José Luis Rodríguez Zapatero afronta el regreso de la actividad en los tribunales con varios hitos pendientes. Por un lado, las declaraciones de los dimitidos presidente y CEO de Plus Ultra, que lo implicaron en el cobro de una comisión de 530.000 euros por ese rescate, previstas para los días 7 y 8 de septiembre. Por otro, está pendiente de fecha la citación a sus hijas, también investigadas por su empresa, Whathefav, a la que el juez sitúa como receptora de fondos del entramado de Julio Martínez. Y, además, tiene pendiente desde hace casi tres meses responder por el origen de las joyas que se localizaron en una caja fuerte en su despacho.

Zapatero es el primer presidente del Gobierno en comparecer como imputado ante un juez, aunque no es el primer líder del ejecutivo central que pasa por los juzgados. Su comparecencia implica que todos los presidentes de la democracia española, desde Adolfo Suárez hasta Pedro Sánchez, han comparecido por orden de los juzgados, aunque hasta ahora todos lo habían hecho como testigos y Zapatero es el primero acusado de un ramillete de delitos relacionados con su actividad profesional posterior a su vida en el Palacio de La Moncloa.

Zapatero, el rescate de Plus Ultra y las joyas

José Luis Rodríguez Zapatero, presidente durante dos legislaturas entre su victoria de 2004 y las elecciones anticipadas que perdió en 2011, está siendo investigado por dos motivos distintos: su relación con el rescate de 53 millones de euros de la aerolínea Plus Ultra y también por las joyas, valoradas en más de un millón de euros, que los agentes de la UDEF encontraron en su despacho de la calle Ferraz. En la causa se investigan hasta siete delitos de organización criminal, tráfico de influencias, apropiación indebida, falsedad documental, blanqueo de capitales, contrabando y delitos fiscales.

El expresidente del Gobierno quedó en libertad sin cautelares tras declarar durante dos horas ante Calama para negar todas las acusaciones, unas explicaciones que no terminaron de convencer ni al juez ni a Anticorrupción. Rechazó haber usado su influencia como antiguo líder del Ejecutivo para favorecer el rescate millonario de la aerolínea y negó también, por tanto, haber cobrado una comisión por ello. Ni a través de pagos de empresas ni a través de la agencia de sus hijas ni tampoco a través de una hipotética sociedad en Dubái.

La defensa del expresidente está pendiente de la respuesta que pueda dar el juez instructor a sus peticiones de anular la causa. Tras rechazar de plano los recursos inicialmente, Calama rectificó y accedió a revisar ocho resoluciones, la mayoría dictadas por el juzgado de Madrid que investigó el rescate de Plus Ultra antes de que la Audiencia Nacional asumiera el caso.

Por otro lado, Zapatero pidió más tiempo para recopilar información sobre la segunda de las acusaciones que pesan sobre él: las joyas que los agentes encontraron en una caja fuerte de un despacho anexo al suyo. Joyas que, según una tasación encargada por el juzgado, tienen un valor aproximado de 1,3 millones de euros. Ahora el juez quiere saber cuándo las obtuvo Zapatero, si las declaró correctamente o si incurrió en delitos fiscales y de contrabando.

Han pasado ya casi tres meses desde que el expresidente del Gobierno pidió más tiempo para recopilar documentación y justificar la presencia de estos objetos, algunos individualmente tasados en más de 200.000 euros. En la entrevista que concedió en julio a TVE, evitó responder sobre su procedencia e insistió en que prefería reservar esa información para entregársela al juez. Las calificó de “regalo de cortesía, personal, de hace muchos años”. Ante la insistencia del presentador, Javier Ruiz, ni siquiera precisó de qué país procedía el regalo.

Adolfo Suárez y el caso Banesto

Adolfo Suárez González fue el primer presidente de la democracia española, entre 1976 y 1981, pero su declaración como testigo en un juzgado no llegó hasta más de una década después. Fue en octubre de 1998 cuando compareció en la Audiencia Nacional en el marco del caso Banesto para responder sobre las palabras del banquero Mario Conde, quien afirmaba haber entregado 300 millones de pesetas al Centro Democrático y Social (CDS) de Suárez a cambio de hacer gestiones ante el Banco de España a favor de la entidad. Unos años antes también había comparecido de forma voluntaria en fase de instrucción. “No recibí en absoluto ni yo, ni el CDS, dinero de Banesto, ni de ningún trabajador de la entidad”, dijo Suárez ante los jueces de la Audiencia Nacional.

El caso Banesto terminó con en 2002 con el Tribunal Supremo elevando la condena de Mario Conde hasta los 20 años de cárcel. La Fiscalía, casi una década antes, se había querellado contra Conde y los exdirectivos del banco como responsables del agujero de más de 500 millones de pesetas que llevó a la intervención del Banco de España. Los tribunales concluyeron que Conde se quedó con 300 millones del banco y que justificó verbalmente su salida para hacer “un pago” a Adolfo Suárez “por un servicio que había prestado ante el Banco de España”. El dinero salió en bolsas de deporte y su destino final nunca fue conocido, por lo que la afirmación de Conde se quedó en un argumento de defensa sin pruebas.

Felipe González y el terrorismo de Estado

El socialista Felipe González tomó el relevo de Adolfo Suárez en 1982 hasta que perdió ante José María Aznar en 1996. Para entonces su Gobierno y el PSOE se habían enfrentado a diversos escándalos, pero pocos al nivel del terrorismo de Estado de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) destapados por El Mundo en 1994. La guerra sucia contra ETA que fue juzgada en el Tribunal Supremo dos años después de la salida de González de La Moncloa y el expresidente tuvo que testificar señalado como la “X” del caso y con parte de su cúpula de Interior en el banquillo. El alto tribunal, que declaró probado el secuestro de Segundo Marey, siempre rechazó responsabilizar penalmente a Felipe González.

La Sala de lo Penal del Supremo dictó sentencia ese mismo año con condenas para los 12 encausados y el voto en contra de cuatro integrantes del tribunal. Los hechos probados relataban cómo los mandos de Interior autorizaron el secuestro ilegal de un dirigente etarra, primero con efectivos policiales y después con “mercenarios franceses”. En su lugar los mercenarios entregaron a los policías involucrados al ciudadano francés Segundo Marey, a quien habían confundido con el etarra.

Esa no fue la última testifical de Felipe González por ilegalidades cometidas durante su mandato. Tres años más tarde compareció ante la Audiencia Provincial de Madrid en el juicio contra el exministro José Barrionuevo, Rafael Vera y media docena de altos cargos policiales y de Interior. En esta investigación, que terminó con condenas de cárcel por malversación por el desvío de fondos reservados para pagar el “enriquecimiento personal”, González testificó para negar estas irregularidades y afirmar que sus antiguos colaboradores eran víctimas de una “cacería” contra él.

Mariano Rajoy, la Gürtel y la Kitchen

Mariano Rajoy Brey, presidente del Gobierno del PP desde la derrota del PSOE en 2011 hasta la moción de censura de 2018, ostenta el récord de veces que un presidente del Gobierno ha testificado por hechos ocurridos durante su mandato. También es el único en haber comparecido ante un tribunal mientras todavía vivía en el Palacio de La Moncloa. Lo hizo dos veces en dos juicios diferentes de la trama corrupta Gürtel que anidó en las administraciones públicas gobernadas por su partido, y una última vez hace pocas semanas en el caso Kitchen de corrupción policial que también, esta todavía supuestamente, se desarrolló bajo su mandato.

Su primera testifical fue en el juicio de la trama principal del caso Gürtel en 2017. El entonces todavía presidente del Gobierno compareció ante la Audiencia Nacional con un fuerte dispositivo de seguridad y negó, en una declaración atropellada y con cortes del juez Ángel Hurtado, haber tenido constancia de la existencia de la trama Gürtel que durante años dominó la contratación pública allí donde gobernaba el PP. El partido fue condenado como responsable a título lucrativo por beneficiarse del entramado.

Su segunda testifical en el caso, esta vez en el juicio de 2021 por la caja B del PP, fue telemática y se saldó con más negaciones de Rajoy sobre la existencia de la contabilidad paralela y con una nueva condena para el PP, esta vez como responsable civil subsidiario del fraude fiscal derivado de la reforma de su sede con dinero negro.

“Yo me llamo Mariano Rajoy y luego cada uno me llama como quiere”. El expresidente del Gobierno volvió a vestirse de testigo el pasado mes de abril y remató así su declaración en el juicio de la operación Kitchen, el operativo policial ilegal supuestamente puesto en marcha bajo su mandato por el Ministerio del Interior para espiar a Luis Bárcenas y robar pruebas comprometedoras para el PP y el propio Rajoy. El caso, que todavía está siendo juzgado en la Audiencia Nacional, tiene en el banquillo a su ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, al secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, así como diversos mandos policiales y al comisario jubilado José Manuel Villarejo. Y Rajoy negó que Bárcenas le pudiera haber grabado destruyendo documentación sobre una caja B del PP que, en paralelo, los tribunales han declarado probada en firme.

José María Aznar y el caso Gürtel

José María Aznar estuvo al frente de los gobiernos del PP desde su victoria ante Felipe González en 1996 hasta su derrota ante Zapatero en 2004. Y testificó junto con Mariano Rajoy en el juicio de la caja B del Partido Popular en 2021, también de forma telemática y en su caso con mascarilla. “No he recibido ningún sobresueldo. Lo que hicieran mis sucesores ni me interesa”, dijo el expresidente del Gobierno.

Pedro Sánchez y la visita del juez Peinado

El 31 de julio de 2024 el juez Juan Carlos Peinado llegó en coche al Palacio de la Moncloa y pasó menos de dos minutos ante el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El magistrado decidió llamar a declarar a Sánchez en la causa en la que investiga a su esposa, Begoña Gómez, y el presidente del Gobierno, que intentó sin éxito declarar por escrito como facilita la ley, optó por acogerse a su derecho a no declarar en una causa penal abierta a un familiar directo.

El magistrado justificó su decisión de tomar declaración a Sánchez en una línea: “Se considera conveniente, útil y pertinente recibir declaración al esposo de la investigada”. Esa no fue la última visita de Peinado a Moncloa. Ya en abril de 2025 tomó declaración a Félix Bolaños después de que el juez solicitara una tarima para que su mesa fuera la más alta de la estancia.

La fotografia feia anys que estava guardada en un calaix fins que l’actualitat la va rescatar. Hi apareix un jove Juan Antonio Sagredo, hui alcalde de Paterna, uniformat al costat d’un Land Rover de l’Exèrcit de Terra durant el servei militar a Ceuta. Corria l’any 1997 quan el Govern de José María Aznar va ordenar desplegar centenars de soldats de reemplaçament per a donar suport a la Guàrdia Civil en el control de la frontera ceutina davant l’augment dels fluxos migratoris.

L’alcalde socialista de Paterna va recuperar la instantània per a contextualitzar la crisi fronterera entre Espanya i el Marroc en el camp de batalla en què s’han convertit les xarxes socials. Segons explica en una conversa amb elDiario.es, la va difondre per a recordar que l’assumpte que ocupa els titulars i les tertúlies televisives des de divendres passat no és un fenomen inèdit. Fa quasi trenta anys, ell mateix, amb només 20 anys i mentre complia el servei militar, va ser enviat amb altres reclutes a custodiar una de les fronteres més sensibles de la Unió Europea. “Aquest problema fa quasi tres dècades que està enquistat, si no més. Ceuta i Melilla no són només un problema de fluxos migratoris; és una qüestió geopolítica molt més complexa del que es pot explicar en un vídeo de 20 o 30 segons”, resumeix.

Les cròniques periodístiques de l’època reflecteixen que la situació a la frontera de Ceuta —i també a Melilla— va ser especialment complicada per al Govern de José María Aznar. Aleshores, la Delegació del Govern a Ceuta estava reforçant la tanca que separa el Marroc d’Espanya, cosa que havia provocat altercats i, sobretot, un increment del nombre de persones migrants al campament de Calamocarro, majoritàriament algerianes. Davant la insistència dels mitjans de comunicació, l’Executiu va haver de justificar per què enviava reclutes a una missió tan delicada. Aquests homes, assegurava el Ministeri de Defensa, “mai intervenen de manera directa sobre els possibles immigrants il·legals” i es limiten a avisar els agents de la Guàrdia Civil “en els casos en què es produïsca qualsevol conducta anòmala”.

El 1997, Sagredo formava part del tercer reemplaçament de l’any i estava destinat al Regiment d’Artilleria de Campanya número 30 (RACA 30), integrat en la Comandància General de Ceuta. La seua faena habitual poc tenia a veure amb la vigilància fronterera. Era caporal instructor i ensenyava a conduir camions militars als nous reclutes per a les maniobres d’artilleria.

Fins que va arribar l’ordre del Ministeri de Defensa.

“De sobte ens diuen que hem d’anar a la frontera per a controlar tot el tema de la immigració i donar suport a la Guàrdia Civil”, recorda. Els diferents regiments de la comandància van ser desplegats al llarg del perímetre fronterer. “Cada certs metres estàvem per parelles, dins dels Land Rover que apareixen en la fotografia”.

L’escena, vista amb la perspectiva de quasi tres dècades, el continua impressionant. “Érem uns xavals de 20 anys amb un fusell cetme vigilant la frontera”, diu. Sagredo havia demanat una pròrroga del servei militar per a acabar els estudis i després va sol·licitar anar voluntari a Ceuta. Ho va fer atret per l’experiència militar, però mai es va imaginar que hauria de vigilar la frontera. “Una cosa és voler conéixer com és l’Exèrcit i una altra de molt diferent és que et posen en una frontera amb un cetme”, afirma.

L’arma formava part de l’equip amb què patrullaven, encara que el protocol era estricte. “La portàvem descarregada, però amb la munició al Land Rover. Si haguera sigut necessari utilitzar-la, hi havia un procediment molt clar”. Tot i això, reconeix que aquella va ser l’única etapa de la seua vida en què va tindre una arma i que mai ha deixat de preguntar-se com hauria reaccionat en una situació límit. “No sé com hauria respost si haguera hagut d’usar-la”, admet.

Malgrat això, guarda un bon record d’aquella etapa. “No tinc un mal record ni de la mili ni d’aquella missió. La convivència va ser bona i la situació es va anar estabilitzant amb el pas de les setmanes”. Perquè, segons explica, la crisi d’aleshores va seguir un patró semblant a l’actual. El moment de més tensió es va concentrar en els primers dies i després el flux migratori va anar descendint. “Al principi hi va haver molt d’escàndol i després la situació es va rebaixar prou. Ara sembla que tot és més gran perquè existeixen les xarxes socials i hi ha moltíssima més atenció mediàtica que fa trenta anys”, assenyala.

