En marzo de 2025, el Gobierno cerró con las aseguradoras Adeslas y Asisa un acuerdo para la continuidad de Muface, el seguro privado finaciado con fondos públicos al que están acogidos cerca de un millón de personas, entre funcionarios y sus familias. Tras meses de tensiones, varias propuestas y la mutualidad en peligro, el Ejecutivo acabó poniendo sobre la mesa 4.808,5 millones de euros para los años 2025, 2026 y 2027, lo que suponía un incremento de la prima de más el 40%.

Ya entonces la Organización Médica Colegial (OMC) remitió una carta a los profesionales de la privada, animándoles a presionar a las aseguradoras para aumentar sus retribuciones. Pero, a estas alturas, un 80% de los médicos privados que trabajan con la mutualidad aseguran “no haber recibido ninguna mejora de honorarios”, según una encuesta de esta entidad a más de 1.200 facultativos.

“Los datos evidencian una profunda brecha entre los recursos públicos destinados al sistema y la realidad que describen los profesionales que integran la red asistencial”, denuncian desde la OMC, que reclama “transparencia y mecanismos de seguimiento para asegurar que los recursos públicos refuercen la calidad y sostenibilidad” de todo el sistema.

Pese a ese aumento mil millonario de las primas, la enuesta de la OMC arroja que el 74% de los médicos no han visto mejorados sus honorarios “ni siquiera para compensar el aumento del IPC” y que, de entre quienes han obtenido incrementos, “aproximadamente uno de cada tres señala que ha sido de apenas entre un 1 y un 3%, muy lejos de los porcentajes anunciados públicamente” por las aseguradoras.

En su momento, desde las aseguradoras ya trasladaron su intención de negociar caso por caso, dependiendo de las especialidades y los territorios. Esto dej a los profesionales en una situación de debilidad a la hora de pactar una mejora en sus condiciones y en una situación de dependencia respecto a las compañías que manejan esos 4.808 millones de dinero público.

Por eso, desde la OMC reclaman “avanzar hacia mecanismos de interlocución colectiva que permitan una negociación más equilibrada y transparente entre los profesionales y las aseguradoras”. Y, para ello, “nueve de cada diez encuestados considera que las corporaciones profesionales, los sindicatos médicos y las organizaciones de autónomos pueden desempeñar un papel relevante para defender unas condiciones retributivas justas y transparentes”.

El Servicio Extremeño de Salud (SES) “no tiene constancia” de que quien fuera su director gerente hasta hace unas semanas, Jesús Vilés Piris, dirija ahora un hospital privado. Como ha desveleado elDiario.es Extremadura, Vilés ha asumido la dirección del centro Hospital Parque San Francisco tras estar tres años al frente de la sanidad pública extremeña en la primera legislatura de María Guardiola.

Ahora, el SES asegura que el exgerente comunicó a la Junta de Extremadura “su intención de desempeñar un puesto como médico” en un centro sanitario privado, pero sus funciones serían asistenciales y de coordinación médica“. En concreto, según la nota remitida por el SES, esas funciones incluirían ”atención a pacientes y seguimiento“, pero ”sin capacidad de dirección ni funciones directivas“.

Vilés indicó, además, que “en ningún caso el puesto implicará funciones de alta dirección, ni capacidad de representación de la sociedad frente a terceros, ni el otorgamiento de poderes mercantiles, rigiéndose la relación laboral por la normativa laboral común”. De esa forma, el Registro de Conflicto de Intereses de la Dirección General de Función Pública emitió un informe favorable al respecto de considerar compatibles las funciones a desempeñar por Vilés en su nuevo puesto en la sanidad privada “dentro de las condiciones indicadas, que son las que comunicó el interesado”.

Esta respuesta del SES se produce después de las explicaciones exigidas por el PSOE en la Asamblea ante la sospecha de que se haya podido producir un caso de puerta giratoria incompatible con lo establecido en el Estatuto de Cargos Públicos de la Comunidad Autónoma.

Los socialistas han registrado una amplia solicitud de documentación. En concreto, la copia íntegra del expediente relativo a la declaración de actividad privada presentada por Vilés Piris, incluyendo la comunicación presentada, los informes emitidos por el Registro de Conflictos de Intereses, los informes jurídicos existentes y la resolución sobre la compatibilidad o incompatibilidad de la actividad, además del detalle de todas las derivaciones. Para la portavoz socialista, “la ciudadanía tiene derecho a saber si todo se ha hecho conforme a la legalidad y si quienes han gestionado la sanidad pública cumplen escrupulosamente las incompatibilidades que establece la ley”.

La portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea de Extremadura, Isabel Gil Rosiña, ha exigido a la presidenta de la Junta, María Guardiola, que dé explicaciones “inmediatas” sobre el fichaje del exdirector gerente del Servicio Extremeño de Salud (SES), Jesús Vilés Piris, como directivo del Hospital Parque San Francisco de Cáceres. La oposición reacciona así a la información desvelada en exclusiva por elDiario.es Extremadura, al considerar que existen indicios suficientes para comprobar si se ha podido producir un caso de puerta giratoria incompatible con lo establecido en el Estatuto de Cargos Públicos de la Comunidad Autónoma.

En declaraciones a los medios de comunicación, Gil Rosiña ha anunciado el registro en la Asamblea de una amplia solicitud de documentación para conocer “con total transparencia” si el nombramiento del exgerente cumple con las obligaciones de la Ley 1/2014, de 18 de febrero, reguladora del Estatuto de los Cargos Públicos de Extremadura.

En concreto, el PSOE ha reclamado la copia íntegra del expediente relativo a la declaración de actividad privada presentada por Vilés Piris, incluyendo la comunicación presentada, los informes emitidos por el Registro de Conflictos de Intereses, los informes jurídicos existentes y la resolución sobre la compatibilidad o incompatibilidad de la actividad, además del detalle de todas las derivaciones. Para la portavoz socialista, “la ciudadanía tiene derecho a saber si todo se ha hecho conforme a la legalidad y si quienes han gestionado la sanidad pública cumplen escrupulosamente las incompatibilidades que establece la ley”.

Críticas a la falta de transparencia y las derivaciones

Gil Rosiña ha recordado que una de las primeras decisiones de PP y Vox al inicio de la legislatura, en 2023, fue eliminar la obligación de que los altos cargos comparecieran en la Asamblea para explicar su trayectoria antes de ser nombrados. “Hoy entendemos perfectamente por qué quisieron acabar con ese ejercicio de transparencia”, ha afirmado.

Asimismo, ha relacionado este episodio con la política sanitaria del Ejecutivo autonómico y el incremento de las derivaciones a la sanidad privada previstas en los Presupuestos de 2026. “Ahora también se entiende por qué el Gobierno de Guardiola triplica el gasto destinado a derivaciones a la sanidad privada. Esto es lo que ocurre cuando una presidenta entiende la sanidad como un negocio y no como un derecho de todos los extremeños”, ha denunciado, exigiendo a Guardiola que aclare si el Gobierno conocía esta incorporación.

El ex director gerente del Servicio Extremeño de Salud (SES), Jesús Vilés, ha sido nombrado director del Hospital Parque San Francisco de Cáceres apenas unas semanas después de abandonar la máxima responsabilidad de la sanidad pública extremeña, un cargo que desempeñó durante casi tres años bajo el Gobierno de María Guardiola.

El nombramiento supone el regreso de Vilés a la sanidad privada, un ámbito que conoce bien. Antes de asumir la Gerencia del SES en agosto de 2023, había desarrollado buena parte de su carrera profesional en la entonces Clínica San Francisco —actual Hospital Parque San Francisco— y también había ocupado responsabilidades en la aseguradora Adeslas. Ambas del ámbito de la sanidad privada.

Su incorporación al centro privado cacereño se produce tras haber dirigido el organismo encargado de gestionar el sistema sanitario público extremeño, responsable, entre otras funciones, de la planificación asistencial, la contratación de servicios y la relación con los centros concertados.

El recorrido profesional de Jesús Vilés dibuja un itinerario que ha transitado en ambas direcciones entre la sanidad privada y la pública. Llegó al SES procedente del ámbito privado con el objetivo de gestionar el sistema sanitario extremeño y, tras su salida del cargo, regresa nuevamente a una empresa del sector.

Este tipo de movimientos, aunque legales cuando cumplen la normativa sobre incompatibilidades, suelen situarse en el centro del debate sobre las denominadas puertas giratorias, un fenómeno que plantea interrogantes sobre la separación entre la gestión de los intereses públicos y los privados, especialmente en sectores como el sanitario, donde ambas redes mantienen una relación permanente mediante conciertos, derivaciones y contratos de prestación de servicios.

Los conciertos entre el SES y la sanidad privada

Durante los años en los que Vilés estuvo al frente del SES, el Servicio Extremeño de Salud continuó recurriendo a la colaboración con hospitales privados para aliviar listas de espera y prestar determinados servicios asistenciales, una práctica cada vez más habitual en el sistema sanitario extremeño.

En Extremadura, el Hospital Parque San Francisco forma parte de la red de centros privados que mantienen relaciones contractuales con la Administración sanitaria mediante conciertos y otras fórmulas de colaboración para la prestación de asistencia sanitaria.

La legislación española contempla limitaciones para determinados altos cargos una vez abandonan la Administración, con el objetivo de evitar posibles conflictos de intereses. Estas normas establecen periodos durante los cuales determinadas actividades privadas pueden quedar restringidas cuando guardan relación directa con las competencias ejercidas desde el cargo público.

No obstante, la aplicación concreta de estas incompatibilidades depende de la naturaleza del puesto desempeñado, del tipo de empresa a la que se incorpora el exalto cargo y de las funciones que vaya a desarrollar, por lo que corresponde a los órganos competentes determinar, en su caso, si existe o no algún impedimento legal.

El paso de responsables públicos a empresas privadas vinculadas al mismo sector que previamente gestionaban ha generado tradicionalmente críticas por parte de organizaciones dedicadas a la transparencia y al buen gobierno, que reclaman normas más estrictas para evitar cualquier apariencia de conflicto de intereses, incluso cuando no exista una infracción legal.

El Laboratorio Clínico Central, el organismo que da cobertura a seis hospitales públicos de la Comunidad de Madrid, tiene una nueva empresa gestora: el gigante sanitario Quirón. El grupo ganó la adjudicación del Gobierno autonómico, valorada en 120 millones de euros para los próximos cinco años, después de que Ribera Salud estuviese gestionando el centro desde que abrió en 2008. Ahora, con el desembarco del nuevo grupo, trabajadores de laboratorio denuncian una situación de inestabilidad con la pérdida de antigüedad, contratos con condiciones diferentes y una “subrogación encubierta”.

