La Universidad de La Laguna (ULL) ha defendido este miércoles que su actuación en el caso de la profesora expedientada por presunto acoso laboral se ha llevado a cabo “conforme a derecho”, siguiendo los protocolos establecidos y respetando las garantías procesales.

Según ha indicado la institución académica a EFE, tras la denuncia presentada por la docente por presunto acoso laboral, se activó el protocolo correspondiente y, a partir de un peritaje externo, se incoaron expedientes disciplinarios a las personas señaladas.

No obstante, el proceso concluyó con una propuesta de archivo “al no encontrarse indicios de responsabilidad en los denunciados”, ha precisado la universidad.

Posteriormente, y tras recibir un conjunto de denuncias por presunto incumplimiento de las obligaciones docentes —entre ellas un paro académico de la totalidad del alumnado de la titulación en la que impartía clase—, la ULL decidió incoar un expediente disciplinario a la profesora.

La universidad ha señalado que dicho expediente se encuentra actualmente en suspensión, dado que la docente no está en activo en estos momentos.

Estas declaraciones se producen después de que el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Canarias (STEC-IC) denunciara públicamente la actuación de la institución en este caso, al considerar que no se ha protegido adecuadamente a la trabajadora.

La Universidad pública vasca pasará a denominarse de forma oficial y única Euskal Herriko Unibertsitatea (EHU) y así quedará como nombre oficial en los estatutos aprobados este martes con el apoyo de casi las tres cuartas partes del Claustro, un 73,7% del total. “Los nuevos estatutos suponen un paso adelante, una actualización importante en la universidad pública, no solo para adaptarse a la legalidad vigente, sino imprescindible para dar respuesta a las necesidades de la sociedad”, ha señalado la secretaria general de la EHU, Leire Garmendia.

Además del cambio de nombre, que ha contado con 106 votos a favor, de entre tres opciones que había para escoger, en los nuevos estatutos se ha aprobado cuestiones como que los órganos universitarios contarán con una mayor representación del estudiantado y del personal docente e investigador no permanente, así como con una mayor autonomía y presencia de las estructuras que conforman la universidad.

Garmendia ha insistido en que el objetivo fundamental de los nuevos estatutos es “reforzar el carácter democrático de la universidad”. “Tal y como se recoge en el texto aprobado, la Euskal Herriko Unibertsitatea es una universidad plural y feminista, defensora de los valores LGTBI+, que reconoce a todos los colectivos que conforman su comunidad y trabaja en favor de la convivencia. En esa misma línea, se ha incrementado la representación del estudiantado y del personal docente e investigador no permanente en los órganos universitarios y se aumenta el valor del voto ponderado de los mismos en las elecciones a rector o rectora”, ha aclarado.

Sobre la opción de cambiar el nombre a solo en euskera, desde la EHU sostienen que la nueva denominación “va en la misma línea de la renovación de la marca de la EHU presentada en junio del pasado año”. Sin embargo, el aquel momento, y frente a las críticas que suscitó el cambio, el rector de la EHU, Joxerramon Bengoetxea, argumentó que el cambio de marca a solo EHU “no supone un cambio de nombre oficial, que sigue siendo bilingüe y se incluirá en el logotipo, sino una actualización visual alineada con los tiempos y las necesidades comunicativas actuales”.

“El enfoque 'less is more' ha sido adoptado también por otras universidades del entorno. Por ejemplo, la Universidad Pública de Navarra / Nafarroako Unibertsitate Publikoa utiliza en su logotipo únicamente las siglas en castellano ”UPNA“, sin que ello haya causado controversia. De manera similar, la Universidad de Deusto / Deustuko Unibertsitatea ha decidido emplear exclusivamente ”Deusto“ como elemento distintivo en su identidad visual y Mondragon Unibertsitatea, por su parte, el nombre y las siglas MU en euskera”, detalló el rector en aquel momento.

En la explicación de la comisión de Ciencia, Universidades e Innovación del Parlamento Vasco sobre el cambio de marca, el rector sostuvo que no buscaban “priorizar el euskera sobre el castellano”. “Nosotros estamos a favor del bilingüismo de la Universidad, sin ninguna duda, y de que se introduzca una tercera o cuarta lengua también. El nombre oficial seguirá siendo el mismo: Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea. Lo que hemos hecho ha sido solo el cambio de la marca. Es la continuación de un proceso ya empezado desde antes. No es priorizar el euskera sobre el castellano. No es el objetivo que hemos tenido. Nuestro objetivo es la modernización de la marca, para ello quitar la barra y reducir las siglas, pero manteniendo el logo de Chillida. Puede que a algunos les produzca nostalgia ver desaparecer la marca UPV, pero estad seguros de que la Universidad del País Vasco seguirá existiendo”, detalló el rector en el Parlamento Vasco.

Desde el Consejo de Estudiantes de la EHU han valorado positivamente la nueva norma debido a que “incorpora mejoras relevantes en derechos, participación y garantías y consolida una visión de la universidad más democrática, más social y conectada con las necesidades reales de quienes forman parte de ella”. “Celebramos especialmente que los nuevos Estatutos refuercen derechos que afectan directamente a la vida cotidiana del estudiantado. La conciliación, la salud mental y emocional, la desconexión digital, la atención ante situaciones personales difíciles y la mejora de las garantías en el ejercicio de los derechos estudiantiles dejan de ser cuestiones secundarias y pasan a formar parte del núcleo sustancial de la norma fundamental de la EHU. No hablamos de cuestiones banales, sino de condiciones materiales básicas para poder estudiar en igualdad y con dignidad”, reconocen.

El Consejo ha destacado que la nueva norma incluye mejoras en la participación del estudiantado en la gobernanza universitaria. “La aprobación de las opciones y planteamientos que refuerzan el peso del estudiantado en los órganos de gobierno y en la elección a Rectora o Rector supone una conquista de gran importancia. La universidad será más democrática en la medida en que el colectivo más numeroso de su comunidad tenga una voz más fuerte allí donde se toman las decisiones”.

“El Consejo de Estudiantes pone en valor que los nuevos estatutos dibujen una universidad pública con compromisos claros en materia de igualdad, feminismo, diversidad, derechos lingüísticos, sostenibilidad y derechos humanos. Resulta especialmente positivo que el texto recoja expresamente el compromiso con la igualdad entre mujeres y hombres, la lucha contra la violencia machista, el reconocimiento de las personas no binarias, el respeto al colectivo LGTBIQ+, la defensa del euskera y una visión social y democrática de la convivencia universitaria. En un momento en el que determinados discursos reaccionarios intentan cuestionar estos consensos básicos, que la universidad pública los asuma de forma expresa en su norma fundamental tiene un valor simbólico muy relevante”, concluyen.

Nueva polémica en torno al tratamiento de cadáveres en la Universidad Cardenal Herrera-CEU de València, en esta ocasión a cuenta del tratamiento de al menos tres cuerpos que fallecieron con enfermedades infecciosas y que fueron tratados con sus alumnos en las prácticas de la facultad de medicina.

Y eso pese a que el protocolo de la institución académica para la utilización de cadáveres establece en su punto cinco “la realización inmediata de la prueba serológica” por lo que “no se aceptarán cuerpos infectocontagiosos”, para lo que “se realizará una analítica para comprobar que no tengan Hepatitis B, C, covid y VIH”. El mencionado punto del protocolo añade: “En el caso de dar positivo en cualquiera de estas infecciones, el cuerpo no es apto para el estudio y si ya está en nuestras instalaciones, deberá ser retirado inmediatamente de éstas por la empresa fúnebre responsable y no nos emitirán factura. El cuerpo es negativo”.

Sin embargo, según la documentación recabada por elDiario.es, el CEU utilizó un cuerpo con fecha de fallecimiento de 2022 y entre las causas de defunción figura Hepatitis C. Lo mismo sucedió con otro cadáver con fecha de defunción en 2024 en el que se certifica que la covid 19 fue la causa del fallecimiento. Un tercer cuerpo con fecha de fallecimiento en 2023 presentaba gripe A entre las causas de su defunción.

Al respecto, fuentes del CEU han asegurado a elDiario.es que en los tres casos se cumplió el protocolo al realizarse los pertinentes estudios serológicos resultando negativos en los tres casos. Además han asegurado que hasta ahora no se ha producido nunca ningún contagio entre los profesores y el alumnado, lo que demuestra que los protocolos se cumplan y que funcionan.

Como informó elDiario.es, la Universidad Cardenal Herrera-CEU de València ya fue sancionada con una multa de 15.000 euros por la Conselleria de Sanidad por embalsamar durante años más de 650 cadáveres con personal no cualificado.

 Los inspectores consideraron que esta actuación estaba tipificada con el máximo nivel de penalización, pero la multa impuesta fue la menor posible gracias a los atenuantes aplicados. La Conselleria de Sanidad acabó sancionando al centro educativo con 15.100 euros, con la posibilidad de rebajar la cuantía a 9.000 euros en caso de pago rápido y de renunciar a recurrir.

Así, aunque en la resolución se califican los hechos como “muy graves”, con sanciones que pueden oscilar entre 15.025,31 y 601.012,10 euros, finalmente se impone el mínimo. “Se le comunica que, para este expediente sancionador, se ha determinado la multa correspondiente a la infracción en la cuantía mínima, dentro del rango aplicable a la infracción muy grave inicialmente imputada, considerando las circunstancias atenuantes puestas de manifiesto en el informe de 16 de enero de 2026, consistentes en el desconocimiento normativo por parte de la entidad interesada y la falta de intencionalidad en su incumplimiento”, reza la resolución.

Una tesis ha identificado los tipos delictivos más probables en el sector de los deportes electrónicos (eSports), una industria emergente caracterizada por una regulación dispersa e incompleta, lo que actúa como un elemento criminógeno que favorece la aparición de conductas ilícitas.

Amenazas e injurias vertidas en chats, revelación de secretos estratégicos, estafas y fraudes, organización de torneos sin autorización, entre los tradicionales; y daños informáticos a servidores, blanqueo de capitales mediante criptomonedas o el dopaje electrónico, entre los emergentes; son algunos de estos delitos.

Así se trasluce de la tesis doctoral Riesgos delictivos en el entorno de los deportes electrónicos con la que David García Carmona ha obtenido el grado de doctor por la Universidad de La Rioja y que la ha desarrolalado en el Departamento de Derecho –en el marco del programa 282D Doctorado en Derecho y Cambio Social (Real Decreto 99/2011). Ha sido dirigida por por Sergio Pérez González y ha logrado la calificación de sobresaliente ‘cum laude’.

Los deportes electrónicos o eSports constituyen una industria emergente que ha experimentado un crecimiento exponencial en los últimos años, impulsado por la digitalización y la globalización. Este fenómeno ha transformado la forma de concebir la competición, generando un ecosistema profesional complejo en el que confluyen intereses económicos, tecnológicos, mediáticos y sociales.

En España, el sector ha alcanzado una notable relevancia económica y social, con unos ingresos previstos en 2026 de 53 millones de euros –frente a los 27 de 2021– y 19 millones de consumidores; eventos de gran impacto mediático y la creación de numerosos puestos de trabajo vinculados a clubes, ligas, organizadores de competiciones, plataformas de retransmisión y publishers.

Sin embargo, este desarrollo se ha producido sin una regulación específica que ordene de forma coherente la actividad, lo que plantea importantes riesgos jurídicos y criminológicos. La ausencia de un marco normativo propio genera una situación de inseguridad jurídica para los distintos actores que conforman el ecosistema de los eSports.

Jugadores, clubes, organizadores de eventos, ligas y federaciones, tanto oficiales como autodenominadas, operan dentro de un entramado normativo fragmentado, basado en la aplicación de normas generales del derecho penal, deportivo, laboral y mercantil que no siempre resultan adecuadas para una actividad digital, global y multijurisdiccional.

