Dos días después de que Pello Salaburu (Arizkun, 1951) fuera nombrado director de la Universidad del País Vasco (EHU), dos hombres con corbata entraron en su despacho y le mostraron en una cinta de vídeo VHS con medidas de seguridad que tendría que tomar a partir de aquel momento para evitar, en la medida de lo posible, un atentado bomba. “Cada semana vivíamos una escena de violencia distinta, algunas eran más fuertes que otras, pero no había escenas débiles. Una de las menos fuertes puede ser la de la pintada que me hicieron en la biblioteca y que nadie fue capaz de borrar. Tuve que ir yo a Leroy Merlín y comprar un bote de pintura blanca. Yo mismo me puse a pintar la pared hasta que me vieron los guardas de seguridad y me preguntaron qué estaba haciendo. La violencia presente en la sociedad se trasladaba a la universidad”, explica el que fuera rector de la EHU entre los años 1996 y 2000 durante el Curso de Verano 'La violencia contra la Universidad'.

Según recuerda Salaburu, en su época como rector “muchos sectores de la Universidad” pasaron miedo por la violencia de ETA y, como lamenta, “la Universidad no fue capaz de enarbolar la bandera de la decencia”. “Para enarbolar la bandera de la decencia hay que denunciar ciertas cosas. La Universidad es el sitio donde se piensa, no el sitio donde se tira la bala. Se responde con argumentos y eso la Universidad no lo cumplió, muy poca gente se atrevió a hablar con claridad”, reconoce.

Para quien fuera rectora de la Universidad pública vasca entre los años 2021 y 2025, Eva Ferreira (Barakaldo, 1963), el miedo se mostraba en las aulas a través de la autocensura. “Miguel Ángel Blanco era estudiante de Sarriko. Cuando llegué a la facultad el día que lo secuestraron me sorprendió el silencio. Cuando pregunté por qué nadie había hecho ni dicho nada me dijeron que era concejal del PP. Pusimos etiquetas para excusarnos y para no hacer nada. Miedo, autocensura, estigmatización, lo que queramos definir. También se estigmatizaba a los alumnos que llevaban escolta y muchos de ellos pasaban la mayor parte del tiempo solos. A veces porque el resto de los alumnos tenían miedo de que algo les pasara a ellos y otras porque no querían que se les viera con ellos”, detalla.

En su caso, al igual que Salaburu, también reconoce que la Universidad no estuvo a la altura en cuanto a condena del terrorismo se refiere. “Es verdad que había muchas universitarias y universitarios que estaban o estábamos frontalmente rechazando de la manera pública y privada que se podía la violencia y los actos terroristas, pero también es cierto que institucionalmente hicimos una especie de cordón enfermizo para no hablar de cuestiones políticas en las juntas. Hicimos un relato de que lo que estaba ocurriendo no era un asunto académico, sino político. La equidistancia y las excusas no estuvieron bien”, señala Ferreira, quien fuera miembro de Gesto Por la Paz.

El actual rector de la EHU, Joxerramon Bengoetxea, recuerda que en un Curso de Verano en el año 1990 sobre nacionalismos emergentes públicamente dijo que ETA tenía que seguir el ejemplo de Terra Lliure, dejar las armas y abandonar la lucha armada. “Al igual que yo un colectivo de profesores que escribíamos habitualmente condenando todas las vulneraciones de derechos humanos nos hemos pronunciado sobre ello”, confiesa.

A pesar de ello, insiste en que el Curso de Verano está centrado en “la violencia de corte político contra la Universidad” y, por tanto, en su opinión esto abarcaría tanto la violencia de ETA como la respuesta de la violencia por parte del Estado. “Ejerce la violencia quien coloca una bomba lapa como quien tortura o quien decide no investigar las denuncias de tortura. No creo que estemos en un ámbito que paso del negro al blanco. Hay muchas zonas de penumbra y de gris y la Universidad debe mantener siempre el enfoque crítico y metodológicamente riguroso. Las universidades deben ser espacios de libertad y crítica”, en este sentido, el actual rector ha nombrado la violencia de la extrema derecha contra la universidad española en la Transición y la represión franquista en el ámbito académico, para después centrarse en la violencia de ETA.

“Vivimos y padecimos los años de plomo y luego sufrimos la estrategia de amedrentamiento. ETA aplicó la estrategia para silenciar a las personas críticas con ella, tanto en la sociedad como en la Universidad. ETA no consiguió su objetivo y no solo por el hecho de que no contara con las herramientas del Estado en el uso de la fuerza y la Justicia penal, venció la resiliencia democrática de nuestra sociedad. La EHU también fue un espacio de resistencia que contribuyó a deslegitimar la violencia de ETA, las extorsiones, los secuestros, los asesinatos, pero también los abusos y vulneraciones que cometió el Estado en su lucha contra ETA”, destaca Bengoetxea.

Sobre episodios de violencia en la Universidad en la actualidad, décadas después de que la banda terrorista entregara las armas, Ferreira recuerda el episodio que tuvo lugar en 2021 en el que un alumno de 21 años irrumpió a disparos con una escopeta en la Facultad de Ciencia y Tecnología en Bizkaia. “En aquel caso hubo una condena unánime sin ningún tipo de disenso. Fue un ataque contra los bienes públicos, porque no hubo personas heridas, pero hubo miedo. Sin embargo, otros actos no han tenido el mismo grado de condena. Seguimos pensando que dependiendo de quién está detrás del acto es más o menos condenable y a mí me parece que como academia debemos condenar la violencia venga de donde venga”, apunta.

En este sentido, Bengoetxea ha recalcado que, “ETA ya no existe”, aunque en la actualidad se siguen produciendo “actos que ponen en riesgo la convivencia y la seguridad de las personas”. “Botes de humo, pintadas amenazantes contra miembros de la comunidad universitaria o que dañan el patrimonio universitario, actos intimidatorios que vienen ocurriendo desde hace años... Hay quien los considera violencia de baja intensidad, quien los considera endémicos o esporádicos. Lo cierto es que se han producido con todos los rectorados. Los condenamos, nos preocupan y nos ocupan, por eso nuestros nuevos estatutos prevén entre sus principios rectores que la Ley contribuya a la promoción de la convivencia democrática rechazando cualquier tipo de violencia. Del mismo modo, la Acción 4.2 del eje 5 de nuestro Plan Estratégico 2026-2028 pretende asegurar la convivencia universitaria basada en el diálogo, respeto, empatía y cooperación”, concluye el rector.

El Consell de Govern ha autoritzat l'inici d'activitats del Centre Universitari Beat Luis Belda, adscrit a la Universitat San Pablo CEU, que oferirà els graus en Medicina, Infermeria, Fisioteràpia i Psicologia a partir del curs acadèmic 2026-2027. Ho ha anunciat la portaveu adjunta de l'Executiu autonòmic, Antònia Maria Estarellas, en la roda de premsa posterior a la reunió del Consell de Govern celebrada aquest divendres.

L'inici d'activitats d'aquest centre universitari adscrit, ha explicat, es concedeix una vegada obtinguts els informes preceptius favorables de l'Agència de Qualitat Universitària sobre els plans d'estudi de les titulacions, les resolucions favorables del Consell d'Universitats de l'Estat i la resta d'informes i autoritzacions que regula la normativa vigent.

L'oferta acadèmica del nou centre universitari inclourà 55 places de nou ingrés en el grau en Medicina, 100 en el grau en Infermeria i 40 places en els graus en Fisioteràpia i Psicologia.

Facultat de Farmàcia

El Consell de Govern també ha autoritzat la creació de la Facultat de Farmàcia de la Universitat de les Illes Balears (UIB). La creació de la nova facultat, ha explicat Estarellas, respon a la consolidació progressiva del grau en Farmàcia, implantat a la UIB des del curs 2024-2025. Els estudiants iniciaran durant l'any acadèmic 2026-2027 el tercer curs d'aquest grau, que compta amb una “gran demanda”.

La implantació del grau va ser possible gràcies a una aportació del Govern de més de 6,5 milions d'euros al període 2024-2029, així com al treball desenvolupat per la Facultat de Ciències de la UIB, que ha assumit la seva posada en marxa durant la fase inicial.

El Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats (MICIU) ha acordat aquest divendres transferir a les comunitats autònomes (CCAA) un total de 149,67 milions d'euros per a la contractació de professors ajudants doctors a les universitats públiques de tot l'Estat en el marc del programa María Goyri, dels quals 1,058 milions seran per a les Balears.

La decisió s'ha pres en el marc del ple de la Conferència General de Política Universitària (CGPU). D'acord amb Universitats, l'acord ha comptat amb els vots a favor de totes les autonomies, a excepció de les Balears, que hi ha votat en contra, segons ha informat el mateix Ministeri.

“És la primera vegada que un Govern d'Espanya es fa càrrec del salari del professorat universitari, en el marc d'una competència que està transferida a les CCAA”, ha destacat el departament dirigit per la ministra Diana Morant.

En concret, els 149.674.540 euros es divideixen en 34.884.105 euros per a Catalunya; 28.305.088 euros per a Madrid; 21.083.400 euros per a Andalusia; 17.841.306 euros per a la Comunitat Valenciana, i 11.080.110 euros per a Castella i Lleó.

Així mateix, el País Basc rep 6.020.960 euros; les Canàries, 5.437.673 euros; la Regió de Múrcia, 5.225.800 euros; Galícia, 4.235.637 euros; Castella-la Manxa, 4.229.088 euros, i l'Aragó, 3.796.284 euros.

Al seu torn, 2.035.800 euros van destinats a Extremadura; 1.862.080 a Navarra; 1.287.206 euros a Astúries; 1.131.000 euros a Cantàbria; 1.058.568 euros a les Balears, i 160.435 euros a La Rioja.

