Este sábado una periodista vivió lo que tantos otros reporteros han sufrido estas últimas semanas: los insultos y amenazas de algunos de los manifestantes. Solo por hacer su trabajo, solo por acercarse a una persona negra, Gabriela Sánchez (enviada especial de elDiario.es a Ceuta) fue increpada y violentada. La paradoja llega cuando descubrimos que el chico con el que se había acercado a hablar ni tan siquiera era migrante. Era un chico inglés. Eso sí, era negro.

¿Qué nos cuenta que en un territorio tan diverso como Ceuta, donde más del 40% de la población es musulmana, reaccione de esta manera? Probablemente, este caso nos sirve para entender el caldo de cultivo que lleva tiempo cociéndose en Ceuta y en otras partes de España. Tratamos de entender lo que está pasando con la propia Gabriela Sánchez.

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Amnistía Internacional (AI) ha pedido a todos los partidos políticos y autoridades que condenen públicamente la violencia contra los periodistas que informan sobre Ceuta, así como que garanticen su seguridad.

“Esto es vital para que las sociedades tengan acceso a una información plural e independiente. La libertad de expresión y de información es un derecho humano que debe protegerse”, señala Daniel Canales, responsable de Investigación de Violaciones de Derechos Humanos.

La organización recuerda que “Vox lleva años acusando sistemáticamente a algunos medios de manipuladores e incluso ha calificado recientemente a periodistas de RTVE como 'terroristas'. El señalamiento y el acoso contra periodistas fomenta el riesgo de que sufran algún tipo de violencia”.

Diversos profesionales de la información que cubren la actual crisis desde Ceuta han sufrido acoso, insultos e incluso agresiones físicas y verbales por parte de ciudadanos locales. Entre ellos está una reportera de elDiario.es a la que gritaron e insultaron porque hablaba con dos jóvenes que ni siquiera eran marroquíes.

También en otras ciudades los periodistas han sido hostigados mientras informaban en las manifestaciones a favor de la ciudad autónoma el pasado 2 de septiembre, por ejemplo en Madrid o en Pamplona.

AI relata que algunos de ellos les han trasladado que, en ocasiones, las fuerzas de seguridad no han actuado o bien han actuado tarde para protegerles, por lo que han visto “obligados a interrumpir sus coberturas o a abandonar los lugares desde donde tenían previsto informar”.

Los ataques a periodistas ya han sido condenados por cadenas de televisión como laSexta, cuyos profesionales recibieron insultos, empujones y amenazas. También la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) ha condenado estas agresiones.

Desde AI señalan que también deben condenarse “los actos y discursos racistas y xenófobos, que solo contribuyen a incrementar un clima de violencia y de odio”.

Más Madrid ha arrancado un nuevo curso político apuntando a la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, a través de una lona desplegada en el distrito de Carabanchel. “Madrid no es un palco VIP”, recoge un cartel de grandes dimensiones que incluye la imagen de la dirigente regional y del inmueble que según su Gobierno la Comunidad de Madrid adquirió para utilizarlo como “oficina”.

Para el principal partido de la oposición, en cambio, se trata de un “aticazo” para uso personal que pasará factura a Ayuso. De hecho, la lona incluye la frase “chao, pescao” junto a la fecha de los próximos comicios autonómicos: el 23 de mayo de 2027. La líder del PP madrileño utilizó esa expresión coloquial el pasado 24 de agosto para rechazar dar más explicaciones sobre el caso: “Está en venta, chao pescao”, respondió ante las preguntas de la prensa.

La colocación del mensaje en la avenida de Nuestra Señora de la Valvanera, 73, ha sido adelantada por las próximas candidatas de Más Madrid a esas elecciones. Rita Maestre, portavoz municipal, se ha preguntado en declaraciones a la prensa desde su sede “para quién se gobierna”: “Hay áticos o palcos VIP para Ayuso, Almeida y sus amigos y desahucios o una vuelta al cole cada vez más cara para el resto de madrileños”, ha lamentado la concejala.

Maestre ha hilvanado así la campaña con la noticia adelantada por Somos Madrid: el circuito Madring promociona en la web oficial de la Fórmula 1 un piso turístico en el bloque donde una empresa quiere desalojar a una mujer de 82 años enferma de párkinson. Paquita está al corriente de pago, con mensualidades superiores a los 1.000 euros, pero la empresa Tolesanta quiere expulsarla para terminar de instalar alojamientos temporales en todo el edificio.

“Empezamos el curso político con ganas y con energía para demostrar para quién se gobierna en Nadrid. Esta ciudad no es un palco VIP, tiene que ser para quien la vive y quien la trabaja. Una ciudad más barata y más saludable”, ha zanjado la edil.

Para la ministra de Sanidad y candidata autonómica, Mónica García, “el verano ha retratado a Ayuso”. “Este va a ser su último año, marcado por el agotamiento de sus mentiras y el abandono de quienes la protegían (su partido o sus terminales mediáticas). El aticazo es el escándalo más obsceno en tres décadas de escándalos del PP madrileño. Nunca habían actuada con tanta obscenidad y con un agravante: la hemos pillado in fraganti. Es un ecándalo económico, político y moral. 6,3 millones de euros para financiar el tren de vida de Ayuso, con versiones que cambiaban cada 20 minutos”.

“Seguimos sin conocer el expediente concreto. Tampoco sabemos por qué se recurrió a una inmobiliaria especializada en viviendas de lujo, justo enfrente de la vivienda de la madre de Ayuso. Si no sabía nada ¿qué hacía visitándolo? ¿Por qué se compró como supuesta oficina un inmueble residencial?”, se pregunta García. Y añade: “Es un escándalo moral porque, mientras Ayuso va de lujo en lujo y de ático en ático, miles de madrileños no pueden acceder un alquiler por sus políticas. Jóvenes que no pueden crear proyectos de vida o deben hacer malabares para llegar a fin de mes en la región más cara de España”.

Manuel Vargas, presidente de la Asociación de Caleseros de Palma, ha vuelto a protagonizar un nuevo enfrentamiento con una turista. “Vamos a tener violencia, hombre. Vais a tener violencia, pero violencia”, comenta a unos activistas en un vídeo que ha vuelto a incendiar las redes sociales. En las imágenes, Vargas, que en ese momento se encuentra subido a una galera sin pasajeros, discute con varias personas que están grabando la escena y les acusa de acudir para “buscar problemas”.

“¿A qué venís? ¿A más [buscar] problemas? ¿Llamo a más gente? ¿Llamo a mis amigos?”, pregunta el presidente de los caleseros, que llega a pedir a uno de sus compañeros que “llame a sus amigos”. Poco después se baja de la galera y se dirige hacia las personas con las que está discutiendo. “¿Queréis problemas?”, pregunta. “No”, responde uno de ellos. El vídeo muestra cómo el enfrentamiento continúa subiendo de tono, con acusaciones mutuas de haberse tocado. Vargas da varias palmadas en el brazo a la persona que está grabando y, posteriormente, golpea el móvil.

“Vas a saber lo que somos los gitanitos, tío”, le espeta. La otra persona insiste en que está en la calle y que tiene derecho a grabar. “Yo veo que sí, que venís aquí con problemas, con esta borracha, alcohólica, drogada”, dice Vargas. “Yo puedo grabar si quiero, eh. Es mi derecho”, dice en castellano, por detrás, la persona que está grabando. “¿A ti qué te pasa?”, le dice Vargas, dirigiéndose a él. “¿Me vas a tocar a mí?”, le pregunta. “Vamos a llamar a nuestras familias de Son Banya” y “que se traigan a las mujeres”, dice entonces Vargas, quien también empieza a grabar para “coger la cara” de los activistas.

Vas a saber lo que somos los gitanitos. Vamos a llamar a nuestras familias de Son Banya', comenta el calesero, haciendo referencia a sus familiares, que supuestamente viven en un poblado chabolista

Es el segundo incidente que protagoniza Manuel Vargas, que hace dos semanas insultó a una turista alemana –la llamó neonazi– y la roció de agua después de que ésta le pidiera si podía dar de beber al equino. A raíz de aquel episodio, el Ayuntamiento de Palma abrió un expediente informativo para esclarecer lo ocurrido y determinar si corresponde adoptar alguna medida. En este nuevo caso, el Consistorio asegura que todavía no dispone de información sobre lo sucedido.

Protesta animalista

El nuevo episodio vuelve a situar en el centro de la polémica la relación entre los conductores de las galeras y las organizaciones animalistas, en un contexto de creciente presión sobre el servicio por las condiciones de los caballos, especialmente durante los meses de calor.

Este sábado, Progreso en Verde y Satya Animal se concentraron frente a la Catedral de Palma para reclamar la reconversión de las calesas de caballos en vehículos eléctricos y exigir una “sanción ejemplar” para Manuel Vargas, incluida la retirada de su licencia por el incidente con la turista alemana.

La asociación animalista Satya Animal cree que el nuevo enfrentamiento se produjo después de la concentración del sábado, en la que estuvo la turista inglesa que protagoniza el vídeo con Manuel Vargas. La organización lamenta que continúen produciéndose escenas de intimidación, aunque también piden reducir el nivel de tensión y conflicto con los caleseros.

elDiario.es ha intentado contactar con la turista inglesa a través de redes sociales, sin éxito. Por su parte, Venancio Vargas, presidente de la Asociación de Caleseros, considera que el incidente se produjo porque hay grupos que intentan boicotear el trabajo de los caleseros para evitar que tengan clientes y afirma que el vídeo es anterior a este sábado. Aporta, además, otro vídeo de este sábado en el que aparece una activista quejándose de que no les ponen agua a los caballos y que son “unos maltratadores”.

“Esto se está poniendo muy peligroso”

Progreso en Verde y Satya Animal anunciaron que las protestas se iban a prolongar durante todo el mes de septiembre con el fin de reclamar al Ayuntamiento de Palma que establezca un calendario “claro” para poner fin a este servicio. “Vergüenza de ciudad, explotación animal” y “Palma no quiere calesas de caballos” son algunas de las consignas que se han podido escuchar por parte de los manifestantes, que también llevaban carteles para reivindicar que los animales “no son un medio de transporte ni una atracción turística”. Satya Animal exigió, además, garantizar el futuro de los caballos.

“Esto se está poniendo muy peligroso”, lamenta Guillermo Amengual, presidente de Progreso en Verde, preguntado por un enfrentamiento sobre el cual no tiene información. Sobre el anterior, afirmó que temía que el Ayuntamiento califique la actitud de Vargas como una infracción leve, lo que supondría una sanción de entre 300 y 600 euros. A su juicio, su comportamiento fue “muy grave” y debería estudiarse incluso la retirada definitiva de la licencia.

Kike Gimeno, portavoz de Satya Animal, coincidió en que la condición de Vargas como presidente de la Asociación de Caleseros agravaba lo ocurrido. “Si una persona se muestra así de violenta con otras personas que simplemente le piden de forma educada que dé agua a su caballo, ¿cómo debe tratar a los animales? No nos queremos imaginar cómo tratará a sus propios caballos”, sostuvo.

El episodio sirvió así para volver a colocar en primer plano una cuestión que trasciende el enfrentamiento concreto entre Vargas y los turistas: las condiciones en las que trabajan los caballos de las galeras de Palma. Las altas temperaturas de este verano, las denuncias sobre el estado de algunos animales y la aplicación de las restricciones durante los episodios de calor han alimentado una tensión que, según los animalistas, se repite prácticamente a diario.

Los equinos, además, pasarán su revisión veterinaria anual los días 14, 15, 16 y 17 de septiembre, cuando la temporada turística está ya llegando a su final. El año pasado las inspecciones se realizaron antes, de manera que este año los caballos no han sido revisados por los veterinarios durante los meses más duros del verano.

Gimeno critica especialmente que se haya eliminado la suspensión del servicio con alerta amarilla. “Han quitado la suspensión del servicio con alerta amarilla, contando con que ha sido un año tremendo de calor donde hemos vivido de forma permanente bajo esa alerta y los animales han estado trabajando sin que nadie se preocupe por ellos ni aplique las limitaciones que tenían”, afirma.

Desde Progreso en Verde consideran que este contexto explica también el aumento de los enfrentamientos entre ciudadanos y caleseros. Amengual asegura que cada vez son más habituales las recriminaciones de turistas y residentes cuando observan caballos que, según su valoración, presentan signos de cansancio o trabajan en condiciones inadecuadas. “Siempre hay alguien que les dice: oye, esto no puede ser, hace calor, el caballo no está bien”, explica.

El propio dirigente animalista reconoce que una situación así, repetida durante toda la temporada, puede acabar generando tensión. “Llega un momento que quizá puedas perder los papeles”, admite. Pero insiste en que esa presión no justifica las reacciones que se han producido.

En paralelo, el conflicto ha ido modificando la posición del propio sector respecto al futuro de las calesas. Durante años, los caleseros se opusieron a la sustitución de los caballos por vehículos eléctricos. Ahora, sin embargo, el cambio de modelo parece posible, aunque no se vaya a producir de golpe.

Mayo de 2027: ¿primeras calesas eléctricas?

El Ayuntamiento de Palma dio en mayo un primer paso administrativo para iniciar la sustitución progresiva de las actuales calesas. La modificación del Plan Normativo Municipal de 2026 permitirá reformar el reglamento del servicio de transporte urbano de viajeros con vehículos de tracción animal con conductor. El Consistorio vinculó entonces la decisión a un acuerdo alcanzado en marzo con el sector y aseguró que cerca del 90% de las 28 licencias vigentes respaldaban la transformación.