Este vacío regulatorio, unido a factores propios del sector como la elevada competitividad, la presión económica y mediática, la monetización digital y la diversidad cultural de los participantes, actúa como un elemento criminógeno que favorece la aparición de conductas ilícitas.

En su tesis doctoral, David García Carmona analiza, a partir de esta ausencia normativa específica, la potencial comisión de conductas delictivas en el ecosistema de los eSports y su encaje dentro del Código Penal. Así, la tesis identifica las tipologías delictivas más probables en el contexto de los eSports, distinguiendo entre delitos tradicionales adaptados al entorno digital y delitos emergentes propios del uso intensivo de tecnologías de la información.

Entre los primeros se incluyen las amenazas e injurias vertidas a través de chats, redes sociales y retransmisiones en directo; la revelación de secretos estratégicos, contractuales o personales; las estafas y fraudes relacionados con la venta de cuentas virtuales, la organización de torneos sin autorización o determinados mecanismos de monetización digital; y los delitos de corrupción en los negocios, especialmente la manipulación de competiciones vinculada a sistemas de apuestas.

Entre los delitos emergentes destacan los daños informáticos dirigidos a servidores y sistemas que sustentan las competiciones, los delitos contra la propiedad intelectual, el blanqueo de capitales mediante criptomonedas y otros activos digitales, y el dopaje electrónico mediante el consumo de sustancias psicoestimulantes para mejorar el rendimiento competitivo.

Desde este análisis, y sin perjuicio de que las previsiones penales vigentes puedan considerarse, en términos generales, suficientes, el doctor García Carmona valora la necesidad de realizar ajustes legislativos o interpretativos para garantizar una tutela efectiva de los bienes jurídicos afectados, con especial atención al concepto de deporte en el marco del Código Penal.

Finalmente, subraya la importancia de complementar la respuesta penal con medidas preventivas, como la implantación de programas de cumplimiento normativo y la formación específica de jugadores y profesionales del sector, como instrumentos clave para reducir riesgos, fomentar una cultura ética y contribuir a la profesionalización y sostenibilidad de la industria.

La presidenta del Parlamento de La Rioja, Marta Fernández Cornago, ha reafirmado esta mañana “nuestro compromiso con el estudiantado riojano mediante el fortalecimiento de aquellas actividades que inciden directamente en su formación”. Fernández Cornago ha realizado estas declaraciones tras la firma de la adenda al Protocolo General de Colaboración con la Universidad de La Rioja, que ha suscrito con la rectora de la UR, Eva Sanz, a quien ha agradecido “su magnífica disposición para colaborar en todas las acciones relacionadas con el Parlamento regional y, por tanto, con la sociedad riojana”.

La adenda recoge las acciones que financiará este ejercicio la Cámara autonómica y que, tal y como ha explicado la presidenta de la Cámara autonómica, “inciden en gran medida en la formación del alumnado porque ésa es precisamente la base para cimentar el conocimiento y adquirir nuevas habilidades que contribuyan a incrementar sus oportunidades académicas y laborales”.

Fernández Cornago ha recordado que el Protocolo General de Colaboración se suscribió en 2023 con el objetivo de impulsar actividades culturales, científicas y académicas de interés general “cuyo beneficio revierta en la sociedad riojana, pero con una atención muy especial al estudiantado riojano”. 

Esta apuesta se plasma en las acciones englobadas en la adenda suscrita esta mañana y, más concretamente, “en el incremento del número de becas para realizar un curso de verano en Ginebra, que pasan de 12 a 14”. Asimismo, se mantiene la beca prácticum del Grado de Derecho en la ONU-Ginebra y se financian los premios de Trabajo de Fin de Grado de Derecho, Trabajo Social y Relaciones Laborales y un Trabajo de Fin de Máster de Acceso a la Abogacía. 

La colaboración del Parlamento regional se extiende, además, a la financiación de jornadas, seminarios y encuentros relacionados con temas de interés para la ciudadanía, fundamentalmente en el ámbito del Derecho.

“Agradecimiento al Parlamento de La Rioja”

Por su parte, la rectora de la Universidad de La Rioja, Eva Sanz, ha destacado que “la firma de esta adenda refleja la vocación compartida de ambas instituciones por acercar el conocimiento jurídico y social a la ciudadanía riojana”. “Desde la Universidad de La Rioja queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento al Parlamento de La Rioja por su generoso apoyo y su firme apuesta por la formación, la investigación universitaria y la generación de conocimiento jurídico, una implicación que posibilita que nuestros estudiantes e investigadores puedan desarrollar proyectos de alto valor académico y social”, ha concluido.

En total, la aportación del Parlamento de La Rioja a la Universidad de La Rioja para financiar estas acciones asciende a 21.000 euros. 

La comunidad de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha sido convocada este jueves para opinar sobre el plan de ajuste aprobado (PEF) por el Consejo de Gobierno de la UCM el pasado mes de febrero ante la situación económica del centro, que roza la ruina. Ante la pregunta “¿Paramos el plan de recortes?”, estudiantes, docentes y personal administrativo votan si apoyan la suspensión de unas medidas que conllevan un recorte de más de 33 millones de euros en la universidad.

Este referéndum llega en un momento de gran tensión en el campus madrileño, tras la firma en marzo del Acuerdo de Financiación Plurianual entre el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y las seis universidades públicas madrileñas. Para la plataforma convocante del referéndum, este acuerdo no soluciona la asfixia presupuestaria, sino que obliga a universidades como la Complutense a consolidar los recortes que hoy se someten a votación: el PEF aprobado incluye un recorte del gasto del 35% para todos los departamentos, jubilaciones que no se repondrán y cierre de asignaturas y grados.

Así, se prevé que estudiantado, profesorado y todos los miembros de la comunidad universitaria muestren hoy su rechazo hacia ese Plan Económico y Financiero aprobado en la UCM. “Es un plan de recortes brutal, en el que se suprimen plazas de profesorado, estudios de máster y grupos de grado, becas y ayudas a la investigación, e inversiones y apoyos de todo tipo a los estudios universitarios”, aseguran desde la Plataforma UCM por la Pública. 

Las urnas para votar este jueves (hasta las 18:00 h) se han situado en distintos puntos de las facultades, desde Bellas Artes hasta Derecho. Algunas facultades se han quejado o intentado impedir esta votación, alegando que es ilegal y eliminando la publicidad colocada, pero sus estudiantes han dicho que “siguen adelante”. “Por poner una mesa con una silla y una urna no pueden hacer nada, en todo caso te pueden decir que la quites, pero sería un conflicto ya que son actividades que no son nada cruciales”, asegura Eva Aladro, profesora de la Complutense y miembro de la plataforma que ha organizado la votación, UCM por la pública. 

Durante esta semana, las seis plataformas de las universidades públicas están preparando diferentes actividades reivindicativas, como asambleas y marchas, para rematar el domingo 19 con una manifestación en defensa de la educación pública madrileña. A pesar de la cifra “histórica” de 14.800 millones de euros para las universidades públicas anunciados por Isabel Díaz Ayuso el mes pasado, la comunidad complutense denuncia que siguen sufriendo una “asfixia económica cronificada”. 

Las plataformas de las universidades aseguran que en esta cifra, la Comunidad de Madrid está contabilizando las transferencias corrientes a las universidades que ya realiza cada año (7.680 millones), la recaudación de las matrículas (3.340 millones) y otros fondos que las universidades obtienen por su cuenta (2.500 millones), por lo que el incremento real de la financiación acordado por ejecutivo y rectorados asciende apenas a los 1.280 millones de euros para seis universidades públicas en cinco años.

Respecto al plan de recortes de la propia UCM, los más de 33 millones de euros de recortes incluidos en el PEF se traducen en el cierre de grupos y asignaturas optativas, menos dinero para becas e investigación, o salarios congelados y falta de mantenimiento en los edificios.

“Están cerrando másteres y asignaturas, ya nos han dicho que los profesores que se jubilan este año no los van a cubrir con nuevos profesores, sino con sustitutos, que es una figura muy precaria, que además no son especialistas, con lo cual se degrada totalmente la docencia”, explica Aladro. “En la facultad de Ciencias de la Documentación, en Documentación, les dicen que ya no van a tener turno de tarde… Se quitan los dos grupos o tres grupos de tarde, lo cual es hasta ilegal, porque hay que tener grupos de tarde para la gente que trabaja”, afirma. 

Julia y Germán, estudiantes de tercer curso de biología en la Complutense, también han notado esta situación: desde techos de las aulas que se caen a pedazos, hasta material que no se puede renovar ni reparar porque no hay presupuesto.

“Antes de que le dieran el crédito a la Complutense, en la facultad redujeron el horario de la biblioteca”, afirman, “y las salidas de campo que quedan son cogidas con pinzas”. Antes, su facultad organizaba viajes formativos a lugares como Doñana o el desierto de Almería. Ahora, están mucho más reducidas y a sitios más cercanos. “La universidad en general no saca tantos proyectos de investigación como podría”, concluyen. 

Sin embargo, estos recortes, según el rector de la UCM Joaquín Goyache, son “necesarios” porque la universidad “debe dinero” a la Comunidad de Madrid. “No 'debemos' nada a una institución que nos infrafinancia. Tampoco a un rector que no nos representa cuando pacta nuestra miseria a espaldas de la comunidad universitaria”, afirman desde UCM por la pública. 

Ángel Zurdo y María Cadilla, profesores en la Facultad de Ciencias de la Información, aseguran que este referéndum es una reacción a “un plan de desmontaje de la propia universidad, y en este caso, desde dentro”. “Hasta ahora se ha prestado mucha atención a qué estaba pasando desde la Comunidad de Madrid (cuáles estaban siendo los problemas de financiación, los recortes, es decir, los problemas sistemáticos) pero en este caso, la situación es mucho más grave porque la agenda de la Comunidad de Madrid está siendo asumida plenamente por el propio rectorado”, explican. 

Ellos también han notado este plan de recortes desde dentro del aula: “Hay muchas tensiones y se está jugando muchas veces incluso con la contratación de sustitutos, retrasándolo todo lo que se puede desde el propio rectorado”, explican. “Se están cubriendo a menudo con sobrecarga docente. Ha pasado en nuestro propio departamento, hemos tenido que impartir clases para que los alumnos no se queden sin clases, asumiendo una carga docente mayor de lo que nos corresponde”, concluyen. “Se están internalizando costes que deberían de ser cubiertos por la propia universidad”. 

Desde la mesa de votación de la Facultad de Derecho, Víctor cuenta las trabas que la facultad ha puesto para poder votar allí. Tenían la autorización de la facultad para instalar las mesas de votación dentro, pero asegura haber recibido correos prohibiéndoles utilizar material de la facultad, e incluso amenazando con unas posibles sanciones que, dicen, no tienen fundamento ninguno. Finalmente, han montado la mesa fuera del edificio. “Esta urna es una caja que utilizan en las Facultades de Ciencias que tuvo que comprar una profesora con su dinero para poder realizar experimentos, y nos la ha cedido aquí para tenerla como urna”, explica. 

Como la votación se puede hacer tanto en físico como a través de una web, ya se pueden ir contabilizando votos: en apenas unas horas, ya había casi 790. Alrededor del mediodía se han registrado unos 3.000 votos.

Desde la Facultad de Filosofía y Filología, Jorge Pérez, estudiante, cree que es muy importante votar, ya que “por primera vez en muchos años, ante un proceso tan importante como es el de la aprobación de un plan de recortes que afecta al conjunto de la comunidad universitaria, es el propio estudiantado, las profesoras, el personal laboral, quien ha puesto una mano sobre la mesa y ha dicho que aquí se tenía que escuchar su opinión”. Confía en que la gente vaya acudiendo con más frecuencia a las urnas conforme se desarrolla la jornada. 

La votación del referéndum finalizará a las 18:00h, cuando se procederá al recuento de votos para dejar claro lo que la Complutense en su conjunto, piensa de este plan de recortes.

