El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha intervenido este domingo en la jornada de clausura del 27º Congreso de las Juventudes Socialistas y en el que ha defendido de nuevo su intención de agotar la legislatura y la importancia de seguir al frente del Ejecutivo para que las transformaciones políticas y sociales “enraícen” entre los españoles. A pesar de los casos de corrupción y las causas judiciales que afectan al principal partido del Gobierno.

“Necesitamos tiempo para que esas grandes transformaciones enraícen”, ha dicho Sánchez poco antes de recordar que este lunes se cumplen ocho años de la moción de censura contra el gobierno de Mariano Rajoy y que le aupó a la Presidencia hasta ahora. Tras ello, ha destacado algunos hitos económicos y políticos logrados por el actual Ejecutivo en relación con los jóvenes, como la reducción en 12 puntos de la tasa de paro, el descenso de 30 puntos de la temporalidad desde 2008, el bono cultural o las bonificaciones al transporte para jóvenes.

El líder socialista, que ha intervenido en este congreso de las juventudes del partido celebrado en la sede de UGT en Madrid y del que ha salido elegida Aránzazu Figueroa, la primera mujer al frente de las Juventudes Socialistas, ha defendido que la intención del partido es “construir la España de 2030”, para lo que ha puesto como ejemplo la intención del Ejecutivo de llegar a un 80% de consumo de “energías limpias” para ese año.

Y ha vuelto a hacer mención al tiempo, concepto que ha utilizado para dar forma a su discurso: “Por eso el tiempo también te da la perspectiva de organizaciones centenarias como las nuestras para saber que mientras la oposición marrullera puede seguir maniobrando, nosotros seguimos gobernando hasta 2027 y todo el tiempo que quieran los españoles”.

Antes, Sánchez ha sintetizado estas “maniobras” de la oposición de derecha y ultraderecha en las palabras del expresidente del Gobierno José María Aznar, que esta semana volvió a insistir en su idea de “el que pueda hacer que haga” en un mensaje hecho público en la red social Instagram.

“En algunas ocasiones veo a la derecha y a la ultraderecha y da la sensación de que, después de 120 años de las Juventudes, después de 147 años de historia del PSOE. De más de 40 años de democracia en los que por cierto ha gobernado la mayoría de años el Partido Socialista... da la sensación de que no nos conocen. Bueno, no la sensación no... no nos conocen. Porque el socialismo democrático puede tropezarse, porque el socialismo democrático es un proyecto humano, y podemos por tanto tener esos tropiezos, pero nunca damos una batalla por perdida. Nos levantamos, y avanzamos”, ha defendido Sánchez, en referencia a los últimos golpes judiciales que afectan al Partido Socialista o al expresidente Rodríguez Zapatero.

“No negamos los problemas, pero tampoco lo que se puede hacer es negar la cuenta de resultados de este Gobierno de coalición progresista, porque España lleva ocho años avanzando, pese a las dificultades y los problemas. Esta oposición marrullera lo que quiere es hacer que España se frene o incluso que retroceda”, ha manifestado.

Tras ello, ha calificado las palabras de Aznar de “un Do de pecho algo desafinado” de “un personaje que siempre se ha sobreestimado”. Del expresidente popular ha dicho que aportó “la corrupción”, en referencia a los casos judiciales que afectaron después al que fuera su superministro de Economía Rodrigo Rato, “la gran mentira del 11 de marzo” y el incorporar a España “a una guerra ilegal que fue la guerra ilegal de Irak”.

Pedro Sánchez, que ha insistido en que Aznar “nada tiene de qué presumir”, ha asegurado también que sus palabras son “un grito de desesperación, de frustración” y también “una proclama profundamente antidemocrática”. Y ha exclamado que “en una democracia parlamentaria como la española, quien llega al gobierno es quien más votos suma, y no quien busca atajos”.

El secretario general socialista ha situado “enfrente” a la ultraderecha, y ha acusado a Vox de haber acudido a Oporto a un “congreso xenófobo” en el que se ha defendido “la supremacía de la raza blanca”. “Nosotros lo que tenemos que decir, es que eso que llaman prioridad nacional, o en este caso supremacía de la raza blanca, no es sentido común: es xenofobia”, ha defendido Sánchez, que ha agregado que “esa es la alternativa que tenemos enfrente: una ultraderecha xenófoba y una derecha que traga con la xenofobia de esa ultraderecha”.

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha alentado de nuevo a que “el que pueda hacer, que haga” en mitad de la polémica desatada por la imputación de su sucesor, José Luis Rodríguez Zapatero. “En esta situación insostenible en España, la frase cobra más sentido que nunca”, ha defendido.

El exlíder del Partido Popular considera que “más que nunca necesitamos ciudadanos responsables, comprometidos con nuestro país, dispuestos a hacer, a actuar, a servir a nuestro país para salir de esta situación insostenible en la que estamos”.

Las palabras de Aznar llegan una semana después de la imputación de Zapatero dentro del caso Plus Ultra por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad. La decisión fue acordada por el instructor del caso en la Audiencia Nacional, José Luis Calama, que le cita a comparecer como investigado el próximo 2 de junio. Los documentos del sumario judicial que sustentan la investigación estrechan el cerco sobre sus hijas.

El pasado martes, horas después de la imputación del ex secretario general del PSOE, Aznar aseguró no tener “nada que decir”. “Nada más que en España los jueces son independientes y toman las decisiones que les parece oportunas en función de los hechos que conocen y en función de lo que consideran necesario”, añadió en el VII Foro Internacional Expansión Parador Nacional. “La justicia en España es independiente y los jueces son independientes, no tengo nada más que decir sobre este asunto”, subrayó.

La frase “el que pueda hacer, que haga” tiene su origen en noviembre de 2023, tras el fracaso en la investidura de Alberto Núñez Feijóo y en plenas negociaciones para la votación que permitiría a Pedro Sánchez revalidar su cargo en la Presidencia tan solo unos días más tarde. Una situación “extraordinariamente grave” derivada de la amnistía de los delitos del procés, culminada en 2024.

“El señor candidato Sánchez es un peligro para la democracia constitucional española”, aseguró el expresidente. “En esta situación la inhibición no tiene hueco. ¿Qué se puede hacer? El que pueda hablar que hable, el que pueda hacer que haga, el que pueda moverse que se mueva, cada uno en su responsabilidad tiene que ser consciente de la situación”, reclamó.

El expresidente 'popular' mantiene su ofensiva constante contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez. En 2024, hizo un llamamiento a los españoles a una “movilización” permantente contra “la coalición de ultraizquierda”. En noviembre de 2025, consideró que el motivo por el que Sánchez no adelanta eleccione eran las “cuestiones judiciales”: “No hay más razón para estar en el Gobierno que las cuestiones judiciales. ¿Y cómo se afrontan mejor las cuestiones judiciales? Parece que se afrontan mejor en el Gobierno”.

El PP presiona a Junts y PNV

El Partido Popular trata de hacer. Pero, por ahora, no hace: no prevé presentar de forma inminente una moción de censura. “Tenemos tiempo, quedan muchas semanas”, sostienen fuentes de Génova. Los de Feijóo no confían en que salga adelante y temen “regalar” un triunfo político a Sánchez. El PP pretende que sean los socios del Ejecutivo los que empujen la moción, pero Junts y PNV enfrían las opciones de apoyar un cambio en Moncloa, pese a las advertencias de Aitor Esteban.

El predecesor de Aznar, Felipe González, comparte la tesis de los 'populares': no presentaría una moción de censura contra Sánchez porque se dejaría de hablar sobre el caso de Plus Ultra y la imputación. En cambio, cree que “debería haber elecciones” este año, con lo que insta al Gobierno a adelantar los comicios.

Sobre Zapatero, no le ve “con capacidad para montar una ingeniería financiera” como la que apuntan los informes de la UDEF. “Que Zapatero haya llegado en su carrera vital a [saber] lo que es una sociedad offshore... No lo veo. Ahora, que se deje arrastrar por Maduro y Delcy, que le llaman 'principito'...”.

Fue la palabra de moda en Internet durante unas semanas, quizá un mes, y luego la New York Magazine le dedicó su portada: «tiene los ojos de su madre… ¡y su agente!». Como explicaba el reportaje, durante unas semanas, parecía que todo el mundo era el hijo de alguien: artistas indies de Brooklyn cuyos padres tienen un artículo dedicado a ellos en Wikipedia, cantantes que son hijos de directores de cine, artistas que son hijos de cantantes, cantantes que son hijos de cantantes. «Un bebé es un montón de alegría; un nepobaby es la prueba física de que la meritocracia es mentira». Todo el mundo es hijo de alguien, pero no de alguien; ser hijo de famoso ayuda mucho, desde luego, a la hora de convertirse en famoso, tener acceso a contactos, una agenda, capacidad de influencia. Donde más se ha visto es en el mundo de las artes, el entretenimiento, el espectáculo. Pero no solo.

Los hijos de Aznar y Ana Botella no serán exactamente nepobebés, ¿pero quién va a negar que les habría sido mucho más difícil montar sus negocios, sus empresas de restauración, navegar entre la jet set madrileña, poder acceder a la gente adecuada, si no fueran precisamente los hijos de sus padres? Hunter Biden, hijo de Joe Biden, llegó a los 25 años a un alto puesto ejecutivo en un banco de Delaware… que financiaba parte de las campañas electorales de su padre. El yerno de Trump, Jared Kushner, aparte de ser hijo de un multimillonario, es directamente “enviado especial para la paz” en el Gobierno de su suegro. Como ha contado este mismo periódico, Felipe González fue socio de Oyauri Investment con su propio hijo, empresa posteriormente adquirida por Indra cuando Indra era presidida por un hombre… nombrado por el propio Gobierno de Felipe González en 1993.

Imagino que, para unos padres, desear el mejor futuro posible para sus hijos es un sentimiento casi universal. Ante la adversidad se está, pues, dispuesto a ayudar, disponer, allanar el camino, recoger y apoyar cuando los niños tropiezan y se caen. Sería difícil obviar que la cultura española, empresarial y, básicamente, la cultura en general, se rige por contactos: quién conoce a quién, y de qué, y a qué colegios iba, y dónde estudió y qué amigos hizo. Nadie se habría escandalizado si la ayuda de Zapatero a sus hijas hubiese consistido simplemente en hacer algunas llamadas y tirar de un par de contactos para asegurarles las mejores prácticas o un pequeño puesto trampolín desde el que comenzar sus carreras. Hay ciertas dosis de nepotismo que no escandalizan, aunque sean igual de sintomáticas de la desigualdad que todas las demás. Hay nepotismos que toleramos, porque culturalmente nos parecen nuestros, casi sanos, no tachables; hay otros, claro, que no.

Será la justicia la que aclare la realidad de la imputación de Zapatero y todo aquello de lo que se le acusa. Entiendo perfectamente el ánimo de consternación e incredulidad que ha reinado esta pasada semana. De lo más extraño me han parecido, de todas las informaciones, las que trataban específicamente la facturación de Whathefav, acusada de ser canalizadora financiera, de mover más de un millón de euros recibidos de empresas como Análisis Relevante o Inteligencia Prospectiva sin que ese millón hallara justificación laboral alguna más allá de “la maquetación de un informe”. Por bien que se maquete, me cuesta creer que alguien pague 40.000 euros al año por abrir el InDesign o, en el peor de los casos, el Canva; me cuesta menos creer que alguien pague 40.000 euros al año a la empresa de las hijas del expresidente por ser ellas las hijas del expresidente, pero me perturban las conclusiones a las que eso lleva, los deslices éticos, la torpeza que trasluce.

