El consejero de Salud del Gobierno de Cantabria, César Pascual, ha dicho que fue “un funcionario” quien ordenó desviar a pacientes de la sanidad pública a la privada, a través de un correo electrónico difundido a varios directivos y personal de admisión.

En este sentido, ha negado categóricamente que se trate de una directriz oficial emitida por la cúpula directiva. “Decir que un alto cargo dio una instrucción es rotundamente falso”, ha apostillado.

Pascual ha explicado que las instrucciones fueron redactadas por un trabajador del área de admisión que “confundió el alcance del convenio singular con el hospital concertado y las reglas aplicables a la sanidad pública”.

Según su versión, el correo electrónico se envió “hace dos o tres semanas” y el protocolo interno del Hospital Valdecilla -en el que se ordenaba retirar la cita o mandar al final de la cola a los usuarios que rechazaran ser derivados a la sanidad privada- fue “rápidamente anulado por las gerencias” en cuanto se detectó.

A preguntas de los periodistas tras la rueda de prensa de presentación de la Ley de Salud Digital, el responsable de la sanidad autonómica ha respaldado las explicaciones previas de la Gerencia del Servicio Cántabro de Salud (SCS) y ha insistido en que “no hay constancia de que nadie se haya quitado de la lista de espera” y que la opción de derivación hacia centros concertados como el Hospital Santa Clotilde sigue siendo un procedimiento voluntario.

“Un correo no es una instrucción legal”

Durante su comparecencia, el consejero ha hecho hincapié en la diferencia entre un mensaje informal de gestión y un acto administrativo regulado.

Según ha argumentado, lo difundido a varios directivos y áreas de admisión no constituye en ningún caso una instrucción formal de la Consejería. “Una instrucción es una cuestión absolutamente legal que tiene validez y rango normativo; decir que se mandó una instrucción no es lo mismo que se envíe un correo interpretando lo que sea”, ha remarcado el titular de Salud.

Sin sanciones ni cese para el empleado de admisión

Cuestionado sobre si la Consejería o el SCS prevén la apertura de un expediente o el cese del responsable que remitió la indicación, Pascual ha descartado adoptar medidas disciplinarias de calado.

“Errores se pueden cometer y un error no es motivo de cese”, ha aseverado. También ha explicado que no ha considerado necesario solicitar explicaciones personales de forma directa al trabajador involucrado.

A juicio del consejero, el fallo humano debe contextualizarse en el escenario de sobrecarga que atraviesa la atención sanitaria en la comunidad tras los paros laborales. “Hemos perdido 169.000 consultas o pruebas y tenemos mucha tensión asistencial y mucha presión por recuperar” -ha justificado Pascual- dando a entender que el empleado actuó guiado por el afán de “agilizar citaciones y maximizar huecos en las agendas”.

En su opinión, la gestión del incidente ha quedado acotada al ámbito de los gerentes del Servicio Cántabro de Salud y del propio centro hospitalario.

“Dos únicas quejas por el tono”

En relación con el malestar social y las denuncias acumuladas por colectivos de usuarios y representaciones sindicales, el consejero ha replicado que solo se hn registrado “dos quejas de dos personas que se han sentido presionadas”.

Pascual ha aclarado que, tras investigar ambos expedientes, las reclamaciones no obedecen a exclusiones reales de la lista, sino a discrepancias con el “tono” empleado por el personal administrativo encargado de realizar las llamadas. Es más, el consejero ha argumentado que una de las usuarias que ha protestado “finalmente se hizo la prueba” en el hospital Santa Clotilde, ejerciendo su derecho a reclamar pero sin perder la atención sanitaria.

Protocolo de derivación: “El paciente no sale del sistema”

Para disipar las dudas sobre la “demora voluntaria” planteadas por la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública, Pascual ha detallado cómo actúa el protocolo cuando un ciudadano rechaza la oferta de acudir al centro privado.

La propuesta de derivación a Santa Clotilde se realiza únicamente para “adelantar los plazos” previstos en el hospital público. Si el paciente prefiere mantenerse en Valdecilla, “no pasa nada: no se modifica en absoluto su cita y se queda exactamente donde estaba para la fecha programada”.

En el caso de rechazos expresos, la normativa congela temporalmente el cómputo de los plazos de demora garantizada porque la decisión parte del usuario, pero en ningún caso implica perder la plaza ni ser relegado al último lugar de la lista.

“No tenemos ningún tipo de instrucción para pasar a nadie al último lugar; el paciente sigue en la lista y pasa a la siguiente ronda de llamadas, un mes o dos depués”, ha concluido el consejero.

“No es una subida arbitraria de precios”. La Asociación de Clínicas Privadas de Las Palmas sostiene que el récord de ingresos obtenido en primas de seguros de salud en Canarias no se debe a un incremento de los márgenes de beneficio empresarial, sino a un encarecimiento de los costes asistenciales. Defiende, por tanto, que se cobra más por los seguros (hasta 94 euros más al año por persona) porque cuesta más prestar los servicios. 

Esa es la respuesta que ha ofrecido la patronal de las clínicas privadas de la provincia oriental a este periódico en respuesta a los datos que recoge el último informe del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS).  

La sanidad privada facturó en seguros de salud 454 millones de euros en 2025 en Canarias. Esto supone 36 millones más que el ejercicio precedente. En términos porcentuales, un aumento del 8,6%. Lo curioso es que ese récord de ingresos vino acompañado por primera vez en años de una reducción del número de primas contratadas. Las Islas cerraron el año con 474.878 asegurados, prácticamente 10.000 menos que en 2024. En consecuencia, el gasto medio por persona con seguro de salud ascendió de los 862 a los 956 euros. 

El presidente de la Asociación de Clínicas Privadas de Las Palmas, Sebastián Sansó, atribuye ese dato al encarecimiento de los costes asistenciales. “Las primas de salud llevan varios ejercicios ajustándose al alza en toda España por el coste creciente de la tecnología médica, los fármacos y, sobre todo, los salarios sanitarios, un sector con tensión de personal notable en Canarias”, señala el también director general de Hospitales San Roque, que coincide con Beatriz González López-Valcárcel, catedrática en Economía de la Salud de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en que “sería útil un desglose sectorial más fino” para saber cuántas de esas primas son de empresas y cuántas son de familias. 

Según el informe de Tendencias Médicas Globales de Willis Towers Watson (WTW), una multinacional especializada en gestión de riesgos, correduría de seguros y consultoría empresarial, la inflación médica real en España, que recoge el coste real de la gestión sanitaria privada, los salarios, la tecnología y los fármacos innovadores, se sitúa en el 8,4%. 

Esa “tensión de personal” a la que alude Sansó en su respuesta se manifestó en el conflicto laboral que se prolongó durante cerca de dos años en las clínicas privadas de la provincia de Las Palmas. Tras vencer el anterior convenio, patronal y sindicatos iniciaron en enero de 2024 las negociaciones para renovarlo. El personal reclamaba una actualización de las tablas salariales para frenar la pérdida de poder adquisitivo tras años de congelación y en un momento en que las empresas del sector obtenían beneficios que, según los datos obtenidos del registro mercantil, situaban entre los 20 y los 25 millones de euros al año. 

Como exigencia inicial, los sindicatos pedían una subida salarial del 36% en tres años (un 12% anual). A principios de 2025, ya habían rebajado sus pretensiones a la mitad. Al final de ese año se alcanzó un acuerdo de mínimos para poner fin a la huelga. Se pactó un incremento del 14% en tres años. El primer escalón de subida era de un 6% con efectos retroactivos desde el 1 de abril. Es decir, con el pago de nueve meses de atraso. 

La patronal de la sanidad privada atribuye a esta actualización de salarios parte del incremento de los costes asistenciales que repercuten en el precio de las primas de seguros. También ese fue el motivo que arguyeron para explicar por qué quedó desierta la licitación de los conciertos de hospitalización de media estancia con el Servicio Canario de Salud. Las clínicas privadas entendieron que los 180 millones de euros eran insuficientes para cubrir el coste real del servicio y las plantillas y ninguna de ellas presentó ofertas. 

Los conciertos “no siempre cubren el coste real”

En este sentido, Sansó explica que los conciertos “no siempre cubren el coste real del servicio” y que la actualización de sus tarifas “no siempre sigue el ritmo de los costes (personal, energía, tecnología…)” El informe de la Fundación IDIS refleja que el 45,8% de los hospitales privados de Canarias (11 de 24 centros) opera sin concierto integral con el SCS cuando antes de la pandemia ese porcentaje era de apenas el 25%. 

“Un centro puede optar por no renovar o no firmar un concierto cuando la ecuación económica no es sostenible”, asevera el presidente de las Clínicas Privadas de Las Palmas. Sansó matiza que muchos centros no mantienen un “concierto integral o global” con el SCS pero sí colaboran con la administración autonómica mediante “convenios puntuales de derivación de pruebas diagnósticas u otras prestaciones específicas”. 

El SCS destinó 333 millones de euros en 2024 a los conciertos con la sanidad privada. Canarias sigue estando entre las comunidades que destina más porcentaje del gasto público (un 7,3%) a estas derivaciones, aunque su peso con respecto al total del presupuesto público ha caído en los últimos años. Al margen de los más de 400 millones de euros que factura al año de los seguros de salud y de los más de 300 de los conciertos, la sanidad privada se embolsa unos 800 millones del denominado gasto de bolsillo.

El informe de la Fundación IDIS también remarca que la sanidad privada cuenta con el 60% de los aparatos de Resonancia Magnética o el 56% de los mamógrafos. Sansó precisa que “no existe una cifra agregada pública y fiable” que desglose, equipo por equipo, “cuánta actividad” de esos aparatos (24 en total) corresponde a derivaciones del SCS y cuánta a demanda directa. “Varía mucho de un centro a otro. Algunos, como los especializados en diagnóstico por imagen con acuerdo marco, concentran gran parte de su actividad en la derivación pública”, mientras que otros “trabajan casi exclusivamente con aseguradoras y particulares”, apunta el presidente de la patronal de clínicas privadas de Las Palmas.

