En una fría tarde de otoño, un grupo de estudiantes serbios recorre como voluntarios los bloques de viviendas de Krnjača, un barrio de las afueras de Belgrado, para hacer campaña puerta a puerta. Llevan cintas para colgar al cuello con la palabra “victoria”, una lista de preguntas y una aplicación móvil que registra los hogares visitados y el nivel de apoyo en cada uno.

Los voluntarios forman parte de Lista Estudiantil, un movimiento de masas que lleva dos años sacudiendo Serbia con protestas constantes. Este domingo, el grupo presentará a sus propios candidatos a las elecciones parlamentarias y planteará el desafío más serio al que se ha enfrentado Aleksandar Vučić en sus 12 años en el poder, marcados por un autoritarismo creciente.

Esperan emular la derrota del aliado de Vučić, Viktor Orbán, en la vecina Hungría hace seis meses en un efecto dominó que podría impulsar un resurgimiento democrático en Europa Central.

Los sondeos arrojan resultados muy dispares, pero muchos analistas consideran muy posible que las elecciones estén reñidas. Ninguna de las partes parece dispuesta a reconocer una eventual derrota como legítima, lo que aumenta el riesgo de disturbios y enfrentamientos tras los comicios.

Para ganar, la lista de 250 candidatos del movimiento estudiantil tendría que transformar la manera de hacer política en Serbia y poner fin al control que Vučić ejerce sobre el país. Vučić dimitió como presidente el mes pasado, cinco meses antes de concluir su segundo y último mandato permitido por la Constitución, pero lo hizo con el único objetivo de prolongar su permanencia en el poder como primer ministro al frente del Partido Progresista Serbio (SNS).

En la zona del barrio que tenían asignada, el estudiante de Derecho Zak Veličković y la fotógrafa de campaña Danijela Radojković encuentran un apoyo abrumador. Salvo unas pocas personas que los despachan educadamente indicando que no les interesa la política, los vecinos aprovechan la ocasión para expresar sus quejas.

La mayoría promete darles su voto y una minoría considerable se ofrece a colaborar: algunos taxistas que viven en los bloques de pocas plantas señalan que llevarán a los votantes a los colegios electorales.

“La clave es la participación”, señala un vecino. “Orbán cayó con un 80%”, añade, en referencia a las elecciones húngaras de abril.

Veličković comienza cada conversación preguntando a su interlocutor cuál es el mayor problema de la sociedad serbia; una pregunta que a menudo provoca risas y respuestas del tipo: “¿Cuánto tiempo tienes?”.

La corrupción es la queja más frecuente. En el índice de corrupción elaborado por Transparency International, Serbia ocupa un puesto mucho peor que cualquiera de sus vecinos. Es el país más corrupto de Europa, con la excepción de Bielorrusia y Rusia.

Son frecuentes las acusaciones de vínculos entre el SNS y el crimen organizado y el eslogan de la Lista Estudiantil aborda de frente esa percepción generalizada planteando la disyuntiva entre “Serbia o la mafia”. El Gobierno niega todas las acusaciones y sostiene que está combatiendo el crimen organizado.

Los principales problemas locales en Krnjača parecen ser el mal estado del puente que une el barrio con el centro de Belgrado y el sistema de alcantarillado, que falla repetidamente cuando llueve intensamente, a pesar de la promesa personal de Vučić —quien, según los vecinos, visitó la zona hace unos años— de solucionar el problema.

La economía ha crecido en los últimos años, pero existe la opinión generalizada de que los beneficios no se distribuyen de forma equitativa. En Krnjača se han abierto concesionarios de Porsche y Land Rover. Esto contrasta con los espacios públicos, que se ven descuidados. Algunos de los tranvías de Belgrado tienen más de 50 años.

De hecho, fue un grave fallo de infraestructura lo que desencadenó las protestas estudiantiles: el derrumbe de una marquesina de hormigón en la estación de tren de Novi Sad el 1 de noviembre de 2024, en el que murieron 16 personas. Las pruebas apuntaban a modificaciones defectuosas realizadas durante las obras de remodelación, pero hasta la fecha no se ha determinado oficialmente la causa ni se han exigido responsabilidades a ningún cargo público.

Cuando los estudiantes de Belgrado bloquearon una carretera en una vigilia por las víctimas tres semanas después de la catástrofe, fueron atacados por una turba del SNS y el movimiento de protesta se extendió a todo el país.

Vučić, preocupado

En un principio, los estudiantes se distanciaron de los partidos de la oposición y evitaron cualquier tipo de jerarquía o estructura de liderazgo convencional. Se trató, en parte, de una elección ideológica y, en parte, de una decisión práctica. El SNS y los medios de comunicación estatales gobiernan, entre otros métodos, recurriendo a la difamación de sus oponentes, y el enfoque colectivo de los estudiantes ofrecía menos objetivos de ataque.

Vučić saltó a la fama en la década de 1990 como nacionalista radical, partidario de las políticas de expansión serbia y limpieza étnica lideradas por Slobodan Milošević, quien falleció de un infarto mientras se encontraba detenido en La Haya durante su juicio por genocidio y crímenes contra la humanidad cometidos en Croacia, Bosnia y Kosovo. Ocupó el cargo de ministro de Información de Milošević durante todo el conflicto de Kosovo. Como presidente, Vučić no ha imitado el militarismo de su predecesor, pero ha seguido recurriendo al nacionalismo en la política interna, descalificando a la oposición como un grupo de títeres al servicio de supuestas potencias extranjeras que no identifica.

Hasta ahora, esas tácticas tan manidas han resultado ineficaces frente a los estudiantes. Una encuesta publicada en julio por un grupo serbio prodemocrático, el Centro de Investigación, Transparencia y Rendición de Cuentas (CRTA), y la Universidad de Stanford reveló un apoyo significativamente mayor a los estudiantes (45%) que al SNS (36%), pero eso fue mucho antes de que Vučić anunciara su dimisión el 27 de septiembre y su maquinaria electoral se pusiera a trabajar sin descanso. Otras encuestas nacionales más recientes sitúan al SNS a la cabeza, aunque la oposición atribuye a esas encuestadoras un sesgo favorable al Gobierno.

El propio Vučić da muestras de que se está tomando la amenaza política lo suficientemente en serio como para lanzarse de lleno a la campaña, con 129 apariciones en directo en televisión en agosto, más de cuatro veces el total del mes anterior.

Somos personas que hemos dirigido proyectos, organizaciones y nuestra comunidad y, la verdad, no veo que podamos hacerlo peor que estos políticos… Lo único que importa es la voluntad de mejorar algo, la experiencia para llevarlo a cabo y el apoyo necesario para lograr el cambio real

Milica Jovanović — Candidata y profesora adjunta de la Universidad de Belgrado

“Serbia ha sido una autocracia electoral y, en las autocracias electorales, solo los partidos políticos en el poder pueden ganar”, explica Raša Nedeljkov, director de programación de la CRTA. Cree que el actual equilibrio de poder está ahora en peligro.

“Lo que estamos viendo en los últimos días, semanas y meses es que esa fuerza —el Gobierno homogéneo con el que solía contar Vučić— ya no existe. Se enfrenta a un actor político poco ortodoxo y las herramientas que ha perfeccionado a lo largo de los años desde que llegó al poder ya no le sirven”, explica.

Un experimento democrático

Incapaz de aplastar a los estudiantes por la fuerza, la división o el menosprecio, Vučić se arriesgó anunciando su dimisión como presidente y convocando elecciones anticipadas, con la aparente esperanza de pillar a los estudiantes desprevenidos, pero estos respondieron improvisando un experimento democrático.

Los 250 candidatos fueron en su mayoría propuestos por las facultades universitarias (entre ellos hay más de 160 doctores), con algunos agricultores y profesionales de otros ámbitos, y cada candidato tuvo que ser aprobado en las sesiones plenarias de las protestas estudiantiles.

El programa político también ha sido decidido por el pleno, con el resultado de que se han minimizado los temas que generan polémica, especialmente la política exterior: la cuestión de la futura adhesión a la UE se ha dejado en manos de un referéndum y se afirma que Kosovo es parte integrante de Serbia.

Esta gente decía: 'No me meto en política', y luego la política les costó la vida. (...) Sin duda, esto ha impulsado a mucha gente a implicarse y, obviamente, esas personas no votarán a Vučić. Creo que esa es la única oportunidad de cambio: ese reservorio de votos de personas que nunca han votado

Radivoje Grujić — Consultor electoral

Una de las candidatas elegidas, Milica Jovanović, profesora adjunta de la Universidad de Belgrado, argumenta que la falta de experiencia política de la Lista no era necesariamente un inconveniente.

“Somos aficionados a la política, pero somos expertos”, afirma Jovanović. “Somos personas que hemos dirigido proyectos, organizaciones y nuestra comunidad y, la verdad, no veo que podamos hacerlo peor que estos políticos… Lo único que importa es la voluntad de mejorar algo, la experiencia para llevarlo a cabo y el apoyo necesario para lograr el cambio real”.