Universitats ha recordat que el Govern va posar en marxa el programa María Goyri per incorporar un total de 5.638 professors ajudants doctors a les universitats públiques de tot l'Estat de manera progressiva fins al 2028, un 70% més que els que hi havia el curs 2023-2024.

Durant sis anys, l'Estat finançarà 3.400 places de professorat ajudant doctor a tot el país, que ja s'han contractat i suposaran un cost global de més de 900 milions d'euros per a l'Executiu. A més, aquest programa implica la mobilització d'altres 2.236 places que sufraguen les comunitats autònomes, amb una aportació addicional de 600 milions d'euros.

El Consell de Govern ha autorizado el inicio de actividades del Centro Universitario Beato Luis Belda, adscrito a la Universidad San Pablo CEU, que ofrecerá los grados en Medicina, Enfermería, Fisioterapia y Psicología a partir del curso académico 2026-2027. Lo ha anunciado la portavoz adjunta del Ejecutivo autonómico, Antònia Maria Estarellas, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern celebrada este viernes.

El inicio de actividades de este centro universitario adscrito, ha explicado, se concede una vez obtenidos los informes preceptivos favorables de la Agencia de Calidad Universitaria sobre los planes de estudio de las titulaciones, las resoluciones favorables del Consejo de Universidades del Estado y el resto de informes y autorizaciones que regula la normativa vigente.

La oferta académica del nuevo centro universitario incluirá 55 plazas de nuevo ingreso en el grado en Medicina, 100 en el grado en Enfermería y 40 plazas en los grados en Fisioterapia y Psicología.

Facultad de Farmacia

El Consell de Govern también ha autorizado la creación de la Facultad de Farmacia de la Universitat de les Illes Balears (UIB). La creación de la nueva facultad, ha explicado Estarellas, responde a la consolidación progresiva del grado en Farmacia, implantado en la UIB desde el curso 2024-2025. Los estudiantes iniciarán durante el año académico 2026-2027 el tercer curso de dicho grado, que cuenta con una “gran demanda”.

La implantación del grado fue posible gracias a una aportación del Govern de más de 6,5 millones de euros al periodo 2024-2029, así como al trabajo desarrollado por la Facultad de Ciencias de la UIB, que ha asumido su puesta en marcha durante la fase inicial.

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU) ha acordado este viernes transferir a las comunidades autónomas (CCAA) un total de 149,67 millones de euros para la contratación de profesores ayudantes doctor en universidades públicas de toda España en marco del programa María Goyri, de los cuales 1,05 millones serán para Balears.

La decisión se ha tomado en el marco del pleno de la Conferencia General de Política Universitaria (CGPU). De acuerdo con Universidades, el acuerdo ha contado con los votos a favor de todas las autonomías a excepción de Balears, que ha votado en contra, según ha informado el propio Ministerio.

“Es la primera vez que un Gobierno de España se hace cargo del salario del profesorado universitario, en el marco de una competencia que está transferida a las CCAA”, ha destacado el departamento dirigido por la ministra Diana Morant.

En concreto, los 149.674.540 millones de euros se dividen en 34.884.105 euros para Catalunya; 28.305.088 euros para Madrid; 21.083.400 para Andalucía; 17.841.306 euros para la Comunidad Valenciana y 11.080.110 euros para Castilla y León.

Asimismo, País Vasco recibe 6.020.960 euros; Canarias, 5.437.673 euros; Región de Murcia, 5.225.800 euros; Galicia, 4.235.637 euros; Castilla-La Mancha, 4.229.088 euros; y Aragón, 3.796.284 euros.

A su vez, 2.035.800 euros van para Extremadura; 1.862.080 para Navarra; 1.287.206 euros para Asturias; 1.131.000 euros para Cantabria; 1.058.568 euros para Baleares; y 160.435 euros para La Rioja.

Universidades ha recordado que el Gobierno puso en marcha el Programa María Goyri para incorporar un total de 5.638 profesores ayudantes doctor a las universidades públicas de nuestro país de manera progresiva hasta 2028, un 70% más de los que había en el curso 2023-2024.

Durante seis años, financiará 3.400 plazas de profesorado ayudante doctor en toda España, que ya se han contratado y supondrán un coste global de más de 900 millones de euros por parte del Ejecutivo. Además, este programa implica la movilización de otras 2.236 plazas que sufragan las comunidades autónomas con una aportación adicional de 600 millones de euros.

La Universidad de La Rioja ha abierto hoy el curso 2026-27 con 1.158 estudiantes y cinco titulaciones nuevas, tal y como ha destacado la rectora de la UR, Eva Sanz. Se trata de dos títulos de grado (Medicina y Tecnología del Lenguaje) y tres títulos de máster.

La Universidad de La Rioja ha convocado hoy, jueves 3 de septiembre, al Acto de Bienvenida a los estudiantes de nuevo ingreso que inician sus estudios de Grado este curso 2026-2027 en el Polideportivo Universitario. El nuevo curso académico 2026-2027 está marcado por la novedad de la implantación del Grado en Medicina y del Grado en Tecnología del Lenguaje.

Además, se añaden el Máster de Enseñanza del Español como Lengua Extranjera, Máster en Marketing y Emprendimiento Agroalimentario, “primer máster que se imparte íntegramente en inglés en la Universidad de La Rioja”, según ha destacado la rectora, Eva Sanz, y el Máster en Trabajo Social en el Ámbito Sanitario, el que ha considerado “tan necesario en la época que estamos viviendo”.

Del total de matriculados de la Universidad de La Rioja en un grado, el 69 por ciento son riojanos. En cuanto al Grado en Medicina, en el que ha dicho que aún habrá “movimientos” y, por tanto, ha pedido “prudencia”, ha indicado que, entre el 30 y el 40% de los estudiantes riojanos, como avanzo el presidente riojano en el Debate del Estado de la Región. La nota de corte, ha dicho, ha estado por debajo de Zaragoza o Navarra, pero por encima de País Vasco, Burgos y Cantabria. A finales de mes, ha indicado, se darán las listas finales, aunque, “en principio”, habría 33 alumnos matriculados.

Ha indicado que, entre todas las cifras de estudiantes que comienzan en la UR, hay cincuenta en las titulaciones de grado que han solicitado un traslado de expediente a esta universidad. En el grado de Tecnología del Lenguaje todavía quedan plazas disponibles; algo ante lo que ha invitado a tener en cuenta que es un grado “totalmente novedoso”. “Última comunidad autónoma en poner el Grado en Medicina y la primera universidad española en tener un Grado exclusivamente de Tecnología y Lenguaje, por lo tanto un año de contrastes pero un año de gran satisfacción”, ha indicado la rectora.

Las estudiantes de la primera promoción de Medicina y Tecnología del Lenguaje

“A mí la Lingüística me ha gustado y siempre he querido experimentar fuera de mi zona de confort”, asegura Jimena Jiménez, estudiante de la primera promoción del Grado en Tecnología del Lenguaje, una de las novedades académicas del curso 2026–2027 en la Universidad de La Rioja. La estudiante ha explicado antes del inicio del acto que le parece “muy interesante la versatilidad que ofrece esta carrera”, al unir dos disciplinas de ámbitos del conocimiento aparentemente dispares, aunque las considera “compatibles y con muchas salidas laborales”. Así, ha considerado que “tiene que haber profesionales que se encarguen de enseñar a hablar a la IA y que funcione prácticamente”.

Nerea Pérez Moreno, estudiante del Grado en Medicina, otra de las novedades del curso 2026–2027, ha explicado cómo, en su caso, su idea inicial era cursar el Grado en Enfermería en la Facultad de Ciencias de la Salud. “Pero en la PAU tuve buena nota, me salió bien y mi madre dijo: ”pues prueba a ver“”, ha contado. Entre los motivos por los que se decantó por la Universidad de La Rioja, Nerea Pérez ha destacado que “la Universidad de La Rioja tiene un gran prestigio en sus Grados y, sobre todo, en Enfermería”, titulación que comparte facultad con el nuevo Grado en Medicina. “Siempre he tenido la idea de quedarme en casa”, ha dicho. Así, encara sus estudios como integrante de la primera promoción del Grado en Medicina con “muchos nervios por conocer a gente, aprender desde el minuto uno y llevarme siempre satisfacción a casa”.

Acto de bievenida y programa mentor

El Acto de Bienvenida forma parte del Programa de Acogida que organiza la Universidad de La Rioja con el fin de que los nuevos estudiantes conozcan todos los servicios y oportunidades que les ofrece el campus. Una vez finalizado el acto de bienvenida en el Polideportivo de la UR, los nuevos universitarios se dirigen a sus facultades o escuelas, en donde han sido recibidos por los equipos decanales, que les han trasladado toda la información necesaria sobre las instalaciones en las que cursarán sus estudios universitarios.

Durante el Acto de Bienvenida el nuevo alumnado de la UR ha conocido el Programa Mentor, en el que un grupo de estudiantes, con experiencia en diferentes titulaciones, aconsejan a los recién llegados para que conozcan los diferentes servicios de la universidad, profesores, asignaturas e instalaciones. El jueves 3 de septiembre también es el primer día de clase del resto de cursos de los títulos de Grado de la Universidad de La Rioja.

El Ayuntamiento de Camargo y UNATE, La Universidad Permanente, han ampliado la programación dirigida a las personas mayores de 50 años con una oferta formada por 23 actividades, 17 de ellas nuevas, que se desarrollarán durante el curso 2026-2027 en un total de 25 grupos.

El alcalde de Camargo, Diego Movellán, ha explicado que el programa “se ha construido junto a los vecinos y las vecinas, escuchando sus propuestas y recogiendo sus demandas”, lo que ha permitido incorporar nuevas materias vinculadas con la filosofía, los géneros literarios y el patrimonio histórico-artístico del Valle de Camargo, entre otras áreas.

