La Junta de Andalucía está pagando casi cuatro millones de euros en un año para derivar pacientes desde Almería a un hospital privado de Lorca. Y es que, desde hace meses, en el Hospital Virgen del Alcázar de Lorca (Murcia), que es privado, es habitual encontrar a ciudadanos almerienses que acuden para operarse. El Gobierno regional les deriva allí porque su centro de referencia, el Hospital de La Inmaculada de Huércal Overa (Almería), no puede dar la cobertura que necesitan.

Por falta de personal y recursos, el Ejecutivo regional ha optado por pagar a un hospital privado, mientras usuarios y sanitarios denuncian que este concierto está suponiendo el “desmantelamiento” de la sanidad pública en Almería oriental. Entienden que el dinero que se va en contratar con la sanidad privada debería invertirse en mejorar al centro hospitalario público que ya existe. El consejero de Salud, Antonio Sanz, ha sido multado con 300 euros por la Junta Electoral Central por “ensalzar la labor del PP en material de sanidad” durante una visita precisamente al hospital de La Inmaculada.

La Junta ha firmado dos acuerdos, uno en septiembre y otro ahora en marzo, con el citado hospital privado de Murcia por el que ha pagado 3,8 millones de euros -el primer contrato fue de casi 1,6 millones de euros y el segundo de algo más 2,2 millones- para derivarle pacientes desde la sanidad pública durante seis meses. Así ha venido recogido en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) en expedientes con los que la Consejería de Salud concierta intervenciones quirúrgicas en Lorca al tratarse de una zona “limítrofe” con Almería oriental.

El propio consejero de Salud, Antonio Sanz, reconoció el lunes pasado en el propio hospital de Huércal Overa que este centro presenta un “déficit grave de facultativos en especialidades clave” y señala que se trata de un área de “difícil cobertura estructural”. Al mismo tiempo, y como suele hacer el Ejecutivo regional desde hace años, limita la responsabilidad de la Junta a la hora de retener a los profesionales ya que, según Sanz, “no sólo se trata de ofertar plazas, hay otras circunstancias que hacen que no se cubran”, sino de adoptar “medidas extraordinarias” y de “cooperación interhospitalaria” para garantizar la asistencia sanitaria.

Sin embargo, la derivación de pacientes a otras comunidades autónomas o provincias limítrofes lleva ocurriendo desde que en 2023 la Junta de Andalucía aprobó una orden por la que se permiten por necesidades de “equidad y accesibilidad”. Una actuación que por lo tanto no es nueva, y que se ha usado sobre todo en periodos de alta demanda asistencial pero que, para muchos ciudadanos y sanitarios, evidencia “una política de privatización” de la sanidad al mermar asistencialmente, en este caso concreto, al Hospital de La Inmaculada para justificar que haya que derivar pacientes al hospital lorquino. Este medio ha preguntado al Servicio Andaluz de Salud (SAS) por el número de pacientes y el gasto acumulado en este tipo de derivaciones desde que se aprobó la orden, pero no ha habido respuesta de momento.

Esta política de concertación con otras provincias y comunidades autónomas se debe, principalmente, a la pérdida paulatina de especialidades en el hospital público que está situado en Huércal Overa y que es la referencia en Almería oriental. En los últimos años, según advierten fuentes hospitalarias, se ha visto seriamente mermada la cartera de servicios. Una pérdida de recursos que es generalizada a nivel andaluz y que, pese a que la Junta ha establecido como solución las derivaciones a otros centros hospitalarios, sigue manteniendo las listas de espera por encima del millón de pacientes.

Un hospital público que pierde recursos

No en vano, la falta de personal es el principal problema que hace que la demora de los usuarios no deje de crecer. En el caso de Huércal Overa, el hospital cuenta con un solo profesional en especialidades clave como Neumología o Urología y está sin especialistas en Dermatología. A esta situación se ha sumado la ausencia actual de Hematología, al no haberse sustituido al único facultativo durante su permiso, lo que ha provocado que pacientes, incluidos algunos con procesos oncológicos, no hayan podido ser atendidos. Una realidad que, según las mismas fuentes, está condicionando la actividad ordinaria del centro. “Tenemos plantillas hiperreducidas: donde debería haber cuatro neumólogos, hay uno”.

Por si fuera poco, en la Región de Murcia, a la que van a parar los pacientes de Almería, también ocurre una situación similar. En concreto, en la comarca del Guadalentín, a la que pertenece Lorca, el único hospital público, el Rafael Méndez, está saturado porque también le faltan recursos personales y materiales. Una situación de la que se beneficia precisamente el Hospital Virgen del Alcázar, privado, al que acaban acudiendo muchos ciudadanos de la zona que no encuentran la celeridad médica que desearían. Es decir, lo que ocurre con los pacientes de la sanidad pública andaluza que van con destino a esas mismas tierras murcianas. De hecho, tal ha sido el crecimiento de la clínica privada de Lorca que ha abierto nuevas instalaciones precisamente en Vera (Almería).

En este contexto, la derivación de pacientes a centros privados fuera de Andalucía se está produciendo, según relatan varios afectados, una vez que estos ya han sido incluidos en el registro de demanda quirúrgica y han iniciado el proceso preoperatorio. Los testimonios recogidos por este medio apuntan a un procedimiento similar: tras meses de espera, los pacientes reciben una llamada en la que se les ofrece la posibilidad de ser intervenidos en el hospital de Lorca.

La llamada de la privada

Por ejemplo, un paciente de más de 70 años, diagnosticado de una hernia inguinal, explica que recibió la propuesta tras completar todas las pruebas previas a la cirugía. Rechazó la derivación y, una vez superado el plazo máximo de respuesta quirúrgica, presentó una reclamación. Según su relato, para formalizar el rechazo tuvo que firmar un documento que se tramitó a través de su centro de salud.

Otro paciente con el mismo diagnóstico sitúa este procedimiento ya en 2024. En su caso, también se le ofreció la derivación a un centro privado, aunque decidió esperar y finalmente fue intervenido en el Hospital de La Inmaculada meses después. Las derivaciones afectan también a intervenciones de mayor complejidad. Un paciente de 59 años, pendiente de una operación de cadera tras más de un año de espera para la consulta especializada, recibió la misma propuesta una vez finalizado el preoperatorio. Optó por no aceptar la derivación y continuar en lista de espera en su hospital de referencia.

En los casos en los que se acepta el traslado, los pacientes describen un circuito asistencial más que normalizado entre la sanidad pública andaluza y el hospital privado de Lorca. Un usuario de 37 años, que fue intervenido en este centro murciano, explica que coincidió con otros pacientes procedentes del Hospital de La Inmaculada en la misma jornada. “Todos los pacientes que estaban ese día venían derivados de Huércal-Overa”, afirma. Según su testimonio, tras la intervención le ofrecieron el alta el mismo día y tuvo que regresar posteriormente al hospital murciano para la revisión.

“¿De verdad hace falta mandar a pacientes a otra comunidad autónoma para poder operarse?”

Con todo, los profesionales del centro advierten de que este modelo puede afectar también a la continuidad asistencial. “En sanidad es fundamental la continuidad, y eso es precisamente lo que no se está asegurando con estas derivaciones”, señala una facultativa, que añade que “muchas veces el especialista que ve después al paciente no sabe ni lo que se le ha hecho en la intervención”. Porque esa es otra de las claves: pese a que son operados en el hospital privado de Lorca, el seguimiento lo continúa haciendo el centro hospitalario público de Almería del Servicio Andaluz de Salud (SAS), lo que no descarga de presión asistencial a una plantilla mermada. “Si ya no damos abasto, derivar pacientes no reduce el trabajo: lo multiplica después”, explica en referencia al seguimiento posterior que deben asumir los servicios del propio centro.

Desde la plataforma Marea Blanca de Almería, su portavoz, Pilar Solís, cuestiona esta estrategia. “Es un despropósito desviar dinero a la sanidad privada mientras faltan recursos en la pública”, afirma y añade: “¿De verdad hace falta mandar a pacientes a otra comunidad autónoma para poder operarse?”.

Por su parte, la Consejería de Salud ha anunciado medidas para abordar la falta de profesionales en zonas de difícil cobertura, entre ellas incentivos económicos, cambios en la carrera profesional y programas para atraer personal de otros centros. Según el consejero Sanz, estas iniciativas buscan “hacer más atractivo” el destino de estos hospitales y garantizar la cobertura asistencial.

La portavoz de Sanidad del grupo socialista en las Corts Valencianes, Yaissel Sánchez, ha informado este domingo de la presentación ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) de un recurso contencioso-administrativo de protección jurisdiccional de derechos fundamentales tras la negativa del conseller de Sanidad, Marciano Gómez, a informar a las Corts Valencianes de los pagos realizadas a cada una de las empresas de la sanidad privada a las que ha derivado operaciones, pruebas diagnósticas y lectura de informes en los ejercicios de 2024 y 2025.

Para la parlamentaria, esta negativa, además de “políticamente inadmisible, vulnera el derecho fundamental a la participación en asuntos públicos previsto en el artículo 23 de la Constitución Española”.

Según Sánchez, no es la primera vez que el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, “con vínculos muy claros con empresas concretas de la sanidad privada”, se escabulle a la hora de proporcionar a los diputados y diputadas de las Corts Valencianes la información sobre los pagos a las empresas privadas de sanidad, pero los socialistas “hemos dicho basta”, recalca Yaissel Sánchez. “Es incomprensible e inaceptable que haya un solo euro de dinero público que el Consell de Pérez Llorca no quiera decir en qué bolsillos privados los ha metido. No podemos tolerar esa opacidad con el dinero público, no es de recibo”, enfatiza.

La parlamentaria ha recordado que el 24 de febrero registró varias solicitudes de documentación para que la Conselleria de Sanidad le informara sobre las cantidades económicas abonadas a cada uno de los centros sanitarios privados por la derivación de intervenciones quirúrgicas, la realización de pruebas diagnósticas y las lecturas e informes vinculados a pruebas, en 2024 y 2025. En la solicitud, teniendo el cuenta “la trayectoria obstruccionista y de opacidad del conseller”, ya se especificaba que esta información no está accesible en la Plataforma de Contratación del Estado y por ello se reservaba las acciones legales en caso de que Marciano Gómez se negara a aportar esa información.

Con fecha 2 de abril, transcurridos un mes y una semana, la parlamentaria recibió la respuesta del conseller, en la que agrupa esas tres solicitudes y otras dos para, contestando parcialmente a estas últimas, intentar maquillar su negativa a aportar los datos económicos a los que la diputada tiene derecho, tal como determina el artículo 12 del Reglamento de las Corts, que señala que los parlamentarios, para esa labor de fiscalización que tienen encomendada, “tendrán la facultad de recabar los datos, informes y documentos administrativos, en papel o en soporte informático, de las administraciones públicas de la Generalitat, que obren en poder de éstas y de las instituciones, organismos y entidades públicas empresaria les dependientes de la misma”.

Un precepto “con rango de ley”, subraya Yaissel Sánchez, que el conseller “ha vulnerado flagrantemente”. En su respuesta, afirma que, respecto a las cantidades económicas abonadas por la derivación de operaciones, pruebas diagnósticas y lectura o informes sobre pruebas, “hay que aclarar que durante el año 2025 se pudo incrementar la dotación presupuestaria inicial, lo que permitió poder pagar parte de las facturas del ejercicio anterior y hasta noviembre del propio año 2025, lo que hace complejo poder desglosar, como solicita su señoría, los pagos realizados entre las facturas correspondientes al año 2024 y las correspondientes a 2025”. Con este argumento, niega todo dato o información.

A continuación, informa sobre las otras dos solicitudes que agrupa en su respuesta, referidas a las clínicas, entidades y empresas privadas que han participado en las derivaciones del servicio de radiología y las del Plan de Choque. Ni una sola cifra, ni total ni parcial, ni atendiendo a las obligaciones o a los pagos, en toda la respuesta, respecto a los desembolsos realizados por el Consell del PP a favor de la sanidad privada.

“El Consell tiene esos datos con un clic”

“Es una vergüenza y, lo que es peor, una tomadura de pelo y un desprecio a las Corts Valencianes”, ha censurado la portavoz de Sanidad del PSPV-PSOE, para la que la contestación del conseller es “inverosímil”. “¿Es que el Consell no sabe lo que ha pagado en 2024 y en 2025 a las empresas de la sanidad privada?”, se pregunta Yaissel Sánchez, quien recuerda que el Consell dispone de aplicaciones informáticas que, con un clic, “permiten conocer todos los pagos realizados a cualquier empresa simplemente con poner el NIF”.

“La respuesta es una burla a las Corts intolerable; por eso, hemos tenido que acudir a los tribunales para que se restituyan los derechos de los diputados del Parlamento Valenciano”, explica Sánchez. “Es tan ridícula la contestación que el conseller dice que es complejo lo que le pedimos pero ni siquiera se ha molestado en solicitar una prórroga de otros 20 días hábiles para contestarnos tras los 20 días hábiles iniciales”, constata la diputada.

“Lo que es intolerable –advierte- es hacernos creer que no sabe ni lo que paga a las empresas privadas; lo que ocurre es que no quiere reconocer cómo está repartiendo entre determinadas empresas el negocio millonario en que ha convertido la sanidad de todos los valencianos. Y la realidad es que en 2025 hizo cuatro modificaciones de crédito para multiplicar por tres el presupuesto del año destinado a la privatización de la sanidad”.

“Estos presupuestos no son buenos para Cantabria. Consolidan un modelo privatizador, sobre todo, en Sanidad, y no responden a las necesidades reales de la sociedad cántabra”, ha afirmado este jueves Mario Iglesias, portavoz del Partido Socialista (PSOE) en el Parlamento de Cantabria. Así se ha expresado en referencia al convenio con el hospital privado Santa Clotilde del Sistema Cántabro de Salud, de 256 millones de euros, que un informe oficial advirtió de que su presupuesto comprometería las arcas públicas hasta 2042..