Precisament aquesta amplificació del debat públic va ser el que el va portar a compartir la fotografia en les seues xarxes socials. Considera que les xarxes socials i una part del debat polític presenten la situació com si fora un fenomen inèdit quan, des de la seua experiència, respon a una dinàmica que es repeteix des de fa dècades. “Quan jo vaig estar a la frontera hi havia un tal José María Aznar, que no era precisament un president socialcomunista”, ironitza. “Aquestes coses han passat sempre”.

Per a l’alcalde, reduir la situació a un debat exclusivament migratori suposa ignorar el rerefons diplomàtic que històricament ha acompanyat Ceuta i Melilla. “Aquest és un problema geopolític que altres estats utilitzen en determinats moments. Ceuta no és només una frontera espanyola, també és una frontera de la Unió Europea”, sosté. Per això, rebutja les anàlisis simplistes que proliferen cada vegada que augmenta la pressió sobre la frontera. “La sobirania espanyola no és una qüestió ideològica”, afirma. I afig que els qui opinen des de la distància haurien de tindre present la complexitat del que ocorre sobre el terreny.

La fotografía llevaba años guardada en un cajón hasta que la actualidad la rescató. En ella aparece un joven Juan Antonio Sagredo, hoy alcalde de Paterna, uniformado junto a un Land Rover del Ejército de Tierra durante el servicio militar en Ceuta. Corría 1997 cuando el Gobierno de José María Aznar ordenó desplegar a cientos de soldados de reemplazo para apoyar a la Guardia Civil en el control de la frontera ceutí ante el aumento de los flujos migratorios.

El alcalde socialista de Paterna recuperó la instantánea para contextualizar la crisis fronteriza entre España y Marruecos en el campo de batalla en que se han convertido las redes sociales. Según explica en una conversación con elDiario.es, la difundió para recordar que el asunto que ocupa los titulares y las tertulias televisivas desde el pasado viernes no es un fenómeno inédito. Hace casi treinta años, él mismo, con apenas 20 años y mientras cumplía el servicio militar, fue enviado junto a otros reclutas a custodiar una de las fronteras más sensibles de la Unión Europea. “Este problema lleva casi tres décadas enquistado, si no más. Ceuta y Melilla no son solo un problema de flujos migratorios; es una cuestión geopolítica mucho más compleja de lo que puede explicarse en un vídeo de 20 o 30 segundos”, resume.

Las crónicas periodísticas de la época reflejan que la situación en la frontera de Ceuta —y también en Melilla— fue especialmente complicada para el Gobierno de José María Aznar. Entonces, la Delegación del Gobierno en Ceuta estaba reforzando la valla que separa Marruecos de España, lo que había provocado altercados y, sobre todo, un incremento del número de personas migrantes en el campamento de Calamocarro, en su gran mayoría argelinas. Ante la insistencia de los medios de comunicación, el Ejecutivo tuvo que justificar por qué enviaba reclutas a una misión tan delicada. Estos hombres, aseguraba el Ministerio de Defensa, “nunca intervienen de forma directa sobre los posibles inmigrantes ilegales” y se limitan a avisar a los agentes de la Guardia Civil “en los casos en los que se produzca cualquier conducta anómala”.

En 1997, Sagredo formaba parte del tercer reemplazo del año y estaba destinado en el Regimiento de Artillería de Campaña número 30 (RACA 30), integrado en la Comandancia General de Ceuta. Su trabajo habitual poco tenía que ver con la vigilancia fronteriza. Era cabo instructor y enseñaba a conducir camiones militares a los nuevos reclutas para las maniobras de artillería.

Hasta que llegó la orden del Ministerio de Defensa.

“De repente nos dicen que tenemos que ir a la frontera para controlar todo el tema de la inmigración y dar apoyo a la Guardia Civil”, recuerda. Los distintos regimientos de la comandancia fueron desplegados a lo largo del perímetro fronterizo. “Cada ciertos metros estábamos por parejas, dentro de los Land Rover que aparecen en la fotografía”.

La escena, vista con la perspectiva de casi tres décadas, le sigue impresionando. “Éramos unos chavales de 20 años con un rifle cetme vigilando la frontera”, dice. Sagredo había pedido una prórroga del servicio militar para terminar sus estudios y después solicitó ir voluntario a Ceuta. Lo hizo atraído por la experiencia militar, pero nunca imaginó que tendría que vigilar la frontera. “Una cosa es querer conocer cómo es el Ejército y otra muy distinta es que te pongan en una frontera con un cetme”, afirma.

El arma formaba parte del equipo con el que patrullaban, aunque el protocolo era estricto. “La llevábamos descargada, pero con la munición en el Land Rover. Si hubiera sido necesario utilizarla había un procedimiento muy claro”. Aun así, reconoce que aquella fue la única etapa de su vida en la que tuvo un arma y que nunca ha dejado de preguntarse cómo habría reaccionado en una situación límite. “No sé cómo hubiera respondido si hubiera tenido que utilizarla”, admite.

Pese a ello, guarda un buen recuerdo de aquella etapa. “No tengo un mal recuerdo ni de la mili ni de aquella misión. La convivencia fue buena y la situación se fue estabilizando con el paso de las semanas”. Porque, según explica, la crisis de entonces siguió un patrón parecido al actual. El momento de mayor tensión se concentró en los primeros días y después el flujo migratorio fue descendiendo. “Al principio hubo mucho escándalo y luego la situación rebajó bastante. Ahora parece que todo es mayor porque existen las redes sociales y hay muchísima más atención mediática que hace treinta años”, señala.

Precisamente esa amplificación del debate público fue lo que le llevó a compartir la fotografía en sus redes sociales. Considera que las redes sociales y parte del debate político presentan la situación como si fuera un fenómeno inédito cuando, desde su experiencia, responde a una dinámica que se repite desde hace décadas. “Cuando yo estuve en la frontera había un tal José María Aznar, que no era precisamente un presidente socialcomunista”, ironiza. “Estas cosas han pasado siempre”.

Para el alcalde, reducir la situación a un debate exclusivamente migratorio supone ignorar el trasfondo diplomático que históricamente ha acompañado a Ceuta y Melilla. “Este es un problema geopolítico que otros Estados utilizan en determinados momentos. Ceuta no es solo una frontera española, también es una frontera de la Unión Europea”, sostiene. Por eso rechaza los análisis simplistas que proliferan cada vez que aumenta la presión sobre la frontera. “La soberanía española no es una cuestión ideológica”, afirma. Y añade que quienes opinan desde la distancia deberían tener presente la complejidad de lo que ocurre sobre el terreno.

Cuando hablamos de élites solemos pensar en grandes fortunas, consejos de administración o reuniones discretas entre personas poderosas. Andrés Villena (Elche, 1980) invita a mirar más allá. Este profesor de Economía Aplicada en la Universidad Complutense de Madrid sostiene que no funcionan como una conspiración, sino a través de redes estables de confianza e influencia tejidas durante décadas entre grandes empresas, Administración, judicatura, universidades, fundaciones y medios de comunicación que sobreviven a gobiernos, crisis y cambios políticos. En el libro Las élites que dominan España. Una historia alternativa desde 1939 (Libros del KO), dibuja cómo se construyen esas relaciones y, en esta conversación, analiza por qué esas estructuras han cambiado mucho menos de lo que parece desde el franquismo, cómo condicionan la política y la economía, y hasta qué punto la meritocracia y el ascensor social son más una excepción que la norma. Villena escribe en la sección de opinión de elDiario.es.

¿Por qué las élites tienen hoy una connotación tan negativa?

Elites viene de “elegidos”, para dirigir el mundo o, por ejemplo, para dirigir un país. En este contexto, en el que tenemos crisis financieras recurrentes, pandemias y un escenario de incremento de las desigualdades absolutamente disfuncional, buscamos culpables.

Hay economistas que defienden que son necesarias para que una sociedad prospere. Argumentan que, en un determinado momento, crean valor. Figuras como Rockefeller, Stanford o Carnegie industrializaron Estados Unidos con el petróleo, el ferrocarril o el acero. O, más recientemente, todo el ecosistema que ha creado Tesla es muy interesante, más allá del personaje de Elon Musk. ¿Cree que las élites crean valor también para la sociedad o que son puramente extractivas?

Habría que hacer esa diferencia entre lo extractivo y lo funcional. Todos necesitamos liderazgo e imágenes que imitar. Cuando surge un presidente negro como Barack Obama está dando un mensaje importante, o cuando surge un tenista en España como Rafael Nadal o un tipo como Miguel Induráin. Son personas extraordinarias que sobresalen, bien por genética, bien por el contexto en el que se han formado. El problema es cuando ese liderazgo se estanca y, por ejemplo, en el caso español, nuestra economía financiera dedica más tiempo a ganar dinero que a producir valor. A partir de ese momento, las élites se convierten en extractivas y en un freno para el progreso. Pero es imposible vivir sin élites. En el propio 15-M se formaron liderazgos. No podemos aspirar a una sociedad sin diferencias, pero tenemos que cuidar la igualdad de oportunidades.

En nuestro país seguimos siendo diferentes y hablamos de unas élites absolutamente irresponsables. Siempre hemos tenido élites, pero ¿hasta qué punto son élites patrióticas? Durante el franquismo, en el año 56, apareció un tipo como Falciani. El caso Falciani ya se dio en el año 56 o 57 con otro suizo que se llamaba Laurent Rivara, un agente de la actual UBS, que vino a España con una carpeta con centenares de familias defraudadoras que ya en el franquismo mantenían el dinero fuera. Y, bueno, los apellidos son los de siempre. Los de Neguri, Botín-Sanz de Sautuola, los Entrecanales… Gente que eran los capitanes de la industria del momento y el dinero lo tenían fuera, o bien lo habían sacado durante la guerra y no lo habían metido. Las propias élites económicas no se creían el país y tenían ese carácter claramente extractivo. Es curioso porque años después, con el caso Falciani, salían otra vez las mismas familias. Eso indica que, además, la cosa no cambia demasiado.

En nuestro país las élites son absolutamente irresponsables. Ya en el franquismo mantenían el dinero fuera. Los apellidos son los de siempre: los de Neguri, Botín-Sanz de Sautuola, los Entrecanales… Gente que eran los capitanes de la industria del momento y el dinero lo tenían fuera. (...) Años después, con el caso Falciani, salían otra vez las mismas familias

Quizá el problema no es que existan, sino su falta de renovación. Volviendo al caso de Estados Unidos, esos tres apellidos que decía antes son muy importantes, pero ahora, por ejemplo, los apellidos de las élites son otros: Elon Musk, Bezos, Bill Gates, Zuckerberg... En España, en cambio, son los mismos desde hace décadas. ¿Por qué desde 1939 las instituciones que sostienen el poder económico han cambiado mucho menos de lo que parece? ¿A qué atribuyes este gatopardismo?

En España las familias y los apellidos siguen siendo muy importantes. Puede ser un carácter particular del capitalismo español, a diferencia del norteamericano, que es un capitalismo que nace y progresa sin aristocracia. Por eso los J. P. Morgan se llamaban Morgan I, Morgan II, porque no eran apellidos nobles. La nobleza tira a través de redes educativas, de pactos, de matrimonios, y eso les permite mantenerse. Fíjate, por ejemplo, en el matrimonio del alcalde de Madrid. ¡Qué casualidad! Un abogado del Estado, de una familia que está entrecruzada con la monarquía, se casa con una Urquijo veinte años menor. Nadie puede decir que eso sea un matrimonio planificado, pero socialmente sí está mediado. Este tipo de cruces o de parejas ocurren en todos los puntos de la élite, porque todos se conocen en clubes y en lugares exclusivos. Y eso contribuye a mantener el poder político y el poder económico. A lo mejor en Estados Unidos hay una capilaridad más fuerte y una cultura de la inmigración diferente. Pero, bueno, aquí entra Blackstone, que es un fondo de inversión que compra muchos pisos, y el delegado en España es Claudio Boada, hijo del que fue presidente del Instituto Nacional de Industria con Franco.

¿Qué es lo que cohesiona a las élites en España? ¿No funciona entonces el ascensor social ni la meritocracia?

Las redes se mantienen por los lugares educativos a los que van y por todos estos clubes en los que la gente que se tiene que conocer se conoce. Y tú acabas conociendo, enamorándote y relacionándote con las personas a las que conoces. Luego hay otros elementos de cohesión sobre los que a veces se pasa por encima, como son las fundaciones y las patronales empresariales. Son lugares para coordinar estrategias o para ayudar de forma caritativa, pero también para conocerse. Y cuando te vas al patronato de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción te encuentras a Isidro Fainé, a Florentino Pérez... Ese tipo de articulaciones de la élite no es casual.

Entonces, ¿funciona el ascensor social y la meritocracia en España? Difícilmente. No sé si esto se debe al carácter relativamente atrasado del capitalismo español en relación con otros países, a los cuarenta años de autoritarismo, a la influencia de la Iglesia... Es verdad que en otros países también hay familias que están donde tienen que estar, como en Inglaterra o en Francia; hay dinámicas parecidas. Pero en España parece que se mantienen en mayor medida porque aquí no tuvieron que convertirse a las democracias occidentales en 1945. Al final, allí también esas élites tuvieron que aceptar una cierta redistribución de la riqueza. Eso, sumado, por ejemplo, al comportamiento que tiene ahora mismo el aparato judicial, que responde a unas políticas con las que no está de acuerdo —territoriales o sociales—, sí que nos hace pensar que estas élites tienen una cierta continuidad.

Las redes se mantienen por los lugares educativos a los que van y por todos estos clubes en los que la gente que se tiene que conocer se conoce. Y tú acabas conociendo, enamorándote y relacionándote con las personas a las que conoces

¿Crees que hay lawfare?

No sé si podría contestar como un experto. No me parece igual el caso de Ábalos, por ejemplo, que el caso de Begoña o el de David Sánchez, que es un músico de San Petersburgo. Me parecen casos marcadamente distintos. Pero sí que, si te vas a cuando Aznar dijo aquello de “el que pueda hacer, que haga”, unos días después hubo una nota de prensa, una declaración de los altos funcionarios del Estado, a través de una federación que se llama FEDECA, la Federación de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado, en la que decían que el Estado de derecho, tal y como se entendía, estaba en peligro. La política, el alto funcionariado, incluyendo no solo jueces, sino también directores de la Policía, altos mandos de la Guardia Civil, abogados del Estado, técnicos comerciales..., se movilizaron en julio de 2023, cuando supieron que Sánchez pactaba con Junts. Y en esa nota de prensa, cuando ves los pronunciamientos de los líderes de las asociaciones funcionariales, ves a una líder de los inspectores de Hacienda que se apellida Piñar; ves a un líder de los interventores de ayuntamientos que se apellida Queipo de Llano.

Entonces, eso de “el que pueda hacer, que haga” es más inteligente de lo que parece, porque el Estado, que es milenario, tiene capacidad de respuesta y lo que tiene que hacer es defender el statu quo. Sí que hay una respuesta por parte de unos profesionales ante un intento de cambio en el modelo de Estado o de un Gobierno que no les gusta, por las distintas razones que sean.

