El Tribunal Supremo ha anulado la sanción por falta muy grave al mediático magistrado José Antonio Vázquez Taín ya que considera que no era incompatible con su cargo poseer la mitad de las participaciones sociales de la empresa audiovisual Amarola Producciones —el otro 50% estaba en manos de su mujer—, una productora que contrató sendos patrocinios con la Xunta y la Deputación de Ourense para la difusión de uno de sus documentales, guionizado y protagonizado por el propio juez. La Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo considera que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no aportó “argumentos sólidos” que demostrasen “una administración de hecho” de la sociedad por parte de Taín, quien transmitió sus acciones tan pronto como se abrió el expediente disciplinario contra él.

Taín y su esposa crearon Amarola Producciones en abril de 2022. En aquel momento, el juez era ya un rostro conocido en los medios de comunicación, donde era habitual verlo como tertuliano en magazines, opinando de cuestiones que muchas veces nada tenían que ver con la práctica judicial que lo había convertido en una estrella de la justicia: el caso Asunta —en él se basa el personaje de Javier Gutiérrez en la serie de Netflix— o el robo y recuperación del Códice Calixtino. Antes, en el cambio de siglo, había llevado sonadas causas sobre narcotráfico desde su juzgado de Vilagarcía de Arousa. Entre ellas, la que acabó con la detención de Marcial Dorado, el hombre con el que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, compartió viajes y vacaciones en los 90. Las fotos de ambos a bordo de un yate, que todavía hoy persiguen al expresidente de la Xunta, a Taín le parecieron, en su momento, “irrelevantes”.

La sentencia, redactada por Carlos Lesmes —el que fue durante casi una década presidente del Supremo y del CGPJ, la mitad de ese tiempo en funciones— anula la sanción de diez días de suspensión de funciones que le impuso la comisión disciplinaria y confirmó el pleno del Consejo el 29 de febrero de 2024. El argumento empleado entonces, el incumplimiento del artículo 417.8 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que considera incompatible con el cargo de juez o magistrado el ejercicio de toda actividad mercantil, “por sí o por otro”.

Para Lesmes no se ha acreditado, “ni siquiera de manera indiciaria, pero suficientemente justificada y razonada, que más allá de la titularidad del 50 por ciento de las participaciones sociales de la sociedad de responsabilidad limitada por parte del actor, el mismo haya desempeñado de manera real y efectiva el ejercicio de la actividad mercantil: ni ostentaba la administración de la sociedad, ni suscribía los contratos de la sociedad con terceros, ni se han aportado argumentos sólidos que pusieran de manifiesto una administración de hecho de la sociedad por parte del Sr. Vázquez Taín”.

Poco después de su creación, Amarola impulsó un documental sobre una de las rutas a Santiago, Camino mozárabe, sangre, sudor y fe. Un año antes, Taín -que ha publicado varios libros de temática jacobea- ya había estado involucrado en otra grabación, en este caso sobre las mujeres peregrinas. Camino mozárabe se presenta como “Un documental de José A. Vázquez Taín”, quien también aparece como coguionista. Tanto en los títulos de crédito iniciales como en los finales, aparecen los patrocinios de la Xunta y la Deputación de Ourense. El CGPJ acusaba al propio juez de haber firmado en persona esos contratos. Sin embargo, según la sentencia, “ha quedado acreditado” que lo hizo “la administradora única de la sociedad”. 

Por tanto, según Lesmes “ni el objeto social de la mercantil de la cual resultaba titular de participaciones sociales el actor, ni la índole de las actividades llevadas a cabo por la misma han puesto de manifiesto que se trate de circunstancias reveladoras de una eventual afectación a la función jurisdiccional llevada a cabo por el magistrado, ni en lo que pueda afectar a su independencia, ni tampoco a su estricto desempeño, conclusión que avala el propio órgano gubernativo, al señalar en la actuación administrativa, ”la nula incidencia de la infracción en la actividad judicial“.

Taín tuvo menos suerte hace una década, cuando ningún recurso ante el Supremo lo salvó de una sanción —aquélla, de carácter leve— por hacer “bromas de mal gusto” sobre Asunta Basterra, la niña asesinada por sus padres en Santiago de Compostela cuyo caso estaba instruyendo en aquel momento. En un curso sobre terrorismo y seguridad ciudadana, ironizó con que la prensa sería capaz de decir que “Asunta volaba”, lo que provocó la carcajada del auditorio. Una expresión “improcedente” que, para el CGPJ suponía una “clara desconsideración”. La Sala subrayaba entonces que “el hecho de provocar hilaridad en el auditorio es algo incompatible con la discreción y prudencia que debe impregnar la labor de todo Juez Instructor”.

Concepción Sáez (Madrid, 1957) se convirtió oficialmente hace una semana en exvocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Es la única consejera que, hasta el momento, ha renunciado ante el “deterioro” del órgano de gobierno de los jueces, que ha superado los cuatro años en funciones. El pasado octubre dimitió el presidente, Carlos Lesmes. Elegida a propuesta de Izquierda Unida en 2013, Sáez afirma que los socialistas tienen parte de “responsabilidad” en el bloqueo de la institución. Asegura que, tras su dimisión, al PSOE no le interesó “forzar la crisis institucional que hubiera supuesto la salida en masa o de un grupo numeroso de los vocales progresistas”.

La exvocal también se muestra muy crítica con el Partido Popular, a quien acusa de utilizar la mayoría absoluta que la derecha tiene en el órgano como “punta de lanza de sus políticas contra el Gobierno”. Hace hincapié, además, en la derechización de los órganos judiciales más relevantes, lo que, a su juicio, deja un “paisaje desolador” para los posibles futuros Gobiernos de izquierda. 

¿Por qué presentó su dimisión?

No ha sido una decisión súbita. La carta de renuncia la redacté al poco de cumplirse nuestro mandato, en enero de 2019. La iba actualizando porque cada vez tenía un motivo distinto o añadido a los anteriores. Y llegó un momento en que decidí que no esperaba más a nadie. Ni a nadie de dentro ni a nadie de fuera. Quizás algunos lo interpreten como una deslealtad. Otros, como una suerte de ofensa a quienes se quedan dentro todavía. Mi intención no ha sido dar lecciones. No quiero transmitir la idea de que menosprecio al órgano, ser vocal ha sido un privilegio. 

¿Por qué no renunció antes? El órgano lleva ya más de cuatro años en funciones.

Porque ya no espero ni puedo esperar a nadie más. Desde el 5 de diciembre de 2018 [cuando se cumplió el mandato] ha sido muy incómodo estar allí. Antes de la entrada en vigor de la ley 4/2021 [la que impide al órgano hacer nombramientos cuando está en funciones] encontraba un sentido a estar allí porque me oponía sistemáticamente a que siguiéramos actuando en funciones como si no lo estuviéramos y era una de mis banderas. 

A lo largo de 2021 maduré la necesidad de irme. En diciembre de ese año se lo planteé a [Carlos] Lesmes [el entonces presidente]. Él me pidió que esperara porque estaba convencido de que después de las elecciones de Castilla y León se iba a renovar el Consejo. Pero inmediatamente después se convocaron las elecciones en Andalucía y, después de eso, se nos retornó la competencia para el nombramiento de los magistrados del Tribunal Constitucional. Había un sector muy claro que pretendía estirar el nombramiento hasta el cambio de legislatura. Y eso fue el aldabonazo que me hizo quedarme hasta que se resolviera. 

Decía que algunos de sus compañeros quizá interpretaron su renuncia como una deslealtad e incluso una ofensa. ¿Cómo reaccionaron cuando se conoció la noticia de su dimisión? 

La noticia saltó inopinadamente, no tuve nada que ver en la filtración. Internamente no tuve demasiadas reacciones, salvo personas de mi grupo que sí que me indicaron que no era conveniente, que esperara. Sí me sorprendió la reacción el día del pleno [en el que se oficializó su renuncia]. Hubo quien sostuvo que estando en funciones no cabía la posibilidad de renuncia y hubo quien se molestó porque mi carta situaba en una posición incómoda a los que se quedaban y les desplazaba buena parte de la responsabilidad de lo que yo decía que estaba sucediendo: no solo el debilitamiento y el deterioro, sino es posible que incluso la extinción misma del órgano por la vía de los hechos. También hubo quien hizo un panegírico de mi persona. Creo que ni lo uno ni lo otro fue adecuado porque yo no puse en conocimiento mi renuncia para que ellos la aceptaran o no la aceptaran, pues quien tiene que hacerlo es el presidente. 

¿Le sorprendió?

Sí. Me sorprendió negativamente. No me pareció adecuado que se establecieran obstáculos para salir. Aquello no es una secta, es un órgano de carácter político, constitucional, en donde está perfectamente determinado cuándo, cómo y de qué manera se entra y se sale. Y, desde luego, la voluntariedad está siempre por delante de cualquier decisión individual o colectiva. Otra cosa sorpresiva ha sido que la renuncia se ha hecho pública en el Boletín Oficial del Estado (BOE) antes de ayer [por el martes 18 de abril]. Demasiado tarde. Tengo motivos para pensar mal pero no quiero hacerlo. Ha habido quien ha pensado que yo estaba buscando una salida profesional fuera y creo que se ha prolongado la publicación quizá más de lo debido.

¿De forma deliberada? 

En el Consejo no se da puntada sin hilo. Cuesta pensar que algo sucede por casualidad. 

Tras su propuesta, el vocal Álvaro Cuesta alentó una propuesta de dimisión conjunta del bloque progresista que no salió adelante. De hecho, no ha dimitido ni el propio Cuesta. ¿Por qué cree que no le siguieron sus compañeros?

No lo sé. Hasta hace unos días habría dicho que la responsabilidad de la renovación es 100% del PP. Pero después de lo sucedido con mi renuncia empiezo a pensar que la responsabilidad, aunque no al 50%, recae en el PSOE. Creo que el PSOE hizo un cálculo equivocado y consideró que hay otras prioridades antes de terminar la legislatura y que ahora mismo desde el punto de vista electoral o de mera oportunidad no le interesaba forzar la crisis institucional que hubiera supuesto la salida en masa o, al menos, de un grupo numeroso de los vocales progresistas. Por otra parte, también sé que hay compañeros que honestamente creen que tienen que quedarse.

¿Está diciendo que sus compañeros siguieron órdenes del PSOE para no dimitir?

No, órdenes, no. Pero sí al revés. Hay determinadas personas dentro del grupo progresista que tienen unos vínculos muy directos, que nunca han ocultado y que son perfectamente legítimos, con el PSOE. Yo creo que si al PSOE le hubiera interesado ese giro de timón hubiera intentado mostrar que estaba de acuerdo con intentar salir del impasse en que estamos. Es evidente que no lo hizo. Y no sé si pensar incluso que hizo llegar la idea de que no era el momento adecuado.

El mismo día que los vocales estaban reunidos para hablar de una posible dimisión en bloque, el presidente del Gobierno trasladó la idea de que no habría renovación hasta después de las generales. 

Sí, creo que hicieron ese cálculo. Y creo que es equivocado. La presencia de los progresistas, más allá de que indirectamente se siga colaborando en el hundimiento del CGPJ, genera una suerte de coartada para los otros vocales. Si se quedaran solo los vocales elegidos a propuesta del PP, sus decisiones posiblemente serían legales –siguen teniendo mayoría suficiente para constituir el pleno– pero no legítimas desde un punto de vista político. El legislador constitucional elaboró un órgano amplio para dar la oportunidad de que estuviera representado todo el abanico de opiniones que conforman una sociedad tan múltiple y tan diversa como la nuestra. Por lo tanto, el hecho de que se quede solamente un grupo que viene a representar exclusivamente a un partido, que además ni siquiera está gobernando, me parece que desde un punto de vista político puede cuestionar muchas de las decisiones que se tomen. 

Entre los argumentos que han dado vocales de su grupo para quedarse en el CGPJ es no dejar el órgano en manos, únicamente, de la derecha judicial. ¿Qué opinión le merece?

En manos de la derecha ha estado desde el minuto menos uno. Los progresistas nunca hemos sido decisivos. El problema de estos órganos no es tanto la adscripción política de quienes los integran como las personas. El factor humano es muy importante. En estos años, en el Consejo se han trenzado alianzas, incluso amistades, que han ido mucho más allá de la ideología de cada cual y que han incidido en las decisiones que se han adoptado. Eso ha supuesto una quiebra clarísima y que muchas de las decisiones se adoptaran por unanimidad, salvo mi voto. 

Usted ha roto la unanimidad del voto en muchas ocasiones y se mostró especialmente crítica con el hecho de que el órgano siguiera nombrando jueces con el mandato caducado. ¿Fue acertado cambiar la ley para impedir que un órgano en funciones siguiera haciendo nombramientos? Es una norma que PP y Vox han impugnado ante el Constitucional. 

La ley es mejorable desde un punto de vista técnico, pero siempre la he interpretado como una norma que venía a rellenar el vacío legal que se produce cuando se acaba el mandato legal. Es algo que está perfectamente claro en el poder legislativo y en el poder ejecutivo, pero no había nada previsto para el órgano que gobierna el poder judicial. Es una norma que tiene que existir, nos tienen que indicar qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer cuando el Consejo se queda en funciones. Si el Constitucional dice pasado mañana que esa ley es anticonstitucional, lo acataremos todos. Pero no es óbice para que no se haga nada porque es una ley importantísima. 

La primera propuesta de esa reforma, que fue retirada, reducía la mayoría necesaria para elegir a los vocales en segunda vuelta. ¿Qué le pareció?

Esa iniciativa se quedó fuera por las presiones que fuera. Yo eché de menos que estuviera incluida, pues conducía a un objetivo que me parece legítimo, necesario y muy oportuno, que era establecer otro régimen de mayorías. Si no, este bloqueo se va a producir siempre. Cuando se estableció ese sistema de mayorías, el Parlamento estaba configurado de otra manera, pero la actual configuración parlamentaria ha venido a quedarse. Olvidémonos. Ningún partido va a poder gobernar en solitario en este país. 

Pero hubo una oposición muy grande, especialmente de la Comisión Europea. 

Bruselas es el gran espacio que no han sabido ocupar los partidos de izquierdas a pesar de que hay gente muy valiosa allí. No hay más que ver los prejuicios con los que han venido las personas de enorme poder que se han desplazado a nuestro país para ver qué pasa con el Consejo. Sus interlocutores, sus fuentes, sus conocimientos siempre son personas destacadas de la derecha. La izquierda ha descuidado el establecimiento de vínculos fuertes con Bruselas. 

Antes decía que hay vocales progresistas que tienen “unos vínculos muy directos” con el PSOE. ¿La polarización política se traslada al órgano? 

En lo que hace la izquierda, no. En lo que hace la derecha, sí. Aunque la derecha ahora mismo sí que está más dividida. La marcha de Lesmes vino provocada porque la mayoría de su grupo dejó de apoyarle y se encontró con que personas que habían sido sus más leales y directos colaboradores le daban la espalda. Probablemente no se hubiera ido si se hubiera apoyado en nuestro grupo y en tres o cuatro personas del suyo que le eran fieles para sacar adelante los nombramientos del Tribunal Constitucional. Era un asunto que tenía mucho interés en que se resolviera. 

¿Ve una vinculación entre el PP y parte de los vocales del sector conservador? 

Sin ninguna duda. Posiblemente, debido a cuestiones ideológicas e incluso motivaciones personales. Desde que se constituyó este Gobierno, el PP ha constituido la mayoría absoluta que tiene en el Consejo como la punta de lanza de sus políticas antigubernamentales. Era el único poder del Estado donde le quedaba ese trasvase de poder que le daba su situación cuando el Consejo fue creado. El Consejo ha sido siempre el ariete de las políticas del Gobierno, hasta que el Gobierno dejó de ser del PP. Después, este Consejo ha servido como la punta de lanza para todas las iniciativas políticas provenientes de un PP que estaba dispuesto a no darle ni agua a este Gobierno desde el minuto cero. 

Con respecto al bloqueo del órgano, ¿es igual el reparto de culpas entre el PSOE y el PP?