“Queríamos que la oferta respondiera a los intereses reales de las personas que participan en UNATE y que fueran ellas quienes contribuyeran a definir los contenidos”, ha indicado Movellán, quien ha explicado que el resultado es una programación “más amplia, renovada y estrechamente vinculada con Camargo”.

La oferta combina las actividades consolidadas de salud y bienestar, estimulación cognitiva e idiomas con nuevas propuestas sobre arte, literatura, filosofía, historia y patrimonio.

Entre las principales incorporaciones se encuentran 'Patrimonio histórico-artístico del Valle de Camargo', 'De lo real a lo imposible: un viaje por los géneros narrativos' y los ocho monográficos que integran 'Apuntes filosóficos de actualidad'.

La programación incluye también 'El arte de mirar: historias detrás de cada artista', una propuesta para acercarse a las grandes obras de la plástica universal, y 'Amor, poder y naturaleza: grandes temas de la historia del arte', que abordará la evolución de la creación artística desde una perspectiva temática.

La literatura contará con dos nuevas actividades. 'Librerías y bibliotecas del mundo' propondrá un recorrido por algunos de los espacios vinculados con los libros. Asimismo, 'De lo real a lo imposible: un viaje por los géneros narrativos', permitirá distinguir y analizar diferentes tendencias de la literatura contemporánea.

Otra de las novedades será 'Apuntes filosóficos de actualidad', un programa compuesto por ocho monográficos de cuatro sesiones cada uno y, en el área de Humanidades y Ciencias Sociales, la programación se completa con 'Mentiras y curiosidades de la historia', que analizará errores, mitos y relatos históricos alejados de la realidad; y 'Geoparque Costa Quebrada: el libro de piedra que siempre quisiste leer', una aproximación divulgativa al origen y la evolución de este espacio natural.

Bajo el epígrafe 'Nuestras historias en 90 minutos: los Mundiales de Fútbol y su relación con España y Cantabria', se tratarán los grandes acontecimientos futbolísticos como hilo conductor para recuperar experiencias personales y analizar los cambios sociales vividos en las últimas décadas. Además, enseñará a utilizar herramientas digitales sencillas para localizar y compartir fotografías y vídeos históricos.

En el área de Salud y Bienestar se mantienen las clases de taichí y yoga, junto con dos grupos de gimnasia mental y una actividad de estimulación cognitiva, mientras que el Aula de Idiomas ofrecerá tres opciones adaptadas a distintos niveles de conocimiento: inglés desde cero, que contará con un nuevo grupo; inglés para principiantes e inglés intermedio.

El curso comenzará el jueves 1 de octubre y se prolongará hasta el viernes 18 de junio de 2027. Las actividades están dirigidas a personas de 50 años o más y cada una de ellas deberá alcanzar un número mínimo de inscripciones para poder celebrarse.

El plazo de matrícula para el nuevo alumnado permanecerá abierto hasta el 25 de septiembre. Las inscripciones presenciales podrán formalizarse los jueves de septiembre en el aula de UNATE ubicada en el Centro Cultural La Vidriera, en horario de 10.00 a 13.00 y de 17.00 a 19.00 horas.

La construcción pública de una memoria democrática, explica a elDiario.es el catedrático Lourenzo Fernández Prieto, implica también saber qué sucedió. Qué sucedió, por ejemplo, con las casi 200 personas que, calculan los investigadores del grupo Histagra de la Universidade de Santiago de Compostela, se encuentran en una de las fosas comunes del cementerio de Serantes, en Ferrol. Fueron víctimas de la violencia franquista entre 1936 y 1942, e historiadores y arqueólogos han iniciado una cata arqueológica en el lugar para “determinar la localización y el estado” de los enterramientos. Prevén acabar los trabajos el viernes 11 de septiembre.

El noroeste gallego concentra algunas de las mayores fosas comunes con fusilados y paseados por el fascismo. Serantes es, junto a Aranga u O Val, una de ellas. “Esta en concreto”, relata Fernández Prieto, ocupaba mucho espacio. Ha sufrido mucho movimiento, las familias realizaban exhumaciones clandestinas. Y las autoridades, civiles y eclesiásticas, manejaban todo con una lógica de ocultación“. Las excavaciones comenzaron el lunes, 31 de agosto, y hasta ahora no han encontrado nada. ”Hemos llegado a un metro de profundidad, aunque los enterramientos suelen encontrarse a un metro veinte, un metro y medio“, asegura.

La cifra de 197 víctimas procede, sobre todo, de los archivos militares. Estos, señala Fernández Prieto, indican quién fue fusilado pro no dónde está enterrado. “Hay que contrastar esa información con familiares, vecinos, otra documentación”, añade. Serantes, en todo caso, no permaneció en silencio. Familias, asociaciones, organizaciones políticas “memorializaron” el emplazamiento. “Estos homenajes también fueron cambiando. Al principio había cruces. Después desaparecieron. Ahora hay colores republicanos y banderas”, comenta Fernández Prieto. Los nombres de los asesinados pueden consultarse en la página web del proyecto Nomes e Voces, que censa las víctimas del franquismo en Galicia.

La intervención en Serantes depende del convenio firmado entre la universidad compostelana y la Deputación da Coruña, con financiación del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática. “Nosotros formulamos además una pregunta: ¿Por qué tuvieron que matarlos?”, afirma Fernández Prieto, coordinador científico de la operación, “es una pregunta de derechos humanos, histórica y democrática. Nuestro trabajo también tiene que ver con honrar a las personas asesinadas”.

La diputada y candidata del PRC a la Presidencia de Cantabria, Paula Fernández, ha exigido “soluciones inmediatas” para el transporte universitario a una semana del inicio de las clases, y ha criticado la “inacción” del Gobierno autonómico (PP) que “sigue sin concretar las mejoras de transporte prometidas para facilitar los desplazamientos de los estudiantes” desde los diferentes municipios de la Comunidad Autónoma.

Fernández Viaña ha señalado este miércoles en un comunicado que, a escasos días del inicio del curso universitario, el próximo 7 de septiembre, el Ejecutivo de Buruaga “mantiene en la incertidumbre a cientos de familias al no concretar las mejoras de transportes prometidas hace meses”.

Ha indicado que en junio de este año el Parlamento aprobó, con el voto favorable del PP, una iniciativa del PRC para adaptar itinerarios a los horarios académicos, aumentar frecuencias, coordinar trenes y autobuses y establecer conexiones directas con los campus.

Al respecto, la regionalista ha criticado que “han tenido todo el verano para trabajar y, a una semana de empezar, las familias siguen sin saber cómo llegarán sus hijos a la universidad”.

A modo de ejemplo, se ha referido al Valle de Cayón, donde “más de cien universitarios carecen de un enlace adecuado con el campus de Santander”.

Además, ha alertado sobre los “recortes” en rutas generales, como la supresión de la ruta que permitía regresar desde Santander hacia Sarón pasando por Liaño en torno a las 20.30 horas, un servicio utilizado por trabajadores que concluyen su jornada a las 20.00 horas en la capital o en el entorno industrial de Maliaño.

La candidata ha subrayado que, “para corregir este tipo de carencias” los regionalistas presentaron 80 alegaciones al nuevo mapa concesional del transporte público por carretera.

En su opinión, el nuevo mapa “no puede limitarse” a una reorganización administrativa, sino que debe servir para modificar un modelo que en algunas comarcas “responde mejor a la Cantabria de hace décadas que a las necesidades actuales de trabajadores, estudiantes y familias”.

Por todo ello, ha exigido al Gobierno de Cantabria que concrete de “inmediato” qué servicios estarán operativos el 7 de septiembre.

Cuando a mediados de junio Roberto celebraba los buenos resultados en su prueba de selectividad, todavía a cientos de kilómetros de la Facultad de Sociología y Políticas de la Universidad Complutense en Somosaguas, no era consciente de que la Comunidad de Madrid ultimaba una medida que le iba a complicar la nueva etapa a punto de comenzar.

Este estudiante de Relaciones Internacionales, andaluz de apenas 17 años, se ha encontrado con un inesperado contratiempo económico en sus cuentas (y en la de sus padres): no puede acceder al abono joven ni a ningún título de transporte personal, salvo que se empadrone en una ciudad a la que acaba de llegar. Una medida anunciada antes del verano por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso que afecta a miles de personas migrantes, tanto nacionales como de otros países. Entre ellos, miles estudiantes que ahora empiezan a llegar a la región.

“La verdad es que es un poco lío. No sé muy bien lo que estoy perdiendo porque todavía no me ubico ni en cómo funciona el propio Metro, pero grupos de WhatsApp han comentado que ahora vamos a tener que pagar bastante más por el transporte. También que antes te podías mover lo que quisieras y eso de los viajes infinitos se nos va a acabar”, cuenta Roberto en conversación con Somos Madrid.

Mayor gasto cuanto más lejos viva o estudie el alumnado

Según los cálculos de este medio, los menores de 26 años no registrados como habitantes de la región o municipios de provincias limítrofes con acuerdos verán cómo su dispendio en Metro, buses y Cercanías se multiplica por hasta seis veces con la nueva normativa de la Comunidad de Madrid. Esta cifra solo tiene en cuenta los trayectos por clases, sin considerar otras actividades académicas, personales o socioculturales.

La situación empeora y se encarece para quienes deban contemplar desplazamientos a otras zonas tarifarias porque estudien o vivan fuera de Madrid capital (zona A1). También para quienes recurran a la intermodalidad por la necesidad de tomar más de un medio de transporte para cubrir los viajes (por ejemplo Cercanías + bus interurbano).

Susana, que empieza Comunicación Audiovisual en el campus de Fuenlabrada de la Universidad Rey Juan Carlos, lamenta esta nueva coyuntura: “Si lo sé, elijo otra uni”. En su caso, ha conocido el efecto de esta modificación normativa hace pocos días, con un ya inminente inicio de las clases. Entre las alternativas por las que habría optado piensa sobre todo en el campus de Vicálvaro del mismo centro o en la Facultad de Ciencias de Información de la Complutense, ambos situados en la ciudad de Madrid (zona A1) y donde, por tanto, el incremento del gasto no sería tan acusado. “Fuera de la Comunidad de Madrid no creo que hubiese ido. Me apetecía mucho venirme y tengo familia aquí”, comenta esta alumna extremeña.

