La Guardia Civil investiga a un vecino de Villafranca de los Barros (Badajoz), que gestionaba una protectora local de animales, tras el hallazgo en las instalaciones de seis perros muertoss en distintas fases de descomposición y otros nueve animales en un pésimo estado higiénico sanitario. Al detenido se le considera autor de un delito continuado de maltrato y abandono de animales de compañía.

Las instalaciones de la protectora local, que percibía fondos públicos mediante convenios con ayuntamientos de la comarca, carecían de las condiciones sanitarias mínimas y los animales sufrían una situación de absoluto desamparo y maltrato por omisión.

La actuación policial se inició a raíz de una alerta ciudadana que informaba sobre la presencia de animales muertos en una finca rústica aislada del término municipal de Villafranca de los Barros. Tras una primera inspección conjunta con componentes de Policía Local de Villafranca de los Barros, hallaron los cadáveres de seis perros en diferentes estados de descomposición, así como a otros nueve canes aún con vida, pero en condiciones críticas de salubridad. Ante la urgencia de los hechos, se procedió al precinto inmediato del recinto para preservar la escena.

En una segunda inspección técnico-policial, se contó además con el auxilio de inspectoras facultativas sanitarias de la Junta de Extremadura, que ratificaron mediante informe pericial la situación de desamparo y maltrato por omisión que sufrían los animales.

De las pesquisas practicadas se pudo determinar que el investigado instrumentalizaba una entidad local dedicada a la protección animal, la Asociación Protectora de Animales 'La Tinaja', para ejercer el control de la instalación.

Esta asociación ha venido percibiendo fondos públicos procedentes de administraciones locales mediante convenios de colaboración y contratos para la recogida y custodia de animales vagabundos en la comarca de Tierra de Barros.

La Guardia Civil ha remitido requerimientos oficiales al Ayuntamiento de Villafranca de los Barros al objeto de comprobar los contratos, pliegos de condiciones, importes económicos liquidados y las autorizaciones de núcleo zoológico correspondientes a los últimos cinco años, buscando esclarecer el alcance penal y administrativo en la gestión de dichos fondos públicos.

Por su parte, el consistorio local ha coordinado la incineración de los seis animales fallecidos, así como el traslado urgente de los nueve ejemplares supervivientes a un centro de acogida autorizado donde ya reciben el tratamiento veterinario necesario.

Las diligencias instruidas por la Guardia Civil han sido puestas a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Villafranca de los Barros.

Catalunya está un paso más cerca de blindar que no pueda haber nunca más en su territorio un criadero de animales destinados a convertirse en abrigos o ribetes. Este miércoles, la comisión de Transición Ecológica del Parlament ha aprobado una resolución que insta al Govern a rubricar una ley para convertir a esta comunidad en la primera que prohibirá las industrias peleteras.

La propuesta, que ha contado con los votos del PSC, Comuns, ERC, la CUP y Junts, ha sido impulsada por la entidad ARDE con el apoyo de INTERCIDS, una asociación jurídica animalista. “Es un paso muy importante para proteger los derechos de los animales, los ecosistemas y la salud pública”, ha expresado Julia Elizalde, portavoz de ARDE. Esta asociación ha coordinado la campaña “Acabemos con las pieles”, que ha contado con el apoyo de más de 47.000 personas.

En Catalunya no existen granjas peleteras desde 2010, pero las entidades temen que, después de que 18 estados miembro de la UE hayan adoptado medidas para acabar con esta industria, las empresas busquen nuevos lugares para implantarse. Sobre todo les preocupa el giro que se pueda producir después de que Polonia, el principal productor europeo y el segundo mundial después de China, se comprometiera a acabar con estas granjas de cara a 2033.

“Tenemos que evitar que Catalunya se convierta en un bastión para la industria peletera, ya que las empresas están tratando de trasladar su actividad a zonas donde todavía se permite, a raíz de las prohibiciones europeas”, siguen las entidades, que recuerdan que, como esta actividad no existe actualmente en el territorio, su prohibición definitiva no afectará de ninguna manera al PIB.

La explotación peletera en Catalunya empezó sobre los 1960 en Girona y Barcelona, con dos grandes granjas que estuvieron activas hasta 2009. Ambas causaron “graves afectaciones a los ecosistemas catalanes” a causa de las fugas de bisonte americano, la principal especie que criaban. En uno de los casos, las fugas fueron puntuales, pero en la de Girona un incendio forestal provocó que casi todos los animales huyeran y se instalaran en la naturaleza.

A día de hoy, los bisontes han llegado hasta Tarragona y la frontera con Aragón, convirtiéndose en especie invasora y afectando a las actividades humanas y al equilibrio del entorno. “El bisonte americano tiene un gran impacto debido a su actividad competidora y depredadora. Afecta a especies locales y otros especímenes protegidos como el cangrejo ibérico.

Además, las entidades alertan de que las granjas de bisontes son un “riesgo real para la salud pública”, en tanto que se han detectado diversos brotes de Covid-19 en estos animales, así como casos de Gripe Aviaria de Alta Patogenicidad. “Son entornos de alto riesgo zoonótico debido a la alta densidad de animales, el confinamiento prolongado y su susceptibilidad a los virus respiratorios”, tal como apuntó un informe científico de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA).

Diversos estudios veterinarios apuntan a que los bisontes, así como los zorros y perros mapache, pueden albergar un gran número de virus, especialmente respiratorios, con “alto potencial” de salto de especie, tal como cita la resolución parlamentaria, que ha sido impulsada por el PSC, ERC, Comuns y la CUP.

Junts, que ha votado a favor, no quiso sumarse al grupo promotor por no compartir algunos posicionamientos. “[En la propuesta] se hacen generalizaciones que no aplican al conjunto del sector; aun así, no vemos la necesidad de introducir esta actividad en Catalunya y su prohibición no afecta a nuestra economía. Así que votamos a favor de la resolución, pero no del relato político que lo acompaña”.

Las formaciones que han apoyado la medida destacan también la huella climática que tienen las peleteras. La producción de la piel de bisonte puede generar entre 15 y 20 veces más gases invernadero que el resto de la industria textil. Todo ello, sumado al sufrimiento de los animales criados y sacrificados en esta industria, con el único objetivo de convertirse en piezas de ropa.

“La sociedad catalana rechaza criar animales en jaulas diminutas sólo para fabricar abrigos de piel. Esperemos que el Govern traduzca lo antes posible este compromiso en una prohibición efectiva”, ha declarado Elizalde, en referencia a la proposición aprobada en el Parlament. En esta línea, desde ARDE recuerdan que el 90% de la sociedad española considera “inaceptable” el uso de animales para fabricar piezas de vestir, según una encuesta de la Fundación BBVA.

En base a estos datos, las entidades impulsoras de la resolución consideran que esta puede ser una “herramienta clave” para consolidar la prohibición de las peleteras tanto aquí como en el resto del país. Actualmente, casi todas las comunidades se encuentran en la misma situación que Catalunya; a excepción de la Comunitat Valenciana y Galicia, que concentran las únicas industrias españolas con 1 y 21, respectivamente.

Los toros de Jandilla han cerrado este 2026 los Sanfermines con un encierro muy peligroso y accidentado que ha dejado a tres mozos corneados, según el parte provisional de heridos. La carrera ha sido veloz y no demasiado multitudinaria a pesar de ser 14 de julio, día nacional de Francia, lo que provoca que se acerquen a Pamplona muchos turistas del país vecino.

El último encierro de este año ha sido vertiginoso y ha dejado 12 heridos, tres de ellos por asta: uno en el muslo en el tramo del Ayuntamiento, otro en el tórax en la curva de Telefónica y un último en la plaza de toros. En total nueve personas han tenido que ser trasladadas al hospital.

La carrera, que ha durado 2 minutos y 25 segundos, ha comenzado puntual a las 8 horas en el último día de los Sanfermines, tras los tres cánticos en Santo Domingo.

La manada ha salido agrupada de los corrales con varios cabestros en cabeza. Así ha enfilado todo este primer tramo del encierro, con los seis 'jandillas' muy juntos y cercanos a los mansos. El ritmo trepidante de la carrera en estos primeros metros ha provocado numerosas caídas de corredores, también buenas carreras de los mozos, que han podido lucirse.

Justo antes de entrar en la Plaza del Ayuntamiento, dos toros de la ganadería extremeña han cogido gran velocidad, se han puesto a la cabeza del grupo y ya en este tramo, frente al Consistorio, uno de ellos se ha escorado hacia la parte derecha del recorrido y ha arrollado a varios mozos.

Así, sin perder el ritmo, los astados han continuado por la calle Mercaderes, donde uno de los toros, en carrera, ha intentado embestir a un mozo, que ha caído. La manada ha continuado unida en este tramo para alcanzar la curva y enfilar el tramo de Estafeta, donde las reses han seguido, a gran velocidad, varios metros agrupadas.

A lo largo de la calle el grupo se ha ido estirando, permitiendo a los corredores protagonizar bonitas carreras. Avanzado este tramo del encierro, uno de los 'jandilla' ha caído sobre varios mozos si bien se ha levantado y ha continuado unos metros por detrás del grupo de cabeza.

Así, la manada ha quedado dividida con dos cabestros y tres toros liderando y a poca distancia el resto de los astados, con momentos muy emocionantes en los que los corredores han podido acercarse a las astas. La carrera no ha perdido ritmo y así ha continuado los tramos de Telefónica y Callejón para entrar en la Plaza de Toros, donde uno de los 'jandilla' ha hecho amago de ir hacia la derecha, lo que se ha quedado en un pequeño susto ya que ha retomado la dirección para entrar en chiqueros junto al resto de sus hermanos.

La Guardia Civil ha desmantelado dos centros clandestinos dedicados a la cría y selección de gallos combatiente español, conocidos popularmente como gallos de pelea, en el asentamiento de El Vacie en Sevilla capital, mientras que los dos responsables de estas zonas han sido puestos a disposición judicial.

