Aleksandar Vučić, el autoritario líder serbio, intervino personalmente para impulsar un plan supuestamente ilegal para ceder un lugar protegido de Belgrado en el que construir una 'Trump Tower' (Torre Trump), según ha podido averiguar The Guardian.

Vučić se reunió con varias autoridades en sus oficinas presidenciales para hablar sobre el proyecto, lo que ha desembocado en una acusación histórica contra miembros destacados de su régimen por abuso de poder.

Este proceso penal podría ser el primero de los derivados de la campaña mundial de los Trump para hacer dinero. “Pagar para jugar”, llaman los críticos a un sistema donde todo es posible para los que enriquezcan a la primera familia de Estados Unidos y a sus socios: desde el alivio de sanciones hasta el acceso a chips de última generación.

El supuesto plan para eludir la protección de un edificio histórico en la capital serbia se cierne sobre las elecciones previstas este 25 de octubre. En ellas, Vučić tratará de prolongar los 12 años que lleva en el poder enfrentándose al gigantesco movimiento de ciudadanos que protestan contra la corrupción del gobierno.

El nacionalista Vučić, que fue jefe de propaganda durante la presidencia de Slobodan Milošević, recibió en Belgrado a Donald Trump Jr. (el hijo del presidente de EEUU) y a Jared Kushner (el yerno). Acudían a Serbia con el plan de edificar un hotel y una torre residencial por valor de 500 millones de dólares [unos 446 millones de euros] para incorporarlos a su cartera inmobiliaria internacional.

Tras las demandas presentadas en diciembre por abuso de poder, la empresa de Kushner comunicó que no seguiría adelante con el proyecto “por el momento”. Vučić amenazó con represalias y acusó a los fiscales de ser “grupos corruptos” que “fabrican casos”. “Hemos perdido una inversión excepcional”, dijo el presidente de Serbia. “Me encargaré personalmente de que todos los que hayan participado en este perjuicio rindan cuentas”.

Uno de los acusados por abuso de poder es el ministro de Cultura de Vučić. Pero según una investigación de The Guardian, con entrevistas a testigos y acceso a documentos filtrados, fue el propio presidente de Serbia quien dirigió la primera reunión para debatir el supuesto plan. Una reunión crucial que no aparece mencionada en el auto de acusación, lo que plantea dudas sobre la información que se están guardando los fiscales y el motivo por el que lo hacen.

Representantes de Kushner y de los Trump niegan ninguna participación en la retirada de la condición de edificio protegido y dicen que sería “falso” afirmar que el proyecto de Belgrado formaba parte de un plan de ‘pagar para jugar’.

Vučić no ha respondido a ninguna solicitud de comentarios. Lo que sí ha hecho es convocar elecciones anticipadas, dejando así para después de las elecciones la audiencia en la que los testigos podrían revelar detalles de su implicación.

Un arrendamiento gratuito de 99 años

El 6 de febrero de 2024, la profesora especializada en conservación Dubravka Đukanović, de 60 años, acudió a una reunión en la presidencia de Serbia, un antiguo palacio real con cúpula. El tema por el que convocaban a Đukanović, que durante tres años había dirigido el instituto nacional para la protección de monumentos culturales, era el edificio del Estado Mayor y antigua sede del Ministerio de Defensa de Yugoslavia. En el centro de Belgrado, esta joya arquitectónica y emblema de la resistencia contra los nazis ya era muy apreciada antes de que las fuerzas de la OTAN la bombardearon en 1999 durante la campaña para obligar a Milošević a retirarse de Kosovo, un ataque que aumentó aún más su importancia.

Aunque el propio Vučić había confirmado en 2016 la protección legal del edificio del Estado Mayor, ahora le estaba pidiendo a Đukanović que la revocara, según dos personas con conocimiento de la reunión. Un “inversor extranjero” no identificado estaba muy interesado en el emplazamiento. Pero privar al edificio del Estado Mayor de protección no era competencia de Đukanović, según la legislación serbia. Su instituto tendría que encargar un dictamen pericial que encontrara razones de peso por las que ya no merecía dicha protección.

Pero el presidente quería que se hiciera. Con sus 1,98 metros de altura y su poca paciencia para las discrepancias, Vučić puede resultar intimidatorio. Según las fuentes, se dirigió con un tono desagradable a Đukanović y a otra persona responsable de patrimonio presente. Las llamó incompetentes y vagas. El mensaje era claro: haced lo que yo quiero o presentad vuestra dimisión.

Un mes después aparecía una posible explicación de la enérgica intervención de Vučić, cuando se filtró el acuerdo entre el Gobierno de Serbia y la empresa inmobiliaria de Kushner. Casado con Ivanka Trump, Kushner fue un influyente asesor de la Casa Blanca durante el primer mandato de su suegro. Cuando Joe Biden ganó las elecciones en 2020, el yerno de Trump pasó a centrarse en su fondo de inversión.

A principios de 2024, la época en que Vučić convocó la reunión, Trump ya se encaminaba con paso firme hacia la candidatura republicana y era el favorito para las elecciones. Si el republicano recuperaba la Casa Blanca, Kushner volvería a ser una de las personas más influyentes del planeta.

El acuerdo filtrado revelaba que las autoridades serbias habían concedido a la empresa de Kushner un arrendamiento de 99 años sobre el recinto del Estado Mayor sin que tuviera que pagar nada por ello. Kushner llegó a publicar en la red social X el diseño de la edificación, diciendo que estaba “entusiasmado”. Según su portavoz, el yerno de Trump llevaba desde 2021 estudiando el proyecto.

En Belgrado, la noticia no fue acogida con agrado por todos. “Ni Serbia es un bufé ni Vučić, un camarero”, dijo Aleksandar Jovanović Ćuta, el activista medioambiental que filtró el acuerdo. “Esto no es su propiedad privada”.

Pese a todo, el régimen de Vučić procedió a firmar un contrato, al que tuvo acceso The Guardian. Fechado el 13 de mayo de 2024, los firmantes se comprometían a que la “calificación de patrimonio cultural” del emplazamiento se eliminara “a satisfacción” de la empresa de Kushner.

Obedecer o dimitir

Una semana después de que se firmara ese contrato, convocaron a Đukanović a otra reunión. Esta vez no participó el presidente Vučić sino Siniša Mali, su mano derecha y ministro de Hacienda.

Mali pidió a Đukanović y a Olivera Vučković, máxima responsable de patrimonio en Belgrado, que le quitaran a la sede del Estado Mayor la condición de edificio protegido, según el resumen de los testimonios que las dos mujeres dieron luego en fiscalía. Aunque no hay referencias a la reunión previa con el presidente, en los testimonios se indica que el tema ya había sido abordado.

Según el auto de acusación, “Mali les preguntó si lo habían pensado y si iniciarían el procedimiento para retirar la condición de bien protegido del edificio”. Las mujeres se negaron “al considerar que no se cumplían los requisitos legales para ello”. En ese caso, les dijo Mali, tendrían que dimitir. El mismo ultimátum que Vučić, el jefe de Mali, les había transmitido en febrero. Así lo hicieron.

Prefiero no hacer ninguna declaración sobre este asunto mientras el proceso judicial siga en curso

Dubravka Đukanović — Profesora especializada en conservación

En su carta de dimisión, a la que ha tenido acceso The Guardian, Đukanović escribió que no podía estar de acuerdo “con intervenciones inadecuadas que destruirían de forma permanente todo el valor del conjunto de edificaciones, testimonio de los mayores logros de la arquitectura serbia contemporánea cuya importancia para la preservación de valores creativos perdurables, para la educación de las generaciones futuras, y para el fortalecimiento de la identidad cultural del pueblo serbio, era incalculable”.

Consultadas por The Guardian, Đukanović y Vučković confirman la veracidad de este relato. “Prefiero no hacer ninguna declaración sobre este asunto mientras el proceso judicial siga en curso”, dice Đukanović.

Durante meses no se supo casi nada del plan para la sede del Estado Mayor. Hasta que Trump ganó en noviembre a Kamala Harris y se llevó la reelección. Diez días después, el Gobierno de Vučić anunciaba que habían retirado la protección a las instalaciones del Estado Mayor.

Todo queda en casa

Una de las primeras medidas de Trump al recuperar la presidencia fue romper la promesa hecha en su primer mandato de interrumpir los negocios en el extranjero de la empresa familiar mientras él ocupara el cargo. “La magnitud de la corrupción será mucho mayor que la que vimos en la primera Administración Trump”, advirtió entonces Kathleen Clark, abogada especializada en ética gubernamental de la Facultad de Derecho en la Universidad de Washington. Trump había facilitado mucho el procedimiento para el que quiera ganarse su favor, dijo.

Oficialmente, el negocio familiar siguió bajo el control de Donald y Eric, sus dos hijos mayores. En enero de 2025, cuatro días después de la investidura, Eric habló de algunos proyectos. Los Trump y los Kushner, familias del sector inmobiliario neoyorquino unidas por matrimonio, se estaban embarcando en su primera aventura conjunta: el hotel y la torre de Kushner en Belgrado llevarían el nombre de Trump.

“Va a ser divertido reunir a la familia”, dijo Eric a The New York Times. “Serbia es uno de los países de más rápido crecimiento de Europa, y es un gran honor para nosotros estar allí”. Kushner, que había viajado a Belgrado para una reunión con Vučić calificada como “inspiradora” por el líder serbio, añadió: “Nuestro estudio ha revelado que la marca Trump sería la mejor para este mercado”.

Durante el segundo mandato del republicano el apetito por la marca Trump ha aumentado en todo el mundo. También las acusaciones de que esa demanda va acompañada de un quid pro quo.

En Vietnam, Eric Trump fue recibido con una lluvia de confeti durante la inauguración de un complejo de golf valorado en 1.500 millones de libras [unos 1.777 millones de euros] que había obtenido los permisos de construcción a una velocidad inusual. Poco después, Trump reducía a la mitad los aranceles impuestos a Vietnam.

Trump acordó vender a Arabia Saudí nuevos aviones de combate estadounidenses después de que los saudíes invirtieran grandes sumas en el fondo de Kushner y surgieran planes para construir una plaza Trump en Yeda. Altos cargos emiratíes y la empresa de un magnate de las criptomonedas cerraran una lucrativa operación con World Liberty Financial (la empresa de divisas digitales fundada por Eric Trump y Donald Trump hijo). El presidente de EEUU concedió un indulto al magnate y dio acceso a los emiratíes a chips estadounidenses de uso restringido.

“Lo que la gente llama conflictos de intereses, yo lo llamo experiencia y relaciones de confianza que tenemos en todo el mundo”, respondió el año pasado Kushner cuando le preguntaron por estos acuerdos. Ahora es enviado presidencial de EEUU en Israel y en Rusia.

Aunque no haya un quid pro quo evidente, los que entablan “relaciones de confianza” con los Trump obtienen algo menos tangible, pero tal vez más valioso: el aura de amistad con un presidente que no duda en ejercer su superpoder para levantar o hundir a naciones pequeñas y a sus líderes.

Vučić tiene mucho en común con Trump. Los dos mantienen una afinidad con Vladímir Putin y sienten desprecio por la Unión Europea (a pesar de que Serbia solicitó la adhesión). El también compartido desdén de los dos hacia la OTAN podría explicar por qué la única parte del edificio del Estado Mayor que la remodelación se comprometió a respetar fue el monumento que conmemora la “agresión” contra Serbia de la alianza militar.

Hay muchos asuntos en los que Vučić podría necesitar la ayuda de EEUU. Entre ellos, el destino de Kosovo que, según el líder ultranacionalista, sigue formando parte de Serbia.

Poco después de que su padre volviera a la presidencia, Donald Trump hijo aterrizó en Belgrado. Según Vučić, durante la reunión con él se “destacó la importancia de las relaciones económicas y políticas entre Serbia y EEUU y se subrayó la importancia de la cooperación estratégica entre ambos países y de los proyectos conjuntos en los próximos años”. Cuando Donald hijo regresó un mes después, Vučić le agasajó con un cochinillo asado de primera calidad.

Para Vučić, el apoyo de la primera familia de EEUU llegaba en el momento justo. La muerte de 16 personas por el derrumbe de una marquesina en la estación de tren de Novi Sad había desencadenado una oleada de protestas contra la corrupción días antes de que su régimen retirara el estatus de protección a la sede del Estado Mayor. El lema de los estudiantes organizadores era “Serbia o la mafia”.

Donald hijo llegó en vísperas de la mayor manifestación de la historia de Serbia. Invitó a Vučić a su pódcast, Triggered, y dijo que los opositores al presidente de Serbia estaban “utilizando como un arma” la catástrofe de Novi Sad. Lo mismo que habían hecho los críticos de Trump, añadió, con los disturbios del Capitolio tras la derrota electoral de 2020. Pero los manifestantes no perdieron el ímpetu y comenzaron a corear las consignas contra la Torre Trump.

En mayo de 2025, Vučić viajó a Estados Unidos con la esperanza de visitar a Trump en Mar-a-Lago, su club privado de Florida. El serbio logró reunirse con Rudy Giuliani, el abogado caído en desgracia de Trump, pero no con el presidente. En Belgrado, los medios estatales publicaron que el encuentro no se había producido porque Vučić se había puesto enfermo.

Poco después del regreso a Serbia de Vučić, la policía detuvo a Goran Vasić, el que había sido nombrado director del instituto del patrimonio tras la dimisión de Dubravka Đukanović. Según la fiscalía, Vasić había falsificado un dictamen pericial para conseguir que se retirara la protección al edificio del Estado Mayor.

No fue la única detención. En diciembre de 2025, el ministro de Cultura de Vučić era imputado por abuso de poder por su presunta participación en la trama de la sede del Estado Mayor. A los pocos días, la empresa de Kushner comunicó que cancelaban el proyecto.

¿Encubrimiento?

La amenaza de represalias que había hecho Vučić no era en vano. Sus aliados atacaron a Đukanović diciendo que había tratado de beneficiarse personalmente de su cargo como responsable de patrimonio. A su número dos la acusaron de una conducta indebida no relacionada con el caso y recibió la visita del servicio de seguridad del Estado tras aparecer en televisión denunciando la revocación de la protección a la sede del Estado Mayor. “El objetivo evidente era desacreditarla”, comunicó el organismo sectorial de los conservadores serbios. Se espera que las dos presten declaración durante el proceso penal.

Para la unidad de fiscales contra el crimen organizado que lleva la acusación, se trata de un caso decisivo. Nunca antes habían imputado a un ministro serbio en ejercicio.

Vučić acusa a los fiscales de orquestar un golpe de Estado. Otros temen que la fiscalía se esté conteniendo. Entre otras cosas, por lo que el ministro de Cultura imputado, Nikola Selaković, dijo durante su comparecencia de abril ante el tribunal. Mientras la policía registraba su ministerio, dijo, él tomaba aguardiente de ciruela y fumaba cigarrillos en su despacho con Mladen Nenadić, jefe de la unidad de la fiscalía contra el crimen organizado. El portavoz de la unidad de la fiscalía contra el crimen organizado comunicó luego que “no hubo ninguna conversación sobre el desarrollo del caso”.

“En todo lo que ocurrió en relación con las posibles inversiones, vi una oportunidad para nuestro país y para nuestros ciudadanos”, declaró Selaković, que podría pasar hasta tres años en prisión si es declarado culpable. Ni Vučić ni Mali, su mano derecha, han sido imputados. Los dos niegan haber cometido irregularidades.

La sugerencia de que Jared Kushner llevó adelante el proyecto de Belgrado como parte de un acuerdo político, o de un esquema de ‘pagar para jugar’ es categóricamente falsa

El portavoz de Jared Kushner

La acusación hace referencia a pruebas aportadas por testigos presentes en la reunión organizada por Vučić en febrero de 2024, pero no menciona dicha reunión, lo que ha generado dudas. ¿Por qué omitir la que parece ser una parte clave de la narración?

El portavoz de la unidad de la fiscalía contra el crimen organizado dijo que disponían de pruebas relativas a la reunión de Vučić con los responsables de patrimonio en febrero de 2024. Más allá de las personas ya imputadas, los fiscales estaban “llevando a cabo actuaciones previas al juicio de este caso para determinar la posible responsabilidad penal de otras personas”, añadió.

Vučić dimitió el 28 de septiembre como presidente de la república y no puede presentarse a otro mandato presidencial, pero se espera que mantenga su control sobre el régimen si sale elegido como primer ministro en las elecciones del 25 de octubre. En uno de sus últimos actos como presidente, concedió 49 indultos. Algunos de los beneficiarios por el perdón presidencial no han sido identificados aún y no se sabe si entre ellos hay acusados por el caso de la sede del Estado Mayor.

La Casa Blanca deriva todas las consultas por este tema a la empresa de los Trump. “La Organización Trump no tiene planes de desarrollar ningún proyecto en Belgrado; nunca, en ningún momento, participó en ninguna conversación o negociación para adquirir ningún terreno en Belgrado; y niega cualquier o conocimiento de las supuestas acusaciones”, dice un representante de la empresa.

“La sugerencia de que Jared Kushner llevó adelante el proyecto de Belgrado como parte de un acuerdo político, o de un esquema de ‘pagar para jugar’ es categóricamente falsa”, dice el portavoz de Kushner. Asegura que el proyecto era “una oportunidad para transformar un emplazamiento asociado a un capítulo doloroso de la historia de Serbia en símbolo de sanación y de reconciliación, además de representar importantes inversiones privadas, puestos de trabajo y oportunidades económicas para Belgrado”. “Jared no participó en los procesos internos del Gobierno serbio relativos a la condición de zona protegida del terreno”, añade.