Iglesias ha propuesto que se incluyan partidas en los presupuestos para la redacción del proyecto del centro de salud de Castro Urdiales, la construcción del centro de salud Guarnizo, la renovación de los quirófanos de Sierrallana o el arreglo del consultorio de Cueto, entre las más de 230 enmiendas parciales que el PSOE ha presentado, tanto la Ley de Presupuestos Generales de Cantabria como a la de Medidas Fiscales y Administrativas del Gobierno regional para 2026.

En una rueda de prensa, Iglesias ha explicado que el Gobierno del PP contaba con meses para renovar las primeras cuentas, que fueron rechazadas en noviembre, pero ha optado por “presentar unos presupuestos prácticamente iguales”, según informa el PSOE en nota de prensa.

Además, ha pedido financiación para la mejora de centros educativos públicos en toda la región, el impulso de la vivienda de protección oficial en alquiler asequible y la movilización de vivienda vacía.

El PSOE ha incluido enmiendas con deducciones fiscales para proteger a las familias de los efectos inflacionarios derivados del conflicto en Oriente Medio. “A pesar de los anuncios de Buruaga, no hay ni una sola medida en estos presupuestos para paliar las consecuencias de la guerra”, ha subrayado Iglesias

El Grupo Parlamentario Regionalista registrará una enmienda a la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas que acompaña a los Presupuestos Generales de Cantabria de 2026, que actualmente se encuentran en plena tramitación tras superar las enmiendas a la totalidad, para que el Parlamento de Cantabria fiscalice anualmente el convenio singular de privatización sanitaria con el Hospital Santa Clotilde de Santander, que supone un gasto de 256 millones de euros durante los próximos 16 años.

Paula Fernández, candidata electoral del PRC en Cantabria, ha propuesto este viernes una medida para obligar a que los convenios privatizadores con hospitales privados y centros sanitarios concertados rindan cuentas en la Cámara autonómica antes de recibir fondos públicos.

Con su propuesta, Fernández ha introducido un mecanismo de control para los convenios singulares sanitarios, pensando en un caso concreto: el convenio privatizador con el hospital Santa Clotilde, que desde su opaca introducción a través de una enmienda del PP en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de 2025 ha contado con información a cuentagotas.

La idea del PRC, que tiene un pacto de presupuestos con el Gobierno de María José Sáenz de Buruaga (PP) y que, a priori, cuenta con el visto bueno de la presidenta, es que la financiación anual ya no sea automática y tenga que pasar por una comisión del Parlamento, para evitar que se repita el proceso que se dio con el convenio privatizador que tiene hoy el Servicio Cántabro de Salud (SCS) con el hospital privado. Un acuerdo que, en teoría, buscaba resolver el problema de las listas de espera, aunque aún no cuenta con suficientes camas, aparatos y personal para asumir todas las tareas que tiene encomendadas a través de este acuerdo.

La iniciativa es una enmienda a la Ley de Medidas Fiscales del Presupuesto para 2026 de Cantabria y más que probablemente saldrá adelante, con el visto bueno del PP. Según ha explicado Paula Fernández en una comparecencia ante los medios, la enmienda deriva del “caso concreto” de convenio con Santa Clotilde.

“Queremos garantizar transparencia, control público y evaluación anual de resultados allí donde antes no la hubo, para que los resultados de salud, los indicadores de accesibilidad y el grado de cumplimiento del convenio y sus adendas sean conocidos, debatidos y fiscalizados públicamente cada año”, ha asegurado Fernández.

Hasta ahora, la posibilidad de establecer un convenio singular se caracterizaba por un control eminentemente administrativo y técnico, sin la intervención parlamentaria directa que ha propuesto el PRC.

De hecho, la Plataforma para la Defensa de la Sanidad Pública en Cantabria presentó en enero un recurso contencioso para demandar la nulidad del “irregular y oscuro” convenio, denunciando “la falta de la memoria técnica y económica y el certificado de crédito adecuado y suficiente”.

Privatización en Santa Clotilde

La inclusión en el convenio con Santa Clotilde de mamografías y endoscopias de los programas de cribado de cáncer de mama y colón ha sido una de las cuestiones que más polémica ha levantado. Estos programas se suman a la actividad que ya venía prestando el hospital desde hace tiempo a través de convenios anuales.

Se trata de la atención a personas con patología crónica o con un grado de autonomía reducida cuya asistencia sanitaria no pueda ser proporcionada en su domicilio o que requieran rehabilitación.

También se incluyen los programas de ortogeriatría, hospitalización de día, atención geriátrica, paliativa y control de dolor, además de consultas, procesos quirúrgicos y pruebas diagnósticas para cumplir con la ley de garantías de tiempos máximos de demora.

El acuerdo, que se publicó a mediados de noviembre en el Boletín Oficial (BOC), está vigente desde el 1 de enero, con una duración de 16 años prorrogables por cuatro más, con lo que la duración máxima será de 20 años.

En enero se publicó una adenda en el BOC que recoge el procedimiento para la medición de resultados con unos indicadores que vinculan la financiación al cumplimiento de objetivos de resultados en salud e indicadores de accesibilidad, evaluados anualmente. Según esa adenda, el 1% de la financiación anual del contrato (15,9 millones) está asociada al grado de cumplimiento de los objetivos.

¿Cómo están y cómo son los médicos andaluces? A esas preguntas intenta responder todos los años el Consejo Andaluz de Colegios Médicos (CACM) con su análisis de la profesión, que revela que el sistema está ahora en una fase de “crecimiento y transformación” pero arrastrando “retos estructurales relevantes”. Los datos de 2025 revelan que hay más facultativos en una profesión cada vez más feminizada, detectándose un creciente interés por el sector privado, aumento de trabajadores extranjeros y, sobre todo, que se viene una jubilación masiva para la que todavía no está garantizado el relevo.

El dato de partida es que hay 50.844 médicos colegiados en Andalucía, 1.573 más que en 2024, lo que consolida una tendencia de crecimiento sostenido. De este total están activos 40.765 profesionales –el 80,5% del total–, de los que la mayoría (25.597, el 62,8%) ejercen en la sanidad pública, 9.240 ( 22,7%) en la privada y 5.160 (12,7%) en el ámbito mixto, es decir, en los dos sectores, lo que supone una tendencia en “progresiva consolidación”.

“Si no gano lo suficiente me tengo que ganar las habichuelas por otro lado”, ha explicado de manera gráfica sobre este incremento el presidente del Consejo, Alfonso Carmona, que lo es también del Colegio de Sevilla. Por eso considera “demagogia barata” que de cara a las elecciones andaluzas del 17M ya haya formaciones (como Por Andalucía) que han puesto sobre la mesa limitaciones para ejercer en ambos frentes si se es empleado público.

Tiempo, medios y dinero

Si los profesionales ganaran como en Francia, ha apostillado, no se irían luego a la privada a echar otras tres o cuatro horas. A su juicio, el foco debe ponerse en “vigilar cómo se trabaja y la excelencia” en lo público, a partir de ahí todo lo demás es “limitar la capacidad de trabajo, que es una libertad humana”. “Si tiene capacidad para trabajar en otro sitio tras su jornada, ¿por qué no lo va a hacer?”, teniendo además en cuenta que “la privada también paga mal, porque lo hace a base de volumen”.

“Los médicos necesitan más tiempo, más medios y más dinero”, ha subrayado, a lo que ha añadido también el “reconocimiento de la especialidad de medicina familiar” la secretaria general del CACM, Mercedes Ramblado, representante de los profesionales de Huelva. Y en cuanto a la campaña electoral, Carmona está convencido de que “se va a basar en la sanidad”, porque una de las candidatas (María Jesús Montero, que fue consejera del ramo más de una década) “conocer perfectamente la sanidad y nosotros conocemos la sanidad que hacía ella”.

¿Y qué significa eso? Pues que el sistema “está mucho mejor ahora” con el PP, por lo pronto porque la financiación ha pasado de 8.000 a 16.000 millones de euros y porque se han desenterrado ofertas públicas de empleo “que llevaban años en el cajón”. Los médicos ganan ahora de media casi 900 euros más al mes y se han beneficiado de “modificaciones realmente buenas”.

La gran jubilación

La feminización de la profesión la evidencia que la mujer representa el 50,6% del total de colegiados, un porcentaje que es aún mayor en el ejercicio activo, con 22.922 médicas frente a 17.843 hombres, y con mayor presencia sobre todo en la pública. Como las cifras de profesionales han ido al alza, esto permite mejorar ligeramente las cosas y que haya ahora mismo 4,7 médicos en activo por cada 1.000 habitantes (uno por cada 213), aunque todavía por debajo de la media nacional.

Pero el problema es el envejecimiento de la profesión, ya que más de un tercio de los profesionales en activo supera los 55 años, lo que augura una jubilación masiva en los próximos años, que no compensa que un 26-27% tenga menos de 35 años ni que hayan aumentado las plazas MIR. Si a esto le añadimos que sigue al alza la fuga de médicos (646 se fueron a otra comunidad autónoma y 114 a otro país), no es de extrañar que esto se esté supliendo con el fichaje de facultativos extranjeros, cuyo porcentaje no se recoge en el estudio, pero que Alfonso Carmona sitúa ya entre el 15 y el 20% porque está subiendo “una barbaridad.

Y dentro de esta jubilación en masa, ¿cuáles son las especialidades que se pueden ver más afectadas? Pues ya se augura que medicina de familia, preventiva, traumatología o pediatría, con bajas tasas de reposición. Por ello, desde el Consejo se ha lanzado no sólo un mensaje de reforzar estos campos, sino también de aumentar la inversión y los recursos en atención primaria, ya que el 80% de las patologías se pueden resolver en este nivel asistencial y derivar así a los hospitales a los pacientes que realmente lo necesiten.

Dinero público financiando una asistencia gestionada por empresas muy diferente a la ofrecida en los hospitales públicos. Ese podría ser el resumen de 30 años de privatización de la sanidad que la nueva Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS) pretende frenar con la derogación de la norma 15/97. A pesar de que no revierte los conciertos ya suscritos, la ley empieza su tramitación con la vocación de dificultar que el dinero de todos acabe engrosando las arcas de una compañía privada tras mercadear con la salud de la ciudadanía. Pacientes que no se trasladan, hospitales dopados, pruebas nocturnas y condiciones laborales paupérrimas forman una realidad que rodea a un modelo extendido, sobre todo, en la Comunidad de Madrid y el País Valencià, levantados por los gobiernos de Esperanza Aguirre y Eduardo Zaplana y en los que han profundizado sus sucesores.

Si uno lee los comunicados que emite el Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz, en todos ellos aparece que el centro pertenece a la red pública de la Comunidad de Madrid. Sin embargo, traspasar las puertas del hospital y empezar a escuchar a sus trabajadores supone percatarse de que sus condiciones laborales, así como la forma de funcionar, están supeditadas al máximo rédito económico que se puede granjear la empresa que lo gestiona: Ribera Salud. El centro fue inaugurado por Aguirre en 2011 y se construyó directamente para ser externalizado.

Tania García San Martín, presidenta del comité de empresa y delegada de Satse en el Hospital de Torrejón, recalca que las precarias condiciones en las que se ven obligados a trabajar redundan en una peor calidad asistencial del paciente. “Los públicos se rigen por el estatuto marco. Nosotros, por un convenio de clínicas privadas y laboratorios en el que también hay incluidos hasta centros odontológicos de apenas cuatro trabajadores”, compara.

Por otra parte, esta técnico de rayos se queja de que las ratios también son mucho mayores en los centros de gestión indirecta. “En lo público, normalmente hay el doble de enfermeras que de médicos, y aquí estamos a la par. La dirección dice que las recomendaciones de las guías médicas del Ministerio de Sanidad son eso, recomendaciones, y no obligaciones”, se explaya. Y añade: “No se atiende igual a un paciente en Alcalá que aquí. La sobrecarga de trabajo que tenemos favorece que aparezcan los errores humanos”.

El porcentaje de trabajadores que ha estado o está de baja por ansiedad es altísimo, y eso que no siempre la coges

Una sobrecarga de trabajo con consecuencias

Martín recalca desde Torrejón que la elevada movilidad del personal es otro problema debido a su bajo salario, algo que en la pública no sucede. “Las enfermeras nuevas que entran se van porque esto es insostenible. Compañeras se han ido a otros hospitales públicos de la Comunidad con una jornada reducida y cobran lo mismo que nosotras aquí trabajando ocho horas”, ilustra la delegada sindical, quien compara el Hospital de Torrejón con una fábrica de hacer churros. “Vamos muy rápido y sin tiempo de escuchar al paciente”, comenta la técnico de rayos, quien hubiera deseado que la nueva ley impulsada por Mónica García también revirtiera los conciertos ya suscritos.

La sobrecarga de trabajo tiene efectos en el personal. “Vienen a trabajar con ansiolíticos”, asegura la presidenta del comité de empresa del centro torrejonero. “El porcentaje de trabajadores que ha estado o está de baja por ansiedad es altísimo, y eso que no siempre la coges. A nosotros nos quitan mucho dinero y a veces preferimos venir a trabajar”, dice Martín. Las sustituciones, denuncia la delegada de Satse, muchas veces las realiza Ribera Salud desde una aplicación móvil. “Contratan enfermeras para ir a quirófano cuando a lo mejor nunca han estado en uno. Aquí llega gente que lleva años sin haber trabajado y no saben hacer nada. Es uno de los riesgos más grandes que tenemos en el hospital”, incide.