No deja de tener su parte injusta el foco sobre él de estos días y la permisividad con los otros. Hasta que se demuestre lo contrario, no creo necesariamente que Zapatero haya hecho cosas peores que otros expresidentes; el problema está en que no creo que las acciones de los demás estén tampoco justificadas, ni que podamos zanjar este tema con un “¡es lo que los expresidentes hacen!”. Resulta enormemente incómodo para cualquier persona de izquierdas tener una sombra de duda sobre la presencia de nepobebés en La Moncloa. Resulta un agravio inmenso a cualquier aspiración de justicia social que, mientras la juventud vive sin perspectivas de futuro, sin trabajo decente y sin casa, las hijas de Zapatero, que ya contaban con un negocio aparentemente viable antes de facturar a las empresas relacionadas con su padre, “embolsen” gracias a su padre ese millón adicional. Y, sobre todo, abre la pregunta, la que más desánimo y consternación generará, si lo que escuchamos —y a lo que ya dan credibilidad medios de todo signo, no sólo “la derecha”— acaba revelándose como cierto, en mayor o menor porcentaje: ¿qué necesidad había de todo esto?

Se van a cumplir ya tres años de unas elecciones generales que la derecha de este país creía que tenía ganadas. Y como ya sucediera en el 95, desde la misma noche electoral, se han cuestionado los resultados, se ha tildado al gobierno de ilegítimo y se le ha asediado judicial y políticamente.

Desde el punto de vista judicial, los casos contra Begoña Gómez, el hermano del Presidente o el ex Fiscal General del Estado demuestran un activismo judicial impropio de un Estado de Derecho, que ha contribuido al desgaste del presidente pero no ha conseguido hacerlo caer. 

Desde el punto de vista político, tampoco la estrategia de Núñez Feijóo de encadenar cuatro elecciones autonómicas consecutivas ha conseguido el fin esperado porque aunque el Partido Socialista sale debilitado, el Partido Popular depende cada vez más de Vox. 

Una vez que esa estrategia ha fallado, el Partido Popular trata ahora de presionar a los socios de investidura para que retiren su apoyo al gobierno, aprovechando la imputación del expresidente Rodríguez-Zapatero, conocida esta semana. 

No sabemos si Junts cederá, como cedió en el 95 Jordi Pujol. Por ahora, los socios aguantan a la espera de la declaración del presidente el día 2 de junio. Veremos entonces que pasa y si, como sucedió entonces, nos encontramos ante unas elecciones anticipadas.

La mayor tabaquera del mundo, un gigante minero, grandes eléctricas, fondos de capital riesgo, bufetes…. Son algunos sectores y grandes empresas a los que han prestado servicios de asesoría y lobby en las últimas décadas los expresidentes del Gobierno José María Aznar y Felipe González.

Ambos tienen un bagaje empresarial mucho más destacado que el de José Luis Rodríguez Zapatero, primer expresidente imputado por corrupción en la historia democrática de España, por el presunto cobro de comisiones ilegales a través de una red de empresas interpuestas para influir a favor de la aerolínea Plus Ultra.

El historial conocido de cargos en empresas del político leonés es casi tan magro como el del anterior presidente, Mariano Rajoy. El presumible “M. Rajoy” de los famosos papeles de Bárcenas (la caja B del PP) logró en marzo el traslado de su plaza de registrador de la propiedad desde el Registro Mercantil 5 de Madrid a su nuevo destino, el de Bienes Muebles Central I.

Por su parte, González y sobre todo Aznar llevan años dedicados a consultoría y lobby para distintas grandes empresas. El currículum es especialmente dilatado en el caso del político del PP. En junio cumplirá 20 años como consejero de News Corp, el gigante mediático del magnate ultraconservador Rupert Murdoch, que en estos años le ha pagado unos cinco millones de dólares por sus servicios.

El pasado ejercicio, el sueldo de Aznar en News Corp (que es público, al cotizar esta empresa en Estados Unidos) fue de 341.565 dólares. A esa suma se añaden los 10.000 euros mensuales que el grupo de Murdoch pactó pagar a Aznar a través de su sociedad familiar Famaztella desde septiembre de 2004 hasta su nombramiento como consejero en junio de 2006, en concepto de “servicios de asesoría”.

El resto de cantidades percibidas por Aznar de grandes empresas en los últimos años no son públicas. No consta que las haya facturado a través de esa sociedad, que los Aznar crearon en 2004 para la explotación de sus derechos de propiedad intelectual, incluyendo sus libros, discursos y conferencias, y que hace más de diez años fue sancionada por Hacienda tras una inspección.

Uno de los pagadores de Aznar ha sido Endesa, la eléctrica cuya privatización culminó su primer gobierno. Le fichó como asesor en 2011, especialmente para asuntos relacionados con Latinoamérica, aunque la relación se rompió años después. En 2019 este medio publicó que Afiniti, compañía de inteligencia artificial para call centers de la que Aznar se convirtió en consejero en 2016, estaba tanteando a grandes empresas españolas, entre ellas, la propia Endesa, para venderles su solución tecnológica. 

La italiana Enel (dueña de Endesa) aparecería luego en la lista de clientes de la web de Afiniti, que Aznar (ex inspector de Hacienda) administraba a través de una firma en Bermudas (un paraíso fiscal) y cuya filial española estaba a cargo del hijo menor del expresidente, Alonso Aznar. Este último también trabajó para el fondo de capital riesgo Rhône, que recientemente logró multimillonarias plusvalías en España con la venta de la empresa de armamento Maxam. El dueño de Rhône, el empresario estadounidense Robert Agostinelli, es íntimo de José María Aznar y uno de los principales financiadores de Friends of Israel, lobby proisraelí que ambos fundaron en 2010.

De ese año data el contrato que Aznar firmó con Befesa (filial de Abengoa) para facilitar adjudicaciones de grandes proyectos de desalación en Libia bajo el régimen de Muamar el Gadafi, que, como reveló elDiario.es en 2014, contemplaba una “comisión de éxito” del 1% sobre los contratos obtenidos.

En 2011, el expresidente popular se incorporó, además de a Endesa, al consejo asesor del hedge fund (entidades de inversión libre que tienen más margen de actuación que los fondos de inversión más habituales) británico Centaurus Capital, especializado en energía y mercados financieros, y al consejo asesor internacional de la minera canadiense Barrick Gold, dedicada a la extracción de oro, y a la que todavía asesora en la actualidad, según su web. 

En 2013, el gigante de la consultoría KPMG anunció que Aznar asesoraría a su presidente en España en cuestiones geopolíticas y macroeconómicas. También ese año se incorporó formalmente como senior advisor del consejo internacional del bufete DLA piper. En 2018 cambió este despacho por la firma Latham Watkins. 

Por esas fechas, La Vanguardia reveló que Aznar estaba trabajando como lobbista en Latinoamérica en favor del cigarrillo electrónico para Philip Morris. La mayor tabaquera del mundo fue uno de los principales clientes de Equipo Económico, el despacho que fundó el exministro Cristóbal Montoro, actualmente imputado en una trama de presunto tráfico de influencias.

En esas gestiones a favor del vapeo a Aznar le acompañaba su entonces jefe de gabinete, Germán Alcayde, hoy ejecutivo de una empresa de hidrógeno verde que ha recibido millones en ayudas públicas y el aval de Isabel Díaz Ayuso.

A estas labores de lobby de Aznar se suma la actividad de su centro de formación de líderes, el deficitario Instituto Atlántico de Gobierno. Con Alcayde como director general desde octubre de 2023, la esposa del expresidente y exalcaldesa de Madrid Ana Botella ejerce como “directora de los cursos ejecutivos” desde hace un par de años. El centro, como reveló elDiario.es, ha recibido muchos pequeños contratos de administraciones del PP. Organiza cursos de la mano de empresas como Repsol, cuya privatización también culminó Aznar, y con la universidad privada Francisco de Vitoria, de los Legionarios de Cristo.

La relación con el mundo del lobby del expolítico popular se inició incluso antes de dejar la Moncloa en 2004. En julio de ese año trascendió que, con Aznar todavía como presidente, su Gobierno había pagado dos millones de dinero público a una empresa en Estados Unidos, Piper Rudnick, para lograr la concesión de una medalla honorífica del Congreso de Estados Unidos.

El “jarrón chino”

Mucho menos extenso es el currículum empresarial de Felipe González, que hace 30 años acuñó aquella famosa frase comparando a los expresidentes con un “jarrón chino”: “Se supone que tienen valor y nadie se atreve a tirarlos a la basura, pero en realidad estorban en todas partes”, afirmó al poco de salir de Moncloa.

Su fichaje más reciente es su nombramiento en 2019 como consejero de Boluda Towage, filial del grupo Boluda, líder mundial del mercado de remolque marítimo, del gigante naviero del multimillonario valenciano Vicente Boluda, una de las mayores fortunas del país.

La actividad más conocida del socialista como asesor de una gran empresa fue su labor como consejero de la actual Naturgy (entonces Gas Natural Fenosa) entre 2010 y 2014. González compatibilizó ese puesto con su presencia en el Consejo Rector de Doñana mientras Gas Natural tramitaba un almacén de gas en ese entorno protegido. 

Un trabajo que la gasista le encomendó por su amplia experiencia internacional y sus buenas relaciones con el mundo latinoamericano. Él mismo lo calificó como “muy aburrido” cuando anunció que lo abandonaría, tras embolsarse más de 400.000 euros en esos años (a razón de 126.500 euros anuales).

Previa a su contratación por Gas Natural fue la carta que González escribió en septiembre de 2009 a un dictador africano, el entonces presidente de Sudán del Norte, Omar Al-Bashir, para favorecer al polémico empresario hispano iraní Massoud Zandi, socio del entonces presidente de Prisa, Juan Luis Cebrián, en una opaca petrolera que quería hacerse con un yacimiento en Sudán. 

“Es una persona honorable, seria, trabajadora y con relaciones internacionales al más alto nivel”, escribió González de Zandi, que acabó denunciado por la Fiscalía española por defraudar a Hacienda, y al que el expresidente alabó en un vídeo calificándolo como una de las personas “con más capacidad emprendedora que he conocido”. “No he visto a nadie con más habilidad para crear espacios nuevos (...) Él, por sí mismo, es un creativo irrepetible, no he visto a nadie con más iniciativas audaces y con más capacidad emprendedora (...). Ahora que tanto se habla de espíritu emprendedor, este es un emprendedor nato”, dijo el exlíder del PSOE de Zandi.

En 2011, en plena crisis tras el estallido de la burbuja inmobiliaria y mientras estaba en la actual Naturgy, González también creó un vehículo de inversión, Tagua Capital. El fondo (que fue un fiasco) quería convertirse en firma de referencia del sector en España y especial foco en el sector tecnológico, con unos objetivos muy ambiciosos, captar entre 120 y 150 millones de capital.

El dinero debía proceder de inversores como el multimillonario mexicano Carlos Slim, al que González ha prestado servicios de consultoría en el pasado: “Le asesoro como negocio. Sigo siendo amigo mío y le sirve mi asesoramiento… ¿pero no es compatible la amistad con asesorar negocios?”, declaró hace años en un programa de televisión sobre su relación con el magnate mexicano de origen libanés, la mayor fortuna de Latinoamérica y una de las personas más ricas del planeta.

González, que también ha cultivado en esa región amistades como la del fallecido multimillonario venezolano Gustavo Cisneros (al que el Gobierno socialista vendió Galerías Preciados a precio de saldo tras la expropiación de Rumasa), visitó hace veinte años junto a Slim al rey de Marruecos, Mohamed VI. En aquel momento el mexicano quería introducir su compañía telefónica, Telmex, en el país magrebí.