La carrera hacia el Rectorado de la Universidad de Murcia (UMU) se presenta como un momento decisivo para redefinir el futuro de la institución. En este contexto, la figura de Samuel Baixauli emerge con una trayectoria consolidada en la gestión académica y una visión clara de cambio. Catedrático del Departamento de Organización de Empresas y Finanzas, Baixauli conoce bien los entresijos de la universidad tras años de experiencia docente y como decano de la Facultad de Economía y Empresa.

Licenciado y doctor en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Valencia, ha desarrollado toda su carrera docente en la UMU, donde ha impartido clases en todos los niveles formativos. Esa vinculación prolongada con la institución le permite, según sus propias palabras, tener “una visión realista de sus fortalezas y de sus problemas estructurales”.

Su candidatura llega en un momento que él mismo define como “clave”, tanto en lo personal como en lo institucional. Con un programa que se sostiene sobre tres pilares —formación, investigación y transferencia, y compromiso social—, Baixauli propone una transformación profunda basada en la eficiencia, la participación y la adaptación a los cambios tecnológicos.

Motivación y visión: una universidad que aprende

Baixauli no elude el contexto complejo en el que se presenta. “Es un momento en el que, personalmente, puedo afrontar la responsabilidad y propiciar cambios en un contexto de financiación insuficiente y recursos limitados”, explica. Su diagnóstico es claro: la universidad arrastra problemas estructurales desde hace años.

“Todos coincidimos en que hay rigidez y falta de agilidad en la gestión, desmotivación en el personal y necesidad de adaptarse a los cambios tecnológicos”, afirma. Ante este escenario, plantea una gobernanza que fomente “el debate constructivo, el pensamiento crítico y la consecución de objetivos compartidos”.

Su propuesta se sintetiza en una idea que ha repetido durante la campaña: construir una “universidad inteligente”. Pero ¿qué significa exactamente? “Un ecosistema conectado en el que todo —colectivos, espacios y decisiones— funcione de forma eficiente y adaptativa”, detalla. Y resume su aspiración en una frase: “La universidad inteligente que sabe mejorar”.

Gobernanza: participación, transparencia y agilidad

Uno de los ejes centrales de su programa es la reforma del modelo de gobernanza. Para Baixauli, el principal problema estructural de la Universidad de Murcia es la infrafinanciación, pero no el único. “Existen problemas de gobernanza, planificación y coordinación, y una gestión poco ágil”, advierte.

La consecuencia de esta situación, según señala, es una institución lenta para adaptarse a los cambios. “Esa lentitud dificulta nuestra eficiencia interna y nos impide alcanzar una universidad más moderna, flexible y competitiva”.

Frente a ello, propone reforzar la gobernanza participativa. “Cuando los órganos colegiados funcionan como espacios efectivos de deliberación, las políticas se enriquecen con la diversidad de perspectivas”, sostiene. Pero también insiste en la necesidad de transparencia: “La comunicación, la planificación conjunta y la rendición de cuentas generan confianza y reducen los conflictos”.

En este sentido, plantea medidas concretas como una mayor anticipación en la comunicación de decisiones y un acceso más claro a la información institucional. “La comunidad universitaria debe poder conocer, anticiparse y seguir los procesos de decisión, no enterarse cuando ya están cerrados”.

Diálogo interno: escuchar más allá de las elecciones

Baixauli también pone el foco en la relación entre los distintos colectivos universitarios. Considera que el diálogo no puede limitarse a los periodos electorales. “No debería ser necesario esperar a una campaña para escuchar a la comunidad universitaria”, afirma.

Su propuesta pasa por establecer canales de comunicación permanentes y efectivos. Entre las ideas que plantea destaca la implantación de un horario regular de atención institucional por parte de la gerencia, con presencia rotatoria en los distintos campus.

“Tenemos claro que hay que mantener una comunicación periódica con centros, departamentos y representantes de los colectivos”, señala. El objetivo es doble: recoger propuestas y necesidades, y resolver conflictos de manera más ágil.

Ética en campaña: debate frente a desinformación

En un contexto electoral donde el tono puede elevarse, Baixauli reivindica una campaña basada en el respeto. “Las elecciones universitarias deberían alejarse de prácticas electoralistas como el desprestigio o la desinformación”, advierte.

Especialmente crítico se muestra con el uso de bulos en redes sociales. “En la universidad tenemos que centrarnos en debatir ideas porque somos compañeros y nuestro objetivo es mejorar la institución”.

Este planteamiento conecta con su compromiso de transparencia si resulta elegido. Entre sus propuestas figura la creación de un registro informativo sobre política de personal y la garantía de acceso a la información institucional. “Queremos que la información sea permanente y accesible, reforzando la memoria institucional y la rendición de cuentas”.

Docencia y profesorado: mejorar condiciones y calidad

La mejora de la calidad docente es otro de los pilares de su programa. Baixauli insiste en que es necesario actuar de forma coordinada en varios frentes. “Es fundamental reducir el número de estudiantes por grupo para aplicar metodologías docentes eficaces”, explica.

También señala la importancia de reforzar infraestructuras y equipamientos, así como reconocer adecuadamente tareas como la tutorización de prácticas. A ello suma la necesidad de incorporar personal técnico de apoyo en laboratorios y talleres.

En cuanto a las condiciones del profesorado, su diagnóstico apunta a la precariedad y la sobrecarga. “Es imprescindible avanzar hacia una mayor estabilidad laboral y reducir la temporalidad”, afirma. Además, defiende un reconocimiento equilibrado de docencia, investigación y transferencia para evitar desequilibrios.

“También es necesario reducir las cargas administrativas y reforzar el apoyo técnico”, añade, subrayando que estas medidas son clave para mejorar tanto la calidad docente como la satisfacción del personal.

Investigación: excelencia y cooperación

En un entorno cada vez más competitivo, Baixauli considera que la Universidad de Murcia debe apostar por la calidad científica y la participación en convocatorias competitivas. “Es fundamental mejorar el acceso a la financiación nacional y europea”, señala.

Para lograrlo, propone reforzar el apoyo técnico en la preparación y gestión de proyectos, así como consolidar grupos de investigación potentes. “La interdisciplinariedad y las redes internas son clave para abordar retos complejos con mayor impacto”.

Otro aspecto prioritario es la incorporación de jóvenes investigadores. “Necesitamos programas competitivos y condiciones laborales estables”, afirma. En su opinión, la combinación de excelencia, cooperación y apoyo institucional es la base para fortalecer la posición investigadora de la universidad.

Transferencia y fondos europeos: una universidad protagonista

Más allá de la investigación, Baixauli insiste en el papel activo que debe asumir la universidad en la captación de fondos europeos y la colaboración con empresas e instituciones. “No puede limitarse a participar de forma puntual, debe liderar proyectos estratégicos”, defiende.

Para ello, considera imprescindible mejorar la coordinación interna y fortalecer las estructuras de apoyo. “Tenemos que facilitar que el personal acceda a estas convocatorias con mayores garantías”. Al mismo tiempo, apuesta por una relación más estrecha con el tejido productivo. “La transferencia de conocimiento debe tener un impacto real en la economía y la sociedad”, subraya.

Estudiantes: experiencia universitaria y empleabilidad

El estudiantado ocupa un lugar central en su programa. Baixauli plantea una visión integral de la experiencia universitaria. “Es fundamental eliminar barreras económicas, sociales y tecnológicas para que nadie se quede fuera”, afirma.

También defiende la mejora de los servicios y espacios universitarios para favorecer una experiencia completa. “El estudiante no solo debe recibir formación, sino vivir una etapa enriquecedora”.

En cuanto a la empleabilidad, propone una mayor conexión entre formación y mundo profesional. “Necesitamos prácticas de calidad, orientación y colaboración con empresas”, explica. Además, apuesta por el desarrollo de competencias digitales y transversales, así como por la formación continua. “La universidad no solo debe formar, sino acompañar al estudiante en su transición al mundo laboral”, resume.

Igualdad: diversidad en la gobernanza

El actual proceso electoral podría marcar un hito en la historia de la UMU. Con tres candidatas optando al Rectorado, por primera vez una mujer podría terminar convirtiéndose en la cabeza del gobierno de la institución. Para Baixauli, este contexto refleja un avance significativo.

“Lo importante es garantizar que cualquier persona pueda aspirar a liderar la universidad en condiciones de igualdad”, señala. Más allá del género, apuesta por modelos de gobernanza diversos e inclusivos.

“La incorporación de más mujeres en puestos de responsabilidad enriquece la toma de decisiones”, afirma el aspirante a rector, aunque insiste en que el objetivo final es una gobernanza basada en mérito, capacidad e igualdad de oportunidades.

Universidad y sociedad: compromiso con el entorno

El tercer pilar de su programa —el compromiso social— se traduce en una universidad más abierta y conectada con su entorno. “La Universidad de Murcia debe ser un motor de desarrollo social, económico y territorial”, defiende.

Para ello, plantea fortalecer la colaboración con empresas, administraciones e instituciones, así como generar alianzas estables. “No se trata de relaciones puntuales, sino de vínculos duraderos con impacto real”.

También subraya la importancia de acercar la universidad a la ciudadanía. “Debemos reforzar la conexión con la sociedad, acercando la ciencia, la cultura y la formación continua”.

Una universidad más cercana y participativa como legado

De cara al final de su posible mandato, Baixauli tiene claro cómo le gustaría ser recordado. “Me gustaría que dijeran que fue una etapa de transformación positiva, en la que la universidad se volvió más cercana, inclusiva y comprometida con la sociedad sin perder su rigor académico”.

Pero, sobre todo, insiste en una idea: el valor del diálogo. “Que las decisiones importantes se tomaron tras escuchar a la comunidad universitaria”.

Y vuelve a su concepto central, casi como una declaración de intenciones: “Hemos construido una universidad inteligente”.

El Parlament balear ha aprovat aquest dimarts, amb els vots a favor de PP i Vox i el rebuig majoritari de l'esquerra, la llei que permetrà la creació de la Universitat de Mallorca (Umac), un nou centre privat impulsat per Adema. La iniciativa reconeix la UMAC com una universitat privada amb personalitat jurídica pròpia i forma de societat limitada en un context de creixent debat sobre l'auge de l'ensenyament superior privat a les Balears i a la resta d'Espanya.

El nou centre, que s'ubicarà inicialment a Palma i Inca, oferirà titulacions en àmbits com Medicina, Odontologia, Enginyeria, Belles Arts o Ciències Polítiques, a més de màsters i doctorats. Tot i que no rebrà finançament directe dels pressupostos autonòmics, sí que podrà concórrer a convocatòries públiques competitives. La llei també regula la seva relació amb el sistema sanitari públic per a la realització de pràctiques, establint que els estudiants de la Universitat de les Illes Balears (UIB) tindran prioritat en l'accés a hospitals i centres sanitaris.

L'impuls parlamentari de la Universitat de Mallorca va arribar després que els serveis tècnics del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats emetessin un informe desfavorable que qüestionava la viabilitat financera i les garanties docents i investigadores del projecte, tal com va informar El País, cosa que Adema va atribuir en un comunicat al fet que no havien pogut valorar-se alguns dels documents que acompanyaven al projecte perquè s'havien perdut en la seva “conversió a PDF”. Amb tot, atès que el dictamen no era vinculant, la Conselleria balear d'Educació va iniciar el seu propi procediment amb l'objectiu d'avaluar la viabilitat del nou centre.

Finalment, la Conferència General de Política Universitària va emetre l'informe preceptiu necessari per avançar en el procés, un pas que, segons va denunciar Adema, es va produir “18 mesos després d'haver-se remès la memòria per part de la Conselleria”, atribuint aquesta demora a una “desició política” del Ministeri.