A pesar de todas las dificultades de Vučić, la historia de la Torre Trump de Belgrado no parece haber disuadido a otras personas que buscan hacer negocios con la familia presidencial. Trump mantiene sus participaciones en docenas de sus empresas, aunque nominalmente sean sus hijos los que las dirigen. En julio, hizo pública su declaración patrimonial. Durante su primer año de vuelta en la Casa Blanca, había ganado 2.000 millones de dólares [unos 1.780 millones de euros].

Traducción de Francisco de Zárate.

El Parlamento Europeo ha otorgado este jueves el premio Sájarov a la libertad de conciencia a la Corte Penal Internacional (CPI) y a sus trabajadores. La decisión tiene una fuerte carga política tras el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de la imposición de sanciones a sus jueces y fiscales en su ofensiva para desmantelar el tribunal.

El Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia, concedido por primera vez en 1988 a Nelson Mandela y Anatoli Marchenko, es el máximo homenaje rendido por la Unión Europea a la labor en el ámbito de los derechos humanos. Los eurodiputados socialdemócratas y del PP Europeo se han unido para conseguir los votos necesarios para conceder el premio a la CPI.

La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ha declarado que “la Unión Europea se fundamenta en el respeto al multilateralismo y a las instituciones internacionales. Al conceder el premio Sájarov a la Corte Penal Internacional y a sus responsables, el Parlamento Europeo reconoce la importante labor del tribunal en la defensa del Derecho internacional y la justicia”.

“La Corte desempeña un papel fundamental en la lucha mundial contra la impunidad. A través de la justicia penal internacional, pretende exigir responsabilidades a los autores de estos crímenes y contribuir a evitar que vuelvan a cometerse. El premio pone de relieve la labor de la CPI, que incluye investigaciones, procesamientos, juicios y la emisión o autorización de órdenes de detención. La UE debe proteger los mecanismos mundiales de justicia internacional y rendición de cuentas”, ha señalado Metsola.

La Corte Penal Internacional ha mandado un comunicado en el que agradece el galardón, que “llega en un momento en el que la Corte y sus responsables afrontan desafíos sin precedentes, incluidas sanciones destinadas a obstaculizar el ejercicio de su mandato judicial”.

“Aunque este premio reconoce la labor de la Corte en la lucha contra la impunidad y en la garantía de juicios justos, también supone un importante reconocimiento del papel de la justicia internacional como piedra angular de una paz duradera. En un mundo marcado por el aumento de los conflictos, no hay paz sin justicia ni seguridad sin ley”, apuntan desde la CPI.

Objetivo a desmantelar por la Casa Blanca

La CPI se ha convertido en el objetivo de la Casa Blanca desde hace meses. El secretario de Estado, Marco Rubio, anunció el pasado julio que Estados Unidos iba a poner en marcha una “campaña de gran envergadura para desmantelar la amenaza que supone la Corte Penal Internacional para la soberanía estadounidense”.

Este mes de octubre, la Administración Trump impuso nuevas sanciones a la CPI tras señalar que se ha politizado y ha intentado juzgar de forma injusta e ilegal a estadounidenses e israelíes por delitos de guerra. Entre otras personas, las sanciones iban dirigidas contra la jurista sudafricana Navi Pillay, exjueza de la CPI, quien había dirigido las investigaciones en casos de la CPI contra tropas estadounidenses en Irak y Afganistány a la que se le concedió el Premio Nobel de la Paz.

Las sanciones bloquean cualquier activo que la CPI, como institución, pueda tener en jurisdicciones estadounidenses y establecen un plazo de seis meses para que las empresas y personas estadounidenses que mantengan relaciones comerciales con la Corte pongan fin a dichas relaciones.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu felicitó a Trump “por haber tomado esta decisión crucial de imponer sanciones a la CPI. La CPI no es un tribunal. Es un organismo político que supone una amenaza mortal para las democracias respetuosas con la ley de todo el mundo y para la propia idea de soberanía nacional. Gracias por vuestro liderazgo”.

La respuesta de la Unión Europea fue bastante tibia. Solo un comunicado en el que se aseguraba que “la UE siempre ha apoyado a la Corte Penal Internacional. Es profundamente lamentable que Estados Unidos haya anunciado su intención de imponer sanciones”.

En su comunicado, la UE subrayó que “colaborará estrechamente con la CPI para garantizar que siga funcionando de manera eficaz. Y seguimos comprometidos a colaborar con los 125 Estados que son partes del Estatuto de Roma para preservar y respetar su independencia, de modo que pueda continuar con su misión vital. Dado que hay un plazo de seis meses antes de que las medidas sean aplicables, existe margen para el diálogo”, sostiene. Y termina: “La UE está dispuesta a adoptar todas las medidas necesarias para que la Corte pueda llevar a cabo su labor, tanto en la investigación como en el enjuiciamiento de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, y para proteger los intereses de los operadores de la UE dentro del mercado único”.

'Estatuto de bloqueo' de la UE para defender a la CPI

Aunque esas medidas, de momento, no se han puesto en marcha ya que las sanciones de EEUU no son firmes y hay un periodo de seis meses para su imposición. Los eurodiputados han pedido en reiteradas ocasiones a la Comisión Europea que active el denominado 'estatuto de bloqueo' de la UE para proteger a los responsables de la CPI frente a ataques extraterritoriales y permitir que el tribunal siga desempeñando sus funciones con plena independencia.

El estatuto de bloqueo protege a los operadores europeos al anular dentro de la UE los efectos de cualquier resolución judicial extranjera basada en leyes de otros países. También les permite reclamar ante los tribunales una indemnización por los daños derivados de la aplicación extraterritorial de leyes extranjeras.

Abelardo de la Espriella llegó a la presidencia de Colombia el 7 de agosto con una premisa clara: cualquier acercamiento a Venezuela pasaría por Washington. El nuevo mandatario ultraconservador dejó en manos de su principal aliado el rumbo de la relación con el vecino, evitando así tratar con un régimen al que fustigó en campaña. Sin embargo, Donald Trump rompió sus previsiones al reunirse, antes de lo presupuestado, con la presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez. Hoy, mientras la Cancillería en Bogotá trata de redefinir su posición, algunos empresarios ya se anticipan a buscar oportunidades en la apertura gradual de Caracas.

Trump recibió a Rodríguez el pasado 22 de septiembre en Nueva York, al margen de la Asamblea General de la ONU. Fue su primer encuentro cara a cara, más de ocho meses después de que Estados Unidos capturara a Nicolás Maduro en una quirúrgica operación militar y dejara a la hasta entonces vicepresidenta al frente del país bajo su supervisión.

La Casa Blanca, de hecho, ya había enviado otra señal seis días antes. En su informe anual sobre drogas, Estados Unidos excluyó a Venezuela, por primera vez desde 2005, de la lista de países que, a juicio de Washington, han “fallado demostrablemente” en la lucha contra el narcotráfico. Colombia, en cambio, permaneció en ella, aunque con algunas salvedades, junto a países como Afganistán y Birmania.

El nuevo gobierno del radical De la Espriella apenas ha explicado cómo encajan todas estas fichas en su relación con Venezuela. El vicepresidente, José Manuel Restrepo, fijó en agosto una borrosa posición oficial: “Nuestra aproximación es a través de los Estados Unidos”. Para la politóloga Pilar Gaitán, la frase coincide con una la incertidumbre diplomática. “Estamos en un momento de transición en el poder, en una informalidad total, en una diplomacia que no sabemos hacia dónde va”, explica a elDiario.es.

Delcy Rodríguez y los multimillonarios Gilinski

Mientras Bogotá trata de definir su orientación diplomática, una parte del gran capital privado ya ha avanzado en sus negociaciones con Caracas y Washington. El banquero Jaime Gilinski, el hombre más rico de Colombia, según Bloomberg, negoció con la petrolera estatal venezolana PDVSA un contrato a 25 años para explotar el campo Bare, en la Faja Petrolífera del Orinoco, una de las mayores reservas probadas de crudo del mundo.

El camino hacia el contrato pasó sin falta por Washington. Su hijo, Gabriel Gilinski (de 39 años), viajó a la capital estadounidense para tramitar ante el Departamento del Tesoro la licencia que exigían las sanciones vigentes para cerrar un acuerdo petrolero. El terreno ya estaba abonado: el heredero del banquero había visitado Caracas más de diez veces desde su primer encuentro con Delcy Rodríguez, en marzo.

Las negociaciones culminaron el 4 de septiembre en un acto televisado en Venezuela y encabezado por la propia Rodríguez, que invitó a otros empresarios colombianos a seguir sus pasos.

Apenas unas horas después de la firma, y sin desembolsar un solo dólar, según el portal Bloomberg, la familia Gilinski convirtió sus derechos sobre el campo Bare en un paquete de acciones de la petrolera GeoPark valorado inicialmente en 515 millones de dólares.

El canje fue directo: el conglomerado colombiano aportó la estructura contractual que da acceso al proyecto venezolano a cambio de nuevos títulos que le otorgarán, una vez completada la operación, más del 56,3% del capital de la petrolera. GeoPark, con sede administrativa en Bogotá y domicilio legal en Bermudas, asumirá en solitario la inversión para financiar la recuperación del yacimiento.

La compañía tiene hasta diciembre para cumplir las condiciones pactadas con las autoridades venezolanas. La operación depende, por tanto, de las autorizaciones estadounidenses y de la ejecución del acuerdo con Caracas.

Por todo ello queda claro que el ímpetu del avance empresarial colombiano contrasta con la indefinición del Ejecutivo. La internacionalista Sandra Borda lo describe: “Es muy particular que los que estén incentivando la llegada comercial a Venezuela sean los gremios, el sector privado, pero que no le oigas ni una palabra al Gobierno”.

Otra de las escuetas señales oficiales llegó el 1 de octubre. Reunido en Bogotá con la ministra de Minas y Energía, el vicepresidente Restrepo anunció, de nuevo, una agenda para impulsar la inversión en Venezuela: “en el marco de ese relacionamiento Colombia-Estados Unidos-Venezuela”.

Por ahora, la agenda no incluye proyectos concretos. Solo se sabe que se celebrará una ronda de inversión que reunirá en noviembre a empresarios de los tres países en Nueva York, según la prensa colombiana.

El reinicio de las relaciones comerciales avanza, en todo caso, a dos velocidades. Mientras algunos inversores intentan desembarcar cuanto antes, otros sectores de la industria y los servicios exigen certezas jurídicas a largo plazo. Como recuerda Borda: “hacer negocios sin instituciones sólidas es hacer negocios de corto plazo”. El economista venezolano Luis Pacheco sintetiza el dilema con una imagen: “No te puedes dar el lujo de no ir a Caracas, de no tomarte una foto. Pero tampoco ganas nada con tirarte a la piscina si aún está medio vacía”. 

Quienes mejor han capitalizado la apertura, quizás, son las petroleras que nunca se marcharon: Chevron, la española Repsol, la italiana Eni o la francesa Maurel & Prom. E incluso estos gigantes han pisado con cautela: según el economista Pacheco, Chevron solo reinvierte hoy lo que gana en Venezuela sin “arriesgar capital fresco”. La desconfianza tiene raíces hondas que resume así: “Han pasado 27 años de un desastroso manejo corporativo y apenas ocho meses de un nuevo e incierto enfoque”.

Entre las 'trochas' y la apertura de Trump

Venezuela no es un mercado cualquiera para Colombia. Durante la primera década del siglo fue su segundo socio comercial, solo por detrás de Estados Unidos. En 2008, el mejor año de la relación, el intercambio superó los 7.000 millones de dólares.

Pero los roces políticos y los cierres fronterizos redujeron después el comercio. El choque entre Hugo Chávez y el derechista Álvaro Uribe, entonces presidente, terminó en una ruptura de relaciones. Más tarde llegaron el cierre de la frontera decretado por Nicolás Maduro en 2015 y una nueva ruptura diplomática en 2019, esta vez con el conservador Iván Duque en el poder.

Desde entonces, buena parte de la actividad económica saltó a las trochas, como se conoce en la región a los pasos ilegales de la frontera, muchos de ellos controlados por grupos armados. En 2020, durante la pandemia, el intercambio legal tocó fondo: apenas 222 millones de dólares.

La reapertura fronteriza en 2022, tras la llegada del izquierdista Gustavo Petro al poder, cambió la tendencia, pero no devolvió el esplendor perdido. En 2025, el intercambio sumó 1.170 millones de dólares, casi todo en una sola dirección: Colombia exportó 1.071,9 millones. Pero Ronal Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario de Bogotá, matiza la recuperación. Más que un crecimiento real, sostiene, hubo un proceso de formalización: “Ese comercio lo empezamos a sacar de las trochas y lo empezamos a pasar por los puentes formales”.

Entre enero y julio de este año, el intercambio creció un 12,8% respecto al mismo periodo de 2025, según la Cámara Colombo Venezolana. El repunte, sin embargo, no garantiza que las empresas colombianas conserven las ventajas que adquirieron durante el aislamiento venezolano.

Rodríguez cita el caso de las golosinas y las bebidas gaseosas colombianas, que ganaron espacio en los anaqueles venezolanos en los últimos años. A su juicio una mayor apertura a los productos estadounidenses podría desplazarlas. Por eso, subraya que las medidas de Trump ofrecen oportunidades, pero también suponen mayor competencia en un mercado que Bogotá aspira a recuperar.

Una realidad bajo la alfombra

La apertura económica tampoco despeja los problemas de seguridad. Para Pilar Gaitán, los más de 2.000 kilómetros de frontera entre Colombia y Venezuela representan una realidad que se ha metido “debajo de la alfombra”. Los desplazamientos cotidianos de la población, el contrabando desbordado y los capitales ilícitos mantienen su propia dinámica. Según la politóloga, ninguno de los dos Gobiernos ha activado con eficacia los mecanismos binacionales de seguridad.

Organizaciones criminales y guerrillas como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) encuentran refugio en territorio venezolano, según ha documentado la inteligencia colombiana. La analista Sandra Borda afirma que la ausencia de presión militar por parte de las Fuerzas Armadas venezolanas ha permitido que estos grupos se fortalezcan mediante la minería ilegal y el contrabando.

Esta permisividad, sostiene Borda, no responde a un simple descuido de las fuerzas de seguridad venezolanas. Si en un principio pudo estar vinculada a afinidades ideológicas de izquierda, con el tiempo habría evolucionado hacia una alianza de conveniencia económica: una tolerancia mutua que facilita el control de las economías ilegales en la frontera.

Se trata de un equilibrio que, ennopinión de la analista, le permite a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, preservar sus vínculos con los mandos militares, algunos de ellos señalados por su presunta participación en negocios ilícitos y sancionados por Estados Unidos. A Washington, por su parte, le permite mantener el flujo de crudo sin comprometer la estabilidad regional. “El único para el que este equilibrio no es un buen negocio es Colombia”, concluye Borda.

El ELN, además, hace años ya no es un huésped de paso en Venezuela. Ronal Rodríguez explica que la organización criminal ha echado raíces al otro lado de la frontera y hay expertos que explican que se trata de una “guerrilla binacional”: “No andan con fusil al hombro en campamentos, están metidos entre la sociedad civil”. En un reciente foro coordinado por el investigador, el diagnóstico de los expertos fue que “muy pocas cosas han cambiado a través de los años en la frontera”.

Ese es uno de los mayores retos que afronta el presidente De la Espriella, quien prometió arrollar a los grupos armados ilegales y no tardó en sumar a Colombia al Escudo de las Américas, la iniciativa antinarcóticoas impulsada por Trump. 

Mientras la emergencia humanitaria en la frontera colombo-venezolana sigue abierta, el nombramiento del nuevo embajador de Bogotá en Caracas trasluce las prioridades que el Gobierno de ultraderecha mantiene fuera de la agenda oficial. El designado es Jorge Jaller, un ejecutivo sin experiencia en la carrera diplomática cuya trayectoria proviene del Grupo Éxito —la mayor cadena de supermercados de Colombia, propiedad de la francesa Casino hasta 2024—, donde llegó a ocupar la vicepresidencia de retail. 

Además, desde septiembre cuenta con un asiento en la junta directiva de la petrolera estatal Ecopetrol, la compañía más grande del país. Su perfil, netamente corporativo, traza un nuevo rumbo para una de las delegaciones más delicadas de la diplomacia colombiana.

La analista Pilar Gaitán resume la elección de De la Espriella: “El nombramiento es muy diciente. ¿Qué se busca en Venezuela? Negocios”.

Los dos peores momentos en la relación entre Donald Trump y Volodímir Zelenski han tenido un denominador común: ambos han llegado precedidos por una conversación telefónica del presidente de Estados Unidos con Vladímir Putin, en la que el líder del Kremlin le ha prometido grandes negocios conjuntos. Ocurrió en febrero de 2025, antes de la disputa pública entre el mandatario norteamericano y el ucraniano en el Despacho Oval de la Casa Blanca, y ha vuelto a suceder ahora, a raíz del acuerdo para que Moscú venda diésel con el permiso de Washington, que ha cogido a Kiev desprevenido y ha desatado una tormenta de reproches.

El presidente ruso ha sabido ofrecer a Trump en todo momento lo que deseaba, persuadirlo con sus argumentos, atraerlo a sus posiciones y enfrentarlo a Zelenski. En menos de dos semanas, Putin ha visto cómo el líder norteamericano suspendía la imposición de sanciones a Rusia, exigía la dimisión del presidente ucraniano, presionaba a Kiev con restricciones temporales de las comunicaciones en el campo de batalla y de la inteligencia militar, exculpaba al Kremlin por haber ayudado a Irán a combatir contra Estados Unidos e instaba a Europa a reanudar la compra de gas ruso.

