Presión, movilización, acuerdo. Estos fueron los tres pasos que aplicaron los sindicatos en Andalucía durante la legislatura del presidente Juan Manuel Moreno, una constante mantenida a lo largo de cuatros años, especialmente al final del período del mandato y con falta de tiempo para aplicar los acuerdos y comprobar su efectividad. CSIF, CCOO, UGT, Satse, Sindicato Médico Andaluz (SMA), USTEA y ANPE coinciden en que el diálogo ha sido complejo, lleno de aristas. Pero las manifestaciones frente al Palacio de San Telmo persistentes, con huelgas sanitarias y educativas mediantes, han traído nuevos pactos en un periodo de crecimiento y estabilidad económica. Con unas cifras de empleo récord, apuntan los sindicatos, toca repartir la riqueza y reforzar los servicios públicos.

La tasa de paro en el primer trimestre de este año se situó en un 14,66%, la cifra más baja desde 2008, y con una ocupación en torno a las 3,6 millones de personas. En una comunidad que ha sufrido los embates de la desigualdad, este contexto económico infla los ánimos, los discursos políticos que reclaman para sí la bonanza y, sobre todo, las arcas públicas. Unos datos en los que influye la reforma laboral de 2021, promovida por el Gobierno de coalición, que provocó el descenso de hasta un 10% de la temporalidad entre los trabajadores andaluces. Pese a los avances, la brecha salarial que separa a la comunidad con el resto de España es del 22,1%, según se desprende de la Agencia Estatal de la Administración tributaria (AEAT). Además, un 46,9% de los salarios se encontraban por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en 2025, ¿qué hacer contra la precarización histórica?

“Tenemos más recursos que nunca, pero en esta legislatura se ha profundizado el deterioro intencionado, continuo y paulatino de los servicios públicos, que son los mecanismos para la igualdad”, apunta Nuria López, secretaria general de CCOO-A. “Las brechas han aumentado y, si hay más recursos y mejores datos, entonces las políticas son erróneas”. En este punto, coincide Germán Girela, presidente de CSIF Andalucía, quien señala que “los acuerdos han llegado en el último tramo de la legislatura y ha habido que presionar mucho para sacarlos adelante”. En un tono similar, Óskar Martín, secretario general de UGT-A, indica que el balance no es “suficientemente positivo”: “Las medidas de carácter social avanzan con una lentitud injustificable y están llegando tarde a una ciudadanía que no puede seguir esperando mientras persisten la precariedad, la desigualdad, la vulnerabilidad y, ahora también, un escenario internacional complejo”.

Sanidad: el pulso por más recursos

La palabra “sindicato” no aparece en el programa electoral del PP andaluz, solo “organizaciones sindicales” relativo a la integración de la mujer en el sector de la energía. Pero Moreno sacó a relucir los cinco grandes acuerdos en materia sindical logrados en la legislatura de la mayoría absoluta, para lo que, recuerdan las organizaciones, ha habido una batalla dura detrás.

En materia de sanidad pública, que se sitúa como la primera preocupación de los andaluces en el CIS, las Mareas Blancas han señalado la fragilidad de un sistema que adolece por las listas de espera y una falta de plantilla y recursos que, entre otras cuestiones, provocó la crisis de cribado de cáncer de mama. Catalina García fue la consejera de Salud a inicios del segundo mandato de Moreno, pero una vez destituida, la siguió Rocío Hernández en 2024, quien también fue reemplazada por Antonio Sanz en plena alarma social por los cribados, al que los sindicatos atribuyen un cambio de postura que ha beneficiado el diálogo social y la asunción de acuerdos.

El primer apretón de manos entre la Junta y los sindicatos fue el Pacto Social y Económico por el Impulso de Andalucía, firmado por UGT, CCOO y la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) en marzo de 2023 con una inyección de 8.840 millones de euros, y en el que se contempla, entre otras cuestiones, el Plan de Empleo Juvenil y una inversión amplia en la atención primaria, para lo que vendría a reforzarla un segundo logro.

Ese fue el Pacto para la Mejora de la Atención Primaria, logrado in extremis en mayo de 2023 con la rúbrica de UGT, CCOO, CSIF y Satse, después de que el Ejecutivo autonómico eliminara la concertación de esa prestación con la sanidad privada. En él, se contemplaba que un 25% del presupuesto sanitario fuera a este servicio y, a tres años, el presupuesto sanitario marca cifras históricas, pero el gasto sanitario per cápita se sitúa en 1.870 euros frente a los 2.013 de media estatales y la derivación a la sanidad privada continúa. ¿Cuál es el balance?

“El estado de la sanidad andaluza es delicado, falta plantilla y hay una sobrecarga de trabajo, queremos que todo vaya más rápido para dar una mejor asistencia a la ciudadanía”, sentencia Juan José Sánchez, secretario general de Satse en Andalucia. El traslado de los compromisos firmados a medidas que alivien la carga asistencial urge entre una plantilla que ha reivindicado una y otra vez acciones contundentes. La crítica se mantiene desde CSIF, que, aunque no firmara el pacto, advierten que su desarrollo “sigue coleando y va más lento de lo que nos gustaría”. “La atención primaria es la puerta de entrada al sistema sanitario y debe implementarse al 100% cuanto antes si queremos dar salida a alguno de los problemas que tiene Andalucía”, subraya Girela.

“La última fase es donde ha habido acuerdos significativos”, contempla Rafael Ojeda, presidente de SMA, “como el aumento de la retribución de la hora de guardia o el del fin de la exclusividad”, pese a que hay otras cuestiones a limar, como la simplificación de la acreditación de competencias para avanzar en el modelo de carrera profesional. “La derivación a servicios privados ya se daba desde que el PSOE estaba gobernando, pero las listas de espera continúan para los cribados de cáncer y las pruebas diagnósticas o de espera para una intervención quirúrgica: el problema de fondo es la falta de médicos en la sanidad pública”, sentencia.

El tercer gran pacto sindical en el ámbito sanitario fue el Acuerdo sobre la Carrera Profesional del Servicio Andaluz de Salud (SAS), con el respaldo de UGT, CCOO, Satse, CSIF y SMA. “Llega al tercer intento y en el último tramo de la legislatura, como ha ocurrido con el resto de acuerdos”, señala Girela (CSIF), “hemos conseguido que la carrera profesional impacte en todos los colectivos del SAS, algo que no se producía hasta ahora”. Por su parte, Sánchez (Satse) espera a la nueva convocatoria pública de 6.000 empleos equilibren los recursos, se consoliden los puestos y, así, lograr que las ratio de las enfermeras suban del 5,1 al menos un punto para alcanzar la media nacional.

La sanidad andaluza ha estado atravesada por las huelgas médicas en protesta por las negociaciones del Estatuto Marco, una negociación estacanda con el Ministerio de Sanidad y que, al margen de las diferencias entre los profesionales sanitarios, ha aprovechado Moreno. El candidato popular relacionó el estado maltrecho de la sanidad pública a la “incapacidad” del Gobierno central de negociar con los facultativos las condiciones de su carrera en una fecha clave: la presentación de su programa electoral.

Vivienda: una ILP en contra de la ley autonómica

Una de las afrentas que mantienen los sindicatos contra el Ejecutivo de Moreno es la ley autonómica de Vivienda. Su entrada en vigor a principios de este año las animó a confluir: “El objetivo fundamental de la norma es aumentar la oferta de vivienda, que es un objetivo que compartimos, pero trata la vivienda como un bien de mercado”, argumenta Martín (UGT). El valor de inversión choca con la crisis habitacional que asola el país y dispara los precios y, teniendo en cuenta que solo se construyó un 6,5% de viviendas protegidas entre 2014 y 2024, UGT, CCOO, Facua y la Red Vecinal Andaluza presentaron una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) en el Parlamento andaluz.

“La ILP trata la vivienda como un bien de interés general, porque los trabajadores necesitan que se construya más vivienda, pero vivienda asequible”, subraya. El propósito es reforzar el parque de vivienda público y, sobre todo, que sea permanente. Así, se convertiría en “un contrapeso” para el mercado especulativo, señala. En consonancia, López (CCOO) va un paso más allá y acusa al PP de “no haber acompañado a la ciudadanía”: “No han existido políticas de vivienda hasta el final de la legislatura y, en esta ley, lo que se prioriza es entregar suelo a las grandes constructoras para subirnos el precio a la ciudadanía”. En aras de conformar ciudades más inclusivas, añade que la ideación de barrios “amables”, con servicios públicos cercanos y espacios verdes, se encuentran entre sus reivindicaciones.

En este caso, los que han capitaneado las protestas en las calles han sido, sobre todo, las entidades sociales. El 14 de febrero de este año fue la última vez que hubo una manifestación por la vivienda, convocada por Barrios Hartos en Sevilla, como una medida de presión y denuncia para que se alcanzara un acuerdo para las 11 familias de Palmete. Antes, el 5 de abril de 2025, las capitales andaluzas secundaron la movilización nacional por el derecho a la vivienda y la subida imparable de los precios, tanto del alquiler como de la compra-venta de inmuebles.

Educación: la escasez de FP y las infraestructuras

La educación también ha dado quebraderos de cabeza en el mandato de la mayoría absoluta. Tras las huelgas, la Consejería de Educación, liderada por María del Carmen Castillo, se sentó a afirmar el tercer logro sindical: el Acuerdo para la Mejora del Sistema Educativo, en julio de 2025 y firmado por ANPE, CSIF y UGT. Apuntan a varias mejoras logradas: la bajada de ratio, que se sitúa en un principio para 22 alumnos en educación infantil, el refuerzo de plantillas, permisos de conciliación, acceso a cátedras, la simplificación burocrática o la implantación del teletrabajo. Además, mencionan dos hitos: la equiparación salarial para que los docentes dejen de ser de los peor pagados en el país y el reconocimiento a la autoridad del profesorado como herramienta para respaldar su labor.

Todavía quedan deberes pendientes: la atención a la diversidad y la Formación Profesional. El descenso demográfico ha propiciado la eliminación de un total de 2.758 líneas (clases), una cuestión que Susana Cueto, responsable de Acción Sindical de ANPE Andalucía, ve como una oportunidad: “La bajada de ratios es un colchón que permite compensar la pérdida de unidades”. Junto a la reestructuración de las aulas, demanda más profesionales de audición y lenguaje, al igual que llegar al ratio de 1 orientador por cada 250 estudiantes, tal y como establece la Unesco, para lograr una escuela inclusiva. “El profesorado está desbordado con todas estas cuestiones”, asevera.

En cuanto a la FP, Girela (CSIF) advierte que la oferta de la pública “es muy limitada” en función de la demanda y hay un número insuficiente de empresas para complementar el itinerario de la DUAL, mientras que se encuentran con “una proliferación de las empresas privadas para darla”. En un informe realizado por CCOO se estima que la FP privada ha crecido un 66% frente al 29% de la pública hasta el curso 2024-2025, concentrando tres de cada diez alumnos, y aunque la Junta asevera que evoluciona la creación de plazas públicas, no desglosa el crecimiento de la oferta privada desde 2018. Además, la modalidad de grado básico dirigida a alumnado con necesidades educativas especiales (NEE) variará para el curso próximo, con su eliminación en al menos 33 institutos andaluces a raíz de una reordenación porque, justifica el Ejecutivo, un 50% de los estudiantes no ha promocionado ni superado el currículo.

Al respecto, Cueto (ANPE) afirma que estarán vigilantes, ya que el cambio del alumnado de una FP básica a una ordinaria o a un programa de transición a la vida adulta (PTVAL) supondría una dificultad añadida. “Nos preocupa con qué apoyos y recursos van a contar los centros a partir de septiembre”, lo que ha provocado la movilización de las familias a las puertas de la campaña electoral en un intento por hacer que la Junta eche marcha atrás.

Otro aspecto sobre el que incide Fran Fernández, portavoz del sindicato USTEA, son las infraestructuras escolares. “El presupuesto en Educación sube, aunque sea más bien para la concertada, pero las infraestructuras están a la cola de los planes”. Por ejemplo, la ley para la mejora de las condiciones térmidas de las aulas, aprobada en 2020, “solo se ha desarrollado un 8%”. Los veranos asfixiantes e inviernos gélidos, fruto del contraste acusado que provoca la crisis climática, es un factor más dentro de “la dejadez” en el mantenimiento de edificios que llevan décadas, subraya, donde la colaboración con los ayuntamientos es imprescindible. “Necesitamos mejoras técnicas y climáticas para dar una educación pública de calidad”, remarca.

Dependencia: las listas de espera

En materia de dependencia aún no se ha alcanzado ningún gran acuerdo en el sector, pese a las medidas impulsadas por la Consejería de Loles López. Ante una población más envejecida y vulnerable, la reforma de la ley de dependencia de 2006 parece un paso ineludible. A las puertas del Palacio de San Telmo, la Unión de Jubilados y Pensionistas (UJP) de UGT y CCOO exigieron este mismo miércoles una respuesta “urgente” a la Junta a la luz de los informes: hay 40.092 personas en lista de espera, un leve decrecimiento en comparación al año anterior, según el Observatorio de la Dependencia, pero hay más de 25.000 personas tienen reconocida su situación sin haber sido atendidas. Además, 6.995 personas murieron sin recibir atención y la resolución de expedientes llega a tardar 470 días, casi tres veces por encima de los 180 días estipulados por ley.

“Las listas siguen aumentando, lo que dificulta el día a día de muchas familias, especialmente a las mujeres, que tienen que cogerse excedencias o dejar su trabajo para los cuidados, o que se gastan el dinero en pagar una residencia hasta que les llegue las ayudas porque no pueden disfrutar de ese derecho”, indica Nuria López (CCOO). En este sentido, Óskar Martín (UGT) tacha de “inadmisible” las condiciones en las que se da la tramitación para el reconocimiento. “La dependencia exige también medidas de mejora para los usuarios del sistema y de los trabajadores, ya que no es de recibo el maltrato que reciben unos y otros por los retrasos continuos y las malas condiciones laborales”, acusa, instando a que haya un diálogo permanente porque la sanidad y la dependencia “son dos pilares básicos”.

La función pública y los vaticinios para el nuevo curso

De cara a los comicios andaluces, las fuerzas sindicales claman por un refuerzo del sistema, habiendo recursos económicos que pueden lograrlo. “La petición que le hacemos a todos los partidos políticos es un compromiso firme con el refuerzo de la sanidad, la educación, la justicia y la mejora de las condiciones laborales de sus profesionales. Hay que cuidar y blindar los servicios públicos, y le exigiremos que cumplan con valentía, recursos y financiación”, reclama Girela (CSIF). Todos los sindicatos consultados defienden su independencia y no secundan a ningún partido político en concreto, pero expresan se mostrarán críticos con las propuestas hechas por cada grupo y negociarán con quien dirija el próximo ejecutivo autonómico.

Entre las tareas pendientes, queda la devolución por parte de la comunidad de las pagas extras que se detrajeron en los años 2013 y 2014 a los empleados públicos, ya que, la Junta de Andalucía tiene “el triste honor” de ser la única que no lo ha finiquitado. Con relación al funcionariado, está el último gran pacto del Gobierno andaluz: el Acuerdo para la Mejora del Empleo Público, sellado con CSIF, UGT y CCOO, el cual afecta a casi unos 80.000 empleados del sector público andaluz y que tiene una vigencia por un periodo de cinco años. La formación continua, la estabilidad laboral y la transformación digital son las señas de un pacto que supone “la transformación” de la administración pública, apuntan desde UGT, e instan a no abandonarlo.

Horas después del 1 de mayo, los sindicatos recuerdan que los esfuerzos por mejorar la calidad laboral de los trabajadores y, en suma, de la sociedad, se hace cada día y se lleva a las calles con protestas y manifestaciones que obligan a la administración a rendir cuentas sobre sus actos y cumplir con sus obligaciones. Aunque echan en falta un mayor respaldo, con más gente fuera clamando por sus derechos, todos ellos aseguran que proseguirán en la lucha, más o menos unidos, y siempre vigilantes con lo que ocurra en la próxima legislatura en Andalucía.

El paro bajó en 1.100 personas en el primer trimestre en Andalucía hasta los 621.700 desempleados, un 0,2% menos que el trimestre anterior, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Con la bajada del primer trimestre, se acumulan ya dos trimestres consecutivos de descensos en el desempleo en la región y la tasa de paro se sitúa en 14,66%.

Esta cifra de parados es la más baja en un primer trimestre desde 2008. Desde el inicio de la serie del INE, el paro ha bajado en el primer trimestre la mayoría de veces en Andalucía (13 veces) mientras que ha subido en 11 ocasiones, siendo el descenso del último trimestre la bajada más pequeña desde que hay registros.

En el primer trimestre se destruyeron en Andalucía 8.900 puestos de trabajo (0,2% respecto al trimestre anterior), llevando el total de ocupados a 3.617.900 personas, la cifra más alta de ocupación en un primer trimestre desde que hay registros.

Mientras, el número de activos se situó a cierre del primer trimestre en 4.239.600 personas en la región, tras reducirse en los últimos tres meses en 10.000 personas (0,24%).