En Tánger, González tuvo unos terrenos en primera línea de playa que vendió en 2014 a la familia real saudí. Sobre la finca estaba prevista la construcción de una mansión para el expresidente a cargo de la constructora Procisa, propiedad de su íntimo amigo el fallecido Luis García Cereceda, promotor de la exclusiva urbanización La Finca en Pozuelo de Alarcón.

Esa propiedad en Tánger estaba a nombre de Ialcon Consultoría SL, empresa que creó Felipe González en 2001. Domiciliada en Pozuelo y administrada por una hija del expresidente (María González Romero), en 2024 esta firma facturó algo menos de 43.000 euros, según sus últimas cuentas disponibles. En ellas indica que su actividad principal es la de “otras actividades profesionales, científicas y técnicas”.

Para lanzar Tagua Capital González se rodeó de referentes empresariales como Amparo Moraleda (expresidenta de IBM España y futura presidenta del gigante aeronáutico Airbus) o su íntimo Joaquín Moya-Angeler, que también presidió IBM España.

Con este último y su hijo Pablo, el expresidente fue socio en la firma Oyauri Investment, que en 2013 fue adquirida por Indra, entonces todavía presidida por Javier Monzón, al que el Gobierno de González había colocado al frente de Indra en 1993 tras impulsar la fusión de varias empresas públicas del sector.

La compra de Oyauri acabó en un conflicto judicial millonario por un bonus a favor de los vendedores. Entre ellos, el citado Moya-Angeler, quien había sido consejero de la propia Indra y quien, por cierto, también cliente de la citada Equipo Económico. Una firma vinculada a él, Inmoan SL, pagó a la consultora que fundó el exministro de Hacienda de Aznar 93.981,67 euros, según el sumario del caso Montoro.

Aquella foto de César Lucas fue el símbolo de la victoria socialista de 1982. Felipe González y Alfonso Guerra unen sus manos para levantarlas en señal de triunfo desde una ventana del hotel Palace en la noche del 28 de octubre. González contó años después en varias ocasiones que estaba abrumado por la responsabilidad en ese momento. Pero el resultado arrollador –diez millones de votos, un 48,1 % y casi veintidós puntos de ventaja sobre Alianza Popular– no fue una total sorpresa para los dirigentes socialistas.

Se dijo que era el fin de la Transición por aquello de fijar un desenlace con el regreso de la izquierda al poder después de la larga noche que había comenzado en 1939. No es que lo de antes a partir de 1977 no fuera una democracia, pero al menos se había acabado el periodo en el que todo el sistema político estaba cubierto por andamios y señales de obras. El eslogan de la campaña –‘Por el cambio’– no es un prodigio de originalidad. Tiene más enjundia lo que responde González cuando le preguntan por su significado: “Que España funcione”. Parece de un pragmatismo casi decepcionante. Pero también es efectivo. España no funcionaba o al menos no lo hacía de la forma que esperaba la gente. No había Estado en ese momento que sirviera para construir una democracia o el que había no servía más que para ir tirando.

Hasta entonces había sido “Felipe” para todo el mundo. Julio Feo advierte a todos en Moncloa que a partir de entonces será “el presidente”. La revista Cambio16 lo certifica en portada con una foto de un serio y encorbatado González y el titular: “Bienvenido, señor presidente”. Los ministros se tratan de usted en el Consejo de Ministros, por muy amigos que sean. Guerra cuenta que un ministro, de indudable inocencia, preguntó en la primera reunión: “¿Y aquí cómo se vota?”. Le respondió que todos podrían debatir algunos asuntos, pero que la decisión última sería del presidente. El Gobierno, incluido su presidente, cuenta con 17 integrantes. Todos hombres. Era un tiempo en que estas cosas pasaban casi desapercibidas.

Una semana después de las elecciones y antes del debate de investidura, ETA asesina al general Víctor Lago, jefe de la unidad más importante del Ejército, la División Acorazada Brunete. “Evidentemente, esta acción vale para ellos lo que veinte en el País Vasco”, dice a El País Manuel Ballesteros, jefe del Mando Único de la Lucha Contraterrorista.

Los ministros de Economía en la primera década de González, Miguel Boyer y Carlos Solchaga, representan una tendencia liberal que le acompaña en su presidencia. Lo que toca es construir un Estado de bienestar en el que la sanidad sea un derecho universal y se modernicen unas infraestructuras que son impropias de un país europeo. Para esto último, habrá que esperar al ingreso en la Comunidad Europea.

Antes de eso, habrá que cumplir con la promesa de un referéndum sobre la OTAN. El giro ya se intuía en el eslogan de 1981: ‘OTAN, de entrada, no’. La campaña en marzo de 1986 termina siendo un plebiscito sobre la figura de González. ¿Quién gestionará el ‘no’ a la OTAN?, avisa. En realidad, el partido ya no utiliza las siglas, sino que sólo habla de “Alianza Atlántica” en sus discursos. Alianza Popular intenta aprovechar el dilema y pide la abstención. “Soy un atlantista convencido, pero este es un referéndum fraudulento”, dice Manuel Fraga en una entrevista en ABC. Su intención es que la derrota fuerce la dimisión de González. Gana el ‘sí’ con el 56,8% de los votos y una participación del 59,4%.

Desde el primer momento, el Gobierno debe gestionar sus contradicciones. Impulsa una liberalización de la economía y devalúa la peseta en su primera reunión. Al mismo tiempo cumple promesas que benefician a los trabajadores. Aprueba la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales. En una respuesta que recuerda a todo lo que ha hecho la patronal en los últimos 40 años, la CEOE prevé que será un desastre para la economía. Anuncia que tendrá “un coste teórico” de 180.000 millones de pesetas y exige que suponga una reducción equivalente de los salarios. Si los asalariados trabajan menos, tendrán que cobrar menos, dice.

La huelga general

La reconversión industrial termina por arruinar las relaciones entre el PSOE y el sindicato UGT. Puede que fuera inevitable en varios sectores, pero el coste social es inmenso. Se pierden de inmediato decenas de miles de puestos de trabajo. Pueblos y ciudades que viven de plantas industriales que ya no son rentables se quedan sin su principal fuente de empleo. Un plan de empleo juvenil termina causando el estallido. UGT y CCOO convocan una huelga general en 1988 que el Gobierno desdeña. Pero su éxito es espectacular. Las ciudades están vacías como si sus habitantes hubieran desaparecido.

En 1989, el rey Juan Carlos tiene un encuentro con el general Manglano, jefe del Cesid y uno de sus principales confidentes. Le cuenta que lleva años recibiendo dinero de Arabia Saudí. En primer lugar, “36 millones de dólares para la Transición”. Años después, un préstamo sin intereses de 50 millones que le permite obtener “una ganancia de 18 millones”. Las entregas se suceden. Entre donaciones y préstamos, que no está claro que se devolvieran, el jefe de Estado recibe financiación de una dictadura extranjera por valor de 136 millones de dólares. El Gobierno oculta a la opinión pública tanto su fortuna en el extranjero como sus infidelidades. El rey es intocable y como tal se le protege.

El 1992 es una fiesta. La Expo de Sevilla y los Juegos Olímpicos de Barcelona son el culmen de la euforia. Es “el año de España”, dice la revista norteamericana Newsweek. España es un país que ha dejado atrás los fantasmas de su pasado, coincide la prensa internacional, un ejemplo para los países de Europa del Este inmersos en la transición a la democracia. En ese año, la economía empieza a dar los primeros síntomas de agotamiento. Pronto llega el choque con la realidad. El índice de paro salta del 16,9% en 1991 al 20% un año después. Y sigue subiendo. El 23,8% en 1993 y una décima más en 1994. Políticamente, es mucho peor. Toda la corrupción incrustada en el sistema sale a la luz. El juez Baltasar Garzón vuelve a la Audiencia Nacional después de una breve incursión en la política y descubre que Amedo y Domínguez están dispuestos a cantar sobre los crímenes de los GAL. En la Ejecutiva Federal del PSOE en 1995, González define las investigaciones como una gran conspiración contra él: “Existe un intento claro de destrucción del Gobierno y toda la tarea hecha en estos años. La estrategia se parece mucho a la empleada contra Azaña en los años 30”. No le servirá de nada.

La huida de Luis Roldán y la condena de Mariano Rubio hunden la imagen de su Gobierno. En 1996 ya no quedan más trucos en la chistera y aun así el Partido Popular solo supera al PSOE por 290.000 votos. “Nunca una derrota había sido tan dulce y una victoria tan amarga”, dice González sonriendo en la noche electoral. Pero, por dulce que sea, sigue siendo una derrota.

Al igual que ahora el PP habla de desmontar el sanchismo cuando llegue al poder, Jose María Aznar presume de que ha llegado el momento de demoler el felipismo. Le acompaña una nutrida brigada mediática convencida de que Felipe González ha puesto en peligro a la democracia con su forma autocrática de gobernar, una acusación idéntica a la que se hace ahora a Pedro Sánchez. Como dice Luis María Anson en 1998, “se rozó la estabilidad del propio Estado” en la tarea de demolición: “La cultura de la crispación existió porque no había manera de vencer a González con otras armas”.

ETA, Aznar y Miguel Ángel Blanco

Trece años, cinco meses y tres días de gobierno no son tan fáciles de borrar como quisieran. El PP se lo toma con calma y apuesta por centrarse en la liberalización de la economía. El buque insignia es la privatización de las empresas públicas como Telefónica, Tabacalera, Endesa y Repsol. Algunas de ellas caen en manos de amigos de Aznar o personas de su total confianza.

“España va bien”, repite Aznar en el Congreso, como si con su sola presencia hubiera enderezado el rumbo. Ayudada por el ciclo económico, España entra por una senda de crecimiento sostenido con gran creación de empleo y descenso de la inflación que facilita la entrada en el euro.

El Gobierno se enfrenta a un agravamiento de la amenaza terrorista cuando ETA pone en el punto de mira a concejales del PP y del PSOE. La tensión llega al punto más alto con el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco. La respuesta popular es inmensa y garantiza al Gobierno que no sufrirá desgaste por mantener una línea dura contra ETA. La sorpresa salta cuando Aznar hace público en noviembre de 1998 que se van a iniciar negociaciones: “He autorizado contactos con el entorno del Movimiento Vasco... de Liberación”. El PP se pliega a los deseos de su líder. Carlos Iturgaiz, presidente del PP vasco, pide a las viudas de sus compañeros asesinados por ETA “un poco más de sacrificio por la paz”. Los contactos secretos con Herri Batasuna y luego con ETA en Ginebra no llevan a nada y la organización terrorista rompe la tregua.

La llegada del euro

Con la entrada en vigor del euro con España dentro, Aznar parece haber culminado sus aspiraciones. El naufragio del ‘Prestige’ y la catástrofe ecológica desnudan a un Gobierno convencido de que siempre se saldrá con la suya. Aznar no aprende la lección sobre los límites del poder y suma a España al grupo de países que apoya la invasión de Irak. Aun así, el PP está convencido de su victoria en 2004, esta vez con Mariano Rajoy de candidato. Las últimas encuestas de la campaña dan una ventaja de unos tres puntos al PP. Pero el 11M lo cambia todo. España sufre el mayor ataque terrorista de su historia tres días antes de las elecciones. El Gobierno decide que la autoría de ETA es lo único que le salvará y en poco más de 48 horas su plan se viene abajo. La derecha nunca aceptará que esa derrota tiene más que ver con sus errores y el ejercicio arrogante del poder que con los méritos del rival.