Según ha expresado el Instituto Armado en una nota de prensa, la Fiscalía de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico en Sevilla tuvo conocimiento de estos hechos, que podrían ser constitutivos de un delito de maltrato animal, por lo que el Equipo de Protección de la Naturaleza Seprona de la Guardia Civil de Sevilla y la Policía Local de Sevilla comenzaron la investigación.

De esta forma, los profesionales identificaron a los responsables de estos hechos. Finalmente, se llevó a cabo el cierre perimetral del asentamiento.

Además, se llevaron a cabo dos entradas en las que se localizaron un total de 88 gallos combatientes españoles que presentaban diversas amputaciones y lesiones. Posteriormente, eran usados en peleas ilegales.

Los mismos han sido trasladados a las instalaciones del Centro Municipal de Protección y Control Animal del Ayuntamiento de Sevilla, donde están recibiendo los cuidados necesarios para su recuperación.

La Guardia Civil ha recuperado así 22 gallos que habían sido sustraídos en una explotación autorizada y que ya han sido devueltos a sus legítimos dueños.

Aunque la investigación continúa abierta, hasta el momento se han puesto a disposición judicial dos los dos responsables de los centros clandestinos intervenidos en calidad de investigados como presuntos autores de los delitos contra los derechos de los animales y delitos contra el patrimonio.

La Guardia Civil investiga a dos personas en Santa Lucía de Tirajana, Gran Canaria, por un presunto delito de maltrato animal tras la muerte de un perro que ingresó en estado crítico en un centro veterinario.

La investigación comenzó tras una inspección del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) en un establecimiento veterinario del municipio, donde los agentes detectaron a un perro con un cuadro clínico “de extrema gravedad, con diversas patologías que requerían atención veterinaria urgente”, ha informado este viernes el cuerpo policial en un comunicado.

Según la valoración veterinaria, el animal sufría un proceso patológico prolongado compatible con enfermedad renal, anemia severa e insuficiencia hepática.

Además, presentaba apatía, ausencia de alimentación espontánea y necesitaba medicación intravenosa continuada.

Ante la gravedad de la situación, los agentes procedieron a la incautación cautelar del perro y coordinaron su traslado a un centro veterinario especializado para garantizar su tratamiento y custodia.

Las pesquisas posteriores permitieron reconstruir las circunstancias relacionadas con el deterioro del estado de salud del animal.

El cuidador le administró ibuprofeno

Durante la investigación, una de las personas vinculadas a su cuidado reconoció voluntariamente haberle administrado ibuprofeno para tratar una inflamación facial que, presuntamente, se produjo tras el ataque de otro animal.

El informe veterinario incorporado a las diligencias concluyó que la administración de ese medicamento pudo contribuir al empeoramiento del cuadro clínico del can.

Además, los investigadores detectaron indicios de una posible falta de cuidados básicos, ya que, según los especialistas veterinarios, las patologías que presentaba eran compatibles con una ausencia prolongada de tratamiento adecuado.

Como consecuencia de los hechos, la Guardia Civil investigó también a otra persona relacionada con la custodia del animal.

Pese a los esfuerzos del personal veterinario, el perro falleció posteriormente a causa de una parada cardiorrespiratoria mientras permanecía ingresado bajo supervisión facultativa.

Las diligencias han sido remitidas al Tribunal de Instancia de San Bartolomé de Tirajana, en funciones de guardia, y a la Fiscalía de Medio Ambiente de Las Palmas para continuar el procedimiento judicial.

La Guardia Civil ha recordado que administrar medicamentos de uso humano a animales sin supervisión veterinaria puede ocasionar graves consecuencias para su salud, especialmente en casos de patologías previas o situaciones de vulnerabilidad.

Por primera vez en estos Sanfermines, un toro de la ganadería Álvaro Núñez ha salido del corral de Santo Domingo por delante de los cabestros, lo que ha dejado carreras vertiginosas en el primer tramo del encierro. Después se le han unido varios hermanos y juntos han generado el pánico en la curva de Mercaderes, cuando un toro ha empujado contra el vallado a un mozo. Tras ello, los cabestros han tomado la delantera y así han enfilado la calle Estafeta, donde la manada se ha dividido.

El balance provisional de heridos deja a nueve personas heridas y cinco traslados al hospital, todos ellos por contusiones. Pese a que el encierro ha sido muy peligroso, no ha habido ningún corneado.

La carrera ha durado dos minutos y 32 segundos debido a que uno de los astados ha quedado rezagado y ha tardado en llegar a los corrales. El encierro ha comenzado puntual a las 8:00 horas tras los tres cánticos en Santo Domingo. La manada ha salido agrupada de los corrales, precedida por un toro negro que ha tomado la cabeza de la marcha. Ha hecho varios derrotes a los mozos en el lado derecho de la cuesta de Santo Domingo donde otro toro ha tenido un resbalón pero que no le ha complicado continuar la marcha sin crear momentos de peligro.

La manada ha continuado a gran velocidad y ha comenzado a estirarse ya en la plaza del Ayuntamiento donde se han visto varias caídas de los mozos. El primer momento de peligro ha tenido lugar al llegar a Mercaderes. La manada no ha podido evitar chocar contra el vallado al tomar la curva, estampando contra las tablas a tres mozos que se han visto atrapados. En este momento, el pitón de uno de los toros se ha deslizado por la espalda de uno de estos corredores sin que, al parecer, le haya producido heridas.

Enfilando a toda velocidad la Estafeta, la manada se ha partido y ha subido estirada por todo el recorrido, lo que ha permitido a los corredores protagonizar carreras delante de los astados. A lo largo de esta subida se han producido caídas de varios mozos, formando algún montón que la manada ha superado de un salto. En este tramo, un toro ha golpeado con el cuerno debajo del brazo a un mozo sin herirle.

En el tramo de Telefónica se ha producido un montón con mozos que han tropezado en su carrera y que ha provocado la caída de uno de los toros. La manada, partida en dos, ha llegado al callejón, pasando por encima de corredores que se han caído al suelo y alcanzando. Otro pequeño montón se ha formado justo en la entrada a la Plaza de Toros, provocando el tropezón de una de las reses, que ha golpeado con el morro contra el suelo. La manada han ido llegando sin más complicaciones a los chiqueros, menos el sexto toro rezagado que ha llegado acompañado de los cabestros.

Los toros de la ganadería Victoriano del Río han protagonizado un nuevo encierro veloz, como ya es habitual en las calles de Pamplona, y han dejado al segundo herido por hasta de las fiestas de San Fermín. Además, otros nueve mozos han requerido traslado, siete de ellos al hospital.

Según el parte provisional de los servicios de emergencia, el corredor corneado este miércoles es un varón mayor de 25 años de Estados unidos que ha sido alcanzado por el pitón de uno de los seis toros en el brazo izquierdo en el tramo de Telefónica, situado al final de la calle Estafeta, en la curva que enlaza con el callejón de la plaza de toros.

El resto de heridos son también mayores de 25 años. Otros ocho han tenido que ser trasladados por diferentes traumatismos, seis al hospital y dos al centro médico San Martín. Dos de los traslados han sido por traumatismos craneoencefálicos provocados por las caídas que ha habido a lo largo del recorrido.

Todos los heridos que han dejado los dos anteriores encierros ya han recibido el alta hospitalaria.

El tercer encierro de los Sanfermines ha sido muy veloz. La carrera, que ha durado 2 minutos y 23 segundos, ha comenzado puntual a las 8 horas tras los tres cánticos en Santo Domingo. La manada ha salido agrupada desde los corrales, agrupada y a gran velocidad, en un tramo donde ya se han visto las primeras caídas de los corredores a ambos extremos del recorrido.

La manada se ha ido estirando ya al comienzo de esta carrera, con un toro un poco rezagado por detrás. A mitad de la plaza del Ayuntamiento, dos mozos se han caído al suelo y la manada ha pasado por encima. Y en el acceso por la calle Mercaderes, un toro ha golpeado a un mozo y también le ha pasado por encima.

Justo al tomar la curva de Mercaderes en su acceso a la Estafeta, varios mozos han tropezado entre ellos, formando un montón, pero los Victoriano del Río no han arremetido contra ellos, sino que han saltado para continuar con su vertiginosa carrera. La manada se ha estirado, partiéndose en dos, encabezada por dos cabestros y dos toros y seguido un poco por detrás por el resto de la manada.

En esta subida por Estafeta un mozo ha sido golpeado en la espalda por el cuero de uno de los astados, tirándoles al suelo y pasándole por encima. Un poco más arriba del recorrido, la manada ha golpeado a un grupo de corredores que han caído al suelo. Hacia la mitad del recorrido de la Estafeta, un mozo ha quedado atrapado entre cuatro reses. Ha conseguido escapar, momento en que los toros han trastabillado, pero rápidamente han recuperado la compostura y han continuado la marcha.

En el tramo de Telefónica un mozo ha sido golpeado por uno de los toros en la parte derecha del recorrido. En este tramo hacia el callejón de la Plaza de Toros se han vuelto a reproducir las caídas de los mozos, entre ellos justo en el acceso al coso, formándose un pequeño montón. La manada ha continuado sin más complicaciones y ha ido entrando en los corrales sin protagonizar más momentos de peligro.

Agentes de la patrulla de Protección de la Naturaleza de Illescas (PACPRONA) han detenido a un varón como presunto autor de tres delitos de maltrato animal y un delito de amenazas, tras abatir con una escopeta de caza a cinco perros.

Las investigaciones se iniciaron tras la desaparición de varios perros cuyos propietarios habían denunciado los hechos dos años antes. Como resultado, los agentes realizaron una inspección en una finca rústica situada en la zona norte de la comarca de la Sagra (Toledo), donde localizaron restos óseos de cuatro perros enterrados en distintos puntos bajo toneladas de estiércol.

Asimismo, se localizó y recuperó un cráneo parcial de perro que presentaba varios perdigones incrustados y una lesión compatible con la trayectoria de los proyectiles. Entre los restos hallados se localizaron los dispositivos deidentificación (microchips) de dos de los animales, lo que permitió confirmar su identidad.

Abatidos dos años antes: solo se han recuperado restos de cuatro

Las gestiones practicadas determinaron que los cinco perros habrían sido abatidos con disparos de escopeta aproximadamente dos años antes de su hallazgo, aunque únicamente fue posible recuperar los restos de cuatro de llos. Los animales correspondían a dos perros de raza pastor alemán, dos huskies siberianos, y un perro mestizo.