En el último año el paro se ha reducido en 47.500 personas (-7,1%) en Andalucía y se han creado 141.800 empleos (+4,1%), mientras que el volumen de activos se ha reducido en 94.300 personas (2,3%).

Por sexos, en el primer trimestre el desempleo femenino bajó en 6.800 mujeres (-2%), frente a un retroceso del paro masculino de 5.700 parados (-2%). Con estos datos, el número de mujeres en paro se situó en 336.600 y la tasa de paro femenino en el 17,2%. Por su parte, 285.100 hombres estaban en paro al cierre del trimestre, con una tasa de paro masculina del 12,49%.

En cuanto a los jóvenes, el número de menores de 25 años en paro en Andalucía aumentó en 3.900 personas los tres últimos meses hasta situar la tasa de paro juvenil en un 32,39%.

Según el INE, el número de asalariados con un contrato indefinido subió en 12.900 personas en el primer trimestre en la región y el de temporales se redujo en 28.800 asalariado. Tras estos cambios, el número de asalariados se situó en 3.056.000 personas, de los que 2.482.700 tenían contrato indefinido (el 81,24%) y 573.300, temporal (el 18,76%).

Mientras que el sector público generó 4.300 puestos de trabajo en Andalucía, un 0,65% más, hasta un total de 663.800 ocupados, el sector público destruyó 13.200 puestos de trabajo, un 0,44% menos, hasta un total de 2.954.100 ocupados.

El número de ocupados a tiempo completo se redujo en 5.400 personas en el primer trimestre (-0,17%) en la comunidad hasta los 3.147.300 ocupados. Por su parte, los asalariados a tiempo parcial disminuyeron en 3.600 (-0,76%), hasta sumar 470.600 personas.

Por sectores, el paro bajó en Servicios, 9.500 menos (-3,74%); Agricultura, 8.500 menos (-12,21%); Construcción, 200 menos (-0,88%), mientras que se incrementó en Parados que buscan primer empleo o han dejado su último empleo hace más de 1 año, 15.600 más (+5,96%); Industria, 1.800 más (+12,24%).

“En Andalucía hay mucho talento femenino”. El acto de celebración del décimo aniversario del programa de Coca-Cola GIRA Mujeres que apoya e impulsa a emprendedoras a crear o potenciar su propio negocio empezó con la reivindicación por delante. Son palabras de Beatriz Codes, directora de Comunicación, Asuntos Públicos y Sostenibilidad de Coca-Cola Europacific Partners, que ponía en valor la importancia de Andalucía en este proyecto puesto que el 34% de las mujeres que participan en él está formado por andaluzas.

Más de un centenar de personas se han dado cita este miércoles para la citada conmemoración en la sede de la Cámara de Comercio, en Torre Sevilla. También ha habido lugar para el recuerdo, con un respetuoso minuto de silencio en memoria de la recientemente fallecida Olga Carrión, hasta ahora directora del Instituto Andaluz de la Mujer. Por su parte, Ana Mestre, vicepresidenta del Parlamento Andaluz, también resaltó la importancia de GIRA Mujeres y afirmó que era el resultado del esfuerzo, valentía y resistencia. “Este proyecto ha hecho posible que muchas mujeres pudiesen caminar un camino que no existía”, ha asegurado. 

Un proyecto que tiene presente, y también futuro. A nivel interno, Coca-Cola se ha propuesto que un 33% de plantilla esté compuesta por mujeres y que en los puestos de dirección haya un 45% de mujeres en 2030. “Tiene que ser una realidad si o si”, ha afirmado la directora de Comunicación, Asuntos Públicos y Sostenibilidad de Coca-Cola Europacific Partners. Por otro lado, Codes ha comentado las novedades que habrá en GIRA Mujeres para 2026, donde crearán dos itinerarios: una “ruta en compañía”, de carácter grupal, y una “ruta a tu medida”, individual, donde se tratarán las barreras existentes, la falta de autoconfianza, de educación financiera o temas de conciliación, además habrá formación en Inteligencia Artificial y tecnologías.

Un techo de hormigón

Tras la presentación se han celebrado mesas redondas para poner el foco en la reivindicación del papel de las mujeres, y que han sido moderadas por el periodista Juan Carlos Blanco. Ha habido tiempo para historias que nacen del emprendimiento, con la participación de Vanessa Muñoz, presidenta de la Asociación de Empresarias Sevillanas; Conce Macías, directora general de proyectos en AlmaNatura; María del Robledo Lechuga, finalista de GIRA Mujeres en 2020 con el proyecto 100porcienrural; o Pilar Ramos, directora de emprendimiento, innovación y comunicación de Andalucía Emprende.

Todas ellas han puesto el foco en la dificultad de emprender siendo mujer. “La falta de confianza o autoconfianza no te permite ver las oportunidades que tienes”, ha asegurado Pilar Ramos. Sin embargo, pese a las trabas que reciben, Vanessa Muñoz ha dicho tener claro que “el techo de cristal cada vez es más fácil de atravesar”.

La importancia de GIRA Mujeres es clave para superar estas barreras. Un claro ejemplo es el de María del Robledo Lechuga, que dejó de trabajar por su triple maternidad en solo tres años. No se terminaba de sentir realizada sin una ocupación, ha confesado, y el proyecto de GIRA Mujeres asegura que le dio “las alas para decir puedo”, además de sentir que “alguien” había creído en ella“. 

Una minoría que se hace notar

Otra de las mesas redondas ha abordado el papel de la mujer como líder, algo complicado en la sociedad actual debido a la falta de directivas y mujeres en cargos de responsabilidad. Para tratar el tema han estado Isabel Morillo, directora de El Correo de Andalucía, Prensa Ibérica; Mª Ángeles Cordero, presidenta de la Asociación para el Progreso de la Comunicación; Raquel Vega, 1ª teniente alcalde y delegada de Economía y Cultura del Ayuntamiento de La Rinconada; Mercedes Soriano, coordinadora provincial de Sevilla del Instituto Andaluz de la Mujer. 

La falta de confianza y autoexigencia son los puntos claves donde se denota el derrotismo de las mujeres para acceder a altos cargos, según se ha desprendido de esta charla. “Nosotras tenemos que trabajar en esa falta de confianza y no ser tan exigentes”, ha afirmado Ángeles Cordero. Por otro lado, la periodista Isabel Morillo ha reflejado su hartazgo alegando que le gustaría “no tener que estar reivindicando el papel de la mujer y su liderazgo”, mientras que Raquel Vega ha apostado por un tono más reivindicativo: “Yo ya pido perdón, no permiso”. Para concluir el debate, Mercedes Soriano ha puesto el foco en la conciliación y la corresponsabilidad para que haya paridad entre hombres y mujeres, “no solo en las tareas del hogar o de nuestros hijos sino en la de nuestros mayores”. 

El acto ha finalizado con una breve entrevista entre Beatriz Codes y Manuela Villena, directora de relaciones institucionales Bidafarma. En ella, Villena ha destacado que “hay una nueva forma de entender el liderazgo”, con aptitudes “que las mujeres aportamos de forma natural, como la empatía”. Además, ha mirado al pasado recordando su mayor desafío al aceptar la gerencia del distrito de Barajas en Madrid el 2012, en plena crisis económica. “Lo superé con escucha, responsabilidad, compromiso, trabajo, un gran equipo y teniendo capacidad de empatía; fue una de mis etapas más enriquecedoras”.

Villena también ha confiado en que en el futuro trajera cambios “principalmente en conciliación, donde hombres y mujeres podamos equilibrar nuestra vida personal”. “También en igualdad salarial, donde actualmente hay una desigualdad del 20%, y más mujeres en los puestos directivos. Hay que visibilizarlas, para que se genere un efecto multiplicador”. Por último, dejó un mensaje para todas las mujeres emprendedoras: “Todas somos válidas, hay que saber que estamos preparadas, todas dudamos de nosotras mismas, pero lo importante es que esas dudas no te frenen… Podemos con todo, la clave es la organización”.

Treinta imágenes para contar tres décadas de trabajo colectivo, empleo y transformación social en Andalucía. Así se presenta la exposición “Miradas al cooperativismo andaluz. 30 años, 30 fotos”, inaugurada por la Federación Andaluza de Empresas Cooperativas (FAECTA) en Sevilla, una propuesta que recorre la evolución del cooperativismo andaluz a través del lenguaje visual.

La exposición, instalada en el Centro Cívico Hogar San Fernando, ofrece una visión actual y diversa del sector, combinando fotografía documental y mirada creativa para reflejar no solo la actividad empresarial, sino también a las personas, procesos e impacto social del modelo cooperativo en el territorio.

Durante el acto inaugural, el presidente de FAECTA, Luis Miguel Jurado, destacó que “el cooperativismo andaluz ha demostrado su capacidad para generar empleo estable, cohesión social y desarrollo territorial durante las últimas décadas, consolidándose como un modelo empresarial clave en Andalucía.

Pero además, es un modelo que pone a las personas en el centro de la economía, que reinvierte en el territorio y que resiste mejor los ciclos de crisis porque se basa en la cooperación, la participación democrática y el compromiso colectivo. Esta exposición quiere precisamente reflejar eso: que detrás de cada cooperativa hay historias de vida, de esfuerzo compartido y de futuro construido entre todos“.

El evento contó con la participación de representantes institucionales y del ámbito de la economía social, entre ellos Carmen Durán Barrantes, directora general de Trabajo Autónomo y Economía Social; Antonio Agustín Vázquez, delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo en Sevilla; José Antonio Mesa, diputado de Izquierda Unida; y José Luis García Martín, teniente de alcalde del Área de Barrios de Atención Preferente, Derechos Sociales, Empleo, Familia, Igualdad y Asociaciones. Asimismo, asistieron Francisco Javier Roldán Toledo, presidente de la Federación Andaluza de Empresas Cooperativas (FAECTA) en Sevilla, e Ismael Medina Claros, director general de la Federación Andaluza de Empresas Cooperativas (FAECTA), reforzando la representación del tejido cooperativo en el acto.

Uno de los elementos destacados de la inauguración fue la presencia de una delegación de 20 diputados hondureños, que visitaron la exposición en el marco de un viaje institucional para conocer experiencias del modelo cooperativo andaluz, lo que subraya el interés internacional por el cooperativismo andaluz como referente de desarrollo económico y social.

La exposición es el resultado del trabajo conjunto de ocho empresas y profesionales del ámbito audiovisual, una por cada provincia andaluza, que han aportado su visión para construir un relato colectivo sobre el cooperativismo en Andalucía. Entre las entidades participantes se encuentran María Cariñanos González, La Pinza Producciones, MOWOMO, Intégrate Media, Five o’clock, Ciento Ochenta Grados, Mírame Almería y Haciendo Banda.

Cada una de las obras busca capturar no solo la actividad económica, sino también las historias humanas que hay detrás de las cooperativas: trabajadores, comunidades y proyectos que reflejan una forma distinta de entender la economía, basada en la participación, la igualdad y la gestión democrática.

La muestra podrá visitarse del 13 al 19 de abril en el Centro Cívico Hogar San Fernando de Sevilla, con acceso libre para el público.

Unicaja ha realizado “análisis preliminares” con el objetivo de alcanzar un “potencial acuerdo” con WiZink Bank, aunque por el momento no hay nada definido, según ha informado este lunes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

“Unicaja Banco comunica que, de forma regular, analiza potenciales oportunidades de inversión u operaciones corporativas que pudieran resultar de interés para todos sus accionistas”, ha indicado la entidad andaluza en un comunicado. “En este sentido, confirma análisis preliminares con WiZink Bank, con conocimiento del consejo de administración y dentro del marco definido en el plan estratégico, relativos a un potencial acuerdo, no definido por el momento”, ha apostillado, recoge Europa Press.

El comunicado llega después de que 'El Confidencial' avanzara este lunes un potencial acuerdo entre ambas entidades. Sin embargo, dicen desde la compañía, no se ha adoptado “ninguna decisión definitiva”, sin definir si el acuerdo sería por la totalidad del banco o por una parte del negocio.

2.200 millones de euros de exceso de capital

WiZink cerró 2025 con unas pérdidas de 52,5 millones de euros, lo que supone duplicar los 'números rojos' del año anterior. Entre enero y diciembre logró 300 millones de euros en ingresos (margen bruto), un 8% menos.

En el mes de febrero, en una conferencia con analistas, el consejero delegado de Unicaja, Isidro Rubiales, afirmó que el objetivo del banco seguía siendo mantenerse como una entidad independiente. Además, no descartó que el banco pudiera crecer de manera inorgánica utilizando el exceso de capital que posee que, a cierre de 2025, se elevaba a casi 2.200 millones de euros.

El plan estratégico del banco contempla la posibilidad de crecimiento a través de fusiones o adquisiciones. Sin embargo, durante el primer año de ejecución, Unicaja no ha utilizado su exceso de capital para realizar ninguna operación.

Uno de los segmentos en los que quiere crecer el banco andaluz es en crédito al consumo. Ya en su momento, Rubiales explicó que entre las opciones no solo estaba el crecimiento orgánico, sino también a través de adquisiciones.

Unai Sordo (Bilbao, 1972) analiza desde Sevilla el contexto sociopolítico en el que España goza de una macroeconomía fuerte aunque atravesada por una crisis habitacional y una amenazadora inflación frente a una guerra que pone en apuros el orden internacional. El secretario general de CCOO, elegido para un tercer y último mandato, descarta participar en cualquier confluencia de izquierdas, pero su visión es nítida: más vale dejar a un lado las luchas internas para conformar un mensaje claro y directo para la movilización del voto. Ante unos 2.000 delegados, arengó a la asamblea andaluza a pasar a la acción, pese a la resistencia de la patronal para la mejora de los salarios o el registro horario, en donde también reprocha al Gobierno de Pedro Sánchez que no asuma una postura única en su compromiso con los sindicatos.

Acabamos marzo con datos récord, tanto a nivel nacional como en Andalucía. Mientras que el Ejecutivo nacional y autonómico lo celebran, la oposición lo tacha de maquillaje. ¿Cuál es la lectura que saca el sindicato?

Los datos de empleo son los mejores que ha dado España a lo largo de su historia y esto es incontestable. Es muy curioso que cada una de las comunidades autónomas, incluso las 11 del PP, lo digan, mientras que el acumulado sostengan que son datos “maquillados”. Más allá del politiqueo, nunca ha habido más gente trabajando que ahora en el país. España está en disposición de alcanzar el pleno empleo en el próximo lustro si continúa la transición energética como un factor de atracción de inversión productiva. Ahora, el reto es que ese empleo sea de calidad y lleve asociado salarios suficientes para que la gente llegue a fin de mes. Ese es el gran reto, porque hay 10 millones de personas en España cuyos salarios están estancados desde hace años.

En ese proceso de transición, Andalucía atrae la industria del hidrógeno verde, pero falta mano de obra especializada, mientras que, por ejemplo, la generación Z no quiere trabajar en la hostelería dada las condiciones que ofrece. ¿Cómo se logra que la patronal responda a estos requerimientos?

El problema de vacantes que aludían los empresarios era bastante tramposo, pero creo que a partir de ahora sí será real. En algunos casos, está relacionado con los salarios y, en otros, con el coste asociado a trabajar, por ejemplo, a aquella gente que se tiene que desplazar a las costas para trabajar en la hostelería y tiene que pagarse un piso no le sale a cuenta. Por tanto, la vivienda empieza a ser un problema grave en la movilidad laboral interior de España. Los sectores que necesiten mano de obra van a tener que pagar buenos salarios, y España tiene que aspirar a transformar paulatinamente su modelo productivo, recuperando industria y que el precio de la energía sea atracción de inversión para reequilibrar.

Es una transformación que a muchos le quedará muy lejos.

Las cosas no cambian de un día para otro. Da la impresión que olvidamos cómo era la economía de nuestro país hace apenas diez o 20 años, dependientes de sectores que se basaban en una enorme burbuja financiera y especulativa y sectores que se vinieron abajo en la anterior crisis.

Por tanto, la transformación del modelo productivo requiere de políticas industriales, de planificación sectorial, mucha inversión pública que a la vez movilice inversión privada, un poco lo que se ha hecho tras la pandemia. Todavía es insuficiente, pero no cabe en ningún caso dar marcha atrás. Igualmente, es muy peligroso que haya fuerzas que bajo el paraguas del negacionismo climático aspiren a que España vuelva a seguir dependiendo del petróleo y del gas que hay que comprar fuera en un contexto de inestabilidad mundial como no hemos conocido en décadas.

Nunca ha habido más gente trabajando en el país y el reto es que sea empleo de calidad, con salarios suficientes para que la gente llegue a fin de mes

En Andalucía, CCOO, junto a UGT y otras asociaciones, presentaron una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para el derecho efectivo de acceso a la vivienda. Sin embargo, se presenta en un momento en el que se acaba de aprobar la ley autonómica. ¿Será efectiva una medida y se replicará en otras comunidades?

