El Govern no encuentra “irregularidades graves” en las macrogranjas de los horrores de Mallorca

La situación de las macrogranjas de los horrores de Mallorca ha vuelto este martes al Parlament durante la sesión de control al Govern. La diputada del PSOE-PSIB Malena Riudavets ha interpelado al conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, por las condiciones documentadas en varias explotaciones avícolas de la isla y por la falta de garantías que, a su juicio, ofrece la normativa aprobada por el Ejecutivo autonómico.

El debate se ha generado una semana después de que elDiario.es publicara las imágenes de la granja de Mirabó donde se ven gallinas con heridas abiertas, aves que se picotean hasta llegar a los tejidos internos y cadáveres en descomposición junto a animales vivos. El jueves pasado se revelaron imágenes de la granja de Es Caparó, también de julio, que muestran gallinas canibalizadas por otras; cadáveres desmembrados y en diferentes estados de descomposición y aves desplumadas y enfermas. Ambas explotaciones son propiedad de Avícola Son Perot S.A., que ya estuvo en el punto de mira por su otra granja, la de Llucmajor. 

El departamento de Simonet ha iniciado una investigación para determinar la veracidad de las imágenes y valorar si procede abrir los expedientes administrativos correspondientes. Simonet ha señalado que todavía no dispone de conclusiones porque los técnicos están analizando el material recibido. “En un Estado de derecho hay que actuar de acuerdo con los procedimientos que establece legalmente”, ha defendido el conseller, que ha acusado a los socialistas de asumir al mismo tiempo las funciones de “inspectores, jueces y verdugos”.

El conseller ha explicado en el Parlament que recibió un primer vídeo la semana pasada, a las cinco de la madrugada, con la indicación de que las imágenes se habían grabado en Mirabó en julio. Según su versión, la Conselleria envió inspectores tanto a esa explotación como al resto de las granjas del mismo grupo empresarial. Simonet ha asegurado que esas inspecciones no detectaron irregularidades graves, como las que se corroboraron en Llucmajor.

En su respuesta, Simonet ha asegurado que la granja de Mirabó había pasado controles anuales durante los cinco años anteriores sin incidencias destacables, salvo un positivo de salmonela detectado en agosto de 2025. También ha señalado que la granja de Es Caparó fue inspeccionada este año sin que se detectaran incidencias remarcables.

En cuanto a Mirabó, la Conselleria explicó a elDiario.es que la explotación no tiene gallinas en sus instalaciones después de que la empresa comunicara al Govern, en octubre, la decisión de vaciarla. Según Simonet, las aves fueron trasladadas a un matadero de Murcia una vez obtenidas las autorizaciones pertinentes. El departamento no ha establecido una fecha para la reintroducción de animales y, según la información trasladada a este diario, prevé efectuar una nueva inspección cuando se reanude la actividad.

El Govern defiende su actuación

El conseller ha defendido las inspecciones realizadas por su departamento y ha insistido en que todavía se está comprobando la veracidad de las imágenes difundidas sobre la granja de Mirabó, en Manacor. “Respecto a este caso que usted me cita, ¿sabe si los hechos denunciados son verídicos? ¿Ha analizado la normativa que debe aplicarse? ¿Ha analizado la veracidad de las pruebas y los preceptos supuestamente incumplidos? Si es así, dígamelo y lo incorporaremos a la investigación”, ha respondido Simonet.

El conseller ha añadido que el Servicio de Ganadería ha actuado en distintos ámbitos a raíz de las inspecciones que han llevado a cabo los técnicos de la Conselleria. Riudavets, en cambio, ha considerado que “la historia se repite”, que la Ley 2/2025 “no ha puesto orden” en el sector. “Las irregularidades continúan, los vecinos están preocupados porque se quieren construir nuevas macrogranjas y usted no hace nada”, ha reprochado Riudavets.

Las imágenes de Mirabó fueron grabadas los días 12, 15 y 17 de julio, mientras que las de Es Caparó corresponden a los días 11 y 13 de ese mismo mes, y facilitadas por las entidades ARDE (Animal Respect and Defence for the Environment) y Satya Animal. Las grabaciones cuentan con sistemas de geolocalización y fueron realizadas junto a periódicos locales del día, elementos que aportan referencias para acreditar su procedencia y fecha.