L'aprovació de la llei ha evidenciat, una vegada més, un fort xoc ideològic a la Cambra: des de MÉS per Mallorca, la diputada Maria Ramon ha advertit que el Govern impulsa una política que “aposta per l'educació com un actiu de mercat i no com un dret” mentre que, en termes similars, el diputat d'Unides Podem, José María García, ha denunciat que aquesta llei és la prova que els “lobbies” de les universitats privades “treballen colze amb colze amb el Govern per implantar-se a Balears”. “Parlan de llibertat però només volen afavorir l'ensenyament privat”, ha criticat. En una intervenció anterior, García ja va alertar que el text de la llei conté “diverses qüestions que generen dubtes”, com la figura jurídica d'Adema, constituïda a través d'una societat de responsabilitat limitada (Acadèmia Dental de Mallorca S.L.).

El PSIB-PSOE, per la seva banda, ha optat per l'abstenció, marcant distàncies amb el projecte, però evitant el rebuig frontal. Els socialistes reconeixen que aquesta iniciativa presenta diferències respecte a altres projectes privats, en haver-se desenvolupat -a parer seu- amb major diàleg i sense operacions urbanístiques controvertides. Tot i així, han advertit de “riscos” i han assegurat que estaran “vigilants” perquè el Govern no relegui la universitat pública. “En aquest cas sí que hi ha hagut debat i diàleg amb la comunitat universitària i s'ha fet sense imposicions ni operacions urbanístiques dubtoses. L'oferta de titulacions no entra en competència directa amb la universitat pública”, ha exposat la socialista Mercedes Garrido.

PP i Vox defensen la privada com a “oportunitat”

Des de la dreta, el PP ha defensat la llei com una ampliació del sistema universitari i no com una alternativa a la pública. “No hem triat entre reforçar la pública o ampliar el sistema, sinó les dues coses”, ha asseverat la diputada Ana Isabel Curtó. Vox, per la seva part, ha emmarcat el debat en termes ideològics, defensant la universitat privada com a garantia de “llibertat” enfront del que ha qualificat com a “wokisme” en l’educació pública, i carregant contra la UIB per un suposat biaix ideològic.

El text de la norma incorpora algunes condicions després del seu pas pel Parlament, com l’obligació de destinar almenys un 5% dels ingressos a beques o el dret del Govern a intervenir en cas de canvi d’accionariat. A més, qualsevol nova titulació haurà de comptar amb l’aval de l’agència de qualitat universitària i l’autorització del Consell de Govern.

Per la seva part, Adema, promotora del projecte, ha celebrat l’aprovació de la llei i ha assegurat que la nova universitat permetrà reforçar la connexió entre la formació superior i el teixit productiu de les Balears. L’entitat preveu destinar 6,8 milions d’euros en beques durant la propera dècada per atraure talent i perfils d’alt rendiment.

Cal recordar que, el passat mes de setembre, el Govern ja va declarar com a projecte d’especial interès estratègic el nou centre universitari Beat Luis Belda, adscrit a la institució catòlica privada CEU San Pablo. Amb aquesta decisió, l’Executiu atorgava un tracte preferent a una iniciativa educativa confessional, situant-la en la mateixa categoria que projectes empresarials considerats essencials per a la transformació econòmica de les Illes.

Posteriorment, l’Executiu va anunciar la seva intenció de recórrer davant el Tribunal Suprem el decret del Govern central que endurirà els requisits per a la creació d’universitats privades, El vicepresident primer, Antoni Costa, va afirmar en el seu moment, de fet, que “no posaran bastons a les rodes” en el procés de posada en marxa d’aquests centres: “Creiem que l’oferta de la UIB [Universitat de les Illes Balears] ha de ser complementada amb la privada. Es diu llibertat”.

El Parlament balear ha aprobado este martes, con los votos a favor de PP y Vox y el rechazo mayoritario de la izquierda, a la ley que permitirá la creación de la Universidad de Mallorca (Umac), un nuevo centro privado impulsado por Adema. La iniciativa reconoce a la UMAC como una universidad privada con personalidad jurídica propia y forma de sociedad limitada en un contexto de creciente debate sobre el auge de la enseñanza superior privada en Balears y en el resto de España.

El nuevo centro, que se ubicará inicialmente en Palma e Inca, ofrecerá titulaciones en ámbitos como Medicina, Odontología, Ingeniería, Bellas Artes o Ciencias Políticas, además de másteres y doctorados. Aunque no recibirá financiación directa de los presupuestos autonómicos, sí podrá concurrir a convocatorias públicas competitivas. La ley también regula su relación con el sistema sanitario público para la realización de prácticas, estableciendo que los estudiantes de la Universitat de les Illes Balears (UIB) tendrán prioridad en el acceso a hospitales y centros sanitarios.

El impulso parlamentario de la Universidad de Mallorca llegó después de que los servicios técnicos del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades emitieran un informe desfavorable que cuestionaba la viabilidad financiera y las garantías docentes e investigadoras del proyecto, tal como informó El País, lo que Adema atribuyó en un comunicado a que no habían podido valorarse algunos de los documentos que acompañaban al proyecto porque se habían perdido en su “conversión a PDF”. Con todo, dado que el dictamen no era vinculante, la Conselleria balear de Educación inició su propio procedimiento con el objetivo de evaluar la viabilidad del nuevo centro.

Finalmente, la Conferencia General de Política Universitaria emitió el informe preceptivo necesario para avanzar en el proceso, un paso que, según denunció Adema, se produjo “18 meses después de haberse remitido la memoria por parte de la Conselleria”, atribuyendo esta demora a una “decisión política” del Ministerio.

La aprobación de la ley ha evidenciado, una vez más, un fuerte choque ideológico en la Cámara: desde MÉS per Mallorca, la diputada Maria Ramon ha advertido de que el Govern impulsa una política que “apuesta por la educación como un activo de mercado y no como un derecho” mientras que, en términos similares, el diputado de Unidas Podemos, José María García, ha denunciado que esta ley es la prueba de que los “lobbies” de las universidades privadas “trabajan codo con codo con el Govern para implantarse en Balears”. “Hablan de libertad pero solo quieren favorecer la enseñanza privada”, ha criticado. En una intervención anterior, García ya alertó de que el texto de la ley contiene “varias cuestiones que generan dudas”, como la figura jurídica de Adema, constituida a través de una sociedad de responsabilidad limitada (Academia Dental de Mallorca S.L.).

El PSIB-PSOE, por su parte, ha optado por la abstención, marcando distancias con el proyecto pero evitando el rechazo frontal. Los socialistas reconocen que esta iniciativa presenta diferencias respecto a otros proyectos privados, al haberse desarrollado -a su juicio- con mayor diálogo y sin operaciones urbanísticas controvertidas. Aun así, han advertido de “riesgos” y han asegurado que estarán “vigilantes” para que el Govern no relegue a la universidad pública. “En este caso sí que ha habido debate y diálogo con la comunidad universitaria y se ha hecho sin imposiciones ni operaciones urbanísticas dudas. La oferta de titulaciones no entra en competencia directa con la universidad pública”, ha expuesto la socialista Mercedes Garrido.

PP y Vox defienden la privada como “oportunidad”

Desde la derecha, el PP ha defendido la ley como una ampliación del sistema universitario y no como una alternativa a la pública. “No hemos elegido entre reforzar la pública o ampliar el sistema, sino las dos cosas”, ha aseverado la diputada Ana Isabel Curtó. Vox, por su parte, ha enmarcado el debate en términos ideológicos, defendiendo la universidad privada como garantía de “libertad” frente a lo que ha calificado como “wokismo” en la educación pública, y cargando contra la UIB por un supuesto sesgo ideológico.

El texto de la norma incorpora algunas condiciones tras su paso por el Parlament, como la obligación de destinar al menos un 5% de los ingresos a becas o el derecho del Govern a intervenir en caso de cambio de accionariado. Además, cualquier nueva titulación deberá contar con el aval de la agencia de calidad universitaria y la autorización del Consell de Govern.

Por su parte, Adema, promotora del proyecto, ha celebrado la aprobación de la ley y ha asegurado que la nueva universidad permitirá reforzar la conexión entre la formación superior y el tejido productivo de Baleares. La entidad prevé destinar 6,8 millones de euros en becas durante la próxima década para atraer talento y perfiles de alto rendimiento.

Cabe recordar que, el pasado mes de septiembre, el Govern ya declaró como proyecto de especial interés estratégico el nuevo centro universitario Beato Luis Belda, adscrito a la institución católica privada CEU San Pablo. Con esta decisión, el Ejecutivo otorgaba un trato preferente a una iniciativa educativa confesional, situándola en la misma categoría que proyectos empresariales considerados esenciales para la transformación económica de las Islas.

Posteriormente, el Ejecutivo anunció su intención de recurrir ante el Tribunal Supremo el decreto del Gobierno central que endurecerá los requisitos para la creación de universidades privadas, El vicepresidente primero, Antoni Costa, afirmó en su momento, de hecho, que “no pondrán palos a las ruedas” en el proceso de puesta en marcha de estos centros: “Creemos que la oferta de la UIB [Universitat de les Illes Balears] debe ser complementada con la privada. Se llama libertad”.

Cualquier consumidor, independientemente de su perfil, es vulnerable al comprar por internet debido a la proliferación de entornos de decisión persuasivos. Esta realidad estructural obliga a cambiar el modelo: no basta con ofrecer la información legal, hay que presentarla de forma accesible. Solo así el usuario podrá decidir con plena libertad.

Estas son algunas de las conclusiones de la tesis doctoral ‘La manipulación digital en la contratación con consumidores. Un enfoque jurídico y empírico sobre el diseño engañoso de interfaces digitales’, con la que Aitor Mora Astaburuaga ha logrado el título de doctor por la Universidad de La Rioja.

Desarrollada en el Departamento de Derecho –en el marco del programa de Doctorado 282D Doctorado en Derecho y Cambio Social (Real Decreto 99/2011)–, la tesis ha sido dirigida por Sergio Cámara Lapuente y ha obtenido la calificación de sobresaliente ‘cum laude’ con mención internacional.

El tribunal de la tesis estuvo presidido por María de los Ángeles Parra Lucán, magistrada del Tribunal Supremo y catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Zaragoza. Francisco Pertíñez Vílchez, catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Granada, fue el secretario y actuó como vocal Beate Gsell, catedrática de Derecho Civil en la LMU de Múnich y Magistrada del Tribunal Regional Superior de Múnich.

La investigación de Aitor Mora profundiza en cómo se intenta manipular al consumidor en los procesos de contratación en línea y presta especial atención a las técnicas de diseño de interfaces que atacan la transparencia de la información impactando en la formación del consentimiento, conocidas como patrones oscuros y que suelen tener dos objetivos principales: guiar al consumidor para que tome una decisión que beneficia al empresario, o dificultar que tome decisiones que no interesan a la compañía.

Según sendos estudios recogidos por la Unión Europea, estos patrones oscuros se pueden identificar en el 97% de los servicios más populares de internet y advierten de la presencia de técnicas de manipulación en línea en el 148 de los 399 comercios minoristas analizados.

«Son muy habituales en la práctica y transversales a todos los sectores», aclara Mora. Aunque su investigación se centró en plataformas de streaming, también detectó estas prácticas en videojuegos, comercio electrónico, empresas de transporte o de hosting.

A modo de ejemplo, señala el proceso de compra de una empresa ferroviaria. El sistema presenta al usuario una ventana emergente tratando de persuadirle para que elija una opción superior. Para ello se destaca con colores el botón para cambiar de tarifa incidiendo en la información y los beneficios de esa tarifa frente a los aspectos negativos del plan básico…). De esta manera se dificulta continuar el proceso con la tarifa más barata.

Uno de los principales problemas a la hora de reconocerlos es que «no son algo estático, sino que van cambiando y adaptándose. Es necesario un control constante para poder identificarlos», señala Mora Astaburuaga, que apunta que «incluso cuando los consumidores están advertidos de la existencia de patrones oscuros, pueden caer en su manipulación».

Junto al enfoque jurídico, la investigación incluyó un experimento empírico en el que participaron 599 usuarios y en el que se recreó el proceso de contratación de un servicio de streaming para examinar los efectos que producen distintas formas de presentación de la información contractual y el uso de estrategias de diseño persuasivo.

