de la Comunidad “no llega ni al 5% de los centros públicos” y criticaron las declaraciones del consejero de Cultura. El portavoz del PP, Carlos Díaz-Pache, respondió con el argumentario del Gobierno de Ayuso en su rueda de prensa y recordó que el Ejecutivo autonómico había destinado 18 millones de euros para mejorar la climatización “y paliar los efectos de las altas temperaturas”.

“Los ayuntamientos pueden hacer actuaciones, pero también los centros escolares pueden hacer actuaciones para evitar estos picos de temperatura. Son unas pocas semanas al año y ellos pueden adaptar el horario o las condiciones en las que se dan las clases para paliar estos efectos”, añadió.

Este mismo miércoles, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz Miguel Ángel García Martín aseguraba que se han llevado a cabo “1.500 actuaciones para mejorar la climatización y el confort térmico” por un “importe de casi 60 millones de euros”, así como que el Gobierno de Ayuso estaba “colaborando con los ayuntamientos en el marco de financiación regional”, pero que la oposición “no reconoce el trabajo” que realizan. Mientras, las familias continúan organizándose.

Continúa la polémica por el calor en las aulas en los centros de la Comunidad de Madrid con las palabras del Papa sobre la polarización política resonando de fondo tras su visita a la capital. La oposición ha reprochado a Isabel Díaz Ayuso la falta de climatización en colegios públicos de la capital. “¿Se imaginan que Quirón vendiera aires acondicionados?”, ha preguntado la portavoz del PSOE, Mar Espinar, durante el pleno de la Asamblea de Vallecas. “Como no ve la forma de ahcer negocio no hace nada”.

Por parte de Más Madrid, Manuela Bergerot ha afeado a Ayuso el “milagro” tras la visita de León XIV: “Ha hecho falta que viniera el Papa para que refuercen el transporte público” o para que “pongan médicos” en las urgencias extrahospitalarias. “Lo que sería un milagro es que se pusieran a trabajar por los madrileños”, le ha espetado Bergerot a la presidenta autonómica.

“Ha pasado cuatro días pegada al Papa como una lapa. Mientras usted se hace fotos, nuestros hijos van con un ventilador portátil a clase para no desmayarse con 35 grados. A ellos no hay milagros que los salve”, ha añadido la portavoz del partido de Mónica García, que ha elevado su tono: “Han pasado de 'la letra, con sangre entra', a 'el calor inspira'. Están a esto de proponer que se vuelva a pegar a los niños en las aulas”.

Este jueves la plataforma Aprendiendo sin Calor, que reúne a 150 asociaciones de familias, ha acudido al edificio para concentrarse y reivindicar que se lleven a cabo actuaciones en los centros públicos educativos. Más Madrid ha acudido al pleno con un termómetro para saber a qué temperatura se encuentran los diputados: 23 grados, ha asegurado María Pastor, portavoz adjunta del partido y responsable de Educación. “No hay nada que pueda justificar lo que está haciendo el Partido Popular y el Gobierno de la señora Ayuso, no hay nada que explique por qué los niños están a temperaturas con desmayos y golpes de calor”, ha asegurado, a las puertas de la Asamblea. Bergerot ha retado a la presidenta de la Comunidad de Madrid a salir y hablar con las familias concentradas.

Por su parte, Mar Espinar ha recordado que durante las olas de calor las urgencias pediátricas aumentan y ha asegurado que el “cuando hace calor, hace calor” de la consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo, es el “nuevo 'que se jodan'” de Andrea Fabra. “¿Que los madrileños no pueden acceder a una vivienda? Que se aguanten. ¿Que tienen que esperar una media de un año para hacerse una prueba diagnóstica? Que esperen. ¿Que los profesores y alumnos se asfixian en las aulas? Que se asen. ¿Que estás en una residencia, te pilla una pandemia y no tienes un seguro privado? Que se mueran”, ha lanzado Espinar a Ayuso.

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha asegurado que continúan con su plan de climatización y ha mencionado algunas de las actuaciones que han llevado a cabo sobre “fachadas, cubiertas, toldos” o “marquesinas”. “Desde el 2019 hemos actuado en el 72% de los centros públicos que dependen de nosotros. Nos quedan por hacerlo en 111 en un plan que tenemos en 2026-2027, pero intentamos que se puedan climatizar hospitales, transporte, instalaciones culturales y colegios”, ha dicho.

Este jueves el pleno de la Asamblea debatirá una propuesta de modificación de ley de Más Madrid para que la climatización en centros educativos se convierta en un derecho.

Las familias estallan por el calor en las aulas y son expulsadas del pleno de la Asamblea de Madrid: “Vergüenza, vergüenza”

Un grupo de familias de niños y niñas que sufren el calor en las aulas de la Comunidad de Madrid han estallado con gritos de “vergüenza, vergüenza” durante el debate.

La oposición ha aplaudido sus proclamas y finalmente han procedido a expulsar a los grupos del edificio de Vallecas. A su salida, una portavoz y presidenta del AMPA del Instituto Menéndez Pelayo de Getafe ha asegurado que con estas temperaturas los niños “no se inspiran, se les deshace el cerebro”. “Lo que queremos como familia es que se pongan los medios y que se empatice con la gente”.

Además, la portavoz ha criticado que aunque el PP ha asegurado que sí se han llevado a cabo medidas, las familias no tienen “esa sensación”. “No se ha hecho nada y no autorizan hacer nada porque hay familias que estamos dispuestas a poner de nuestro bolsillo para que pongan toldos o ventiladores, y la Comunidad no autoriza nada”, ha asegurado.

“Empezó con la cañita, luego con la libertad y ahora está en el cristianismo”

Otro de los temas que ha centrado la discusión de la oposición con Isabel Díaz Ayuso es la visita del Pontífice a la capital. Mar Espinar ha criticado que “no se puede sorber y soplar al mismo tiempo”, alegando que aplaudía al Papa pero que ha apoyado a Donald Trump: “Facilite que tengan derecho los migrantes”, ha añadido. “Empezó con la cañita, luego con la libertad y ahora está en el cristianismo. ¿Qué más piensa profanar? Cójase un retiro espiritual. Ahí no hay áticos, pero hay confesionarios”, ha añadido.