Una vez Quirón ganó la adjudicación a Ribera, comenzó el conflicto entre las dos empresas. La Comunidad de Madrid aprobó una prórroga para Quirón de una semana para hacer la transición entre las dos empresas. Quirón acusó a Ribera de falta de colaboración, según publicó entonces El País, además de asegurar que Ribera Salud estaba intentando “instigar a la plantilla en contra” de la nueva empresa. Y en medio de ese choque, los trabajadores ya denunciaron un “limbo” y un futuro incierto que se ha terminado de materializar esta semana con una imagen, con los trabajadores intentando entrar en su puesto de trabajo y la negativa del nuevo equipo.

“En todo momento Ribera Salud nos ha estado informando a través de cartas de una subrogación en la que Quirón se iba a hacer responsable de nosotros”. Habla Marta (nombre ficticio), trabajadora del servicio de laboratorio del Hospital Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes, que relata que cuando llegaron los nuevos contratos vio que las condiciones no eran las mismas, por lo que no las aceptó, como otros compañeros suyos. Este lunes, ha acudido como siempre a su puesto de trabajo y se ha encontrado con una situación inesperada que afecta a unos 30 trabajadores: “Algunos hemos llegado a trabajar, hemos fichado y en ese momento nos han dicho que no podíamos prestar servicios. Hemos llamado a la Policía y han hecho un informe”, relata.

Ese laboratorio, el del Hospital Infanta Sofía, proporciona servicio a otros cinco hospitales: el del Henares, en Coslada; el Infanta Cristina de Parla; el Infanta Leonor; el Sureste de Arganda del Rey; y el del Tajo, en Aranjuez. Aquí se procesan las muestras de laboratorio de cerca de 1,4 millones de pacientes de la región. Pero el testimonio de Marta no es el único. Otra trabajadora, E.F., denuncia que los trabajadores que llevaban muchos años en el centro, algunos hasta 17, han perdido toda la antigüedad. Por un lado, Ribera Salud no quiere indemnizarles porque entienden que es una subrogación. Por otro, Quirón argumenta que no lo es.

En conversación con este periódico, un portavoz del grupo sanitario asegura que están “siguiendo en todo momento las pautas del concurso” en cuanto a la antigüedad de los trabajadores, con quienes dice que hay un “diálogo permanente”.

Ahora, algunas personas que continúan trabajando en el laboratorio clínico relatan una situación de “falta de personal”. “Quirón tuvo que contratar a personal sin experiencia y a pesar de ello no damos abasto”, argumenta Marta en declaraciones a elDiario.es, que asegura que el grupo sanitario “necesita” a los trabajadores que no han firmado.

Ismael trabajaba en el laboratorio del Hospital Infanta Cristina de Parla, que procesa analíticas críticas. En su caso, la mayoría de los técnicos de laboratorio han decidido que no iban a firmar los nuevos contratos: “Nos dijeron que se nos iba a respetar todo”. “Todo muy bonito hasta el momento en el que dicen que lo que no nos van a respetar sería la antigüedad”, explica a través de conversación telefónica, lo que les lleva a rechazar los cambios. “Lo único que nos va a proteger el día de mañana es la antigüedad”, argumenta. El trabajador explica que, en algunos casos, quienes sí que han firmado se han visto obligados a hacerlo por estar en situación de vulnerabilidad. “Hoy han ganado ellos, nos quedamos fuera”, dicen sobre el resto, quienes, como E.F., también acudieron a su puesto de trabajo: “Nos dijeron que nos teníamos que ir”.

Tanto Ismael como Marta relatan otra consecuencia del caos laboral. Ya que Quirón argumenta que no es una subrogación, no pueden utilizar los equipos antiguos de Ribera Salud, aunque los trabajadores aseguran que en algunos casos sí se están utilizando. Ismael asegura que eso supone retrasos en las analíticas, mientras que el portavoz de Quirón asegura a este periódico: “Acabamos de hacernos cargo y tendremos que hacer cambios”.

Pero no solo hay críticas por el uso de equipos antiguos. Trabajadores como E.F. aseguran que cuando comenzó el nuevo equipo el lunes no se estaban procesando las muestras del viernes. Fuentes de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid lo niegan asegurando que “no hay problemas asistenciales. Se está atendiendo todo”, dicen a elDiario.es.

Sin pruebas genéticas

La polémica no solo ha surgido por el “limbo” denunciado por los trabajadores. Con el nuevo pliego, se firmó también otro cambio: algunas áreas de alta especialización, como las pruebas relacionadas con genética constitucional y genética somática, que históricamente se venían realizando en el Laboratorio Clínico Central, ahora pasarán a ser asumidas por el sistema público de salud, una medida que fuentes de la consejería de Salud justifican en una “mayor eficiencia”. “Se está desarrollando una estrategia común para todo el SERMAS de medicina personalizada de precisión y la genética de estos pacientes entra dentro de la centralización”, explican en declaraciones a elDiario.es.

Esto supone un ahorro para la nueva empresa adjudicataria, Quirónsalud, teniendo en cuenta además que estas pruebas de laboratorio suelen ser las más caras.

Desde Izquierda Unida Madrid critican que el SERMAS continúe su “desprecio hacia la Sanidad Pública”: “Profundiza en la externalización de los laboratorios clínicos mientras asume las áreas menos rentables”, argumentan. Según el partido, la consecuencia es un modelo que supone una “socialización de las áreas menos rentables y más intensivas en conocimiento especializado, mientras se mantiene en manos privadas una parte sustancial de la actividad analítica de mayor volumen”. Y, en consecuencia, “un sistema en el que la sanidad pública asume las cargas estructurales y de personal necesarias” mientras financia “mediante contratos millonarios actividades que podrían prestarse directamente desde la propia red pública”.

También Comisiones Obreras ha denunciado la situación a través de un comunicado publicado este miércoles, en el que critican “irregularidades” en el traspaso a Quirón y ha exigido la intervención del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS), “que conocen desde hace tiempo la problemática que afecta a la plantilla”.

Los presupuestos de la Junta para 2026, elaborados por el Gobierno de coalición de PP y Vox, triplican los fondos destinados a derivar pacientes a la sanidad privada en comparación con las cuentas de 2023, las últimas firmadas por el anterior Ejecutivo socialista. Esta escalada ya se inició en 2024, coincidiendo con la entrada de PP y Vox en el Ejecutivo.

En concreto, la polémica se centra en el notable incremento de los programas Paracelso —destinado a derivar pacientes a clínicas privadas para aliviar las listas de espera quirúrgicas— y Galeno —enfocado en la externalización de pruebas diagnósticas—. Para el próximo año, el programa Paracelso alcanzará los 15,9 millones de euros, mientras que el Galeno estará dotado con 14,5 millones; unas cifras que consolidan el progresivo trasvase de fondos públicos hacia el sector privado.

Tanto el PSOE como Unidas por Extremadura han censurado con dureza este incremento presupuestario, una situación que, según denuncia la oposición, el propio director general de Planificación Económica del SES llegó a reconocer en comisión parlamentaria como un “inconveniente” que el Ejecutivo autonómico pretende modificar ahora por la vía de una “enmienda” técnica.

Isabel Gil Rosiña (PSOE) y José Antonio González Frutos (Unidas por Extremadura) han coincidido en alertar de la “privatización encubierta” de la sanidad pública. Según ambos portavoces, ante las críticas de la oposición por el blindaje a la privada, el alto cargo del SES aseguró que las cifras consignadas en el proyecto no coinciden con las previsiones reales y que el Gobierno regional las rectificará antes de que expire el plazo el próximo día 15.

La portavoz socialista ha detallado el desglose de esta externalización, que “se triplica” al pasar de los 6,4 millones de euros que el PSOE presupuestó para intervenciones quirúrgicas a los 15,9 millones fijados para 2026; y de 5,2 millones para pruebas diagnósticas a los 14,5 millones actuales. Además, Gil Rosiña ha aseverado que la promesa de inyectar 500 millones más en la sanidad extremeña es “una gran operación de propaganda que no resiste el contraste con la realidad”, ya que esa cuantía se diluye en el conjunto de la Consejería de Salud y Dependencia.

Por su parte, González Frutos ha puesto el foco también en el ámbito educativo, criticando el aumento de los conciertos y la fórmula elegida para la educación infantil: “Pretenden vender la universalización de la etapa de 0 a 3 años a base de dar un cheque privado en vez de construir nuevas unidades en la escuela pública, lo que evidencia el carácter parasitario y lobista de los intereses privados en los servicios públicos”.

Desde el grupo parlamentario del PP, el diputado Hipólito Pacheco Delgado ha querido restar tensión al choque defendiendo que el director general del SES realizó “un ejercicio de humildad y transparencia” al admitir que existía “un error” en el proyecto de presupuestos que se va a solucionar de inmediato.

Asimismo, Pacheco ha replicado a Gil Rosiña exigiéndole “humildad” tras haber sido consejera durante ocho años y le ha recordado que el anterior Ejecutivo socialista también recurría a los conciertos sanitarios. “Aquí no se privatiza ninguna sanidad; la sanidad extremeña es y seguirá siendo gratuita y universal”, ha zanjado. En esta misma línea, la portavoz de Vox, Inés Checa, ha defendido con firmeza que las cuentas de 2026 responden a las necesidades de la región, destacando medidas consensuadas en el seno del Ejecutivo de coalición como la homologación salarial de los docentes, la gratuidad de la educación infantil y la inversión en vivienda protegida, infraestructuras y simplificación administrativa.

El número de pacientes del área de Vigo asignados a Povisa, un centro privado propiedad del grupo Ribera con el que la Xunta tiene un millonario concierto, se sitúa en el más bajo de su historia. Son poco más de 102.000, después de que unos 8.000 pasasen de este centro a los de la red pública en abril, cuando se abrió la ventana para hacer el cambio. Pese a la elevada cifra, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha tratado de limitar las causas a que los ciudadanos deciden libremente.

Todos los años, añadió, se permite pasar de un sistema a otro y hay un trasvase de pacientes. Y, si el de 2026 ha sido más alto de lo habitual, quienes tienen que aclarar los motivos son, a su juicio, los que han pedido el cambio: “Ellos deben explicar sus razones”. El presidente gallego evitó hacer un análisis o pronunciarse sobre si han pesado cuestiones como el aumento de servicios en la parte pública de la sanidad en Vigo o los escándalos que afectan al grupo Ribera. En los últimos meses, se han conocido las maniobras para alargar listas de espera en Torrejón (Madrid) con el fin de lograr más ingresos o que se reutilizaron varias veces catéteres de un solo uso.

Preguntado por esta salida masiva de pacientes de Povisa, el presidente de la Xunta se ha limitado a responder que agradece la confianza que tienen en que estarán bien atendidos en la pública y a manifestar que la obligación de su equipo es que reciban cuidados adecuados tanto en ese sistema como en el hospital concertado.