Los participantes navegaron por la plataforma como si fuera un entorno real enfrentándose al mismo servicio y a las mismas condiciones contractuales de fondo. La información relativa al precio del servicio, la forma y el plazo de cancelación y sobre qué usuarios podían utilizar la plataforma se presentaba de manera diferente.

En concreto, se les presentó un escenario sin patrones oscuros, con información forma clara, visible y estructurada; un escenario con la información principal simplificada y los detalles relevantes en una nota aclaratoria en letra pequeña y escaso contraste visual; y un escenario en el que la información esencial aparecía fragmentada o presentada de manera ambigua, dificultando su comprensión inmediata.

Además, algunos consumidores podían acceder a una sección de preguntas frecuentes y a un resumen final aclaratorio antes del cierre de la contratación (presentado bien en formato solo texto o con iconos que facilitaban una comprensión rápida e intuitiva).

La investigación concluyó que las técnicas manipulativas analizadas pueden reducir significativamente la comprensión de las condiciones contractuales y condicionar la decisión de contratar. De igual manera, ciertos apoyos informativos, como los resúmenes finales reforzados con elementos visuales, favorecen una comprensión real y mitigan la asimetría entre el comercio y el consumidor.

«Uno de los principales resultados es que el problema de la contratación digital no reside en la falta de información, sino en cómo, cuándo y dónde se presenta», apunta Mora. El Derecho exige facilitar información precontractual, pero no aborda cómo debe ser presentada para que el consumidor la comprenda.

Esto hace que, por un lado, las empresas cumplan formalmente con los deberes informativos, pero lo hace fragmentando la información, relegándola a zonas poco visibles o presentándola en momentos poco oportunos dentro del proceso de contratación, aclara el nuevo doctor por la UR.

«El estudio demuestra que usar formatos claros, estructurados y situados en el momento clave de la decisión, como los resúmenes con iconos, mejora la comprensión y reduce la manipulación», añade Mora para quien «las herramientas tradicionales de protección al consumidor resultan insuficientes en el entorno digital actual» en donde «las decisiones se adoptan dentro de arquitecturas de elección diseñadas para influir, lo que limita la eficacia real de la información precontractual».

Aunque el consumidor no está totalmente desprotegido, las herramientas tradicionales se quedan cortas en el entorno digital. Por ello, Mora propone replantear la ley para que el diseño de la interfaz sea parte del análisis jurídico: no basta con cumplir los requisitos formales, hay que garantizar una 'transparencia contextual', donde la información sea realmente accesible y comprensible para el usuario.

Los datos muestran que la falta de comprensión contractual se produce incluso en condiciones óptimas y afecta a consumidores con perfiles muy distintos. Esto cuestiona la idea tradicional del “consumidor medio” como una persona normalmente informada y razonablemente atenta, y refuerza la necesidad de entender al consumidor digital como un sujeto expuesto de forma generalizada a entornos de decisión persuasivos.

La tesis concluye que «el diseño digital no es neutral desde el punto de vista jurídico. Puede utilizarse para manipular, pero también puede convertirse en una herramienta eficaz de protección del consumidor si se orienta adecuadamente. Esto abre la puerta a soluciones regulatorias que no se limiten a prohibir prácticas, sino que promuevan diseños que faciliten decisiones verdaderamente informadas».

Aitor Mora Astaburuaga ha llevado a cabo su tesis gracias a un contrato predoctoral UR-CAR (2021–2025), con una estancia investigadora en el Amsterdam Centre for Transformative Private Law, de la Universidad de Amsterdam, con el prof. Marco Loos; y en el marco del Proyecto PID2021-124191OB-I00 CAT-Dig ‘Consentimiento, abusividad y transparencia en los contratos de contenidos y servicios digitales con consumidores’, con el que se financió la plataforma web con la que se recreó el proceso de contratación.

Más de 1.700 corredores han participado en la Carrera Campus de la Universidad de La Rioja que se ha celebrado este domingo con récord de participación. Tanto general, con más de 1.700 participantes, como en categoría preuniversitaria, donde la cifra ha superado el millar de corredores.

La catedrática de Estadística Rosa Crujeiras ha tomado posesión como rectora de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) y ha asumido el cargo como una “responsabilidad histórica” al ser la primer mujer que lo ocupa en más de 500 años de historia. Este hito se extiende a toda Galicia, donde ninguna otra hasta ahora había estado al mundo de ninguna de las tres universidades.

El ahora exrector, Antonio López, ha cedido el bastón de mando en un acto institucional presidido por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que ha tenido lugar este viernes en el Salón Nobre del Pazo de Fonseca y que ha reunido a numerosas autoridades del entorno político y académico, según recoge Europa Press.

En su discurso, Crujeiras ha llamado a impulsar “una transformación profunda, serena y consciente” de la institución, en la que “revise inercias” y “repiense prioridades”. Igualmente, ha instado a que esta no sea “ajena” a las “vidas de su comunidad” y al “tiempo” en el que está, ni a los “conflictos, desigualdades y fracturas” del mundo.

De esta forma, la nueva rectora ha reivindicado el “espacio, tiempo y voz” de la universidad y también de las mujeres, con las que ha asumido el “compromiso” de trabajar para que no se encuentren techos de cristal y que el trabajo universitario no implique “renuncias” para ellas.

“Para mí, esta es, también, una responsabilidad histórica. Soy heredera, como todas, de otras que abrieron camino antes que nosotras, en condiciones siempre más adversas sosteniendo la enseñanza, la investigación y la vida universitaria desde posiciones subordinadas”, ha expresado.

Crujeiras ha situado como un “principio irrenunciable” la defensa del feminismo, los derechos humanos, la dignidad de las personas y los valores democráticos. También ha pedido a la comunidad universitaria una “voz de valores”, que se traduzca en “acciones frente a problemas sociales”, como la “emergencia social” de la vivienda, la salud mental y la violencia machista.

En su reivindicación de la “voz” universitaria, ha ocupado un lugar central la lengua gallega, que defiende que “no limita la vocación universal” de la institución. Otro compromiso asumido por Crujeiras de cara a su mandato es con la “cooperación activa” en el marco del Sistema Universitario de Galicia (SUG) y con la Xunta de Galicia para, así, “reforzar el papel” de la USC.

“Hija de la enseñanza pública”

La centralidad de atender las necesidades “de quien da vida” a las aulas ha atravesado toda la intervención de la nueva rectora: “La universidad pública no puede ser ajena a lo que sucede en las vidas de su comunidad, ni al contexto social y geopolítico en la que estas se desarrollan, pues es en este marco donde también se construye la ciudadanía y se proyectan las trayectorias personales y colectivas”.

Así, Crujeiras ha reiterado su reivindicación como “hija de la de la enseñanza pública”, desde la escuela rural de Artes, la parroquia de Ribeira en la que nació, hasta la misma USC. Para ella, su “sentido más profundo” es el de “garantizar la igualdad de oportunidades” y posibilitar que todo el mundo pueda desarrollar su potencial “con independencia de su origen”.

Además, ha dicho contar con la “certeza” de que contará en su tarea con “toda una comunidad universitaria” a su lado, que está a llamada a crear “un espacio compartido” y que sea ejemplo de “acogida, inclusión, igualdad y respeto”.

El “adiós” de Antonio López

Este acto también ha sido el “adiós” definitivo de Antonio López al cargo, que ha ejercido durante ocho años. Aunque “con sentimientos diferentes” a su toma de posesión, este traspaso de poderes ha sido uno de los momentos “más felices” que recuerda en su trayectoria por la “satisfacción del deber cumplido” y una “infinita gratitud”.

Con estas palabras, ha recibido como un “honor” traspasarle el bastón y la medalla “como símbolos del gobierno universitaria” a Rosa Crujeiras. “Será la centésima septuagésima tercera [173ª]. No está mal un número primo para una matemática”, ha bromeado.

Igual que Crujeiras, ha recordado al resto de candidatas al puesto (Maite Flores, Alba Nogueira y María José López Couso), que, desde el inicio de la campaña, estaba llamado a ser ocupado por una mujer. En este sentido, ha esperado en que, a partir de este nombramiento, este hecho deje de ser “noticia” y “la presencia de las mujeres se convierta en algo natural también en el máximo nivel de gobierno de la institución”.

Rueda pide “esfuerzos conjuntos”

Por su parte, Alfonso Rueda, que se encargó de cerrar el acto, agradeció los “esfuerzos” realizados a López, al que perfiló como un “negociador existente”, pero “con mucha lealtad”. De esta manera, ha reclamado “esfuerzos conjuntos” al futuro equipo de gobierno para afrontar los próximos retos.

Entre ellos, ha mencionado concretamente la cuestión de la vivienda; el mapa de titulaciones —“que requiere altura de miras”, según Rueda— y la excelencia. “Todos queremos lo mismo, que a la universidad le vaya bien”, ha asegurado.

Tras un complejo proceso selectivo, la Universidad Pablo de Olavide se ha incorporado oficialmente a EPICUR, una de las alianzas universitarias europeas más relevantes; refuerza así su proyección internacional y su capacidad para generar nuevas oportunidades de formación, movilidad e investigación para estudiantes, profesorado y personal técnico y de gestión. La entrada en este consorcio estratégico sitúa a la UPO, junto a Andalucía, en una posición más destacada dentro del mapa universitario europeo.

EPICUR (European Partnership for an Innovative Campus Unifying Regions) es una red universitaria de excelencia que tiene como objetivo transformar la educación superior, la investigación y la transferencia en Europa, para generar soluciones innovadoras y formar a nuevas generaciones capaces de liderar los cambios que necesita la sociedad europea. La incorporación de la UPO a EPICUR constituye un logro especialmente relevante en un contexto de fuerte competencia entre universidades europeas por integrarse en este tipo de alianzas, ya que numerosas instituciones han quedado fuera de estos consorcios estratégicos.

La entrada en EPICUR supone formar parte de una de las alianzas pioneras surgidas en 2019 que reúne universidades de nueve países europeos en un consorcio integrado por Université de Strasbourg (Francia), coordinadora de la Alianza; Albert-Ludwigs-Universität Freiburg (Alemania); Karlsruhe Institute of Technology – KIT (Alemania); Aristotle University of Thessaloniki (Grecia); University of Upper Alsace – UHA (Francia); Adam Mickiewicz University (Polonia); BOKU – University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna (Austria); University of Southern Denmark – SDU (Dinamarca); Università di Roma Tre (Italia); y University of Basel (Suiza).

Comunidad internacional

La dimensión de la alianza refleja el alcance del proyecto. EPICUR reúne a una comunidad de 280.000 estudiantes, 29.000 académicos e investigadores y 17.000 profesionales de administración y servicios, y configura así un espacio universitario europeo con una extraordinaria capacidad para generar oportunidades de cooperación académica, científica e institucional.

Para el estudiantado de la Olavide, esta incorporación se traducirá en nuevas oportunidades de formación internacional a través de asignaturas compartidas, experiencias de aprendizaje híbridas y nuevos formatos de movilidad con reconocimiento académico. Este modelo facilita que un mayor número de estudiantes pueda acceder a una experiencia europea, al combinar modalidades presenciales, virtuales y mixtas (Flipped Mobility), y ampliar las posibilidades de participación en entornos internacionales desde etapas tempranas de su formación universitaria (EPICURUS, campus europeo interconectado).

La participación en EPICUR permitirá también reforzar la actividad del personal docente e investigador mediante la creación de redes internacionales para el desarrollo de proyectos conjuntos y el acceso a nuevas iniciativas de innovación educativa y colaboración científica (Seed funding programme). La alianza presta especial atención a ámbitos estratégicos como la transformación sostenible, los valores europeos, la salud global, la inteligencia del futuro, la transformación digital y la participación social, áreas en las que la cooperación entre universidades resulta esencial para generar conocimiento y transferirlo al entorno.