El que pueda hacer, que haga” [de Aznar] es más inteligente de lo que parece, porque el Estado, que es milenario, tiene capacidad de respuesta y lo que tiene que hacer es defender el statu quo. Sí que hay una respuesta por parte de unos profesionales ante un intento de cambio en el modelo de Estado o de un Gobierno que no les gusta, por las distintas razones que sean

¿Qué papel juegan los casos de corrupción, tanto de corruptos como de corruptores, que han salpicado históricamente a los dos grandes partidos del poder en España en este mapa que tú dibujas? Desde el caso Filesa, el caso Gürtel, la Kitchen o Ábalos...

El caso Filesa, de la etapa de Felipe González, que ahora parece que defiende absolutamente la limpieza democrática, es un caso curioso porque González llega al poder con siete bancos muy potentes y pacta con ellos. Intercambia personal, de los bancos al Estado y del Estado a los bancos; renuncia a las nacionalizaciones e intercambia consejeros. Era una forma de matrimonio con el poder financiero, el verdadero poder de entonces. Y Filesa no era más que una trama de financiación irregular del partido en la que participaban buena parte de los bancos: el Central Hispano, el Santander, el Bilbao, el Vizcaya..., que ahora forman el oligopolio.

El poder político se organiza siempre pensando en el económico. Buena parte de las tramas que se le están echando encima al Partido Socialista ahora mismo tienen detrás a la SEPI. La SEPI es la palanca financiera estatal en las empresas públicas. Sánchez ha sido mucho más agresivo que Zapatero a la hora de penetrar en las empresas públicas. En Telefónica ha entrado con un 10%; estaba intentando una fusión entre Indra y otra empresa... No es raro que haya una relación entre esos intentos de controlar el aparato público y este tipo de tramas. Aznar metió la mano mucho más rápido en las empresas públicas porque vendió los últimos paquetes y nombró a los presidentes. No hay poder que se organice al margen de la élite corporativa y, mientras puedan, van a intentarlo. La presidencia de la mayoría de las grandes empresas públicas en España está en manos de directivos del PSC, que es uno de los poderes territoriales que más influyen en la política de Pedro Sánchez. Ahí tenemos territorio, capital y Gobierno. Aunque organizarte no quiere decir que te vayas a corromper. En la etapa de González, durante catorce años, ese tipo de articulaciones les llevó a hacer auténticas barbaridades, que dejan a las actuales como una broma. Filesa fue solo una más. También está el caso Ibercorp. El Banco de España era la élite intelectual de González, que se había puesto a especular con información privilegiada. Es uno de los casos más notorios.

La tentación de pensar que controlas todo el poder puede estar muy relacionada con la comisión de delitos. Lo que sorprende es el caso Ábalos, que parecía una cosa montada casi desde el principio, y sorprende.

La presidencia de la mayoría de las grandes empresas públicas en España está en manos de directivos del PSC, que es uno de los poderes territoriales que más influyen en la política de Pedro Sánchez

Dices en tu libro: “La narrativa dominante oculta la irracionalidad de las principales operaciones económicas y medidas políticas en España, provocando un expolio de recursos y una especialización productiva perjudicial”. También hablas de déficit democrático. ¿Puedes poner algún ejemplo?

En el momento en que se produce la crisis financiera, en 2008, cuando ya se les pasa a los gobernantes la idea de que el sistema financiero español es el más fuerte del mundo y el más saneado, se empieza a pensar que las cajas de ahorro ya no se sostienen, que hay que darles una serie de avales. Los niveles de deuda pública son excesivos, hay que poner en marcha planes de austeridad, pero, detrás de todo eso, la banca y las cajas, o la banca al final, de manera indirecta, recibieron mucho dinero barato. Buena parte del cual no han devuelto. A eso me refiero con el expolio. Se pueden comprobar casos continuos en los que la narrativa sirve para que no nos rebelemos, para que haya cosas que veamos como naturales, pero, cuando las estudias profundamente, no lo son. La explotación de gas de Castor, por ejemplo, de Florentino Pérez, fue una forma de ganar dinero de manera subvencionada. Se le podía dar una narrativa: convenía la innovación, pero al final son formas de expolio discretas, bien hechas.

En 1977, que era un momento en el que la lucha capital-trabajo se estaba decantando por el factor trabajo, con sindicatos cada vez más fuertes y con niveles que todavía rozaban el pleno empleo, había que llegar a unos pactos de moderación salarial porque, si no, la inflación se nos iba. Siempre hay algún problema racional: la inflación no se puede disparar, no se puede subir a determinados niveles porque, si no, España se convierte en Argentina... Lo que había detrás era un propósito de moderación salarial que pudo salir bien, pero al final es una cesión que obedece a una narrativa de que no queremos entrar en hiperinflación.

En la etapa de la crisis de la deuda pública no queríamos quebrar. En la etapa en la que surge la nueva política con Podemos, en la mayoría de los ayuntamientos, no podemos precipitarnos a otra guerra civil, a romper con los pactos constitucionales... Siempre hay detrás unos intereses que no se pueden trascender, que no se pueden tocar. No sé qué intereses ha tocado el Gobierno actual para que esté la cosa tan mal, que se le acusa hasta de ser un dictador venezolano.

Ahora, por ejemplo, identificas una tendencia creciente hacia la privatización de ámbitos como la sanidad, la educación o las pensiones. ¿Existe una estrategia deliberada y un trabajo activo de estas élites para avanzar en este sentido?

Le quiero dedicar el próximo libro a eso. Educación universitaria, FP, sanidad y vivienda son una aceleración de ese proceso privatizador. Determinado capital encuentra rentabilidad en unos sectores y yo creo que sí hay una estrategia. Sobre todo, en la Comunidad de Madrid, en la medida en que tú favoreces la entrada de un público que es diferente... Se están construyendo hospitales exclusivamente privados para ese tipo de personas, pero es que, además, como dice el profesor Arenas, el Estado es un cofre de dinero para estos sectores, que ganan dinero sin riesgo. El caso de Quirón, por ejemplo. Al final te vas al número dos de la Fundación Quirón y te das cuenta de que es Mauricio Casals. No hay una conspiración en ningún caso, pero hay una conformación que los lleva a estar de acuerdo en muchas de las cosas que pasan. Entonces, sí que hay un dinero seguro, a través de la Administración, para las élites privadas y yo creo que en España sí que se han acostumbrado mucho al subsidio, a lo que ellos llaman “la paguita”.

En Estados Unidos, el rescate de los grandes bancos que estaban a punto de quebrar en 2008 se hizo a cuenta de unos préstamos que ya se han devuelto. El capitalismo allí, a lo mejor, funciona y aquí está visto como muy ligado al concepto de subvención. En la Comunidad de Madrid, el capitalismo clientelar de favores juega con un nuevo modelo de vivienda, de educación y de sanidad que marcha con el cambio de preferencias en el electorado.

Educación universitaria, FP, sanidad y vivienda son una aceleración del proceso privatizador. Determinado capital encuentra rentabilidad en unos sectores y yo creo que sí hay una estrategia, sobre todo, en la Comunidad de Madrid

Has citado a Mauricio Casals, hombre fuerte de Atresmedia y La Razón, del Grupo Planeta. En todo este entramado que describes, ¿qué papel juegan los medios de comunicación? ¿Actúan como un actor independiente o como una herramienta de agenda para proteger determinados intereses?

En todos los medios de comunicación hay redacciones de periodistas que creen en su profesión y prefieren ser sancionados o despedidos antes que dejar de contar una historia que consideran cierta. Los medios de comunicación no están habitados por zombis que obedecen a la propiedad al cien por cien. Pero es verdad que, si esos medios reciben unos niveles de publicidad institucional elevados y la retirada de esa publicidad institucional puede suponer la desaparición de puestos de trabajo, se ven muy presionados. La precariedad actual de los contratos de muchos periodistas lesiona y reduce su independencia. Cuanto más precario es tu contrato, más dependencia tienes de lo que te pidan, porque más miedo tienes. Prisa tiene una deuda muy grande y esa deuda la tiene que amortizar, por ejemplo. O el caso de Planeta y los acuerdos implícitos que parece tener con el Partido Popular por la universidad que tiene en la Comunidad de Madrid [UNIE Universidad], con los que habrá también una cierta convergencia ideológica, más allá de lo económico.

Desde hace mucho tiempo, los presentadores de los principales medios tienen a Pedro Sánchez casi como un líder autoritario. Ahí puede haber también convencimiento por parte de los creadores de opinión. Y luego está toda esa red de publicidad institucional, que es muy difícil de demostrar, porque no es que la Comunidad de Madrid te meta dinero a ti. Eso sí se puede ver. Otra cosa es cómo la Comunidad de Madrid habla con una gran empresa para que esa empresa te meta dinero a ti. Eso es incomprobable. Ahí está esa red de medios de comunicación que favorecen a determinados gobiernos conservadores, otra vez con esa cultura del subsidio y de la ayuda.

La precariedad actual de los contratos de muchos periodistas lesiona y reduce su independencia. (...) Ahí está esa red de medios de comunicación que favorecen a determinados gobiernos conservadores, otra vez con la cultura del subsidio y de la ayuda

¿Tu caso forma parte de esto? Tu libro estaba programado para salir con el Grupo Planeta, pero al final no fue así. ¿Se debe a que cruzaste alguna línea roja?

Yo no tuve problemas con la gente que trabajaba conmigo. El problema creo que trascendía a la Editorial Ariel y que debió de ser alguien del Grupo Planeta, efectivamente. Pero, como no quisieron dar ninguna explicación, la imaginación es libre. Es un grupo tan posicionado ahora mismo que este tipo de mensajes, a lo mejor, no les interesaba, pero trabajamos quince meses juntos. Ya podían haber dicho algo.

Me ha llamado la atención tu tesis de que la tecnocracia económica se reproduce de forma idéntica, incluso en los gobiernos de izquierdas. Y trazas una línea sobre Carlos Cuerpo. Dices que emana de Nadia Calviño, que viene de Pedro Solbes, discípulo de Alberto Ullastres, tecnócrata del Opus Dei en el franquismo. ¿De verdad no hay diferencias? ¿Están los ministerios de Economía y de Hacienda blindados en este sentido para que no haya diferencias en la aplicación de políticas distintas?

Sí, hay diferencias. Ullastres, por cierto, era discípulo de un catedrático de Economía que había sido nazi, se había salido del partido, había emigrado a España y le habían dado una cátedra en la facultad. Carlos Cuerpo y Nadia Calviño responden a las demandas de un electorado diferente, a un Gobierno diferente, porque ahí hay unos ministros de Podemos y Sumar que están presionando, unas circunstancias como la pandemia y la inflación, en las que la Unión Europea ha dicho que la pandemia no es la crisis anterior y que hay que hacer política fiscal y monetaria expansiva. Eso, durante buena parte de la crisis financiera, no pasó. Y al Gobierno de Sánchez se le permite porque, además, es como la oveja negra europea que se mete con Trump y compañía. Ha tenido muchos grados de libertad.

Entonces, Cuerpo, y Calviño también, seguramente por presiones electorales, han hecho una política que no ha sido puramente de austeridad. Pero no dejan de ser técnicos comerciales, no dejan de ser un tipo de funcionario que ha estudiado un tipo de economía, un enfoque económico que los lleva a ser austeros, como austeros eran Miguel Boyer, Carlos Solchaga y Pedro Solbes. Si el tecnócrata es inteligente, se va a saber adaptar. Y tiene que responder a los intereses electorales del Gobierno en el que está. No puede ser tan sumamente rígido. Las cosas cambian, y a ese cambio lo llamamos democracia, que consiste en gobernar para grupos de gente cambiantes. Creo que Cuerpo tiene una cosa buena. Nadia Calviño es hija de un antiguo presidente de Radiotelevisión Española, un hombre con mucha influencia en el PSOE. Pero Cuerpo es nieto de un minero. Eso indica que hay cambios en esa élite burocrática y que empieza a entrar gente normal. Pero no deja de ser gente que está sometida o ligada a un cuerpo burocrático que tiene una lógica interna, que quiere hacer carrera europea. Yo no me imagino a Cuerpo como vicepresidente de Endesa. Me lo imagino con el sueño de ser consejero del Banco Central Europeo. O sea, un tipo con un compromiso con el sector público bastante fuerte. Igual que Calviño.

Cuerpo, y Calviño también han hecho una política que no ha sido puramente de austeridad. Pero no dejan de ser técnicos comerciales, un tipo de funcionario que ha estudiado un tipo de economía que les lleva a ser austeros como lo eran Miguel Boyer, Carlos Solchaga y Pedro Solbes

El fracaso de movimientos que surgieron hace más de una década, algunos al calor del 15M, como Podemos, o en su momento Ciudadanos, que salieron para alterar el statu quo, ¿es un éxito de las élites?

No sé si se podría llamar fracaso. Si es verdad que el objetivo era asaltar los cielos, desde luego han fracasado. Iglesias acabó siendo vicepresidente de las ayudas sociales de un sistema que quería asaltar. Creo que toda élite o toda estructura de poder tiene que absorber al rival. Hay un libro en México que estudia que el PRI gobernó durante setenta y cinco años seguidos porque iba absorbiendo a los movimientos indígenas, les iba dando una secretaría de Estado. Y Sánchez, cuando pacta con Podemos, el partido ya estaba muy mermado porque le habían caído ochenta mil bombas estatales, mediáticas, etcétera. Pero le dio una serie de ministerios de carácter social, con poco presupuesto. Darle el Ministerio de Consumo a un comunista parece una ironía. En cierto modo, pudieron quedar bastante neutralizados. No obstante, le echaron valor para hacer política por primera vez. Iglesias es un empresario de la comunicación política, que solo dejó de ser empresario durante dos años. Pero el Estado es muy pesado; las reuniones y las jornadas son muy largas... Intentaron hacer algo, pero quedaron absorbidos. Y, claro, cuando te pagan un puesto de trabajo, la profesionalización cambia tu política; al revolucionario lo modera. Y además crea unas situaciones de asesores, de diputados que están a sueldo... El sistema es sabio y te absorbe. No quiero decir que ellos traicionen, pero es un aparato burocrático muy complejo. ¿Cómo hacen para vencerlo? A través de asambleas o, peor, vídeos cortos o tuits. Se lo han echado en cara a Rufián recientemente. Y es verdad que Rufián es muy brillante para algunas cosas, pero habría que verlo dentro de la Administración. Esto es muy complicado.

¿A dónde encasillas a Vox?