El municipio del que fue alcalde hasta noviembre el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, albergará un hospital privado con capacidad para 112 camas en la zona comercial de Finestrat, pensado para pacientes internacionales, y con una inversión de 66,4 millones de euros de capital ruso.

El Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) publicó el 8 de septiembre la apertura del procedimiento administrativo del expediente de autorización sanitaria para el centro “Hospital Costa Blanca Finestrat”, que instruye la Conselleria de Sanidad a través de la subdirección general de inspección sanitaria, esto es, la autorización para construir el hospital, puesto que el permiso para su puesta en funcionamiento se determinará en una segunda fase.

La Generalitat Valenciana ha sacado a exposición pública durante un plazo de 20 días el proyecto y según documentación recabada por elDiario.es, la mercantil Beemed Finestrat SL, promotora del centro privado, se constituyó el 6 de mayo de 2024. Tan solo nueve días después firmó ante notario la compra de la parcela en la que se levantará el hospital a la sociedad Inurban SA-Unipersonal, radicada en Murcia, por importe de 3,7 millones de euros, IVA incluido.

Los terrenos cuentan con una superficie de 13.301 metros cuadrados y están ubicados junto al centro comercial La Marina, en el sector 25 entre las calles Alicante, de Catral y de Gandia. La superficie útil del hospital será de 16.310 metros cuadrados y la del parking de 4.034 metros cuadrados, lo que dará lugar a 153 plazas.

El proyecto lleva la firma de la Unión Temporal de Empresas (UTE) Aidhos-Sener y entre la cartera de servicios que incluirá destacan las urgencias, pediatría, neurología, psiquiatría u oncología. Dispondrá de 112 habitaciones individuales, cinco de ellas VIP, cuatro quirófanos estándar, dos híbridos y otros dos de reserva.

El edificio tendrá una superficie edificable de 15.744 metros cuadrados y una construida de 39.556 metros cuadrados. El plazo estimado de su construcción oscila entre los 16 y los 24 meses.

Sanidad rechaza la medicina tradicional china

Durante la tramitación del proyecto para obtener el informe favorable, la Conselleria de Sanidad ha remitido a la mercantil promotora diversos requerimientos de subsanación de deficiencias.

La primera de ellas se notificó el 11 de julio de 2025 y entre las diversas cuestiones que los técnicos de Sanidad piden que subsanen llama la atención que se advierte de que la medicina tradicional china no está contemplada por la conselleria. Además se solicitan diversas correcciones relacionadas con la capacidad y distribución de espacios para procedimientos intervencionistas; con la ubicación de las unidades de cuidados intensivos (UCI); y con la previsión de espacios y recursos para cuidados intensivos pediátricos. La empresa dio respuesta al requerimiento 13 días después.

Posteriormente, la conselleria remitió un nuevo requerimiento el 1 de agosto de 2025 solicitando nuevas subsanaciones en lo que al traslado de pacientes se refiere desde la sala de intervención a la UCI así como el proyecto constructivo visado. La mercantil también dio respuesta en el plazo estipulado.

El 18 de septiembre de 2025 Sanidad solicita el proyecto técnico completo visado y los plazos de las subsanaciones y el 26 de noviembre se concede la autorización sanitaria.

Posteriormente, el departamento de infraestructuras emite dos informes desfavorables el 29 de enero y el 10 de mayo de 2026 al faltar documentación relativa a los proyectos hasta que finalmente el pasado 28 de julio se completó toda la información requerida y se otorgó el informe favorable para levantar el recinto.

El negocio de los seguros de salud no para de crecer en Canarias. La sanidad privada ingresó 454 millones de euros en primas en 2025 tras aumentar en 36 millones (un 8,6%) su facturación, obteniendo así un récord histórico. Y ello a pesar de que, por primera vez en años, se redujo el número de personas con una póliza de salud en el Archipiélago, pasando de los 484.712 del año precedente a los 474.878, casi 10.000 asegurados menos. Así lo refleja el último informe del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS), una fundación que agrupa al sector sanitario y sociosanitario privado. 

Por lo tanto, el gasto medio por asegurado en Canarias creció en cerca de 94 euros al año, de los 862 a los 956 euros, lo que supone un incremento de casi el 11%. Esa cifra está alineada con los análisis de las grandes consultoras globales de salud y riesgos. 

En su informe Global Medical Trend Rates Report 2026, AON, una de las mayores consultoras de riesgos del mundo, ya proyectaba una inflación del 10% para los seguros médicos privados en España debido al aumento de la demanda de atención, el envejecimiento de la población y la mayor prevalencia de patologías crónicas. 

Ante estos datos, la catedrática en Economía de la Salud de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) Beatriz González López-Valcárcel apunta a dos posibles dinámicas. Por un lado, al crecimiento en España de los seguros colectivos contratados por medianas y grandes empresas como incentivo para atraer o retener talento. “Es lo que pasó en Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial y ahora está empezando a pasar aquí”, explica la investigadora, que también es miembro del consejo científico asesor de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). 

Para la experta, sería conveniente conocer cuantas primas son de empresa y cuántas de familia. No obstante, señala que publicaciones como las de IDIS constituyen “informes de parte” elaborados por grupos de presión que “seleccionan la información que difunden” según sus intereses. Este periódico ha preguntado a la fundación por ese dato y por una explicación a la subida de precios, pero no ha obtenido respuesta. “No disponemos de más datos que los que figuran en el informe y no tenemos más consideraciones a este respecto que las que figuran en el documento”, señalan fuentes de este colectivo. 

Para López-Valcárcel, la subida de la prima media puede deberse a un aumento de la cobertura (“se incrementan las prestaciones o se reduce el copago y las franquicias”) o a una subida neto de precios. “Es decir, que para la misma cobertura y las mismas prestaciones ahora cobran más. Sería muy importante conocer esta desagregación y saber la cobertura real”, insiste la catedrática, que añade que a las aseguradoras “les da igual la renta” de los usuarios. “Lo que les interesa es tener un pool de asegurados sanos que utilicen poco el seguro. Les da igual que sean ricos o pobres”, sostiene. 

La subida de las primas con la misma cobertura estaría reflejando “una elasticidad-precio muy rígida”. “Esto significa que aunque suba el precio, sigues pagando. Y eso puede deberse a la percepción de necesidad ligada a las listas de espera de la sanidad pública. Ya tener un seguro de salud no es algo voluntario, sino que de alguna manera te ves obligado porque no quieres tener que esperar por las interminables listas de espera”, señala López-Valcárcel, que insiste en que sería conveniente que el sector privado publicara los datos desagregados para disponer de un conocimiento más profundo de estas dinámicas. 

A la catedrática le preocupa especialmente otro de los datos que recoge el informe de la Fundación IDIS. En 2024, el último año con los datos consolidados, el gasto de bolsillo para asistencia sanitaria (sin la intermediación de una póliza de seguros o de la cobertura de la sanidad pública) rozó en Canarias los 800 millones de euros. “Es una cifra enorme. En realidad, siempre en España, y también en Canarias, del gasto sanitario privado el gran porcentaje es gasto de bolsillo, más que gasto en primas de seguros. Son cifras muy altas y eso refleja una inequidad del sistema importante”, asevera la experta. 

El informe de IDIS detalla que el gasto sanitario total en Canarias ascendió a 6.123 millones en 2024. De esta cantidad, uno de cada cuatro euros (1.550 millones) fueron a parar a la sanidad privada. Dentro de esta provisión privada de servicios de salud, el gasto en bolsillo acapara más de la mitad. Los seguros, un 27%. Y los conciertos, el 21% restante.

Conciertos con la sanidad privada

El Servicio Canario de Salud (SCS) destinó 333 millones de euros en 2024 a los conciertos con la sanidad privada, lo que representa un 7,3% del gasto sanitario público autonómico. El Archipiélago sigue siendo de las comunidades que más porcentaje destina a ese fin, aunque en los últimos años el peso de los conciertos sobre el total del presupuesto del SCS ha caído tras sucesivos y notables incrementos presupuestarios. 

López-Valcárcel señala que la sanidad concierta “por bloques” intervenciones quirúrgicas y pruebas diagnósticas para solucionar listas de espera y también las largas estancias de personas mayores que tienen que recuperarse después de una operación. El informe de la Fundación IDIS recoge que la sanidad privada realiza prácticamente la mitad de las cirugías en Canarias, atiende más del 40% de las urgencias y canaliza una de cada tres consultas. 

“Que la privada tenga mucha producción o mucha actividad (muchas camas, muchas intervenciones quirúrgicas…) a mí no me preocupa nada, porque bajo el sistema de conciertos en la privada se opera a personas que financia el Servicio Canario de Salud. Es un tema de provisión. Lo que sí me preocupa es que si tú tienes dinero puedas pagar de bolsillo o con primas de seguros unas pruebas para acelerar el diagnóstico de una enfermedad y que luego se trate más rápido, que es algo que puede estar pasando y esto sí que puede estar reflejando un problema de inequidad”, explica la catedrática. 

La economista sostiene que el verdadero cuello de botella de la sanidad pública canaria está en el bloqueo de camas de agudos por pacientes mayores o crónicos con alta médica que no disponen de plaza sociosanitaria, por lo que defiende potenciar conciertos específicos de media estancia para liberar los hospitales públicos. “Para eso vendrían bien los conciertos con hospitales privados de media estancia, no de complejidad, y eso es lo que nos falta. El número de camas ocupadas por pacientes mayores con multimorbilidad que en el hospital no sólo no ganan nada, sino que tienen riesgo de infecciones o de demencia, es una preocupación importante de los gerentes de los hospitales”, sostiene. 

Los equipos de alta tecnología

Según el informe de IDIS, la sanidad privada dispone del 60% de los aparatos de resonancia magnética de todo el Archipiélago o el 56% de los mamógrafos. 