“Avanzar hacia un modelo de universidad europeo de futuro”

Junto a ello, la adhesión de la UPO contribuirá a seguir avanzando en la modernización institucional, tanto en el plano académico como en la gestión universitaria, la favorecer el intercambio de buenas prácticas, la puesta en marcha de herramientas compartidas y el desarrollo de nuevos modelos de gobernanza más conectados con la realidad europea (International Educators’ Programme).

“Se trata de un proyecto que va a implicar a toda la Universidad y nos va a permitir avanzar hacia un modelo de universidad europeo de futuro, sin perder nuestra esencia”, destacó Francisco Oliva, rector de la Pablo de Olavide, al dar a conocer a la comunidad universitaria la integración de la UPO en la alianza.

La Universidad Pablo de Olavide se incorpora además a EPICUR en plena sintonía con los valores que inspiran esta alianza europea, especialmente su compromiso con la igualdad, la diversidad, la inclusión y la sostenibilidad. Lo hace, además, desde fortalezas propias que enriquecen el consorcio: su capacidad investigadora, su experiencia en la captación de financiación europea, el éxito de su programa de microcredenciales universitarias, su trayectoria e impulso estratégico en materia de internacionalización, y su proyección hacia América Latina y el Mediterráneo.

El consorcio, ya incluyendo a la UPO, ha presentado recientemente a la Comisión, el pasado día 5 de marzo, la propuesta de financiación del proyecto europeo para los próximos dos años. La incorporación de la UPO se inicia con la participación en una mesa redonda sobre microcredenciales en la Universidad de Tesalónica en mayo y un encuentro sobre captación de fondos de investigación en Basilea, en el mes de junio. El comité de rectores de la Alianza tiene prevista su próxima asamblea general (Epicur’s Governance Week) del 29 de junio al 2 de julio.

Bajo el lema 'Miradas feministas: investigación y docencia hacia un futuro inclusivo', más de 200 investigadoras compartirán sus trabajos y los resultados de sus últimas investigaciones en el XIV Congreso Internacional de Estudios de las Mujeres que desde este miércoles y hasta el viernes 10 de abril se celebra en la Biblioteca Central de Cantabria (BCC).

Organizado por la Universidad de Cantabria, la Sociedad Menéndez Pelayo y la Asociación Universitaria de Estudios de las Mujeres (AUDEM), este encuentro bienal se ha consolidado como un espacio fundamental para la generación de conocimiento científico con perspectiva de género.

Por primera vez, el programa del Congreso se centra en la docencia. Desde la organización se pretende que la cita sea un lugar seguro para el debate y la reflexión en torno a las formas de enseñanza y un encuentro en el que repensar cómo incorporar las investigaciones feministas a los programas y proyectos didácticos. Una necesidad que surge tras analizar la realidad de las aulas, donde, según consideran, la ausencia de intelectuales y escritoras en los manuales de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y en los currículos universitarios sigue siendo imperante.

Durante los tres días de celebración se abordarán temas como el desarrollo de metodologías inclusivas (feministas, queer y crip) en las aulas, literatura y lingüística para la igualdad, la creación de materiales didácticos con perspectiva de género, la adaptación de propuestas educativas para el alumnado con diversidad funcional o la inclusión en el currículo educativo de figuras que se encuentran fuera de canon.

Además, a través de los distintos trabajos que se presentan al congreso se explorará la vida y obra de mujeres que fueron fundamentales en el desarrollo del pensamiento intelectual y cultural del siglo XX como las escritora, traductora y periodista cántabra Consuelo Berges, la novelista María Lejárraga, la directora de cine Virginie Despentes o la filósofa Mary Hesse, por citar algunos ejemplos.

Los estudiantes pueden solicitar desde el martes 7 de abril las becas y ayudas al estudio para el curso 2026-2027, que cuentan con un presupuesto récord de 2.559 millones de euros y beneficiará a cerca de un millón de alumnos y alumnas. 

Las becas MEC tienen como objetivo compensar las desigualdades personales, familiares, económicas, sociales y culturales de los estudiantes, con especial atención a aquellos que tengan necesidades educativas especiales.

Novedades de las becas MEC 2026-2027

Además del presupuesto récord de este año, el más alto hasta la fecha, esta convocatoria también ha introducido varias novedades.

Cómo solicitar las becas: requisitos y plazos

El plazo para presentar la solicitud para las becas MEC se ha abierto hoy, 7 de abril de 2026 a las 8:00 h y se cerrará el 18 de mayo de 2026 a las 15:00 h. Se aconseja no dejar la solicitud para el último día en vista a necesitar documentos adicionales para validar y confirmar la solicitud. 

Todo el proceso de solicitud se realizará a través de la sede electrónica del Ministerio de Educación y Formación Profesional, a través de un formulario donde los estudiantes deben aportar la información necesaria.

Cómo consultar el estado de la solicitud

Una vez presentada la solicitud, se podrá consultar su estado de tramitación en la sede electrónica del Ministerio, en el apartado 'Mis expedientes'.

Una vez finalizado el plazo de solicitud, comenzará el procedimiento de valoración de la información de los solicitantes. En caso de cumplir los requisitos y que la información sea correcta, se notificará individualmente por vía telemática en el apartado 'Mis notificaciones' de la sede electrónica.

¿Quién puede recibir las becas MEC?

Pueden solicitar las becas aquellos estudiantes que no superen una determinada renta y/o patrimonio familiar, que cumplan ciertos requisitos de aprovechamiento académico y que se matriculen en las enseñanzas universitarias y no universitarias que comprende la convocatoria. Los estudiantes de las siguientes enseñanzas pueden recibir la ayuda económica de estas becas: 

Cuantías de las becas y ayudas al estudio de carácter general

Para cualquier duda sobre la solicitud o adjudicación de becas, se puede realizar una consulta en la sede electrónica del Ministerio, llamar al teléfono 910 837 937, o contactar con las Unidades de Becas de cada provincia. 

De Argentina a Indonesia, pasando por Francia, EEUU, por supuesto España y básicamente cualquier país, las malas praxis están por todas partes en la academia. Y, con ellas, la impunidad que las alimenta. “Son prácticas muy similares en todos sitios: extractivismo de ideas de gente a tu cargo, abusos de todo tipo...”, cuenta Ana Bravo-Moreno, coordinadora, junto a Francisco Ogáyar-Marín, del libro Los males de la academia. Abuso de poder, endogamia, acoso, corrupción y otras violencias (Peter Lang).

El texto, de título autoexplicativo, va más allá de la tradicional denuncia en clave de país y muestra que las prácticas cuestionables que se ven en los campus españoles no son propias ni exclusivas de España. Este hecho se refuerza con las diferentes nacionalidades y afiliaciones de sus autores, algunos de los cuales han escrito sus capítulos bajo pseudónimo para evitar, justamente, algunos de estos males de la academia en forma de represalias.

El libro aterriza en ejemplos concretos todo lo que explica de una manera teórica. Cuenta una investigación en Reino Unido que acusó a 300 académicos, incluido profesorado de alto nivel y directores de laboratorio, de intimidar a estudiantes y colegas. Habla de Indonesia y su problema con las fábricas de artículos y los papers falsos o copiados. En Portugal, dos figuras de prestigio como Boaventura de Sousa Santos y Bruno Sena Martins fueron acusados de acoso sexual. EEUU acumula episodios de acoso en las visitas de campo y la universidad sueca se tambaleó con un estudio sobre el amaño de puestos académicos, la endogamia y la cultura de la “corrupción de la amistad” en los campus.

Los diferentes autores van componiendo un relato en el que la discriminación por género, las microagresiones, el clientelismo, la intimidación, la producción fraudulenta de artículos o las malas prácticas alrededor de este submundo, la misoginia, los sesgos patriarcales, la intolerancia, la coacción y el hostigamiento psicológico aparecen con regularidad, casi como un escalón más de la carrera, en instituciones de todo el planeta.

En España, son conocidos los casos del rector de Salamanca, acusado de haber creado todo un sistema de autocitas para aumentar su prestigio, los de varios profesores y catedráticos de universidades catalanas apartados por diversos casos de acoso sexual y laboral o la frecuente práctica, que todo el que trabaja en una universidad conoce, de sacar plazas de funcionario que vienen con nombres y apellidos adjudicados. La lista, da igual si es nacional o foránea, sigue y sigue.

“El modelo se presta absolutamente a esto”, sostiene Bravo-Moreno a partir de 30 años de experiencia propia. “Las 12 universidades en las que estudié, enseñé e investigué durante más de 30 años, independientemente de su ubicación geográfica –cinco en el Reino Unido, tres en España y cuatro en EEUU— y del prestigio que estas universidades detentaban (...) me demostraron que el abuso de poder era endémico en la mayoría de ellas”, escribe en el capítulo 1.

La universidad y los centros de investigación tienen en general una estructura vertical muy definida, en la que el futuro de los que empiezan suele estar en la mano de sus superiores. “Si dependes de tu director de tesis y este tiene acceso a financiación de becas de investigación [de donde saldría el dinero para un eventual contrato], si no cuidas esa relación puedes malograr tu futuro académico en esa institución. Esto alimenta la relación clientelar en la que la parte débil favorecerá a ese director”, elabora.

Denunciar... aunque sea para nada

Esta profesora de investigación en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) explica que el mayor aprendizaje que ha realizado en sus tres décadas de carrera es la importancia de denunciar y exponer las situaciones. “Es necesario que se visibilice la dinámica de poder que existe en la academia, la universidad y los centros de investigación. Es necesario porque lo que no se nombra no existe. Luego no podrán decir que no lo sabían. Otra cosa es que se tomen cartas en el asunto”, explica.

Porque, admite pese a todo, es habitual que estas denuncias caigan en saco roto. “Cuando decidimos denunciar un caso de acoso, abuso de poder, endogamia o desequilibrio, vas al defensor universitario y te dice que es un mediador, que no puede pedir cuentas a la dirección de departamento o el decanato. Y los casos de acoso son sutiles a veces. ¿Cómo demuestras que no has sido incluida en decisiones del departamento si no hay nada por escrito, pero tú lo sabes? ¿O que has sido descartada por un tribunal que favorece unos perfiles y no otros y, casualidad, estos perfiles pueden tener una relación endogámica o clientelar con gente de ese tribunal?”, pregunta retóricamente.

En los últimos años, se han creado algunas figuras, admite Bravo-Moreno, pero son profesionales atrapados en su propia naturaleza. “Hay parches. Inspector de servicios, defensor universitario o defensores ante el acoso... Pero no son políticas o instrumentos de facto que ayuden a las personas. Porque quien está en ese puesto ha sido designado por la gobernanza o el equipo de rectorado de esa universidad. ¿Esas personas van a ir en contra del posible prestigio de esa institución o van a remar a favor de la institución y de quienes les han puesto ahí?”, reflexiona.

¿Y después?

Con todas las dificultades que conlleva, la denuncia en sí misma solo es el primer paso. ¿Qué hacer después? La profesora cree que en esas situaciones la persona denunciada debe ser apartada del puesto de manera temporal mientras se resuelve, aun con el riesgo de que se esté cometiendo una injusticia.

“En el libro contamos casos de catedráticos y otros profesores a los que, al cabo de los años, se les han dado cursos de formación como personas acosadoras, pero que seguían en su puesto. Imagínate que es una denuncia por violencia sexual. Se hace una investigación interna, que puede llevar meses, y la denunciante es una doctoranda. Tiene que seguir con esa relación. ¿Qué hacemos, cómo se protege a la parte vulnerable? ¿Y si la denuncia es cierta? ¿La mantenemos cinco años, como ha pasado veces?”, reflexiona.

Bravo-Moreno cree que buena parte del problema tiene su explicación en el nepotismo que atraviesa las instituciones. “La academia necesita ser móvil, universal, embeberse de otras prácticas en otros países. Si alimentas el nepotismo, el favoritismo desde que terminas la licenciatura, solo conoces lo tuyo. Eso es pernicioso, es un modelo sesgado que alimenta estas prácticas en detrimento de la universidad, que debería abrirse al mundo”, cuenta.