José Luis Rodríguez Zapatero entra en Moncloa sin ninguna experiencia previa en un Gobierno. Elige a 16 personas para su Consejo de Ministros, de las que siete son mujeres. Demuestra audacia al retirar las tropas españolas de Irak. Zapatero hace todo lo que Felipe González no quiso o no podía hacer, en especial sobre memoria histórica. La democracia ha vivido durante décadas sin tocar las estatuas y monumentos que tienen un carácter de homenaje al franquismo y al dictador. Hay que esperar hasta 2005 para que se retire la estatua ecuestre de Franco en Nuevos Ministerios en Madrid y tres años más tarde la de Santander. Entre medias, el Parlamento aprueba la ley de memoria histórica con la intención expresa de reparar el daño sufrido por las víctimas de la dictadura. El PP la denuncia por considerarla una forma de “reabrir heridas”, aunque nadie achaca a los españoles del presente los crímenes del pasado.

Las costuras del sistema político comienzan a agrietarse con la feroz oposición del PP a Jose Luis Rodrígez Zapatero, que se hace aún más dura cuando el presidente acepta negociar con ETA. Antes de los contactos, el PP ya está deslegitimando al Gobierno. Rajoy acusa al presidente de “traicionar a los muertos”. Zapatero no se deja intimidar. Hay que esperar a octubre de 2011 para que ETA haga público “el cese definitivo de su actividad armada”. La organización terrorista nunca consiguió los objetivos políticos que exigió a lo largo de su historia.

No es la convulsión creada por esas negociaciones la que hunde a Zapatero. “La economía va como un tiro”, había dicho en su primer mandato. Hasta que naufraga a partir de los efectos de la tormenta que se origina en EEUU con la quiebra de Lehman Brothers. No es un caso de simple contagio. La burbuja inmobiliaria ha desatado una loca carrera especulativa en muchas de las entidades financieras sin que el Banco de España haya hecho nada útil al respecto. La crisis de la deuda en el sur de Europa obliga a un fuerte recorte del gasto público que no impide que se doble la deuda pública hasta un 70% del PIB en 2011. El PSOE pierde el 38% de sus votos en las elecciones de ese año.

Mariano Rajoy recibe el poder sin hacer prácticamente nada y gracias a promesas que sabe que no podrá cumplir. “Cuando gobierne, bajará el paro”, había prometido en 2010. El desempleo seguirá subiendo hasta el 26,9% en el primer trimestre de 2013 y la deuda sobre el PIB hasta el 100%. La salida de la crisis es lenta y agónica.

La abdicación

A Juan Carlos de Borbón se le acaba la suerte. Su accidente en Botsuana en 2012 en un viaje en el que le acompaña su “amiga íntima” Corinna –así la definen los titulares– termina por hundir todo un escenario de mentiras y delitos. El monarca ha seguido recibiendo durante años dinero del Golfo Pérsico que oculta en Suiza con los mismos mecanismos de las organizaciones criminales internacionales. Solo un año antes de Botsuana afirma en su discurso de Nochebuena: “La justicia es igual para todos”. No para él, como pronto se comprobará. Su permanencia en el trono es tan tóxica que pone en peligro la supervivencia de la monarquía. Después de haberse negado a considerarlo, en 2014 presenta la abdicación y entrega la corona a su hijo Felipe.

El sistema autonómico era uno de los grandes logros de la nueva España surgida tras la Constitución de 1978. Todo descarrila con el desafío del ‘procés’. El Gobierno del PP y los indepes son dos trenes condenados a un choque frontal en 2017. Rajoy decide enviar a los antidisturbios para impedir el referéndum del 1-O. Sólo contribuye a que las imágenes de las cargas salgan en las televisiones de toda Europa. Carles Puigdemont ha desobedecido todos los autos del Tribunal Constitucional y hasta se ha hecho fotos con ellos. Al final, declara una independencia que dura ocho segundos y ofrece unas negociaciones que ya son imposibles. Huye a Bélgica mientras que otros como Oriol Junqueras se quedan para afrontar las consecuencias penales de sus actos. El juicio del procés en el Tribunal Supremo no es suficiente para cerrar esta historia. A partir de ese momento, Catalunya condiciona por completo la política española hasta nuestros días.

Las elecciones de 2015 abren un nuevo capítulo de la democracia española. Desaparece el bipartidismo que ha regido la alternancia en los gobiernos. El tótem del “consenso del 78” es ya historia. Las movilizaciones del 15M ya habían dado en 2011 el primer toque de atención. La España real estaba comunicando a la España oficial que había dejado de representarla en muchísimos asuntos. En los comicios, dos nuevos partidos, Podemos y Ciudadanos, reciben ocho millones y medio de votos y 109 escaños. Políticos como Rajoy creen que se trata de “una moda” y que la fragmentación del voto será un fenómeno pasajero. No pueden estar más equivocados.

Al igual que lo que ocurrió con Felipe González, la corrupción termina por dar el golpe definitivo al PP. Antes de llegar al poder, Rajoy había intentado presentar a su partido como una víctima, como hizo González en 1995. “Esto no es una trama del PP, como algunos pretenden. Esto es una trama contra el Partido Popular”, dice Rajoy en 2009 sobre la investigación judicial y policial de la Gürtel. Solo es el primer capítulo. Las finanzas internas del PP rebosan de dinero negro, como queda patente cuando se investiga a su tesorero, Luis Bárcenas, y se descubre que la caja B se ha empleado para la rehabilitación completa de la sede de la calle Génova, y luego están los sobresueldos en efectivo que ha recibido durante años la cúpula del partido.

La sentencia de la Gürtel recuerda a Rajoy que hay facturas en política que se pagan muchos años después. La moción de censura lleva a Pedro Sánchez al poder. Empieza una época en la que la política no deja de sorprender. Solo veinte meses antes, la carrera política de Sánchez parecía muerta y enterrada cuando se vio forzado a presentar su dimisión como líder del PSOE. No será la primera vez en que sus adversarios le subestimen.

Sánchez es de los políticos que se reinventan a sí mismos en función de la coyuntura. Intenta conseguir una mayoría con Ciudadanos y fracasa. Se rinde a los números tras los comicios de noviembre de 2019 y asume que solo puede gobernar con Unidas Podemos. Rechaza la amnistía de los políticos condenados por el procés al creer que le servirá con los indultos, pero luego la acepta para asegurarse el apoyo del partido de Puigdemont. La España que gobierna es muy diferente a la de los años ochenta. El pragmatismo de los tiempos de González pierde sentido. Ya no es tiempo de resignarse a lo posible, sino de buscar lo que antes parecía imposible, como una política feminista que no espera a que la sociedad evolucione poco a poco.

A partir de 2020, el Gobierno navega a través de circunstancias excepcionales, como la pandemia y los efectos económicos de la invasión de Ucrania. Afronta también el último esfuerzo por salvar a la monarquía del legado de Juan Carlos. Felipe VI le retira los 200.000 euros anuales de asignación al quedar meridianamente claro, no por los tribunales españoles, que su padre conserva una fortuna en el exterior. La única manera de proteger la imagen de la monarquía es enviar a Juan Carlos a vivir al extranjero. Con todo el dinero que ha recibido de las monarquías del Golfo Pérsico, no es una sorpresa que elija los Emiratos Árabes.

La extrema derecha

España deja de ser la excepción europea. La extrema derecha, cuyo mayor capital es el rechazo a la inmigración, se convierte en la tercera fuerza política y el socio indispensable si la derecha quiere llegar al poder. El PP se lanza a una furiosa ofensiva contra el PSOE. También lo hizo contra González y Zapatero, pero esta vez declara que Pedro Sánchez es una amenaza real para la democracia. España vive una tensión insoportable en el sistema político. Mientras, la sociedad no alcanza ese nivel de confrontación y la economía se recupera de la pandemia y reduce el desempleo al nivel más bajo desde 2007.

La derecha pierde la oportunidad de las elecciones de 2023 que ya creía ganadas. Se decide a pintar a España como lo peor de Europa, precisamente cuando Francia y Reino Unido no pueden conjurar su crisis estructural y Alemania se sume en el pesimismo al ver que no levanta cabeza un modelo económico que pensaba que era indestructible. El futuro sí plantea un interrogante amenazante para la sociedad española. Los jóvenes se han acostumbrado a escuchar que vivirán peor que sus padres, no solo por el precio de la vivienda. Para conservar su legitimidad, la democracia no puede limitarse a asegurar la celebración de elecciones libres. Debe ofrecer una garantía de que el futuro será más próspero. De lo contrario, la historia demuestra que puedes recibir sorpresas desagradables.

El bróker Luis Felipe Suárez-Olea se enfrenta a una querella por estafa tras la gestión de 250.000 euros que le confió un inversionista para que invirtiera esa cantidad a través del fondo Langur Holding Corporation SL. Según la querella, a la que ha tenido acceso elDiario.es, el financiero debía colocar ese dinero en participaciones de Enerside Energy SA, una empresa especializada en el desarrollo, construcción y mantenimiento de proyectos de energía renovable, con presencia en España y Sudamérica. En la junta directiva de Langur consta un nombre vinculado al PP, Germán Alcayde, quien fuera jefe de gabinete del expresidente José María Aznar, y, además, compañero de Isabel Díaz Ayuso y de Pablo Casado en las juventudes del PP madrileño. Alcayde entró en diciembre de 2025 a formar parte de la gestora del PP valenciano después de la salida de Carlos Mazón.

Un portavoz de José María Aznar asegura a elDiario.es que el expresidente “no colabora con Suárez-Olea desde hace años”. Juntos se les ha podido ver en actos como el celebrado el pasado enero en el Colegio Mayor Guadaira (Sevilla), donde ambos fueron protagonistas de una tertulia sobre geopolítica y energía patrocinada por el propio fondo de inversión y por otra de las empresas vinculadas al bróker: HVR Energy.

HVR Energy es una energética que pende de Langur y que está especializada en el desarrollo y operación de estaciones de repostaje de hidrógeno. Además de contar en su equipo directivo con Alcayde y con Suárez-Olea (CEO), también incluye en su consejo asesor a Isabel Tocino, quien fuera ministra de Medio Ambiente en el último Gobierno de Aznar.

Precisamente, hace escasos días el Instituto de Crédito Oficial (ICO) informó de que concedía una financiación de casi 13 millones de euros a esa compañía española para su proyecto 'ACTIVA' que contemplaba el despliegue de 30 hidrolineras de hidrógeno en España. En una nota que publicaba la entidad pública, explicaba que HVR es impulsora de uno de los planes más ambiciosos de infraestructura de hidrógeno en Europa, con el objetivo de alcanzar 75 hidrolineras operativas en España antes de 2030. Y añadía que hasta la fecha, ha movilizado más de 33 millones de euros en financiación pública y privada, que permitirán poner en marcha al menos 55 estaciones hasta 2028.

Además de ese crédito del ICO, esa empresa celebraba en sus redes sociales hace cuatro semanas que había firmado un acuerdo con el Comité Olímpico Español (COE) que les convierte en el patrocinador oficial de la entidad hasta los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Y anunciaba que ponía a disposición del organismo presidido por Alejandro Blanco cinco vehículos propulsados por hidrógeno para impulsar “la movilidad más sostenible dentro del ecosistema deportivo español”.