Los actuales 10 euros al mes (90 para un curso de nueve meses), se convertirían en 29,20 euros al mes (262,80 al año) para un estudiante que se desplace cinco días por semana al campus y regrese a casa otras cinco veces. Si alguien debe alternar autobús y Metro para ir a clase, lo que le ocurre a Roberto en el campus de Somosaguas (al que hay que llegar en bus desde Moncloa), en el contexto anterior destinaría la misma cifra a transporte, ya que la cantidad era independiente al número de viajes. Ahora, gastan dos viajes a la ida y otros dos a la vuelta, cuatro al día. Con ello, jóvenes como Roberto que el curso pasado cubrían sus idas y venidas a la universidad por 90 euros al curso pasarán a abonar 525,60 euros (casi seis veces más).

Para más inri, muchos bonos de 10 viajes no funcionan para otros medios de transporte. Por ejemplo, el de Metro no suele operar en Cercanías o buses interurbanos. Tampoco al revés. Esto explica por qué en la mayoría de grandes sistemas metropolitanos del país (Barcelona, Bilbao, València o Sevilla) la acogida a los títulos personales de transporte está abierta toda la población, con independencia del padrón, que sí exigen algunos municipios de una menor entidad con una red no tan interconectada.

El escenario puede empeorar aún más si se retiran las bonificaciones al transporte, que rebajan un 50% el bono joven y un 40% el de diez viajes. Esta última es a priori la alternativa más utilizada por los no empadronados ante el veto de Ayuso y a la que han recurrido la mayoría de jóvenes con las que ha conversado este diario.

Si acabaran estas ayudas, cuya continuidad es incierta cada año, el gasto para quien mantenga el bono joven pasará a 20 euros mensuales y 180 por curso. Con los abonos de diez viajes, incluidos en la tarjeta Multi (que no es unipersonal), el dispendio será de hasta 48,80 euros al mes y 439,20 por curso. Y si es necesario hacer varios transbordos, el coste se eleva hasta los 878,40 euros (multiplicándolo prácticamente por cinco).

La alternativa es empadronarse en una ciudad que todavía desconocen, donde en palabras de Roberto aún no se sitúa. Él, por el momento, lo descarta: “A lo mejor lo pienso si veo que es mucho dinero, lo tendría que mirar con mis padres. Al final tengo el médico en casa y creo que para la beca también influye dónde estás empadronado”, comenta.

Susana no quiere ni pensarlo: “No sé, ya hemos tenido bastante trámite con la matriculación y con el cambio de expediente. De primeras me tengo que situar en mi clase, con los horarios y en Madrid”. Borrarse del padrón en la localidad de origen es todavía más comprometido para residentes en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla porque perderían descuentos de hasta el 75% en vuelos desde y hacia sus puntos de origen.

Un problema para los jóvenes... y para sus familias

Por suerte para Susana ella se queda en un piso familiar, pero Roberto debe afrontar este nuevo dispendio mientras afronta un alquiler “por las nubes”, en torno a 500 euros mensuales por una habitación en Argüelles. “Mis padres trabajan los dos, pero al final somos una familia humilde y cualquier gasto añadido nos va a complicar las cosas. En verdad más a ellos que a mí, porque sé que se van a preocupar de que no me falte de nada”, dice.

De hecho, a nivel particular le inquieta más la pérdida de libertad para desplazarse: “Es una bajona tener una tarjeta que se paga por número de viajes. Ya no es solo gastarte más, sino saber que si un día te apetece salir a lo mejor por ese gasto extra te lo piensas”. Susana lamenta que ahora será “más complicado” dedicar algún finde a “escapadas con amigos para conocer Alcalá de Henares o Aranjuez, que son sitios que me apetece mucho conocer”.

Mis padres trabajan los dos, pero al final somos una familia humilde y cualquier gasto añadido les va compliar las cosas. En verdad más a ellos que a mí, porque sé que se van a preocupar de que no me falte de nada

Pero no todos los jóvenes afectados son recién llegados y estudiantes. Es cierto que quienes adquirieron un título personal antes del cambio normativo pueden disfrutar de él hasta que necesiten uno nuevo por extravío o caducidad (que se produce a los diez años de la expedición), pero la inquietud está ahí. Pablo, informático de 25 años natural de Soria, dispone de una tarjeta virtual en su teléfono móvil (otra reciente movilidad de la red). El Consorcio Regional de Transportes (CRTM) ha asegurado a este medio que el paso al digital no interrumpe el proceso de caducidad, por lo que en pocos años deberá decidirse tirar con títulos de 10 viajes o sumarse al padrón: “A ver qué pasa, es probable que tenga que empadronarme, aunque no tenía pensado hacer nada más allá de sentirme viejo cuando pierda el bono joven”.

La Consejería dice que “sigue trabajando” en acuerdos con las comunidades

Ante la polémica suscitada por la medida, Ayuso insistió en que los cambios no afectarán a “los usuarios de provincias limítrofes” con las que la Comunidad tiene “convenio”, en concreto zonas de Castilla-La Mancha como Guadalajara o Toledo y de Castilla y León como El Espinar. Además, anunció que su Ejecutivo trabajaría en “promover acuerdos con más regiones” para los jóvenes universitarios, pero estos no se han concretado en el inicio del curso y de momento los estudiantes de todo el país sufrirán la novedad.

Fuentes de la Consejería de Transportes indican a Somos Madrid que “se sigue trabajando” en dichos compromisos con otras autonomías. Insisten en que “el empadronamiento responde a una medida adoptada en cumplimiento de la legalidad vigente, no a una decisión discrecional de la Comunidad de Madrid”. Por tanto, sostienen, “se trata de un requisito que debe cumplirse para acceder al abono joven en las condiciones establecidas”.

Ayuso defendió la iniciativa con este argumento: “El contribuyente madrileño sufraga con sus impuestos el 90% del transporte público, lo use o no lo use”. Sostiene la presidenta regional que “hay que seguir” modernizando este transporte y adaptándolo, lo cual “hay que pagar”. Ante las críticas de la oposición en la Asamblea de Madrid, llevó los reproches más allá: “¿Por qué se puede ir un concierto de Bad Bunny y pagar entre 73 a 540 euros, pero no se pagan las nóminas de los empleados de metro de Madrid, de los ingenieros y de los obreros que están todos los días partiéndose la espalda para hacer ampliaciones del mejor suburbano del mundo?”, preguntó.

La Comunidad de Madrid publicó el cambio el pasado 12 de junio en las normas del CRTM, sin previo aviso y con aplicación inmediata tres días después (un intervalo en el que el portal de nuevas citas para adquirir la tarjeta se mantuvo fuera de servicio). A preguntas de los medios sobre el origen de esta modificación, desde la Consejería de Transportes se remitieron ya en esa primera ocasión a la ley que regula el propio CRTM y que indica literalmente que “solo financiará, con cargo a sus recursos, abonos de transporte de usuarios residentes en la Comunidad de Madrid y otras comunidades autónomas con las que se hubieran suscrito convenios”.

Esta normativa entró en vigor el 1 de enero de 2012, con Esperanza Aguirre al frente del Gobierno regional, pero nunca llegó a aplicarse, ni por la propia Aguirre ni por el resto de presidentas y presidentes autonómicos que la sucedieron. Ayuso decidió aplicarla en medio de una fuerte controversia y en pleno debate sobre la “prioridad nacional” o el “arraigo”, un término este último con el que su Ejecutivo también ha aumentado los periodos de empadronamiento exigidos en adjudicaciones de viviendas públicas.

La Casa de la Cultura Hermilio Alcalde del Río de Torrelavega acogerá este miércoles, 2 de septiembre, a las 19.00 horas, un homenaje a la música tradicional, como celebración del inicio del último periodo de matriculación de la sede territorial de UNATE, la Universidad Permanente de Cantabria.

En este acto, los socios y alumnos de La Universidad Permanente y los mayores de 50 años interesados en seguir aprendiendo podrán conocer el nuevo programa de aprendizaje de la sede para el curso 2026-2027 y disfrutar de la música tradicional a cargo de los rabelistas César Higuera Amor 'El Chaval de Cobejo' y David Pérez Gómez 'El Purri'.

El acto está organizado por el equipo técnico de La Universidad Permanente y respaldado por el Ayuntamiento de Torrelavega, ha informado UNATE.

La oferta de UNATE para Torrelavega es de 43 actividades en áreas de conocimiento como Salud y Bienestar, Humanidades y Ciencias Sociales, Arte y Recreación, y Tecnologías de la Información y la Comunicación, que estarán en manos de 33 docentes.

En toda Cantabria, donde abren las inscripciones este martes, 1 de septiembre, la entidad sin ánimo de lucro declarada de Utilidad Pública ofrece cerca de 700 actividades impartidas por unos 160 colaboradores-docentes.

El curso 2025-2026 terminó en Torrelavega con 369 alumnos y 271 socios. De forma global, UNATE cuenta con 3.301 alumnos y 1.826 socios. Algo más del 50% de este alumnado tiene entre 65 y 75 años y la mayoría, un 77%, corresponde a mujeres. Además de la oferta de aprendizaje, UNATE Torrelavega programó durante el curso 35 acciones culturales en las que participaron otras 1.283 personas.

La actividad de La Universidad Permanente en Cantabria se desplegó en ese periodo en 21 municipios con 3.301 participantes en sus actividades de aprendizaje y otras 9.062 personas en su acción social y cultural.