Hay que dejar claro que las competencias en materia de vivienda son autonómicas y el bloqueo de la ley estatal, que se quedó corta, está en las comunidades. Por ejemplo, no decretando la regulación de los alquileres en las zonas tensionadas. España necesita hacer un gran pacto de país para garantizar el acceso a la vivienda, porque se necesitan 2 millones de casas a precios asequibles en la próxima década, además de movilizar vivienda vacía y poner freno a los nuevos usos especulativos de la compra o el uso abusivo como bien turístico.

Aparte, hay que favorecer medidas de carácter fiscal para evitar que los pisos permanezcan cerrados, al igual que garantizar precios de alquiler asequibles pudiendo dar a la vez garantías de cobro a los propietarios y la construcción de un parque de vivienda pública que nunca se desclasifique. Hay que hacer todo esto, y todo a la vez. Con medidas paliativas no se va a arreglar este gran problema de fractura social que ahora mismo existe en España.

¿CCOO impulsará la medida en otras comunidades?

Se estaba planteando la posibilidad de hacerlo en Madrid, pero en este momento no hay planificadas más ILP. En todo caso, es una reivindicación muy sentida en la ciudadanía. La gente joven está demorando su vida autónoma y, por otro lado, hay una parte de la población donde el 50% o el 60% de sus ingresos se tienen que dedicar a alquileres abusivos o a hipotecas desmesuradas. Esto es un desastre en términos sociales y económicos, como los desplazamientos laborales. En las islas es evidente, y no solo en hostelería, ya que ni los empleados públicos quieren ir a trabajar a un sitio donde casi todo el sueldo se lo dejan en un alquiler.

En el ámbito de las movilizaciones sociales, el Estatuto Marco ha levantado ampollas en el sector médico y, en Andalucía y el resto del país, estas protestas han sido lideradas por los sindicatos sectoriales. ¿Hasta qué punto sustituyen a los sindicatos de clase como CCOO o UGT?

Nuestro secretario general de la Federación de Sanidad es médico. No está escrito en ningún sitio que los sindicatos corporativos representen en exclusiva a los médicos y nos parece legítimo que cualquiera reivindique lo que quiera, faltaría más.

Ahora, no compartimos la corporativización de la función pública hasta el punto de que, en este caso, se segregue un colectivo y los médicos busquen un rancho aparte a través de un estatuto propio que les independice de alguna manera del conjunto de los empleados de la sanidad pública. El acuerdo marco es muy relevante y muchas de las reivindicaciones que están ahora encima de la mesa pueden ser compartidas, aunque buena parte de las condiciones están en manos de las comunidades autonómicas. Insisto, cada uno tiene legitimidad de hacer lo que considere.

No es de recibo que el Gobierno en su totalidad no reme a favor de la reglamentación del control horario. No puede ser bicéfalo, perdería la buena fe en la negociación con los sindicatos

Solo el 18% de los asalariados entre los 25 y 44 años están en un sindicato. ¿De qué forma se retoma su confianza?

Hay un cierto problema de afiliación de la gente joven en los sindicatos. En España, la gente se afilia cuando va estabilizando sus condiciones laborales, en torno a los 30 años. Esto es así y debemos tener más presencia, por ejemplo, en los centros formativos y un mensaje más comprensible.

En todo caso, una tasa de afiliación del 18% en un país como España, donde los derechos que se consiguen en el convenio colectivo son de aplicación igual, tanto para el afiliado como para el que no, no es ningún tema menor. Hay países en el que el sindicalismo gestiona el acceso a la prestación de desempleo o a la pensión, o que el convenio colectivo solo se aplica a las personas afiliadas. Los datos de afiliación son los que son, pero nadie tiene más afiliados que CCOO, con 1,8 millones de personas y 112.000 delegados y delegadas de personal elegidos en las empresas, mientras que en Andalucía es el más representativo con 150.000 afiliados y algo más de 18.000 delegados.

¿Cómo van los contactos con la patronal para sentarse a negociar el gran pacto de negociación colectiva pendiente (AENC), clave para las subidas de salarios? 

Va lento. Pusimos encima la mesa una propuesta salarial que era una subida para este año y los dos siguientes de al menos el 4% y en los convenios que estén por debajo de la media con incrementos adicionales de hasta un 3%. En total, un 7% que podía parecer una subida desmesurada, pero tal como están yendo las empresas españolas y según se prevé la evolución la inflación, no me parece ningún disparate. ¿Qué pasa? Ante la incertidumbre de la guerra, de los precios, del posible corte en las cadenas de suministro, se da un escenario que complica muchísimo una negociación para llegar a un acuerdo marco de convenios.

¿De qué manera presionarán?

De momento, estamos todavía en la fase de inicio de contactos. En todo caso, si vemos una negativa de la patronal a abordar esta negociación, promoveremos movilizaciones desde la realidad de los convenios colectivos. Creo que habrá alguna noticia antes de verano.

Acerca de los horarios, se alcanzó el acuerdo para las 35 horas en la Administración General del Estado, mientras que la reducción de la jornada a 37'5 horas no se logró. ¿Esta reivindicación quedará en papel mojado?

La intención era situar esta reivindicación en el marco de este acuerdo de convenios colectivos, ver cómo evoluciona y, antes de que acabe la legislatura, volver a reiterar la necesidad de aprobar por ley la reducción de la jornada laboral. Aun así, somos conscientes de las mayorías políticas que otorgó la ciudadanía en las elecciones generales y la reducción de la jornada laboral no sale con los números que hay en el Congreso. Estamos haciendo la guerra de guerrillas de los convenios colectivos y, si hay un bloqueo, plantearemos elementos de protesta.

Si vemos una negativa de la patronal a abordar la negociación a la subida salarial, promoveremos movilizaciones a través de los convenios colectivos

¿Cómo ve la prórroga de un año que ha pedido Economía a Trabajo para el refuerzo de los registros horarios?

El hecho de que el Consejo de Estado haya dado audiencia a las organizaciones empresariales y no a las sindicales, me parece desleal con la negociación que hemos llevado con el propio Gobierno. El gobierno es uno para los sindicatos, no hay dos ni tres. Es uno.

Hemos negociado de buena fe con la patronal, sin que fuera posible llegar a un acuerdo, y hemos negociado de buena fe con el Gobierno, siendo capaces de llegar a un acuerdo. Se bloqueó la reducción de jornada y pensábamos que se podía aplicar el control horario. Ahora bien, no es de recibo que la totalidad del Gobierno no reme a favor de esa reglamentación del control horario y el pronunciamiento del Consejo de Estado no lo compartimos en absoluto.

¿Cree que el ministro Carlos Cuerpo será el contrapunto de Yolanda Díaz?

Insisto, el Gobierno no puede ser un bicéfalo. Tiene que argumentar y pactar sus propias posiciones internas como gobierno de coalición, pero cuando negocia con los agentes sociales, sea Trabajo, Seguridad Social, Igualdad, Migración, la posición que está sobre la mesa es la del conjunto, si no, no sería un gobierno serio.

Por tanto, no vamos a aceptar que negociemos con el Gobierno, lleguemos a un acuerdo con el Gobierno y luego el Gobierno diga que no está de acuerdo con lo que hemos pactado consigo mismo, porque esto sería perder la buena fe en la negociación.

Clamaba por un impuesto negativo al IRPF para paliar los efectos de la guerra en Irán. ¿Cree que son insuficientes las medidas del Ejecutivo central?

Sí, porque las medidas han de ser escalonadas en función de cómo evoluciona la guerra y de su impacto económico. Las primeras han ido dirigidas a tratar de contener el impacto sobre los combustibles en transportes y de los fertilizantes para el mundo agrario, pero el conflicto ha seguido y los precios acaban contaminando el conjunto de la cesta de la compra.

Veremos cómo evolucionan las cosas en Irán, pero la inflación se incrementará en los próximos meses, así que lo lógico sería proteger la renta de las familias con menos ingresos de la forma más simple posible, en vez de demandar ayudas, ya que hay mucha gente que las desconoce o no tiene los medios para hacerlo. Por tanto, un impuesto negativo en el IRPF facilitaría la transferencia de al menos 300 euros para hacer frente al incremento de los precios a las personas que estén por debajo de la renta media en España.

Con las elecciones a la vuelta de la esquina, Podemos, Izquierda Unida y Sumar han confluido en Por Andalucía. ¿Cómo valora este pacto de última hora? ¿Cree que se puede replicar a nivel nacional?

Mantenemos un absoluto respeto institucional a las decisiones que tome cada partido. A partir de ahí, cuanto menos se le hable a la gente de las cuitas de los partidos y más de los problemas de la gente, será más fácil que te voten. En general, cuanto antes se salgan los partidos de la metapolítica, casi que mejor, y estoy convencido de que las fuerzas de izquierda están haciendo eso ya.

¿Es eso trasladable al conjunto de España? No tengo ni idea. Lo que tiene que ocurrir es que las fuerzas que concurran en la izquierda lo han de hacer con un mensaje nítido, identificable y confiable. La gente tiene que saber cuáles son los objetivos prioritarios en un contexto, no olvidemos, donde el riesgo reaccionario que tiene España, como otros países europeos, no es una amenaza, ya está aquí. La extrema derecha está gobernando Estados Unidos y es la antesala del caos y, quizás, de la fragmentación y del declive europeo.

Las condiciones materiales de vida de la gente son fundamentales en este contexto y creo que las izquierdas se tienen que situar ahí. Luego, que concurran como decidan, si bien la fragmentación por provincias se paga. Vuelvo a lo mismo, más que andar discutiendo de cómo nos presentamos cada uno, lo que tienen que lanzar un mensaje nítido a la sociedad.

Un impuesto negativo en el IRPF facilitaría la transferencia de al menos 300 euros para hacer frente al incremento de los precios a las personas que estén por debajo de la renta media en España

¿Le han propuesto pertenecer a alguna confluencia y dar el salto político?

No me lo ha planteado nadie y con buen criterio, porque no hace ni siquiera un año que empecé el tercer mandato en CCOO. Sé que ha habido rumorologías de todo tipo, pero, en fin, no le doy mayor importancia.

En las elecciones de 2012 cuando se postulaba Javier Arenas (PP), la movilización de los sindicatos fue clave para alentar el voto progresista. ¿Podría suceder ahora lo mismo ante un Juanma Moreno que quiere revalidar su mayoría absoluta?

No somos un agente político en el sentido de que no estamos para pedir el voto para ninguna sigla, esto tiene que quedar absolutamente claro. Somos una organización autónoma, pero no quiere decir que seamos una organización ni equidistante ni que no se sienta apelada por la vida política. En función de cómo se determinen las mayorías en las instituciones, las políticas para la gente trabajadora son unas u otras y, desde ese punto vista, lo que vamos a hacer en Andalucía es sacar una batería de propuestas y trasladarlas a los partidos políticos. Lo que sí haremos será una apelación a la participación y también dejaremos un mensaje claro: vivimos un momento de excepcionalidad democrática donde hay que ser conscientes de los riesgos involutivos que vivimos en Andalucía, en España y, me atrevería a decir, en Occidente.

Más que andar discutiendo de cómo nos presentamos cada uno, las izquierdas tienen que lanzar un mensaje nítido a la sociedad

En la asamblea organizada en Sevilla decía que se habían votado a mamarrachos y a delincuentes. Hay una desafección y una inmovilización por parte de la izquierda, pero es lo votado.

Si se vota a un personaje como Trump, evidentemente antidemócrata, un narcisista de libro, una persona que intentó forzar poco menos que un golpe de estado con el asalto al Capitolio, pues lo lógico es ver cómo a un mono le das una pistola y se lía a tiros. Es lo que está haciendo, poniendo patas arriba el mundo con un riesgo de escalada militar, incluso de carácter nuclear, como no hemos conocido en décadas y, en efecto, es el resultado de unas elecciones. Cuando la gente vota con las tripas pueden ocurrir barbaridades de este calibre. Hay que decirle a la gente la verdad: votar a reaccionarios provoca políticas reaccionarias.

El comienzo de la campaña andaluza es el 1 de mayo. ¿Cómo ve esta coincidencia y cuáles son los objetivos del sindicato para el Día Internacional del Trabajo?

Esa coincidencia la decreta Moreno Bonilla. El primero de mayo tiene una característica, y es que siempre cae el primero de mayo, así que nos movilizaremos y plantearemos las reivindicaciones bajo el esquema de las asambleas: salario, tiempo, techo, servicios públicos, democracia y paz. La necesidad de recuperar el poder adquisitivo de los salarios, de contener los precios de la vivienda, de no solo reducir la jornada de trabajo, sino organizar convenientemente el tiempo de trabajo, así como reforzar los servicios públicos y hablar de la vigencia de la democracia, que está amenazada como pocas veces.

Andalucía encabeza la bajada del paro en marzo al registrar 8.836 desempleados menos que en febrero, lo que supone un descenso del 1,5% y sitúa el total en 579.638 parados, según datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social. Con esta caída, la comunidad se posiciona como la que más contribuye al descenso del desempleo a nivel nacional.

Por provincias, el paro descendió en siete de las ocho provincias andaluzas, con Cádiz liderando la bajada (-2.352), seguida de Sevilla (-1.939), Málaga (-1.863), Granada (-1.187), Huelva (-1.021), Córdoba (-499) y Almería (-33). El desempleo solo aumentó en Jaén (+58).

En términos interanuales, el paro acumula una bajada de 63.584 personas, un 9,89% menos, consolidando la tendencia positiva del mercado laboral andaluz.

Por sectores, el desempleo descendió principalmente en Servicios, con 7.351 parados menos, seguido de la Construcción (-2.167) y la Industria (-527). En cambio, aumentó en Agricultura (+522) y en el colectivo Sin Empleo Anterior (+687). El sector servicios continúa concentrando la mayor parte del paro, con 402.338 desempleados.

El descenso del paro se dejó sentir en ambos sexos, aunque fue mayor entre las mujeres. Del total de desempleados, 356.643 son mujeres, tras una bajada de 5.746 (-1,58%), mientras que los hombres en paro se sitúan en 222.995, con 3.090 menos (-1,36%).

Por edades, el desempleo juvenil también registró una caída, con 442 parados menos entre los menores de 25 años, mientras que entre los mayores de esa edad el descenso fue de 8.394 personas.

A nivel nacional, el paro también bajó en marzo en 22.934 personas (-0,9%), hasta un total de 2,4 millones de desempleados, su nivel más bajo en este mes en los últimos 18 años. Andalucía, junto a Cataluña (-3.777) y la Comunidad Valenciana (-2.467), concentró buena parte de este descenso.

En cuanto a la contratación, en Andalucía se firmaron 292.542 contratos durante marzo, un 25,2% menos que hace un año. De ellos, el 42,7% fueron indefinidos (124.823), mientras que el 57,3% fueron temporales (167.719).

Jesús Galván y Manuel Balber llevan años haciendo lo mismo: actualizar el currículum, entregarlo en empresas del sector del metal en la Bahía de Cádiz y esperar una llamada que nunca llega. Lo hacen en un momento en el que hay más carga de trabajo que en la última década, con empresas que reconocen dificultades para encontrar mano de obra cualificada y perfiles como el suyo —soldadores con experiencia— especialmente demandados. En su caso, sin embargo, la respuesta siempre es la misma. “Hay trabajo, pero no para nosotros”, resume Galván. Ambos sostienen que detrás de esa situación hay un veto ligado a su actividad sindical. Esta semana pasada han formalizado una denuncia ante la Inspección de Trabajo contra varias empresas auxiliares a las que aseguran haber enviado sus currículums sin obtener respuesta.

“Hay una carga de trabajo descomunal, se dice que hace falta gente y se está contratando incluso fuera, pero a nosotros no se nos da la oportunidad de trabajar”, explica Galván. Los dos trabajadores, miembros de la Coordinadora de Trabajadores del Metal, vinculan esa situación a la existencia de listas negras que afectarían a empleados señalados por su participación en movilizaciones laborales o por su actividad sindical, una práctica difícil de probar pero que, según denuncian, opera de forma efectiva en el sector. Esta coordinadora ha sido protagonista de las recientes huelgas del metal de Cádiz, con movilizaciones al margen de las propuestas o sugeridas por los sindicatos mayoritarios.

La denuncia se refiere a su caso concreto, aunque ambos apuntan a que podría haber más afectados, la mayoría portavoces o referentes de la coordinadora. “No sabemos cuántos hay, pero sí sabemos que no somos los únicos”, señala Balber, que insiste en que su única reivindicación es poder trabajar en el sector en el que llevan años desempeñándose.

Su relato sitúa el origen de esta situación en 2017, cuando participaron en procesos de selección para empresas auxiliares del metal. Tras superar pruebas y reconocimientos médicos, aseguran que su acceso fue frenado en el último momento. “Teníamos todo hecho y, cuando íbamos a entrar, se nos impidió el acceso”, recuerda Balber. Aunque finalmente lograron incorporarse, su permanencia fue breve. “A los pocos días buscaron la forma de echarnos”.

“Queremos trabajar, no vivir de una ayuda”

La situación se repitió posteriormente en otra empresa auxiliar que operaba en Navantia San Fernando. En 2020 fueron despedidos y el caso llegó a los tribunales. Según explican, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía reconoció que ese despido se produjo en un contexto de represalia sindical, aunque no pudieron recuperar sus puestos al tratarse de contratos de obra.