Cuatro de ellos figurabano ficialmente como desaparecidos tras las denuncias presentadas por sus propietarios.

En el marco de la investigación los agentes procedieron a la intervención de tres escopetas, un rifle, una carabina y una pistola propiedad del presunto autor, quien disponía de toda la documentación y licencias en vigor.

Para el esclarecimiento de los hechos se contó con la colaboración de una taxidermia de la provincia de Toledo y del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil.

El artículo 340 bis del Código Penal establece penas de prisión de hasta dos años, además de la inhabilitación especial para la tenencia de animales y para el ejercicio de la profesión, oficio o comercio relacionado con ellos, así como a la posible privación del derecho a la tenencia y porte de armas por un periodo de hasta cinco años.

La Guardia Civil agradece a los ciudadanos su colaboración y recuerda que el teléfono de urgencias del que dispone la Guardia Civil, 062, está las 24 horas a su disposición. Igualmente se informa de la existencia de la aplicación de móvil gratuita ALERTCOPS para que ante cualquier eventualidad puedan ponerse en contacto con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado

Podemos Camargo ha solicitado al Ayuntamiento que elimine las sueltas de vaquillas de las fiestas del Carmen de Revilla “por la participación de menores y el maltrato animal”.

En un comunicado, la formación ha expresado su rechazo a las tres sueltas de vaquillas programadas durante las fiestas, en las que se permite la participación de personas menores de 18 años.

El partido considera que este tipo de espectáculos “no tienen cabida en unas fiestas patronales del siglo XXI, al suponer un riesgo para la integridad física de quienes participan y transmitir a niños, niñas y adolescentes una forma de ocio basada en el estrés y el sufrimiento de los animales”.

Podemos Camargo ha señalado que la Ley Orgánica 8/2021, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI) obliga a todas las administraciones públicas a garantizar el interés superior del menor y a promover entornos seguros y libres de violencia. Asimismo, el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas ha recomendado expresamente a España que impida la participación y asistencia de menores a espectáculos taurinos, por considerar que pueden afectar a su bienestar y desarrollo.

“La infancia merece crecer en un entorno donde se fomenten valores como la empatía, el respeto a los seres vivos y la resolución pacífica de los conflictos. No entendemos qué necesidad existe de permitir que menores participen o presencien un espectáculo en el que existe un riesgo evidente de accidentes y en el que el sufrimiento animal forma parte de la actividad”, señalan desde la formación.

Podemos Camargo considera que las tradiciones “no pueden permanecer ajenas a la evolución de la sociedad” y que las instituciones tienen la responsabilidad de impulsar unas fiestas populares “acordes con los valores actuales de protección de la infancia, bienestar animal y convivencia”.

Por ello, ha solicitado al alcalde, Diego Movellán, que deje de programar las sueltas de vaquillas en las fiestas del Carmen de Revilla y apueste por actividades culturales, musicales, deportivas y familiares que permitan disfrutar de las fiestas “sin poner en riesgo a las personas menores de edad ni utilizar a los animales como parte de un espectáculo”.

Agentes de la Policía Nacional han desmantelado una finca situada en la localidad de Malagón (Ciudad Real) en la que, además de 1.000 plantas de marihuana en distintas fases de crecimiento y secado, se han hallado decenas de animales en pésimas condiciones higiénico-sanitarias. Han sido rescatados 14 perros, tres terneros, tres ejemplares de una especie similar al canguro, un marsupial más pequeño, denominada walabí y dos corzos, que convivían con los cadáveres -algunos de ellos en avanzado estado de putrefacción- de un ternero, tres corzos, dos perros y cientos de pollos con los que alimentaban a los perros.

La investigación policial comenzó tras recibir diversas informaciones que apuntaban a la existencia de un posible cultivo de cannabis de dimensiones considerables en la localidad de Malagón (Ciudad Real).

Las primeras comprobaciones lograron ubicar con exactitud la parcela y se pudo comprobar que albergaba varias plantaciones activas en superficie y varias construcciones que posiblemente ocultasen cultivos indoor.

Con todos estos datos, y previa autorización judicial, la Policía Nacional estableció un operativo para realizar un registro en la finca el día 30 de junio. Al acceder, los agentes se encontraron con un panorama insólito al hallar a decenas de animales que se encontraban en lamentables condiciones higiénico-sanitarias entre ellos los tres walabíes y dos corzos que compartían la zona de jardín que usaban los detenidos y sus hijos menores de edad, así como tres terneros y catorce perros (11 galgos y 3 teckels) que estaban encerrados en una zona anexa.

Bolsas con pollos muertos para alimentar a los perros

Los animales no contaban con documentación legal alguna y se veían obligados a convivir con los cadáveres -algunos de ellos en un avanzado estado de putrefacción- de un ternero, dos corzos, dos perros y cientos de pollos muertos con los que alimentaban a los perros. Al comprobar el estado en el que se encontraban, se dio aviso a los servicios veterinarios de la Diputación Provincial de Ciudad Real, quienes realizaron una valoración de las instalaciones y del estado de cada uno de los animales, proporcionándoles una primera asistencia a aquellos que lo necesitaron.

Asimismo, la Consejería de Desarrollo Sostenible de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha gestionó la acogida inmediata para los animales: los 14 perros se trasladaron a la protectora de animales de Malagón, los corzos a la granja cinegética de Almodóvar del Campo y los walabíes al parque zoológico y botánico 'Koki' de Toledo.

Cerca de 1.000 plantas distribuidas en seis cultivos

En la parcela se hallaron también varias construcciones dedicadas al cultivo de marihuana: cuatro en el exterior, dos estancias para cultivo indoor y una construcción subterránea de 200 metros cuadrados que en ese momento se encontraba inactiva porque había sufrido una inundación. Todas ellas recibían el suministro eléctrico necesario para su funcionamiento de varios enganches ilegales trifásicos, ocasionando un fraude estimado en 10.000 euros durante el último año.

Los detenidos controlaban todo el proceso de producción de la droga desde la siembra hasta el procesamiento final, por lo que disponían de semilleros y cultivos en diferentes fases de crecimiento, así como de un secadero y una peladora de cogollos.

En total, se han intervenido 841 plantas cuyo peso aproximado es de 50 kilogramos, además de 150 plantas secas, 6.640 euros en efectivo, una carabina de aire comprimido modificada para usar munición del calibre 0.36 y una pistola detonadora. A los dos detenidos se les imputa la comisión de cinco delitos: contra la salud pública, defraudación de fluido eléctrico, tenencia ilícita de armas, delito contra la flora y la fauna, así como un delito de maltrato animal.

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes a la Patrulla del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA), de la Compañía de Playa de Las Américas, con la colaboración de Guardas Rurales de la Gestión Cinegética Isla de Tenerife, han detenido a un vecino del municipio de Granadilla de Abona como presunto autor de un delito de maltrato animal. 

La investigación se inició tras la información facilitada por los Guardas Rurales sobre la existencia de un elevado número de perros que podrían encontrarse en condiciones inadecuadas en una parcela rústica del municipio. 

Durante la inspección realizada, los agentes localizaron 49 perros de caza distribuidos en tres zonas de la finca con importantes deficiencias higiénicos-sanitarias, acumulación de excrementos, falta de refugios adecuados, etc.. Así mismo, verificaron que únicamente 19 perros disponían de cartilla sanitaria y estaban identificados mediante microchip.

La inspección contó con la colaboración de una veterinaria, quien constató que varios animales presentaban una condición corporal claramente disminuida, incluyendo casos compatibles con desnutrición severa, atribuibles a un aporte alimenticio insuficiente mantenido en el tiempo o un acceso desigual al alimento. 

Durante la inspección del resto de la finca, los agentes localizaron un antiguo tanque de agua utilizado para el entrenamiento de perros de caza, varios montículos de “molleros” y una cavidad con una importante cantidad de restos óseos de animales calcinados.

Ante los hechos relatados, la Guardia Civil detuvo al propietario de los animales como presunto autor de un delito de maltrato animal y que ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial competente. 

Los hechos investigados podrían ser constitutivos de un delito de maltrato animal, previsto y penado en el artículo 340 bis del Código Penal, que contempla pena de prisión o multa, además de la inhabilitación especial para la tenencia de animales y para el ejercicio de actividades relacionadas con los mismos. 

La Guardia Civil ha desarticulado una supuesta red criminal de cría y compraventa irregular de cachorros de perro en la comarca de La Moraña, al norte de Ávila, en el marco de la operación 'Bibiache', que ha culminado con nueve investigados, tres de ellos veterinarios, y 636 perjudicados en puntos de España.

La supuesta trama habría obtenido unos beneficios acreditados por un importe total de 146.325 euros durante un año, si bien los totales estarían por encima de los 500.000 euros, teniendo en cuenta los pagos pendientes de analizar y a los realizados en efectivo.

Esta operación, iniciada el 10 de diciembre, ha sido dada a conocer en rueda de prensa por el subdelegado del Gobierno en Ávila, Fernando Galeano; y el jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Ávila, Gustavo Dorda.

Varios delitos

A los investigados se les atribuyen, según su grado de participación, delitos contra la protección de la flora y fauna; defraudación de fluido eléctrico; publicidad engañosa; estafa; falsedad documental; intrusismo profesional; maltrato animal por omisión; usurpación de estado civil y pertenencia a grupo criminal.

La operación se inició el pasado 10 de diciembre tras tener la Guardia Civil “sospechas fundadas” ante posibles irregularidades en una actividad relacionada con la cría de animales en La Moraña.

Tras las primeras investigaciones, los agentes inspeccionaron a mediados del pasado mes de diciembre las instalaciones desde las que supuestamente se operaba, detectándose indicios de posibles infracciones penales y administrativas.

Estructura de venta

La supuesta red adquiría animales para posteriormente distribuirlos por diferentes puntos del territorio nacional a través de páginas web y redes sociales, como medio de captación de compradores, según la Guardia Civil. Los animales carecían de trazabilidad y documentación legítima, mientras que los microchips, en algunas ocasiones, se intercambiaban y no estaban registrados.