La Universidad Permanente multiplica su impacto por su alianza con la Fundación Patronato Europeo de Mayores (PEM), que trabaja en otros 25 municipios de Cantabria y en otras nueve comunidades autónomas.

Como viene sucediendo en los últimos años, este curso empieza en la universidad pública con varios miles de ausencias. Faltarán, al menos, los 17.000 estudiantes que se han quedado fuera de alguno de los 15 ámbitos de estudio que tienen una nota de corte superior al 10 y que, a falta de plazas públicas, han tenido que acudir a un campus privado a buscar lo que no les ofrecía el Estado, según calcula el informe Cuándo, cómo y por qué: factores explicativos del crecimiento de la universidad privada en el sistema universitario español, elaborado por Juan Hernández Armenteros y José Antonio Pérez García, profesores de economía en las universidades de Jaén y Politécnica de València, respectivamente.

El estudio ofrece un exhaustivo repaso de la evolución del sector privado en la educación universitaria en España, que ha pasado de contar con menos de una decena de centros antes del año 2000 para rozar la cincuentena hoy. Entre sus aportaciones más novedosas quizá esté que los autores no se limitan a señalar el argumento recurrente de la falta de financiación de los centros públicos como el mal que todo lo explica en la progresiva privatización de este espacio educativo.

Hernández y Pérez, autores habituales de los informes anuales sobre el estado de la universidad en España que realiza la Conferencia de Rectores (CRUE), apuntan que también existe una parte de responsabilidad de los dirigentes universitarios y las dinámicas de los campus en esta eclosión de campus privados (en la que siempre actúan “de forma determinante las expectativas de rentabilidad que han impulsado la creación de nuevas universidades privadas”).

Porque, cuenta Hernández, los datos dicen que la universidad pública no responde a los deseos formativos de la población —ahí están los 17.000 que no encuentran acomodo en lo público— y eso está influenciado por la disponibilidad de fondos, limitados, pero también por las decisiones que se toman. Los departamentos presionan para defender sus intereses, explica el profesor, para ofertar más títulos y que su profesorado tenga horas de clase que impartir, y los recursos que se destinan a un título no se dedican a otro.

“El área de conocimiento de titulaciones que no están muy demandadas y no tienen potencialidad para ocuparse de sus profesores presionarán para que no se cree un determinado título [de otra área que sí está demandado] porque detrae recursos que podrían ser para ella. Está muy presente todavía ese carácter corporativo, es una realidad en toda la universidad pública que no puede cuestionar nadie. Es un lastre que está ahí”, cierra Hernández, con la experiencia de quien ha pasado por equipos directivos universitarios y asesorado en el Ministerio. También los colegios profesionales presionan para mantener las plazas limitadas, cuenta.

El resultado de estas políticas es que las universidades públicas ofrecen pocas plazas en titulaciones muy solicitadas y demasiadas en otras que no desea cursar mucha gente, explica el informe, ajenas en parte a lo que pide el estudiantado. Y eso, sostiene Hernández, es una dejación de funciones de los mandatarios políticos y los universitarios, responsables de planificar el sector. Hay factores externos que contribuyen al crecimiento de lo privado sobre los que los dirigentes no pueden actuar —el crecimiento de las rentas familiares o la concentración de la población—, pero sobre los internos, sí.

Un reparto desigual

La rigidez y falta de planificación en lo público se observa cuando se analiza el reparto de alumnado en titulaciones de alta demanda y se compara con cómo han actuado los centros privados en los últimos años a lo que piden los estudiantes en la última década.

El informe muestra que la oferta global en la universidad pública se ha mantenido estable desde el curso 2015/2016 al 24/25, último con datos asentados: entonces se ofrecían 237.884 plazas al año, hoy son 241.613, apenas un 2% más. Y las titulaciones que más se piden han visto un incremento de sus plazas, pero mucho más pequeño que el que ha realizado la privada, donde “los crecimientos se evidencian con rotundidad en los ámbitos que concentran la demanda efectiva”, escriben los profesores.

Informática ha mejorado su oferta un 25% en la pública en diez años mientras en la privada lo ha hecho un 250%. Enfermería, un 12% frente a un 69%, respectivamente. Otros estudios de Ciencias de la Salud se sitúan en un 11% en la pública y en un 38% en la privada, con Medicina, una de las joyas de la corona, registrando subidas de entre el 15% y el 47% según la red. Los centros privados han disparado su oferta en Economía, estudios diversos de ciencias sociales y del comportamiento, Administración y Dirección de Empresas o Arquitectura, mientras las 50 universidades públicas apenas han aumentado la suya.

Dejación de funciones

“No toda demanda social debe tener idéntica respuesta en el sistema universitario público”, escriben Hernández y Pérez, “es preciso que los responsables universitarios, al programar la oferta académica y su dimensión, actúen con criterios de rentabilidad social por el carácter mayoritariamente público de la financiación destinada a su provisión”, argumentan. Pero el Consejo de Universidades del Ministerio, órgano que junta a la administración con los rectores, no está haciendo ese trabajo estratégico de planificación de la oferta, sostienen.

“Hay titulaciones en las que esa planificación, competencia del Consejo, no se ha hecho nunca. Y eso perjudica a la pública y ha favorecido a la privada, que conoce la cautividad que tienen [las universidades públicas] en titulaciones en las cuales no hay demanda social e incluso la demanda productiva es escasa, y sin embargo mantiene una producción excedentaria frustrando las aspiraciones profesionales de estas personas”, explica Hernández.

Dicho de otra manera, sostiene, no tiene sentido que todas las universidades públicas ofrezcan todo tipo de estudios, aunque no los curse nadie o aunque la demanda esté claramente sobredimensionada y solo vaya a generar parados a futuro, sostiene el profesor. Hernández esgrime en este punto el ejemplo de la formación de maestros, que produce cada año muchos más profesionales de los que el sistema puede absorber. Pero el sector no admite estos discursos, lamenta el profesor, que recuerda “el gran revuelo” que se organizó entre los rectores cuando se le ocurrió sugerir en un informe, poco después de la pandemia, que sobraban plazas de formación de docentes.

Porque se puede argumentar el carácter social de los centros y su rol de servicio público para justificar esa política generalista, pero, reflexiona Hernández, también que hay que explicar que se está mandando a estudiantes a títulos sin salida profesional ni posibilidad de tenerla.

“Resulta difícil asumir que titulaciones que registran solicitudes de preinscripción en primera opción que cuadriplican la oferta, como Enfermería (con una demanda del 481% respecto a la oferta), hayan experimentado un crecimiento de la oferta de tan solo el 19,1% en el periodo 2015/2023. Medicina y Odontología presentan datos aún más explosivos, con índices de preferencia de 1.066,4% y 1.035%, respectivamente, al tiempo que su oferta de plazas sufre aumentos escasamente significativos (Medicina un 15,7%) o incluso anotan retrocesos (Odontología, -2,3%)”, escriben los autores.

Los autores calculan que crear plazas para esos casi 17.000 excluidos de los centros públicos supondría, con el actual coste por alumno en la universidades públicas, un total de 549,25 millones de euros al año. Apenas un 6,6% del total de la financiación autonómica en el año 2023.

La Agrupación Herreña Independiente (AHI) ha propuesto que el Cabildo de El Hierro promueva una residencia de estudiantes herreños en Tenerife, “una posibilidad abierta en la nueva Ley de Cabildos, que permite a los cabildos desarrollar determinadas actuaciones fuera de su propia isla cuando exista un interés insular que lo justifique”, según la formación nacionalista.

AHI, en un comunicado, ha planteado este viernes que este espacio pueda convertirse además en un punto de encuentro y referencia para los herreños que residen o pasan temporadas fuera de la isla.

El presidente de Agrupación Herreña Independiente (AHI) y consejero del Cabildo, Javier Armas, plantea esta iniciativa como una “línea de trabajo de futuro” que debe comenzar a desarrollarse desde ahora, estudiando las necesidades, posibles ubicaciones y fórmulas de financiación y colaboración con otras administraciones.

“Queremos que nuestros estudiantes puedan contar con una residencia en Tenerife y que ese espacio sea también un punto de encuentro para los herreños. Es una propuesta de futuro, pero tenemos que empezar a trabajar desde ahora para hacerla posible”, señala Armas.

Para AHI, esta modificación tiene especial importancia para El Hierro, puesto que Tenerife forma parte de la realidad cotidiana de muchos herreños, que deben desplazarse allí para estudiar y acceder a distintos servicios.

La futura Escuela Técnica Superior de Ingenierías de Telecomunicación e Informática (ETSI-TIC) permitirá a la Universidad de Cantabria (UC) ampliar progresivamente su capacidad docente en el ámbito de las tecnologías de la información y las comunicaciones y responder a una demanda de estudios TIC que “supera ampliamente” las plazas ofertadas en la actualidad en la institución pública.

La futura ETSI-TIC partirá de titulaciones y recursos existentes por lo que su puesta en marcha inicial no requiere una inversión “inmediata significativa”. El centro integraría aproximadamente 650 estudiantes, según la matrícula actual en los grados y másteres que pasarán a depender de la nueva Escuela. Contará inicialmente con 138 profesores de 12 departamentos y 22 áreas de conocimiento, que imparten docencia en las titulaciones que se integrarán en ella.

La sede administrativa se establecerá en el edificio de Ingeniería de Telecomunicación 'Profesor José Luis García', mientras que la actividad académica utilizará inicialmente los espacios existentes en este edificio, en la ETSI de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación y en la Facultad de Ciencias, que serán gestionados de manera coordinada.

El proyecto, cuya creación fue aprobada por el Consejo de Gobierno de la UC el pasado 23 de julio y el Consejo Social el 30 de julio, está pendiente de que sea formalmente autorizado por el Ejecutivo autonómico, previo informe favorable de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), ha informado la UC.