Ahora bien, si con este apaciguamiento Trump pretendía ablandar la postura negociadora de Putin, ha conseguido justo lo contrario. Moscú considera que debe aprovechar la tensión entre Ucrania y Estados Unidos para pisar el acelerador en el campo de batalla y endurecer sus condiciones para la paz. Por eso, una vez más, la visita a Rusia del enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, ha terminado sin acuerdos de calado ni concesiones por parte del Kremlin.

Un Trump indulgente con Putin

Justo antes de la discusión entre Trump y Zelenski en la Casa Blanca en 2025, Putin había propuesto a su homólogo explotar conjuntamente las tierras raras rusas de los territorios ucranianos ocupados. Esta y otras oportunidades de cooperación económica se perfilaban como un horizonte muy provechoso para Estados Unidos, que también estaba a punto de firmar un acuerdo para extraer minerales raros de Ucrania.

El presidente estadounidense interpretó aquella predisposición rusa como una señal de la voluntad del Kremlin de alcanzar un acuerdo de paz. Así, imaginó una resolución fácil del conflicto, un primer éxito para su mandato y el fin del gasto millonario en armamento para Ucrania. Zelenski, sin embargo, advirtió a Trump y a su vicepresidente, J.D. Vance, de que Putin había incumplido acuerdos anteriores y no tenía intención alguna de detener los combates; el aviso se recibió como una negativa ucraniana a explorar la vía diplomática.

Con el acuerdo del diésel, el líder del Kremlin ha convencido a Trump de que la situación vuelve a ser la misma: un Zelenski recalcitrante, que no está dispuesto a dejar de bombardear refinerías y que, por tanto, se convierte en un obstáculo para la política interna de Estados Unidos. Putin, en cambio, se presenta como un líder mundial constructivo, abierto al diálogo y con quien se pueden cerrar tratos.

Por primera vez, lo que ofrece Trump beneficia realmente a Rusia

Dmitri Popov — Columnista en Moskovski Komsomólets

Entre los proyectos que están debatiendo rusos y norteamericanos figuran iniciativas relacionadas con la energía, la logística, el aluminio, los fertilizantes, las tierras raras e incluso los centros de datos, según el negociador ruso Kirill Dmítriev, que este miércoles ha sido el primero en reunirse con Witkoff en San Petersburgo. Poco después, Putin ha afirmado que está interesado en restablecer la cooperación económica y que está preparado para suministrar grandes cantidades de fertilizantes a los agricultores de EEUU.

Previamente, Trump había intentado corresponder a ese gesto suspendiendo las sanciones que el Congreso de Estados Unidos había aprobado contra Rusia y que se esperaba que entraran en vigor a finales de la semana pasada. Las medidas incluían nuevas restricciones a la economía rusa y aranceles contra los países que importaran petróleo y gas rusos.

Moscú ha recibido positivamente el gesto. El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, considera que revela “un enfoque serio” para crear “las condiciones necesarias” con las que avanzar en el deshielo entre ambos países.

Al mismo tiempo, según The New York Times, los emisarios de la Casa Blanca han propuesto a responsables europeos y ucranianos reactivar las compras de gas ruso y el tránsito a través de Ucrania como parte de un posible acuerdo de paz. El aumento de los ingresos energéticos, argumentan las fuentes citadas por el diario, podría incentivar a Putin a poner fin a la guerra.

“Vivimos tiempos increíbles”

En los últimos días, la prensa rusa afín al poder se ha mostrado casi incrédula ante el giro de Trump. El diario gubernamental Rosískaya Gazeta afirma que el acuerdo del diésel “solo comporta ventajas” para el Kremlin; Komsomólskaya Pravda apuesta por “llenar la caja, seguirle el juego a Trump y conseguir que Zelenski salga perdiendo pase lo que pase”, y el columnista Dmitri Popov, en Moskovski Komsomólets, concluye: “Vivimos tiempos increíbles: por primera vez, lo que ofrece Trump beneficia realmente a Rusia”.

Según Román Anin, uno de los mejores periodistas de investigación rusos, que lleva 15 años indagando en los servicios secretos y el crimen organizado ruso, Putin está aplicando a Trump el manual de los gánsteres y los siloviki –los agentes de los servicios de seguridad– para conseguir que haga lo que más le conviene al Kremlin. Según ese manual, Trump es un bariga, una palabra de la jerga delictiva rusa que describe a un hombre de negocios codicioso y sin escrúpulos, que antepone el beneficio propio a cualquier principio o norma. Y el objetivo del presidente ruso es convertirlo en un loj, un forastero que desconoce los códigos de ese submundo y al que engañan para que acabe sirviendo a los intereses del clan.

Y el principal interés del presidente ruso es un cambio de régimen en Kiev que lo haga más favorable a los designios del Gobierno ruso, el propósito que lo llevó a lanzar la invasión a gran escala de Ucrania en 2022. No es casual, pues, que tanto ahora como en febrero del año pasado Trump haya arremetido contra Zelenski, acusándolo de perpetuarse en el poder sin pasar por las urnas. Entonces lo calificó de “dictador sin elecciones” y ahora ha ido más allá al afirmar que “es hora de que Ucrania tenga un nuevo presidente” y sugerir que debería ser alguien capaz de llegar a un acuerdo.

Lavrov se ha apresurado a respaldar su petición. “Zelenski entiende que cualquier acuerdo aceptable para Rusia y Estados Unidos significaría el fin de su régimen y el suyo propio”, ha dicho esta semana.

En Moscú han visto una oportunidad para azuzar el enfrentamiento entre el líder ucraniano y el estadounidense. Volviendo a la semiótica mafiosa, Andréi Uglanov, periodista de Argumenti Nedeli, escribe: “Se podría decir que Trump le ha enviado a Zelenski un pescado muerto envuelto en papel de periódico. En la jerga de la mafia italiana y norteamericana de los años treinta del siglo pasado, eso significa que le han lanzado una advertencia: lo han condenado a ser eliminado”.

Otro objetivo que Putin espera alcanzar es que Washington deje de armar a Kiev. Últimamente, en plena campaña para las elecciones de medio mandato, Trump no ha dejado de expresar su malestar por haber invertido “miles de millones de dólares” en Ucrania “a cambio de nada”.

Aunque Zelenski confirmó el martes que Estados Unidos había reanudado el intercambio de inteligencia para alertar de los bombardeos rusos contra ciudades ucranianas, las restricciones impuestas al ejército ucraniano en el uso de la red de satélites Starlink ya se han dejado notar en el campo de batalla. El bloguero militar ruso Vladímir Románov señala que los ataques con drones ucranianos de medio alcance contra la principal ruta de suministro rusa en el frente sur se han detenido casi por completo debido a la limitación del uso del sistema de comunicaciones de la empresa de Elon Musk.

Trump justifica todos estos gestos de presión sobre Zelenski y de indulgencia hacia Putin como una estrategia para poner fin al conflicto. “Estoy negociando la paz en la guerra entre Rusia y Ucrania y no quiero hacer nada que aleje imprudentemente a Rusia de la mesa de negociaciones”, dijo recientemente.

De este modo, como ya sucedió durante los primeros meses de su mandato, el inquilino de la Casa Blanca ha vuelto a hacer suyo el relato del Kremlin. Da por hecho que Moscú lleva la iniciativa en el frente porque es “una gran máquina” que “avanza sin parar” y, al mismo tiempo, minimiza la destrucción causada por los ataques rusos contra Ucrania. “Rusia se ha portado bastante bien en Ucrania, no ha hecho gran cosa”, declaró.

Otro ejemplo de las consideraciones del presidente estadounidense es la benevolencia ante el apoyo ruso a su enemigo, Irán. Pese a que Moscú ha admitido haber prestado ayuda militar a Teherán, Trump no ha querido incidir en ello. “Rusia está haciendo muy poco, si es que está haciendo algo, para ayudar a Irán, en comparación con lo que podría estar haciendo”, se defiende el líder norteamericano.

Putin endurece sus condiciones de paz

Algunos analistas rusos creen que es precisamente gracias a la resistencia del régimen iraní que el presidente estadounidense se ve ahora obligado a acercarse de nuevo a Rusia, con la esperanza de presentar cartas ganadoras a su electorado. “Trump no es amigo nuestro, ni mucho menos. Simplemente, ahora mismo le conviene presionar a Zelenski. Hay que aprovecharlo, pero sin hacerse ilusiones”, escribe Popov en Moskovski Komsomólets.

En este sentido, Mijail Rostovski, en el mismo periódico, advierte de que, tras la cumbre de Alaska entre Trump y Putin, en agosto de 2025, el presidente de EEUU se distanció repentinamente de Rusia. “Cuando Trump ve que no le siguen el juego, tiende a cambiar de rumbo político, a veces incluso para adoptar una postura diametralmente opuesta”, señala.

De hecho, muchos políticos rusos son partidarios de rebajar el optimismo. Según el expresidente Dmitri Medvédev, quienes se han dejado llevar por la euforia harían bien en “poner los pies en el suelo”. “Solo nuestros muchachos, los misiles balísticos y los drones Geran nos acercan a la Victoria”, asegura.

Washington interpreta la disposición de Moscú a debatir posibles vías de cooperación económica como un gesto para avanzar hacia la paz, pero para el Kremlin son dos cuestiones independientes. “Rusia está dispuesta a alcanzar acuerdos económicos, pero no hará ninguna concesión política por amor a esos acuerdos”, afirmó Lavrov el martes.

Popov escribe que “los negocios son los negocios, y la guerra es la guerra”. El analista añade en otro artículo: “Hay que aprovechar esta ventana de oportunidad para hundir a Ucrania en la Edad de Piedra y obligarla a aceptar la paz en los términos de Rusia”.

Por eso, aunque, al comienzo de la reunión, Witkoff se ha mostrado optimista y ha hablado de un “impulso” para reactivar las conversaciones y lograr un alto el fuego, Putin no quiere ni oír hablar de una tregua. “La posición de Moscú sobre el alto el fuego energético con Ucrania no ha cambiado; Rusia necesita paz, no un alto el fuego”, ha insistido esta mañana el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

Putin no sólo no ha rebajado sus exigencias para poner fin a la guerra, sino que las ha elevado. A finales de la semana pasada, dio a entender por primera vez que, además de reclamar toda la región del Donbás, ahora tampoco está dispuesto a renunciar a los territorios del norte de Ucrania que el ejército ruso controla.

El corresponsal de guerra de Komsomólskaya Pravda, Aleksandr Kots, lo resume así: “Parece que la zona de amortiguación en las regiones de Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk está condenada, tarde o temprano, a convertirse en territorio de la Federación Rusa. Cuyas fronteras, como bien se sabe, no terminan en ninguna parte”.

Ucrania es consciente de que el Kremlin intenta convencer a los norteamericanos de que su victoria es inevitable. Por eso denuncia que el ejército ruso reivindica conquistas que son falsas, como las de la ciudad fortaleza de Dobropilia, en Donetsk, y otras cuatro localidades: Kupiansk, Limán, Kostiantínivka y Oríjiv.

Putin ha presentado a Witkoff una imagen “objetiva” de la situación de la línea de contacto, donde “la iniciativa recae completamente en las tropas rusas”, ha informado el asesor presidencial ruso presente en la reunión, Yuri Ushakov.

En cambio, Kirilo Budánov, jefe de gabinete de Zelenski, advierte: “En este momento difícil, es esencial que todas las partes adopten una actitud comedida, lo que incluye una evaluación realista de la situación y la comunicación de información veraz”.

Este empecinamiento ruso ha imposibilitado cualquier avance tangible en la reunión entre Putin y el enviado de Trump. La petición ucraniana, respaldada por Estados Unidos, de celebrar una cumbre trilateral de líderes para desbloquear la cuestión territorial no figura en la agenda de Moscú. Para el Kremlin, una cita así solo tiene sentido para firmar un acuerdo de paz definitivo. Además, Putin siempre ha dejado claro que no considera a Zelenski un líder legítimo y espera que lo aparten para rubricar la rendición de Ucrania con un dirigente más dócil.

Rusia ha calificado las propuestas ucranianas y europeas de “poco provechosas” y solo se ha abierto a recuperar el formato de conversaciones a tres bandas con la mediación de Estados Unidos. Este tipo de reuniones habían permitido ciertos avances técnicos antes de quedar interrumpidas por la guerra en Oriente Medio. Aun así, habían resultado insuficientes para resolver el principal escollo, la cuestión territorial. Ushakov ha declarado que podrían retomarse durante la primera mitad de noviembre.

La Casa Blanca también ha querido ver en la liberación de Stephen Hubbard, un profesor estadounidense encarcelado en Rusia tras ser capturado en Ucrania al comienzo de la invasión, un indicio de las buenas intenciones de Putin. “Usted es un humanitario”, le dijo Witkoff al darle las gracias. Trump ha puesto en valor que el Kremlin haya aceptado sacar a Hubbard de prisión sin necesidad de un intercambio, una decisión “sin precedentes”.

El Gobierno de los EEUU ha denegado a la exalcaldesa de Barcelona y actual candidata del Frente Amplio a las elecciones generales, Ada Colau, el permiso para entrar a Puerto Rico. Fuentes próximas a la propia Colau, que achacan la decisión a su participación en la Flotilla Global Sumud que el año pasado fue interceptada por Israel cuando transportaba ayuda humanitaria rumbo a Gaza, explican que tenía planeado participar en un acto sobre municipalismo organizado por el colectivo Liga de Ciudades de Puerto Rico. En él se estaba preparando una charla con el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, aunque el regidor neoyorkino finalmente ha delegado su participación en un miembro de su equipo.

El entorno de la candidata del Frente Amplio relata que las autoridades norteamericanas denegaron a Colau su solicitud de entrada a través del Sistema Electrónico para la Autorización de Viajes (ESTA, en sus siglas en inglés), el permiso requerido para entrar en EEUU a los ciudadanos procedentes de países que no requieren visado. El de la exalcaldesa fue el único documento que se rechazó expedir, puesto que el resto de los miembros del equipo lo obtuvieron sin problema.

Recibido el veredicto negativo, Colau solicitó una cita con la embajada de los EEUU en España para intentar que reconsiderasen la decisión. Según relata la exalcaldesa en conversación con elDiario.es, en esa reunión las autoridades diplomáticas estadounidenses le preguntaron si había sido detenida en alguna ocasión o si tenía antecedentes penales. Ante la respuesta negativa de Colau, la siguiente pregunta fue más directa: si había viajado a Israel.

“El funcionario me hizo varias preguntas dando rodeos”, explica la dirigente, que afirma que las autoridades estadounidenses estaban muy interesadas en indagar si había estado detenida en el estado hebreo. “Les dije que la última vez que fui a Israel lo hice en misión humanitaria pacífica a llevar ayuda humanitaria, y que el ejército israelí nos retuvo y después nos devolvió a nuestros países tras llegar a un acuerdo con ellos”, rememora Colau. En todo momento, asegura, mantuvo que carecía de antecedentes penales y que no había sido detenida en Israel porque nadie le comunicó oficialmente su arresto, no se la llevó en presencia de ningún juez ni tuvo derecho a asistencia letrada.

Colau participó en octubre del año pasado en la Flotilla Global Sumud, una iniciativa para alcanzar las costas de Gaza y entregar un contingente de ayuda humanitaria. La flotilla fue interceptada por Israel en aguas internacionales en el Mar Mediterráneo cuando intentaba sortear el bloqueo impuesto por las fuerzas navales israelíes, y más de 400 activistas —entre ellos la exalcaldesa de Barcelona— fueron detenidos y retenidos durante cuatro días en una prisión de alta seguridad.

Tras esa entrevista, y ante lo “particular” de su caso, las autoridades estadounidenses le pidieron su pasaporte para poder estudiar el asunto, explica Colau. El veredicto final llegó unos días después, el pasado domingo, cuando EEUU le devolvió su documentación acompañada del rechazo definitivo a su solicitud de entrada en Puerto Rico. La razón esgrimida oficialmente por la embajada para denegarle el visado es que consideran que la exalcaldesa tiene “intención de inmigrar” a los EEUU.

Por el contrario, la líder del Frente Amplio considera que la decisión de EEUU de prohibirle la entrada a Puerto Rico se debe a “motivos políticos”. “Yo fui hace dos años a Puerto Rico y no tuve ningún problema”, lamenta Colau, que califica de “gravísimo” que la Administración de Donald Trump, como parte de sus políticas, esté “bunkerizando las fronteras de forma arbitraria, autoritaria y antidemocrática”. “Y, además, con el agravante de que sea en Puerto Rico, porque EEUU opera allí como una potencia colonizadora y controla sus fronteras invadiendo por completo la soberanía” de la isla, denuncia la dirigente.

“Insultos” y “agresiones” durante la retención en Israel

En el viaje humanitario a Gaza que ha llevado al Gobierno de los EEUU a rechazar su permiso de entrada al país, Colau denunció haber sido víctima, como el resto de sus compañeros, de malos tratos por parte de las fuerzas israelíes. En una entrevista en elDiario.es, la exalcaldesa narraba que cómo los soldados israelíes les pusieron “de rodillas, la cabeza contra el suelo” al detenerlos, el mismo trato que recibieron los cuatro días posteriores.

“Todo eran insultos, agresiones, no nos dejaban dormir, no nos daban agua, negaban la medicación a la gente que la necesitaba… Muchas sentimos miedo, no me da vergüenza reconocerlo. Pensábamos que si estaban haciendo esto, ¿hasta dónde podían llegar? Sobre todo sabiendo que aquello no tenía nada que ver con lo que le hacen a los palestinos desde hace años”, explicó entonces.