Los propios caleseros admiten ahora que el cambio es necesario. Venancio Vargas asegura que la asociación tiene “casi terminado” un prototipo de vehículo eléctrico y que está previsto visitar uno en Valencia el próximo mes o trasladarlo a Mallorca para que pueda ser visto. Las reuniones con el Ayuntamiento, explica, han quedado temporalmente pospuestas a raíz del incidente protagonizado por Manuel Vargas con la turista alemana.

La principal dificultad, sostiene el sector, es económica. Los titulares de las licencias afirman que no pueden afrontar de golpe el coste de sustituir sus vehículos, por lo que plantean una transición progresiva. “A lo mejor cambiaremos 10 o 15 el primer año y después se irá cambiando paulatinamente”, señala Vargas. El ritmo dependerá, añade, de las temporadas y de la posibilidad de obtener ayudas públicas. “Si conseguimos que alguien nos apoye económicamente de una forma u otra, el cambio se hará mucho antes y mucho más rápido”, reconoce.

Los animalistas, sin embargo, quieren que el proceso vaya más allá. Reclaman que la modificación normativa elimine definitivamente la posibilidad de utilizar animales para el servicio y que no se limite a establecer una sustitución progresiva. “El compromiso del Ayuntamiento debería dar un paso más. Ya que se entra en el proceso de cambio a eléctricas, se debería extinguir definitivamente la posibilidad de que haya calesas con animales”, sostiene Gimeno.

La administración prevé que las primeras calesas eléctricas puedan circular por Palma en mayo de 2027. Una fecha que los animalistas consideran demasiado lejana y que Amengual ve además con escepticismo. El presidente de Progreso en Verde apunta que la llegada de los nuevos vehículos coincidiría con las elecciones locales y autonómicas y considera que el calendario puede estar condicionado por ese escenario.

El modelo de Alcúdia como objetivo

Los animalistas ponen como referencia el modelo de Alcúdia, donde las calesas eléctricas ya funcionan. También Sant Llorenç des Cardassar ha optado por vehículos de este tipo para el servicio en Sa Coma y S'Illot. A juicio de Amengual, Palma podría avanzar con mayor rapidez si adapta su normativa tomando esos modelos como referencia.

La transición, en cualquier caso, no está cerrada. El sector defiende que debe ser progresiva y con apoyo económico, mientras que las organizaciones animalistas reclaman que el Ayuntamiento acelere los trámites y garantice que la sustitución se haga cuanto antes. En medio quedan unas licencias “vitalicias y hereditarias” que los caleseros consideran su medio de vida y unos animales cuyas malas condiciones han vuelto a convertirse en el principal argumento de quienes reclaman el cambio.

La concentración de este sábado ha vuelto a demostrar que el conflicto sigue lejos de resolverse. Progreso en Verde y Satya Animal preparan nuevas movilizaciones y denuncias. En octubre prevén celebrar otra manifestación, que esperan que sea “muy importante”. También mantienen abierta la vía de la Fiscalía y la recogida de firmas. Mientras tanto, el Ayuntamiento deberá resolver el expediente abierto a Manuel Vargas y determinar qué ocurrió en el primer enfrentamiento con la turista alemana. El nuevo vídeo añade ahora otro episodio a una relación cada vez más tensa entre quienes quieren acabar con las galeras de caballos y quienes han convertido esta industria en su medio de vida.

Coincidiendo con el final del verano, la Comunidad de Madrid anuncia ahora que va a invertir 1.240 millones de euros para mejorar la climatización, la eficiencia energética y la accesibilidad de cerca de 1.400 centros educativos públicos de toda la región. La iniciativa se conoce tres meses después de que, ante las quejas de la oposición por el calor en los colegios, el consejero de Cultura, Mariano de Paco, asegurara que el calor es “fuente de inspiración” para los niños y añadió: “Yo hice la EGB en Murcia y cuando hace calor, hace calor”.

Ayuso, en cambio, ha anunciado este lunes que su gobierno va a hacer “una inversión histórica” porque como lleva denunciando la izquierda desde junio cada vez los veranos son más cálidos y se están adelantando, a la vez que el otoño se retrasa. “Es una situación inédita que no habíamos vivido nunca antes en Madrid, pero por eso ahora llega el momento de actuar de manera urgente”, ha sostenido.

Las asociaciones de padres alertaron de que los centros educativos de la Comunidad de Madrid superaron los 27 grados en el mes de junio, llegando incluso a los 34,2 grados de media. Reclamaban más medidas de climatización en las aulas y ponía el foco en que no era algo “puntual ni anecdótico”, sino que se necesitaban nuevas inversiones.

El plan se desplegará conjuntamente por las Consejerías de Educación, Ciencia y Universidades, que aportará hasta 840 millones para actuar en cerca de 500 institutos públicos y Escuelas Infantiles que pertenecen a la Comunidad de Madrid (incluido Madrid capital), y Presidencia, Justicia y Administración Local, que a través de las próximas ediciones del Programa de Inversión Regional (PIR) aportará hasta 400 millones más para que 178 localidades de la región puedan realizar estas mejoras.

Lo hará en más de 800 Colegios Rurales Agrupados (CRA), colegios de Educación Infantil y Primaria (CEIP), Colegios de Educación Infantil y Primaria autorizados para impartir enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria (CEIPSO), Escuelas infantiles y Casas de Niños de titularidad municipal.

El objetivo es intervenir en todo el parque educativo público. Para ello, la Consejería de Educación dará continuidad a su plan de climatización, que desde 2019 ha permitido realizar más de 1.500 actuaciones en unos 1.000 edificios educativos con una inversión de 59 millones de euros y sumará este recién estrenado curso 2026/27 otras 111 actuaciones por valor de 21 millones de euros.

Con la nueva inversión, a las tareas de climatización se sumarán también obras orientadas a la sostenibilidad y eficiencia energética como la mejora de la envolvente térmica, instalación de energía fotovoltaica, sistemas de producción de agua caliente mediante energía solar, sustitución y mejora del sistema de calefacción y sustitución de luminarias por otras de mayor rendimiento.

En Extremadura, las dos ciudades con mayor población, Badajoz y Cáceres, han acogido esta movilización que pone en evidencia una realidad demasiado habitual: buena parte del bienestar de los animales continúa descansando sobre el tiempo, el dinero y el esfuerzo de personas voluntarias.

Hay manifestaciones que reclaman derechos nuevos, pero hoy no. Hoy reclamamos que se cumpla algo que ya hemos conseguido. Si ningún ciudadano está exento de cumplir la ley alegando desconocimiento, muchísimo menos debe permitirse a las administraciones públicas.

Bajo el lema 'Los gatos tienen ley. Ahora toca cumplirla', personas gestoras de colonias felinas, asociaciones de protección animal y ciudadanía nos hemos movilizado simultáneamente. Más de 350 entidades se han adherido a una reivindicación que, en realidad, no debería ser necesaria. Porque la Ley 7/2023, de protección de los derechos y el bienestar de los animales, no dice que los ayuntamientos puedan ocuparse de las colonias felinas si tienen tiempo, presupuesto, sensibilidad o ganas. Dice que les corresponde hacerlo.

La norma establece que las entidades locales deben desarrollar programas de gestión de colonias felinas. Y concreta en qué consiste esa responsabilidad: localizar y censar las colonias, esterilizar a los gatos mediante el método CER —captura, esterilización y retorno—, identificarlos, garantizar su atención sanitaria, establecer programas veterinarios, gestionar los posibles conflictos vecinales y colaborar con las personas y entidades que participan en su cuidado.

Sin embargo, casi tres años después de la entrada en vigor de la ley, en demasiados municipios españoles seguimos encontrándonos con la misma escena: mujeres y hombres particulares comprando sacos de pienso de su propio bolsillo, pagando tratamientos veterinarios, capturando animales para esterilizarlos, cuidando gatos enfermos, atendiendo camadas abandonadas y soportando, además, conflictos, amenazas o insultos por hacer un trabajo que beneficia a toda la comunidad.

Es importante decirlo claramente: las personas que cuidan colonias felinas no provocaron la existencia de esas colonias; se hacen responsables de unos gatos que fueron abandonados por una parte de la sociedad que se niega a responsabilizarse.

Los gatos que viven en nuestras calles no aparecieron por generación espontánea. Son consecuencia, en buena medida, del abandono y de décadas de ausencia de políticas responsables de esterilización, identificación y control poblacional. Y no, tampoco desaparecen dejando de alimentarlos. El hambre no esteriliza.

La gestión ética y planificada mediante CER no nace de un sentimentalismo ingenuo. Nace de una necesidad de políticas de salud pública. Una forma de reducir progresivamente las poblaciones de gatos comunitarios de manera controlada y compatible con el bienestar animal, la salud pública y la protección de la biodiversidad. Sin tener que matar.

Durante años, personas anónimas han estado supliendo la ausencia de la Administración ante este problema, pero, a día de hoy, los gatos tienen Ley. Por eso hemos salido a la calle a pedir que se cumpla la ley, que es una forma de defender el Estado de derecho.

Una administración pública no puede decidir qué leyes cumple dependiendo de si le gustan más o menos. Un ayuntamiento no podría argumentar que no recoge la basura porque carece de presupuesto suficiente, ni dejar de garantizar el abastecimiento de agua porque considera complicada su gestión.

Con las obligaciones relacionadas con los animales debería ocurrir exactamente lo mismo. Sabemos que Extremadura está formada por numerosos municipios pequeños, que disponen de pocos recursos económicos y técnicos, pero la propia ley da respuesta: las entidades locales pueden solicitar el apoyo de las diputaciones provinciales para cumplir con sus obligaciones.

Por tanto, no podemos convertir la falta de medios de un pequeño municipio en una condena para los animales ni en una transferencia permanente de responsabilidad hacia las personas voluntarias.

La Ley 7/2023 encomienda a las diputaciones provinciales y a los gobiernos autonómicos elaborar protocolos marco que establezcan criterios de captura, registro, alimentación, limpieza, atención sanitaria, esterilización, instalación de refugios, formación de personas cuidadoras y formación incluso de las policías locales.

No pedimos que todas las personas amen a los gatos. Ni siquiera hace falta que les gusten. Basta con que cumplan la Ley.

Una sociedad democrática no construye sus normas sobre los gustos individuales, sino sobre responsabilidades colectivas, conocimiento científico y principios éticos compartidos.

Los gatos comunitarios existen. Forman parte de nuestros pueblos y ciudades. Y mientras existan, tenemos dos posibilidades: abandonar su gestión a la improvisación, permitiendo que se reproduzcan sin control, enfermen y generen conflictos; o gestionar sus poblaciones de manera responsable, profesional y ética.

Detrás de cada colonia continúa habiendo demasiadas personas que madrugan para poner agua, que recorren kilómetros llevando un gato al veterinario, que organizan rifas para pagar esterilizaciones o que calculan a final de mes cuánto pueden gastar en pienso.

Su entrega y sensibilidad son admirables, y hoy, además, han salido a la calle para pedir algo distópico en una democracia: Amados gobernantes y funcionarios, sus votantes y no votantes quieren que se cumpla la ley.

Los controles policiales impuestos este verano por el Gobierno de Italia a los pasajeros procedentes de España, es una de las derivadas de la crisis migratoria de Ceuta. Esta decisión, que Giorgia Meloni tomó unilateralmente y que el Gobierno Español replicó en respuesta, supone una restricción en lo que conocemos como Espacio Schengen, una de las claves que definen lo que es la Unión Europea.

Con María Ramírez, corresponsal Internacional de elDiario.es, hoy nos paramos en esa palabra, Schengen, que lleva con nosotros más de 30 años. ¿Qué significa exactamente? Sabemos que tiene que ver con la circulación libre de la gente por Europa, pero… ¿eso no ocurre en toda la Unión Europea, por qué necesitamos ese nombre de… Espacio Schengen? ¿De dónde sale? ¿Qué tiene que ver con Ceuta?

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La investigación abierta en la Audiencia Nacional por el juez Santiago Pedraz en la causa penal que tiene como principal protagonista e imputada a la exmilitante del PSOE Leire Díez acumula ya varias declaraciones tanto de investigados como de testigos. El magistrado, de la mano de la Fiscalía Anticorrupción, busca acotar las pesquisas y valorar los indicios de delito existentes. Esas declaraciones van detallando la personalidad y las tareas desempeñadas por Leire Díez en los dos últimos años.

Por el momento, comparecencias como la de la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, la de quien fuera el primer abogado del exministro José Luis Ábalos, José Aníbal Álvarez, o la de la abogada de Koldo García, Leticia de la Hoz, dan cuenta de cómo se movía la presunta 'fontanera' socialista, a la que se atribuye un plan para desestabilizar causas judiciales que afectan tanto al PSOE como al entorno del presidente de Gobierno. elDiario.es ha tenido acceso a los audios de esas declaraciones celebradas el pasado julio.

El letrado José Aníbal Álvarez, a preguntas de una de las fiscales anticorrupción —el caso lo llevan las fiscales Elisa Lamelas y Mar Scharfhausen— explicó que estuvo presente en dos reuniones con Leire Díez. La primera tuvo que ver con el ex secretario de Estado de Interior durante el mandato del PP, Francisco Martínez, procesado y juzgado por la operación Kitchen. El abogado José Aníbal Álvarez asesoró en 2024 a Martínez de manera altruista y por amistad cuando se quedó sin abogado. “En aquella época a él le dejaron los letrados que le llevaban y yo lo cogí. Me firmó una hoja de encargo y luego lo cogió otro letrado que también conozco y nada más. Estuve con el año y pico”, recordó ante el juez.

Corría el mes de julio de 2024 cuando Leire Díez le contactó al fijo del despacho y se presentó “como una persona que venía del Partido Socialista y que era amiga del señor Ábalos”. Le comentó que quería reunirse con Martínez y se citaron en su despacho.