Contempla aumentar de forma progresiva las plazas de nuevo ingreso en los grados de Ingeniería Informática y de Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación que oferta, con el objetivo de poder llegar a duplicar dicha capacidad. También se plantea la actualización de los planes de estudio y la posibilidad de ampliar la oferta formativa en el ámbito TIC.

Creciente demanda

Los datos que sustentan el proyecto muestran un crecimiento sostenido del interés por estas titulaciones. Así, por ejemplo, en el grado de Ingeniería Informática, las solicitudes en primera opción han pasado de 60 en el curso 2018/19 a 223 en 2026/27, frente a una oferta de 60 plazas.

De otro lado, en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación se registraron ese último curso 65 solicitudes en primera opción. El número total de preinscripciones fue para este curso 2026/27 en Ingeniería Informática de 338 y en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación, 168. De hecho, en Informática, la demanda en primera opción es prácticamente cuatro veces superior a la oferta.

Se trata, además, de una demanda fundamentalmente vinculada a Cantabria, ya que un 94,5% de los estudiantes de nuevo ingreso matriculados en Ingeniería Informática procedían de la región o habían realizado aquí las pruebas de acceso a la Universidad. En el caso de la Ingeniería de Telecomunicación ese porcentaje se sitúa en un 91,5%.

La disponibilidad progresiva de nuevas infraestructuras y recursos en la futura escuela permitirá además de aumentar las plazas de los grados, abrir la puerta a nuevas titulaciones. En una fase posterior se analizará la idoneidad y viabilidad de disponer de un edificio propio.

Integración de grados y másteres

De momento, la creación de la ETSI-TIC permitirá reunir bajo una misma estructura las enseñanzas de Ingeniería de Telecomunicación e Ingeniería Informática, actualmente distribuidas entre la ETSI de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación y la Facultad de Ciencias.

La Escuela asumirá además de los grados en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación e Ingeniería Informática, los másteres universitarios en Ingeniería de Telecomunicación e Ingeniería Informática y el EUNICE Joint Master Degree in Information Technology for Smart and Sustainable Mobility.

Incorporará también iniciativas de especialización ya existentes, como el Diploma Universitario de Especialización en Defensa Electrónica y el Curso Universitario de Formación Permanente de Desarrollo e Industria del Videojuego PlayStation Talents, y podrá ampliar posteriormente su oferta en función de las necesidades sociales y empresariales.

La integración permitirá aprovechar la creciente convergencia de estas disciplinas en ámbitos como la ciberseguridad, el ciclo de vida del dato, la inteligencia artificial y el aprendizaje automático, los sistemas distribuidos, el internet de las cosas (IoT), la computación en la nube y las tecnologías cuánticas.

La consejera de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo, Belinda León, ha afirmado hoy, día 28, que “las ayudas del Gobierno de La Rioja para completar la etapa de formación posdoctoral y para la formación predoctoral en los Agentes del Sistema Riojano de Ciencia, Tecnología e Innovación y en las empresas riojanas, son un componente esencial del Plan de Atracción, Retención y Estabilización del Talento 2026-2028, enfocado en fortalecer la investigación y la innovación como motores de desarrollo económico y social de la región”.

Entre las dos últimas convocatorias de becas predoctorales y becas posdoctorales, el Gobierno de La Rioja ha movilizado un total de 2.710.825 euros, que se traducen en dieciocho nuevos contratos de investigación para personal investigador Doctor, predoctoral y doctorando.

Los investigadores e investigadoras desarrollarán su carrera en la Universidad de La Rioja, Fundación Rioja Salud, Instituto de Ciencias de la Vid y el Vino, Fundación para la Transformación de La Rioja, ASOCHAMP y la empresa Avanzare Innovación Tecnológica.

“Estos resultados reflejan un compromiso sostenido con la mejora de la competitividad regional. Esta apuesta por la investigación, el desarrollo y la innovación a través de instrumentos de ayuda directa posiciona a La Rioja como una región que sitúa el conocimiento y el talento en el centro de su crecimiento sostenible, en plena coherencia con la Estrategia de Especialización Inteligente, el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación y el Plan de Desarrollo Industrial que conforman la planificación estratégica de nuestra Comunidad Autónoma”, ha explicado León, acompañada por el vicerrector de Política Científica de la Universidad de La Rioja, Eduardo Fonseca, y la directora de Tecnología y Proyectos en Avanzare Innovación Tecnológica, Elvira Villaro.

Asimismo, “estas líneas de actuación reportan resultados tangibles y contribuyen a fortalecer la capacidad de innovación y la competitividad de la región”. “A través de la contratación de personal altamente cualificado, se consigue integrar el conocimiento científico en el desarrollo de productos y servicios innovadores, aumentando el valor añadido del tejido económico riojano”, ha asegurado.

La resolución definitiva de concesión ha aprobado once ayudas posdoctorales por un importe conjunto de 1.628.625 euros para el periodo 2026-2029 y siete ayudas predoctorales por un valor total de 1.082.200 euros para el periodo 2026-2030.

Las entidades beneficiarias de las once ayudas posdoctorales son la Universidad de La Rioja (cinco), la Fundación Rioja Salud (tres), el Instituto de Ciencias de la Vid y el Vino (ICVV-CSIC), la Fundación para la Transformación de La Rioja y la empresa Avanzare Innovación Tecnológica.

Cada ayuda concedida cubre hasta 36 meses de contratación del Doctor, con un importe máximo por investigador de 151.500 euros a lo largo de la duración del programa para entidades sin ánimo de lucro y 113.625 euros para Empresa (75 %), que incluye gastos laborales, gastos de desarrollo de la ayuda y gastos de movilidad.

Por otra parte, la Asociación Profesional de Productores de Sustratos y Hongos de La Rioja, Navarra y Aragón (ASOCHAMP), la Fundación Rioja Salud (tres) y el Instituto de Ciencias de la Vid y el Vino (tres) han sido las beneficiarias de las siete ayudas predoctorales.

En este caso, cada ayuda cubre hasta 48 meses de contratación investigadora, con un importe máximo por investigador de 154.600 euros a lo largo de la duración del programa, que incluye gastos de contratación, matrícula de doctorado y gastos de movilidad.

UR y Avanzare

Eduardo Fonseca, vicerrector de Política Científica de la Universidad de La Rioja (UR), ha destacado que “estas ayudas representan una inversión estratégica en el principal activo de cualquier ecosistema científico: las personas. Gracias a ellas, impulsamos la incorporación y consolidación de talento investigador a la UR, fortalecemos nuestros grupos de investigación y contribuimos a que La Rioja siga avanzando como una región comprometida con el conocimiento, la innovación, la internacionalización y el desarrollo sostenible, que da respuesta a los retos sociales y económicos de nuestro entorno”.

Por su parte, Elvira Villaro, directora de Tecnología y Proyectos de la empresa AVANZARE, ha apuntado que “esta ayuda permite a la empresa reforzar su equipo de I+D; dedicado al desarrollo de nuevos productos más seguros y sostenibles, que suponen alternativas competitivas y eficientes en sectores como movilidad, energía, construcción o embalaje. Esto permite a la empresa posicionarse como referente europeo en el mercado de los materiales avanzados, que es una de la deep tech o tecnologías disruptivas, y continuar creciendo mediante una integración de los mismos en diferentes sectores”.

Iniciativas para atraer y retener talento

La Consejería de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo implementa distintas iniciativas para atraer y retener talento en La Rioja, que se llevan a cabo desde la ADER y la Dirección General de Empresa, Energías e Internacionalización. Además de las citadas ayudas predoctorales y posdoctorales, la ADER convoca becas de Diseño, I+D+i e Internacionalización, el Cheque talento, que facilita la contratación de tecnólogos y directivos; o la línea I+D+i. que promueve la contratación de investigadores. La Dirección General de Empresa, Energías e Internacionalización convoca también ayudas destinadas a la realización de doctorados industriales

En la anterior convocatoria de ayudas predoctorales (2023-2027), se concedieron cuatro ayudas por un importe de 618.400 euros a la Fundación Rioja Salud (tres ayudas) y al CNTA (una ayuda). En el caso de la convocatoria previa de ayudas posdoctorales, la primera impulsada desde el Gobierno de La Rioja, se adjudicaron seis ayudas por una cuantía total de 909.000 euros a Fundación Rioja Salud (dos), Instituto de Ciencias de la Vid y el Vino (dos) y Universidad de La Rioja (dos).

Desarrollar nuevas estrategias para mejorar el control de la neumonía enzótica porcina, una enfermedad respiratoria que afecta a la producción ganadera, es el objetivo de un proyecto de investigación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) centrado en el uso controlado de Mycoplasma hyopneumoniae, seleccionado en la convocatoria de ayudas para proyectos de I+D aplicada que promueve la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura (CUCIC), a través de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI).

La iniciativa propone avanzar en el conocimiento de la interacción entre el patógeno y el hospedador mediante un enfoque innovador basado en la colonización controlada de los animales con cepas apatógenas de Mycoplasma hyopneumoniae. El objetivo es estudiar cómo esta colonización puede influir en la respuesta del hospedador y contribuir a desarrollar estrategias más eficaces para el control de la enfermedad.

La neumonía enzótica porcina constituye un problema de sanidad animal que puede afectar al bienestar de los animales y a la eficiencia de los sistemas productivos. Por ello, mejorar el conocimiento sobre los mecanismos de interacción entre el microorganismo y el hospedador puede abrir nuevas vías para avanzar hacia métodos de prevención y control más sostenibles.

El proyecto generará un impacto positivo en Canarias al contribuir a la mejora de la sanidad animal y la sostenibilidad de los sistemas ganaderos, favoreciendo la generación de conocimiento aplicable a la prevención de enfermedades y a la mejora de los sistemas de producción.

Por su orientación, la iniciativa se alinea con las prioridades de la Estrategia de Especialización Inteligente y Sostenible de Canarias (RIS3 ampliada), especialmente dentro del ámbito de Salud y Bienestar, al abordar un reto relacionado con la sanidad animal y la sostenibilidad de la actividad ganadera.