El de Colau es solo el último caso del uso arbitrario que hace la Administración Trump de los permisos de entrada a los EEUU. Desde que volvió al poder en enero de 2025, el Gobierno del presidente estadounidense ha vetado el acceso a su territorio a dirigentes de todo el mundo: es el caso, por ejemplo, de la expresidenta argentina Cristina Fernández, el excomisario europeo Thierry Breton o el presidente palestino Mahmud Abás.

El cambio climático ha hecho que la región del Ártico se convierta en una prioridad para la Unión Europea. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, y la jefa de la diplomacia de la UE, Kaja Kallas, han presentado este martes una nueva estrategia para la zona con un claro perfil geopolítico donde la defensa ante la apertura de nuevas rutas por el deshielo y la explotación de nuevos recursos centrados en los minerales críticos, pero la UE mantiene su postura conjunta sobre el Ártico de 2021: “garantizar que el petróleo, el carbón y el gas permanezcan bajo tierra” frente a las intenciones de Donald Trump de incrementar las exploraciones de combustibles fósiles.

“La apertura de nuevas rutas marítimas y el descubrimiento de recursos están reconfigurando el panorama económico y de seguridad de la región, lo que provoca un aumento de las tensiones geopolíticas, la competencia estratégica y la actividad militar”, argumentan en la Comisión Europea.

La nueva estrategia europea llega tras el acuerdo firmado por la Administración de Donald Trump y Groenlandia y Dinamarca. El gobierno de la isla danesa rebatió la semana pasada las declaraciones del presidente de Estados Unidos, que señaló en su red social que “¡Una exploración masiva de petróleo, gas y minerales se está preparando para comenzar en nuestra nueva y hermosa Groenlandia!”.

El viceministro groenlandés de Minería, Jørgen Hammeken-Holm, admitió que “hay actividades de empresas estadounidenses, pero muy lejos de una exploración gigantesca. Hay muchas exploraciones de menor envergadura en curso, pero podrían pasar años antes de que entren en funcionamiento”. El pasado septiembre la UE firmó un pacto de asociación con Groenlandia para frenar la obsesión anexionista de Trump, que “reconoce la creciente importancia estratégica de Groenlandia” y se destinaban 200 millones de euros en diferentes proyectos para fortalecer los vínculos europeos de la isla danesa.

Haya o no más perforaciones petrolíferas de empresas estadounidenses en Groenlandia, es evidente que EEUU ha logrado expandir de forma notable su presencia e influencia militar en el Ártico. Es un territorio donde Rusia controla la mitad de la zona económica terrestre y marítima al norte del Círculo Polar Ártico y dos tercios de los habitantes de la región ártica viven en territorio ruso, además de contar con la mayor capacidad para utilizar las nuevas vías que se han abierto por su flota de buques rompehielos, algunos de propulsión nuclear, y submarinos nucleares. De hecho, Trump utilizó el argumento de defensa frente a rusos y chino para tratar de hacerse con Groenlandia.

Rusia ha intensificado el uso de la ruta polar para transportar petróleo y gas a China desde 2022, tras la invasión de Ucrania y la aprobación de sanciones comerciales contra el Kremlin. Mientras que China ha mostrado un claro interés por incrementar el transporte marítimo por “la ruta de la seda polar”. En 2024, China y Rusia empezaron a realizar patrullas conjuntas en la zona del ártico, según la CNN.

Ante esta situación, la UE va a poner en marcha una serie de movimientos para mantener su capacidad de respuesta en una zona donde más de medio millón de ciudadanos europeos viven en la región. Dinamarca, Finlandia y Suecia son Estados miembros de la UE con territorios árticos y la Unión mantiene estrechos vínculos con Noruega, Islandia, el Reino Unido, Canadá y Estados Unidos. “Los acontecimientos en el Ártico afectan directamente a la seguridad, el clima y la prosperidad de Europa”, aseguran desde la Comisión Europea.

Von der Leyen ha declarado que “el Ártico es el vecino septentrional de Europa: una región cercana, conectada y crucial para nuestro futuro. Y está cambiando. Las nuevas rutas marítimas y los recursos están alimentando la competencia estratégica. Con nuestra nueva estrategia, invertimos en reforzar la seguridad, desarrollar infraestructuras resilientes y generar oportunidades económicas”.

Kallas ha comentado que “el Ártico se ha convertido en una primera línea de la competencia por el poder mundial. La estrategia actualizada de la UE para el Ártico refleja esta nueva realidad al situar la seguridad en el centro de sus prioridades”.

“El petróleo, el carbón y el gas permanecerán bajo tierra”

Ahora bien, aunque hay planes para desarrollar más actividad económica y militar, en Bruselas subrayan que “se garantiza que el petróleo, el carbón y el gas permanezcan bajo tierra, también en las regiones árticas”. La UE resalta la intención de “cumplir los objetivos del Acuerdo de París, incluida la transición para abandonar los combustibles fósiles de manera justa, ordenada y equitativa”.

“El Ártico está experimentando un cambio climático sin precedentes y se calienta casi cuatro veces más deprisa que la media mundial. Como regulador del clima mundial, las transformaciones que se producen en la región tienen consecuencias que van mucho más allá de sus fronteras, entre ellas la subida del nivel del mar y la alteración de los patrones meteorológicos. Estos efectos ya se sienten directamente en toda Europa. Desde las olas de calor mortales hasta los cambios en los ecosistemas, Europa se calienta al doble de velocidad que la media mundial”, explican desde la Comisión Europea.

Por este motivo, a UE reforzará la investigación y el seguimiento del clima para comprender mejor el cambio climático y facilitar respuestas eficaces. La Unión trabajará con los Estados miembros y sus socios para compartir datos a través de OceanEye, la nueva iniciativa europea de observación y vigilancia de los océanos.

Protección de infraestructuras críticas y cables submarinos

Ahora bien, el papel que quiere jugar la UE también tiene una vertiente económica y el papel de doble uso civil y militar. De hecho, el aspecto de Defensa es el más amplio. En colaboración con la OTAN y los países del entorno se va a reforzar “la protección de infraestructuras críticas y reforzar la capacidad de Europa para operar en las condiciones del Ártico, entre otras medidas mediante la ampliación de la capacidad europea de rompehielos”.

También se centrará en mejorar a largo plazo la preparación y la capacidad de respuesta ante posibles amenazas, garantizando la resiliencia de las cadenas de suministro, protegiendo las fronteras marítimas septentrionales y salvaguardando las infraestructuras submarinas críticas. Para mejorar el conocimiento compartido de la situación y la vigilancia, se creará un nuevo centro de seguridad marítima (Maritime Security Hub) que ayudará a los Estados miembros y a los socios a compartir información y mejorar la supervisión de las actividades marítimas en el Ártico.

La UE apoyará la creación de un centro de cables del Ártico (Arctic Cable Hub) para supervisar y proteger los cables submarinos del Atlántico Norte y el Ártico, así como contribuir a su reparación. Uno de los objetivos de la guerra híbrida de Rusia contra Europa han sido los cables submarinos de telecomunicaciones. También invertirá en tecnologías inteligentes para detectar posibles amenazas contra estas infraestructuras críticas y ampliará progresivamente sus funciones para incluir “el seguimiento de los buques de la flota fantasma, la detección de la pesca ilegal y la contaminación y la mejora de la coordinación de las operaciones de búsqueda y salvamento”.

El Ártico ya es una zona fuertemente militarizada. La Simons Foundation realizó un informe en el que contabiliza hasta 60 bases militares en la zona, de las que 30 pertenecen a Rusia y otras 36 están en territorios de países que pertenecen a la OTAN, la mayoría en territorio noruego (15), seguido de Canadá (9), Estados Unidos (8), Groenlandia e Islandia.

En el ámbito económico, Bruselas pretende en la zona ártica desarrollar más actividad económica en ámbitos como las energías renovables, las tierras raras y los minerales críticos, el transporte de doble uso, la conectividad digital y las industrias marinas sostenibles.

Bruselas pretende incrementar las conexiones de las infraestructuras europeas (puertos, las conexiones ferroviarias, las terminales energéticas y las infraestructuras satelitales y digitales) en las nuevas redes comerciales y de transporte del Ártico. Además, se abrirá un nuevo centro europeo de investigación polar (EU Polar Research Hub) reforzará los vínculos entre la ciencia y la formulación de políticas.

La espiral crece. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha acusado a su homólogo estadounidense, Donald Trump, de intentar presionar a Kiev para que se rinda ante Rusia. Zelenski también propone, para acceder a la petición de Trump de dejar de atacar las refinerías rusas con el fin de combatir los elevados precios del gasóleo, que se le suministren más misiles de defensa aérea Patriot.

“Ahora nos esperan días peligrosos de cara a las elecciones”, afirmó Zelenski en Bloomberg, en relación con las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre: “Mi última propuesta era: no atacamos el gasóleo ruso, vosotros nos dais misiles para los sistemas Patriot con el fin de proteger nuestras instalaciones. Pero ellos solo quieren que dejemos de atacar el gasóleo. Y si atacamos, nos cortarán algo”.

Zelenski detalla las medidas hostiles de Washington hacia Kiev. Entre ellas, la ralentización deliberada de las velocidades de Internet de Starlink, crucial para las tropas ucranianas que luchan contra Rusia, y el retraso en los ya escasos envíos de interceptores Patriot contra misiles balísticos: “Creo que se han tomado medidas para convencer a Ucrania de que capitule. No estoy diciendo que ese sea el objetivo que persiguen nuestros socios. No quiero pensar que nuestros socios estadounidenses crean que la guerra podría terminar antes a costa de Ucrania. Pero eso es lo que parece”.

El presidente de EEUU, por su parte, ha intentado justificar en Truth Social el alivio de las sanciones a Rusia tras el acuerdo con Vladímir Putin para regar los mercados de gasóleo ruso: “Estoy negociando la paz en la guerra entre Rusia y Ucrania, y no quiero hacer nada que aleje, de forma imprudente, a Rusia de la mesa de negociaciones. Quizá lo más importante es que Rusia está haciendo muy poco para ayudar a la República Islámica de Irán, en comparación con lo que podría estar haciendo, y quiero que siga siendo así, y lo será, a menos que se interpongan personas estúpidas”.

Trump, además, acusa a Zelenski de estar “utilizando las refinerías de gasóleo de Rusia como objetivo, a sabiendas de que estos ataques están perjudicando gravemente a los mercados mundiales de gasóleo, incluidos los de Estados Unidos. Los agricultores, ganaderos y empresas de todo tipo están sufriendo enormemente por ello, pero Rusia, a pesar de todo, sigue enviando al mundo millones de barriles de gasóleo a bajo precio”.

“A Zelenski no le importa y, francamente, con todo el dinero que, como es bien sabido, le está dando Europa, y que el deshonesto Joe Biden le dio en el pasado, no quiere poner fin a esta guerra, y probablemente nunca lo quiso”, prosigue Trump, y sentencia: “Podría haber conseguido un acuerdo mejor hace dos años que el que puede conseguir ahora. Su país está en ruinas, ha perdido gran parte de su territorio, sus océanos y mares han desaparecido, y su población masculina es escasa, está herida o muerta”.

Donald Trump ha respaldado este domingo al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ante las elecciones legislativas del 27 de octubre. Netanyahu ansiaba el apoyo del presidente de EEUU, con mejores datos de popularidad en Israel que en su propio país. Trump, sin embargo, lo había estado evitando durante semanas debido a las divergencias en sus estrategias en Oriente Medio.

Trump ha afirmado en una publicación en las redes sociales que Netanyahu “ha sido un gran primer ministro guerrero y un socio aún mejor para la paz en la lucha contra la República Islámica de Irán”. Las elecciones del 27 de octubre son las primeras desde el ataque de Hamás contra Israel en 2023.

La ausencia de un respaldo estaba suponiendo un revés para el líder del Likud, que había presentado sus estrechos vínculos con Trump como un argumento a su favor para mantenerse en el poder.

“Bibi Netanyahu ha sido un gran primer ministro guerrero y un socio para la paz aún mejor en la lucha contra la República Islámica de Irán, con su lema durante 51 años de: '¡Muerte a Israel, muerte a Estados Unidos! Destruiremos al Pequeño Satán y al Gran Satán”, ha dicho Trump en Truth Social.

“Habría sido solo cuestión de tiempo que Irán llevara a la práctica esa ominosa frase, pero han sido sistemáticamente destruidos, tanto militar como financieramente, y, a menos que cambien de actitud rápidamente, pronto terminaremos el trabajo”, ha añadido el presidente de EEUU.

Trump ha continuado: “Si Israel tiene un líder equivocado, que sería cualquiera que no fuera Bibi, EEUU tendrá que hacer este trabajo por sí mismo, y no me apetece hacerlo. Bibi Netanyahu se ha mostrado fuerte, valiente y brillante frente a una oposición tremenda, incluida la procedente incluso del propio Israel”.

Según el presidente de EEUU, Netanyahu “en los momentos más difíciles no se derrumbó; de hecho, se hizo más fuerte y mantiene esa misma fortaleza hoy en día. Este es el tipo de socio que los Estados Unidos de América exigen de Israel, un país por el que tanto ha hecho. Por favor, que esto sirva para expresar mi apoyo total y absoluto a Bibi Netanyahu en su próxima campaña para la reelección como primer ministro de Israel”.

Trump y Netanyahu están yendo de la mano en sus respectivas citas electorales: Trump afronta las legislativas del 3 de noviembre y Netanyahu, las del 27 de octubre, en las que se juega su futuro al frente del país. Y, en ambos casos, la guerra abierta en Irán, lanzada por ambos líderes el pasado 28 de febrero, está contribuyendo al desgaste de ambos. En el caso de Netanyahu, además, las urnas decidirán sobre su responsabilidad en la falta de previsión de los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 y en la respuesta vengativa posterior, que ha incendiado Oriente Próximo y ha causado un genocidio en Gaza.

Ofensiva de los colonos

El embajador de EEUU en Israel, Mike Huckabee, ha condenado la violencia de los colonos durante la cosecha de aceitunas en Cisjordania, que dejó heridos a varios palestinos y a la fotógrafa del Washington Post Heidi Levine.

En una publicación en X, Huckabee exigió “una investigación exhaustiva, la detención y el enjuiciamiento con todo el peso de la ley de quienes hayan participado en esto”, que calificó de “acto terrorista despreciable perpetrado por cobardes enmascarados”..

Levine resultó gravemente herida en el ataque del viernes en la localidad de Abu Falah.

La policía israelí también está investigando un ataque perpetrado por colonos israelíes contra diplomáticos europeos el sábado en otra localidad de Cisjordania.

La violencia de los colonos contra los palestinos se ha disparado este año.

El primer ministro Benjamin Netanyahu se mostró ambiguo al referirse a la agresión a Levine, condenando “la violencia contra cualquier persona”, pero calificando el ataque de “supuesto” y afirmando que las circunstancias siguen sin estar claras, informa AP.

Huckabee calificó la agresión a Levine de “cruel” y “deshonrosa”, y señaló que ella había sido claramente identificada como periodista.

Levine permanecía hospitalizada mientras se recuperaba de una operación en la mano, de las costillas rotas y de otras lesiones. Afirmó que los colonos la tiraron al suelo y la golpearon durante más de 10 minutos y que además le robaron la cámara, el pasaporte y el teléfono.

El Washington Post ha reiterado su llamamiento a que se lleve a cabo una investigación exhaustiva y transparente, aunque Israel rara vez investiga a fondo la violencia de los colonos.

El Congreso de EEUU aprobó el 18 de septiembre un paquete de sanciones a Rusia bautizado Lindsey Graham, en honor al congresista fallecido recientemente. En menos de un mes, Donald Trump lo ha dejado en papel mojado, después de haberle dado la puntilla con el acuerdo con el presidente ruso, Vladímir Putin, para liberar gasóleo ruso con la ilusión de que eso puede contribuir a rebajar el precio en las gasolineras estadounidenses.

Así, el presidente de EEUU ha firmado este viernes un decreto que suspende el paquete de sanciones del 18 de septiembre dirigido a la economía rusa, y así lo ha comunicado al Congreso, argumentando que esta suspensión respondía “al interés nacional”.

“He presentado ante el Congreso una certificación en la que se afirma que la concesión de dicha exención en este momento redunda en beneficio de los intereses nacionales de Estados Unidos”, dice Trump en la orden firmada este viernes.

La Administración Trump se ha mantenido prácticamente en silencio desde la reciente aprobación del proyecto de ley por amplia mayoría bipartidista en la Cámara de Representantes y el Senado tras la repentina muerte de Graham, con los legisladores instados a actuar por el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski.

El presidente de EEUU anunció en las redes sociales la semana pasada que había llegado a un acuerdo con el presidente ruso para que suministre de inmediato más de 300.000 toneladas de gasóleo, seguidas de 500.000 toneladas adicionales en noviembre y 1 millón de toneladas “inmediatamente después”. Rusia entregará 3 millones de toneladas adicionales “en un breve plazo” a partir de entonces, escribió Trump en Truth Social.

“El Consejo Europeo lamenta la decisión de Estados Unidos de levantar temporalmente las sanciones al diésel ruso”. Es una declaración breve y escueta, pero de una gran carga política. Los 27 países de la Unión Europea muestran su oposición a las decisiones de la Administración de Donald Trump, en un momento en el que claramente se ve que el presidente de Estados Unidos trata de culpar al presidente ucraniano de los altos precios del carburante ante las próximas elecciones, las 'midterm', que tendrán lugar en Estados Unidos.