“El artífice del engaño”

La querella acusa a Suárez-Olea de ser “el artífice del engaño urdido” al hacer uso del patrimonio del estafado “en beneficio propio y de sus empresas”. “Y, para dar mayor apariencia de garantía y solvencia (...), se erigió en garante personal de la operación”, indica, para luego recordar que esa inversión 'verde' se materializó pero no llegó a ponerse a nombre del propietario real de esas participaciones. Por eso, el inversor acudió a la Justicia para ir contra el bróker por la vía civil primero —tal y como adelantó El Confidencial— y, de forma complementaria, por la vía penal.

Según el relato de hechos, una vez se hizo con el dinero, el financiero adquirió participaciones de Enerside Energy con Langur y, cuando debía devolver el préstamo al inversor en 2021, movió ese paquete a otra empresa denominada Demonte. Pasaron los meses y el inversor sólo recibió evasivas de parte de Suárez-Olea que siempre le prometía, según la querella, una pronta devolución de las cantidades prestadas. Finalmente, y ante notario, se le exigió el abono de ese préstamo y se hizo un recálculo de los adeudos porque las acciones de la energética se habían revalorizado. El montante ascendió a 1,2 millones de euros.

Una vez que el inversor se percató de que el bróker podía haber seguido idéntico proceder con otros clientes, y puesto que estaba “en paradero desconocido”, decidió interponer la querella, que fue admitida por los juzgados madrileños, y solicitó su declaración como investigado. Esa comparecencia se produjo en marzo de 2025 y en la misma se acogió a su derecho como imputado a no declarar argumentando que no había tenido posibilidad de instruirse sobre la causa que le afectaba.

Pocos días después, el bróker indicó en respuesta a la querella que la misma se basaba en “generalidades, suposiciones, menciones imprecisas y vagas” que no acreditaban ni indiciariamente engaño alguno y que en realidad se interponía “de modo instrumental para forzar una solución a una simple disputa civil”. Y puntualizaba que nunca ha estado en paradero desconocido y siempre ha respondido a las distintas peticiones de información del cliente por lo que solicitó el archivo de la causa.

Más allá de este procedimiento, las fuentes jurídicas consultadas por elDiario.es explican que el último movimiento del financiero ha sido el de consignar los 1,2 millones de euros que le reclamaba el inversor para poner fin a la causa civil, que se había ventilado con una sentencia condenatoria. Así, la vía que continúa latente es la penal.

Mientras esto ocurre, el perfil de LinkedIn de HVR describe a Suárez-Olea como un experimentado profesional del mundo de la banca de inversión y las finanzas, que aporta al proyecto “una sólida trayectoria de 24 años dedicados a la estructuración financiera y la colocación de activos en diversos e importantes sectores industriales, principalmente en energía e infraestructuras”.

La Faes que preside José María Aznar ha justificado este miércoles la invasión de Irak de 2003, y en la que participó España al margen de la ONU, en que “Sadam [Husein] no dejó que los inspectores de la ONU comprobaran” si el país tenía las “armas de destrucción masiva” que EE UU, Reino Unido y España dijeron que tenía para justificar la guerra. Irak no acreditó “haber cumplido con sus obligaciones de desarme”, según Faes, que sí reconoce a regañadientes que “en el momento de la intervención no se encontraron esas armas y por tanto hay que pensar que no existían entonces”.

Faes arremete contra la intervención del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante el Pleno del Congreso para informar de las consecuencias de la guerra de Irán declarada unilateralmente por EE UU e Israel. Sánchez ha alertado de que los efectos de esta guerra serán “mucho peores” que los que provocó la intervención en Irak, y ha defendido su 'no a la guerra' frente a lo que hizo Aznar hace ahora más de dos décadas.

“Como Sánchez ni puede ni sabe gobernar, se dedica a hacer oposición retrospectiva con 23 años de retraso”, apunta Faes en una nota remitida a los periodistas. “Oírle 'argumentar' en el Congreso ha sido comprobar hasta qué punto carece de pudor a la hora de insultar la inteligencia del auditorio”, ha planteado, para lamentar que “el único recurso que le queda a este presidente sin presupuestos y sin vergüenza es 'la guerra de Aznar”.

El expresidente, a través de Faes, ha intentado explicar que Aznar tuvo el apoyo de los españoles para secundar a EE UU en la guerra de Irak en que el PP ganó las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2003. “Al margen de sus mayorías relativas, el PP cosechó mayorías absolutas en 2.969 municipios, un número superior al que sumaron, juntas, las victorias absolutas y relativas de los socialistas. Si hubo una mayoría social 'contra la guerra', lo cierto es que, a dos meses de su comienzo, no hubo una mayoría electoral contra el PP”, dice Faes.

“Aznar no mandó tropas españolas a ninguna guerra en Irak”, dice Faes. “España no participó en la invasión y toma de control del territorio. Eso se hizo a cargo de tropas de Estados Unidos y británicas”, ha añadido. Faes reconoce que “España, sí, prestó un apoyo político avalando la interpretación de una Resolución de Naciones Unidas que podía darle curso” a la invasión. “Junto a muchos otros países de la UE y de la OTAN que apoyaron también esa decisión. La apoyó Portugal, la apoyó Italia. España mandó tropas cuando la ONU establece el plan de estabilización y de reconstrucción de Irak, bajo paraguas de Naciones Unidas y para misiones que no eran bélicas”.

“Mentir se parece mucho más a salvar esa distancia de un salto por pura conveniencia”, asegura el comunicado de Faes. “Sadam había tenido armas de destrucción masiva, las había utilizado contra su propio pueblo en masacres que dejan pequeñas las mayores atrocidades que hayamos podido ver después. No dejó que los inspectores de la ONU lo comprobaran acreditando así haber cumplido con sus obligaciones de desarme. De haberlo hecho, la intervención militar no se habría producido. Cierto que en el momento de la intervención no se encontraron esas armas y por tanto hay que pensar que no existían entonces. Pero el Gobierno de Aznar actuó en función de la información que tenía y de la lógica. Eso, ni es engañar ni es manipular”.

Las investigaciones posteriores a la invasión de Irak en 2003 concluyeron que no existían armas de destrucción masiva (ADM) en el país en ese momento. El Grupo de Investigación de Irak (ISG) y la CIA confirmaron que Sadam Husein no poseía arsenales de armas químicas, biológicas o nucleares activas, ni había reiniciado programas de producción.

El año 2026 se ha comenzado hablando mucho de algo de lo que no habíamos oído hablar: la baliza. La baliza de la que hablamos es el objeto que sustituye a los triángulos del coche en caso de avería o accidente. Es un objeto, normalmente circular, cabe en la palma de la mano, y viene equipado con luz y sonido estridente para avisar al resto de conductores de que estamos ahí parados. 

En los últimos días Europa ha dado luz verde a la baliza, el PP y Vox se han lanzado contra este cambio en un discurso que nos suena, porque tiene que ver con un ataque a todo lo que suponga una cierta intromisión a la libertad individual para garantizar la seguridad colectiva. Explicamos en qué consiste la baliza, desmentimos bulos y analizamos de qué manera la ultraderecha y la derecha en España elaboran grandes teorías que afirman que el gobierno nos controla, nos somete y nos roba. Lo hacemos con los periodistas de elDiario.es Carlos del Castillo y con José Precedo.

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Sostener que Begoña Gómez es una mujer trans o el “esposo” del presidente del Gobierno y que está vinculada al narcotráfico es “improvisación”. Ni injuria ni calumnia. Es repentizar y es libertad de expresión. 

Sostener que “ETA gobernará el País Vasco y Navarra en un año” es una “verdad incómoda”. Ni pronóstico, ni obsesión, ni lucubración. Es una certeza como que en las próximas elecciones “nos jugamos la Corona y la desagregación de España”.

Sostener en sede parlamentaria que el PSOE de Madrid está “jodío” es institucionalidad. Ni chabacanería ni mala educación. Es altura política y es propio de un liderazgo inigualable. 

Sostener ante un micrófono que uno conoce cuatro cosas del presidente del Gobierno que le obligarán a dimitir sin aportar ni cuáles, ni cuándo, ni qué pruebas hay al respecto es periodismo de calidad aunque de tal afirmación haya pasado más de uno año y no haya rastro ni de bombas de racimo ni de detonaciones informativas.

Un país en el que todo lo anterior se aplaude, se jalea, se premia y, además, se le otorga categoría de veracidad es un país en el que cada día gana espacio la bajeza moral y la vulneración de todos los estándares éticos, políticos y periodísticos sin que haya quien se escandalice por ello.

Son solo unos ejemplos. Pero hay muchos más: las inventadas cuentas en el extranjero de media docena de ministros, las minas de oro de un expresidente de Gobierno de las que no hay rastro, la reunión de Sánchez con Otegi en un caserío que no existió, el itinerante parador en el que en pandemia se pegó la juerga padre Ábalos, el dinero que Bolaños ofreció a Aldama por su silencio… 

Astracanadas que, de no ser acusaciones serias, serían dignas de carcajada y de materia para un buen libreto de Muñoz Seca. Se sostienen, se publican y se difunden por quienes siempre ven la paja en el ojo izquierdo pero nunca la viga en el derecho. Quienes se erigen en salvadores de una patria en la que solo caben ellos. Quienes destilan bilis en cada palabra que pronuncian. Quienes prefieren la gloria al rigor. Quienes quieren ajustar cuentas. Quienes no olvidan agravios. 

En política, en periodismo y en cualquier ámbito profesional se cometen errores a diario, pero una cosa es el yerro involuntario y otra muy distinta la manipulación, la insidia, la inquina o la ausencia de objetividad, que no es lo mismo que neutralidad. Acusar sin pruebas, contar historias a sabiendas de que son inciertas o dar pábulo a lo que se lee en redes sociales, cuenta algún represaliado o declara el primer delincuente confeso sin la más mínima comprobación puede ser el camino para un honor efímero, pero rara vez consolida trayectorias. 

La agitadora y tertuliana Pilar Baselga, que afirmó en un programa de Distrito TV en noviembre de 2022 que Begoña Gómez era una mujer transexual y la involucró en casos de narcotráfico, sabía que sus palabras eran susceptibles de demanda y, sin embargo, en el juicio celebrado contra ella por calumnias e injurias se ha escudado en que se hizo eco de “noticias publicadas” y que, con perspectiva, ahora entiende que lo que dijo fue “inadecuado”.

El exministro Jaime Mayor Oreja sabe que ETA dejó de matar hace 15 años, se desarmó hace 9 y se disolvió oficialmente hace 8. También que Bildu es una coalición de partidos legal, con representación parlamentaria y a la que han votado miles de ciudadanos vascos. Y aun así fantasea con un gobierno de etarras. No es desconocimiento, sino un enésimo y burdo intento de manipulación de los hechos construido desde la mentira a sabiendas de que lo es. 

José María Aznar sabe que si España es hoy una monarquía constitucional es porque, entre su alma republicana y su compromiso con la Constitución, hace ya más de 40 años que el PSOE eligió lo segundo. Si los socialistas un día abjurasen de ese contrato, en el Congreso de los Diputados habría una mayoría republicana. Felipe VI lo sabe, pero el expresidente del Gobierno y todo el PP se empeñan en dibujar a Sánchez como un peligro para la monarquía cuando en realidad la principal amenaza para el jefe del Estado es hoy la ultraderecha de Vox, socio y hermano de los populares.

Isabel Díaz Ayuso es la autora del “Pedro Sánchez, hijo de puta” y del “que te vote, Txapote”, además de la campeona de los eslóganes vacíos y la voz más injuriante de cuantas anidan en la conversación pública. Este jueves ha hecho mofa del HODIO, el instrumento que el Gobierno ha inventado para identificar la huella del odio en las redes sociales, para atacar al PSOE madrileño: “Veo que la herramienta se llama ‘jodío’, que es como lo llevan ustedes”. Y la sincronizada de guardia ha aplaudido la gracia y casi pedido el ingreso como académica de la Lengua por su conocimiento y dominio del castellano. No hay extravagancia, insulto, corruptela o boutade que no tape un buen pellizco en publicidad institucional. 