“Florentino no se va a ir”, repitió una y otra vez Florentino Pérez en una rueda de prensa histórica para convocar elecciones a la presidencia del Real Madrid. Y los socios le han respaldado: el empresario de 79 años ha ganado las elecciones con un 65% de los votos frente al 35% de su único contrincante, Enrique Riquelme.

Una hora y cuatro minutos el pasado 12 de mayo lo cambiaron todo. Tras una década sin conceder ninguna rueda de prensa, Florentino Pérez convocó a los medios de comunicación para anunciar por sorpresa unas elecciones a la presidencia del Real Madrid para “defender los intereses de los socios” frente a gente que se estaba “moviendo en la sombra”. La X se despejó unos días después, cuando Enrique Riquelme confirmó su intención de presentarse.

La elección de la presidencia del Real Madrid trasciente lo deportivo: influirá también en cómo cambiará la capital en función de sus intereses durante los próximos años, tal y como ha ocurrido hasta ahora. Hace solo una semana, Florentino Pérez aseguró en una entrevista en El País que los gobiernos de Almeida y Ayuso “van a hacer unas normas especiales” para que se puedan celebrar conciertos en el Santiago Bernabéu. La Comunidad rebajó, al menos públicamente, esa frase: respondieron que no hacen normativas “ad hoc”.

Las dos últimas semanas han sido un carrusel de apariciones en medios de comunicación de los dos candidatos, que han dado pistas de sus planes (y sus discrepancias) para el club y la ciudad. Por ejemplo, en torno a los terrenos de Valdebebas. Riquelme proponía crear en los terrenos de propiedad merengue una Ciudad del Socio con nuevos espacios deportivos y de ocio, además de restaurantes y un gran pabellón para “rentabilizar” con conciertos.

“Es como si usted tiene una parcela que vale 1.000 millones en la Castellana y quiere poner unos columpios”, respondió Florentino Pérez a la idea. El presidente merengue mantiene su idea actual, que pasa por una recalificación de los terrenos: “Ese patrimonio lo hemos comprado hace 25 años para hacer algo grande y vamos a hacer un centro tecnológico, como el Silicon Valley”. En realidad, las parcelas fueron entregadas por el Ayuntamiento de Madrid al club de fútbol dentro de la recalificación de su antigua ciudad deportiva.

El regreso de Mourinho y la polémica del 5%

La reválida de Florentino Pérez en su puesto conlleva también el regreso de Mourinho al banquillo del Real Madrid. Entre las bazas electorales estaban también los fichajes de Konaté y Denzel Dumfries. Frente a ello, Riquelme había propuesto como director deportivo a Raúl González Blanco, a Iker Casillas en “un papel de primer nivel en la estructura corporativa del club” y a Fernando Hierro como director de la cantera.

Pérez quiere convocar una Junta después de su reelección para aprobar la entrada de capitales. Ha cifrado que puede poner a la venta hasta un 5% de la entidad, con el objetivo de obtener liquidez y tener una valoración real del club. “Puede ser una gran marca que tenga como objetivo vincularse con el Real Madrid, pero no va a tener derecho a nada”, aseguraba el presidente en una entrevista en El Español. El caramelo que pone en la boca de los 100.000 socios actuales es que con esa entrada de capital cada carné tendrá un valor concreto. “Forbes dice que el Real Madrid vale 10.000 millones, aunque yo creo que más, y mi propuesta es que ese patrimonio vaya directamente a los socios”, explicó Florentino.

Ante el revuelo generado, durante su campaña acudió a un notario para registrar que, mientras sea presidente del Real Madrid, el club será “siempre de sus socios”.

La juventud católica del Papa lo tiene claro: es el 'influencer' del catolicismo. Así lo han demostrado los miles de jóvenes que se han congregado este sábado por la tarde en las cercanías —y no tan cercanías— de la plaza de Lima de Madrid, en la que el pontífice ha dado una vigilia acompañado de chavales de diferentes grupos religiosos. El ambiente era relajado, pero los nervios estaban a flor de piel porque las colas interminables bajo el sol no parecían asegurar un sitio para todos. “Parece que muchas veces somos unos pocos, pero me parece increíble que el Papa sea el mayor influencer en la sociedad actual”, dice uno de estos grupos de jóvenes creyentes.

Estos días hay una pequeña contraprogramación, por decirlo de alguna manera, a la visita de León XIV en la capital: los macroconciertos de Bad Bunny continúan, haciendo que dos mundos aparentemente lejanos se toquen de alguna manera. En los alrededores de la Castellana se podía apreciar esta mezcla. Un grupo de chavales que habían decidido salirse de la cola explicaban: “Hubo gente que también se salió del concierto de Bad Bunny”. Ya hacia las 17:00 de la tarde las colas eran interminables.

Algunas de las proclamas que se podían escuchar de grupos muy variados eran “Papa, León, queremos tu bendición” o “Esta es la juventud del Papa”. Un clásico también eran las canciones de misa y alguna otra del grupo Taburete. Mientras, familias con niños, personas mayores, adolescentes y gente de todas las edades avanzaba lentamente guiados por la policía y los voluntarios. En un vistazo general de estas aglomeraciones se podía apreciar, además de camisetas y pañuelos de colores relacionados con la visita, banderas de España de todos los tipos y formas: relacionadas o no con el catolicismo, como capa, atadas a un palo o incluso como una especie de pareo.

En general, el ambiente era tranquilo a pesar de la cantidad de personas, muchas de ellas sin tener muy claro a dónde ir. “Creo que es impresionante todo lo que puede llegar a mover esto”. Hablan Pilar y Pedro, una joven pareja de 23 y 25 años, a unas pocas horas de la llegada del pontífice. “Es un momento muy emocionante que puede llegar a tocar muchos corazones”. “Yo creo que a la gente se le está yendo el miedo de decir que es cristiano y quiere salir a la calle y reivindicar sus valores y tradiciones”, dice el joven.

