La operación Púnica de corrupción ligada al Partido Popular ha tardado más de una década en convertirse en una sentencia. Más de 200 folios describen una red de “clientelismo político e intercambio de favores” basada en el dominio total que el PP de Esperanza Aguirre ejercía en Madrid en esos años, ejecutado a través de la “posición de poder político” de Francisco Granados y su capacidad para hacer y deshacer en su propio interés y el de su partido. La empresa Waiter Music consiguió más de 10 millones de euros en adjudicaciones públicas para organizar fiestas y eventos en todo el sur de Madrid a cambio de pagar muchas cosas: desde fiestas privadas en casa de políticos hasta cierres de campaña del PP en el Palacio de los Deportes.

La Audiencia Nacional puso en marcha la operación Púnica en octubre de 2014. Decenas de agentes de la Guardia Civil entraron en ayuntamientos de todo el sur de la región y se llevaron detenidos a alcaldes, concejales, altos cargos y empresarios. Y el nombre de un municipio por encima de todos. El epicentro de la trama: Valdemoro. Era donde Francisco Granados había sido alcalde, donde decenas de contratos públicos estaban bajo sospecha y donde el PP gobernaba sin oposición desde 1999. Se trataba de uno de los grandes feudos de la derecha en el sur de la región donde los de Aguirre solían celebrar pomposos actos de campaña con los primeros espadas del partido a nivel nacional.

Que el nombre de Granados —regidor del municipio entre 1999 y 2003 antes de dar el salto a la Comunidad de Madrid— estuviera a la cabeza de la lista de imputados no fue una sorpresa. El otrora hombre fuerte de Esperanza Aguirre y carismático consejero había dejado su escaño en el Senado medio año antes, cuando trascendió que había tenido una cuenta bancaria en Suiza. Las diligencias que entonces llevaba el juez Eloy Velasco, sustituido más tarde por Manuel García-Castellón, demostraron que esa cuenta fue el origen de sus problemas, pero no el mayor de ellos.

La Púnica tuvo media docena de ramificaciones y algunas de ellas han tardado más de una década en llegar a juicio. La última ha sido la que tiene que ver con Waiter Music: la empresa de Aranjuez que dominó durante una década la organización de fiestas patronales, carnavales, cabalgatas y cualquier tipo de eventos allí donde gobernaba el PP y donde Francisco Granados tenía un hilo del que tirar. Como mano derecha de Esperanza Aguirre, tal y como describe la Justicia, siempre tenía un hilo del que tirar.

José Luis Huerta fue uno de los primeros detenidos en declarar ante el juez Eloy Velasco en la Audiencia Nacional en octubre de 2014. En su primera comparecencia ante el juez explicó que había conocido a Granados cuando era alcalde y él un empleado de una empresa de eventos. Montó Waiter Music en 2004 y la organización de las fiestas de Valdemoro le abrió las puertas de otros muchos municipios. Ese día sacó pecho de su trabajo: “La discoteca móvil la inventé yo”. Y negó con vehemencia haber amañado concursos públicos o agasajado a políticos a cambio de obtenerlos: “Nunca en la vida, eso lo he llevado por bandera y en la profesión se me distingue por eso”.

Cuatro años después José Luis Huerta volvió a la Audiencia Nacional para reconocer lo que ahora declara probado una sentencia. Que su cercanía a Francisco Granados y al PP le introdujo en ayuntamientos del tamaño de Valdemoro, Móstoles o Algete y también de otros más pequeños como Ciempozuelos, Chinchón, Torrejón de Velasco, San Martín de la Vega y Moraleja de Enmedio. Más de 15 millones de euros en organización de eventos, la mitad salidos de las arcas del pueblo que había gobernado Francisco Granados. Que no fueron, en muchas ocasiones, a cambio de nada. El empresario de Waiter Music falleció en 2020, pero su confesión retumbó en el juicio y figura en la sentencia. Tuvo que hacer “servicios extras” para mantener el favor de Granados y el PP.

Mítines, comuniones y copas navideñas

La contabilidad de José Luis Huerta era un galimatías de números rojos, números verdes y columnas difícil de desentrañar si uno busca una lista normal de contratos públicos adjudicados y cobrados o pendientes de cobro. Waiter Music tenía el privilegio de obtener adjudicaciones a dedo, tener sobrecostes de decenas de miles de euros y de presentar empresas del mismo dueño cuando hacían falta tres candidatos para vestir el fraude. Pero también pagaba un peaje al PP y sus políticos a cambio, y a veces ese dinero era a fondo perdido. “Con toda su cara”, dijo en su confesión de 2018 el empresario Huerta para simbolizar que muchas veces no se le pagaba.

La sentencia declara probado que la empresa de José Luis Huertas, tal y como confesó él mismo, gastó miles de euros en regalos y gastos personales a políticos del PP. En 2008, según la sentencia, pagó 68.000 euros por una fiesta posterior a la comunión de la hija de Francisco Granados a la que, según el propio empresario, acudió la propia Esperanza Aguirre. La sentencia tiene incluso fotos de la comunión de un hijo de la alcaldesa de Algete, también sufragada por el empresario. Una fiesta de cumpleaños del entonces consejero de la Comunidad de Madrid. Bolsos. Pero el gran beneficiario no fue Granados ni sus colaboradores. Fue el Partido Popular.

Waiter Music estuvo años organizando y pagando mítines, reuniones, fiestas y encuentros del Partido Popular en distintos puntos de la Comunidad de Madrid donde gobernaba. Años en los que Esperanza Aguirre, felizmente olvidado el 'tamayazo', encadenaba mayorías absolutas y se dedicaba a inaugurar hospitales y paradas de Metro mientras Mariano Rajoy se hacía con las riendas del PP nacional y José Luis Rodríguez Zapatero gobernaba en la Moncloa. Según la sentencia, la mano de la Púnica estuvo detrás de algunos de los grandes mítines del PP de esa época.

La sentencia menciona el cierre de campaña de las elecciones municipales y autonómicas que el PP celebró en el Palacio de los Deportes en mayo de 2007. Con Esperanza Aguirre, Mariano Rajoy y Alberto Ruiz-Gallardón dando paso a la holgada mayoría absoluta de la 'lideresa' con el acompañamiento musical de las Azúcar Moreno. También el mitin celebrado en Valdemoro que, un año después, metió en la campaña de las generales de 2008 a José María Aznar. Ese día un enardecido Francisco Granados arengó al público con improperios al doctor Luis Montes y Aznar, que cumplía cuatro años fuera de la Moncloa, se lanzó contra Zapatero, instando a ganar sin “hacer chorradas con la ceja”.

La sentencia menciona más peajes 'populares' con los que Waiter Music potenció los actos del PP por toda la región. “Multitud de eventos” en Valdemoro, pero también una lista larga de “extras” en Ciempozuelos, donde gobernaba la condenada María Ángeles Herrera. Allí Waiter Music montó eventos del partido e incluso un mitin de 2008 donde se entregó una medalla a Rodrigo Rato, que con los años pasaría por la cárcel. En Móstoles, localidad de más de 200.000 habitantes, los jueces también hablan de un “elenco de irregularidades” en la contratación de Waiter Music “favoreciendo el desvío de dinero público y destinándolo al pago de eventos privados organizados por el Partido Popular” y su grupo en la localidad en las elecciones autonómicas de 2011.

No todos los contratos adjudicados a Waiter Music son considerados delictivos y no todos los políticos encausados han terminado condenados. Junto con Francisco Granados y sus sucesores al frente de la alcaldía de Valdemoro (José Miguel Moreno y José Carlos Boza) son condenados los regidores de Ciempozuelos y Moraleja de Enmedio, pero otros son absueltos, como es el caso de los dos exalcaldes de Móstoles encausados. En su caso no hay pruebas de que ellos gestionaran de forma directa la contratación de Waiter Music. En una ciudad como Móstoles, dice la Audiencia Nacional, llegar a ese nivel de irregularidades “debía de contar con el conocimiento y autorización de autoridades, funcionarios públicos municipales e integrantes del Grupo Municipal Popular de Móstoles, que promovieron, facilitaron y autorizaron este tipo de prácticas”.

Dos tramas en el Madrid de Aguirre

Las fechas de la sentencia conocida esta semana, y que todavía es recurrible, revelan una cosa: que la Púnica y la Gürtel convivieron en paz y armonía en distintas zonas de Madrid y con distintas familias del PP durante varios años. Mientras los de Francisco Correa parasitaban los ayuntamientos de Majadahonda, Boadilla del Monte, Pozuelo de Alarcón y Arganda del Rey de la mano de sus alcaldes, la Púnica conquistaba ayuntamientos del sur de la mano de Francisco Granados. Todo mientras Esperanza Aguirre conquistaba la Puerta del Sol y empezaba su fulgurante ascenso hasta la consideración de lideresa con unos mítines organizados por las tramas corruptas. Porque si algo une a la Gürtel y la Púnica, además de los contratos amañados y las comisiones, es la organización de actos de Esperanza Aguirre como moneda de cambio.

La resolución de la Audiencia Nacional zanja con una condena de dos años de cárcel la participación de David Erguido, entonces concejal de Aranjuez, pero “hombre de confianza” de Granados como asesor en la consejería que, con el tiempo, se convirtió en un dolor de cabeza para el PP nacional. Tuvo que dejar su escaño en el Senado tras ser imputado en la Púnica y se mantuvo como diputado regional del PP de Isabel Díaz Ayuso en Vallecas hasta su desaparición de las listas del partido para las autonómicas de 2021.

Erguido llevaba desde 2010 en la Asamblea de Madrid, donde entró en sustitución del hoy también condenado Alfredo Prada, y según la sentencia maniobró como concejal de Algete para que Waiter Music fuera contratada. Pero también obtuvo un beneficio para sí mismo. Waiter Music le organizó un evento en marzo de 2008 en el campo de golf del Canal de Isabel II, con la intervención de “cuatro mariachis” y con un coste de 1.800 euros “pendiente de liquidar con dinero público”. El mismo campo de golf que levantó Esperanza Aguirre en 2007 en Chamberí, que fue declarado ilegal por los tribunales y demolido y cuya adjudicación será juzgada como parte del caso de corrupción Lezo.

Muy por encima de Erguido, la sentencia otorga un papel protagonista a Francisco Granados en el ascenso y caída de Waiter Music y su papel como organizador de eventos de cabecera del PP de diversos municipios. Él tenía una “capacidad real de influencia” en Valdemoro, primero como alcalde y después como consejero de Aguirre, aunque no tuviera voz ni voto oficial en las contrataciones de su antiguo ayuntamiento. Pero sí tenía una “posición de poder político”. También con respecto a la Comunidad de Madrid. La Audiencia Nacional no le condena por todas las acusaciones que se vertieron sobre él, pero mantiene que usó su poder para que la Fundación Arpegio, salida de una empresa pública dependiente del gobierno regional, financiase con dinero público el concierto 'Night of the Proms' del que se había encaprichado y que organizó Waiter Music en el Palacio de los Deportes.

Esta no es la primera sentencia madrileña del caso Púnica. Francisco Granados ya fue condenado por el chivatazo que recibió de un guardia civil y que casi da al traste con la operación, y varios alcaldes han sido condenados por aliarse con el empresario David Marjaliza y contratar de forma irregular a Cofely para gestionar la eficiencia energética de sus municipios. Pero Granados todavía tiene un juicio relevante en el horizonte. Por las adjudicaciones supuestamente irregulares de suelo público desde la empresa regional Arpegio —la de la Fundación del concierto Nigh of the Proms— y de obras de construcción de Metro, una de las grandes promesas electorales de Esperanza Aguirre en esos años.

