La empresa de las ‘granjas de los horrores’ de Mallorca anuncia una demanda contra los animalistas

La empresa mallorquina que gestiona las macrogranjas de Mirabó, Es Caparó y Llucmajor –todas ellas han estado en el punto de mira por presuntas irregularidades– ha anunciado “acciones legales, penales y civiles” por lo que consideran “una campaña de difamación y falsedades” por parte de las entidades animalistas denunciantes de la situación en la que viven las gallinas de las diferentes explotaciones. Este lunes, elDiario.es ha publicado imágenes de la granja de Mirabó, de julio de 2026 –facilitadas por ARDE y Satya Animal–, donde se ven gallinas con heridas abiertas, aves que se picotean hasta llegar a los tejidos internos y cadáveres en descomposición junto a animales vivos. Este jueves, se han revelado imágenes de la granja de Es Caparó, también de julio, que muestran gallinas canibalizadas por otras; cadáveres desmembrados y en diferentes estados de descomposición y aves desplumadas y enfermas.

Avícola Ballester (que opera bajo las sociedades Avícola Son Perot S.A. y Avícola Ballester S.A.) ha anunciado este jueves una demanda de conciliación contra Kike Gimeno, portavoz de Satya Animal, por “desaconsejar el consumo de huevos” de las naves de Mirabó bajo la “falsa premisa”, a juicio de Ballester, de una “contaminación por salmonela”. En declaraciones a elDiario.es, Gimeno explica que cuando se ha referido a los riesgos, habla de “probabilidades en base a las imágenes que tenemos contrastadas y verificadas”, y que se sustentan en un informe veterinario pericial, firmado por Alba Nieto. “Este informe también menciona estos posibles riesgos”. “Estas afirmaciones en ningún caso son rotundas, no hacemos acusaciones directas. Quien tiene que hacerlas es, en todo caso, la Conselleria competente”, afirma.

Respecto a Mirabó, la Conselleria de Agricultura explicó a este diario que, en estos momentos, la explotación avícola no tiene “ninguna gallina en sus instalaciones” después de que la empresa comunicara esta decisión al Govern en este mes de octubre. También afirma que la macrogranja ha sido sometida a controles oficiales desde 2021 sin que “se hayan detectado deficiencias”, excepto un brote de salmonela en agosto de 2025. Y añadía que no existe una fecha “para la reintroducción de las gallinas”. “Cuando se reanude la actividad, la Conselleria llevará a cabo una nueva inspección para comprobar el cumplimiento de la normativa”, aseguró.

Por otro lado, la empresa respondió a este diario que se reservaba “las acciones civiles y penales” que les pudieran corresponder “a raíz de la publicación de imágenes sin certificación de procedencia, así como del contenido anunciado”. Es decir, el contenido del reportaje que fue trasladado a la empresa antes de su publicación, con el objetivo de contrastar la información y obtener su versión de los hechos, un extremo al que la empresa no quiso acogerse. Las imágenes, por otro lado, están geolocalizadas, y fueron grabadas junto a diarios locales del día.

La empresa acusa falsamente a elDiario.es de mentir

Avícola Son Perot ha explicado que, hace unos meses, interpuso una demanda sobre derechos fundamentales contra Diario de Prensa Digital, SL, la sociedad que edita elDiario.es, por “haber publicado hechos rotundamente falsos”, como la “inventada sanción de 200.100 euros” a Avícola Son Perot, que es “objetivamente falsa”. “Confiamos en que la Justicia, con sus tiempos, corregirá esta grave desviación de la realidad que nos ha perjudicado”. Esta demanda, no obstante, no ha llegado a Diario de Prensa Digital, SL.

En cuanto a la información mencionada, está contrastada y no solo fue publicada por elDiario.es, sino también por otros medios de comunicación del ámbito balear. El inicio del procedimiento sancionador lo anunció el conseller de Agricultura, Joan Simonet, el 30 de mayo de 2025, tras las irregularidades detectadas en la macrogranja de Llucmajor. Tras el informe elaborado por los técnicos se concluyó que se habían producido siete infracciones, calificadas todas ellas como graves, y que podían comportar una multa máxima de 60.000 euros cada una.

Este diario publicó en exclusiva, el 19 de junio de 2025, que Avícola Son Perot S.A. se enfrentaba a una multa de 200.100 euros por siete faltas graves y una leve, tras haber accedido al expediente sancionador. Esta sanción se podía reducir en un 20%, es decir, a unos 160.080 euros, si la explotación realiza el pago voluntario antes de que finalice la resolución del procedimiento administrativo.