“La gente joven está un poco harta”

Pero los asistentes no son solo de Madrid, también muchos vienen de otras partes de España. Es el caso de Javier, de 20 años, que hacía solo unas horas que había llegado a la capital desde Granada. Ha ido a la vigilia para “tener una relación más personal con Dios y crecer un poco más espiritualmente”, además de “disfrutar” de sus amigos y de la gente. ¿Pero tendrá tiempo para ir a ver a Bad Bunny? Parece que no: “Yo me mantengo fiel a esto”, dice entre risas.

Preguntado por su opinión sobre este Papa actual y el papa Francisco, el granaino lo tiene claro: “Francisco también era muy buen Papa, pero es verdad que todas estas cosas le venían un poco más grandes, creo que León las afronta muy bien. Yo creo que ahora está habiendo un 'boom' —de la religión— porque la gente joven está un poco harta, un poco cansada de lo de siempre, y si te llega alguien normal que se lo pasa bien, va a misa y vive tranquilamente la vida ordinaria, eso a la gente le gusta”, asegura antes de irse para buscar a sus amigos.

A su lado, un grupo de voluntarios informan a la gente de por dónde tiene que buscar su acceso a las gradas mientras se nota una cierta inquietud ante la inminente llegada del pontífice, un nerviosismo que también se aprecia en las fuerzas y cuerpos de seguridad. Antes de llegar a uno de los accesos, dos chicas cercanas a la treintena responden a elDiario.es. Se han acercado para “escuchar el mensaje” que quiera decir a la gente que acude hoy al encuentro: “Da mucha paz poder escuchar qué tiene que decir y cómo quiere que vivamos”, aseguran.

Una de las cosas que ha dicho, de hecho, el Papa es que a los migrantes “hay que tratarlos como seres humanos, no como animales”. ¿Qué opinan los asistentes de este tema? “Yo pienso que todos tenemos los mismos derechos pero que la libertad de uno empieza donde acaba la del otro. Hay que tener siempre en cuenta el bienestar común y mantener un orden siempre y cuando no esté afectando a las propias personas del país”, dice una de las jóvenes antes de entrar al recinto. “Es complicado, siempre y cuando se respete a las personas”, dice otra, de un grupo diferente.

“Me parece increíble que el Papa sea el mayor influencer”

“Da gusto ver la calle llena por la razón que es. Parece que muchas veces somos unos pocos en la sociedad, pero decir, me parece increíble que el Papa sea el mayor influencer en la sociedad actual”. Hablan entre risas Álvaro, Javi y Carlos, los tres en la veintena de edad. Hacen cola bajo el sol y aplauden que estos días la capital esté llena de gente católica. Los tres achacan esto a que existe un “vacío existencial en la sociedad que hace que mucha gente” busque algo que dé “sentido a su vida”, en este caso, el cristianismo. “Hemos dejado un libertinaje durante mucho tiempo y al final el actuar sin sentido te lleva a que entres en una crisis profunda y de repente no encuentres sentido a lo que haces”, dice uno de ellos.

Coinciden en una “crisis de valores”, como por ejemplo, el “valor de la familia”, que a juicio de uno de ellos, “está totalmente perdido”. Aunque aseguran que prefieren no mezclar política y religión, a la pregunta de si creen que ahora mismo desde las instituciones se respalda el catolicismo, aseguran que hay un “acoso a lo que representa” la institución, así como a la “familia tradicional” o a “elegir la educación que quieras para tus hijos”.

Aunque la mayoría de asistentes han preferido no mojarse en cuanto a qué papa prefieren y apuntan a que es un “representante de Dios en la Tierra” y que, por tanto, cualquiera está bien, en este caso uno de ellos sí ha querido mojarse: “Prefiero a este Papa. Me parece que es mucho más carismático y encaja bastante más”, asegura. Pero parece que su decisión ha estado motivada también por un vídeo que ha circulado este sábado en redes en el que Prevost decía que era del Real Madrid... y del Atlético de Madrid. “Hoy ha hecho declaraciones de que es del Real Madrid, así que me ha ganado”, decía el joven.

“Venir aquí no te hace ni mejor ni peor persona”

Ya sobre las 19:30 la expectación era máxima. La gente se agolpaba dentro pero también fuera del recinto, muchos rezagados sin entrada que intentaban cruzar al otro lado. “Sin el QR no se puede”, repetían los voluntarios una y otra vez. Era complicado tener una visión general pero fue muy obvio cuando Prevost cruzó por la calle central con el papamóvil entre los fieles. Hubo aplausos, gritos y gente llorando que grababa con sus móviles desde la distancia entre gritos de “viva el Papa”.

A medida que avanzaba la vigilia y después de diferentes actuaciones, entre ellas la de los actores del musical Godspell, producido por Antonio Banderas, algunos de los asistentes abandonaban el lugar. Otros preferían, a pesar de tener entrada, quedarse fuera de las vallas policiales. Era el caso de Joaquín, Cristina y Jesús, que, al contrario de lo que se veía en otros grupos de jóvenes, bebían cerveza y tinto de verano sentados en la calle. “Hay ciertos tipos de mirada que juzgan un poco a pesar de que justo lo que el Papa dice es que cada uno sea real, un ser humano de carne y hueso”, reconocían a elDiario.es.

Los tres chavales decían que habían acudido a la cita para vivir “un momento histórico” y porque querían estar acompañados “de la fe”. “No tienes por qué ser un prototipo de persona para creer en Dios, para poder creer en la Iglesia”. “Venir aquí no te hace ni mejor ni peor persona”, aseguraban.

“Yo podría estar en el concierto de Bad Bunny igual que estoy aquí, sería igual de buena o mala persona. Bad Bunny tiene muy presente a Dios en su vida y lo menciona en su concierto. El discurso es el mismo porque habla de amor y de que mientras uno esté vivo debe amar lo más que pueda. Es al final el mensaje de Jesucristo también, amar todo lo que puedas”, decía uno de ellos.

El grupo de tres planteaba algo diferente. “Creo que Francisco ayudaba mucho más. Abrió un camino con la homosexualidad, abrió la puerta”, lo que pudo favorecer a que ahora ya exista esa conversación dentro de la Iglesia católica, un punto que consideran positivo.