Hasta el momento, la Unión Europea había intentado esquivar un pronunciamiento claro del papel de Trump en la guerra de Ucrania. Sin embargo, las últimas declaraciones del presidente de Estados Unidos han cambiado las tornas en Europa. Trump ha llegado a pedir que hubiera un cambio de presidente en Ucrania y se ha visto su mano tras el apagón tecnológico de la empresa de satélites de Elon Musk, Starlink, que ofrece información a Ucrania sobre los ataques con misiles y drones desde Rusia.

El levantamiento de las sanciones a Rusia no ha sido del gusto de los líderes europeos. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, aseguró que “a decisión que se tomó no es buena para nadie. No es verdad que vaya a resolver el problema del mercado mundial del diésel. Por lo tanto, creo que no tendrá un impacto para el presidente Trump, envía un mensaje negativo y es un elemento de división, más bien genera desconfianza”.

“Cualquier paso que ayude a los rusos es una mala señal”

El primer ministro portugués, Luís Montenegro, calificó como “incoherente e inconsecuente” la decisión de la Casa Blanca, mientras que el primer ministro sueco, Ulf Kristersson, reiteró que lamentaba profundamente “este acuerdo sobre el diésel. Evidentemente, no representa una parte muy importante [del suministro], pero, aun así, va en la dirección equivocada. Cualquier paso que ayude ahora a los rusos a aumentar la financiación de la guerra es una mala señal. Por eso, respaldamos plenamente la postura de Volodímir Zelenski.

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, afirmó que “con las señales procedentes de EEUU, que van en contra de Ucrania, Europa se encuentra en una situación más desfavorable, más difícil, en lo que respecta a nuestra capacidad para defendernos de Rusia”. En el mismo sentido, el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, mostró su desacuerdo con la decisión del presidente estadounidense. “Por supuesto, no estamos de acuerdo con la compra de diésel a Rusia por parte de Estados Unidos, ya que el diésel y el petróleo son lo que impulsa y alimenta la maquinaria bélica rusa”, apuntó Stubb. 

La posición beligerante de Trump con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, también responde a la negativa de ucraniano a dejar de atacar a las infraestructuras energéticas rusas, pese a que Zelenski dio el visto bueno a un posible alto el fuego que Rusia rechazó.

La jefa de la diplomacia de la UE, Kaja Kallas, defendió que las refinerías rusas de carburante eran objetivos militares legítimos. “Si tenemos en cuenta el derecho internacional, está claro que estos ataques son una forma de defender a Ucrania. De estas refinerías procede la financiación de esta guerra que cada día acaba con la vida de ucranianos”.

Restricciones de Starlink para defender a Ucrania

Zelenski participó en la cumbre de líderes europeos que se ha celebrado este viernes en Bruselas. Tras verse con los mandatarios, el presidente ucraniano dio una rueda de prensa en la que se quejó de las restricciones de los satélites Starlink, pedidas por el presidente Trump, ya que impedía “interceptar aviones a reacción que atacan a nuestra población civil y que están matando a nuestras familias”.

“Estábamos utilizando interceptores especiales que se desplazaban a gran velocidad, drones interceptores que se mueven gracias a Starlink. Así pues, Starlink no se desactivó, pero se redujeron los límites de velocidad y, al reducirse éstos, nos vimos incapaces de derribar ciertos drones Shahed”, explicó Zelenski.

Aunque según el líder ucraniano parece que se va a solucionar: “el Ministerio de Defensa y mis socios han dicho que hay indicios por parte de la Casa Blanca de que van a restablecer esas capacidades. ¿Han restablecido los límites de velocidad anteriores? No, pero ¿se van a restablecer ahora? Sí”. 

Ucrania también ha mostrado su queja porque se ha quedado sin misiles 'Patriot' de fabricación estadounidense para su sistema de defensa aérea, lo que la deja más vulnerable a los ataques con misiles balísticos rusos. “Es un secreto a voces que, en estos momentos, no somos un destino prioritario para estos misiles, ya que se están enviando a Oriente Medio”, apuntó Zelenski, refiriéndose al conflicto iniciado por Estados Unidos en Irán.

Además, los países de la UE se han comprometido también a solventar las necesidades de financiación de Ucrania para afrontar en los próximos años la guerra contra Rusia. “Pedimos a la Comisión que presente la propuesta para abordar las necesidades de financiación adicionales de Ucrania para 2027”, se puede leer en las conclusiones del Consejo Europeo.

En la resolución de esta cumbre, los Estados miembros “mantienen su compromiso de atender las necesidades financieras urgentes de Ucrania junto con los socios internacionales”, para lo que piden “intensificar rápidamente su apoyo para ayudar a satisfacer las necesidades financieras y militares urgentes”.

Zelenski ha comentado en varias ocasiones que la guerra con Moscú costará 155.000 millones de euros el año que viene y que necesitarán “al menos 70.000 millones de euros más” de parte de la Unión para defensa y armamento.

Los detenidos viajaban esposados a bordo del avión de deportación estadounidense y nadie les decía adónde los llevaban. Cuentan que los agentes que los custodiaban se burlaban de ellos cuando preguntaban. Los 18 migrantes no descubrieron su destino hasta que las pantallas de los asientos mostraron por fin un mapa. Su destino era la República Centroafricana, un país del que pocos de ellos habían oído hablar.

Nika, una iraní de 32 años, recuerda cómo las esposas se le clavaban en las muñecas. Suplicó a los agentes que se las aflojaran, pero no lo hicieron. Otros pasajeros lo pasaron peor. Ella cuenta que a algunos hombres los inmovilizaron con correas negras y amarillas que les envolvían el cuerpo, como si estuvieran momificados, después de que se resistieran a subir al avión.

Nika, que había huido de Irán 18 meses antes después de protestar contra el régimen, había imaginado Estados Unidos como un refugio. Cuando se marchó, Irán ya era uno de los países más represivos del mundo, y desde entonces la situación no había hecho más que empeorar: este año, las fuerzas de seguridad mataron a tiros a miles de manifestantes y, después, la Administración Trump lanzó una guerra contra el país.

Tras más de un año recluida en un centro de detención de migrantes de Estados Unidos, Nika —nombre ficticio que The Guardian utiliza para proteger a su familia en Irán— obtuvo protección legal y quedó en libertad por orden judicial. Menos de dos semanas después, el Departamento de Seguridad Nacional volvió a detenerla. Días más tarde, viajaba en un avión rumbo a un destino situado a más de 11.000 kilómetros al este.

“Nunca me dijeron que me iban a deportar a este país”, ha explicado a The Guardian: “África me es completamente desconocida”.

El Departamento de Estado de Estados Unidos desaconseja a sus ciudadanos viajar a la República Centroafricana por motivos de seguridad. Nika pasa la mayor parte del tiempo recluida por miedo, sin atreverse a salir de su pequeña habitación. Espera una respuesta a la pregunta de la que depende su vida: ¿la devolverán a Irán, donde el régimen podría matarla?

Deportaciones a otros países

Nika es una de las más de 25.000 personas deportadas por la Administración Trump a países que no son los suyos. De ellas, unas 20.000 han sido trasladadas en autobús a México, según un recuento de Refugees International y Human Rights First. A estas se suman más de 5.000 personas enviadas en avión a países de África, América Latina, el Caribe y Asia Central con los que no tienen ningún vínculo. A menudo, desde esos países las devuelven a sus lugares de origen, pese a que jueces de inmigración estadounidenses han determinado que su vida o su libertad corrían peligro si regresan.

Los abogados de derechos humanos consideran que estos acuerdos de deportación a terceros países forman parte de una “demostración de fuerza” con la que Estados Unidos busca disuadir a migrantes y solicitantes de asilo de entrar en el país. Personas de Perú y Colombia han sido enviadas a la República Democrática del Congo. El 20 de agosto, cuatro cubanos, un brasileño y un camerunés se negaron a bajar del avión en Liberia y acabaron siendo enviados a Guinea Ecuatorial.

La investigación

Para reconstruir con el mayor detalle posible una política aplicada en gran medida a puerta cerrada, The Guardian se unió a otros 23 medios en el Proyecto Deportación, una investigación conjunta coordinada por Forbidden Stories, una red internacional de periodismo de investigación con sede en París. El consorcio entrevistó a más de 100 personas afectadas por los esfuerzos de Estados Unidos para acabar con la llegada de migrantes sin autorización y examinó documentos sobre los acuerdos alcanzados por la Administración Trump con gobiernos de todo el mundo.

La investigación ha rastreado más de 100 vuelos que han trasladado a migrantes y solicitantes de asilo a 28 países distintos. La cifra real probablemente sea mayor: la investigación solo contabiliza los vuelos que el consorcio ha podido verificar de forma independiente.

También se ha podido constatar que el ritmo de los vuelos se acelera. Tras una primera oleada al principio del segundo mandato de Trump, las deportaciones volvieron a dispararse en agosto: según Human Rights First, se registró un máximo de 16 vuelos con destino a 13 países distintos de los de origen de las personas deportadas.

La batalla legal

Un tribunal federal de apelación de Estados Unidos dictaminó en septiembre que las deportaciones a terceros países son ilegales porque vulneran el derecho al debido proceso: las personas afectadas no reciben la notificación con tiempo suficiente para recurrir la decisión de enviarlas a otro país. Pero el Gobierno recurrió la sentencia y el Tribunal Supremo permitió unos días después la reanudación de estos vuelos mientras analiza el fondo del asunto.

Un portavoz del Departamento de Estado afirma que aplicar las políticas migratorias de la Administración Trump es una “prioridad máxima” y asegura: “Mantenemos firme nuestro compromiso de poner fin a la inmigración ilegal y masiva y reforzar la seguridad fronteriza de Estados Unidos”. Y añade: “El Gobierno estadounidense utilizará todos los medios legales para expulsar a quienes no tengan derecho a permanecer en nuestro país”.

La Administración Trump sostiene que las personas a las que deporta son delincuentes. Sin embargo, documentos obtenidos por The Washington Post para esta investigación muestran que la mayoría de los 35 países que han firmado acuerdos con Estados Unidos se niegan a aceptar a personas con antecedentes por delitos violentos.

Entre las personas obligadas a subir a esos aviones hay quienes han pasado casi toda su vida en Estados Unidos, madres y padres detenidos mientras llevaban a sus hijos al colegio y personas adultas que cuidaban de sus padres mayores.

Muchas habían demostrado ante un juez de inmigración que corrían peligro si regresaban a su país de origen, por lo que se había prohibido deportarlas. A Nika se le concedió la “suspensión de la expulsión”; una protección para quienes pueden sufrir daños graves en su país, pero no reúnen los requisitos para obtener asilo. El 28 de mayo quedó en libertad tras pasar por un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE). Podía buscar trabajo, trabajar y permanecer en el país.

El golpe de efecto

La abogada de Nika, Sahar Jalili, también es iraní y estudió en Teherán, como su clienta. Asumió el caso mientras estaba embarazada y a menudo trabajaba hasta quedar exhausta. “Podría haberme pasado a mí”, dice sobre lo que le ocurrió a Nika.

Al revisar el expediente, Jalili se quedó consternada al descubrir que el ICE había decidido enviar a Nika a Bangui, la capital de la República Centroafricana, apenas ocho días antes de que un juez ordenara su puesta en libertad. La familia de su tío le había preparado una habitación en Los Ángeles. Nika tardó dos días en llegar a la ciudad y pasó una semana con ellos, recuperándose tras 18 meses de infierno.

Según Jalili, la nueva detención de Nika el 8 de junio, durante una cita que los agentes del ICE habían presentado como un trámite rutinario, fue un acto de crueldad gratuita. Nika cuenta que ya había terminado la cita y se había marchado cuando un agente llamó a su tío y le pidió que la llevara de vuelta para recoger unos documentos.

Esta vez le hicieron otras preguntas. Según cuenta Jalili, un hombre tomó las huellas dactilares a su clienta y la fotografió. “Después volvió acompañado de una agente del ICE y le dijeron que levantara las manos por encima de la cabeza”. Jalili relata que detuvieron a Nika, la esposaron y la llevaron al sótano. Nika cuenta que se sentía aturdida cuando la sacaron del centro de detención aquella noche. Al pasar por una de las protestas contra el ICE que ya eran habituales en Los Ángeles, los manifestantes golpearon con las palmas los laterales de la furgoneta en la que viajaba.

Para Jalili, los dos días anteriores ya habían sido una vorágine, ya que ella y otros abogados intentaron por todos los medios evitar que otras dos mujeres iraníes fueran subidas al mismo avión con destino a Bangui. Los abogados lograron sacar a las otras dos mujeres del avión, pero no a Nika. La única diferencia entre ellas era que Nika fue detenida en último lugar, por lo que, para cuando una red de abogados especializados en inmigración se enteró de su caso, ya no quedaba tiempo suficiente antes de que despegara el vuelo.

Jalili cuenta que suplicó a todos los agentes del ICE: “Dadme dos días. Solo dos días”. “Me dijeron que habían respetado la orden del juez de ponerla en libertad. Pero nunca habían prometido no enviarla a un tercer país”, recuerda.

La enfermera

Cuando Rabbiatu Kuyateh, de 58 años, supo que Ghana, el país al que la habían enviado, iba a deportarla a Sierra Leona, donde había pasado su infancia, el miedo la paralizó. Hizo falta que varias personas la forzaran a subir a la furgoneta que la esperaba.

De hecho, un vídeo captó el momento, el pasado noviembre, en el que la arrastraban, descalza y angustiada, tirándole del pelo. Todavía recuerda el golpe que se dio en la cabeza contra los escalones de piedra mientras suplicaba que no la devolvieran a Sierra Leona. “No pienso ir”, gritaba.

Kuyateh es enfermera. Tras huir de Sierra Leona, ha pasado la mayor parte de su vida en Estados Unidos junto a sus padres. Durante la pandemia atendió a pacientes con coronavirus y, en los años posteriores, cuidó a adultos y niños con discapacidad.

Kuyateh cuenta que le costó mucho construir la vida que tenía en Estados Unidos. Crio sola a su hijo, Mohamed, y juntos compraron una casa. Cuando Trump ganó las elecciones de 2024, sus padres ya eran muy mayores y necesitaban ayuda: cada día pasaba a ver cómo estaban antes de ir a trabajar y volvía al terminar su turno para ayudarles a prepararse para dormir.

Con el objetivo de acelerar la expulsión de personas como Kuyateh, la Administración Trump ha reformado precisamente aquellas instituciones que en su día se crearon para proteger a los migrantes que huían de la persecución.

Lugares de “tránsito”

“Esta es la manera en que la Administración Trump intenta socavar el derecho de asilo y la protección de las personas refugiadas”, dice Alma David, una de las principales abogadas de inmigración que sigue de cerca esta política. “Estados Unidos sabe que no puede deportarlas legalmente a sus países de origen, pero sí puede enviarlas a un tercer país que actúa como lugar de tránsito”.

Al frente de esta política está Stephen Miller, jefe adjunto de gabinete de la Casa Blanca y quien no ha ocultado su deseo de poner fin a la mayor parte de la migración hacia Estados Unidos. En entrevistas con The Washington Post para el Proyecto Deportación, altos cargos estadounidenses en activo y jubilados explican que Miller impulsó nombramientos clave en el Departamento de Estado. Esos nombramientos le han permitido anteponer sus objetivos a otras prioridades de la política exterior estadounidense.

Entre las personas nombradas figura Christian Ehrhardt, funcionario de carrera del Departamento de Estado y director de la recién creada Oficina de Remigración. El nombre de esta oficina incorpora un término adoptado por la extrema derecha para referirse a la expulsión forzosa de migrantes de minorías étnicas. Tras recorrer África en varias misiones diplomáticas, Ehrhardt ha contribuido a cerrar al menos 13 acuerdos para deportar personas a terceros países del continente.

Acuerdos con países africanos

Los documentos internos examinados por The Washington Post muestran que la Administración Trump se ha comprometido a aportar al menos 410 millones de dólares (unos 357 millones de euros) para cerrar acuerdos de deportación con 35 países, casi un tercio de ellos africanos.

Según esos documentos, Estados Unidos reservó 30 millones de dólares (unos 26 millones de euros) para apoyar las operaciones de la ONU en Camerún a cambio de que el país aceptara a 1.000 migrantes. Hasta ahora, solo le ha enviado 44. A la República Democrática del Congo le prometió 75 millones de dólares (unos 65 millones de euros) para las operaciones de la ONU a cambio de acoger a 2.000 migrantes. Solo ha recibido a 15 y los vuelos a Kinsasa están suspendidos por un brote de ébola.

Los acuerdos varían de un país a otro. Unos pocos países, entre ellos Esuatini, han aceptado acoger a personas con antecedentes de delitos violentos. Sin embargo, muchos han declarado que no acogerán a nadie con antecedentes de violencia u otros tipos de delitos graves. El Departamento de Estado no ha respondido a las preguntas sobre los detalles de estos acuerdos.

Ghana solo acepta a personas procedentes de África Occidental. La República Centroafricana, en cambio, no estableció restricciones por nacionalidad: entre los pasajeros del avión de Nika había personas de Afganistán, Irak y Kirguistán. La mayoría no tenía ningún vínculo con África, cuenta Nika. 

El 1 de julio de 2025, Mohamed acompañó a su madre, Kuyateh, a una cita rutinaria con el ICE a la que debía acudir por su situación migratoria. Recuerda que ella estaba inquieta: temía que las esposas que un agente llevaba en el cinturón fueran para ella. “No creo”, le dijo Mohamed. Pero cuando llamaron a Kuyateh para que entrara en una sala de interrogatorios, a él le pidieron que esperara fuera.