Es un regreso del viejo Estado. Cuando tú ves el apellido de Espinosa de los Monteros, estos iban a las monterías con el rey para protegerle, para que no le pasara nada. Son familias muy apegadas a esa vieja idea de la monarquía, del viejo Estado. El tío bisabuelo de Espinosa de los Monteros era el asesor de Franco en el encuentro con la Alemania nazi en Hendaya, aunque luego lo defenestraron porque se enfrentó a Serrano Suñer. Yo creo que, ante la amenaza territorial, que les preocupa mucho, ha surgido una nueva fuerza que, de alguna manera, se ha hecho con el espacio que ocupaba temporalmente Ciudadanos. Y que busca una recentralización de España, una especie de “hacer grande España otra vez”, sin saber muy bien cuál era ese pasado, en realidad. Pero, paradójicamente, conecta con sectores muy precarios de la población que están enfadados y que, temporalmente, simpatizan con un partido que creen que es antisistema. No deja de ser el conservadurismo católico de toda la vida, donde hay altos funcionarios, jueces, abogados del Estado...

También están viviendo un proceso de purga, como en Podemos. El desgaste ha hecho que Abascal se vaya cargando distintas facciones del movimiento, como la de Espinosa de los Monteros, por ejemplo. Un grupo de leales está viviendo ese desgaste de otra manera, pero lo están viviendo también.

Vox es un regreso del viejo Estado, familias muy apegadas a esa vieja idea de la monarquía (...) que busca una recentralización de España, una especie de “hacer grande España otra vez”. Paradójicamente, conecta con sectores muy precarios de la población que están enfadados y que, temporalmente, simpatizan con un partido que creen que es antisistema

A pesar de todo lo que relatas en el libro, concluyes con una nota de optimismo, recordando que la Transición no fue solo cosa de despachos, sino también de la presión vecinal, feminista y sindical. ¿Tienes alguna receta o sugerencia para cambiar ahora estas estructuras reales de poder que has dibujado?

Si llegamos a tener en el pasado un ministro como Ernest Lluch, que universalizó la sanidad, eso quiere decir que había una serie de fuerzas y de personajes que se atrevieron, en etapas como los setenta, pero también en los cuarenta y los cincuenta, cuando salir a protestar podía suponer tu muerte o torturas recurrentes, una ficha policial que te arruinara la carrera... Esa organización y esa energía las seguimos teniendo. Que el 15M no lograra una subversión total del sistema no quiere decir que no se pueda. Pero yo creo que, si prestamos atención no solo a quien domina, sino también a las personas que jugaron su papel en la Transición y en etapas previas, que eran incluso más difíciles para cambiar las cosas, encontraríamos grandes inspiraciones. Un ejemplo es el movimiento feminista, o las políticas públicas del PSOE en los noventa para concienciar a la gente. Recuerdo un anuncio en el que había un hombre que ayudaba a una mujer con las bolsas. Eso ahora mismo es casi una coña: el movimiento feminista ha llegado a tal punto que ha provocado una reacción violenta del sistema, pero es porque, cuando la gente se organiza y toma conciencia, lo personal pasa a ser político.

De hecho, buena parte de esta reacción autoritaria responde al miedo que tienen al cambio. Y, si hay algo que tienen las élites, es miedo a perder lo que tienen. Yo creo que esa esperanza está ahí. Lo que pasa es que quizá estamos en una etapa en la que es difícil verla, porque casi todas las noticias son muy negativas.

Tras la aprobación de los Presupuestos de la comunidad en las Corts Valencianas con mención expresa de la “prioridad nacional”, Diana Morant, ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, declaró que la deriva hacia la extrema derecha del PP sigue un camino que se parece mucho al que siguió Adolf Hitler.

La reacción del PP ha sido inmediata. Su secretario general, Migue Tellado, ha exigido la dimisión de la ministra, porque “no se puede ir por la vida con ese tipo de comparaciones”, que la inhabilitan para seguir sentándose en la mesa del Consejo de Ministros.

No sé qué le habrá parecido a los lectores la comparación de la ministra del PSOE y la contrarréplica del secretario general del PP. Yo sí tengo una opinión formada sobre la pertinencia de la comparación y la inanidad de la réplica del secretario general.

El lector habrá comprobado por el título de este artículo que intercalo a Donald Trump entre Hitler y el PP/Vox. Lo hago porque Donald Trump es el eslabón que permite dar sentido a la entrada de Adolf Hitler en una comparación con las estrategias políticas que se están poniendo en práctica en Europa en estas primeras décadas del siglo XXI.

Comparar directamente a Adolf Hitler con Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal resulta chocante. La distancia entre el Gobierno del Tercer Reich y la pareja de la derecha española, que todavía no es, pero puede ser la que ocupe el Gobierno del Estado español, es demasiado grande desde todos los puntos de vista como para que no produzca perplejidad. ¿Se puede encontrar directamente un punto de conexión entre Hitler y Feijóo/Abascal o la distancia entre los términos de la comparíación es tan enorme que carece de credibilidad?

Con el eslabón de Donald Trump el punto de conexión resulta razonable. Los términos de la comparación entre Hitler y Trump no resultan estrafalarios. Y a través del actual presidente de los Estados Unidos, ya no resulta descabellado proyectar la presencia de Hitler en las estrategias políticas que se ponen en circulación en los países europeos. La sombra de Hitler no ha dejado nunca de estar presente en Europa, aunque hubiera hasta el momento unanimidad en su rechazo. Desde que Donald Trump es presidente de los Estados Unidos, Adolf Hitler ha dejado de ser una sombra para convertirse en una opción política creíble para cualquiera de los países europeos.

El profesor Timothy W. Ryback, que había dedicado prácticamente toda su vida académica al estudio del ascenso al poder de Adolf Hitler, se ha ocupado de ilustrar la proximidad y la distancia entre la ejecutoria de Donald Trump en su segundo mandato y la de Adolf Hitler una vez alcanzada la Cancillería. Lo ha hecho en una serie de artículos extensos, que casi podrían ser calificados de pequeños ensayos, publicados en The Atlantic entre el 8 de enero de 2025 y abril de 2026.

En el primero, 'Cómo Hitler desmanteló una democracia en 53 días', estudia los pasos que dio Hitler desde que se convierte en Canciller hasta el momento en que el Reichstag aprobó la “ley de habilitación” que le permitió al Führer sustituir la legislación parlamentaria por la legislación gubernamental. En el segundo, retrata la sorpresa de quienes pensaron que podrían domesticar a Hitler, para acabar dándose cuenta de que era él el que se había apoderado de ellos. En el tercero, estudia la forma absolutamente unilateral en que Adolf Hitler entendía la lealtad y la confianza en las relaciones con sus ministros o altos dirigentes del Reich.

En el cuarto, estudia lo que el título indica con precisión: cómo la prensa nunca reconoció la amenaza que Hitler suponía para la democracia de Weimar. En el quinto, el título lo dice todo: 'Los terribles aranceles de Hitler'. En el sexto cuenta cómo Hitler “fabricó” una crisis, de la que responsabilizó al partido comunista, para hacerse con todo el poder. En el séptimo relata cómo presionó al presidente del Banco Central, cuya independencia estaba garantizada en la Constitución de Weimar, llegando hasta el punto de amenazarlo de muerte, de forma creíble, para forzar su renuncia. En el octavo estudia cómo Hitler llegó a considerar Groenlandia como una cuestión de seguridad nacional y diseñó una estrategia para apoderarse de ella. Y en el noveno, y último hasta el momento, describe el proyecto de construir una nueva ala para ampliar el edificio de la Cancillería.

La concomitancia entre la ejecutoria de Donald Trump y la de Adolf Hitler salta a la vista. El sistema político de la democracia, sea parlamentaria o presidencialista, es el enemigo “interior”, mucho más peligroso que el “exterior”. Hay que acabar con cualquier resistencia al ejercicio del poder interno, a fin de proyectar dicho poder sin control hacia el exterior mediante el ejercicio de la fuerza.

Esta es la forma de ejercer el poder que Hitler tenía en la cabeza y es también la forma de ejercicio que tiene en su mente Donald Trump. La proyección de ese poder sin control fuera del territorio del Estado caerá por su propio peso. La recuperación de la doctrina Monroe para América Latina, la integración de Canadá como un Estado más de los Estados Unidos y la apropiación de Groenlandia son los objetivos ya expresados por Donald Trump.

Penetrar en los países europeos mediante la promoción de los partidos de extrema derecha es el complemento de la operación. Ahí es donde entran Vox inicialmente y el PP, arrastrado por Vox. A través de la estrategia de la “prioridad nacional” de Santiago Abascal primero y de la “mayoría nacional” de José María Aznar después.

En esas estamos en ese momento. Y de ahí que resulten pertinentes las palabras de Diana Morant tras la inclusión de la mención expresa de la “prioridad nacional” en el proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma Valenciana. Estamos en el prólogo de una operación antidemocrática de primer orden en España y en otros países de la Unión, que puede acabar poniendo fin al experimento político de mayor envergadura después de la Segunda Guerra Mundial.

La operación Púnica de corrupción ligada al Partido Popular ha tardado más de una década en convertirse en una sentencia. Más de 200 folios describen una red de “clientelismo político e intercambio de favores” basada en el dominio total que el PP de Esperanza Aguirre ejercía en Madrid en esos años, ejecutado a través de la “posición de poder político” de Francisco Granados y su capacidad para hacer y deshacer en su propio interés y el de su partido. La empresa Waiter Music consiguió más de 10 millones de euros en adjudicaciones públicas para organizar fiestas y eventos en todo el sur de Madrid a cambio de pagar muchas cosas: desde fiestas privadas en casa de políticos hasta cierres de campaña del PP en el Palacio de los Deportes.

La Audiencia Nacional puso en marcha la operación Púnica en octubre de 2014. Decenas de agentes de la Guardia Civil entraron en ayuntamientos de todo el sur de la región y se llevaron detenidos a alcaldes, concejales, altos cargos y empresarios. Y el nombre de un municipio por encima de todos. El epicentro de la trama: Valdemoro. Era donde Francisco Granados había sido alcalde, donde decenas de contratos públicos estaban bajo sospecha y donde el PP gobernaba sin oposición desde 1999. Se trataba de uno de los grandes feudos de la derecha en el sur de la región donde los de Aguirre solían celebrar pomposos actos de campaña con los primeros espadas del partido a nivel nacional.

Que el nombre de Granados —regidor del municipio entre 1999 y 2003 antes de dar el salto a la Comunidad de Madrid— estuviera a la cabeza de la lista de imputados no fue una sorpresa. El otrora hombre fuerte de Esperanza Aguirre y carismático consejero había dejado su escaño en el Senado medio año antes, cuando trascendió que había tenido una cuenta bancaria en Suiza. Las diligencias que entonces llevaba el juez Eloy Velasco, sustituido más tarde por Manuel García-Castellón, demostraron que esa cuenta fue el origen de sus problemas, pero no el mayor de ellos.

La Púnica tuvo media docena de ramificaciones y algunas de ellas han tardado más de una década en llegar a juicio. La última ha sido la que tiene que ver con Waiter Music: la empresa de Aranjuez que dominó durante una década la organización de fiestas patronales, carnavales, cabalgatas y cualquier tipo de eventos allí donde gobernaba el PP y donde Francisco Granados tenía un hilo del que tirar. Como mano derecha de Esperanza Aguirre, tal y como describe la Justicia, siempre tenía un hilo del que tirar.

José Luis Huerta fue uno de los primeros detenidos en declarar ante el juez Eloy Velasco en la Audiencia Nacional en octubre de 2014. En su primera comparecencia ante el juez explicó que había conocido a Granados cuando era alcalde y él un empleado de una empresa de eventos. Montó Waiter Music en 2004 y la organización de las fiestas de Valdemoro le abrió las puertas de otros muchos municipios. Ese día sacó pecho de su trabajo: “La discoteca móvil la inventé yo”. Y negó con vehemencia haber amañado concursos públicos o agasajado a políticos a cambio de obtenerlos: “Nunca en la vida, eso lo he llevado por bandera y en la profesión se me distingue por eso”.

Cuatro años después José Luis Huerta volvió a la Audiencia Nacional para reconocer lo que ahora declara probado una sentencia. Que su cercanía a Francisco Granados y al PP le introdujo en ayuntamientos del tamaño de Valdemoro, Móstoles o Algete y también de otros más pequeños como Ciempozuelos, Chinchón, Torrejón de Velasco, San Martín de la Vega y Moraleja de Enmedio. Más de 15 millones de euros en organización de eventos, la mitad salidos de las arcas del pueblo que había gobernado Francisco Granados. Que no fueron, en muchas ocasiones, a cambio de nada. El empresario de Waiter Music falleció en 2020, pero su confesión retumbó en el juicio y figura en la sentencia. Tuvo que hacer “servicios extras” para mantener el favor de Granados y el PP.

Mítines, comuniones y copas navideñas

La contabilidad de José Luis Huerta era un galimatías de números rojos, números verdes y columnas difícil de desentrañar si uno busca una lista normal de contratos públicos adjudicados y cobrados o pendientes de cobro. Waiter Music tenía el privilegio de obtener adjudicaciones a dedo, tener sobrecostes de decenas de miles de euros y de presentar empresas del mismo dueño cuando hacían falta tres candidatos para vestir el fraude. Pero también pagaba un peaje al PP y sus políticos a cambio, y a veces ese dinero era a fondo perdido. “Con toda su cara”, dijo en su confesión de 2018 el empresario Huerta para simbolizar que muchas veces no se le pagaba.

La sentencia declara probado que la empresa de José Luis Huertas, tal y como confesó él mismo, gastó miles de euros en regalos y gastos personales a políticos del PP. En 2008, según la sentencia, pagó 68.000 euros por una fiesta posterior a la comunión de la hija de Francisco Granados a la que, según el propio empresario, acudió la propia Esperanza Aguirre. La sentencia tiene incluso fotos de la comunión de un hijo de la alcaldesa de Algete, también sufragada por el empresario. Una fiesta de cumpleaños del entonces consejero de la Comunidad de Madrid. Bolsos. Pero el gran beneficiario no fue Granados ni sus colaboradores. Fue el Partido Popular.

Waiter Music estuvo años organizando y pagando mítines, reuniones, fiestas y encuentros del Partido Popular en distintos puntos de la Comunidad de Madrid donde gobernaba. Años en los que Esperanza Aguirre, felizmente olvidado el 'tamayazo', encadenaba mayorías absolutas y se dedicaba a inaugurar hospitales y paradas de Metro mientras Mariano Rajoy se hacía con las riendas del PP nacional y José Luis Rodríguez Zapatero gobernaba en la Moncloa. Según la sentencia, la mano de la Púnica estuvo detrás de algunos de los grandes mítines del PP de esa época.

La sentencia menciona el cierre de campaña de las elecciones municipales y autonómicas que el PP celebró en el Palacio de los Deportes en mayo de 2007. Con Esperanza Aguirre, Mariano Rajoy y Alberto Ruiz-Gallardón dando paso a la holgada mayoría absoluta de la 'lideresa' con el acompañamiento musical de las Azúcar Moreno. También el mitin celebrado en Valdemoro que, un año después, metió en la campaña de las generales de 2008 a José María Aznar. Ese día un enardecido Francisco Granados arengó al público con improperios al doctor Luis Montes y Aznar, que cumplía cuatro años fuera de la Moncloa, se lanzó contra Zapatero, instando a ganar sin “hacer chorradas con la ceja”.