No, no es igual, ni muchísimo menos. Pero sí que es verdad que el PSOE podría haber hecho mucho más. Desde el punto de vista del Ejecutivo, podría haber aprovechado la ocasión [de su renuncia] para abordar la posibilidad de negociar. Y desde el punto de vista del legislativo, podría haber convocado a las cámaras y plantear como punto del orden del día la renovación. De esa forma, habría quedado reflejado con luz y taquígrafos quién está empeñado en que el Consejo no se renueve y que hubieran dado explicaciones. Hubiera sido cuestión de que los presidentes del Congreso y del Senado tomaran la iniciativa. Pero no hicieron ni el amago. Son omisiones deliberadas y serias en el marco de bloqueo en el que nos estamos moviendo. 

¿Ve alguna opción de renovación después de las autonómicas y municipales de mayo?

Después del 27 de octubre [entonces el PP suspendió unilateralmente la última negociación cuando estaba a punto de culminar] ya no me creo nada. El PP no rompió por el tema de la sedición, ni por la reforma del Código Penal. Fue una excusa como tantas otras, aunque mucho más tardía. Ese día tuvimos pleno y salimos despidiéndonos. La mayoría estábamos convencidos de que nos íbamos. Desde entonces, ya no me creo nada. 

Otra de las ocasiones en las que parecía cercano el acuerdo, el PP rompió las negociaciones al vetar la presencia de Unidas Podemos en las negociaciones. ¿Qué le parece?

Es ir en contra de la letra y del espíritu de la Constitución. El legislador constitucional quería establecer un órgano de gobierno del Poder Judicial amplio, que abriera el abanico a todas las sensibilidades sociales y no sólo a los jueces. Ni siquiera sólo a los que trabajamos en la Administración de Justicia. Los conocimientos técnicos y jurídicos los proporcionan los órganos técnicos [del CGPJ]. El pleno lo tiene que conformar gente que amplíe la mirada y recoja las sensibilidades de toda la sociedad desde una perspectiva jurídica. 

¿Esa pluralidad sale perjudicada con la designación directa de los vocales judiciales por los propios jueces?

Claro. Esa idea de que el órgano de gobierno del poder judicial es un órgano representativo de los jueces es equivocada y muy peligrosa desde un punto de vista constitucional y democrático. No creo que por ahí se deba pasar nunca porque habremos perdido la esencia que pretendía el legislador constitucional: que hubiera una suerte de poro que permitiera llegar al poder judicial todo lo que se respira en la calle. Cambiar la forma de designación de los vocales judiciales y dar entrada a la vía de que sea una representación de los jueces es dar entrada al corporativismo y privar al órgano de esa necesaria porosidad. Desde el punto de vista político e institucional estaríamos cavando el final de este órgano al desplazar el poder de las asociaciones judiciales al Consejo y estaríamos desvirtuando su naturaleza. La designación a través del Parlamento es lo único que nos vincula a la voluntad popular. No defiendo nada que no esté en la Constitución. 

Tras su salida, ¿qué balance hace de este mandato?

Este Consejo estaba llamado a regenerar el órgano y esa era la excusa que se puso para conformar un modelo de organización interna que algunos hemos sufrido. Pero, fundamentalmente, pasará a la historia –además de ser, espero, el más largo de toda la historia– porque con su conformación, tanto ideológica como personal, la derecha ha conseguido que los órganos que integran el vértice de nuestra organización judicial, el Tribunal Supremo y los tribunales superiores de justicia, estén dirigidos y conformados, salvo pocas excepciones, por magistrados destacadamente de derechas. Este era el objetivo de este Consejo. Y al menos el tiempo que estuvo Lesmes presidiendo, él supo llevar a cabo la tarea para la que había sido nombrado. 

Pero es algo que viene de lejos. La Sala de lo Penal del Supremo pasó de estar formada en 1995 por siete jueces progresistas y seis conservadores a que en 2022 sean 12 conservadores frente a cuatro progresistas.

La conformación actual del Tribunal Supremo y de los órganos judiciales más relevantes no es casual, ni se ha producido por una concatenación de circunstancias que han venido dadas. Este era un objetivo perfectamente buscado. Desde la perspectiva de la izquierda, que es mi perspectiva, es un paisaje desolador a corto y medio plazo. Por la conformación de las personas y por su edad [han entrado en el Supremo personas a las les quedan casi dos décadas de carrera]. Eso va a ser muy duro de llevar por los sucesivos gobiernos de izquierdas que espero que vengan. 

Dice la ciencia que una supernova es la explosión más grande jamás contemplada; que, en una determinada modalidad, es la explosión de una estrella masiva a modo de “último hurra”, de “traca final” de una estrella masiva moribunda. Y dice que también puede producirse en otra modalidad, cuando en una estrella enana blanca se desencadena una fusión nuclear descontrolada. Y en ambos supuestos el objeto original —la estrella masiva o la enana blanca— se colapsa o se destruye por completo, pudiendo convertirse incluso en un agujero negro.

En todo caso, una supernova genera siempre una luz que puede eclipsar a su propia galaxia durante días y hasta algunos meses. Esa luz es tan brillante y surge tan de repente en el espacio que antes se pensaba que era una nueva estrella. Pero no, no es tal, sino que simplemente es el último estertor de una estrella que brilla al morir, pero cuyo brillo va perdiendo intensidad hasta desaparecer en poco tiempo. Es como si esa estrella eligiera brillar al quemarse antes de desaparecer silenciosa y oscuramente.

Y no, no crean que se trata de un fenómeno más o menos frecuente, pues la astronomía cree que en nuestra Vía Láctea solo se producen dos o tres supernovas por siglo. De manera que, si asisten a una, si la verdadera luz les interesa, por favor, préstenle la máxima atención, pues es muy posible que no puedan presenciar otra.

Yo, sinceramente, estoy muy atenta porque creo que estoy asistiendo a la gestación de una supernova, una que brillará unos días en los medios de comunicación y desaparecerá —por enésima y puede que última vez—, dejando un profundo agujero negro del que será casi imposible salir.

Porque sí, ciertamente el CGPJ va camino de su gran explosión, de la definitiva, de la que no se sale. Y lo veíamos venir, naturalmente. Un órgano que lleva cuatro años y cuatro meses prorrogado, caducado o como se le quiera llamar, pero en todo caso, en una situación lastimosa, moribunda y totalmente indigna y desprestigiada. Yo, sinceramente, creí que la gran explosión ocurriría en octubre pasado, al dimitir o renunciar su presidente, Carlos Lesmes, para, según sus propias palabras, no convertirse “en cómplice de una situación” que aborrecía, situación “que debilita y erosiona las principales instituciones de la Justicia española”, tras amagar con ello en septiembre, en el acto de apertura del año judicial, y en otras ocasiones anteriores.

Sinceramente, consideré que la renuncia de Lesmes era una nueva oportunidad, una puerta abierta a decisiones similares de otros miembros del CGPJ, con esa misma finalidad de dejar de ser cómplices del desprestigio de la institución y de “dejar de dañar la imagen y la dignidad tanto de la justicia como servicio público, como el de un poder al que no representan y al que hace demasiado tiempo que dejaron de servir” —todo ello en términos de un comunicado de la Asociación Juezas y Jueces para la Democracia de 10 de octubre de 2022, reiterando otros llamamientos similares realizados en momentos anteriores—.

Huelga decir que no ha ocurrido así. Ni a partir de octubre de 2022 ni antes de ese momento. Ni un/a solo/a vocal ha tomado hasta hoy ese camino. ¡Y bien que podrían haberlo hecho! Bueno, salvo esta pasada semana Concepción Sáez, que habría presentado —tarde, desde luego, unos años tarde— por escrito su renuncia al presidente, que aún debe aceptarla.

Renuncia que, sin duda, habrá generado, según intuyo, una situación cuando menos “incómoda” para quienes aún siguen formando parte de un órgano debilitado, desprestigiado y en una situación manifiestamente anormal. Y es que, en un primer momento, como ya es sabido, habría habido un paso al frente, un intento o, al menos, propuesta de dimisión o renuncia de todo el llamado “grupo progresista”, aunque esta primera reacción ya no es, según se dice, tan segura o tan firme en estos momentos.

Se apelaría ahora, al parecer, por algunos vocales, a que una renuncia colectiva —o incluso individual— de estas características no conseguiría el objetivo de forzar la renovación automática del órgano y que podría incluso ser un acto ilegal. Interpretación que, en una entrevista en un medio de comunicación el pasado viernes, rechaza quien fue presidente del CGPJ entre 1990 y 1996, Pascual Sala, entendiendo que no habría ilegalidad alguna ni administrativa ni de otro tipo por tales dimisiones ni por la aceptación que de las mismas pudiera hacer el actual presidente, y recordando que en 1996 se actuó de esta manera y que se produjo la renuncia de un número de vocales tal que el CGPJ carecía de quórum para actuar en Pleno, lo que llevó a su inmediata renovación.

Pues bien, el martes tendremos una decisión, o así es de esperar. Una decisión que se está demorando demasiado una vez más. No sé si porque se valoran como escasos sus efectos reales en el funcionamiento del órgano e incluso como improbable una inmediata y siempre constitucionalmente obligada reacción política para su renovación o porque se calculan las consecuencias “personales” que en cada cual va a tener, sin duda alguna, tal renuncia.

Y lo que es de esperar, por mi parte, es que se tome la decisión de seguir el camino de Lesmes y Sáez, si se quiere mantener el mínimo prestigio y la mínima dignidad que puede que aún queden al CGPJ y a sus actuales miembros, aunque no sean los primeros responsables de este panorama. De no ser así, prefiero evitar ahora los adjetivos que podrían utilizarse para describir, una vez más, la situación.

Confío, aunque con una muy ajada y diluida confianza, en que la estrella no explote ni desaparezca tras brillar intensa pero temporalmente. Siempre es tentador el brillo, siquiera sea momentáneo. Aunque también es posible que, con esa explosión, se perdiera realmente muy poco y que, por el contrario, se ganara por fin la gran ocasión de repensar este complicado y discutido órgano, cuando ya no le interesara a nadie.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en funciones acumula casi tres meses de retraso en la renovación del Tribunal Constitucional, lo que está prolongando la mayoría conservadora en el órgano que deberá pronunciarse sobre asuntos tan sensibles como la reforma educativa, el aborto o la eutanasia. Los nombramientos de los dos magistrados que corresponde designar a la institución encargada del gobierno de los jueces deberían haberse hecho antes del 13 de septiembre. Pero no ha sido posible por el boicot de nueve de los diez vocales elegidos en su día a propuesta del PP. 

Esa minoría de bloqueo la forman seis jueces, un letrado y magistrado en excedencia, una abogada del Estado y una secretaria judicial que llegaron al CGPJ con el aval del que, ahora, es el principal partido de la oposición. Tras tres meses de boicot, estos vocales han movido ficha este viernes para sortear la reforma con la que el Gobierno pretende desbloquear estos nombramientos al rebajar las mayorías necesarias para realizarlos, tal y como adelantó elDiario.es este jueves. Los conservadores han pedido la convocatoria urgente de un pleno extraordinario con la propuesta de nombramiento de los magistrados del Constitucional como único punto del orden del día.

La petición de un pleno urgente llega tras tres meses de negociaciones frustradas en los que los conservadores ni siquiera han puesto nombres de candidatos encima de la mesa, mientras han puesto pegas al candidato de los progresistas. elDiario.es resume a continuación quiénes son los vocales que bloquean la renovación del Constitucional y cuáles son sus trayectorias: 

José Antonio Ballestero Pascual

Juez del Tribunal Superior de Justicia de Galicia

Es juez desde 1984. Desde 2004 su destino está en la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Llegó al CGPJ en junio de 2018 en sustitución del hoy ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska. Desde entonces, tiene dedicación exclusiva como miembro de su Comisión Permanente, donde se toman las principales decisiones y cuyos miembros cobran más de 120.000 euros anuales por su dedicación exclusiva y tienen a su disposición un coche oficial. El resto de los vocales lo son solo a tiempo parcial y reciben dietas por asistir a los plenos o a las comisiones, establecidas en 975 euros y 312 euros respectivamente. 

Ballestero está afiliado a la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), conservadora y mayoritaria en la carrera. Formó parte de su ejecutiva cuando el presidente era Pablo Llarena, el juez del Tribunal Supremo que investigó el procés. Es el vocal que gritó “¡Viva el rey!” durante la entrega de despachos de los nuevos jueces presidida por Felipe VI en Barcelona en 2020. 

Forma parte de la comisión negociadora creada para abordar los nombramientos del Constitucional. Las fuentes consultadas aseguran que él y el también vocal José María Macías tienen una “interlocución fluida” con dirigentes de la dirección del Partido Popular. Entre otros, con Esteban González Pons, vicesecretario de Institucional y principal negociador de la formación en materia judicial.

Ballestero fue uno de los encargados de hacer el borrador de informe sobre la Ley de Memoria Democrática, aunque acabó renunciando tras no lograr ponerse de acuerdo con el otro ponente, el progresista Álvaro Cuesta. Acabó suscribiendo, junto a Macías, un voto particular en el que ambos afirman que “las desapariciones forzosas no son un problema en España” o se muestran contrarios a la “anulación indiscriminada” de las sentencias dictadas por los tribunales franquistas. También sostienen que la ley genera “un sesgo en las materias educativas que pudiera chocar con la libertad de cátedra, la libertad de expresión o la libertad educativa en tanto en cuanto no se refiere a todos los sistemas totalitarios”. 

María Ángeles Carmona Vergara

Secretaria Judicial

Es secretaria judicial desde 1994, con destino en un juzgado de Sevilla. En 2012, durante la primera legislatura de Mariano Rajoy, formó parte de la delegación del Gobierno en Andalucía como Jefa de la Unidad de Coordinación Territorial de Violencia de Género. Su nombramiento en el CGPJ a propuesta del PP fue impulsado por el juez Juan Ignacio Zoido, entonces alcalde de Sevilla y más tarde ministro del Interior con Rajoy. 

Una vez nombrada vocal, el presidente Carlos Lesmes la promocionó como presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género. Su nombramiento abrió una brecha en el CGPJ, pues hasta entonces ese puesto estaba unido a la presidencia de la Comisión de Igualdad del CGPJ, que ejerce la vocal progresista Clara Martínez de Careaga. Pero Lesmes optó por poner en ese puesto a una vocal del PP con el argumento de que ya había trabajado en el ámbito de la violencia de género con un cargo estatal.

Nuria Díaz Abad

Abogada del Estado

Es abogada del Estado desde 1992, con destino en los Ministerios de Fomento y Exteriores. No obstante, forma parte desde mayo de 2020 de la Comisión Permanente, por lo que tiene dedicación exclusiva al CGPJ. Se encarga especialmente de los asuntos internacionales. Antes también había formado parte de ese órgano reducido entre 2015 y 2018. Entre 2003 y 2013 fue jefa de la Abogacía del Estado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En 2019 optó a un puesto en el Tribunal General de la UE, pero el Gobierno –entonces con Dolores Delgado como ministra– frenó su candidatura por su perfil conservador. Meses después, Díaz firmó un voto particular contra el nombramiento de Delgado como fiscal general en el que afirmaba que su elección no contribuía a “la percepción de la independencia de la Fiscalía”. 

Se la considera cercana ideológicamente al Opus Dei. Durante el debate sobre el informe del CGPJ al proyecto del PP que eliminaba el aborto como un derecho de la mujer propuso que la ley obligara a realizar un “examen forense” a las mujeres que alegaran haber sufrido una violación para abortar con el objetivo de comprobar que la denuncia no era falsa. Ese texto, que el PP acabó retirando, sólo recogía como supuestos de despenalización del aborto el riesgo para la salud mental de la mujer o que la gestación fuera consecuencia de una agresión sexual. 