El abogado “entraba y salía” de esa reunión y no dio gran detalle de la misma, pero sí explicó que tras ese encuentro Francisco Martínez le indicó: “Una vez más me están tomando el pelo”. Ante Pedraz, José Aníbal Álvarez indicó que él entendió de sus palabras que habría tenido reuniones previas que ya habían sido infructuosas porque “le debían prometer el oro y el moro”. Según consta en la investigación y según la grabación de esos encuentros incautada a Leire Díez, la exmilitante socialista buscó un acercamiento a Francisco Martínez al que le habría prometido algún tipo de acuerdo con el Ministerio Fiscal en el caso Villarejo a cambio de determinada información relativa a operaciones orquestadas desde la policía política del PP.

La fiscal del caso se interesó entonces por saber si Leire Díez le transmitió a Martínez si pondría la información que le diera en conocimiento de “la calle Ferraz”, que son “los que gobiernan” —hizo varias alusiones a que tenía acceso a la grabación de ese encuentro—, pero el que fuera primer abogado de Ábalos indicó que no recordaba bien, pero sí que recordaba que Leire Díez “hablaba, y con perdón, por los codos”.

El letrado también explicó que Leire Díez se interesó por si Ábalos le pagaba por su defensa legal. Después de que él le dijera que no había cobrado nada por su labor —“me fui fiando, me fui fiando y nada”—, ella le dijo que iba a ver qué podía hacer. Al cabo de un tiempo le comentó que si quería cobrar por sus servicios a Ábalos le podía pasar la minuta “a través de una sociedad de ella”, pero él se negó porque si cobraba era al cliente y “no a una sociedad que no se sabe en qué condiciones está fiscalmente”. “No sé qué le dije. Sé que (dije) esto no es serio o la mandé por ahí, no lo sé, no me acuerdo”.

Narbona: “Santos tenía todas las atribuciones”

Otro de los interrogatorios que suscitó gran interés en julio y a cuyo audio ha tenido acceso este medio es el de la presidenta del PSOE. Cristina Narbona indicó que en abril de 2024, cuando se celebraron reuniones en Ferraz a las que asistió la exmilitante Leire Díez, ella ya era presidenta de la Comisión Ejecutiva Federal del Partido Socialista Obrero Español.

Tras explicar su relación con Díez —la conoce desde 2017 cuando era responsable de prensa socialista en Cantabria— fue preguntada por la fiscal del caso sobre los contratos que se investigan en la causa y que tienen que ver con el pago a dos abogados (Ismael Oliver y Jacobo Teijelo) desde el PSOE por servicios que podrían haber sido una tapadera para canalizar retribuciones a favor de la presunta fontanera.

“El avance de la instrucción nos está permitiendo conocer algunos detalles no menores, como por ejemplo el hecho de que la señora Leire Díez presuntamente pudo recibir una retribución (...) que a la postre parece ser que habría salido de las cuentas bancarias del Partido Socialista a través de pagos de sociedades o de letrados”, indicó la fiscal, para luego preguntar a Narbona sobre quién puede autorizar ese tipo de pagos desde el Partido Socialista.

La presidenta del PSOE contestó entonces que eso “estaba dentro de las facultades muy amplias del secretario de Organización, que podía llevar a cabo los contratos que considerase necesarios para su propia tarea en el funcionamiento del Partido Socialista”. Y añadió: “Él tenía la capacidad de decidir y de instrumentar contrataciones”. Señaló así al entonces número tres del partido Santos Cerdán, quien también consta como imputado en esta causa.

“Hoy día la Secretaría de Organización tiene algunas competencias menos y, sobre todo, no puede actuar de forma individual. Necesita siempre la firma de otros dos miembros de la Comisión Ejecutiva Federal. Pero en ese momento Santos Cerdán tenía todas las atribuciones para hacer cualquier tipo de contratación”, indicó.

Por su parte, en el interrogatorio al exteniente fiscal de la Fiscalía General del Estado (FGE) Diego Villafañe, al que también ha tenido acceso este medio, la fiscal anticorrupción quiso saber sobre el detalle de las dos reuniones que mantuvo con el abogado Jacobo Teijelo y la exmilitante Leire Díez. Para arrancar, quiso matizar que en ambos encuentros no se trató “ningún asunto que fuese reservado, por cuanto el contenido de la reunión, o bien eran cuestiones de público conocimiento, o eran rumores o conjeturas, o incluso eran datos judicializados que en consecuencia están accesibles”.

Y aclaró un punto que suscitó interés mediático por cuanto la FGE mantuvo en una nota que Leire Díez fue presentada como una compañera del despacho de Teijelo mientras que el abogado negó que hubiera sido así. Villafañe reiteró en su declaración que en la Fiscalía se entendió que era “una colaboradora o una compañera”.

En todo caso, indicó que esas reuniones fueron “marcianas”, y que en las mismas se habló de un procedimiento de hidrocarburos que se sigue en la Audiencia Nacional, y que a raíz de ese caso se indicaron que podía haber nulidades que afectaban a otras causas.

También relató que se expuso en la reunión que podía haber ciertos beneficios para Repsol a raíz de esas causas de fraude del IVA en el sector, y que el jefe de la UCO Antonio Balas podía ser contratado por esa petrolera como jefe de Seguridad. “Rumores sin relevancia”, indicó.

Un interrogatorio hasta el llanto

Si bien en todas las declaraciones se hace patente que la responsable del Ministerio Fiscal mantiene un tono tenso con los interrogados, quizá en el que más tensión hubo fue en el de la letrada Leticia de la Hoz, que compareció como imputada y que respondió sobre cuándo conoció a la presunta fontanera. “Eso sí que lo tengo clarísimo. La conozco el 11 de marzo de 2025. ¿Y por qué me acuerdo? Me acuerdo porque el bulo de la señora Pano se publica el 10 de marzo”, dijo. Con el 'bulo' se refería a lo que la empresaria Carmen Pano ha sostenido en medios y ante el juez: que existió un intento por parte de la trama investigada para comprar su silencio. Una cantidad de dinero, un coche y los gastos de la boda de su hija a cambio de no sostener ante los tribunales que llevó dinero en metálico a la sede socialista de Ferraz.

La fiscal afeó a De la Hoz que hablara de bulo porque eran hechos que aún se investigaban, y para entonces la letrada, emocionada y a punto de echar a llorar, le explicó que era “una noticia falsa”. “Como comprenderá es que es lo que me sale, es lo que me sale. (...) yo entro en estado de shock tremendo. (...) Y el 11 de marzo ella (Leire Díez) entra por la puerta sin pedir cita y la recuerdo con mucho cariño. Ella venía a ver quién era yo, qué había pasado, por qué se había publicado eso”, recordó.

La fiscal del caso se interesó por si tuvo la intuición de que Leire Díez venía de parte del PSOE. “¿A quién conocía en el Partido Socialista?”, le preguntó, pero la abogada abundó en que la fontanera “preguntaba muchas cosas” y sintió que era “alguien que venía del PSOE para ver quién era yo”.

Leticia de la Hoz aseguró que el PSOE no pagó la defensa legal de Koldo García —exasesor de Ábalos—. “Puedo contestar que no me ha pagado el Partido Socialista ni directamente, ni indirectamente, ni por persona interpuesta. La respuesta es un no rotundo. No tengo absolutamente nada que ver con el Partido Socialista. Y no ha pagado la defensa de Koldo respecto de mi persona”, dijo.

Tras esto, y al ser preguntada por las conexiones de Leire Díez con altas instituciones del Estado, De la Hoz explicó que entendió que estaba bien relacionada. “¿Le parece a usted que esta persona está actuando por cuenta del Partido Socialista? Ella le habla de que tiene relación con gente del Partido Socialista, con Santos Cerdán, con la directora general de la Guardia Civil, que puede conseguir citas de alto nivel”, le preguntó la fiscal. De la Hoz contestó que “sí”.

A continuación, De la Hoz se matizó a sí misma y explicó que no sabía si lo que decía la exmilitante era verdad. “En las conversaciones yo llegaba a la conclusión de que ella conocía a todo el mundo, de que podía tener acceso a mucha gente”.

La ronda de declaraciones se retomará este mes de septiembre. El juez tendrá un intenso calendario dado que por su juzgado deberán pasar más de una veintena de investigados. La primera será la actual gerente del PSOE, Ana Fuentes, quien el próximo 9 de septiembre deberá aclarar su papel en la investigación porque era quien emitía “las oportunas órdenes de encargo sobre las que elaborar mendaces facturas que permitirían la transferencia de fondos con destino a Leire Díez”, según la acusación. Ese mismo día está previsto que declare el letrado Ismael Oliver, quien supuestamente habría usado sociedades para canalizar esos pagos.

Arrolladora victoria de la ultraderecha de Alternativa por Alemania (AfD) en las elecciones regionales del estado de Sajonia-Anhalt de este domingo con un 43,8% de los votos. Este resultado, favorecido por las malas expectativas de la CDU, actual partido en el gobierno tanto de este estado oriental como a nivel federal, supone más del doble que el resultado obtenido por esta fuerza política en las elecciones regionales de 2021.

La CDU confirma su descalabro y pierde más de la mitad de sus votos. La caída le lleva hasta el 17,2% de apoyos, manteniéndose en segunda posición, y la izquierda (Die Linke) perdería la tercera posición en las urnas con un 8,6% del voto. Por delante se situarían en el parlamento estatal los socialdemócratas, que subirían al 9,3%, y los Verdes, que alcanzarían el 8,9%. El partido de Sarah Wagenknecht consigue el 5,3% del voto, tres décimas por encima del mínimo para entrar en el parlamento del Estado.

AfD no consigue mayoría absoluta, se queda con 39 parlamentarios, a tres de los 42 diputados necesarios para gobernar. BSW entra con cinco diputados, y dejaría fuera a los liberales, que en 2021 obtuvieron un total de siete representantes. El resto de diputados se reparten de la siguiente manera: 15 para la CDU y ocho escaños para Die Linke, SPD y los Verdes, respectivamente.

Las reacciones no se han hecho esperar. El candidato de AfD Ulrich Siegmund declaró al poco de conocerse los primeros sondeos que este resultado es un mandato “claro” para que su partido gobierne –aunque no ha logrado la mayoría absoluta–. Por ello, Siegmund ha dicho que está buscando apoyo en el resto de fuerzas políticas, aunque sin éxito. El ultraderechista ha afirmado que han hecho “historia” en el estado de Sajonia-Anhalt y ha asegurado que con él “no verán ninguna concesión a nuestros valores para conseguir el poder”.

Por su lado, el gran perdedor de la noche, el ministro presidente y líder de la CDU en el estado, Sven Schulze, ha reconocido su derrota y ha felicitado a AfD por su victoria electoral. No ha detallado, eso sí, cuáles serán los próximos movimientos de su formación. Schulze ha dicho tras conocerse los primeros sondeos que las consecuencias de las políticas del gobierno federal de Friedrich Merz han contribuido a su derrota.

Los resultados en Magdeburgo, la capital del estado, reflejan el resultado de las dos principales fuerzas políticas de la derecha en Sajonia-Anhalt. Mientras, AfD, que gana un 17,5% de votos, se sitúa en el 32,6%, más que duplicando sus resultados de 2021, la CDU pierde una cantidad exactamente igual de apoyo y se queda en el 15,4% tras haber obtenido un 32,9% de apoyos hace cinco años. En este caso, los socialdemócratas recuperan la tercera posición, con una subida de 2,5 puntos hasta el 12,1%, mientras que Die Linke cae al 11% de apoyos.

Con el ingreso de BSW en el Parlamento regional, AfD se alejó de la mayoría absoluta de 42 escaños. Pero la CDU, La Izquierda, Los Verdes y el SPD tampoco cuentan con una mayoría absoluta, con lo que el partido de Sarah Wagenknecht se convierte en una especie de fuerza decisoria en el parlamento regional.

La línea que defiende este partido, que no apoya el cordón sanitario aplicado a AfD por el resto de partidos, fue reiterada este domingo por la copresidenta de BSW, Amira-Mohamed Ali, y consiste en elegir un gobierno de expertos y suprapartidista que administre con mayorías cambiantes y en diálogo con todos los partidos. Para BSW, también es una opción dejar que Siegmund gobierne en minoría y apoyar a AfD puntualmente.

También puede darse otra constelación: que Siegmund sea elegido primer ministro en una tercera votación en el Parlamento, en la que sólo necesitaría una mayoría simple y ello sería posible si no hay un acuerdo entre los otros partidos.

Ya desde las primeras horas la asistencia a los centros de votación era masiva por parte de los votantes de este estado de la antigua RDA. La participación en estos comicios ha alcanzado el 77,8%, superando con creces la de 1998, la mayor hasta el momento desde la reunificación, y cuando se alcanzó un 71,5%.

Los sondeos previos a la contienda electoral ya otorgaban a AfD el 40% en intención de voto en los comicios regionales de este domingo en este pequeño estado oriental que la ultraderecha aspira a convertir en un laboratorio para proyectar su poder al resto del país.

Cuando el pasado febrero Susan Sarandon atendió a la prensa española con motivo de su Goya internacional dijo en voz alta lo que muchos ya temían. En EEUU se había vetado a las actrices y actores que habían denunciado públicamente el genocidio en Gaza. Ella era uno de los casos. Su agente había roto con ella y a los directores se les presionaba para que no la contrataran. Desde entonces, los filmes en los que iba a participar en Hollywood se habían caído y no tenía ninguna oferta en su país. Por suerte, acababa de rodar un filme en Italia.