La sentencia menciona más peajes 'populares' con los que Waiter Music potenció los actos del PP por toda la región. “Multitud de eventos” en Valdemoro, pero también una lista larga de “extras” en Ciempozuelos, donde gobernaba la condenada María Ángeles Herrera. Allí Waiter Music montó eventos del partido e incluso un mitin de 2008 donde se entregó una medalla a Rodrigo Rato, que con los años pasaría por la cárcel. En Móstoles, localidad de más de 200.000 habitantes, los jueces también hablan de un “elenco de irregularidades” en la contratación de Waiter Music “favoreciendo el desvío de dinero público y destinándolo al pago de eventos privados organizados por el Partido Popular” y su grupo en la localidad en las elecciones autonómicas de 2011.

No todos los contratos adjudicados a Waiter Music son considerados delictivos y no todos los políticos encausados han terminado condenados. Junto con Francisco Granados y sus sucesores al frente de la alcaldía de Valdemoro (José Miguel Moreno y José Carlos Boza) son condenados los regidores de Ciempozuelos y Moraleja de Enmedio, pero otros son absueltos, como es el caso de los dos exalcaldes de Móstoles encausados. En su caso no hay pruebas de que ellos gestionaran de forma directa la contratación de Waiter Music. En una ciudad como Móstoles, dice la Audiencia Nacional, llegar a ese nivel de irregularidades “debía de contar con el conocimiento y autorización de autoridades, funcionarios públicos municipales e integrantes del Grupo Municipal Popular de Móstoles, que promovieron, facilitaron y autorizaron este tipo de prácticas”.

Dos tramas en el Madrid de Aguirre

Las fechas de la sentencia conocida esta semana, y que todavía es recurrible, revelan una cosa: que la Púnica y la Gürtel convivieron en paz y armonía en distintas zonas de Madrid y con distintas familias del PP durante varios años. Mientras los de Francisco Correa parasitaban los ayuntamientos de Majadahonda, Boadilla del Monte, Pozuelo de Alarcón y Arganda del Rey de la mano de sus alcaldes, la Púnica conquistaba ayuntamientos del sur de la mano de Francisco Granados. Todo mientras Esperanza Aguirre conquistaba la Puerta del Sol y empezaba su fulgurante ascenso hasta la consideración de lideresa con unos mítines organizados por las tramas corruptas. Porque si algo une a la Gürtel y la Púnica, además de los contratos amañados y las comisiones, es la organización de actos de Esperanza Aguirre como moneda de cambio.

La resolución de la Audiencia Nacional zanja con una condena de dos años de cárcel la participación de David Erguido, entonces concejal de Aranjuez, pero “hombre de confianza” de Granados como asesor en la consejería que, con el tiempo, se convirtió en un dolor de cabeza para el PP nacional. Tuvo que dejar su escaño en el Senado tras ser imputado en la Púnica y se mantuvo como diputado regional del PP de Isabel Díaz Ayuso en Vallecas hasta su desaparición de las listas del partido para las autonómicas de 2021.

Erguido llevaba desde 2010 en la Asamblea de Madrid, donde entró en sustitución del hoy también condenado Alfredo Prada, y según la sentencia maniobró como concejal de Algete para que Waiter Music fuera contratada. Pero también obtuvo un beneficio para sí mismo. Waiter Music le organizó un evento en marzo de 2008 en el campo de golf del Canal de Isabel II, con la intervención de “cuatro mariachis” y con un coste de 1.800 euros “pendiente de liquidar con dinero público”. El mismo campo de golf que levantó Esperanza Aguirre en 2007 en Chamberí, que fue declarado ilegal por los tribunales y demolido y cuya adjudicación será juzgada como parte del caso de corrupción Lezo.

Muy por encima de Erguido, la sentencia otorga un papel protagonista a Francisco Granados en el ascenso y caída de Waiter Music y su papel como organizador de eventos de cabecera del PP de diversos municipios. Él tenía una “capacidad real de influencia” en Valdemoro, primero como alcalde y después como consejero de Aguirre, aunque no tuviera voz ni voto oficial en las contrataciones de su antiguo ayuntamiento. Pero sí tenía una “posición de poder político”. También con respecto a la Comunidad de Madrid. La Audiencia Nacional no le condena por todas las acusaciones que se vertieron sobre él, pero mantiene que usó su poder para que la Fundación Arpegio, salida de una empresa pública dependiente del gobierno regional, financiase con dinero público el concierto 'Night of the Proms' del que se había encaprichado y que organizó Waiter Music en el Palacio de los Deportes.

Esta no es la primera sentencia madrileña del caso Púnica. Francisco Granados ya fue condenado por el chivatazo que recibió de un guardia civil y que casi da al traste con la operación, y varios alcaldes han sido condenados por aliarse con el empresario David Marjaliza y contratar de forma irregular a Cofely para gestionar la eficiencia energética de sus municipios. Pero Granados todavía tiene un juicio relevante en el horizonte. Por las adjudicaciones supuestamente irregulares de suelo público desde la empresa regional Arpegio —la de la Fundación del concierto Nigh of the Proms— y de obras de construcción de Metro, una de las grandes promesas electorales de Esperanza Aguirre en esos años.

Aguirre, sus campañas y algunos de sus juramentos políticos son el telón de fondo de muchas de las piezas separadas del caso Púnica. Además del juicio pendiente por estas adjudicaciones, la Audiencia Nacional tiene en cola enjuiciar a Granados y al entonces gerente del PP en Madrid, Beltrán Gutiérrez, por delitos electorales en la financiación de la campaña del partido de 2011. La principal beneficiada, Esperanza Aguirre, no está en la lista de los acusados porque según el juez Manuel García-Castellón no hay pruebas de que “tuviera conocimiento” de la existencia de una caja B en el seno de su propio partido.

La sentencia conocida esta semana añade una capa de pintura al cuadro de corrupción de la Comunidad de Madrid durante la etapa de Esperanza Aguirre y su Partido Popular. Políticos que facilitaban contratos públicos a cambio de organizar actos del partido pero también fiestas y comuniones para el bolsillo propio. Una trama Púnica cuya verdad judicial no ha hecho más que empezar con varios juicios por delante en los que la financiación de los grandes éxitos electorales de Esperanza Aguirre estará, una vez más, bajo la lupa sin la lideresa en el banquillo.

Me imagino que Alberto Núñez Feijóo se habrá arrepentido todos los días de haber ordenado a finales de 2025 a los presidentes de las comunidades autónomas de Extremadura y Aragón disolver el Parlamento y convocar elecciones anticipadas, con la doble finalidad de intentar obtener una mayoría absoluta que pusiera fin a la dependencia de Vox en ambos Gobiernos autonómicos y de erosionar simultáneamente al presidente del Gobierno de la Nación. Dado que el calendario electoral imponía que en la primavera de 2026 se tenían que celebrar las elecciones en la comunidad autónoma de Castilla y León y que antes del mes de julio también había que convocarlas en Andalucía, la concatenación de las cuatro elecciones daba al PP una oportunidad única para prefigurar un escenario de poner fin a la hipoteca de Vox, de derrota total del PSOE y de triunfo inevitable del PP en las próximas elecciones generales.

Como todo el mundo sabe, al presidente del PP el tiro le ha salido por la culata. No solamente no ha conseguido las cuatro mayorías absolutas que pretendía, sino que ha perdido la única de la que disponía en Andalucía. Vox ha conseguido imponer su “prioridad nacional” en las cuatro comunidades autónomas y ha dejado claro que también la impondría en el Estado tras las próximas elecciones generales, en las que resulta inimaginable que el PP pueda alcanzar la mayoría absoluta para la investidura.

Si se hubiera mantenido la mayoría absoluta en Andalucía, el PP podría haberse librado de cargar con la “prioridad nacional” en las próximas elecciones generales. Pero, con la pérdida de dicha mayoría, ha perdido toda credibilidad para anunciarle al cuerpo electoral de todo el Estado que no va a aceptar la condición que Vox le va a imponer para ser investido presidente del Gobierno, si entre ambos consiguen la mayoría absoluta. La “prioridad nacional” ha venido para quedarse como parte del programa de toda la derecha española.

Por si fuera poco cargar con esta cruz, José María Aznar se ha dirigido a Alberto Núñez Feijóo para imponerle, apenas unos días después de que estuviera en Catalunya cortejando a Junts, que su obligación en las próximas elecciones es conseguir una “mayoría nacional”, ya que Junts no es partido de fiar.

Obviamente, Aznar no ha dicho en qué consiste una “mayoría nacional”, pero a buen entendedor con pocas palabras basta. “Mayoría nacional” es una mayoría que no tenga que contar con los nacionalismos catalán y vasco.

A la xenofobia y racismo que conlleva la “prioridad nacional” se añade ahora el antinacionalismo vasco y catalán de la “mayoría nacional”. José María Aznar ha hecho suya la tesis de Donald Trump de que el “enemigo interior” es mucho más peligroso que el enemigo exterior. La mera existencia de un “nacionalismo catalán y vasco” supone la posibilidad de un “cambio de sistema”, que, según ha asegurado, “está en marcha”. Pedro Sánchez es un riesgo por sí mismo y porque puede, con los nacionalismos catalán y vasco, comportar un “cambio de sistema”, operación que está en marcha.

Prioridad nacional y mayoría nacional son la alternativa del “nacionalismo exclusivamente español”. Para poner fin al Gobierno de Pedro Sánchez y evitar el riesgo de un cambio de sistema, Alberto Núñez Feijóo tiene que lograr “una amplia mayoría centrada, con capacidad de convocatoria a derecha e izquierda” con “un programa capaz de suscitar una adhesión masiva”.

El escenario de este fin de legislatura y de las próximas elecciones generales se está perfilando: o la “mayoría plural” de la moción de censura de 2018 y de los Gobiernos de coalición posteriores o la “mayoría nacional”.

La “mayoría nacional” supone la esterilización política de los nacionalismos catalán y vasco. No una esterilización absoluta, pero sí una esterilización para poder participar en la investidura del Gobierno de la Nación.

Una vez conseguida la “mayoría nacional”, la “esterilización política de los nacionalismos catalán y vasco” se puede conseguir con facilidad. No hace falta reformar la Constitución. Basta con reformar la Ley Orgánica de Régimen Electoral General y configurar una “barrera legal” para la investidura del presidente del Gobierno no en cada circunscripción provincial, sino en el conjunto del Estado. El partido que no obtenga un determinado porcentaje de voto, 5 o 10%, en el conjunto del Estado, no podrá participar en la investidura del presidente del Gobierno de la Nación. Con esto bastaría para excluir a los partidos nacionalistas vascos y catalanes.

Aunque tengo dudas sobre la constitucionalidad de la fórmula, no la tengo en que no sería declarada anticonstitucional.

Los partidos nacionalistas catalanes y vascos podrían participar en la investidura de los presidentes de sus comunidades autónomas, pero no en la investidura del presidente de la Nación, si no alcanzaban un 5 o un 10% de los votos válidamente emitidos en el conjunto del Estado. Esto es lo que supone la “mayoría nacional”.

Nadie puede llamarse a engaño.

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha reclamado este miércoles una “mayoría nacional” en las próximas elecciones generales para echar a Pedro Sánchez y evitar así un supuesto “cambio de sistema” que, ha asegurado, está en marcha. Para lograr este objetivo, Aznar ha conminado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a lograr “una amplia mayoría centrada, con capacidad de convocatoria a derecha e izquierda” con “un programa capaz de suscitar una adhesión masiva”.

Aznar ha participado en un acto informativo protagonizado por la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz. Durante su intervención, el expresidente ha constatado que “si hoy existen mayorías para pedir la dimisión de Sánchez”, en referencia a Junts, “todavía hay que construir la mayoría capaz de derribar y superar el muro” que desde la oposición se achaca al presidente.

El líder de la fundación Faes, con su habitual tono mesiánico, ha apuntado: “Esa mayoría será nacional o no será”. Para añadir: “Y por nacional entiendo una amplia mayoría centrada, con capacidad de convocatoria a derecha e izquierda en torno a un propósito reconstructor de dimensión histórica”. A principios de junio, los portavoces de Feijóo ya plantearon la necesidad de esa “reconstrucción nacional”.

Aznar ha sostenido que España está en un momento decisivo. “Lo importante de las próximas elecciones generales no es cuando se convoquen, sino entender bien lo que decidirán”, ha dicho. “Y no tengo empacho en decir que serán las elecciones más importantes de toda nuestra reciente historia democrática”, ha señalado.

El motivo: “No nos jugamos un cambio de Gobierno, sino un cambio de sistema”. “Es decir”, ha continuado, “la supervivencia o la liquidación de la nación constitucional y la igualdad ante la ley, en primerísimo lugar”.

Aznar ha concluido poniendo deberes a Feijóo: “Trasladar esta idea y articularla en un programa capaz de suscitar una adhesión masiva es una tarea bien difícil, pero es la tarea única que tenemos”.

La marejada de la actualidad hace que hoy resuene poco ese “memos” que lanzó, el martes, el presidente de la patronal en Castilla-La Mancha, Ángel Nicolás, contra los jóvenes trabajadores de este país que necesitan una baja médica por salud mental.

Tras el bofetón de esa ola nos revolcó otra mayor: escuchar los audios del expresidente Zapatero ante el juez Calama y constatar que no ve el menor problema en dedicar su vida a cobrar altísimas cantidades por ofrecer su sapiencia a los clientes de Julio Martínez, sin escribir una palabra, en meros informes verbales. De viva voz, sí, porque Zapatero, como ha “tenido siempre varias secretarias”, dice no haberse comunicado jamás por “correo electrónico”. ¿No ha mandado nunca un mail? Si yo creo que empezaría a usarlos cuando era una veinteañera por 1997. ¿No tuvo él necesidad, ni sintió curiosidad antes o después de sus 7 años y pico de gobierno, de 2004 a 2011?

Zapatero deja caer, en su declaración, que los consultores de su nivel suelen funcionar así, con citas, cafés, almuerzos donde ellos aconsejan a los “clientes”. Ojalá el hilo de la madeja nos lleve a saber cómo, y a sueldo de quiénes, se ganan la vida los expresidentes Aznar, González y sus círculos inmediatos. Pero es alucinante que Zapatero siga ignorando hasta qué punto nos defrauda, cuando le hacíamos mediando, en conflictos como el de Venezuela, de forma altruista.

¿Nos engaña Zapatero al decir que no ha mandado un mail en su vida, o en serio puede haber presidido España sin saber algo tan básico? Y Feijóo, ¿de verdad aspira a presidente sin las nociones de inglés que se exigen en toda entrevista de trabajo? Con la ignorancia que exhiben, ¿cómo han llegado a representarnos?