“Fue la última vez que la vi”, cuenta.

Durante los cuatro meses que Kuyateh pasó detenida por el ICE, Mohamed habló con ella a menudo. Pero aquel día de noviembre no había sabido nada de su madre cuando, según cuenta, lo llamó otra persona detenida para decirle que la habían trasladado a Texas. No entendía por qué la llevaban a Texas. Dos días después, Kuyateh le llamó llorando. Estaba en Ghana, a punto de ser enviada a Sierra Leona.

El vídeo en el que se ve cómo arrastran a Kuyateh hasta un autobús para deportarla de Ghana pareció enfurecer a las autoridades del país cuando se difundió en las redes sociales, según Malick, el senegalés también deportado de Estados Unidos que lo grabó y que The Guardian identifica con un seudónimo para protegerlo. “Se enfadaron”, cuenta Malick. “Vinieron por la noche con dos camiones llenos de soldados”.

Malick cuenta que los soldados llevaron al grupo a un campamento militar apartado, donde la electricidad fallaba y apenas tenían contacto con el exterior. El Gobierno de Ghana no ha respondido a las preguntas de The Guardian.

Una mujer trasladada al campamento cuenta que temía tanto lo que pudiera ocurrirle si la devolvían a Senegal, su país de origen, que intentó suicidarse bebiendo lejía. La atendieron en un hospital, pero aun así la deportaron a Senegal. “Bebí lejía porque quería morir”, explica. “Querían obligarme a regresar a mi país”.

Malaria

En el vuelo de Nika, el 11 de junio, la pantalla del avión mostraba Ghana como primer destino, así que los pasajeros pensaron que se quedarían en ese país. Pero la escala en Accra fue breve. Los 18 pasajeros aterrizaron después en Bangui a las 21.45, según los registros de seguimiento del vuelo. Los agentes que los custodiaban les quitaron las esposas, pero no bajaron del avión.

Durante varias horas, el grupo no encontró a nadie que hablara inglés. “Nos indicaban con gestos que subiéramos a un autobús y nos hicieron subir. Después nos llevaron a vacunarnos, pero yo no sabía qué iban a inyectarme”, cuenta Nika. La vacuna era contra la fiebre amarilla.

La alojaron en una habitación de un edificio de viviendas y le dijeron que podía quedarse tres meses. Nika no podía imaginarse regresando a Irán.

Organizaciones iraníes de derechos humanos con sede en Estados Unidos afirman que no han podido averiguar qué ha sido de cientos de compatriotas deportados a Irán durante la guerra de Estados Unidos e Israel contra ese país. Una demanda reciente contra el ICE sostiene que la Administración Trump compartió los expedientes de solicitantes de asilo iraníes con el régimen del que habían huido, lo que agrava el peligro para quienes son deportados.

Cuando un dolor de cabeza empezó a nublarle la mente, Nika pensó que tenía migraña. Sentía náuseas y le dolía todo el cuerpo. Los mosquitos la habían picado tantas veces que parecía tener la piel llena de moratones, cuenta. Un informe médico consultado por The Guardian confirmó que tenía malaria. “Ni siquiera sabía qué era”, explica Nika por teléfono.

Desde Los Ángeles, Jalili esperaba con angustia noticias de Nika. Su clienta recibía inyecciones cada 12 horas para eliminar los parásitos de la sangre. Las malas noticias continuaron incluso después de que Nika se recuperara lo suficiente para volver a su alojamiento. Jalili descubrió consternada que la habían deportado de Estados Unidos sin pasaporte. Nika no tenía documentos de identidad ni visado y, cuando iba al hospital o al mercado, los policías aprovechaban que carecía de papeles para amenazarla.

El Gobierno de la República Centroafricana no ha respondido a las preguntas sobre esta situación.

Según Nika, la segunda vez que la detuvieron, el agente de policía simuló con gestos que le ponía las esposas. El mensaje, según ella, era: “Puedo detenerte, a menos que nos pagues”.

Apoyo de la ONU

Mientras la Administración Trump acelera las deportaciones a terceros países, la República Centroafricana figura entre los 13 países receptores donde la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), una agencia de la ONU, presta apoyo a las personas deportadas. A su llegada, les proporciona comida, alojamiento y atención psicológica.

La Administración Trump ha anunciado fuertes recortes de la financiación destinada a las agencias de la ONU, pero parece hacer excepciones cuando los fondos sirven para sostener este programa de deportaciones.

En marzo de 2025, el Departamento de Estado explicó el criterio que seguiría: la financiación humanitaria se utilizaría para “reducir la inmigración masiva e ilegal, por ejemplo, financiando el retorno voluntario de personas en situación irregular, incentivando a los gobiernos para que apliquen acuerdos de tercer país seguro y reforzando la capacidad de otros países para gestionar la migración”.

Según una base de datos federal sobre el gasto público, más del 60 % de los fondos concedidos por Estados Unidos a la OIM durante el segundo mandato de Trump se han destinado a programas en países que reciben a personas deportadas. En la República Centroafricana, la asignación fue de 85 millones de dólares (unos 74 millones de euros). Según la misma base de datos, la mayor aportación estadounidense a la OIM en ese país durante el mandato de Biden fue de 14 millones de dólares (unos 12 millones de euros).

Nika afirma que la han tratado bien. “El personal hace todo lo que puede”, dice. El alojamiento es seguro y le facilitan transporte cuando lo necesita. “Pero esto no es vivir. Respiro, sigo viva, pero no puedo salir de casa sin que me lleve un conductor de la agencia. No encuentro trabajo. No hablo el idioma”.

La OIM se ha enfrentado al riesgo de que su participación en el programa se perciba de forma negativa. Una evaluación interna de riesgos de un programa de apoyo a ciudadanos de terceros países enviados desde Estados Unidos a un país africano, a la que ha tenido acceso The Guardian, advierte de que podría llevar a que la agencia fuera “percibida como cómplice”.

En un comunicado, un portavoz de la OIM explica que estas evaluaciones sirven para determinar si los países receptores pueden comprometerse a proteger a los migrantes. Y añade: “Somos plenamente conscientes de que los Estados utilizan la ayuda financiera para promover sus prioridades nacionales. Sin embargo, nuestras decisiones de aceptar financiación, prestar asistencia tras la llegada o apoyar el retorno voluntario asistido se rigen por el mandato y los principios de la OIM. Dependen de una sola pregunta: ¿mejorará nuestra intervención la vida de los migrantes afectados? En estos casos, estamos firmemente convencidos de que sí”.

A muchas personas del ámbito de los derechos humanos les incomoda que la ONU esté facilitando el proceso a los gobiernos que aceptan cooperar con la administración Trump.

“Resulta muy chocante que la OIM sea la organización encargada de estas personas”, afirma Alma David. “No son migrantes en el sentido habitual de la palabra. No eligieron migrar. En la práctica, fueron secuestradas”.

Una vida en las sombras

Quienes han sido devueltos desde terceros países a sus países de origen describen una vida en la clandestinidad. Kuyateh abandonó Sierra Leona pocos días después de que la deportaran. The Guardian no revela dónde se encuentra. “No duermo por las noches”, cuenta. “A veces me despierto y me quedo sentada pensando: ”¿Qué hago en este lugar? ¿Por qué he acabado aquí?“.

Llama a su familia todos los días. A veces, cuenta, se siente demasiado triste como para activar la videollamada y ver sus caras. Es capaz de hablar con su madre sin llorar, explica, pero cada vez que habla con su padre, se echa a llorar. Piensa a menudo en ellos y cuenta el dolor que siente. No está segura de qué le da más miedo: la idea de morir sola en un país extranjero o saber que sus padres podrían morir y no estar a su lado.

Terror al volver a Ghana

Annan, un hombre gay que huyó de Ghana después de que miembros de su familia revelaran su orientación sexual y lo persiguieran, explica que se sintió aterrorizado al volver a aterrizar en Accra. Se había negado a desembarcar durante su primera deportación de Estados Unidos a Sierra Leona y tuvieron que sacarlo a la fuerza del avión. Explica que suplicó a las autoridades que no lo devolvieran, pero ignoraron sus peticiones. 

En un comunicado, el Gobierno de Sierra Leona asegura que otorga la máxima importancia a “sus obligaciones internacionales”, pero sostiene que corresponde a Estados Unidos responder por las medidas de protección migratoria concedidas por sus tribunales.

También afirma que, hasta la fecha, ninguna de las personas trasladadas a Sierra Leona en virtud del acuerdo sobre nacionales de terceros países (TCNA) ha solicitado permanecer en Sierra Leona ni ha pedido que no se la envíe al país de su elección, dentro o fuera de África Occidental.

La madre de Annan había gastado sus ahorros para pagar la huida de su hijo a Estados Unidos. Quedó desolada cuando él la llamó para decirle que había regresado. “Mi madre sabía que no podía protegerme”, cuenta Annan.

Annan ha compartido imágenes del lugar donde vivía: un edificio abandonado, sin electricidad ni agua corriente, en un país vecino. Ha explicado que durante el día permanecía escondido y, al anochecer, caminaba casi una hora para conseguir comida. Dormía sobre una manta extendida en el suelo, aunque apenas lograba conciliar el sueño por miedo a contraer alguna enfermedad transmitida por los insectos que se arrastraban o zumbaban a su alrededor. La soledad le resultaba insoportable.

En las últimas semanas, alguien le había enviado un mensaje de texto de forma anónima, diciéndole que su supervivencia, como hombre gay, no sería tolerada. El mensaje le hizo sentir desesperanza: podía huir, pero no podría esconderse para siempre.

Agotamiento

En Los Ángeles, Jalili está recibiendo más llamadas sobre clientes que van a ser embarcados en vuelos de deportación. En junio, a una mujer iraní de 30 años con un trastorno sanguíneo que la debilitaba tanto que necesitaba un andador le comunicaron que sería enviada a Esuatini, en el sur de África.

La abogada cuenta que otra clienta está superada por las circunstancias: “Cada semana le proponen un nuevo país”.

Los abogados especializados en inmigración afirman que, aunque su trabajo siempre ha sido difícil, los intentos de obstaculizar a quienes se oponen a la campaña de la Administración Trump para acabar con cualquier forma de migración irregular tienen una magnitud sin precedentes.

Cuando detienen a uno de sus clientes, los abogados apenas encuentran vías para denunciar abusos y exigir responsabilidades. Entre las instancias que han dejado de funcionar figura la oficina del defensor independiente de las personas detenidas por motivos migratorios, encargada de investigar abusos y conductas indebidas.

En los tribunales, los abogados pueden encontrarse con jueces hostiles a su causa, ya que Trump ha destituido a algunos magistrados por considerarlos insuficientemente leales a su política de deportaciones. Además, el coste de presentar una demanda ha aumentado considerablemente a raíz de una ley aprobada por el Congreso en julio del año pasado.

Incomunicación del ICE

Jalili, como muchos otros abogados, dedicó buena parte del primer mandato de Trump a recurrir ante los tribunales la política de separación de niños y niñas de sus padres en la frontera entre Estados Unidos y México. En vísperas de las últimas elecciones presidenciales, ante la posibilidad de que la situación empeorara si Trump volvía a ganar, decidió abrir su propio despacho.

A menudo la despertaban de noche las llamadas de familiares desesperados de personas que acababan de ser detenidas por el ICE.

Uno de los mayores obstáculos es conseguir comunicarse con los agentes del ICE, explica Erica Reilly, abogada de inmigración en la ciudad de Washington.

“Envías todos esos correos electrónicos a los agentes de deportación y les dices algo así como: ”Hola, solo quiero hacer un seguimiento del correo que te envié la semana pasada, y la semana anterior, y la anterior a esa, y la anterior a esa, al que no has respondido“, explica: ”Y ellos saben que no tienen por qué darte ninguna explicación porque no hay rendición de cuentas“.

Explica que lo peor es la sensación de impotencia. Con el tiempo, ha llegado a la conclusión de que la crueldad y las trabas para acceder a los agentes forman parte de una estrategia.

“Creo que el Gobierno de Trump está haciendo todo lo posible para que suficientes personas piensen: ”Quedarme da demasiado miedo. No sé qué va a pasar y puede ser peor. Mejor me voy por mi cuenta“.

Reilly explica que, para sobrellevar cada jornada, ha tenido que aprender a valorar los pequeños avances: “Que un agente encargado de las deportaciones te devuelva la llamada no debería considerarse una victoria, pero, en estas circunstancias, lo es”.

Jalili cuenta que procura centrarse en las batallas que puede ganar. Cuando supo que el avión en el que viajaba Nika había despegado rumbo a Bangui, se dejó caer al suelo, llamó a su madre y rompió a llorar. “En una situación así, no basta con decirse que hice todo lo que pude”.

Nika había perdido la vida que conocía en Irán. Estados Unidos apenas le ofreció algo mejor. Jalili enumera todo lo que su clienta ha tenido que soportar:

“Diecisiete meses detenida. Diez días de libertad por orden de un juez federal. Que la separaran de su tío, la metieran en un coche y después en un avión, encadenada. Veinticuatro horas sentada durante el vuelo. Ha tenido que sentir una soledad inmensa”.

Información adicional de Alice Speri

Traducción de Emma Reverter

The Deportation Project ha sido coordinado por Forbidden Stories. Han participado estos medios y equipos de investigación:

Estados Unidos y Reino Unido: The Guardian, The Washington Post, FRONTLINE y Human Rights Center Investigations Lab, de la Universidad de California en Berkeley. 

Europa: France 24, Radio France Internationale (RFI), La Croix, Paper Trail Media, Die Zeit, Der Spiegel, ZDF y Der Standard. 

América Latina: Divergentes, Revista Factum, Plaza Pública, Contracorriente y Proceso. 

África y otros equipos: Inhlase, The Fourth Estate, Opinion-info.cd, Number One Citizen Daily, CCIJ y Evident Media.

Trump suelta lastre a menos de tres semanas de las elecciones legislativas. El presidente de EEUU reacciona así a la ola de críticas por la pobre comparecencia con la que se estrenó Katie Zacharia y por el hecho de presentarse como abogada sin tener la habilitación superada para serlo.

“¿Le hubiera gustado saber que Katie Zacharia no aprobó el examen de acceso a la abogacía?”, le ha preguntado un periodista a Trump antes de tomar el Marine One, este viernes en el South Lawn de la Casa Blanca: “Katie ha recibido un trato muy malo por parte de los medios de comunicación. Muy, muy malo. Muy injusto. Acabo de preguntarle: '¿Esto es para ti?'. Y es una persona agradable. Voy a dejar que sea ella quien tome esa decisión. Sean Hannity [comentarista de Fox] se mostró un poco duro. Katie está teniendo un comienzo difícil, los medios de comunicación se han portado muy mal con ella. Le dije: 'Sinceramente, si yo fuera tú, me lo replantearía'. Quizá esto no sea lo suyo”.

Así, Zacharia, ha sido despedida tras menos de una semana en el cargo, según ha confirmado The New York Times tras las declaraciones de Trump en torno a “reconsiderar” el puesto. De acuerdo con lo que cuenta Fox News, Zacharia está “dejando el cargo”.

Cuando Donald Trump la anunció para sustituir a Karoline Leavitt, dijo que era abogada (“attorney”). En sus colaboraciones con medios como Fox, Newsmax o CNN, Katie Zacharia también se ha presentado como “abogada”. Incluso en su perfil de X lo señalaba. Pero el problema es que en Estados Unidos tener un título de Derecho no basta para ejercer como abogado: es necesario aprobar el examen de acceso a la abogacía y obtener la admisión en el colegio de abogados del estado en el que se quiera ejercer dicha profesión.

Según publicó The Wall Street Journal, Zacharia se presentó al examen de acceso al colegio de abogados de California tras graduarse en la Facultad de Derecho de la Universidad de Pepperdine en 2011, pero no lo aprobó. Se presentó al examen más o menos en la época en que estaba organizando su boda y preparándose para mudarse a China con su futuro marido.

Y, ante la pregunta directa que le hicieron este martes sobre dónde había aprobado el examen, Zacharia respondió de forma ambigua.

“¿En qué estado aprobó el examen de acceso a la abogacía?”, le gritó un periodista a Trump este martes mientras se dirigía al Marine One. El presidente se inclinó hacia delante. Zacharia estaba detrás de él. “Ha dicho que es abogada”, repitió el periodista, “¿dónde aprobó el examen de acceso a la abogacía? ¿En qué estado?”

Trump se hizo a un lado para dejar que Zacharia respondiera: “Cuando me mudé a China”.

Zacharia se licenció en Derecho por la Universidad de Pepperdine, pero no hay constancia de que hubiera aprobado el examen de acceso al colegio de abogados de ningún estado, requisito para ejercer la abogacía en Estados Unidos.

El primer ministro de Albania, Edi Rama, ha afirmado que no dimitirá, mientras el movimiento de protesta en las calles, que dio inicio hace varios meses en contra de los planes para construir un complejo turístico respaldado por la familia Trump, ha derivado en violencia, con enfrentamientos que sacuden la capital esta semana.

El jueves, tras los llamamientos de los estudiantes —quienes esta semana tomaron el control de las manifestaciones antigubernamentales que han convulsionado Tirana desde junio—, Edi Rama afirmó: “Los gobiernos se cambian mediante elecciones democráticas. Tuvimos elecciones el año pasado, no una revolución”. Las declaraciones de Rama a la agencia Reuters se produjeron horas antes de que estallaran nuevos enfrentamientos frente al Ministerio de Educación, donde la policía antidisturbios respondió al lanzamiento de piedras por parte de algunos manifestantes con gases lacrimógenos y cañones de agua.