Pedro Sánchez, pese a una supuesta bomba de racimo que con toda seguridad iba a llevarle a la dimisión hace año y medio, sigue en el Gobierno. De momento, tampoco nadie ha aportado pruebas de algo que le implique en trama alguna de corrupción, pero ahí siguen los autores de tanta falsa exclusiva impartiendo lecciones de ética, de imparcialidad y de periodismo. 

El panorama, sin duda, es desolador porque estamos ante un verdadero derrumbe del debate público. Cuando en la conversación pública y publicada mandan el escándalo diario, la mentira, la confrontación y la ausencia de valores es que el pensamiento, el análisis y el diálogo constructivo se han esfumado definitivamente. Y llegará el día en que nos lamentemos por no haber hecho algo para evitarlo.

Toca hablar de odio. Porque el Gobierno ha anunciado una herramienta con la que rastrear la huella de los discursos de la abominación en las redes sociales. Porque la derecha se ha mofado de ella. Porque acabamos de recordar los trágicos atentados del 11M de hace 22 años. Porque el día de tan terrible efeméride, de repente, se abrió el telón y aparecieron Aznar y Mayor Oreja —¿qué puede salir mal?—. Porque conviene no olvidar las mentiras del Gobierno de entonces durante los días que transcurrieron entre los atentados y las elecciones generales. Y porque allí empezó todo: la negación de la verdad, los bulos, la deshumanización del contrario y lo que hoy conocemos como el discurso del odio.

De aquellos polvos…. ¿Recuerdas? Un falso relato construido por la derecha y sus medios de referencia. Primero para ocultar la verdad sobre la autoría de los atentados con intención de manipular al electorado. Después, una campaña feroz con la que deslegitimar el resultado de las urnas que dio la victoria al socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Mucho más tarde, llegaron las fake news, los bulos, los negacionistas, los pseudo medios, la fachosfera y el odio por encima de todo. Aquel 11 de marzo de 2004 fue el primer gran ensayo de lo que hoy padecemos. En la política, en los medios, en las redes sociales y en la conversación pública. 

Y, pese a todo, algunos protagonistas de aquel infame engaño aún reivindican el uso ilegal de la fuerza bruta como solución a los problemas. Aznar, el primero. El del apoyo a la guerra de Irak, el de las armas de destrucción masiva, el de “ha sido ETA”, el de las mentiras deliberadas tras la masacre y el que nunca pidió perdón por el engaño masivo, sale de nuevo a escena para legitimar otra invasión y certificar la defunción del orden internacional.

“Vivimos un cambio de era, no una era de cambio, sino un cambio de era en el que el orden internacional que hemos vivido hasta ahora se ha terminado. Se ha terminado, el viejo mundo se ha acabado. Yo creo que está más que justificado que se intente cambiar un régimen que altera completamente las reglas internacionales. Y un país como España debería estar al lado de los aliados, y no al lado de nuestros enemigos o de nuestros adversarios”. 

Son palabras del expresidente sobre la guerra en Irán desatada por los EEUU e Israel y sobre la negativa del Gobierno español a Trump para el uso de las bases de Rota y Morón.Y las ha pronunciado justo ahora, cuando entre los pliegues de la memoria colectiva aún asoma el dolor por los 193 fallecidos y más de 2.000 heridos en los atentados yihadistas del 11M que siguieron a aquella guerra ilegal. Si lo que pretende es expulsar aquel odio con más odio cuenta con el apoyo decidido de quien fuera uno de sus ministros de Interior y principal impulsor de la teoría de la conspiración sobre el 11M. Jaime Mayor Oreja ha escrito Una verdad incómoda: contra el silencio y la mentira (Espasa, 2026), donde insiste en que ETA “al menos” conocía que se iban a cometer los atentados de 2004 y desliza, sin prueba alguna, la participación del “Estado profundo” de Francia. Dos décadas después, los mismos embustes, el mismo odio y los mismos constructores de relatos alternativos.

Vindicar en el aniversario del 11M otra guerra ilegal o defender las teorías de la conspiración como hacen Aznar y Mayor Oreja es una dosis de recuerdo sobre hasta dónde es capaz de llegar la derecha para mantener el poder, deslegitimar al adversario, manipular a la opinión pública o esparcir aversión. De ahí la airada reacción de los populares y sus bots a la decisión del Gobierno de Sánchez de poner en marcha un medidor de la polarización en redes sociales. 

Se llama Huella del Odio y Polarización (HODIO) y es una herramienta desarrollada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a través del OBERAXE (Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia) que medirá y analizará la presencia de discurso de odio y polarización en Instagram, TikTok, X, YouTube y Facebook. El objetivo es generar un ranking público y transparente que permita comparar el nivel de exposición al odio entre plataformas. España se convierte así en el primer país europeo en implementar un sistema de medición sistemática de estas características. Sin embargo, las derechas no solo se mofan, sino que además no encuentran motivo para poner freno al odio que se cultiva y se promueve desde las redes. Será porque es un hábitat que dominan con soltura. Basta con echar un vistazo a sus cuentas oficiales en X, a las de su sincronizada de guardia o a las de sus altavoces habituales, donde el insulto, la manipulación, la deshumanización, el bulo y el escarnio campan a sus anchas. 

Y eso que las cifras hielan la sangre: 

HODIO hará que estas diferencias sean públicas y comparables de forma sistemática. Pero, además de visibilizar el problema como pretende esta herramienta, en algún momento habrá que romper este ciclo del odio que en España empezó con aquel 11M desde el Gobierno y sus terminales mediáticas y hoy se fabrica, cultiva y promueve en las redes sociales, donde la violencia verbal es alarmante.

Sin duda, hace falta regulación y no porque lo diga o crea Sánchez, sino porque en Europa ya hay un consenso generalizado, sobre todo en lo que respecta a la protección de los menores en el espacio digital. En Naciones Unidas también se aprobó el pasado septiembre una resolución para crear el primer panel de la historia que discutirá sobre la Inteligencia Artificial en lo que se entiende que será un primer paso para su regulación. 

La toxicidad en la palabra no es libertad de expresión es una seria amenaza para la convivencia de la que se benefician no solo los tecno oligarcas, sino también aquellos que son incapaces de convencer a la ciudadanía de la bondad de sus proyectos políticos salvo desde la mentira, el insulto, el odio al diferente y la manipulación, como acostumbran algunos políticos. 

¿La última? La concejala de Cultura del Ayuntamiento de Madrid, Marta Rivera de la Cruz, a quien seguro no se conoce ni por su gestión ni por su pensamiento político, pero sí por difundir este miércoles un vídeo falso hecho con IA en el que se escucha al ministro Óscar Puente llamar “retrasada” a Isabel Díaz Ayuso en un montaje de una entrevista en TVE. Si lo que pretendía era hacer méritos con una ingeniosa descalificación sobre la herramienta HODIO anunciada por el Gobierno, lo que logró fue el bochorno de propios y extraños, además de la difusión de una trola de tamaño considerable. Así andamos.

El aniversario de los atentados del 11 de marzo ha sido precisamente la fecha elegida por el exministro Jaime Mayor Oreja, el expresidente del Gobierno José María Aznar y la expresidenta del PP vasco María San Gil para juntarse a presentar el libro de las memorias del extitular de Interior. Y en el acto, Mayor Oreja ha vuelto a repetir la teoría de la conspiración de que estuvieron involucrados los “servicios secretos” de otro país.

Mayor Oreja ha contado, sentado al lado de Aznar, un episodio que también relata en su libro, Una verdad incómoda. Testimonio de una época: contra el silencio y la mentira: que Driss Basri, que había sido ministro del Interior de Marruecos durante dos décadas, le dijo en 2005 que “no tendrás dudas de que el atentado del 11-M fue obra de un servicio secreto”. Según explica Mayor Oreja en su libro, Basri le aseguró que “la lógica” es que fueran los servicios secretos marroquíes pero le añadió: “Como los he reclutado, formado y escogido yo, quiero decirte que son incapaces de organizar un atentado tan complejo y difícil como el que habéis padecido. Mirad hacia los servicios secretos de otro país vecino”. También cita otra conversación en la que se enteró por Jean Louis Debré, ministro del Interior francés, de la existencia “de un servicio secreto oculto, extraño, que no dependía del Ministerio del Interior galo”, dice en su libro.

“Son dos testimonios. Ni sumo, ni quito ni pongo nada. Yo lo que digo es que el atentado se hizo para cambiar la dirección política de España. Era un atentado para cambiar el rumbo, la dirección de España, y vaya si ha cambiado el rumbo de la dirección de España”, ha dicho Mayor Oreja este miércoles tras relatar esa historia. El público le ha aplaudido al final de esa intervención.

El exministro ha repetido en otras ocasiones esta teoría de la conspiración según la cual los atentados de 2004 en Madrid no fueron obra de islamistas sino una operación de servicios extranjeros de inteligencia para desestabilizar el Gobierno del PP. “El 11M fue un atentado que no fue islamista. Fue un atentado para cambiar el rumbo la dirección de España. Otra cosa es que fuesen islamistas los que lo protagonizaron, pero era un atentado mucho más propio de un servicio secreto para cambiar el rumbo y la dirección de España”, dijo en 2024.

Ni la investigación judicial ni la sentencia del caso permiten deducir que los servicios de espionaje de países vecinos participaran de alguna manera en el atentado que se llevó la vida de 193 personas. En 2007, la Audiencia Nacional confirmó la autoría islamista del ataque que hizo estallar múltiples bombas en varias estaciones del tren de cercanías de Madrid, condenó a 22 personas y descartó cualquier participación de ETA. Fue el Gobierno de José María Aznar el que mantuvo la autoría de ETA durante los días siguientes del ataque y dirigentes del PP, así como medios de la derecha, trataron de mantener viva esa teoría durante años, únicamente con el fin de atacar al PSOE y a la izquierda.

Esta presentación —Oreja ha dicho a Europa Press que la fecha es una coincidencia— se produce en pleno conflicto bélico abierto en Irán, tras los ataques de Estados Unidos e Israel, que han llevado a Sánchez a resucitar el 'No a la guerra' que acuñó en 2003 el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero contra la guerra de Irak y los pasos dados entonces por Aznar.

Sobre los posibles acuerdos entre PP y Vox, Mayor Oreja ha defendido que la alianza entre los dos partidos es “la mayoría natural” de España y “tiene la obligación de hacer gobierno”. “¿Que será dificil? Seguro. ¿Que unos quieren hacer el sorpasso a otros? Seguro. Pero es la mayoría natural”, ha zanjado

“La memoria no se diluye, la memoria se nombra”. 22 años después del mayor atentado de la historia de España, las víctimas del 11M luchan por evitar que la sociedad se olvide de las 192 personas que fallecieron y las más de 2.000 que resultaron heridas por la cadena de explosiones que provocó el horror en los Cercanías de Madrid aquel 11 de marzo de 2004 en el que cambió todo. El principal esfuerzo de los familiares de los asesinados y de los propios heridos que aún arrastran las secuelas de los ataques se centra, dos décadas después, en tratar de que sus experiencias sirvan a las nuevas generaciones en un momento en el que la polarización marca los discursos políticos y surgen nuevas formas de “radicalidad” que amenazan las democracias occidentales.