Fue uno de los nombres con los que Lesmes contó para llevar a cabo el llamado ‘plan b’ con el que pretendía sacar adelante los nombramientos del Constitucional antes de su renuncia. Ese plan requería lograr el respaldo de tres vocales propuestos por el PP que quisieran sumarse a los ocho progresistas. Finalmente, Lesmes solo pudo contar con su íntimo amigo Wenceslao Olea porque tanto Díaz como Martínez Moya —el otro vocal que sondeó Lesmes— rechazaron apartarse del núcleo duro del bloque conservador. 

Juan Manuel Fernández Martínez

Juez del Tribunal Superior de Justicia de Navarra

Ingresó en la carrera judicial en 1984. En 2004, el CGPJ conservador de la mayoría absoluta de Aznar lo nombró presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra. Mantuvo ese cargo hasta 2014. Desde 2018 es uno de los miembros de la Comisión Permanente así que su dedicación al CGPJ es exclusiva. Está afiliado a la Asociación Profesional de la Magistratura (APM). También forma parte del Consejo Asesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Navarra, propiedad del Opus Dei. 

Recientemente firmó junto a José Antonio Ballestero y José María Macías un voto particular concurrente al informe de la ley trans en el que señalaban que la mera declaración de voluntad no puede ser “elemento suficiente” para el cambio de sexo legal. Pedían que la ley exigiera para ello, algún tipo de “acreditación”. Adquirió cierta notoriedad en 2018, cuando respondió al entonces ministro de Justicia, Rafael Catalá, que no había motivos para apartar al juez que emitió un voto particular en el que cuestionaba la versión de la víctima de ‘la manada’. Catalá había reprochado al CGPJ que no hubiera actuado contra el juez cuando “todos saben” que tiene “algún problema singular”.

Carmen Llombart Pérez

Jueza del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana

Ingresó en la carrera judicial en 1980. En 1989 se incorporó como magistrada a la Audiencia Provincial de Valencia, órgano del que fue presidenta entre 2010 y 2015. Sus compañeros conservadores en la Comisión Permanente la auparon en 2017 a la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, la que juzga a los políticos autonómicos aforados acusados de corrupción. Un juez recurrió ese nombramiento, pero el Tribunal Supremo lo confirmó. 

Llombart es uno de los pesos pesados de la derecha judicial valenciana. Pertenece a la APM. Aterrizó en el CGPJ gracias a la recomendación de Fernando de Rosa, que fue consejero de Justicia en la Generalitat Valenciana con Francisco Camps (PP) y después también vocal del órgano de gobierno de los jueces. En 2015, De Rosa la sustituyó al frente de la Audiencia de Valencia con el voto de 16 de los 21 miembros del pleno, incluido el de la propia Llombart. Ahora De Rosa es senador del PP. 

José María Macías

Abogado y exmagistrado

Aprobó las oposiciones en 1990 y ejerció como juez hasta 2005. Ese año solicitó la excedencia para ejercer la abogacía y se incorporó como socio a Cuatrecasas, donde sigue en la actualidad. Mientras permaneció en servicio activo, fue miembro de la APM, a la que después representó como abogado. Llegó al CGPJ en 2015 en sustitución de Mercè Pigem, una vocal nombrada por Convergència i Unió (CiU) que renunció tras conocerse que había sido interceptada en la aduana por la Guardia Civil, entrando en España desde Andorra con 9.500 euros en efectivo. El primer suplente, Antonio Álvarez-Buylla, renunció a ocupar el puesto tras recibir una querella por falsedad documental que más tarde quedó en nada. 

El segundo suplente era Macías. Aunque sustituyó a una vocal de CiU, había sido en su día propuesto por el PP. Hoy es el hombre fuerte de la derecha en el CGPJ. Tenía una interlocución fluida con el número dos del PP en la etapa de Pablo Casado, Teodoro García Egea. Y la tiene ahora con la actual dirección de Alberto Nüñez Feijóo y, en especial, con González Pons. Durante su mandato fue muy cercano a Lesmes, aunque en la última etapa fue crítico con su decisión de dejar el cargo ante el bloqueo de la institución. “La dimisión de Lesmes va a provocar más daño que solución al Poder Judicial”, dijo en una entrevista en elDiario.es. 

Juan Martínez Moya

Juez del Tribunal Superior de Justicia de Murcia

Es juez desde 1988 y está especializado en el orden jurisdiccional social. En 2004 fue nombrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia por la mayoría conservadora en el CGPJ nombrada por Aznar. Estuvo en ese puesto hasta 2015. Desde entonces, está dedicado a tiempo completo al CGPJ como miembro de su Comisión Permanente. 

Durante su etapa como presidente del tribunal autonómico, Martínez Moya tuvo un papel relevante en el 'caso Auditorio’, un escándalo de corrupción urbanística que afectaba al expresidente de Murcia por el PP Pedro Antonio Sánchez. Él y otros dos magistrados remitieron a un juzgado ordinario una querella de la Fiscalía contra Sánchez cuando era consejero y diputado regional y, por tanto, estaba aforado ante el tribunal superior. Esa decisión evitó que Sánchez, ya candidato del PP a la presidencia de Murcia, fuera a las elecciones de 2015 como imputado. Pese a esta decisión, la investigación continuó. Y en febrero de 2017, ya como presidente, fue citado como imputado. Sánchez acabó dimitiendo dos meses después asediado por varios casos de corrupción. 

Martinez Moya fue uno de los vocales —junto a Nuria Díaz y Wenceslao Olea— con los que Lesmes contó para llevar a cabo su fracasado ‘plan b’ para renovar el Constitucional. Pero tanto él como Díaz rechazaron apartarse del núcleo duro del bloque conservador. 

Gerardo Martínez Tristán

Juez de la Audiencia Nacional

Ingresó en la carrera judicial en 1988 y tiene su destino actual en la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. Antes fue durante una década presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, un puesto al que le aupó en 2006 el CGPJ nombrado con la mayoría absoluta de Aznar. Desde ese cargo, maniobró en 2013 para concentrar en el pleno que presidía los dos recursos presentados contra el plan del Gobierno de Ignacio González (PP) de ceder a empresas la gestión de seis hospitales y 27 centros de salud madrileños. Previamente, una de las secciones que llevaban el caso habían paralizado esa privatización.

El PSM intentó apartarlo de esa decisión por su matrimonio con Marta García de la Calzada, que había sido alto cargo en la Comunidad de Madrid y en ese momento era consejera de Fomento en el Gobierno de Castilla-La Mancha que dirigía María Dolores de Cospedal, entonces número dos del PP. La Fiscalía se opuso y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) rechazó la recusación presentada por los socialistas. Finalmente, González se vio obligado a renunciar a su plan privatizador. 

Wenceslao Olea Godoy

Juez del Tribunal Supremo

Ingresó en la carrera judicial en 1984. En 2004, el CGPJ conservador de la mayoría absoluta de Aznar lo nombró presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Extremadura. En 2012 fue aupado al Tribunal Supremo. Al año siguiente, el PP le propuso como vocal para el actual CGPJ. Preside la Comisión Disciplinaria, la que decide las sanciones sobre los jueces. 

Pertenece a la APM. Es íntimo amigo de Lesmes y el único vocal que se mantuvo leal a él hasta el final. De hecho, recurrió ante el Supremo la elección del progresista Rafael Mozo como presidente “por sustitución”. La voluntad de Lesmes era que su sucesor al frente de los dos órganos que dirigía desde 2013, el CGPJ y el Supremo, fuera el presidente de Sala del Supremo más antiguo: Francisco Marín. El Alto Tribunal rechazó las medidas cautelares y tiene pendiente pronunciarse sobre el fondo de ese recurso. 

Olea fue uno de los vocales con los que contó Lesmes para llevar a cabo el citado ‘plan b’ con el que pretendía sacar adelante los nombramientos del Constitucional antes de su renuncia. Olea se mantuvo al margen de las primeras cenas y reuniones de los vocales que se oponían a hacer las designaciones del tribunal de garantías pero acabó uniéndose al grupo a partir de noviembre, tras la dimisión de Lesmes.

La defensa de los cuatro expresos de ERC, Oriol Junqueras, Carme Forcadell, Raül Romeva y Dolors Bassa, ha pedido la recusación de Carlos Lesmes en la sala tercera del Tribunal Supremo, encargada de la revisión de los indultos. Los letrados consideran que tienen muchos argumentos para defender que el magistrado está “contaminado” y que “no debería participar de esa decisión”. En esta línea, argumentan “falta de imparcialidad” y y aseguran que tiene “interés directo” en la causa.

Los letrados señalan como argumentos las declaraciones de Lesmes en el Foro de Justicia del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid en el 2021, cuando al ser preguntado por la cuestión aseguró que los indultos eran “difíciles de aceptar”. Además, en la apertura del año judicial 2022-2023 aseguran que se pronunció “en contra de la desjudicialización”. La defensa de los dirigentes independentistas considera que esto representa “un claro pronunciamiento en contra de los indultos” por lo que su imparcialidad “queda irremediablemente comprometida”.

El equipo jurídico aporta también un informe desfavorable del Supremo contra los indultos dirigido al Ministerio de Justicia que fue tramitado por Lesmes cuando era presidente del alto tribunal. Según los republicanos, ese documento demuestra que el magistrado “ha participado directamente del objeto del recurso en el ejercicio de un cargo público”. Para los abogados de los dirigentes republicanos es otro motivo para recusarle.

Diferencias entre las entidades

Mientras, crecen las diferencias entre las entidades soberanistas. El presidente de Òmnium, Xavier Antich, ha anunciado en una entrevista en La Vanguardia que la entidad que dirige no irá a la manifestación de la ANC de este martes contra la reforma del Código Penal. “No iremos a remolque de nadie y Òmnium no contribuirá a la confrontación entre distintos agentes del movimiento independentista y a hacer antipolítica”, ha asegurado.

Antich celebra la eliminación de la sedición impulsada por el Gobierno y ERC, pero ve con preocupación que “vaya de la mano de la ampliación del delito de desórdenes públicos”. En la citada entrevista ha argumentado que “de ninguna forma se pueden sacrificar derechos fundamentales por el camino”. Según Antich, la tramitación de la reforma en el Congreso es “muy importante para no criminalizar el derecho de protesta”.

El presidente de Òmnium explica que han hablado con el Govern, con todos los agentes políticos y con todos los movimientos sociales con el objetivo de encontrar “el máximo consenso”. Y ha señalado la tramitación de la reforma del Código Penal en el Congreso como un momento “muy importante” para introducir enmiendas y garantizar que “cualquier cosa que se toque del actual delito de desórdenes públicos garantice el ejercicio de derechos fundamentales y no criminalice el derecho de protesta”.

“Hemos estado hablando con Esquerra, Junts, la CUP y los comunes. Todos reconocen que no hay nada cerrado y nos confirman que quieren hacer presión política para que la propuesta de ampliación de desórdenes públicos sea enmendada”, ha añadido.

El Tribunal Supremo ha rechazado suspender de forma cautelar el nombramiento de Rafael Mozo como presidente interino del Consejo General del Poder Judicial tras la renuncia de Carlos Lesmes el pasado mes de octubre. El acuerdo de la sección sexta de lo contencioso-administrativo ha sido hecha pública por el Tribunal Supremo en un comunicado y la resolución completa con los argumentos se conocerá en los próximos días.

Antes de empezar las deliberaciones sobre las cautelares, uno de los magistrados ha pedido apartarse del caso aunque la sala ha rechazado la propuesta. Se trata de José Manuel Bandrés, candidato del sector progresista integrado por el propio Mozo para formar parte del Tribunal Constitucional.

Rafael Mozo, magistrado y vocal del sector progresista del Consejo, tomó posesión como presidente interino del órgano de gobierno de los jueces a propuesta del pleno el pasado 13 de octubre. Lo hizo después de que Carlos Lesmes anunciara su dimisión ante la situación de bloqueo político para afrontar una renovación que lleva, por ahora, casi cuatro años de retraso desde que finalizó su mandato. Wenceslao Olea, magistrado del Supremo y vocal del sector conservador, recurrió el nombramiento ante la misma sala de la que forma parte.

El Supremo rechazó hace un mes la medidas cautelarísimas planteadas por este vocal, así como también por el secretario general del CGPJ, José Luis de Benito. Unos autos que, en ese momento, se limitaron a constatar que ninguno de los dos habían puesto encima de la mesa una necesidad urgente de tomar una decisión sin consultar a las partes.

Tras el nuevo bloqueo del Partido Popular a negociar la renovación del CGPJ, que tendría que haberse realizado a finales de 2018, el pleno del órgano de gobierno de los jueces retomó las negociaciones entre bloques para nombrar a dos magistrados del Tribunal Constitucional y desbloquear la renovación de este organismo. Por el momento un grupo de vocales del sector conservador sigue sin plantear a su candidato o candidata después de que los progresistas hayan elegido a José Manuel Bandrés, magistrado de la sala tercera del Supremo, como su propuesta.

“El Consejo se crea para dos funciones que se considera que no pueden estar en manos del Gobierno: el nombramiento de cargos judiciales y el ejercicio de la disciplina, porque al juez se le controla con el palo y la zanahoria”. En marzo de 2014, apenas cuatro meses después de tomar posesión como presidente del órgano de gobierno de los jueces, Carlos Lesmes soliviantó a la carrera con estas declaraciones en una entrevista en El Mundo. Tres de las cuatro asociaciones judiciales pidieron una rectificación y una de ellas su dimisión. Numerosas juntas de jueces también le exigieron una disculpa pública. 

Ocho años después —con Lesmes ya fuera de la institución—, sus críticos sostienen que esa metáfora ha marcado parte de su mandato. Y lo ha hecho, en parte, gracias a la reforma que aprobó en solitario el Partido Popular en 2013 y en cuya elaboración colaboró él mismo. Esa norma multiplicó el poder del presidente al tiempo que acabó con la mayoría de tres quintos (13 de los 21 miembros) para el nombramiento de los principales cargos, incluidos los de jueces y presidentes de Sala del Supremo. Se volvió a la mayoría simple (más síes que noes), lo que dio margen al sector conservador para imponer a sus candidatos. Este modelo estuvo vigente hasta finales de 2018, cuando el PSOE promovió otra reforma que recuperó la mayoría reforzada.

En ese período, el CGPJ realizó 32 nombramientos en el Supremo. De ellos, 21 fueron aprobados por mayoría cualificada, pero un tercio (11 en total) salieron por mayoría simple, lo que le sirvió al presidente para acomodar en el Alto Tribunal a perfiles afines. Principalmente, en la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Tercera), a donde Lesmes volverá “de forma inmediata”, según dijo en su vídeo de despedida. Se trata de una Sala clave, pues resuelve todos los recursos que se presentan contra el Gobierno y los que afectan a las resoluciones del Poder Judicial. Así es como, por ejemplo, fue nombrado en julio de 2015 presidente de esa Sala Luis Díez Picazo, quien tiempo después fue protagonista de la peor crisis de credibilidad del mandato de Lesmes por el cambio de criterio en el impuesto de las hipotecas. 

Lesmes tuvo que pedir perdón públicamente después de que Díez Picazo sometiera a revisión una jurisprudencia perjudicial para la banca ante el impacto “social y económico” que había suscitado la condena. Todos los partidos se situaron del lado de los clientes y el Gobierno socialista llegó a hablar de “jornada negrísima” para la Justicia. Díez Picazo llegó a ese puesto con los votos de los conservadores tras una campaña de presión de Lesmes, según denunciaron algunos vocales. Ambos habían trabajado juntos en la reforma judicial del PP. Díez Picazo se impuso al entonces presidente, un magistrado que le triplicaba en experiencia y le superaba ampliamente en sentencias dictadas. No se llegó a presentar a la reelección y su sustituto fue César Tolosa, actual presidente.

Ese pleno sobre el impuesto hipotecario pasó a la historia como uno de los momentos más tensos de la Sala Tercera, con duros reproches por la gestión del asunto y votos particulares en los que los magistrados discrepantes no ocultaban su enfado. El liderazgo del presidente nombrado con el beneplácito de Lesmes quedó tocado hasta la elección de su sustituto. 