Aquella película que fue el salvavidas de la mítica actriz de Thelma y Louise o The Rocky horror Picture show se llamaba The echo Chamber, y se ha presentado en el Festival de Venecia, donde Sarandon ha recibido una calurosa acogida en la rueda de prensa del filme que ha dirigido Andrea Pallaoro basándose en un guion de Bernardo Bertolucci. Una historia de adicciones, desamor, fantasma y recuerdos donde Sarandon interpreta a una versión femenina de Leonard Cohen. Una cantante que actúa de confesora del protagonista, un hipnótico Luca Marinelli.

La actriz fue preguntada por si en estos meses ha habido un cambio y si en Hollywood le han abierto las puertas. La respuesta fue agridulce, porque aunque confiesa que la gente ha abierto los ojos, no lo han hecho los productores de su país. “La narrativa ha cambiado en términos de la relevancia histórica de Palestina. Los lazos que los sionistas tienen con EEUU han sido una revelación para la gente. Nadie entiende todo el dinero que EEUU le da a Israel, y ahora hasta hemos votado para que se unan el ejército de EEUU y el de Israel. La gente se ha dado cuenta de eso, y eso ha cambiado”, reconocía.

Sin embargo, en términos de “poder estructural” no nota el cambio. “Me han quitado de varias películas recientemente porque hay agencias que les dicen que no me contraten. Eso es el poder estructural. Pero con la gente, y sobre todo a nivel internacional, me siento bienvenida. Lo que ha pasado conmigo pasa con otra gente, por eso agradezco a Andrea Pallaoro por no hacer caso a las advertencias. Hay un cambio en como se entiende la situación, en el público general, pero todavía hay posiciones en mi industria lideradas por sionistas que no relajan sus sentimientos contra mí. Pero tengo a mi gente, a mi equipo y estoy bien”, dijo ante el aplauso de la sala.

La actriz habló también de la influencia que había tenido Bertolucci en su vida y en su visión del cine como arte poético y político, especialmente gracias a El conformista. “Nunca había visto nada así, no sabía que el cine podía hacer eso. Cómo miraba, cómo contaba… era completamente diferente a las películas americanas. Entonces no sabía lo que pasaba políticamente”, dijo Sarandon que luego recordó que gracias a Louis Malle, con quien trabajo en La pequeña y Atlantic City le conoció y se hicieron amigos.

Hace poco volvió a vercon su hijo, que es director de cine, y se percató de que “sigue siendo moderna: la fotografía, los planos, la escena del tren, la hermosa forma en que está rodada…”. A El conformista le recuerda esta The echo chamber, que se desarrolla completamente en una casa que se convirtió en su “pequeño mundo” en el que, en contraste con Hollywood, “no hay tráileres” para las estrellas y estaban todos juntos.

Cree que han rodado un filme “con esa sensibilidad tan europea que crea atmósferas y cuenta la historia más con imágenes que con palabras”. “Andrea se toma todo el tiempo para contar esta historia y no explicar todo al público. No pone cartelas de ‘dos meses después’ o ‘un año después’, desdibuja la línea de pasado y el presente; del sueño y el recuerdo. Un director americano no podía haber dirigido esto”, zanjó.

Aquí vuelve a cantar, como en The rocky horror picture show, pero aclaró que ella no canta, aunque eso vino bien a un personaje que está luchando contra sus demonios interiores, algo que ocurre a todos, y ahí bromeó con que ella había pasado por todo lo que su personaje: “Menos meterme heroína”. Pero sí hay algo que cree que une a todos en la película y en la vida real, y es que “buscan una conexión y eso es lo que cada ser humano está buscando ahora, conectar, ser visto, ser oído”.

“Hay un tío que se pinta las uñas y que solo lee libros de mujeres, que probablemente sea maricón encubierto, que es rojo, que vota socialismo, no voy a decir su nombre. Y 'elle', vamos a llamarle 'elle' para que esté contento, 'elle' ha parado a Vinicius solo”. Estas palabras fue las que usó el creador de contenido Iñaki Angulo, que cuenta con más de 600.000 suscriptores en un canal dedicado al Real Madrid en YouTube y Twitch, para describir el partido que jugó el viernes Hector Bellerín, futbolista del Betis, contra el club blanco y que se saldó con derrota de los de José Mourinho.

Los comentarios, claramente homófobos, no terminaron aquí. “Ese que se pinta las uñas, que quiere moros en todos los sitios menos en su casa, que solo lee libros de mujeres... y que, insisto, se pinta las uñas. Ese tío, tres años antes, va Vinicius y, sin bajarse del autobús, le provoca una amarilla que no hubieran sacado, la fuerza un penalti y se lo come”, prosigue Angulo que también aprovechó para cargar contra Vinicius. “Veía ir a ‘elle’ contra Vinicius y no sabía quién era el maricón”, aseguró.

Ante estas palabras y el revuelo generado a lo largo de la jornada del sábado, la Asociación Transparencia y Democracia en el Deporte, que también preparó una querella contra la Federación de Fútbol y Pérez Llorca por el regalo de entradas para la final del Mundial, ha anunciado que ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Madrid contra el youtuber.

El responsable de esta entidad, Miguel Galán, ha explicado a través de su cuenta de X que las expresiones de Ángulo contra Bellerín podrían constituir un “presunto delito de odio”. “La jurisprudencia es clara. El Tribunal Supremo ha declarado que el término ‘maricón’ incorpora objetivamente una connotación de menosprecio vinculada a la orientación sexual, ‘expresión de homofobia’ frente a las injurias con agravante de discriminación”, detalla.

Según Galán, al haberse difundido por internet estas declaraciones “ante una audiencia masiva” se trata de “un delito público, perseguible de oficio”. “La libertad de expresión no ampara el discurso de odio”, continúa el responsable de esta asociación que señala que podría constituir un delito de odio con una condena de prisión de seis meses a dos años y multa.

Horas antes de conocerse esta denuncia, una de las voces más relevantes que se pronunciaron contra las palabras de Iñaki Ángulo fue el futbolista Borja Iglesias. Excompañero de Bellerín y jugador del Celta de Vigo aseguró que las declaraciones del youtuber son una “barbaridad” y una “vergüenza”: “Lo que estoy seguro es que no es la primera vez que suelta burradas de este estilo”

Ante el revuelo generado y antes incluso del anuncio de la denuncia, Iñaki Angulo grabó un vídeo en sus redes sociales para disculparse, aunque a su manera. Sin mencionar ni una sola vez a Bellerín o a Vinicius, afirmó que estaba “avergonzado” y pidió perdón “a todo el mundo que se haya podido sentir ofendido” o “si alguien se ha dado por aludido”.

Tras repetir esta frase unas cuatro veces en un vídeo de poco menos de tres minutos, detalló que ha borrado las partes de su directo con estos ataques homófobos. El youtuber enmarcó sus insultos homófobos a “un contexto muy particular que intenta ser gracioso y que tiene de todo menos gracia”.

“Fue un error en un contexto de mucha frustración que vivimos ahora”, detalló al tiempo que apuntó que “no quería hacer daño a nadie”. “Derrapé, se me fue, no pienso nada de lo que digo. Es ofensivo. Toca aprender y reflexionar y asumir las críticas que puedan venir”, concluyó.

La alcaldesa de Carlet, Laura Sáez, salió de su casa a primerísima hora del 29 de octubre de 2024, trágica jornada que acabaría con 232 fallecidos, ataviada con chubasquero y botas. La primera edil del PP llevaba avisando a la población de los riesgos de la dana desde la víspera, cuando suspendió las clases en el municipio. También había convocado de buena mañana la reunión del Centro de Coordinación Operativa Municipal (Cecopal) para el seguimiento de la situación. “Yo considero que es importante avisar a la población; de hecho, si no lo hubiésemos hecho, se hubieran quedado muchos [vecinos] atrapados en caminos”, dijo Sáez ante la jueza de la dana, según consta en el acta de su declaración del pasado 31 de julio, a la que ha tenido acceso elDiario.es.

La actuación de muchos alcaldes de cualquier color político, más apegados al territorio, contrasta con el papel del máximo dirigente autonómico durante el día de autos, el entonces president Carlos Mazón, quien permaneció prácticamente desconectado en una larga comida y sobremesa con Maribel Vilaplana en un reservado del restaurante El Ventorro. “Estuve todo el día pendiente y en la calle y mis concejales con chubasqueros y botas y todos en la calle”, declaró Sáez ante la magistrada Nuria Ruiz Tobarra, describiendo un atuendo y una responsabilidad sobre el terreno muy alejados del entonces jefe del Consell durante aquella aciaga tarde. El Cecopal, afirmó la alcaldesa de Carlet, se convocó “por responsabilidad”.

La testigo, que también es diputada provincial, anuló su agenda en València para aquella jornada ante la situación que se avecinaba y el gradual empeoramiento de las alertas activadas. “Desde el día previo nos habíamos reunido, habíamos tomado decisiones, la noche anterior habíamos suspendido las clases para ese día, habíamos cerrado el cementerio, la zona deportiva, habíamos puesto vallas en todos los caminos y barrancos que tienen riesgo (...)”, detalló Laura Sáez.

Carlet, localidad de la comarca de la Ribera Alta situada entre el barranco de Benimodo y el río Magro, cuenta con dos institutos públicos y un tercer centro educativo privado al que acuden alumnos de otros municipios. “Hay líneas de autobuses y entendíamos que el riesgo del transporte también era importante ponderarlo y, por eso, decidimos suspender las clases con la información de la que disponíamos”, manifestó la testigo.

La primera edil popular, con tres años de experiencia en la Delegación del Gobierno, también se planteó el dilema del coste para cualquier alcalde de suspender las clases sin una alerta roja activada: “Tenemos que ponderar la situación y, al final, dejar a miles de niños sin colegio en una alerta amarilla no es fácil, porque les estamos complicando mucho la vida a las familias”. Sin embargo, la víspera de la dana percibió que “se daban los ingredientes” de una eventual catástrofe climática y que “había una posibilidad de riesgo”.

El caudal “muy alto” del barranco de Benimodo

El conductor de un camión de una empresa de Carlet permanecía desaparecido en el vecino término municipal de l'Alcúdia desde primera hora de la mañana. Se trataba de una información que el consistorio manejaba de forma “extraoficial”, aclaró la testigo.

La alcaldesa recibió la llamada de la vicepresidenta de la Generalitat, Susana Camarero, preocupada por la situación de la residencia de personas mayores. También recibió llamadas de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, y habló con el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo: “El motivo de mi llamada (...) era preguntarle por los riesgos que podíamos tener”.

El temor de la munícipe se centraba en el barranco de Benimodo, que “siempre está seco y alcanzó un caudal muy muy alto” y “estuvo a punto de desbordarse”. Aquella mañana, los Bomberos ya rescataron a un matrimonio de personas mayores que vivía en una casa aislada y pegada al barranco. “Conocemos el municipio y sabemos dónde están los puntos de riesgo”, manifestó la alcaldesa del PP.

La abogada de una de las acusaciones, Virginia Masiá, preguntó a la testigo:

—¿En todo momento la población estuvo informada desde el primer momento?

—Sí. A las 9.15, ya les decimos que no suban y bajen de las casetas de la montaña por las intensas lluvias y ponemos la foto de que hay caminos ya inundados. A las 9.45, comunicamos que la autovía está cortada en dirección Alicante. A las 10.25, que no va a haber gas. Actualizamos que Aemet informa que hasta las 18.00 está activada la alerta roja y que no salgan de casa y recomendaciones: de los pasos a nivel cortados, que se anulan en el centro de salud vacunaciones de gripe y Covid. Comunicamos prácticamente todo. Luego ya comunicamos las torres de la luz que han caído, que estamos sin luz a causa del tornado, prohibimos circular por un camino que era peligroso. A las 13.15, enviamos a los trabajadores del ayuntamiento que eran fuera de Carlet a casa [decisión similar a la que tomaría la Diputación de Valencia].

La llamada que precipitó la convocatoria del Cecopi

Poco antes de las 14.00, la jefa de gabinete de Salomé Pradas avisó a Sáez de que la consellera se iba a acercar a Carlet, acompañada por el secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, con el “objetivo final” de “visitar a los bomberos forestales que estaban trabajando todo el día en el barranco”.

Cuando la alcaldesa acudió a la rotonda en la que aguardaban Pradas y Argüeso, “empezó a llover muchísimo” y ella propuso refugiarse en el Ayuntamiento para acudir posteriormente al barranco.

Tras explicarles la situación en Carlet durante la jornada, Pradas habló con el móvil de Sáez con el alcalde de l'Alcúdia en relación con el conductor desaparecido. A la testigo le dio la “impresión” de que la consellera, más que su 'número dos', estaba al frente de la gestión de la emergencia durante la visita a Carlet.

Sáez, además de sus llamadas y mensajes de WhatsApp, aceptó aportar al procedimiento las imágenes que se conservaban en el ayuntamiento de Pradas en la localidad (dos fotografías inéditas que ilustran esta información). La testigo también aportó un documento (reproducido al final de esta noticia) con la cronología de su actuación ante la dana y los avisos a la población en las redes sociales del Ayuntamiento.

La visita de Pradas y Argüeso coincidió con un recrudecimiento de la situación en Carlet. Poco después de las 15.00, hasta cuatro tornados afectaron al término municipal y a varias empresas del polígono industrial. “Cayeron más de 20 torres de la luz, algunas de alta y media tensión, que provocaron que nos quedáramos sin luz”, explicó Laura Sáez.