Los agentes confirmaron la actividad de comercialización de cachorros y detectaron varios ejemplares de especies protegidas, como jilgueros y lúganos “sin la debida documentación, incumpliendo así la normativa CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres)”. También fue detectada por parte de la Guardia Civil una conexión irregular al suministro eléctrico.

Durante una segunda inspección, realizada en otra localidad morañega, fueron incautadas numerosas cartillas sanitarias, medicamentos veterinarios y microchips sin implantar.

Documentación y traslados

Además, se constató que los cachorros eran sometidos a desplazamientos de larga distancia con pocos meses de edad, detectándose posibles irregularidades en la documentación sanitaria y administrativa de los animales.

En el transcurso de las actuaciones se documentaron casos en los que los animales presentaban problemas graves de salud tras su adquisición, requiriendo asistencia veterinaria, así como el fallecimiento de varios ejemplares.

Los investigadores también acreditaron la presunta “colaboración necesaria” de tres veterinarios investigados, cuya actuación habría permitido el acceso a determinados medicamentos veterinarios y la implantación de microchips.

Como resultado del análisis económico de la operación, la Guardia Civil localizó a 636 personas que podrían haber resultado perjudicadas, distribuidas por todo el territorio nacional, al aparecer como ordenantes por medio de transferencias vía teléfono.

Coordinación

Las actuaciones han sido desarrolladas bajo la dirección de la Fiscalía Delegada de Medio Ambiente y Urbanismo de Ávila, con la colaboración del Colegio Oficial de Veterinarios de Ávila; la Sección Agraria Comarcal de Arévalo (Ávila), y el Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de Ávila.

A todos ellos se suman la Tesorería General de la Seguridad Social; la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Ávila, así como los técnicos de I-DE Grupo Iberdrola y el Departamento de Fraude e Investigación de Iberdrola España. Las diligencias instruidas en esta operación han sido remitidas, para su instrucción, a la autoridad judicial competente.

El Grupo de Protección Medioambiental y del Patrimonio Cultural perteneciente a la Unidad de Vigilancia e Inspección Administrativa de la Policía Autonómica – Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC) ha detenido en el norte de Tenerife a un hombre que se encontraba inhabilitado judicialmente para la tenencia de animales, como presunto autor de un delito de quebrantamiento de condena y un nuevo delito de maltrato animal.

La actuación se activó tras una inspección en una finca donde los agentes localizaron 16 perros vivos en estado de abandono severo, en un entorno de condiciones insalubres extremas. En la parcela se hallaban restos orgánicos y animales diseminados por diferentes puntos del terreno, incluyendo el cadáver de un perro cachorro, un hurón fallecido y restos óseos compatibles con canes.

El escenario presentaba, según la Policía, un deterioro generalizado, con acumulación prolongada de suciedad, heces, estructuras inservibles y zonas de confinamiento sin ventilación ni higiene, lo que evidenciaba una situación mantenida en el tiempo y sin ningún tipo de control sanitario.

Los animales supervivientes mostraban un estado físico muy comprometido, con signos de desnutrición, debilidad y patologías asociadas a la ausencia prolongada de cuidados veterinarios.

Las actuaciones se mantienen bajo investigación para determinar el alcance de los hechos y la posible existencia de otros episodios previos o animales afectados no localizados en el recinto inspeccionado.

L'Ajuntament de Palma farà la revisió veterinària obligatòria dels 28 cavalls de galeres amb llicència a mitjan setembre, després que el partit animalista Progrés en Verd hagi denunciat aquesta setmana la manca d'atenció veterinària als equins. Els cavalls seran inspeccionats cinc mesos més tard que l'any passat, fet que implica que no hauran passat aquesta revisió durant els mesos més calorosos de l'estiu ni en plena successió d'onades de calor.

“És un desastre”, afirma a aquest diari Guillermo Amengual, portaveu del partit, que afegeix que fer la revisió al setembre “és massa tard”. Fonts de l'Ajuntament assenyalen que no hi ha cap relació entre una qüestió i l'altra, ja que l'expedient es va signar el 19 de juny. “Aleshores encara és pitjor: sense revisió des de l'abril-maig de l'any passat i havent passat dos estius pel damunt”, lamenta Amengual. El Consistori, en canvi, defensa que es fan “inspeccions aleatòries als cavalls”.

La fi de les galeres de cavalls a Palma és un dels objectius històrics de les associacions i partits animalistes. A la capital balear encara hi ha 28 llicències vigents, que són hereditàries i vitalícies, fet que dificulta posar fi a una pràctica que, per a un sector cada vegada més ampli de la població, representa “explotació animal”.

Els animalistes acusen l'àrea de Mobilitat de posar “greument en perill la vida dels cavalls”. “Fa més d'un any que no passen una revisió veterinària i continuen sent explotats tot i les alertes decretades per les altes temperatures dels darrers dies”, assegura el portaveu, que adverteix que denunciarà l'Ajuntament si durant aquest estiu “passa alguna desgràcia a algun dels cavalls de les galeres”.

Al web de Mobilitat de Cort es pot comprovar que el 2025, entre el 26 de març i el 2 d'abril, els 28 cavalls amb llicència van passar la inspecció veterinària anual obligatòria. En canvi, la revisió d'enguany s'ha ajornat fins als dies 14, 15, 16 i 17 de setembre. Igualment, Progrés en Verd afirma que està tramitant una denúncia contra l'Ajuntament de Palma i la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Medi Natural per “deixadesa de funcions i presumpta prevaricació administrativa”, arran dels fets que, segons el partit, s'han produït durant els darrers tres anys de legislatura.

Denuncien manca d'atenció veterinària

“Els cavalls de les galeres no haurien de prestar servei ni un dia més sense haver passat la revisió veterinària anual”, va afirmar aquest dilluns Amengual. El portaveu va recordar que el reglament municipal del servei de transport urbà amb galeres estableix, a l'article 32, que anualment i en les dates que determini l'Administració municipal, els titulars de les llicències han de sotmetre a revisió tecnicosanitària ordinària els cavalls i els vehicles adscrits.

Els animalistes lamenten que només s'hagin dut a terme inspeccions “esporàdiques”, però no la revisió veterinària anual obligatòria, uns fets que qualifiquen de molt greus. El 2026 s'han inspeccionat cinc cavalls de galeres (llicències 1, 19, 32, 53 i 58), segons la documentació de l'Ajuntament de Palma consultada per elDiario.es. En el cas de la llicència 32, l'animal “no està adscrit a la llicència”. En el moment de l'exploració, el cavall “no presentava signes de malaltia, tot i que la seva condició corporal es podia millorar”.

Malgrat això, la inspecció va concloure que l'equí era apte per desenvolupar aquesta feina, i l'informe veterinari va ser favorable. Així mateix, es va informar el titular de la llicència de la necessitat de sol·licitar oficialment a l'Ajuntament de Palma l'adscripció del cavall a la galera corresponent, així com el retorn i la prohibició de circular fins que aquesta sol·licitud fos aprovada.

Pel que fa als cavalls amb les llicències 1, 19 i 53, la documentació indica que, en el moment de la inspecció, “no es van observar alteracions físiques remarcables” en el seu estat de salut. “Els cavalls presentaven un bon estat general, una condició corporal adequada, constants vitals dins dels valors fisiològics normals i sense signes clínics de malaltia infectocontagiosa o parasitària”.

Pel que fa al cavall amb la llicència 58, tampoc no es va observar “cap signe de malaltia”. Durant l'exploració presentava “un bon estat general, una condició corporal adequada, constants vitals dins dels valors fisiològics normals i sense evidències de patologia infecciosa o causada per paràsits”.

Tanmateix, la ferradura de la pota davantera esquerra estava molt desgastada i deixava una part del ferro al descobert. Per aquest motiu, es va obligar el titular a canviar-la per “garantir un ferratge correcte de l'animal i evitar riscos tant per als cavalls com per als vianants”. Aquest és un altre dels requisits obligatoris que estableix el reglament del servei de transport urbà amb galeres.

Amengual lamenta, a més, el mal estat general en què considera que viuen els animals. Recorda els casos de cavalls desplomats al carrer i denuncia que “malviuen” als anomenats “estables dels horrors”, en benefici d'una indústria, la de les galeres, que –segons afirma– obté beneficis a costa de la seva salut.

Les llicències són vitalícies

Entitats com Progrés en Verd i Satya Animal han demanat reiteradament la fi de les galeres de cavalls, tal com va succeir a Màlaga l'octubre del 2025, després que l'Ajuntament revoqués les 25 llicències que encara hi eren vigents. Per fer-ho, el consistori malagueny va haver d'indemnitzar els titulars amb més de 125.000 euros per llicència. El cost total va superar els 3 milions d'euros.

El cas de Palma, però, és més complex. Mentre que a Màlaga les llicències caducaven el 2035, a la capital balear són hereditàries i vitalícies. Per tant, revocar-les implica negociar amb els propietaris de les galeres, una opció que, de moment, no sembla que l'Ajuntament es plantegi.

Tot i això, hi ha alternatives. Alcúdia, el municipi des d'on surten els ferris cap a Ciutadella (Menorca), es va convertir en el primer municipi de la Unió Europea a oferir carruatges homologats amb motor elèctric. “Hem apostat pels vehicles elèctrics perquè calia donar una sortida al nostre sector. Si no ho fèiem, no teníem futur. La sensibilitat envers els animals ha canviat molt aquestes darreres dècades i era el moment d'evolucionar”, va afirmar Eduardo Salazar, la família del qual havia estat més de cinquanta anys dedicada al negoci de les galeres i que va poder reconvertir-lo en un model que posa fi al patiment animal.

El Ayuntamiento de Palma hará la revisión veterinaria obligatoria de los 28 caballos de galeras con licencia a mediados de septiembre, después de que el partido animalista Progreso en Verde haya denunciado la falta de atención veterinaria de los equinos esta semana. Los equinos serán inspeccionados cinco meses más tarde que el año pasado, lo que implica que no habrán pasado esta revisión durante los peores meses de verano y en medio de las olas de calor.