Casi ocho mil pacientes del área sanitaria de Vigo aprovecharon la posibilidad de cambiar de centro para solicitar el traslado desde Povisa al complejo hospitalario público de la ciudad (CHUVI). Povisa, propiedad del grupo Ribera, es el mayor hospital privado de Galicia y el único que tiene una población asignada a través de un convenio con la Xunta. Con esta fuga masiva, la mayor en la imparable tendencia descendente de la última década –tras la apertura del Álvaro Cunqueiro–, se queda en el número de usuario asignados más bajo de su historia: 102.489 frente a los 139.000 de 2016 o los más de 150.000 que se le atribuyen en ejercicios anteriores. Para la plataforma SOS Sanidade Pública esto supone la constatación del “fracaso” de un modelo que la Xunta ha “mantenido artificialmente”.

El Servizo Galego de Saúde (Sergas) abrió en abril y durante un mes el período de elección de centro para las 185.000 personas con derecho a hacerlo en el área sanitaria viguesa. Esta posibilidad, que data del acuerdo firmado en 2014 entre Xunta y Povisa, llevaba un año y medio paralizada. En octubre de 2024 fueron 3.474 los que decidieron apostar por la pública. Los 7.806 que acaban de hacerlo más que duplican aquella cifra. Entre una y otra han sido varios los escándalos que han sacudido a Ribera. El mayor, las maniobras en el hospital de Torrejón (Madrid) para alargar las listas de espera, lo que permitía aumentar los ingresos, o la reutilización hasta diez veces de catéteres de un solo uso.

Mientras, el número de pacientes que decide seguir el camino contrario y solicitar Povisa es casi testimonial, pero también baja: 276 este año y 321 en 2024. Desde que existe la posibilidad de elegir, uno de cada cuatro usuarios de Povisa han optado por acudir a la pública, algo que redunda en la saturación y las listas de espera del CHUVI. Se estima que, fuera de los períodos de elección, miles de pacientes escaparon utilizando otra posibilidad: el cambio de médico de familia a uno que tuviese asignado un centro del Sergas y no la clínica de Ribera .

Las inyecciones de la Xunta

El actual contrato entre el Sergas y Povisa acaba de cruzar su ecuador. Entró en vigor en abril de 2025 y es válido hasta marzo de 2027. La Xunta aporta 195 millones de euros para cubrir, durante este período, la atención especializada a una población de 116.000 personas. Una cifra ya entonces inflada, ya que el número total de tarjetas sanitarias asignadas era de 113.081. Este contrato, en el que Sanidade paga más por un número menor de especialidades, supuso también un cambio en las condiciones. Si, hasta entonces, Povisa facturaba per cápita, ese concierto pasó a convertires en un “contrato de servicios” en el que se paga en función de la actividad efectivamente realizada.

En 2024, tras una década en números rojos que llegó a plantear la viabilidad de la clínica, Povisa ofrecía por primera vez resultados positivos: 613.000 euros. La razón había que buscarla en el récord de ingresos procedentes del Sergas, 89 millones de euros, una cantidad equivalente a la del actual acuerdo. Como contó meses después La Voz de Galicia, ese saldo se debió a una inyección aprobada en diciembre por el Consello de la Xunta, de la que no se informó, y que permitió a Ribera Salud ingresar al menos 22,4 millones de euros. Sanidade explicó entonces que lo que habían hecho, de forma retroactiva, era “ajustar los costes reales” del servicio e “indemnizar los perjuicios que le ocasiona al contratista la permanencia forzosa en el servicio público”. El pago por paciente subió así de un golpe casi un 60%. En 2023, la Consellería ya había entregado, con idéntica falta de transparencia, otra partida de casi 6 millones a la clínica “para compensar pérdidas”.

La plataforma SOS Sanidade Pública –que, en diciembre, sacó a 15.000 personas a la calle contra el modelo privatizador– recordó que Povisa “goza de un concierto singular con el Sergas” y que, desde hace años, “ha sido privilegiado por los gobiernos del PP”, que llegaron a “recortar servicios previstos para el Hospital Meixoeiro para beneficiarla”, además de “rescatarla reiteradamente de situaciones de quiebra económica”. “En cada negociación con la Conselleria de Sanidade consiguió mejoras económicas no justificadas”, señala la plataforma en un comunicado en el que recuerda que “pasa de mano en mano, de multinacionales estadounidenses y francesas”. “Ahora, la población huye de un centro que pierde personal, servicios y recursos, demostrando que la privatización sanitaria en Galicia es un fracaso mantenido artificialmente por la Xunta”, concluye. Ni la Consellería de Sanidade ni Ribera Salud han respondido a las preguntas de esta redacción sobre el éxodo de pacientes.

La Conselleria de Sanitat va derivar operacions no concertades per valor de 20,2 milions d’euros a empreses del grup Hospital Clínica Benidorm (HCB) entre el 2024 i el 2025, els dos anys previs a la seua adquisició per Ribera Salud per 120 milions d’euros. Aquestes societats tenen la particularitat de ser gestionades des del 2021 per Juan David Gómez Gómez, germà del conseller de Sanitat, Marciano Gómez. A més, la parella del gerent d’HCB —i cunyada del conseller— és la directora financera de Ribera Salud, la que va ser principal concessionària d’hospitals privatitzats de la Generalitat i actual gestora de l’Hospital del Vinalopó.

Segons la informació recaptada per elDiario.es a partir d’una resposta parlamentària de la Conselleria de Sanitat a la diputada del PSPV-PSOE Yaissel Sánchez, les tres empreses del grup dirigides per Juan David Gómez van ser les que més diners van rebre de tots els grups sanitaris privats en concepte d’operacions no concertades durant els dos últims exercicis registrats.

Benaca SL, de la qual és apoderat Juan David Gómez, va rebre 10,4 milions d’euros entre el 2024 i el 2025 per a fer operacions derivades de la sanitat pública. Centro Médico Salus Baleares SL, també apoderada pel germà del conseller, va ingressar 7,08 milions d’euros per operacions no concertades. Una tercera empresa del grup, Inscanner, va obtindre 2,79 milions d’euros més de fons públics per aquest concepte. A més, Centro Médico Salus Baleares —nova denominació d’HCB— va percebre 5,04 milions més gràcies a les derivacions incloses en el pla de xoc de la conselleria per a reduir les llistes d’espera.

Fonts de la Conselleria de Sanitat van explicar a preguntes d’elDiario.es que les derivacions d’operacions no concertades es duen a terme seguint el procediment establit en la Instrucció 2/2021, que regula l’autorització de derivació de pacients des de centres sanitaris de gestió pública a centres o serveis privats no concertats. Aquestes derivacions s’autoritzen quan un departament de salut no pot assumir una demanda determinada atenent criteris clínics, de proximitat, capacitat assistencial o rapidesa de resposta.

Segons Sanitat, l’increment del negoci del grup radicat a Benidorm està relacionat amb la recuperació per al sistema públic de l’Hospital de Dénia (Marina Salud), gestionat fins fa tres anys per Ribera Salud.

En aquest sentit, les mateixes fonts subratllen que alguns centres privats tenen serveis o proves diagnòstiques que altres no tenen, o disposen de més capacitat tecnològica i assistencial per a absorbir demanda en menys temps. “Benaca està especialitzada en ressonàncies magnètiques i Salus Baleares, en hemodiàlisi i radioteràpia”, assenyalen.

D’acord amb les dades incloses en la resposta parlamentària al PSPV-PSOE, el grup amb més volum de derivacions no concertades és el dirigit per Juan David Gómez, amb més de 20 milions d’euros. Li segueixen el Grupo Vithas, amb prop de 20 milions; Quirón Salud, amb 12,5 milions; IMED, amb 11,6 milions; Ribera, amb 5,5 milions, i Asisa, amb 191.185 euros.

Però què són les derivacions no concertades? Segons la mateixa resposta parlamentària, consisteixen en la realització de proves diagnòstiques, així com la lectura i els informes associats, a més de tractaments i serveis sanitaris com ara cirurgia maxil·lofacial, tractaments dentals, rehabilitació i dany cerebral, trastorns de conducta alimentària o diàlisi, entre altres.

El rescat públic de l’Hospital de Dénia (Marina Salud) ha suposat, tenint en compteaquestes dades, un impuls important per al conglomerat Hospital Clínica Benidorm, que va disparar els seus ingressos procedents de la Generalitat. Aquest increment hauria millorat l’ebitda de la companyia i, en conseqüència, hauria reforçat la seua valoració abans de la venda a Ribera Salud, tancada finalment en 120 milions d’euros.

HCB, ara denominada Centro Médico Salus Baleares, també va aconseguir entrar en el pla de xoc de la Conselleria de Sanitat, encara que amb xifres més discretes que les d’altres grans grups privats: una mica més de cinc milions d’euros, davant els 26 milions de Vithas, els quasi 10 milions de Quirón Salud, els 11 d’IMED o els huit d’Asisa.

La Conselleria de Sanidad derivó operaciones no concertadas por valor de 20,2 millones de euros a empresas del grupo Hospital Clínica Benidorm (HCB) entre 2024 y 2025, los dos años previos a su adquisición por Ribera Salud por 120 millones de euros. Estas sociedades tienen la particularidad de estar gestionadas desde 2021 por Juan David Gómez Gómez, hermano del conseller de Sanidad, Marciano Gómez. Además, la pareja del gerente de HCB —y cuñada del conseller— es la directora financiera de Ribera Salud, la que fuera principal concesionaria de hospitales privatizados de la Generalitat y actual gestora del Hospital del Vinalopó.

Según la información recabada por elDiario.es a partir de una respuesta parlamentaria de la Conselleria de Sanidad a la diputada del PSPV-PSOE Yaissel Sánchez, las tres empresas del grupo dirigidas por Juan David Gómez fueron las que más dinero recibieron de todos los grupos sanitarios privados en concepto de operaciones no concertadas durante los dos últimos ejercicios registrados.

Benaca SL, de la que es apoderado Juan David Gómez, recibió 10,4 millones de euros entre 2024 y 2025 para realizar operaciones derivadas de la sanidad pública. Centro Médico Salus Baleares SL, también apoderada por el hermano del conseller, ingresó 7,08 millones de euros por operaciones no concertadas. Una tercera empresa del grupo, Inscanner, obtuvo otros 2,79 millones de euros de fondos públicos por este concepto. Además, Centro Médico Salus Baleares —nueva denominación del grupo HCB y del que es gerente Juan David Gómez desde 2013— percibió otros 5,04 millones gracias a las derivaciones incluidas en el plan de choque de la conselleria para reducir las listas de espera.