Prohibido el traslado de pacientes

La empresa Ribera Salud, al igual que Quirón con otros hospitales en la Comunidad de Madrid, cobra una cifra concreta por los pacientes que cubre de una zona determinada. Esa cifra se puede ver incrementada si atrae pacientes de otras zonas, como intentan hacer continuamente, pero también al contrario. “En Torrejón está prohibidísimo trasladar pacientes, solo se hace lo mínimo indispensable. Nos lo quedamos todos, estemos preparados para ello o no, porque derivar significa perder dinero”, sintetiza Martín. Por eso, en muchos de estos hospitales se crearon especialidades que en otros centros sanitarios del mismo nivel no existen. 

Esto es un hospital de paso. Mucha gente se lo toma como puente, para coger puntos y acabar en la pública, porque el ritmo que llevamos es inaguantable

Algo similar es lo que ocurre en el Hospital Universitario de Vinalopó, en Elche, también gestionado por Ribera Salud. “No derivan a no ser que un neonato requiera una UCI, pero tiene que ser algo de extrema urgencia”, sostiene una técnico de laboratorio y auxiliar de enfermería que trabaja en el centro alicantino desde su inauguración en 2010 y que prefiere no dar su nombre. Este es el único hospital público de la Comunidad Valenciana, región en la que nació el modelo Alzira, que continúa con una gestión externalizada.

Vinalopó sufre la fuga de personal: “Esto es un hospital de paso. Mucha gente se lo toma como puente, para coger puntos y acabar en la pública, porque el ritmo que llevamos es inaguantable”, añade esta trabajadora. Ello conlleva que más de la mitad de los trabajadores estén recién salidos de la carrera. “Hay mucho conocimiento que te lo da la experiencia”, apuntilla esta auxiliar de enfermería que, según recalca, el temor cunde entre la plantilla a la hora de expresar sus quejas.

Más pruebas para pacientes de otras áreas

Desde el Hospital Universitario General de Villalba, gestionado por Quirón, Néstor Fernández Val suscribe lo planteado por las dos sanitarias. Él es delegado de CCOO en el centro madrileño y uno de los referentes del sindicato en lo que a hospitales concesionados en la región se refiere, además de auxiliar de enfermería. “Se nota que a este hospital viene mucha gente de otras áreas que no le corresponde, y se nota que a esas personas se les hacen más pruebas diagnósticas”, denuncia.

Del mismo modo, Fernández asegura que en Villalba se realizan pruebas y resonancias, o cirugías, a pacientes que no son de su área pero que sufren largas listas de espera en la pública. “No sabemos si la Comunidad se lo comunica o cómo lo consiguen, pero el hospital llama a esos pacientes para ofrecerles una cita mucho antes, lo que ralentiza a los pacientes de su área, a quienes muchas veces posponen”, desarrolla el sindicalista basándose en los testimonios de los propios pacientes.

La explotación por parte de Quirón del Hospital de Villalba hace que las resonancias magnéticas no paren ni siquiera de madrugada. “Vimos las citas y casi todos eran pacientes de Fuenlabrada o lugares con hospitales públicos con listas de espera de meses, y aquí les citaban en unos 15 días”, describe Fernández. De hecho, ahora han instalado un camión tráiler en el aparcamiento en el que en su interior se continúan realizando resonancias.

Un modelo de inequidad territorial

Esta realidad fraguada a través de tres décadas de privatización es lo que llevan denunciando desde hace años en la Asociación Ciudadana en Defensa de la Sanidad Pública del País Valencià. Eduardo Zafra, su vicepresidente, enfatiza a elDiario.es que el mayor impacto que ha supuesto la gestión indirecta de los hospitales públicos ha tenido lugar en las cuentas de resultados de las diferentes empresas. “Los pacientes hemos tenido en general una atención correcta, pero sí se han introducido elementos de inequidad territorial”.

Este médico jubilado subraya que los hospitales del modelo Alzira fueron “dopados”. Así lo explica: “Más allá de crear unidades de alta complejidad en hospitales de esta categoría, la Administración ha dejado de invertir en los departamentos públicos que tenían a su alrededor, provocando su deterioro. Hay muchas formas de favorecer la privatización”.

Los activistas piden más

Por otra parte, el momento político en el que la ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado el inicio de tramitación de la norma hace dudar a los activistas en defensa de la sanidad pública de su materialización real, desde donde reclaman mayor ambición al Ejecutivo. “Queremos una ley que revierta la privatización al completo, también los acuerdos tomados hasta la fecha”, reivindica Matilde Iturralde. 

Por su parte, N. Flores, una médico que trabaja en un hospital público de la Comunidad de Madrid e integra la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad (CAS), el colectivo que desde 2005 lucha por la derogación de la 15/97, no entiende por qué han esperado hasta ahora para presentar una ley así. “No apoyaron la iniciativa legislativa popular que promovimos, y aun así tampoco abarcan muchas de nuestras reivindicaciones”. Se refiere, por ejemplo, a que la norma no es retroactiva, por lo que no eliminaría la gestión indirecta ya establecida en numerosos hospitales de España.

Para evitar que la gestión indirecta por parte de empresas privadas de la sanidad española vaya a más, el departamento de García ha recalcado que esta debería tener un “carácter excepcional” y que debe estar acompañada de una evaluación previa. Ante dicho extremo, la médica jubilada vasca se queja de que sean expertos en quienes recaiga la potestad de dar vía libre o no a los conciertos. “El Informe Abril Martorell se hizo a petición el Gobierno, lo hicieron expertos, y fue la entrada de la gestión indirecta en la sanidad pública hace 30 años”, ilustra.

Derogar la ley sin alternativa para la privada

Por otro lado, la norma explicita que las administraciones sanitarias deberán publicar periódicamente información detallada sobre contratación, conciertos, resultados de salud y calidad del servicio. Este articulado de la ley podría evitar situaciones como la que se produce en la Comunidad de Madrid. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha perdonado a 71 millones a Quirón y Ribera Salud tras asumir y tratar a sus pacientes desde otros hospitales públicos. 

“Aquí ha habido una dejadez tremenda por parte de la Administración. Cuando explotan estos casos se echan las manos a la cabeza, pero en realidad debería haber sido el Tribunal de Cuentas el que debería haber intervenido desde el principio”, se explaya la misma Iturralde. El PSOE madrileño ya ha anunciado que pedirá al Tribunal de Cuentas la apertura de una investigación por el perdón de Ayuso a las dos empresas privadas.

Flores, la médica madrileña, subraya que todos los esfuerzos deberían estar enfocados en sacar el interés privado de un derecho público y esencial como es la sanidad. “Se debería derogar la ley, pero sin ningún tipo de alternativa para que las empresas hagan negocio con nuestra salud, y para eso hay que dotar al sistema público de mayor financiación y recursos con la idea de que llegue a todos los ciudadanos”, desarrolla.

La médica jubilada afirma desde Araba que la inestabilidad parlamentaria que surfea el Gobierno de coalición no es ningún síntoma halagüeño de cara a aprobar la norma. “Parece paradójico. ¿No han tenido tiempo de hacer esto antes?”, se pregunta antes de proponer una auditoría externa: “Debemos saber cuáles son las fortalezas y los puntos flacos de nuestro sistema sanitario, ya muy descapitalizado”. Todas las políticas que se adopten sin esa auditoría global serán un parche, finaliza.

El sistema sanitario madrileño tiene una red de hospitales públicos que conviven con cinco concertados (cuatro de Quirón y uno de Ribera Salud). Todos atienden a los ciudadanos en función del área donde viven, pero los de empresas privadas pelean también por captar pacientes de la pública y de otras zonas. Esto se puede hacer porque en 2009 Esperanza Aguirre implantó la libre elección. Esto significa que cada madrileño tiene asignado un hospital según su zona de residencia, pero puede cambiarse a otro para ser tratado en cualquier otra zona de la región.

Este modelo mixto y abierto al cambio tiene una consecuencia económica. Cada mes, los hospitales de gestión pública y los de gestión privada tienen que poner en común qué tratamientos han hecho a pacientes que vienen de fuera de su centro para facturar a quien corresponda. Por ejemplo, si a una parturienta a la que le tocaba el Hospital Gregorio Marañón (público) la han atendido en la Fundación Jiménez Díaz (de Quirón), este hospital privado le cobrará al Servicio Madrileño de Salud el coste del parto. Si es a la inversa, será el sistema público el que cobrará por el parto a Quirón.

El sistema de facturación, que se llama Balance Intercentros, es complejo y exige que haya unos datos precisos de los pacientes que se deben presentar al pagador. La Comunidad de Madrid lleva años perdiendo millones por no facturar bien a las empresas privadas cuando pacientes asignados en estos hospitales de Quirón y Ribera se tratan en la pública, como publicó en exclusiva elDiario.es.

Los documentos internos que revelan el problema, y que publica ahora este medio, recogen toda esa pérdida. Son más de 71 millones que se han dejado de facturar entre 2017 y 2023 a las empresas concertadas. Como apunta una de las páginas del departamento encargado de auditorías y cobros, suman “71.653.032 euros por no encontrar documentación de la actividad clínica”. El Hospital Clínico San Carlos es el que más dinero ha perdido por no facturar bien en el periodo que va de 2017 a 2021. En los años que analiza el documento estaban al frente del gobierno regional Cristina Cifuentes, Ángel Garrido e Isabel Díaz Ayuso (desde 2019), todos ellos presidentes del Partido Popular.

El problema –según admite otro documento de Sanidad al que ha tenido acceso elDiario.es (el manual de facturación)– reside en que hay hospitales públicos que tienen “subsistemas de información” propios y “códigos (…) pendientes de normalización”, lo que “ha impedido la captura automática de determinadas líneas de actividad”. Es decir, que mientras las empresas privadas tienen departamentos y programas desarrollados para cobrarlo todo, en el sistema madrileño hay fallos burocráticos. “Las empresas no pagan un euro a la sanidad pública si no está todo absolutamente bien, aunque sea una cuestión formal”, admite una fuente del sector privado. Así lo reflejan algunas actas, como la de julio de 2019 de una reunión que deja constancia de que “las concesionarias indican que, aunque la actividad se haya realizado, si se comprueba con la información disponible que no se cumplen los criterios de facturación no será facturable”.

El Tribunal de Cuentas, el máximo órgano fiscalizador de España, ha abierto una investigación tras la denuncia del PSOE de Madrid por este caso. En su diligencia anuncia que abre “una pieza de acción pública” tras la denuncia, que solicitaba una investigación por “un presunto menoscabo de fondos públicos originado en el deficiente seguimiento y control de la facturación entre los hospitales de gestión directa y los centros con régimen de concesión privada”. El Tribunal da la opción de personarse en el caso “para la exigencia de la responsabilidad contable”, la única que puede ejercer este organismo. El PSOE ha confirmado que se va a personar.

Fuentes del Tribunal de Cuentas han explicado a elDiario.es que el caso está ahora siendo analizado y se consultará tanto a la Fiscalía como a las partes implicadas, que son los denunciantes y los denunciados, es decir, al PSOE madrileño y a la Consejería de Sanidad de Ayuso. Una vez se recabe la información, se decidirá si el caso se archiva por falta de indicios o pasa a ser investigado por un “delegado instructor” del tribunal.

La Consejería de Sanidad ha reiterado a elDiario.es que este tribunal fiscaliza y audita todos sus datos y, en el momento de la consulta, no habían sido citados a declarar.

Las elecciones del 17 de mayo en Andalucía van a escudriñar un intenso debate sobre la sanidad pública, la política con más presupuesto de todas las que gestiona el Gobierno de Juan Manuel Moreno (16.266 millones de euros) y, sin embargo, el principal motivo de preocupación de los andaluces después del paro, según el último barómetro del Centra, financiado por la propia Junta.

En el histórico de encuestas de opinión pública e intención de voto que sufraga la Consejería de Presidencia desde hace 20 años, primero bajo gobiernos del PSOE y ahora del PP, nunca hasta hoy había destacado la sanidad por encima del paro como el principal problema de Andalucía.

En el último estudio de opinión publicado con un gobierno socialista en Andalucía (el Egopa de diciembre de 2018, poco antes de las elecciones en las que Moreno arrebató la presidencia a Susana Díaz), la principal preocupación personal de los encuestados era la falta de empleo, señalada en primer lugar por el 43,8% de los andaluces, seguida de la sanidad (21,1%).

En la derrota de los socialistas, después de 37 años en el poder, pesó mucho el descontento ciudadano por la gestión sanitaria -otrora “joya de la corona de la Junta”-, que cristalizó en multitudinarias manifestaciones en las calles de Granada, Málaga, Sevilla y Huelva.

El polémico proyecto de fusión hospitalaria en Granada prendió la mecha de un malestar acumulado entre la gente, que terminó estallando por la “escasez” de medios y por la “falta de personal” que dejaron los recortes en el gasto público durante la crisis financiera de 2008. El médico Jesús Candel, alias Spiriman, personalizó aquel cabreo visceral con el último Gobierno socialista, que fue duramente castigado en las urnas. Aun así, la encuesta que publicó la Junta en diciembre de aquel año, poco antes de las elecciones, volvió a identificar el paro como el principal problema de los andaluces, por delante de la sanidad.

Siete años después, la foto fija del llamado CIS andaluz (la última edición fue el pasado diciembre) sitúa la gestión sanitaria como el primer problema para el 22,3% de los andaluces, seguido del desempleo para el 15,3%. Este periodo han sido años de gobiernos del PP, que heredó déficits estructurales del Servicio Andaluz de Salud (SAS) comunes al resto de autonomías -como la falta endémica de médicos- pero también se enfrentó a la pandemia del Covid-19, que desbordó la atención asistencial y disparó las listas de espera de pacientes.

Moreno, que ha gobernado todos estos años y que llegó a la Junta prometiendo “otro modelo de gestión sanitaria”, ha visto cómo la percepción de los andaluces sobre la atención clínica y hospitalaria iba empeorando año tras año, mientras un ciclo de economía en auge achicaba la tasa de paro a mínimos históricos: el 14,6% de la población activa, unos 622.800 desempleados.