Desde entonces no han vuelto a trabajar en el sector en la Bahía de Cádiz. La falta de ingresos estables ha marcado su situación en estos años. “Yo no cobro nada y él está con una ayuda para mayores de 52 años”, explica Galván. Balber lo concreta: “Tengo tres hijos, él tiene dos. Con lo que entra no nos llega. Pero nosotros queremos trabajar, no vivir de una ayuda”.

Balber y Galván aspiraban a trabajar aquí en este contexto de auge laboral, pero las puertas siguen igual de cerradas para ellos. Ante esta situación, han optado por intensificar la presión institucional. En las últimas semanas han mantenido reuniones con representantes de distintas formaciones políticas, en un contexto marcado por la precampaña de las próximas elecciones andaluzas. Según explican, estos encuentros buscan forzar un posicionamiento claro ante una situación que consideran evidente. “Ahora, con la coyuntura electoral, es el momento de que se retraten”, sostienen. Creen que la llave de la solución la tiene el Ministerio de Hacienda, al ser el responsable de la SEPI, de la que depende Navantia, o el Ministerio de Trabajo. 

Precisamente, tras organizar movilizaciones como la acampada en las inmediaciones de Navantia San Fernando la semana pasada, han decidido trasladar el caso a la Inspección de Trabajo, en parte a raíz de contactos con el entorno de Sumar y del Ministerio de Trabajo. “Nos dicen que, aunque es difícil de demostrar, hay que dejar constancia para que se pueda actuar”, señala Balber. Ambos admiten la complejidad de acreditar la existencia de listas negras. “No hay nada escrito, pero la realidad es la que es”, añade Galván.

Movilizaciones en Dragados Offshore

La denuncia se produce en un momento especialmente relevante para el sector del metal en la provincia de Cádiz, uno de los principales motores industriales del territorio. Según datos del convenio colectivo firmado en 2025, el sector agrupa a más de 31.000 trabajadores, articulados a través de un entramado de alrededor de 5.000 empresas entre grandes compañías y auxiliares.

Tras varios años marcados por la escasez de contratos, el sector vive ahora un cambio de ciclo impulsado por la proliferación de encargos en empresas tractoras como Navantia, Dragados Offshore o Airbus, que tiran del conjunto de la industria auxiliar. Este incremento de la actividad ha elevado la demanda de mano de obra, especialmente en perfiles cualificados. En Dragados, por ejemplo, han sido contratados en origen unos 300 trabajadores peruanos que comparten faena con cerca de un millar de empleados locales. Es en ese contexto donde los denunciantes sitúan su caso. “Se dice que falta gente, pero nosotros llevamos años sin poder entrar”, afirma Balber.

La cuestión plantea un escenario complejo desde el punto de vista jurídico. La legislación prohíbe cualquier discriminación por razón de afiliación o actividad sindical. Así lo recoge el artículo 28 de la Constitución. Pero la acreditación de estas prácticas resulta especialmente difícil en ausencia de pruebas documentales.

Por el momento, las empresas señaladas, consultadas por elDiario.es Andalucía, no se han pronunciado sobre la denuncia. La actuación de la Inspección de Trabajo será clave para determinar si existen indicios suficientes que permitan avanzar en la investigación. El caso coincide además con un nuevo escenario de conflictividad laboral en el sector. El comité de empresa de Dragados Offshore ha anunciado movilizaciones que podrían desembocar en una huelga indefinida en los próximos días por la falta de acuerdo en su convenio colectivo.

Para Galván y Balber, dos soldadores, el objetivo sigue siendo el mismo desde hace años. “Nosotros lo único que queremos es trabajar. Siempre lo hemos hecho y queremos seguir haciéndolo. No puede ser que nos pongan en una lista negra por defender los derechos laborales de nuestros compañeros”.

La implantación para la producción de hidrógeno verde avanza en Andalucía con el empuje de inversiones multimillonarias para que la comunidad desempeñe un papel crucial dentro de un sector energético que busca alternativas limpias, rápidas y, sobre todo, eficientes y competitivas. En la actualidad, el Gobierno autonómico apunta que hay 6.200 millones de euros movilizados en diferentes proyectos, entre los que el Valle del Hidrógeno Verde de Huelva cobra vital importancia, ya que soporta toda la cadena de valor y se da paso a la comercialización de la energía. Pero, ¿qué ocurre con su almacenamiento? Una alternativa que cobra cada vez mayor protagonismo consiste en las infraestructuras subterráneas, donde la Universidad de Sevilla y la Asociación para la Investigación y Cooperación Industrial de Andalucía (AICIA) localizan las áreas más idóneas en el sur.

El almacenamiento subterráneo es una de las líneas de innovación tratadas en el Congreso Europeo del Hidrógeno, que tuvo lugar en Fibes y en el que participó Miguel Antonio Peña, secretario de la Asociación Española del Hidrógeno (AeH2). Llega y explica con entusiasmo: entiende la divulgación como el primer paso para que la ciudadanía sea partícipe de este proceso que, si bien no verá de forma palpable, significará el logro de unos objetivos marcados a nivel europeo y mundial. Durante su estancia en Sevilla, recorrió los expositores de investigadores procedentes de más de 40 países en las que se mostraron las principales novedades de un sector imprescindible para la transición energética y en el que la innovación apunta hacia la preparación de combustibles en el sector aéreo y náutico o los derivados, como el amoniaco o el metanol verdes.

“La Unión Europea se refiere al valle de hidrógeno como una zona geográfica donde se integra toda la cadena de valor del hidrógeno, desde el almacenamiento, la distribución y hasta el uso final, por lo que es muy importante la inversión para que este recurso no se vaya a otro sitio”, detalla. En este sentido, España es una de las llaves para conseguir la neutralidad climática para 2050 y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 90% para 2040 en el continente europeo. En ese entramado, Andalucía goza de abundante espacio, horas interminables de sol y proximidad a los puertos estratégicos del Mediterráneo. “Esta tecnología ya es madura, ahora bien, por fin, comienza a ser comercial”, subraya, sobre todo al compararse con los combustibles fósiles.

La mirada internacional en China

El proceso para obtenerlo parece sencillo: se produce la electrólisis del agua —proceso en el que se separa el agua en oxígeno e hidrógeno—, utilizando electricidad generada exclusivamente a partir de fuentes de energía renovables como la solar o la eólica, por lo que su producción no genera emisiones de CO₂ a la atmósfera. Una tecnología que se remonta a comienzos de la II Guerra Mundial, recuerda el secretario de AeH2, pero los altos costes han impedido históricamente su desarrollo pleno y, con ello, que se haya generalizado de forma global.

“Es el quid de la cuestión: cómo se puede hacer para que los riesgos financieros sean más bajos”, por ejemplo, a través de las ayudas públicas que están dando las administraciones para lograr la independencia energética, más en un momento de inestabilidad internacional en el que un resquicio de autonomía puede inclinar la balanza. A ello, habría que añadir un marco jurídico estable: “Hay que evitar que ocurra lo que pasó con la fotovoltaica hace 15 años en España con el cambio de gobierno”. Por el momento, en el país hay proyectos con una capacidad de 43 GW para 2030, en vez de los 12 GW que había proyectado el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), es decir, el volumen se ha casi cuadriplicado en apenas un lustro.

El posicionamiento en Andalucía también atrae la mirada internacional. Durante la gira realizada en China por el presidente autonómico Juanma Moreno se anunciaron diversos compromisos comerciales, como el aterrizaje de la compañía Hygreen y Coxanbegoa, invirtiendo 2.000 millones de euros en Huelva para el desarrollo de una plataforma industrial que fabrique y suministre sistemas de producción con capacidad de 1.000 MW de hidrógeno. Además, después del verano se construirá otra fábrica de electrolizadores y de baterías de litio en Málaga con una inversión prevista de 152 millones de euros. A todo ello, habría que añadir los proyectos de la petrolera Cepsa en 2023, cuando anunció un montante de 3.000 millones para la construcción de dos plantas en Palos de la Frontera (Huelva) y San Roque (Cádiz).

Cavernas de sal en Andalucía

La investigación científica es primordial para descubrir alternativas, mejorar experiencias o disipar las dudas en la materia. Muestra de ello fue cómo la Universidad de Sevilla presentó varios estudios a los asistentes, entre los que destaca el del almacenamiento subterráneo. El proyecto Fomento del almacenamiento de energía a gran escala en España: un análisis espacial de emplazamientos potenciales en cavernas de sal para el almacenamiento de hidrógeno, en el que participan Alfredo Iranzo, profesor del departamento de Ingeniería Enértica de la US, y Constantin Back, de la Asociación para la Investigación y Cooperación Industrial de Andalucía (AICIA), hace una cartografía del territorio andaluz para comprobar qué zonas serían las más propensas para instalar este tipo de infraestructuras.

“El hidrógeno es un gas con muy baja densidad y su almacenamiento es complejo: en pequeñas cantidades se hace a presión, pero en grandes cantidades, como cuando tenemos que incorporarlo al sistema energético, se vuelve complicado. Una de las alternativas son las cavernas de sal, donde Andalucía tiene muchísimas posibilidades”, resalta Iranzo en mitad de la nave, en la que ha estado estos días intercambiando observaciones, contactos y experiencias. Las prospecciones geológicas darán luz verde a que se construyan o no, pero antes, hay una serie de requisitos a cumplir para que sean viables desde el punto de vista económico: próximas la futura red troncal de transporte de hidrógeno y de gas natural, y cercanos a la costa.

“Hay un sondeo que muestra unas características perfectas para la creación de una caverna de sal en el norte de Jerez de la Frontera”, explica Back a su lado, de la que resalta su cercanía al Puerto de Algeciras o al propio Valle del Hidrógeno Verde que se construye en Palos de la Frontera. Este foco complementaría a las ubicadas en el norte peninsular, zona en la que se encuentran en la actualidad la mayor parte de las cavernas de sal. ¿Cómo se haría este proceso? El tamaño estándar de la infraestructura es de 500.000 metros cúbicos y, una vez localizado el punto fuera de las áreas de riesgo —como los núcleos urbanos o las áreas militares restringidas—, se inyectaría agua en el interior y se procedería a extraer la salmuera. Con la estructura hecha, se pondría la instalación de comprensión y, posteriormente, se inyectaría el hidrógeno. Con el ensamblaje hecho, comenzaría toda la operación.

El estrés hídrico

Un obstáculo que debe salvar la producción de hidrógeno verde es el estrés hídrico. En el caso del proyecto en el que está inmerso la Universidad de Sevilla y AICIA explican que para disolver un metro cúbico de sal se necesitan ocho metros cúbicos de agua. “Por eso es muy importante que estén ubicados cerca de la costa, porque así se puede bombear directamente hacia mar. Así, se podría utilizar el agua de mar para disolver la sal y devolver ese 99% del agua salada al mar”, consolidando así un circuito sostenible en el que apenas hay desperdicio.

Con respecto al estrés hídrico que sufre el entorno para la producción de hidrógeno verde, el secretario de AeH2 subraya que, en todo caso, siempre será menor en comparación a las energías fósiles. En base a los cálculos internos de la entidad, se ha comprobado que ir en coche desde Barcelona a Madrid requiere 219 litros de agua, mientras que un vehículo que utilizara esta energía solo requeriría 94 litros. Por otra parte, señala que de 8,5 hectómetros cúbicos de agua se generan 11,5 de hidrógeno convencional, mientras que con 7,5 hm³ se logran 8,5 de energía verde.

En comparación, Peña determina que las pérdidas de las redes de agua en las ciudades por su escaso mantenimiento o deterioro son “muchísimo mayores” de lo que se necesita para la tecnología del hidrógeno de cara a 2050. “El agua se recupera, al menos en el entorno más próximo”, de ahí, la importancia de que los valles de hidrógeno que están proyectados en el país dispongan de toda la cadena de valor, desde la producción hasta su consumo. Otra cuestión sería aprovechar las infraestructuras de las antiguas centrales térmicas de carbón o de otras plantas intensivas que hayan cesado su actividad, con el fin de reconvertir todo el armazón productivo. Una conversión en la que Andalucía ya se ha metido de lleno.

La empresa de telemarketing Majorel, integrada en el grupo Teleperformance, ha ejecutado un nuevo expediente de regulación de empleo (ERE) que afectará a 279 trabajadores en España, entre ellos decenas en su centro de Jerez de la Frontera. El proceso, que se ha cerrado sin acuerdo con la representación sindical, se salda con 88 despidos forzosos y condiciones económicas más duras que las planteadas durante la negociación.

La decisión fue comunicada a la plantilla por correo electrónico tras concluir sin consenso el periodo de consultas, un trámite obligatorio en este tipo de procedimientos. Al no alcanzarse acuerdo, la empresa ha optado por aplicar las condiciones mínimas previstas en la legislación para los despidos colectivos: 20 días por año trabajado con un máximo de 12 mensualidades para las salidas forzosas.

El ajuste, el tercero en apenas dos años en la compañía, supone además un empeoramiento respecto a la última oferta que la dirección había puesto sobre la mesa, que incluía menos despidos obligatorios y mayores indemnizaciones. Finalmente, el ERE afecta a 279 personas, con 88 despidos forzosos, 191 salidas voluntarias y solo 50 trabajadores que quedan fuera del proceso.

Tanto CCOO como UGT han rechazado el resultado y han anunciado su impugnación en los tribunales. Los sindicatos consideran que no concurren las causas alegadas por la empresa y denuncian que no ha existido una negociación real. Desde UGT, además, apuntan a la falta de transparencia en la documentación facilitada, especialmente en lo relativo a la contratación a través de empresas de trabajo temporal, y sostienen que la compañía ha priorizado un criterio estrictamente económico, concentrando los despidos en los trabajadores con menor coste.

Entre la plantilla, el impacto del ERE se interpreta como parte de un proceso más amplio. Varios trabajadores del centro de Jerez, que prefieren mantener el anonimato, apuntan a una reducción progresiva de la actividad local en favor de plataformas en Latinoamérica. “Lo que están tratando por todos los medios es deslocalizar, mandar el trabajo fuera”, explica uno de ellos. “En poco tiempo han abierto varias plataformas en Colombia y cada vez se llevan más carga de trabajo”.

Ese traslado, aseguran, se percibe claramente en el día a día. “Puedes empezar con 1.800 gestiones y en cuestión de minutos ver cómo bajan a 300 mientras aumentan en otros países”, relata otro trabajador. “Esto no es solo un ERE, es un cierre progresivo”.

Este periódico ha tratado sin éxito de ponerse en contacto con la empresa para conocer su posición. Desde UGT comentan que, hasta ahora, la empresa se ha negado a hacer declaraciones a los medios de comunicación.

“Una sensación muy dura después de tantos años”

El momento de las comunicaciones de despido ha dejado una huella especialmente dura en la plantilla. “Fue brutal. Veías cómo llamaban a compañeros, los llevaban a un despacho y ya no volvían”, cuenta una trabajadora. “Desviaron las llamadas y apenas trabajamos ese día. Fue una sensación muy dura después de tantos años”.

Más allá del ajuste, los testimonios coinciden en señalar un deterioro continuado de las condiciones laborales. “Por siete horas cobro unos 1.100 euros netos con las pagas prorrateadas. Allí, por ese dinero, tienen varios trabajadores”, explica un empleado. Otro añade: “La mayoría somos mujeres con hijos, con contratos parciales y sueldos muy bajos. No compensa para nada”.

La presión se articula, según describen, a través de objetivos de rendimiento que consideran inalcanzables. “Nos exigen niveles de satisfacción del 95% o incluso del 100%, algo que es totalmente irreal”, señala una trabajadora. “Todo lo que no sea un 9 o un 10 te penaliza, aunque hayas hecho bien tu trabajo”.

Ese sistema de evaluación tiene consecuencias directas en el ambiente laboral. “Con una sola mala valoración puedes perder todo lo anterior. Es una presión constante”, explican. A ello se suma la dureza de la atención telefónica: “Te pueden decir de todo y no puedes colgar. Tienes que tragártelo”.

El desgaste psicológico es una de las denuncias más repetidas. “La gestión del estrés la haces tú por tu cuenta. La empresa no te ayuda”, relata una empleada. “Para sobrellevarlo, muchas acabamos medicándonos. Es muy complicado salir de una llamada así y seguir como si nada”.

La incertidumbre sobre el futuro es ahora generalizada. “No sabemos qué será lo próximo. Nos tienen en esa inseguridad constante”, resume otra trabajadora. Muchos ya buscan alternativas fuera del sector: “La gente se está preparando oposiciones o buscando otra cosa porque no hay futuro aquí si siguen llevándose el trabajo fuera”.

Tras la ejecución del ERE, el conflicto se traslada ahora a los tribunales. Los sindicatos han iniciado la impugnación colectiva y animan a los trabajadores a recurrir también de forma individual. Entre la plantilla, las expectativas son contenidas. “Ojalá se pueda conseguir al menos que se declare improcedente y mejorar las condiciones”, señala un trabajador. “Pero la empresa ya avisó de que si no había acuerdo, las condiciones serían peores. Y así ha sido”.