Fuentes de la Conselleria de Sanidad explicaron a preguntas de elDiario.es que las derivaciones de operaciones no concertadas se realizan siguiendo el procedimiento establecido en la Instrucción 2/2021, que regula la autorización de derivación de pacientes desde centros sanitarios de gestión pública a centros o servicios privados no concertados. Estas derivaciones se autorizan cuando un departamento de salud no puede asumir una determinada demanda atendiendo a criterios clínicos, de proximidad, capacidad asistencial o rapidez de respuesta.

Según Sanidad, el incremento del negocio del grupo radicado en Benidorm está relacionado con la recuperación para el sistema público del Hospital de Dénia (Marina Salud), gestionado hasta febrero de 2024 por Ribera Salud.

En este sentido, las mismas fuentes subrayan que algunos centros privados cuentan con servicios o pruebas diagnósticas que otros no tienen, o disponen de una mayor capacidad tecnológica y asistencial para absorber demanda en menos tiempo. “Benaca está especializada en resonancias magnéticas y Salus Baleares en hemodiálisis y radioterapia”, señalan.

De acuerdo con los datos incluidos en la respuesta parlamentaria al PSPV-PSOE, el grupo con mayor volumen de derivaciones no concertadas es el dirigido por Juan David Gómez, con más de 20 millones de euros. Le siguen el Grupo Vithas, con cerca de 20 millones; Quirón Salud, con 12,5 millones; IMED, con 11,6 millones; Ribera, con 5,5 millones, y Asisa, con 191.185 euros.

Pero ¿qué son las derivaciones no concertadas? Según la misma respuesta parlamentaria, consisten en la realización de pruebas diagnósticas, así como su lectura e informes asociados, además de tratamientos y servicios sanitarios como cirugía maxilofacial, tratamientos dentales, rehabilitación y daño cerebral, trastornos de conducta alimentaria o diálisis, entre otros.

El rescate público del Hospital de Dénia (Marina Salud) ha supuesto, a tenor de estos datos, un importante impulso para el conglomerado Hospital Clínica Benidorm, que disparó sus ingresos procedentes de la Generalitat. Ese incremento habría mejorado el Ebitda de la compañía y, en consecuencia, reforzado su valoración antes de la venta a Ribera Salud, cerrada finalmente en 120 millones de euros.

HCB, ahora denominada Centro Médico Salus Baleares, también logró entrar en el plan de choque de la Conselleria de Sanidad, aunque con cifras más discretas que las de otros grandes grupos privados: algo más de cinco millones de euros, frente a los 26 millones de Vithas, los casi 10 millones de Quirón Salud, los 11 de IMED o los ocho de Asisa.

El Gobierno de Castilla-La Mancha quiere poner fin a la situación inédita que arrastra desde hace tiempo respecto a la imposibilidad de las mujeres de ejercer su derecho al aborto en la sanidad pública porque la totalidad de los médicos están sujetos a la objeción de conciencia. El Servicio regional de Salud (SESCAM) está estudiando la creación de un “centro público” para practicar la interrupción voluntaria del embarazo en la región.

Según ha adelantado el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, en una entrevista a Encastillalamancha.es y ha podido confirmar este medio en fuentes del Gobierno regional, el SESCAM trabaja en la apertura de este centro para dar cumplimiento a la ley que protege el derecho al aborto. Sanidad no precisa ni la ubicación ni los plazos para su puesta en funcionamiento.

En la entrevista, el consejero dice respetar a los y las profesionales que no quieren practicar abortos. “Estamos asegurando al 100% que la mujer que quiera abortar en Castilla-La Mancha lo pueda hacer. Y tercero, estamos a punto de hacer un centro público donde se puedan practicar abortos. Ahora mismo ofrecemos dos centros privados en la Comunidad para hacer interrupciones voluntarias del embarazo y uno más en la Comunidad de Madrid. Así aseguramos el derecho que tienen las mujeres. Ellas eligen dónde quieren que les realicen el procedimiento”.

En Castilla-La Mancha, el 99,94% de las interrupciones voluntarias del embarazo se producen en clínicas privadas o concertadas. Prácticamente ningún hospital ni centro público las realiza. Es una situación inédita que la comunidad arrastra desde hace años y que ha provocado decenas de protestas y concentraciones, muchas de ellas impulsadas por colectivos feministas y por Amnistía Internacional.

Abortar a 180 kilómetros de tu casa

La Plataforma 8M de Toledo ha denunciado en varias ocasiones que las mujeres, en la gran mayoría de los casos tienen que irse a otra comunidad para interrumpir un embarazo. “Hay gente que tiene medios y una red de apoyo muy cerca de donde vive, pero las personas que no los tienen no es normal que como ocurre en Cuenca tengas que irte a abortar a 180 kilómetros de tu domicilio”, indicó a este medio durante una de sus protestas.

Hace tres años, la entonces consejera de Igualdad, Blanca Fernández, reconoció en sede parlamentaria que hay dificultades para acceder a las interrupciones voluntarias de embarazo en la región. Y también aseguró que hay que “obligar” a que los abortos se hagan en el sistema público puede “complicar” la gestión autonómica. La portavoz también ha defendido la idea de “concertar” este servicio para ofrecerlo con “intimidad”.

Pero hasta día de hoy no ha habido avances en este sentido. La objeción de conciencia, que ya cuenta con un registro de objetores en Castilla-La Mancha como obliga la ley, ha derivado en una situación en la que juega un papel primordial la dispersión geográfica de la región.

Ahora, el Gobierno regional avanza este “centro público”, en singular, por lo que queda por saber cuál será su ubicación y las garantías que ofrecerá el SESCAM para que las mujeres puedan ejercer su derecho al aborto con facilidades y sin enormes desplazamientos y costes.

Lo verdaderamente normalizado sería que esta prestación pudiera realizarse con garantías en cualquier centro hospitalario de la región y no concentrarse en un único recurso

CCOO de Castilla-La Mancha

Por el momento, este anuncio ha provocado el rechazo de CCOO. “Lo verdaderamente normalizado sería que esta prestación pudiera realizarse con garantías en cualquier centro hospitalario de la región y no concentrarse en un único recurso para toda Castilla-La Mancha”.

En palabras de la secretaria de Mujeres, Igualdad y Juventud, Ana Villaseñor, no basta con abrir un recurso público, hay que “garantizar que la sanidad pública de nuestra región funcione con calidad, estabilidad y seguridad para las mujeres y para el ejercicio efectivo de sus derechos sexuales y reproductivos”.

Centralizar esta prestación en un único centro no es suficiente porque que “seguiría perpetuando la desigualdad territorial en el acceso a la interrupción del aborto voluntaria” además de desplazamientos “innecesarios” y “dificultades de acceso para muchas mujeres”, especialmente en una comunidad autónoma tan extensa y dispersa geográficamente como Castilla-La Mancha.

Por otro lado, señala la dirigente, se podría generar una “estigmatización” de las mujeres que acuden a dicho centro algo que “no ocurriría si la asistencia la recibieran en un hospital”. “Si realmente se quiere reforzar la sanidad pública, la apuesta debería pasar por integrar progresivamente esta atención en toda la red hospitalaria pública, con recursos suficientes, profesionales formados y garantías asistenciales homogéneas en toda la región”.

No se trata únicamente de anunciar que habrá un centro público, defienden desde CCOO, sino de “construir un modelo sanitario accesible, cercano y equitativo para todas las mujeres, vivan donde vivan”.

Podemos Cantabria ha presentado nuevas alegaciones ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno después de que la Consejería de Salud del Gobierno de Cantabria defendiese formalmente su negativa a facilitar el expediente relativo al convenio singular de vinculación con Mutua Montañesa para la realización de intervenciones quirúrgicas y pruebas diagnósticas destinadas a reducir las listas de espera.

La formación considera “especialmente grave” que el Ejecutivo autonómico “pretenda declarar inaccesible la totalidad del expediente administrativo”, incluyendo informes jurídicos, memorias económicas y documentación preparatoria relacionada con la derivación de actividad sanitaria pública a una entidad privada, ha señalado.

En sus alegaciones, Podemos recuerda que el artículo 90 bis de la Ley de Ordenación Sanitaria de Cantabria exige para este tipo de convenios la existencia de informes justificativos, memoria económica, informe jurídico y acreditación de disponibilidad presupuestaria. A juicio de la formación, ello demuestra que existen documentos administrativos sustantivos “y no simples notas internas o documentación auxiliar, como sostiene la Consejería en sus alegaciones ante el CTBG”, ha explicado en un comunicado.

Podemos sostiene además que la Consejería de Salud está repitiendo la misma pauta seguida en el precedente del convenio singular con el Hospital Santa Clotilde. En aquel caso, “la documentación relevante únicamente fue facilitada tras múltiples reclamaciones ante el Consejo de Transparencia y de forma progresiva, una vez avanzado el procedimiento administrativo”, ha indicado.

La formación ha incorporado precisamente ese precedente reciente del CTBG a sus alegaciones, destacando que finalmente la propia Consejería terminó entregando la documentación del expediente del convenio con Santa Clotilde tras la intervención del Consejo. Según Podemos, ello demuestra “que la documentación preparatoria y justificativa de este tipo de convenios sí tiene carácter de información pública y puede ser objeto de acceso”.

Además, Podemos advierte de que parte de la documentación del convenio con Santa Clotilde solo fue entregada una vez transcurridos los plazos ordinarios de impugnación, lo que según el Consejo de Transparencia “limitó de forma efectiva el control democrático y la capacidad de fiscalización pública”.

Para Pablo Gómez, miembro del consejo ciudadano de Podemos Cantabria, considera que el convenio proyectado con Mutua Montañesa “afecta directamente al modelo de gestión sanitaria, al uso de fondos públicos y a la derivación de actividad asistencial a entidades privadas”, por lo que “existe un evidente interés público en conocer los informes, memorias y criterios técnicos que están sirviendo de base para seguir avanzando en la privatización de la sanidad pública”.

El 23 de julio de 2025, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por Isabel Díaz Ayuso, acordó un aumento del presupuesto para el hospital Fundación Jiménez Díaz, el buque insignia del grupo sanitario Quirón en la región. Lo hizo a través de la aprobación de una “Cláusula decimosexta” del convenio con este hospital. El centro, que tiene una parte totalmente privada y otra que presta servicio a la sanidad pública, factura a la Comunidad de Madrid por cada tratamiento u operación que hace para el sistema público, una modalidad de cobro 'a destajo' inusual gracias a un “convenio singular” firmado en 2006, cuando gobernaba Esperanza Aguirre. Cada año, ese convenio se va modificando con documentos que cambian (normalmente, actualizan y mejoran) las condiciones iniciales para Quirón. La última vez que se hizo una actualización fue el verano pasado.

