PSOE y Adelante amenazan al Parlamento andaluz con ir al Constitucional si avala la reforma que da a PP y Vox el control de la Cámara de Cuentas

El pacto de PP y Vox para aprobar una reforma exprés de la Ley de la Cámara de Cuentas de Andalucía que blinde su mayoría en el órgano de control de las cuentas públicas del Gobierno de Juanma Moreno ha desatado una virulenta reacción de todos los partidos de izquierdas en la oposición, que no han ahorrado calificativos para describir lo “gravísimo” del asunto.

“Es antidemocrático”; “Es un atraco a mano armada a la pluralidad política”; “Es un proceso deconstituyente de la autonomía andaluza”; “Es un tema de causa mayor que socava la defensa de la democracia, el blindaje de nuestras instuciones y el autogobierno andaluz”. Por separado, PSOE, Adelante Andalucía y Por Andalucía han coqueteado este miércoles con acudir al Tribunal Constitucional en caso de que la polémica reforma prospere, algo previsible, dada la holgada mayoría de tres quintos que tienen PP y Vox en el Parlamento.

Los socialistas y Adelante Andalucía han elevado sendos escritos a la Mesa del Parlamento y a la propia presidencia de la Cámara de Cuentas, ambas contraladas hoy por los populares, con el objetivo indisimulado de recabar argumentos por escrito para armar un recurso de inconstitucionalidad por “vulneración del derecho fundamental de representación política” de los grupos. Ambos reclaman un informe a los servicios jurídicos del Parlamento que justifique la celeridad de una reforma “ad hoc” de la ley que, de aplicarse, cambiaría la composición del órgano de control externo de la Junta, cediendo la mayoría al bloque progresista.

El escrito del PSOE, de 18 páginas, recoge jurisprudencia del Tribunal de Garantías y es prácticamente un simulacro de recurso de inconstitucional que busca, al menos, evitar que el Parlamento tramite de urgencia la reforma propuesta por PP y Vox. Los tres grupos de izquierdas denuncian, al unísono, que tanto el fondo del cambio en la ley como el procedimiento acelerado para tramitarlo buscan “suprimir la garantía legal de representación de los grupos parlamentarios”.

Un órgano estatutario que supervisa al Ejecutivo de Moreno

El asunto, adelantado por este periódico, ha provocado una bronca este miércoles en la Junta de Portavoces, donde los grupos de izquierdas han exigido a la presidenta del Parlamento, la popular Ana Mestre, explicaciones de por qué esta modificación apresurada de una ley con 38 años de vida se tramita por la vía de urgencia y, por primera vez, fuera del Pleno de la Cámara.

“No estamos ante una reforma institucional neutral, sino ante una modificación normativa cuya oportunidad temporal y cuyos efectos permiten apreciar un riesgo fundado de utilización instrumental de la potestad legislativa. Pretenden cambiar las reglas del juego cuando pueden impedir su mayoría”, reza el escrito que el PSOE ha elevado a la Mesa. Mestre ha alegado que cuenta con el beneplácito del letrado mayor y ha asegurado que se admitió el trámite abreviado porque los grupos proponentes así lo habían pedido.

PP y Vox no han ocultado que la supresión de un párrafo de un solo artículo de la citada ley -así como la solicitud para tramitarla de urgencia- tiene por objeto evitar que la oposición de izquierdas les arrebate el control del órgano de extracción parlamentaria, encargado de supervisar en qué y cómo se gasta el dinero el Ejecutivo de Moreno. “Me sorprende que les sorprenda que un gobierno con mayoría quiera mantener esa mayoría. Es de sentido común”, ha admitido la diputada de Vox Paula Badanelli.

El portavoz popular en la Cámara y firmante de la iniciativa, Toni Martín, ha sido mucho más explícito: “Se ha modificado una línea de la ley, porque se podría dar la circunstancia de que una carambola legislativa pudiera propiciar que grupos que juntos suman una minoría en el Parlamento dirijan la Cámara de Cuentas. Y eso de democracia tiene cero”, ha subrayado, tras admitir que la vía elegida para acelerar esta reforma legal “no se había hecho nunca”. “Pues ésta va a ser la primera”, sentencia.