Aguirre, sus campañas y algunos de sus juramentos políticos son el telón de fondo de muchas de las piezas separadas del caso Púnica. Además del juicio pendiente por estas adjudicaciones, la Audiencia Nacional tiene en cola enjuiciar a Granados y al entonces gerente del PP en Madrid, Beltrán Gutiérrez, por delitos electorales en la financiación de la campaña del partido de 2011. La principal beneficiada, Esperanza Aguirre, no está en la lista de los acusados porque según el juez Manuel García-Castellón no hay pruebas de que “tuviera conocimiento” de la existencia de una caja B en el seno de su propio partido.

La sentencia conocida esta semana añade una capa de pintura al cuadro de corrupción de la Comunidad de Madrid durante la etapa de Esperanza Aguirre y su Partido Popular. Políticos que facilitaban contratos públicos a cambio de organizar actos del partido pero también fiestas y comuniones para el bolsillo propio. Una trama Púnica cuya verdad judicial no ha hecho más que empezar con varios juicios por delante en los que la financiación de los grandes éxitos electorales de Esperanza Aguirre estará, una vez más, bajo la lupa sin la lideresa en el banquillo.

Me imagino que Alberto Núñez Feijóo se habrá arrepentido todos los días de haber ordenado a finales de 2025 a los presidentes de las comunidades autónomas de Extremadura y Aragón disolver el Parlamento y convocar elecciones anticipadas, con la doble finalidad de intentar obtener una mayoría absoluta que pusiera fin a la dependencia de Vox en ambos Gobiernos autonómicos y de erosionar simultáneamente al presidente del Gobierno de la Nación. Dado que el calendario electoral imponía que en la primavera de 2026 se tenían que celebrar las elecciones en la comunidad autónoma de Castilla y León y que antes del mes de julio también había que convocarlas en Andalucía, la concatenación de las cuatro elecciones daba al PP una oportunidad única para prefigurar un escenario de poner fin a la hipoteca de Vox, de derrota total del PSOE y de triunfo inevitable del PP en las próximas elecciones generales.

Como todo el mundo sabe, al presidente del PP el tiro le ha salido por la culata. No solamente no ha conseguido las cuatro mayorías absolutas que pretendía, sino que ha perdido la única de la que disponía en Andalucía. Vox ha conseguido imponer su “prioridad nacional” en las cuatro comunidades autónomas y ha dejado claro que también la impondría en el Estado tras las próximas elecciones generales, en las que resulta inimaginable que el PP pueda alcanzar la mayoría absoluta para la investidura.

Si se hubiera mantenido la mayoría absoluta en Andalucía, el PP podría haberse librado de cargar con la “prioridad nacional” en las próximas elecciones generales. Pero, con la pérdida de dicha mayoría, ha perdido toda credibilidad para anunciarle al cuerpo electoral de todo el Estado que no va a aceptar la condición que Vox le va a imponer para ser investido presidente del Gobierno, si entre ambos consiguen la mayoría absoluta. La “prioridad nacional” ha venido para quedarse como parte del programa de toda la derecha española.

Por si fuera poco cargar con esta cruz, José María Aznar se ha dirigido a Alberto Núñez Feijóo para imponerle, apenas unos días después de que estuviera en Catalunya cortejando a Junts, que su obligación en las próximas elecciones es conseguir una “mayoría nacional”, ya que Junts no es partido de fiar.

Obviamente, Aznar no ha dicho en qué consiste una “mayoría nacional”, pero a buen entendedor con pocas palabras basta. “Mayoría nacional” es una mayoría que no tenga que contar con los nacionalismos catalán y vasco.

A la xenofobia y racismo que conlleva la “prioridad nacional” se añade ahora el antinacionalismo vasco y catalán de la “mayoría nacional”. José María Aznar ha hecho suya la tesis de Donald Trump de que el “enemigo interior” es mucho más peligroso que el enemigo exterior. La mera existencia de un “nacionalismo catalán y vasco” supone la posibilidad de un “cambio de sistema”, que, según ha asegurado, “está en marcha”. Pedro Sánchez es un riesgo por sí mismo y porque puede, con los nacionalismos catalán y vasco, comportar un “cambio de sistema”, operación que está en marcha.

Prioridad nacional y mayoría nacional son la alternativa del “nacionalismo exclusivamente español”. Para poner fin al Gobierno de Pedro Sánchez y evitar el riesgo de un cambio de sistema, Alberto Núñez Feijóo tiene que lograr “una amplia mayoría centrada, con capacidad de convocatoria a derecha e izquierda” con “un programa capaz de suscitar una adhesión masiva”.

El escenario de este fin de legislatura y de las próximas elecciones generales se está perfilando: o la “mayoría plural” de la moción de censura de 2018 y de los Gobiernos de coalición posteriores o la “mayoría nacional”.

La “mayoría nacional” supone la esterilización política de los nacionalismos catalán y vasco. No una esterilización absoluta, pero sí una esterilización para poder participar en la investidura del Gobierno de la Nación.

Una vez conseguida la “mayoría nacional”, la “esterilización política de los nacionalismos catalán y vasco” se puede conseguir con facilidad. No hace falta reformar la Constitución. Basta con reformar la Ley Orgánica de Régimen Electoral General y configurar una “barrera legal” para la investidura del presidente del Gobierno no en cada circunscripción provincial, sino en el conjunto del Estado. El partido que no obtenga un determinado porcentaje de voto, 5 o 10%, en el conjunto del Estado, no podrá participar en la investidura del presidente del Gobierno de la Nación. Con esto bastaría para excluir a los partidos nacionalistas vascos y catalanes.

Aunque tengo dudas sobre la constitucionalidad de la fórmula, no la tengo en que no sería declarada anticonstitucional.

Los partidos nacionalistas catalanes y vascos podrían participar en la investidura de los presidentes de sus comunidades autónomas, pero no en la investidura del presidente de la Nación, si no alcanzaban un 5 o un 10% de los votos válidamente emitidos en el conjunto del Estado. Esto es lo que supone la “mayoría nacional”.

Nadie puede llamarse a engaño.

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha reclamado este miércoles una “mayoría nacional” en las próximas elecciones generales para echar a Pedro Sánchez y evitar así un supuesto “cambio de sistema” que, ha asegurado, está en marcha. Para lograr este objetivo, Aznar ha conminado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a lograr “una amplia mayoría centrada, con capacidad de convocatoria a derecha e izquierda” con “un programa capaz de suscitar una adhesión masiva”.

Aznar ha participado en un acto informativo protagonizado por la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz. Durante su intervención, el expresidente ha constatado que “si hoy existen mayorías para pedir la dimisión de Sánchez”, en referencia a Junts, “todavía hay que construir la mayoría capaz de derribar y superar el muro” que desde la oposición se achaca al presidente.

El líder de la fundación Faes, con su habitual tono mesiánico, ha apuntado: “Esa mayoría será nacional o no será”. Para añadir: “Y por nacional entiendo una amplia mayoría centrada, con capacidad de convocatoria a derecha e izquierda en torno a un propósito reconstructor de dimensión histórica”. A principios de junio, los portavoces de Feijóo ya plantearon la necesidad de esa “reconstrucción nacional”.

Aznar ha sostenido que España está en un momento decisivo. “Lo importante de las próximas elecciones generales no es cuando se convoquen, sino entender bien lo que decidirán”, ha dicho. “Y no tengo empacho en decir que serán las elecciones más importantes de toda nuestra reciente historia democrática”, ha señalado.

El motivo: “No nos jugamos un cambio de Gobierno, sino un cambio de sistema”. “Es decir”, ha continuado, “la supervivencia o la liquidación de la nación constitucional y la igualdad ante la ley, en primerísimo lugar”.

Aznar ha concluido poniendo deberes a Feijóo: “Trasladar esta idea y articularla en un programa capaz de suscitar una adhesión masiva es una tarea bien difícil, pero es la tarea única que tenemos”.

La marejada de la actualidad hace que hoy resuene poco ese “memos” que lanzó, el martes, el presidente de la patronal en Castilla-La Mancha, Ángel Nicolás, contra los jóvenes trabajadores de este país que necesitan una baja médica por salud mental.

Tras el bofetón de esa ola nos revolcó otra mayor: escuchar los audios del expresidente Zapatero ante el juez Calama y constatar que no ve el menor problema en dedicar su vida a cobrar altísimas cantidades por ofrecer su sapiencia a los clientes de Julio Martínez, sin escribir una palabra, en meros informes verbales. De viva voz, sí, porque Zapatero, como ha “tenido siempre varias secretarias”, dice no haberse comunicado jamás por “correo electrónico”. ¿No ha mandado nunca un mail? Si yo creo que empezaría a usarlos cuando era una veinteañera por 1997. ¿No tuvo él necesidad, ni sintió curiosidad antes o después de sus 7 años y pico de gobierno, de 2004 a 2011?

Zapatero deja caer, en su declaración, que los consultores de su nivel suelen funcionar así, con citas, cafés, almuerzos donde ellos aconsejan a los “clientes”. Ojalá el hilo de la madeja nos lleve a saber cómo, y a sueldo de quiénes, se ganan la vida los expresidentes Aznar, González y sus círculos inmediatos. Pero es alucinante que Zapatero siga ignorando hasta qué punto nos defrauda, cuando le hacíamos mediando, en conflictos como el de Venezuela, de forma altruista.

¿Nos engaña Zapatero al decir que no ha mandado un mail en su vida, o en serio puede haber presidido España sin saber algo tan básico? Y Feijóo, ¿de verdad aspira a presidente sin las nociones de inglés que se exigen en toda entrevista de trabajo? Con la ignorancia que exhiben, ¿cómo han llegado a representarnos?

¿De qué pensábamos que vivía? Pues a ver, fue Zapatero quien, en su etapa de gobierno, estableció que los expresidentes podían tener cargo y sueldo vitalicio en el Consejo de Estado y, como él ingresó en ese órgano en 2012, era fácil inferir que su sueldo saliera de ahí y que las mediaciones diplomáticas las hiciera por sentirse útil y aportar. Es más, quienes estuvieran más atentos y se enteraran de su salida del Consejo de Estado, en 2015, leerían que era una salida “temporal” para “presidir el consejo asesor de una ONG alemana”. ¿En qué momento esa senda derrapó hacia la puerta giratoria, que antes siguieron Felipe González con Gas Natural, José María Aznar con Abengoa y esta misma semana el socialdemócrata expresidente del gobierno italiano Enrico Letta con Naturgy?

Enriquecimientos y talentos

Otro sabio merecedor de éxito y riquezas debe ser Alberto González Amador quien, tras ennoviarse con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha multiplicado por siete sus ingresos del grupo Quirón. Grupo al que justo su novia ha perdonado deudas millonarias y transferido dinerales que debían ir a la sanidad pública. ¿Tenemos que creernos que a Amador le pagan por su mente preclara? ¿En qué consisten los servicios que supuestamente presta, que sin duda cobra y que confiesa que defrauda?

Me entristece e indigna, por el desengaño que siembra sobre la democracia, que Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, se coloquen, cada uno en su esquina opuesta del ring, a minimizar vergüenzas indefendibles en las filas propias mientras vituperan al contrario.

Encima, de rebote, cuando Feijóo vuelve al Hormiguero, lanza que sigue sin saber inglés y que, finalmente, no hará su mil veces prometido esfuerzo de aprenderlo. ¿En qué entrevista de empleo hoy en día, puede una o un candidato confesar que no sabe inglés sin, ipso facto, darse por descartado? ¿Cómo aspirar, pues, a presidir el gobierno de España siendo incapaz de hablar, de tú a tú, con líderes internacionales?

Merecemos representantes mejores

“¡Que no!, ¡Que no!, ¡Que no nos representan!”, clamamos el 15M de 2011 al gobierno del Zapatero que, habiendo sido el mejor presidente, se rindió a las presiones de los bancos para primar el pago de los créditos financieros al de los servicios públicos. Este verano de 2026, los dos principales partidos, por los casos de enriquecimiento inmoral o ilegal, así como por las sonrojantes confesiones de analfabetismo funcional, están a años luz de la representación que merece la sociedad civil.