Con respecto a los equipos de alta tecnología, López-Valcárcel contrapone dos políticas de inversión. La sanidad privada acude donde atisba “expectativas de rentabilidad económica”. La pública responde a la disponibilidad presupuestaria y gracias a la inyección de fondos europeos (como el Plan de Transformación y Resiliencia) los hospitales del SCS pudieron “renovar muchos aparatos” porque “es un gasto muy fácil de ejecutar y justificar” ante las instituciones comunitarias. No obstante, la catedrática lanza una advertencia a corto plazo: una vez agotada la financiación europea en 2026, la red pública afrontará años de “sequía” presupuestaria para la renovación de su equipamiento sanitario tecnológico. 

Este periódico también ha remitido un cuestionario a la Asociación de Clínicas Privadas de Las Palmas, pero hasta la fecha no ha obtenido respuesta. 

El Govern balear del PP ha elegit un exdirectiu del grup Quirón, Alberto Anguera Puigserver, com a director de l’Agència de Salut Pública de les Illes Balears, un organisme amb competències en promoció, prevenció, protecció i vigilància de la salut. L’Agència va ser creada legalment el 2021 i els seus estatuts es van aprovar el 2023, però la seva posada en marxa s’ha reactivat enguany amb la constitució del seu Consell Rector el passat mes de març.

Anguera, que va ser gerent d’Àrea de Quirónsalud entre 2018 i 2024 i anteriorment director territorial de Sanitas, ocupava fins ara la direcció del Departament de Prevenció de la Malaltia i Promoció de la Salut del mateix Executiu autonòmic. El Consell de Govern ha aprovat ara el seu nomenament com a director de l’Agència de Salut Pública.

La seva relació amb Quirónsalud també té una vessant societària. Segons la informació registral consultada per elDiario.es, l’agost de 2021 Anguera va ser inscrit com a apoderat solidari d’Integración Sanitaria Balear SL, vinculada a Quirónsalud i titular de diversos dels seus centres sanitaris a Balears. El poder va ser revocat el febrer de 2022, quan la societat va ser absorbida per IDCQ Hospitales y Sanidad.

Anguera també va passar per Transportes Sanitarios Clinic Balear, una de les societats de Quirónsalud dedicada al transport sanitari. El juliol de 2022, l’exdirectiu, que aleshores exercia com a gerent de la companyia, va lliurar una ambulància de la seva flota destinada a Ucraïna.

El Govern de Marga Prohens destaca, en la nota de premsa difosa després del nomenament, que Anguera compta amb més de 30 anys d’experiència i que ha desenvolupat la seva trajectòria tant en el sector públic com en el privat. Entre els seus càrrecs, cita dues etapes com a director gerent d’Atenció Primària de Mallorca, entre 2004 i 2007 i entre 2014 i 2015, el seu pas per Sanitas entre 2009 i 2013 i la seva etapa com a gerent d’Àrea de Quirónsalud entre 2018 i 2024.

Un perfil sanitari amb passat al PP

Anguera té, a més, una trajectòria política prèvia en el PP. El 2003 es va incorporar com a regidor a l’equip de govern popular d’Estellencs i el 2007 va concórrer com a número tres de la candidatura del partit al municipi.

La seva primera etapa al capdavant d’Atenció Primària va coincidir amb els anys del Govern de Jaume Matas. El 2014 va tornar a la gerència d’Atenció Primària, durant el Govern de José Ramón Bauzá, després de la seva etapa a Sanitas. La premsa sanitària d’aleshores destacava precisament la seva experiència tant en l’Administració com en la sanitat privada.

Anguera arriba a la direcció de l’Agència després d’haver ocupat fins ara la direcció del Departament de Prevenció de la Malaltia i Promoció de la Salut de la Direcció General de Salut Pública. De fet, aquest mateix any ha participat en l’elaboració del diagnòstic que servirà de base al Pla Estratègic de Salut de Balears 2026-2030.

L’Agència no és un organisme acabat de crear: la Llei balear de Salut Pública estableix la seva existència com a organisme autònom i li atribueix l’execució de les polítiques i els serveis de salut pública. Els seus òrgans superiors inclouen el Consell Rector i el director executiu. La seva posada en marxa efectiva s’ha produït durant aquesta legislatura. El passat mes de març es va constituir formalment el Consell Rector, presidit per la consellera de Salut, Manuela García, en una sessió amb la qual el Govern va assegurar que es «reactivava» la posada en marxa de l’organisme.

El Govern balear del PP ha elegido a un exdirectivo del grupo Quirón, Alberto Anguera Puigserver, como gerente de la Agencia de Salud Pública de las Illes Balears, un organismo con competencias en promoción, prevención, protección y vigilancia de la salud. La Agencia fue creada legalmente en 2021 y sus estatutos se aprobaron en 2023, pero su puesta en marcha se ha reactivado este año con la constitución de su Consejo Rector el pasado mes de marzo.

Anguera, quien fue gerente de Área de Quirónsalud entre 2018 y 2024 y anteriormente director territorial de Sanitas, ocupaba hasta ahora la jefatura del Departamento de Prevención de la Enfermedad y Promoción de la Salud del propio Ejecutivo autonómico. El Consell de Govern ha aprobado ahora su nombramiento como director de la Agencia de Salud Pública.

Su relación con Quirónsalud también tiene una vertiente societaria. Según la información registral consultada por elDiario.es, en agosto de 2021 Anguera fue inscrito como apoderado solidario de Integración Sanitaria Balear SL, vinculada a Quirónsalud y titular de varios de sus centros sanitarios en Balears. El poder fue revocado en febrero de 2022, cuando la sociedad fue absorbida por IDCQ Hospitales y Sanidad.

Anguera también pasó por Transportes Sanitarios Clinic Balear, una de las sociedades de Quirónsalud dedicada al transporte sanitario. En julio de 2022, el exdirectivo, quien que entonces ejercía como gerente de la compañía, entregó una ambulancia de su flota destinada a Ucrania.

El Govern de Marga Prohens destaca, en la nota de prensa difundida tras el nombramiento, que Anguera cuenta con más de 30 años de experiencia y que ha desarrollado su trayectoria tanto en el sector público como en el privado. Entre sus cargos cita dos etapas como director gerente de Atención Primaria de Mallorca, entre 2004 y 2007 y entre 2014 y 2015, su paso por Sanitas entre 2009 y 2013 y su etapa como gerente de Área de Quirónsalud entre 2018 y 2024.

Un hombre del aparato sanitario del PP

Anguera tiene además una trayectoria política previa en el PP. En 2003 se incorporó como concejal al equipo de gobierno popular de Estellencs y en 2007 concurrió como número tres de la candidatura del partido en el municipio.

Su primera etapa al frente de Atención Primaria coincidió con los años del Govern de Jaume Matas. En 2014 regresó a la gerencia de Atención Primaria, durante el Govern de José Ramón Bauzá, después de su etapa en Sanitas. La prensa sanitaria de entonces destacaba precisamente su experiencia tanto en la Administración como en la sanidad privada.

Anguera llega a la dirección de la Agencia después de haber ocupado hasta ahora la jefatura del Departamento de Prevención de la Enfermedad y Promoción de la Salud de la Dirección General de Salud Pública. De hecho, este mismo año ha participado en la elaboración del diagnóstico que servirá de base al Plan Estratégico de Salud de Balears 2026-2030.

La Agencia no es un organismo recién creado: la Ley balear de Salud Pública establece su existencia como organismo autónomo y le atribuye la ejecución de las políticas y servicios de salud pública. Sus órganos superiores incluyen el Consejo Rector y el director ejecutivo. Su puesta en marcha efectiva se ha producido durante esta legislatura. El pasado marzo se constituyó formalmente el Consejo Rector, presidido por la consellera de Salud, Manuela García, en una sesión con la que el Govern aseguró que se “reactivaba” la puesta en marcha del organismo.

La Generalitat Valenciana saca a exposición pública el proyecto de un hospital privado constituido con capital ruso en Finestrat. El municipio del que fue alcalde hasta noviembre el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, albergará un centro privado con capacidad para un centenar de camas en su zona comercial, pensado para pacientes internacionales, y con 66 millones de euros de inversión.

El Diario Oficial de la Generalitat Valenciana publicó el 8 de septiembre la apertura del procedimiento administrativo del expediente de autorización sanitaria para el centro “Hospital Costa Blanca Finestrat”, que instruye la Conselleria de Sanidad a través de la subdirección general de inspección sanitaria. La resolución se firmó el 13 de agosto, según consta en el boletín autonómico, aunque ha tardado casi un mes en publicarse en el DOGV.

El expediente se encuentra en el Servicio de Autorización y Registro de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios, de la Subdirección General de Inspección Sanitaria -en la sede de la conselleria- y la resolución da 20 días para presentar alegaciones, que se deben realizar por escrito en la Conselleria de Sanidad.

El proyecto, como publicó el diario El Confidencial, está ligado a promotores rusos afincados en Finestrat, en la comarca de La Marina, una de las que mayor población extranjera tiene en la Comunitat Valenciana. El grupo promotor Beetrust, dedicado a la construcción de villas de lujo en el municipio alicantino, encarga a través de Beemed Finestrat SL, también dedicado a la promoción inmobiliaria, la redacción del proyecto al despacho de arquitectos Aidhos y a los ingenieros Sener.

El centro hospitalario privado se ubicará en una parcela de más de 12.000 metros cuadrados, cercana a la AP-7, y se prevén 16.300 metros cuadrados de planta hospitalaria. Serán 112 habitaciones individuales y 150 plazas de aparcamiento. La comarca de La Marina tiene cerca de 200.000 habitantes, y se estima que el 38% de los censados son extranjeros. El perfil en estos municipios suele ser de un alto poder adquisitivo y con seguros de salud privado, según la memoria que recoge El Confidencial. La comarca cuenta con una gran diversidad de hospitales privados: el grupo HCB, del hermano del conseller de Sanidad, recién adquirido por Ribera Salud o Imed.

El proyecto comenzó su tramitación con Pérez Llorca al frente del consistorio. Él mismo lo anunció en una entrevista en la Cadena Cope en julio, meses antes de ser elegido sucesor de Carlos Mazón. En una entrevista en la Cadena Ser el pasado octubre, el entonces alcalde destacó: “La iniciativa también complementará la oferta del Hospital Comarcal Marina Baixa, especialmente para la creciente población extranjera residente”.