Las seis empresas ganadoras de los Iº Premios Andalucía TRADE a la Empresa Andaluza 2025 recibieron este miércoles sus galardones en un acto celebrado en el Teatro Central de Sevilla ante más de 450 invitados del mundo empresarial andaluz. Se trata de la cooperativa Dcoop, en la categoría de Trayectoria Empresarial; la compañía Pilatus Aircraft Ibérica, como proyecto inversor internacional, en la modalidad de Invest in Andalucía; la empresa Acesur (Aceites del Sur-Coosur), en la de Desarrollo Industrial; DHV Technology, en la categoría de Desarrollo Internacional; Biorizon Biotech, en la modalidad de Innovación y Transferencia de Conocimiento; y Cobiomic Bioscience, en la de Startup.

Los encargados de entregar los premios fueron la consejera de Economía, Hacienda y Desarrollo Social, y presidenta de Andalucía TRADE, Carolina España; Javier González de Lara, presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA); Javier Sánchez Rojas, presidente del Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio, Industria, Servicios y Navegación; Antonio Castro, director general de Andalucía TRADE; y Ana Requena, presidenta ejecutiva y CEO de Randstad España, y Medalla de Andalucía 2026.

Los premios Andalucía TRADE tienen carácter bienal, carecen de dotación económica y los galardonados han recibido una estatuilla, réplica de un león del Patio de los Leones de la Alhambra, que ha sido producida para la ocasión en mármol blanco de Macael por la empresa almeriense Cuéllar Stone. En palabras de la consejera y presidenta de Andalucía TRADE, “es un símbolo que une como ningún otro la fuerza y representación que este monumento andaluz tiene en el mundo con la gran contribución que las empresas realizan a la difusión de la marca Andalucía en España y el mundo”.

Andalucía TRADE (Agencia de Transformación y Desarrollo Empresarial de la Junta de Andalucía) desarrolla su actividad hacia las empresas andaluzas través de instrumentos para la financiación empresarial y servicios, que se articula en tres grandes ejes: el fomento empresarial, el desarrollo de negocio mediante servicios de alto valor añadido y la internacionalización de la economía andaluza, con el objetivo último de apoyar el crecimiento económico, promover la inversión, reforzar la proyección exterior y la atracción de inversión extranjera, y favorecer la innovación, la I+D+i y la transferencia de conocimiento.

300 candidaturas y 47 finalistas

Los premios empresariales organizados por Andalucía TRADE y cofinanciados con Feder, fueron convocados el pasado mes de septiembre y a lo largo de los meses posteriores han ido desarrollando un proceso participativo de presentación de candidaturas, elección de finalistas provinciales y ganadores, a través del trabajo de sus respectivos jurados. En este proceso, han contado con la especial colaboración de las Delegaciones de Economía, Hacienda, Fondos Europeos, Diálogo Social y de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía en las ocho provincias; las Cámaras de Comercio de cada territorio; el Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio; la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y sus representaciones provinciales.

Estas entidades han ido participando en sus respectivos jurados: uno de carácter regional, que eligió a las seis empresas ganadoras, de entre las 47 finalistas seleccionadas previamente por los ocho jurados provinciales, a partir de las 300 empresas que presentaron sus candidaturas, requisito imprescindible para concurrir a estos galardones.

Junto a las entidades citadas, participaron como miembros de los jurados, de composición mayoritariamente privada, representantes de medios de comunicación provinciales y regionales y empresas de reconocido prestigio. 

Entrega y recogida de premios

El acto de entrega de los PREMIOS ANDALUCÍA TRADE EMPRESA ANDALUZA DEL AÑO 2025 se desarrolló con un ameno formato presentado de la periodista Desirée García-Escribano, en el que el público disfrutó de las actuaciones en directo del Trio Alfatu, compuesto por profesores del Conservatorio Profesional de Música Cristóbal Morales de Sevilla: Juan Campos (guitarra), Julia Gonzalo (piano) y María Bono (violín).

La consejera y presidenta de Andalucía TRADE fue la encargada de entregar los premios en las modalidades de Trayectoria Internacional e Invest in Andalucía. En la categoría de Trayectoria Internacional, fue Antonio Luque, presidente de Dcoop, quien recibió el galardón que reconoce a esta cooperativa malagueña, líder mundial de envasado y venta de aceite de oliva. Por su parte, el reconocimiento Invest in Andalucía lo recibió Victoria Vallecillos, directora de Pilatus Aircraft Ibérica, multinacional de origen suizo que ha creado una nueva planta de producción en la provincia de Sevilla, convirtiendo con ella a Andalucía en la única región del país con presencia de dos grandes fabricantes aeronáuticos, fortaleciendo su papel en el conjunto de esta industria en España y Europa.

En la categoría de Desarrollo Industrial fue Javier González de Lara, presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), quien hizo entrega del premio a Gonzalo Guillén, director general de Acesur (Aceites del Sur-Coosur), empresa de Jaén con gran implantación también en Sevilla y una de las compañías líderes en envasado y comercialización de aceite de oliva.

Asimismo, Javier Sánchez Rojas, presidente del Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio, fue el encargado de entregar el premio al Desarrollo Internacional a Ismael Sánchez, director de Desarrollo de Productos de DHV Technology, empresa malagueña de alta tecnología que está especializada en el diseño, fabricación y cualificación de soluciones avanzadas de potencia para el sector espacio.

David Iglesias, CEO de Biorizon Biotech, firma reconocida en la categoría de Innovación y Transferencia de Conocimiento, recogió el galardón de Ana Requena, presidenta y CEO de Randstad, y Medalla de Andalucía 2026. Esta multinacional biotecnológica con sede en El Alquián (Almería), está reconocida como pionera mundial en desarrollo de bioestimulantes y bioplaguicidas de origen natural a partir de microalgas, y de bacterias y extractos botánicos.

Por su parte, Antonio Castro, director general de Andalucía TRADE, fue el encargado de entregar el premio en la modalidad de Startups a Carlos Pérez Sánchez, fundador y CEO, y Clementina López Medina, fundadora y directora Médica de Cobiomic Bioscience S.L. (Córdoba). Esta startup fundada en 2022 como spin-off de la Universidad de Córdoba y el Instituto Maimónides de Investigación Biomédica (IMIBIC), nació con la misión de trasladar la investigación biomédica a la práctica clínica. La firma se centra en el desarrollo de herramientas diagnósticas y predictivas basadas en biomarcadores moleculares, integrando inteligencia artificial para impulsar la medicina personalizada, con especial énfasis en las enfermedades inflamatorias crónicas. 

Seis categorías

Según se recoge en las bases de los premios, los méritos que reconocen cada categoría son: 

-       Innovación y Transferencia de Conocimiento: para empresas que destacan por su capacidad para desarrollar soluciones innovadoras en los últimos cinco años. Se considera la colaboración con universidades, centros de investigación u otras entidades que impulsen la competitividad, la sostenibilidad y el desarrollo tecnológico.

-       Desarrollo Industrial: dirigido a las firmas que hayan destacado por su contribución al crecimiento y fortalecimiento del sector industrial. Se valora la creación de empleo, el impulso a la economía local y el liderazgo en desarrollo de infraestructuras industriales.

-       Startups: esta modalidad premia a las startups más innovadoras y prometedoras que, con visión y audacia, han logrado destacar en sus primeros años de actividad. Se valora la creatividad, el potencial de crecimiento sostenible y la capacidad de resolver problemas mediante soluciones disruptivas.

-       Desarrollo Internacional: reconoce a las empresas que han destacado en su proceso de expansión y consolidación en mercados internacionales.

-       Invest in Andalucía: premia a empresas extranjeras que hayan realizado inversiones significativas en Andalucía, contribuyendo al desarrollo económico local.

-       Trayectoria Empresarial: este galardón homenajea la labor de empresarios, empresarias o empresas que han demostrado una trayectoria ejemplar a lo largo de los años, consolidándose como referentes en su sector. Se reconoce su visión estratégica, capacidad de adaptación, innovación constante y compromiso con la excelencia.

 Reconocimiento empresarial

Los Premios Andalucía TRADE son de carácter bienal, reconocen los méritos de las empresas y ponen en valor su contribución al progreso económico de Andalucía, sin importar su tamaño, sector, o forma jurídica. Se trata de galardones honoríficos, que carecen de dotación económica y tienen como objetivo impulsar el conocimiento y reconocimiento de las empresas andaluzas que crean riqueza y empleo en la comunidad, a través de la innovación y la proyección internacional.

Además de a las ganadoras regionales, en el acto se reconoció el papel de las 47 finalistas, quienes reciben, igualmente, un diploma acreditativo de su condición. Tanto las unas como las otras, se beneficiarán de las acciones de comunicación que viene organizando Andalucía TRADE para poner en valor su actividad ante la sociedad. Igualmente, pueden usar la leyenda Finalista o Ganadora de los premios Andalucía TRADE 2025, junto con el logotipo de los premios.

Los objetivos del Premio se encuentran plenamente relacionados con el Programa Andalucía Feder 2021-2027 que, en el ámbito del Objetivo Político 1 ´Una Europa más competitiva e inteligente, promoviendo una transformación económica innovadora e inteligente y una conectividad TIC regional´.

En plena carrera global por los minerales que sostienen la transición energética, Andalucía vuelve a situarse en el centro del debate sobre el impacto de la minería y la necesidad de compatibilizar desarrollo económico y protección del territorio. Habiendo sido escenario del mayor desastre ecológico de España, la rotura de la balsa minera de Aznalcóllar en 1998, y estando a la cabeza en el sector, la tensión se redobla. Lo plasmaba hace unas fechas la presentación de un estudio de nueve investigadores de las universidades de Sevilla, Cádiz y Granada, publicado en la revista Integrated Environmental Assessment and Management, que revela la contaminación del estuario del Guadalquivir por dos minas pendientes de reapertura: Cobre las Cruces y Los Frailes.

Pero cierto es también que otro estudio, de la Asociación de Investigación y Cooperación Industrial de Andalucía y el departamento de Ingeniería Química y Ambiental de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Sevilla, tras analizar 13.000 datos de agua, 3.500 de sedimentos y 900 de biota, determina que no se han producido alteraciones significativas. “Son datos de entidades acreditadas, como la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, universidades y centros de investigación, con los que se ha determinado que los valores elevados se corresponden con elementos vinculados a la agricultura y urbanos, no a la actividad minera”, defiende Enrique Delgado, presidente de la Asociación de Empresas Investigadoras, Extractoras, Transformadoras Minero‑Metalúrgicas, Auxiliares y de Servicios (Aminer).

Todo esto se produce en un contexto de renacimiento de la minería. Las estadísticas del Ministerio para la Transición Energética y el Reto Demográfico revelan un incremento de casi el 50% en el empleo en este sector en la última década. Si en 2014 el empleo vinculado a la minería en Andalucía era de 5.288 personas, en 2024 se ha situado en 7.925, lo que supone el 26,2% del total nacional. De hecho, Andalucía, Galicia, Cataluña y Castilla y León concentran más del 61% del empleo minero. Un reducido número de comunidades autónomas agrupa una parte muy significativa de las explotaciones. Andalucía encabeza el ranking con 479 explotaciones, seguida de Castilla y León (405), Cataluña (355), Castilla-La Mancha (275) y Galicia (206). Desde Aminer destacan, asimismo, la capacidad de arrastre del sector: por cada puesto de trabajo directo en minería se crean aproximadamente tres empleos adicionales en industrias auxiliares.

Andalucía se consolida, pues, como el principal polo minero de España, ya que lidera también el valor de la producción extractiva, sobre todo por su peso en la metálica, donde destacan proyectos como Cobre las Cruces, en la provincia de Sevilla, y Minas de Aguas Teñidas, Sotiel Coronada Mine, Magdalena Mine y Minas de Riotinto, en Huelva. “Andalucía, que fue clave en la minería del siglo pasado, lo sigue siendo en un momento de resurgimiento, porque alberga reservas importantísimas, sobre todo en la Faja Pirítica Ibérica, que concentra alrededor del 90% de la producción nacional de metales”, sentencia Enrique Delgado.

Primer mapa de minerales críticos

La reactivación tuvo un punto de inflexión hace unos tres lustros, cuando el aumento de los precios del cobre y otros metales devolvió la viabilidad económica a varios proyectos. Este impulso permitió recuperar parte del empleo perdido en décadas anteriores y reactivar la economía de antiguas comarcas mineras, al tiempo que el sector debía adaptarse a estándaresambientales y de seguridad mucho más exigentes. Con ello, la Faja Pirítica Ibérica volvió a consolidarse como uno de los principales polos mineros de Europa, especialmente en cobre.

En este sentido, la Unión Europea ha identificado 34 materias primas críticas para garantizar su autonomía energética y tecnológica, de las cuales 17 han sido declaradas estratégicas. España, y Andalucía en particular, cuenta con una posición relevante en algunos de estos recursos. Es la segunda productora de cobre en la UE, y Granada, la única de estroncio, cubriendo prácticamente el 100% de las necesidades del continente y alrededor del 35% de la producción mundial. De hecho, Andalucía concentra aproximadamente la mitad de las explotaciones españolas que producen materias primas para tecnologías clave, como baterías de vehículos eléctricos, teléfonos inteligentes, paneles solares o turbinas eólicas. En total, alberga 10 de las 21 minas del país en las que se extraen estos recursos.

En paralelo, se trabaja para identificar nuevos recursos. El Instituto Geológico y Minero de España (IGME‑CSIC) lleva años colaborando con la Junta de Andalucía en la elaboración de un mapa de minerales críticos y tierras raras. Este trabajo ha permitido identificar áreas con potencial geológico donde podrían desarrollarse futuras investigaciones, convirtiendo a Andalucía en la única comunidad autónoma que dispone actualmente de una cartografía específica y donde “se han podido identificar hasta 22 materias primas fundamentales”, según apunta Enrique Delgado.

El contexto político también parece alinearse con esta nueva etapa del sector. Recientemente, el Consejo de Ministros aprobó el primer Plan de Acción para la Gestión Sostenible de las Materias Primas Minerales 2026-2030. Se articula en torno a cuatro grandes ejes: autonomía estratégica, impulso industrial, economía circular y sostenibilidad ambiental. E incluye, además, el primer Programa Nacional de Exploración Minera en medio siglo.

Mayores exigencias ambientales y laborales

“Más allá del incremento del número de operaciones mineras, empleo o generación de riqueza, la principal evolución en estos años ha sido la modernización de un sector que se esfuerza por ser seguro y sostenible sin dejar de ser competitivo. Para ello, la minería lleva años apostando por la innovación para alcanzar procesos más eficientes, implantando tecnologías respetuosas con las personas y con el entorno, una creciente digitalización y un firme compromiso con los más altos estándares ambientales y de calidad”, detalla el presidente de Aminer.

Pero ¿por qué sigue siendo una apuesta tan polémica? “En parte responde a una percepción todavía asociada a la minería del pasado. La realidad hoy es muy distinta: se desarrolla bajo una normativa ambiental y de seguridad muy exigente y con controles rigurosos que nos están permitiendo cuidar del medio ambiente e incluso reparar daños de otras épocas. La transición energética, la electrificación o el desarrollo de nuevas tecnologías limpias requieren minerales como el cobre o el níquel. Por tanto, si queremos avanzar hacia ese modelo energético, descarbonizado y digital, conducir coches eléctricos o tener placas solares, necesitamos la minería. Por no hablar de si pretendemos seguir usando móviles, ordenadores, sistemas de inteligencia artificial o datos que nos permitan desarrollar las smart cities, poner satélites en órbita o volar en aviones. La cuestión por tanto no es minería sí o minería no, la pregunta es qué tipo de minería”, incide.

“Si tuviera que destacar un cambio claro en los últimos años, sería la incorporación de tecnología y sistemas de control ambiental cada vez más avanzadosa. Hoy las explotaciones trabajan con herramientas de monitorización, digitalización de procesos y sistemas de gestión del agua que permiten operar con un mayor control y con menores impactos sobre el entorno. Se suma un avance importante en economía circular, con proyectos orientados al aprovechamiento de residuos mineros y a la recuperación de materiales. Son ejemplos claros de cómo el sector está evolucionando para desarrollar su actividad con cada vez más garantías”, concluye Enrique Delgado.

Los riesgos constatados por expertos

Jesús Manuel Castillo, catedrático de Ecología en la Universidad de Sevilla, lidera el estudio que se mencionaba en el primer párrafo: “Llevamos trabajando en ecotoxicología, fitorremediación y ecología de estuarios desde los años noventa. Principalmente, en el estuario de los ríos Tinto y Odiel, altamente contaminado con metales desde el siglo XIX. Cuando nos enteramos que se producían vertidos de metales en el Guadalquivir, quisimos investigar para poner esta información al servicio de la ciudadanía, como empleados públicos que somos”, apunta.