La paradoja para el presidente Moreno es que hoy la sanidad pública disfruta -y la Junta no para de repetirlo- del “presupuesto más abultado de su historia y de una plantilla de sanitarios récord”, que el PP contabiliza en 30.000 más que en 2018. Estas macrocifras, sin embargo, contrastan con la percepción que los ciudadanos tienen hoy de la sanidad pública, y con un dato relevante: en los últimos ocho años, el porcentaje de andaluces con un seguro médico privado ha crecido del 15 al 40% de la población, y en ciudades como Sevilla supera el 50%.

Las listas de espera sanitarias, la bestia negra de la Junta

El malestar ciudadano por los retrasos en la atención primaria, por las listas de espera para un diagnóstico y para operarse será un leit motiv en la campaña de todos los partidos políticos en Andalucía, aunque es la candidata socialista, María Jesús Montero, quien lo ha apostado todo a esta carta, planteando los comicios como “un referéndum sobre la salud”.

“Nos jugamos la vida en estas elecciones”, ha asegurado esta semana. El presidente y candidato del PP a la reelección le ha reprochado su “tendencia a la hipérbole”: “Decirle a la gente: se va a morir si vota a Juanma no es creíble”.

Moreno y Montero son dos candidatos que pueden confrontar sus modelos de gestión sanitaria, porque ambos han gobernado muchos años esta tierra. Sin embargo, la comparativa entre la gestión socialista y la gestión popular del SAS va a estar trufada de lecturas interesadas y datos retorcidos, porque se trata de dos momentos políticos y económicos muy distintos, con muchos matices.

La socialista acusa al popular de tener “planificada” la “privatización paulatina de la sanidad pública”, y pone como ejemplo el incremento del gasto en derivaciones de pacientes a clínicas y hospitales privadas, tanto por la vía de los conciertos como por el aumento de los contratos de emergencia, sin publicidad ni concurrencia competitiva, que el SAS prorrogó hasta dos años después de la pandemia, y que están siendo investigados por dos juzgados.

Montero ha llegado a acusar a Moreno, sin datos, que prepara el “copago sanitario”, que ha pedido un informe para cambiar drásticamente el modelo de sanidad, que dejaría de ser “universal y gratuita”, y recuerda las palabras del propio presidente de la Junta durante una entrevista el verano pasado: “La sanidad pública, tal como va envejeciendo la población, llegará un momento que será inviable”.

La Junta ha salido a desmentir tajantemente esta acusación. El PP, además, ha sacado a relucir el presupuesto en conciertos sanitarios en la época de Montero como consejera de Salud, así como los contratos de emergencia que firmó a clínicas privadas. Moreno se ha hecho un buen puñado de fotos ante infraestructuras hospitalarias nuevas que estaban prometidas, y sin ejecutar, de la época socialista, siendo la más significativa el Hospital Militar de Sevilla, abandonado durante 20 años.

Es un choque frontal entre candidatos, aunque ambos coinciden en que “la memoria de los ciudadanos” juega a su favor. Montero no teme que su adversario desempolve datos y cifras de su etapa, y saca pecho por algunos “hitos” clínicos de aquellos años, como la investigación con células embrionarias, el primer diagnóstico genético preimplantatorio para que los niños nacieran sin la enfermedad de sus padres; el primer trasplantete de cara, o la desconexión de Inmaculada Echevarría como precursora de la muerte digna... “La sanidad es mi especialidad profesional, yo tengo mi plaza en el Virgen del Rocío. Cuando quiera Moreno hablamos del orgullo de la sanidad pública”, le ha retado esta semana, poco antes de abandonar el Gobierno de Sánchez para volcarse de lleno en la campaña.

Montero y los “7.000 médicos menos”

La vicepresidenta del Gobierno fue consejera de Salud en la Junta durante nueve años, entre 2004 y 2013 (y antes viceconsejera de esta misma cartera entre 2002 y 2004). En ese periodo, el PSOE de Manuel Chaves gobernó con mayoría absoluta y el PSOE de José Antonio Griñán lo hizo en coalición con Izquierda Unida (IU). En esos 11 años hay ejemplos de todo, bueno y malo.

También la etapa de Moreno es muy desigual. El dirigente del PP es presidente desde hace más de siete años, los tres primeros gobernó en coalición con Ciudadanos, sustentado desde fuera por Vox; y los cuatro últimos en solitario, gracias a una sólida mayoría absoluta. La “estabilidad” de esta última legislatura, el gran aval de Moreno en campaña, no ha impedido, sin embargo, que haya cambiado tres veces de consejero de Salud en cuatro años.

Ambos candidatos han afrontado periodos particularmente difíciles para la sanidad pública. El de Montero, que abarca más de una década, termina estrellándose contra la gran recesión que puso patas arriba la economía mundial. A partir de 2008, una contracción internacional del crédito interbancario obligó a todos los países a aplicar duros recortes en el gasto público, con especial virulencia en la sanidad, la educación y los servicios sociales, competencia directa de las comunidades autónomas.

El PP está desempolvando documentación de esos años de recortes para contraatacar a la candidata socialista, acusándola de “prescindir de 7.000 médicos”, y de dejar los hospitales “saturados, con camillas de enfermos en los pasillos”. Los de Moreno se han llevado al Parlamento fotografías que retratan aquel momento, y han repetido hasta la saciedad esta cifra de “médicos despedidos”, en el Congreso, en el Senado y en el Parlamento andaluz, los tres frentes en los que ha jugado Montero.

El dato de médicos que abandonaron el SAS como consecuencia de la crisis financiera aparece por primera vez en un informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía, de 2013, donde se lee que “el número de efectivos sanitarios disminuyó en 7.773,44 empleados netos” entre 2011 y 2013, siendo Montero consejera de Salud. El mismo documento aclara que esa cifra incluye “médicos, enfermeros, celadores y administrativos”, pero el número concreto de facultativos afectados es muy inferior al que denuncia el PP: 1.286 menos en tres años.

Moreno y las mujeres con cáncer de mama

En el caso de Moreno, el episodio que más tensionó el sistema sanitario andaluz bajo su mandato fue la pandemia de Covid-19, que dejó cerca de 16.000 fallecidos en la comunidad. La presión asistencial desbordó las costuras del SAS, que ya arrastraba serios problemas estructurales, como la falta de médicos, sobre todo en especialidades clave, como anestaesistas, pediatras o radiólogos.

La falta “crónica” de personal daría la cara años después, de la forma más dramática, con el escándalo de los cribados de cáncer de mama, la crisis política más dura que ha sufrido Moreno en sus siete años de gobierno, y que se saldó con la dimisión de la consejera de Salud, Rocío Hernández, y toda su cúpula. El presidente andaluz se vio de repente con cientos de mujeres manifestándose a pocos metros de su despacho, mostrando sus pechos cortados, y gritando “¡Moreno dimisión!”.

El dirigente popular pidió disculpas, cesó a una decena de altos cargos (incluida la consejera) y precipitó un “plan de choque”, prometiendo más dinero y más personal, antes incluso de poder explicar qué había ocurrido. La versión oficial, a día de hoy, es que 2.317 mujeres con un diagnóstico dudoso de cáncer de mama -el 90% atendidas en la unidad de Radiodiagnóstico del hospital Virgen del Rocío de Sevilla- no fueron alertadas por el SAS de que debían hacerse una segunda prueba de contraste. Algunas se enteraron dos años después de que una mamografía suya había arrojado un resultado “no concluyente”.

El escándalo se hace público por la denuncia de la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama de Sevilla (Amama), que revela la Cadena Ser, y pone a la Junta contra las cuerdas. Se inicia una investigación judicial y el SAS recibe docenas de denuncias de mujeres por daño patrimonial que, a día de hoy, aún no ha respondido.

El Defensor y las listas de espera: “Es la puerta de la desigualdad”

El Defensor del Pueblo Andaluz ha pedido explicaciones a la Consejería de Salud por la vía “urgente y preferente”, pero aún no ha obtenido datos que expliquen qué falló, cuántas de las mujeres afectadas desarrollaron un cáncer por no haber sido avisadas a tiempo, cuántas han fallecido. Moreno llegó a cifrar en 23 las mujeres muertas como consecuencia de la crisis de los cribados, calculando que el 1% de los casos dudosos termina confirmándose como un tumor maligno. Pero el nuevo consejero de Salud y mano derecha del presidente, Antonio Sanz, salió rápidamente a desmentir ese 1%.

Esta semana, ya con el Parlamento disuelto, el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha presentado su informe anual, correspondiente a 2025, que recoge un incremento de quejas ciudadanas por las abultadas listas de espera del SAS. Hay más de un millón de andaluces aguardando para operarse. “La lista de espera en sanidad no es un mero recurso administrativo, es la puerta de la desigualdad, es un síntoma de desprotección”, ha asegurado.

Maeztu también ha expresado su frustración por no haber podido responder a las víctimas de la crisis de los cribados que elevaron sus quejas a su oficina. “El derecho de información de estas muejeres no se ha cumplido, la Junta no me ha respondido a lo que yo he preguntado y la información suministrada es claramente insuficiente. Esto es grave”, ha denunciado, quejándose de no poder ejercer su labor de contrapeso al Gobierno andaluz, por falta de colaboración.

El malestar de los pacientes vs los incentivos de los médicos

La sanidad será la gran batalla electoral del próximo 17 de mayo. Moreno es tan consciente de ello que, en las semanas previas a la convocatoria electoral, se ha movido por toda Andalucía inaugurando instalaciones sanitarias, primeras piedras, ampliaciones y reciclando promesas que llevan en el programa electoral del PP desde 2018, antes de ser presidente. El sábado previo al anuncio electoral presentó el “nuevo hospital de Cádiz” que, en realidad, ni está licitado ni está programado aún. El lunes, horas antes de disolver el Parlamento, anunció “la ampliación del hospital de la Axarquía” en Granada.

Un Consejo de Gobierno, convocado de forma extraordinaria y sin previo anuncio, disolvió el Parlamento el lunes y desde ese instante la Ley Electoral y la de Publicidad Institucional prohíben las campañas de propaganda institucional. Dos días después, el Gobierno de Moreno anunció un acuerdo “histórico” con todos los sindicatos sanitarios que mejora las condiciones laborales y salariales de 44.600 profesionales del sector.

La decisión del PSOE de apostarlo todo a la sanidad en estas elecciones tiene sus riesgos. Fuentes del grupo parlamentario socialista admiten que en esta legislatura de cuatro años les ha costado mucho recuperar la confianza del sector sanitario, que seguía culpabilizándoles por sus años de gobierno y los recortes durante los años de la crisis.

Además, mientras Moreno acaba de firmar mejoras laborales y salariales para el colectivo, algunas de las apuestas políticas del PSOE y el resto de fuerzas de izquierdas chocan de frente con los intereses de muchos médicos. Por ejemplo, al llegar al Gobierno el PP eliminó la subasta de medicamentos -un sistema ideado por Montero para abaratar la compra de fármacos en el SAS- que benefició mucho a las grandes farmacéuticas.

Moreno también eliminó el plus de exclusividad de los médicos del SAS, una promesa electoral del PP, permitiendo que compaginasen su plaza pública con un trabajo en la privada por las tardes. Además lo hizo extensivo a los jefes de servicio, que son los responsables de decidir cuántos pacientes deriva a la sanidad privada y a qué clínicas u hospitales.

Montero, y también el líder federal de IU y candidato de Por Andalucía, Antonio Maíllo, plantean prohibir esa compatibilidad, porque genera un “conflicto de intereses” que va “en detrimento de la sanidad pública y de la ciudadanía”. “No se puede denunciar por la mañana que faltan médicos en el sistema, que no hay dónde contratarlos, y luego permitir que los médicos del SAS hagan caja por las tardes en sus clínicas con los pacientes que ellos mismos envían desde la sanidad pública”, advierten fuentes socialistas.

El riesgo de este planteamiento es calibrar bien hasta dónde llega el hartazgo de los pacientes por el deterioro de la sanidad pública que reciben y hasta dónde llega la indignación de los médicos que no están dispuestos a perder los incentivos que les concedió el Gobierno de Moreno.

La exclusividad de los jefes de servicio de la sanidad pública es algo que también recoge el polémico Estatuto Marco elaborado por el Ministerio de Sanidad –que regula las condiciones laborales de los profesionales sanitarios– y que ha puesto en pie de guerra a los sindicatos sanitarios.

La receta electoral que usen Moreno y Montero para afrontar este debate trasciende a Andalucía y va a ser clave en las próximas elecciones generales. Esta comunidad, con 8,5 millones de personas y 6,5 millones de votantes potenciales, representa casi el 20% del escrutinio nacional y aporta 61 diputados al Congreso. El resultado de este pulso en Andalucía proyectará el devenir del futuro político de España, con más exactitud que lo hicieron las elecciones en Extremadura, Aragón y Castilla y León.

Los trabajadores del Hospital Santa Clotilde de Santander, que acaba de firmar un convenio de privatización de servicios sanitarios con el Gobierno de Cantabria por importe de 256 millones de euros hasta el año 2042, han iniciado movilizaciones para denunciar que la dirección del centro religioso está bloqueando el convenio colectivo, caducado en 2024, y la falta de personal “en áreas fundamentales”.

Los trabajadores del centro sanitario estiman que la actual plantilla de 220 empleados ya está “al límite” y que “será difícil” hacer frente a todos los compromisos adquiridos en el convenio singular con el Servicio Cántabro de Salud, que incorpora nuevos servicios sanitarios hasta ahora se prestaban exclusivamente en lo público como los cribados de cáncer de mama y colon.

“Tendrán que invertir en personas”, reclama María José Barrio, responsable de la Federación de Sanidad y Servicios Sociosanitarios del sindicato Comisiones Obreras. El convenio singular exige unas condiciones de infraestructuras -número de camas, quirófanos, consultas, etcétera- y un número de personal sanitario que el hospital no cumple. “El problema es que el documento tampoco establece plazos para que se cumplan los requisitos”, explica Barrio. De hecho, entró en vigor el 1 de enero de 2026 sin haber resuelto esta cuestión.