Según lo firmado en el acuerdo, al que ha tenido acceso elDiario.es, se autorizó a este hospital de Quirón a elevar su techo de facturación con la sanidad pública a 455 millones (en 2011 el límite estaba en 285 millones) con la justificación del “aumento del IPC, aumento de la población y su envejecimiento” y también de la puesta en marcha de hemodiálisis a domicilio o programas de prevención. Además, autorizaron poder pagarle a este hospital más dinero por la formación de médicos MIR —más de 11 millones— a cuenta del IPC y aumento de número de facultativos. Por último, se acordó financiar al hospital en 45,5 millones de productos de farmacia, una subida justificada en que se había aumentado la actividad y por “la inclusión de nuevos fármacos”.

En 2025, el presupuesto que presentó y aprobó la Comunidad para la Fundación Jiménez Díaz era de 450 millones. Aun así, Sanidad ya había comprometido en ese mes de julio 488 millones con el centro, según documentación que ha podido revisar elDiario.es. Con la aplicación de esta cláusula nueva, los compromisos de pago se elevaban a 511 millones de euros para 2025.

¿De dónde iban a sacar el dinero para hacer frente a ese nuevo techo de gasto? Aunque los presupuestos se presenten cerrados y se aprueben en los parlamentos, los gobiernos pueden hacer modificaciones de crédito, que es mover partidas que no han ejecutado o no prevén gastar hacia otros gastos sobrevenidos que hayan aumentado. Es mover el dinero de un cajón a otro. Estas operaciones deben justificarse, aprobarse por la Consejería de Hacienda y se publican en los boletines oficiales. En 2025 ha habido 11 modificaciones de crédito a favor de hospitales de Quirón en Madrid de las que no se ha dado detalle público, explica Óscar Hernández, activista por los servicios públicos y la transparencia, que ha recopilado la información y solicitado todo el detalle por el Portal de Transparencia.

Para hacer frente a ese aumento de compromiso de pago, la Comunidad de Madrid hizo una memoria que justificaba esa “transferencia de crédito”, con el objetivo de recabar 29,9 millones de euros de otras partidas y hacer frente a parte de ese aumento presupuestario de la Jiménez Díaz, según documentación oficial conseguida por Hernández desde Transparencia y que ha revisado este medio. Los millones los sacó de las cuentas sanitarias, del sistema público. Por ejemplo, de la línea “Orientación futuros padres de hijos con discapacidad”. El Gobierno de Ayuso había dotado esta iniciativa con 300.000 euros que, con la nueva orden, quedaron a cero. Según los presupuestos de 2025, este programa pretendía “incorporar a la familia en el plan de cuidados, dedicando una atención especial a la complementariedad entre los apoyos formales e informales y para ello dota presupuestariamente actuaciones de orientación a futuros padres de hijos con discapacidad”.

También se dejó a cero la partida de 6,5 millones del “plan de cuidados paliativos” que, según los presupuestos oficiales, incluía la “humanización de espacios”, planes de formación para sanitarios o “mantener la adecuada oferta de camas hospitalarias”. La Consejería de Sanidad no ha contestado a las preguntas de elDiario.es ni sobre a qué partidas exactas iban destinados estos millones o qué iban a mejorar. Tampoco ha explicado si se ha compensado esa línea con otros ingresos.

Entre las partidas con más dinero sustraído está la de “Servicios nuevos” en atención primaria y hospitalaria, un 'cajón' que se redujo en 15 millones. O “implantes”, que en los presupuestos 2025 contaba con 19 millones y se vio reducida en 4,3. Sanidad, que no ha especificado qué tratamientos concretos se han visto comprometidos en estos dos casos, también redujo el dinero destinado a “energía”, “material quirúrgico” o “material de laboratorio” para hacer frente a los pagos al hospital concertado, que tiene una población de referencia de más de 460.000 personas y es el que más pacientes ha captado de otras áreas sanitarias en los últimos años: le va la rentabilidad en ello porque factura por tratamiento, y cuantos más pacientes consigue, más ingresa.

La existencia de diferentes vías de pago hace que sea muy difícil saber lo que cobran realmente los cinco hospitales privados que prestan servicio público en Madrid (cuatro de Quirón y uno de Ribera Salud). Por una parte, hay un sistema de canon: la Comunidad paga a estas empresas un fijo por habitante asignado a su zona, vaya o no al hospital, y luego paga aparte por cada paciente que obtengan de otra zona. De hecho, con el sistema de libre elección, los hospitales concesionados han obtenido más de 1.200 millones extra en cinco años, al margen de sus presupuestos, y que ha pagado el Sermas. El caso de la Fundación Jiménez Díaz es especial porque no cobra un canon fijo, sino que factura por cada tratamiento que hace, sea o no de su zona.

Además, hay desembolsos puntuales fuera de los presupuestos porque hay deudas atrasadas que se autorizan en los Consejos de Gobierno. A esto hay que sumar pagos por intereses de demora, sentencias judiciales que obligan a abonar facturas con años de decalaje o, como en este caso, transferencias de crédito y modificaciones extraordinarias de presupuesto. Por otra parte, las auditorías de la Consejería de Sanidad a las empresas no se hacen de manera total, sino por muestreo. Todo ello hace casi imposible tener una radiografía precisa y transparente de costes e ingresos, lo que hace a su vez muy difícil dilucidar si el modelo de concesión es realmente eficiente como defienden en la sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid desde que Esperanza Aguirre instaurara este sistema mixto en 2006 con una duración de 30 años.

El grupo Quirón no ha respondido a las preguntas de elDiario.es.

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La Fiscalía de Fráncfort ha solicitado a la justicia alemana que confisque 1,2 millones de euros a la compañía Fresenius Medical Care por supuestos sobornos a funcionarios públicos en países de África Occidental, según ha publicado este jueves Bloomberg. Según este medio, que cita fuentes de la fiscalía, esa cantidad corresponde a las ganancias que la empresa habría obtenido gracias a las presuntas prácticas corruptas, que llevaría a cabo entre 2006 y 2010.

Fuentes de la compañía confirman que el caso se encuentra pendiente de resolución ante el Tribunal Regional de Fráncfort, pero declinan pronunciarse sobre procedimientos en curso.

Según el medio estadounidense, es este Tribunal el que debe decidir si el caso llega a juicio, tras una investigación que comenzó después de que la propia empresa informara a los fiscales alemanes sobre los resultados de una auditoría interna sobre sus prácticas comerciales.

Fresenius Medical Care era, hasta 2023, una de las filiales de Fresenius Group, la dueña de Quirón Salud. En aquel momento, el grupo optó por una estrategia de desconsolidación, que no terminó con la relación entre las compañías. De hecho, la matriz sigue siendo la accionista mayoritaria de la exfilial, dedicada a los productos y servicios para personas con insuficiencia renal crónica, con más de un 30% del capital social.

No es la primera vez que el gigante sanitario Fresenius se ve involucrado en un caso de corrupción. En 2019, el grupo alemán llegó a un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos por el que aceptaba pagar unos 200 millones de euros para evitar ser procesada por sobornar a médicos a cambio de que estos les derivasen pacientes, adquirieran en sus centros la maquinaria más cara o les adelantaran información sobre licitaciones públicas.

En ese caso, los cargos estaban relacionados con prácticas llevadas a cabo entre 2007 y 2016 en Angola, Marruecos, Arabia Saudita, Turquía, África Occidental y también en España, donde Fresenius admitió haber sobornado a jefes de servicios de hospitales públicos para favorecer su negocio de diálisis, según avanzó en su momento El País.

En abril de 2023, elDiario.es publicó una investigación que desvelaba que Fresenius Medical Care había contratado al exdiputado del PP Manuel Milián Mestre como “intermediario” para obtener adjudicaciones de la Fundación Puigvert, un hospital privado de Barcelona concertado con la red pública. Ambas partes reconocieron a este medio que existía el acuerdo, pero aseguraron que finalmente no llegó a pagarse ninguna comisión.

En 2016, la alemana Fresenius compró Quirónsalud al fondo de capital riesgo CVC por unos 5.760 millones de euros. Su entonces consejero delegado, Stephan Sturm, aseguró que “los ingresos del lado público son más rentables que los del privado”.

La Junta de Andalucía está pagando casi cuatro millones de euros en un año para derivar pacientes desde Almería a un hospital privado de Lorca. Y es que, desde hace meses, en el Hospital Virgen del Alcázar de Lorca (Murcia), que es privado, es habitual encontrar a ciudadanos almerienses que acuden para operarse. El Gobierno regional les deriva allí porque su centro de referencia, el Hospital de La Inmaculada de Huércal Overa (Almería), no puede dar la cobertura que necesitan.

Por falta de personal y recursos, el Ejecutivo regional ha optado por pagar a un hospital privado, mientras usuarios y sanitarios denuncian que este concierto está suponiendo el “desmantelamiento” de la sanidad pública en Almería oriental. Entienden que el dinero que se va en contratar con la sanidad privada debería invertirse en mejorar al centro hospitalario público que ya existe. El consejero de Salud, Antonio Sanz, ha sido multado con 300 euros por la Junta Electoral Central por “ensalzar la labor del PP en material de sanidad” durante una visita precisamente al hospital de La Inmaculada.

La Junta ha firmado dos acuerdos, uno en septiembre y otro ahora en marzo, con el citado hospital privado de Murcia por el que ha pagado 3,8 millones de euros -el primer contrato fue de casi 1,6 millones de euros y el segundo de algo más 2,2 millones- para derivarle pacientes desde la sanidad pública durante seis meses. Así ha venido recogido en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) en expedientes con los que la Consejería de Salud concierta intervenciones quirúrgicas en Lorca al tratarse de una zona “limítrofe” con Almería oriental.

El propio consejero de Salud, Antonio Sanz, reconoció el lunes pasado en el propio hospital de Huércal Overa que este centro presenta un “déficit grave de facultativos en especialidades clave” y señala que se trata de un área de “difícil cobertura estructural”. Al mismo tiempo, y como suele hacer el Ejecutivo regional desde hace años, limita la responsabilidad de la Junta a la hora de retener a los profesionales ya que, según Sanz, “no sólo se trata de ofertar plazas, hay otras circunstancias que hacen que no se cubran”, sino de adoptar “medidas extraordinarias” y de “cooperación interhospitalaria” para garantizar la asistencia sanitaria.

Sin embargo, la derivación de pacientes a otras comunidades autónomas o provincias limítrofes lleva ocurriendo desde que en 2023 la Junta de Andalucía aprobó una orden por la que se permiten por necesidades de “equidad y accesibilidad”. Una actuación que por lo tanto no es nueva, y que se ha usado sobre todo en periodos de alta demanda asistencial pero que, para muchos ciudadanos y sanitarios, evidencia “una política de privatización” de la sanidad al mermar asistencialmente, en este caso concreto, al Hospital de La Inmaculada para justificar que haya que derivar pacientes al hospital lorquino. Este medio ha preguntado al Servicio Andaluz de Salud (SAS) por el número de pacientes y el gasto acumulado en este tipo de derivaciones desde que se aprobó la orden, pero no ha habido respuesta de momento.