Tras visitar el barranco, poco después de las 16.00, y a consecuencia de una llamada relativa a la situación en Utiel (localidad del interior de la provincia completamente inundada para la que ya se había activado la Unidad Militar de Emergencias), Pradas convocó de cara a las 17.00 la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) en la sede de Emergencias de la Generalitat de l'Eliana, en la comarca del Camp de Túria. “Yo veo ya que la situación es un poco delicada y entonces abandono el despacho unos minutos”, relató la testigo.

La alcaldesa describió la llamada que, según declaró, desencadenó la convocatoria del Cecopi: “Yo escuché que dijo que, en Utiel, la situación estaba más complicada y que había llamado a alguien, no sé quién, pidiendo todos los recursos disponibles porque no quería que se le muriese nadie”. “Esa frase la recuerdo”, destacó Sáez.

Pradas “no estaba coartada por nadie”

Otro letrado de las acusaciones, Gabriel Rodríguez, trató de poner en un brete a la testigo:

—¿Sabe quién fue la persona responsable de las emergencias el 29 de octubre de 2024?

—En un principio, el secretario autonómico de Emergencias.

—¿Y, por encima, sabe quién se encontraba?

—La consellera.

—¿Y por encima?

—El presidente de la Generalitat.

—Ha quedado claro que disponía del problema de coordinación.

—Yo no he dicho eso. Yo no vi ningún problema de coordinación.

—Su impresión fue que Salomé Pradas actuó hasta donde la dejaron (...).

—(...) [Pradas] estaba dando instrucciones y no estaba coartada por nadie.

La testigo, al inicio de su testifical, declaró que conocía a Carlos Mazón y a Salomé Pradas como compañeros del PP, aunque no mantenía relación de amistad con ellos.

Laura Sáez consideraba, en todo caso, que el desplazamiento de la consellera Pradas a Carlet habría sido positivo “si no hubiese pasado lo que después pasó”. “Pero nadie sabía lo que iba a pasar”, contestó a preguntas del abogado José María Bueno Manzanares, que ejerce la defensa del exsecretario autonómico de Emergencias investigado en la causa.

La alcaldesa no se sintió “abandonada por nadie”, según precisó en su declaración: “Los días posteriores, a mí me llamó desde el actual presidente de la Generalitat [Juan Francisco Pérez Llorca] al presidente del PP nacional [Alberto Núñez Feijóo]”.

Miguel Polo recomendó pedir refugio en altura

Tras la visita de la consellera, la tarde evolucionó a peor en Carlet. A las 17.00, Laura Sáez fue alertada por la Policía Local de que habían sido informados de que se iba a desaguar en pantano de Forata. La alcaldesa contactó telefónicamente con Miguel Polo, presidente de la CHJ. “El señor Polo, en aquel momento, me dijo que el agua que habíamos tenido hasta ese momento era de lluvia de los municipios más arriba, pero que el pantano iba a proceder a desaguar, algo habitual, y entonces nos iba a llegar muchísima, muchísima más agua”, explicó la testigo.

A consecuencia de la conversación con Miguel Polo, quien participaba en la reunión del Cecopi conectado telemáticamente, el Cecopal de Carlet tomó una serie de medidas, tales como colocar “impedimentos” como sacos de arena en las zonas potencialmente inundables. Por su parte, la Policía Local avisó a la población de las zonas próximas al río Magro de que “subieran a plantas altas”.

“Antes de las 18.30”, según presumió Laura Sáez, el consistorio de la Ribera Alta ya había pedido a la población situada cerca del Magro que buscara refugio en altura. Se trata de un acertado consejo transmitido más de una hora y media antes de que Emergencias enviara el primer Es-Alert, un mensaje automático a los móviles que ni siquiera solicitaba a la población que subiera a plantas altas. La medida fue recomendada por el presidente de la CHJ: “Yo le había preguntado al señor Polo y me había dicho que era correcta”, remachó Sáez.

El Ayuntamiento de Carlet también avisó a los vecinos para que quitaran los vehículos y tomó la decisión de cortar el puente, para evitar cualquier “desgracia”, según la expresión de la alcaldesa. “Eso fue antes de que nos llegara al Ayuntamiento a través del fax la alerta [de Emergencias] del 112 del riesgo de Forata”, señaló.

Tras recibir en su móvil el primer Es-Alert de las 20.11, Laura Sáez habló de nuevo con Miguel Polo por teléfono y el presidente de la CHJ le advirtió de la “situación complicada” en el río Magro y de que el Centro de Emergencias de la Generalitat iba a enviar otro mensaje masivo.

La “importante” labor de los medios de comunicación

Sáez intervino aquella tarde en À Punt, la cadena autonómica valenciana. En aquella conexión en directo, sobre las 18.35, la primera edil hizo referencia a sus conversaciones con Miguel Polo y desglosó las “medidas preventivas” activadas en la localidad.

“Yo soy de la opinión de que esos días los medios de comunicación hacen una labor muy importante, porque estamos en una situación que había que trasladarle a los ciudadanos los riesgos que había para que no saliesen de casa”, apostilló la alcaldesa del PP.

“En todos los medios de comunicación [en los] que ese día salí, yo lo que decía a los ciudadanos es: mucha precaución, porque una cosa es lo que llueve aquí y otra cosa lo que llueve aguas arriba”, explicó Laura Sáez ante la jueza.

El “efecto llamada” no fue la regularización de inmigrantes. Fue una decisión del Tribunal Supremo. Es una sentencia muy corta, solo 13 folios que pasarán a la historia. Se ha escrito mucho sobre la crisis de Ceuta, sobre el papel de Marruecos, sobre la deficiente gestión del Gobierno. Muy poco sobre el origen jurídico con el que todo empezó.

El 29 de junio de 2026, un mes antes del colapso de la frontera en Ceuta, la sección quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo recortó las “devoluciones en caliente”: una polémica excepción legal que solo se aplica en Ceuta y Melilla y que permite devolver inmigrantes a Marruecos por la vía rápida, sin las mismas garantías humanitarias que sí se aplican en el resto de las fronteras de la Unión Europea.

El origen legal de esas devoluciones en caliente está en una crisis anterior: la tragedia del Tarajal, el 6 de febrero de 2014. Alrededor de doscientos inmigrantes trataron de entrar en Ceuta a nado. La Guardia Civil, esta vez sí, recibió la orden de disparar con material antidisturbios: pelotas de goma, botes de humo y salvas detonadoras. Murieron 14 personas ahogadas. Veintitrés llegaron a tierra, pero la Guardia Civil las devolvió desde la propia playa, saltándose todos los protocolos legales.

La catástrofe en el Tarajal acabó en los tribunales. Estaba en cuestión la responsabilidad de los agentes que dispararon las pelotas de goma –acusados de homicidio imprudente, aunque finalmente fueron exculpados– y también la forma en que se devolvió a los supervivientes que nadaron hasta la playa.

El Gobierno de Mariano Rajoy zanjó el tema un año después. En marzo de 2015 aprovechó otro trámite parlamentario –la aprobación de la infausta ley mordaza– para colar por la vía rápida una importante modificación de la ley de extranjería. Se trata de una disposición adicional que establece un “régimen especial” solo para Ceuta y Melilla: en estas dos ciudades, se puede devolver por la vía rápida a aquellos extranjeros que “intentan superar los elementos de contención fronterizos para cruzar irregularmente la frontera”.

El PSOE y otros partidos de la oposición recurrieron esa reforma ante el Tribunal Constitucional, que en 2021 la avaló. Las polémicas devoluciones en caliente también llegaron en 2020 al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que también las respaldó. Entre sus argumentos a favor de las devoluciones en caliente, el TEDH subrayó la especial situación de Ceuta y Melilla, las únicas fronteras terrestres de la Unión Europea en el continente africano. Y que estos intentos de entrar en España se producían en grandes grupos y con violencia, lo que justificaba esta respuesta.

Pedro Sánchez recurrió ante el Constitucional las devoluciones en caliente cuando estaba en la oposición. Al llegar al Gobierno, mantuvo esa ley y la aplicó. Desde el PSOE ahora justifican este giro con la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. “Si derogamos las devoluciones en caliente, la situación de Ceuta y Melilla sería crítica”, aseguran fuentes del lado socialista del Gobierno.

No ha sido este el único cambio radical de opinión.

Hace diez años, nadie podía imaginar que quien acabaría recortando las polémicas devoluciones en caliente en Ceuta y Melilla no sería el primer gobierno progresista de coalición, ni tampoco la muy garantista justicia europea. Para sorpresa de todos, este cambio ha llegado de un tribunal de mayoría conservadora en el Supremo español.

Cuando se mira quién firma esta sentencia, la sorpresa es aún mayor.

Los nuevos progresistas

El ponente de la reciente sentencia del Supremo que acaba de recortar las devoluciones en caliente es Fernando Román García. ¿Un peligroso juez izquierdista? No. Antes fue secretario de Estado de Justicia en el Gobierno de Mariano Rajoy. Era el número dos de Gallardón.

El presidente de la sección en el Supremo que aprobó la sentencia es Carlos Lesmes. El nombre no te suena por su activismo en defensa de los inmigrantes. Antes fue director general de Justicia en el Gobierno de Aznar y, más tarde, presidente del CGPJ durante el Gobierno de Rajoy.

La sentencia fue aprobada con el voto unánime de los cinco magistrados de la sección. Junto a Román y Lesmes, hay dos asociados a Juezas y Jueces para la Democracia y una de la conservadora APM. Tres a dos, a favor de la derecha.

Que dos magistrados de JJPD recorten las devoluciones en caliente es algo esperable. Esta asociación progresista siempre las cuestionó, e incluso se pronunció en contra de la sentencia del TEDH que las blindó. Pero que dos ex altos cargos del PP recorten una reforma del PP es algo más raro de ver.

Fuentes jurídicas aseguran que el debate antes de esta sentencia fue intenso. Carlos Lesmes era el más crítico con el texto de la sentencia, aunque finalmente la aceptó. Y quien con más vehemencia defendía recortar las devoluciones en caliente era Fernando Román: secretario de Estado del mismo Gobierno que aprobó esa reforma de la ley de extranjería.

¿Y qué dice esta nueva sentencia del Supremo? Prohíbe las devoluciones en caliente cuando se entra a nado, tras un recurso presentado por un inmigrante argelino. A juicio del Supremo, esas devoluciones en caliente no son legales, ya que la ley habla de “elementos de contención fronterizos”. Y en el mar no hay vallas.

Es curioso el argumento, teniendo en cuenta que esta reforma se aprobó precisamente tras la devolución ilegal de esos 23 inmigrantes que entraron a nado en Ceuta en 2014, en la tragedia del Tarajal. De hecho, la propia reforma sirvió para exonerar de prevaricación a los guardias civiles que participaron en aquella devolución.

En su recurso ante el Supremo, la Abogacía del Estado argumentó que sí hay “elementos de contención” para evitar las entradas a nado: las cámaras térmicas, los drones o el propio espigón. Para el Supremo, esto no cuenta como barrera.

Tras la enorme crisis desatada el 30 de julio en Ceuta, ha sido el propio Supremo quien ha explicado al Gobierno cómo cumplir con la sentencia: basta con instalar unas boyas alargando la línea de frontera desde el espigón para que se consideren “elementos de contención”.

“Todo este lío para que baste con poner una cuerda”, asegura una fuente del Gobierno. Por resumirlo: si un inmigrante sortea por la vía vertical los obstáculos –saltando la valla– sí se le puede expulsar de forma inmediata. Pero si lo hace por la vía horizontal –rodeando a nado el espigón– ya no.

¿Te imaginas –en un suponer– qué habría pasado si esta misma crisis –80.000 personas entrando de golpe en Ceuta, 141 muertos– se hubiera producido durante un gobierno del PP, tras una sentencia aprobada por dos ex altos cargos del PSOE? ¿Qué habría dicho la derecha?

Y una segunda pregunta: ¿habría redactado el Tribunal Supremo esta misma sentencia si en el Gobierno estuviera el PP?

El papel de Marruecos

La noticia sobre el fin de las devoluciones en caliente para quienes entraban a nado se disparó por las redes sociales marroquíes y alentó las primeras llegadas a Ceuta. Así lo recogían varios informes previos que –sin anticipar la magnitud de lo que venía– sí alertaron del aumento de las entradas a nado a raíz de la sentencia.

Pero esta decisión del Supremo, por sí sola, no explica todo lo que pasó. Y en este episodio en concreto, falta por conocer mucho más: si hubo quien manipuló las redes sociales para propagar ese mensaje. Y lo más importante: a qué se debió la inacción de los gendarmes marroquíes en la frontera durante tantas horas.

Los que primero entraron a nado ese día en Ceuta, equipados con flotadores, aletas o neoprenos, lo hicieron impulsados por las noticias sobre la sentencia o por grupos en redes donde se explicaba que “si vas nadando te quedas en España”. Los que llegaron después –por decenas de miles– no sabían nada del Supremo o del cambio con las devoluciones en caliente, según explican varios testimonios recogidos por elDiario.es. Fueron a Ceuta porque les contaban en las redes que la frontera estaba abierta: que los gendarmes marroquíes no estaban parando a nadie.

En el Gobierno, en privado, manejan tres hipótesis para las que dicen carecer aún de pruebas concluyentes.

La primera, que esa inacción de la policía marroquí se deba al volumen de la oleada. Tampoco los policías españoles plantaron cara: porque eran demasiados.

La segunda, que esa inacción responda a una operación de alguna de las corrientes de poder dentro del régimen marroquí, sin autorización ni orden expresa del rey. En un momento delicado para Marruecos, que pronto tiene elecciones.

La tercera, que la operación fuera autorizada por Mohamed VI, pero que, viendo la dimensión de lo ocurrido, después diera marcha atrás.