La Lista Estudiantil se enfrenta al monolito político del SNS, que lleva 14 años en el poder y controla el aparato estatal. Acusa al Ministerio de Asuntos Exteriores de manipular el voto de la diáspora al mantener abiertos los colegios electorales donde Vučić cuenta con un fuerte apoyo, como en la parte serbia de Bosnia, y cerrarlos en zonas de Norteamérica donde la oposición tiene expectativas de obtener buenos resultados. El ministerio no ha respondido a una solicitud de comentarios.

Mientras tanto, el control del SNS sobre los medios de comunicación nacionales es evidente. Una encuesta de la CRTA realizada en septiembre reveló que el 69% del tiempo de emisión de los canales de televisión serbios se dedicaba a la mayoría gobernante. De la cobertura restante dedicada a la oposición, el 42% tenía un tono negativo y el 53% era neutral.

El movimiento estudiantil ha tratado de eludir el dominio gubernamental de los medios de comunicación, según afirma, yendo puerta a puerta, incluso enviando a un representante “a cada pueblo”, con la esperanza de hacer mella en la sólida base de Vučić en el campo serbio. El resultado podría depender de si estos emisarios estudiantiles logran cambiar la mentalidad de la población rural.

Ningún representante del SNS ha querido responder a la solicitud de comentarios de The Guardian. Gordana Čomić, exmiembro del Partido Demócrata, de la oposición, y exministra en el Gobierno del SNS, afirma que los estudiantes están exagerando el alcance de su campaña rural y que se autoengañan si piensan que tienen posibilidades de ganar.

“No están sobre el terreno. Es propaganda. No tienen ni idea de quiénes son sus votantes”, afirma Čomić, que pronostica que la Lista Estudiantil obtendrá unos 80 de los 250 escaños de la Asamblea Nacional y que terminará disolviéndose. “No tendrán ni idea de cuál es su papel. ¿Cómo van a trabajar si no quieren hablar con nadie de los partidos en el poder? Simplemente, se disolverán”, afirma.

Radivoje Grujić, un consultor electoral serbio afincado en Varsovia, también se muestra escéptico respecto a que la Lista Estudiantil pueda obtener resultados positivos en las zonas rurales y argumenta que la única vía de victoria para los estudiantes sería que el desastre de Novi Sad movilizara a los serbios que hasta entonces se han mantenido al margen de la política.

“Esta gente decía: 'No me meto en política', y luego la política les costó la vida”, afirma. “Sin duda, esto ha impulsado a mucha gente a implicarse y, obviamente, esas personas no votarán a Vučić. Creo que esa es la única oportunidad de cambio: ese reservorio de votos de personas que nunca han votado”.

“Hay una sensación de que es ahora o nunca”

En una contienda reñida, se espera que entren en juego otros factores. Los partidos minoritarios que representan a las comunidades húngara, bosnia y albanesa podrían convertirse en decisivos.

En elecciones anteriores se han producido múltiples denuncias de diversas formas de fraude, como la compra de votos, la intimidación a los votantes y el relleno de urnas, por lo que la Lista Estudiantil tiene previsto desplegar el domingo un número sin precedentes de observadores de la oposición.

Esto, a su vez, podría aumentar la posibilidad de que se produzcan enfrentamientos el día de las elecciones. Los ataques contra representantes de la oposición por parte de bandas de hombres corpulentos, anónimos y vestidos de negro han sido una constante durante el mandato del SNS. En los días previos a las elecciones, uno de esos matones a sueldo se ha convertido en informante.

“Mi función consistía en dirigir a un grupo de hombres a los lugares más peligrosos y críticos, a cualquier concentración en la que hubiera estudiantes o miembros de la oposición”, explica Momcilo Marjanovic a la Red de Periodismo de Investigación de los Balcanes, añadiendo que se le pagaba de forma encubierta a través de un empleo ficticio en una empresa de servicios públicos. “Nuestro trabajo consistía, como último recurso, claro está, en recurrir a la fuerza, aunque a menudo no se trataba de un último recurso”.

Los diplomáticos en Belgrado pensaban que los planes de Vučić de acoger un gran evento internacional, la EXPO 2027, el año que viene, podrían frenar cualquier acto de violencia. Si su control del poder se ve amenazado, Vučić también tiene la opción de forzar repetidos recuentos con la esperanza de que el ímpetu de los estudiantes acabe disipándose.

El movimiento está decidido a que eso no ocurra y ha centrado su planificación en las últimas semanas en tácticas callejeras postelectorales para defender cualquier victoria.

“Creo que hay una sensación generalizada de que es ahora o nunca”, decía Jelena Kleut, profesora asociada de estudios de medios de comunicación, en una reciente manifestación frente al Ministerio de Educación en Belgrado. “La gente ha sentido realmente en carne propia de lo que es capaz el régimen y existe la sensación de que aún hay que mantenerse fuertes porque aún queda camino por recorrer”.

El único líder político israelí que puede arrebatar el poder a Benjamín Netanyahu lo hace con más belicismo y cara amable. Gadi Eisenkot (1960, Tiberias) es la figura de la oposición que cuenta con más apoyos de cara a los comicios generales del 27 de octubre, pero no tiene ninguna garantía de que pueda formar una coalición gobernante con los demás partidos del llamado bloque anti-Netanyahu.

Eisenkot tiene una corta trayectoria política: fue elegido por primera vez como diputado en 2022 y fundó Yashar! (recto, en hebreo) en 2025. Sin embargo, la principal carta de presentación de este teniente general retirado de 66 años es su recorrido en el Ejército, donde sirvió como jefe del Estado Mayor de la Defensa entre 2015 y 2019, periodo en el cual el Ejército reprimió militarmente las movilizaciones de la Gran Marcha del Retorno en la frontera de Gaza, en las que murieron alrededor de 200 palestinos.

Eisenkot fue uno de los principales impulsores de la llamada ‘doctrina Dahiye’, que se basa en responder de manera desproporcionada a cualquier ataque. “Lo que ocurrió en el barrio de Dahiye, en Beirut, en 2006, ocurrirá en cada pueblo desde el que se dispare contra Israel”, dijo. “Emplearemos una fuerza desproporcionada y causaremos allí grandes daños y destrucción. Desde nuestro punto de vista, no se trata de aldeas civiles, sino de bases militares”.

La doctrina toma el nombre de los populosos suburbios del sur de Beirut donde el grupo chií Hizbulá tiene una fuerte presencia. Durante la guerra contra Líbano en 2006, Israel bombardeó de forma masiva e indiscriminada Dahiye. La doctrina se aplicó de nuevo durante el genocidio en Gaza, llevada a sus extremos y con consecuencias devastadoras.

En calidad de ex jefe del Estado Mayor, integró el ‘gabinete de guerra’ que formó el Gobierno de Netanyahu pocos días después de emprender la ofensiva de castigo contra la Franja en respuesta al ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023. Si bien abandonó el gabinete en junio de 2024, participó en la toma de decisiones respecto a la guerra en los primeros ocho meses, cuando el Ejecutivo israelí dio luz verde al desplazamiento masivo de la población gazatí y su matanza, además de privarla de los bienes básicos como agua, alimentos y medicinas.

Al cabeza de lista le acompañan otros ex altos mandos militares y de seguridad: el segundo de la lista de Yashar! estuvo al frente del Shin Bet (la agencia de seguridad e Inteligencia interior de Israel) y más abajo hay dos generales y un coronel; también hay algunos exministros. Ilana Shpaizman, profesora titular del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad israelí de Bar-Ilan, señala a elDiario.es que la lista de Yashar! es “muy religiosa y derechista”, aunque el partido se considera de centroderecha y el mismo Eisenkot ha sido tildado de “centrista”. La politóloga dice que es difícil definir la ideología del candidato, pero su lista busca atraer el voto derechista, de partidos como el Likud. Al fin y al cabo, estas elecciones no se disputan entre izquierda y derecha, sino entre Netanyahu y anti-Netanyahu.

La seguridad y la prosperidad de Israel son la misión de mi vida. Estoy determinado a cumplir con esta misión

Gadi Eisenkot

Durante la campaña electoral también ha tratado de mostrar una cara más amable que Netanyahu: la del padre de familia que, además, perdió a uno de sus cinco hijos en Gaza, donde estaba desplegado en diciembre de 2023. También dos de sus sobrinos murieron en combate en la brutal guerra israelí contra la Franja (en la que han fallecido casi 500 uniformados israelíes y más de 74.000 palestinos desde 2023).  

“La seguridad y la prosperidad de Israel son la misión de mi vida. Estoy determinado a cumplir con esta misión”, afirma Eisenkot en la página web de su campaña. La biografía oficial del candidato destaca sus más de 40 años de servicio en las FDI, desde 1978 como soldado hasta llegar a ser jefe del Estado Mayor en 2015. El militarismo marca su programa electoral, así como ha marcado su vida profesional y personal.

Oposición a los dos Estados

No se pueden esperar de Eisenkot políticas diferentes a las de Netanyahu, al menos en los ámbitos de defensa y seguridad y respecto a los palestinos. Se opone a un Estado palestino independiente, pero tampoco quiere seguir los pasos del actual Gobierno hacia la anexión de iure de los territorios ocupados. Recientemente, dijo que sería “un desastre para el Estado de Israel” anexionar Cisjordania, con más de 3 millones de palestinos, y Gaza, con otros dos millones. “No los quiero”, afirmó.