La Generalitat Valenciana trau a exposició pública el projecte d’un hospital privat constituït amb capital rus a Finestrat. El municipi del qual va ser alcalde fins al novembre el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, albergarà un centre privat amb capacitat per a un centenar de llits a la seua zona comercial, pensat per a pacients internacionals, i amb 66 milions d’euros d’inversió.

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana va publicar el 8 de setembre l’obertura del procediment administratiu de l’expedient d’autorització sanitària per al centre “Hospital Costa Blanca Finestrat”, que instrueix la Conselleria de Sanitat a través de la Subdirecció General d’Inspecció Sanitària. La resolució es va firmar el 13 d’agost, segons consta en el butlletí autonòmic, encara que ha tardat quasi un mes a publicar-se en el DOGV.

L’expedient es troba en el Servei d’Autorització i Registre de Centres, Serveis i Establiments Sanitaris, de la Subdirecció General d’Inspecció Sanitària —a la seu de la Conselleria— i la resolució dona 20 dies per a presentar al·legacions, que s’han de realitzar per escrit davant la Conselleria de Sanitat.

El projecte, com va publicar el diari El Confidencial, està vinculat a promotors russos establits a Finestrat, a la comarca de la Marina, una de les que més població estrangera té a la Comunitat Valenciana. El grup promotor Beetrust, dedicat a la construcció de vil·les de luxe al municipi alacantí, encarrega, a través de Beemed Finestrat SL, també dedicada a la promoció immobiliària, la redacció del projecte al despatx d’arquitectes Aidhos i als enginyers Sener.

El centre hospitalari privat s’ubicarà en una parcel·la de més de 12.000 metres quadrats, pròxima a l’AP-7, i es preveuen 16.300 metres quadrats de planta hospitalària. Seran 112 habitacions individuals i 150 places d’aparcament. La comarca de la Marina té prop de 200.000 habitants, i s’estima que el 38% dels censats són estrangers. El perfil en aquests municipis sol ser de persones amb un alt poder adquisitiu i amb assegurances de salut privades, segons la memòria que recull El Confidencial. La comarca compta amb una gran diversitat d’hospitals privats: el grup HCB, del germà del conseller de Sanitat, recentment adquirit per Ribera Salud, o Imed.

El projecte va començar la seua tramitació amb Pérez Llorca al capdavant del consistori. Ell mateix la va anunciar en una entrevista en la Cadena COPE al juliol, mesos abans de ser elegit successor de Carlos Mazón. En una entrevista en la Cadena SER el passat octubre, l’aleshores alcalde va destacar: “La iniciativa també complementarà l’oferta de l’Hospital Comarcal Marina Baixa, especialment per a la creixent població estrangera resident”.

Recoletas, uno de los principales grupos regionales de sanidad privada en España, líder en Castilla y León y en expansión en Galicia o Andalucía, es una de las empresas del sector que inspeccionó en noviembre la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por posibles abusos y acuerdos irregulares.

La Audiencia Nacional ha rechazado una petición de esta empresa de paralizar cautelarmente el proceso e impedir que la CNMC utilice la información recopilada por sus inspectores en los registros que, según un auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo al que ha tenido acceso elDiario.es, realizó el organismo en la sede de Recoletas en Valladolid entre los pasados 18 y 21 de noviembre.

La empresa alegaba que esa inspección fue irregular y “que, una vez incoado el expediente sancionador, se suspenda su tramitación”, recoge el auto. Alegaba que la pesquisa le causa graves pérdidas económicas y reputacionales, pese a que el organismo no identificó las empresas investigadas ni consta la apertura de expediente alguno por ahora.

Para pedir esa suspensión cautelar, Recoletas recurrió la orden de inspección de la CNMC de 7 de noviembre de 2025 (en el marco de la información reservada S/0019/25), la actuación inspectora y la negativa del personal del organismo a entregar el auto judicial de un juzgado-administrativo autorizando el registro. La empresa arguyó falta de competencia de la CNMC para llevar a cabo la investigación y entendía vulnerados sus derechos fundamentales, con “un perjuicio irreparable” para sus intereses.

Alegó que “en el plano reputacional, la eventual incoación de un expediente sancionador y la publicidad que la CNMC le otorga a ello –además del eco que le dan los medios de comunicación– comporta un daño particularmente intenso y difícilmente reversible para una organización sanitaria en su relación con aseguradoras y Administraciones públicas”.

Además, expuso que “ese deterioro reputacional tiene efectos multiplicadores: puede generar revisiones contractuales o exigencias de garantías adicionales, y condicionar, en el ámbito de la contratación pública sanitaria, la valoración de solvencia y fiabilidad del operador en procedimientos de licitación y renovación de conciertos y convenios”.

La Sala señala que esos costes económicos y reputacionales “no pueden ser el fundamento de la concesión de la medida cautelar”, al ser “inherentes a toda orden de inspección y de investigación dictada por la Dirección de Competencia de la CNMC”. “En todos los casos en que se dictaran tales órdenes habría que conceder medidas cautelares como las que aquí se solicitan, haciendo ineficaz la actuación de la CNMC realizada para preservar la competencia”, razona.

En el top 10

Recoletas, con la que elDiario.es contactó sin obtener respuesta, está entre las diez principales empresas del sector en España. El Observatorio del Sector Sanitario 2026, publicado en mayo por su patronal, IDIS (de la que es patrono el grupo), situaba a la empresa en décima posición por número de camas “no benéficas” (vinculadas, por ejemplo, a órdenes religiosas) entre los hospitales privados en 2024, con 439 unidades y una cuota del 1,6% (por delante de la canaria Hospiten), y un total de ocho hospitales.

Esta cifra ha quedado desactualizada y el grupo, que ha protagonizado varias compras en los últimos años, tiene ya más de una decena de hospitales en funcionamiento. En Castilla y León tiene siete (en Valladolid, Burgos, Segovia, Palencia y Ponferrada), a los que sumará próximamente el que construye en Salamanca.

También proyecta desde hace años otro en Aranda de Duero. Y cuenta con hospitales en Cuenca, en Orense (donde compró el grupo Cosaga en 2022) y en Marbella, inaugurado a finales del año pasado. En Palma gestiona la Policlínica de Miramar. Además, tiene una veintena de centros médicos y una docena de centros de diagnóstico por imagen, clínicas de medicina reproductiva e institutos y unidades especializadas, según su web.

En Andalucía se está expandiendo tras incorporar a su red el Grupo Médico Doctor López Cano de Cádiz en julio de 2024. En 2023 fue uno de los adjudicatarios del acuerdo marco para el servicio de asistencia “complementaria” del servicio andaluz de salud (SAS) para derivar operaciones quirúrgicas a clínicas privadas y reducir listas de espera, un megacontrato con un valor estimado en 533 millones de euros, copado por otros grupos como Quirón, Vithas, HLA u Hospitales Pascual, entre otros.

La anterior edición de ese informe de IDIS cifraba la facturación de Recoletas en 113 millones anuales, a partir de datos de la consultora DBK. El grupo (de los pocos que quedan de capital familiar en España) no aporta cifras de facturación ni consolida sus cuentas en una cabecera que dé idea de su verdadera dimensión.

Está a años luz de Quirónsalud, líder del sector en España (la filial del gigante alemán Fresenius facturó en 2025 unos 5.400 millones y tiene medio centenar de hospitales), y lejos de los siguientes en el ranking: Ribera Salud (unos 900 millones) y HM Hospitales y Vithas, que rondan los 800 millones. Pero es un actor relevante en un mercado muy atomizado, con buenas perspectivas de crecimiento y que, según Fresenius, movió 22.500 millones en 2024.

Recoletas se fundó en 1989 cuando su fundador, presidente y propietario, Amando Rodríguez, dejó el Banco de Bilbao, del que era directivo, para montar con varios socios el primer centro de resonancia magnética y TAC en Valladolid, en un local en la calle Recoletas, en el centro de la capital pucelana. De ahí el nombre de la compañía.

El grupo se incorporó a CEOE en 2021. Su principal sociedad, Grupo Hospitalario Recoletas, cerró 2024 con activos de 331 millones, según sus últimas cuentas disponibles, accesibles a través de Insight View. Esta cifra haría merecedor a su propietario de entrar en las tradicionales listas de ricos españoles, en las que nunca ha figurado, aunque ha sido señalado en alguna ocasión entre las familias más poderosas del país.

Rodríguez, que en alguna de sus escasas intervenciones públicas ha presumido de correr “delante de los grises” en su etapa universitaria en Bilbao, se prodiga poco en medios. Hace un par de años, en la que según dijo era su primera entrevista en televisión, contó al veterano periodista Manuel Campo Vidal que había recibido “muchas” ofertas por su “pequeño grupo”, que tenía entonces ya más de 3.000 empleados, y aseguró que “los fondos de inversión no debieran de pintar nada en la sanidad” porque “la contaminación que producen, perseguir sin denuedo el resultado para poder dar un pase y obtener dinero, a mí me parece que no es lo que se merece la sociedad ni los empleados que trabajan en esas empresas”.

El empresario aceptó en 2009 la oferta de uno de esos fondos, la extinta firma de capital riesgo Mercapital (no la nombró en esa entrevista), para desarrollar su negocio de diagnóstico por imagen, pero la experiencia “salió mal porque el fondo perseguía el dinero. Nosotros perseguimos ser útiles”. Rodríguez ha declarado que hace años exploró “de la mano de la Xunta” de Galicia su desembarco en Latinoamérica, pero no fructificó. Ha afirmado que los ingresos del sector público no llegan “a la mitad” del total del grupo.

Según Rodríguez, en su empresa son “colaboradores fieles” de la sanidad pública. “Entre el Sacyl [la sanidad de Castilla y León] y Recoletas tenemos que solucionar los problemas de salud de la comunidad”. Un ejemplo, el “maravilloso” acuerdo firmado en pandemia para dar apoyo a la sanidad pública “sin hacer ruido”.