Lógico y normal que la gente se sienta defraudada, triste, asqueada. Entre atrapada por el morbo del denigrante espectáculo y harta, achicharrada, ansiosa por narcotizarse con el Mundial de Fútbol y, si puede, el sol y playa.

Es lógico que la gente se sienta defraudada y asqueada con el caso Zapatero en el PSOE y el del novio de Ayuso en el PP. Pero a la sombra de la decepción política, el fascismo afina su ruta al poder para beneficiar a las élites corruptoras. Ésas que quieren explotar más y más a la sociedad para forrarse sin límites.

Pero, ojo cuidao, que ninguna solución nos será regalada, ningún mañana será mejor si pasamos, nos desentendemos y cuando lleguen futuras elecciones no votamos. A la sombra del desánimo, el fascismo afina su programa, que tiene a las universidades públicas y a los sindicatos como objetivo de destrucción prioritaria, para apuntalar los privilegios de élites mínimas e insaciables, a costa de generalizar la precariedad e injusticia.

Esas élites que usan a expresidentes o presidentas autonómicas como títeres y que nos toman por “memos” incapaces de ver que intentan conducirnos, cual rebaño, hacia Vox, pieza española del artilugio fascista global para exprimir nuestra fuerza de trabajo.

Apelemos a la gente honesta, comprometida y con sentido de la realidad que está en política. Exijamos el impulso motor de los partidos progresistas de todo el Estado. Y tejamos alianzas ciudadanas, de sociedad civil para que nos traten con respeto, sin tomaduras de pelo, ni abusos.

José María Aznar cumple este sábado 20 años como consejero de News Corp. El gigante mediático del magnate ultraconservador australiano Rupert Murdoch ha pagado al expresidente español más de cinco millones de dólares desde que empezó a prestarle servicios, nada más dejar la Moncloa. Es su única retribución conocida entre sus muchas actividades privadas.

La cifra incluye pagos en efectivo y acciones. Está calculada a partir de los datos remitidos por el grupo de Murdoch desde 2006 al regulador bursátil estadounidense, la Securities Exchange Commission (SEC). El último sueldo conocido de Aznar en News Corp, de la que es consejero “independiente” desde 2013 (antes lo fue de 21st Century Fox, también de Murdoch), son los 341.565 dólares (unos 295.000 euros, al cambio actual) del ejercicio 2023-2024. 

A la espera de conocer la del ejercicio que está a punto de cerrarse (acaba en junio), su récord anual lo alcanzó en 2021-2022, con 352.204 dólares. Suponiendo que en el último año su sueldo se haya mantenido (la cifra se conocerá cuando News Corp convoque su Junta de accionistas), Aznar habría recibido ya unos 4,9 millones de dólares (4,26 millones de euros, al cambio actual) por sus labores como consejero de Murdoch.

A esta cifra se suman 220.000 euros que el grupo de Murdoch le pagó desde septiembre de 2004 (tras su salida de Moncloa en abril de ese año) hasta junio de 2006, cuando tras su decidido apoyo a la invasión estadounidense de Irak, Aznar fue nombrado vocal de 21st Century Fox, a la que asesoró hasta 2013 y de la que fue el primer consejero no anglosajón.

Fueron pagos mensuales (10.000 euros al mes) previos a su entrada en el consejo en concepto de “servicios de asesoría de estrategia corporativa global”. Los cobró a través de su sociedad familiar Famaztella, SL (acrónimo de Familia Aznar Botella). El País publicó entonces que incumplió las incompatibilidades previstas para los miembros natos del Consejo de Estado al no informar de esos pagos. El entonces ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, afirmó que no los comunicó al Registro de Intereses de Altos Cargos, equivalente a la actual Oficina de Conflictos de Interés.

Además de vocal independiente de News Corp, Aznar, de 73 años, preside el comité de nombramientos y Gobierno corporativo y es miembro del Comité de Auditoría del grupo fundado por Murdoch. El magnate, que en marzo cumplió 95 años, acordó en 2023 dejar a su hijo varón mayor, Lachlan, las riendas de su imperio mediático, que incluye la televisión ultraconservadora Fox. 

En octubre el expresidente español renovó por última vez como consejero de News Corp. De los seis vocales que optaban a la reelección, obtuvo el mayor porcentaje de voto en contra de los accionistas, casi un 20%. El grupo es uno de los conglomerados de medios de comunicación del mundo. Factura unos 8.500 millones de dólares anuales y es dueño de cabeceras de repercusión global como The Wall Street Journal, The Sun, The Times o el New York Post.

Del presidente de la Fundación Faes destaca que aporta “su experiencia en planificación estratégica y habilidades de liderazgo provenientes de su amplia experiencia, incluido su cargo como presidente de España”. Entre sus habilidades clave, destaca su “experiencia en política económica internacional adquirida supervisando la participación de España en la eurozona, conocimientos de gestión financiera y de riesgos desarrollados como líder en los más altos niveles de gobierno y formación como gestor público”.

El resto, un misterio

El resto de cantidades cobradas por Aznar en los últimos años de empresas privadas no son públicas. No consta que las haya facturado a través de Famaztella, que creó en 2004 junto a su esposa, Ana Botella, para, en teoría, explotar sus derechos de propiedad intelectual, incluyendo sus libros, discursos y conferencias.

Desde que hace más de diez años Hacienda sancionó a esta empresa tras una inspección, Famaztella redujo a cero sus ingresos y así ha seguido hasta ahora, aunque se anota beneficios gracias a sus inversiones financieras. En 2024 fueron 77.115 euros, según sus últimas cuentas presentadas, disponibles a través de Insight View. Su domicilio está en Pozuelo de Alarcón (Madrid), la localidad con la renta per cápita más alta de España.

Allí los Aznar Botella compraron un lujoso chalé (más de 550 metros cuadrados de superficie útil) en 1999, cuando estaban en Moncloa. Al escriturar la compra, sobre la finca pesaba una hipoteca de unos 330.000 euros, que se aproximan a lo que cobra Aznar solo de News Corp.

El que fuera asesor de Endesa, la eléctrica cuya privatización culminó como presidente, es desde 2011 miembro del consejo asesor internacional de la minera Barrick Gold Corporation, la mayor compañía de extracción de oro del mundo, junto a otros ex altos cargos como el ex secretario de Defensa estadounidense William W. Cohen, el ex ministro canadiense de Exteriores John R. Baird o el alemán Karl-Theodor zu Guttenburg, que dimitió en 2011 como ministro de Defensa de Angela Merkel tras destaparse que plagió su tesis doctoral.

A través de una sociedad en Bermudas, Aznar, ex inspector de Hacienda del Estado, fue nombrado hace años consejero de Afiniti, dedicada a la inteligencia artificial, que no ha tenido el crecimiento esperado. En ella fue responsable en España su hijo Alonso Aznar, que también trabajó para Rhône, fondo de capital riesgo que en 2023 logró multimillonarias plusvalías al vender la empresa española de armamento Expal a la alemana Rheimetall. Su dueño, el estadounidense Robert Agostinelli, es íntimo de Aznar y uno de los principales financiadores de Friends of Israel, lobby proisraelí que ambos fundaron en 2010.

De ese año data el contrato que el expresidente firmó con Befesa (filial de Abengoa) para facilitar adjudicaciones de grandes proyectos de desalación en Libia bajo el régimen de Muamar el Gadafi, que, como reveló elDiario.es en 2014, contemplaba una “comisión de éxito” del 1% sobre las adjudicaciones obtenidas.

Aznar, que hace unas semanas recuperó su “el que pueda hacer, que haga” contra el Gobierno en pleno 'caso Zapatero', se incorporó en 2011 al consejo asesor del hedge fund (entidades de inversión libre con más margen de actuación que los fondos de inversión más habituales) británico Centaurus Capital, especializado en energía y mercados financieros.

En 2013, el gigante de la consultoría KPMG anunció que Aznar asesoraría a su presidente en España en cuestiones geopolíticas y macroeconómicas. También ese año se incorporó formalmente como senior advisor del consejo internacional del bufete DLA piper. En 2018 cambió este despacho por la firma Latham Watkins, de la que es special advisor. 

Por esas fechas, La Vanguardia reveló que trabajaba como lobista en Latinoamérica en favor del cigarrillo electrónico para Philip Morris acompañado de su entonces jefe de gabinete, Germán Alcayde, hoy ejecutivo de una empresa de hidrógeno verde que ha recibido millones en ayudas públicas y el aval de Isabel Díaz Ayuso. La mayor tabaquera del mundo fue uno de los mayores clientes de Equipo Económico, el despacho que fundó Cristóbal Montoro, imputado en una trama de presunto tráfico de influencias.

A estas labores de lobby de Aznar se suma la actividad de su centro de formación de líderes, el deficitario Instituto Atlántico de Gobierno. Con Alcayde como director general, Botella ejerce como “directora de los cursos ejecutivos”. El centro ha recibido muchos pequeños contratos de administraciones del PP. Organiza cursos junto a empresas como Repsol, cuya privatización culminó Aznar, y con la universidad privada Francisco de Vitoria, de los Legionarios de Cristo.

El expresidente de honor del PP también presidió hasta 2021 el Instituto Bussola, opaco lobby que contribuye a lavar la cara de Emiratos Árabes en Bruselas.

Como suele ser habitual cuando viaja un pontífice, llega en loor de multitudes y por la patilla. Porque, aunque Dios puede proveer (así lo dice el Génesis), cuando se trata de pasar por caja tiene la costumbre de mostrarse esquivo. Será la virtud de no dar ante el vicio de pedir, o que no hay ninguna intención de aplicar lo que dice el concordato en materia de autofinanciación. No entiendo que los católicos no se pongan de acuerdo para quedar un día a rezar y que a la Iglesia le lluevan los millones que hoy le pagamos entre todos. Ni que pensaran que rezar es como bailar alrededor del tótem y que no sirve para nada.

Al Papa León XIV hay que concederle algunos puntos. Alguien a quien Trump considera un enemigo merece, como mínimo, cierto respeto. Son galones. Si, además, logra que Aznar se levante de su asiento y se marche a mitad de su intervención en el Congreso, ya estamos en nivel ovación de gala. En los tiempos en los que vivimos, también se agradece que se haya puesto del lado, sin ambages ni matices, de los inmigrantes, aunque los de la ‘prioridad nacional’, tan píos ellos, no le vayan a hacer ni caso. Solo hay que ver las entrevistas que Elena Reinés (de Woke Up) hizo a Carlos Flores Juberías (Vox) —estuvo muy amable, no la maltrató—y Rafael Hernando (PP), para darse cuenta de que la derecha cristiana, mucho Santo Padre, pero ha entendido lo que ha querido entender

Sus palabras, aquellas en las que pedía el fin de la polarización, fueron tenidas en cuenta durante casi veinte minutos. Algo es algo. En el tema de la pederastia, en cambio, falló estrepitosamente a las víctimas. Ocasión perdida para haber salido por la puerta grande, pero cuando en España hay 7 cardenales y 60 obispos sospechosos de haber encubierto casos, igual no quieres ganarte enemigos. Sobre la discriminación de la mujer, me suena que tampoco no dijo nada. De alguien que recorre el mundo en falda cabía esperar algo más.