En un acto electoral junto a la Franja de Gaza, a mediados de octubre, prometió que acabará con Hamás en un plazo de 18 meses desde su toma de posesión, ya sea con la aplicación del plan de Donald Trump para desarmar al grupo islamista o con una operación militar. Eisenkot pone a las FDI en el centro de su programa electoral.

Una de las promesas principales del candidato es el establecimiento de una comisión de investigación oficial sobre el gran ataque de Hamás del 7 de octubre contra el sur de Israel, en el que fueron asesinadas más de 1.200 personas y otras 251 fueron secuestradas. Es probablemente la mayor diferencia con Netanyahu, quien se ha resistido desde el primer momento a una comisión que investigue en qué fallaron el Gobierno y todas las agencias de seguridad del Estado para que pudiera producirse la irrupción de los milicianos palestinos desde la vigilada Franja y la masacre de cientos de ciudadanos israelíes en las localidades próximas. Según fuentes cercanas a Eisenkot, citadas por el medio estadounidense Axios, el principal objetivo del candidato es sustituir al hombre que considera responsable de no haber evitado el ataque del 7 de octubre.

El hecho de que sus hijos participaran en la posterior guerra contra Gaza, mientras que los hijos de Netanyahu no lo hicieron, le acerca a la mayoría de los votantes, que han sido llamados a filas ellos mismos o sus familiares y amigos en al menos una ocasión desde 2023 —no solo en el frente gazatí, sino en Líbano y en Siria y en las campañas de bombardeos contra Irán y Yemen—.

Otro punto destacado de su programa, que le diferencia de Netanyahu, es aprobar una ley para que todos los ciudadanos tengan que servir en las FDI o en otros cuerpos del Estado, incluidos los judíos ultraortodoxos, cuya exención del servicio militar obligatorio ha sido una de las cuestiones más polémicas de la legislatura que termina y le ha causado más de un quebradero de cabeza a Bibi —quien ha gobernado con el apoyo de dos partidos ultraortodoxos—. Poner fin a los privilegios de los que ha gozado tradicionalmente la comunidad haredí y compartir el “esfuerzo bélico” es algo que apoyan muchos ciudadanos, según las encuestas, así como los partidos de la oposición que Eisenkot busca agrupar en una coalición que marque el “camino recto” para Israel, según reza su lema de campaña.

Cercano y poco carismático 

Hay algunos aspectos personales de Eisenkot que le diferencian de Netanyahu y que han atraído a una parte del electorado que rechaza el desempeño de Bibi y las actitudes del primer ministro y su esposa. Sin ir más lejos, está acusado de fraude y abuso de confianza por aceptar casi 300.000 dólares en regalos, incluidos champán y puros.

Frente a eso, Eisenkot se presenta como un candidato honesto y cercano. “Se le percibe como una persona común, lo cual representa un cambio significativo y positivo a los ojos de muchos que ven a Netanyahu como alguien arrogante y distante del público”, dice Shpaizman, profesora titular del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad israelí de Bar-Ilan. Agrega que la personalidad de Eisenkot está jugando a su favor en la campaña electoral. Sin embargo, señala que no ha adoptado una postura clara respecto a muchos asuntos, por lo que es difícil saber qué hará si llega al gobierno.

El exgeneral procede de una familia humilde, que emigró a Israel desde Marruecos, por tanto, es un judío mizrají (oriental), mientras que la alta política israelí ha estado dominada a lo largo de las décadas por los judíos de origen europeo. Nació en Tiberias, en el norte de Israel, y vivió en Eilat, en el extremo sur, por lo que conoce las circunstancias de la periferia del país, cuya población dice estar marginada y olvidada, por estar lejos de los centros urbanos de Tel Aviv y Jerusalén. Uno de los puntos de su programa electoral es precisamente el desarrollo de la periferia. Pese a todo, Eisenkot está familiarizado con las dinámicas del poder porque ha estado al frente de una de las instituciones más importantes de Israel y también conoce muy bien a su rival, Netanyahu, que fue primer ministro cuando él lideraba el Ejército. 

La vivienda era el asunto que figuraba en el orden del día, pero las elecciones generales del 29 de noviembre han terminado protagonizando uno de los enfrentamientos más duros entre el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, y el portavoz de Chunta Aragonesista, Jorge Pueyo. La decisión de CHA-Frente Amplio de renunciar a presentar candidatura al Congreso por Teruel ha desatado una sucesión de reproches sobre la identidad aragonesista de la formación, sus principios políticos y sus acuerdos con el PSOE. El debate ha alcanzado tal intensidad que Pilar Alegría ha intervenido posteriormente para defender el pacto electoral de las fuerzas progresistas.

La comparecencia de Azcón había sido solicitada por CHA para exigir explicaciones sobre la decisión del Ejecutivo autonómico de no tramitar ninguna solicitud de declaración de zonas de mercado residencial tensionado. Sin embargo, el presidente ha dedicado buena parte de su primera intervención a cuestionar la estrategia electoral de Chunta, anunciada apenas un día antes, y a acusar a su portavoz de haber renunciado a los principios históricos del aragonesismo.

“Un partido que dice que representa a Aragón y que no se va a presentar en una parte de Aragón tiene que explicar por qué”, ha comenzado Azcón, antes de preguntarse si los habitantes de Teruel son ciudadanos “de segundo grado” para CHA y si no merecen que la formación aragonesista los represente.

El presidente ha elevado progresivamente el tono hasta lanzar una de las acusaciones más contundentes de la sesión: “Usted ha vendido sus principios y sus valores, y además se van a quedar sin sillones”.

Azcón también ha insinuado que detrás de la retirada electoral podría existir algún acuerdo no conocido. “¿Hay algún pacto oculto del que nos enteraremos o se han repartido algún 'puestecito' y algún sillón?”, ha preguntado, sin aportar pruebas de la existencia de ese supuesto pacto.

La renuncia de CHA-Frente Amplio afecta exclusivamente a la candidatura al Congreso por Teruel. La coalición mantiene su intención de concurrir por Zaragoza y Huesca, mientras que en la provincia turolense participará en la candidatura conjunta al Senado. Pueyo justificó el miércoles esta decisión por la necesidad de evitar la dispersión del voto progresista y contribuir a una mayoría parlamentaria de izquierdas.

La estrategia, sin embargo, ha provocado discrepancias dentro de la propia coalición. Izquierda Unida Aragón, encabezada por Marta Abengochea, ha rechazado la renuncia y ha anunciado su intención de trabajar para que exista una candidatura alternativa de izquierdas en Teruel. La formación considera un “despropósito” dejar sin esa papeleta a una provincia especialmente afectada por la despoblación.

“Lo que nos pide el corazón es presentarnos, pero lo que nos pide la cabeza...”

Pueyo ha respondido a las acusaciones de Azcón después de reprocharle que hubiera empleado varios minutos en hablar de elecciones durante una comparecencia sobre vivienda. “Uno viene con un tema preparado y usted está cinco minutos hablando de otra cosa”, ha ironizado, antes de entrar de lleno en la controversia electoral.

El portavoz aragonesista ha reconocido que la retirada de Teruel no responde a los deseos iniciales de su formación. “A nosotros, a Chunta Aragonesista en Teruel, lo que nos pide el corazón es presentarnos, pero lo que nos pide la cabeza es la respuesta que ha tenido usted hoy”, ha afirmado.

Pueyo ha interpretado la dureza de las críticas del presidente como una reacción a la estrategia electoral de CHA. “Usted hoy está enfadado, hoy usted está preocupado, hoy usted sabe que puede perder fuerza electoral”, le ha espetado, defendiendo que su partido ha tomado una decisión “desde la razón, no desde el orgullo”.

Para responder a las acusaciones de abandono de Teruel, ha enumerado distintas iniciativas impulsadas por Chunta en el Congreso de los Diputados, entre ellas las ayudas al funcionamiento empresarial, la lucha contra la despoblación, el corredor Cantábrico-Mediterráneo y las reivindicaciones sobre infraestructuras ferroviarias y carreteras.

El enfrentamiento ha subido de tono cuando Pueyo ha acusado a los grandes partidos de subordinar sus decisiones a las direcciones nacionales. “Ustedes son unos lamebotas de Madrid. Ustedes no defienden los intereses de Aragón, defienden los intereses de sus partidos en Madrid”, ha proclamado.

También ha recurrido a la historia de Chunta para defender su posición, recordando a Joaquín Palacín y a José Antonio Labordeta, y reivindicando el compromiso de generaciones de militantes con el aragonesismo. “Uno no se mete en política por el dinero, sino por principios y por hacer algo por su tierra”, ha concluido.

Azcón insiste: “El único traidor a Aragón es usted”

Lejos de rebajar el enfrentamiento, Azcón ha aprovechado su segunda intervención para insistir en que Pueyo estaba “traicionando la historia de Chunta Aragonesista” y a los dirigentes que acababa de mencionar. El presidente ha asegurado que terminarán apareciendo voces críticas dentro de la propia organización y ha citado expresamente las discrepancias manifestadas por Marta Abengochea, de Izquierda Unida.