Pero Sánchez tiene un problema grave: casi nadie en España cree que 80.000 personas se puedan desplazar hacia Ceuta sin el conocimiento o la autorización del régimen autoritario marroquí. Y esto es algo transversal. La derecha no se fía de Marruecos por su rechazo a la inmigración. La izquierda, por el Sáhara.

Al mismo tiempo, el Gobierno no puede solucionar el problema actual sin la colaboración de Marruecos.

La gestión de la crisis humanitaria –miles de personas sin hogar vagando por la ciudad– ha sido también pésima. ¿Qué habría dicho el PSOE si, ante una situación como esta, un Gobierno del PP hubiese pasado tantos días sin un solo campamento y con los vecinos teniendo que darles de comer o protegiendo a las niñas?

Por si fuera poco, tampoco falta la habitual presión contra el Gobierno desde los aparatos del Estado. Como también se demostró esta semana con el episodio del famoso informe policial.

En resumen: una jueza exconcejal del PP pide un informe a una unidad dirigida por un exasesor del jefe de la brigada política del PP que concluye sobre Marruecos lo mismo que está diciendo el PP. La jueza ordena a la policía que no le diga nada al Gobierno, que acaba enterándose de que existe tal informe por la prensa. El presidente y casi todos sus ministros quedan en ridículo –o peor aún, como mentirosos– por una oportuna filtración que solo pudo venir de dos sitios: el juzgado o la comisaría, porque aún no se había dado traslado a la acusación popular.

Y solo llevamos una semana de esta nueva temporada electoral.

P.D. Una última cuestión. Lo de llamar “efecto llamada” a la sentencia en el arranque de esta carta es una pequeña provocación, una burla a ese lenguaje que siempre rechazaré. La verdadera razón por la que tantas personas se juegan la vida para cruzar una frontera nunca está en una sentencia o en una regularización. Siempre es otra: la enorme desigualdad.

Que no lo olvidemos nunca: quienes llegan a esas playas son personas que buscan un futuro mejor.

Alternativa para Alemania (AfD) ha ganado las elecciones federales con un 36% de los votos. La ultraderecha es, con mucha diferencia, el partido más votado del país. La formación, fundada en 2013 al calor de la crisis de deuda en la Eurozona, no tiene suficientes escaños para gobernar en solitario, pero se ha convertido en imprescindible para formar un ejecutivo en la mayor economía europea.

Los conservadores de la CDU-CSU están en segundo lugar, pero muy lejos de AfD. Los democristianos, en estado de shock, hacen frente a un dilema: probar un inverosímil gobierno cuatripartito con socialdemócratas, verdes y poscomunistas (la prensa bautiza la fórmula como Coalición Zimbabue-Ghana por la cantidad de colores de los cuatro partidos involucrados) o abrirse a negociar con la ultraderecha una coalición gobernante con una cómoda mayoría parlamentaria. La democracia cristiana alemana está entre la espada y la pared.

La segunda opción tiene además un serio inconveniente: como partido más votado, AfD tiene derecho a exigir que su candidata, Alice Weidel, se convierta en la futura canciller federal. Weidel lo pone además más difícil, exigiendo a los conservadores “una disculpa pública al pueblo alemán” por haber dejado entrar solicitantes de asilo e inmigrantes al país. La ultraderecha se siente más cerca que nunca de su objetivo real: destruir la democracia cristiana, alcanzar la hegemonía política, tener la mayoría absoluta para gobernar en solitario y transformar a su gusto el Estado alemán.

Tras días de debates internos en la cúpula de la CDU-CSU, el presidente del partido y candidato a canciller democristiano, Jens Spahn, toma finalmente la decisión de tumbar lo que queda del cordón sanitario y acepta unas negociaciones con una ultraderecha considerada por los servicios de Inteligencia del país como parcialmente de extrema derecha —por consiguiente, una amenaza para el orden constitucional—.

El título es una alusión a 1933, a la toma del poder por parte de los nacionalsocialistas. Y lo he elegido por una sencilla razón: llevo 13 años informando sobre AfD y conozco muy bien el partido. Y cada vez que leo informes de los años 30, me doy cuenta de que el tono era muy similar.

Justus Bender — periodista y autor del libro

Las negociaciones van más rápido de lo esperado. En pocas semanas, los partidos se ponen de acuerdo y Weidel es elegida canciller por el Bundestag con los votos de su partido y de los conservadores.

La ultraderecha alemana no pierde tiempo. Desde el minuto uno, comienza a aplicar algunas de sus grandes promesas electorales: deportaciones masivas de solicitantes de asilo, sin esperar a que los tribunales fallen si son legales; prisión para las personas sin permiso de permanencia; retirada de la ciudadanía alemana a personas con raíces extranjeras; reforma del código penal, que incluye el delito de “difusión de noticias falsas”; encarcelamiento de periodistas y registros de medios críticos y recortes draconianos en la radio y la televisión públicas; una reforma constitucional que establece que la cultura alemana debe prevalecer sobre el resto y que Alemania es un país cristiano.

“Un escenario”

Los párrafos anteriores resumen la Alemania que Justus Bender se imagina en 2033. El periodista político del diario liberal-conservador Frankfurter Allgemeine Zeitung ensaya ese hipotético futuro en su recién publicado Deutschland 2033. Ein Szenario. ('Alemania 2033. Un escenario'). “El libro es un análisis, porque la trama ficticia solo sirve para ilustrar una idea”, explica el autor a elDiario.es.

Deutschland 2033 no es una novela, sino un ensayo sobre cómo lo que hoy está ocurriendo en Alemania puede influir en el futuro próximo del país. Que un periodista de uno de los diarios más leídos del país haya elegido 2033 —es decir, un siglo después de la toma del poder por parte de Adolf Hitler— indica el clima político en un país que durante décadas se creyó inmune al ascenso electoral de cualquier formación situada a la derecha de la democracia cristiana.

La historia no se repite y la República Federal de Alemania no es la República de Weimar. Sin embargo, el acompasamiento de determinadas dinámicas de los años 20 y 30 del siglo XX con lo que hoy ocurre en Alemania ha llevado a Bender a escribir un libro cuyo título es una provocación y una advertencia.

“El título es, por supuesto, provocador”, dice Bender. “Se trata claramente de una alusión a 1933, a la toma del poder por parte de los nacionalsocialistas. Y lo he elegido por una sencilla razón: llevo 13 años informando sobre AfD y conozco muy bien el partido. Y cada vez que leo informaciones de los años 30 –artículos de periódicos, por ejemplo, o diarios personales–, me doy cuenta de que el tono era muy similar. Es decir, la forma en que los nazis se reían de sus críticos, diciendo: '¿Cómo pueden insinuar que queremos hacer algo ilegal? No crean las mentiras de la prensa liberal mentirosa”.

Precisamente así reaccionan hoy así los líderes de Alternativa para Alemania cuando se les acusa de querer establecer una ciudadanía con criterios étnicos o aplicar su plan de “remigración” para deportar a millones de personas que han llegado al país en la pasada década.

La Hungría de Orbán como modelo

Alemania no está tan lejos del escenario que dibuja Justus Bender en su Deutschland 2033. Basta con echar un vistazo a las proyecciones electorales. Todas las encuestas sitúan a la ultraderecha entre el 27 y el 29% de intención de voto, más de seis puntos por delante de los conservadores de la CDU-CSU y muy lejos del resto de partidos.

No estamos ante la fotografía de un momento concreto, sino de una tendencia que se viene consolidando desde hace meses. AfD ha roto un dique y apunta a ser la fuerza más votada no sólo en el este del país, considerado hasta ahora su gran bastión, sino en el resto de Alemania. La ultraderecha acaricia el umbral del 30%.

Es la coyuntura en la que Bender ha escrito un libro en el que imagina cómo sería una Alemania con un gobierno liderado por la ultraderecha. “Es, sobre todo, un país en el que se ha roto algo muy fundamental”, explica el autor. “En la esfera pública, en la cultura del discurso público, ya no existe la responsabilidad. Es decir, ya no funciona como antes: que un político se contradiga a sí mismo o cometa un error y, a raíz de ello, surja una presión que le obligue a rectificar. Simplemente, en este país todo es posible y, en este clima, un gobierno de AfD puede, por supuesto, imponer muchísimas cosas”.

He escrito este libro como respuesta, porque quería demostrar que no es tan sencillo y que un gobierno tiene un poder enorme y puede hacer muchas cosas sin que nadie lo detenga

Justus Bender — periodista y autor del libro

En Alemania, incluso en parte de la izquierda, se está imponiendo una opción ante el avance de la ultraderecha: dejar que gobierne con la esperanza de que fracase y decepcione al electorado. Una posición que parece más alimentada por la impotencia que por argumentos racionales.

“He oído muchas veces a gente decir: '¿Qué puede pasar de malo? O bien gobiernan correctamente o, si hacen algo ilegal, los tribunales los detendrán'”, reflexiona en voz alta Bender, quien advierte acto seguido: “He escrito este libro como respuesta, porque quería demostrar que no es tan sencillo y que un gobierno tiene un poder enorme y puede hacer muchas cosas sin que nadie lo detenga”.

¿Y qué podría cambiar AfD sin grandes obstáculos? “Lo que podríamos esperar de una Alemania gobernada por AfD no sería el Cuarto Reich –es decir, la continuación del nacionalsocialismo–, sino más bien algo parecido a la Hungría de Víktor Orbán, a su democracia iliberal. Creo que Alemania no dejaría de ser democrática porque habría elecciones, pero las instituciones liberales, la prensa libre, la formación de la opinión pública y la igualdad de los ciudadanos independientemente de su origen étnico se verían amenazadas”.

La primera piedra de esa hipotética futura Alemania pueden ser las elecciones regionales en Sajonia-Anhalt del próximo domingo. AfD roza la mayoría absoluta en las encuestas de esa región del este de Alemania. Su candidato, Ulrich Siegmund, podría convertirse en el primer ministro regional de la ultraderecha y Sajonia-Anhalt, una especie de laboratorio de pruebas para la Alemania que sueña AfD.

Mientras el calor extremo, provocado por el cambio climático, funde este año el hielo del Ártico a ritmo de récord, la explotación comercial de sus aguas se ha puesto a funcionar a toda máquina y los cargueros se han lanzado a atravesar el océano deshelado por las altas temperaturas.

No se trata de un verano cualquiera en el que los buques de hidrocarburos aprovechan una ventana de oportunidad para navegar por el Ártico.“Es una nueva fase”, ha dicho este lunes el ministro de Exteriores ruso Sergei Lavrov, marcada por la llegada del carguero chino Xin Xin Hai al puerto ruso de Murmansk, el 19 de agosto, con 500 contenedores llenos de piezas para automóviles y repuestos. Fue el primer carguero que llegó a Rusia desde Asia por la ruta marítima del norte o ruta de la seda ártica —la NSR, por sus siglas en inglés—. “Un acontecimiento histórico”, según Lavrov.

Solo unos días antes, otro carguero chino, el Dubai Tower, zarpó de Ningbo rumbo a Felixstowe, el mayor puerto de contenedores del Reino Unido. Se estrenaba así la ruta semanal por la NSR planeada por la naviera Sea Legend Shipping que ya ha recibido los permisos de navegación de la autoridad que controla esa travesía, la corporación de energía atómica rusa, Rosatom.

Sea Legend Shipping es la misma compañía que fletó el carguero Istambul Bridge cargado de productos para la “campaña de Navidad” en Europa en noviembre pasado. Se trataba de un viaje piloto para establecer la línea regular.

El deshielo del Ártico abre las rutas comerciales

Ruta marítima del norte (NSR)

San Francisco

San Francisco

Shanghái

CHINA

ESTADOS

UNIDOS

RUSIA

CANADÁ

GROENLANDIA

Murmansk

Círculo polar

ártico

Roterdam

Roterdam

Suez

Extensión de hielo marino a 31 de agosto de 2026

Línea de la media de la extensión de hielo 1981-2010

N

700 km

GRÁFICO: IGNACIO SÁNCHEZ. FUENTE: NSIDC Y ELABORACIÓN PROPIA

Rutas comerciales del Ártico

Ruta marítima del norte (NSR)

San Francisco

Shanghái

CHINA

EE. UU.

CANADÁ

RUSIA

GROENLANDIA

Murmansk

Roterdam

Roterdam

Suez

Línea de la media de la extensión de hielo 1981-2010

Extensión de hielo marino a 31 de agosto de 2026

N

1300 km

GRÁFICO: IGNACIO SÁNCHEZ. FUENTE: NSIDC Y ELABORACIÓN PROPIA

“Es difícil saber a ciencia cierta si esto es un punto de no retorno, pero, desde luego, genera mucha preocupación”, explica la analista jefe de la Clean Arctic Alliance Sian Prior. “Estamos viendo unos cambios muy grandes en el Ártico en los últimos años y este aumento del tráfico marítimo es lo que podríamos esperar para el futuro”.

Desde luego el propósito declarado del presidente ruso Vladimir Putin es aprovechar, no revertir, la desaparición del hielo Ártico por efecto del cambio climático. “Tenemos el objetivo de que la navegación por esta ruta sea posible el año entero”, dijo este jueves en el Foro Económico Oriental.

Este curso, el océano Ártico se ha congelado menos que nunca y el hielo generado se está derritiendo a alta velocidad, según las observaciones por satélite. La máxima extensión de la capa helada se registró el 15 de marzo pasado y fue la más exigua registrada en los 48 años de datos satelitales: 14,29 millones de kilómetros cuadrados. El anterior pico negativo fue el año pasado, con 14,3 millones.