Mientras, el pontífice cerraba desde el escenario su discurso unos minutos antes del rezo colectivo: “Vosotros podéis cambiar la historia, hacedlo con amor”. Acto seguido los fieles callaban, algunos de ellos se ponían de rodillas y oraban acompañando a Prevost. Otros, perdidos por haber salido a los baños portátiles de los alrededores, intentaban pasar entre la multitud para volver a encontrar a su grupo de amigos sin molestar demasiado al resto. Una imagen que, de nuevo, bien podría darse en un concierto de Bad Bunny.

Isabel Díaz Ayuso fue contundente después de que el polémico concepto de “prioridad nacional” salpicase los pactos entre PP y Vox en territorios como Extremadura o Aragón. Dijo que “esos requisitos no son legales”. Pero el nuevo reglamento de vivienda aprobado por su propio Gobierno de la Comunidad de Madrid exige un empadronamiento mínimo de diez años para la compra de casas protegidas, un requisito que según distintas organizaciones, ya implica una “discriminación indirecta” a las personas migrantes y, por tanto, podría suponer en la práctica una suerte de “prioridad nacional”.

El aumento de las exigencias mínimas para acceder a ayudas de este tipo no solo se da en la Comunidad de Madrid, aunque con las medidas más recientes, es una de las autonomías más duras en cuanto al mínimo de años de empadronamiento. También ocurre en Canarias, que recientemente ha pasado de siete años a doce. Ahora, diferentes organizaciones sociales han acudido a los tribunales a denunciar lo que consideran una “discriminación indirecta” especialmente a las personas migrantes. El Observatorio DESCA es una de estas asociaciones que ahora apunta a Madrid. “Esta demanda es un aviso a navegantes” para quien vaya por el mismo camino. “Esta propaganda barata y ultra no puede salir gratis al gobierno”, apuntan en declaraciones a elDiario.es.

La Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Vivienda, no ha respondido a las preguntas de elDiario.es sobre este tema.

Desde el Observatorio DESCA trabajan junto a diferentes entidades para evitar lo que consideran una “discriminación indirecta”, especialmente en la Comunidad de Madrid y en la Comunitat Valenciana. “Creemos que en cualquier sitio que se apruebe una medida parecida se tiene que impugnar”, dicen a elDiario.es.

“Es un tipo de medida que parece neutra en apariencia” pero que “discrimina más a las personas migrantes” en realidad. Las personas migrantes tienen más dificultades para empadronarse en una comunidad. “La propia trayectoria de la persona migrante impide tener un recorrido en el mismo municipio”, pero es que además “muchas de estas personas tienen una trayectoria discriminada debido al racismo inmobiliario”. “Las mismas comunidades que no actúan contra este racismo son las que además las excluyen del único mecanismo por el que pueden acceder a una vivienda estable”, indican desde la asociación en referencia a las dificultades que experimentan muchas personas migrantes para acceder al mercado de la vivienda, especialmente a un alquiler.

Una de las organizaciones que trabaja con el Observatorio DESCA es el Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES). El abogado Javier Rubio explica en declaraciones a elDiario.es que se prevé que el nuevo reglamento general de VPO que el Gobierno de Ayuso está elaborando también incluya estos requisitos: “Junto con otras organizaciones sociales venimos haciendo seguimiento a los sistemas de acceso a la vivienda, cada vez más inaccesibles, y en su momento habrá que valorar una posible impugnación de estas medidas en varios frentes”, precisa.

“Esto ya es la prioridad nacional, que viene de otros países como Francia o Italia”, donde ya se han encontrado con problemas en los tribunales. Sin ir más lejos, este pasado mes de mayo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) declaró que exigir diez años de arraigo para acceder a ayudas sociales es una “discriminación indirecta” que afecta “principalmente a los no nacionales” y que, por tanto, estaría “prohibida, en principio” por el “Derecho de la Unión”.

¿Eso significa que es discriminatorio aplicar cualquier requisito de residencia mínimo? En principio, no tiene por qué. “En Catalunya, la ley establece que los municipios pueden decidir no imponer mínimo, pero como máximo pueden ser tres años. Tiene sentido porque para acceder al arraigo son tres años, eso ya muestra una voluntad. Uno puede establecer límites razonables, pero no excluyentes. La vivienda pública sirve para ayudar a personas en situación de vulnerabilidad”, concluyen desde la organización. A nivel nacional, explica el abogado Javier Rubio, la regulación de la Ley de Vivienda o el Plan Estatal cuentan con “requisitos económicos o sociales pero no establecen ningún requisito de antigüedad”.

Una propuesta inspirada en los pactos autonómicos

Aunque el nuevo Reglamento de Vivienda Protegida en trámite ya contemplaba este requisito de pedir un empadronamiento en la Comunidad durante al menos diez años tanto en la vivienda protegida pública como en la privada, en mayo se aprobó una proposición no de ley presentada por Vox en la Asamblea de Vallecas inspirada directamente en el concepto de “prioridad nacional”. A través del texto, se exige a la Comunidad de Madrid que reclame al Gobierno central que promueva el acceso a estas ayudas bajo este término, no solo en materia de vivienda, sino también con otros subsidios sociales. Una PNL presentada por el partido de extrema derecha y que finalmente el PP modificó y aprobó, a pesar de haber rechazado durante meses la “prioridad nacional”.

El documento contempla como fin “promover el acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas inspirándose en el principio de prioridad nacional, que procure la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio”. También plantea la “exclusión del acceso a prestaciones y servicios sociales estructurales a quienes se encuentren en situación irregular, limitando su acceso exclusivamente a supuestos de urgencia vital”.

En concreto, mencionan el sistema de acceso a vivienda protegida y alquiler social, que también buscan que esté “inspirado en el principio de prioridad nacional” pero “adecuado a la legalidad vigente”. Además del mínimo de años, se recoge asimismo el “refuerzo de los criterios de vinculación económica, social, familiar, laboral y formativa como elementos que evidencian la relación efectiva y afectiva del solicitante con el territorio”. Y consideran que “se debe excluir a aquellos” condenados por okupar viviendas “en los últimos cinco años” además de instar al Gobierno a poner fin al proceso de regularización de migrantes.