Algo que ya sucede en otros países, como EEUU. “En las universidades de prestigio no se te permite seguir después de los estudios de posgrado”, ilustra. “Tienes que salir cinco años, acreditar otros contratos, méritos como investigadora, y solo entonces tu universidad te contratará. Esto es inexistente en España, pero es absolutamente necesario”, cierra.

El catedrático de la Universidad pública vasca (EHU), además de escritor y articulista, Ramón Zallo ha fallecido este lunes a los 77 años de edad. Según ha informado la EHU en un comunicado, Ramón Zallo Elgezabal, nacido en Gernika-Lumo en 1948, era licenciado en Derecho y en Economía y doctor en Ciencias de la Información. Dos años antes de la creación, en 1980, de la actual EHU, comenzó a dar clases en la Unidad de Ciencias de la Información de Leioa. Fue nombrado catedrático de Comunicación Audiovisual de la EHU y ejerció como profesor emérito desde 2019 a 2022. Miembro del Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad, Zallo fue “pionero” en la investigación de las industrias de la comunicación y culturales.

En palabras del propio Zallo, “hubo que trascender en aquellos primeros años, en clave crítica, la sociología funcionalista y la economía micro”, para aportar “una perspectiva teórica, estructural, geográfica y sectorial, formalizando una economía de la comunicación y la cultura con acento en las estructuras, agentes y flujos”.

Según recoge 'Naiz', militó primero en la Asociación Vasca de Jóvenes Estudiantes, después en la Juventud Obrera Católica Vasca y finalmente en ETA, entre los años 1968 y 1971. Tras los primeros asesinatos de la banda, Zallo se decantó por la Liga Komunista Iraultzailea (LKI) que surgió como escisión durante la VI Asamblea y llegó a ser uno de los principales dirigentes de este partido político. En las listas de este partido concurrió a las primeras elecciones al Parlamento Vasco, las de 1980, como cabeza de lista por Bizkaia, aunque la formación apenas sumó un total de 5.000 votos y no consiguió representación.

Libros y artículos

Autor de numerosos libros, ha publicado también muchos artículos sobre economía, cultura, políticas culturales y comunicativas, y otros de corte sociopolítico. Publicó más de una docena de libros, el último 'Retrovisor y bisturí' (Alberdania, 2025), un “ejercicio de memoria crítica” sobre los últimos 60 años, y ha dirigido o codirigido “otras muchas obras colectivas”.

En el campo de la gestión pública, ejerció de asesor de la consejera de Cultura del Gobierno vasco para asuntos de comunicación, audiovisual y cultura en las legislaturas 2002-2009. Fue redactor principal del Plan Vasco de la Cultura (2004-2015) y de las 'Orientaciones para el II Plan Vasco de Cultura.

Entre 2009-2012 participó en el Libro Blanco del Audiovisual de Euskadi (2003) -del que surgió el Cluster EIKEN-, en la puesta en marcha del Observatorio Vasco de la Cultura (2006), así como en la preparación de la legislación vasca relativa a FM de radio, Televisión Digital Local, en la redacción del proyecto de Ley de Comunicación y del Consejo del Audiovisual y del decreto de financiación del audiovisual en Euskadi. También asesoró en dos de los contratos programas con EiTB.

Durante siete años fue director de la sección de “Estructura y políticas de comunicación” de la Asociación Española de la Investigación de la Comunicación (AE-IC), que le homenajeó en 2020. Fue también presidente de la sección de España de la Unión Latina de Economía Política de la Información, la Comunicación y la Cultura (ULEPICC). El 5 de noviembre de 2025 recibió el premio de honor de la Asociación Vasca de Periodistas y del Colegio Vasco de Periodistas. La despedida se desarrollará este martes, de 17:00 a 19:00 horas, en el tanatorio Uribe de Gernika-Lumo.

La historia del poder en España se escribió entre guerras, decretos o tratados pero se tejió en matrimonios concertados, testamentos, dotes y estrategias familiares que consolidaron patrimonios durante siglos. Esa trama, a menudo dispersa en miles de legajos, empieza ahora a adquirir forma de mapa gracias al trabajo de Raúl Molina y Carlos Mejías, que desde el ámbito académico de la Universidad de Extremadura, han reunido a más de 15.000 personas en una base de datos que arranca en la Alta Edad Media y llega casi hasta el presente.

El proyecto, que comenzó con investigaciones doctorales independientes y hoy aspira a convertirse en un repositorio abierto, no se limita a reconstruir árboles genealógicos. Permite analizar cómo se configuraron las élites, cómo se concentró y fragmentó la propiedad de la tierra y qué papel desempeñaron las mujeres en la estabilidad de estas casas a lo largo del tiempo.

Un mapa relacional del poder

La colaboración entre Molina y Mejías nace de una relación académica previa. Molina dirigió la tesis doctoral de Mejías, centrada en el linaje de la Cueva dentro del Programa de Doctorado en Economía y Empresa de la Universidad de Extremadura. Por su parte, Molina había investigado años antes a los Fernández de Córdoba bajo la dirección de Enrique Soria Mesa.

De esa complementariedad surgió una idea más ambiciosa: integrar el trabajo acumulado para reconstruir de forma sistemática un número creciente de linajes y convertirlos en una base de datos relacional. “No queríamos quedarnos en el parentesco. Lo interesante era estudiar el poder, las alianzas familiares y la evolución social en la larga duración”, explican.

La herramienta permite observar patrones que antes solo podían intuirse a partir de estudios aislados: momentos de concentración de señoríos, crisis sucesorias que alteraron equilibrios regionales, estrategias matrimoniales diseñadas para asegurar bienes o influencia política, o etapas de movilidad ascendente en las que familias secundarias escalaron posiciones gracias a servicios militares o favores regios.

Al integrar partidas de bautismo, capitulaciones matrimoniales, inventarios de bienes o pleitos por mayorazgos, la base de datos ofrece una radiografía del funcionamiento interno de las élites desde la Edad Media hasta la desaparición del régimen señorial en el siglo XIX.

Extremadura como laboratorio histórico

Aunque el proyecto tiene alcance peninsular, Extremadura ocupa un lugar central. El estudio del linaje de la Cueva es uno de los puntos de partida, pero ambos investigadores subrayan que la región estuvo atravesada por numerosas casas de gran peso histórico que articularon el territorio durante siglos.

A través de sus señoríos, jurisdicciones y mayorazgos, estas familias ordenaron la vida económica, judicial y cultural de amplias zonas. Fundaron o repoblaron villas, impulsaron conventos y parroquias, levantaron palacios y articularon redes clientelares que marcaron la organización social.

La huella no es solo arquitectónica o toponímica. También se percibe en la distribución histórica de la propiedad, en las grandes explotaciones agroganaderas que configuraron el paisaje y en antiguas divisiones jurisdiccionales que todavía influyen en identidades locales. “Estudiar estos linajes es estudiar la propia evolución social de Extremadura”, sostienen.

Las mujeres, más que transmisoras

Uno de los aspectos más reveladores del proyecto es la centralidad de las mujeres en la continuidad real de las casas nobiliarias. Aunque el sistema de mayorazgo privilegiaba la herencia masculina, la documentación muestra una intervención femenina constante y estructural.

“No eran meros eslabones en la transmisión patrimonial”, subrayan. En capitulaciones matrimoniales, testamentos o pleitos aparecen como administradoras de bienes, negociadoras de alianzas y tutoras de herederos. Sin su actuación, muchas casas habrían sido mucho más frágiles.

El caso de Beatriz de la Cueva es paradigmático. Tras la muerte de su marido, fue nombrada gobernadora interina de Guatemala en un contexto de crisis, lo que evidencia que en situaciones excepcionales las mujeres podían asumir responsabilidades de primer nivel político.

En otro registro distinto, ya en el siglo XVIII, destaca la figura de María Ignacia Álvarez de Toledo y Gonzaga, activa en espacios de sociabilidad ilustrada, beneficencia y cultura. Su trayectoria muestra cómo determinadas mujeres de la élite participaron en la construcción del espacio público, desbordando el ideal estrictamente doméstico.

“Incorporar de forma sistemática a las mujeres en la reconstrucción genealógica cambia por completo la imagen del linaje. Si solo seguimos la línea masculina, entendemos la mitad del mecanismo”, advierten.

El acceso a documentación ha sido posible gracias a la combinación de archivos públicos y fondos familiares. Entre las instituciones clave figuran el Archivo Histórico de la Nobleza, el Archivo General de Indias, el Archivo Histórico Nacional y la Real Academia de la Historia, además de fundaciones y colecciones privadas que han abierto sus fondos a la investigación.

Para Molina y Mejías, esta colaboración refleja una conciencia histórica cada vez mayor entre las familias que conservan estos patrimonios documentales y una voluntad de preservarlos mediante investigación rigurosa.

Hacia un repositorio abierto

El siguiente paso es convertir la base de datos en un repositorio público estable. Para ello buscan apoyo institucional que permita crear una infraestructura digital capaz de almacenar, cruzar y actualizar miles de registros.

El impacto sería doble: Para la comunidad investigadora, supondría agilizar consultas y facilitar análisis comparativos a gran escala y para la ciudadanía, democratizaría el acceso a una parte esencial de la historia social española, permitiendo reconstruir genealogías locales, comprender la evolución de la propiedad o contextualizar el patrimonio de cada territorio.

“España no cuenta hoy con una herramienta sistematizada y accesible de estas características”, señalan. Convertir este trabajo en un servicio público significaría no solo ordenar siglos de documentación dispersa, sino abrir una conversación más amplia sobre cómo se construyó el poder y quiénes, también las mujeres, lo sostuvieron a lo largo del tiempo.

El proyecto apunta, en el fondo, a una carencia estructural: España carece de una herramienta pública que permita entender de forma sistemática cómo se construyó el poder a lo largo de los siglos. La base de datos que impulsan Molina y Mejías demuestra que esa reconstrucción es posible y que, cuando se ordena la documentación dispersa, emergen patrones que ayudan a explicar desde la configuración de las élites hasta la evolución de la propiedad o el papel real, y no simbólico, de las mujeres en la continuidad de los linajes. Convertir este trabajo en un repositorio abierto no sería solo un avance académico: permitiría a cualquier ciudadano rastrear la historia social de su territorio y devolvería al debate público una pregunta esencial y todavía vigente sobre quién ha sostenido el poder y cómo se ha transmitido.

Cuando al padre de Laura le subieron el sueldo, en casa no se podían imaginar que iba a convertirse en una mala noticia. El salario anterior ubicaba a la familia dentro del umbral 1 que establece el Ministerio de Educación para repartir las becas al estudio. Es el grupo más bajo, donde entran las personas más vulnerables. Eso permitió a Laura recibir durante cuatro años la ayuda completa, que además del pago de la matrícula universitaria incluye ayudas económicas en mano para gastos. Pero esa mejora salarial, apenas 111 euros –“me acuerdo perfectamente de la cifra, porque generó mucha frustración”, cuenta la joven–, sacó a la familia del umbral 1 por exceso de renta y la encuadró en el 2. Y se esfumó el principal pago en metálico (1.700 euros este año).

“Fue un jarro de agua fría”, explica Laura. “Cuando pasas de umbral es un cambio muy grande. Cobras una miseria más y lo que pierdes es mucho. Una subida de sueldo que al año no supone tanto para la familia te deja sin el tipo de ayuda con la que contabas. Llegas a pensar: 'Preferiría que en mi familia ganáramos un poquito menos y seguir contando con la ayuda'”.

Laura, que actualmente está estudiando un máster, es una de las casi 380.000 personas de entre 18 y 24 años a las que el Gobierno considera demasiado ricas como para acceder a una beca completa, con ayudas directas, pese a que son hogares en riesgo de pobreza, según la definición oficial.