Subraya que este asunto no es una cuestión de opinión: “La realidad es que los sedimentos del estuario del Guadalquivir están altamente contaminados con metales desde por debajo de La Puebla del Río hasta la presa de Alcalá del Río, y estas altas concentraciones están provocando efectos ecotóxicos demostrados en experimentos de campo y laboratorio”. De igual modo, “la desembocadura del Guadalquivir presenta concentraciones relativamente altas de zinc y arsénico”.

Por otra parte, insiste en que debería haber normas de calidad ambiental para metales en los sedimentos en España, igual que las hay para las aguas. “Los metales se acumulan principalmente en los sedimentos, en el fondo de los ecosistemas acuáticos, no en las aguas”, aclara.

Todos estos datos están publicados “en revistas internacionales de impacto y han pasado por revisores y editores”, matiza el experto, quien agrega que, además, la acción de Cobre las Cruces y las características de su efluente “se relacionan con la contaminación de metales en los sedimentos del estuario interior, y los albures bioacumulan metales, especialmente plomo”. En cambio, recalca, “los informes de Cobre las cruces no pasan por revisores, ni editores, no se publican en revistas especializadas y son muy pobres a nivel científico”.

Entonces, ¿es compatible la protección ambiental con la actividad minera? Entiende que depende de muchos factores. “En el caso de los vertidos mineros al Guadalquivir, tal y como están planteados, no son compatibles ni con la protección ambiental, ni con multitud de actividades socioeconómicas como la pesca, la agricultura la ganadería y el turismo, asociadas al estuario, ni con una buena salud pública. Esto no es sólo un conflicto entre puestos de trabajo de las minas y la conservación ambiental”, asevera.

Sobre este estudio, Enrique Delgado remarca que “merece ser analizado con respeto, pero también es importante recordar que la minería en España está sometida a controles muy estrictos y a evaluaciones ambientales muy rigurosas, y que el sector se esfuerza no sólo en cumplirlos, sino en mejorarlos, para alcanzar los más altos niveles de excelencia ambiental”. Recuerda también que tras estudiar distintas denuncias contra la mina de Aznalcóllar, “el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha avalado las autorizaciones del proyecto, confirmando la validez de los procedimientos técnicos y administrativos seguidos”.

¿Para la transición ecológica o para armamento?

Por su parte, Antonia Herrero, doctora en Biología y presidenta de la asociación Salvemos el Guadalquivir, considera que “la minería, en cualquiera de las modalidades desarrolladas hasta ahora, es un proceso enormemente disruptivo del terreno donde opera, en el que deja profundas alteraciones, y siempre genera enormes cantidades de derivados potencialmente tóxicos que provocan contaminación de suelos y cursos de agua, con los consiguientes efectos negativos, a veces devastadores, sobre las actividades económicas, el acceso al agua y la tierra, e incluso la salud”.

Cree que “hasta cierto punto, y sólo en parte, los efectos de los pasivos mineros se podrían paliar aplicando tecnologías de depuración más eficaces, que generalmente no se utilizan porque, al suponer un mayor coste económico, disminuirían las ganancias de las explotaciones”.

La premisa de la necesidad de continuar con la minería extractiva es, a su juicio, errónea, “porque supone que podremos mantener nuestro nivel de consumo energético, además de basarse en una paradoja: la de diseñar la transición a formas de energía menos contaminantes contaminando y destruyendo territorios y, por ende, las actividades productivas locales; o sea, determinando zonas de sacrificio”. En esta línea, alega que “no es cierto que lo que se extrae o proyecta extraer en Europa de las llamadas materias primas estratégicas tenga como destino aportar a la transición ecológica”. Por el contrario, “las compañías que explotan las minas generalmente son consorcios transnacionales que ingresan los productos en los mercados globales, desde donde se venden al mejor postor, tanto para construir parques de energías renovables como armamento que se utiliza en guerras que, además de catástrofes humanitarias, provocan desastres ambientales”.

Fundación MAS ha presentado este miércoles su decimocuarta Memoria de Actividades en el Centro de Actividades de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), gestionado por la entidad y declarado de Interés Estratégico por el Ayuntamiento de Sevilla. Este documento refleja el compromiso de Fundación MAS con los ODS y hace balance de 16 años al servicio de la sociedad a través de las cuatro áreas de actuación en las que trabaja la Fundación: formación, obra social, vida saludable y voluntariado, según informa la fundación en un comunicado.

El acto ha sido presidido por la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo Mena, y el presidente de la Fundación MAS, Vicente Martín González. Además, ha contado con Miguel Ángel Arauz Rivero, delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional; Florentino Santos Porras, secretario general de Formación Profesional de la Junta de Andalucía; Inmaculada Troncoso García, directora general de Formación Profesional; y representantes de instituciones empresariales y patrocinadores, principales fundaciones y asociaciones con las que colabora la Fundación, y voluntarios de la entidad.

Luis Miguel Pons Moriche, director de la Fundación MAS, dio la bienvenida al acto y mostró su agradecimiento por las alianzas reflejadas en la Memoria 2025, las cuales han contribuido a la labor de la entidad un año más.

Durante el trascurso del acto, la Fundación MAS hizo entrega de un cheque de 25.000 € a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) como parte de la contribución de Fundación MAS y Grupo MAS en la VI campaña “La Compra de tu Vida”, destinada a la investigación, prevención y apoyo contra el cáncer. La iniciativa de la AECC contó con la generosidad y el respaldo de las aportaciones económicas de los clientes de Grupo MAS.

Seguidamente, Vicente Martín, presidente de Fundación MAS, destacó cómo: “Esta memoria que hoy presentamos no es un libro de cifras. Es un compromiso. Es decir: seguimos aquí. Y queremos seguir estando. Pero, sobre todo, queremos seguir siendo útiles en el futuro. Nuestro foco está cada vez más puesto en ayudar a construir una sociedad más justa, con más oportunidades y con más herramientas para afrontar los cambios que vienen”.

“Como sabéis, hoy nos encontramos en el Centro de Actividades de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Fundación MAS. Un espacio abierto donde conviven formación, alimentación saludable, obra social y voluntariado, las cuatro áreas en las que trabaja Fundación MAS. Hoy es un espacio vivo. Y que hoy nos acoge para compartir con todos vosotros esta nueva Memoria y el camino que seguimos recorriendo juntos. Después de 16 años, no venimos a decir que hemos llegado. Venimos a renovar nuestro compromiso”.

Por su parte, la consejera de Desarrollo Educativo, ha agradecido el compromiso de Grupo MAS, destacando su implicación en iniciativas vinculadas a la FP Dual, y otros programas educativos impulsados a través de la Fundación MAS, como el aula de formación en idiomas. En este curso, 13 alumnos de 11 centros educativos públicos están realizando sus prácticas en el Grupo MAS

Fundación MAS en cifras

El Centro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, gestionado por Fundación MAS desde septiembre de 2023 ha alcanzado en 2025: 451 eventos, 21. 141 usuarios y 384 entidades colaboradoras. 

En línea con su compromiso educativo, la Fundación incrementó a 66 el número de ayudas dirigidas a niños y niñas en la XV edición de sus Becas de Inglés, uno de los programas con mayor trayectoria de la entidad. A lo largo de sus 16 años de historia, la entidad ha convocado un total de 1.378 becas de estudio.

En el área de vida saludable, la entidad mantuvo el programa “MAS Alimentación y Salud”. Esta iniciativa engloba acciones como la Cátedra homónima, desarrollada junto a la Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla con el objetivo de divulgar la importancia de una buena alimentación. Además, durante 2025, la Fundación MAS impulsó un segundo ciclo de talleres con formación teórico-práctica basada en el consumo de productos frescos, locales y de temporada.

Con el objetivo de fomentar hábitos de vida saludables a través del deporte, la Fundación organizó en 2025 su tradicional Carrera Solidaria en el Parque del Alamillo. Esta séptima edición congregó a más de 500 asistentes, cuya participación permitió a la entidad donar 5.000 euros a la Asociación Avanti, dedicada a la atención integral de menores de 0 a 3 años en situación de vulnerabilidad.

En el ámbito de su obra social, la Fundación MAS colaboró durante 2025 con 244 entidades de Andalucía y Extremadura. Desde su creación en 2009, la institución ha donado un total de 2.182.000 kilos de alimentos a personas en situación de vulnerabilidad. Este hito ha sido posible gracias a las iniciativas impulsadas junto a Grupo MAS, así como a la generosa aportación de los clientes en sus establecimientos. 

En sus 16 años de trayectoria, la Fundación ha destacado por su respuesta ante emergencias, donando ayuda alimentaria: 350.000 kilos durante la COVID-19, más de 53.000 kilos para la Ayuda a Ucrania y 45.000 kilos tras la DANA. A estas acciones se añade su iniciativa social más emblemática, “100.000 Kilos de Ilusión”. En su edición de Navidad 2025, esta campaña distribuyó 7.500 cestas de alimentos a familias vulnerables de Andalucía y Extremadura, gracias a la colaboración de entidades sociales, proveedores, empleados y voluntarios de Grupo MAS.

Para llevar a cabo muchas de estas acciones, Grupo MAS y la Fundación cuentan con su propio equipo de voluntarios: “MAS Solidario”. En la actualidad, la entidad trabaja intensamente para reforzar esta red, con el objetivo de aumentar el número de personas activas e impulsar nuevas iniciativas de ayuda en Andalucía y Extremadura.

Como parte de esta estrategia, durante 2025 la Fundación abrió ocho delegaciones provinciales. Estas nuevas sedes permiten impulsar la participación a nivel local, centralizando y atendiendo de forma ágil las peticiones en todos los territorios donde Grupo MAS cuenta con presencia.

Al mediodía, cuando el casco blanco del Viking Saturn se recortaba contra el cielo limpio de Cádiz, algo no sonaba. O, mejor dicho, dejaba de sonar. El zumbido constante de los motores auxiliares, ese murmullo grave que durante años ha acompañado la presencia de cruceros en el muelle Alfonso XIII, desaparecía por primera vez. En su lugar, un gesto casi invisible: un brazo articulado, como una grúa discreta, se alzaba junto al barco y lo conectaba a tierra. Electricidad en vez de combustible. Silencio en vez de ruido. Aire más limpio en vez de humo. Ese gesto, aparentemente técnico, marca un antes y un después en la relación entre la ciudad y su puerto.

Cádiz ha inaugurado este miércoles el primer sistema de suministro eléctrico a cruceros de España, el conocido como OPS (On-shore Power Supply), una infraestructura que permite a los buques apagar sus motores mientras están atracados y conectarse a la red eléctrica terrestre. La escena tiene algo de simbólico. Durante décadas, los puertos han sido espacios de progreso y, al mismo tiempo, focos de contaminación. Lugares donde la actividad económica convivía con emisiones, partículas y ruido, especialmente en ciudades como Cádiz, donde el muelle forma parte del paisaje cotidiano. Hoy, esa tensión empieza a resolverse con tecnología.

El sistema, desarrollado por la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz y Endesa, ha supuesto una inversión conjunta de más de ocho millones de euros, con apoyo de los fondos europeos NextGeneration. Pero más allá de la cifra, lo relevante está en sus efectos: se estima que en su primer año evitará la emisión de unas 5.000 toneladas de CO₂, el equivalente a retirar 2.800 coches de la circulación durante doce meses.

La reducción no se limita al dióxido de carbono. Según los cálculos de Puertos del Estado, el OPS permite recortar hasta un 96% de los óxidos de nitrógeno (NOx), un 94% de las partículas y un 8% de los óxidos de azufre (SOx). Traducido a la vida cotidiana: menos aire irrespirable, menos olor a combustible, menos impacto sobre la salud de quienes viven o pasean junto al puerto. Y para los responsables de estos muelles se reducen también los motivos de quienes se quejan de tantos cruceros en la ciudad.

“Se trata de que los ciudadanos no vean la actividad portuaria como algo agresivo a su vida cotidiana”, ha defendido la presidenta de la Autoridad Portuaria, Teófila Martínez, durante la inauguración. Y en una ciudad donde el puerto está literalmente al lado de las casas, esa idea adquiere una dimensión casi doméstica. Durante años los colectivos ecologistas, vecinos y algunos partidos políticos han cuestionado la apuesta que Cádiz ha hecho por este turismo. Lo han denunciado por el humo que sale de los barcos, por los ruidos y la vibración que se cuela en las ventanas, que recuerda de forma persistente que el turismo también tiene un coste invisible. Con el OPS, según sus responsables, ese coste se atenúa. Los motores auxiliares, necesarios hasta ahora para mantener en funcionamiento sistemas como la refrigeración, la iluminación o los equipos de emergencia, pueden apagarse.

La electricidad que los sustituye, además, tiene certificado de origen renovable. Es decir, no solo se traslada la producción energética fuera del barco, sino que se hace reduciendo aún más su impacto ambiental. El resultado es un modelo que encaja con las exigencias europeas de descarbonización y con una creciente sensibilidad social hacia la sostenibilidad.

El presidente de Puertos del Estado, Gustavo Santana, ha insistido en esa idea durante su intervención: los puertos no son solo infraestructuras logísticas, sino “motores de impulso de la transición energética”. En su visión, la electrificación de los muelles es una pieza más de un cambio de modelo que afecta a toda la cadena de transporte, desde el barco hasta el tren que distribuye las mercancías tierra adentro.

Riesgos técnicos, económicos y regulatorios

Santana ha recordado que esta transformación no surge de la nada. Está respaldada por la Ley de Cambio Climático, por directivas europeas y por un plan de inversiones que prevé destinar alrededor de 1.000 millones de euros a proyectos similares en el conjunto del sistema portuario español hasta 2030. Cádiz, en ese contexto, ha llegado antes que otros puertos.

No es un detalle menor. Ser el primero implica asumir riesgos técnicos, económicos y regulatorios. La electrificación de un muelle no funciona como la de una vivienda: requiere adaptar tensiones, frecuencias, potencias y sistemas de conexión a las necesidades de cada buque. También exige un marco normativo que garantice que el modelo es viable para las empresas.

Por eso, tanto desde Puertos del Estado como desde la Autoridad Portuaria se ha subrayado la importancia de la colaboración público-privada. “Sin la participación de Endesa, que gestionará el servicio durante 35 años, el proyecto difícilmente habría salido adelante”, han dicho los representantes de las administraciones en sus discursos.

El sistema instalado en Cádiz tiene una potencia de 16 MVA y está diseñado con un enfoque modular que permitirá ampliarlo en el futuro hasta 24 MVA y dar servicio a varios barcos simultáneamente. De momento, en esta primera fase, puede atender a un único crucero, suficiente para empezar a cambiar la dinámica del puerto.

Y esa dinámica importa. En 2025, Cádiz recibió más de 624.000 cruceristas, que generaron un impacto económico superior a los 25 millones de euros solo en gasto directo en la ciudad, según los datos aportados por Teófila Martínez. A eso habría que sumar el consumo de las tripulaciones y la actividad vinculada a la reparación de buques en los astilleros. El puerto gaditano está aguardando los resultados de un estudio encargado a la Universidad de Cádiz para actualizar los ingresos que conlleva este tipo de turismo.

La idea es contraponer esos datos a las críticas que en muchas ciudades, también en Cádiz, generan los cruceros por su impacto ambiental y su repercusión en la vida cotidiana. La electrificación de los muelles se ofrece como una manera de justificar la actividad económica reduciendo sus efectos negativos. No es una solución mágica. No elimina todos los problemas asociados al tráfico marítimo. Pero sí introduce un cambio tangible, visible. Un crucero conectado a la red es un crucero que no se oye, que no huele, que contamina menos.

Campaña tras campaña, la lucha por alcanzar unas condiciones dignas para las temporeras de Huelva persiste en el campo andaluz. Las mujeres marroquíes copan la recogida de frutos rojos entre enero y julio, lejos de unos beneficios multimillonarios que sitúan a Andalucía como la principal exportadora europea. Aun así, los sindicatos, a pie de invernadero, intentan dar voz a las empleadas que pugnan por que se cumplan los acuerdos bilaterales entre los países, donde se les asegura viviendas en buenas condiciones y unas jornadas ajustadas a la ley, aunque el miedo a las consecuencias las paralice: ya hay siete denuncias registradas en Inspección de Trabajo, correspondientes a fincas ubicadas en Almonte, Moguer, Lucena de Puerto y Palos de la Frontera.

“La fresa importa más que la mano de obra”, determina Ana Pinto, portavoz y cofundadora de Jornaleras de Huelva en Lucha. “Las viviendas tienen condiciones horribles y desde enero nos empezaron a llamar las compañeras para denunciar que no se cumplían los requisitos mínimos o que las obligaban a trabajar los domingos”, determina. Ya hay una veintena de personas atendidas y este año, a diferencia de los anteriores, podrán acceder por fin a los inmuebles donde están alojadas las temporeras para comprobar las condiciones de habitabilidad gracias a las actualizaciones de la normativa en materia de extranjería. Humedades en las paredes, cables sueltos, asentamientos chabolistas donde se construyen casas con palets de madera, en las que malviven durante meses.