Por su parte, Vox celebró lo que consideran como un “giro” del PP: “La Asamblea de Madrid ha aprobado, gracias a Vox, una iniciativa para avanzar en la aplicación del principio de prioridad nacional”, comunicaron. Incluso a nivel nacional celebran aplicar esta medida a toda España: “Exigir diez años de padrón como arraigo prioriza al nacional sobre el inmigrante, es legal y moral”, dijo el diputado Carlos H. Quero.

Este mismo jueves, la Asamblea de Vallecas ha aprobado la nueva ley de medidas urgentes para la vivienda por la que pretenden ampliar la oferta de vivienda asequible y “acelerar los plazos de construcción”. Según datos de la Comunidad de Madrid, en la actualidad la región cuenta con 14.000 viviendas protegidas, en total 4.875 se han entregado ya en nueve municipios, y hay otras 3.495 en construcción. Uno de los puntos que la oposición lleva tiempo pidiendo en este sentido es que estas viviendas no pierdan su calificación de protegidas: desde 2019, 9.871 viviendas han pasado al mercado libre, según publicaba Cadena Ser tras una petición en Transparencia.

Ayudas a la natalidad

Este mismo miércoles, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz de la Comunidad, Miguel Ángel García Martín, explicó la relación de la región con el polémico concepto. Lo hizo después de que PP y Vox cerrasen en Castilla y León un pacto que incluía la “prioridad nacional”. Preguntado por si le gustaba el término, García Martín habló precisamente del requisito del arraigo y puso como ejemplo las ayudas a la natalidad.

Cuando Ayuso anunció estas ayudas a la natalidad en 2021, la polémica estalló porque en un principio se exigió que llevaran diez años empadronadas en Madrid. Un requisito que tuvieron que rebajar hasta los cinco años que se piden actualmente. “Esto no es un concepto nuevo”, dijo el portavoz este miércoles, que enmarcó el requisito en la “normalidad”.

El magistrado del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, Adolfo Carretero, ha imputado a otro de los agentes de la Policía Municipal de Madrid que formó parte de los operativos ‘antidroga’ en tiendas que venden productos de CBD (cáñamo industrial, un cannabinoide sin efectos psicoactivos). Durante algunos de estos despliegues policiales se detuvo e ingresó en los calabozos a empresarios que ejercen su actividad de forma legal. Al menos esta es la interpretación que hacen los juzgados, que archivaron las causas abiertas contra Ramón Merino y Pablo Gutiérrez por supuestos delitos de tráfico de drogas y contra la salud pública, como informó elDiario.es. Ambos tienen tiendas de CBD y son, a su vez, socios a través de una empresa de la cual Merino es administrador único.

Después de que se produjera el sobreseimiento provisional de la causa, Merino y Gutiérrez presentaron una querella contra R.F., otro de los agentes de la Policía Municipal de Madrid presuntamente al cargo de estas operaciones, por supuestos delitos de detención ilegal, contra la integridad moral y coacciones, como consta en la documentación consultada por este diario. Los dos empresarios solicitaron el inicio de diligencias previas para investigar al oficial de la Policía Municipal, a los responsables de ordenar y supervisar dichas intervenciones, así como a “cualquier otra persona que haya podido colaborar en la comisión de los presuntos delitos”.

En el marco de esta causa, el juez llamó a declarar como testigos a diferentes agentes de la Policía Municipal. Durante su testificación, uno de ellos reconoció que había ordenado junto a su compañero investigado, R.F., al menos una de estas operaciones, por lo que pasó de testigo a imputado, como señalan fuentes jurídicas a este diario. El agente deberá declarar ante el juzgado a las 12.00 horas del 13 de noviembre de 2026 por un presunto delito de detención ilegal, como figura en el auto al que ha accedido este periódico.

elDiario.es se ha puesto en contacto con los policías investigados a través del letrado que les defiende en la causa, que por el momento no ha respondido al cuestionario remitido. La Concejalía de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid ha pedido por su parte a este diario dirigirse a la Policía Municipal. Y este organismo ha respondido que, tras consultar la cuestión con la Jefatura del Cuerpo, al tratarse de un tema judicializado, “hasta que no se resuelva el mismo, y por el principio de presunción de inocencia, no se van a realizar declaraciones al respecto”. “Como es habitual, la vía administrativa disciplinaria se paraliza hasta que se resuelva el procedimiento judicial”, señalan estas fuentes.

Asuntos Internos pide “sinceras disculpas”

Gutiérrez se puso en contacto con Asuntos Internos el 21 de febrero de 2025 mediante un correo electrónico. En su escrito, presentó una queja en relación a las operaciones policiales llevadas a cabo por los agentes de la Policía Municipal en las que se produjeron las detenciones de los empresarios por presuntos delitos de tráfico de drogas y contra la salud pública.

En su respuesta, el jefe de Asuntos Internos informó a Gutiérrez de que, después de haber tenido conocimiento de la apertura de diligencias previas en el Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, se había remitido al órgano competente “la pertinente propuesta de incoación de expediente disciplinario para depurar la responsabilidad” a la que haya lugar, si los dos agentes investigados llegan a ser condenados en sentencia firme, como figura en un documento de Asuntos Internos consultado por este diario. En el escrito, el jefe de la unidad explica que si se llega a ese extremo se hará conforme establece el artículo 18.2 de la Ley Orgánica 4/2010, que regula el régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía, aplicable también a la Policía Local.

“No quisiera terminar sin antes presentarle, en nombre del Cuerpo de Policía Municipal de Madrid, las más sinceras disculpas por la sensación que haya podido Vd. percibir con motivo de la atención dispensada por dichos agentes”, concluye el jefe de Asuntos Internos en su respuesta dirigida a Gutiérrez. Además, añade que los agentes están para trabajar a diario con el fin de “satisfacer las expectativas de calidad en el servicio a las que legítimamente aspira la ciudadanía”.