Durante los primeros años del mandato de Lesmes recalaron en el Supremo —y con el apoyo por la mínima del pleno— otras figuras muy cercanas a él. Es el caso de Fernando Román, amigo personal desde hace décadas. Fue secretario de Estado de Justicia con el Gobierno de Mariano Rajoy y se le considera un hombre clave en su ascenso al CGPJ. Román se impuso como magistrado de la Sala Tercera en enero de 2018 a candidatos con más años de ejercicio gracias al respaldo de los diez vocales elegidos a propuesta del PP. Lesmes se abstuvo en esa votación por su amistad con él, aunque su voto no era necesario. Román está asociado a la conservadora y mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM), a la que también perteneció Lesmes hasta ser nombrado presidente.

En ese periodo también se incorporó a a la Sala Tercera del Supremo José Luis Requero, considerado muy conservador. Pertenece al Opus Dei y fue el magistrado que comparó el matrimonio homosexual con “la unión de un hombre y un animal”. Su llegada al Alto Tribunal en abril de 2014 abrió una brecha entre los dos sectores del CGPJ, que habían pactado repartirse las dos vacantes que estaban en juego en ese momento. Pero el nombre propuesto por los progresistas (Ángel Arozamena) no gustó a Lesmes, que amenazó con Requero si no respaldaban a otro candidato. Los progresistas no cedieron y el CGPJ acabó eligiendo a este juez por once votos, los de los vocales elegidos a propuesta del PP y el propio Lesmes. Requero también está afiliado a la APM. Arozamena accedió finalmente al Alto Tribunal 15 meses después. 

Con un apoyo de sólo nueve de los 21 miembros del pleno consiguió un puesto en la Sala Tercera Dimitry Berberoff. Hasta su nombramiento en julio de 2018 era director del Gabinete Técnico del Supremo, donde lo colocó Lesmes cuando inició su mandato. Su misión era dar asistencia al presidente —es decir, al propio Lesmes— y a las salas. Su nombramiento fue recurrido por otro de los magistrados que concurrió a esa plaza. Por tres votos a dos, magistrados de esa misma Sala Tercera avalaron su nombramiento. En un voto particular discrepante con esa decisión, dos magistrados alertaron de que que los nombramientos discrecionales “deslegitiman” el sistema judicial, según contó infoLibre. Berberoff es en la actualidad vicepresidente de la APM.

De esa misma Sala también forma parte desde enero de 2014 Inés Huerta, considerada muy cercana a Lesmes. En su caso, recibió el respaldo de 16 miembros del pleno. Es conservadora aunque no está adscrita a ninguna asociación. Fue la juez que en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid amparó la privatización sanitaria que impulsaba lgnacio González (PP) en la Comunidad de Madrid y que otra sección de ese mismo tribunal había paralizado. 

Sala de lo Penal del Supremo

Entre los nombramientos controvertidos de la etapa de Lesmes al frente del CGPJ está el de Ángel Hurtado, que tuvo lugar en septiembre de 2020, cuando el órgano llevaba en funciones más de un año y medio. Fue ascendido a la Sala de lo Penal del Supremo, la que examina en última instancia la mayoría de las causas penales que se juzgan en España y por la que pasan los casos de corrupción. Hurtado fue el único juez del tribunal de la Gürtel que se negó a que Mariano Rajoy fuera llamado a declarar como testigo y que emitió un voto particular contra la sentencia que certificó la existencia de una caja B en el PP pidiendo la absolución del partido. Su nombramiento fue fruto de un acuerdo entre la mayoría conservadora y parte del bloque progresista y obtuvo 19 votos. 

En una votación mucho más ajustada fue nombrado juez de esa misma Sala de lo Penal en enero de 2018 el exsenador del PP Vicente Magro. Recibió el respaldo de los diez vocales conservadores, mientras que Lesmes votó a Javier Hernández, de Jueces para la Democracia. De hecho, el nombramiento de Lesmes fue propiciado por la ruptura de los progresistas, que dividieron sus votos en dos candidatos. La suma de apoyos en torno a Hernández le habría permitido sortear la mayoría conservadora gracias al voto de Lesmes. Finalmente, Hernández fue ascendido al Supremo en septiembre de 2020. 

Fuera del Alto Tribunal el mandato de Lesmes también deja algunas designaciones polémicas. Es el caso de la ahora magistrada del Constitucional Concepción Espejel. En 2017, fue elegida presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional también con los votos del rodillo conservador. Es una sala muy relevante porque es la encargada, por ejemplo, de enjuiciar los casos de corrupción que se han investigado en el tribunal especial y de resolver los recursos contra las resoluciones dictadas por sus jueces de instrucción.

Espejel es considerada una magistrada cercana al Partido Popular hasta el punto de que tuvo que apartarse de varios procesos relacionados con la trama corrupta Gürtel. Fue en 2014 cuando María Dolores de Cospedal pronunció la frase que dejaba clara su afinidad con la magistrada: la exministra se refirió a ella como “querida Concha” cuando le impuso la Cruz de San Raimundo de Peñafort, la máxima condecoración del ámbito del Derecho.

La vinculación del PP es incuestionable en el caso de Fernando de Rosa, actual senador del partido y que en 2015 fue nombrado por el CGPJ de Lesmes presidente de la Audiencia Provincial de Valencia, el tribunal que juzga gran parte de la corrupción del PP valenciano. Obtuvo, en su caso, 16 de los 21 votos del Pleno. Antes había sido secretario de Justicia de la Generalitat Valenciana (2003-2007) y conseller (2007-2008) bajo los gobiernos de Francisco Camps. De Rosa es uno de los jueces que más veces ha cruzado la frontera entre lo político y lo judicial, en una carrera que siempre ha girado alrededor del PP. 

El Tribunal Supremo ha rechazado la petición de medidas cautelarísimas presentada por un vocal del Consejo General del Poder Judicial, Wenceslao Olea, contra el nombramiento del progresista Rafael Mozo como sustituto de Carlos Lesmes en la presidencia del organismo. El auto con todos los argumentos será notificado mañana a las partes, según confirman fuentes del alto tribunal.

Carlos Lesmes dimitió como presidente del órgano de gobierno de los jueces el pasado 10 de octubre, anunciando su vuelta a la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo. Unas pocas horas antes, el magistrado tras afirmar que había “perdido toda esperanza” en la posibilidad de un acuerdo y que no quería ser “cómplice de una situación que aborrezco y que es inaceptable” tras más de tres años y medio con el mandato caducado.

Una de las dudas que surgieron en ese momento fue quién sustituiría a Lesmes tanto al frente del CGPJ como también al frente del Tribunal Supremo. Un informe del gabinete técnico apuntaba a que debía ser el magistrado Francisco Marín Castán, presidente de la sala de lo civil del Supremo, pero finalmente el pleno optó por el progresista Rafael Mozo, vocal de mayor edad.

Wenceslao Olea, magistrado del Supremo y vocal, recurrió y planteó unas medidas cautelarísimas que ahora rechaza la propia sala de lo contencioso-administrativo a la que pertenece. Ahora la misma sala abre un trámite de medidas cautelares en el que todas las partes implicadas podrán hacer sus alegaciones antes de recibir una nueva decisión de los magistrados.

“Me opongo a que esta institución se declare en rebeldía respecto a la Constitución y la ley”. El 5 de septiembre, dos días antes del acto solemne de Apertura del Año Judicial, Carlos Lesmes lanzó este aviso en una improvisada e inusual intervención ante los medios de comunicación en los exteriores del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que todavía presidía. Se refería a los dos nombramientos del Tribunal Constitucional que correspondía hacer al órgano de gobierno de los jueces antes del 13 de septiembre y que el núcleo duro del sector conservador amenazaba entonces con bloquear. 

Más de un mes después, la “rebeldía” institucional a la que se refirió Lesmes es un hecho constatado. El órgano de gobierno de los jueces sigue sin renovar el tribunal de garantías, mientras parte de sus vocales utilizan cualquier resquicio para buscar el choque con el Gobierno. La última ocasión, a propósito de los actos de la Fiesta Nacional. Vocales elegidos a propuesta del Partido Popular no asistieron al desfile militar del 12 de octubre como respuesta al supuesto “desprecio” del Ejecutivo. Este nuevo desencuentro se produce en plena negociación entre el Gobierno y el PP para la renovación del órgano, que camina hacia los cuatro años con el mandato caducado.  

Según la versión de los consejeros conservadores, desde el Ministerio de Defensa se les informó la semana pasada de que había una “orden” de la Presidencia del Gobierno de invitar a la parada militar únicamente a Lesmes, que no acudió tras haber presentado su dimisión. Se dieron entonces por “no invitados” y cuando a mediodía del lunes recibieron la invitación con la petición de que confirmaran antes de las 11 de la mañana del martes consideraron que el procedimiento había sido “irrespetuoso” y decidieron acudir solo a la recepción del Palacio Real, a la que la Casa Real sí les había invitado la semana anterior. 

Hubo un vocal que sí asistió a ambos actos: el progresista Rafael Mozo, que este jueves fue nombrado presidente “suplente” en sustitución de Lesmes. Otros vocales progresistas niegan que su ausencia en el desfile se debiera a ningún tipo de desplante y confirman que, aunque más tarde de lo habitual, recibieron las invitaciones.

En la Moncloa confrontan la versión de los conservadores y aseguran que las invitaciones para la parada militar llegaron “en tiempo y forma” y tal y como se ha hecho en otros años. “Acudió quien quiso”, dicen estas mismas fuentes. Un portavoz del CGPJ también confirma que esas invitaciones llegaron, aunque no lo hicieron las de los miembros de la sala de gobierno del Supremo y la presidencia de la Audiencia Nacional y de los 17 tribunales superiores de justicia, a pesar de que también se habían solicitado. 

Renovación del Constitucional  

El incidente a raíz de los actos del 12-O se suma a una lista de encontronazos entre el CGPJ que ha tenido en la renovación del Constitucional su episodio más intenso. Tanto es así que la ministra de Justicia, Pilar Llop, llegó a decir que “quizá” habría que “replantearse” si los vocales que frenan esos nombramientos debían seguir cobrando su sueldo, en unas declaraciones que soliviantaron a muchos de ellos. Otros miembros del Gobierno, como el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, han bajado el tono instándoles a “cumplir la ley” pero pidiendo dejarles trabajar “con tranquilidad, sosiego, serenidad” y “sin injerencias”, según afirmó en una entrevista con elDiario.es. 

Lo cierto es que la renovación del Constitucional acumula ya un mes de retraso y sigue sin vislumbrarse un escenario próximo de resolución. Los vocales no han llegado ni a intercambiar nombres de posibles candidatos. A día de hoy es una incógnita cuándo se podrá sustituir a los cuatro jueces del Constitucional que tienen el mandato caducado desde el 12 de junio y cuyo relevo corresponde hacer al CGPJ (dos) y al Gobierno (otros dos). El Ejecutivo finalmente ha renunciado a nombrar a los suyos hasta que no lo haga el órgano de gobierno de los jueces.  

El asunto fue tratado brevemente en el pleno celebrado este jueves, que estuvo centrado en la sustitución de Lesmes aunque el orden del día incluía ambos asuntos. “Nos pusimos de acuerdo en que no había acuerdo”, resume un vocal. Sobre el papel, la voluntad general es que la comisión negociadora formada por conservadores y progresistas “continúe sus trabajos” y que se fije “de inmediato” un nuevo calendario de encuentros. 

En privado, no obstante, algunos vocales sostienen que si las conversaciones entre el Gobierno y el PP para renovar el órgano siguen avanzando sería oportuno aparcar estos nombramientos. Recuerdan que así se hizo también en otras ocasiones en las que el acuerdo entre las fuerzas políticas para sacar al CGPJ de la parálisis pareció estar cerca. Otras fuentes, sin embargo, entienden que ambos son procedimientos paralelos y no relacionados entre sí y defienden que hay que dar un “impulso serio” a estos nombramientos, que consideran “una prioridad”. 

Los intentos realizados hasta la fecha no han dado frutos. De hecho, el minoritario sector progresista decidió el pasado 5 de octubre dar por zanjadas las conversaciones y anunciar que exploraría “otras vías alternativas” tras constatar la falta de “perspectivas de acuerdo” con los ocho vocales del sector conservador que durante el último mes han utilizado diferentes subterfugios para dilatar las designaciones. La vuelta de los progresistas a la comisión negociadora revela el fracaso de la búsqueda de esas opciones alternativas de acuerdo y que pasaban, en cualquier caso, por romper la minoría de bloqueo ejercida por esos ocho vocales. 

Bicefalia entre el CGPJ y el Supremo  

Esa vía también la exploró, sin éxito, el propio Lesmes, que este jueves volvió a recibir otro golpe de los vocales que lo eligieron presidente hace casi una década. Por 16 votos a uno, el pleno acordó que su sustituto fuera Rafael Mozo, vocal de más edad. Ocupará el cargo de presidente “suplente” con unas atribuciones tasadas. La decisión desoye el informe sobre su “eventual sustitución” que Lesmes encargó al gabinete técnico antes de dimitir ante la circunstancia de que el órgano no puede elegir a un nuevo presidente al tener su mandato caducado. Ese documento establecía que la presidencia de los dos órganos que dirigía desde 2013, el CGPJ y el Tribunal Supremo, debía recaer “de manera automática, sin necesidad de acto o acuerdo alguno” en una misma persona: el actual vicepresidente en funciones del Alto Tribunal, Francisco Marín. 

La votación de este jueves evidenció que una mayoría de vocales no está de acuerdo con esta solución. El “automatismo” que figuraba en el informe había soliviantado especialmente a los consejeros, que consideran que esa decisión debía tomarla el pleno y que tenía que utilizarse el mecanismo de sustitución previsto para relevos puntuales del presidente. La consecuencia es que habrá una bicefalia en ambos órganos con Marín como presidente del Supremo y Mozo como presidente “suplente” del CGPJ. 

Este último pleno también sirvió para constatar que la voluntad de los vocales es que nada cambie en el CGPJ a pesar de la dimisión de Lesmes. En un comunicado, los vocales afirman que seguirán trabajando “con plena normalidad” y que seguirán ejerciendo “todas y cada una de las competencias que les atribuye el ordenamiento jurídico”. La renuncia en bloque que han solicitado sectores de la judicatura como la asociación progresista Jueces y Juezas para la Democracia no está sobre la mesa. Tampoco se esperan a corto plazo salidas individuales. 

La posibilidad de que los vocales renunciaran para forzar la renovación se abordó sin éxito en un pleno celebrado en diciembre de 2020, en plena bronca con los partidos que sustentan al Gobierno a propósito de la reforma que acabó quitando competencias al CGPJ cuando está en funciones. Entonces, el vocal progresista Álvaro Cuesta planteó una propuesta de resolución para que todos sus miembros anunciaran su “renuncia” a partir del 1 de enero, cuando ya se habían cumplido de largo dos años con el mandato caducado. Esa iniciativa, sin embargo, sólo fue respaldada por otros cuatro vocales del sector progresista —Clara Martínez de Careaga, Rafael Mozo, Concepción Sáez y Pilar Sepúlveda— y nunca llegó a fraguarse en una iniciativa concreta. 

​​En ambos sectores insisten en que, aunque tiene vedada su función esencial de hacer designaciones en los principales tribunales, el CGPJ sí mantiene sus competencias en otras cuestiones relevantes como el régimen disciplinario, la provisión de destinos y ascensos reglados o la realización de informes sobre proyectos legislativos y afirman que no se pueden desatender esas responsabilidades. “Tenemos muchas cosas en marcha y hay que seguir trabajando”, sostiene una vocal progresista. “Cuando uno asume una responsabilidad lo hace con todas las consecuencias”, dice otro vocal del sector conservador. 

El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en funciones ha acordado que el progresista Rafael Mozo, vocal de mayor edad, sea nombrado presidente “suplente” del órgano de gobierno de los jueces en sustitución de Carlos Lesmes, informan a elDiario.es fuentes de la institución. La votación ha salido adelante con una amplia mayoría: 16 de votos a favor y solo uno en contra, el del vocal conservador Wenceslao Olea. La vocal progresista Mar Cabrejas se ha ausentado durante el debate y la votación de este punto.