También ha utilizado la explicación de Pueyo sobre la contradicción entre el corazón y la cabeza para reiterar sus acusaciones. Según Azcón, la decisión demuestra que CHA ha antepuesto sus intereses electorales a las reivindicaciones que históricamente había defendido para Teruel. “El único traidor a Aragón es usted, señor Pueyo”, ha llegado a afirmar.

Azcón ha ampliado además el alcance de la controversia al conjunto del nacionalismo de izquierdas, preguntándose si formaciones como Compromís o el Bloque Nacionalista Galego adoptarían decisiones semejantes en alguna de sus circunscripciones.

El presidente también ha introducido en el enfrentamiento a Tomás Guitarte, portavoz de Aragón Existe, al que ha invitado a mirar desde la tribuna parlamentaria. “Está frotándose las manos”, ha repetido, en referencia a las consecuencias políticas que, a su juicio, podría tener la retirada de CHA.

Pilar Alegría sale en defensa del acuerdo progresista

La controversia ha llegado hasta la intervención de la portavoz socialista, Pilar Alegría, que antes de abordar la política de vivienda ha respondido a las críticas de Azcón sobre los acuerdos electorales de la izquierda.

Alegría ha defendido la transparencia del pacto alcanzado para concurrir conjuntamente al Senado y ha explicado que su finalidad es conseguir una mayoría progresista en una Cámara que, según ha denunciado, el PP ha convertido en una “trinchera”. “Todos los ciudadanos de este país han podido conocer de una manera clara y transparente que distintos partidos de la izquierda hemos llegado a un acuerdo transparente en las listas del Senado”, ha afirmado.

La dirigente socialista ha aprovechado también para devolver las acusaciones al presidente aragonés y plantear la posibilidad de que las candidaturas populares al Senado incorporen dirigentes de Vox. “A ver si el lunes, cuando se hagan públicas las candidaturas de su partido, nos vamos a encontrar dentro de las listas del Senado del Partido Popular dirigentes de Vox”, ha advertido.

Alegría ha asegurado que esa eventual coincidencia no le produciría ninguna sorpresa porque considera que ambas formaciones comparten el mismo proyecto político. “PP y Vox, dos partidos políticos con siglas diferentes pero con el mismo proyecto ideológico. Son ustedes absolutamente indistinguibles”, ha sostenido.

La intervención de la portavoz socialista ha servido así para respaldar públicamente la estrategia de colaboración electoral de la izquierda, aunque sin entrar específicamente en las discrepancias que la renuncia de CHA a concurrir por Teruel ha provocado con Izquierda Unida.

Pero la defensa de los acuerdos electorales de la izquierda por parte de Pilar Alegría tampoco ha quedado sin respuesta. Azcón ha arremetido contra la portavoz socialista y ha cuestionado la transparencia que había reivindicado en su intervención. “El Partido Socialista no ha hecho un acuerdo transparente en su vida”, ha afirmado, antes de comparar el pacto con CHA con los acuerdos del PSOE con EH Bildu, que, según ha ironizado, son igual de “transparentes”.

El presidente aragonés ha acusado a Alegría de creerse “la más lista de la clase” y ha reprochado a los socialistas que pretendan “desequilibrar el tablero” electoral mediante acuerdos con otras formaciones mientras cuestionan que sus adversarios puedan hacer lo mismo.

Azcón ha ido más allá al sostener que el PSOE ha renunciado a su propia historia y ha dejado de aspirar a representar a una mayoría de españoles para convertirse en un partido subordinado a las decisiones de Pedro Sánchez. “Ya no aspira a representar a una mayoría de españoles, sino a decir 'sí, bwana' a Pedro Sánchez”, ha espetado.

En su intervención, ha acusado a los socialistas de estar dispuestos a pactar con cualquier formación con tal de mantenerse en el poder, incluso con aquellas que, según su interpretación, apuestan por la “ruptura de España”.

El presidente ha terminado vinculando esta estrategia con los resultados electorales del PSOE aragonés y ha recordado a Alegría que obtuvo el peor resultado de la historia de su partido en Aragón. Una situación que ha augurado que se repetirá con Pedro Sánchez en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

El Partido Verde Canarias (Verdes-Equo) ha alcanzado un acuerdo electoral con Unidad del Pueblo Canario para las próximas elecciones del 29 de noviembre, porque “el actual contexto político y social exige responsabilidad, diálogo y la construcción de espacios de trabajo conjunto”.

“Desde el Partido Verde Canarias consideramos que nuestra aportación programática, basada en los principios de la ecología política, resulta hoy más necesaria que nunca en el archipiélago”, afirma esa formación, que considera que “las elecciones del 29N deben representar una oportunidad para avanzar en derechos y no una puerta abierta al retroceso social y ambiental”.

A su juicio, Canarias necesita una visión política que integre la justicia social y ambiental, que afronte con valentía los desafíos del presente y que sitúe a las personas, su bienestar y la protección del territorio en el centro de la acción política.

Este acuerdo responde a la voluntad de sumar esfuerzos y construir una alternativa política capaz de defender los derechos sociales, combatir las desigualdades y afrontar la emergencia climática desde una perspectiva profundamente comprometida con la realidad de nuestras islas, añade la formación política.

“Somos conscientes del momento social y político que estamos viviendo y de la necesidad de fortalecer la cooperación entre organizaciones que comparten la defensa de los derechos ciudadanos, la igualdad de oportunidades y un modelo de desarrollo justo y sostenible”, argumentan.

El Partido Verde Canarias considera que el Gobierno de Canarias debe ejercer plenamente todas las competencias de las que dispone para dar respuestas efectivas a los problemas reales que afectan a la sociedad canaria, “asumiendo sus responsabilidades políticas y evitando utilizar las competencias de otras administraciones como excusa para la inacción”.

Para esa formación política “Canarias necesita instituciones comprometidas con la búsqueda de soluciones, capaces de actuar con determinación y de situar las necesidades de la ciudadanía por encima de cualquier confrontación o justificación competencial”.

También cree “imprescindible superar el modelo desarrollista y de explotación intensiva del territorio que se ha impuesto durante décadas en nuestras islas, presentándose como si fuera la única alternativa económica posible para el archipiélago”.

En su opinión, Canarias no puede seguir vinculando su futuro a un crecimiento ilimitado que compromete sus recursos naturales, deteriora su territorio y no garantiza una mejora real de las condiciones de vida de su población.

Por ello, apuesta por un modelo económico diversificado, socialmente justo y ambientalmente sostenible, que respete los límites de nuestro territorio y permita distribuir de manera más equitativa la riqueza generada.

“En un territorio insular, especialmente vulnerable a las consecuencias del cambio climático, no podemos permitir que el negacionismo climático ni los intereses contrarios a la protección ambiental condicione nuestro futuro”, añaden.

Nuestra participación en esta propuesta unitaria nace de la convicción de que “la ecología política no es una cuestión secundaria, sino una herramienta imprescindible para construir una Canarias más justa, solidaria, democrática y sostenible”, concluye. 

El portazo del Tribunal Constitucional a intervenir en el debate sobre el voto de los nacionalizados con la ley de nietos ha devuelto el foco al Tribunal Supremo. Los mismos jueces que hace varias semanas dejaron en el aire el derecho de sufragio de 160.000 personas para las elecciones generales se reúnen de nuevo para estudiar los mecanismos con los que los consulados y la Junta Electoral Central trabajan para cumplir con sus medidas cautelares. Mientras tanto, los afectados tienen de plazo hasta este viernes para presentar sus propias alegaciones ante la duda de si podrán o no votar el próximo 29 de noviembre. 

El pleno del Constitucional llegó dividido a la votación de este miércoles. Una minoría de dos magistrados del sector progresista defendió que el tribunal tenía que, por lo menos, entrar a examinar las alegaciones del Defensor del Pueblo. Los argumentos de Ramón Sáez y el exministro Juan Carlos Campo quedarán reflejados en un voto particular, pero al final del pleno se impuso la mayoría: el recurso del organismo dirigido por Ángel Gabilondo es “prematuro” y ni siquiera debe ser admitido a trámite. 

La negativa del tribunal de garantías devuelve la pelota al tejado del Supremo. Este mismo jueves la sección de lo Contencioso-Administrativo que impuso las medidas cautelares tiene prevista una nueva reunión para analizar cómo los consulados y la Junta Electoral Central están dando curso a sus indicaciones. Y, en concreto, sobre cómo van a garantizar que el próximo 29 de noviembre solo voten quienes cuenten con un certificado de la autoridad consular que acredite que aportaron documentos del exilio de sus antepasados para acceder a la nacionalidad.

Distintas fuentes tanto del Tribunal Supremo como de la Junta Electoral explican desde hace días que las medidas cautelares impuestas y confirmadas por la Sala Tercera son de muy difícil cumplimiento, tanto por la falta de tiempo como por la dificultad de examinar todos esos expedientes, más de la mitad sin digitalizar, según los datos que maneja el Gobierno. Una de las últimas decisiones de la Junta Electoral Central fue dar la orden de remitir la documentación electoral a los 2,7 millones de electores inscritos en el CERA, el censo de los españoles que residen de forma permanente en el exterior, junto con la advertencia de que algunos de esos sufragios podrían no ser válidos. 