“Es un desastre”, afirma a este diario Guillermo Amengual, portavoz del partido, quien añade que hacer la revisión en septiembre “es muy tarde”. Fuentes del Ayuntamiento señalan que no hay una relación entre una cuestión y la otra, ya que el expediente se firmó el 19 de junio. “Entonces es peor: sin revisión desde abril-mayo del año pasado y con dos veranos encima”, lamenta Amengual. El Consistorio en cambio defiende que se realizan “inspecciones aleatorias a los caballos”.

El fin de los coches –galeras– de caballos en Palma es uno de los objetivos históricos de las asociaciones y partidos animalistas. En la capital balear todavía hay 28 licencias en vigor, que son hereditarias y vitalicias, lo que dificulta acabar con una práctica que para un sector de la población cada vez más amplio significa “explotación animal”.

Los animalistas acusan al área de Movilidad de poner “en serio peligro la vida de los caballos”. “Llevan más de un año sin revisión veterinaria y son explotados con las alertas decretadas por altas temperaturas en los últimos días”, asegura el portavoz, quien advierte que denunciará al Ayuntamiento si durante este verano “ocurre alguna desgracia a algunos de los caballos de las galeras”.

En la web de movilidad de Cort se puede comprobar cómo en 2025, entre el 26 de marzo y el 2 de abril, los 28 caballos con licencia pasaron la inspección veterinaria anual obligatoria. Sin embargo, la revisión de este año se ha postergado hasta los días 14, 15, 16 y 17 de septiembre. Igualmente, Progreso en Verde afirma que está en proceso de denunciar al Ayuntamiento de Palma y a la Conselleria de Agricultura, Ganadería y Medio Natural por “dejación de funciones y presunta prevaricación administrativa”, tras lo acontecido a su juicio en los últimos tres años de legislatura.

Denuncian falta de atención veterinaria

“Los caballos de las galeras no deben prestar servicio ni un día más sin pasar la revisión veterinaria anual”, afirmó este lunes Amengual. El portavoz recordó que el reglamento municipal del servicio de transporte urbano con galeras indica, en el artículo 32, que anualmente y en fechas que determine la Administración Municipal, deberán los titulares de licencias “someter a revisión técnico‐sanitaria ordinaria las caballerías y vehículos adscritos a las mismas”.

Los animalistas lamentaron que se hayan llevado a cabo inspecciones “esporádicas”, pero no la revisión veterinaria anual obligatoria, hechos que calificaron como muy graves. En 2026 se han inspeccionado cinco caballos con galeras (licencias 1, 19, 32, 53 y 58), según la documentación del Ayuntamiento de Palma, consultada por elDiario.es. En el caso de la licencia 32, el animal “no está adscrito a la licencia”. En el momento de la exploración, el caballo “no presentaba signos de enfermedad, aunque su condición corporal se podía mejorar”.

Pese a todo, la inspección concluyó que se considera al equino “apto” para el desarrollo de ese trabajo, por lo que el informe veterinario fue favorable. Así, al dueño de la licencia se le informa sobre la necesidad de solicitar oficialmente al Ajuntament de Palma “la adscripción del caballo a la galera correspondiente”, así como el retorno y prohibición de circulación hacia la aprobación de la solicitud.

En cuanto a los caballos con licencia 1, 19 y 53, la documentación indica que, en el momento de la inspección, “no se observaron alteraciones físicas remarcables” en la salud de los animales. “Los caballos presentaban un buen estado general, con una condición corporal adecuada, constantes vitales dentro de los valores fisiológicos normales y sin signos clínicos de enfermedad infectocontagiosa o parasitaria”.

Respecto al equino con licencia 58, tampoco se observó “ningún signo de enfermedad”. En el momento de la exploración, el caballo presentaba “un buen estado general, con una condición corporal adecuada, constantes vitales dentro de los valores fisiológicos normales y sin evidencias de patología infecciosa o producida por parásitos”.

Sin embargo, la herradura de la pata delantera izquierda estaba muy desgastada y tenía una parte del hierro expuesta. Por este motivo, se obligó al titular a cambiar el casco para “garantizar la correcta herradura del animal y así evitar riesgo tanto para los caballos como para los peatones”. Este es otro requisito obligatorio, además, según el reglamento del servicio de transporte urbano con galeras de caballos. Amengual lamenta, además, el mal estado general en el que, considera, viven los animales. Recuerda los casos de caballos desplomados en el suelo y que “malviven” en los “establos de los horrores” para beneficio de una industria, la de las calesas, a costa de su salud.

Las licencias son vitalicias

Entidades como Progreso en Verde y Satya Animal han pedido en repetidas ocasiones el fin de las galeras de caballos, como ocurrió en Málaga en octubre de 2025, después de que el Ayuntamiento revocara las 25 licencias que seguían en vigor. Para ello, el Consistorio malagueño tuvo que indemnizar a sus titulares con más de 125.000 euros cada uno. El coste total supuso un gasto de más de 3 millones de euros para las cuentas municipales. El caso de Palma, sin embargo, es más difícil. Mientras que en Málaga las licencias caducaban en 2035, en el caso de la capital balear, son hereditarias y vitalicias. Por tanto, revocarlas implica negociar con los caleseros, una opción que no parece estar sobre la mesa del Ayuntamiento.

No obstante, hay alternativas. Alcúdia –el municipio desde donde salen los ferris a Ciutadella (Menorca)–, situado en el noreste de Mallorca, se convirtió en el primer municipio de la UE en ofrecer carrozas con motor eléctrico homologado. “Hemos apostado por vehículos eléctricos porque había que darle una salida a nuestro sector. Si no lo hacíamos, no teníamos futuro. La sensibilidad respecto a los animales ha cambiado mucho en estas décadas y era el momento de evolucionar”, afirmó Eduardo Salazar, cuya familia llevaba más de 50 años en el negocio de las galeras, y que pudo reconvertir su negocio en uno que pusiera fin al sufrimiento animal.

Les entitats Satya Animal, Mallorca Against Bullfighting (MAB), Progreso en Verde, PETA UK i la Fundació Franz Weber es van concentrar dissabte passat a la tarda davant la plaça de toros de Muro per mostrar el seu rebuig a la celebració de festejos taurins al municipi.

Segons ha informat Satya Animal en un comunicat aquest dilluns, la protesta s'ha desenvolupat coincidint amb la celebració de la correguda. L'entitat ha defensat l'abolició de la tauromàquia i ha sostingut que hi ha una part de la societat que rebutja aquest tipus d'espectacles per considerar que impliquen sofriment animal.

Així mateix, ha mostrat el seu desacord amb la presència de menors en aquests esdeveniments en entendre que normalitzen comportaments violents en contextos d'oci.

El col·lectiu també ha considerat que la mobilització reflecteix un creixent rebuig social a la tauromàquia i ha reclamat el final d'aquest tipus de celebracions.

Las entidades Satya Animal, Mallorca Against Bullfighting (MAB), Progreso en Verde, PETA UK y la Fundación Franz Weber se concentraron el pasado sábado por la tarde frente a la plaza de toros de Muro para mostrar su rechazo a la celebración de festejos taurinos en el municipio.

Según ha informado Satya Animal en un comunicado este lunes, la protesta se ha desarrollado coincidiendo con la celebración de la corrida. La entidad ha defendido han defendido la abolición de la tauromaquia y ha sostenido que existe una parte de la sociedad que rechaza este tipo de espectáculos por considerar que implican sufrimiento animal.

Asimismo, ha mostrado su desacuerdo con la presencia de menores en estos eventos al entender que normalizan comportamientos violentos en contextos de ocio.

El colectivo también ha considerado que la movilización refleja un creciente rechazo social a la tauromaquia y ha reclamado el fin de este tipo de celebraciones.

La localidad guipuzcoana de Eibar lleva casi una década, desde el año 2018, sin celebrar la sokamuturra, un festejo taurino popular tradicional de Euskadi que consiste en soltar una vaca o novillo por las calles, atado a una soga. Ahora los va recuperar en las fiestas de San Juan. Y el asunto ha abierto una brecha en el Gobierno local, de PSE-EE y PNV, que ya se han enfrentado en el municipio en otras ocasiones.

Este año, al igual que se hace en municipios como Durango, Azpeitia, Tolosa, Pasaia o Getxo, el Ayuntamiento con el PSE-EE al frente ha decidido retomarlo en su programa de fiestas con tres sesiones organizadas para el 21, 24 y 25 de junio. Con el objetivo de que se cancelen y en su lugar se propongan actividades “libres de maltrato animal”, se han debatido este jueves en un pleno extraordinario dos mociones. Una ha sido presentada por la plataforma ciudadana Sokamuturra Ez Eibar a través de los grupos municipales EH Bildu y Elkarrekin (coalición de Podemos, IU y Equo), y otra alternativa la ha presentado el PNV.

La moción de los partidos de la oposición, además de la cancelación de la sokamuturra, proponía además que el Ayuntamiento “no vuelva a organizar, financiar, subvencionar ni colaborar con actos en los que exista maltrato animal”, y que los criterios de programación festiva se acuerden en la Comisión de Fiestas con cauces de participación ciudadana. Además, en la moción se instaba al Consistorio a “organizar actividades lúdicas, musicales o de otra índole” en sustitución de la sokamuturra. Sin embargo, no ha sido aprobada, ya que ha contado con los votos en contra del PNV y el PSE-EE y la abstención de EH Bildu. En su lugar, se ha aprobado la presentada por el PNV, con los votos a favor de EH Bildu y la abstención de Elkarrekin, aunque la votación de las propuestas no tiene un carácter vinculante, por lo que la decisión final de mantener o anular el festejo sigue en manos del equipo de gobierno local. Y todo apunta a que sí o sí habrá festejos taurinos, puesto a que la primera sokamuturra está organizada para dentro de cuatro días, el próximo domingo 21, aunque se espera que el alcalde, Jon Iraola, este viernes realice declaraciones confirmando este extremo.