Esta política de concertación con otras provincias y comunidades autónomas se debe, principalmente, a la pérdida paulatina de especialidades en el hospital público que está situado en Huércal Overa y que es la referencia en Almería oriental. En los últimos años, según advierten fuentes hospitalarias, se ha visto seriamente mermada la cartera de servicios. Una pérdida de recursos que es generalizada a nivel andaluz y que, pese a que la Junta ha establecido como solución las derivaciones a otros centros hospitalarios, sigue manteniendo las listas de espera por encima del millón de pacientes.

Un hospital público que pierde recursos

No en vano, la falta de personal es el principal problema que hace que la demora de los usuarios no deje de crecer. En el caso de Huércal Overa, el hospital cuenta con un solo profesional en especialidades clave como Neumología o Urología y está sin especialistas en Dermatología. A esta situación se ha sumado la ausencia actual de Hematología, al no haberse sustituido al único facultativo durante su permiso, lo que ha provocado que pacientes, incluidos algunos con procesos oncológicos, no hayan podido ser atendidos. Una realidad que, según las mismas fuentes, está condicionando la actividad ordinaria del centro. “Tenemos plantillas hiperreducidas: donde debería haber cuatro neumólogos, hay uno”.

Por si fuera poco, en la Región de Murcia, a la que van a parar los pacientes de Almería, también ocurre una situación similar. En concreto, en la comarca del Guadalentín, a la que pertenece Lorca, el único hospital público, el Rafael Méndez, está saturado porque también le faltan recursos personales y materiales. Una situación de la que se beneficia precisamente el Hospital Virgen del Alcázar, privado, al que acaban acudiendo muchos ciudadanos de la zona que no encuentran la celeridad médica que desearían. Es decir, lo que ocurre con los pacientes de la sanidad pública andaluza que van con destino a esas mismas tierras murcianas. De hecho, tal ha sido el crecimiento de la clínica privada de Lorca que ha abierto nuevas instalaciones precisamente en Vera (Almería).

En este contexto, la derivación de pacientes a centros privados fuera de Andalucía se está produciendo, según relatan varios afectados, una vez que estos ya han sido incluidos en el registro de demanda quirúrgica y han iniciado el proceso preoperatorio. Los testimonios recogidos por este medio apuntan a un procedimiento similar: tras meses de espera, los pacientes reciben una llamada en la que se les ofrece la posibilidad de ser intervenidos en el hospital de Lorca.

La llamada de la privada

Por ejemplo, un paciente de más de 70 años, diagnosticado de una hernia inguinal, explica que recibió la propuesta tras completar todas las pruebas previas a la cirugía. Rechazó la derivación y, una vez superado el plazo máximo de respuesta quirúrgica, presentó una reclamación. Según su relato, para formalizar el rechazo tuvo que firmar un documento que se tramitó a través de su centro de salud.

Otro paciente con el mismo diagnóstico sitúa este procedimiento ya en 2024. En su caso, también se le ofreció la derivación a un centro privado, aunque decidió esperar y finalmente fue intervenido en el Hospital de La Inmaculada meses después. Las derivaciones afectan también a intervenciones de mayor complejidad. Un paciente de 59 años, pendiente de una operación de cadera tras más de un año de espera para la consulta especializada, recibió la misma propuesta una vez finalizado el preoperatorio. Optó por no aceptar la derivación y continuar en lista de espera en su hospital de referencia.

En los casos en los que se acepta el traslado, los pacientes describen un circuito asistencial más que normalizado entre la sanidad pública andaluza y el hospital privado de Lorca. Un usuario de 37 años, que fue intervenido en este centro murciano, explica que coincidió con otros pacientes procedentes del Hospital de La Inmaculada en la misma jornada. “Todos los pacientes que estaban ese día venían derivados de Huércal-Overa”, afirma. Según su testimonio, tras la intervención le ofrecieron el alta el mismo día y tuvo que regresar posteriormente al hospital murciano para la revisión.

“¿De verdad hace falta mandar a pacientes a otra comunidad autónoma para poder operarse?”

Con todo, los profesionales del centro advierten de que este modelo puede afectar también a la continuidad asistencial. “En sanidad es fundamental la continuidad, y eso es precisamente lo que no se está asegurando con estas derivaciones”, señala una facultativa, que añade que “muchas veces el especialista que ve después al paciente no sabe ni lo que se le ha hecho en la intervención”. Porque esa es otra de las claves: pese a que son operados en el hospital privado de Lorca, el seguimiento lo continúa haciendo el centro hospitalario público de Almería del Servicio Andaluz de Salud (SAS), lo que no descarga de presión asistencial a una plantilla mermada. “Si ya no damos abasto, derivar pacientes no reduce el trabajo: lo multiplica después”, explica en referencia al seguimiento posterior que deben asumir los servicios del propio centro.

Desde la plataforma Marea Blanca de Almería, su portavoz, Pilar Solís, cuestiona esta estrategia. “Es un despropósito desviar dinero a la sanidad privada mientras faltan recursos en la pública”, afirma y añade: “¿De verdad hace falta mandar a pacientes a otra comunidad autónoma para poder operarse?”.

Por su parte, la Consejería de Salud ha anunciado medidas para abordar la falta de profesionales en zonas de difícil cobertura, entre ellas incentivos económicos, cambios en la carrera profesional y programas para atraer personal de otros centros. Según el consejero Sanz, estas iniciativas buscan “hacer más atractivo” el destino de estos hospitales y garantizar la cobertura asistencial.

La portavoz de Sanidad del grupo socialista en las Corts Valencianes, Yaissel Sánchez, ha informado este domingo de la presentación ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) de un recurso contencioso-administrativo de protección jurisdiccional de derechos fundamentales tras la negativa del conseller de Sanidad, Marciano Gómez, a informar a las Corts Valencianes de los pagos realizadas a cada una de las empresas de la sanidad privada a las que ha derivado operaciones, pruebas diagnósticas y lectura de informes en los ejercicios de 2024 y 2025.

Para la parlamentaria, esta negativa, además de “políticamente inadmisible, vulnera el derecho fundamental a la participación en asuntos públicos previsto en el artículo 23 de la Constitución Española”.

Según Sánchez, no es la primera vez que el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, “con vínculos muy claros con empresas concretas de la sanidad privada”, se escabulle a la hora de proporcionar a los diputados y diputadas de las Corts Valencianes la información sobre los pagos a las empresas privadas de sanidad, pero los socialistas “hemos dicho basta”, recalca Yaissel Sánchez. “Es incomprensible e inaceptable que haya un solo euro de dinero público que el Consell de Pérez Llorca no quiera decir en qué bolsillos privados los ha metido. No podemos tolerar esa opacidad con el dinero público, no es de recibo”, enfatiza.

La parlamentaria ha recordado que el 24 de febrero registró varias solicitudes de documentación para que la Conselleria de Sanidad le informara sobre las cantidades económicas abonadas a cada uno de los centros sanitarios privados por la derivación de intervenciones quirúrgicas, la realización de pruebas diagnósticas y las lecturas e informes vinculados a pruebas, en 2024 y 2025. En la solicitud, teniendo el cuenta “la trayectoria obstruccionista y de opacidad del conseller”, ya se especificaba que esta información no está accesible en la Plataforma de Contratación del Estado y por ello se reservaba las acciones legales en caso de que Marciano Gómez se negara a aportar esa información.

Con fecha 2 de abril, transcurridos un mes y una semana, la parlamentaria recibió la respuesta del conseller, en la que agrupa esas tres solicitudes y otras dos para, contestando parcialmente a estas últimas, intentar maquillar su negativa a aportar los datos económicos a los que la diputada tiene derecho, tal como determina el artículo 12 del Reglamento de las Corts, que señala que los parlamentarios, para esa labor de fiscalización que tienen encomendada, “tendrán la facultad de recabar los datos, informes y documentos administrativos, en papel o en soporte informático, de las administraciones públicas de la Generalitat, que obren en poder de éstas y de las instituciones, organismos y entidades públicas empresaria les dependientes de la misma”.

Un precepto “con rango de ley”, subraya Yaissel Sánchez, que el conseller “ha vulnerado flagrantemente”. En su respuesta, afirma que, respecto a las cantidades económicas abonadas por la derivación de operaciones, pruebas diagnósticas y lectura o informes sobre pruebas, “hay que aclarar que durante el año 2025 se pudo incrementar la dotación presupuestaria inicial, lo que permitió poder pagar parte de las facturas del ejercicio anterior y hasta noviembre del propio año 2025, lo que hace complejo poder desglosar, como solicita su señoría, los pagos realizados entre las facturas correspondientes al año 2024 y las correspondientes a 2025”. Con este argumento, niega todo dato o información.

A continuación, informa sobre las otras dos solicitudes que agrupa en su respuesta, referidas a las clínicas, entidades y empresas privadas que han participado en las derivaciones del servicio de radiología y las del Plan de Choque. Ni una sola cifra, ni total ni parcial, ni atendiendo a las obligaciones o a los pagos, en toda la respuesta, respecto a los desembolsos realizados por el Consell del PP a favor de la sanidad privada.

“El Consell tiene esos datos con un clic”

“Es una vergüenza y, lo que es peor, una tomadura de pelo y un desprecio a las Corts Valencianes”, ha censurado la portavoz de Sanidad del PSPV-PSOE, para la que la contestación del conseller es “inverosímil”. “¿Es que el Consell no sabe lo que ha pagado en 2024 y en 2025 a las empresas de la sanidad privada?”, se pregunta Yaissel Sánchez, quien recuerda que el Consell dispone de aplicaciones informáticas que, con un clic, “permiten conocer todos los pagos realizados a cualquier empresa simplemente con poner el NIF”.

“La respuesta es una burla a las Corts intolerable; por eso, hemos tenido que acudir a los tribunales para que se restituyan los derechos de los diputados del Parlamento Valenciano”, explica Sánchez. “Es tan ridícula la contestación que el conseller dice que es complejo lo que le pedimos pero ni siquiera se ha molestado en solicitar una prórroga de otros 20 días hábiles para contestarnos tras los 20 días hábiles iniciales”, constata la diputada.

“Lo que es intolerable –advierte- es hacernos creer que no sabe ni lo que paga a las empresas privadas; lo que ocurre es que no quiere reconocer cómo está repartiendo entre determinadas empresas el negocio millonario en que ha convertido la sanidad de todos los valencianos. Y la realidad es que en 2025 hizo cuatro modificaciones de crédito para multiplicar por tres el presupuesto del año destinado a la privatización de la sanidad”.