De acuerdo a los plazos marcados por la ley electoral, ese envío debe hacerse entre el 24 y el 30 de octubre. La razón técnica de este envío masivo es que las oficinas provinciales del censo no tienen capacidad informática en sus bases de datos para distinguir qué elector accedió a la nacionalidad por la vía tradicional y quién lo hizo mediante la presunción de exilio de la instrucción de 2022 que cuestiona el Supremo. Con esta decisión, los consulados tienen más tiempo para localizar y certificar los miles de expedientes que el Alto Tribunal ha puesto bajo sospecha. 

Fuentes diplomáticas consultadas por elDiario.es explican que las embajadas y consulados no funcionan como mesas electorales ni realizan el escrutinio. Únicamente reciben la documentación con los datos del elector, registran quién ha entregado el voto y remiten las sacas con los votos por valija diplomática a España. Por tanto, el veto a los electores afectados por las cautelares del Supremo debería llegar con cierto margen de tiempo para realizar la criba antes del envío a España. 

Según datos de Exteriores, hasta este martes un total de 48 de los 157 consulados españoles repartidos por el mundo habían conseguido ya volcar total o parcialmente los datos necesarios sobre los afectados que podrán votar o no el 29N. La Oficina del Censo Electoral (OCE) —el órgano encargado de la formación del censo— es quien debe recibir las certificaciones necesarias para poder discriminar a los electores y levantarles la suspensión cautelar. 

Las alegaciones de los afectados

Los jueces, que no han alcanzado la unanimidad en este asunto y cuentan desde el principio con el voto particular contrario de una de las magistradas de la Sala, tienen además encima de la mesa las alegaciones de las partes. Iustitia Europa, el partido que presentó la primera queja sobre este asunto, ha reclamado que el Supremo amenace con multas y responsabilidades penales a los responsables si no se cumple la orden en 24 horas o, incluso, que se suspenda todo el voto CERA.

Cerrada la puerta del Constitucional, por tanto, la gestión del caso vuelve a manos del Supremo mientras los consulados intentan cumplir con la medida cautelar y sin expectativas de que los jueces resuelvan el fondo del asunto antes de la cita electoral del 29N. Mientras, algunas fuentes apuntan a que también queda en manos de los propios afectados enfrentarse al laberinto burocrático y judicial: solicitar un certificado en el consulado y acreditar que cumplen con las condiciones o directamente presentar alegaciones ante el Alto Tribunal. 

“La decisión del Constitucional deja todo el peso sobre los afectados. Antes se discutía sobre memoria, ahora también sobre el voto. Y, una vez más, no son ni las instituciones ni los poderes los que defienden a los afectados, sino que son ellos mismos de manera privada los que tienen que buscar una solución”, lamenta el abogado Eduardo Ranz, quien ha presentado en el Tribunal Supremo alegaciones a las cautelares en representación de varios afectados y del Centro de Descendientes de Españoles Unidos (Ce.DEU), una asociación que engloba a españoles exiliados y a sus familiares.

“Ciudadanos de segunda categoría”

Entre tanto, desde el Gobierno se sacuden las críticas del PP y aseguran que, “desde el primer minuto”, el Servicio Exterior de España trabaja contrarreloj para dar cumplimiento a la orden del Supremo. “Todo el Servicio Exterior de España, los cónsules, los consulados, la Dirección General de Consulares, están cumpliendo escrupulosamente el auto del Supremo y lo están haciendo con toda diligencia”, dijo el ministro José Manuel Albares este miércoles en una entrevista en TVE en la que detalló que buena parte de los funcionarios de los departamentos consulares han suspendido sus vacaciones y sus libranzas para poder avanzar en la complejísima burocracia. 

“Me parece lamentable y yo creo que los españoles tienen que sancionarlo duramente en las urnas, que el Partido Popular tenga la desenvoltura y el cuajo de intentar amedrentar y acosar con declaraciones públicas y que el señor Feijóo haya mentido sobre lo que están haciendo funcionarios. ¿Tanta desesperación tienen para cubrir lo que van a hacer con las pensiones, con la educación pública, la sanidad pública y la partida de becas, que a funcionarios del Estado que llevan toda su vida al servicio de los españoles tienen que intentar acosarles?”, respondió Albares. 

Desde la Moncloa, mientras, se limitan a acatar la decisión del Tribunal Constitucional sobre el recurso de amparo presentado por el Defensor del Pueblo, aunque matizan que se trata de una medida adoptada únicamente por “motivos procedimentales que no aborda el fondo de la cuestión”. Y por eso el Ejecutivo reivindica la literalidad de la aplicación de la ley de nietos, incluido el derecho al voto ahora suspendido.

“El Gobierno continúa defendiendo que todos los nacionales españoles tienen derecho a voto, el derecho más sagrado en democracia, tal y como establece la Constitución. En consecuencia, confiamos en que la decisión definitiva deje claro que no se puede suspender masivamente el derecho de voto con una medida cautelar, sin sentencia firme y sin audiencia a cada afectado y que no puede haber ciudadanos de segunda categoría con diferencia de derechos”, trasladó este martes la Moncloa en un comunicado a la prensa.

Tras una semana convulsa de negociaciones en la izquierda alternativa que remataron sin acuerdo salvo en la Comunitat Valenciana y Canarias, las encuestas mantienen la ventaja de PP y Vox sobre PSOE, Sumar y Podemos en unos 15 puntos. El promedio de sondeos de elDiario.es coloca al PP como primer partido, con el 32,1% de los votos, seguido de PSOE (26,3%), Vox (18,6%), Frente Amplio (5,4%) y Podemos (2,9%), a los que se suma el 1,3% de Compromís-Front Valencià, donde están Compromís, Podem, Esquerra Unida y Esquerra Republicana del País Valencià.

Aunque los sondeos apenas se han movido desde la convocatoria electoral, las tendencias son claras desde los comicios de 2023. El PSOE ha caído entre 5 y 6 puntos desde aquellas elecciones y los partidos a su izquierda tampoco han recogido nada de ese voto socialista perdido. La suma de Frente Amplio, Podemos y sus marcas conjuntas está casi tres puntos por debajo de los comicios del 23J, cuando lograron superaron el 12% de las papeletas.

Para aprovechar las encuestas anteriores a las coaliciones en Canarias y Comunitat Valenciana, que preguntaban por separado por Sumar y Podemos, las traducimos al nuevo reparto: según el resultado de 2023, el 16% del voto de Sumar y el 9% del de Podemos estaban en la Comunitat Valenciana. Esa parte pasa a Compromís-Front Valencià y el resto se queda en el Frente Amplio y en Podemos. Las encuestas no dan aparte la candidatura canaria, así que en el promedio su voto sigue dentro del Frente Amplio y de Podemos.

El giro a la derecha (un fenómeno que se ha repetido casi todas las elecciones que se han celebrado desde 2023) es claro. Aunque el PP se queda casi igual que en las pasadas elecciones, Vox sube unos seis puntos respecto a las anteriores generales. Una subida que ya tiene en cuenta la aparición de SALF, la formación del agitador ultra Alvise Pérez, para quien las encuestas dan entre el 1% y el 2% del voto (la media es del 1,7%).

Pero, ¿cómo se traduce este promedio de votos a escaños? Hemos hecho 10.000 simulaciones aplicando el margen de error de las encuestas –pueden fallar– para estimar el número de diputados que podría sacar cada partido con los datos actuales.

En el promedio de esas repeticiones, el PP sacaría 133, seguido del PSOE, con 105. Vox casi doblaría sus diputados actuales hasta los 65 y la división de Podemos y Frente Amplio suma 11, lejos de los 31 que sacaron en 2023.

Las estimaciones dan poca probabilidad a una mayoría en solitario del PP, pero la suma de la derecha –populares y Vox– sí superaría con holgura los 176 diputados necesarios para conformar Gobierno. Hoy están sobre los 198 escaños.

¿Es fiable esta estimación? Hoy, nuestros cálculos dan mayoría a la suma de PP y Vox en 9 de cada 10 simulaciones. Es decir, hay un 10% de probabilidades de que no consigan la mayoría. Aunque es verdad que las encuestas pueden fallar, tendrían que estar sobrestimando mucho a PP y Vox.

Si aplicamos este mismo modelo a las encuestas que se publicaron en 2023, una semana antes de las elecciones habría dicho que la mayoría de PP y Vox era una moneda al aire: 5 de cada 10 simulaciones. Sacaron 170, por debajo de 176.

Las encuestas dicen que la izquierda va a tener que remontar muchos puntos en lo que queda de octubre y noviembre para acercarse al bloque conservador. Pero, ¿cómo está la batalla en cada provincia?

En el siguiente mapa puedes consultar la estimación de voto en cada provincia y los escaños que salen de aplicarle la ley D’Hondt. Entre paréntesis, el rango de escaños en 8 de cada 10 simulaciones.

Hay que tener en cuenta que para los datos provinciales, el margen de error es mayor ya el que modelo supone que el voto de cada partido se reparte entre provincias de forma parecida a las pasadas elecciones. Incluye un margen de error para cada territorio, pero si un partido tiene una tendencia propia en un lugar concreto (como el PSOE en Catalunya en 2023), el modelo no la puede anticipar.