El documento finalmente suscrito establece que el “suplente” del presidente “ejercerá las funciones de este en el ámbito estricto del Consejo General del Poder Judicial”. Y subraya que el acuerdo “no se dirige a realizar ningún nombramiento (...), sino solo a determinar una mera suplencia: quién ejerce de manera temporal y provisional las funciones correspondientes al titular de un órgano ante la ausencia o inexistencia de ese titular”. En un comunicado, los vocales afirman que seguirán trabajando “con plena normalidad” y reconocen el “sentido institucional”, la “vocación de servidor público” y el trabajo de Lesmes “en aras del correcto funcionamiento del Poder Judicial”.

Con la designación de Mozo, los vocales desoyen el informe sobre su “eventual sustitución” que Lesmes encargó al gabinete técnico antes de dimitir. Ese documento establece que la presidencia de los dos órganos que dirigía desde 2013, el CGPJ y el Tribunal Supremo, debía recaer “de manera automática, sin necesidad de acto o acuerdo alguno” en una misma persona: el actual vicepresidente en funciones del Alto Tribunal, Francisco Marín. Lesmes solicitó ese informe ante la circunstancia de que el CGPJ no puede elegir a un nuevo presidente al tener su mandato caducado desde hace casi cuatro años y el vacío legal existente al respecto.

Sin embargo, la votación de este jueves ha evidenciado que una mayoría de vocales no está de acuerdo con esta solución. El “automatismo” que establece el informe había soliviantado especialmente a los consejeros, que consideran que esa decisión debía tomarla el pleno. Precisamente con este objetivo, siete de los ocho vocales del sector progresista solicitaron el pasado lunes que en este pleno se debatiera el escenario abierto tras el cese del presidente.

Bicefalia en el CGPJ y el Supremo

Este movimiento aventura una bicefalia con Marín como presidente del Supremo y Mozo como presidente “suplente” del CGPJ. Los partidarios de esta fórmula esgrimen otro informe del gabinete técnico que, en octubre de 2019, determinó que, en caso de “ausencia, enfermedad o vacancia” del presidente, este debería ser sustituido por el vocal de mayor edad, que entonces era Rafael Fernández Valverde, que se jubiló el pasado febrero.

El gabinete técnico se pronunció en ese momento a instancias de cinco vocales que pidieron un informe sobre las actuaciones a seguir tras la jubilación del que era en aquella época vicepresidente del Supremo, Ángel Juanes. Según ese documento, su sustituto debía ser el vocal de más edad, que es también quien preside la sesión constitutiva del CGPJ y quien reemplaza al presidente si no puede asistir a la Comisión Permanente. 

A este respecto, el informe del gabinete técnico realizado a instancias de Lesmes recogía que tanto la Constitución como la Ley Orgánica del Poder Judicial “conciben” la presidencia del Supremo y del CGPJ “como una titularidad conjunta e indisociable, lo que excluye la posibilidad de articular vías diferenciadas de sustitución: a través del vicepresidente del Tribunal Supremo o de quien ejerza sus funciones en la presidencia del Tribunal Supremo y por el vocal de mayor edad en la presidencia del CGPJ”.

La tesis de que no es posible una bicefalia la defiende también Wenceslao Olea, el único magistrado que ha votado en contra de la designación de Mozo. En un voto particular, Olea afirma que “el actual sistema legal” deja claro que es el presidente del Supremo, que se designa a propuesta del CGPJ, el que ha de presidir el órgano de gobierno de los jueces. En consecuencia, a su juicio,  sólo puede existir un “único presidente” que lo es al mismo tiempo de ambas instituciones. En este sentido, subraya que si uno de los vocales llega a ostentar la presidencia, se está “alterando” la misma composición del CGPJ, porque si este se compone de presidente y los vocales, en el actual sistema en vez de estar integrado por 19 miembros (todos los vocales que en la actualidad lo componen y presidente), se integra solo por 18 miembros.

“Pretender, como se aprueba por la mayoría, establecer una presidencia autónoma y separada del Consejo, con independencia de quien ostenta la presidencia del Supremo, es manifiestamente contrario a los mandatos legales constitucionales”, añade este vocal, que también aprovecha su escrito para cargar contra la reforma que limitó las atribuciones del CGPJ cuando, como ahora, tiene el mandato caducado. Así, atribuye la “indeseable, confusa y torticera situación” en la que se encuentra el órgano a la actuación de “un legislador irreflexivo que ha actuado con intereses espurios e inminentes de partidos que, siendo inconfesables, son ya notorios”.

Competencias

Por otro lado, el acuerdo suscrito fija también las competencias y obligaciones del nuevo presidente suplente. Así, establece que ejercerá sus funciones “con moderación y voluntad de consenso, y expondrá previamente ante el Pleno las decisiones que proyecte adoptar en materias que no sean de gestión ordinaria para procurar alcanzar el mayor acuerdo posible sobre la decisión final”. Además, dispone que será auxiliado por los vocales “en la ejecución de la política de comunicación” y que estos le “propondrán” el contenido de los mensajes, notas de prensa y comunicaciones que hayan de ser difundidos. 

 Por otro lado, establece que las comisiones legales del CGPJ mantendrán su actual composición, con excepción de la Comisión de Asuntos Económicos, a la que se incorporará el vocal judicial de mayor edad que no presida otra de las comisiones legales. Y que todo el personal eventual del órgano será confirmado en sus actuales puestos de trabajo en caso de que expresase su voluntad de permanecer en ellos.

Cuando escuchen al PP hablar de “despolitizar la Justicia”, piensen en Carlos Lesmes. Es el ejemplo perfecto de lo que la derecha entiende por “despolitizar”.

En 1996, Carlos Lesmes fue nombrado alto cargo del Gobierno de José María Aznar. Fue director general del Ministerio de Justicia durante ocho años: desde que Aznar llegó a La Moncloa hasta que se marchó. Lesmes estuvo a las órdenes de absolutamente todos los ministros de Justicia del PP de la era Aznar: Margarita Mariscal de Gante, Ángel Acebes y José María Michavila. También fue subordinado de Rafael Catalá, entonces secretario de Estado y más tarde ministro de Justicia con Rajoy. 

En el año 2004, el PP perdió las elecciones y Lesmes fue cesado. Pero al año siguiente el Consejo General del Poder Judicial lo nombró presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. No llegó a este puesto por oposición. Fue ascendido por la mayoría conservadora del CGPJ en una suerte de puerta giratoria judicial.

Lesmes había sido alto cargo del Ministerio de Justicia del PP que, en 2001, negoció la renovación del CGPJ. Había sido el interlocutor del Gobierno de Aznar con ese consejo. Y fueron esos vocales conservadores los que, en 2005, ascendieron a la presidencia de Sala a un ex alto cargo del mismo Gobierno que les nombró. Hoy por ti, mañana por mí. No sería la primera ocasión.

En el año 2010, la derecha le entregó a Lesmes un ascenso más. Uno de los más cotizados en la judicatura: magistrado del Tribunal Supremo. No se llega a ese puesto por oposición. Los nombramientos para el Supremo los decide el CGPJ, y de nuevo fueron los vocales nombrados por el Partido Popular quienes ascendieron al Supremo al ex director general de Justicia de Aznar.

En 2013, a Lesmes lo volvieron a ascender. Al puesto más alto de la Justicia: la presidencia del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial. ¿Elegido por los jueces, como ahora defiende el PP? Por supuesto que no: estas cosas la derecha solo las promete cuando está en la oposición. Fue el PP de Mariano Rajoy –con la aquiescencia de Alfredo Pérez Rubalcaba– quien escogió a Lesmes. Que es de los suyos. Y basta para ello repasar su currículum profesional.

Lesmes aprobó las oposiciones en el año 1984. Lleva casi cuatro décadas en la carrera judicial. Pero más de dos tercios de ese tiempo –26 de 38 años– ha ejercido en puestos nombrados directamente por el PP o en juzgados a donde ha sido aupado por los vocales en el CGPJ que nombra el PP. 

Cómo será la cosa para que alguien como Carlos Lesmes haya dicho, por fin, que basta ya.

Dice la Constitución española que el mandato de presidente del Tribunal Supremo es de cinco años. Carlos Lesmes estaba a punto de cumplir nueve años allí. Es uno de los puestos mejor pagados de la Administración: 142.000 euros anuales, más chófer, más asistentes, más dietas. 

El mandato de Lesmes terminó en diciembre de 2018. Desde entonces, el PP está bloqueando la renovación del CGPJ. Las excusas son cambiantes. Pero la verdadera razón es la misma de siempre. La misma por la que Mariano Rajoy también bloqueó la renovación del CGPJ unos años con el Gobierno de Zapatero. Siempre que el PP pierde las elecciones, y toca renovación porque se ha cumplido el mandato de cinco años que fija la Constitución, el PP bloquea para mantener artificialmente en el Poder Judicial la mayoría que ha perdido en las urnas.

Es así de simple. No permita que le engañen con la excusa de “despolitizar”. Porque la ley que el PP está ahora incumpliendo con el pretexto de defender “la independencia judicial” es exactamente la que aprobó, con mayoría absoluta, el Gobierno de Mariano Rajoy. La verdad de fondo es que el problema de la “politización” de la justicia no estriba en el modelo de elección de los miembros del CGPJ por las Cortes –existente, por cierto, en otros países donde la justicia goza de gran respetabilidad–, sino en la forma en que el PP entiende este sistema de base democrática, ya que cuando está en el poder promueve a militantes descarados de su causa y, cuando está en la oposición, sale con la cantinela de que los jueces –agrupados en asociaciones mayoritariamente conservadoras– son quienes deben elegir al poder judicial.

La situación se ha podrido tanto que incluso alguien tan poco sospechoso de izquierdista como Carlos Lesmes ha dicho que basta ya. Lo ha hecho a su manera: culpando a los dos partidos por igual cuando es obvio quién se niega a renovar. Pero su salida ha desnudado al Partido Popular. Que ha roto ya en tres ocasiones los pactos a los que ha llegado con el Gobierno para cumplir con el mandato constitucional.

En la época de Rajoy, el PP estuvo bloqueando la renovación desde el año 2006 hasta el año 2008: hasta que el PP perdió aquellas elecciones tras la primera legislatura de Zapatero. Dos años de bloqueo. Ahora estamos cerca de llegar al cuarto año triunfal. Al PP le sale gratis y por eso ha repetido la jugada doblando la apuesta en esta ocasión.

Lo hace el mismo partido que envió un mensaje a sus senadores pidiendo nombrar a Manuel Marchena y “controlar por la puerta de atrás la Sala Segunda del Tribunal Supremo”. 

Hoy repiten –lo hacía este lunes Esteban González Pons– que “hay que despolitizar la justicia”.

Porque para ellos “despolitizar” consiste en que la justicia emana del Parlamento, pero solo cuando ellos gobiernan. ¿Si manda la izquierda? Es que la quieren politizar.

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La renuncia de Carlos Lesmes ha abierto un escenario de incertidumbre total tanto en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) como en el Tribunal Supremo que tendrá su primer hito en el debate sobre su reemplazo. Una mayoría de vocales —tanto conservadores como progresistas— están dispuestos a dar la batalla contra el intento de Lesmes de dejar cerrado su relevo encumbrando como presidente a Francisco Marín, que ejerce interinamente la vicepresidencia del Supremo donde preside su Sala de lo Civil. Esa plaza está vacante tras la jubilación en octubre de 2019 de su entonces titular, Ángel Juanes.

Antes de marcharse para intentar forzar el bloqueo de la renovación que el PP ha mantenido durante cuatro años en el órgano de Gobierno de los jueces, Lesmes encargó al gabinete técnico un informe sobre su “eventual sustitución” ante la circunstancia de que el órgano no puede elegir a un nuevo presidente al tener su mandato caducado desde hace casi cuatro años y el vacío legal existente al respecto. Ese documento establece que “de manera automática, sin necesidad de acto o acuerdo alguno” ambos puestos deben ser ocupados por Marín, que es también el presidente de Sala más antiguo del Alto Tribunal.

Sin embargo, una mayoría de vocales no está de acuerdo con esta solución. El “automatismo” que establece el informe ha soliviantado especialmente a los consejeros, que consideran que esa decisión debe tomarla el pleno. Precisamente con este objetivo, siete de los ocho vocales del sector progresista solicitaron este lunes que en el pleno convocado para el próximo jueves se debata el escenario abierto tras el cese de Lesmes.

Son varios los vocales que entienden que debería darse una bicefalia con Marín como presidente del Supremo y Rafael Mozo como presidente de facto del CGPJ por ser el vocal de mayor edad. Mozo fue elegido a propuesta del PSOE. Esgrimen, para ello, un informe del gabinete técnico que, en octubre de 2019, determinó que, en caso de “ausencia, enfermedad o vacancia” del presidente, este debería ser sustituido por el vocal de mayor edad, que entonces era Rafael Fernández Valverde, que se jubiló el pasado febrero.

El gabinete técnico se pronunció en ese momento a instancias de cinco vocales que pidieron un informe sobre las actuaciones a seguir tras la jubilación del que era en aquella época vicepresidente del Supremo, Ángel Juanes. Según ese documento, su sustituto debía ser el vocal de más edad, que es también quien preside la sesión constitutiva del CGPJ y quien reemplaza al presidente si no puede asistir a la Comisión Permanente. 

Entre tanto, el primer hito va a ser el pleno convocado para este jueves. Los vocales consultados entienden que no va a ser problemático en “términos jurídicos”. Sostienen que Mozo será “sí o sí” quien dirija esa sesión porque Lesmes, aunque ha anunciado que no va a estar, seguirá siendo formalmente presidente hasta un día después de que su cese se publique en el Boletín Oficial del Estado, lo que se espera para el jueves, sostiene estas fuentes. “Será una sustitución por ausencia. Y a partir de ahí tendremos que definir los aspectos de organización que nos va a afectar a partir de que se haga efectiva la renuncia”, afirma un vocal. 

“Vías diferenciadas”

Por otro lado, el informe elaborado por el gabinete técnico a petición de Lesmes establece que “tanto la Constitución como la Ley Orgánica del Poder Judicial conciben la presidencia del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial como una titularidad conjunta e indisociable, lo que excluye la posibilidad de articular vías diferenciadas de sustitución: a través del vicepresidente del Tribunal Supremo o de quien ejerza sus funciones en la presidencia del Tribunal Supremo y por el vocal de mayor edad en la presidencia del CGPJ”.

También hay discrepancias entre los vocales sobre esta cuestión. Las fuentes consultadas recuerdan que las dos funciones se bifurcaron en el pasado “y no sucedió nada”. Ocurrió en junio de 2012, tras la dimisión del expresidente del CGPJ y del Supremo Carlos Dívar por el escándalo de sus viajes a Marbella con fondos públicos de la institución. Entonces, la presidencia del CGPJ la asumió provisionalmente el entonces vicepresidente Fernando de Rosa, y la del Supremo, el magistrado Juan Antonio Xiol, que era el presidente de Sala más antiguo.

Ambos ejercieron esas funciones de manera provisional hasta que el CGPJ nombró como presidente a Gonzalo Moliner. La situación no es del todo homologable porque entonces el órgano de gobierno sí podía hacer nombramientos, una atribución que tiene vedada ahora al tener su mandato caducado desde finales de 2018.

A última hora de la noche de un domingo y a través de un vídeo de apenas cinco minutos grabado en la sala, vacía, que ha acogido los plenos que dirigió durante sus nueve años como presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Así anunció Carlos Lesmes su renuncia como primera autoridad judicial del Estado tras haber estado casi cuatro años en funciones. El órdago que lanzó el pasado 7 de septiembre —dijo que o había renovación o dimitiría “en semanas”— se materializó apenas un mes después. Lesmes deja una institución con el mandato caducado desde diciembre de 2018 por el bloqueo del Partido Popular, con una mayoría conservadora que nada tiene que ver con la actual realidad parlamentaria y que tiene prohibido desde hace un año y medio realizar nombramientos en la cúpula judicial. 