¿De qué pensábamos que vivía? Pues a ver, fue Zapatero quien, en su etapa de gobierno, estableció que los expresidentes podían tener cargo y sueldo vitalicio en el Consejo de Estado y, como él ingresó en ese órgano en 2012, era fácil inferir que su sueldo saliera de ahí y que las mediaciones diplomáticas las hiciera por sentirse útil y aportar. Es más, quienes estuvieran más atentos y se enteraran de su salida del Consejo de Estado, en 2015, leerían que era una salida “temporal” para “presidir el consejo asesor de una ONG alemana”. ¿En qué momento esa senda derrapó hacia la puerta giratoria, que antes siguieron Felipe González con Gas Natural, José María Aznar con Abengoa y esta misma semana el socialdemócrata expresidente del gobierno italiano Enrico Letta con Naturgy?

Enriquecimientos y talentos

Otro sabio merecedor de éxito y riquezas debe ser Alberto González Amador quien, tras ennoviarse con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha multiplicado por siete sus ingresos del grupo Quirón. Grupo al que justo su novia ha perdonado deudas millonarias y transferido dinerales que debían ir a la sanidad pública. ¿Tenemos que creernos que a Amador le pagan por su mente preclara? ¿En qué consisten los servicios que supuestamente presta, que sin duda cobra y que confiesa que defrauda?

Me entristece e indigna, por el desengaño que siembra sobre la democracia, que Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, se coloquen, cada uno en su esquina opuesta del ring, a minimizar vergüenzas indefendibles en las filas propias mientras vituperan al contrario.

Encima, de rebote, cuando Feijóo vuelve al Hormiguero, lanza que sigue sin saber inglés y que, finalmente, no hará su mil veces prometido esfuerzo de aprenderlo. ¿En qué entrevista de empleo hoy en día, puede una o un candidato confesar que no sabe inglés sin, ipso facto, darse por descartado? ¿Cómo aspirar, pues, a presidir el gobierno de España siendo incapaz de hablar, de tú a tú, con líderes internacionales?

Merecemos representantes mejores

“¡Que no!, ¡Que no!, ¡Que no nos representan!”, clamamos el 15M de 2011 al gobierno del Zapatero que, habiendo sido el mejor presidente, se rindió a las presiones de los bancos para primar el pago de los créditos financieros al de los servicios públicos. Este verano de 2026, los dos principales partidos, por los casos de enriquecimiento inmoral o ilegal, así como por las sonrojantes confesiones de analfabetismo funcional, están a años luz de la representación que merece la sociedad civil.

Lógico y normal que la gente se sienta defraudada, triste, asqueada. Entre atrapada por el morbo del denigrante espectáculo y harta, achicharrada, ansiosa por narcotizarse con el Mundial de Fútbol y, si puede, el sol y playa.

Es lógico que la gente se sienta defraudada y asqueada con el caso Zapatero en el PSOE y el del novio de Ayuso en el PP. Pero a la sombra de la decepción política, el fascismo afina su ruta al poder para beneficiar a las élites corruptoras. Ésas que quieren explotar más y más a la sociedad para forrarse sin límites.

Pero, ojo cuidao, que ninguna solución nos será regalada, ningún mañana será mejor si pasamos, nos desentendemos y cuando lleguen futuras elecciones no votamos. A la sombra del desánimo, el fascismo afina su programa, que tiene a las universidades públicas y a los sindicatos como objetivo de destrucción prioritaria, para apuntalar los privilegios de élites mínimas e insaciables, a costa de generalizar la precariedad e injusticia.

Esas élites que usan a expresidentes o presidentas autonómicas como títeres y que nos toman por “memos” incapaces de ver que intentan conducirnos, cual rebaño, hacia Vox, pieza española del artilugio fascista global para exprimir nuestra fuerza de trabajo.

Apelemos a la gente honesta, comprometida y con sentido de la realidad que está en política. Exijamos el impulso motor de los partidos progresistas de todo el Estado. Y tejamos alianzas ciudadanas, de sociedad civil para que nos traten con respeto, sin tomaduras de pelo, ni abusos.

José María Aznar cumple este sábado 20 años como consejero de News Corp. El gigante mediático del magnate ultraconservador australiano Rupert Murdoch ha pagado al expresidente español más de cinco millones de dólares desde que empezó a prestarle servicios, nada más dejar la Moncloa. Es su única retribución conocida entre sus muchas actividades privadas.

La cifra incluye pagos en efectivo y acciones. Está calculada a partir de los datos remitidos por el grupo de Murdoch desde 2006 al regulador bursátil estadounidense, la Securities Exchange Commission (SEC). El último sueldo conocido de Aznar en News Corp, de la que es consejero “independiente” desde 2013 (antes lo fue de 21st Century Fox, también de Murdoch), son los 341.565 dólares (unos 295.000 euros, al cambio actual) del ejercicio 2023-2024. 

A la espera de conocer la del ejercicio que está a punto de cerrarse (acaba en junio), su récord anual lo alcanzó en 2021-2022, con 352.204 dólares. Suponiendo que en el último año su sueldo se haya mantenido (la cifra se conocerá cuando News Corp convoque su Junta de accionistas), Aznar habría recibido ya unos 4,9 millones de dólares (4,26 millones de euros, al cambio actual) por sus labores como consejero de Murdoch.

A esta cifra se suman 220.000 euros que el grupo de Murdoch le pagó desde septiembre de 2004 (tras su salida de Moncloa en abril de ese año) hasta junio de 2006, cuando tras su decidido apoyo a la invasión estadounidense de Irak, Aznar fue nombrado vocal de 21st Century Fox, a la que asesoró hasta 2013 y de la que fue el primer consejero no anglosajón.

Fueron pagos mensuales (10.000 euros al mes) previos a su entrada en el consejo en concepto de “servicios de asesoría de estrategia corporativa global”. Los cobró a través de su sociedad familiar Famaztella, SL (acrónimo de Familia Aznar Botella). El País publicó entonces que incumplió las incompatibilidades previstas para los miembros natos del Consejo de Estado al no informar de esos pagos. El entonces ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, afirmó que no los comunicó al Registro de Intereses de Altos Cargos, equivalente a la actual Oficina de Conflictos de Interés.

Además de vocal independiente de News Corp, Aznar, de 73 años, preside el comité de nombramientos y Gobierno corporativo y es miembro del Comité de Auditoría del grupo fundado por Murdoch. El magnate, que en marzo cumplió 95 años, acordó en 2023 dejar a su hijo varón mayor, Lachlan, las riendas de su imperio mediático, que incluye la televisión ultraconservadora Fox. 

En octubre el expresidente español renovó por última vez como consejero de News Corp. De los seis vocales que optaban a la reelección, obtuvo el mayor porcentaje de voto en contra de los accionistas, casi un 20%. El grupo es uno de los conglomerados de medios de comunicación del mundo. Factura unos 8.500 millones de dólares anuales y es dueño de cabeceras de repercusión global como The Wall Street Journal, The Sun, The Times o el New York Post.

Del presidente de la Fundación Faes destaca que aporta “su experiencia en planificación estratégica y habilidades de liderazgo provenientes de su amplia experiencia, incluido su cargo como presidente de España”. Entre sus habilidades clave, destaca su “experiencia en política económica internacional adquirida supervisando la participación de España en la eurozona, conocimientos de gestión financiera y de riesgos desarrollados como líder en los más altos niveles de gobierno y formación como gestor público”.

El resto, un misterio

El resto de cantidades cobradas por Aznar en los últimos años de empresas privadas no son públicas. No consta que las haya facturado a través de Famaztella, que creó en 2004 junto a su esposa, Ana Botella, para, en teoría, explotar sus derechos de propiedad intelectual, incluyendo sus libros, discursos y conferencias.

Desde que hace más de diez años Hacienda sancionó a esta empresa tras una inspección, Famaztella redujo a cero sus ingresos y así ha seguido hasta ahora, aunque se anota beneficios gracias a sus inversiones financieras. En 2024 fueron 77.115 euros, según sus últimas cuentas presentadas, disponibles a través de Insight View. Su domicilio está en Pozuelo de Alarcón (Madrid), la localidad con la renta per cápita más alta de España.

Allí los Aznar Botella compraron un lujoso chalé (más de 550 metros cuadrados de superficie útil) en 1999, cuando estaban en Moncloa. Al escriturar la compra, sobre la finca pesaba una hipoteca de unos 330.000 euros, que se aproximan a lo que cobra Aznar solo de News Corp.

El que fuera asesor de Endesa, la eléctrica cuya privatización culminó como presidente, es desde 2011 miembro del consejo asesor internacional de la minera Barrick Gold Corporation, la mayor compañía de extracción de oro del mundo, junto a otros ex altos cargos como el ex secretario de Defensa estadounidense William W. Cohen, el ex ministro canadiense de Exteriores John R. Baird o el alemán Karl-Theodor zu Guttenburg, que dimitió en 2011 como ministro de Defensa de Angela Merkel tras destaparse que plagió su tesis doctoral.

A través de una sociedad en Bermudas, Aznar, ex inspector de Hacienda del Estado, fue nombrado hace años consejero de Afiniti, dedicada a la inteligencia artificial, que no ha tenido el crecimiento esperado. En ella fue responsable en España su hijo Alonso Aznar, que también trabajó para Rhône, fondo de capital riesgo que en 2023 logró multimillonarias plusvalías al vender la empresa española de armamento Expal a la alemana Rheimetall. Su dueño, el estadounidense Robert Agostinelli, es íntimo de Aznar y uno de los principales financiadores de Friends of Israel, lobby proisraelí que ambos fundaron en 2010.

De ese año data el contrato que el expresidente firmó con Befesa (filial de Abengoa) para facilitar adjudicaciones de grandes proyectos de desalación en Libia bajo el régimen de Muamar el Gadafi, que, como reveló elDiario.es en 2014, contemplaba una “comisión de éxito” del 1% sobre las adjudicaciones obtenidas.

Aznar, que hace unas semanas recuperó su “el que pueda hacer, que haga” contra el Gobierno en pleno 'caso Zapatero', se incorporó en 2011 al consejo asesor del hedge fund (entidades de inversión libre con más margen de actuación que los fondos de inversión más habituales) británico Centaurus Capital, especializado en energía y mercados financieros.

En 2013, el gigante de la consultoría KPMG anunció que Aznar asesoraría a su presidente en España en cuestiones geopolíticas y macroeconómicas. También ese año se incorporó formalmente como senior advisor del consejo internacional del bufete DLA piper. En 2018 cambió este despacho por la firma Latham Watkins, de la que es special advisor. 

Por esas fechas, La Vanguardia reveló que trabajaba como lobista en Latinoamérica en favor del cigarrillo electrónico para Philip Morris acompañado de su entonces jefe de gabinete, Germán Alcayde, hoy ejecutivo de una empresa de hidrógeno verde que ha recibido millones en ayudas públicas y el aval de Isabel Díaz Ayuso. La mayor tabaquera del mundo fue uno de los mayores clientes de Equipo Económico, el despacho que fundó Cristóbal Montoro, imputado en una trama de presunto tráfico de influencias.

A estas labores de lobby de Aznar se suma la actividad de su centro de formación de líderes, el deficitario Instituto Atlántico de Gobierno. Con Alcayde como director general, Botella ejerce como “directora de los cursos ejecutivos”. El centro ha recibido muchos pequeños contratos de administraciones del PP. Organiza cursos junto a empresas como Repsol, cuya privatización culminó Aznar, y con la universidad privada Francisco de Vitoria, de los Legionarios de Cristo.

El expresidente de honor del PP también presidió hasta 2021 el Instituto Bussola, opaco lobby que contribuye a lavar la cara de Emiratos Árabes en Bruselas.

Como suele ser habitual cuando viaja un pontífice, llega en loor de multitudes y por la patilla. Porque, aunque Dios puede proveer (así lo dice el Génesis), cuando se trata de pasar por caja tiene la costumbre de mostrarse esquivo. Será la virtud de no dar ante el vicio de pedir, o que no hay ninguna intención de aplicar lo que dice el concordato en materia de autofinanciación. No entiendo que los católicos no se pongan de acuerdo para quedar un día a rezar y que a la Iglesia le lluevan los millones que hoy le pagamos entre todos. Ni que pensaran que rezar es como bailar alrededor del tótem y que no sirve para nada.

Al Papa León XIV hay que concederle algunos puntos. Alguien a quien Trump considera un enemigo merece, como mínimo, cierto respeto. Son galones. Si, además, logra que Aznar se levante de su asiento y se marche a mitad de su intervención en el Congreso, ya estamos en nivel ovación de gala. En los tiempos en los que vivimos, también se agradece que se haya puesto del lado, sin ambages ni matices, de los inmigrantes, aunque los de la ‘prioridad nacional’, tan píos ellos, no le vayan a hacer ni caso. Solo hay que ver las entrevistas que Elena Reinés (de Woke Up) hizo a Carlos Flores Juberías (Vox) —estuvo muy amable, no la maltrató—y Rafael Hernando (PP), para darse cuenta de que la derecha cristiana, mucho Santo Padre, pero ha entendido lo que ha querido entender

Sus palabras, aquellas en las que pedía el fin de la polarización, fueron tenidas en cuenta durante casi veinte minutos. Algo es algo. En el tema de la pederastia, en cambio, falló estrepitosamente a las víctimas. Ocasión perdida para haber salido por la puerta grande, pero cuando en España hay 7 cardenales y 60 obispos sospechosos de haber encubierto casos, igual no quieres ganarte enemigos. Sobre la discriminación de la mujer, me suena que tampoco no dijo nada. De alguien que recorre el mundo en falda cabía esperar algo más.

En cambio, no despertó el interés que merecía que el pontífice batiera el récord mundial de bautismo de bebés, no menos de 80 en dos días, durante su visita a Madrid. Desde un punto de vista científico, el hecho no es menor. Sería interesante, desde ya, dedicarse a monitorizar la vida de los afortunados y de otros 80 que no hayan gozado de ese privilegio —a modo de grupo de control— para ver qué beneficios aporta una bendición papal. Las conclusiones te las publica Nature sí o sí. Pero creo que no se hará. Para la Iglesia, la ciencia está más cerca de demostrar que al cojo de Calanda le creció la pierna que de negar que haga falta un ser supremo para explicar el origen del Universo. Con las bendiciones pasa que no sirven para nada, son un fin en sí mismo. Pura psicomagia. No hay que darle más vueltas, pues es bien sabido que no se disfruta lo mismo de un kebab si ves cómo han cazado al gato.