“Estos presupuestos no son buenos para Cantabria. Consolidan un modelo privatizador, sobre todo, en Sanidad, y no responden a las necesidades reales de la sociedad cántabra”, ha afirmado este jueves Mario Iglesias, portavoz del Partido Socialista (PSOE) en el Parlamento de Cantabria. Así se ha expresado en referencia al convenio con el hospital privado Santa Clotilde del Sistema Cántabro de Salud, de 256 millones de euros, que un informe oficial advirtió de que su presupuesto comprometería las arcas públicas hasta 2042..

Iglesias ha propuesto que se incluyan partidas en los presupuestos para la redacción del proyecto del centro de salud de Castro Urdiales, la construcción del centro de salud Guarnizo, la renovación de los quirófanos de Sierrallana o el arreglo del consultorio de Cueto, entre las más de 230 enmiendas parciales que el PSOE ha presentado, tanto la Ley de Presupuestos Generales de Cantabria como a la de Medidas Fiscales y Administrativas del Gobierno regional para 2026.

En una rueda de prensa, Iglesias ha explicado que el Gobierno del PP contaba con meses para renovar las primeras cuentas, que fueron rechazadas en noviembre, pero ha optado por “presentar unos presupuestos prácticamente iguales”, según informa el PSOE en nota de prensa.

Además, ha pedido financiación para la mejora de centros educativos públicos en toda la región, el impulso de la vivienda de protección oficial en alquiler asequible y la movilización de vivienda vacía.

El PSOE ha incluido enmiendas con deducciones fiscales para proteger a las familias de los efectos inflacionarios derivados del conflicto en Oriente Medio. “A pesar de los anuncios de Buruaga, no hay ni una sola medida en estos presupuestos para paliar las consecuencias de la guerra”, ha subrayado Iglesias

El Grupo Parlamentario Regionalista registrará una enmienda a la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas que acompaña a los Presupuestos Generales de Cantabria de 2026, que actualmente se encuentran en plena tramitación tras superar las enmiendas a la totalidad, para que el Parlamento de Cantabria fiscalice anualmente el convenio singular de privatización sanitaria con el Hospital Santa Clotilde de Santander, que supone un gasto de 256 millones de euros durante los próximos 16 años.

Paula Fernández, candidata electoral del PRC en Cantabria, ha propuesto este viernes una medida para obligar a que los convenios privatizadores con hospitales privados y centros sanitarios concertados rindan cuentas en la Cámara autonómica antes de recibir fondos públicos.

Con su propuesta, Fernández ha introducido un mecanismo de control para los convenios singulares sanitarios, pensando en un caso concreto: el convenio privatizador con el hospital Santa Clotilde, que desde su opaca introducción a través de una enmienda del PP en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de 2025 ha contado con información a cuentagotas.

La idea del PRC, que tiene un pacto de presupuestos con el Gobierno de María José Sáenz de Buruaga (PP) y que, a priori, cuenta con el visto bueno de la presidenta, es que la financiación anual ya no sea automática y tenga que pasar por una comisión del Parlamento, para evitar que se repita el proceso que se dio con el convenio privatizador que tiene hoy el Servicio Cántabro de Salud (SCS) con el hospital privado. Un acuerdo que, en teoría, buscaba resolver el problema de las listas de espera, aunque aún no cuenta con suficientes camas, aparatos y personal para asumir todas las tareas que tiene encomendadas a través de este acuerdo.

La iniciativa es una enmienda a la Ley de Medidas Fiscales del Presupuesto para 2026 de Cantabria y más que probablemente saldrá adelante, con el visto bueno del PP. Según ha explicado Paula Fernández en una comparecencia ante los medios, la enmienda deriva del “caso concreto” de convenio con Santa Clotilde.

“Queremos garantizar transparencia, control público y evaluación anual de resultados allí donde antes no la hubo, para que los resultados de salud, los indicadores de accesibilidad y el grado de cumplimiento del convenio y sus adendas sean conocidos, debatidos y fiscalizados públicamente cada año”, ha asegurado Fernández.

Hasta ahora, la posibilidad de establecer un convenio singular se caracterizaba por un control eminentemente administrativo y técnico, sin la intervención parlamentaria directa que ha propuesto el PRC.

De hecho, la Plataforma para la Defensa de la Sanidad Pública en Cantabria presentó en enero un recurso contencioso para demandar la nulidad del “irregular y oscuro” convenio, denunciando “la falta de la memoria técnica y económica y el certificado de crédito adecuado y suficiente”.

Privatización en Santa Clotilde

La inclusión en el convenio con Santa Clotilde de mamografías y endoscopias de los programas de cribado de cáncer de mama y colón ha sido una de las cuestiones que más polémica ha levantado. Estos programas se suman a la actividad que ya venía prestando el hospital desde hace tiempo a través de convenios anuales.

Se trata de la atención a personas con patología crónica o con un grado de autonomía reducida cuya asistencia sanitaria no pueda ser proporcionada en su domicilio o que requieran rehabilitación.

También se incluyen los programas de ortogeriatría, hospitalización de día, atención geriátrica, paliativa y control de dolor, además de consultas, procesos quirúrgicos y pruebas diagnósticas para cumplir con la ley de garantías de tiempos máximos de demora.

El acuerdo, que se publicó a mediados de noviembre en el Boletín Oficial (BOC), está vigente desde el 1 de enero, con una duración de 16 años prorrogables por cuatro más, con lo que la duración máxima será de 20 años.

En enero se publicó una adenda en el BOC que recoge el procedimiento para la medición de resultados con unos indicadores que vinculan la financiación al cumplimiento de objetivos de resultados en salud e indicadores de accesibilidad, evaluados anualmente. Según esa adenda, el 1% de la financiación anual del contrato (15,9 millones) está asociada al grado de cumplimiento de los objetivos.

¿Cómo están y cómo son los médicos andaluces? A esas preguntas intenta responder todos los años el Consejo Andaluz de Colegios Médicos (CACM) con su análisis de la profesión, que revela que el sistema está ahora en una fase de “crecimiento y transformación” pero arrastrando “retos estructurales relevantes”. Los datos de 2025 revelan que hay más facultativos en una profesión cada vez más feminizada, detectándose un creciente interés por el sector privado, aumento de trabajadores extranjeros y, sobre todo, que se viene una jubilación masiva para la que todavía no está garantizado el relevo.

El dato de partida es que hay 50.844 médicos colegiados en Andalucía, 1.573 más que en 2024, lo que consolida una tendencia de crecimiento sostenido. De este total están activos 40.765 profesionales –el 80,5% del total–, de los que la mayoría (25.597, el 62,8%) ejercen en la sanidad pública, 9.240 ( 22,7%) en la privada y 5.160 (12,7%) en el ámbito mixto, es decir, en los dos sectores, lo que supone una tendencia en “progresiva consolidación”.

“Si no gano lo suficiente me tengo que ganar las habichuelas por otro lado”, ha explicado de manera gráfica sobre este incremento el presidente del Consejo, Alfonso Carmona, que lo es también del Colegio de Sevilla. Por eso considera “demagogia barata” que de cara a las elecciones andaluzas del 17M ya haya formaciones (como Por Andalucía) que han puesto sobre la mesa limitaciones para ejercer en ambos frentes si se es empleado público.

Tiempo, medios y dinero

Si los profesionales ganaran como en Francia, ha apostillado, no se irían luego a la privada a echar otras tres o cuatro horas. A su juicio, el foco debe ponerse en “vigilar cómo se trabaja y la excelencia” en lo público, a partir de ahí todo lo demás es “limitar la capacidad de trabajo, que es una libertad humana”. “Si tiene capacidad para trabajar en otro sitio tras su jornada, ¿por qué no lo va a hacer?”, teniendo además en cuenta que “la privada también paga mal, porque lo hace a base de volumen”.

“Los médicos necesitan más tiempo, más medios y más dinero”, ha subrayado, a lo que ha añadido también el “reconocimiento de la especialidad de medicina familiar” la secretaria general del CACM, Mercedes Ramblado, representante de los profesionales de Huelva. Y en cuanto a la campaña electoral, Carmona está convencido de que “se va a basar en la sanidad”, porque una de las candidatas (María Jesús Montero, que fue consejera del ramo más de una década) “conocer perfectamente la sanidad y nosotros conocemos la sanidad que hacía ella”.

¿Y qué significa eso? Pues que el sistema “está mucho mejor ahora” con el PP, por lo pronto porque la financiación ha pasado de 8.000 a 16.000 millones de euros y porque se han desenterrado ofertas públicas de empleo “que llevaban años en el cajón”. Los médicos ganan ahora de media casi 900 euros más al mes y se han beneficiado de “modificaciones realmente buenas”.

La gran jubilación

La feminización de la profesión la evidencia que la mujer representa el 50,6% del total de colegiados, un porcentaje que es aún mayor en el ejercicio activo, con 22.922 médicas frente a 17.843 hombres, y con mayor presencia sobre todo en la pública. Como las cifras de profesionales han ido al alza, esto permite mejorar ligeramente las cosas y que haya ahora mismo 4,7 médicos en activo por cada 1.000 habitantes (uno por cada 213), aunque todavía por debajo de la media nacional.

Pero el problema es el envejecimiento de la profesión, ya que más de un tercio de los profesionales en activo supera los 55 años, lo que augura una jubilación masiva en los próximos años, que no compensa que un 26-27% tenga menos de 35 años ni que hayan aumentado las plazas MIR. Si a esto le añadimos que sigue al alza la fuga de médicos (646 se fueron a otra comunidad autónoma y 114 a otro país), no es de extrañar que esto se esté supliendo con el fichaje de facultativos extranjeros, cuyo porcentaje no se recoge en el estudio, pero que Alfonso Carmona sitúa ya entre el 15 y el 20% porque está subiendo “una barbaridad.

Y dentro de esta jubilación en masa, ¿cuáles son las especialidades que se pueden ver más afectadas? Pues ya se augura que medicina de familia, preventiva, traumatología o pediatría, con bajas tasas de reposición. Por ello, desde el Consejo se ha lanzado no sólo un mensaje de reforzar estos campos, sino también de aumentar la inversión y los recursos en atención primaria, ya que el 80% de las patologías se pueden resolver en este nivel asistencial y derivar así a los hospitales a los pacientes que realmente lo necesiten.