Hace unos meses, la Fiscalía de Ourense denunció al grupo por presunta estafa y falsedad documental al cobrar supuestamente facturas infladas al Sergas (Servicio Gallego de Salud), simulando sedaciones completas en lugar de anestesia local. A finales de 2025 el Sacyl admitió que investiga a 15 médicos del hospital público de Burgos por incompatibilidad con su trabajo en centros de Recoletas.

La CNMC inició en la primavera de 2023 un estudio sobre las condiciones de competencia en el seguro de asistencia sanitaria en España. El pasado 27 de noviembre el organismo que desde julio preside Juan José Ganuza anunció que “investiga posibles prácticas anticompetitivas en el sector de la asistencia sanitaria privada y la consultoría sanitaria”.

“Se investiga la existencia de posibles acuerdos o prácticas concertadas entre empresas que operan en estos ámbitos, así como un posible abuso de posición dominante por parte de algunas de las empresas dedicadas a la prestación de asistencia sanitaria privada”, indicó.

De confirmarse, estas prácticas podrían constituir una infracción de los artículos 1.1 y 2 de la Ley de Defensa de la Competencia (LDC), que prohíben los acuerdos o recomendaciones dirigidos a “impedir, restringir o falsear la competencia en todo o parte del mercado nacional” y los abusos de posición dominante.

Estas inspecciones, recalcó el organismo, son un paso previo al posible inicio de un expediente sancionador y no prejuzgan el resultado de la investigación ni la culpabilidad de las empresas inspeccionadas. Los acuerdos entre competidores constituyen una infracción muy grave de la LDC, con multas de hasta el 10% del volumen de negocio total de las infractoras en el ejercicio anterior al de imposición de la sanción.

En marzo de 2025, la CNMC anunció un expediente sancionador a Sanitas, una de las principales compañías del sector en España, y a la aseguradora Generali por supuestas prácticas anticompetitivas, relacionadas con un acuerdo firmado en octubre de 2022 por el que el grupo de sanidad privada asumió la gestión de los servicios asistenciales de los clientes de la aseguradora y su pago a los centros hospitalarios.

Fue el primer expediente sancionador incoado por el organismo (creado en 2013) a este sector, que ha experimentado un fuerte crecimiento en los últimos años. En 2025, se superaron por primera vez los 14 millones de clientes con seguros de salud en España. Entre enero y junio fue el segmento que más creció (un 6,9%), según los últimos datos de la asociación Icea.

Una licitación del Hospital Universitario El Escorial de la Comunidad de Madrid ha vuelto a mostrar que las interrupciones voluntarias del embarazo no se asumen de forma mayoritaria en la red sanitaria pública madrileña. El Servicio Madrileño de Salud (Sermas) afirma en un pliego para contratar centros sanitarios externos privados que practiquen abortos que “en algunos hospitales públicos” de la región “no se puede asegurar” el cumplimiento de este derecho, según ha publicado El País este jueves.

El Sermas dice en ese documento que, “entre otros motivos”, ocurre “por el ejercicio del derecho a la objeción de conciencia por parte del personal sanitario”. El Gobierno de Ayuso ha gastado 22 millones en seis años por derivar abortos de la sanidad pública a la privada. Un total de 18.149 interrupciones voluntarias del embarazo fueron realizadas en 2024 en la Comunidad de Madrid, según el Ministerio de Sanidad, de las cuales el 99,53% fueron llevadas a cabo en centros privados.

El acuerdo para que clínicas y centros sanitarios externos puedan practicar interrupciones voluntarias del embarazo a pacientes del Hospital Universitario El Escorial es un acuerdo marco, una fórmula de contratación pública que permite elegir previamente qué empresas o centros que podrán prestar un servicio durante un tiempo concreto, y con unas condiciones fijadas por la Administración. En este caso, el expediente se publicó el 13 de agosto de 2026 y el plazo para presentar ofertas termina el 15 de septiembre.

Según el citado medio, el acuerdo sostiene que la interrupción voluntaria del embarazo debe realizarse “en el plazo más breve posible”, tanto para cumplir los plazos legales como para minimizar riesgos, pero después afirma que el Servicio Madrileño de Salud no puede asumir la totalidad de los procedimientos incluidos en la cartera de servicios. “Sin embargo, en algunos hospitales públicos de la Comunidad de Madrid no se puede asegurar su realización, entre otros motivos, por el ejercicio del derecho a la objeción de conciencia por parte del personal sanitario”, se explica en el texto firmado por el Sermas.

“Es necesario recurrir a la contratación de centros acreditados externos para garantizar el acceso efectivo a la IVE a todas las mujeres con derecho a la atención sanitaria pública en la Comunidad de Madrid”, dice. Además, el texto insiste en que, “ante la imposibilidad actual de asumir estos procedimientos en su totalidad”, se plantea contratar la prestación de este servicio público con entidades privadas con experiencia en la realización de interrupciones voluntarias del embarazo.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, mantiene un pulso con el Ministerio de Sanidad por el cumplimiento de la ley para crear el registro de objetores del aborto. La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha respondido a El País que “en cualquier hospital público de la Comunidad de Madrid puede darse esta prestación. Igual que el Sermas garantiza la prestación, garantiza igualmente la absoluta libertad y derecho de que el médico pueda objetar”.

L’Hospital Clínica Benidorm, el grup sanitari que dirigeix el germà del conseller de Sanitat del Govern valencià, va incrementar en prop de 15 milions d’euros la seua facturació en dos anys. Els comptes de l’any 2025, avançats pel diari Alicante Plaza, revelen que Centro Médico Salus Baleares, la matriu del grup que dirigeix Juan David Gómez Gómez, germà de Marciano Gómez Gómez, va facturar prop de 71 milions d’euros l’últim any, huit milions més que l’exercici anterior, quan va tancar amb 62,7 milions d’euros de facturació.

Les dades abans d’impostos també aprofundeixen en aquesta senda de creixement. Segons el mitjà esmentat, el 2024 HCB va obtindre un resultat de quatre milions d’euros, respecte dels 1,4 de l’exercici anterior. El 2024 va ser el primer any en què el grup sanitari privat va presentar uns comptes consolidats. L’any 2023, els ingressos van ser de 56 milions d’euros; una millora de huit milions anuals en la facturació per al grup del germà del conseller de Sanitat, que ha rebut nombroses derivacions del sistema públic i que l’últim any ha signat una gran operació: la seua adquisició per part de Ribera Salud.

Entre els anys 2024 i 2025, la Conselleria de Sanitat ha pagat 25 milions d’euros als centres d’Hospital Clínica Benidorm per derivacions sanitàries i pel pla de xoc per a reduir les llistes d’espera. Benaca SL i Centre Mèdic Salus Balears SL, empreses de les quals és apoderat Juan David Gómez, i Inscanner, del mateix grup, van ser les que més diners van rebre de tots els grups sanitaris privats en concepte d’operacions no concertades durant els dos últims exercicis registrats, segons consta en una resposta parlamentària dirigida al PSPV.

Aquestes derivacions no concertades consisteixen en proves diagnòstiques, com també en la seua lectura i els informes associats, a més de tractaments i serveis sanitaris com cirurgia maxil·lofacial, tractaments dentals, rehabilitació i dany cerebral, trastorns de conducta alimentària o diàlisi. Segons van explicar des de Sanitat a elDiario.es en el moment de publicar-se aquesta informació, les derivacions es fan seguint una instrucció de la Conselleria del 2021 i s’autoritzen quan un departament de salut no pot assumir una determinada demanda d’acord amb criteris clínics, de proximitat, capacitat assistencial o rapidesa de resposta. El departament que dirigeix Marciano Gómez va vincular aquest increment a la recuperació per al sistema públic de l’Hospital de Dénia, gestionat fins al febrer del 2024 per Ribera Salud.

A finals del 2025, el grup de clíniques privades que gestiona el germà del conseller, centrat en l’àmbit territorial d’Alacant, va acordar la seua adquisició per part de Ribera Salud, una operació amb la qual la mercantil de capital francés busca afermar la seua presència a la Comunitat Valenciana després de la reversió dels hospitals privatitzats. La compra s’ha formalitzat per 120 milions d’euros i permetrà a HCB continuar utilitzant la seua marca, a falta de l’autorització de Competència. La dona de Juan David Gómez, Sonia Hernández —cunyada del conseller de Sanitat—, és la directora financera de Ribera Salud.

Hospital Clínica Benidorm, el grupo sanitario que dirige el hermano del Conseller de Sanidad del Gobierno valenciano, incrementó en cerca de 15 millones de euros su facturación en dos años. Las cuentas del año 2025, avanzadas por el diario Alicante Plaza, revelan que Centro Médico Salus Baleares, la matriz del grupo que dirige Juan David Gómez Gómez, hermano de Marciano Gómez Gómez, facturó cerca de 71 millones de euros en el último año, ocho años más que el ejercicio anterior, cuando cerró con 62,7 millones de euros de facturación.

Los datos antes de impuestos también ahondan en esa senda de crecimiento. Según el citado medio, en 2024 HCB obtuvo un resultado de 4 millones de euros, frente a los 1,4 del ejercicio anterior. El 2024 fue el primer año en el que el grupo sanitario privado presentó unas cuentas consolidadas. En el año 2023, los resultados fueron de 56 millones de euros; una mejora en ingresos de ocho millones anuales para el grupo del hermano del conseller de Sanidad, que ha recibido numerosas derivaciones del sistema público y que en el último año ha firmado una gran operación: su adquisición por parte de Ribera Salud.

Entre los años 2024 y 2025, la Conselleria de Sanidad ha pagado 25 millones de euros a los centros de Hospital Clínica Benidorm por derivaciones sanitarias y el plan de choque para reducir las listas de espera. Benaca SL y Centro Médico Salus Baleares SL, empresas de las que es apoderado Juan David Gómez, e Inscanner, del mismo grupo, fueron las que más dinero recibieron de todos los grupos sanitarios privados en concepto de operaciones no concertadas durante los dos últimos ejercicios registrados, según consta en una respuesta parlamentaria dirigida al PSPV.