“Mi responsabilidad es escuchar, atender las preocupaciones legítimas y hacer que Albania siga avanzando”, añadió el jefe del Gobierno. Añadió que la alternativa equivaldría a “una traición a los albaneses que me otorgaron un mandato sólido para completar las negociaciones de adhesión a la Unión Europea (...) No permitiré que la violencia descarrile el futuro europeo de Albania”.

Rama, quien el año pasado logró un histórico cuarto mandato, se ha comprometido a integrar su país en el bloque de los 27 para al año 2030. Albania fue en su día el Estado estalinista más aislado del continente europeo.

Los disturbios de esta semana contrastan con las protestas, en gran medida pacíficas, de los últimos meses y representan el mayor desafío al que se ha enfrentado hasta ahora el veterano líder.

El jueves, tras una noche de enfrentamientos callejeros entre manifestantes y la policía antidisturbios, los residentes se despertaron y encontraron las fachadas de los comercios destrozadas, los semáforos destruidos y edificios gubernamentales y bancos incendiados y saqueados. Se estima que 89 personas, incluidos 61 agentes, resultaron heridas.

Rebrote de las protestas

Este rebrote de violencia ha generado un clima de incertidumbre, en medio de los indicadores que sugieren que la paciencia de la opinión pública ante el Gobierno socialista de Rama —que lleva 13 años en el poder— podría estar finalmente agotándose.

“Los jóvenes albaneses están cansados de tanta corrupción y de tanta arrogancia. Quieren vivir en un país mejor y no temen recurrir a la violencia”, afirma Afrim Krasniqi, director del Instituto Albanés de Estudios Políticos en Tirana. “No hay forma de hacer pronósticos. Nadie puede decir qué ocurrirá a continuación”.

Rama, que emergió él mismo del movimiento de protesta, llegando a convertirse en el rostro de la violencia estatal cuando, hace 30 años, se atrevió a criticar al primer Gobierno poscomunista de Albania, ha criticado las actuales movilizaciones.

“Los estudiantes son el futuro. Son quienes miran hacia adelante, quienes quieren ir más lejos y más rápido”, afirmó el jueves durante una visita a las instalaciones del Colegio de Europa en Tirana, dañadas por un incendio. “Hoy, esto es la ruina que han dejado unas manos que no son —y que nunca podrán ser— manos de estudiantes. Son las manos que intentan hundir a Albania cada vez que el país trata de levantarse”.

Si bien se mostró dispuesto a dialogar con las generaciones más jóvenes sobre el aumento de los costes de la educación —una de las principales quejas que ha avivado las protestas—, advirtió de que no se tolerarán los actos de vandalismo.

Durante casi cinco meses, los manifestantes se han reunido a diario frente a la oficina de Rama para protestar por los planes de un polémico complejo turístico promovido por Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense, Donald Trump. El proyecto contempla la construcción a lo largo de un litoral virgen (una zona de conservación de una belleza natural excepcional), que incluye la isla deshabitada de Sazan.

Bautizada como la “revolución de los flamencos” —debido al riesgo que el desarrollo urbanístico supondría para la fauna y los ecosistemas delicados—, las manifestaciones han congregado a grupos de diversos tamaños. Los participantes también han exigido la dimisión del primer ministro.

A pesar de la oposición, Rama se ha negado rotundamente a dar marcha atrás, defendiendo el proyecto como un “regalo” que impulsará la economía y generará puestos de trabajo, muy necesarios en Albania, transformando el país en un destino turístico de alto nivel.

¿Un punto de inflexión?

Sin embargo, Krasniqi considera que el movimiento de protesta “ha llegado a un punto de inflexión esta semana”, a pesar de que las manifestaciones también se han visto inspiradas por un descontento estudiantil similar que recorre Europa, especialmente Francia. “El gobierno ha tenido más de cuatro meses para dialogar con la gente que ha estado saliendo a la calle a diario. En lugar de eso, optó por menospreciarla y desestimarla. Ahora, los estudiantes se han sumado al movimiento y parece que llevan la iniciativa”.

Krasniqi señala que, por primera vez, ha escuchado a jóvenes decir que están dispuestos a sufrir daños físicos o a ir a la cárcel si ese es el precio a pagar “para garantizar la democracia” en su país. “Sus reivindicaciones son muy distintas a las de los manifestantes [de la revolución de los flamencos]. Piden una mejor educación, mejores instalaciones universitarias y una sociedad que les ofrezca esperanza. Además, no consideran que Albania deba estar en venta”.

Con un valor de unos 4.000 millones de euros, el complejo turístico respaldado por la familia Trump supondría la mayor inversión que ha recibido el país hasta la fecha. La semana pasada, Kushner defendió el proyecto y reconoció que tanto él como su firma de inversión, Affinity Partners, están “apostando por un país que nunca ha tenido un proyecto de esta envergadura”.

“No hay garantías”, afirmó el yerno de Trump. “Estamos asumiendo ese riesgo porque creemos en Albania y creemos en los albaneses. Si tiene éxito, el proyecto supondría una inversión de aproximadamente 4.000 millones de euros y generaría un número considerable de empleos, actividad económica y visibilidad internacional para Albania”.

Esta semana, los ecologistas —quienes encabezaron inicialmente la oposición al proyecto— expresaron una opinión muy distinta. Meses después del inicio de las protestas, la indignación persiste ante una iniciativa que, según muchos, solo beneficiará a la élite, tal y como denuncia Aleksandër Trajçe, director de la principal organización conservacionista del país: Protección y Preservación del Medio Natural en Albania. “El malestar por el proyecto [de Kushner] ha allanado el terreno para la violencia que estamos presenciando, ya que, día tras día, los manifestantes se han topado con la arrogancia de un gobierno que se ha negado a escucharles o a ceder lo más mínimo”.

Volodímir Zelenski ha acusado a SpaceX de restringir el acceso a su servicio Starlink de grado militar, lo que, en la práctica, paraliza las misiones de ataque con drones ucranianas y las defensas aéreas cruciales para Kiev con solo pulsar un botón.

Este suceso —y sus graves consecuencias para Ucrania— ha puesto el foco de atención en Starlink —el servicio comercial de Internet por satélite de SpaceX— y en Starshield, una potente versión militar desarrollada por la empresa de Elon Musk para el Pentágono.

Esto es lo que sabemos sobre los dos sistemas de SpaceX, cómo se controlan y por qué Zelenski ha calificado este cambio como una traición por parte de Donald Trump y de Estados Unidos.

¿Qué ha pasado con la conexión de Ucrania?

El martes por la noche, el Ejército ucraniano informó de que el sistema de comunicaciones por satélite Starlink —fabricado por SpaceX, pero gestionado por el Gobierno de EEUU— ya no funcionaba en terminales que se desplazan a velocidades superiores a 160 kilómetros por hora.

Kiev instala receptores Starlink de SpaceX en muchos de sus drones como parte de un sistema de navegación a bordo. El país afirmó que el cambio se impuso sin ninguna explicación por parte de EEUU.

¿Cómo afecta esto a Ucrania?

La restricción tuvo dos consecuencias inmediatas: dejó prácticamente inoperativos la mayoría de los drones que Ucrania utiliza para lanzar ataques detrás de las líneas del frente y obstaculizó el funcionamiento de los sistemas de defensa aérea que impiden que los drones rusos bombardeen Kiev.

Ucrania utiliza los sistemas Starlink para dirigir numerosos drones de medio alcance hacia sus objetivos, lo que constituye una capacidad ofensiva fundamental en el frente. Los Shahed rusos vuelan a velocidades cercanas a los 320 kilómetros por hora, por lo que la nueva restricción implica que los drones interceptores ucranianos no tienen ninguna posibilidad de darles caza.

Starlink no se utiliza en las misiones ucranianas de largo alcance que han atacado con éxito refinerías de petróleo rusas en los últimos meses.

¿Qué es Starshield?

Starshield es una unidad de negocio de SpaceX que desarrolla sistemas de satélites militares y de inteligencia para el Pentágono. El servicio de Starshield es independiente del servicio comercial de banda ancha de Starlink, aunque en ocasiones la distinción entre ambos resulta difusa.

Según SpaceX, Starlink no puede utilizarse para acciones militares ofensivas, sino únicamente para actividades defensivas o para su uso por parte de clientes civiles.

Starshield, sin embargo, ofrece esas capacidades y utiliza un cifrado mejorado para transmitir información confidencial. Además, Starshield permite a los usuarios integrar sensores en dispositivos como los drones. Las comunicaciones seguras de Starshield se basan en Starlink, la amplia red de 11.000 satélites que Musk y SpaceX han lanzado al espacio desde 2019.

¿Quién tomó la decisión de restringir el acceso, Musk o el Pentágono?

Musk afirmó que el Ejército ucraniano está vinculado a Starshield, ya que Starlink no concede licencias a clientes que utilicen armas. Añadió que cualquier interrupción en el servicio de Starshield que estuviera sufriendo Ucrania sería responsabilidad del Gobierno de EEUU, y no de SpaceX. “Los sistemas Starshield son propiedad del Gobierno de EEUU y están bajo su control. Cualquier limitación en la velocidad o el uso la decide el Ejército estadounidense y, en última instancia, el presidente de EEUU”, afirmó Musk, refiriéndose a Donald Trump.

La Casa Blanca no ha confirmado ni desmentido la afirmación de Musk. Sin embargo, la Administración Trump ha estado presionando a Ucrania para que limite sus ataques contra objetivos energéticos en el interior de Rusia.

¿Cuál ha sido la reacción?

Zelenski afirmó que se sentía personalmente traicionado por Trump, en una entrevista con Piers Morgan, y señaló que Kiev estaba “perdiendo a un socio fuerte”. En cuanto a lo que esto significaba para Ucrania y su pueblo, declaró: “Esta decisión provocará muchas pérdidas humanas… por supuesto, habrá personas que morirán”.

En Estados Unidos, los demócratas han condenado a la Administración Trump. “Trump está tomando una decisión que contribuye directamente a la matanza de civiles ucranianos por parte de Putin”, afirmaron los demócratas de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes en una publicación en X, en la que calificaron las restricciones de “inaceptables”.

El senador republicano Tom Tillis expresó su preocupación en X: “Apoyar la soberanía de Ucrania —o, como mínimo, permitirla— no debería ser una zona gris para el Gobierno de EEUU ni para las empresas estadounidenses”.

Los ataques con misiles perpetrados el pasado fin de semana contra el aeropuerto internacional Rey Khalid de Riad no solo extendieron a Arabia Saudí la muerte y el sufrimiento que se viven en Yemen, sino que también obligaron a Donald Trump a replantearse su estrategia diplomática y política para las elecciones de mitad de mandato del próximo mes.

El plan del presidente de EEUU se había dado a conocer el viernes. Afirmó que la escalada de los precios del gasóleo era consecuencia de “un problema mundial” del que culpó a los ataques de Volodímir Zelenski contra las refinerías de petróleo rusas. El objetivo era mantener baja la tensión política en torno a la guerra en Irán y sus repercusiones en Yemen hasta después de las elecciones legislativas de mitad de mandato.

En el marco de esta estrategia, Trump afirmó que el bloqueo iraní en el estrecho de Ormuz se había roto y presentó cifras sobre las exportaciones diarias de barriles de petróleo para tranquilizar a los mercados. Como medida de seguridad adicional, también afirmó que era imposible negociar con los iraníes, ya que no existía un liderazgo único en Teherán.

A Arabia Saudí, junto con Turquía y Pakistán, se les iba a dejar en gran medida que se las arreglaran con los hutíes a lo largo del mar Rojo. El destino de Yemen, el país más pobre del mundo según el Fondo Monetario Internacional, no iba a influir en los votos de Kansas ni de Alaska.

Ahora, tras el atentado en el aeropuerto de Riad, es dudoso que esta estrategia —de por sí ya muy manida y fruto en gran medida de la desesperación— pueda mantenerse.

A pesar de todo lo que se habla de que el Golfo asuma la responsabilidad de su propia seguridad, es dudoso que se pueda dejar a Arabia Saudí a su suerte tras la matanza de Riad. Una de las 12 víctimas mortales es un estadounidense y puede que haya más entre los heridos graves. Es evidente que algo falla en las defensas saudíes, ya que los hutíes están lanzando cohetes desde una distancia de 800 kilómetros y estos alcanzan su objetivo con demasiada frecuencia.

Estados Unidos mantiene un alto el fuego unilateral con los hutíes desde 2025 y, cuando se reanudaron las hostilidades entre Arabia Saudí y los hutíes en verano, el pacto se renovó discretamente. Trump ha rechazado en dos ocasiones las peticiones de ayuda de Arabia Saudí. ¿Podrá rechazarlas una tercera vez? Es posible que la presión para actuar como se espera de los aliados resulte abrumadora.

Pero, de todos modos, es poco probable que funcione la estrategia de 'culpar a Zelenski y comerciar con Rusia'. La cantidad adicional de gasóleo que Vladímir Putin sacará al mercado no es suficiente para hacer bajar los precios en las gasolineras. Rusia representaba alrededor del 12% del gasóleo mundial transportado por mar. Las exportaciones han caído aproximadamente un tercio, según los cálculos del Centro de Investigación sobre Energía y Aire Limpio.

El acuerdo también ha reavivado los peores temores de Europa sobre la relación de Trump con Rusia, apenas unas semanas después de que el Congreso aprobara un paquete de sanciones contra Moscú que autorizaba a Trump a penalizar a los compradores de energía rusa.

Los europeos saben perfectamente que el problema de la inflación, que contribuye a alimentar el populismo, está provocado por la guerra de Irán y no por las tácticas de Zelenski. La única pregunta es quién lo dirá. El ex primer ministro conservador del Reino Unido, Boris Johnson, no se anduvo con rodeos y escribió: “Es repugnante que Estados Unidos esté levantando ahora las sanciones al combustible ruso, y es claramente ridículo culpar a Ucrania del repunte de los precios que, obviamente, comenzó con el cierre del estrecho de Ormuz. Putin está asesinando cada día a civiles ucranianos inocentes. Los ucranianos están luchando por sus vidas. Y, sin embargo, la Casa Blanca parece decidida a obligar a los conductores estadounidenses a financiar la matanza de Putin”.

La ministra de Educación alemana y miembro de la CDU, Karin Prien, afirmó: “Por unos pocos litros de gasóleo. ¡Qué falta de principios!”. Mientras tanto, la UE impuso el lunes nuevas sanciones contra Rusia.

Parece que el daño político que la guerra de Irán ha causado a los republicanos es irreparable. Las encuestas indican que ya no hay vuelta atrás. Todos los candidatos demócratas han utilizado la guerra como arma política en cada debate televisivo, presentándola como una cuestión económica. Los candidatos republicanos, presionados para que se desmarquen de la guerra, se refugian a toda prisa en la relativa seguridad de la política identitaria.

Los iraníes también están intentando maximizar los daños que causan en el estrecho de Ormuz, contrarrestando la versión de Trump de que el bloqueo se ha roto. Mientras tanto, se multiplican las imágenes de petroleros en llamas.

Así pues, tras lo ocurrido en Riad, Trump debe replantearse la situación. Puede reincorporarse a la guerra contra los hutíes, poniendo fin al alto el fuego unilateral de EEUU, pero, si lo hace, sabe por experiencia que le saldrá caro. Las tres primeras semanas de la guerra contra Irán costaron 1.000 millones de dólares al día. Muchos de los asesores del presidente estadounidense afirman que, ya que Teherán espera que lo haga, más vale que ataque también a Irán, que respalda a los hutíes. No obstante, el ejército iraní sigue creyendo que tiene la ventaja en una escalada y lo ocurrido en Riad podría repetirse en todo el Golfo.

La alternativa es que su equipo pueda negociar de forma discreta e indirecta con Teherán, tal y como está ocurriendo en Doha. Algunos iraníes están instando a sus dirigentes a aprovechar la oportunidad, argumentando que Trump se encuentra en una situación de especial vulnerabilidad en vísperas de las elecciones de mitad de legislatura.

Se podría llegar a un acuerdo, incluso sobre el enriquecimiento de uranio, pero no sería del agrado de EEUU ni beneficiaría las posibilidades de reelección del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

China y Rusia están intentando resolver la cuestión de los hutíes por la vía diplomática, pero los objetivos de estos se están ampliando, mientras que el sur de Yemen está dividido respecto a su futuro dentro del país, una división que merma la capacidad del Estado para constituir el componente terrestre que Arabia Saudí necesita para complementar su dominio aéreo contra los hutíes. Taiz, la tercera ciudad de Yemen, lucha por superar el asedio de los hutíes. Los saudíes pueden tomar represalias, pero las represalias no son la solución a una guerra civil que ya dura una década.

Así pues, por el momento, la doble estrategia de Trump —de dejar de lado los conflictos de Irán y Yemen mientras culpa a Zelenski— resulta ahora tan transparente, tan moralmente cobarde y, en sus propios términos, tan ineficaz, que parece insostenible. La única pregunta es si el presidente abandonará esa estrategia o si, por el contrario, será el pueblo estadounidense quien la rechace en las urnas.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, mandó este miércoles un mensaje en Londres inusualmente pesimista sobre la relación con Estados Unidos tras el último acuerdo del presidente Donald Trump con Rusia. “Es una pena que estemos perdiendo a un socio fuerte”, dijo en una entrevista en la que también asintió ante la pregunta de si se sentía “traicionado”.