A su vez, el ritmo de deshielo acelera: los tres millones de kilómetros cuadrados fundidos en julio, por ejemplo, hicieron que “la extensión de la banquisa (las placas de hielo flotante) sea muy pequeña” y en niveles “muy similares a los de 2024 y 2025”, según el análisis del Centro de Investigación Climática de Alaska. Y “la primera mitad de agosto se vieron cambios radicales en la extensión del hielo del Ártico en el lado del Pacífico”. En esos momentos atracaba el Xin Xin en el puerto ártico de Rusia.

Todo esto indica que la temporada de navegación de 2026 por el paso NSR se va a prolongar durante varias semanas más. De hecho, el derretimiento del hielo marino ha prolongado la navegación: si en el año 2000 rondaba los 30 días —a veces no era navegable en todo el año— actualmente ronda entre los 135 y 150 días.

Este 2026 ve así cómo se ha establecido ya un “servicio regular con cargueros circulando todas las semanas a lo largo de la temporada de navegación”. Lo que hace solo 25 años parecía impensable —utilizar las entonces casi impenetrables aguas del Ártico como ruta comercial— se vuelve rentable gracias a la destrucción generada por el calentamiento global provocado por los humanos.

No decimos que no haya navegación, pero estamos hablando de establecer rutas comerciales permanentes con el consecuente aumento de emisiones de carbono negro que exacerba el calentamiento y la fundición del hielo sin aportar beneficios a las comunidades locales

Sian Prior — Analista jefe de la Clean Arctic Alliance

Aunque navieras principales como la suiza MSC —que es la líder mundial de transporte de contenedores— o la francesa CMA-CGM hayan reiterado recientemente que rechazan utilizar esta ruta, la instalación de servicios comerciales permanentes por el océano Ártico ha metido una marcha más.

Por un lado, India ya ha anunciado que planea realizar tránsitos comerciales por la NSR en 2027. Por otro, la República de Corea ha iniciado un viaje de prueba comercial este año. El 22 de agosto, zarpó de Busán el portacontenedores Pan Star con destino, también, a Felixstowe. El Gobierno surcoreano considera públicamente que la NSR “está destinada a convertirse en una alternativa”.

La investigadora Sian Prior explica que “no decimos que no haya navegación —hay buques necesarios—, pero aquí estamos hablando de establecer rutas comerciales permanentes, con el consecuente aumento de emisiones de carbono negro que exacerba el calentamiento y la fundición del hielo, sin aportar beneficios a las comunidades locales”.

La desaparición del hielo ártico no se restringe a las latitudes del círculo polar sino que dispara consecuencias globales: genera más calor en el planeta al desaparecer un refrigerador mundial, provoca que la corriente en chorro se destense, lo que puede traducirse en trenes de borrascas que llegan muy al sur como se experimentó en España este invierno, y hace que la Tierra absorba más radiación solar al evaporarse el efecto albedo.

Prior analiza que, “mientras el mundo intenta descarbonizarse, vamos a seguir viendo un incremento del tráfico y del interés comercial en el Ártico” y remata: “Al mismo tiempo va a haber cada vez menos hielo antes de que pudiera producirse un recongelamiento que, además, llevará décadas”.

Las extrabajadoras de Julio Iglesias Rebeca y Laura (nombres ficticios) que denunciaron al cantante ante la Fiscalía por delitos sexuales y laborales, han presentado personalmente una querella ante la Audiencia Nacional por los mismos delitos, después de que la Fiscalía decidiera en enero no investigar por entender que España no tenía jurisdicción para hacerlo.

Las abogadas que las representan, de la organización Women's Link, no lo ven de la misma manera y han optado por buscar una vía directa de acceso a la justicia. La catedrática de Derecho Penal de la Universitat de València Lucía Martínez Garay fue una de las juristas que más claramente se posicionaron en su momento “en contra” de esa decisión, porque “los tribunales españoles sí son competentes para conocer de estas acusaciones”. Ahora será un juzgado de la Audiencia Nacional quien decida sobre la admisión.

Al cerrarse la vía de la denuncia ante la Fiscalía, Rebeca y Laura toman la determinación de seguir buscando justicia. ¿Con este paso, qué cambia para ellas desde el punto de vista jurídico? ¿Por qué creen que al interponer personalmente una querella sí puede ser admitida?

Es que a ellas no les ha dicho que no un juez. La Audiencia Nacional ni siquiera ha podido llegar a pronunciarse sobre este caso porque nadie le ha presentado la querella que es necesaria para que se inicie un procedimiento. No sabemos la opinión de los jueces sobre esto, solo sabemos lo que opina la Fiscalía. Al presentar la querella, ellas cumplen con el último requisito que les faltaba, según indica la Ley Orgánica del Poder Judicial, en su artículo 23.2. Se podían querellar ellas o el Ministerio Fiscal. El fiscal dijo que no, pues bien, ahora van ellas. La Audiencia Nacional todavía no ha dicho si es competente o no, y no podía decirlo si nadie le presentaba una querella.

¿Debería la Audiencia Nacional admitir esta querella?

Creo que los jueces pueden admitirla porque son competentes para conocer de este asunto. Obviamente, además de tener competencia, para admitir una demanda hace falta que los jueces consideren que hay indicios racionales de criminalidad en los hechos. Yo no conozco el caso más que por las publicaciones periodísticas, pero a priori parecen hechos graves y relatados con apariencia de verosimilitud y seriedad. La Fiscalía no ha dicho lo contrario porque en ningún momento ha entrado en el fondo del asunto; se ha limitado a la cuestión meramente formal de la competencia. Si el juez le quita la razón a la Fiscalía y dice que sí, que son competentes, lo normal sería que la Fiscalía se sume al carro de la querella y reme a favor, que ellas no se queden tan solas. Es decir, ante unos hechos tan graves, y suponiendo que quedara despejada la cuestión de la competencia, pienso que la obligación de la Fiscalía es promover que se investiguen, por supuesto sin prejuzgar que tras esa investigación se consiga o no suficiente material probatorio como para condenar, que eso ahora es imposible de saber, y a Iglesias le asiste la presunción de inocencia.

Si el juez le quita la razón a la Fiscalía y dice que sí, que son competentes, lo normal sería que la Fiscalía se sume al carro de la querella y reme a favor, que ellas no se queden tan solas

¿Puede la Fiscalía cambiar su criterio ahora respecto a lo que dijo en enero?

Sí, desde luego. Además, la propia naturaleza de la fase de instrucción, que es averiguar las circunstancias del delito, puede hacer que salgan a la luz datos o informaciones que justifiquen un cambio de criterio.

¿Piensa que la Fiscalía se equivocó al archivar en enero la denuncia contra Julio Iglesias?

Yo creo que sí se equivocó. Creo que la ley dice una cosa y la interpretación que hizo la Fiscalía en ese decreto no la comparto, creo que no está bien fundamentada. Y no soy la única que lo piensa, compañeros como Mercedes García Arán, profesora de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Barcelona o Juan Antonio Lascuraín de la Universidad Autónoma de Madrid opinan igual. En Derecho muchas veces las cosas son discutibles, pero en este caso concreto hay una base clara para que los tribunales españoles sean competentes para iniciar un procedimiento. A lo mejor, una vez iniciado, acaba en una absolución o en un archivo, no lo sé, pero que hay competencia para poder iniciarlo, yo lo veo claro.

Yo creo que la Fiscalía se equivocó. La ley dice una cosa y la interpretación que hizo la Fiscalía en ese decreto no la comparto, creo que no está bien fundamentada

¿Por qué España sí tiene jurisdicción para investigar esta denuncia?

La regla general es que los tribunales españoles sean competentes para juzgar los delitos que se cometen en el territorio español. Ahora bien, hay un par de reglas adicionales que permiten a los tribunales españoles juzgar hechos cometidos fuera de España. La Ley Orgánica del Poder Judicial recoge tres supuestos excepcionales, y en el caso de Julio Iglesias resultan aplicables dos. Uno es el principio de personalidad activa: España es competente para juzgar hechos cometidos fuera del territorio español por ciudadanos españoles. No cualquier hecho, sino uno que sea considerado delito por las leyes españolas y también por las leyes del país donde ese hecho se haya cometido. Y siempre que el delincuente no haya sido ya absuelto, indultado o penado en otro país. En este caso, a mi juicio, los tres requisitos se cumplen. Además, el propio perjudicado por el delito o el Ministerio Fiscal tiene que interponer una querella ante la Audiencia Nacional, no basta con una denuncia.

La querella la podían haber presentado las propias mujeres, pero me parece comprensible que valoraran en aquel momento que no querían asumir el coste personal y económico de hacerlo. Ahora bien, lo raro es que cuando tú cuentas esto a la Fiscalía, que también puede presentar esa querella, decida no hacerlo. ¿Por qué? Porque creyó o argumentó que los tribunales españoles no eran competentes. Pero lo único que faltaba para que lo fuéramos era precisamente que la propia Fiscalía presentara la querella.

En cambio, la Fiscalía argumentó que aun siendo Julio Iglesias un ciudadano de nacionalidad española, no tenía los suficientes vínculos con España, y eso que él tiene propiedades, tiene negocios y solía veranear aquí.

A mi juicio, requerir eso es completamente innecesario. La ley no pide que tengas vínculos con España, salvo obviamente, el vínculo esencial que es que tu nacionalidad sea española.

Para juzgar crímenes cometidos en el extranjero, además del supuesto de la personalidad activa, está el de la justicia universal. ¿Es necesario cumplir con los requisitos de ambas vías?

Basta con que se cumpla una de las dos. Si se dan las dos, mayor motivo hay para ser considerado competente. La regulación de la justicia universal desde el año 2014, cuando sufrió una reforma muy importante, es complicada, farragosa y ha quedado bastante desnaturalizada respecto a lo que era la idea inicial. Ahora se aplica a un listado de delitos entre los que están el de trata de seres humanos y los que regula el Convenio de Estambul para la lucha contra todas las formas de violencia contra la mujer, por lo que en las acusaciones contra Julio Iglesias sí es aplicable el principio de justicia universal.

Pero además hay otros requisitos. La ley también exige que el procedimiento se dirija contra un español o contra un extranjero que reside habitualmente en España o que se hubiera cometido contra una víctima que en el momento de los hechos tuviera nacionalidad española o residencia aquí. Está redactado de manera alternativa: una cosa o la otra. Cuando la Fiscalía argumenta por qué no era competente, da la sensación de que lo interpreta de manera copulativa, como si se requiriera una cosa y la otra.

Además, también es necesario en este principio de justicia universal que no se haya iniciado un procedimiento ya por estos mismos hechos en otro tribunal. La ley no exige como requisito que ningún otro Estado sea competente, lo que exige es que se esté ya juzgando el hecho en algún otro Estado, y eso no está pasando. Por lo tanto, España sí que tiene competencia para juzgarlo.

En las clases de Derecho Penal enseñamos el principio de justicia universal todos los años y decimos lo contrario de lo que se ha estado interpretando en este caso. Hay muchas cosas en Derecho que son interpretables u oscuras, pero aquí, lo mires por donde lo mires, no se acaba de ver dónde estaba el problema

¿Esta reticencia a investigar, qué dice sobre nosotros, qué mensaje manda nuestra justicia?

Yo creo que no es un buen mensaje. En las clases de Derecho Penal todos los años enseñamos el principio de justicia universal y decimos lo contrario de lo que se ha estado interpretando en este caso. Hay muchas cosas en Derecho que son interpretables u oscuras, pero aquí, la verdad, es uno de esos casos donde lo mires por donde lo mires, no se acaba de ver dónde estaba el problema.

Es verdad que ejercer tu jurisdicción sobre delitos cometidos en otros Estados a veces le genera a España conflictos de política internacional, tiene un coste diplomático, por eso se reformó la ley en 2014. Lo llamativo de este caso es que Bahamas o República Dominicana, salvo error por mi parte, no parece que hayan estado ejerciendo este tipo de presión.

Mi opinión personal es que lo que se está teniendo en cuenta es la relevancia del acusado, porque si no es difícil entender la resistencia a juzgar esto. Basta ver cuál ha sido la reacción una vez que la Fiscalía ha decidido que no seguía adelante: demanda contra el periódico, querella contra la vicepresidenta del Gobierno… También puede haber otra razón y es que este es un caso complicado porque es difícil saber en qué quedaría un juicio con tantas conexiones internacionales, con tanta desigualdad entre las partes y en un tema que ya sabemos lo difícil que es por la prueba y por la perspectiva de género en este tipo de delitos.

La Asamblea General de Naciones Unidas ha votado a favor de una propuesta para adoptar un nuevo mapamundi que refleje el tamaño de África de forma más fiel a la realidad, frente a la proyección de Mercator —ampliamente empleada hasta la actualidad, pese a que fue diseñada en el siglo XVI y no es precisa—. Los más críticos destacan que ese mapa ha promovido una concepción del mundo colonialista y eurocéntrica porque representa el continente africano mucho más pequeño de lo que es, restándole así importancia y protagonismo.

Con 164 votos a favor, 6 abstenciones y el voto en contra de Estados Unidos, casi todos los países de Naciones Unidas han apoyado la propuesta para empezar a usar el mapa diseñado en 2018 por Equal Earth, que fue desarrollado por un grupo internacional de cartógrafos. España y la gran mayoría de Estados de la UE han votado a favor.

Según el periódico The Guardian, las resoluciones de la ONU no son vinculantes, por lo que los países e instituciones no estarán obligados a usar exclusivamente la nueva proyección ni se les prohibirá usar la anterior. Sin embargo, se espera que, dado el amplio uso de la proyección de Mercator en la educación, la tecnología y las instituciones, se actualicen los planes de estudio y su uso cotidiano.