Antes de que Gutiérrez se pusiera en contacto con la unidad, Merino escribió un correo electrónico a Asuntos Internos el 10 de febrero de 2025. El empresario puso en conocimiento los hechos que afirmaba estar sufriendo y que, según su versión, podrían constituir “abusos de autoridad” e “irregularidades” en el ejercicio de sus funciones, como informó este diario. Sin embargo, Asuntos Internos no pudo constatar la “responsabilidad disciplinaria” del agente denunciado, R.F., según un documento de la unidad.

En él, el jefe de la unidad explicaba que habían solicitado informes de las actuaciones del agente y si dicho procedimiento se había ajustado a la Ley de Enjuiciamiento Criminal y a la Ley 17/1967, por la que se actualizan las normas vigentes sobre estupefacientes y la II guía práctica de actuación sobre aprehensión, análisis, custodia y destrucción de drogas tóxicas.

Asuntos Internos concluyó que tras revisar toda la información y las pruebas reunidas durante la investigación no se habían encontrado evidencias suficientes para sancionar al agente denunciado. El informe aclaraba que no se dudaba de la versión de quien presentó la denuncia, pero que no había pruebas que permitieran romper la presunción de inocencia del policía. Tampoco se había podido acreditar, señalaba el jefe de la unidad, “ninguna actuación que pudiera incurrir en infracción disciplinaria”. Por tanto, Asuntos Internos procedió al archivo del procedimiento.

Ausencia de sanciones contra los empresarios

A pesar de las numerosas intervenciones de los agentes de la Policía Municipal de Moncloa-Aravaca en tiendas de CBD de diferentes distritos de Madrid, no se han abierto expedientes sancionadores contra sus dueños. Los afectados se pusieron en contacto con el Defensor del Pueblo, que tras haber sido notificado sobre las actuaciones, se puso en contacto con el Ayuntamiento de Madrid con el objetivo de esclarecer los hechos. En su respuesta, afirma que no existe ningún expediente sancionador abierto por el departamento de Salud Pública del distrito, según figura en la documentación consultada por este diario.

La única referencia que consta en dicho departamento, en relación con los hechos objeto de conflicto, es un correo electrónico de la Subdirección General de Salud Pública del Ayuntamiento de Madrid en el que se informaba de unos productos que habían sido intervenidos en tres establecimientos del distrito de Moncloa-Aravaca. Según dicha comunicación, la Policía Municipal había intervenido “productos que contenían estupefacientes (cannabis y otras sustancias), así como productos alimenticios con cannabidiol (CBD) y otros cannabinoides”.

Finalmente, la información relativa a los productos intervenidos fue trasladada a la Subdirección General de Seguridad Alimentaria y Sanidad Ambiental de la Comunidad de Madrid, por encontrarse en el marco de la Estrategia para el control oficial de productos alimenticios que contienen cannabidiol (CBD) y otros cannabinoides y por si procediera su notificación a la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) en base a lo establecido en los procedimientos de actuación, sin que consten más actuaciones en este sentido.

Qué dice la justicia europea

La ofensiva contra el CBD en Madrid —y otros lugares del Estado— nace de un conflicto sobre las interpretaciones legales. Por un lado, la Policía Municipal y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria se aferran a normativas de 1961 y 1967 para tratar cualquier flor de cáñamo como “droga”, sin importar los índices de psicoactividad que tenga la planta. Bajo esta lectura literal, cualquier producto que sea un cogollo se considera automáticamente un narcótico y su venta se persigue como contrabando, apoyándose en una sentencia del Tribunal Supremo que ignora el porcentaje de THC —la sustancia psicoactiva del cannabis—.

Sin embargo, la justicia europea dice lo contrario, como ya informó este diario. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó en 2020 que el CBD no es un estupefaciente porque la ciencia demuestra que no tiene efectos psicotrópicos ni es nocivo para la salud. El fallo europeo aclara que, aunque una lectura estricta de la Convención Única de Naciones Unidas de 1961 podría clasificar al CBD como droga, el “espíritu” de la norma es proteger la salud pública. Por tanto, si el tratado tiene como meta proteger la salud, deben excluirse de la definición de cannabis aquellas flores con una presencia “insignificante” de componentes psicoactivos.

Esta es la misma interpretación que hace la magistrada del Juzgado de Instrucción número 28 de Barcelona, que acordó en un auto dictado el 12 de diciembre de 2025 el sobreseimiento provisional de la causa contra Carlos Ramírez, dueño de la tienda Naturwest, como informó este diario. En su decisión, la jueza esgrimió un informe del Instituto de Toxicología, que detectó únicamente cannabidol, “sustancia propia de la cannabis sativa que tiene efectos terapéuticos” y sin rastro alguno de THC, la “sustancia tóxica”.

Mientras que algunas autoridades españolas, en ocasiones, todavía persiguen el CBD de forma desproporcionada, la justicia europea blinda la libre circulación de este producto entre los países miembros. En los autos de archivo de los casos de Gutiérrez y Merino se recoge que las sustancias intervenidas estaban por debajo del 0,2% de índice de THC. También señalaba que los empresarios “han declarado y explicado convenientemente cómo desempeñan su actividad empresarial cumpliendo escrupulosamente los trámites legales oportunos”.

La visita del León XIV está organizada al detalle, sin lugar para la improvisación. Lo que no parece estar medido al milímetro, sin embargo, es el coste real que tendrá para los ciudadanos el viaje del líder de la iglesia católica: una parte relevante del dispendio quedará oculta en deducciones fiscales y gastos de la administración que pagarán todos los ciudadanos.

Tanto la Conferencia Episcopal como las distintas administraciones que participan en la visita del pontífice han cifrado el coste del viaje en 25 millones de euros, de los cuales cinco provienen de subvenciones directas del Govern catalán y de los distintos cabildos de las Islas Canarias.

El gasto total para la ciudadanía, sin embargo, será mucho mayor del anunciado: más allá de las mencionadas deducciones, el viaje implicará la cesión gratuita de diversos espacios públicos por los que normalmente se cobra dinero y cuyo uso supone un desembolso. Se destinarán, a su vez, miles de funcionarios para labores de seguridad, mantenimiento y limpieza. Algunas administraciones también cederán o directamente sufragarán el material necesario para los eventos. 