En cambio, no despertó el interés que merecía que el pontífice batiera el récord mundial de bautismo de bebés, no menos de 80 en dos días, durante su visita a Madrid. Desde un punto de vista científico, el hecho no es menor. Sería interesante, desde ya, dedicarse a monitorizar la vida de los afortunados y de otros 80 que no hayan gozado de ese privilegio —a modo de grupo de control— para ver qué beneficios aporta una bendición papal. Las conclusiones te las publica Nature sí o sí. Pero creo que no se hará. Para la Iglesia, la ciencia está más cerca de demostrar que al cojo de Calanda le creció la pierna que de negar que haga falta un ser supremo para explicar el origen del Universo. Con las bendiciones pasa que no sirven para nada, son un fin en sí mismo. Pura psicomagia. No hay que darle más vueltas, pues es bien sabido que no se disfruta lo mismo de un kebab si ves cómo han cazado al gato.

Pero hubo más. En el Congreso, el representante de un estado teocrático se permitió pontificar —ventajas de ser pontífice— contra el aborto y la eutanasia. Viniendo de alguien que se hace llamar padre sin tener hijos, creo que en lo relativo a la interrupción del embarazo debería ser más cauto, y más viviendo de una institución que ha sembrado el mundo de sobrinos. Según los datos del Ministerio de Sanidad, en 2025 se registraron 12,6 interrupciones del embarazo por cada mil mujeres de entre 15 y 44 años. Mientras, entre el 20 y el 25% de los embarazos deseados acaba en aborto involuntario. Son los que Dios, todopoderoso él, decide que no deben seguir adelante y sin consultar a la afectada. Dejo ahí el dato por si quieren reflexionar.

Mentar la eutanasia también es ganas de tocar las narices. El que tiene un problema no es el que niega que la Biblia sea palabra de Dios, sino el que se la cree. Si alguien disfruta de una muerte lenta, intubado, sin posibilidad de curación y teniendo a toda la familia pendiente (más si hay herencia de por medio), que le aproveche, pero al resto que nos dejen en paz. Durante siglos, la Iglesia llenaba de pájaros las cabezas de los más pequeños con las aventuras, tan enternecedoras como falsas, de creyentes que habían sufrido el peor de los suplicios ante la más horrible de las muertes por no renunciar a su fe en su amigo invisible. Morir por fanatismo, bien; morir por voluntad propia, cuando el coste de la vida supera con creces a los beneficios, mal.

Podríamos estar así durante horas para describir un viaje pastoral que, como todos los anteriores, apenas tendrá más valor que el anecdótico por mucho que la televisión pública no haya parado de dar la turra (al menos, no ha habido latrocinio como cuando vino Benedicto XVI a la Comunitat Valenciana). En realidad, por mucho que se empeñaran algunos en inflar las presuntas muestras de fe, el legado va a ser más bien pírrico. Mucha fe y mucha pasión, pero los de Bad Bunny no les iban a la zaga, y encima habían pagado más de cien euros por ver a un tío que, eso sí es milagroso, algunos dicen que es cantante.

Y luego llegó la realidad, empezó el Mundial y en los medios, el Papa pasó de cabeza de cartel a telonero ante el empuje de un partido del calibre de un México-Sudáfrica. Al final, el santo artificio quedó al descubierto: la visita de un papa tiene menos que ver con su mensaje que con engordar las audiencias.

Momento maravilloso de la realización televisiva del primer discurso del Papa en España: el Pontífice se pronuncia contra “las narrativas divisivas y polarizantes” y pide que se eviten “las palabras que humillan y enfrentan” y la cámara enfoca a José María Aznar y Felipe González, sentados uno al lado del otro; de refilón, como siempre, se vislumbra a Mariano Rajoy. El Papa también habló de “la noche oscura del alma” de San Juan, ese momento de crisis y tinieblas que puede dar lugar a un renacimiento, y ahí la realización no enfocó a nadie, aunque seguro que Pedro Sánchez pensó “que me va usted a contar a mí”. 

La visita del León XIV ha coincidido con la filtración y lectura compartida del diario/agenda de Leire Díez, una fan fatal del PSOE de Sánchez con delirios de grandeza propios. Cualquiera con buen criterio dentro de Ferraz hubiera pedido una orden de alejamiento (porque cualquiera sabe que a John Lennon le asesinó un admirador obsesivo) pero fue todo lo contrario: a ella alguien le dio cargos públicos, primero, y nadie, después, le desanimó de ejercer un papel de agente secreto de Hacendado a la busca y captura de testimonios de la guerra sucia contra Sánchez. No hay indicio alguno de que el presidente supiera algo de esta trama de Mortadelo y Filemón que no consiguió nada de lo que pretendía sino todo lo contrario. De lo que sí hay constancia es de procesos dudosos contra el hermano y la esposa del presidente por ser el hermano y la esposa del presidente, que jamás se hubieran producido si Sánchez no fuera presidente. De lo que sí hay constancia es de la prioridad nacional que Feijóo está firmando a lo largo y ancho de España. De lo que sí hay constancia es del sesgo de la alta judicatura para condenar o absolver acciones iguales dependiendo de quien las cometa. 

Nada de esto es, por supuesto, excusa. El PSOE necesita una limpieza desinfectante de muchos cargos y allegados que apoyaron a Sánchez para medrar y son incapaces de servir a sus siglas ni a los ciudadanos a los que representa este gobierno. El resto de izquierda debe dejar de usar al PSOE como muleta y chivo expiatorio y buscar su propio camino. Y con esto, el problema que tenemos y tendremos los ciudadanos no es ese. Mientras leemos las anotaciones de una fontanera flipada olvidamos lo que se nos viene encima por parte de un partido que sí controla todas las instancias y resortes del poder y que se aliará con otro partido racista, machista e ineficiente. Y, sobre todo, olvidamos el modelo de país que muchos queremos: con servicios públicos de calidad, que invierta en sanidad, educación y comunidades locales, que no tolere tener a gente viviendo en la calle, que no discrimine por el lugar de origen, que luche por salarios dignos y empresas productivas, que fría a impuestos a los ricos, que se ría en la cara de Abascal y su prioridad nacional. Por ese país habrá que votar, cuando toque. 

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha intervenido este domingo en la jornada de clausura del 27º Congreso de las Juventudes Socialistas y en el que ha defendido de nuevo su intención de agotar la legislatura y la importancia de seguir al frente del Ejecutivo para que las transformaciones políticas y sociales “enraícen” entre los españoles. A pesar de los casos de corrupción y las causas judiciales que afectan al principal partido del Gobierno.

“Necesitamos tiempo para que esas grandes transformaciones enraícen”, ha dicho Sánchez poco antes de recordar que este lunes se cumplen ocho años de la moción de censura contra el gobierno de Mariano Rajoy y que le aupó a la Presidencia hasta ahora. Tras ello, ha destacado algunos hitos económicos y políticos logrados por el actual Ejecutivo en relación con los jóvenes, como la reducción en 12 puntos de la tasa de paro, el descenso de 30 puntos de la temporalidad desde 2008, el bono cultural o las bonificaciones al transporte para jóvenes.

El líder socialista, que ha intervenido en este congreso de las juventudes del partido celebrado en la sede de UGT en Madrid y del que ha salido elegida Aránzazu Figueroa, la primera mujer al frente de las Juventudes Socialistas, ha defendido que la intención del partido es “construir la España de 2030”, para lo que ha puesto como ejemplo la intención del Ejecutivo de llegar a un 80% de consumo de “energías limpias” para ese año.

Y ha vuelto a hacer mención al tiempo, concepto que ha utilizado para dar forma a su discurso: “Por eso el tiempo también te da la perspectiva de organizaciones centenarias como las nuestras para saber que mientras la oposición marrullera puede seguir maniobrando, nosotros seguimos gobernando hasta 2027 y todo el tiempo que quieran los españoles”.

Antes, Sánchez ha sintetizado estas “maniobras” de la oposición de derecha y ultraderecha en las palabras del expresidente del Gobierno José María Aznar, que esta semana volvió a insistir en su idea de “el que pueda hacer que haga” en un mensaje hecho público en la red social Instagram.

“En algunas ocasiones veo a la derecha y a la ultraderecha y da la sensación de que, después de 120 años de las Juventudes, después de 147 años de historia del PSOE. De más de 40 años de democracia en los que por cierto ha gobernado la mayoría de años el Partido Socialista... da la sensación de que no nos conocen. Bueno, no la sensación no... no nos conocen. Porque el socialismo democrático puede tropezarse, porque el socialismo democrático es un proyecto humano, y podemos por tanto tener esos tropiezos, pero nunca damos una batalla por perdida. Nos levantamos, y avanzamos”, ha defendido Sánchez, en referencia a los últimos golpes judiciales que afectan al Partido Socialista o al expresidente Rodríguez Zapatero.

“No negamos los problemas, pero tampoco lo que se puede hacer es negar la cuenta de resultados de este Gobierno de coalición progresista, porque España lleva ocho años avanzando, pese a las dificultades y los problemas. Esta oposición marrullera lo que quiere es hacer que España se frene o incluso que retroceda”, ha manifestado.

Tras ello, ha calificado las palabras de Aznar de “un Do de pecho algo desafinado” de “un personaje que siempre se ha sobreestimado”. Del expresidente popular ha dicho que aportó “la corrupción”, en referencia a los casos judiciales que afectaron después al que fuera su superministro de Economía Rodrigo Rato, “la gran mentira del 11 de marzo” y el incorporar a España “a una guerra ilegal que fue la guerra ilegal de Irak”.

Pedro Sánchez, que ha insistido en que Aznar “nada tiene de qué presumir”, ha asegurado también que sus palabras son “un grito de desesperación, de frustración” y también “una proclama profundamente antidemocrática”. Y ha exclamado que “en una democracia parlamentaria como la española, quien llega al gobierno es quien más votos suma, y no quien busca atajos”.

El secretario general socialista ha situado “enfrente” a la ultraderecha, y ha acusado a Vox de haber acudido a Oporto a un “congreso xenófobo” en el que se ha defendido “la supremacía de la raza blanca”. “Nosotros lo que tenemos que decir, es que eso que llaman prioridad nacional, o en este caso supremacía de la raza blanca, no es sentido común: es xenofobia”, ha defendido Sánchez, que ha agregado que “esa es la alternativa que tenemos enfrente: una ultraderecha xenófoba y una derecha que traga con la xenofobia de esa ultraderecha”.

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha alentado de nuevo a que “el que pueda hacer, que haga” en mitad de la polémica desatada por la imputación de su sucesor, José Luis Rodríguez Zapatero. “En esta situación insostenible en España, la frase cobra más sentido que nunca”, ha defendido.

El exlíder del Partido Popular considera que “más que nunca necesitamos ciudadanos responsables, comprometidos con nuestro país, dispuestos a hacer, a actuar, a servir a nuestro país para salir de esta situación insostenible en la que estamos”.

Las palabras de Aznar llegan una semana después de la imputación de Zapatero dentro del caso Plus Ultra por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad. La decisión fue acordada por el instructor del caso en la Audiencia Nacional, José Luis Calama, que le cita a comparecer como investigado el próximo 2 de junio. Los documentos del sumario judicial que sustentan la investigación estrechan el cerco sobre sus hijas.

El pasado martes, horas después de la imputación del ex secretario general del PSOE, Aznar aseguró no tener “nada que decir”. “Nada más que en España los jueces son independientes y toman las decisiones que les parece oportunas en función de los hechos que conocen y en función de lo que consideran necesario”, añadió en el VII Foro Internacional Expansión Parador Nacional. “La justicia en España es independiente y los jueces son independientes, no tengo nada más que decir sobre este asunto”, subrayó.

La frase “el que pueda hacer, que haga” tiene su origen en noviembre de 2023, tras el fracaso en la investidura de Alberto Núñez Feijóo y en plenas negociaciones para la votación que permitiría a Pedro Sánchez revalidar su cargo en la Presidencia tan solo unos días más tarde. Una situación “extraordinariamente grave” derivada de la amnistía de los delitos del procés, culminada en 2024.