La resolución aprobada hoy en Nueva York fue impulsada por Togo hace algunos meses y a ella se han adherido decenas de países africanos y de otros continentes, como Francia. The Guardian recoge las declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores de Togo, Robert Dussey, quien dijo antes de la votación: “Esta discusión no es política, sino científica, porque existen pruebas científicas y todos debemos aceptar la realidad”.

También el ministro de Asuntos Exteriores francés mostró su apoyo a la resolución impulsada por Togo, desde París. Jean-Noël Barrot dijo que Francia empezará a usar “representaciones cartográficas adaptadas a usos específicos, más fieles a las superficies reales y en consonancia con las recomendaciones de cartógrafos y científicos”.

Los que vienen pidiendo un cambio afirman que la proyección de Mercator —en la cual Groenlandia tiene un tamaño parecido a África cuando, en realidad, el continente es unas 14 veces más grande— refuerza la percepción colonialista y el protagonismo de Occidente frente a África, a pesar de su enorme tamaño y población, que no queda reflejado sobre el papel. Eso es así porque la proyección creada por el cartógrafo Gerardus Mercator para la navegación distorsiona los tamaños de los continentes, ampliando las zonas cercanas al polo norte, como América del Norte y Groenlandia, mientras que reduce las que están en el ecuador, como África y América del Sur.

A principios de este año, la Unión Africana adoptó una resolución que promueve la proyección Equal Earth y anima a sus más de 50 Estados miembros a abandonar la proyección de ‌Mercator.

Una campaña digital global, bajo el título “Corrige el mapa”, pide que el mapa de Mercator no sea empleado por los organismos de Naciones Unidas ni por los medios de comunicación en sus informaciones y documentos. En su web, la campaña afirma que “la mayor parte del mundo sigue favoreciendo el mapa distorsionado, que no representa adecuadamente el tamaño de África y disminuye su importancia”.

La actualidad sigue pasando por Ceuta, por Marruecos y por un encendido Congreso de los diputados en el que la derecha pide el adelanto electoral. Eso no es una novedad, y no parece que vaya a alterar los planes de Pedro Sánchez: agotar las vías para presentar presupuestos y que las elecciones generales sean en 2027. Las elecciones serán, como máximo, el 22 de agosto del año que viene. Pero todos sabemos que serán antes. ¿Cuándo exactamente? ¿Antes o después de las municipales y autonómicas del 23 de mayo? ¿Quién gana con cada una de las variables?

Abordamos el calendario del curso político con el director de elDiario.es, Ignacio Escolar.

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“Septiembre es un lunes por la mañana”, “el 1 de septiembre es año nuevo”, “en septiembre empieza todo” son frases fáciles de encontrarse estos días. Hay quien lo vive con la ilusión de las nuevas oportunidades y expectativas y, por supuesto, quien lo enfrenta con la melancolía de un verano o espejismo que llega a su fin, pero para casi nadie es un mes más.

“Para mí el año empieza en septiembre, siempre ha sido mucho más 'año nuevo' que enero”, asegura Laura, profesora de 34 años. “Llega enero y sí, cambia el año, pero al final tu vida el 2 de enero es prácticamente la misma que el 30 de diciembre. En septiembre, en cambio, siento que realmente empieza algo, supongo que tiene mucho que ver con que llevemos toda la vida funcionando en cursos”, defiende.

Para María, enfermera de 22 años, el fin de agosto marca una frontera en su rutina: “Es como si el verano fuera una pausa y septiembre fuera el botón de 'empezar de nuevo'”. “Me compro una libreta nueva, me marco objetivos y tengo más ganas de crear hábitos”, describe, una percepción compartida por una parte importante de la sociedad que encuentra en la vuelta de vacaciones el verdadero punto de partida.

Las razones, a pesar de que este fenómeno social ha sido muy poco estudiado desde el punto de vista científico, cruzan la biología, la historia y la psicología. “Vivimos con los ciclos de la naturaleza, entonces nos afectan las estaciones, y el inicio del otoño es el momento de soltar cosas, de organizarse y prepararse para lo que viene”, explica la psicóloga Isabel Aranda, especializada en el ámbito laboral, que detecta en septiembre un punto de partida similar al de enero.

“Además, a la hora de plantearse metas, una frase muy común es hablar de aquí a final de año” como forma de acotar el espacio temporal, señala la psicóloga, que añade que las empresas tienen tan estudiada la predisposición social en esta época que tradicionalmente era cuando se iniciaban las enciclopedias, fascículos o artículos coleccionables.

Es como si el verano fuera una pausa y septiembre fuera el botón de 'empezar de nuevo'. Me compro una libreta nueva, me marco objetivos y tengo más ganas de crear hábitos

María — Enfermera

La psicología científica nombra como fresh start effect o ‘efecto de nuevo comienzo’ esa necesidad de establecer “hitos temporales”, como el inicio de una semana, un mes o un cumpleaños, para dividir la percepción del tiempo o establecer nuevos periodos. Recoge estos términos una investigación hecha por un grupo de psicólogos de la Universidad de Pensilvania en 2014, que analiza cómo estos marcos temporales ayudan a que las personas perciban un antes y un después, eleven su perspectiva del presente e inicien objetivos. Aunque los autores aclaran que se trata de una tendencia promedio y, por tanto, no puede considerarse que afecte por igual a todo el mundo, sí encontraron aumentos en búsquedas de palabras clave como “dieta”, así como un aumento en las cifras de asistencia al gimnasio después de distintas fechas entendidas como hitos temporales.

El efecto económico

“En septiembre y enero, después de los parones, la gente se reincorpora a cualquier cosa que implique algo de compromiso”, declara Aitor Sánchez, director del centro de nutrición Aleris, que constata “un incremento de entre el 30% y el 40% las consultas durante estos meses”. “Muchos de los objetivos relacionados con la salud vienen después de una época de excesos, como pueden ser las vacaciones o la navidad”, asocia el nutricionista.

Una situación similar confirma David Sanjurjo, CEO del centro de entrenamiento personal Ezen, sobre cierta estacionalidad en el sector: “En épocas de verano todo el sector sufre una reducción de altas y de facturación”. “Nosotros, al no ser un gimnasio convencional, porque trabajamos mucho con gente que tiene patologías o que viene a mejorar algún problema músculo-esquelético, tenemos una estabilidad; pero igualmente, incluso así, sí que es cierto que los meses de septiembre y enero son donde hay mayor número de peticiones de información”, reconoce, destacando que en los últimos años esta reactivación se ha desplazado incluso hacia octubre y febrero.

“Septiembre es uno de los meses con más demanda en psicología. Septiembre y enero, o sea, a la vuelta de las vacaciones y a la vuelta de navidad, por motivos distintos, son meses en los que hay muchísima demanda”, afirma la psicóloga María Bernardo, siguiendo con el pico de actividad que experimentan los negocios basados en el cuidado de la salud y la mejora de hábitos.

Viene después de un momento de descanso grande, porque te vayas o no de vacaciones, julio y agosto es un balón de oxígeno

María Bernardo — Psicóloga

“Hay como dos olas, una a principios de septiembre de gente que decide que quiere cuidar su salud mental, un poco como propósito, y otra que llega un poquito a final de mes en la que está la frustración de volver a la rutina, de volver a frustrarse en el trabajo o tener de nuevo la ansiedad disparada”, detalla Bernardo.

Además de una oportunidad para el reinicio personal, la psicóloga apunta al contexto sociocultural de comienzo colectivo: “Viene después de un momento de descanso grande, porque te vayas o no de vacaciones, julio y agosto es un balón de oxígeno en el que no se hace nada, muchas empresas cierran, no se hacen trámites y el país se para también porque hace muchísimo calor y todo se reinicia en septiembre”.

Vivir por cursos

“El descanso estival es más largo que el descanso de navidad, por lo que fomenta más un cambio de rutinas”, concuerda Daniel Gabaldón, profesor titular de sociología de la Universitat de València especializado en sociología del tiempo y de la educación, lo que explica muchos otros ritmos sociales se acojan a ese ritmo. Para él, habernos socializado en esta estructura temporal durante toda la infancia y adolescencia tiene mucho que ver con la interiorización del ciclo: “Muchos además tenemos hijos en edad escolar, por lo que el ciclo académico nos afecta a través de la conciliación familiar, los horarios de los centros o las actividades extraescolares”.

Más allá de las clases, los profesores y los alumnos, en septiembre también comienza el año judicial, la temporada cultural de teatro, ópera y danza, la televisiva, la editorial, el curso político con la reactivación de Congreso y Senado, momento de cosecha y vendimia, el inicio del calendario de fútbol —aunque cada año, un poco antes— y muchas otras actividades y clubes. Esto explica que en muchos casos este inicio de año alternativo no sea una decisión propia, sino consecuencia de un entorno con un funcionamiento concreto.

El descanso estival es más largo que el descanso de navidad, por lo que fomenta más un cambio de rutinas

Danial Gabaldón — Profesor de Sociología, Universitat de València

“No sé si será por haber trabajado en la radio, por mi afición al fútbol o porque tengo muchas buenas amigas que son profesoras, pero, para mí, septiembre es el verdadero nuevo comienzo. En Navidad suelo pensar más sobre mi relación con la gente a la que quiero, pero no me pongo propósitos el 1 de enero”, comparte Sergio, periodista de 33 años, que aprovecha el final del verano para preguntarse cómo se siente con la vida que lleva y qué le apetece hacer.

“El 1 de septiembre vuelve la cultura, los pódcast, el cineclub universitario, la biblioteca pública en horario completo y empiezan las actividades”, destaca Rafael, de 43 años, que encuentra algo “mágico” en la vuelta a la oficina tras las vacaciones, cuando su ciudad, Granada, recupera el bullicio tras el letargo de agosto. “Todo abre de nuevo a la vez, se vuelven a llenar las calles y es una sensación muy agradable de comienzo que, ni por asomo, tengo en enero”, valora.

Si enero cuenta con la fuerza de la simbología que le otorgan las campanadas o la cuenta atrás para el inicio del calendario gregoriano vigente; septiembre, que como su propio nombre indica no siempre fue el noveno mes del año, sino el séptimo para los romanos, es para muchos una reestructuración forzosa en sentido práctico. Aunque no existe una causalidad demostrada, ya los romanos contaban con tres años nuevos: el sacerdotal, en enero; el nacional, en marzo; y un año nuevo cíclico o político, en septiembre, según el escritor bizantino Juan Lido en su obra sobre los meses ‘De mensibus’.

Además de picos en ciertas búsquedas en Internet, ambos momentos acumulan tareas, metas, expectativas, que pueden ser motivadoras, pero también una trampa psicológica de la que alertan las expertas. “Nos hemos convertido en un proyecto constante de optimizar. Estoy harta de escuchar en consulta hablar del autocuidado, que se entiende fatal, y estoy harta de escuchar el ‘quiero mejorar’, ‘quiero ser más productiva’, ‘no quiero estar cansada’, ‘quiero hacer todo lo que me propongo’ porque no es realista”, explica Bernardo, que subraya que “ponerse metas imposibles de superhumano” deriva en poco tiempo en una frustración que puede ser destructiva. “Es como un tren que te atropella, porque incluye pensamientos negativos de que no valgo, de que no soy constante, de que no tengo capacidad de esfuerzo”, ejemplifica.

En esa confluencia entre la nostalgia de un verano que se va y la ilusión o el estrés por los nuevos proyectos, la recomendación es la progresividad: “Entrar en la rutina poco a poco, siempre que se pueda, y no renunciar al ocio, sino adaptarlo a la nueva realidad”, resume la psicóloga. El calendario oficial seguirá inalterable en enero, ofreciendo otra oportunidad, pero queda a la elección de cada uno cuándo y cómo apretar su propio botón de reinicio.

Un jurado federal de Estados Unidos ha imputado a un agente antimigración del conocido como ICE por haber dado falso testimonio sobre un tiroteo no mortal que se produjo durante las macroredadas en el estado de Minnesota a principios de año, según han confirmado fuentes conocedoras del caso a los periódicos New York Times yWashington Post.

El tiroteo se produjo durante esa campaña de terror ordenada por el presidente Donald Trump, en la que otros oficiales antiinmigración asesinaron a tiros a dos ciudadanos estadounidenses: Renne Good y Alex Pretti.

En ambos casos, la Casa Blanca salió en tromba a defender a los agentes alegando que actuaron en defensa propia, a pesar de que las imágenes grabadas por los testigos mostraban una realidad diferente.

Los cargos presentados contra el agente, que responde al nombre de Christina Castro, constituyen un caso singular dentro de las investigaciones y procesos abiertos en Minnesota en relación con las macroredadas. En primer lugar, porque las pruebas sobre las que el jurado ha decidido imputar al agente fueron proporcionadas por el Departamento de Justicia del Gobierno de Trump. La acusación contra Castro se presentó bajo secreto de sumario.

Según la Fiscalía, Castro disparó e hirió a Julio C. Sosa-Celis, originario de Venezuela y sin estatus legal en Estados Unidos. El tiroteo, que terminó sin consecuencias mortales, se produjo el 14 de enero.

En un principio, los funcionarios de la Administración defendieron a Castro frente a las acusaciones. Pero, a diferencia de la postura adoptada en otros casos similares, los empleados federales se fueron apartando públicamente de Castro en las semanas siguientes. Además, se retiraron los cargos penales que se le habían imputado a Sosa-Clis y otro hombre, mientras que suspendieron a Castro de su empleo. Fue entonces cuando sugirieron que las grabaciones de vídeo contradecían aspectos clave de la versión que el agente del ICE había dado a las autoridades.