Dinero público financiando una asistencia gestionada por empresas muy diferente a la ofrecida en los hospitales públicos. Ese podría ser el resumen de 30 años de privatización de la sanidad que la nueva Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS) pretende frenar con la derogación de la norma 15/97. A pesar de que no revierte los conciertos ya suscritos, la ley empieza su tramitación con la vocación de dificultar que el dinero de todos acabe engrosando las arcas de una compañía privada tras mercadear con la salud de la ciudadanía. Pacientes que no se trasladan, hospitales dopados, pruebas nocturnas y condiciones laborales paupérrimas forman una realidad que rodea a un modelo extendido, sobre todo, en la Comunidad de Madrid y el País Valencià, levantados por los gobiernos de Esperanza Aguirre y Eduardo Zaplana y en los que han profundizado sus sucesores.

Si uno lee los comunicados que emite el Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz, en todos ellos aparece que el centro pertenece a la red pública de la Comunidad de Madrid. Sin embargo, traspasar las puertas del hospital y empezar a escuchar a sus trabajadores supone percatarse de que sus condiciones laborales, así como la forma de funcionar, están supeditadas al máximo rédito económico que se puede granjear la empresa que lo gestiona: Ribera Salud. El centro fue inaugurado por Aguirre en 2011 y se construyó directamente para ser externalizado.

Tania García San Martín, presidenta del comité de empresa y delegada de Satse en el Hospital de Torrejón, recalca que las precarias condiciones en las que se ven obligados a trabajar redundan en una peor calidad asistencial del paciente. “Los públicos se rigen por el estatuto marco. Nosotros, por un convenio de clínicas privadas y laboratorios en el que también hay incluidos hasta centros odontológicos de apenas cuatro trabajadores”, compara.

Por otra parte, esta técnico de rayos se queja de que las ratios también son mucho mayores en los centros de gestión indirecta. “En lo público, normalmente hay el doble de enfermeras que de médicos, y aquí estamos a la par. La dirección dice que las recomendaciones de las guías médicas del Ministerio de Sanidad son eso, recomendaciones, y no obligaciones”, se explaya. Y añade: “No se atiende igual a un paciente en Alcalá que aquí. La sobrecarga de trabajo que tenemos favorece que aparezcan los errores humanos”.

El porcentaje de trabajadores que ha estado o está de baja por ansiedad es altísimo, y eso que no siempre la coges

Una sobrecarga de trabajo con consecuencias

Martín recalca desde Torrejón que la elevada movilidad del personal es otro problema debido a su bajo salario, algo que en la pública no sucede. “Las enfermeras nuevas que entran se van porque esto es insostenible. Compañeras se han ido a otros hospitales públicos de la Comunidad con una jornada reducida y cobran lo mismo que nosotras aquí trabajando ocho horas”, ilustra la delegada sindical, quien compara el Hospital de Torrejón con una fábrica de hacer churros. “Vamos muy rápido y sin tiempo de escuchar al paciente”, comenta la técnico de rayos, quien hubiera deseado que la nueva ley impulsada por Mónica García también revirtiera los conciertos ya suscritos.

La sobrecarga de trabajo tiene efectos en el personal. “Vienen a trabajar con ansiolíticos”, asegura la presidenta del comité de empresa del centro torrejonero. “El porcentaje de trabajadores que ha estado o está de baja por ansiedad es altísimo, y eso que no siempre la coges. A nosotros nos quitan mucho dinero y a veces preferimos venir a trabajar”, dice Martín. Las sustituciones, denuncia la delegada de Satse, muchas veces las realiza Ribera Salud desde una aplicación móvil. “Contratan enfermeras para ir a quirófano cuando a lo mejor nunca han estado en uno. Aquí llega gente que lleva años sin haber trabajado y no saben hacer nada. Es uno de los riesgos más grandes que tenemos en el hospital”, incide.

Prohibido el traslado de pacientes

La empresa Ribera Salud, al igual que Quirón con otros hospitales en la Comunidad de Madrid, cobra una cifra concreta por los pacientes que cubre de una zona determinada. Esa cifra se puede ver incrementada si atrae pacientes de otras zonas, como intentan hacer continuamente, pero también al contrario. “En Torrejón está prohibidísimo trasladar pacientes, solo se hace lo mínimo indispensable. Nos lo quedamos todos, estemos preparados para ello o no, porque derivar significa perder dinero”, sintetiza Martín. Por eso, en muchos de estos hospitales se crearon especialidades que en otros centros sanitarios del mismo nivel no existen. 

Esto es un hospital de paso. Mucha gente se lo toma como puente, para coger puntos y acabar en la pública, porque el ritmo que llevamos es inaguantable

Algo similar es lo que ocurre en el Hospital Universitario de Vinalopó, en Elche, también gestionado por Ribera Salud. “No derivan a no ser que un neonato requiera una UCI, pero tiene que ser algo de extrema urgencia”, sostiene una técnico de laboratorio y auxiliar de enfermería que trabaja en el centro alicantino desde su inauguración en 2010 y que prefiere no dar su nombre. Este es el único hospital público de la Comunidad Valenciana, región en la que nació el modelo Alzira, que continúa con una gestión externalizada.

Vinalopó sufre la fuga de personal: “Esto es un hospital de paso. Mucha gente se lo toma como puente, para coger puntos y acabar en la pública, porque el ritmo que llevamos es inaguantable”, añade esta trabajadora. Ello conlleva que más de la mitad de los trabajadores estén recién salidos de la carrera. “Hay mucho conocimiento que te lo da la experiencia”, apuntilla esta auxiliar de enfermería que, según recalca, el temor cunde entre la plantilla a la hora de expresar sus quejas.

Más pruebas para pacientes de otras áreas

Desde el Hospital Universitario General de Villalba, gestionado por Quirón, Néstor Fernández Val suscribe lo planteado por las dos sanitarias. Él es delegado de CCOO en el centro madrileño y uno de los referentes del sindicato en lo que a hospitales concesionados en la región se refiere, además de auxiliar de enfermería. “Se nota que a este hospital viene mucha gente de otras áreas que no le corresponde, y se nota que a esas personas se les hacen más pruebas diagnósticas”, denuncia.

Del mismo modo, Fernández asegura que en Villalba se realizan pruebas y resonancias, o cirugías, a pacientes que no son de su área pero que sufren largas listas de espera en la pública. “No sabemos si la Comunidad se lo comunica o cómo lo consiguen, pero el hospital llama a esos pacientes para ofrecerles una cita mucho antes, lo que ralentiza a los pacientes de su área, a quienes muchas veces posponen”, desarrolla el sindicalista basándose en los testimonios de los propios pacientes.

La explotación por parte de Quirón del Hospital de Villalba hace que las resonancias magnéticas no paren ni siquiera de madrugada. “Vimos las citas y casi todos eran pacientes de Fuenlabrada o lugares con hospitales públicos con listas de espera de meses, y aquí les citaban en unos 15 días”, describe Fernández. De hecho, ahora han instalado un camión tráiler en el aparcamiento en el que en su interior se continúan realizando resonancias.

Un modelo de inequidad territorial

Esta realidad fraguada a través de tres décadas de privatización es lo que llevan denunciando desde hace años en la Asociación Ciudadana en Defensa de la Sanidad Pública del País Valencià. Eduardo Zafra, su vicepresidente, enfatiza a elDiario.es que el mayor impacto que ha supuesto la gestión indirecta de los hospitales públicos ha tenido lugar en las cuentas de resultados de las diferentes empresas. “Los pacientes hemos tenido en general una atención correcta, pero sí se han introducido elementos de inequidad territorial”.

Este médico jubilado subraya que los hospitales del modelo Alzira fueron “dopados”. Así lo explica: “Más allá de crear unidades de alta complejidad en hospitales de esta categoría, la Administración ha dejado de invertir en los departamentos públicos que tenían a su alrededor, provocando su deterioro. Hay muchas formas de favorecer la privatización”.

Los activistas piden más

Por otra parte, el momento político en el que la ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado el inicio de tramitación de la norma hace dudar a los activistas en defensa de la sanidad pública de su materialización real, desde donde reclaman mayor ambición al Ejecutivo. “Queremos una ley que revierta la privatización al completo, también los acuerdos tomados hasta la fecha”, reivindica Matilde Iturralde. 

Por su parte, N. Flores, una médico que trabaja en un hospital público de la Comunidad de Madrid e integra la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad (CAS), el colectivo que desde 2005 lucha por la derogación de la 15/97, no entiende por qué han esperado hasta ahora para presentar una ley así. “No apoyaron la iniciativa legislativa popular que promovimos, y aun así tampoco abarcan muchas de nuestras reivindicaciones”. Se refiere, por ejemplo, a que la norma no es retroactiva, por lo que no eliminaría la gestión indirecta ya establecida en numerosos hospitales de España.

Para evitar que la gestión indirecta por parte de empresas privadas de la sanidad española vaya a más, el departamento de García ha recalcado que esta debería tener un “carácter excepcional” y que debe estar acompañada de una evaluación previa. Ante dicho extremo, la médica jubilada vasca se queja de que sean expertos en quienes recaiga la potestad de dar vía libre o no a los conciertos. “El Informe Abril Martorell se hizo a petición el Gobierno, lo hicieron expertos, y fue la entrada de la gestión indirecta en la sanidad pública hace 30 años”, ilustra.

Derogar la ley sin alternativa para la privada

Por otro lado, la norma explicita que las administraciones sanitarias deberán publicar periódicamente información detallada sobre contratación, conciertos, resultados de salud y calidad del servicio. Este articulado de la ley podría evitar situaciones como la que se produce en la Comunidad de Madrid. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha perdonado a 71 millones a Quirón y Ribera Salud tras asumir y tratar a sus pacientes desde otros hospitales públicos. 

“Aquí ha habido una dejadez tremenda por parte de la Administración. Cuando explotan estos casos se echan las manos a la cabeza, pero en realidad debería haber sido el Tribunal de Cuentas el que debería haber intervenido desde el principio”, se explaya la misma Iturralde. El PSOE madrileño ya ha anunciado que pedirá al Tribunal de Cuentas la apertura de una investigación por el perdón de Ayuso a las dos empresas privadas.

Flores, la médica madrileña, subraya que todos los esfuerzos deberían estar enfocados en sacar el interés privado de un derecho público y esencial como es la sanidad. “Se debería derogar la ley, pero sin ningún tipo de alternativa para que las empresas hagan negocio con nuestra salud, y para eso hay que dotar al sistema público de mayor financiación y recursos con la idea de que llegue a todos los ciudadanos”, desarrolla.

La médica jubilada afirma desde Araba que la inestabilidad parlamentaria que surfea el Gobierno de coalición no es ningún síntoma halagüeño de cara a aprobar la norma. “Parece paradójico. ¿No han tenido tiempo de hacer esto antes?”, se pregunta antes de proponer una auditoría externa: “Debemos saber cuáles son las fortalezas y los puntos flacos de nuestro sistema sanitario, ya muy descapitalizado”. Todas las políticas que se adopten sin esa auditoría global serán un parche, finaliza.