¿Y qué pasaría si...?

Para ver cómo funciona la batalla electoral, hemos hecho esta calculadora que muestra una estimación aproximada de los escaños de cada formación ajustando los principales partidos nacionales según el porcentaje de voto que crees que tendrá.

Los controles de cada partido te permiten modificar el porcentaje de voto de cada candidatura y comprobar cómo altera el reparto de escaños. Esta herramienta no hace simulaciones ni, por tanto, tiene en cuenta el margen de error de las encuestas.

Todas las encuestas desde 2023

En la siguiente tabla puedes consultar todas las encuestas que se han tenido en cuenta para el modelo. Los datos provienen en su mayoría de Wikipedia y han sido corregidos de errores puntuales en algunos sondeos por este medio.

La consejera de la Región de Murcia Carmen Conesa, dará el salto a la política nacional en las elecciones generales del 29N. Tal y como ha adelantado el diario local La Verdad, la titular de la cartera de Turismo, Cultura y Deportes, será la número tres en la lista del Partido Popular al Congreso de los Diputados por la circunscripción de la Región de Murcia. El primer puesto lo ocupa la actual portavoz del PP en la Comisión de Industria y Turismo en el Congreso y portavoz adjunta del Grupo Popular, Miriam Guardiola.

López Miras deberá buscarle un sustituto a Conesa para antes del próximo 26 de octubre. La consejera deberá abandonar su puesto en el Ejecutivo regional en los próximos días, en cumplimiento con la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. La norma establece como una incompatibilidad el hecho de compaginar un cargo en una administración regional con el trabajo parlamentario en la Cámara Baja.

Un nuevo movimiento en el Consejo de Gobierno de la Región de Murcia tan solo cinco meses después de que López Miras nombrase Joaquín Buendía como nuevo consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca y a Isabel Ayala como nueva titular de la cartera de Salud, unos cambios que coincidieron con la crisis producida por la conocida como 'trama de las prótesis' en el seno del Sistema Murciano de Salud.

No es el único nombre que da el salto a la política nacional, el concejal de cultura y portavoz del PP en el Ayuntamiento de Murcia, Diego Avilés, será el número dos en esta lista. A diferencia de en el caso de Conesa, Avilés podrá compaginar ambas responsabilidades.

En las anteriores elecciones generales del 2023, los populares obtuvieron en la Región de Murcia un total de cuatro parlamentarios en el Congreso de los Diputados, mientras que el PSOE se quedó con tres, Vox obtuvo dos y Podemos solo uno.

Vox ha hecho públicas este miércoles sus candidaturas para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre en la Comunitat Valenciana. La gran novedad se sitúa en la circunscripción de Valencia, donde Ignacio Gil Lázaro encabezará la lista al Congreso de los Diputados en sustitución de Carlos Flores Juberías, que encabezó la lista por esta provincia en 2023.

Gil Lázaro es diputado o senador de forma ininterrumpida desde 1982, en la segunda legislatura -hasta la fecha han sido 40 años como diputado y cuatro como senador-. Tras una larga trayectoria en el Partido Popular, pasó a formar parte de las filas de Vox en el pasado mandato. Recientemente ha ejercido como portavoz de la formación en la comisión de investigación sobre la dana en la Cámara Baja.

El nombramiento de Gil Lázaro supone el desplazamiento de Carlos Flores Juberías al tercer puesto de la candidatura. Flores Juberías fue el candidato de Vox a la presidencia de la Generalitat Valenciana en las elecciones autonómicas de 2023, cargo del que dimitió tras trascender una condena por violencia psicológica contra su exmujer. Posteriormente encabezó la lista al Congreso por Valencia, posición que ahora pierde en favor del veterano parlamentario.

El número dos de la candidatura por Valencia lo ocupará Ana Bellver, actual diputada en las Corts Valencianes y considerada la mano derecha del síndic parlamentario José María Llanos. Su incorporación a la lista nacional obligará a correr la candidatura autonómica de la formación.

En la provincia de Castellón, el partido apuesta por la continuidad. El militar retirado Alberto Asarta repetirá como cabeza de lista al Congreso, acompañado en el segundo puesto por Llanos Massó, actual presidenta del parlamento valenciano. Massó no está obligada a dimitir de la presidencia de la Cámara autonómica para figurar en las candidaturas pero, en caso de resultar elegida, deberá optar por uno de los dos cargos al existir incompatibilidad legal para pertenecer simultáneamente a dos cámaras legislativas.

Por la circunscripción de Alicante, el actual diputado David García repetirá al frente de la lista. En los puestos dos y tres le seguirán Ana María Cerdán y José María Sánchez García.

PSOE y Movimiento Sumar en la capital toledana han cargado contra el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, tras ser propuesto por el PP para encabezar la lista al Congreso de los Diputados por la provincia de Toledo.

La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Noelia de la Cruz, ha señalado que Toledo “nunca ha sido la prioridad” de Velázquez. Asegura que esta propuesta confirma lo que el PSOE viene advirtiendo desde hace tiempo: “Que el alcalde nunca ha tenido Toledo como su verdadera prioridad y que su proyecto político responde más a sus propias aspiraciones que a las necesidades de la ciudad”.

“Llevamos mucho tiempo diciéndolo y ahora los hechos nos dan la razón. Velázquez está más pendiente de sus viajes por todo el mundo, de sus reuniones con dirigentes nacionales del PP y de su particular batalla contra Pedro Sánchez y Milagros Tolón que de solucionar los problemas cotidianos de los toledanos y toledanas. Ahora da un paso más y deja claro dónde tiene puesta la mirada: en Madrid”, ha señalado.

Para De la Cruz, la decisión de Velázquez evidencia que su llegada a la alcaldía de Toledo no ha estado acompañada de un compromiso real con la ciudad, sino de una estrategia de promoción política personal. “Primero fue hacerse con el control del PP provincial, después situarse al frente de la Diputación y, finalmente, llegar a la alcaldía de Toledo para usarla como trampolín. Ahora quiere dar el salto al Congreso y la pregunta es inevitable: ¿cuánto tiempo ha dedicado realmente a Toledo mientras preparaba su siguiente movimiento político?”, ha cuestionado.

La portavoz socialista ha lamentado que la ciudad afronte hoy “importantes problemas de movilidad, vivienda, plagas, mantenimiento urbano y atención a los barrios, que requieren soluciones reales y no más anuncios”.

“Un alcalde tiene que estar en Toledo, escuchar a sus vecinos y vecinas y trabajar para mejorar su vida. No puede pasar más tiempo pensando en su siguiente destino político que en cumplir con sus obligaciones. Toledo no puede ser una estación de paso ni un instrumento al servicio de las ambiciones personales de nadie”, ha afirmado.

“Defendemos que la ciudad no quede en segundo plano”

Por su parte, desde Movimiento Sumar Toledo defienden que la ciudad necesita un proyecto municipal con objetivos claros, dedicación y capacidad para responder a los problemas cotidianos de sus vecinos y vecinas. “¿Cómo garantizará el alcalde la atención que necesitan los problemas municipales durante la campaña electoral y, en caso de resultar elegido diputado, durante el ejercicio de esa responsabilidad?”, se preguntan desde la formación.

Apuntan que Toledo “arrastra importantes retos en materia de vivienda, movilidad y mantenimiento de los espacios públicos. La conversión de viviendas residenciales en alojamientos turísticos dificulta la defensa de una ciudad para vivir; los problemas de tráfico y estacionamiento complican los desplazamientos cotidianos, y la falta de sombra y el mantenimiento deficiente de algunas zonas verdes afectan a la calidad de vida, especialmente durante los meses de verano”.

Son problemas, matizan, que “siguen pendientes” tras más de tres años de gobierno municipal del PP y Vox y que “requieren planificación, recursos y trabajo sostenido”.

“No cuestionamos que nadie pueda presentarse a unas elecciones ni que Toledo necesite una voz fuerte en Madrid. Lo que defendemos es que nuestra ciudad no puede quedar en segundo plano. La vivienda, la movilidad, los servicios públicos y la situación de nuestros barrios requieren trabajo constante, planificación y rendición de cuentas”, señala el portavoz José Luis Resuela.

“Toledo necesita una alternativa que conozca sus problemas, escuche a sus vecinos y trabaje para resolverlos. No basta con anunciar proyectos: hay que estar, dar explicaciones y cumplir los compromisos”, añade.

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, encabezará la lista del PP al Congreso de los Diputados a las próximas elecciones generales del 29 de noviembre.

Sería su primera vez como diputado y se trata de una decisión adoptada tras la petición realizada por el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, a la que el alcalde ha agradecido “profundamente”. En las elecciones de 2023 el cabeza de lista fue José Manuel Velasco Retamosa, concejal del Ayuntamiento de Toledo, -que ahora es desplazado al número 3-.

Velázquez ha señalado que España “atraviesa el momento más decisivo de su historia reciente y es hora de afrontar con valentía los importantes retos a los que se enfrenta nuestro país, cada uno desde nuestra posición”, al tiempo que ha subrayado que “seguiré siendo alcalde de Toledo”.