En el plano judicial, el caso está siendo investigado por la Audiencia Provincial, que revisará el archivo decretado por el Juzgado de Instrucción número 11 de Palma. El juzgado de primera instancia acordó el sobreseimiento provisional al apreciar que había deficiencias que corresponden a infracciones administrativas, ya sancionadas, y no penales. La vía administrativa -la multa de 200.100 euros- no se reabrirá hasta que se resuelva la vía penal.

Una granja tuvo un brote de salmonela

Este martes, Simonet, conseller de Agricultura, insistió en que las dos naves de Mirabó estaban vacías, pero que su departamento iniciaba una una investigación para comprobar si las imágenes del interior de la granja pudieran “constituir un motivo para que abramos los expedientes administrativos correspondientes”. En cuanto a los animales, después de que la empresa recibiera las autorizaciones pertinentes, trasladó las aves a un matadero de Murcia, según el titular de Agricultura. Respecto a la nave que registró un brote de salmonela en agosto de 2025, la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural adoptó medidas cautelares y sanitarias urgentes, según un expediente consultado por elDiario.es.

Cuando se registra un positivo por salmonela hay dos opciones: eliminar la producción de huevos de gallina o pedir una autorización especial para la producción de huevo líquido. “Esta autorización se dio: esta nave ha estado produciendo huevina hasta que ha finalizado”, afirmó Simonet. En cuanto a la otra nave, la resolución contemplaba el sacrificio de las aves. Después se deben realizar una serie de medidas relacionadas con la limpieza, desinfección, desinsectación y desratización para evitar problemas de salud pública.

En cuanto al plan de control de la salmonela, el conseller explicó que en los dos últimos años la Conselleria ha hecho 25 inspecciones en diferentes granjas de Balears. “En este programa de seguimiento se han detectado cinco positivos”, afirmó, de los cuales uno de ellos se detectó en una de las naves de Mirabó. En este sentido, aclaró que una vez una nave da positivo en salmonela, si recibe la autorización especial para producir huevo líquido, ya entra dentro del plan de control y no se realizan más inspecciones.

A partir de ese momento, el control y seguimiento corresponde a Salut Pública –que depende de la Conselleria de Salud–, en el marco de sus competencias en materia de seguridad alimentaria. “En principio, nosotros no tenemos constancia de ello”, respondió Simonet, sobre si habían detectado riesgo para la salud pública. En cualquier caso, argumentó que cuando los huevos entran dentro de la producción de huevo líquido, se someten a un proceso térmico, y está permitido que los huevos con salmonela pasen por ese proceso. “Si fueran huevos frescos, no se podrían comercializar de ninguna manera”, aclaró.

Tras las declaraciones de Simonet, los animalistas pusieron en conocimiento a la Conselleria de Salud estos hechos, lo que podía implicar, a juicio de las entidades, la retirada de los huevos de los supermercados “por riesgo de salmonela”. Asimismo, solicitaron “la emisión de una alerta sanitaria” a las autoridades competentes. A juicio de las organizaciones, el riesgo está en que los huevos de una de las naves se dedicaban a la transformación en huevo líquido, mientras que la otra nave continuaba suministrando a supermercados hasta el vaciado de ambas. Se basan, además, en un informe veterinario que alerta de dicho riesgo “sanitario, zoonótico y de salud pública”.

“Es altamente probable que la salmonela presente en una de las naves haya saltado a la otra”, afirmó este miércoles Gimeno. En el informe pericial remitido a Salut Pública, firmado por la veterinaria Alba Nieto, señalaban que la permanencia de cadáveres en descomposición en contacto directo con animales vivos “es una vía eficaz de transmisión de agentes infecciosos”. Entre otras cuestiones, también ponían en conocimiento que la infestación por artrópodos –insectos– agrava el riesgo sanitario, porque son “agentes patógenos aviares con capacidad de mantener comunidades microbianas en su tracto digestivo” durante cinco semanas o más.

Tras las declaraciones de los animalistas, Avícola Ballester asegura que ha presentado un escrito ante Fiscalía para “esclarecer el origen de las informaciones y defender con contundencia la legalidad de la actividad”. A juicio de la compañía, se trata de una campaña de “difusión de informaciones falsas” y de un “constante acoso” orientado a dañar su reputación, así como al modelo de producción local, de lo que ya se hizo eco este diario.