“¿Cree usted que está perdiendo a Estados Unidos?”, le insistió el entrevistador británico, Piers Morgan. “Sí, pero no es por nosotros. No podemos ser débiles. Si lo somos, no sobreviviremos. No vamos a vender nuestro país”, dijo Zelenski, que le quitó importancia a sus propios “sentimientos”. Al ser preguntado por el anuncio de Trump del levantamiento de sanciones para comprar diésel ruso, el presidente ucraniano dijo: “Es doloroso cuando Trump elige un lado y no es el nuestro. Vale que se quede en el medio. Si estás en el medio, debes quedarte en el medio, no en el lado equivocado. Sus asesores están equivocados. No sé quién le está empujando hacia el lado equivocado. Este no es el lado correcto de la historia”.

En medio de otra crisis con Estados Unidos, el presidente ucraniano fue recibido con abrazos, guardias reales y promesas de más apoyo en Londres. Después del pacto de Trump con el presidente ruso, Vladímir Putin, para levantar sanciones y comprar diésel ruso, Ucrania asegura que no ha recibido información de inteligencia antes de varios ataques sobre Kiev y la versión militar de Starlink, la red de Internet por satélite de Elon Musk, ha sufrido interrupciones. 

Acogida cálida

Zelenski fue recibido por el rey Carlos III en el Palacio de Buckingham y después en Downing Street, rodeado de la guardia real en una ceremonia militar poco habitual y reservada solo a las visitas de Estado. Los funcionarios del Ministerio de Exteriores británico salieron a la puerta de su sede a aplaudirle. La acogida recordaba a la calidez de marzo de 2025, cuando Keir Starmer y el rey lo recibieron después de la bronca de Trump y su vicepresidente en la Casa Blanca.

El primer ministro británico, Andy Burnham, insistió en que el Reino Unido seguirá respaldando a Ucrania y ha pedido a sus ministros nuevas formas de ayudar a Kiev. Zelenski agradeció el apoyo y volvió a pedir un alto el fuego.

El primer ministro británico ha evitado criticar a Trump y dice que su prioridad es “reparar puentes” con Washington. También ha aprovechado la visita para anunciar que mandará antes de lo previsto misiles británicos contra la nueva generación de drones rusos. 

Además, su ministro de Economía, John Healey, defiende esta semana en la reunión del FMI en Tailandia una prohibición más amplia de las compras del gas natural licuado ruso. 

Inteligencia y Starlink

El Gobierno estadounidense asegura que sigue compartiendo inteligencia con Kiev y el ucraniano no ha querido culpar directamente a Estados Unidos. Sí ha sido más explícito con las interrupciones del servicio de Starlink, que utilizan las unidades de drones ucranianos y que dejaron de funcionar este miércoles en el frente. “Está claro que esta acción no es una coincidencia y está relacionada con la situación política actual”, dijo Serhii Beskrestnov, asesor del Ministerio de Defensa ucraniano. Fuentes del Gobierno han confirmado al Financial Times la interrupción del servicio. Elon Musk, el dueño de X y de Starlink, ha vuelto a atacar esta semana a Zelenski en su red.

El presidente ucraniano se refirió en Londres a los dos asuntos con pocos detalles en público. A su llegada a Downing Street, dijo que los comentaría con Burnham y los describió como “dificultades” y “sorpresas”.

El gas natural licuado

El viernes pasado, después de una reunión con los europeos en Florida, la Administración Trump reveló que no sólo va a comprar diésel ruso, sino que tampoco va castigar a quien lo haga. Hace solo unas semanas el propio Trump firmó un acuerdo bipartidista para imponer más sanciones a la energía rusa. Se trata de una cantidad simbólica de diésel, pero es una señal del nuevo cambio de Estados Unidos y su presión a Ucrania. 

La UE sigue comprando gas natural a Rusia y no ha dejado de hacerlo desde la invasión a gran escala, pero las sanciones que entrarán en vigor en 2027 aspiran a eliminar por completo esas importaciones. En septiembre, por primera vez en cinco años, España no compró gas natural licuado de Rusia, según los datos de Enagás. La prohibición europea entra en vigor en enero.

Rusia ha continuado los ataques contra civiles e infraestructura energética pese al anuncio de supuesta tregua de Trump, y no ha dado ninguna señal de que se quiera sentar a negociar la paz. 

Una de las negociaciones más avanzadas es sobre Lukoil, compañía energética ahora sancionada por Estados Unidos y que, según el New York Times, podría vender sus activos a un grupo de inversión estadounidense liderado por un donante de Trump e inversores cataríes que ya hacen negocios con Jared Kushner, yerno del presidente y enviado para negociar a Moscú. 

Donald Trump ha vuelto a liarla en redes sociales. Ya sabíamos desde hace mucho tiempo que el presidente de Estados Unidos es aficionado a publicar todo tipo de imágenes polémicas en su cuenta de redes sociales. Pero esta vez, el mandatario ha ido un paso más allá.

Este miércoles, Trump ha publicado un vídeo en su cuenta de Truth Social donde aparece una persona siendo atacada por un tigre. En las imágenes, se observa al animal rodeando, golpeando e incluso mordiendo a un joven que permanece sentado delante de él y trata de defenderse. Podría parecer un vídeo más, pero se trata de uno que muestra una tragedia. El joven que vemos es William Chapman, de 23 años, que murió el pasado sábado atacado por un tigre en el zoológico Yorkshire Wildlife Park, cerca de Doncaster, en el norte de Inglaterra.

Según relatan varias personas que presenciaron el ataque, Chapman estuvo paseando con unos auriculares de un lado a otro del recinto donde estaban los animales antes de saltar la barrera y aproximarse al tigre. El joven se tumbó cerca del felino para después ser atacado hasta la muerte.

Poco después de confirmarse la tragedia, comenzó a circular en redes sociales el vídeo compartido por Trump, donde se observan los minutos previos al ataque. Rápidamente, la familia de Chapman salió al paso, pidiendo por favor que se dejaran de compartir las imágenes. “La familia está completamente devastada por su pérdida y está luchando por asimilar lo sucedido. La publicación y difusión de contenido mediático profundamente ofensivo les está causando una gran angustia en un momento de especial vulnerabilidad. Pedimos a la gente que deje de hacerlo”, decían en un comunicado.

Pese a la petición, el vídeo continúa a cierre de este artículo en la cuenta de Truth Social del presidente estadounidense. Además, en la publicación, Trump añadió la frase “Don’t ever mess with nature!” (“no te metas con la naturaleza”) acompañada de su firma “President DJT”, dejando claro que era una publicación impulsada por él mismo. Actualmente, el vídeo tiene más de 8.000 likes y se ha compartido por más de 2.000 usuarios.

Sin embargo, Trump no se ha quedado ahí. Un minuto después del post, el mandatario publicaba otro vídeo en el que aparecía una recopilación de ataques de leones a diferentes personas, todo ello acompañado de música. Pero tampoco fue suficiente, el magnate se recreó posteando con otro vídeo más, en esta ocasión generado con inteligencia artificial protagonizado por él en donde parece recrear los minutos previos al ataque a Chapman.

De hecho, al inicio, el mandatario aparece sentado junto a un tigre que, como en el vídeo original, está amenazante. Después de que el animal le dé un toque con una de sus patas, comienza una persecución en la que Trump corre detrás del tigre hasta que finalmente llega a domarlo, lo tira al suelo y le abraza mientras ambos sonríen a la cámara. Tras esa escena, vemos más imágenes de Trump y el tigre jugando en el césped y abrazándose. Todo ello mientras suena The Lion Sleeps Tonight de The Tokens. Tampoco ninguno de estos dos vídeos han sido eliminados.

No es la primera vez que Trump tiene polémicas referentes a vídeos generados con IA. Una de las más criticadas sucedió a principios de este año, cuando compartió un vídeo en el que Barack y Michelle Obama aparecían representados como monos en la jungla. El presidente, cercado por la polémica, tuvo que eliminarlo 12 horas después, justificándose en que no había visto toda la grabación, aunque negándose a admitir haber cometido “ningún error”. “Esto es de un meme en internet que representa al presidente Trump como el rey de la selva y a los demócratas como personajes de El rey león”, dijo entonces la portavoz de la Casa Blanca.

Precisamente, otra de las polémicas sucedió en mayo, en esta ocasión con la cuenta de la propia Casa Blanca. El perfil oficial en X de la institución publicó un vídeo hecho con inteligencia artificial en el que podía verse como Trump, tira a un cubo de basura a Stephen Colbert, expresentador de The Late Show, coincidiendo con su despedida de las pantallas. “Bye-bye”, añadía la cuenta al vídeo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este miércoles que su país prepara el comienzo de las labores de exploración “masiva” de petróleo, gas y minerales en Groenlandia.

“¡La exploración masiva de petróleo, gas y mineral se está preparando para comenzar en nuestra nueva y bella Groenlandia!”, ha asegurado Trump en un mensaje en su red. El presidente también ha afirmado que el territorio es fundamental para la seguridad de su país y de Europa.

Según el mandatario, hay expertos que creen que las reservas de petróleo “fácilmente accesible” que existen en Groenlandia son “mucho más grandes que casi las de cualquier territorio en cualquier lugar del mundo”.

Al margen de los recursos energéticos, Trump considera que desde el punto de vista de la seguridad “defensiva y ofensiva” de Estados Unidos y Europa, Groenlandia es “insuperable”.

“Cualquier ataque futuro sobre Estados Unidos tendrá que pasar por Groenlandia, donde nuestra Defensa derribará sistemáticamente drones, misiles o cualquier otra forma de armamento todavía no concebido. ¡Nos da tiempo, localización y campo visual como ningún otro sitio en el mundo!”, ha señalado.

El anuncio de Trump llega apenas tres semanas después de que su país, Dinamarca y Groenlandia firmaran, en los márgenes de la Asamblea General de la ONU, el acuerdo de seguridad que alcanzaron tras las amenazas del presidente estadounidense de invadir la isla ártica.

El documento fue rubricado en una ceremonia en presencia de Trump, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen; y el primer ministro groenlandés, Jens-Frederik Nielsen.

El pacto otorga a Estados Unidos una presencia militar permanente en la isla y vetaría el acceso de Rusia y China, al tiempo que respetaría la soberanía de Dinamarca sobre el territorio autónomo y el derecho de autodeterminación de Groenlandia.

Trump, que en su primer mandato (2017-2021) ya estuvo interesado en este territorio autónomo danés, generó a principios de este año una fuerte tensión con Groenlandia, Dinamarca y el resto de socios de la OTAN al sugerir la posibilidad de invadir militarmente la isla.

Trump justificó su arenga a las masas para asaltar el Capitolio en 2021 en un supuesto fraude electoral. Dos años después, en 2023, seguidores de Jair Bolsonaro asaltaron también las sedes de los tres poderes del Estado de Brasil con el mismo argumento. Hoy, su hijo, candidato a la presidencia del país, vuelve a sembrar dudas sobre la limpieza del proceso electoral. En España, nada más conocerse el adelanto electoral, Isabel Díaz Ayuso y Alberto Núñez Feijóo han dado alas a la teoría de conspiración sobre el voto por correo. Y este lunes, el Tribunal Supremo ha decidido suspender el derecho a voto de más de 160.000 ciudadanos que viven en el extranjero y que recibieron la nacionalidad española por ser descendientes de emigrados durante la represión franquista de la guerra y la posguerra. Son españoles, lo dice una ley. Pero no podrán votar, lo dice el Supremo, para proteger “la pureza del proceso electoral”.

Hablamos con Joaquín Urías, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla, sobre la polémica decisión del alto tribunal. Con Aitor Riveiro, periodista de elDiario.es que sigue la actualidad del PP, recordamos cómo la ley con la que el gobierno de Rajoy otorgó la nacionalidad española a los descendientes de los judíos expulsados de España en el siglo XV no levantó polémicoa alguna. Con Andrés Gil, corresponsal de elDiario.es en Estados Unidos, analizamos cuál puede ser la relación entre lo que pasa ahora en España y lo que ha intentado Trump en Estados Unidos en los últimos años.   

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Este jueves y viernes los 27 líderes de los países de la UE y de las instituciones europeas se reúnen en una cumbre en Bruselas donde van a dejar claro la posición como bloque frente a las presiones comerciales de China o las agresiones híbridas de Rusia. Ambas potencias son observadas en las capitales europeas como fuente de desestabilización: el gigante oriental por el déficit comercial europeo y Moscú por la invasión de Ucrania y sus continuas injerencias en territorio europeo. ¿Y con Estados Unidos? Nada. Pese a que la Administración de Donald Trump se ha convertido en una causa continua de perturbaciones para Europa, los líderes de la UE prefieren pasar de puntillas ante las continuas maniobras de la Casa Blanca.

Solo en los últimos días, Trump comenzó con la amenaza de vetar la venta de diesel a Europa, lo que provocó una subida del precio de los carburantes, que ya sufren los europeos entre otros motivos por la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irá, que ha provocado el cierre del estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20% del tráfico marítimo global de combustibles.

Aunque el G7 se decidió por abrir el grifo de las reservas de este combustible, el presidente de Estados Unidos decidió levantar las sanciones a Rusia por la invasión de Ucrania para que el Kremlin pueda vender diésel con el objetivo de reducir los precios del carburante. A la vez que facilitaba financiar la máquina de guerra de Rusia frente a los ucranianos, Trump aseguraba que Kiev y Moscú habían accedido a una tregua para no atacar las infraestructuras energéticas, que ninguno de los dos países reconocía.

Aunque el acuerdo entre Trump y el presidente ruso Vladímir Putin ha causado indignación, la respuesta europea ante la iniciativa de Trump ha sido dirigir carga de la culpa a Moscú. El primer ministro polaco, Donald Tusk, apuntó que “Rusia no está interesada en rebajar la tensión, en un alto el fuego ni en la paz. Iré a Bruselas para pedir a mis socios que se planteen seriamente endurecer las sanciones contra Rusia”. Mientras, el canciller alemán, Friedrich Merz, subrayó que “Rusia solo negociará si se la presiona. Tras los irresponsables ataques de Moscú contra el suministro energético civil de Ucrania hay que endurecer aún más las sanciones”. La máxima que explicitó el Gobierno noruego de que “es importante sancionar a Rusia para que no pueda financiar la guerra” se repite en las capitales europeas. Pero, ¿sirve de algo si posteriormente Estados Unidos se salta las sanciones?

Un acuerdo “contra la estrategia de la UE”

El problema también es que nadie se atreve señalar directamente a Trump para evitar tensionar aún más unas relaciones ya complejas desde su vuelta por segunda vez a la Casa Blanca. Fuentes diplomáticas que quieren mantener el anonimato califican como “lamentable” el acuerdo anunciado entre Moscú y Washington. “Es lamentable. Va en contra de la estrategia que hemos seguido durante los últimos cuatro años y medio para presionar a Rusia”, apuntan.

¿Habrá una declaración en la cumbre de líderes europeos mostrando la contrariedad por el acuerdo del diésel? No parece haber consenso. Mientras que algunas fuentes diplomáticas asumen que se pasará por encima sin mención alguna para centrarse en incrementar las sanciones sobre Rusia, los representantes diplomáticos de otros países apuntan que al término del Consejo Europeo habrá una expresión de pesar por el pacto.

La cuestión que se pone en duda es si la Unión Europea puede ser realmente un poder global con esta actitud. Un funcionario del alto nivel de la UE argumenta que “no es la primera vez que tenemos discrepancias con Estados Unidos en relación con la guerra de Ucrania. Sin embargo, no estoy de acuerdo con la idea de que se nos ignore. En los últimos años, desde que el presidente Trump llegó al poder, hemos visto que el diálogo con Estados Unidos no siempre conduce a un acuerdo pleno sobre la forma en que la UE y Washington ven las cosas, pero siempre es mejor que no mantener ese diálogo”.

En el seno de las instituciones europeas se abordan los desplantes de Trump con mucha prudencia. No solo es una cuestión de los países, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, en su último discurso del Estado de la UE no mencionó ni una vez a Donald Trump o Estados Unidos, mientras que señaló a Rusia y a China, contra los que propone políticas contundentes.

“Dialogamos incluso cuando discrepamos”

“No hay mejor alternativa. Dialogamos incluso cuando discrepamos. Y lo que hemos visto en el pasado es que ese diálogo nos ha permitido alcanzar acuerdos, estabilizar nuestras relaciones y obtener resultados positivos para nuestros intereses. Es la mejor manera de seguir abordando estas cuestiones de forma práctica y serena con Estados Unidos”, argumenta un funcionario de la UE.

El acuerdo de Groenlandia, tras meses de presión infructuosa de Trump para anexionarse el territorio danés, es uno de los ejemplos que se pone como el camino a seguir en la relación con Estados Unidos. También se ha conocido hace pocos días que la Administración Trump impuso nuevas sanciones a la Corte Penal Internacional como parte de su campaña para desmantelar el tribunal que, según EEUU, se ha politizado y ha intentado juzgar de forma injusta e ilegal a estadounidenses e israelíes por delitos de guerra.

La receta europea es la misma. La Comisión Europea respondió al anuncio de la Casa Blanca que “la Unión Europea siempre ha apoyado a la Corte Penal Internacional. Es profundamente lamentable que Estados Unidos haya anunciado su intención de imponer sanciones”.

Un funcionario de la UE describe la estrategia de la UE con la Corte Penal Internacional: “Nuestra posición está clara. Hemos lamentado el anuncio de Estados Unidos. También es cierto que Washington ha dicho que la medida no entrará en vigor hasta dentro de seis meses. No vamos a quedarnos de brazos cruzados durante ese tiempo: vamos a aprovecharlo para intentar encontrar una solución. Sería irresponsable no aprovechar estos seis meses para intentar encontrar una solución”. Diálogo frente a la barbarie.