Juan Benito, actual presidente de la Fundación de Víctimas del Terrorismo que el 11M perdió a su hijo Rodolfo, asesinado con tan solo 27 años, reconoce que “22 años después parece que todo ha sido muy reciente” y que la “ausencia” de su hijo “es notoria los 365 días del año”. En conversación con elDiario.es, Benito reivindica el proyecto educativo 'Memoria y prevención del terrorismo' que se ha promovido en las escuelas e institutos en la última década por su fundación y los Ministerios del Interior y de Educación con el objetivo de prevenir la violencia y la radicalización, así como para sensibilizar sobre las consecuencias del terrorismo en la vida de las personas y el conjunto de la sociedad.

Más allá de ese programa que lleva a las víctimas a las escuelas para ofrecer sus testimonios, Benito reivindica que la realidad del terrorismo se pueda incluir en el currículum escolar “para que las nuevas generaciones conozcan lo que ha pasado”. El objetivo es que esos jóvenes sepan “que las víctimas del terrorismo son héroes de la democracia porque son víctimas de los ataques contra el Estado”. “No se debe olvidar y es importante que se conozca que España vivió cinco décadas de tragedias terroristas”, apunta, en alusión a ETA, otros grupos y Al Qaeda, la organización yihadista que provocó la masacre del 11M.

“Con un relato veraz se mantiene la memoria”, remarcan las víctimas consultadas por este diario, que lamentan que en los aniversarios destacados, como cuando se cumplieron los 20 años, la atención mediática fuera muy destacada y este año, al conmemorar los 22, sea más reducida.

Una lucha diaria

“La lucha con las instituciones es diaria”, remarca Montse Soler, que forma parte de la Asociación 11M Afectados por el Terrorismo. Las bombas de los terroristas yihadistas mataron a su hermana Susana. Inicialmente, fue trasladada con vida al hospital, pero murió en el quirófano. Soler la identificó gracias a un pendiente que le enseñaron los médicos. Bajo su responsabilidad quedaron su sobrino, que entonces tenía ocho años, y su madre, que contaba con 80. “La memoria es lo más importante para que lo ocurrido no se olvide”, destaca ella en conversación telefónica con este diario. 22 años después de la masacre, a su juicio, lo importante es que las instituciones promuevan “dignidad, memoria y educación para evitar cualquier radicalización”.

El lunes, con motivo de un acto por el Día Europeo en Memoria de las Víctimas del Terrorismo que se celebra este miércoles precisamente por los atentados del 11M, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, defendió que se conozcan los testimonios de las víctimas del ataque “como instrumento de prevención frente a la radicalización violenta y para neutralizar la narrativa terrorista”. “Sois la referencia ética de nuestro sistema democrático y de valores”, les dijo, antes de recordar “la vileza y el odio sin escrúpulos” al que se enfrenta la sociedad actual. “La lucha debe ser colectiva en defensa de la democracia y reclama a la determinación de avanzar siempre en la convivencia pacífica”, zanjó.

Quien durante años fuera la imagen visible de la tragedia, Pilar Manjón, que el 11M perdió en los trenes a su hijo Daniel, se vuelve a mantener en un segundo plano otro año más, después de lustros recibiendo insultos y amenazas por haber dado la cara en nombre de las víctimas. Durante años, el PP y la derecha mediática la culparon de que los populares perdieran el Gobierno solo tres días después de los atentados, el 14 de marzo de 2004. También la censuraron por exigir la verdad al entonces presidente José María Aznar que, durante días, sostuvo que el ataque no lo perpetró un grupo yihadista –como certificó el juicio– sino ETA, pese a que tenían las evidencias de la autoría islamista. Este miércoles se cumplen, por tanto, también 22 años de esa gran mentira de Estado que dio un vuelco a la política española.

Los condenados

En todo este tiempo muchos de los condenados por los atentados terroristas han ido recibiendo algunos permisos carcelarios y son solo tres, los que encajaron las mayores condenas, los que siguen en prisión. Se trata de José Emilio Suárez Trashorras, Jamal Zougam y Otman el Gnaoui. El primero, el único español condenado, fue sentenciado en 2007 a 34.715 años de cárcel al ser considerado colaborador de la masacre por haber suministrado los explosivos que usaron los yihadistas. Los otros dos, Jamal Zougam y Othman el Gnaoui, son ambos de nacionalidad marroquí y fueron considerados autores materiales de la masacre, por lo que fueron condenados a 42.922 años y 42.924 años de cárcel, respectivamente. Los tres estarán entre rejas hasta, al menos, 2044.

Este miércoles las distintas asociaciones de víctimas volverán a celebrar actos distintos en conmemoración de la tragedia. La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) se reunirá en el Bosque del Recuerdo del Parque del Retiro junto a representantes institucionales del PP. La izquierda, además, asistirá al acto conjunto con CCOO, UGT, en Atocha, al lado de la cúpula exterior, como siempre. También habrá un acto en la calle Téllez junto al Mural-Memorial del 11M, otro en Santa Eugenia, frente a la estación de trenes y uno más en El Pozo, también frente a la estación. Los tres fueron los principales escenarios de la matanza hace 22 años.

Fue a finales del siglo pasado. Un grupo de empresas españolas, capitaneado por los grandes monopolios estatales, se lanzó a una expansión sincronizada en Latinoamérica. Aprovecharon su propia privatización para comprar al otro lado del Atlántico compañías muy semejantes de las que también salían sus estados. El proceso fue de tal dimensión que fue bautizado como la reconquista de América por la armada empresarial. Era una flota de una decena de empresas españolas comprando por toda la región. Treinta años después, aquella ola de adquisiciones se ha quedado prácticamente en nada; solo se libra Brasil.

Eran los felices años 90, cuando la generación del baby boom estaba en pleno rendimiento; ahora, se jubila en masa. España acababa de entrar en la Unión Europea (1986), se mostraba al mundo moderna y orgullosa (Barcelona y Sevilla 92) y se aprestaba a entrar en el selecto club del euro, que despegaría al país de la inestable peseta para engancharse a la nueva moneda heredera del marco alemán (1999). Entrar en la divisa europea requería disciplina germana en ratios clave, como inflación, déficit público, deuda pública y tipos de cambio y de interés. Para cumplirlos, el gobierno liberal de José María Aznar (1996-2004) culminó con enorme agrado todo un proceso de privatizaciones comenzado por el socialista Felipe González (1982-1996).

El proceso se repitió una y otra vez, con ofertas públicas de venta (OPV) de sucesivos paquetes de acciones de las empresas públicas, que también sirvieron para popularizar la bolsa como fórmula de inversión del ahorro familiar. Antes de entrar en este siglo, el Estado vendió los últimos paquetes, para con esos ingresos amortizar deuda pública y aprobar el examen de entrada en la Eurozona. Así es como Telefónica (1995-1999), Repsol (1989-1997), Endesa (1988-1998), Enagás (1997), Red Eléctrica (1999), Iberia (1999-2001) y la banca pública aglutinada en Argentaria (1993-1998), por reseñar las más grandes, acabaron en manos privadas. El Estado conservó pequeñas participaciones en Enagás (5%), Redeia (20%) e Iberia (2,5% de IAG, el holding) y ha retornado hace apenas un año a Telefónica (10%).

Estas empresas lideraron aquella marea inversora, que fue seguida por prácticamente todas las empresas privadas energéticas (Iberdrola, Unión Fenosa o Gas Natural) y por los grandes bancos Santander y BBV. Por eso, resulta un shock la rápida retirada de Telefónica, que en menos de un año ha vendido sus negocios en seis países (Argentina, Perú, Uruguay, Ecuador, Colombia y Chile), proceso que sigue a la retirada de Centroamérica (El Salvador, Costa Rica, Guatemala, Panamá y Nicaragua) entre 2019 y 2021, y que continuará este mismo año con la venta de México y Venezuela. Se salva Brasil, que de momento es considerado mercado estratégico.

El viaje de vuelta de las empresas españolas no obedece a un relato común, aunque sea una constante. La casuística va desde la expulsión por renacionalización, a las pérdidas continuadas, el mero cambio de estrategia con la llegada de nuevos accionistas o la necesidad de hacer caja para reinvertir en otros mercados.

En el primer caso está Repsol, que se vio obligada a revender a Argentina la petrolera pública Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), una compañía tan grande que llevó al cambio de nombre de la española a Repsol YPF. En 2012, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner anunció la renacionalización de YPF, lo que se hizo con la consiguiente contraprestación. Algo parecido le sucedió a Red Eléctrica Española, cuando en el mismo año el gobierno de Evo Morales le expropió la compañía Transportadora de Electricidad SA. La expropiación fue ordenada el 1 de mayo, Día del Trabajador, “como justo homenaje a los trabajadores y al pueblo boliviano que ha luchado por la recuperación de los recursos naturales y los servicios básicos”, dijo Morales.

En 2013, Repsol vendió a la angloholandesa Shell sus activos de gas natural licuado en Perú y Trinidad y Tobago, y poco después se desprendería de los negocios en Ecuador. Este fue un proceso más voluntario y con parte de aquellos recursos compró la petrolera Canadiense Talisman. Repsol sigue conservando intereses en Brasil y Venezuela, un país que han cobrado una importancia y valor inesperados con la toma del país por Estados Unidos.

Un caso muy diferente es el de la que fuera la Empresa Nacional de Electricidad SA (Endesa), que acabó en 2009 en manos de la empresa pública italiana Enel. Cinco años después, los italianos traspasaron sin ningún recato las filiales de Endesa en Latinoamérica a la empresa matriz, para posteriormente vender los activos en Argentina y Perú, y quedarse en Brasil, Chile y Colombia, pero ya desenganchadas de España.

Enagás también ha protagonizado recientemente un repliegue de América a España. En 2022 vendió su participación en la chilena GNL Quintero; dos años después se deshizo de las participaciones en la mexicana Compresión de Soto La Marina y la estadounidense Talgrass Energy. Ya solo le queda un pleito en Perú por el que el Estado peruano tiene que compensarle con más de 300 millones de dólares por la cancelación unilateral del Gasoducto Sur Peruano. Todos estos recursos y más van destinados a financiar las inversiones de más de 4.000 millones de euros del plan estratégico de la empresa (2025-2030), de los que 3.125 millones van a infraestructura de hidrógeno verde.

Estos movimientos de los antiguos monopolios públicos se han visto acompañados por la salida de empresas privadas como Iberdrola, Naturgy o Acciona, que han hecho un repliegue notable. Pero hay dos excepciones que confirman la regla. Por un lado, los grandes bancos, Santander y BBVA, que siguen muy presentes en la región. Por otro, la apuesta brasileña, ligada al tamaño de país y de economía. Brasil suma 214 millones de habitantes, que es casi la suma de los tres siguientes: México (133 millones), Colombia (53 Millones) y Argentina (47 millones). Además, el país carioca cuenta con un PIB de 2,1 billones de euros, que es el equivalente al agregado de México (1,7 billones) y Colombia (0,4 billones).

La fuerte presencia de grandes empresas españolas en la región sirvió para ejercer de manera silenciosa y continuada el soft power del dinero, que tan bien acompaña a la diplomacia formal. La retirada de Telefónica y el resto de viejos monopolios deja al Gobierno de España menos palancas en su aproximación a Latinoamérica. Esto también lo sabe Donald Trump.