Esto sucede porque el umbral 1 de renta para acceder a las becas, el límite máximo de ganancias que fija el Gobierno para acceder a estas ayudas integrales, lleva años por debajo del que fija la línea de riesgo de pobreza familiar. El Estado reparte tres tipos de becas en función de la renta familiar y otros parámetros como el patrimonio, aunque los ingresos son el principal filtro.

Para ello, cada año se establecen tres límites de renta que fijan los derechos económicos de cada grupo: quien quede por debajo del umbral 1 tiene derecho a la ayuda completa, que incluye un pago directo de 1.700 euros, hasta 2.700 euros para residencia si se estudia en una comunidad autónoma diferente de la familiar, entre 50 y 125 euros en función del rendimiento académico y una cantidad variable de hasta 60 euros en función de una complicada fórmula matemática; los hogares que se sitúen entre el umbral 2 pierden la principal partida, los 1.700 euros; finalmente, por debajo del umbral 3 solo optan a la ayuda vinculada al rendimiento. En los tres casos se incluye el coste de la matrícula.

El problema para Laura y otros cientos de miles de personas en España que potencialmente podrían ir a la universidad si quisieran es que el Gobierno ha fijado este año el máximo de renta familiar que marca el umbral 1 en 23.286 euros anuales (en total, para una familia de cuatro miembros), mientras que la línea que establece el riesgo de pobreza está en 25.662 euros al año para esa misma familia.

Estas personas pueden acceder a la beca media o a la más básica. Pero ninguna de las dos llega a compensar el coste de oportunidad de estudiar (incluso podría cuestionarse con la completa). Y a la universidad va quien puede permitirse no trabajar durante esos años, como recuerda siempre Juan Hernández Armenteros, profesor jubilado de Economía de la Universidad de Jaén y autor de varios informes sobre financiación universitaria.

El Gobierno ha aprobado este año la partida para becas más alta de la historia con 2.559 millones de euros que beneficiarán, calcula el Ministerio, a un millón de estudiantes. Aunque son para todas las etapas, la inmensa mayoría de ese dinero se destina a la universidad. Desde que el PSOE está en el Gobierno, el presupuesto para becas ha subido un 83% respecto al que aprobaba el PP. Las cuantías han subido y se han elevado los límites de renta que dan derecho a becas (con el PP el umbral 1 que daba derecho a la ayuda completa era de 14.613 euros anuales) hasta los 22.177 euros, ampliando así la base de los beneficiarios.

Pero con la subida del salario mínimo interprofesional y la buena marcha macro de la economía también ha subido la línea que marca el riesgo oficial de pobreza, que se fija de manera automática en un 60% de la mediana de ingresos (siempre ajustado al tamaño del hogar). ¿El resultado? Hoy, como ayer, el umbral 1 queda por debajo del de la pobreza, dejando a millones de personas en ese limbo. Este periódico ha preguntado al Ministerio de Educación cuáles son los criterios para fijar los umbrales de renta, porque no van automáticamente ligados a ningún indicador, pero no ha obtenido respuesta.

“El sistema de umbrales deja que desear”

“El sistema de umbrales deja que desear en muchas situaciones, no evalúa bien a cada estudiante”, valora Andrés Campillo Ponce, responsable de becas de CANAE, la Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes. “Nosotros reclamamos que se revisen. Modificarlos, sí, pero también introducir otros requisitos para que la convocatoria sea más justa. Está bien que se eleven los umbrales de vez en cuando, pero nos gustaría que se haga respecto a algún indicador específico, por ejemplo el Índice de Precios al Consumo (IPC)”. Canae, explica Campillo Ponce, está trabajando en una propuesta integral para presentarla en el Observatorio de Becas, el foro de interlocución para este tema con el Ministerio de Educación.

“Nuestra idea ha sido siempre que los umbrales suban de manera que no dejen a nadie atrás. Todos los años nos encontramos subidas del SMI o de los salarios, pero luego estas subidas no se ajustan en los umbrales y de un año para otro ves que sales del umbral 1 al 2 sin haber hecho nada”, expone.

“Es una decisión política”, tercia Santiago Cuesta, trabajador de la Universidad Politécnica de Madrid y representante de CCOO en el Observatorio. “Debería haber un criterio para que los umbrales respondieran a la situación real de las familias. No puede ser que apruebes un umbral que está por debajo de cualquier referencia, no responde a las necesidades reales de las familias y estás excluyendo a personas. Va contra el propio concepto de la beca o ayuda, es un ejercicio teórico que deja fuera a familias que deberían tener derecho, sobre todo en el umbral 1”.

Cuesta cuenta que CCOO lleva “años pidiendo una reforma absoluta del sistema”, y aunque concede que es positivo que el Gobierno esté subiendo las partidas año tras año, insiste en que es necesario “cambiar los criterios, que tienen 20 años”. “No es que haya pérdida de talento, es que le estamos robando expectativas de futuro a los chavales. Si somos una sociedad avanzada como decimos, hay que demostrarlo aquí, en las políticas sociales, esto es básico para el ascensor social”, sostiene.

El problema viene de atrás y no se acaba de resolver. En 2023, las profesoras Mónica Martí y Carmen Ródenas hicieron un estudio en la Universidad de Alicante que ya explicaba que el sistema de becas es “ineficaz” por esta misma cuestión y proponían que el umbral 1 se elevase como mínimo hasta la línea de pobreza para acoger a todo ese colectivo. Aquel informe advertía también de que el carácter lineal de todo el proceso, utilizar las mismas referencias para toda España, junto a la variabilidad de precios universitarios entre las comunidades autónomas, provoca que el esfuerzo que hacen los hogares para pagar los estudios diverja entre autonomías en términos relativos. Esto es, dice el informe con el precio de las tasas y las rentas de 2023, para una familia catalana o madrileña, el coste universitario se fijaba en un 5,8% sobre la renta mediana; para una gallega en un 3,4%.

Este asunto lo ha abordado el PNV en el Congreso porque Euskadi es una de las comunidades con menos becarios debido a que, al ser una de las más ricas de España, más familias se quedan fuera de las ayudas por renta. “El Gobierno central pone unos umbrales para acceder a becas iguales para todos, pero las condiciones no son las mismas en todo el Estado”, argumentaba el diputado Joseba Agirretxea, “no es lo mismo igualdad que equidad. Y hacer una raya igualitaria en este caso no es equitativo”. El partido le ha pedido al Gobierno que ajuste los umbrales.

Cuantías escasas, plazos tardíos

También preocupan a familias y estudiantes las cuantías que se pagan a los becarios como los plazos de ejecución de las ayudas. “Las cuantías son fundamentales”, dispara Cuesta, de CCOO. “El objetivo de las administraciones es ampliar el espectro, hacer las ayudas accesibles a más personas. Eso está muy bien, pero lo que hay que pensar es cómo las distribuyes para quien más las necesite. El ejemplo de la ayuda de residencia de las becas universitarias es palmario. Tienes una ayuda máxima de 2.700 euros anuales. Es irreal. Sin hablar de Madrid siquiera, no hay prácticamente ningún sitio que baje de 450 euros al mes. Le vas a pagar cuatro meses, pero los estudios duran diez. ¿Eso es una ayuda?”, pregunta retóricamente. El mismo argumento repetirá para la cuantía fija para las becas mejor dotadas, 1.700 euros para todo el año, o la variable (hasta 60 euros).

“Ha habido alguna subida reciente”, concede el estudiante Campillo Ponce, “pero la situación de la vivienda va a peor. Si vives fuera de tu ciudad de residencia en una capital de provincia tienes difícil acceder a una residencia con esa beca. Es cierto que algunas universidades complementan las ayudas, pero no se puede estar dependiendo de las universidades”, elabora. La escasez de los montantes, contaban Martí y Ródenas en su estudio, provoca que estos estudiantes tuvieran que trabajar además de estudiar, “por lo que ya no se puede hablar de igualdad de condiciones y oportunidades”.

Y luego están los plazos. María Sánchez, presidenta de Ceapa, la mayor confederación de AMPAs del país, explica que para muchos hogares es fundamental que se agilice la ejecución de las ayudas, que muy a menudo llegan a los bolsillos de los beneficiarios a mitad de curso. “El plazo de solicitud es amplio, pero eso supone que muchas familias acaban cobrando la beca en marzo y tienes que adelantar el gasto”, cuenta, lo que para algunos hogares se convierte en un obstáculo casi insalvable. “Hay familias que a día de hoy no han cobrado el 100% de la beca”, corrobora el portavoz de Canae. “Nuestra principal reclamación es que cuando empiece el curso, en septiembre, tengan ingresada al menos la cuantía principal para poder hacer frente al curso y que nadie tenga que adelantar dinero”, explica.

Laura cuenta que durante todo su periplo educativo ha vivido en casa de sus padres, “si no, habría sido todo mucho más complicado”. También tenía unos ahorros propios de haber trabajado previamente. “Pero aún así he notado que tengo que limitarme en muchas cosas que otros compañeros no”, explica.

“Si el objetivo del sistema de becas es que cualquier persona que quiera continuar sus estudios lo tenga garantizado, con este sistema, a día de hoy, no da”, cierra Cuesta. “No cuestionamos el esfuerzo inversor que ha hecho la administración, pero, si con ese esfuerzo no se llega, el sistema es fallido”.

Proyecto Extremadura, iniciativa común de Fundación Caja Extremadura y Fundación Cajalmendralejo, ha lanzado la convocatoria de los Premios Scellentia a Jóvenes Investigadores 2026 para reconocer la excelencia científica, la innovación y la capacidad de impacto de jóvenes investigadores vinculados a Extremadura.

Estos galardones tienen el propósito de visibilizar el talento emergente, poner en valor su contribución al avance del conocimiento y fomentar la transferencia de resultados científicos a la sociedad, reforzando así el papel de la investigación como motor de desarrollo económico, social y cultural.

En esta edición, y como novedad, los premios se estructuran en cuatro modalidades, correspondientes a las principales ramas del conocimiento: Ciencias de la Vida y de la Salud; Ingenierías y Ciencias Tecnológicas; Ciencias Sociales y Educación; y Humanidades.

Se concederá un premio por modalidad, dotado con 3.000 euros, junto con la participación de los premiados en un programa de difusión de trayectorias, orientado a acercar la investigación a la sociedad, según detallan los promotores en nota de prensa.

Podrán optar a estos premios jóvenes investigadores menores de 35 años, en posesión del título de doctor, que mantengan algún vínculo con Extremadura. Así, podrán presentarse tanto investigadores extremeños que desarrollen su labor en la región, como aquellos nacidos fuera de Extremadura que ejerzan su actividad investigadora en ella, o bien investigadores extremeños que desarrollen su labor fuera del territorio autonómico.

El plazo de presentación de candidaturas estará abierto hasta el 30 de abril a las 14:00 horas, y deberá realizarse exclusivamente de forma telemática a través de la web oficial del programa.

Las candidaturas podrán presentarse tanto de forma directa por las personas interesadas como a propuesta de instituciones públicas o privadas.

En las tres primeras ediciones, los Premios Scellentia se dirigieron al ámbito de las Ciencias de la Vida y de la Salud, con distintas categorías por etapa investigadora y un premio especial.

En esta cuarta edición, los Premios Scellentia no distinguen solo un proyecto concreto, sino al conjunto de la trayectoria investigadora de los candidatos, valorando especialmente la excelencia científica, la innovación, la capacidad de transferencia del conocimiento y el impacto social de sus aportaciones.

Con esta convocatoria, Proyecto Extremadura refuerza su compromiso con el impulso del talento joven, la investigación y la innovación como pilares fundamentales para el progreso de la región.

El fallo del jurado, compuesto por profesionales de reconocido prestigio, se dará a conocer a través de los canales oficiales del Proyecto, y la entrega de premios tendrá lugar en octubre de 2026, en un acto en el que las personas galardonadas presentarán públicamente sus trayectorias y principales aportaciones científicas.