El magistrado, de 64 años, se despidió repartiendo culpas por igual al Gobierno y al PP, a los que reprochó su “reiterada indiferencia” a sus llamamientos a atajar una situación que “debilita y erosiona a las principales instituciones de la Justicia y el Estado de Derecho”. Tras su renuncia volverá “de forma inmediata” a su despacho de magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo. De allí salió en 2013 tras ser propuesto por el Gobierno de Mariano Rajoy como presidente del órgano de gobierno de los 5.300 jueces españoles. Su nombramiento contó con la aquiescencia del PSOE, que entonces dirigía Alfredo Pérez Rubalcaba. Antes había sido alto cargo en los Gobiernos de José María Aznar. Hasta su nombramiento como presidente fue afiliado de la conservadora y mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM). 

Lesmes ha liderado desde entonces un órgano muy presidencialista gracias a una reforma aprobada en solitario por el PP en 2013 y en cuya elaboración colaboró él mismo. Esa norma le ha facultado para proponer a los miembros de la todopoderosa Comisión Permanente, una especie de núcleo duro que tiene en su mano muchas decisiones sobre asuntos de calado que antes se debatían en el Pleno. Sus siete miembros, además, son los únicos vocales que tienen sueldo y dedicación exclusiva frente a los otros 13 que deben asistir a los plenos desplazándose desde donde residan y compaginar su tarea en el CGPJ con su trabajo. 

Su última etapa al frente del órgano ha estado marcada por el incumplimiento del mandato legal de realizar en plazo los dos nombramientos del Tribunal Constitucional que corresponde hacer al CGPJ. Ese bloqueo lo han propiciado ocho de los diez vocales elegidos a propuesta del PP, que han utilizado diferentes subterfugios para dilatar unas designaciones que acumulan casi un mes de retraso. La fecha marcada por la ley era el 13 de septiembre. Precisamente este bloqueo ha evidenciado su soledad al frente del órgano. Aunque lo intentó durante semanas, no fue capaz de convencer a los vocales que lo auparon a la presidencia hace casi una década de la conveniencia de hacer esos nombramientos. 

Su renuncia tampoco es vista con buenos ojos por una mayoría de vocales, que cuestionan la “devastación institucional” que supone su salida. Otros sostienen que su dimisión va a “agravar” todavía más la situación en la que se encuentra el órgano de gobierno de los jueces. El propio Alberto Núñez Feijóo, que dirige el partido que lo propuso como presidente, dijo el pasado septiembre que no tendría sentido que dimitiera el “capitán del barco”. 

Nombramientos en la cúpula judicial 

Durante su mandato, el Poder Judicial ha protagonizado sonados choques con el Ejecutivo de coalición. La reforma que regula la interinidad del CGPJ ha sido uno de los mayores puntos de fricción entre ambos poderes del Estado. En su último discurso público como presidente en el acto solemne de Apertura del Año Judicial calificó de “devastadores” los efectos de esa norma, que fue promovida por el PSOE y Unidas Podemos y contó con un amplio respaldo parlamentario. “El estropicio es tan grande que no se había producido una situación semejante en la cúpula de la Justicia española en toda la historia de nuestra democracia”, aseveró.

Los socios de Gobierno han defendido que el objetivo era acabar con un vacío legal, pues hasta entonces la única competencia que no podía ejercer el CGPJ en funciones era nombrar a un nuevo presidente. Pero detrás de su aprobación estaba también el intento de aumentar la presión para que el PP accediera a renovar el órgano de gobierno de los jueces tras varios intentos fracasados. El bloqueo se ha mantenido a pesar del cambio legal y las consecuencias de esta parálisis ya se dejan ver en los tribunales. Especialmente, en el Supremo, donde hay 14 vacantes sin cubrir de una planta de 79 magistrados. 

Hasta entonces, y durante más de dos años y medio de mandato prorrogado, el CGPJ trazó buena parte de la composición de los principales tribunales para los próximos años. Acordó en funciones 74 nombramientos en la cúpula judicial, 21 de ellos en el Tribunal Supremo, donde se consideran especialmente sensibles porque esos puestos, salvo renuncia, se mantienen hasta la jubilación, fijada para jueces y magistrados a los 72 años.

El relativo a los nombramientos no ha sido el único encontronazo entre el Poder Judicial de Lesmes y el Ejecutivo de coalición. En enero de 2020, solo dos días después de tomar posesión, el CGPJ lanzó el primer aviso al entonces vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias por sus críticas a los jueces. El órgano le pidió que evitara “la utilización política” de la Justicia tras calificar en una entrevista de “humillación” que “muchos” tribunales europeos hubieran “quitado la razón” a jueces españoles en resoluciones relacionadas con el procés. Tres meses después, en abril de 2020 y en pleno confinamiento, el órgano reprobó de nuevo a Iglesias después de que éste asegurara en un tuit que le invadía “una enorme sensación de injusticia” tras la condena por un delito de atentado y lesiones leves en una protesta contra un desahucio a la portavoz de Podemos Isabel Serra. 

Previamente, en enero, había tenido lugar otro momento de tensión entre ambas instituciones a raíz de la elección de la exministra de Justicia Dolores Delgado como fiscal general del Estado. A propuesta de Lesmes, el CGPJ evitó pronunciarse sobre la idoneidad de Delgado para el cargo —tal y como se había hecho en las cuatro ocasiones anteriores— y se limitó a aceptar que reunía los requisitos “exigidos por la legislación”. 

La maltrecha relación del Gobierno con la cúpula del Poder Judicial tuvo otro episodio con la entrega de despachos de los jueces en 2020. La Moncloa vetó la asistencia de Felipe VI a ese acto, celebrado en Barcelona, tras saber que iba a coincidir con la sentencia sobre la inhabilitación de Quim Torra. En el Ejecutivo, aunque no lo comunicaron a la opinión pública, entendieron que había que blindar al monarca ante posibles incidentes e intentaron aplazarlo y alejarlo lo más posible de la tensión política que podría provocar el fallo, a lo que Lesmes se negó. De hecho, llegó incluso a desvelar una llamada de cortesía de Felipe VI, un movimiento que en la Moncloa se interpretó como una utilización de la Corona como ariete contra el Ejecutivo.

Lesmes también ha cuestionado en público otra de las actuaciones del Ejecutivo: los indultos a los líderes del procés y el hecho de que el Gobierno justificara la medida de gracia por constituir “la concordia frente al resentimiento”. “Nada más alejado de la realidad”, afirmó en su discurso de Apertura del Año Judicial del año pasado, donde reiteró que “la justicia no es, ni ha sido nunca, un obstáculo para la paz, sino el instrumento fundamental para salvaguardar el orden jurídico y, por ende, la convivencia pacífica entre los ciudadanos”. 

También han recibido reproches del Ejecutivo por sus informes críticos con normas que consolidan avances sociales como la ley de vivienda o la de memoria democrática. Por ejemplo, Lesmes suscribió junto a la mayoría conservadora un informe que cuestiona el control de precios del alquiler y alerta del “problemático encaje” de la ley de vivienda en el orden constitucional de competencias. “La parte más conservadora de la sociedad siempre se ha resistido a los grandes avances de los gobiernos socialistas”, dijo entonces la titular de Vivienda, Raquel Sánchez. El CGPJ también cuestionó que el Gobierno pueda ilegalizar fundaciones franquistas tal y como prevé la ley de memoria. “Enaltecer el franquismo es seguir vilipendiando a las víctimas y a sus familiares”, reaccionó la entonces vicepresidenta Carmen Calvo. 

La crisis de la hipotecas

Sin embargo, la peor crisis de credibilidad del mandato de Lesmes tuvo lugar en octubre de 2018, cuando tuvo que pedir perdón públicamente por el cambio de criterio del Supremo en el impuesto de las hipotecas. “No lo hemos gestionado bien”, dijo después de que el presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo sometiera a revisión una jurisprudencia perjudicial para la banca ante el impacto “social y económico” que había suscitado la condena. Entonces, todos los partidos se situaron del lado de los clientes y el Gobierno socialista llegó a hablar de “jornada negrísima” para la Justicia. 

Lesmes fue alto cargo del Gobierno del PP, en el Ministerio de Justicia, bajo las órdenes de todos los ministros del ramo nombrados por José María Aznar: Margarita Mariscal de Gante, Ángel Acebes y José María Michavila. En la primera legislatura de Aznar –entre los años 1996 y 2000–, Lesmes fue director general de Objeción de Conciencia. En la segunda, fue director general de Relaciones con la Administración de Justicia, un puesto clave en ese ministerio porque es quien ejerce de enlace del Gobierno con los jueces. 

Tras ocho años en el Gobierno de Aznar, Lesmes pasó a la Audiencia Nacional, donde el CGPJ de entonces –conservador, nombrado durante la mayoría absoluta de Aznar– le ascendió a presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo. Más tarde saltó al Supremo, a la Sala Tercera, también con el apoyo conservador. A ese puesto volverá ahora tras su renuncia y allí se quedará “los próximos años”, afirmó en su vídeo de despedida. Se trata, sin duda, de una frase dirigida a todos los que en las últimas semanas —dentro y fuera del órgano— han especulado sobre su intención de ser aupado al Tribunal Constitucional.  

Carlos Lesmes presentará este lunes su dimisión como presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ha informado la institución en un comunicado hecho público a última hora de este domingo. Su renuncia dejará vacante también la presidencia del Tribunal Supremo. Lesmes dejará los cargos que ostenta desde 2013 como consecuencia de la situación de bloqueo del órgano de gobierno de los jueces, que camina hacia los cuatro años con el mandato caducado. Tras el anuncio, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha convocado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a una reunión este lunes por la mañana en Moncloa.

El pasado 7 de septiembre, en el acto solemne de Apertura del Año Judicial, Lesmes dijo que dimitiría “en semanas” si persistía el bloqueo y, desde entonces, ha esperado que los partidos “visibilizaran” un compromiso de renovación del órgano que no se ha producido. Tras su renuncia se incorporará a su destino como magistrado en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo.

En una declaración, Lesmes afirma que toma esta decisión al finalizar este domingo el plazo anunciado a los vocales en el pleno del pasado 29 de septiembre sin que el Gobierno y la oposición hayan alcanzado un acuerdo para la renovación del órgano o para la “devolución de sus competencias”. Lesmes había solicitado a los partidos la renovación del órgano y que, de no hacerlo, se diera marcha atrás a la reforma que desde marzo de 2021 impide que el CGPJ pueda hacer nombramientos clave en la cúpula de los principales tribunales cuando, como ahora, tiene su mandato caducado.

“Perdida toda esperanza de rectificación y ante el patente deterioro del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, que no puedo evitar, mi presencia al frente de estas instituciones carece ya de utilidad y sería además contraria a mi propia conciencia profesional, por lo que se impone mi renuncia como presidente, ya que mantenerme a partir de ahora en esta responsabilidad sólo puede servir para convertirme en cómplice de una situación que aborrezco y que es inaceptable”, sostiene Lesmes en la declaración.

En esa misma declaración, Lesmes desvela que en los “últimos días” —tras la visita a España del comisario europeo de Justicia, Didier Reynders— ha sido informado de la existencia de “contactos” entre las fuerzas políticas, si bien esas conversaciones “no han dado resultado positivo alguno”. “Adopto esta decisión por respeto a la dignidad de las instituciones que presido y por respeto también a los jueces españoles, que legítimamente esperan que quien les representa no permanezca impasible ante una situación que compromete gravemente el prestigio y funcionamiento de la Justicia entera”, añade en su comunicado.

El anuncio de dimisión pilló por sorpresa a la mayoría de vocales, que esperaban que se mantuviera en el puesto hasta el próximo jueves, cuando había convocado un pleno extraordinario para tratar los nombramientos del Tribunal Constitucional que el CGPJ debería haber hecho antes del 13 de septiembre y que también siguen bloqueados. De hecho, había solicitado a los negociadores de ambos bloques que este mismo lunes le informaran de quién es su candidato. En las últimas semanas, Lesmes había manifestado en público y en privado que su idea era dejar zanjada o, al menos encarrilada, la renovación del Constitucional antes de marcharse.

Lesmes lanzó el órdago de su dimisión cuando vivía sus horas más bajas desde que ocupa el primer sillón de la justicia española. El inicio del curso judicial fue complicado para él, que no logró convencer a los vocales para realizar en plazo los citados nombramientos del Constitucional. Ese bloqueo lo han propiciado ocho de los diez vocales elegidos a propuesta del PP, que han utilizado diferentes subterfugios para dilatar estas designaciones.

Con la salida de Lesmes todos los ojos se vuelven ahora hacia los vocales. La posibilidad de una dimisión conjunta parece descartada por el momento, pues una mayoría de consejeros rechaza que se cargue sobre sus espaldas la responsabilidad de desbloquear el órgano. De hecho, en el discurso en el que anticipó su dimisión, Lesmes dijo que la renuncia colectiva que han solicitado sectores de la judicatura como vía para facilitar la renovación sería “irresponsable” e “inaceptable”. Y calificó de “admisibles” las renuncias individuales. 

La renuncia de la primera autoridad judicial del Estado abre un escenario de incertidumbre tanto en el CGPJ como en el Supremo que tendrá su primer hito en quién  va ser su reemplazo. Antes de marcharse, Lesmes encargó al gabinete técnico un informe sobre su “eventual sustitución” ante la circunstancia de que el órgano no puede elegir a un nuevo presidente al estar en funciones. Ese documento establece que “de manera automática, sin necesidad de acto o acuerdo alguno” ambos puestos deberían ser ocupados por Francisco Marín Castán, que es el presidente de Sala más antiguo del Tribunal Supremo y que es vicepresidente interino del Alto Tribunal desde 2019. 

Sin embargo, una mayoría de vocales —tanto conservadores como progresistas— no están de acuerdo con esta solución. Entienden que debería darse una bicefalia con Francisco Marín como presidente del Supremo y Rafael Mozo como presidente del CGPJ por ser el vocal de mayor edad. Mozo fue elegido a propuesta del PSOE. En todo caso, defienden que es una cuestión que se debe resolver en el pleno.  

El bloqueo a la renovación del CGPJ se ha mantenido desde 2018 por la falta de acuerdo político para la renovación de sus veinte vocales, que tiene que ser acordada por una mayoría de tres quintos de los miembros de las Cortes Generales. El Partido Popular se ha resistido durante todo este tiempo a perder su poder en una de las instituciones clave del Estado, la que decide qué jueces ascienden a los más altos puestos de la judicatura. 

El actual órgano de gobierno de los jueces cuenta con diez vocales elegidos a propuesta del PP, seis del PSOE, una de IU y otro del PNV. En el último año ha perdido a dos de sus miembros, Rafael Fernández Valverde, que se ha jubilado; y Victoria Cinto, que falleció el pasado junio. Ninguno de los dos ha podido ser sustituido. 

Durante los últimos meses Lesmes ha alertado en diferentes foros de las consecuencias que está teniendo para el sistema judicial el bloqueo a la renovación del CGPJ y la reforma que impide hacer nombramientos en la cúpula judicial con el mandato caducado, aprobada en marzo de 2021. Durante la última apertura judicial incidió especialmente en la situación en el Supremo, que tiene 14 vacantes de jueces sin cubrir por jubilaciones y fallecimientos. Se trata, dijo entonces, de una situación “límite” que en unos meses sería “insostenible”.  

Lesmes saltó de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo al órgano de gobierno de los 5.300 jueces españoles en diciembre de 2013, cuando el PP gobernaba con mayoría absoluta. Su propuesta fue una apuesta del entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón que contó con el aval de Mariano Rajoy. El PSOE, que entonces dirigía Alfredo Pérez Rubalcaba, estuvo de acuerdo con su nombramiento. 