Estas derivaciones no concertadas consisten en pruebas diagnósticas, así como su lectura e informes asociados, además de tratamientos y servicios sanitarios como cirugía maxilofacial, tratamientos dentales, rehabilitación y daño cerebral, trastornos de conducta alimentaria o diálisis. Según explicaron desde Sanidad a elDiario.es en el momento de publicar dicha información, las derivaciones se hacen siguiendo una instrucción de la conselleria de 2021, y se autorizan cuando un departamento de salud no puede asumir una determinada demanda atendiendo a criterios clínicos, de proximidad, capacidad asistencial o rapidez de respuesta. El departamento que dirige Marciano Gómez ligó este incremento a la recuperación para el sistema público del Hospital de Dénia (Marina Salud), gestionado hasta febrero de 2024 por Ribera Salud.

A finales de 2025, el grupo de clínicas privadas que gestiona el hermano del conseller, centrado en el ámbito territorial de Alicante, firmó su adquisición por parte de Ribera Salud, una forma de la mercantil de capital francés de afianzar su presencia en la Comunitat Valenciana tras la reversión de los hospitales privatizados. La compra se ha formalizado por 120 millones de euros y permitirá a HCB seguir usando su marca, a falta de la autorización de Competencia. La mujer de Juan David Gómez, Sonia Hernández, —cuñada del conseller de Sanidad—, es la directora financiera de Ribera Salud.

Ahora que estamos en este verano que promete ser tórrido, ahora que vamos algo más despacio, vamos a contar mentiras. Concretamente, las mentiras que nos cuentan. Hoy dedicaremos la primera trampa al ojo, la primera ilusión con apariencia de verdad, a un tema muy de moda que vamos a seguir escuchando machaconamente, con o sin insultos, en los próximos tiempos, cual hit del verano y más allá. ¿Por qué mentir? ¿Por qué confundir el absentismo laboral con otras situaciones que no lo son, mezclarlo todo y poner el grito en el cielo?

Es inadmisible confundir el derecho a la salud con el absentismo injustificado. El incremento en la duración de las bajas no es responsabilidad de los trabajadores y trabajadoras, sino la consecuencia directa del deterioro (¿intencionado?) de la sanidad pública y la saturación de las listas de espera, especialmente en traumatología, lo que prolonga innecesariamente los procesos ante la inacción de administraciones y mutuas.

Lejos de ser un beneficio, la enfermedad acarrea una grave pérdida salarial que puede alcanzar los 2.600 euros en los sectores más precarios, forzando incluso reincorporaciones prematuras que dañan la salud. Resulta interesante observar cómo se ataca a la clase trabajadora mientras la patronal bloquea acuerdos de prevención de riesgos y se niega a gestionar eficazmente los problemas de salud mental y desconexión digital. Que una persona esté enferma nunca será absentismo laboral. A pesar de que lo importante no pasa por combatir el contenido de la mentira, eso nos lo enseñó Derrida, no viene de más repetir la verdad otra vez, otra vez más. El absentismo laboral es únicamente ausentarse del puesto de trabajo sin justificación ninguna. Por lo tanto, no es absentismo laboral y nunca lo será:

Digamos que hablo del valioso trabajo que realizan muchas compañeras y también compañeros de las residencias de mayores que apenas cuentan con 10 minutos para asear, vestir y dar de desayunar a nuestras personas mayores que merecen un tiempo de calidad, sin duda, más digno. ¿Cuánto peso carga cada una estas trabajadoras cada día?

Deberíamos medir y establecer cargas de peso máximas saludables. Recuerdo a aquella compañera que por evitar que una persona mayor se cayera al suelo, salió al quite, evitó su caída, pero se hizo daño. Cuando fue a la mutua y dijo que había sufrido un accidente laboral, le llamaron vieja. Bueno, no así, le dijeron que eso parecía que más que por lo que relataba que le acababa de pasar, pues que “tenía pinta de ser más bien propio de su edad” Y, en otras muchas ocasiones, se añaden frases maravillosas como “la verdad es que con tus años eso no va a mejorar, cada vez va a empeorar. Esto no es por el trabajo”. ¿No hay origen laboral? ¿Algunas condiciones de trabajo actuales no enferman?

Así, por ejemplo, el cáncer es una dolorosa realidad en España, pues es la principal causa de mortalidad laboral, como también en UE. En nuestro país es además una realidad oculta e infradeclarada. Frente a Alemania, donde el cáncer representa el 32% del total de enfermedades profesionales declaradas, en España estamos en valores entre 0,23% y el 0,35%, es decir, se declaran apenas 100 casos de los más de 8000 que se calculan tienen origen laboral.

Alemania tiene una larga trayectoria reconociendo los tumores vinculados a la exposición a agentes carcinógenos (como el amianto o la sílice) como enfermedades ocupacionales. Del amianto nos preocupamos mucho en Toledo, pues tenemos el mayor vertido al aire libre de toda Europa, así con todas las letras. Un problema de salud pública cuyos vertidos están situados a escasos metros de importantes centros de trabajo de la administración regional, habrá que investigar si puede entenderse como un problema de salud laboral enviar a tanta gente a trabajar tan cerca.

Retomando el hilo, esta infradeclaración de enfermedades profesionales en nuestro país supone muchas cosas, tiene consecuencias para las vidas de las personas y también interesan, y mucho, para los cálculos que concluyen que son realidades “que no podemos asumir”.

Me quitan las palabras de la boca, cada vez que una enfermedad profesional o un accidente laboral es derivado como contingencias comunes las personas trabajadoras y la ciudadanía perdemos dinero pues todo cae en la cuenta de la Seguridad Social, que pagamos entre todos.

La verdad es que estamos hartas de que llamen contingencias comunes a enfermedades y accidentes laborales. Y decimos hartas porque, al menos en la Junta de Castilla-La Mancha, enfermamos más las mujeres que hombres, y esto igual tiene que ver con los cuidados, tendríamos que analizarlo mejorando los informes de siniestralidad para que ofrezcan datos más concisos que permitan establecer las causas y programas preventivos eficaces.

La verdad es que estamos hartas de que llamen contingencias comunes a enfermedades y accidentes laborales. Y decimos hartas porque, al menos en la Junta de Castilla-La Mancha, enfermamos más las mujeres que hombres, y esto igual tiene que ver con los cuidados, tendríamos que analizarlo mejorando los informes de siniestralidad

Los fraudes, tanto de las presuntas personas trabajadoras (se calcula que suponen alrededor del 1% y no del 8% que repiten al sumar todo lo que no lo es) como de las presuntas mutuas que derivan algo de origen laboral como contingencias comunes, deben ser todos investigados denunciados y sancionados.

De la misma manera, las personas responsables de condiciones laborales que se demuestren que enferman o matan. ¿Por qué confundirlo todo? ¿Por qué sumar al absentismo laboral con lo que no es? ¿Por qué denominar a un encuentro regional “El absentismo x IT? ¿Por qué hay mutuas con beneficios de más de 7 millones de euros que no los invierten en poner en marcha programas de prevención y promoción de la salud laboral con perspectiva de género y edad?

Poco a poco, tiempo lento para pensar. Hoy, centrémonos en la finalidad de una mentira. ¿Qué se persigue con el hit machacón del verano, otoño, invierno y de cada primavera? Jacques Derrida, el filósofo francés, nos dio la pista que seguiremos hoy: “Lo relevante en la mentira no es nunca su contenido, sino la intencionalidad del que miente”.

¿Qué se busca? ¿Qué se persigue con la psicologización de la precariedad? ¿Estamos caminando hacia un modelo de servicios públicos low cost que permita su privatización? La realidad es que la privatización de los servicios públicos empeora la calidad de los mismos y precariza las condiciones laborales.

Esto significa que nos hacen un juego de trileros que consiste en individualizar, culpabilizar al individuo de las consecuencias colectivas que tienen origen en unas condiciones sociales y de trabajo que enferman, no a uno ni a dos ni a tres, sino a muchos.

¿Qué se busca? ¿Qué se persigue con la psicologización de la precariedad? ¿Estamos caminando hacia un modelo de servicios públicos 'low cost' que permita su privatización? La realidad es que la privatización de los servicios públicos empeora la calidad de los mismos y precariza las condiciones laborales

Ahora que caminamos a nivel global de la democracia hacia otra cosa que no parece mejor , ni de lejos, quizá sea hora de preguntarnos si no es la sociedad la que está dando gritos porque está muy enferma. Seguiremos ahondando en las finalidades que se persiguen y consiguen llenando los espacios de estas cargantes mentiras porque nuestra salud nos va en ello.

Por último, disculpen si notan acaso mi tono un tanto acalorado, todavía recuerdo el día en el que fui a medir las altas temperaturas durante este episodio extremo de calor en las escuelas infantiles y, sin duda, el calor extremo afecta perjudicialmente a la salud si no se toman las medidas adecuadas.

En marzo de 2025, el Gobierno cerró con las aseguradoras Adeslas y Asisa un acuerdo para la continuidad de Muface, el seguro privado finaciado con fondos públicos al que están acogidos cerca de un millón de personas, entre funcionarios y sus familias. Tras meses de tensiones, varias propuestas y la mutualidad en peligro, el Ejecutivo acabó poniendo sobre la mesa 4.808,5 millones de euros para los años 2025, 2026 y 2027, lo que suponía un incremento de la prima de más el 40%.

Ya entonces la Organización Médica Colegial (OMC) remitió una carta a los profesionales de la privada, animándoles a presionar a las aseguradoras para aumentar sus retribuciones. Pero, a estas alturas, un 80% de los médicos privados que trabajan con la mutualidad aseguran “no haber recibido ninguna mejora de honorarios”, según una encuesta de esta entidad a más de 1.200 facultativos.

“Los datos evidencian una profunda brecha entre los recursos públicos destinados al sistema y la realidad que describen los profesionales que integran la red asistencial”, denuncian desde la OMC, que reclama “transparencia y mecanismos de seguimiento para asegurar que los recursos públicos refuercen la calidad y sostenibilidad” de todo el sistema.

Pese a ese aumento mil millonario de las primas, la enuesta de la OMC arroja que el 74% de los médicos no han visto mejorados sus honorarios “ni siquiera para compensar el aumento del IPC” y que, de entre quienes han obtenido incrementos, “aproximadamente uno de cada tres señala que ha sido de apenas entre un 1 y un 3%, muy lejos de los porcentajes anunciados públicamente” por las aseguradoras.