El caso Montoro podría ser uno de los mayores episodios de corrupción de la historia de la joven democracia española. El exministro de Hacienda está acusado de utilizar su despacho de abogados para cobrar cerca de diez millones de euros en comisiones de grandes empresas de gas y electricidad a cambio de normativas fiscales favorables. La investigación en curso aventura que el despacho, que escogió el aséptico e inexpresivo nombre de Equipo Económico, canalizó comisiones disfrazadas de informes de asesoramiento fiscal para desviar cincuenta millones de euros a distintos paraísos fiscales. A pesar de la gravedad del caso, apenas se habla de él en los medios y los jueces no parecen tener prisa. El procedimiento contra el exfiscal Álvaro García Ortiz discurrió con la rapidez de un monoplaza de la Escudería Ferrari, mientras que el caso de Montoro avanza con la lentitud de un tractor con el motor medio gripado. Mientras tanto, el exministro de Hacienda descansa plácidamente cada noche, como los ejecutivos de Los canallas duermen en paz, la famosa película de Akira Kurosawa estrenada en 1960. Cuando escalas la cima del poder con una poderosa red preparada para protegerte de cualquier traspiés, la sensación de impunidad no altera los ritmos circadianos. 

Montoro se parece extraordinariamente al Sr. Burns, el malvado propietario de la planta nuclear donde trabaja Homer Simpson. Su media sonrisa, sus manos de seminarista acostumbrado a sobar las cuentas de un rosario y su mirada burlona de sapo semienterrado en el fango producen los mismos escalofríos que el Nosferatu de Murnau, calvo, demacrado y con orejas puntiagudas. Los malos no suelen tener miedo, pues juegan con ventaja. En España, la separación de poderes solo es un subgénero de la literatura fantástica. La judicatura no oculta su simpatía por la derecha ni su inquina por la izquierda. De ahí que algunos investigados ahuequen su almohada cada noche con la tranquilidad del que no teme al futuro, pues saben que las togas de Mordor velan sus sueños. El poder de la Tierra Negra, un paisaje salpicado de volcanes, cenizas y extrañas criaturas, es invencible, providente y ubicuo. 

Lo cierto es que las togas de Sauron nunca se dan por vencidas. De ahí que la sección cuarta de la Audiencia de Valencia haya ordenado abrir juicio a Mónica Oltra en contra del criterio del juez y la Fiscalía. En cambio, la justicia ha pospuesto el juicio contra Alberto González Amador para después de las elecciones de 2027, alegando que no quiere interferir en las dinámicas electorales. Imagino que en Villa Quirón, la residencia de la feliz pareja compuesta por Isabel Díaz Ayuso y Alberto Burnet, secreto admirador de Lon Chaney, el hombre de las mil caras, las noches son sumamente tranquilas. Aunque Ayuso se ha convertido al catolicismo después de romper con su ateísmo de joven rebelde, no creo que vivir en pecado le obligue a recurrir a los hipnóticos para conciliar el sueño y su novio, un bigardo con la voz de Gracita Morales, seguramente duerme a pierna suelta, soñando que recorre las calles de Mónaco con su flamante Maserati. No sé si su mente a veces le juega malas pasadas y, así como algunos sufrimos la pesadilla recurrente de perder nuestras titulaciones por un suspenso retrospectivo, él se despierta bañado en sudor, pensando que vuelve a trabajar como un simple empleado de El Corte Inglés del Paseo de la Castellana. Si es así, seguro que Ayuso le consuela, asegurándole que Miguel Ángel Rodríguez, su Luca Brasi particular, triturará a los periodistas que han sacado a luz su irresistible ascensión a la cúpula del imperio Quirón. 

Estoy convencido de que José María Aznar también duerme a pierna suelta. No sé si ha afeitado su bigotito de Charlot para borrar de su rostro esa expresión de villano de spaghetti-western, aficionado a disparar por la espalda. Ahora prefiere cultivar la imagen de hombre de negocios feliz y satisfecho. Es el ex presidente de España con un patrimonio más abultado y sigue despertando el fervor de los votantes de la derecha, que añoran su hiperliderazgo y su espíritu libre de complejos. Aznar no se avergüenza de su fervor juvenil por José Antonio Primo de Rivera ni de que 12 de los 14 ministros con los que formó gobierno en 2002 hayan sido imputados, encarcelados o implicados en asuntos judiciales. Y nunca se ha planteado que cometió una vileza al implicar a España en la segunda invasión de Irak con el falso pretexto de las armas de destrucción masiva. Piensa que gracias a su colaboración con el amigo americano, España recobró el lugar que le correspondía en el mundo. La famosa fotografía de las Azores con George Bush y Tony Blair quizás le parece tan épica y admirable como el abrazo entre Franco y Eisenhower o el retrato ecuestre de Carlos V en Mühlberg pintado por Tiziano. Probablemente, considera que dejar correr el bulo de que el atentado del 11-M había sido obra de ETA no fue una maniobra perversa, sino un ejemplo de astucia política. Al igual que diplomático florentino que alcanzó la fama con El príncipe, un clásico sobre el arte de gobernar al margen de la ética, Aznar ha comprendido que “un hombre que quiere ser bueno entre tantos que no lo son labrará su propia ruina”. 

Aznar, uno de sus hijos y su yerno han aparecido en los papeles de Epstein. Imagino que ese detalle no ha perturbado el sueño del expresidente, que solo necesita leer unas páginas de Roca Barea o Pío Moa para sumirse en un dulce descanso. Dudo que Pablo Iglesias e Irene Montero pasen unas noches tan reparadoras. Quizás todavía resuenan en sus cabezas los pitidos, caceroladas e insultos de la horda que durante meses rodeó su chalet de Galapagar, un hogar de clase media y no una mansión de lujo. Aquel episodio, con algo de asedio medieval, puso de manifiesto que en España los rojos y los “perro-flautas” no duermen en paz, sino sobresaltados por el temor de que Abogados Cristianos, HazteOír, Manos Limpias, el PP o Vox les pongan una querella por asociación ilícita, apropiación indebida, desobediencia, cohecho, financiación ilegal o supuestas cuentas en paraísos fiscales. Basadas en recortes de periódico o rumores, estas querellas no suelen prosperar, pero al menos no dejan dormir tranquilos a los políticos de izquierdas, las cabezas visibles de esa anti-España que abre las puertas a la invasión islámica, ayuda a materializar los planes de ETA o pervierte a los niños al incluir la diversidad sexual en los planes de estudio. 

La España Negra que retrató el pintor Gutiérrez Solana sigue viva y no ha cambiado de ropajes. Los obispos continúan ostentando sus mitras, los guardias civiles pasean sus tricornios en ceremonias y actos oficiales, los jueces se enorgullecen de sus puñetas, muchos periodistas siguen hundiendo sus manos en el fondo de reptiles y los políticos comparten mesa con banqueros, prebostes y aristócratas ociosos. Como las encuestas vaticinan un triunfo abrumador del tándem PP-Vox en las próximas elecciones, yo ya he comprado una caja de melatonina para poder dormir en la España distópica que se avecina, con hospitales colapsados, escuelas con telarañas y goteras, policías patrióticas y actos de afirmación nacional en la Plaza de Colón, con Toni Cantó como maestro de ceremonias y Mario Vaquerizo y sus Nancys rubias berreando el himno de la Legión con acordes de electropop y rock petardo.  

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, protagonizará este próximo sábado en Ávila el primer gran acto de apertura de campaña electoral (del 27 de febrero al 13 de marzo) para apoyar la reelección de Alfonso Fernández Mañueco al frente de la Junta de Castilla y León.

Los expresidentes del Gobierno José María Aznar y Mariano Rajoy también participarán en algunos actos programados por el PP de Castilla y León dentro de una campaña que será clausurada el 13 de marzo en Valladolid con la presencia de Feijóo y Mañueco, quienes horas antes de su inicio estarán este viernes en Vitigudino y Ciudad Rodrigo (Salamanca).

Eslogan

Con el eslogan 'Aquí, certezas', la presidenta del Comité de Campaña, la vicepresidenta y consejera de Familia, Isabel Blanco, ha desgranado este lunes en Valladolid los ejes de una campaña durante la que Feijóo visitara las nueve provincias de Castilla y León.

Más de 110 actos han programado los populares para explicar en todo el territorio autonómico las 1.031 medidas con que el PP aspira a seguir gobernando en Castilla y León, lejos de ruidos, enfrentamientos y de la 'política espectáculo': “Vamos a hablar de lo que interesa a las personas”, ha recalcado Blanco.

Cinco caravanas recorrerán la comunidad autónoma del 27 al 13 de febrero encabezadas respectivamente por Feijóo; Mañueco; líderes nacionales y representantes de otras comunidades autónomas cuyos nombres no ha detallado; consejeros de la Junta de Castilla y León; y la última formada por candidatos, diputados provinciales y alcaldes.

Aval de gestión

“Queremos visitar y llegar hasta los 2.248 municipios en una campaña de cercanía, pegada al territorio y que piensa en las personas, con un balance de gestión que nos avala y el objetivo de situar a Castilla y León entre las tres primeras comunidades autónomas donde mejor se vive”, ha precisado Blanco.

Desde esa gestión, ha proseguido, “queremos mantener lo que ya hay y trabajar para consolidar el resto de indicadores” más allá del trabajo realizado en Educación y Asuntos Sociales, aspectos en los que Castilla y León es referente nacional, y también de un sistema sanitario “que es el segundo mejor valorado por los usuarios”, ha apostillado.

Ruido y espectáculo

Y todo ello, ha proseguido Blanco, lejos “del espectáculo en que se ha convertido la política durante los últimos tiempos, un mal espectáculo que es lo que crea esa desconfianza y desconexión con los políticos”, porque “nosotros no queremos ruido y enfrentamientos sino certezas que se construyen con medidas y propuestas”, ha remachado.

En este contexto ha inscrito Isabel Blanco ha inscrito el lema electoral de 'Aquí, certezas', cuyo significado ha remitido “a un proyecto, una realidad: no venimos a experimentar, sabemos lo que tenemos que hacer y cómo, con seriedad, rigor y responsabilidad”.

“Esto va de Castilla y León, de la vida real, de lo que importa a las personas y a las familias, de lo que sostiene una familia, una casa un pueblo...” y en un territorio, ha añadido, “donde sí importan las distancias y donde los servicios públicos pegados al territorio son una realidad que mantener, consolidar y potenciar”.

Por último, respecto a las encuestas publicadas desde diferentes instancias, se ha limitado a decir que el PP “espera ganar en las urnas” y no en los sondeos, y que la del CIS “es muy poco precisa” al establecer 'horquillas' de resultados de hasta diez puntos, un excesivo margen en su opinión.

El expresidente del Gobierno José María Aznar y el periodista Carlos Herrera han visitado al rey emérito Juan Carlos I en Abu Dabi. El exmonarca les ha asegurado a ambos que se encuentra “excelentemente bien” de salud, que está en un momento feliz y que tiene intención de regresar a España en un futuro cercano.

Así lo ha trasladado el periodista de la COPE, que publica la información en un momento de especulaciones sobre el estado de salud del exjefe de Estado, que no acudió al funeral de su cuñada Irene de Grecia.

El monarca ha pedido a Herrera que agradeciera en su nombre a todos los que se han preocupado por su estado y aunque ha reconocido sufrir los problemas de achaques normales“ de su edad, también ha asegurado encontrarse en buena forma. ”Ya me gustaría tener 20 años, pero no los tengo“, ha bromeado con el periodista.

“Pronto volveré a visitar España”, ha declarado, para después despedirse con “un abrazo para todos”.

José María Aznar, por su parte, ha publicado una fotografía de ambos en Instagram, sonrientes en Abu Dabi, que ha acompañado de estas palabras: “Reencuentro con el Rey de las libertades y la democracia en España”.