En paralelo, se produce otra situación. Parte del personal que trabaja en Santa Clotilde no son trabajadores del hospital de la Orden de San Juan de Dios, sino que pertenecen a la empresa que gestiona el servicio de radiodiagnóstico desde dentro del centro sanitario. Los empleados de HT Médica no están incluidos en la plantilla de 220 personas del hospital.

El pasado 10 de marzo el centro religioso, en el acto de celebración de su patrón San Juan de Dios, anunció unas obras de ampliación que estarán acabadas a final de año. Como adelantó elDiario.es, el Ayuntamiento de Santander recalificó la parcela del hospital para permitir construir otro edificio.

Ese día, en la celebración, después de asistir a misa en la capilla del centro, el consejero de Salud, César Pascual (PP), aprovechó para reivindicar la privatización de servicios sanitarios: “No es una concesión, no es un privilegio, no es una anomalía. Es una herramienta de gestión sanitaria perfectamente legal utilizada en muchas comunidades autónomas y diseñada con un objetivo muy sencillo: poner todos los recursos disponibles en Cantabria al servicio de los pacientes”, recalcó.

CCOO denuncia “represalias”

La realidad es que los trabajadores del centro han empezado a movilizarse: no hay convenio colectivo, la plantilla es insuficiente y, además, CCOO ha denunciado “represalias” por parte de la Dirección de Personas y Valores del Hospital que “ha advertido de posibles sanciones a quiénes participen en las movilizaciones”.

“Una actuación incompatible con el ejercicio del derecho fundamental de la libertad sindical”, subrayan desde el sindicato. La directora de Personas y Valores es Eva Salmón, la diputada del PSOE en el Parlamento de Cantabria, que dirige los recursos humanos del hospital y es una de las dos personas designadas por la dirección para sentarse a negociar con el comité de empresa, como ha venido haciendo en ocasiones predecentes. Desde el Comité de Empresa comunican que la empresa parece interesada en retomar las negociaciones “con exigencias reales” para finales de marzo.

Los trabajadores iniciaron las movilizaciones de protesta el pasado 4 de marzo con una concentración a la puerta del hospital convocada por el Comité de Empresa ante “la indiferencia y dejación de la dirección que mantiene paralizada la negociación”.

La presidenta del órgano sindical del centro hospitalario, Inmaculada Martínez (UGT) considera “que hace falta gente, necesitamos más personal porque los ratios son muy generales, no están especificados y hay falta de categorías o algunas de ellas están muy escuetas”. “Se necesita como mínimo contratar a 15 personas y de ahí para arriba”, añade. Además, ha criticado que “las infraestructuras están muy anticuadas, falta espacio para trabajar y todo ello provoca problemas físicos y psicosociales”.

El convenio privatizador exige 27 trabajadores más

Hace algunas semanas, la Plataforma de Defensa de la Sanidad Publica de Cantabria ya denunció públicamente que se desvía dinero público a Santa Clotilde “sin que la entidad concesionaria disponga de los recursos necesarios para suplantar a la Sanidad pública en las prestaciones correspondientes”.

Para cumplir las condiciones del acuerdo económico millonario, que inyectará cerca de 256 millones de dinero público a lo largo de las próximas dos décadas, el hospital tendrá que ampliar la plantilla contratando a 27 trabajadores más para pasar de 78 a 105 sanitarios. Entre ellos, 22 enfermeras, 27 auxiliares de enfermería, 7 médicos de diferentes especialidades, un psicólogo, 8 fisioterapeutas, 4 terapeutas ocupacionales y 3 logopedas.

El Tribunal Supremo ha rechazado la práctica empresarial de exigir a médicos de centros privados que acrediten si las citas de empleados pueden realizarse fuera del horario laboral, así como si las consultas que realizan están incluidas en la cartera de servicios públicos, como pedía la Televisión y Radio pública gallega.

En una sentencia fechada el pasado 3 de febrero, que ha consultado elDiario.es, la Sala de lo Social desestima un recurso presentado por Corporación Radio y Televisión de Galicia contra un fallo de junio de 2024 del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, sobre un conflicto colectivo a instancias del sindicato USO Galicia.

Lo que ha aclarado el Supremo es si es legítimo que la empresa exija, en el caso de que la atención médica que precise un trabajador se lleve a cabo en un centro médico privado, la obligación de aportar un documento en el que el médico indique que el objeto de la revisión está incluido en la cartera de servicios del sistema sanitario público y también la imposibilidad de realizar la cita médica fuera del horario laboral del empleado.

El médico no tiene esa obligación

Los magistrados consideran que el facultativo de un centro privado “no tiene obligación de emitir la referida declaración”, que no es de índole médica, sino jurídica.

Además, el médico debería indicar también si la cita no se podía hacer fuera del horario de trabajo, algo que el Supremo también considera ajeno a sus funciones y conocimiento, sobre el horario laboral de su paciente.

Los magistrados recuerdan que a las obligaciones documentales de los profesionales médicos se ciñen a las previstas en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, que no regula estas exigencias de la empresa.

Compromete la protección fundamental de datos personales

Además, los magistrados destacan que “puede hallarse comprometido el derecho fundamental a la protección de datos” por esta práctica empresarial. “El declarar que la revisión médica prestada está incluida en la cartera es una información médica y, como tal, tiene la consideración de dato personal”, recuerda la sentencia.

El Supremo recuerda que los datos médicos son “especialmente sensibles”, conforme el art. 9.1 del Reglamento europeo sobre la protección de las personas físicas en los que respecta al tratamiento de datos personales. Así, estos datos sensibles solo pueden tratarse a según los fines recogidos en el mismo Reglamento “(prestación de asistencia o tratamiento de tipo sanitario), por un profesional sujeto a la obligación de secreto profesional o bajo su responsabilidad”.

“En suma, la empresa no puede pretender acceder a datos personales que forman parte de las historias clínicas” reguladas en los artículos 14 y siguientes de la mencionada Ley de la autonomía del paciente, zanja el Supremo.

El Gobierno de Cantabria ha rechazado dos recursos administrativos de Podemos sobre el convenio singular de privatización sanitaria firmado por el Servicio Cántabro de Salud (SCS) con el Hospital Santa Clotilde de Santander con el argumento de que ni personas particulares ni partidos políticos pueden recurrirlo de forma individual.

En el primer caso, un recurso contra el convenio, el argumento ha sido que Mercedes González, coordinadora autonómica de Podemos Cantabria, no estaría legitimada para recurrir el convenio por resultar “evidente” que era “un recurso interpuesto a título personal”.

En el segundo, un recurso contra la adenda al convenio presentado por Pablo Gómez, en nombre y representación de Podemos, el Ejecutivo autonómico —en una resolución firmada por el propio consejero de Salud, César Pascual (PP)— ha defendido que “procede examinar si Podemos ostenta la condición de interesado” para recurrir este tipo de decisiones administrativas“. Y abunda, en el texto consultado por elDiario.es, ”si ostenta algún derecho o interés legítimo, individual o colectivo, que haya podido ser afectado“ por el tema que denuncia. Esto es, la adenda al convenio singular.

Tras analizar las respuestas del Gobierno, Podemos ha decidido evaluar cómo proceder con su equipo legal. “Primero se dice que un ciudadano no puede recurrir y después que un partido político tampoco tiene legitimación. Si ni los ciudadanos ni sus representantes pueden recurrir decisiones de este tipo, ¿quién puede defender entonces a la ciudadanía frente a decisiones arbitrarias de la Administración?”, se pregunta Mercedes González, coordinadora autonómica de Podemos.

Consejo de Transparencia

Podemos ha recordado que, hasta la fecha, la Consejería de Salud ha entregado documentación sobre el expediente administrativo de forma “progresiva e incompleta” y “solo” tras la intervención del Consejo de Transparencia.

Por este motivo, el partido político ha presentado un nuevo escrito ante el Consejo de Transparencia y el Tribunal de Cuentas sobre el convenio que compromete más de 256 millones de euros de dinero público hasta el año 2042.

La coordinadora autonómica de Podemos ha advertido de que “es muy preocupante” que el expediente sobre un convenio de tal magnitud, que condiciona el gasto sanitario y el presupuesto de la comunidad autónoma, se esté conociendo “a cuentagotas”. “Precisamente por ser un convenio de esta envergadura, la transparencia debería ser absoluta”, ha zanjado.

La coalición Por Andalucía, que integra a Izquierda Unida (IU), Movimiento Sumar e Iniciativa del Pueblo Andaluz, ha presentado este martes las líneas maestras de su programa electoral para las elecciones autonómicas, previstas para junio, con tres ejes de acción: “combatir la pobreza” -Andalucía tiene la tasa más alta de España, un 34,7% en 2025-; “recuperación de los servicios públicos”; y “reducir la desigualdad territorial dentro de la región, que provoca un éxodo de población del interior rural a la costa”.

El documento, de 130 páginas, contiene el primer órdago de su candidato, el líder federal de IU, Antonio Maíllo: prohibir a los médicos del Servicio Andaluz de Salud (SAS) que compatibilicen su plaza con otro trabajo en la sanidad privada, “el enemigo”, dice Maíllo.

La medida empezaría a aplicarse a los jefes de servicio, que tienen en su mano la potestad de decidir qué pacientes deriva, cuántos pacientes deriva, para qué tipo de operación y a qué hospital privado los deriva.

En Andalucía, el 40% de médicos que trabaja en el SAS también lo hace para un hospital o una clínica privada, según datos de la Consejería de Salud. La coalición de izquierdas que encabeza Maíllo ha denunciado reiteradamente en el Parlamento que este sistema, implantado por el Gobierno de Juan Manuel Moreno, ha generado un “negocio boyante” en la sanidad privada a costa de la pública.

La portavoz de la coalición, Inmaculada Nieto, acusó al presidente andaluz de permitir que algunos jefes de servicio del SAS estén derivando a cientos de pacientes a sus propias clínicas privadas, donde ellos trabajan por las tardes.

La propuesta de Por Andalucía, aún por perfilar, se acometería en dos fases: primero se declararía la “incompatibilidad de los jefes de servicio”, y posteriormente se haría extensible al resto de facultativos, pero no de forma genérica, sino en función de las necesidades y volúmen asistenciales. Es decir, la compatibilidad no se autorizaría “automáticamente” a todos los médicos del SAS que lo pidan, como ahora, sino atendiendo a “criterios de cobertura garantizada en las unidades a las que están adscritos”.

El Ministerio de Sanidad, que dirige Mónica García, ya abrió este debate hace un año, desatando la caja de los truenos entre los médicos. La idea inicial era limitar por ley, a través del polémico Estatuto Marco –que regula las condiciones laborales de los profesionales sanitarios–, la posibilidad de compaginar el trabajo en la sanidad pública y la privada. El colectivo lleva semanas encadenando huelgas y protestas contra ese Estatuto Marco. Sin embargo, esta medida, en concreto, ya está implantada en algunas comunidades de distinto signo político, como Navarra (PSOE) y Extremadura (PP).

Reactivar el complemento de exclusividad

Para prohibir y restringuir la compatibilidad a los médicos del SAS, Por Andalucía plantea la restitución del complemento de exclusividad por “fidelizarse a la sanidad pública”, un plus salarial que el PP “eliminó” al poco de llegar al Gobierno en 2019. En puridad no fue una eliminación, sino una extensión de ese plus a todos los médicos del SAS, que costó unos 40 millones de euros al año. La coalición de izquierdas no prevé restituir ese modelo, sino “crear un complemento de exclusividad nuevo” a partir de la base salarial que ya existe.

El coordinador federal de IU ha abogado por rentabilizar mejor al personal y los recursos de los servicios públicos -sanidad, pero también educación- y ha negado tajantemente que el problema sea la falta de profesionales, como sostiene Moreno. “Es falso que falten médicos”, asegura.

La Junta, sin embargo, ofrece incentivos económicos a los médicos que alarguen su jornada laboral algunas tardes y fines de semana para amortiguar ese “déficit” de personal. El problema de los incentivos para atender a más pacientes en la pública es que choca con las autorizaciones que da la propia Junta para que trabajen por las tardes en la privada, a las que se han acogido el 40% del personal.

En el programa de Por Andalucía aparecen otras medidas de calado que revierten las políticas del PP, como reactivar la subasta de medicamentos, para ahorrar a la administración en la compra de fármacos; acabar con los “contratos por meses” en el SAS; dedicar el 20% del presupuesto sanitario a la Atención Primaria; la equiparación de salarios de los médicos de Atención Primaria (menos atractivos económicamente) con los de los hospitales; o contabilizar los cuatro años del MIR como carrera profesional, como ya se hace en otras siete comunidades...

Sin embargo, prohibir a los médicos de la pública trabajar a la vez para la privada es una apuesta política no exenta de cierto riesgo. Ningún sindicato sanitario ni el Colegio de Médicos de Andalucía defiende la restitución del complemento de exclusividad por trabajar en el SAS.

La medida estaba esbozada en el programa de Por Andalucía para las elecciones de 2022 -“se establecerá la incompatibilidad público/privada para los profesionales que trabajan en la Sanidad Pública”-, pero ha sido esta legislatura, con el colapso de las listas de espera en la sanidad pública andaluza y el aumento de contratos de la Junta con la privada para derivar a pacientes, cuando la coalición de izquierdas ha decidido asumir el riesgo.

La Consejería de Salud acapara un tercio de los Presupuestos Andaluces (16.265 milllones de euros en 2026) y el colectivo sanitario es el más numeroso de la Administración, por detrás del profesorado, pero mucho más corporativista. La propuesta electoral, por tanto, no contentará al colectivo, pero la coalición Por Andalucía parte del convencimiento de que una mayoría social percibe el “colapso” de la sanidad pública como un problema real que les afecta, el segundo en orden de gravedad, según el barómetro del Centra, que financia la propia Junta de Andalucía.