“El señor candidato Sánchez es un peligro para la democracia constitucional española”, aseguró el expresidente. “En esta situación la inhibición no tiene hueco. ¿Qué se puede hacer? El que pueda hablar que hable, el que pueda hacer que haga, el que pueda moverse que se mueva, cada uno en su responsabilidad tiene que ser consciente de la situación”, reclamó.

El expresidente 'popular' mantiene su ofensiva constante contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez. En 2024, hizo un llamamiento a los españoles a una “movilización” permantente contra “la coalición de ultraizquierda”. En noviembre de 2025, consideró que el motivo por el que Sánchez no adelanta eleccione eran las “cuestiones judiciales”: “No hay más razón para estar en el Gobierno que las cuestiones judiciales. ¿Y cómo se afrontan mejor las cuestiones judiciales? Parece que se afrontan mejor en el Gobierno”.

El PP presiona a Junts y PNV

El Partido Popular trata de hacer. Pero, por ahora, no hace: no prevé presentar de forma inminente una moción de censura. “Tenemos tiempo, quedan muchas semanas”, sostienen fuentes de Génova. Los de Feijóo no confían en que salga adelante y temen “regalar” un triunfo político a Sánchez. El PP pretende que sean los socios del Ejecutivo los que empujen la moción, pero Junts y PNV enfrían las opciones de apoyar un cambio en Moncloa, pese a las advertencias de Aitor Esteban.

El predecesor de Aznar, Felipe González, comparte la tesis de los 'populares': no presentaría una moción de censura contra Sánchez porque se dejaría de hablar sobre el caso de Plus Ultra y la imputación. En cambio, cree que “debería haber elecciones” este año, con lo que insta al Gobierno a adelantar los comicios.

Sobre Zapatero, no le ve “con capacidad para montar una ingeniería financiera” como la que apuntan los informes de la UDEF. “Que Zapatero haya llegado en su carrera vital a [saber] lo que es una sociedad offshore... No lo veo. Ahora, que se deje arrastrar por Maduro y Delcy, que le llaman 'principito'...”.

Fue la palabra de moda en Internet durante unas semanas, quizá un mes, y luego la New York Magazine le dedicó su portada: «tiene los ojos de su madre… ¡y su agente!». Como explicaba el reportaje, durante unas semanas, parecía que todo el mundo era el hijo de alguien: artistas indies de Brooklyn cuyos padres tienen un artículo dedicado a ellos en Wikipedia, cantantes que son hijos de directores de cine, artistas que son hijos de cantantes, cantantes que son hijos de cantantes. «Un bebé es un montón de alegría; un nepobaby es la prueba física de que la meritocracia es mentira». Todo el mundo es hijo de alguien, pero no de alguien; ser hijo de famoso ayuda mucho, desde luego, a la hora de convertirse en famoso, tener acceso a contactos, una agenda, capacidad de influencia. Donde más se ha visto es en el mundo de las artes, el entretenimiento, el espectáculo. Pero no solo.

Los hijos de Aznar y Ana Botella no serán exactamente nepobebés, ¿pero quién va a negar que les habría sido mucho más difícil montar sus negocios, sus empresas de restauración, navegar entre la jet set madrileña, poder acceder a la gente adecuada, si no fueran precisamente los hijos de sus padres? Hunter Biden, hijo de Joe Biden, llegó a los 25 años a un alto puesto ejecutivo en un banco de Delaware… que financiaba parte de las campañas electorales de su padre. El yerno de Trump, Jared Kushner, aparte de ser hijo de un multimillonario, es directamente “enviado especial para la paz” en el Gobierno de su suegro. Como ha contado este mismo periódico, Felipe González fue socio de Oyauri Investment con su propio hijo, empresa posteriormente adquirida por Indra cuando Indra era presidida por un hombre… nombrado por el propio Gobierno de Felipe González en 1993.

Imagino que, para unos padres, desear el mejor futuro posible para sus hijos es un sentimiento casi universal. Ante la adversidad se está, pues, dispuesto a ayudar, disponer, allanar el camino, recoger y apoyar cuando los niños tropiezan y se caen. Sería difícil obviar que la cultura española, empresarial y, básicamente, la cultura en general, se rige por contactos: quién conoce a quién, y de qué, y a qué colegios iba, y dónde estudió y qué amigos hizo. Nadie se habría escandalizado si la ayuda de Zapatero a sus hijas hubiese consistido simplemente en hacer algunas llamadas y tirar de un par de contactos para asegurarles las mejores prácticas o un pequeño puesto trampolín desde el que comenzar sus carreras. Hay ciertas dosis de nepotismo que no escandalizan, aunque sean igual de sintomáticas de la desigualdad que todas las demás. Hay nepotismos que toleramos, porque culturalmente nos parecen nuestros, casi sanos, no tachables; hay otros, claro, que no.

Será la justicia la que aclare la realidad de la imputación de Zapatero y todo aquello de lo que se le acusa. Entiendo perfectamente el ánimo de consternación e incredulidad que ha reinado esta pasada semana. De lo más extraño me han parecido, de todas las informaciones, las que trataban específicamente la facturación de Whathefav, acusada de ser canalizadora financiera, de mover más de un millón de euros recibidos de empresas como Análisis Relevante o Inteligencia Prospectiva sin que ese millón hallara justificación laboral alguna más allá de “la maquetación de un informe”. Por bien que se maquete, me cuesta creer que alguien pague 40.000 euros al año por abrir el InDesign o, en el peor de los casos, el Canva; me cuesta menos creer que alguien pague 40.000 euros al año a la empresa de las hijas del expresidente por ser ellas las hijas del expresidente, pero me perturban las conclusiones a las que eso lleva, los deslices éticos, la torpeza que trasluce.

No deja de tener su parte injusta el foco sobre él de estos días y la permisividad con los otros. Hasta que se demuestre lo contrario, no creo necesariamente que Zapatero haya hecho cosas peores que otros expresidentes; el problema está en que no creo que las acciones de los demás estén tampoco justificadas, ni que podamos zanjar este tema con un “¡es lo que los expresidentes hacen!”. Resulta enormemente incómodo para cualquier persona de izquierdas tener una sombra de duda sobre la presencia de nepobebés en La Moncloa. Resulta un agravio inmenso a cualquier aspiración de justicia social que, mientras la juventud vive sin perspectivas de futuro, sin trabajo decente y sin casa, las hijas de Zapatero, que ya contaban con un negocio aparentemente viable antes de facturar a las empresas relacionadas con su padre, “embolsen” gracias a su padre ese millón adicional. Y, sobre todo, abre la pregunta, la que más desánimo y consternación generará, si lo que escuchamos —y a lo que ya dan credibilidad medios de todo signo, no sólo “la derecha”— acaba revelándose como cierto, en mayor o menor porcentaje: ¿qué necesidad había de todo esto?

Se van a cumplir ya tres años de unas elecciones generales que la derecha de este país creía que tenía ganadas. Y como ya sucediera en el 95, desde la misma noche electoral, se han cuestionado los resultados, se ha tildado al gobierno de ilegítimo y se le ha asediado judicial y políticamente.

Desde el punto de vista judicial, los casos contra Begoña Gómez, el hermano del Presidente o el ex Fiscal General del Estado demuestran un activismo judicial impropio de un Estado de Derecho, que ha contribuido al desgaste del presidente pero no ha conseguido hacerlo caer. 

Desde el punto de vista político, tampoco la estrategia de Núñez Feijóo de encadenar cuatro elecciones autonómicas consecutivas ha conseguido el fin esperado porque aunque el Partido Socialista sale debilitado, el Partido Popular depende cada vez más de Vox. 

Una vez que esa estrategia ha fallado, el Partido Popular trata ahora de presionar a los socios de investidura para que retiren su apoyo al gobierno, aprovechando la imputación del expresidente Rodríguez-Zapatero, conocida esta semana. 

No sabemos si Junts cederá, como cedió en el 95 Jordi Pujol. Por ahora, los socios aguantan a la espera de la declaración del presidente el día 2 de junio. Veremos entonces que pasa y si, como sucedió entonces, nos encontramos ante unas elecciones anticipadas.

La mayor tabaquera del mundo, un gigante minero, grandes eléctricas, fondos de capital riesgo, bufetes…. Son algunos sectores y grandes empresas a los que han prestado servicios de asesoría y lobby en las últimas décadas los expresidentes del Gobierno José María Aznar y Felipe González.

Ambos tienen un bagaje empresarial mucho más destacado que el de José Luis Rodríguez Zapatero, primer expresidente imputado por corrupción en la historia democrática de España, por el presunto cobro de comisiones ilegales a través de una red de empresas interpuestas para influir a favor de la aerolínea Plus Ultra.

El historial conocido de cargos en empresas del político leonés es casi tan magro como el del anterior presidente, Mariano Rajoy. El presumible “M. Rajoy” de los famosos papeles de Bárcenas (la caja B del PP) logró en marzo el traslado de su plaza de registrador de la propiedad desde el Registro Mercantil 5 de Madrid a su nuevo destino, el de Bienes Muebles Central I.

Por su parte, González y sobre todo Aznar llevan años dedicados a consultoría y lobby para distintas grandes empresas. El currículum es especialmente dilatado en el caso del político del PP. En junio cumplirá 20 años como consejero de News Corp, el gigante mediático del magnate ultraconservador Rupert Murdoch, que en estos años le ha pagado unos cinco millones de dólares por sus servicios.

El pasado ejercicio, el sueldo de Aznar en News Corp (que es público, al cotizar esta empresa en Estados Unidos) fue de 341.565 dólares. A esa suma se añaden los 10.000 euros mensuales que el grupo de Murdoch pactó pagar a Aznar a través de su sociedad familiar Famaztella desde septiembre de 2004 hasta su nombramiento como consejero en junio de 2006, en concepto de “servicios de asesoría”.

El resto de cantidades percibidas por Aznar de grandes empresas en los últimos años no son públicas. No consta que las haya facturado a través de esa sociedad, que los Aznar crearon en 2004 para la explotación de sus derechos de propiedad intelectual, incluyendo sus libros, discursos y conferencias, y que hace más de diez años fue sancionada por Hacienda tras una inspección.

Uno de los pagadores de Aznar ha sido Endesa, la eléctrica cuya privatización culminó su primer gobierno. Le fichó como asesor en 2011, especialmente para asuntos relacionados con Latinoamérica, aunque la relación se rompió años después. En 2019 este medio publicó que Afiniti, compañía de inteligencia artificial para call centers de la que Aznar se convirtió en consejero en 2016, estaba tanteando a grandes empresas españolas, entre ellas, la propia Endesa, para venderles su solución tecnológica. 

La italiana Enel (dueña de Endesa) aparecería luego en la lista de clientes de la web de Afiniti, que Aznar (ex inspector de Hacienda) administraba a través de una firma en Bermudas (un paraíso fiscal) y cuya filial española estaba a cargo del hijo menor del expresidente, Alonso Aznar. Este último también trabajó para el fondo de capital riesgo Rhône, que recientemente logró multimillonarias plusvalías en España con la venta de la empresa de armamento Maxam. El dueño de Rhône, el empresario estadounidense Robert Agostinelli, es íntimo de José María Aznar y uno de los principales financiadores de Friends of Israel, lobby proisraelí que ambos fundaron en 2010.

De ese año data el contrato que Aznar firmó con Befesa (filial de Abengoa) para facilitar adjudicaciones de grandes proyectos de desalación en Libia bajo el régimen de Muamar el Gadafi, que, como reveló elDiario.es en 2014, contemplaba una “comisión de éxito” del 1% sobre los contratos obtenidos.

En 2011, el expresidente popular se incorporó, además de a Endesa, al consejo asesor del hedge fund (entidades de inversión libre que tienen más margen de actuación que los fondos de inversión más habituales) británico Centaurus Capital, especializado en energía y mercados financieros, y al consejo asesor internacional de la minera canadiense Barrick Gold, dedicada a la extracción de oro, y a la que todavía asesora en la actualidad, según su web. 