La propuesta obtuvo una valoración de 72,3 puntos en la evaluación científica y técnica de la convocatoria y está clasificada como proyecto de desarrollo experimental, con un presupuesto de 104.175,20 euros.

La iniciativa forma parte de los 17 proyectos financiados en la última convocatoria autonómica de I+D aplicada, dotada con más de 2,5 millones de euros, y cuenta con la cofinanciación de la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en el marco del Programa FEDER Canarias 2021-2027.

La Universidad de Oviedo ha reorganizado su equipo de gobierno con motivo de la jubilación de Alfonso López Muñiz, hasta ahora vicerrector de Estudiantes y Empleabilidad. Las competencias del estudiantado serán asumidas por Juan Manuel Marchante Gayón, actual vicerrector de Estudios y Docencia, que pasará a dirigir el nuevo Vicerrectorado de Estudiantes, Estudios y Docencia.

La toma de posesión tendrá lugar el próximo 4 de septiembre, a las 12:00 horas, en el Paraninfo del Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo.

Continuidad del trabajo

Esta reorganización garantiza la continuidad del trabajo desarrollado en los ámbitos de atención al estudiantado, acceso, ordenación académica y docencia, según ha informado este viernes la institución académica.

La integración de las competencias en un único vicerrectorado permitirá, además, reforzar la coordinación de las políticas universitarias que acompañan al estudiantado desde su incorporación a la institución hasta la finalización de sus estudios.

Extensa trayectoria universitaria

El rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, ha expresado su agradecimiento a Alfonso López Muñiz por su dedicación y su compromiso con la institución a lo largo de su extensa trayectoria universitaria y, especialmente, durante los más de cinco años en los que ha estado al frente de las políticas dirigidas al estudiantado.

Juan Manuel Marchante, que forma parte del equipo rectoral desde mayo de 2024, dará continuidad a las líneas de trabajo desarrolladas hasta ahora. Su experiencia previa como director del Área de Orientación y Acceso, responsabilidad que desempeñó entre 2021 y 2024, le ha permitido participar directamente en la gestión de algunas de las principales competencias que ahora se incorporan a su vicerrectorado.

Alfonso López Muñiz

Alfonso López Muñiz (Oviedo, 1956) es doctor en Medicina y Cirugía. Hasta su jubilación, ha sido profesor de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud y miembro del Instituto de Neurociencias del Principado de Asturias (INEUROPA).

Fue decano de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad de Oviedo entre 2012 y 2021 y director del Departamento de Morfología y Biología Celular entre 1991 y 2005. Desde junio de este año era el presidente de la Real Academia de Medicina y Cirugía del Principado de Asturias y académico de la Real Academia Nacional de Medicina. A lo largo de su trayectoria investigadora ha dirigido más de 30 tesis doctorales y cientos de seminarios y proyectos de investigación.

Juan Manuel Marchante Gayón

Juan Manuel Marchante Gayón (Mieres, 1967) es doctor en Química, diplomado en Alta Dirección Universitaria y catedrático de Química Analítica desde 2021. Es autor de más de 60 publicaciones y un centenar de comunicaciones presentadas en congresos. Ha dirigido ocho tesis doctorales y participado en más de 30 proyectos de investigación y contratos con empresas.

Ha sido secretario académico del Departamento de Química Física y Analítica entre 1998 y 2008; director de área en materia de calidad universitaria y nuevas titulaciones en el Vicerrectorado de Ordenación Académica entre 2008 y 2016; y vicedecano de la Facultad de Química entre 2016 y 2021.

Entre 2021 y 2024 ejerció como director del Área de Orientación y Acceso en el Vicerrectorado de Estudiantes. Desde mayo de 2024 es vicerrector de Estudios y Docencia de la Universidad de Oviedo, responsabilidad desde la que asumirá ahora también las competencias de Estudiantes.

El rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, ha planteado la necesidad de incrementar la inversión en la educación superior en Europea para evitar la dependencia del conocimiento frente a potencias como Estados Unidos o China.

Villaverde ha realizado estas declaraciones durante su intervención en los VIII Cursos Europeos de Verano en la que ha abordado los principales desafíos de la universidad actual con el título 'En defensa de la Universidad del siglo XXI'. Estos cursos se desarrollan en Pamplona, organizados por Equipo Europa y la Fundación Diario de Navarra.

¿Cómo sería el mundo sin universidades?

Villaverde ha defendido en Pamplona el papel de las universidades europeas como una institución esencial para el progreso económico y social y ha reivindicado su capacidad para garantizar la movilidad socioeconómica, la excelencia y el conocimiento como bien común.

“Si Europa no invierte en sus universidades, el conocimiento dejará de ser un bien común y habrá que comprarlo a EEUU o a China”, ha dicho.

El rector ha comenzado su intervención a partir de una pregunta: ¿cómo sería el mundo si no existieran las universidades? En su opinión, la respuesta evidencia hasta qué punto estas instituciones resultan imprescindibles para formar, investigar y generar conocimiento. “Volveríamos a inventarlas”, ha señalado.

El impacto del sistema universitario

Villaverde ha puesto como ejemplo el cambio de estrategia de China y su apuesta por las universidades como motor de progreso y ha subrayado que lo más importante de las instituciones de enseñanza superior no es su condición indiscutible como agentes de competitividad económica de Europa, como han puesto de manifiesto los recientes Informe Draghi y Letta, sino ser el reservorio de los valores y la cultura europeas de libertad, igualdad, solidaridad, sostenibilidad y equidad, y los espacios de construcción de la ciudadanía europea demócrata, comprometida y responsable.

En este contexto, el máximo responsable de la Universidad de Oviedo ha destacado la dimensión y el impacto del sistema universitario. Según los datos manejados en su intervención, existen más de 26.000 instituciones universitarias en el mundo, mientras que España cuenta con 96 universidades, 50 públicas y 46 privadas.

La contribución económica

Villaverde ha puesto también el foco en la contribución socioeconómica del sistema universitario público español. La actividad directa e indirecta del Sistema de Universidades Públicas Españolas (SUPE) genera, según los datos expuestos, más de 23.700 millones de euros, equivalentes al 2,2% del PIB nacional, y explica el 2,4% de toda la población ocupada, unos 439.000 puestos de trabajo a tiempo completo.

El rector ha subrayado, asimismo, que por cada 100 euros que las administraciones públicas transfieren a las universidades, estas devuelven a la sociedad 293 euros de contribución al PIB y 505 euros en facturación total a la economía. Frente a esta aportación, ha señalado que el gasto público en educación superior representa actualmente el 0,75% del PIB español, por debajo del esfuerzo inversor medio de la Unión Europea, situado en el 0,91%.

“El conocimiento es un bien común”

Durante su intervención, Villaverde ha analizado también los diferentes modelos universitarios y ha defendido para España un sistema que combine conocimiento y formación profesional, financiación pública y autonomía. “El conocimiento es un bien común” y “somos un servicio público” han sido dos de las ideas centrales de su planteamiento. A su juicio las universidades europeas del siglo XXI deben ser universidades glocales, consorciadas y focalizados.

Ha defendido además un modelo federalizado de universidades europeas como sistema de cooperación consorciada. “Sumando recursos seremos capaces de ofrecer más oportunidades a nuestro estudiantado y personal académico y administrativo, lo que contribuirá de forma decisiva a reforzar la ciudadanía europea”, ha dicho. En este sentido, ha situado entre sus principales retos la necesidad de compatibilizar calidad y excelencia con universalidad, así como los intereses corporativos con los fines sociales. Para afrontar esta complejidad, Villaverde ha reclamado confianza, paciencia e inversión, junto con una gestión eficaz y profesionalizada. A su juicio, las universidades no son meras administraciones públicas y necesitan reforzar y profesionalizar sus estructuras de gestión para responder adecuadamente a sus desafíos.

Las tres funciones esenciales

En la parte final de su intervención, el rector ha centrado su defensa en el sistema público universitario, que, a su juicio, es el que garantiza de manera más clara tres funciones esenciales: la movilidad socioeconómica, la excelencia y la calidad, y el conocimiento entendido como un bien común.

La intervención de Ignacio Villaverde se ha enmarcado en la primera jornada de los VIII Cursos Europeos de Verano, que se celebran en Pamplona y que reúnen durante esta semana a representantes de las instituciones europeas, responsables políticos, académicos y expertos para abordar algunos de los principales retos de Europa.

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) ofrecerá este curso 2026-27 el Máster Paisaje Canarias. Una enseñanza especializada, creada junto al Gobierno de Canarias, y dirigida por el arquitecto y catedrático de Proyectos Arquitectónicos en la Facultad de Arquitectura de la institución Juan Manuel Palerm.

Consta de dos títulos, el máster propiamente dicho, cuya duración es de octubre de este año a junio de 2027, y, como opción más corta, la formación de experto universitario en Análisis, Diagnóstico y Gestión del Paisaje, esta de octubre de 2026 a enero de 2027.

Ambos estudios están especialmente indicados para profesionales de alta cualificación, nacionales o bien extranjeros, vinculados al urbanismo, el medioambiente y al paisaje.

Preinscripción

Hay que subrayar que para esos estudios de especialización solo se han habilitado 45 plazas y el proceso para matricularse en ellos ya está abierto.

Para la preinscripción, hasta el 10 de septiembre, la ULPGC ha habilitado un enlace.

También puede solicitarse más información por medio del correo electrónico masterpaisaje@ulpgc.es.

Localización

El Máster Paisaje Canarias se impartirá en español de forma presencial en la Escuela de Arquitectura de la ULPGC Campus de Tafira (Las Palmas de Gran Canaria).

Esta titulación está dotada con 60 créditos ECTS (máster), por los 29 ECTS para la formación de experto universitario.