De hecho, el alcalde de Toledo ha incidido en que “estamos ante una extraordinaria oportunidad para que Toledo y su provincia aceleren su transformación en positivo, se escuche nuestra voz en el congreso y consigamos las importantes infraestructuras paralizadas desde hace años, por el gobierno de Pedro Sánchez”.

Por lo tanto, el comité electoral de la provincia de Toledo ha propuesto al comité nacional electoral del PP que Carlos Velázquez encabece la lista al Congreso de los Diputados para las próximas elecciones nacionales que se celebrarán el 29 de noviembre.

Lista completa y nombres al Senado

La lista electoral completa al Congreso de los Diputados del PP por Toledo será la siguiente: Como número 2 Carolina Agudo, secretaria general del PP de Castilla-La Mancha; José Manuel Velasco, concejal del Ayuntamiento; Soledad Frutos, alcaldesa de La Puebla de Montalbán; Javier Gil, de Talavera de la Reina y María Gema Guerrero, alcaldesa de Villatobas.

Como suplentes, Jaime de Hita, alcalde de Seseña; Patricia Gutiérrez, vicesecretaria nacional de voluntariado y vicesecretaria de Nuevas Generaciones y Jaime Santos, alcalde de La Villa de Don Fadrique.

Por otro lado, la lista al Senado compuesta por Agustín Conde. Como suplentes, Almudena González, alcaldesa de Esquivias y Francisco López, alcalde de Madridejos. También, Pilar Alía, y como suplentes Jesús Guerrero, alcalde de Argés y Paula Gómez, secretaria de Nuevas Generaciones de Talavera de la Reina. Igualmente, Vicente Tirado y como suplentes, Julia Sanz, alcaldesa de Polán y Alberto López, secretario provincial de NNGG de la provincia de Toledo.

El candidato a la presidencia del gobierno, Sr. Núñez Feijóo, en un arrebato de sinceridad ha comunicado, urbi et orbi, que si gobierna exigirá sacrificios a la sufrida ciudadanía española. Quizá le ha traicionado el subconsciente y como lleva varios años afirmando que España se hunde, se rompe, está en quiebra, al borde del colapso y la invaden, se ha creído por un momento que era Winston Churchill cuando dijo aquello de “no tengo nada más que ofrecer que sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor” ante la Cámara de los Comunes, bajo las bombas alemanas y la amenaza de una invasión. Lo que ocurre es que ahora no hay bombas, por lo menos cerca, y nadie amenaza invadirnos, aunque en la calenturienta mente de las derechas los jóvenes marroquíes desarrapados, hambrientos y sedientos que irrumpieron en Ceuta eran unos temibles conquistadores. De otra parte, no se entiende a qué sacrificios se refiere el candidato Feijóo, pero a tenor de la personalidad del autor de la propuesta se puede intentar colegir su contenido. 

La palabra sacrificio viene del latín sacrificium, de sacrum- sagrado- y de facere -hacer-. Por eso, tal concepto tiene varias acepciones de naturaleza religiosa como las de ofrenda a una divinidad, matanza ritual, acto litúrgico y otras más temporales o laicas como pueden ser esfuerzo o trabajo extra. En mi opinión, el candidato del PP hace referencia a una mezcolanza entre lo seglar y lo sagrado. Por ejemplo, cuando ese cráneo privilegiado de Vox, de cuyo nombre prefiero no acordarme, lanza la bomba de racimo de que el sistema de pensiones español está quebrado y, en consecuencia, hay que ir a un sistema mixto de capitalización y otro de reparto, la portavoz del PP, Sra. Muñoz, se precipita a decir prácticamente lo mismo, sin darse cuenta, a tenor del nivel intelectual en el que nos movemos, del alcance de tal despropósito. Ambas tomas de posición originan tal destrozo y desconcierto en las propias filas que obliga al candidato Núñez a salir a la palestra y, con impostada energía, afirmar que si gobierna “garantizará las pensiones”, incluso al nivel del IPC de cada año.

Lo que no aclara es con qué modelo garantizará esas prestaciones, que afectan a la friolera de unos diez millones de personas y sus familias. Porque ese modelo mixto, del que era tan aficionado el dictador Pinochet en Chile, consiste en que una parte sustancial de las pensiones se privaticen, es decir, se capitalicen con las aportaciones privadas de los que tengan fondos en abundancia para permitírselo, y la otra, la de reparto, seguirá como hasta ahora. Con la particularidad de que estas últimas -las de la mayoría de los mortales- irán disminuyendo como siempre ha sucedido con los gobiernos de las derechas. Conviene recordar que durante el gobierno del Sr. Rajoy las pensiones crecieron durante tres años por debajo del IPC, y a partir del 2013 no pasaban del 0,25%. En este caso, el sentido del sacrificio es de prever que se trate de una “ofrenda a la divinidad” en la forma del capital realmente existente. Primer aviso a navegantes. Si gobiernan las derechas, el primer sacrificio lo harán los pensionistas en el tabernáculo de bancos, aseguradoras, fondos buitres, leonados o no, a través del goloso negocio de las pensiones privadas.

El segundo sacrificio ya quedó anunciado en sede parlamentaria. Las derechas PP/Vox han votado, invariablemente, contra todos los decretos ley que intentaban evitar los desahucios o frenar los desmanes de los “fondos buitres”. La receta de las derechas al grave problema de la vivienda es siempre la misma, que lo solucione el mercado y que el Estado se limite a facilitar el negocio. Esto ya se ensayó alrededor de los años 2004/2008, cuando se construyeron millones de viviendas, los precios siguieron subiendo y todo acabó como el rosario de la aurora, con una crisis financiera inmobiliaria brutal, que llevó al paro a millones de personas y estuvo a punto de que España fuese intervenida y no sólo controlada. De otra parte, todo lo que se construyó con dinero público -es decir, el nuestro- se pudo vender a los pocos años y es causa de que hoy tengamos el parque de vivienda social más raquítico de Europa. Para más inri, los genios políticos de las derechas al tiempo que afirman que hay que construir muchas viviendas plantean -léase doctrina Vox- expulsar a un millón de inmigrantes, que son precisamente quienes las construyen, pues no veo yo a los líderes de Vox o del PP poniendo ladrillos o haciendo de soldadores, ferrallas o carpinteros.

La tercera tarascada se augura por el lado de los salarios. Conviene saber que los sueldos y salarios no dependen del gobierno de la nación, salvo la subida de salario mínimo (SMI), de las pensiones y los sueldos de una parte de los funcionarios públicos. Pues bien, durante el periodo de gobierno del Sr. Rajoy, el SMI creció un 14,6%, una cifra ridícula si la comparamos con la subida del 65% del gobierno progresista en el mismo lapso de tiempo. Renta salarial que afecta a cerca de tres millones de personas, sobre todo jóvenes y mujeres. Las derechas y las patronales siempre sostienen que si el SMI aumenta mucho crecerá el desempleo. Tesis a todas luces falsa, pues en los últimos años el salario mínimo ha crecido como nunca y el empleo también, de los hombres y de las mujeres.

Ahora bien, el salario de los millones de trabajadores por cuenta ajena no depende de los gobiernos, sino de la relación entre empresarios y trabajadores, de las negociaciones entre patronales y sindicatos. Y aquí los salarios no han subido tanto, por lo que hay un amplio margen para apretar las clavijas de los empleadores, sobre todo en algunos sectores en los que se están forrando a base de bien. Por ejemplo, es un auténtico escándalo el auténtico hurto que se está perpetrando contra los currantes en el asunto de las horas extras que no se pagan. Se calcula que estas horas rondan los 2,5 millones a la semana, lo que hace diez millones al mes y 120 millones al año. Si consideramos que el salario hora bruto medio en España es de 15 euros y 19,80 si incluimos cotizaciones sociales, les estarían robando entre 1.800 y 2.376 millones de euros al año. Una cifra golosa que afecta a más de medio millón de trabajadores. Hasta ahora parece que no existe manera de establecer un control horario eficaz que evite o mitigue tal latrocinio.

El cuarto sacrificio se acrecentará por el lado de los precios, de los alimentos, de la cesta de la compra. Estos precios suben continuamente más rápido que los sueldos y salarios, y nadie parece estar contento, aunque es obvio que a algunos les tiene que ir mejor. Las amas o amos de casa, los agricultores, los pequeños comerciantes, los transportistas se quejan de la subida de los precios. Es un misterio quiénes son los grandes beneficiarios de este carrusel, se supone que algunos intermediarios o las grandes superficies, pero la realidad es que no hay manera de poner coto a tanta subida. En mi opinión, para ciertos productos básicos, en los alimentos, que componen el grueso del gasto de la mayoría de las familias, se debería generalizar la existencia de los economatos, como ha propuesto el alcalde de Nueva York y es vieja tradición en nuestro país. Economatos dependientes de los ayuntamientos o de cooperativas o entidades de la economía social que podrían vender a precio de coste y que contribuirían a abaratar los precios de ciertos productos básicos.