La moción aprobada se compone de cuatro puntos, que se basan en la apertura de un diálogo sobre el regreso de la sokamuturra, un proceso de participación y consulta ciudadana sobre este tema, decidir si es conveniente o no volver a tener el festejo taurino y tomar la decisión desde el consenso. “Hace casi una década, en este Ayuntamiento, en este mismo salón de plenos, se adoptaron por unanimidad acuerdos para abrir una reflexión sobre la presencia de animales en los festejos y fruto de ese proceso se consolidó en la práctica una línea de actuación que ha llevado a que durante todos estos años no se incluyera el uso de animales en la programación festiva. No estamos, por lo tanto, en nuestra opinión, ante una decisión aislada, sino ante una alteración de una trayectoria que se había mantenido de manera continuada en el tiempo”, ha argumentado el concejal del PNV, Alberto de la Hoz.

Según ha destacado, en su moción no están planteando el debate “en términos de posicionamiento ideológico a favor o en contra de una actividad concreta”. “Lo que planteamos es una cuestión de responsabilidad institucional. Debatir si en este momento, en este contexto y en estas condiciones se dan las circunstancias adecuadas para su celebración, con normalidad, con consenso y con convivencia y más a las puertas de Sanjuanes. No pretendemos imponer una decisión ni cerrar el debate en falso. Pretendemos abrir un espacio de diálogo real entre el Ayuntamiento, los grupos políticos, los agentes sociales y la ciudadanía para recoger de forma ordenada las diferentes sensibilidades existentes que hoy constatamos. A partir de este proceso podamos estudiar y valorar con serenidad la idoneidad de incorporar esta actividad también en las próximas fiestas, priorizando en todo momento la convivencia, la seguridad y el normal desarrollo de las mismas. Porque no podemos permitir que unas fiestas que deben ser de encuentro se conviertan en un espacio de confrontación”, ha apuntado.

Tras estas palabras, la concejala del PSE-EE Vanesa Hortas ha criticado que “un Gobierno de coalición” como el que mantienen los dos partidos tanto en el Ayuntamiento de Eibar como en el Gobierno vasco y otros municipios “no funciona así”. “Estáis en coalición con nosotros y sinceramente, considero que el Gobierno en coalición no funciona así. No es de recibo que mientras que estéis con nosotros gobernando, estéis articulando y forméis parte de una solicitud de un pleno extraordinario para debatir temas que competen a una de las áreas que gestionamos nosotros. Además, es que resulta paradójico que aquí abráis debates, habléis de falta de contraste por un lado, y luego en el Parlamento Vasco estéis promoviendo una proposición no de ley para bajar la edad de participación en estos eventos. No hay más que ver los municipios que en los que gobernáis, que son muchos, el tipo de eventos que se realizan. ¿Por qué un debate en Eibar y no en otros lugares? Me gustaría que fuerais más coherentes y que vierais un poco vuestro grado de responsabilidad en este caso, porque bueno, en el resto de municipios en los que apoyamos vuestros gobiernos nosotros también podemos empezar a abrir mociones y debates sobre este punto o sobre otros puntos”, ha lamentado.

La concejala del PSE-EE se ha referido así a la ley que aprobará la semana que viene el Parlamento, promovida conjuntamente por socialistas y nacionalistas y que busca el fomento de la tauromaquia entre los jóvenes. Se votará en la Cámara el 25, es decir, justo coincidiendo con las actividades programadas en Eibar.

Hortas ha comenzado su intervención en el pleno leyendo un texto de “la juventud” de Eibar, sin especificar de cuántas personas se trata, a favor del regreso de la sokamuturra apelando a la tradición. “Estas palabras han sido escritas por algunos jóvenes de Eibar que creemos en la continuidad de la Sokamuturra y que deseamos que esta tradición tan ligada a la historia y a las fiestas de nuestro pueblo, siga formando parte de ellas en el futuro. No hablamos en nombre de ningún partido político ni de ninguna ideología. Hablamos como jóvenes eibarreses que sentimos la sokamuturra como parte de nuestra historia, de nuestra cultura y de nuestras raíces. Y lo hacemos desde el respeto hacia todas las opiniones, pero también desde la convicción de que una tradición con más de dos siglos de historia merece ser escuchada y respetada. No venimos aquí para enfrentarnos con nadie, ni para entrar en debates políticos. Venimos simplemente a defender algo que consideramos nuestro, algo que pertenece al pueblo de Eibar y que ha pasado de generación en generación durante más de dos siglos. Los primeros testimonios documentados de la Sokamuturra en Eibar se remontan al año 1815. Han pasado más de 200 años desde entonces y durante todo este tiempo, nuestros padres, nuestros abuelos y nuestros antepasados han mantenido viva una tradición que forma parte de la identidad de nuestro pueblo. Hace diez años se perdió la sokamuturra. Fueron muchos los aficionados y vecinos que se sintieron aquella desaparición como la pérdida de una parte de sus fiestas”, ha leído la concejala del PSE-EE, justificando la decisión de retomar la fiesta taurina en el programa de este año.

Una decisión que según la oposición ha sido tomada de “forma unilateral”. Desde Elkarrekin, Isabel Fernández, ha criticado que “no se trata de una tradición inocente”. “Por lo visto, como es tradición, tenemos que seguir con ello sí o sí. Si siguiéramos otras tradiciones estaríamos quemando todavía brujas, prohibiendo a las mujeres leer o poniendo gansos vivos en Lekeitio. No es una tradición inocente, es un entrenamiento en la falta de empatía. Es decirle a una criatura de ocho o nueve años 'mira, ese animal tiene miedo, o está desorientado o le tiran de la cuerda, le gritan, le persiguen y es divertido'. Pues a nosotras no nos parece divertido. Y es más, se les acostumbra a los menores a que espectáculos violentos, a aceptar la violencia y a maltratar a los más vulnerables. Curiosamente, por lo general participan solo hombres, ya que es una expresión perfecta del modelo de masculinidad hegemónica en el que el ser hombre se basa en la fuerza, la competitividad, la agresión y el control. La vaquilla o el becerro no es un depredador salvaje porque está atado con las astas protegidas y está agotada. Es un rival que ya ha perdido de antemano, pero se le trata como una amenaza para que la victoria parezca épica y se le somete para sentirse poderoso. ¿Eso es lo que queremos enseñar a nuestras infancias? ¿Queremos transmitir que el espacio público, el riesgo, el dominio sobre los demás y la fiesta son cosas de hombres?”, se ha preguntado la concejala.

Por su parte, desde EH Bildu, la concejala Nerea Barruetabeña ha respondido a las críticas del PSE-EE sobre que en esta ocasión, en Eibar están en contra de la sokamuturra, pero que en otros municipios en los que gobiernan, como Azpeitia o Tolosa, la permiten. “Sabemos lo que nos vaís a decir, que en otros municipios en los que gobierna EH Bildu, estos eventos se producen. Sí, pero la naturaleza, costumbres y particularidades de cada pueblo son distintas y cada pueblo ha vivido sus propias vivencias y procesos. Si queréis saber lo que la gente quiere, ¿por qué no le preguntáis? No, aquí las decisiones se toman de forma unilateral y autoritaria”, ha señalado la concejala que ha lanzado dos mensajes: uno al PSE-EE, diciéndole que con “solo 8 concejales no representan al pueblo entero de Eibar” y al alcalde, Jon Iraola, que este “no es su cortijo” para que tome las decisiones de “forma unilateral”.

Sobre su decisión de votar a favor de la moción del PNV, Barruetabeña ha explicado que ante “la imposibilidad” de haber podido presentar una moción conjunta con el PNV, algo cuyas razones no ha explicado, votan a favor de su propuesta porque consideran que es “la única forma de hacer frente a la actitud autoritaria del PSE-EE y del alcalde de Eibar”. “Ante la decisión tomada de forma unilateral nuestro grupo considera que se necesitan acuerdos y procesos abiertos de partipación, por eso hemos intentado presentar una moción conjunta con el PNV. El pueblo necesita acuerdos, diálogo y escucha activa y que se tenga en cuenta la opinión de todos los ciudadanos y no solo la de unos pocos”, ha concluido la concejala.

Mientras se celebraba el pleno extraordinario, decenas de personas se han manifestado frente al Ayuntamiento de Eibar, al igual que lo hicieron el martes pasado, contra la celebración de la sokamuturra en el municipio guipuzcoano convocados por la plataforma ciudadana Sokamuturra Ez Eibar. “Eibar fue durante casi diez años un municipio sin sokamuturra. Queremos recordar que la desaparición de la sokamuturra en Eibar no fue casual: fue fruto de años de movilización y sensibilización ciudadana que consiguieron avanzar hacia unas fiestas sin animales, llegando incluso a conseguir el cierre de la plaza de toros. Sin embargo, este año el alcalde ha decidido de forma unilateral incluir en el programa festivo no una, sino tres sokamuturras consecutivas, sin consenso social ni político suficiente y utilizando argumentos que consideramos que no reflejan la realidad, como afirmar que la juventud lo ha pedido”, denuncian desde la plataforma animalista.

En este sentido, desde la plataforma insisten en que “el maltrato animal y las prácticas que lo fomentan no deben de ser objeto de debate como no lo es ningún tipo de violencia contra cualquier ser humano” y que “todo tipo de práctica que lo fomente debe ser rechazada y expulsada del espacio público”. “¿Qué mensaje educativo se transmite a niños, niñas, adolescentes y jóvenes que aprenden de aquello que se normaliza en los espacios públicos? Hay otras alternativas de ocio para reemplazar a la sokamuturra como juegos de cuadrillas o pelota”, sentencian.

Un dels tècnics canins del centre d’animals d’Eivissa Can Dog, A.A., ha aconseguit que prosperi la demanda contra P.A., antic explotador de la finca de Sant Llorenç, que el condemna a pagar una indemnització de més de 30.000 euros per impagaments al treballador. El recinte havia funcionat, fins al desembre, durant tres dècades sota tota mena de denúncies per maltractament animal per part del Partit Animalista amb el Medi Ambient (Pacma) i altres col·lectius animalistes, fins que, fa sis mesos, va ser clausurat de manera definitiva pel Consell per les seves condicions insalubres: els cans malvivien entre rosegadors i excrements, tal com ja va publicar elDiario.es. A més, diversos treballadors del suposat ‘refugi’, entre ells el demandant, havien acusat el propietari de continus retards en l’abonament del seu salari.