“Nos han convertido en un ejemplo de lo que no se debe hacer”, ha lamentado la diputada socialista, al tiempo que ha cuestionado la eficacia de la nueva normativa que regula las explotaciones de gallinas ponedoras. Riudavets ha cuestionado la eficacia de la ley de macrogranjas aprobada por el Govern y ha preguntado para qué ha servido una normativa que, según ha denunciado, no ha impedido que continúen las irregularidades ni ha despejado la preocupación de los vecinos por la posible instalación de nuevas explotaciones, como la de Son Brau, que prevé albergar hasta 80.000 gallinas.

“Esta ley permite macrogranjas de miles de gallinas –hasta 160.000– sin tener suficiente control ni tener en cuenta nuestro territorio ni las condiciones en las que viven los animales”, ha apuntado. Y ha señalado a Simonet que el grupo parlamentario socialista pidió “una moratoria, más controles, más garantías para el medio ambiente y para el bienestar animal, y que se protegiera a los payeses”.

Simonet, en cambio, ha recordado que el servicio de ganadería de la Conselleria realiza controles en todas las granjas de Mallorca y que actúa a partir de las inspecciones de los técnicos y de los expedientes correspondientes. Sobre las denuncias concretas, ha asegurado que los mecanismos de inspección se activaron rápidamente y que se actuó el mismo día en que se recibió la información. Riudavets ha insistido en que esta industria “podría contribuir a la soberanía alimentaria” y al desarrollo de una industria agroalimentaria propia en Balears, pero ha puesto en duda que la gestión del Ejecutivo esté garantizando ese objetivo.

El antecedente de la salmonela en una de las naves

En agosto de 2025, la Conselleria detectó un positivo de salmonela en una de las dos naves de Mirabó, aunque no tenía constancia de que se hubiera detectado un riesgo para la salud pública. Cuando se detecta salmonela en una explotación de gallinas ponedoras, existen dos opciones: destruir los huevos y sacrificar a las gallinas o destinar los huevos a la industria de ovoproducto. Según explicó Simonet, la Conselleria autorizó a Avícola Ballester la producción de huevo líquido.

Kike Gimeno, portavoz de Satya Animal, ha afirmado que existe la posibilidad de que la salmonela detectada en una nave se haya extendido a la otra, ya que en Mirabó hay dos naves. Se trata de una hipótesis planteada por la entidad y vinculada a su interpretación de las imágenes y del informe veterinario, no de una conclusión confirmada por las autoridades sanitarias.

Salud Pública ha comunicado a elDiario.es que está evaluando la información disponible y el informe pericial aportado por las organizaciones denunciantes, en el que se describen posibles deficiencias higiénicas y un eventual riesgo de salmonela. La Conselleria considera necesario contrastar los hechos mediante controles oficiales, ratificación analítica y evidencias confirmadas antes de determinar posibles medidas. Por el momento, ha señalado que no ha identificado riesgos para la salud pública y que cualquier actuación dependerá de los resultados de los controles y de la evaluación técnica del riesgo.

Por otro lado, Avícola Ballester (que opera a través de las sociedades Avícola Son Perot S.A. y Avícola Ballester S.A.) anunció que presentaba “una demanda de conciliación” contra Kike Gimeno, portavoz de Satya Animal, por sus declaraciones sobre los posibles riesgos asociados al consumo de huevos procedentes de las naves de Mirabó. En concreto, le reprocha haber desaconsejado su consumo bajo la premisa de una posible contaminación por salmonela.

Los animalistas piden mayor transparencia

Desde Satya Animal y ARDE cuestionan que las inspecciones permitan dar por aclarados los hechos denunciados. “Que no se hayan detectado incidencias reseñables no significa que los hechos denunciados hayan quedado aclarados ni que las irregularidades documentadas en las imágenes puedan ignorarse”, señalan ambas organizaciones, que insisten en que no se trata de episodios aislados.

Las entidades recuerdan que Avícola Ballester acumula antecedentes de sanciones por infracciones detectadas en otras explotaciones, entre ellas una multa de 200.100 euros, debido a las irregularidades graves que se detectaron en la granja de Llucmajor. Por ello, solicitan conocer los detalles del expediente y las actas de inspección para saber “exactamente qué se ha revisado y qué se ha encontrado”. Además, exigen que se investiguen y aclaren los hechos denunciados a partir de las pruebas aportadas.