Tras ese malestar, está la demora en la atención primaria, las abultadas listas de espera para ser atendido por un especialista o para operarse, y el aumento de las derivaciones a la privada, que los partidos de izquierdas denuncian unánimemente como una “estrategia encubierta de privatización del sector, a costa de dejar morir poco a poco a la sanidad pública”.

El Ministerio de Sanidad reportó que Andalucía contaba en 2023 con 26.721 profesionales de la medicina (pública y privada), un dato que la Junta no suele aclarar, porque es “muy oscilante” y varía cada mes. En marzo de 2022, un informe del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos calculó que el 12% de los médicos colegiados en activo en Andalucía trabajaban en la sanidad “mixta” (pública y privada a la vez), y al cierre de 2025 esa cifra rondaba ya el 40%, según la consejería.

El número de médicos que compagina ambas actividades ha crecido a un ritmo acelerado en los últimos cinco años, desde que el Gobierno de Moreno eliminó el complemento de exclusividad a los médicos del SAS (2020), permitiendo que los cargos intermedios -jefes de servicio- y otros profesionales trabajasen también en la privada.

Es la Consejería de Justicia quien analiza y autoriza, caso a caso, la idoneidad de cada médico para compaginar ambos trabajos. Desde que se eliminó el complemento de exclusividad, en 2020, 3.544 médicos de la pública han obtenido autorización para trabajar también en clínicas privadas (datos del primer trimestre de 2025).

La izquierda que “quiere gobernar”

Otras de las directrices del programa electoral de Por Andalucía son imponderables de la izquierda: subir al 7% del PIB regional la inversión en educación; rebajar la ratio escolar por ley; una ley de lucha contra la exclusión social; rentabilizar los institutos que ahora permanecen cerrados por las tardes para aumentar la oferta de ciclos formativos de FP; “intervenir el mercado de la vivienda”, topar los pisos turísticos; desarrollar la Ley estatal de la Vivienda; asumir las competencias en Dependencia para “diagnóstico y seguimiento” en un máximo de tres meses; asumir las competencias sobre los trenes de Cercanías...

Este martes, en la presentación de su programa electoral, Maíllo ha repetido varias veces una idea fuerza: “Nos presentamos como la izquierda que quiere gobernar”. No se trata de un simple lema aspiracional, sino de un hecho diferenciador respecto a la coalición Adelante Andalucía, contra la que compiten en el mismo espacio electoral.

Los de Teresa Rodríguez, hoy comandados por su portavoz parlamentario y candidato a la Presidencia, José Ignacio García, también han hecho seña de identidad de que Adelante Andalucía “jamás” formará parte de un Gobierno de coalición con el PSOE, aunque, llegado el caso, sí apoyaría la investidura de su candidata, María Jesús Montero, para cerrar el paso a PP y Vox.

Por Andalucía y Adelante Andalucía son dos coaliciones de izquierdas que nacen de un enorme cisma entre sus fundadores originales, Podemos e IU. Hoy parecen conjuradas para no hacerse daño ante las urnas, volcadas en despertar de la abstención una base social progresista que ronda los 600.000 votos -dicen- y que puede determinar el cambio de gobierno en Andalucía.

Maíllo ha anunciado para el 28 de marzo una jornada de formación de voluntarios que ayuden a los dirigentes de los partidos que integran Por Andalucía a expandir su mensaje, ensanchar su base social, movilizarse en todo el territorio. IU, el alma máter de la coalición, cuenta con una implantación territorial notable, tiene 462 asambleas, pero no están en los 785 municipios de Andalucía. Movimiento Sumar e Iniciativa del Pueblo Andaluz, los otros dos socios, tienen “bases de simpatizantes, pero no militancia”.

La coalición prevé reuniones sectoriales con los agentes sociales en las ocho provincias, porque cuentan con un programa electoral andaluz y ocho provinciales. Maíllo ha hablado del “puerta a puerta” en busca de votos, y de “formatos íntimos, en sofá y café, para hablar con jóvenes, universitarios, colectivos varios...”.

La Consellería de Sanidade no va a tomar medidas por ahora para investigar si un grupo sanitario privado le está pasando facturas infladas en Ourense. La Fiscalía decidió presentar denuncia tras una investigación llevada a cabo por la policía judicial que concluye que el centro médico El Carmen, propiedad del Grupo Recoletas, ha cobrado por intervenciones maxilofaciales con sedación cuando, en realidad, a los pacientes se les había aplicado anestesia local. El primer procedimiento, el de la sedación, es más caro, de modo que el informe policial advierte de “un perjuicio económico para el erario público”. La información, adelantada por elDiario.es, ha sido publicada por varios medios después de que la propia Fiscalía distribuyese un comunicado de prensa al respecto.

El Servizo Galego de Saúde (Sergas) insiste en que no se le ha notificado la denuncia y en que, por ese motivo, no va a emprender ninguna acción por ahora. “Cuando se tenga conocimiento de los términos concretos de esa denuncia, se evaluará en profundidad y se obrará en consecuencia”, señala, en respuesta a preguntas de esta redacción. En la jornada de ayer, después de que la información apareciese publicada, la Xunta añadía que colaborará en la investigación judicial. La sanidad pública deriva en Ourense a los pacientes a esta clínica privada -y a Cosaga, del mismo grupo- para intervenciones maxilofaciales.

La Fiscalía señala en su resolución que presenta denuncia ante los juzgados de Ourense por si los hechos pueden constituir un delito de falsedad documental o un delito de estafa. En ese mismo documento pide que se le notifique la decisión al centro médico El Carmen, al Grupo Recoletas y a tres trabajadores de estas empresas.

Los partidos de la oposición han reaccionado a la información acusando a la Xunta de falta de control en las derivaciones de la pública a la privada. La diputada del BNG Noa Presas anuncia iniciativas parlamentarias para pedir explicaciones y denuncia que esto pone de manifiesto los problemas de la sanidad en Ourense: “constante” privatización de servicios y reducción de la competencia porque el mismo grupo empresarial compró las dos clínicas a las que se hacen derivaciones. “La pregunta es clara: ¿cuántos más fraudes puede haber?”, dice la parlamentaria en un vídeo compartido en redes sociales.

Por su parte, la diputada del PSdeG Carmen Rodríguez Dacosta ha presentado en el Parlamento varias iniciativas tras conocer la denuncia de la Fiscalía. Apunta también a la falta de control de la Xunta, a la que acusa de estar “mirando para otro lado” en las derivaciones, que funcionan con “deficiencias”. Reclama que se aclaren las responsabilidades y se evalúe el alcance de los hechos, por lo que pide al Gobierno gallego que abra un expediente informativo y encargue una auditoría independiente sobre los servicios que prestan los centros privados con cargo al Sergas.

La Fiscalía de Ourense ha presentado denuncia en los juzgados ante la sospecha de que el centro médico El Carmen de Ourense, una clínica privada propiedad del Grupo Recoletas, haya facturado al Servizo Galego de Saúde (Sergas) intervenciones maxilofaciales con sedación en las que, en realidad, no se aplicó más que anestesia local y haya cobrado, en consecuencia, más de lo que debería. Tras una investigación previa, pide analizar si los hechos constituyen un delito de falsedad documental y estafa.

Las indagaciones, de las que se encargó la policía judicial, se iniciaron a raíz de una denuncia registrada en el verano de 2025 por Xosé Rubal, cirujano maxilofacial asociado a Cosaga -otro centro privado- a través del Instituto Dental Facial. En el proceso fueron identificados tres pacientes que confirmaron que, para sus intervenciones, habían recibido anestesia local, con un pinchazo en la zona del diente, y no habían sido sedados, pese a que las facturas cargadas después a la sanidad pública decían otra cosa. El escrito de la Fiscalía expone que los pacientes del Sergas que requieren intervención quirúrgica maxilofacial en Ourense son derivados a dos centros privados: Cosaga y centro médico El Carmen, ambos pertenecientes al grupo Recoletas, originario de Castilla y León y que anunció la adquisición de las clínicas ourensanas en 2022. En el momento de redactar esta información ni la Consellería de Sanidade ni el grupo Recoletas habían contestado a las preguntas remitidas por este diario.

El informe de la policía judicial, entregado en enero de 2026, relata las comprobaciones hechas y llega a la conclusión de que en el centro médico El Carmen se han emitido facturas por importes que “no se corresponden con las intervenciones realmente efectuadas, produciendo un perjuicio económico para el erario público”. Y añade que, si el grupo empresarial sigue aplicando esta metodología detectada en El Carmen, “no resulta descabellado inferir” que esté facturando al Sergas intervenciones “con sedación, que conllevan una tarifa más elevada, cuando en realidad las mismas podrían estarse realizando únicamente con anestesia local”.

La investigación recoge que uno de los pacientes tuvo que ser intervenido en el centro médico El Carmen en dos ocasiones, en 2022 y en 2023, para extraerle una pieza dental y que las dos veces fue anestesiado con un pinchazo en la encía. El documento del alta, sin embargo, indica que hubo sedación y se cobraron 110,89 euros, pese a que la extracción que se le hizo a esta persona tenía un coste de 76,44 euros. En el caso de otro paciente al que se le quitó una muela del juicio en esta clínica en 2023 sucedió lo mismo, según el escrito.

El tercer caso que aparece en la documentación también muestra irregularidades, según la policía judicial: una paciente fue primero a consulta, en mayo de 2023, y luego fue intervenida en junio de ese año porque tenía un quiste apical. El procedimiento habitual es que, si tras la consulta hay una operación, se emite una única factura, expone la policía judicial. Pero aquí se le cargaron al Sergas por separado la consulta inicial, por 34,25 euros, y la intervención después, por 1.284,77 euros. El informe añade que, además, esta segunda cantidad “no se corresponde con concepto alguno de los que figura en la autorización de uso (normativa reguladora)”. El concepto que sí figura es el de “quiste odontogénico”, con un coste algo inferior, de 1.218 euros.

Las conclusiones del informe policial son que hay irregularidades por la inclusión de operaciones con sedación que no la tuvieron y también en la conceptualización porque se aplican tarifas que no coinciden con “los conceptos autorizados” ni con los diagnósticos que constan en los informes médicos. “Se han constatado irregularidades en la aplicación de tarifas superiores a las acordadas en las autorizaciones de uso vigentes en ese momento”, indica. También advierte “discrepancias” entre la factura electrónica emitida por el centro médico y el listado de intervenciones entregado físicamente al departamento de admisión que supervisa y valida el pago de las facturas.

La derivación de pacientes ourensanos a la privada

En el área sanitaria de Ourense, los pacientes de la sanidad pública que necesitan una intervención maxilofacial se derivan a centros privados. La relación con el del Carmen fue objeto de críticas por parte del Consello de Contas, que analizó los servicios externalizados en un informe publicado en 2024, pero que fiscalizó la actividad de 2022. Señalaba que, pese a los más de 20 años transcurridos desde que se empezaron a derivar pacientes no había habido “el debido soporte contractual” y la relación se basaba en “la utilización pertinaz de la figura de la autorización de uso y lejos en todo momento de los criterios que deben regir la contratación por la administración”.

En la actualidad, las derivaciones tanto al centro médico El Carmen como a Cosaga, están amparadas por un acuerdo marco, que está vigente desde el 1 de marzo de 2025. En la licitación hubo varias empresas adjudicatarias: la unión de El Carmen y Cosaga consiguió el lote de los procedimientos de media y baja complejidad y parte del de procedimientos de especial diagnóstico y terapéuticos. En aquel proceso se decidió también derivar los casos complejos de Ourense a Vigo, al hospital privado Vithas.

Tras la formalización de este acuerdo marco, el médico que presentó la denuncia ante Fiscalía acudió también a la Comisión Galega da Competencia porque asegura el servicio del que él se ocupa está siendo estrangulado. Rubal se encarga, a través del Instituto Dental y Facial, del área de maxilofacial y odontología de Cosaga. El cirujano señala que, desde la concentración de esta empresa con el centro médico El Carmen, dentro del grupo Recoletas, su unidad ha sido marginada, con unos precios que le han sido impuestos y que considera inviables. Y critica que esto supone reducir a una sola las alternativas en el área sanitaria para los pacientes derivados de la pública.

El 11 de agosto de 2020, la interventora general del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Blanca Pons, paralizó un contrato de emergencia para la compra de “equipamiento médico inventariable para contingencia del COVID-19”, por valor de 28,8 millones de euros.

En un informe fiscal de disconformidad “con efectos suspensivos”, al que ha tenido acceso elDiario.es Andalucía, la interventora puso “reparos” a la adjudicación a dedo, sin publicidad ni concurrencia competitiva, y paralizó el expediente alegando dos motivos: el primero, que ya había “concluido el estado de alarma” decretado por la pandemia de la COVID-19 [el 21 de junio de 2020]; y el segundo, que aquel expediente de gasto no venía avalado por acuerdo del Consejo de Gobierno, extremo obligatorio cuando un contrato excede de los ocho millones de euros.

Aquel fue el último informe de control previo de la interventora jefe del SAS, y el último, también, que paralizó un contrato de emergencia a una clínica privada, porque dos meses después el Ejecutivo de Juan Manuel Moreno suprimiría la fiscalización previa, en el Consejo de Gobierno del 6 de octubre, para sustituirla por el control financiero permanente, esto es, auditorías a posteriori.

Los reparos que puso la interventora jefa del SAS en aquel último informe de fiscalización previa (verano de 2020) reaparecerían, dos años después, en casi una veintena de auditorías internas, ya bajo el sistema de control financiero permanente (a posteriori). Los interventores provinciales del SAS plasmaron en esos informes las “irregularidades” en la contratación de emergencia con clínicas privadas, que hoy sirven de base a dos investigaciones judiciales por prevaricación y malversación de fondos.