El planteamiento de los grupos de izquierdas es justo el contrario: defienden que “el espíritu” de ese artículo de la ley que PP y Vox quieren cercenar -vigente durante 13 legislaturas- es garantizar que la elección de los miembros de la Cámara de Cuentas, a propuesta de los partidos, esté desacompasada con la composición del Parlamento surgida de las urnas. Es decir, que la renovación de las dos instituciones tuvieran “ritmos distintos”, permitiendo “mayorías diferentes” en el Gobierno y en el órgano que debe controlar al Gobierno.

En su escrito a la Mesa, el PSOE pone especial énfasis en atacar la decisión de PP y Vox de tramitar la reforma legal por la vía de urgencia porque, “restringe el derecho de enmienda” de los diputados contrarios a la proposición de ley. Y para argumentarlo, echan manos, precisamente, de una sentencia del Constitucional que admitió un recurso del PP andaluz que vio vulnerados los derechos de representación de una de sus diputadas (la hoy consejera de Cultura, Patricia del Pozo) al ser excluída en la composición de la Mesa del Parlamento andaluz.

El Tribunal de Garantías resolvió aquel litigio defendiendo “una interpretación restrictiva de todas aquellas normas que puedan suponer una limitación al ejercicio de aquellos derechos o, atribuciones que integran el estatuto constitucionalmente relevante del representante público y a motivar las razones de su aplicación”.

Recurso de amparo ante el Tribunal de Garantías

Quien ha ido más allá de los amagos con acudir a los tribunales ha sido Adelante Andalucía, el principal damnificado de la reforma exprés de la Ley, que les dejaría sin representación en la Cámara de Cuentas. Su líder, José Ignacio García, ha anunciado una batería de medidas, unas preventivas para intentar que la reforma legal no cristalice, y otras donde asumen que tienen perdido el pulso, y se verán abocados a presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) si finalmente sale aprobado el nuevo texto.

Antes de acudir al Tribunal de Garantías, García ha amenazado a la presidenta del Parlamento, la popular Ana Mestre, al letrado mayor, Manuel Carrasco, y al presidente de la Cámara de Cuentas, Alejandro Cardenete, con adjuntar en su recurso de inconstitucionalidad “cualquier papel” que firmen en los próximos días y semanas para acelerar o avalar la entrada en vigor de la reforma legal del órgano de extracción parlamentaria que, dicen, “vulnera su derecho de representación política”, blindado en la Constitución Española.

La proposición de ley de PP y Vox incluye la solicitud de una tramitación acelerada sin precedentes, apelando al artículo 134 del reglamento de la Cámara, que nunca se ha usado hasta ahora: primero, para acotar los plazos previstos a la mitad, metiendo la iniciativa por la vía de urgencia y, segundo: que se debata y apruebe en comisión parlamentaria, sin necesidad de pasar por el Pleno. Si se cumplen estos plazos, en menos de dos meses podría entrar en vigor.

Martín ha respondido a las críticas de la izquierda recordando que esta fórmula para acelerar los plazos también la ha usado el PSOE en el Congreso. Los socialistas alegan que el artículo 134 del reglamento no puede aplicarse en este caso, porque la Cámara de Cuentas es un organismo blindado en el Estatuto de Autonomía, y modificarlo exigiría una mayoría cualificada en Pleno.

Los socios de Gobierno no ocultan, ni en el texto de su propuesta, que la modificación de un párrafo de la Ley de la Cámara de Cuentas tiene que “hacerse con celeridad”, para aprobarse antes de febrero de 2027, cuando está prevista la renovación de cuatro de los siete miembros del órgano fiscalizador. Tres de ellos son del PP y, en virtud del artículo de la ley que pretenden eliminar, uno tendría que renunciar a su puesto para dar entrada al consejero propuesto por Adelante Andalucía.

El segundo párrafo del artículo 24.1 de la ley establece que “todos los grupos parlamentarios, con excepción del Grupo Mixto, tienen derecho, como mínimo, a que uno de los miembros elegidos proceda de su propuesta”. El resultado de las elecciones andaluzas del pasado 17 de mayo otorgaron a Adelante Andalucía grupo propio -al pasar de dos a ocho diputados- y, por tanto, le corresponde legalmente un puesto en la Cámara de Cuentas. Actualmente el reparto es éste: tres miembros a propuesta del PP (incluido el presidente de la Cámara), dos del PSOE, uno de Vox y otro de Por Andalucía.