A pesar de esta ristra de gastos de dinero público, ninguna de las instituciones públicas implicadas ha querido aportar a elDiario.es un solo dato —ni siquiera aproximado— del dispendio total que supondrán estos servicios que se ofrecerán de manera gratuita. 

Fuentes del Govern catalán aseguran que la subvención directa a la visita del pontífice será de 1,6 millones. El dinero, sostiene, proviene de los ingresos obtenidos por la tasa turística. “No costará un solo euro a los contribuyentes”, apuntan desde el Ejecutivo catalán. 

En la Generalitat, no obstante, evitan precisar el coste de la campaña publicitaria que se ha desplegado y de su inserción en medios públicos en horarios de máxima audiencia.

En Canarias, el Gobierno regional aportará 2 millones de euros a las dos diócesis isleñas (Nivariense y de Canarias). Esta cantidad se suma a los 500.000 que pondrá cada cabildo insular, es decir, un millón más de los contribuyentes de Tenerife y Gran Canaria. 

Se calcula que en Catalunya se destinarán unos 7.000 agentes de policía entre Mossos, Guardia Urbana, Policía Nacional y Guardia Civil, mientras que en Madrid serán unos 14.000 entre todos los cuerpos. A eso hay que sumarle personal de limpieza y otros trabajadores públicos que llevan días dedicándose exclusivamente a la visita papal

Más allá de las subvenciones directas, el Ejecutivo canario y los municipios implicados también incurrirán en otros gastos que no se están cuantificando: guaguas gratis o a precio simbólico, refuerzo de otros servicios de transporte público y otros gastos que no se están precisando.

Tampoco se ha contabilizado el coste de suspender clases y actividades municipales, el cierre de las oficinas en varios Ayuntamientos, la limitación de aparcar así como los cortes de tráfico en autopistas de Tenerife y Gran Canaria. Además, desde el Gobierno regional se recomienda el teletrabajo para evitar desplazamientos. El coste económico de estas medidas no se ha calculado por parte del Ejecutivo. 

La Comunidad de Madrid (CAM) asegura que no destinará subvenciones directas a la visita, aunque ha cedido espacios como la Real Casa de Correos —convertida estos días en Centro Internacional de Prensa—, la plaza de Lima, cerrada al tráfico para la vigilia con los jóvenes, y la plaza de Cibeles, donde el domingo se celebrará una misa con un gran escenario.

Además, la CAM ha puesto a disposición de la visita 80 institutos para alojar a los fieles, aunque finalmente el Arzobispado solo utilizará 18 después de que varios centros se rebelaran y emitieran comunicados contra el proceso seguido para la cesión de estos recintos.

El Ejecutivo regional tampoco concreta el coste de estas actuaciones. “Cuando presentamos el proyecto de la visita del Papa intentamos hacer esa estimación, pero hasta que no concluya el evento es complicado hacer una valoración”, señalan fuentes de la Comunidad.

El coste para los Ayuntamientos implicados

Buena parte de estos gastos no desvelados correrá a cargo de los municipios en los que se celebren actos. El Ayuntamiento de Barcelona (PSC), por ejemplo, cederá gratuitamente el estadio de Montjuic, cuyo precio diario asciende hasta 78.000 euros. 

A ese importe hay que sumarle todos los gastos de gestión, seguridad y mantenimiento que normalmente se sufragan con el alquiler del recinto así como los altavoces, pantallas y equipos de sonido que se instalarán para poder seguir el acto. El grupo de los comuns registró una pregunta en el pleno requiriendo estos importes, pero no ha sido respondida todavía.

Desde el Consistorio barcelonés no han querido tampoco aportar ninguna cifra sobre todos estos gastos indirectos y aseguran que se harán públicos una vez haya pasado la visita de León XIV.

En las Islas Canarias, el Ayuntamiento de Granadilla (CC, PP y Vox), en el sur de Tenerife, anunció en abril que ofrecerá guaguas “gratis” para que los vecinos puedan trasladarse hacia la capital de la isla y acudir a los actos allí previstos el 12 de junio.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife repartirá 10.000 gorras, 10.000 pulseras y 10.000 abanicos conmemorativos, así como 50.000 botellas de agua. También instalará una pantalla gigante junto al recinto portuario donde tendrá lugar la misa para que puedan verla quienes no hayan conseguido inscribirse en el acto. Todo ello, sin especificar cuánto suponen estas acciones para las arcas públicas.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, vaticinó hace meses que la visita del pontífice supondrá un “enorme reto logístico” para la ciudad, con distintos actos abiertos al público o en grandes plazas al aire libre. Solo el dispositivo de seguridad ya supera al desplegado durante la cumbre de la OTAN, uno de los más ambiciosos que se recuerdan.

Se esperan 1.800.000 de asistentes a los dos eventos principales que se celebrarán en Madrid, pero el Consistorio ha preferido no hacer estimaciones sobre el dinero que costará la visita. “Eso no es lo más importante”, respondía el miércoles la vicealcaldesa Inmaculada Sanz a preguntas de este periódico. 

Las deducciones fiscales, otro gasto que no se contabiliza

Otro gasto que acabará corriendo a cargo de la ciudadanía y que ningún recuento menciona será el asociado a las deducciones fiscales de las donaciones particulares y de las grandes compañías que patrocinarán la visita.

Grandes empresas como Telefónica, ACS, Iberia, Iberdrola, Indra (participada en un 28% por el Estado), Mahou, El Corte Inglés o el Banc Sabadell han anunciado que harán donaciones, algunas de cientos de miles de euros, que contribuirán a sufragar el viaje del pontífice. 

El Ejecutivo declaró en un decreto ley que el viaje del Papa se considera un evento de “excepcional interés público”, de manera que tanto las grandes empresas como los particulares que hagan donaciones recuperarán una buena parte de lo que paguen, añadiendo una gasto notable para el erario.

La ley de mecenazgo establece que se podrán deducir el 15% de los gastos en propaganda y publicidad que lleven el sello de la visita papal, el 85% de las donaciones en caso de IRPF y el 45% respecto al impuesto de sociedades, además del 95% del impuesto de transmisiones y actos jurídicos, así como de las tasas e impuestos locales.