En 2013, el gigante de la consultoría KPMG anunció que Aznar asesoraría a su presidente en España en cuestiones geopolíticas y macroeconómicas. También ese año se incorporó formalmente como senior advisor del consejo internacional del bufete DLA piper. En 2018 cambió este despacho por la firma Latham Watkins. 

Por esas fechas, La Vanguardia reveló que Aznar estaba trabajando como lobbista en Latinoamérica en favor del cigarrillo electrónico para Philip Morris. La mayor tabaquera del mundo fue uno de los principales clientes de Equipo Económico, el despacho que fundó el exministro Cristóbal Montoro, actualmente imputado en una trama de presunto tráfico de influencias.

En esas gestiones a favor del vapeo a Aznar le acompañaba su entonces jefe de gabinete, Germán Alcayde, hoy ejecutivo de una empresa de hidrógeno verde que ha recibido millones en ayudas públicas y el aval de Isabel Díaz Ayuso.

A estas labores de lobby de Aznar se suma la actividad de su centro de formación de líderes, el deficitario Instituto Atlántico de Gobierno. Con Alcayde como director general desde octubre de 2023, la esposa del expresidente y exalcaldesa de Madrid Ana Botella ejerce como “directora de los cursos ejecutivos” desde hace un par de años. El centro, como reveló elDiario.es, ha recibido muchos pequeños contratos de administraciones del PP. Organiza cursos de la mano de empresas como Repsol, cuya privatización también culminó Aznar, y con la universidad privada Francisco de Vitoria, de los Legionarios de Cristo.

La relación con el mundo del lobby del expolítico popular se inició incluso antes de dejar la Moncloa en 2004. En julio de ese año trascendió que, con Aznar todavía como presidente, su Gobierno había pagado dos millones de dinero público a una empresa en Estados Unidos, Piper Rudnick, para lograr la concesión de una medalla honorífica del Congreso de Estados Unidos.

El “jarrón chino”

Mucho menos extenso es el currículum empresarial de Felipe González, que hace 30 años acuñó aquella famosa frase comparando a los expresidentes con un “jarrón chino”: “Se supone que tienen valor y nadie se atreve a tirarlos a la basura, pero en realidad estorban en todas partes”, afirmó al poco de salir de Moncloa.

Su fichaje más reciente es su nombramiento en 2019 como consejero de Boluda Towage, filial del grupo Boluda, líder mundial del mercado de remolque marítimo, del gigante naviero del multimillonario valenciano Vicente Boluda, una de las mayores fortunas del país.

La actividad más conocida del socialista como asesor de una gran empresa fue su labor como consejero de la actual Naturgy (entonces Gas Natural Fenosa) entre 2010 y 2014. González compatibilizó ese puesto con su presencia en el Consejo Rector de Doñana mientras Gas Natural tramitaba un almacén de gas en ese entorno protegido. 

Un trabajo que la gasista le encomendó por su amplia experiencia internacional y sus buenas relaciones con el mundo latinoamericano. Él mismo lo calificó como “muy aburrido” cuando anunció que lo abandonaría, tras embolsarse más de 400.000 euros en esos años (a razón de 126.500 euros anuales).

Previa a su contratación por Gas Natural fue la carta que González escribió en septiembre de 2009 a un dictador africano, el entonces presidente de Sudán del Norte, Omar Al-Bashir, para favorecer al polémico empresario hispano iraní Massoud Zandi, socio del entonces presidente de Prisa, Juan Luis Cebrián, en una opaca petrolera que quería hacerse con un yacimiento en Sudán. 

“Es una persona honorable, seria, trabajadora y con relaciones internacionales al más alto nivel”, escribió González de Zandi, que acabó denunciado por la Fiscalía española por defraudar a Hacienda, y al que el expresidente alabó en un vídeo calificándolo como una de las personas “con más capacidad emprendedora que he conocido”. “No he visto a nadie con más habilidad para crear espacios nuevos (...) Él, por sí mismo, es un creativo irrepetible, no he visto a nadie con más iniciativas audaces y con más capacidad emprendedora (...). Ahora que tanto se habla de espíritu emprendedor, este es un emprendedor nato”, dijo el exlíder del PSOE de Zandi.

En 2011, en plena crisis tras el estallido de la burbuja inmobiliaria y mientras estaba en la actual Naturgy, González también creó un vehículo de inversión, Tagua Capital. El fondo (que fue un fiasco) quería convertirse en firma de referencia del sector en España y especial foco en el sector tecnológico, con unos objetivos muy ambiciosos, captar entre 120 y 150 millones de capital.

El dinero debía proceder de inversores como el multimillonario mexicano Carlos Slim, al que González ha prestado servicios de consultoría en el pasado: “Le asesoro como negocio. Sigo siendo amigo mío y le sirve mi asesoramiento… ¿pero no es compatible la amistad con asesorar negocios?”, declaró hace años en un programa de televisión sobre su relación con el magnate mexicano de origen libanés, la mayor fortuna de Latinoamérica y una de las personas más ricas del planeta.

González, que también ha cultivado en esa región amistades como la del fallecido multimillonario venezolano Gustavo Cisneros (al que el Gobierno socialista vendió Galerías Preciados a precio de saldo tras la expropiación de Rumasa), visitó hace veinte años junto a Slim al rey de Marruecos, Mohamed VI. En aquel momento el mexicano quería introducir su compañía telefónica, Telmex, en el país magrebí.

En Tánger, González tuvo unos terrenos en primera línea de playa que vendió en 2014 a la familia real saudí. Sobre la finca estaba prevista la construcción de una mansión para el expresidente a cargo de la constructora Procisa, propiedad de su íntimo amigo el fallecido Luis García Cereceda, promotor de la exclusiva urbanización La Finca en Pozuelo de Alarcón.

Esa propiedad en Tánger estaba a nombre de Ialcon Consultoría SL, empresa que creó Felipe González en 2001. Domiciliada en Pozuelo y administrada por una hija del expresidente (María González Romero), en 2024 esta firma facturó algo menos de 43.000 euros, según sus últimas cuentas disponibles. En ellas indica que su actividad principal es la de “otras actividades profesionales, científicas y técnicas”.

Para lanzar Tagua Capital González se rodeó de referentes empresariales como Amparo Moraleda (expresidenta de IBM España y futura presidenta del gigante aeronáutico Airbus) o su íntimo Joaquín Moya-Angeler, que también presidió IBM España.

Con este último y su hijo Pablo, el expresidente fue socio en la firma Oyauri Investment, que en 2013 fue adquirida por Indra, entonces todavía presidida por Javier Monzón, al que el Gobierno de González había colocado al frente de Indra en 1993 tras impulsar la fusión de varias empresas públicas del sector.

La compra de Oyauri acabó en un conflicto judicial millonario por un bonus a favor de los vendedores. Entre ellos, el citado Moya-Angeler, quien había sido consejero de la propia Indra y quien, por cierto, también cliente de la citada Equipo Económico. Una firma vinculada a él, Inmoan SL, pagó a la consultora que fundó el exministro de Hacienda de Aznar 93.981,67 euros, según el sumario del caso Montoro.

Aquella foto de César Lucas fue el símbolo de la victoria socialista de 1982. Felipe González y Alfonso Guerra unen sus manos para levantarlas en señal de triunfo desde una ventana del hotel Palace en la noche del 28 de octubre. González contó años después en varias ocasiones que estaba abrumado por la responsabilidad en ese momento. Pero el resultado arrollador –diez millones de votos, un 48,1 % y casi veintidós puntos de ventaja sobre Alianza Popular– no fue una total sorpresa para los dirigentes socialistas.

Se dijo que era el fin de la Transición por aquello de fijar un desenlace con el regreso de la izquierda al poder después de la larga noche que había comenzado en 1939. No es que lo de antes a partir de 1977 no fuera una democracia, pero al menos se había acabado el periodo en el que todo el sistema político estaba cubierto por andamios y señales de obras. El eslogan de la campaña –‘Por el cambio’– no es un prodigio de originalidad. Tiene más enjundia lo que responde González cuando le preguntan por su significado: “Que España funcione”. Parece de un pragmatismo casi decepcionante. Pero también es efectivo. España no funcionaba o al menos no lo hacía de la forma que esperaba la gente. No había Estado en ese momento que sirviera para construir una democracia o el que había no servía más que para ir tirando.

Hasta entonces había sido “Felipe” para todo el mundo. Julio Feo advierte a todos en Moncloa que a partir de entonces será “el presidente”. La revista Cambio16 lo certifica en portada con una foto de un serio y encorbatado González y el titular: “Bienvenido, señor presidente”. Los ministros se tratan de usted en el Consejo de Ministros, por muy amigos que sean. Guerra cuenta que un ministro, de indudable inocencia, preguntó en la primera reunión: “¿Y aquí cómo se vota?”. Le respondió que todos podrían debatir algunos asuntos, pero que la decisión última sería del presidente. El Gobierno, incluido su presidente, cuenta con 17 integrantes. Todos hombres. Era un tiempo en que estas cosas pasaban casi desapercibidas.

Una semana después de las elecciones y antes del debate de investidura, ETA asesina al general Víctor Lago, jefe de la unidad más importante del Ejército, la División Acorazada Brunete. “Evidentemente, esta acción vale para ellos lo que veinte en el País Vasco”, dice a El País Manuel Ballesteros, jefe del Mando Único de la Lucha Contraterrorista.

Los ministros de Economía en la primera década de González, Miguel Boyer y Carlos Solchaga, representan una tendencia liberal que le acompaña en su presidencia. Lo que toca es construir un Estado de bienestar en el que la sanidad sea un derecho universal y se modernicen unas infraestructuras que son impropias de un país europeo. Para esto último, habrá que esperar al ingreso en la Comunidad Europea.

Antes de eso, habrá que cumplir con la promesa de un referéndum sobre la OTAN. El giro ya se intuía en el eslogan de 1981: ‘OTAN, de entrada, no’. La campaña en marzo de 1986 termina siendo un plebiscito sobre la figura de González. ¿Quién gestionará el ‘no’ a la OTAN?, avisa. En realidad, el partido ya no utiliza las siglas, sino que sólo habla de “Alianza Atlántica” en sus discursos. Alianza Popular intenta aprovechar el dilema y pide la abstención. “Soy un atlantista convencido, pero este es un referéndum fraudulento”, dice Manuel Fraga en una entrevista en ABC. Su intención es que la derrota fuerce la dimisión de González. Gana el ‘sí’ con el 56,8% de los votos y una participación del 59,4%.

Desde el primer momento, el Gobierno debe gestionar sus contradicciones. Impulsa una liberalización de la economía y devalúa la peseta en su primera reunión. Al mismo tiempo cumple promesas que benefician a los trabajadores. Aprueba la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales. En una respuesta que recuerda a todo lo que ha hecho la patronal en los últimos 40 años, la CEOE prevé que será un desastre para la economía. Anuncia que tendrá “un coste teórico” de 180.000 millones de pesetas y exige que suponga una reducción equivalente de los salarios. Si los asalariados trabajan menos, tendrán que cobrar menos, dice.

La huelga general

La reconversión industrial termina por arruinar las relaciones entre el PSOE y el sindicato UGT. Puede que fuera inevitable en varios sectores, pero el coste social es inmenso. Se pierden de inmediato decenas de miles de puestos de trabajo. Pueblos y ciudades que viven de plantas industriales que ya no son rentables se quedan sin su principal fuente de empleo. Un plan de empleo juvenil termina causando el estallido. UGT y CCOO convocan una huelga general en 1988 que el Gobierno desdeña. Pero su éxito es espectacular. Las ciudades están vacías como si sus habitantes hubieran desaparecido.