Una demanda contra los animalistas

Así, se anuncia una demanda de conciliación contra el portavoz de Satya Animal por esta “campaña de desinformación”, que buscaría “perjudicar la imagen de los negocios consolidados”, según la versión de Ballester. El objetivo de la empresa avícola es que Gimeno se retracte por haber llegado a “desaconsejar activamente entre los consumidores la compra de huevos de Son Perot, bajo la excusa infundada de una presunta salmonelosis”.

“Si realmente les preocupa el daño a su negocio, deberían preocuparse por las condiciones de la granja, que consideramos contrastadas mediante las imágenes y el informe pericial”, responde Gimeno. El portavoz de Satya Animal lamenta que Ballester se presente como víctima de una “supuesta agresión” por parte de las entidades animalistas cuando a su juicio “hay otros intereses afectados”. “Las víctimas, para nosotros, son los animales, los consumidores y el medio ambiente, entre otros”.

En el comunicado, remitido a este diario, la compañía insiste en que actuó “de manera inmediata y rigurosa” cuando se detectó el brote, aplicando “los protocolos sanitarios pertinentes para erradicarla de forma absoluta”. Según Ballester, se trata de “un hecho pasado, ya resuelto y controlado”. En cuanto a las inspecciones que se han llevado a cabo estos días en las tres explotaciones del grupo empresarial, explican que la Conselleria calificó el resultado de “satisfactorias”, y que solo ha habido “subsanaciones puntuales”.

Sobre la granja de Mirabó, Julia Elizalde, portavoz de ARDE, afirma a este diario que “nos llama la atención que el año pasado se detectara un brote de salmonela y que las gallinas permanezcan allí sin que tengamos constancia de que se hayan realizado inspecciones de seguimiento”. “Nos preocupa que la Conselleria de Agricultura no haga un seguimiento del brote cuando en la misma granja hay una nave contaminada y otra que no lo está”, continúa.

Elizalde añade que el informe pericial veterinario explica que la presencia de ácaros hematófagos y otros artrópodos “puede actuar como vector de transmisión de enfermedades como la salmonelosis”. “También señala que estos animales pueden contribuir a transmitir la salmonela entre varios lotes sucesivos de gallinas”. “Es un asunto serio y por eso hemos puesto la información en conocimiento de la Dirección General de Salud Pública”, explica. La portavoz de ARDE insiste en que la preocupación de las entidades está en que durante estos días no se había aclarado “si existe riesgo de transmisión entre las naves” y que los huevos de una de ellas –donde no se produjo el brote– se han continuado comercializando como frescos.

Sanidad no identifica riesgo para la salud pública

Las valoraciones de las entidades animalistas se hicieron antes de que Salut Pública informara a este diario –este jueves– que está “evaluando la información disponible y el informe pericial aportado por las entidades denunciantes, que describen posibles deficiencias higiénicas y un posible riesgo de salmonela”. Antes de determinar posibles medidas, señalan fuentes de la Conselleria, es necesario “contrastar los hechos mediante controles oficiales, ratificación analítica y evidencia confirmada”. Por el momento, no se han identificado riesgos para la salud pública. “Cualquier medida de protección que sea necesaria, se adoptará en función de los resultados de los controles oficiales y de la evaluación técnica del riesgo”, concluyen.

En cuanto a la situación de la macrogranja de Es Caparó, donde la Conselleria no ha encontrado irregularidades graves, Elizalde considera que el departamento de Agricultura “ha mantenido una actitud laxa en distintos aspectos relacionados con Avícola Ballester”. “Creemos que podría estar relacionado con el poder económico y la influencia que tiene esta empresa en Mallorca”, afirma y añade que, tras haber revisado diferentes expedientes, la Dirección General de Agricultura y Ganadería solicitaba “subsanaciones” en lugar de “aplicar medidas más contundentes”.

“En el comunicado de Avícola Ballester se reconoce que se han solicitado subsanaciones por determinadas cuestiones detectadas en las inspecciones. No conocemos todos los detalles de esos hallazgos, pero sí tenemos antecedentes. Por ejemplo, en el caso del estercolero de Llucmajor, inicialmente también se pidieron subsanaciones”, afirma la portavoz de ARDE, que recuerda que “en distintas ocasiones hemos visto expedientes en los que se han aplicado sanciones económicas mínimas”. Por ello, Elizalde cree que ante los antecedentes de la empresa “no siempre es suficiente pedir que se corrijan las deficiencias”.