Ara, la jutgessa substituta en funcions de reforç del Tribunal d’Instància, Secció Social 1 d’Eivissa, ha condemnat l’explotador de Can Dog, P.A., al pagament d’una indemnització per les irregularitats laborals que afecten aquest treballador, tal com recull la sentència judicial a la qual ha tingut accés aquest diari. L’afectat va denunciar el seu pare, ja que és el fill de l’antic explotador del centre caní.

La resolució prospera, segons l’auto, per la concurrència del requisit de gravetat en l’incompliment empresarial, ja que l’impagament no és un «simple retard esporàdic, sinó un comportament persistent». «La gravetat de l’incompliment es manifesta així mitjançant una conducta continuada del deure d’abonar els salaris deguts», descriu l’escrit judicial.

El fill duia 15 anys a l’empresa

L’empleat, A.A., va presentar una demanda sol·licitant al jutjat l’extinció de la seva relació laboral amb l’empresa Rancho Can Dog Ibiza, i va reclamar la indemnització legal corresponent a l’import equivalent al que hauria rebut en cas d’haver estat acomiadat de manera improcedent. També reclamava els salaris no percebuts dels últims cinc mesos previs al tancament, des de juliol de 2025 i fins al desembre del mateix any, quan el Consell va decidir clausurar el ranxo definitivament després de diverses inspeccions.

La decisió de la jutgessa deriva de considerar que existeixen els requisits necessaris a l’empara de l’article 50.1 b) i c) de l’Estatut dels Treballadors per extingir la relació laboral en les condicions sol·licitades pel demandant, tècnic caní a Can Dog des de l’any 2010. És a dir, després de 15 anys de relació laboral amb l’empresa.

La normativa disposa que són causes justes de rescissió sempre que existeixi «falta de pagament o retards continuats en l’abonament del salari pactat». S’entén que hi ha demora quan se supera en quinze dies la data fixada per a l’abonament del sou, i la causa concorre quan l’ocupador deu, en el període d’un any, tres mensualitats completes.

En el cas d’A.A., l’antic explotador del ranxo li devia 8.395 euros en total corresponents als cinc mesos d’impagaments que s’afegeixen a l’import que haurà de pagar al demandant, el seu fill, en concepte d’indemnització. El perjudicat va explicar en el seu moment a elDiario.es —i així també ho recull la sentència— que es va celebrar l’Acte de Conciliació al TAMIB (Tribunal d’Arbitratge i Mediació de les Illes Balears) sense que les parts arribassin a un acord.

D’altra banda, l’empresari no es va presentar a la vista judicial tot i estar-hi degudament citat, fet que, a efectes probatoris, porta la jutgessa a donar per acreditats els impagaments referenciats pel tècnic, segons l’auto judicial.

El Tribunal d’Instància estima així la demanda i condemna el propietari de l’empresa al pagament d’una indemnització de 30.456 euros —equivalent a 45 dies de salari per any de servei abans del Reial decret llei 3/12, de 10 de febrer, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral, i a 33 dies després de la seva aplicació—. Així com al pagament dels salaris endarrerits als quals s’afegeix un 10% en concepte d’interès per la demora.

Contra la resolució judicial es pot interposar ara recurs de suplicació per part del demandat davant el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears (TSJIB). Aquest diari ha intentat posar-se en contacte amb el propietari de l’empresa per via telefònica i per correu electrònic sense haver rebut resposta en el moment de la publicació d’aquesta informació.

El Consell, per la seva banda, va tramitar al desembre un expedient sancionador a partir d’informes tècnics proporcionats per l’Ajuntament de Sant Joan després de les inspeccions. Tal com ha detallat la institució a elDiario.es, la resolució administrativa de l’expedient ja ha quedat notificada a les persones implicades: en ella s’acorda la baixa de Can Dog com a nucli zoològic, per la qual cosa perd l’autorització municipal per desenvolupar aquesta activitat.

A més, s’han imposat sancions per les infraccions detectades durant les inspeccions realitzades, per un import total de 10.409,13 euros. Actualment, l’expedient es troba en fase executiva per al cobrament d’aquestes sancions, detallen des del Consell.

Tres dècades de denúncies

La demanda del treballador per impagaments i retards en l’abonament de les nòmines i l’expedient sancionador del Consell arriben després de trenta anys des que es va obrir el ‘refugi’ d’animals. Durant aquest llarg període de funcionament, el negoci ha rebut desenes de denúncies per calamitoses condicions i insalubritat, amb cans mal cuidats i envoltats de rosegadors, excrements i fems, per part dels animalistes de PACMA.

Aquestes negligències van ser les que van motivar les autoritats insulars a clausurar el centre el passat mes de desembre. Primer de manera cautelar i, després de la pressió de PACMA, de manera definitiva. El partit animalista reclamava des de feia temps el tancament del ranxo per presumptes maltractaments animals.

Les denúncies del partit estaven avalades pels informes, sancions i les nombroses acusacions que envoltaven el gestor del ranxo, P.A. L’empresari va anar perdent, a poc a poc, les concessions públiques que se li havien atorgat, mantenint només el servei de recollida d’animals amb l’Ajuntament de Sant Antoni. Un dels afectats és el demandant i fill de l’explotador, que té prohibida l’entrada al centre des que va denunciar públicament el cas.

A finals de 2025, després de la resolució de l’expedient administratiu del Consell, Can Dog va deixar d’exercir com a residència canina i també com a nucli zoològic, en constatar-se reiterats incompliments de la normativa de benestar i sanitat animal en diverses inspeccions realitzades entre octubre i novembre, tant per part dels tècnics del Consell Insular i de l’Ajuntament com pel Servei de Protecció de la Natura (Seprona) de la Guàrdia Civil d’Eivissa.

Inspeccions des de juny de 2025

La cadena d’inspeccions al presumpte ‘refugi’ per insalubritat i presumpt maltractament animal va començar fa un any, el juny de 2025, després de l’obertura de l’expedient per part del Consell Insular. Els serveis veterinaris de la institució es van dirigir aleshores al centre d’acollida i la vigilància es va intensificar a la tardor en comprovar indicis d’un escenari ple d’irregularitats. Sobretot, referents a la brutícia de les gàbies i les instal·lacions en general, amb una acumulació de runa que atreia rosegadors i l’abandonament de la cura dels cans, que no rebien, entre altres coses, l’atenció veterinària necessària.

La resolució administrativa imposa sancions per valor de 10.409,13 euros a l’antic responsable de les instal·lacions després de detectar diverses irregularitats relacionades amb la gestió del nucli zoològic i l’estat dels animals allotjats. La infracció més quantiosa correspon a la manca de vacunació antiràbica de 29 dels 31 gossos que es trobaven en règim de pensió durant una inspecció, una conducta considerada greu i sancionada amb 5.808,13 euros. A això s’hi suma una altra multa de 3.001 euros per deficiències en el llibre-registre obligatori dels animals que entraven i sortien del centre.

El Consell també va apreciar dues infraccions lleus. D’una banda, va detectar la presència de tres gossos allotjats sense la identificació electrònica obligatòria mitjançant microxip, cosa que deriva en una sanció de 600 euros. A més, ha imposat una multa de 1.000 euros per les deficiències d’higiene i benestar animal observades durant la inspecció, així com per mantenir animals en habitacles considerats inadequats per al seu allotjament.

El Consell Insular va constatar la brutícia de les gàbies i les instal·lacions en general, amb una acumulació d'enderrocs que atreien rosegadors i abandó de la cura dels cans, que no rebien, entre altres coses, l'atenció veterinària necessària

Per això, el Consell va ordenar, el 17 d’octubre, la baixa del nucli zoològic i va dictar mesures cautelars que prohibien l’entrada de nous animals i obligaven a retornar als seus propietaris els gossos que hi estaven allotjats. Tot i això, inspeccions posteriors van revelar encara la presència d’entre 21 i 41 cans, la majoria pertanyents a persones alienes al centre.

A finals d’octubre, els tècnics van observar com el centre continuava funcionant com a residència tot i no complir els requisits legals i que les mesures cautelars imposades no s’estaven complint plenament. El responsable va assegurar aleshores que necessitaria uns vint dies per completar les devolucions dels gossos, exceptuant els que aparentment havien estat abandonats pels seus propietaris.

Al novembre la situació gairebé no havia variat i es va poder verificar que diversos gossos del mateix titular encara seguien al refugi, tramitant-se, a través de la Policia Local, la seva reubicació per abandó múltiple a les instal·lacions de Can Gossos, gestora animal que es va fer càrrec dels animals després del tancament definitiu de Can Dog. L’Ajuntament no ha sabut especificar, però, el nombre exacte de cans que es van traslladar.

Aleshores només van quedar a la parcel·la set gossos del propietari de la finca, que al principi P.A. va decidir cedir al consistori. Tot i que en menys de 24 hores havia canviat d’opinió i va decidir, finalment, continuar cuidant-los, segons expliquen fonts municipals. L’equip municipal de govern va signar, en compliment de la Llei de Benestar Animal després d’extingir la llicència de Can Dog, un contracte amb l’empresa Natura Parc perquè oferís els mateixos serveis.

El tancament definitiu del ranxo, d’altra banda, podria no estar jurídicament blindat del tot. El propietari va sostenir que no havia rebut el decret d’inici del procediment, datat el 16 d’octubre, ja que va ser tramès a un advocat que el va representar en el passat però que ja no exercia com el seu defensor, segons va publicar El Periódico de Ibiza.

D’acord amb la mateixa informació —i tal com van precisar fonts de PACMA a elDiario.es—, el lletrat va remetre un escrit al Consell en què explicava que la resolució havia estat lliurada al seu despatx tot i no ser ja el representant legal actual de la societat gestora del centre, motiu pel qual va rebutjar la notificació.