Lesmes fue alto cargo del Gobierno del PP, en el Ministerio de Justicia, bajo las órdenes de todos los ministros del ramo nombrados por José María Aznar: Margarita Mariscal de Gante, Ángel Acebes y José María Michavila. En la primera legislatura de Aznar –entre los años 1996 y 2000–, Lesmes fue director general de Objeción de Conciencia. En la segunda, fue director general de Relaciones con la Administración de Justicia, un puesto clave en ese ministerio porque es quien ejerce de enlace del Gobierno con los jueces. 

Tras ocho años en el Gobierno de Aznar, Lesmes pasó a la Audiencia Nacional, donde el CGPJ de entonces –conservador, nombrado durante la mayoría absoluta de Aznar– le ascendió a presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo. Más tarde saltó al Supremo, a la Sala Tercera, también con el apoyo conservador. 

El sector progresista del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en funciones mueve ficha tras el fracaso de la última reunión sobre la renovación del Tribunal Constitucional celebrada este miércoles con el grupo conservador. Sus miembros han anunciado en un contundente comunicado que explorarán “otras vías alternativas de acuerdo inmediato” para “cumplir en el plazo más breve posible” con la designación de los dos magistrados del tribunal de garantías que deberían haber sido nombrados antes del 13 de septiembre. Así se lo han trasladado también al presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, al que han dado cuenta de la “falta de horizonte temporal y concreto de los trabajos” de la comisión negociadora creada para negociar estos nombramientos.

En ese mismo comunicado, los progresistas afirman que tratarán de lograr un acuerdo “a lo largo de hoy, mañana y pasado” y dicen no sentirse “responsables” de la parálisis generada alrededor de estas designaciones. Su movimiento llega después de que la tercera reunión entre ambos bloques acabara sin avances. En otro comunicado, los ocho vocales del sector conservador artífices del bloqueo volvieron a poner de excusa la ausencia de candidatos afines.

Los vocales elegidos a propuesta del PP afirmaron que la “intensa búsqueda” de perfiles para optar al tribunal de garantías había resultado “infructuosa” hasta el momento. Y, al mismo tiempo que reiteraron que están “trabajando” para cumplir con la obligación de hacer estas designaciones, pidieron “tiempo” para que la “reciente” visita del comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, rinda los efectos esperados sobre la renovación del CGPJ. Todo ello, a pesar de que no hay ninguna evidencia de que su vista haya servido para acercar las posturas entre los partidos que tienen que pactar la renovación del órgano de gobierno de los jueces.

Los nombramientos del Constitucional deben conciliar el respaldo de al menos 12 de los 19 miembros actuales del pleno del CGPJ. Necesitan, por tanto, del concurso de vocales de ambos sectores del órgano, formado ahora por 10 conservadores, ocho progresistas y el presidente Lesmes. De la decena de conservadores hay ocho constituidos en una especie de minoría de bloqueo y que durante las últimas semanas han esgrimido diferentes subterfugios para dilatar el acuerdo. Cualquier vía “alternativa” de acuerdo requiere romper ese bloque y atraer a alguno de sus vocales. Fuentes del órgano afirman que Lesmes lleva días haciendo gestiones en ese sentido.

El retraso en la designación de los dos magistrados del Constitucional que le corresponde nombrar tiene lugar en un momento convulso en el CGPJ por la amenaza de dimisión de su presidente. Lesmes reiteró el viernes pasado que se marcharía en los “próximos días” si el PSOE y el PP siguen sin “visibilizar” un compromiso de renovación del órgano, que camina hacia los cuatro años con el mandato caducado. En el último pleno trasladó a algunos vocales que no estaría en el cargo más allá de esta semana, aunque su voluntad ha sido siempre dejar encarrilados los nombramientos del Constitucional antes de renunciar.

El pasado jueves ambos bloques acordaron en el pleno retomar este miércoles las negociaciones en la que ha sido la tercera cita de ambos equipos. En caso de acuerdo, la idea era celebrar otro pleno este jueves y dejar el asunto zanjado. De no haberlo, pactaron que el pleno vuelva a reunirse el día 13 de octubre para que los miembros de la comisión negociadora “den cuenta de las gestiones realizadas”. Está por ver si el movimiento del bloque progresista altera este calendario.

En las últimas semanas la minoría progresista ha intentado desarmar el argumento de la ausencia de candidatos esgrimido por los conservadores poniendo encima de la mesa el nombre de hasta nueve magistrados que han trasladado su deseo de optar al Constitucional. Aunque todavía no han desvelado el magistrado finalmente elegido sí han manifestado al otro grupo que están “en condiciones” de determinar cuál es el nombre finalmente elegido.

El único acuerdo de mínimos alcanzado entre ambos sectores en las tres reuniones mantenidas desde el pasado 16 de septiembre es que los nombramientos se realicen “por una amplia mayoría”, tras evaluar los currículos de los candidatos y que estos procedan del Tribunal Supremo, algo que no supone estrictamente una novedad. Es una regla no escrita que los elegidos para el Constitucional por parte del CGPJ sean jueces de la más alta categoría dentro de la carrera. Esto es, del Supremo. 

El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en funciones, Carlos Lesmes, mantiene su órdago: o hay renovación o presentará su renuncia próximamente. En declaraciones a los medios tras reunirse con el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, Lesmes ha afirmado que su dimisión dependerá de lo que ocurra en los “próximos días”. E incluso ha dejado en el aire su asistencia a la Fiesta Nacional del 12 de octubre. “Si nos mantenemos exactamente en la situación actual mi permanencia carecerá de sentido. Si en los próximos días hay un acercamiento, yo estaré a la expectativa de que fructifique”, ha aseverado. 

Lesmes ha conversado durante más de una hora con Reynders, que culmina este viernes una visita a España en la que ha abordado con miembros del Gobierno y de la oposición, parlamentarios y diferentes actores de la judicatura la parálisis en la que se encuentra el CGPJ. Según el también presidente del Tribunal Supremo, ambos han coincido en la “urgencia extraordinaria” que existe por renovar el órgano de gobierno de los jueces, que camina hacia los cuatro años con el mandato caducado.

Lesmes ha reconocido que en los últimos días no ha visto “ningún avance” en las negociaciones entre el Gobierno y el PP, que tienen que ponerse de acuerdo en la renovación. No obstante, ha expresado su confianza en que la visita de Reynders ayude a “desatascar” la situación. “Las posiciones están muy enconadas y yo creo que su visita ayuda a un cierto desatascamiento, a flexibilizar un poco las posturas de ambas partes”, ha afirmado.

El comisario dijo este jueves en un encuentro con periodistas que los “partidos principales” —el PSOE y el PP— le habían expresado su “compromiso claro” de avanzar en la renovación del CGPJ. Una apreciación que disiente de lo expresado este jueves por el Gobierno y el principal partido de la oposición tras sus reuniones con el mandatario comunitario. Los conservadores siguen diciendo que no se sentarán a negociar si el Gobierno no se pliega a renovar el modelo de elección de los vocales. Y en el Ejecutivo mantienen que el sistema actual “garantiza que los poderes del Estado emanen de la ciudadanía” y no necesita ser reformado.

Lesmes ha afirmado que si existe un “compromiso real” de las formaciones políticas, este se debe “visibilizar”. Es decir, ha reclamado de nuevo un gesto a los partidos: “La opinión pública tiene que saber que eso es así. Otra cosa es que ellos luego mantengan negociaciones discretas, que es lo lógico (...). Pero que pongan de manifiesto a la sociedad española que quieren hacerlo. Que digan 'nos vamos a reunir el miércoles o la semana que viene'. Eso ya supone una puesta de manifiesto de voluntad realmente de retomar una negociación y llevarla a buen término”.

Reforma del modelo

El comisario pidió a los partidos que pongan fin al “preocupante bloqueo” que sufre este órgano e “inmediatamente después” emprendan una reforma del sistema de elección de los vocales para que una parte de los jueces sean elegidos de forma directa por sus pares. Es decir, que cumplan con las recomendaciones que el informe sobre el Estado de Derecho de la Comisión Europea viene haciendo desde 2020. A su juicio, el modelo debe modificarse para “cumplir con la norma europea”. 

Lesmes está de acuerdo con que se abra ese “procedimiento de reflexión y de reforma [sobre el sistema de elección de los vocales]”. E incluso ha pedido que “forme parte de la propia negociación” del nuevo CGPJ, si bien ha insistido en que las modificaciones en el sistema no debe hacerse con premura. “No es un proceso de urgencia de 15 días. España puede darse unos tiempos de reflexión sobre estos procedimientos”, ha aseverado.

En este sentido, ha alertado del riesgo de que, con ese hipotético nuevo modelo, “se trasladen ideológicamente bloques a través de las asociaciones judiciales”. “Entonces realmente no estaríamos arreglando nada”, ha añadido. 

¿Mediador, facilitador? “Vengo de un país donde tenemos todo un diccionario de términos de este tipo; no quiero utilizar ninguno, sólo estoy ahí para favorecer el diálogo entre los distintos responsables españoles”, responde el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, horas antes de coger un avión para Madrid. El comisario, liberal y belga, viene de un país que ha tenido gobiernos en funciones durante más de 500 días y en el que las coaliciones son multipartitas y mezclan comunidades diferentes, como la valona y la flamenca.

Reynders se ha atribuido un papel de mediador nuevo entre los miembros de la Comisión Europea, que no suelen bajar tanto a la arena política de los Estados miembro. En el caso de España, el belga tendrá una intensa agenda entre miércoles por la noche, jueves y viernes por la mañana, con ministros, oposición, asociaciones de jueces y diputados en el Congreso. Con todos ellos intentará superar el bloqueo del PP a la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que ya dura cuatro años.

El comisario europeo se reunió a escondidas con el negociador popular, Esteban González Pons, hace un par de semanas en Estrasburgo, lo que ha molestado al Gobierno por encontrarse con la oposición antes del viaje a España. Y es que Reynders está desempeñándose con una autonomía e independencia inusual, hasta el punto de, en ocasiones, parecer que su discurso no va alineado con el del informe sobre el Estado de Derecho de la Comisión Europea y las palabras de la vicepresidenta del ramo, Vera Jourová.

Este miércoles, Reynders ha lanzado un confuso mensaje, posteriormente matizado por fuentes de la propia Comisión Europea: “La finalidad del viaje es ver cómo se puede ayudar a través del diálogo a ejecutar las recomendaciones [del informe del Estado de Derecho: renovación inmediata y abordar la reforma]. Lo ideal no es únicamente que haya una reforma de cara al futuro y se cumplan las recomendaciones que formula la Comisión, que son resultado de una decisión del Consejo de Europa. Lo ideal sería que dicha orientación figurara ya en el nombramiento de los miembros del CGPJ. Hemos pedido el nombramiento para que se trate de un Consejo que pueda funcionar y que se empiece a trabajar sobre la reforma”.

¿Qué quiere decir que lo ideal sería que dicha orientación figurara ya en los nombramientos? ¿Que se apliquen criterios de la futura reforma con la ley actual? ¿Que se ponga en marcha la reforma mientras se renueva el CGPJ? Porque el informe del Estado de Derecho es claro: “Que se proceda a la renovación del Consejo General del Poder Judicial con carácter prioritario y que emprenda, inmediatamente después de la renovación, una reforma del proceso de nombramiento de los vocales elegidos entre jueces y magistrados, teniendo en cuenta las normas europeas sobre la materia”.

Fuentes de la Comisión Europea aclaraban posteriormente: “Lo que quiso decir es que se designe a los miembros del CGPJ lo antes posible y se acuerden los principios de una reforma. A continuación, que se acometa la reforma completa”. Las mismas fuentes añaden: “Reynders es consciente de que una reforma no puede llevarse a cabo de la noche a la mañana. Llevará algún tiempo finalizar todos los pasos legales para que se concluya. Sin embargo, ya pueden ponerse de acuerdo sobre los principios de la reforma”.

De hecho, el comisario belga había dicho: “Diferenciemos entre la designación que tiene que hacerse y la reforma que deseamos aplicar. El principio está muy claro, figura en la recomendación. Es la regla de que una mayoría de miembros sea elegida por sus pares [los 12 de los 20 vocales de origen judicial]. Pero puede haber otras formulaciones distintas. Lo vamos a tratar in situ”.

Reynders se reunió a escondidas el 13 de septiembre con Pons en Estrasburgo, después de que el eurodiputado del PP hubiera enviado varias cartas a Jourovà y al propio Reynders en las que reclamaba una “reunión urgente” para expresar su punto de vista, que pasa por acusar al Gobierno del bloqueo que lleva ejerciendo el PP cuatro años con la excusa de una reforma del sistema de elección de los jueces por los propios jueces.

La propia vicepresidenta Jourová escribió hace dos semanas una carta a Carlos Lesmes, presidente del CGPJ, en la que exigía la renovación inmediata del órgano de gobierno de los jueces. En su misiva, denunciaba que el Poder Judicial es “rehén” del bloqueo.

En su visita, que arranca este jueves, Reynders tiene la siguiente agenda: dos asociaciones de magistrados; la vicepresidenta Nadia Calviño; el ministro de Presidencia, Félix Bolaños; el ministro de Consumo, Alberto Garzón; la ministra de Justicia, Pilar Llop; el ministro de Exteriores, José Manuel Albares; el portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal; el portavoz del PP, Esteban González Pons; la Fundación Hay Derecho; el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes; y el presidente del TC, Pedro González Trevijano.

En el caso de las asociaciones judiciales se trata de la Asociación Profesional de la Magistratura y la Francisco de Vitoria, ambas conservadoras, las dos con mayor representación en la carrera judicial y las que han solicitado al comisario encontrarse con él en Madrid. Francisco de Vitoria solicitó la reunión el pasado mes de septiembre, con motivo de una visita de Reynders a San Sebastián, pero no fue posible por cuestiones de agenda, informan desde la asociación. APM asegura que solicitó el encuentro hace “unas semanas”.

“Conozco perfectamente cómo se pueden alterar los ánimos antes de una visita a las capitales”, decía Reynders este miércoles ante la incomodidad del Gobierno por su reunión previa con Pons: “Lo que puedo decir es que mi intención es reunirme con varios miembros del Gobierno para ver cómo es posible avanzar hacia esa reforma. También se trata de hacerlo con el Parlamento y con los representantes de las principales formaciones. Los cambios en España tendrán que ser decididos por las formaciones políticas españolas. Nosotros intentamos fomentar ese diálogo cuando es necesario ante las mayorías necesarias. Pero no tenemos más ambiciones que conseguir que las recomendaciones que figuran en nuestro informe sobre el Estado de Derecho que se publicaron en julio se apliquen”.

Reynders ha explicado que su agenda de entrevistas “se trata de contactos separados, con lo cual el programa estará bastante apretado ante el número de reuniones previstas”. Son 48 horas en las que Reynders intentará deshacer cuatro años de bloqueo del PP al poder Judicial. ¿Lo conseguirá?

El presidente del Consejo General del Poder Judicial, elegido por el pleno, lo es también del Tribunal Supremo

Diego Íñiguez — 'El fracaso del autogobierno judicial'

Síganme si pueden. Un señor que va a irse de un cargo del que ya cesó legalmente y en el que está en funciones pide un informe que firma un letrado —que también está en una jefatura que ocupa interinamente porque debió abandonarla hace tres años— sobre quién debe sustituirle tras su marcha. Este señor dice en 14 folios que automáticamente lo tiene que reemplazar el que está sustituyendo de forma sui géneris al vicepresidente de un tribunal al no poderse nombrar nueva persona porque lo impide la ley —una reforma aprobada por el Parlamento de una ley orgánica— y que esta misma persona, y por su calidad de persona que ocupa interinamente ese puesto, debe sustituir a la vez al señor en funciones que se larga de un órgano constitucional y que además encarna al tercer poder del Estado. Sustituto por sustituir al que sustituía. Lesmes nombra heredero.

¿Me han podido seguir? Es lo que está a punto de suceder y espero que alguien ponga el grito en el cielo. Supongo que el hecho de que sea un galimatías no ayuda, pero esta decisión de Carlos Lesmes se parece a una sucesión monárquica, que quiere dejar apañada a su manera antes de irse. Me parece extrañísimo que se asuma que un informe interno pedido ad hoc a un funcionario pueda decidir, de forma automática e impuesta, como si fuera la ley la que así lo dice claramente, una cuestión tan grave. De forma bastante acrítica se repite una y otra vez que hay un “informe” que Lesmes va a llevar como si fueran las tablas de la ley, tanto a la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo como al pleno del propio Consejo General del Poder Judicial, sin que nadie pueda alegar nada.