El PSOE y Podemos están personados como acusación popular. Los socialistas, que han recurrido el archivo de la causa en otro juzgado de Sevilla, denuncian una relación “causa efecto” entre la paralización de un contrato de emergencia por parte de la Intervención del SAS, en agosto de 2020, y la modificación urgente del sistema de fiscalización interna para dichos contratos, aprobada sólo meses después.

Siete fechas clave: de agosto a octubre de 2020

El 14 de marzo de 2020, el Gobierno de España decretó el estado de alarma por la pandemia de la COVID-19 que incluía, entre otras medidas, una flexibilización de las leyes de contratación del sector público para agilizar la respuesta de las comunidades a la crisis sanitaria desatada por el virus.

Ese mismo mes, el entonces director gerente del SAS, Miguel Ángel Guzmán, firmó las primeras resoluciones “para la contratación de emergencia de servicios sanitarios complementarios para procesos quirúrgicos y procedimientos diagnósticos”, que daba cobertura a la tramitación de urgencia para expedientes de gasto millonario a dedo con clínicas privadas.

“Son muchos los pacientes que, durante el estado de alarma, a causa de la suspensión de la actividad asistencial programada, han visto pospuestos sus estudios diagnósticos, y vencidos sus plazos garantizados de respuesta asistencial”, justifica una resolución del 15 de julio de ese año.

El Gobierno central prorrogó seis veces el estado de alarma, del 14 de marzo al 21 de junio de 2020. A partir de esta última fecha, la Intervención Central del SAS consideró que la contratación sistemática por la vía de urgencia con la sanidad privada no estaba justificada y, el 11 de agosto, emitió un informe “de disconformidad con efectos suspensivos” que paralizó por primera vez un contrato a dedo.

En ese escrito, Pons también advertía de que las resoluciones de Guzmán que daban cobertura a ese contrato (del 13 y 20 de marzo) estaban “suscritas sin firma digital”. Se acababa de crear un precedente que comprometía el sistema de adjudicación directa del SAS con la sanidad privada.

Apenas una semana después, el 17 de agosto, la viceconsejera de Salud, Catalina García [hoy consejera de Medio Ambiente], respondió elevando a la Intervención General de la Junta de Andalucía un contrainforme, suscrito por el director general de Gestión Económica del SAS, José Antonio Miranda, que exponía sus “discrepancias” con los reparos que habían paralizado aquel contrato de 29 millones.

Ese contrainforme, al que ha tenido acceso elDiario.es, recoge los argumentos de Salud “contra el primer motivo de reparo” de la Intervención del SAS (esto es, ya había “concluido el estado de alarma”) y “contra el segundo motivo de reparo” (el Consejo de Gobierno no había autorizado un expediente de gasto superior a los ocho millones de euros, como establece la Ley de Presupuestos de Andalucía).

Dos motivos de reparto, uno desestimado y otro obviado

Sobre el primer reparo, la Consejería de Salud critica la “falta de fundamentación expresa”; advierte de “la intrascendencia de que la tramitación de emergencia se realice una vez concluido el estado de alarma, habida cuenta que se ampara en la normativa aplicable ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19”; y alega que “la firma digital no resultaba exigible en este caso ni se enmarcaba dentro de un procedimiento electrónico”.

La entonces interventora general de la Junta (Amelia Martínez, hoy viceconsejera de Hacienda) recibió ese contrainforme de la Consejería de Salud el 20 de agosto y, de inmediato, instó a los servicios jurídicos del Gobierno andaluz a resolver el conflicto entre ambas partes.

Sin embargo, Martínez obvió el primer motivo de reparo expuesto por la interventora jefa del SAS en su informe, y pidió a los letrados que se posicionaran exclusivamente sobre “el segundo”.

Un mes después, el 14 de septiembre, el Gabinete Jurídico de la Junta emitió un informe que desbloqueó el contrato de emergencia de 28,9 millones. El documento, que obra en poder de los jueces, da la razón a la Consejería de Salud al concluir que la autorización del Consejo de Gobierno a un expediente de gasto superior a los ocho millones no era preceptiva en este caso.

Pero los letrados no se pronuncian en ningún momento sobre el principal reparo que expuso la interventora jefa del SAS (esto es, que el estado de alarma había concluido cuando Salud autorizó ese nuevo contrato de emergencia a dedo), porque la interventora general de la Junta no preguntó sobre este punto.

Las acusaciones ven aquí un punto ciego en la investigación, porque consideran que es el asunto mollar de la polémica. ¿Tiene amparo legal la contratación a dedo dos años y medio después de que el Gobierno central derogase el Real Decreto que habilitó a las comunidades para sortear los controles regulares y agilizar el gasto directo? ¿Dos años y medio después de que la Consejería de Hacienda advirtiera al SAS, por escrito, de que esa ley estaba “plenamente derogada” y que “el recurso a la contratación de emergencia” orientado a “hacer frente al COVID-19” debía tener “carácter excepcional y residual”. 

El 17 de septiembre, la Intervención General de la Junta desestimó el informe desfavorable de la auditora jefa del SAS y levantó la suspensión del contrato que ésta había paralizado un mes antes. En su escrito, Martínez resta importancia a la ausencia de una “firma digital”, recogida en el primer motivo de reparo, pero tampoco se pronuncia sobre la contratación a dedo una vez concluido el estado de alarma.

Lo que sí hizo la interventora general de la Junta, según consta en su escrito, es una consulta a la Asesoría Jurídica de la Consejería de Hacienda para solicitar un “informe facultativo sobre el segundo motivo de reparo objeto de la discrepancia”. Ese informe avaló la decisión de Salud, al concluir que “en el caso de que la cuantía total estimada de un contrato de emergencia sea igual o superior a 8.000.000 euros, no es legalmente exigible que previamente autorice el gasto el Consejo de Gobierno”.

El SAS logró un aval de la Intervención General y del Gabinete Jurídico de la Junta para contratar a dedo con la sanidad privada “sin sujetarse a los requisitos formales establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público, incluso el de la existencia de crédito suficiente”. Y, a pesar de todo, los reparos de los auditores del SAS a estirar la contratación de emergencia más allá del estado de alarma quedaron en sin evaluar, persistiendo el riesgo de que volvieran a paralizar otro expediente de gasto.

Un mes después, el 6 de octubre de 2020, el Consejo de Gobierno aprobó el polémico acuerdo que retiró los controles previos a los contratos sanitarios de emergencia, para sustituirlo por la fiscalización a posteriori. Este acuerdo desactivó los reparos que había planteado la principal responsable de fiscalización del SAS dos meses antes, y que paralizaron el contrato dedo de 28,9 millones. El mismo acuerdo aparece citado en todos los informes de disconformidad que los auditores del SAS emitieron a posteriori, sobre la contratación con la sanidad privada en los ejercicios 2021, 2022, 2023 y 2024.

Tras retirar los controles previos por acuerdo del Consejo de Gobierno, el SAS sistematizó la contratación a dedo con clínicas privadas, ligadas a las resoluciones del director gerente del 15 de julio de 2020, y prorrogadas hasta 2024. Esas adjudicaciones, que alcanza los 243 millones de euros, aún son objeto de investigaciones judiciales.

Una decisión clave sin autor material

Los altos cargos de la Junta que aparecen en esta secuencia de informes y contrainformes fueron citados a declarar en calidad de imputados o de testigos ante el juez de Sevilla que abrió la primera investigación por un supuesto delito de prevaricación en los contratos sanitarios de emergencia, entre 2020 y 2024: Blanca Pons, Miguel Ángel Guzmán, Catalina García, José Antonio Miranda y Amelia Martínez. Los tres últimos gerentes del SAS fueron imputados, pero la causa de Sevilla fue archivada, y la investigación sigue su curso en un juzgado de Córdoba y otro de Cádiz.

Una de las líneas de investigación apuntaba precisamente al Consejo de Gobierno y su decisión de retirar los controles previos a los contratos de emergencia. En su declaración ante el juez, los responsables directos admitieron que aquel acuerdo se adoptó sin “informe preceptivo”. Una semana antes, el 29 de septiembre de 2020, la ex interventora general de la Junta había firmado la “memoria” para proponer el cambio de fiscalización previa por el control financiero permanente a determinados gastos, pero en esa lista no incluyó los contratos de emergencia del SAS.

Martínez aseguró ante el juez que esa decisión se adoptó verbalmente en un consejillo –la reunión de los viceconsejeros que prepara el orden del día del Consejo de Gobierno– entre la exviceconsejera de Salud, Catalina García, y el exnúmero dos de Hacienda, Roberto Ochoa. Y estos, a su vez, señalaron a los “técnicos” del SAS, incluido el ex responsable de Contabilidad, José Antonio Miranda. Cuatro altos cargos de la Junta justificaron las prórrogas a la contratación de emergencia con la sanidad privada, pero ninguno se hizo responsable directo de aquella decisión.

Las dos interventoras responsables de los informes desfavorables que censuraron la adjudicación a dedo a clínicas privadas se ratificaron ante el juez en los “incumplimientos detectados”. Las dos admitieron que se plantearon pedir un informe de actuación a la Consejería de Hacienda, una alerta por un posible delito de menoscabo de fondos, pero que finalmente lo descartaron al observar “cierta mejoría” en la contratación posterior.

La clínica privada de Vitoria Vithas San José, cuyo titular es la empresa Iquimesa, ha prescindido en los últimos días de la exconsejera de Salud, Gotzone Sagardui, del PNV, como directora médica. Sagardui fue fichada a bombo y platillo en enero de 2025, medio año después de salir del Gobierno en medio de la polémica por su gestión, y ya no ocupa un puesto en el que tenía una retribución bruta anual de 95.000 euros, según adelantó 'Norte Exprés' y no desmienten fuentes de Vithas, que eluden hacer comentario alguno sobre las causas de la salida.

Sagardui, procedente del Ayuntamiento de Bilbao pero con experiencia política previa en Lanbide o en el Parlamento Vasco, fue incorporada por Iñigo Urkullu a su tercer gabinete, constituido en medio de la pandemia, en el verano de 2020. Licenciada en Medicina y bilingüe, se buscaba dar un impulso a una cartera crítica, la de Salud, muy expuesta en la primera ola con la cardióloga Nekane Murga al frente, que había sido nombrada en 2019 tras la dimisión de Jon Darpón por las denuncias de filtraciones en las oposiciones médicas de 2018.

Durante el cuatrienio, la preocupación ciudadana sobre la gestión sanitaria fue en aumento. Una de las pocas certezas con el cambio de Urkullu por Imanol Pradales era que Sagardui no iba a tener ninguna opción de continuar. Sus relaciones con el PNV no eran tampoco las mejores.

El nuevo lehendakari buscó en Osakidetza a un anestesista sin experiencia política, Alberto Martínez. En año y medio largo ha enmendado algunas medidas anteriores -como las polémicas en Vitoria por el cierre de las Urgencias del centro o del PAC de San Martín- y montó una mesa para busca un pacto de Salud que mejorara la Sanidad vasca.

Terminado su periplo en el Gobierno, Sagardui regresó a su plaza de alta funcionaria en el área administrativa de la EHU, la Universidad pública vasca. Sin embargo, en noviembre de 2024, apenas unos meses después, recibió una oferta laboral de Iquimesa para ser directora médica de uno de los hospitales privados más relevantes de Vitoria, la antigua Policlínica San José.

Este periódico adelantó su incorporación, que fue el 7 de enero de 2025. En Euskadi los excargos, por ley, tienen que recibir una autorización del Gobierno vasco para saltar a la privada en los dos años siguientes al cese. Es un proceso en el que se revisan posibles conflictos de intereses. Sagardui cumplió su parte, pero el Ejecutivo de Pradales no respondió en tiempo y forma a la petición. La normativa hace que el silencio administrativo pasado un plazo permita a los interesados iniciar su nueva actividad profesional. Y así se hizo.

La oposición interpretó el salto de Sagardui de la pública a la privada en apenas unos meses como una “puerta giratoria”. 'A posteriori', llegaron los informes del Gobierno y fueron favorables al entenderse que no constaba una relación de tipo económico o similar entre las decisiones adoptadas por Sagardui en el Ejecutivo y la empresa que ahora la contrataba.

Vithas anunció con una fotografía de la exconsejera con bata blanca en el propio hospital su incorporación. Se decía entonces que ganaban con “Gotzone” -como la llamaban- “excelencia médica” por su “destacada trayectoria profesional”. “Su experiencia en gestión de equipos, presupuestos, liderazgo organizacional y gestión sanitaria la posiciona como una figura clave para reforzar la calidad asistencial y experiencia de paciente del hospital Vithas Vitoria”, se publicitaba.

Ahora, cuando ni siquiera se han cumplido catorce meses, Vithas se limita a no negar las informaciones sobre la salida de Sagardui. Los portavoces consultados no ofrecen ningún tipo de información adicional. Este periódico tampoco ha podido recabar la opinión de la exconsejera, que sigue manteniendo su plaza en la EHU. Si quisiera regresar a ella, no sería necesaria una autorización, ya que es un organismo público. No obstante, si de aquí a junio quisiera trabajar en otra empresa privada tendría que volver a hacer el mismo papeleo.

Se da la circunstancia de que, en los últimos meses, el centro privado ha perdido a uno de sus referentes médicos, el traumatólogo Mikel Sánchez. Recientemente ha quedado inaugurada su propia clínica privada, llamada Miks.

El comité de empresa del Hospital de Santa Clotilde, formado por los sindicatos UGT y CCOO, ha convocado para este jueves una concentración de protesta a la puerta del centro, a las 12.00 horas, para reclamar más personal.

El órgano sindical, que representa a 220 trabajadores, ha anunciado esta primera movilización para reivindicar unas condiciones laborales “adecuadas” que garanticen la atención sanitaria “de calidad”, según han informado ambos sindicatos en un comunicado conjunto, facilitado por UGT.