En 1989, el rey Juan Carlos tiene un encuentro con el general Manglano, jefe del Cesid y uno de sus principales confidentes. Le cuenta que lleva años recibiendo dinero de Arabia Saudí. En primer lugar, “36 millones de dólares para la Transición”. Años después, un préstamo sin intereses de 50 millones que le permite obtener “una ganancia de 18 millones”. Las entregas se suceden. Entre donaciones y préstamos, que no está claro que se devolvieran, el jefe de Estado recibe financiación de una dictadura extranjera por valor de 136 millones de dólares. El Gobierno oculta a la opinión pública tanto su fortuna en el extranjero como sus infidelidades. El rey es intocable y como tal se le protege.

El 1992 es una fiesta. La Expo de Sevilla y los Juegos Olímpicos de Barcelona son el culmen de la euforia. Es “el año de España”, dice la revista norteamericana Newsweek. España es un país que ha dejado atrás los fantasmas de su pasado, coincide la prensa internacional, un ejemplo para los países de Europa del Este inmersos en la transición a la democracia. En ese año, la economía empieza a dar los primeros síntomas de agotamiento. Pronto llega el choque con la realidad. El índice de paro salta del 16,9% en 1991 al 20% un año después. Y sigue subiendo. El 23,8% en 1993 y una décima más en 1994. Políticamente, es mucho peor. Toda la corrupción incrustada en el sistema sale a la luz. El juez Baltasar Garzón vuelve a la Audiencia Nacional después de una breve incursión en la política y descubre que Amedo y Domínguez están dispuestos a cantar sobre los crímenes de los GAL. En la Ejecutiva Federal del PSOE en 1995, González define las investigaciones como una gran conspiración contra él: “Existe un intento claro de destrucción del Gobierno y toda la tarea hecha en estos años. La estrategia se parece mucho a la empleada contra Azaña en los años 30”. No le servirá de nada.

La huida de Luis Roldán y la condena de Mariano Rubio hunden la imagen de su Gobierno. En 1996 ya no quedan más trucos en la chistera y aun así el Partido Popular solo supera al PSOE por 290.000 votos. “Nunca una derrota había sido tan dulce y una victoria tan amarga”, dice González sonriendo en la noche electoral. Pero, por dulce que sea, sigue siendo una derrota.

Al igual que ahora el PP habla de desmontar el sanchismo cuando llegue al poder, Jose María Aznar presume de que ha llegado el momento de demoler el felipismo. Le acompaña una nutrida brigada mediática convencida de que Felipe González ha puesto en peligro a la democracia con su forma autocrática de gobernar, una acusación idéntica a la que se hace ahora a Pedro Sánchez. Como dice Luis María Anson en 1998, “se rozó la estabilidad del propio Estado” en la tarea de demolición: “La cultura de la crispación existió porque no había manera de vencer a González con otras armas”.

ETA, Aznar y Miguel Ángel Blanco

Trece años, cinco meses y tres días de gobierno no son tan fáciles de borrar como quisieran. El PP se lo toma con calma y apuesta por centrarse en la liberalización de la economía. El buque insignia es la privatización de las empresas públicas como Telefónica, Tabacalera, Endesa y Repsol. Algunas de ellas caen en manos de amigos de Aznar o personas de su total confianza.

“España va bien”, repite Aznar en el Congreso, como si con su sola presencia hubiera enderezado el rumbo. Ayudada por el ciclo económico, España entra por una senda de crecimiento sostenido con gran creación de empleo y descenso de la inflación que facilita la entrada en el euro.

El Gobierno se enfrenta a un agravamiento de la amenaza terrorista cuando ETA pone en el punto de mira a concejales del PP y del PSOE. La tensión llega al punto más alto con el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco. La respuesta popular es inmensa y garantiza al Gobierno que no sufrirá desgaste por mantener una línea dura contra ETA. La sorpresa salta cuando Aznar hace público en noviembre de 1998 que se van a iniciar negociaciones: “He autorizado contactos con el entorno del Movimiento Vasco... de Liberación”. El PP se pliega a los deseos de su líder. Carlos Iturgaiz, presidente del PP vasco, pide a las viudas de sus compañeros asesinados por ETA “un poco más de sacrificio por la paz”. Los contactos secretos con Herri Batasuna y luego con ETA en Ginebra no llevan a nada y la organización terrorista rompe la tregua.

La llegada del euro

Con la entrada en vigor del euro con España dentro, Aznar parece haber culminado sus aspiraciones. El naufragio del ‘Prestige’ y la catástrofe ecológica desnudan a un Gobierno convencido de que siempre se saldrá con la suya. Aznar no aprende la lección sobre los límites del poder y suma a España al grupo de países que apoya la invasión de Irak. Aun así, el PP está convencido de su victoria en 2004, esta vez con Mariano Rajoy de candidato. Las últimas encuestas de la campaña dan una ventaja de unos tres puntos al PP. Pero el 11M lo cambia todo. España sufre el mayor ataque terrorista de su historia tres días antes de las elecciones. El Gobierno decide que la autoría de ETA es lo único que le salvará y en poco más de 48 horas su plan se viene abajo. La derecha nunca aceptará que esa derrota tiene más que ver con sus errores y el ejercicio arrogante del poder que con los méritos del rival.

José Luis Rodríguez Zapatero entra en Moncloa sin ninguna experiencia previa en un Gobierno. Elige a 16 personas para su Consejo de Ministros, de las que siete son mujeres. Demuestra audacia al retirar las tropas españolas de Irak. Zapatero hace todo lo que Felipe González no quiso o no podía hacer, en especial sobre memoria histórica. La democracia ha vivido durante décadas sin tocar las estatuas y monumentos que tienen un carácter de homenaje al franquismo y al dictador. Hay que esperar hasta 2005 para que se retire la estatua ecuestre de Franco en Nuevos Ministerios en Madrid y tres años más tarde la de Santander. Entre medias, el Parlamento aprueba la ley de memoria histórica con la intención expresa de reparar el daño sufrido por las víctimas de la dictadura. El PP la denuncia por considerarla una forma de “reabrir heridas”, aunque nadie achaca a los españoles del presente los crímenes del pasado.

Las costuras del sistema político comienzan a agrietarse con la feroz oposición del PP a Jose Luis Rodrígez Zapatero, que se hace aún más dura cuando el presidente acepta negociar con ETA. Antes de los contactos, el PP ya está deslegitimando al Gobierno. Rajoy acusa al presidente de “traicionar a los muertos”. Zapatero no se deja intimidar. Hay que esperar a octubre de 2011 para que ETA haga público “el cese definitivo de su actividad armada”. La organización terrorista nunca consiguió los objetivos políticos que exigió a lo largo de su historia.

No es la convulsión creada por esas negociaciones la que hunde a Zapatero. “La economía va como un tiro”, había dicho en su primer mandato. Hasta que naufraga a partir de los efectos de la tormenta que se origina en EEUU con la quiebra de Lehman Brothers. No es un caso de simple contagio. La burbuja inmobiliaria ha desatado una loca carrera especulativa en muchas de las entidades financieras sin que el Banco de España haya hecho nada útil al respecto. La crisis de la deuda en el sur de Europa obliga a un fuerte recorte del gasto público que no impide que se doble la deuda pública hasta un 70% del PIB en 2011. El PSOE pierde el 38% de sus votos en las elecciones de ese año.

Mariano Rajoy recibe el poder sin hacer prácticamente nada y gracias a promesas que sabe que no podrá cumplir. “Cuando gobierne, bajará el paro”, había prometido en 2010. El desempleo seguirá subiendo hasta el 26,9% en el primer trimestre de 2013 y la deuda sobre el PIB hasta el 100%. La salida de la crisis es lenta y agónica.

La abdicación

A Juan Carlos de Borbón se le acaba la suerte. Su accidente en Botsuana en 2012 en un viaje en el que le acompaña su “amiga íntima” Corinna –así la definen los titulares– termina por hundir todo un escenario de mentiras y delitos. El monarca ha seguido recibiendo durante años dinero del Golfo Pérsico que oculta en Suiza con los mismos mecanismos de las organizaciones criminales internacionales. Solo un año antes de Botsuana afirma en su discurso de Nochebuena: “La justicia es igual para todos”. No para él, como pronto se comprobará. Su permanencia en el trono es tan tóxica que pone en peligro la supervivencia de la monarquía. Después de haberse negado a considerarlo, en 2014 presenta la abdicación y entrega la corona a su hijo Felipe.

El sistema autonómico era uno de los grandes logros de la nueva España surgida tras la Constitución de 1978. Todo descarrila con el desafío del ‘procés’. El Gobierno del PP y los indepes son dos trenes condenados a un choque frontal en 2017. Rajoy decide enviar a los antidisturbios para impedir el referéndum del 1-O. Sólo contribuye a que las imágenes de las cargas salgan en las televisiones de toda Europa. Carles Puigdemont ha desobedecido todos los autos del Tribunal Constitucional y hasta se ha hecho fotos con ellos. Al final, declara una independencia que dura ocho segundos y ofrece unas negociaciones que ya son imposibles. Huye a Bélgica mientras que otros como Oriol Junqueras se quedan para afrontar las consecuencias penales de sus actos. El juicio del procés en el Tribunal Supremo no es suficiente para cerrar esta historia. A partir de ese momento, Catalunya condiciona por completo la política española hasta nuestros días.

Las elecciones de 2015 abren un nuevo capítulo de la democracia española. Desaparece el bipartidismo que ha regido la alternancia en los gobiernos. El tótem del “consenso del 78” es ya historia. Las movilizaciones del 15M ya habían dado en 2011 el primer toque de atención. La España real estaba comunicando a la España oficial que había dejado de representarla en muchísimos asuntos. En los comicios, dos nuevos partidos, Podemos y Ciudadanos, reciben ocho millones y medio de votos y 109 escaños. Políticos como Rajoy creen que se trata de “una moda” y que la fragmentación del voto será un fenómeno pasajero. No pueden estar más equivocados.

Al igual que lo que ocurrió con Felipe González, la corrupción termina por dar el golpe definitivo al PP. Antes de llegar al poder, Rajoy había intentado presentar a su partido como una víctima, como hizo González en 1995. “Esto no es una trama del PP, como algunos pretenden. Esto es una trama contra el Partido Popular”, dice Rajoy en 2009 sobre la investigación judicial y policial de la Gürtel. Solo es el primer capítulo. Las finanzas internas del PP rebosan de dinero negro, como queda patente cuando se investiga a su tesorero, Luis Bárcenas, y se descubre que la caja B se ha empleado para la rehabilitación completa de la sede de la calle Génova, y luego están los sobresueldos en efectivo que ha recibido durante años la cúpula del partido.

La sentencia de la Gürtel recuerda a Rajoy que hay facturas en política que se pagan muchos años después. La moción de censura lleva a Pedro Sánchez al poder. Empieza una época en la que la política no deja de sorprender. Solo veinte meses antes, la carrera política de Sánchez parecía muerta y enterrada cuando se vio forzado a presentar su dimisión como líder del PSOE. No será la primera vez en que sus adversarios le subestimen.

Sánchez es de los políticos que se reinventan a sí mismos en función de la coyuntura. Intenta conseguir una mayoría con Ciudadanos y fracasa. Se rinde a los números tras los comicios de noviembre de 2019 y asume que solo puede gobernar con Unidas Podemos. Rechaza la amnistía de los políticos condenados por el procés al creer que le servirá con los indultos, pero luego la acepta para asegurarse el apoyo del partido de Puigdemont. La España que gobierna es muy diferente a la de los años ochenta. El pragmatismo de los tiempos de González pierde sentido. Ya no es tiempo de resignarse a lo posible, sino de buscar lo que antes parecía imposible, como una política feminista que no espera a que la sociedad evolucione poco a poco.