El campo andaluz fue cambiando de forma lenta pero irreversible a finales de la década de los 90. En aquella época, Pinto inclinaba su espalda para recoger del suelo el oro rojo. Pese a los esfuerzos, recuerda aquel periodo feliz, lleno de compañerismo, que cambió por completo por la avaricia del sistema. “Empecé con 16 años y hacía las campañas de naranjas, aceitunas, y he visto como las condiciones iban cada vez a peor. Me parece digno que con tus manos alimentes a otras personas, se creaban vínculos, pero, de repente, impusieron normas nunca vistas: no podías llevar agua en el carro y la tenías que dejar al otro lado del invernadero para no perder el tiempo, con gente medicándose, prohibieron que ayudaras a las compañeras, para incrementar la presión de coger kilos, o tener música”, detalla. “Mi madre me enseñó que, si en el trabajo cumplo, nadie me puede explotar, y no me conformé con lo que no era justo”.

“A kilómetros del agua”

El fin era maximizar los beneficios, por lo que las condiciones laborales y salariales fueron empeorando, en paralelo al éxito de las campañas que convertían a Huelva en un referente mundial. En un contexto abusivo y desigual donde la mecanización del cultivo era inviable por la delicadeza del producto, las familias andaluzas dejaron el campo en busca de mejores oportunidades. Así, la contratación en origen se formalizó en 2002 a través de la Orden GECCO ante la falta de plantilla, dejando la puerta abierta a la explotación laboral que sufrirían unas trabajadoras con miedo a que las devolvieran a su país, sin conseguir ahorros para sus familias, o que no las volvieran a llamar. El jornal en Huelva es 60,51 euros brutos por 6,5 horas, apuntan los sindicatos: apenas unos 1.100 euros al mes.

Teniendo en cuenta que el 92% de las participantes en los programas de migración circular en 2025 fueron mujeres, ellas son las principales afectadas por estas condiciones. El contingente procedente de Marruecos asciende este 2026 a 17.000 personas, aunque cada vez más se suman trabajadores procedentes de Sudamérica, llegando a las 21.000 contrataciones. La selección se hace en origen, en ciudades como Tánger, a donde se desplazan miles de mujeres desde las aldeas circundantes para realizar las entrevistas. ¿Las condiciones? Tener entre 25 y 45 años, en edad para soportar las cargas del trabajo, con hijos, y casada, divorciada o viuda, es decir, con arraigo para que se cumpla el compromiso de retorno.

En la campaña 2024/2025, la Asociación de Productores y Exportadores de la Fresa de Huelva, Freshuelva, notificó que la campaña 2024/2025 había cerrado con una producción de 210.345 toneladas de fresa, un descenso del 5% comparada con el ejercicio anterior, y 699,3 millones de euros en exportaciones. En cuanto a la frambuesa, llegaron a las 37.660 toneladas (un 6,5% menos) y los 229,6 millones, mientras que la mora alcanzó las 1.890 toneladas (caída del 11%) y 18,3 millones. Alemania y Reino Unido son los principales importadores. A pesar de los beneficios, Philip Alston, relator especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos de la ONU, declaraba en 2020 que las personas del campo onubense vivían “como animales”: “A kilómetros del agua, sin electricidad o saneamiento adecuado. El campo de recolectores de fresas fue verdaderamente impactante”.

Conocer los derechos laborales

“El convenio del campo de Huelva va por contratos fijos-discontinuos y, a través de las tarjetas TIE se permite la vuelta al trabajo durante cuatro años siempre y cuando cumplas con el compromiso de retorno”, explica Ana Pinto. Sin embargo, a la hora de conformar los contingentes, no se respeta la antigüedad de las trabajadoras de la campaña, “¿cómo controlamos eso?”, se pregunta, “no hay una lista en Marruecos, que se debería revisar por WhatsApp, pero se elimina como un castigo por menor producción”. “Lo más importante es que las trabajadoras conozcan sus derechos, se organicen y denuncien”, y la insistencia y difusión de la información desde los sindicatos a las trabajadoras ha logrado la interposición de demandas y la intervención de Inspección de Trabajo.

Además, hace un lustro se introdujeron dos nuevas órdenes ministeriales, la Orden TMS/1426/2018 y la TMS/1277/2019, con el fin de mejorar las actuaciones de Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social para controlar que se cumple correctamente la normativa laboral, a raíz de las polémicas que saltaron a la palestra mediática y, también, en función del acuerdo sobre mano de obra que se firmó entre España y Marruecos, adoptado en 2001. En su artículo 6, se establece que “los trabajadores y trabajadoras marroquíes gozarán de los derechos y privilegios que les conceda la legislación española”.

“Ninguna de estas mujeres quiere salir en la foto: tienen miedo”, critica Fátima Ezzohayry, presidenta de la Asociación de Mujeres Inmigrantes en Acción (AMINA). Antes de llegar a los juzgados o a las autoridades competentes, intermedian con los empresarios para llegar a una solución entre las partes, haciendo hincapié en las actitudes o exigencias de los encargados son los principales problemas que se encuentran en el día a día.

“En una finca en Moguer, la cocina estaba quemada, el grifo de la cocina estaba amarrado con una cuerda, las paredes llenas de humedades... Nos presentamos en la finca y recogimos pruebas con todo ello”, explica. Nombra el caso de una trabajadora que durante ocho años soportó las condiciones de la infravivienda hasta que las amenazas y los malos tratos por parte de los responsables de la finca mellaron la relación y no pudo aguantar más: “El empresario no quiso hacer nada, es más, si no hubieran hecho ese daño, habría seguido en la misma situación”.

Ezzohayry llegó a la provincia en el año 97, antes de la Orden GECCO. Venía en un contingente procedente de Marruecos y conoció al que ahora es su marido. Hasta el año 2017 trabajó en el campo, pero las ernias en su columna vertebral provocaron que le dieran una incapacidad laboral para tales tareas. Fue entonces cuando decidió implicarse en la lucha sindical: “El campo ha empeorado. En mis tiempos era mejor porque estaban las personas españolas, no las migrantes, que no conocen las normas, muchas no saben leer el idioma, y temen perder el trabajo o que no las vuelvan a llamar si se quejan”.

Abusos sexuales

La Audiencia Provincial de Huelva corroboró la existencia de abusos sexuales por parte de cinco patronos españoles a varias trabajadoras marroquíes, de entre 18 y 30 años, el 24 de abril de 2014. El auto recogía que algunas de las vejaciones eran “putas, os vamos a mandar a Marruecos, cojones, que en vuestro país estáis muertas de hambre” o “hijas de puta, tontas, inútiles”. Los agravios hacia las temporeras dieron el salto mediático en el año 2018, después de años de ostracismo laboral y social. También, alrededor de 100 trabajadoras declararon haber sufrido abusos sexuales por parte de jefes y trabajadores en un reportaje en el diario alemán Correctiv. En un frente común, se registró la primera denuncia judicial por parte de cuatro temporeras marroquíes al encargado de una explotación agraria de Moguer y, seguidamente, una segunda denuncia ante la Audiencia Nacional de diez temporeras marroquíes a la empresa Doñana 98 por explotación laboral, acoso y agresiones sexuales.

El artículo Influencia en la agenda mediática en la cultura de la violación: los casos de La Manada y las Temporeras de Huelva en la revista Investigaciones Feministas analiza la influencia que tuvieron tales hechos en los medios de comunicación de aquel entonces. Mientras que los hechos acaecidos durante las fiestas de San Fermín en Pamplona impactaron y movilizaron a la sociedad española, los que se daban en el sur andaluz quedaron relegados a un segundo apartado, pese a la gravedad de lo denunciado y la reiteración de los daños infringidos cada campaña ante la ausencia de unos organismos públicos que velaran por su protección. La cultura de la violación, tal y como se detalla, actúa a través de una triple dominación: la nacionalidad, el sexo y la clase.

La portavoz de Jornaleras de Huelva en Lucha rompe una lanza a favor del sector y sentencia que la violencia sexual “no es mayor” que en otros sectores. Pero las condiciones propician escenarios peligrosos: “Las mujeres que viven en asentamientos chabolistas sin papeles están más expuestas, sin ningún tipo de seguridad, y, por otro lado, las que tienen contrato en origen van por caminos secundarios, no tienen transporte... Imagínate ir andando por ahí y, si pasa algo, tener luego que demostrarlo porque no tienes testigos; están muy expuestas y vulnerabilizadas”.

La medida de regularización extraordinaria que anunció el Gobierno central la contempla como una oportunidad para darle salida a estas realidades, tan menospreciadas: “No es normal que en menos de 24 horas haya una sentencia judicial en la que se dictamine que una mujer tiene intereses espurios para quedarse en España”.

¿Es la migración circular la solución? Carmen Vásquez, miembro del área de Migraciones de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), apoya a las diferentes asociaciones y las personas que viven en los asentamientos que hay desperdigados por el territorio con asesoría y acompañamiento. “Aquí se juega con la necesidad, con el temor, y las fincas tienen una actitud bastante hostil hacia las asociaciones por el daño a su imagen”, indica. En todo caso, Pinto zanja el asunto: “Este monocultivo funciona en base a la explotación laboral, porque en unos meses se quiere la mayor producción posible y un aumento del PIB tanto a nivel provincial como nacional. Se expolia el medioambiente, pero se quiere que Andalucía sea exportadora a nivel mundial y cuenta con el beneplácito de mucha gente y de los partidos”.

Las inversiones públicas se descompensan entre las provincias andaluzas, donde Málaga encabeza la clasificación con 1.347 millones de euros, casi el 30% del total, lo que supondría un aumento del 235% respecto a los 400 millones de 2024. Por contra, Sevilla desciende un 41% hasta situarse en los 783 millones de euros, así que el gasto per cápita queda un 24% por debajo de la media regional y lejos de los 674 euros por habitantes que registró el periodo anterior.

Así se desprende del informe anual del sector elaborado por el Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop), que refleja que en la comunidad hubo una inversión pública de un total de 4.514,6 millones de euros. Esta cifra supone un incremento del 23% en comparación con 2024 y sería el mayor volumen registrado desde 2009.

En cuanto a Málaga, la construcción del nuevo hospital de la Junta y la actividad del Estado y de los ayuntamientos de la provincia la han llevado a conquistar el podium, trasladan en un comunicado. No obstante, en Sevilla se destacan las actuaciones en infraestructuras de transportes e inversión municipal. Seguidamente, el tercer puesto corresponde a Granada, con 545 millones de euros, seguida por Almería, con 403,5 millones.

El Estado, más inversión

En la provincia almeriense descendió un 7% durante 2025 hasta situarse en los 403,5 millones de euros, es decir, 30 millones de euros menos que en 2024. Las obras del Cooredor del Mediterráneo son las que más han atraído al sector. Por su parte, Huelva notificó 395,5 millones de euros y, en la parte final del listado, quedarían Cádiz, con 372,7 millones; Córdoba, con 336,8 millones; y Jaén, que cierra con 201 millones.

En el conjunto de Andalucía, el Estado volvió a situarse como la administración que más recursos movilizó en obra pública durante 2025, con 1.523,7 millones de euros adjudicados. Le siguen los ayuntamientos, que alcanzaron los 1.382,4 millones tras protagonizar el mayor incremento interanual, y la Junta de Andalucía, con 1.375,2 millones. A mayor distancia aparecen las diputaciones provinciales, con 169 millones, y las universidades, con 22,6 millones.

El informe también pone el foco en la participación de las empresas andaluzas en los contratos públicos. Según Ceacop, estas compañías acapararon en 2025 el 48% del montante total adjudicado en la comunidad, dos puntos porcentuales menos que en el ejercicio anterior y el porcentaje más bajo registrado desde 2014.

Empresas andaluzas

La presencia de firmas de la región varía de forma notable según la administración que promueve las obras. Mientras que en el ámbito local las empresas andaluzas concentran el 72% de las adjudicaciones de los ayuntamientos y el 82% de las diputaciones provinciales, su peso se reduce en otras administraciones. En el caso de la Junta de Andalucía alcanza el 43,4%, mientras que en las obras impulsadas por el Gobierno central apenas llega al 25%.

La patronal del sector también advierte del creciente recurso a los llamados medios propios de las administraciones públicas, como Tragsa, Tragsatec o Ineco. En 2025 los encargos directos a estas empresas públicas alcanzaron los 454 millones de euros en Andalucía, de los cuales cerca de 300 millones correspondieron a la Junta.

Pese al fuerte incremento registrado el pasado año, desde Ceacop recuerdan que los niveles actuales de inversión todavía se sitúan lejos de los registrados antes de la crisis financiera. Aunque el volumen alcanzado en 2025 supera la media anual de los años de mayor actividad entre 2006 y 2009, si se tiene en cuenta el efecto de la inflación la inversión actual continúa aproximadamente un 40% por debajo de aquellos niveles en términos reales.

La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán sigue provocando consecuencias a nivel mundial. Además de perturbar el panorama geopolítico y de generar tensiones diplomáticas que reconfiguran un nuevo mapa mundial, la escalada bélica que está provocando bombardeos en refinerías de Oriente Medio o el cierre del estrecho de Ormuz, por el que pasa el 20% del petróleo mundial y el 25% del gas natural licuado (GNL), también se está empezando a notar en sectores como el primario. Algo que, en el caso de Andalucía, está ahogando a agricultores y ganaderos por el incremento de costes asociado y porque el tren de borrascas de enero y febrero ya había dañado severamente su producción.

El hecho de que una guerra impacte de lleno en la economía de terceros países no es nuevo. Es una tónica habitual en un mundo tan globalizado como el nuestro y el último ejemplo al respecto se produjo durante los primeros días de la guerra de Ucrania. En 2022, por las mismas fechas que ahora, el petróleo y el gas mundial incrementaron mucho su precio, generando una subida en cascada del coste de producción de gran parte de las materias primas. Ahora, la guerra en Irán ha elevado el precio del barril de crudo entorno a los 100 dólares y el gas ha hecho lo propio encareciéndose más de un 50%. Algo que se traslada directamente al coste que han de afrontar agricultores y ganaderos para seguir con sus explotaciones, pero que no tiene por qué reflejarse en la cesta de la compra por cómo está configurada la cadena alimentaria, puesto que los precios los suele establecer la distribución y no la producción.

Sebastián González es uno de los agricultores andaluces que está haciendo números para sobrevivir a otro revés económico, apenas unas semanas después del tren de borrascas que han dañado severamente los campos de Andalucía. Explica que en su zona, Lebrija (Sevilla), muchos agricultores han perdido prácticamente toda la cosecha de invierno. “En mi zona hay agricultores que han tenido daños del 90% o del 100% en cultivos hortícolas como coliflor, brócoli o espinaca”, señala.

Este agricultor de regadío, que también es el secretario provincial de Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) en Sevilla, asegura que cuando el sector apenas comenzaba a preparar la campaña de primavera se ha encontrado con un nuevo golpe: la escalada del precio de la energía y de los bienes agrícolas. “Hace tres semanas el gasóleo agrícola estaba a 0,88 euros y el sábado ya estaba a 1,25”, explica. A eso se suma el encarecimiento de los fertilizantes, que según cuenta ya han subido entre un 30% y un 40% y podrían seguir aumentando a lo largo de la campaña. “Los fertilizantes ya han subido entre un 30% y un 40%, y durante la campaña prácticamente se van a duplicar”, sostiene.

El agricultor denuncia además que parte de estas subidas responden más a movimientos especulativos que a un aumento real de los costes. “Hay cierta especulación, porque el gasóleo y el abono que se está vendiendo ahora ya estaban en el mercado desde hace semanas”, afirma. En su caso, explica, se trata de explotaciones que manejan cifras muy elevadas de gasto y que ahora ven cómo se disparan sus cuentas. “Estamos hablando de explotaciones que gastaban en torno a 800-1.000 euros de gasoil y fertilizante por hectárea y ahora se están acercando a los 2.000 euros de gasto”.

Una situación que llega en un momento especialmente delicado para el campo andaluz, que aún arrastra las pérdidas provocadas por el tren de borrascas de comienzos de año. “Los agricultores nos estamos jugando mucho sin tener la certeza de que la producción vaya a llegar a buen puerto”, resume González, que además advierte de que parte del encarecimiento acabará trasladándose al consumidor. “Sin duda va a haber una subida coherente con lo que nos cuesta producir y transportar, pero también intuyo que habrá subidas especulativas”, añade.

El impacto también alcanza al olivar

La situación tampoco es mejor en el olivar jiennense, el mayor productor mundial de aceite de oliva. Francisco Elvira, agricultor de Jaén, explica que el encarecimiento de la energía ya está teniendo efectos directos en los costes de producción. “Tenemos una subida en torno a 20 céntimos en el combustible y unos 200 euros por tonelada en el nitrógeno que utilizamos para abonar el campo”, explica.

En el caso de los fertilizantes, el problema está directamente relacionado con el gas natural, del que se obtiene el nitrógeno que utilizan los agricultores. “El nitrógeno que utilizamos para abonar se saca del gas, así que cuando sube la energía suben también nuestros costes”, señala. Pero en el caso del olivar la crisis llega además en mitad de una campaña complicada. Las lluvias han impedido terminar la recolección con normalidad y han dejado parte de la producción en el campo. “Nos pilló la lluvia con un tercio de la cosecha sin recoger y de ese tercio la mitad se ha quedado tirada en el campo”, explica.