El auge de la movilidad eléctrica, con un crecimiento más acelerado que la media del mercado automovilístico, se nota también en la Feria de Vehículos Eléctricos de Madrid (VEM). La muestra celebra del 5 al 7 de junio su undécima edición con dos importantes novedades: se avanza desde las fechas habituales de septiembre y da el salto desde la Plaza de Colón, que se había quedado pequeña, a Madrid Río, un escenario más amplio con el que la organización busca acercar aún más el vehículo eléctrico al gran público y acompañar el crecimiento que vive el sector en España.

La Explanada de la Selección Española de Fútbol, junto al Puente del Rey, se convierte así en el nuevo escaparate de una industria que atraviesa uno de sus momentos de mayor expansión. Organizada por AEDIVE junto al Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, la feria reúne a más de 40 marcas de toda la cadena de valor de la movilidad eléctrica, desde fabricantes de automóviles hasta operadores de recarga y compañías energéticas, en una edición que aspira a superar los cerca de 40.000 visitantes registrados el año pasado.

De la plaza de Colón a Madrid Río

Tras la inauguración a cargo del secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, se ha abierto una cita que se ha consolidado como el principal escaparate urbano de la movilidad eléctrica en España. El cambio de ubicación no es casual. Madrid Río ofrece un entorno abierto y familiar, con una elevada afluencia de ciudadanos durante los fines de semana, lo que permitirá a la feria ganar visibilidad y conectar con nuevos públicos.

El crecimiento de VEM va de la mano del propio desarrollo del mercado. Las matriculaciones de vehículos (de cuatro y dos ruedas) electrificados acumulan un incremento del 43% hasta mayo, con un total de 125.259 unidades vendidas, mientras que la red de recarga de acceso público supera ya los 56.000 puntos en toda España tras crecer un 12% respecto a diciembre de 2025. Son cifras que reflejan una transformación acelerada del sector y que explican el creciente interés de fabricantes y consumidores por este tipo de eventos.

El visitante encontrará una oferta más amplia que nunca. Marcas como Audi, BYD, Changan, Cupra, Ford, Geely, Kia, Lexus, Mercedes-Benz, MG, Omoda, Polestar, Renault, Skoda o Tesla exhiben sus últimas novedades eléctricas e híbridas enchufables. Además, la feria mantiene una de sus señas de identidad: la posibilidad de probar vehículos en condiciones reales de circulación urbana, una experiencia que busca derribar barreras y resolver dudas entre quienes aún contemplan la electrificación con cautela.

Novedades presentes en el VEM 2026

Entre las novedades destacan el Cupra Raval, que está en pleno proceso de lanzamiento, el nuevo Renault Twingo junto al R4 y R5 eléctricos, los Kia EV2, EV4 y EV5, el renovado Tesla Model Y, los híbridos de Ebro, el Audi Q6 Sportback y una amplia presencia de marcas chinas con BYD, Changan, Geely, Omoda y Jaecoo y Leapmotor. La feria también permite conocer de primera mano las últimas soluciones de recarga doméstica y pública, servicios energéticos y fórmulas de movilidad compartida.

Una de las iniciativas más llamativas de esta edición llega de la mano de Ford. La compañía aprovechará la feria para poner en marcha su campaña “Prueba Solidaria”, mediante la cual donará 30 euros a la Casa Ronald McDonald por cada prueba de conducción realizada durante el evento. El objetivo es alcanzar las 600 pruebas y recaudar 18.000 euros destinados a mejorar instalaciones que utilizan familias con niños hospitalizados en Madrid.

El consejero de Cultura del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, Mariano de Paco, ha respondido a las críticas de estos días por el calor en las aulas en los colegios públicos de la Comunidad de Madrid. Durante el pleno en la Asamblea de Vallecas, de Paco ha asegurado que él cursó la EGB en un colegio de Murcia y que puede constatar que “cuando hace calor, hace calor”, en referencia a las polémicas declaraciones de la consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo. “Y aquí estoy y aquí estamos todos y no pasa absolutamente nada”, ha añadido.

Además, durante su intervención, que ha contado con el reproche de la bancada de la izquierda, el consejero de Cultura ha asegurado que él “lo que ha hecho” para llevar al colegio a su hija este jueves es “ponerle un pantalón corto y una camiseta de manga corta”. “Como hemos hecho toda la vida”, ha añadido. “Lo que pasa es que ustedes se ponen del lado de países donde la libertad de vestimenta no existe y eso no se podría hace”, le ha espetado a Más Madrid, que precisamente este miércoles propusieron apagar el aire acondicionado en el edificio de Vallecas como señal de protesta.

De Paco también ha mencionado al poeta Vicente Medina que escribió 'La Cansera' en Murcia: “El calor a lo mejor es fuente también de inspiración”, ha dicho.

Esas palabras de “cuando hace calor, hace calor”, las lanzó Zarzalejo esta misma semana. Aseguró entonces que en este curso la Comunidad había hecho una “inversión de casi 18 millones de euros solo en climatización”, además de explicar algunas medidas tomadas como la instalación de toldos o de más zonas de sombra.

La Comunidad se desentiende de las protestas

Mientras las asociaciones de familias de colegios públicos de la Comunidad de Madrid continúan protestando estos días por la falta de climatización para hacer frente a las altas temperaturas, una carta de la Consejería de Educación afirmaba que “los centros han de adaptar el plan general de actuación frente a las olas de calor a las necesidades propias del centro”.

La portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha reprochado al Gobierno de la región esta situación durante el pleno de este jueves. “¿Cuando hace calor, hace calor? Eso no se atreve a decírselo a los padres y madres a la cara en la salida del colegio”, le ha lanzado a Ayuso.

“El Gobierno de Ayuso ha decidido reírse de la angustia de las familias y decir tontadas como que ”cuando hace calor hace calor“ y que ”el calor es fuente inspiración“. El calor en las aulas no es fuente de inspiración, es fuente de dolores de cabeza, de deshidratación y de desmayos”, ha añadido posteriormente Bergerot en declaraciones a los medios de comunicación.