Uno de los técnicos caninos del centro de animales de Eivissa Can Dog, A.A., ha conseguido que triunfe la demanda contra P.A, ex explotador de la finca de Sant Llorenç, que lo condena a pagar una indemnización de más de 30.000 euros por impagos al trabajador. El rancho llevaba, hasta diciembre, funcionando tres décadas bajo todo tipo de denuncias por maltrato animal por parte del Partido Animalista con el Medio Ambiente (Pacma) y otros colectivos animalistas hasta que, hace seis meses, fue clausurado de forma definitiva por el Consell por sus condiciones insalubres: los perros malvivían entre roedores y heces, como ya publicó elDiario.es. Además, varios de los trabajadores del supuesto ‘refugio’, entre ellos el demandante, habían acusado al dueño de continuos retrasos en el abono de su salario.

Ahora, la jueza sustituta en funciones de refuerzo del Tribunal de Instancia Sección Social 1 d'Eivissa ha condenado al explotador de Can Dog, P.A., al pago de una indemnización por las irregularidades laborales que afectan a este trabajador, como recoge la sentencia judicial a la que ha podido acceder este diario. El afectado denunció a su padre, ya que es el hijo del antiguo explotador del centro canino.

La resolución prospera, según el auto, con la concurrencia del requisito de gravedad en el incumplimiento empresarial al no ser el impago un “mero retraso esporádico, sino un comportamiento persistente”. “La gravedad del incumplimiento se manifiesta así mediante una conducta continuada del deber de abonar los salarios debidos”, describe el escrito judicial.

El hijo llevaba 15 años en la empresa

El empleado, A.A., presentó demanda solicitando al juzgado la extinción de su relación laboral con la empresa Rancho Can Dog Ibiza, recibiendo la indemnización legal correspondiente al importe equivalente al que hubiera recibido en caso de haber sido despedido de manera improcedente. Además de los salarios no percibidos en los últimos cinco meses previos a su cierre, desde julio de 2025 y hasta diciembre del mismo año, cuando el Consell decidió clausurar el rancho definitivamente tras varias inspecciones.

La decisión de la jueza proviene de considerar que existen los requisitos necesarios al amparo del artículo 50.1b) y c) del Estatuto de Trabajadores para extinguir con las condiciones suplicadas por el demandante, técnico canino en Can Dog desde el año 2010. Es decir, tras 15 años de relación laboral con la empresa.

La normativa dispone que son justas las causas de rescisión siempre y cuando exista “falta de pago o retrasos continuados en el abono del salario pactado”. Entendiendo que existe una demora siempre y cuando se supere en quince días la fecha fijada para el abono del sueldo, concurriendo la causa cuando el empleador adeude, en el período de un año, tres mensualidades completas.

En el caso de A.A., el ex explotador del rancho le debía 8.395 euros en total correspondientes a los cinco meses de impagos que se suman al importe que le deberá pagar al demandante, su hijo, de indemnización. El perjudicado explicó en su momento a elDiario.es -y así lo recoge también la sentencia- que se celebró el Acto de Conciliación en el TAMIB (Tribunal de Arbitraje y Mediación de las Illes Balears) sin que las partes llegaran a un acuerdo. 

Por otro lado, el empresario no se presentó a la vista judicial a pesar de estar debidamente citado, lo que, a efectos probatorios, induce a la jueza a dar por acreditados los impagos referenciados por el técnico, señala el auto judicial.

El Tribunal de Instancia estima así la demanda y condena al propietario de la empresa al pago de una indemnización de 30.456 euros -equivalente a 45 días de salario por año de servicio antes del Real Decreto Ley 3/12 de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, y a 33 días tras su aplicación-. Así como al pago de los salarios atrasados a los que se suma un 10% en concepto de interés por la demora.

Contra el fallo judicial cabe ahora recurso de suplicación por parte del demandado ante el Tribunal Superior de Justicia de les Illes Balears (TSJIB). Este diario se ha intentado poner en contacto con el propietario de la empresa por vía telefónica y por correo electrónico sin haber recibido respuesta en el momento en que se publica esta información. 

El Consell le quitó la autorización y le multó

El Consell, por su parte, tramitó en diciembre un expediente sancionador a partir de informes técnicos proporcionados por el Ayuntamiento de Sant Joan tras las inspecciones. Como ha detallado la institución a elDiario.es, la resolución administrativa del expediente ya quedó notificada a las personas implicadas: en ella se acuerda la baja de Can Dog como núcleo zoológico, por lo que pierde la autorización municipal para desarrollar esta actividad.

Además, se han impuesto sanciones por las infracciones detectadas durante las inspecciones realizadas, por un importe total de 10.409,13 euros. Actualmente, el expediente se encuentra en fase ejecutiva para el cobro de dichas sanciones, detallan desde el Consell. 

Tres décadas de denuncias 

La demanda del trabajador por impagos y retrasos en el abono de las nóminas y el expediente sancionador del Consell llegan tras treinta años desde que abriera el 'refugio' de animales. Durante este largo periodo de funcionamiento, el negocio ha recibido decenas de denuncias por calamidades e insalubridad, con perros mal cuidados y rodeados de roedores, excrementos y basura, por parte de los animalistas de PACMA.

Estas negligencias fueron las que motivaron a las autoridades insulares a clausurar el centro el pasado mes de diciembre. Primero cautelarmente y, luego, tras la presión de Pacma, de manera definitiva. El partido animalista reclamaba desde hacía tiempo el cierre del rancho por presunto maltrato animal.

Las denuncias del partido venían respaldadas por los informes, sanciones y las numerosas acusaciones que envolvían al gestor del rancho, P.A. El empresario fue perdiendo, poco a poco, las concesiones públicas que se le habían otorgado, manteniendo, tan solo, el servicio de recogida de animales con el Ayuntamiento de Sant Antoni. Uno de estos perjudicados es el demandante e hijo del explotador, que tiene prohibida la entrada al centro desde que denunció públicamente el caso.

A finales de 2025, tras la resolución del expediente administrativo del Consell, Can Dog dejó de ejercer como residencia canina y también como núcleo zoológico, al constatar reiterados incumplimientos de la normativa de bienestar y sanidad animal en varias inspecciones realizadas entre octubre y noviembre. Tanto por parte de los técnicos del Consell Insular y del Ayuntamiento, como por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Eivissa.

Inspecciones desde junio de 2025

La cadena de inspecciones al presunto ‘refugio’ por insalubridad y presunto maltrato animal comenzó hace un año, en junio de 2025, tras la apertura del expediente por parte del Consell Insular. Los servicios veterinarios de la institución se dirigieron entonces al centro de acogida y la vigilancia se intensificó en otoño al comprobar indicios de un escenario lleno de irregularidades. Sobre todo, referentes a la suciedad de las jaulas y las instalaciones en general, con una acumulación de escombros que atraían roedores y abandono del cuidado de los canes, que no recibían, entre otras cosas, la atención veterinaria necesaria.

La resolución administrativa impone sanciones por valor de 10.409,13 euros al antiguo responsable de las instalaciones tras detectar diversas irregularidades relacionadas con la gestión del núcleo zoológico y el estado de los animales alojados. La infracción más cuantiosa corresponde a la falta de vacunación antirrábica de 29 de los 31 perros que se encontraban en régimen de pensión durante una inspección, una conducta considerada grave y sancionada con 5.808,13 euros. A ello se suma otra multa de 3.001 euros por deficiencias en el libro-registro obligatorio y de los animales que entraban y salían del centro.

El Consell también apreció dos infracciones leves. Por un lado, detectó la presencia de tres perros alojados sin la identificación electrónica obligatoria mediante microchip, lo que deriva en una sanción de 600 euros. Además, ha impuesto una multa de 1.000 euros por las deficiencias de higiene y bienestar animal observadas durante la inspección, así como por mantener animales en habitáculos considerados inadecuados para su alojamiento.

El Consell Insular constató la suciedad de las jaulas y las instalaciones en general, con una acumulación de escombros que atraían roedores y abandono del cuidado de los canes, que no recibían, entre otras cosas, la atención veterinaria necesaria

Por ello, el Consell ordenó, el 17 de octubre, la baja del núcleo zoológico y dictó medidas cautelares que prohibían la entrada de nuevos animales y obligaban a devolver a sus propietarios los perros que estaban allí alojados. Pese a ello, inspecciones posteriores revelaron todavía la presencia de entre 21 y 41 canes, la mayoría pertenecientes a personas ajenas al centro. 

A finales de octubre, los técnicos observaron cómo el centro seguía funcionando como residencia pese a no cumplir los requisitos legales y que las medidas cautelares impuestas no se estaban cumpliendo plenamente. El responsable aseguró entonces que necesitaría unos veinte días para completar las devoluciones de los perros, exceptuando los que aparentemente habían sido abandonados por sus dueños.

En noviembre la situación apenas había variado y se pudo verificar que varios perros del mismo titular seguían aún en el refugio, tramitándose, a través de la Policía Local, su reubicación por abandono múltiple a las instalaciones de Can Gossos, gestora animal que se hizo cargo de los animales tras el cierre definitivo de Can Dog. El Ayuntamiento no ha sabido especificar, sin embargo, el número exacto de canes que se trasladaron. 

Entonces solo quedaron en la parcela siete perros del propietario de la finca, que al principio P.A. decidió ceder al Consistorio. Aunque en menos de 24 horas había cambiado de opinión y decidió, finalmente, seguir cuidando de ellos, según explican fuentes municipales. El equipo municipal de gobierno firmó, en cumplimiento con la Ley de Bienestar Animal tras extinguir la licencia de Can Dog, un contrato con la empresa Natura Parc para que ofreciera los mismos servicios. 

El cierre definitivo del rancho, por otro lado, podría no estar jurídicamente blindado del todo. El propietario sostuvo que no había recibido el decreto de inicio del procedimiento, fechado el 16 de octubre, ya que fue remitido a un abogado que lo representó en el pasado pero que ya no ejercía como su defensor, según publicó El Periódico de Ibiza. 

De acuerdo a la misma información -y como precisaron fuentes de Pacma a elDiario.es-, el letrado remitió un escrito al Consell en el que explicaba que la resolución fue entregada en su despacho pese a no ser ya el representante legal actual de la sociedad gestora del centro, por lo que rechazó la notificación.