El párrafo eliminado en la proposición de ley aclara que, en caso de que la entrada de un nuevo consejero “no fuera posible con arreglo a criterios de proporcionalidad pura, cederá un puesto la propuesta que, teniendo ya asegurada la elección de un Consejero, haya obtenido el resto menor en la aplicación de los citados criterios”.

En aplicación de esta regla, el PP estaría obligado a ceder a uno de sus consejeros y, en consecuencia, el bloque progresista pasaría a tener mayoría absoluta en un órgano de extracción parlamentaria que fiscaliza el uso del dinero público del Gobierno de Moreno. “Pretenden cambiar las reglas del juego por oportunidad política”, dice el escrito elevado a la Mesa por el PSOE, “no porque hayan demostrado ser inadecuadas para el funcionamiento de la institución, sino porque su cumplimiento puede alterar el reparto de representación que actualmente favorece al PP. Una garantía legal de pluralismo institucional, vigente desde 1996, se pretende suprimir de manera precipitada precisamente cuando puede producir efectos que no convienen a la mayoría parlamentaria.

Una carrera para aprobar o paralizar la reforma antes de dos meses

Adelante Andalucía ha maniobrado este miércoles para torpedear esa tramitación urgente de la ley, solicitando formalmente a la Mesa del Parlamento y a la própia Cámara de Cuentas que active la renovación prevista de los cuatro consejeros dos meses antes de que expire su mandato, en aplicación del artículo 22.C del reglamento del órgano fiscalizador.

Según ese punto, el presidente de dicha institución puede “comunicar” a la presidenta del Parlamento “con dos meses de antelación, la finalización de su mandato y el de los Consejeros, así como las vacantes que por otros motivos se produzcan, a los efectos de iniciar los procesos de designación correspondientes”.

Adelante Andalucía inicia así una carrera contrareloj contra el PP y Vox. Los conservadores quieren acelerar la entrada en vigor de la reforma legal, y el partido soberanista quiere adelantar dos meses el relevo de los miembros de la Cámara de Cuentas, para tratar de meter a su consejero antes de que la modificación legal 'ad hoc' les cierre la puerta en las narices. En ese sentido, García ha pedido un informe al letrado mayor sobre la justificación de tramitar esta reforma por la vía de urgencia y hacerlo en comisión, en vez del Pleno.

El partido fundado por Teresa Rodríguez pretende recabar documentación por escrito sobre este asunto, tanto del letrado mayor como del presidente de la Cámara de Cuentas, para adjuntarlo al recurso que presentarán ante el Constitucional cuando finalmente se apruebe la reforma de la ley, privándoles de representación en dicho órgano.

Este miércoles han registrado sendos escritos solicitando, entre otras medidas para frenar la reforma, “que se remita a la Mesa del Parlamento y a los grupos parlamentarios un informe detallado elaborado por el Letrado Mayor de la Cámara que exponga todo el procedimiento y plazos de renovación de los miembros de la Cámara de Cuentas conforme a la legislación vigente y la composición actual del Parlamento”.

El PSOE también ha abordado este asunto como una “causa mayor”. Ha solicitado una reunión extraordinaria de la Mesa de la Cámara, tras validar la tramitación de urgencia de esta reforma legal, para debatir por qué se ha elegido ese procedimiento, pero Mestre lo ha rechazado. “¿Cuál es la urgencia de esta reforma y por qué se ha hurtado este debate al Parlamento y se delega en comisión?”, ha preguntado la diputada socialista, Ángeles Férriz, durante la Junta de Portavoces.

Los socialistas también han reclamado por escrito a la Mesa que, con carácter previo a la tramitación de la reforma legal, los Servicios Jurídicos de la Cámara elaboren un informe que determine, “de forma expresa y motivada, si la reforma de las reglas de designación de los consejeros de la Cámara de Cuentas constituye una materia estatutariamente delegable o si, por el contrario, su aprobación debe quedar reservada al Pleno del Parlamento conforme al artículo 108 del Estatuto de Autonomía”.

El escrito solicita que la propuesta de ley de PP y Vox se tramite por la vía ordinaria, garantizando así la sustitución de un consejero propuesto por los populares por otro elegido por Adelante Andalucía, de modo que la Cámara de Cuentas pasaría a estar controlada por el bloque progresista.