La combinación de pérdidas y aumento de costes está poniendo contra las cuerdas a muchas explotaciones. “Es como una empresa que pierde el 15% de sus ingresos y al mismo tiempo ve subir sus costes otro 15%”, resume Elvira. El agricultor también advierte de que el mercado del aceite de oliva es especialmente sensible a cualquier movimiento geopolítico. “Somos un sector muy psicológico y cualquier noticia internacional afecta al precio del aceite en origen”, afirma. De hecho, asegura que en estos momentos los precios que reciben los productores están incluso a la baja. “La tendencia ahora mismo en el aceite en origen es a la baja”, sostiene.

A su juicio, una de las razones por las que los agricultores no pueden trasladar fácilmente el incremento de costes es el funcionamiento de la cadena alimentaria. “Los precios al final se siguen conformando desde el supermercado hacia el productor”, critica. Aunque existe la Ley de la Cadena Alimentaria para evitar la venta a pérdidas, Elvira considera que su aplicación es insuficiente. “Es una ley bien intencionada, pero no se ha dotado de presupuesto para que realmente se cumpla”, sostiene.

El encarecimiento de los piensos

La situación tampoco es muy distinta en la ganadería. Clara Torreblanca, ganadera de caprino de leche y productora de huevos camperos en Granada, explica que el aumento del precio de la energía afecta directamente al funcionamiento diario de las explotaciones. “Siempre tenemos un generador de apoyo porque si falla la luz necesitamos mantener el frío para conservar la leche”, explica. Pero más allá del combustible, la mayor preocupación está en la posible subida de los alimentos que se utilizan para el ganado. “En ganadería la materia prima que más utilizamos son los piensos y los forrajes, y ahí es donde tenemos el mayor miedo”, señala.

Torreblanca también advierte de que algunas subidas se están produciendo de forma demasiado rápida como para responder únicamente a la evolución del mercado. “La subida del gasóleo o de los fertilizantes se ha producido en horas, cuando todavía no hay una falta real de materias primas”, afirma, denunciando que existe “una especulación pura y dura” en algunos mercados. Además, alerta de que el aumento del precio de la energía también puede encarecer otros elementos de la cadena alimentaria, como los envases. “El cartón se va a encarecer muchísimo”, explica, algo que terminará repercutiendo en el precio final de productos como los huevos o los lácteos.

A su juicio, esta situación vuelve a poner de manifiesto la vulnerabilidad del sistema alimentario europeo ante conflictos internacionales. “En cuanto estalla una guerra en un país del que dependemos para materias primas, el campo europeo empieza a sufrir”, sostiene. Por ello, defiende reforzar la soberanía alimentaria. “No podemos dejar la alimentación en manos de terceros países”, concluye.

El peso económico del campo andaluz

El impacto potencial de estas crisis no es menor en una comunidad como Andalucía, donde el sector agrario tiene un peso clave en la economía. Según datos de la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía, los productos del olivar alcanzaron en 2024 un valor de 5.401 millones de euros, lo que supone el 31,6% del valor de la producción agraria andaluza.

En términos macroeconómicos, la propia administración autonómica estima que el olivar aporta en torno al 2% del PIB andaluz. Además, su impacto en el empleo rural es muy significativo: una campaña media puede generar unos 18 millones de jornales en la aceituna para aceite y otros 4,25 millones en la aceituna de mesa. La Junta también recuerda la importancia de las exportaciones agroalimentarias andaluzas, especialmente hacia Estados Unidos. En 2025, Andalucía exportó productos agroalimentarios a ese país por valor de 1.165,8 millones de euros, de los cuales 813,6 millones correspondieron a productos relacionados con el olivar.

Desde el Gobierno central, el Ministerio de Agricultura asegura que está siguiendo la situación de cerca: “Desde el Gobierno seguimos muy de cerca la evolución de los precios del petróleo, del gas y de los fertilizantes, porque tienen un impacto directo en los costes de producción agraria y pesquera”. El Ejecutivo afirma que permanece atento a la evolución del conflicto y a sus efectos sobre el sector. “Estamos vigilantes y preparados para afrontar condiciones imprevisibles”, añaden. Entretanto, agricultores y ganaderos siguen pendientes de cómo evolucionará un conflicto que, a miles de kilómetros de distancia, ya empieza a sentirse en los campos andaluces.

La paralización por parte de la cooperativa Dcoop de su operación para comprar el 100% del capital de la estadounidense Pompeian, de la que ahora este gigante del aceite de oliva con sede en Málaga tiene la mitad, describe a la perfección la incertidumbre que pesa entre los empresarios andaluces que invierten en EEUU tras la amenaza de guerra comercial a España por Donald Trump.

En la segunda comunidad autónoma, por detrás de Cataluña, que más exporta a EEUU y la primera en el sector oleícola, afrontan con preocupación el nuevo escenario sin haberse recuperado todavía de la guerra de los aranceles emprendida por el republicano. No en vano, Andalucía copa más del 85% de las ventas de aceite de oliva de España a EEUU y el mismo producto supone uno de cada cuatro euros de sus exportaciones con este destino.

El pasado ejercicio, con los nuevos aranceles en vigor, Andalucía exportó 132.700 toneladas de aceite de oliva, un incremento de casi el 30% respecto a 2024, si bien bajaron los ingresos por el descenso del precio derivado de la elevada producción. El top 3 lo completan los combustibles (más de 500 millones de euros) y la piedra natural (unos 250), sobre todo desde Almería, hasta el total de 2.607 que Andalucía vendió a EEUU en 2025, con una balanza comercial —diferencia entre lo que exporta y lo que importa— prácticamente equilibrada.

Reiteradas amenazas

No es la primera amenaza de Donald Trump a España el último año: “Vamos a hacer que paguen el doble”, “quizá les castigue con el comercio a través de aranceles”, “quizá deberíais expulsarlos de la OTAN”... Desde los distintos sectores y en las 2.766 empresas de Andalucía que, según datos de la agencia pública Trade, exportan a EEUU, aguardan con inquietud el resultado de este último pulso, pero también con cierta resignación, tras haber afrontado las consecuencias de su política proteccionista en las aduanas.

Lo explican desde otro de los productos donde Andalucía también es líder en exportaciones y que fue la primera víctima: la aceituna de mesa. De hecho, la negra no se ha recuperado del mazazo de 2019, con los aranceles específicos para España que entraron en vigor entonces, aunque la verde sí ha salvado su posición. El secretario general de la Asociación Española de Exportadores e Industriales de Aceituna de Mesa (Asemesa), Antonio del Moral, refiere así que la situación derivada de la guerra en Oriente Medio se une a la entrada en vigor del nuevo arancel global del 10% de EEUU después de que la Corte Suprema tumbara la mayoría de los gravámenes impuestos por Donald Trump.

En declaraciones a elDiarioand, reconoce, sin embargo, que “no ha trascurrido tiempo suficiente para hacer una valoración”, pero que “en el caso de la aceituna de mesa y de la mayoría de productos, el fallo de la Corte Suprema no ha supuesto un arancel superior al que se tenía”. En cuanto a la nueva advertencia de Washington, apunta: “Confiamos en el trabajo diplomático y el diálogo para conseguir que prevalezcan las buenas relaciones y tener un clima de seguridad en todos los sentidos, que es lo que necesitan los empresarios”. Por ello, pide a las administraciones que “en todas las decisiones que tomen tengan siempre en cuenta a las empresas, que son las que crean riqueza y empleo”.

Clave para el sector agrolimentario

El aceite de oliva, la aceituna…, y también el vino. Desde la Organización Interprofesional del Vino de España (OIVE) indican que, en términos de valor, EEUU es el segundo importador, por detrás de Alemania, con más de 330 millones de euros el pasado año para el conjunto del país.

El presidente del Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen Jerez, Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda y Vinagre de Jerez, César Saldaña, en declaraciones a la agencia Europa Press, recuerda que sufrieron una bajada en 2025 por los aranceles. “Esto no es bueno”, lamenta sobre el actual conflicto diplomático. Dentro de este marco, con más de dos siglos de historia y con tres décadas en EEUU, el Grupo Osborne rehúsa hacer valoraciones precisamente por esta “incertidumbre”.

Una intranquilidad que llega también a pymes como Inés Rosales. Sus tortas de aceite se venden en los 50 estados y en lugares tan peculiares como Hawaii y Alaska y territorios estadounidenses como Puerto Rico. Lucía Conejo - Mir, vicepresidenta de ventas de Inés Rosales USA, la filial que la empresa creó tras su éxito en este mercado, comenta que en los últimos años todos los exportadores españoles han tenido que gestionar muchos retos. “La pandemia y sus efectos en la distribución y el consumo, la subida de los costes de producción, materias primas, la disponibilidad de contenedores y precios del transporte, las fluctuaciones de la divisa, por poner tan sólo algunos ejemplos. La situación arancelaria supone un reto más, sin duda, pero como tal lo afrontamos y buscamos soluciones que nos permitan continuar la misión de llevar productos de calidad a EEUU”, subraya a elDiarioesand.

Para esta empresa, EEUU es el mercado de mayor relevancia a nivel internacional y segundo en ventas después del nacional. “Nuestros proyectos de expansión y penetración en este país siguen vigentes y nos generan oportunidades y desarrollo empresarial. Permanecemos atentos al posicionamiento de España en la guerra de Oriente Medio y cómo esto puede afectar a la respuesta de EEUU en materia de comercio exterior”, recalca.

La Asociación Empresarial Alimentos de Andalucía (Landaluz) es tajante: la comunidad autónoma “se juega casi 3.000 millones de euros en exportaciones” en su primer mercado no comunitario y el quinto del mundo. Buscar otras alternativas no es fácil, porque detrás del actual nivel de penetración hay muchos años de trabajo.

No son sólo los aranceles y la respuesta de Donald Trump al veto del uso de las bases de Morón de la Frontera y Rota para sus operaciones en Irán, sino también otras consecuencias del conflicto bélico, como apuntan desde la Asociación de Empresarios del Mármol de Andalucía (AEMA). Su presidente, Jesús Posadas, quien ya advirtió una ralentización de los pedidos en EEUU por los impuestos, habla ahora del “incremento de costes y retrasos en las exportaciones” por el cierre del Estrecho de Ormuz por parte de Irán.

En definitiva, todos coinciden: EEUU, en muchos casos el primer destino internacional para Andalucía después de la propia UE, es un mercado muy dinámico, el más competitivo y claramente estratégico, por lo que toca contener el aliento.

La operación militar desplegada por Estados Unidos contra Irán desde la pasada semana está provocando importantes consecuencias en la economía de varios países, entre ellos España. El sector del metal de la provincia de Sevilla está recibiendo las útltimas noticias del conflicto militar con “incertidumbre” ante sus posibles repercusiones con un mercado que representa un importante volumen de negocio para las compañías.

“Nuestras ventas a Estados Unidos han sido en los últimos años alrededor del 5 al 10% de las ventas”, ha destacado a Europa Press la empresa Moldtech, dedicada al equipamiento para prefabricados de hormigón, con sede en el Polígono Industrial Piedra Hincada, en Alcalá de Guadaíra (Sevilla).

Para la compañía, el conflicto con Irán llega todavía procesando los efectos de los aranceles impuestos por el presidente estadounidense, Donald Trump, y que ha provocado que en “la última oferta que han presentado tiene un recargo de aranceles del 15%”.

Exportaciones

Procesando las consecuencias de los aranceles también estaban en Arahal. En el municipio tiene su sede la empresa Jimeca S.L que se dedica a la fabricación de equipos multibasculantes y ha exportado sus productos a más de 40 países. “Hasta el momento no nos habían afectado mucho los aranceles, pero ahora estamos con incertidumbre”, ha señalado el director comercial de la empresa, Ignacio González, a esta agencia. La compañía realizó su primera venta a Estados Unidos en 2023 y desde entonces ha ido aumentando paulatinamente su presencia en el mercado.

El anuncio de la operación militar ha pillado a la empresa con su último pedido al país norteamericano en un barco con destino al puerto de Nueva York. “El cliente me ha comentado que no hay ningún cambio, aunque hay cierta incertidumbre. Eso si, tienen pensado realizar ya un nuevo pedido incluso”, ha indicado González.

La preocupación de ambas compañías, que pertenecen a la Federación de Empresarios del Metal (Fedeme), no solo se centra en la exportación de sus productos, también en un posible incremento de los costes de fabricación y trasnporte.

“A medio plazo”

“La situación ha empeorado ahora tras el ataque a Irán, por el incremento del precio del petróleo, que ha provocado el incremento de los costes de transporte”, ha subrayado Midtech que advierte que la complicada situación geopolítica hace que la preocupación se extienda “a todo el mundo”.

Por su parte, González ha asegurado que la subida de los precios y la incertidumbre “va a afectar a medio plazo” a la empresa, en especial teniendo en cuenta los plazos de fabricación que duran unos cuatro meses de media.

“Al dejar de pasar los barcos de mercancías por el canal de Suez, se han colapsado el resto de rutas e incrementado los tiempos de tránsito”, ha afirmado la empresa alcalereña, una situación que ya ha provocado algunos desvíos del transporte de algunos pedidos de la empresa Jimeca.

El tren de borrascas que azotó a Andalucía afectó profundamente al sector agroalimentario. Las pérdidas se cuantifican por miles de millones y el cultivo de la frase en Huelva arrastra las consecuencias. A principios de marzo, la producción debería estar a un 40%, sin embargo, “se ha tirado en estos dos meses casi la mitad de la fruta”, indica Manuel Piedra Chaves, secretario general de UPA Huelva. Con el fin de rescatar lo que queda de temporada, el sindicato ha salido a la calle y, bajo las Setas de Sevilla, ha repartido alrededor de 1.600 tarrinas llenas del fruto rojo, animando a la población a que se fije en la etiqueta antes de comprar.

Esta es la tercera edición de repartos que organiza UPA en diferentes puntos del país, comenzando por la Puerta del Sol, en Madrid. Tras hacer parada en el pueblo de Adamuz, donde ocurrió el trágico accidente ferroviario, la capital hispalense ha sido el siguiente destino. En declaraciones a este medio, Chaves destaca que las lluvias torrenciales afectaron a las fresas en el momento más crucial: “En los dos primeros meses de campaña es cuando más valor tiene, pero hemos tenido que arreglar las estructuras, los plásticos, con todo el gasto que conlleva y, lógicamente, estamos mal”. Por tal motivo, acuden a la ciudadanía, “pedimos que nos ayuden, que consuman producto de la tierra, como son las fresas de Huelva que, en definitiva, son las fresas de España y suponen el 91% de la producción”.

Había quien cogía más de una tarrina o intentaba repetir con sonrisa picarona. Pero tantos oriundos como extranjeros disfrutaron del sabor de este fruto que da más de 100.000 puestos de trabajo, confirma el representante de UPA. “El impacto ha sido fuerte y, aunque aún no está cuantificado el daño, la economía de la agricultura se está resintiendo”, añade. Para hacerse una idea, la reconstrucción de Andalucía tras el paso de las borrascas supondrá una inversión de al menos 9.000 millones de euros, con fondos movilizados a través del Gobierno central y de la Junta de Andalucía. El plan de choque autonómico está destinado principalmente al campo andaluz, junto a los autónomos y pymes turísticas y comerciales, además de las familias que han visto sus casas destrozadas.

Diferencia de 8 euros desde el campo al supermercado

Hasta ahora, no han recibido ningún tipo de subvención a la espera de que se desarrollen las medidas planteadas por las administraciones. A la espera y en mitad de unas ventas que, a priori, no serán tan buenas como en periodos anteriores, Piedra Chaves también se refiere a la competencia de los intermediadores: “Hoy he visto en Sevilla precios de 10 y 11 euros el kilo de fresas, mientras que a nosotros nos pagan 2 euros. Alguien se está quedando con el dinero que no le llega al agricultor”. Una señora corrobora la cifra que da el integrante de UPA, aunque siempre opta por ir a la venta del barrio, donde están ahora mismo a 6 euros.

Las fresas entregadas a los sevillanos corresponden a la variedad Marisma, originaria de Huelva, producidas por la empresa FNM (Fresas Nuevos Materiales), que se han recolectado a primera hora de la mañana para realizar el reparto en la capital andaluza. Al respecto, Verónica Romero resalta el simbolismo que tiene el reparto de fresas en este emplazamiento: “La campaña #YoComoFresasdeHuelva se puso en marcha en 2024 como estrategia para confirmar la excelente calidad de la fresa de Huelva, y de los frutos rojos en general. Aparte, este cultivo ofrece trabajo a cientos de sevillanos que se desplazan diariamente a la provincia vecina para obtener unos ingresos con los que generar riqueza y vida en nuestros pueblos”.

Los repartos continuarán la próxima semana en dos comunidades autónomas distintas: Extremadura, con parada en Mérida el martes 10 de marzo; y Castilla y León, donde se repartirán fresas en Salamanca (miércoles 11) y Segovia (jueves 12).