Para ello, la institución recomienda el conocimiento del inglés y/o el italiano para poder acceder a bibliografía específica y a clases puntuales.

Encontrar la expresión 'guerra cultural' se ha convertido en una tarea sencilla en los periódicos y declaraciones de políticos en Europa y EEUU. En algunos países, se ha convertido en un elemento más de la confrontación diaria. Hay políticos en España que lo intentan de forma reiterada, no siempre con éxito. Aparentemente, es una guerra con más violencia verbal que real, con más teatro que sangre. Eso permite que los ataques sean intensos y personales. Sin misericordia.

El precio de esa tendencia en su versión más brutal se ha hecho presente este mes en Reino Unido. Jason Arday, de 41 años, recibió una oleada de acusaciones de plagio –algunas fundamentadas, otras no– y fue presentado contra su voluntad como un símbolo de algo que había que destruir. Pagó por sus pecados y los de la Universidad de Cambridge y de los que piden mayor diversidad en las grandes instituciones educativas británicas. Dimitió de su puesto de profesor, pero eso no alivió la presión. Apareció muerto en su casa. Aunque aún no hay confirmación por la investigación policial, todo el mundo dio por hecho que se había suicidado.

Con 37 años, había sido elegido profesor de Sociología de la Educación con plaza fija, una posición no muy diferente a la de un catedrático en España. Su nombramiento, por unanimidad en una comisión que entrevistó a varios candidatos, fue celebrado como un triunfo del empeño de Cambridge por aumentar el número de profesores de minorías. Era el profesor negro más joven elegido en los 800 años de historia de la universidad. Su historia de superación personal –en su infancia le diagnosticaron autismo y prácticamente no pronunció una palabra hasta los once años– recibió una gran atención y cobertura en los medios.

Todo comenzó a torcerse cuando recibió acusaciones de plagio por su tesis doctoral. La persona que las hizo contaba con un historial de opiniones racistas sobre la inferioridad de los negros que habían hecho que perdiera su empleo de investigador postdoctoral en Cambridge. Aun así, las similitudes existían en algunos casos. La universidad de Liverpool que le concedió el doctorado llegó a la conclusión de que se trataba de errores de no atribución de citas que no son raros en las tesis. De todas formas, había otras acusaciones por el mismo motivo en relación a sus artículos en publicaciones científicas.

Este tipo de denuncias no son insólitas en las universidades británicas, ni siquiera en las mejores, y no siempre acaban bien para la persona señalada. Se arriesgan a perder su empleo y reputación, lo que no es poco, pero en muchos casos ni eso.

Con Arday fue diferente. No se acusaba simplemente a una persona concreta. Aparecía como un emblema de las políticas que se resumen en las iniciales DEI (Diversidad, Equidad e Inclusión. Diversity, Equity, and Inclusion) que la derecha norteamericana califica de intento de subvertir la meritocracia que debería regir un centro universitario. Como se puede imaginar, es uno de los campos de batalla habituales en las guerras culturales. La Administración de Donald Trump ha adoptado como misión acabar con todos los programas de diversidad existentes en las empresas y universidades.

La idea de meritocracia aparecía de forma reiterada en la prensa. No es un principio al que haya que oponerse en principio. Pero sostener que siempre existió en el pasado es algo que está fuera de la realidad. Mary Beard, historiadora experta en la Roma clásica, afirma lo contrario y es porque conoce muy bien quiénes eran los profesores y los alumnos tiempo atrás. Por eso, recordó que a mediados de los setenta, cuando ella era estudiante, sólo había un 10% de mujeres matriculadas en los 'colleges' de Oxford y Cambridge: “Cambridge no me parecía muy meritocrática y ciertamente no lo era”.

La cobertura periodística fue la que encabezó la ofensiva contra Arday. Varios diarios publicaron decenas de artículos sobre el caso, encabezados por The Times (59 artículos), Daily Mail (42) y Telegraph (39). Nadie puede discutir que una acusación de plagio es un asunto lo bastante grave como para justificar una investigación periodística. En España, El País publicó varios artículos en 2024 sobre las prácticas fraudulentas del rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado. Un informe del Comité Español de Ética de la Investigación certificó la “manipulación deliberada” y “sistemática” de su currículum académico. A pesar de esa “manipulación deliberada”, Corchado continúa siendo hoy rector de su universidad. No es difícil encontrar casos parecidos en Europa y EEUU.

En total, se publicaron 249 artículos sobre el caso de Arday en 22 días en la prensa británica. Si el número puede parecer excesivo, el tratamiento, en especial en los tres medios citados, no dejaba dudas sobre la intencionalidad. Era otro caso de corrección política o de ideas “woke” en las universidades que había que desterrar. Las referencias a su raza eran constantes. “Un artículo lo describió como 'el profesor negro acusado de plagio', como si lo más importante no fuera el plagio, sino la temeridad de ser negro al mismo tiempo”, escribió Stephen Bush en el Financial Times. A ese periodista no le cabía duda de que si Arday hubiera sido un profesor blanco, habría conservado el puesto. Frente a los que decían que Cambridge había ido demasiado lejos en su política de diversidad, Bush destacó que el 0,4% del personal académico de esa universidad es negro.

Si nos vamos a EEUU, donde el debate es mucho más intenso, las cifras tampoco ofrecen un triunfo generalizado de las políticas DEI durante los años de la presidencia de Joe Biden, como alegan los partidarios de Trump. El porcentaje de profesores negros con plaza fija en las principales universidades ha pasado del 3,4% en 2020 al 4,8% en 2024. No parece un incremento espectacular. Desde 2001, el porcentaje de profesores de raza blanca ha experimentado un claro descenso, del 84,5% al 69,8%. La gran diferencia se debe al aumento de profesores de origen asiático, que en su mayor parte se refiere fundamentalmente a personas nacidas fuera de EEUU, que llegaron al país como inmigrantes o eran hijos de inmigrantes o que fueron fichados por las universidades.

La Universidad de Cambridge había defendido a Arday, pero la presión mediática le hizo ceder y el 5 de agosto anunció que realizaría una investigación interna sobre su nombramiento. Ese mismo día, el profesor presentó su dimisión. “Tengo una familia (estaba casado y tenía dos hijos). Quiero estar presente (en su vida). Quiero recuperar algo de paz, algo de privacidad y algo parecido a una vida normal. No quiero sentirme como alguien que está sometido a un escrutinio público constante, donde cada aspecto de mi vida privada está sujeto al examen y juicio públicos”, dijo en un comunicado.

Ese escrutinio incluía hechos que no tenían nada que ver con la vida académica. Se escribió como motivo de burla que era imposible que hubiera corrido treinta maratones en un corto espacio de tiempo, como había afirmado. Esas carreras formaban parte de iniciativas para recaudar dinero en favor de asociaciones benéficas. No se ha demostrado que fuera mentira y de hecho hay pruebas fotográficas en medios locales de que participó en maratones cuando era mucho más joven.

Hay un dato que revela las intenciones de esos artículos en la prensa conservadora que apuntaron directamente a Arday. Se suponía que la dimisión iba a ser el final de la historia. Ocurrió lo contrario. 188 de esos 249 artículos escritos sobre Arday se publicaron entre los días que pasaron desde la dimisión hasta su muerte. El cerco se intensificó, como si la renuncia no fuera un castigo suficiente. El 14 de agosto, la Policía encontró su cadáver en su domicilio.

Pocos superaron el nivel de crueldad de Julia Hartley-Brewer, presentadora de un programa de radio, que escribió que la familia de Arday podía pagar el funeral sin problemas con el dinero por su libro publicado en EEUU por Simon & Schuster. Todo porque se había lanzado una campaña para recaudar fondos con ese fin. La periodista ya había dictaminado en una columna en The Sun que había conseguido su puesto en Cambridge sólo porque era negro.

El Daily Mail publicó un artículo de un psiquiatra para que especulara sobre la mente de Arday, una persona autista que nunca había recibido un escrutinio tan negativo y masivo en su vida.

Antes, otros columnistas o profesores no ocultaban su gozo por lo que estaban haciendo con el profesor. Un columnista del Telegrah dijo que Arday era “un síntoma de la guerra de los laboristas contra la excelencia académica”. Y eso que Arday obtuvo su puesto de profesor cuando gobernaban los tories. Nadie diría que Cambridge es un lugar dominado por la izquierda, pero eso es precisamente lo que denuncian los cruzados de la guerra cultural en EEUU y Europa.

The Times llegó a publicar un artículo anónimo de una persona que decía haber sido alumno de las clases de Arday ocho años atrás. “Yo fui estudiante de Jason Arday. Llegaba tarde a clases y sólo soltaba tonterías”. El periódico pagó para que ese artículo –de valor discutible al no estar firmado– apareciera como contenido patrocinado en Twitter. Era una decisión tan comercial como ideológica. En la guerra por los 'clicks', publicar artículos sobre temas controvertidos tiene una traducción en el número de visitas.

Los que más hicieron por convertir a Arday en símbolo de un fraude institucionalizado decidieron tras su muerte que la culpa sólo podía ser de los que le habían contratado o defendido. En la revista The Spectator, un columnista afirmó que el profesor “había sido destruido por la cruel maquinaria de DEI”. Qué decir de una revista que se lanzó sobre el tema con el único enfoque de que Arday era un ejemplo de todo lo que está mal en la sociedad británica o que debía ser investigado por la policía.

Todo valía para humillar a Arday. Era el símbolo al que había que dar una lección. Los datos no confirman la realidad de que las universidades han sido secuestradas por lo que llaman “el virus woke”. Por eso, suele ser tan necesario convertir cada historia personal en un escándalo. Más allá de todos los errores que pudo cometer en su carrera universitaria, Arday pagó con su vida esa ley de hierro de las guerras culturales. No hay piedad una vez que la maquinaria se pone en movimiento.