A partir de 2020, el Gobierno navega a través de circunstancias excepcionales, como la pandemia y los efectos económicos de la invasión de Ucrania. Afronta también el último esfuerzo por salvar a la monarquía del legado de Juan Carlos. Felipe VI le retira los 200.000 euros anuales de asignación al quedar meridianamente claro, no por los tribunales españoles, que su padre conserva una fortuna en el exterior. La única manera de proteger la imagen de la monarquía es enviar a Juan Carlos a vivir al extranjero. Con todo el dinero que ha recibido de las monarquías del Golfo Pérsico, no es una sorpresa que elija los Emiratos Árabes.

La extrema derecha

España deja de ser la excepción europea. La extrema derecha, cuyo mayor capital es el rechazo a la inmigración, se convierte en la tercera fuerza política y el socio indispensable si la derecha quiere llegar al poder. El PP se lanza a una furiosa ofensiva contra el PSOE. También lo hizo contra González y Zapatero, pero esta vez declara que Pedro Sánchez es una amenaza real para la democracia. España vive una tensión insoportable en el sistema político. Mientras, la sociedad no alcanza ese nivel de confrontación y la economía se recupera de la pandemia y reduce el desempleo al nivel más bajo desde 2007.

La derecha pierde la oportunidad de las elecciones de 2023 que ya creía ganadas. Se decide a pintar a España como lo peor de Europa, precisamente cuando Francia y Reino Unido no pueden conjurar su crisis estructural y Alemania se sume en el pesimismo al ver que no levanta cabeza un modelo económico que pensaba que era indestructible. El futuro sí plantea un interrogante amenazante para la sociedad española. Los jóvenes se han acostumbrado a escuchar que vivirán peor que sus padres, no solo por el precio de la vivienda. Para conservar su legitimidad, la democracia no puede limitarse a asegurar la celebración de elecciones libres. Debe ofrecer una garantía de que el futuro será más próspero. De lo contrario, la historia demuestra que puedes recibir sorpresas desagradables.

El bróker Luis Felipe Suárez-Olea se enfrenta a una querella por estafa tras la gestión de 250.000 euros que le confió un inversionista para que invirtiera esa cantidad a través del fondo Langur Holding Corporation SL. Según la querella, a la que ha tenido acceso elDiario.es, el financiero debía colocar ese dinero en participaciones de Enerside Energy SA, una empresa especializada en el desarrollo, construcción y mantenimiento de proyectos de energía renovable, con presencia en España y Sudamérica. En la junta directiva de Langur consta un nombre vinculado al PP, Germán Alcayde, quien fuera jefe de gabinete del expresidente José María Aznar, y, además, compañero de Isabel Díaz Ayuso y de Pablo Casado en las juventudes del PP madrileño. Alcayde entró en diciembre de 2025 a formar parte de la gestora del PP valenciano después de la salida de Carlos Mazón.

Un portavoz de José María Aznar asegura a elDiario.es que el expresidente “no colabora con Suárez-Olea desde hace años”. Juntos se les ha podido ver en actos como el celebrado el pasado enero en el Colegio Mayor Guadaira (Sevilla), donde ambos fueron protagonistas de una tertulia sobre geopolítica y energía patrocinada por el propio fondo de inversión y por otra de las empresas vinculadas al bróker: HVR Energy.

HVR Energy es una energética que pende de Langur y que está especializada en el desarrollo y operación de estaciones de repostaje de hidrógeno. Además de contar en su equipo directivo con Alcayde y con Suárez-Olea (CEO), también incluye en su consejo asesor a Isabel Tocino, quien fuera ministra de Medio Ambiente en el último Gobierno de Aznar.

Precisamente, hace escasos días el Instituto de Crédito Oficial (ICO) informó de que concedía una financiación de casi 13 millones de euros a esa compañía española para su proyecto 'ACTIVA' que contemplaba el despliegue de 30 hidrolineras de hidrógeno en España. En una nota que publicaba la entidad pública, explicaba que HVR es impulsora de uno de los planes más ambiciosos de infraestructura de hidrógeno en Europa, con el objetivo de alcanzar 75 hidrolineras operativas en España antes de 2030. Y añadía que hasta la fecha, ha movilizado más de 33 millones de euros en financiación pública y privada, que permitirán poner en marcha al menos 55 estaciones hasta 2028.

Además de ese crédito del ICO, esa empresa celebraba en sus redes sociales hace cuatro semanas que había firmado un acuerdo con el Comité Olímpico Español (COE) que les convierte en el patrocinador oficial de la entidad hasta los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Y anunciaba que ponía a disposición del organismo presidido por Alejandro Blanco cinco vehículos propulsados por hidrógeno para impulsar “la movilidad más sostenible dentro del ecosistema deportivo español”.

“El artífice del engaño”

La querella acusa a Suárez-Olea de ser “el artífice del engaño urdido” al hacer uso del patrimonio del estafado “en beneficio propio y de sus empresas”. “Y, para dar mayor apariencia de garantía y solvencia (...), se erigió en garante personal de la operación”, indica, para luego recordar que esa inversión 'verde' se materializó pero no llegó a ponerse a nombre del propietario real de esas participaciones. Por eso, el inversor acudió a la Justicia para ir contra el bróker por la vía civil primero —tal y como adelantó El Confidencial— y, de forma complementaria, por la vía penal.

Según el relato de hechos, una vez se hizo con el dinero, el financiero adquirió participaciones de Enerside Energy con Langur y, cuando debía devolver el préstamo al inversor en 2021, movió ese paquete a otra empresa denominada Demonte. Pasaron los meses y el inversor sólo recibió evasivas de parte de Suárez-Olea que siempre le prometía, según la querella, una pronta devolución de las cantidades prestadas. Finalmente, y ante notario, se le exigió el abono de ese préstamo y se hizo un recálculo de los adeudos porque las acciones de la energética se habían revalorizado. El montante ascendió a 1,2 millones de euros.

Una vez que el inversor se percató de que el bróker podía haber seguido idéntico proceder con otros clientes, y puesto que estaba “en paradero desconocido”, decidió interponer la querella, que fue admitida por los juzgados madrileños, y solicitó su declaración como investigado. Esa comparecencia se produjo en marzo de 2025 y en la misma se acogió a su derecho como imputado a no declarar argumentando que no había tenido posibilidad de instruirse sobre la causa que le afectaba.

Pocos días después, el bróker indicó en respuesta a la querella que la misma se basaba en “generalidades, suposiciones, menciones imprecisas y vagas” que no acreditaban ni indiciariamente engaño alguno y que en realidad se interponía “de modo instrumental para forzar una solución a una simple disputa civil”. Y puntualizaba que nunca ha estado en paradero desconocido y siempre ha respondido a las distintas peticiones de información del cliente por lo que solicitó el archivo de la causa.

Más allá de este procedimiento, las fuentes jurídicas consultadas por elDiario.es explican que el último movimiento del financiero ha sido el de consignar los 1,2 millones de euros que le reclamaba el inversor para poner fin a la causa civil, que se había ventilado con una sentencia condenatoria. Así, la vía que continúa latente es la penal.

Mientras esto ocurre, el perfil de LinkedIn de HVR describe a Suárez-Olea como un experimentado profesional del mundo de la banca de inversión y las finanzas, que aporta al proyecto “una sólida trayectoria de 24 años dedicados a la estructuración financiera y la colocación de activos en diversos e importantes sectores industriales, principalmente en energía e infraestructuras”.

La Faes que preside José María Aznar ha justificado este miércoles la invasión de Irak de 2003, y en la que participó España al margen de la ONU, en que “Sadam [Husein] no dejó que los inspectores de la ONU comprobaran” si el país tenía las “armas de destrucción masiva” que EE UU, Reino Unido y España dijeron que tenía para justificar la guerra. Irak no acreditó “haber cumplido con sus obligaciones de desarme”, según Faes, que sí reconoce a regañadientes que “en el momento de la intervención no se encontraron esas armas y por tanto hay que pensar que no existían entonces”.

Faes arremete contra la intervención del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante el Pleno del Congreso para informar de las consecuencias de la guerra de Irán declarada unilateralmente por EE UU e Israel. Sánchez ha alertado de que los efectos de esta guerra serán “mucho peores” que los que provocó la intervención en Irak, y ha defendido su 'no a la guerra' frente a lo que hizo Aznar hace ahora más de dos décadas.

“Como Sánchez ni puede ni sabe gobernar, se dedica a hacer oposición retrospectiva con 23 años de retraso”, apunta Faes en una nota remitida a los periodistas. “Oírle 'argumentar' en el Congreso ha sido comprobar hasta qué punto carece de pudor a la hora de insultar la inteligencia del auditorio”, ha planteado, para lamentar que “el único recurso que le queda a este presidente sin presupuestos y sin vergüenza es 'la guerra de Aznar”.

El expresidente, a través de Faes, ha intentado explicar que Aznar tuvo el apoyo de los españoles para secundar a EE UU en la guerra de Irak en que el PP ganó las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2003. “Al margen de sus mayorías relativas, el PP cosechó mayorías absolutas en 2.969 municipios, un número superior al que sumaron, juntas, las victorias absolutas y relativas de los socialistas. Si hubo una mayoría social 'contra la guerra', lo cierto es que, a dos meses de su comienzo, no hubo una mayoría electoral contra el PP”, dice Faes.

“Aznar no mandó tropas españolas a ninguna guerra en Irak”, dice Faes. “España no participó en la invasión y toma de control del territorio. Eso se hizo a cargo de tropas de Estados Unidos y británicas”, ha añadido. Faes reconoce que “España, sí, prestó un apoyo político avalando la interpretación de una Resolución de Naciones Unidas que podía darle curso” a la invasión. “Junto a muchos otros países de la UE y de la OTAN que apoyaron también esa decisión. La apoyó Portugal, la apoyó Italia. España mandó tropas cuando la ONU establece el plan de estabilización y de reconstrucción de Irak, bajo paraguas de Naciones Unidas y para misiones que no eran bélicas”.

“Mentir se parece mucho más a salvar esa distancia de un salto por pura conveniencia”, asegura el comunicado de Faes. “Sadam había tenido armas de destrucción masiva, las había utilizado contra su propio pueblo en masacres que dejan pequeñas las mayores atrocidades que hayamos podido ver después. No dejó que los inspectores de la ONU lo comprobaran acreditando así haber cumplido con sus obligaciones de desarme. De haberlo hecho, la intervención militar no se habría producido. Cierto que en el momento de la intervención no se encontraron esas armas y por tanto hay que pensar que no existían entonces. Pero el Gobierno de Aznar actuó en función de la información que tenía y de la lógica. Eso, ni es engañar ni es manipular”.

Las investigaciones posteriores a la invasión de Irak en 2003 concluyeron que no existían armas de destrucción masiva (ADM) en el país en ese momento. El Grupo de Investigación de Irak (ISG) y la CIA confirmaron que Sadam Husein no poseía arsenales de armas químicas, biológicas o nucleares activas, ni había reiniciado programas de producción.

El año 2026 se ha comenzado hablando mucho de algo de lo que no habíamos oído hablar: la baliza. La baliza de la que hablamos es el objeto que sustituye a los triángulos del coche en caso de avería o accidente. Es un objeto, normalmente circular, cabe en la palma de la mano, y viene equipado con luz y sonido estridente para avisar al resto de conductores de que estamos ahí parados. 

En los últimos días Europa ha dado luz verde a la baliza, el PP y Vox se han lanzado contra este cambio en un discurso que nos suena, porque tiene que ver con un ataque a todo lo que suponga una cierta intromisión a la libertad individual para garantizar la seguridad colectiva. Explicamos en qué consiste la baliza, desmentimos bulos y analizamos de qué manera la ultraderecha y la derecha en España elaboran grandes teorías que afirman que el gobierno nos controla, nos somete y nos roba. Lo hacemos con los periodistas de elDiario.es Carlos del Castillo y con José Precedo.

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