Pero hubo más. En el Congreso, el representante de un estado teocrático se permitió pontificar —ventajas de ser pontífice— contra el aborto y la eutanasia. Viniendo de alguien que se hace llamar padre sin tener hijos, creo que en lo relativo a la interrupción del embarazo debería ser más cauto, y más viviendo de una institución que ha sembrado el mundo de sobrinos. Según los datos del Ministerio de Sanidad, en 2025 se registraron 12,6 interrupciones del embarazo por cada mil mujeres de entre 15 y 44 años. Mientras, entre el 20 y el 25% de los embarazos deseados acaba en aborto involuntario. Son los que Dios, todopoderoso él, decide que no deben seguir adelante y sin consultar a la afectada. Dejo ahí el dato por si quieren reflexionar.

Mentar la eutanasia también es ganas de tocar las narices. El que tiene un problema no es el que niega que la Biblia sea palabra de Dios, sino el que se la cree. Si alguien disfruta de una muerte lenta, intubado, sin posibilidad de curación y teniendo a toda la familia pendiente (más si hay herencia de por medio), que le aproveche, pero al resto que nos dejen en paz. Durante siglos, la Iglesia llenaba de pájaros las cabezas de los más pequeños con las aventuras, tan enternecedoras como falsas, de creyentes que habían sufrido el peor de los suplicios ante la más horrible de las muertes por no renunciar a su fe en su amigo invisible. Morir por fanatismo, bien; morir por voluntad propia, cuando el coste de la vida supera con creces a los beneficios, mal.

Podríamos estar así durante horas para describir un viaje pastoral que, como todos los anteriores, apenas tendrá más valor que el anecdótico por mucho que la televisión pública no haya parado de dar la turra (al menos, no ha habido latrocinio como cuando vino Benedicto XVI a la Comunitat Valenciana). En realidad, por mucho que se empeñaran algunos en inflar las presuntas muestras de fe, el legado va a ser más bien pírrico. Mucha fe y mucha pasión, pero los de Bad Bunny no les iban a la zaga, y encima habían pagado más de cien euros por ver a un tío que, eso sí es milagroso, algunos dicen que es cantante.

Y luego llegó la realidad, empezó el Mundial y en los medios, el Papa pasó de cabeza de cartel a telonero ante el empuje de un partido del calibre de un México-Sudáfrica. Al final, el santo artificio quedó al descubierto: la visita de un papa tiene menos que ver con su mensaje que con engordar las audiencias.

Momento maravilloso de la realización televisiva del primer discurso del Papa en España: el Pontífice se pronuncia contra “las narrativas divisivas y polarizantes” y pide que se eviten “las palabras que humillan y enfrentan” y la cámara enfoca a José María Aznar y Felipe González, sentados uno al lado del otro; de refilón, como siempre, se vislumbra a Mariano Rajoy. El Papa también habló de “la noche oscura del alma” de San Juan, ese momento de crisis y tinieblas que puede dar lugar a un renacimiento, y ahí la realización no enfocó a nadie, aunque seguro que Pedro Sánchez pensó “que me va usted a contar a mí”. 

La visita del León XIV ha coincidido con la filtración y lectura compartida del diario/agenda de Leire Díez, una fan fatal del PSOE de Sánchez con delirios de grandeza propios. Cualquiera con buen criterio dentro de Ferraz hubiera pedido una orden de alejamiento (porque cualquiera sabe que a John Lennon le asesinó un admirador obsesivo) pero fue todo lo contrario: a ella alguien le dio cargos públicos, primero, y nadie, después, le desanimó de ejercer un papel de agente secreto de Hacendado a la busca y captura de testimonios de la guerra sucia contra Sánchez. No hay indicio alguno de que el presidente supiera algo de esta trama de Mortadelo y Filemón que no consiguió nada de lo que pretendía sino todo lo contrario. De lo que sí hay constancia es de procesos dudosos contra el hermano y la esposa del presidente por ser el hermano y la esposa del presidente, que jamás se hubieran producido si Sánchez no fuera presidente. De lo que sí hay constancia es de la prioridad nacional que Feijóo está firmando a lo largo y ancho de España. De lo que sí hay constancia es del sesgo de la alta judicatura para condenar o absolver acciones iguales dependiendo de quien las cometa. 

Nada de esto es, por supuesto, excusa. El PSOE necesita una limpieza desinfectante de muchos cargos y allegados que apoyaron a Sánchez para medrar y son incapaces de servir a sus siglas ni a los ciudadanos a los que representa este gobierno. El resto de izquierda debe dejar de usar al PSOE como muleta y chivo expiatorio y buscar su propio camino. Y con esto, el problema que tenemos y tendremos los ciudadanos no es ese. Mientras leemos las anotaciones de una fontanera flipada olvidamos lo que se nos viene encima por parte de un partido que sí controla todas las instancias y resortes del poder y que se aliará con otro partido racista, machista e ineficiente. Y, sobre todo, olvidamos el modelo de país que muchos queremos: con servicios públicos de calidad, que invierta en sanidad, educación y comunidades locales, que no tolere tener a gente viviendo en la calle, que no discrimine por el lugar de origen, que luche por salarios dignos y empresas productivas, que fría a impuestos a los ricos, que se ría en la cara de Abascal y su prioridad nacional. Por ese país habrá que votar, cuando toque. 

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha intervenido este domingo en la jornada de clausura del 27º Congreso de las Juventudes Socialistas y en el que ha defendido de nuevo su intención de agotar la legislatura y la importancia de seguir al frente del Ejecutivo para que las transformaciones políticas y sociales “enraícen” entre los españoles. A pesar de los casos de corrupción y las causas judiciales que afectan al principal partido del Gobierno.

“Necesitamos tiempo para que esas grandes transformaciones enraícen”, ha dicho Sánchez poco antes de recordar que este lunes se cumplen ocho años de la moción de censura contra el gobierno de Mariano Rajoy y que le aupó a la Presidencia hasta ahora. Tras ello, ha destacado algunos hitos económicos y políticos logrados por el actual Ejecutivo en relación con los jóvenes, como la reducción en 12 puntos de la tasa de paro, el descenso de 30 puntos de la temporalidad desde 2008, el bono cultural o las bonificaciones al transporte para jóvenes.

El líder socialista, que ha intervenido en este congreso de las juventudes del partido celebrado en la sede de UGT en Madrid y del que ha salido elegida Aránzazu Figueroa, la primera mujer al frente de las Juventudes Socialistas, ha defendido que la intención del partido es “construir la España de 2030”, para lo que ha puesto como ejemplo la intención del Ejecutivo de llegar a un 80% de consumo de “energías limpias” para ese año.

Y ha vuelto a hacer mención al tiempo, concepto que ha utilizado para dar forma a su discurso: “Por eso el tiempo también te da la perspectiva de organizaciones centenarias como las nuestras para saber que mientras la oposición marrullera puede seguir maniobrando, nosotros seguimos gobernando hasta 2027 y todo el tiempo que quieran los españoles”.

Antes, Sánchez ha sintetizado estas “maniobras” de la oposición de derecha y ultraderecha en las palabras del expresidente del Gobierno José María Aznar, que esta semana volvió a insistir en su idea de “el que pueda hacer que haga” en un mensaje hecho público en la red social Instagram.

“En algunas ocasiones veo a la derecha y a la ultraderecha y da la sensación de que, después de 120 años de las Juventudes, después de 147 años de historia del PSOE. De más de 40 años de democracia en los que por cierto ha gobernado la mayoría de años el Partido Socialista... da la sensación de que no nos conocen. Bueno, no la sensación no... no nos conocen. Porque el socialismo democrático puede tropezarse, porque el socialismo democrático es un proyecto humano, y podemos por tanto tener esos tropiezos, pero nunca damos una batalla por perdida. Nos levantamos, y avanzamos”, ha defendido Sánchez, en referencia a los últimos golpes judiciales que afectan al Partido Socialista o al expresidente Rodríguez Zapatero.

“No negamos los problemas, pero tampoco lo que se puede hacer es negar la cuenta de resultados de este Gobierno de coalición progresista, porque España lleva ocho años avanzando, pese a las dificultades y los problemas. Esta oposición marrullera lo que quiere es hacer que España se frene o incluso que retroceda”, ha manifestado.

Tras ello, ha calificado las palabras de Aznar de “un Do de pecho algo desafinado” de “un personaje que siempre se ha sobreestimado”. Del expresidente popular ha dicho que aportó “la corrupción”, en referencia a los casos judiciales que afectaron después al que fuera su superministro de Economía Rodrigo Rato, “la gran mentira del 11 de marzo” y el incorporar a España “a una guerra ilegal que fue la guerra ilegal de Irak”.

Pedro Sánchez, que ha insistido en que Aznar “nada tiene de qué presumir”, ha asegurado también que sus palabras son “un grito de desesperación, de frustración” y también “una proclama profundamente antidemocrática”. Y ha exclamado que “en una democracia parlamentaria como la española, quien llega al gobierno es quien más votos suma, y no quien busca atajos”.

El secretario general socialista ha situado “enfrente” a la ultraderecha, y ha acusado a Vox de haber acudido a Oporto a un “congreso xenófobo” en el que se ha defendido “la supremacía de la raza blanca”. “Nosotros lo que tenemos que decir, es que eso que llaman prioridad nacional, o en este caso supremacía de la raza blanca, no es sentido común: es xenofobia”, ha defendido Sánchez, que ha agregado que “esa es la alternativa que tenemos enfrente: una ultraderecha xenófoba y una derecha que traga con la xenofobia de esa ultraderecha”.

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha alentado de nuevo a que “el que pueda hacer, que haga” en mitad de la polémica desatada por la imputación de su sucesor, José Luis Rodríguez Zapatero. “En esta situación insostenible en España, la frase cobra más sentido que nunca”, ha defendido.

El exlíder del Partido Popular considera que “más que nunca necesitamos ciudadanos responsables, comprometidos con nuestro país, dispuestos a hacer, a actuar, a servir a nuestro país para salir de esta situación insostenible en la que estamos”.

Las palabras de Aznar llegan una semana después de la imputación de Zapatero dentro del caso Plus Ultra por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad. La decisión fue acordada por el instructor del caso en la Audiencia Nacional, José Luis Calama, que le cita a comparecer como investigado el próximo 2 de junio. Los documentos del sumario judicial que sustentan la investigación estrechan el cerco sobre sus hijas.

El pasado martes, horas después de la imputación del ex secretario general del PSOE, Aznar aseguró no tener “nada que decir”. “Nada más que en España los jueces son independientes y toman las decisiones que les parece oportunas en función de los hechos que conocen y en función de lo que consideran necesario”, añadió en el VII Foro Internacional Expansión Parador Nacional. “La justicia en España es independiente y los jueces son independientes, no tengo nada más que decir sobre este asunto”, subrayó.

La frase “el que pueda hacer, que haga” tiene su origen en noviembre de 2023, tras el fracaso en la investidura de Alberto Núñez Feijóo y en plenas negociaciones para la votación que permitiría a Pedro Sánchez revalidar su cargo en la Presidencia tan solo unos días más tarde. Una situación “extraordinariamente grave” derivada de la amnistía de los delitos del procés, culminada en 2024.

“El señor candidato Sánchez es un peligro para la democracia constitucional española”, aseguró el expresidente. “En esta situación la inhibición no tiene hueco. ¿Qué se puede hacer? El que pueda hablar que hable, el que pueda hacer que haga, el que pueda moverse que se mueva, cada uno en su responsabilidad tiene que ser consciente de la situación”, reclamó.

El expresidente 'popular' mantiene su ofensiva constante contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez. En 2024, hizo un llamamiento a los españoles a una “movilización” permantente contra “la coalición de ultraizquierda”. En noviembre de 2025, consideró que el motivo por el que Sánchez no adelanta eleccione eran las “cuestiones judiciales”: “No hay más razón para estar en el Gobierno que las cuestiones judiciales. ¿Y cómo se afrontan mejor las cuestiones judiciales? Parece que se afrontan mejor en el Gobierno”.

El PP presiona a Junts y PNV

El Partido Popular trata de hacer. Pero, por ahora, no hace: no prevé presentar de forma inminente una moción de censura. “Tenemos tiempo, quedan muchas semanas”, sostienen fuentes de Génova. Los de Feijóo no confían en que salga adelante y temen “regalar” un triunfo político a Sánchez. El PP pretende que sean los socios del Ejecutivo los que empujen la moción, pero Junts y PNV enfrían las opciones de apoyar un cambio en Moncloa, pese a las advertencias de Aitor Esteban.

El predecesor de Aznar, Felipe González, comparte la tesis de los 'populares': no presentaría una moción de censura contra Sánchez porque se dejaría de hablar sobre el caso de Plus Ultra y la imputación. En cambio, cree que “debería haber elecciones” este año, con lo que insta al Gobierno a adelantar los comicios.

Sobre Zapatero, no le ve “con capacidad para montar una ingeniería financiera” como la que apuntan los informes de la UDEF. “Que Zapatero haya llegado en su carrera vital a [saber] lo que es una sociedad offshore... No lo veo. Ahora, que se deje arrastrar por Maduro y Delcy, que le llaman 'principito'...”.

Fue la palabra de moda en Internet durante unas semanas, quizá un mes, y luego la New York Magazine le dedicó su portada: «tiene los ojos de su madre… ¡y su agente!». Como explicaba el reportaje, durante unas semanas, parecía que todo el mundo era el hijo de alguien: artistas indies de Brooklyn cuyos padres tienen un artículo dedicado a ellos en Wikipedia, cantantes que son hijos de directores de cine, artistas que son hijos de cantantes, cantantes que son hijos de cantantes. «Un bebé es un montón de alegría; un nepobaby es la prueba física de que la meritocracia es mentira». Todo el mundo es hijo de alguien, pero no de alguien; ser hijo de famoso ayuda mucho, desde luego, a la hora de convertirse en famoso, tener acceso a contactos, una agenda, capacidad de influencia. Donde más se ha visto es en el mundo de las artes, el entretenimiento, el espectáculo. Pero no solo.

Los hijos de Aznar y Ana Botella no serán exactamente nepobebés, ¿pero quién va a negar que les habría sido mucho más difícil montar sus negocios, sus empresas de restauración, navegar entre la jet set madrileña, poder acceder a la gente adecuada, si no fueran precisamente los hijos de sus padres? Hunter Biden, hijo de Joe Biden, llegó a los 25 años a un alto puesto ejecutivo en un banco de Delaware… que financiaba parte de las campañas electorales de su padre. El yerno de Trump, Jared Kushner, aparte de ser hijo de un multimillonario, es directamente “enviado especial para la paz” en el Gobierno de su suegro. Como ha contado este mismo periódico, Felipe González fue socio de Oyauri Investment con su propio hijo, empresa posteriormente adquirida por Indra cuando Indra era presidida por un hombre… nombrado por el propio Gobierno de Felipe González en 1993.