En su momento, desde las aseguradoras ya trasladaron su intención de negociar caso por caso, dependiendo de las especialidades y los territorios. Esto dej a los profesionales en una situación de debilidad a la hora de pactar una mejora en sus condiciones y en una situación de dependencia respecto a las compañías que manejan esos 4.808 millones de dinero público.

Por eso, desde la OMC reclaman “avanzar hacia mecanismos de interlocución colectiva que permitan una negociación más equilibrada y transparente entre los profesionales y las aseguradoras”. Y, para ello, “nueve de cada diez encuestados considera que las corporaciones profesionales, los sindicatos médicos y las organizaciones de autónomos pueden desempeñar un papel relevante para defender unas condiciones retributivas justas y transparentes”.

El Servicio Extremeño de Salud (SES) “no tiene constancia” de que quien fuera su director gerente hasta hace unas semanas, Jesús Vilés Piris, dirija ahora un hospital privado. Como ha desveleado elDiario.es Extremadura, Vilés ha asumido la dirección del centro Hospital Parque San Francisco tras estar tres años al frente de la sanidad pública extremeña en la primera legislatura de María Guardiola.

Ahora, el SES asegura que el exgerente comunicó a la Junta de Extremadura “su intención de desempeñar un puesto como médico” en un centro sanitario privado, pero sus funciones serían asistenciales y de coordinación médica“. En concreto, según la nota remitida por el SES, esas funciones incluirían ”atención a pacientes y seguimiento“, pero ”sin capacidad de dirección ni funciones directivas“.

Vilés indicó, además, que “en ningún caso el puesto implicará funciones de alta dirección, ni capacidad de representación de la sociedad frente a terceros, ni el otorgamiento de poderes mercantiles, rigiéndose la relación laboral por la normativa laboral común”. De esa forma, el Registro de Conflicto de Intereses de la Dirección General de Función Pública emitió un informe favorable al respecto de considerar compatibles las funciones a desempeñar por Vilés en su nuevo puesto en la sanidad privada “dentro de las condiciones indicadas, que son las que comunicó el interesado”.

Esta respuesta del SES se produce después de las explicaciones exigidas por el PSOE en la Asamblea ante la sospecha de que se haya podido producir un caso de puerta giratoria incompatible con lo establecido en el Estatuto de Cargos Públicos de la Comunidad Autónoma.

Los socialistas han registrado una amplia solicitud de documentación. En concreto, la copia íntegra del expediente relativo a la declaración de actividad privada presentada por Vilés Piris, incluyendo la comunicación presentada, los informes emitidos por el Registro de Conflictos de Intereses, los informes jurídicos existentes y la resolución sobre la compatibilidad o incompatibilidad de la actividad, además del detalle de todas las derivaciones. Para la portavoz socialista, “la ciudadanía tiene derecho a saber si todo se ha hecho conforme a la legalidad y si quienes han gestionado la sanidad pública cumplen escrupulosamente las incompatibilidades que establece la ley”.

La portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea de Extremadura, Isabel Gil Rosiña, ha exigido a la presidenta de la Junta, María Guardiola, que dé explicaciones “inmediatas” sobre el fichaje del exdirector gerente del Servicio Extremeño de Salud (SES), Jesús Vilés Piris, como directivo del Hospital Parque San Francisco de Cáceres. La oposición reacciona así a la información desvelada en exclusiva por elDiario.es Extremadura, al considerar que existen indicios suficientes para comprobar si se ha podido producir un caso de puerta giratoria incompatible con lo establecido en el Estatuto de Cargos Públicos de la Comunidad Autónoma.

En declaraciones a los medios de comunicación, Gil Rosiña ha anunciado el registro en la Asamblea de una amplia solicitud de documentación para conocer “con total transparencia” si el nombramiento del exgerente cumple con las obligaciones de la Ley 1/2014, de 18 de febrero, reguladora del Estatuto de los Cargos Públicos de Extremadura.

En concreto, el PSOE ha reclamado la copia íntegra del expediente relativo a la declaración de actividad privada presentada por Vilés Piris, incluyendo la comunicación presentada, los informes emitidos por el Registro de Conflictos de Intereses, los informes jurídicos existentes y la resolución sobre la compatibilidad o incompatibilidad de la actividad, además del detalle de todas las derivaciones. Para la portavoz socialista, “la ciudadanía tiene derecho a saber si todo se ha hecho conforme a la legalidad y si quienes han gestionado la sanidad pública cumplen escrupulosamente las incompatibilidades que establece la ley”.

Críticas a la falta de transparencia y las derivaciones

Gil Rosiña ha recordado que una de las primeras decisiones de PP y Vox al inicio de la legislatura, en 2023, fue eliminar la obligación de que los altos cargos comparecieran en la Asamblea para explicar su trayectoria antes de ser nombrados. “Hoy entendemos perfectamente por qué quisieron acabar con ese ejercicio de transparencia”, ha afirmado.

Asimismo, ha relacionado este episodio con la política sanitaria del Ejecutivo autonómico y el incremento de las derivaciones a la sanidad privada previstas en los Presupuestos de 2026. “Ahora también se entiende por qué el Gobierno de Guardiola triplica el gasto destinado a derivaciones a la sanidad privada. Esto es lo que ocurre cuando una presidenta entiende la sanidad como un negocio y no como un derecho de todos los extremeños”, ha denunciado, exigiendo a Guardiola que aclare si el Gobierno conocía esta incorporación.

El ex director gerente del Servicio Extremeño de Salud (SES), Jesús Vilés, ha sido nombrado director del Hospital Parque San Francisco de Cáceres apenas unas semanas después de abandonar la máxima responsabilidad de la sanidad pública extremeña, un cargo que desempeñó durante casi tres años bajo el Gobierno de María Guardiola.

El nombramiento supone el regreso de Vilés a la sanidad privada, un ámbito que conoce bien. Antes de asumir la Gerencia del SES en agosto de 2023, había desarrollado buena parte de su carrera profesional en la entonces Clínica San Francisco —actual Hospital Parque San Francisco— y también había ocupado responsabilidades en la aseguradora Adeslas. Ambas del ámbito de la sanidad privada.

Su incorporación al centro privado cacereño se produce tras haber dirigido el organismo encargado de gestionar el sistema sanitario público extremeño, responsable, entre otras funciones, de la planificación asistencial, la contratación de servicios y la relación con los centros concertados.

El recorrido profesional de Jesús Vilés dibuja un itinerario que ha transitado en ambas direcciones entre la sanidad privada y la pública. Llegó al SES procedente del ámbito privado con el objetivo de gestionar el sistema sanitario extremeño y, tras su salida del cargo, regresa nuevamente a una empresa del sector.

Este tipo de movimientos, aunque legales cuando cumplen la normativa sobre incompatibilidades, suelen situarse en el centro del debate sobre las denominadas puertas giratorias, un fenómeno que plantea interrogantes sobre la separación entre la gestión de los intereses públicos y los privados, especialmente en sectores como el sanitario, donde ambas redes mantienen una relación permanente mediante conciertos, derivaciones y contratos de prestación de servicios.

Los conciertos entre el SES y la sanidad privada

Durante los años en los que Vilés estuvo al frente del SES, el Servicio Extremeño de Salud continuó recurriendo a la colaboración con hospitales privados para aliviar listas de espera y prestar determinados servicios asistenciales, una práctica cada vez más habitual en el sistema sanitario extremeño.

En Extremadura, el Hospital Parque San Francisco forma parte de la red de centros privados que mantienen relaciones contractuales con la Administración sanitaria mediante conciertos y otras fórmulas de colaboración para la prestación de asistencia sanitaria.

La legislación española contempla limitaciones para determinados altos cargos una vez abandonan la Administración, con el objetivo de evitar posibles conflictos de intereses. Estas normas establecen periodos durante los cuales determinadas actividades privadas pueden quedar restringidas cuando guardan relación directa con las competencias ejercidas desde el cargo público.

No obstante, la aplicación concreta de estas incompatibilidades depende de la naturaleza del puesto desempeñado, del tipo de empresa a la que se incorpora el exalto cargo y de las funciones que vaya a desarrollar, por lo que corresponde a los órganos competentes determinar, en su caso, si existe o no algún impedimento legal.

El paso de responsables públicos a empresas privadas vinculadas al mismo sector que previamente gestionaban ha generado tradicionalmente críticas por parte de organizaciones dedicadas a la transparencia y al buen gobierno, que reclaman normas más estrictas para evitar cualquier apariencia de conflicto de intereses, incluso cuando no exista una infracción legal.

El Laboratorio Clínico Central, el organismo que da cobertura a seis hospitales públicos de la Comunidad de Madrid, tiene una nueva empresa gestora: el gigante sanitario Quirón. El grupo ganó la adjudicación del Gobierno autonómico, valorada en 120 millones de euros para los próximos cinco años, después de que Ribera Salud estuviese gestionando el centro desde que abrió en 2008. Ahora, con el desembarco del nuevo grupo, trabajadores de laboratorio denuncian una situación de inestabilidad con la pérdida de antigüedad, contratos con condiciones diferentes y una “subrogación encubierta”.

Una vez Quirón ganó la adjudicación a Ribera, comenzó el conflicto entre las dos empresas. La Comunidad de Madrid aprobó una prórroga para Quirón de una semana para hacer la transición entre las dos empresas. Quirón acusó a Ribera de falta de colaboración, según publicó entonces El País, además de asegurar que Ribera Salud estaba intentando “instigar a la plantilla en contra” de la nueva empresa. Y en medio de ese choque, los trabajadores ya denunciaron un “limbo” y un futuro incierto que se ha terminado de materializar esta semana con una imagen, con los trabajadores intentando entrar en su puesto de trabajo y la negativa del nuevo equipo.