Me contaron que Antonio Hernández Gil cuando explicaba la diferencia entre un dictamen y un informe decía que un dictamen responde a la solicitud de búsqueda en el Derecho de soluciones a un problema y que el informe suponía la búsqueda de argumentos para una solución que ya viene dada. Eso es exactamente lo que yo creo que hace el informe que suscribe Eduardo Fontán Silva, vestir un nombre que Lesmes ya había adoptado. Lo siento, pero yo necesito más explicaciones para aceptar que el somero estudio que firma un señor en una jefatura caducada —un juez del Primera Instancia de Madrid, en realidad, antes de ser nombrado para ello— pueda derivarse en quién ocupe el tercer lugar en la preeminencia de los poderes del Estado. Ojo, y sin que nadie se lo pueda toser, automáticamente.

Lo que sucede es tan grave y tan loco que seguro que cuela. Cuando el PP violenta y gripa un órgano constitucional está forzando que se sucedan en cadena las anomalías y los escándalos. Ahora van a rematarlo. Lesmes se va y decide quién se queda en un puesto del que de hecho él ya cesó por ley en 2018. ¿Por qué el señor más antiguo de los presidentes de sala de un órgano jurisdiccional tiene que ocupar de forma automática la presidencia del órgano de Gobierno de los jueces? Veo un problema de legitimación democrática clara: ¿quién legitima una sustitución automática surgida de una norma de mera sustitución jurisdiccional para la cabeza del tercer poder del Estado? Abunda quien repite acríticamente que no cabe discusión y que los vocales caducados tendrán que asumir a un nuevo presidente en funciones surgido de tan rocambolesca manera. El informe no es que tenga solo una forma de discutirlo, es que tiene muchas y por eso, supongo, se pretende negar la discusión.

El informe soslaya el hecho de que en realidad Lesmes ya cesó por una causa legal como presidente en 2018, al vencimiento de su mandato. Por eso ahora es un salto mortal el aplicar a su marcha el artículo 590 de la LOPJ que dice que “el vicepresidente ejercerá en funciones el cargo de presidente del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial en los casos legalmente previstos de cese del presidente y hasta el nombramiento del nuevo presidente”. La primera causa de cese legal del artículo 588 es: “1.ª Por haber expirado el término de su mandato, que se entenderá agotado, en todo caso, en la misma fecha en que concluya el del Consejo por el que hubiere sido elegido”. A mí me parece evidente que Lesmes ya cesó legalmente y que no es ahora, si se marcha, cuando cesa, pero como dicen que esto del Derecho es según cómo… Pues de eso el informe no informa nada.  

Vamos con el tema de la figura del vicepresidente del Tribunal Supremo de la que ahora quieren tirar, porque también tiene todas las mandangas del mundo. Esta vicepresidencia no existía, se la sacó de las ganas Gallardón. De hecho, solo hay una persona que la haya ocupado, Ángel Juanes, ya jubilado. No se pudo nombrar a otro después, y todo han sido apaños internos interinos y el último interino es el que se pretende pasar a presidir el CGPJ. La figura del vicepresidente encalabrinó a los propios miembros del Tribunal Supremo en su día. Tanto que hicieron una asamblea y comisionaron a Gonzalo Moliner para que llevara su malestar por lo que consideraban “la creación de un comisario político”, al PP y a Gallardón.

Hasta ese momento lo que había tenido vicepresidente había sido el Consejo General del Poder Judicial de 1985 a 2014 (Adolfo Carretero, Manuel Peris, José Luis Manzanares, Luis López Guerra, Fernando Salinas, Fernando de la Rosa), pero esa figura emanada del propio pleno, que hubiera podido ser reclamada ahora para sustituir a Lesmes en funciones, no existe porque se la cargó Gallardón. Yo veo mucho trago democrático en pretender que el presidente de Sala más antiguo del Supremo sea automáticamente el presidente en funciones de un órgano constitucional. Sobre todo porque de toda la vida la doctrina ha entendido que es el presidente del CGPJ nombrado por el pleno el que deviene en realidad presidente del Supremo y no a la inversa.

El informe, hecho para soportar ese salto, se apoya además en la sentencia del Tribunal Constitucional 191/2016 en la que se resolvían las causas de inconstitucionalidad de la reforma de Gallardón que alegó el propio PSOE. En ella se impugnaba también la idea de que el vicepresidente del Tribunal Supremo pudiera sustituir al presidente del CGPJ no siendo miembro de este último. Y el Constitucional, sin aceptar ni una pega a la tropelía Gallardón, afirmaba que “en la hipótesis de que el presidente del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial deba ser sustituido pro tempore en el ejercicio de uno u otro cargo, la presidencia del Consejo la ejercerá el vicepresidente del Supremo no bajo esa condición sino a título de presidente en funciones del propio TS y también del Consejo”. Solo que ya saben que no existe ya un vicepresidente del TS nombrado y que, como dice el propio informe, cuando ese puesto quedó vacante “no se adoptó acuerdo formal de nombramiento ni se produjo toma de posesión en el cargo como vicepresidentes, pues lo ejercieron en funciones”.

En resumen: Lesmes ha introducido en el orden del día del pleno del jueves un informe sobre su eventual sustitución “de forma automática” que es muy discutible y también muy discutido. Ni siquiera los vocales caducados del CGPJ se muestran de acuerdo, ya que dicen que se ningunea al pleno que nombró tanto al presidente del Supremo como a su vicepresidente. ¿Qué van a hacer? ¿Van a asumir el automatismo? ¿Se van a ir todos a su casa, como mandaría la decencia, a ver si el Partido Popular se deja de juegos dilatorios y estratégicos y se devuelve la normalidad institucional?

Como al común de los mortales esto les parece un lío y no ven claras las graves consecuencias, harán y desharán a su medida. Porque en algunos casos, no contentos con interpretar la ley, pretenden hacerla. En todo caso el CGPJ sin Lesmes y con el sustituto por sustituir al que sustituía queda ya además de caducado descompuesto.

Y así, paso a paso, lo que en realidad se descompone es nuestra democracia.

El PP lleva casi cuatro años bloqueando la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Un órgano que, casualmente, emana de la mayoría absoluta de Mariano Rajoy. Tras más de 1.200 días en funciones, los populares siguen dando largas y, al mismo tiempo, maniobran en Bruselas para intentar que la Comisión Europea se ponga de su lado mientras llevan una década dominando el Poder Judicial.

El negociador en asuntos de Justicia del PP, el eurodiputado Esteban González Pons, vicepresidente del grupo popular europeo en la Eurocámara, ha mantenido una reunión discreta, no comunicada por las partes, fuera de las agendas y mantenida en secreto con el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, según informan fuentes comunitarias. La reunión se produjo el pasado martes, 13 de septiembre, en Estrasburgo, en vísperas del debate sobre el Estado de la Unión.

“Nunca publicamos reuniones con eurodiputados, interactuar con el Parlamento Europeo es algo habitual en los comisarios”, explican fuentes de la Comisión Europea para justificar que la reunión no aparezca en la agenda pública del comisario belga: “Es algo normal interactuar con los eurodiputados”.

Fuentes próximas a González Pons afirman que el eurodiputado no ha abordado el asunto del CGPJ con Reynders, si bien reconocen que tienen una relación fluida porque el eurodiputado es vicepresidente encargado de los temas de Justicia en el grupo popular europeo. Las fuentes afirman que todas las conversaciones sobre este asunto con reunión, videollamada o teléfono las ha mantenido hasta ahora con la vicepresidenta de la Comisión Europea Vera Jourovà.

Pons ha enviado varias cartas a Jourovà y a Reynders. En las misivas, González Pons reclamaba una “reunión urgente” para expresar su punto de vista, que pasa por acusar al Gobierno del bloqueo que lleva ejerciendo el PP cuatro años con la excusa de una reforma del sistema de elección de los jueces por los propios jueces.

Pons, no obstante, no llegó a reunirse con Jourovà la semana pasada en Estrasburgo.

Maniobras de los vocales conservadores

Los vocales conservadores han desplegado en las últimas semanas todo un arsenal de excusas para retrasar la renovación del Constitucional. Los integrantes del CGPJ elegidos por el PP alegaron en un primer momento problemas de agenda para reunirse con los progresistas, y cuando lo han hecho apenas han logrado avances, informa Marcos Pinheiro.

Entre otras cosas, los conservadores quieren que se resuelva el problema de las vacantes en el Supremo –el Poder Judicial tiene prohibido hacer nombramientos en funciones– y ahora han pedido esperar al 30 de septiembre, cuando Carlos Lesmes se reunirá con el comisario de Justicia Reynders.

Pero el escollo más importante en las reuniones –la del viernes pasado y la celebrada este mismo miércoles– es que los conservadores no han puesto ningún candidato al Constitucional sobre la mesa. Afirman que nadie se ha dirigido a ellos, interesado en convertirse en magistrado de ese tribunal. Los progresistas, que sí tienen una lista de nueve nombres, aseguran que no es más que otra maniobra dilatoria.

Así, cumplido el plazo para la renovación, no ha habido en estas semanas ningún avance. De hecho, ahora mismo no hay siquiera acuerdo para ver cuándo se celebra la próxima reunión entre ambos sectores.

Primero nombramientos, luego reforma

La propia vicepresidenta Jourová escribió hace dos semanas una carta a Carlos Lesmes, presidente del CGPJ, en la que exigía la renovación inmediata del órgano de gobierno de los jueces. En su misiva, denunciaba que el Poder Judicial es “rehén” del bloqueo.

La próxima semana, será Reynders quien viaje a España para abordar este asunto con Gobierno, oposición –el propio González Pons–, asociaciones de jueces y personas implicadas en una situación que recoge año tras año la Comisión Europea en su informe sobre el Estado de Derecho. Su agenda es la siguiente: fiscal general; dos asociaciones de magistrados; vicepresidenta Nadia Calviño; ministro de Presidencia, Félix Bolaños; ministro de Consumo, Alberto Garzón; ministra de Justicia, Pilar Llop; ministro de Exteriores, José Manuel Albares; el portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal; el portavoz del PP, Esteban González Pons; la Fundación Hay Derecho; el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes; y el presidente del TC, Pedro González Trevijano.

“Nos gustaría ver hechos los nombramientos y la reforma implementada muy rápidamente. De ahí el interés de discutir tanto con la mayoría como con la oposición, para lograr el objetivo de la reforma”, explica Reynders antes de su viaje: “Lo que estamos tratando de hacer es organizar una discusión, un diálogo entre las fuerzas políticas. Porque la renovación del CGPJ, al igual que la designación de ciertos órganos constitucionales, exige mayorías tales que se hace necesaria la colaboración entre las principales formaciones políticas del país. Y aquí es donde tenemos un doble papel que desempeñar: el primero es aclarar cuáles son las expectativas, con el informe sobre el estado de derecho y sus recomendaciones, unas expectativas que van ligadas a estándares europeos como el Consejo de Europa, del que España es miembro, en la línea de que la mayoría de los miembros del CGPJ sean jueces elegidos por sus pares, elegidos por otros jueces, sin que haya injerencia de la política, ni del gobierno ni del Parlamento”.

“Aparte de eso”, prosigue Reynders, “lo que también podemos hacer es, obviamente, entablar un diálogo. No es solo pedir una discusión, sino tratar de unir a la gente. Y eso es algo que he hecho antes, pero que también intentaré hacer durante esta visita”.

Eso sí, el comisario europeo insiste en separar la situación de España de la que se vive en países como Hungría y Polonia, sujetos a procedimientos por sus asaltos al Estado de Derecho: “Debemos distinguir claramente la situación que tenemos en otros Estados miembros donde ha habido una regresión y un deterioro de la situación. La diferencia es muy clara. Ese no es el caso. El objetivo es reunir tanto a las formaciones políticas de la mayoría como de la oposición, el Gobierno y por supuesto el Parlamento, para designar a los nuevos miembros, pero también para iniciar una reforma rápidamente”.

“Si la situación fuera a durar mucho tiempo, si vemos durante unos años que la situación no mejora, obviamente, tendremos que pensar en otros mecanismos. Pero ahora lo que tenemos por primera vez es una recomendación del informe sobre el Estado de Derecho”, concluye Reynders.

El bloqueo en el que se ha instalado el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que tiene su mandato caducado desde diciembre de 2018, ha protagonizado la apertura solemne del año judicial en Catalunya. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), Jesús María Barrientos, ha criticado la “injustificable demora” en la renovación del CGPJ y ha cargado contra los “indisimulados pactos políticos” que dañan la imagen del Poder Judicial.

El TSJC es una de las víctimas colaterales del bloqueo conservador en la renovación del Poder Judicial. El mandato de Barrientos al frente del TSJC terminó el año pasado, sin que el Consejo haya procedido a su renovación. Previsiblemente hasta que PP y PSOE no alcancen un acuerdo para nombrar a nuevos vocales del CGPJ el TSJC no tendrá nuevo presidente o presidenta. 

En su discurso de este miércoles, Barrientos no ha escondido la preocupación por la mala imagen que traslada a la ciudadanía el bloqueo del CGPJ, al tiempo que ha mandado varios avisos sobre la injerencia política en el órgano de Gobierno de los jueces. 

Barrientos ha recordado que la sentencia del Constitucional que avaló el actual sistema de elección de vocales por las Cortes remarcó que el Poder Judicial debía quedar “al margen de la lucha de partidos”. A día de hoy, ha criticado Barrientos, Congreso y Senado no solo incumplen su deber constitucional de renovación del Consejo, sino que además “están desatendiendo su obligación de mantener al Poder Judicial” fuera de la pugna partidista. 

Todo ello lleva al “progresivo deterioro de la imagen del Poder Judicial”, ha alertado Barrientos, que ha reclamado separar la batalla por el CGPJ de la actividad ordinaria de jueces y tribunales pese a que el “imaginario colectivo” no tiende a diferenciarlos. 

“Está en juego el crédito la confianza y el crédito de la ciudadanía en sus jueces”, ha remarcado Barrientos, quien sin embargo ha garantizado a los ciudadanos que todos los asuntos que lleven al juzgado “serán vistos, estudiados y resueltos por jueces profesionales e imparciales que nada tienen que ver con las luchas partidistas y nada deben al poder político”.

Barrientos ha insistido en que la “indisimulada politización” de nombramientos de vocales del CGPJ “no afecta en absoluto” al trabajo de los más de 5.000 jueces y magistrados que ejercen en España (846 de ellos en Catalunya). “Es manifiestamente injusto proyectar sobre los jueces y juezas los mismos malos que puedan aquejar a su órgano de gobierno”, ha zanjado el presidente del TSJC.

Más jueces para Catalunya

El otro eje del discurso de Barrientos ha sido el tradicional déficit de jueces en Catalunya. Tras varios meses sin respuesta del Ministerio de Justicia a la propuesta del TSJC para establecer un plus con el que estabilizar la planta judicial en la comunidad, Barrientos ha recordado que los “desajustes” en la plantilla “son bien elocuentes”.

También se ha referido a la falta de medios en la administración de Justicia el fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeres, quien ha instado a dar el impulso definitivo a la digitalización: “No se puede demorar más”. “Resulta doloroso constatar como todavía los funcionarios registran manualmente la entrada y salida de expedientes como hacían sus antecesores”, ha expuesto.

En base a criterios de población, ha recordado Barrientos, Catalunya precisaría incrementar en 76 las plazas judiciales solo para alcanzar la media nacional de doce jueces por cada 100.000 habitantes, todavía lejos de los estándares europeos.

Con datos a 31 diciembre de 2021, el 10% de la planta de jueces y magistrados en Catalunya (84 plazas) estaba vacante, a pesar de que 74 jueces y juezas de la última promoción habían recalado en la comunidad.