Imagino que, para unos padres, desear el mejor futuro posible para sus hijos es un sentimiento casi universal. Ante la adversidad se está, pues, dispuesto a ayudar, disponer, allanar el camino, recoger y apoyar cuando los niños tropiezan y se caen. Sería difícil obviar que la cultura española, empresarial y, básicamente, la cultura en general, se rige por contactos: quién conoce a quién, y de qué, y a qué colegios iba, y dónde estudió y qué amigos hizo. Nadie se habría escandalizado si la ayuda de Zapatero a sus hijas hubiese consistido simplemente en hacer algunas llamadas y tirar de un par de contactos para asegurarles las mejores prácticas o un pequeño puesto trampolín desde el que comenzar sus carreras. Hay ciertas dosis de nepotismo que no escandalizan, aunque sean igual de sintomáticas de la desigualdad que todas las demás. Hay nepotismos que toleramos, porque culturalmente nos parecen nuestros, casi sanos, no tachables; hay otros, claro, que no.

Será la justicia la que aclare la realidad de la imputación de Zapatero y todo aquello de lo que se le acusa. Entiendo perfectamente el ánimo de consternación e incredulidad que ha reinado esta pasada semana. De lo más extraño me han parecido, de todas las informaciones, las que trataban específicamente la facturación de Whathefav, acusada de ser canalizadora financiera, de mover más de un millón de euros recibidos de empresas como Análisis Relevante o Inteligencia Prospectiva sin que ese millón hallara justificación laboral alguna más allá de “la maquetación de un informe”. Por bien que se maquete, me cuesta creer que alguien pague 40.000 euros al año por abrir el InDesign o, en el peor de los casos, el Canva; me cuesta menos creer que alguien pague 40.000 euros al año a la empresa de las hijas del expresidente por ser ellas las hijas del expresidente, pero me perturban las conclusiones a las que eso lleva, los deslices éticos, la torpeza que trasluce.

No deja de tener su parte injusta el foco sobre él de estos días y la permisividad con los otros. Hasta que se demuestre lo contrario, no creo necesariamente que Zapatero haya hecho cosas peores que otros expresidentes; el problema está en que no creo que las acciones de los demás estén tampoco justificadas, ni que podamos zanjar este tema con un “¡es lo que los expresidentes hacen!”. Resulta enormemente incómodo para cualquier persona de izquierdas tener una sombra de duda sobre la presencia de nepobebés en La Moncloa. Resulta un agravio inmenso a cualquier aspiración de justicia social que, mientras la juventud vive sin perspectivas de futuro, sin trabajo decente y sin casa, las hijas de Zapatero, que ya contaban con un negocio aparentemente viable antes de facturar a las empresas relacionadas con su padre, “embolsen” gracias a su padre ese millón adicional. Y, sobre todo, abre la pregunta, la que más desánimo y consternación generará, si lo que escuchamos —y a lo que ya dan credibilidad medios de todo signo, no sólo “la derecha”— acaba revelándose como cierto, en mayor o menor porcentaje: ¿qué necesidad había de todo esto?

Se van a cumplir ya tres años de unas elecciones generales que la derecha de este país creía que tenía ganadas. Y como ya sucediera en el 95, desde la misma noche electoral, se han cuestionado los resultados, se ha tildado al gobierno de ilegítimo y se le ha asediado judicial y políticamente.

Desde el punto de vista judicial, los casos contra Begoña Gómez, el hermano del Presidente o el ex Fiscal General del Estado demuestran un activismo judicial impropio de un Estado de Derecho, que ha contribuido al desgaste del presidente pero no ha conseguido hacerlo caer. 

Desde el punto de vista político, tampoco la estrategia de Núñez Feijóo de encadenar cuatro elecciones autonómicas consecutivas ha conseguido el fin esperado porque aunque el Partido Socialista sale debilitado, el Partido Popular depende cada vez más de Vox. 

Una vez que esa estrategia ha fallado, el Partido Popular trata ahora de presionar a los socios de investidura para que retiren su apoyo al gobierno, aprovechando la imputación del expresidente Rodríguez-Zapatero, conocida esta semana. 

No sabemos si Junts cederá, como cedió en el 95 Jordi Pujol. Por ahora, los socios aguantan a la espera de la declaración del presidente el día 2 de junio. Veremos entonces que pasa y si, como sucedió entonces, nos encontramos ante unas elecciones anticipadas.

La mayor tabaquera del mundo, un gigante minero, grandes eléctricas, fondos de capital riesgo, bufetes…. Son algunos sectores y grandes empresas a los que han prestado servicios de asesoría y lobby en las últimas décadas los expresidentes del Gobierno José María Aznar y Felipe González.

Ambos tienen un bagaje empresarial mucho más destacado que el de José Luis Rodríguez Zapatero, primer expresidente imputado por corrupción en la historia democrática de España, por el presunto cobro de comisiones ilegales a través de una red de empresas interpuestas para influir a favor de la aerolínea Plus Ultra.

El historial conocido de cargos en empresas del político leonés es casi tan magro como el del anterior presidente, Mariano Rajoy. El presumible “M. Rajoy” de los famosos papeles de Bárcenas (la caja B del PP) logró en marzo el traslado de su plaza de registrador de la propiedad desde el Registro Mercantil 5 de Madrid a su nuevo destino, el de Bienes Muebles Central I.

Por su parte, González y sobre todo Aznar llevan años dedicados a consultoría y lobby para distintas grandes empresas. El currículum es especialmente dilatado en el caso del político del PP. En junio cumplirá 20 años como consejero de News Corp, el gigante mediático del magnate ultraconservador Rupert Murdoch, que en estos años le ha pagado unos cinco millones de dólares por sus servicios.

El pasado ejercicio, el sueldo de Aznar en News Corp (que es público, al cotizar esta empresa en Estados Unidos) fue de 341.565 dólares. A esa suma se añaden los 10.000 euros mensuales que el grupo de Murdoch pactó pagar a Aznar a través de su sociedad familiar Famaztella desde septiembre de 2004 hasta su nombramiento como consejero en junio de 2006, en concepto de “servicios de asesoría”.

El resto de cantidades percibidas por Aznar de grandes empresas en los últimos años no son públicas. No consta que las haya facturado a través de esa sociedad, que los Aznar crearon en 2004 para la explotación de sus derechos de propiedad intelectual, incluyendo sus libros, discursos y conferencias, y que hace más de diez años fue sancionada por Hacienda tras una inspección.

Uno de los pagadores de Aznar ha sido Endesa, la eléctrica cuya privatización culminó su primer gobierno. Le fichó como asesor en 2011, especialmente para asuntos relacionados con Latinoamérica, aunque la relación se rompió años después. En 2019 este medio publicó que Afiniti, compañía de inteligencia artificial para call centers de la que Aznar se convirtió en consejero en 2016, estaba tanteando a grandes empresas españolas, entre ellas, la propia Endesa, para venderles su solución tecnológica. 

La italiana Enel (dueña de Endesa) aparecería luego en la lista de clientes de la web de Afiniti, que Aznar (ex inspector de Hacienda) administraba a través de una firma en Bermudas (un paraíso fiscal) y cuya filial española estaba a cargo del hijo menor del expresidente, Alonso Aznar. Este último también trabajó para el fondo de capital riesgo Rhône, que recientemente logró multimillonarias plusvalías en España con la venta de la empresa de armamento Maxam. El dueño de Rhône, el empresario estadounidense Robert Agostinelli, es íntimo de José María Aznar y uno de los principales financiadores de Friends of Israel, lobby proisraelí que ambos fundaron en 2010.

De ese año data el contrato que Aznar firmó con Befesa (filial de Abengoa) para facilitar adjudicaciones de grandes proyectos de desalación en Libia bajo el régimen de Muamar el Gadafi, que, como reveló elDiario.es en 2014, contemplaba una “comisión de éxito” del 1% sobre los contratos obtenidos.

En 2011, el expresidente popular se incorporó, además de a Endesa, al consejo asesor del hedge fund (entidades de inversión libre que tienen más margen de actuación que los fondos de inversión más habituales) británico Centaurus Capital, especializado en energía y mercados financieros, y al consejo asesor internacional de la minera canadiense Barrick Gold, dedicada a la extracción de oro, y a la que todavía asesora en la actualidad, según su web. 

En 2013, el gigante de la consultoría KPMG anunció que Aznar asesoraría a su presidente en España en cuestiones geopolíticas y macroeconómicas. También ese año se incorporó formalmente como senior advisor del consejo internacional del bufete DLA piper. En 2018 cambió este despacho por la firma Latham Watkins. 

Por esas fechas, La Vanguardia reveló que Aznar estaba trabajando como lobbista en Latinoamérica en favor del cigarrillo electrónico para Philip Morris. La mayor tabaquera del mundo fue uno de los principales clientes de Equipo Económico, el despacho que fundó el exministro Cristóbal Montoro, actualmente imputado en una trama de presunto tráfico de influencias.

En esas gestiones a favor del vapeo a Aznar le acompañaba su entonces jefe de gabinete, Germán Alcayde, hoy ejecutivo de una empresa de hidrógeno verde que ha recibido millones en ayudas públicas y el aval de Isabel Díaz Ayuso.

A estas labores de lobby de Aznar se suma la actividad de su centro de formación de líderes, el deficitario Instituto Atlántico de Gobierno. Con Alcayde como director general desde octubre de 2023, la esposa del expresidente y exalcaldesa de Madrid Ana Botella ejerce como “directora de los cursos ejecutivos” desde hace un par de años. El centro, como reveló elDiario.es, ha recibido muchos pequeños contratos de administraciones del PP. Organiza cursos de la mano de empresas como Repsol, cuya privatización también culminó Aznar, y con la universidad privada Francisco de Vitoria, de los Legionarios de Cristo.

La relación con el mundo del lobby del expolítico popular se inició incluso antes de dejar la Moncloa en 2004. En julio de ese año trascendió que, con Aznar todavía como presidente, su Gobierno había pagado dos millones de dinero público a una empresa en Estados Unidos, Piper Rudnick, para lograr la concesión de una medalla honorífica del Congreso de Estados Unidos.

El “jarrón chino”

Mucho menos extenso es el currículum empresarial de Felipe González, que hace 30 años acuñó aquella famosa frase comparando a los expresidentes con un “jarrón chino”: “Se supone que tienen valor y nadie se atreve a tirarlos a la basura, pero en realidad estorban en todas partes”, afirmó al poco de salir de Moncloa.

Su fichaje más reciente es su nombramiento en 2019 como consejero de Boluda Towage, filial del grupo Boluda, líder mundial del mercado de remolque marítimo, del gigante naviero del multimillonario valenciano Vicente Boluda, una de las mayores fortunas del país.

La actividad más conocida del socialista como asesor de una gran empresa fue su labor como consejero de la actual Naturgy (entonces Gas Natural Fenosa) entre 2010 y 2014. González compatibilizó ese puesto con su presencia en el Consejo Rector de Doñana mientras Gas Natural tramitaba un almacén de gas en ese entorno protegido. 

Un trabajo que la gasista le encomendó por su amplia experiencia internacional y sus buenas relaciones con el mundo latinoamericano. Él mismo lo calificó como “muy aburrido” cuando anunció que lo abandonaría, tras embolsarse más de 400.000 euros en esos años (a razón de 126.500 euros anuales).

Previa a su contratación por Gas Natural fue la carta que González escribió en septiembre de 2009 a un dictador africano, el entonces presidente de Sudán del Norte, Omar Al-Bashir, para favorecer al polémico empresario hispano iraní Massoud Zandi, socio del entonces presidente de Prisa, Juan Luis Cebrián, en una opaca petrolera que quería hacerse con un yacimiento en Sudán. 

“Es una persona honorable, seria, trabajadora y con relaciones internacionales al más alto nivel”, escribió González de Zandi, que acabó denunciado por la Fiscalía española por defraudar a Hacienda, y al que el expresidente alabó en un vídeo calificándolo como una de las personas “con más capacidad emprendedora que he conocido”. “No he visto a nadie con más habilidad para crear espacios nuevos (...) Él, por sí mismo, es un creativo irrepetible, no he visto a nadie con más iniciativas audaces y con más capacidad emprendedora (...). Ahora que tanto se habla de espíritu emprendedor, este es un emprendedor nato”, dijo el exlíder del PSOE de Zandi.

En 2011, en plena crisis tras el estallido de la burbuja inmobiliaria y mientras estaba en la actual Naturgy, González también creó un vehículo de inversión, Tagua Capital. El fondo (que fue un fiasco) quería convertirse en firma de referencia del sector en España y especial foco en el sector tecnológico, con unos objetivos muy ambiciosos, captar entre 120 y 150 millones de capital.

El dinero debía proceder de inversores como el multimillonario mexicano Carlos Slim, al que González ha prestado servicios de consultoría en el pasado: “Le asesoro como negocio. Sigo siendo amigo mío y le sirve mi asesoramiento… ¿pero no es compatible la amistad con asesorar negocios?”, declaró hace años en un programa de televisión sobre su relación con el magnate mexicano de origen libanés, la mayor fortuna de Latinoamérica y una de las personas más ricas del planeta.

González, que también ha cultivado en esa región amistades como la del fallecido multimillonario venezolano Gustavo Cisneros (al que el Gobierno socialista vendió Galerías Preciados a precio de saldo tras la expropiación de Rumasa), visitó hace veinte años junto a Slim al rey de Marruecos, Mohamed VI. En aquel momento el mexicano quería introducir su compañía telefónica, Telmex, en el país magrebí.

En Tánger, González tuvo unos terrenos en primera línea de playa que vendió en 2014 a la familia real saudí. Sobre la finca estaba prevista la construcción de una mansión para el expresidente a cargo de la constructora Procisa, propiedad de su íntimo amigo el fallecido Luis García Cereceda, promotor de la exclusiva urbanización La Finca en Pozuelo de Alarcón.

Esa propiedad en Tánger estaba a nombre de Ialcon Consultoría SL, empresa que creó Felipe González en 2001. Domiciliada en Pozuelo y administrada por una hija del expresidente (María González Romero), en 2024 esta firma facturó algo menos de 43.000 euros, según sus últimas cuentas disponibles. En ellas indica que su actividad principal es la de “otras actividades profesionales, científicas y técnicas”.

Para lanzar Tagua Capital González se rodeó de referentes empresariales como Amparo Moraleda (expresidenta de IBM España y futura presidenta del gigante aeronáutico Airbus) o su íntimo Joaquín Moya-Angeler, que también presidió IBM España.

Con este último y su hijo Pablo, el expresidente fue socio en la firma Oyauri Investment, que en 2013 fue adquirida por Indra, entonces todavía presidida por Javier Monzón, al que el Gobierno de González había colocado al frente de Indra en 1993 tras impulsar la fusión de varias empresas públicas del sector.

La compra de Oyauri acabó en un conflicto judicial millonario por un bonus a favor de los vendedores. Entre ellos, el citado Moya-Angeler, quien había sido consejero de la propia Indra y quien, por cierto, también cliente de la citada Equipo Económico. Una firma vinculada a él, Inmoan SL, pagó a la consultora que fundó el exministro de Hacienda de Aznar 93.981,67 euros, según el sumario del caso Montoro.