Los sindicatos han señalado que el hospital tiene una ocupación cercana al cien por cien y han dicho que se han incrementado las cargas de trabajo “de forma sostenida” sin una adaptación “real” de las plantillas para poder afrontarlo.

Entre otras reivindicaciones, el comité de empresa de Santa Clotilde ha denunciado un déficit de personal en áreas “fundamentales” y ha reclamado que las ratios de personal se establezcan por categoría y por la carga real de pacientes, no mediante cálculos que “diluyen la presión existente”.

Además, han asegurado que la ausencia de determinadas categorías está provocando que otros profesionales asuman funciones “que no les corresponde” y han advertido de que la calidad asistencial “no se sostiene con plantillas ajustadas al límite ni con infraestructuras desactualizadas”.

La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios del sindicato Comisiones Obreras (CCOO) en Cantabria ha denunciado “el bloqueo” del convenio colectivo del hospital privado Santa Clotilde, en Santander, cuya vigencia finalizó el 31 de diciembre de 2024, y ha anunciado movilizaciones de protesta “ante la indiferencia y dejación” de la dirección que tiene “paralizada” la negociación de los cerca de 200 trabajadores del centro.

Según CCOO, la dirección del hospital ha planteado un convenio para el año 2025 con una subida salarial del 2,9%, exigiendo además que se firme el año 2026 con condiciones “inasumibles” y subida por debajo del IPC. La federación ha criticado que la empresa “no se ha movido de sus posiciones iniciales” desde el inicio de la negociación.

Desde el 1 de enero de 2025, abunda CCOO, “el convenio se encuentra en situación de ultraactividad, lo que supone que la plantilla mantiene las condiciones anteriores mientras se negocia un nuevo texto”. Es decir, que las casi 200 personas que trabajan en el centro continúan percibiendo salarios de 2024, “sin avances en derechos laborales ni mejoras en sus condiciones de trabajo”, ha cuestionado María José Barrio, secretaria de Negociación Colectiva de la Federación de Sanidad.

Según ha explicado CCOO en una nota de prensa, la negociación del nuevo convenio comenzó en marzo de 2025, pero en junio quedó paralizada a petición de la empresa. No fue hasta cinco meses después, en noviembre, cuando se retomaron las reuniones, “sin que hasta ahora se hayan producido avances significativos”, valoran desde CCOO. 

“La empresa se niega a abordar cuestiones fundamentales para la plantilla como la clasificación profesional, la mejora y ampliación de los permisos retribuidos, el reconocimiento de adicionales por antigüedad o la reducción de jornada”, ha lamentado Barrio.

En paralelo, en 2025, el Gobierno de Cantabria ocultó la firma de un convenio singular con el hospital privado Santa Clotilde valorado en 256 millones de euros para externalizar servicios sanitarios que, según un informe técnico, “compromete” el presupuesto de la región hasta 2042.

“Represalias y sanciones”

En el marco de la negociación del convenio colectivo, CCOO ha denunciado “represalias” por parte de la Dirección de Personas y Valores del Hospital Santa Clotilde, “quien ha advertido de posibles sanciones” a quienes participen en las movilizaciones.

“Se trata de una clara acción antisindical que no vamos a tolerar. Si vetan nuestros derechos como personas trabajadoras y si la empresa no modifica su posición y avanza hacia un acuerdo justo que garantice unas condiciones laborales dignas para la plantilla, nos veremos obligadas a recrudecer las movilizaciones, sin descartar incluso la huelga”, han advertido desde CCOO.

Valladolid ha acogido este sábado una protesta con miles de personas provenientes de toda Castilla y León en defensa de la Sanidad Pública. Bajo el lema: “Defendamos la sanidad pública, paremos su destrucción ¡Nos va la vida en ello!”, medio centenar de colectivos de toda la comunidad, apoyados por sindicatos y partidos políticos de izquierdas, han marchado desde la plaza Mayor hasta la Consejería de Sanidad en una manifestación marcada por faltar menos de un mes para las elecciones autonómicas.

Más de 5.000 personas según los primeros datos de Policía Nacional y 25.000 según los organizadores, convocadas por las Plataformas por la Sanidad Pública de Castilla y León, ha salido por la ciudad del Pisuerga para denunciar lo que consideran un “grave deterioro” del sistema sanitario y exigir una sanidad “pública, gratuita, universal y de calidad”.

Bajo lemas como “Sanidad pública no se vende, se defiende”, “La privada no quiere tu salud, quiere tu dinero” o “Más inversión en sanidad pública”, la movilización ha acudido hasta la Consejería de Sanidad, situada en el paseo Zorrilla. Entre las pancartas podían leerse reivindicaciones concretas como la defensa del Hospital Valle del Tiétar, críticas a los “comisionistas” frente a la falta de especialistas, peticiones de dimisión del consejero de Sanidad o advertencias sobre el abandono de la salud rural “sin médicos”.

Una de las imágenes que ha dejado es el cartel de un manifestante en el que se veía la polémica peineta del presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, en las Cortes con el mensaje: “Esto le hago yo a la sanidad pública”. Las reclamaciones venían principalmente de las comarcas con peticiones de construir un hospital en el Valle del Tiétar (Ávila)o una mator dotación de medio humanos y servicios como Oncología y Pediatría en la comarca del Bierzo, en León. También se ha pedido la gestión pública del Hospital Universitario de Burgos.

Las plataformas alertan de la “liquidación total” de la Sanidad Pública de Castilla y León

Susana Simón, de la Plataforma Independiente de Sanidad Pública de Valladolid, ha celebrado la respuesta ciudadana ante un llamamiento que, a su juicio, conecta con “lo más querido por la población”. “Estamos convencidos de que la mayoría tiene un gran apego a nuestra sanidad pública, que ahora mismo se encuentra en un periodo de liquidación total”, ha afirmado, subrayando la unidad de las plataformas de toda la Comunidad.

Preguntada por la cercanía de la cita electoral, Simón ha asegurado que el trabajo de las plataformas es “diario” y no depende de los calendarios políticos, aunque ha reclamado compromisos claros a quienes aspiren a gobernar tras el 15 de marzo.

En la misma línea, Juan Antonio Ayllón, de la Plataforma por la Sanidad Pública de Burgos, ha defendido que “es el momento justo”, al considerar que la ciudadanía solo dispone “de esto y de votar cada poco”. Ayllón ha reconocido que los colectivos no son “imparciales” y ha llamado a votar “según los propios intereses” tras “cuarenta años de destrucción del sistema sanitario”.

Desde Segovia, Enrique Arrieta, de la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública, ha insistido en que la defensa de la sanidad “da igual el momento que sea”, al tratarse del servicio público “más cercano” y más valorado por la ciudadanía. A su juicio, la protesta evidencia que las decisiones que se toman en las urnas tienen consecuencias directas sobre la atención sanitaria.

En la convocatoria, las plataformas han denunciado que la Junta destina solo el 17% del gasto sanitario a Atención Primaria —lejos del 25% recomendado—, han acusado al Gobierno autonómico de manipular las listas de espera al no incluir a pacientes pendientes de cita y de priorizar conciertos con la sanidad privada. Reclaman, entre otras medidas, un máximo de dos días de espera en Primaria y un mes en especializada, refuerzos urgentes de plantilla —especialmente en zonas rurales— y la integración efectiva de salud mental, fisioterapia y odontología en la cartera pública.

El PSOE: “La sociedad no está haciendo ruido, está gritando”

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, ha enmarcado la movilización como “un grito de esperanza” y ha defendido que la sanidad debe ser “realmente universal” y garantizar el derecho a la salud en todo el territorio. Junto a la pancarta del PSOE, con el lema “la defensa de las sanidad pública comienza en las urnas”, se ha podido ver a líderes y candidatos autonómicos y al ministro de Transporte, Óscar Puente.

Martínez ha señalado que hay más de 50.000 denuncias ante el Defensor del Paciente en 2024-2025, que hay un déficit de 5.000 profesionales de enfermería y de una ratio de 5,5 enfermeras por cada mil habitantes frente a las nueve recomendadas por la OCDE. También ha alertado de que uno de cada tres médicos en la Comunidad supera los 55 años y de que casi uno de cada cuatro ciudadanos cuenta ya con un seguro privado.

“El 23% o 25% de la población está pagando dos veces”, ha dicho, vinculando ese dato a lo que considera un “desmantelamiento progresivo” del sistema público.

Podemos acusa a Mañueco de “maltratar y destrozar” la sanidad pública

El candidato de Podemos–Alianza Verde, Miguel Ángel Llamas, ha acusado al Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco de “maltratar y destrozar” la sanidad pública y ha situado la defensa del sistema sanitario como eje central de su campaña. Ha denunciado el cierre de consultorios en el medio rural, las listas de espera “eternas” y la precariedad del personal.

Junto a él han participado la eurodiputada y secretaria política de Podemos, Irene Montero; la secretaria general del partido, Ione Belarra; y el portavoz autonómico, Pablo Fernández.

Montero ha vinculado la defensa de la sanidad pública con la necesidad de reforzar los sistemas de detección precoz de la violencia machista y ha criticado las privatizaciones sanitarias. Ha asegurado que “se puede tener una sanidad pública fuerte” y ha defendido la reversión de externalizaciones.

IU-Sumar-Verdes Equo: “Radiografía de 38 años de políticas”

El candidato de IU–Movimiento Sumar–Verdes Equo–En Común, Juan Gascón, ha lamentado la ausencia del PP en la protesta y ha responsabilizado al partido que gobierna la Junta desde hace 38 años de orientar las políticas hacia la privatización.

Marina Echebarría, número dos por Valladolid, ha señalado que la manifestación supone “hacer la radiografía” de las políticas sanitarias del Ejecutivo autonómico, denunciando la falta de especialistas y el deterioro hospitalario.

Por su parte, Marta Martínez, de Verdes Equo, ha puesto el foco en el medio rural y en la salud mental, subrayando que “las enfermedades no se toman vacaciones” y reclamando atención sanitaria constante en todos los municipios.

El Ayuntamiento de Santander modificó el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para permitir un cambio en las normas urbanísticas que favorecía al Hospital Santa Clotilde, con quien el Gobierno de Cantabria firmó recientemente un convenio singular para la privatización de servicios sanitarios por 256 millones de euros hasta 2042. La modificación permitirá construir nuevos pabellones en los actuales jardines y el aparcamiento del recinto hospitalario privado situado en el Paseo Altamira.

La modificación urbanística fue solicitada por el centro santario dependiente de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios en enero de 2023 y se aprobó en el verano de 2023 con la firma del entonces concejal de Urbanismo, Javier Ceruti (Ciudadanos), que ya no tiene representación municipal. En el período de información pública se presentó una única alegación por parte de la clínica privada Mompía que fue desestimada por el Consitorio, tal y como ha podido consultar elDiario.es.

La ampliación de las instalaciones es uno de los requisitos exigidos en el convenio singular con el Servicio Cántabro de Salud (SCS) que entró en vigor el pasado 1 de enero de 2026. El centro religioso deberá tener 16 camas (hasta sumar 84) y 20 consultas más, pasando de las 14 actuales a 34. Asimismo, deberá duplicar el número de quirófanos de tres a seis, disponer de seis puestos más de hospital de día y habilitar otros 20 más para rehabilitación. Entre la lista de tareas pendientes también figura comprar dos ecógrafos y aumentar el número de salas de radiología y endoscopias digestivas, con lo que completaría el catálogo de exigencias de medios materiales.

Desde la Consejería de Salud se indica que está previsto que se cumplan los requisitos “una vez hagan [el Hospital Santa Clotilde] la ampliación que tienen prevista” y el centro sanitario ha confirmado a este periódico que está en fase de planeamiento.

El plan de urbanismo vigente en Santander, aprobado en 1997 y que está en vigor tras la anulación por el Tribunal Supremo del nuevo planeamiento, partía en dos las parcelas de Santa Clotilde y del Colegio Haypo. Ambas fincas colindantes formaban parte de una unidad de actuación que planteaba abrir un vial desde la calle Francisco Palazuelos hasta Prado San Roque. La modificación urbanística de 2023 suprimió este vial y constituyó una nueva unidad específica solo para el hospital, sin el colegio.

La supresión del vial derivó en una solución en fondo de saco en la calle Prado San Roque, donde el hospital cedió espacio para construir una rotonda. La modificación urbanística municipal permite, además, la construcción de un edificio complementario para usos socio-sanitarios (pruebas funcionales, consultas...), administrativos y espacio polivalente (salón de actos, formación, etcétera).

El documento detallaba que era preciso renovar las instalaciones quirúrgicas -actualmente ubicadas en la planta baja del hospital- “por su obsolescencia y por la necesidad de adecuación a la normativa de referencia”. Los quirófanos actuales tienen una antigüedad superior a 25 años.

A la vez, la reordenación de esa parcela se justifica en que hace falta ampliar los vestuarios de pacientes y de profesionales, el área de Reanimación y Hospital de Día quirúrgico y las zonas para el almacenamiento de aparataje y equipamiento médico. También precisa más espacio el área de rehabilitación para añadir los servicios de Fisioterapia, Logopedia y Terapia Ocupacional en esta zona. Por último, Santa Clotilde también requiere ampliar y reformar las unidades de hospitalización.

El centro sanitario también habría planteado eliminar algunos árboles de gran porte incompatibles con las futuras nuevas edificaciones. El documento dice que se decidirá en función de un estudio -que se incorporará a la fase de proyecto de ejecución- y que decidirá si la alternativa es el trasplante o la eliminación y restitución.

Esta operación urbanística, que se aprobó en 2023, permitirá ahora al hospital privado ampliar sus instalaciones y adaptarse a las exigencias del millonario convenio de privatización que ha firmado con el Servicio Cántabro de Salud para asumir algunas pruebas que hasta ahora se desarrollaban en la sanidad pública, como las mamografías o las pruebas de detección de cáncer de colon, entre otras.