“En todo momento Ribera Salud nos ha estado informando a través de cartas de una subrogación en la que Quirón se iba a hacer responsable de nosotros”. Habla Marta (nombre ficticio), trabajadora del servicio de laboratorio del Hospital Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes, que relata que cuando llegaron los nuevos contratos vio que las condiciones no eran las mismas, por lo que no las aceptó, como otros compañeros suyos. Este lunes, ha acudido como siempre a su puesto de trabajo y se ha encontrado con una situación inesperada que afecta a unos 30 trabajadores: “Algunos hemos llegado a trabajar, hemos fichado y en ese momento nos han dicho que no podíamos prestar servicios. Hemos llamado a la Policía y han hecho un informe”, relata.

Ese laboratorio, el del Hospital Infanta Sofía, proporciona servicio a otros cinco hospitales: el del Henares, en Coslada; el Infanta Cristina de Parla; el Infanta Leonor; el Sureste de Arganda del Rey; y el del Tajo, en Aranjuez. Aquí se procesan las muestras de laboratorio de cerca de 1,4 millones de pacientes de la región. Pero el testimonio de Marta no es el único. Otra trabajadora, E.F., denuncia que los trabajadores que llevaban muchos años en el centro, algunos hasta 17, han perdido toda la antigüedad. Por un lado, Ribera Salud no quiere indemnizarles porque entienden que es una subrogación. Por otro, Quirón argumenta que no lo es.

En conversación con este periódico, un portavoz del grupo sanitario asegura que están “siguiendo en todo momento las pautas del concurso” en cuanto a la antigüedad de los trabajadores, con quienes dice que hay un “diálogo permanente”.

Ahora, algunas personas que continúan trabajando en el laboratorio clínico relatan una situación de “falta de personal”. “Quirón tuvo que contratar a personal sin experiencia y a pesar de ello no damos abasto”, argumenta Marta en declaraciones a elDiario.es, que asegura que el grupo sanitario “necesita” a los trabajadores que no han firmado.

Ismael trabajaba en el laboratorio del Hospital Infanta Cristina de Parla, que procesa analíticas críticas. En su caso, la mayoría de los técnicos de laboratorio han decidido que no iban a firmar los nuevos contratos: “Nos dijeron que se nos iba a respetar todo”. “Todo muy bonito hasta el momento en el que dicen que lo que no nos van a respetar sería la antigüedad”, explica a través de conversación telefónica, lo que les lleva a rechazar los cambios. “Lo único que nos va a proteger el día de mañana es la antigüedad”, argumenta. El trabajador explica que, en algunos casos, quienes sí que han firmado se han visto obligados a hacerlo por estar en situación de vulnerabilidad. “Hoy han ganado ellos, nos quedamos fuera”, dicen sobre el resto, quienes, como E.F., también acudieron a su puesto de trabajo: “Nos dijeron que nos teníamos que ir”.

Tanto Ismael como Marta relatan otra consecuencia del caos laboral. Ya que Quirón argumenta que no es una subrogación, no pueden utilizar los equipos antiguos de Ribera Salud, aunque los trabajadores aseguran que en algunos casos sí se están utilizando. Ismael asegura que eso supone retrasos en las analíticas, mientras que el portavoz de Quirón asegura a este periódico: “Acabamos de hacernos cargo y tendremos que hacer cambios”.

Pero no solo hay críticas por el uso de equipos antiguos. Trabajadores como E.F. aseguran que cuando comenzó el nuevo equipo el lunes no se estaban procesando las muestras del viernes. Fuentes de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid lo niegan asegurando que “no hay problemas asistenciales. Se está atendiendo todo”, dicen a elDiario.es.

Sin pruebas genéticas

La polémica no solo ha surgido por el “limbo” denunciado por los trabajadores. Con el nuevo pliego, se firmó también otro cambio: algunas áreas de alta especialización, como las pruebas relacionadas con genética constitucional y genética somática, que históricamente se venían realizando en el Laboratorio Clínico Central, ahora pasarán a ser asumidas por el sistema público de salud, una medida que fuentes de la consejería de Salud justifican en una “mayor eficiencia”. “Se está desarrollando una estrategia común para todo el SERMAS de medicina personalizada de precisión y la genética de estos pacientes entra dentro de la centralización”, explican en declaraciones a elDiario.es.

Esto supone un ahorro para la nueva empresa adjudicataria, Quirónsalud, teniendo en cuenta además que estas pruebas de laboratorio suelen ser las más caras.

Desde Izquierda Unida Madrid critican que el SERMAS continúe su “desprecio hacia la Sanidad Pública”: “Profundiza en la externalización de los laboratorios clínicos mientras asume las áreas menos rentables”, argumentan. Según el partido, la consecuencia es un modelo que supone una “socialización de las áreas menos rentables y más intensivas en conocimiento especializado, mientras se mantiene en manos privadas una parte sustancial de la actividad analítica de mayor volumen”. Y, en consecuencia, “un sistema en el que la sanidad pública asume las cargas estructurales y de personal necesarias” mientras financia “mediante contratos millonarios actividades que podrían prestarse directamente desde la propia red pública”.

También Comisiones Obreras ha denunciado la situación a través de un comunicado publicado este miércoles, en el que critican “irregularidades” en el traspaso a Quirón y ha exigido la intervención del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS), “que conocen desde hace tiempo la problemática que afecta a la plantilla”.

Los presupuestos de la Junta para 2026, elaborados por el Gobierno de coalición de PP y Vox, triplican los fondos destinados a derivar pacientes a la sanidad privada en comparación con las cuentas de 2023, las últimas firmadas por el anterior Ejecutivo socialista. Esta escalada ya se inició en 2024, coincidiendo con la entrada de PP y Vox en el Ejecutivo.

En concreto, la polémica se centra en el notable incremento de los programas Paracelso —destinado a derivar pacientes a clínicas privadas para aliviar las listas de espera quirúrgicas— y Galeno —enfocado en la externalización de pruebas diagnósticas—. Para el próximo año, el programa Paracelso alcanzará los 15,9 millones de euros, mientras que el Galeno estará dotado con 14,5 millones; unas cifras que consolidan el progresivo trasvase de fondos públicos hacia el sector privado.

Tanto el PSOE como Unidas por Extremadura han censurado con dureza este incremento presupuestario, una situación que, según denuncia la oposición, el propio director general de Planificación Económica del SES llegó a reconocer en comisión parlamentaria como un “inconveniente” que el Ejecutivo autonómico pretende modificar ahora por la vía de una “enmienda” técnica.

Isabel Gil Rosiña (PSOE) y José Antonio González Frutos (Unidas por Extremadura) han coincidido en alertar de la “privatización encubierta” de la sanidad pública. Según ambos portavoces, ante las críticas de la oposición por el blindaje a la privada, el alto cargo del SES aseguró que las cifras consignadas en el proyecto no coinciden con las previsiones reales y que el Gobierno regional las rectificará antes de que expire el plazo el próximo día 15.

La portavoz socialista ha detallado el desglose de esta externalización, que “se triplica” al pasar de los 6,4 millones de euros que el PSOE presupuestó para intervenciones quirúrgicas a los 15,9 millones fijados para 2026; y de 5,2 millones para pruebas diagnósticas a los 14,5 millones actuales. Además, Gil Rosiña ha aseverado que la promesa de inyectar 500 millones más en la sanidad extremeña es “una gran operación de propaganda que no resiste el contraste con la realidad”, ya que esa cuantía se diluye en el conjunto de la Consejería de Salud y Dependencia.

Por su parte, González Frutos ha puesto el foco también en el ámbito educativo, criticando el aumento de los conciertos y la fórmula elegida para la educación infantil: “Pretenden vender la universalización de la etapa de 0 a 3 años a base de dar un cheque privado en vez de construir nuevas unidades en la escuela pública, lo que evidencia el carácter parasitario y lobista de los intereses privados en los servicios públicos”.

Desde el grupo parlamentario del PP, el diputado Hipólito Pacheco Delgado ha querido restar tensión al choque defendiendo que el director general del SES realizó “un ejercicio de humildad y transparencia” al admitir que existía “un error” en el proyecto de presupuestos que se va a solucionar de inmediato.

Asimismo, Pacheco ha replicado a Gil Rosiña exigiéndole “humildad” tras haber sido consejera durante ocho años y le ha recordado que el anterior Ejecutivo socialista también recurría a los conciertos sanitarios. “Aquí no se privatiza ninguna sanidad; la sanidad extremeña es y seguirá siendo gratuita y universal”, ha zanjado. En esta misma línea, la portavoz de Vox, Inés Checa, ha defendido con firmeza que las cuentas de 2026 responden a las necesidades de la región, destacando medidas consensuadas en el seno del Ejecutivo de coalición como la homologación salarial de los docentes, la gratuidad de la educación infantil y la inversión en vivienda protegida, infraestructuras y simplificación administrativa.

El número de pacientes del área de Vigo asignados a Povisa, un centro privado propiedad del grupo Ribera con el que la Xunta tiene un millonario concierto, se sitúa en el más bajo de su historia. Son poco más de 102.000, después de que unos 8.000 pasasen de este centro a los de la red pública en abril, cuando se abrió la ventana para hacer el cambio. Pese a la elevada cifra, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha tratado de limitar las causas a que los ciudadanos deciden libremente.

Todos los años, añadió, se permite pasar de un sistema a otro y hay un trasvase de pacientes. Y, si el de 2026 ha sido más alto de lo habitual, quienes tienen que aclarar los motivos son, a su juicio, los que han pedido el cambio: “Ellos deben explicar sus razones”. El presidente gallego evitó hacer un análisis o pronunciarse sobre si han pesado cuestiones como el aumento de servicios en la parte pública de la sanidad en Vigo o los escándalos que afectan al grupo Ribera. En los últimos meses, se han conocido las maniobras para alargar listas de espera en Torrejón (Madrid) con el fin de lograr más ingresos o que se reutilizaron varias veces catéteres de un solo uso.

Preguntado por esta salida masiva de pacientes de Povisa, el presidente de la Xunta se ha limitado a responder que agradece la confianza que tienen en que estarán bien atendidos en la pública y a manifestar que la obligación de su equipo es que reciban cuidados adecuados tanto en ese sistema como en el hospital concertado.