El último sacrificio, aunque no el menos doloroso, me temo que se acerca por el lado de las bajas laborales por enfermedad. Desde hace meses o años, la patronal y el líder del PP vienen afirmando que hay que poner coto a este “despilfarro” o coladero, pues entienden que existe una especie de contubernio entre los trabajadores y la sanidad pública para conceder las bajas sin causa justificada, lo que es un bulo como otros tantos. Hay que estar atentos a este tema, pues el líder de la derecha confundió en su día las bajas temporales por enfermedad común con el absentismo laboral, que no tienen nada que ver, y un dirigente patronal habló de “bajaciones”, cuando la realidad es la contraria, la cantidad de trabajadores que acuden enfermos al puesto de trabajo por temor a ser despedidos.

En fin, que cuando un líder de las derechas anuncia sacrificios, en plena precampaña electoral, el personal sufridor debería atarse los machos y pensarse muy bien el voto, pues el atraco que se avecina será de gran calado, a no ser que uno sea tan ingenuo que piense que los sacrificios se los impondrán a los bancos, las energéticas o a los grandes tenedores de pisos.

El primer teniente de alcalde y concejal de Movilidad, Feria y coordinador del Gobierno municipal en el Ayuntamiento de Albacete, Francisco Navarro Cebrián, encabezará la lista al Congreso de los Diputados por el Partido Popular en la provincia.

Así lo ha anunciado el presidente provincial, Manuel Serrano, en el transcurso de la Junta Directiva Provincial celebrada en la tarde de hoy presidida por el presidente regional, Paco Núñez.

Según informa el partido, Navarro cuenta con una “dilatada” trayectoria política ya que es concejal en el Ayuntamiento de Albacete desde junio de 2011, ostentando responsabilidades de gobierno en los gobiernos municipales de Carmen Bayod, Javier Cuenca y en los dos de Manuel Serrano.

Serrano ha destacado que Francisco Navarro “ha demostrado sobradamente su solvencia y capacidad de trabajo gracias a su dilatada experiencia en el Ayuntamiento”.

“Siempre ha estado a disposición del partido en el que lleva trabajando desde que se afilió a Nuevas Generaciones. Es el perfil idóneo para defender los intereses de Albacete en el Congreso de los Diputados”, ha defendido.

Por su parte, el presidente regional ha subrayado que el papel de Navarro en el Ayuntamiento “se ve recompensado con esta candidatura con un reconocimiento explícito para el trabajo que se está haciendo en la ciudad de Albacete con un gran desarrollo económico de la mano del gobierno de Manuel Serrano y todo el equipo del Ayuntamiento”.

La Junta Electoral ha requerido al Ayuntamiento de Cartagena que retire de su página web y del resto de canales institucionales una información sobre las obras de las calles Morería Baja y Cantarerías, publicada el pasado 13 de octubre por el Consistorio, al considerar que incumple la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG).

Según denuncia el portavoz del PSOE en Cartagena, Manolo Torres, la publicación incluía un balance de las actuaciones y referencias a logros, una práctica que, de acuerdo con el artículo 50.2 de la LOREG, está prohibida durante el periodo electoral.

Torres sostiene que este caso evidencia el uso partidista de los canales municipales por parte de la alcaldesa, Noelia Arroyo, y critica que, en lugar de ofrecer información de interés público, se utilicen para favorecer al Partido Popular. En este sentido, el socialista afirma que la alcaldesa ha convertido estos espacios en un “panfleto del PP”.

El portavoz socialista también cuestiona lo que considera un trato desigual hacia los grupos de la oposición. Según denuncia en una nota de prensa, mientras el Gobierno municipal utiliza los medios institucionales para difundir sus actuaciones, se limita el acceso de los partidos de la oposición a la web del Ayuntamiento.

“La alcaldesa sigue utilizando los medios institucionales para hacerse propaganda, a pesar de que la ley lo prohíbe”, afirma Torres, quien recuerda que los recursos municipales “pertenecen” al conjunto de la ciudadanía. “Hay que recordarle que los medios del Ayuntamiento de Cartagena son de todos los cartageneros, ni del PP ni de Noelia Arroyo”, concluye.

El acuerdo entre el PSOE y el Frente Amplio en La Rioja podría convertirse “en la primera fuerza”. Así al menos lo cree el secretario general de los socialisas riojanos, Javier García. En las últimas hora se ha conocido que ambas formaciones concurrirán juntas al Senado. Liderando las listas irá la socialista Concha Anadreu. El segundo puesto será para Diego Mendiola de IU.

Y aunque el líder de los socialistas ha confesado “desconocer en qué se conreta dicha alianza” porque “se trata de un acuerdo marco que se ha alcanzado a nivel federal”. Preguntado por los periodistas, García ha respondido: “lo mismo que ustedes conocen es lo que yo conozco, no tengo mucha más información, todavía no me han concretado específicamente en qué va a consistir”.

No obstante, considera que “si en la Rioja se ha buscado ese acuerdo es porque hay posibilidades, claras y posibles, de que el PSOE pueda ser primera fuerza”. Así que, ha clamado: “Salimos a por todas”. El acuerdo PSOE-Frente Amplio para presentar listas comunes en el Senado le parece “bien” porque supondrá que la Cámara Alta “no siga siendo una cámara de bloqueo de la actividad del Congreso de los Diputados, que es lo que ha sido esta legislatura con una mayoría absoluta del Partido Popular”.

¿Quién ocupará el tercer puesto?

Dicho esto, queda desvelar el tercer puesto. En las listas del PSOE, antes del acuerdo, el número dos era Sergio Ochagavía, alcalde de Albelda de Iregua, pero al ser listas cremallera podría ir la socialista Lydia Ascacíbar (antes número tres). En cualquier caso, ha querido ser precavido y esperar a la llamada de Ferraz. Sí que ha visto que existen posibilidades de que, en La Rioja, salgan tres senadores del acuerdo, de los que dos serían del PSOE y uno de Frente Amplio.

“El escenario es muy diferente, hay mucha movilización y yo no descarto ningún escenario así que si en la Rioja se ha buscado ese acuerdo también es porque hay posibilidades claras y posibles de que eso se pueda dar”, ha visto.

Para García “es una cuestión seria” y le parece “bien” que el Partido Socialista “haya querido negociar a su izquierda para intentar maximizar resultados y que el Senado no quede al albur de la ultraderecha”, también “para controlar un órgano tan importante como es el Tribunal Constitucional”.

Ha sido visto y no visto. Pedro Sánchez iba a acudir a Toledo el próximo miércoles, día 21 de octubre, a un acto de precampaña por las elecciones generales del 29 de noviembre. Pero finalmente no lo hará. Al menos de momento. Un día después de que el PSOE municipal de Toledo, muy afín al presidente del Gobierno, lo anunciara en sus redes sociales, en Ferraz informaban de que el acto se suspendía. El evento estaba programado a las 18.00 horas en el Cigarral del Ángel Custodio de la capital castellanomanchega.

No estaba previsto que acudiera el presidente autonómico, Emiliano García-Page, puesto que tiene previsto un viaje institucional a Italia, pero la suspensión del acto coincide con el hecho de que el Comité Federal del PSOE haya impuesto su criterio en dos de las listas que las Ejectutivas provinciales de los socialistas castellanomanchegos habían ratificado con amplias mayorías para las elecciones generales, modificando sus números uno.

De hecho, Page ni siquiera acudió al encuentro federal convocado en Ferraz el sábado para ratificar esas listas. Aseguró que se trataba de una reunión de trámite “sin posibilidad de intervención”.

Aunque la relación entre Pedro Sánchez y Emiliano García-Page no es buena, por las constantes críticas de este último a la gestión del Gobierno central, fuentes consultadas por elDiario.es Castilla-La Mancha atribuyen la cancelación del acto a la agenda internacional del presidente del Gobierno. En ambas direcciones, la federal y la castellanomanchega, no quieren que los turbios desencuentros entre ambos empañen una campaña electoral en la que “lo fundamental es apelar al voto útil” para el PSOE.

El vaivén de las listas electorales

Pero, ¿qué ha ocurrido con las listas electorales? En realidad, ninguna sorpresa, porque no es extraño que en Ferraz se modifiquen algunos nombres de los que proponen las Ejecutivas provinciales para el Congreso y el Senado en las circunscripciones electorales. Pero sí ha habido dos cuestiones destacables teniendo en cuenta el binonio Sánchez-Page.

En Ferraz, fuentes cercanas al Comité Federal han indicado a este periódico que no quieren diputados “díscolos” en el nuevo Congreso que emane de las elecciones generales. No es que hasta ahora algún parlamentario nacional de Castilla-La Mancha, afín a Page, haya roto la disciplina de voto, que no ha sido así, ni siquiera cuando se votó la nueva Ley de Amnistía. Pero hay nombres que la dirección federal no quiere.

Ese ha sido el caso de Albacete. La Ejecutiva provincial lo tenía claro: el socialista Emilio Sáez, diputado nacional en la presente legislatura y exalcalde de Albacete, era el número uno propuesto para repetir en la lista al Congreso. Sáez es un político muy afín a Page y obtuvo más del 98% de respaldo de los socialistas albaceteños para volver a liderar la candidatura. Pero Ferraz la tumbó.

Será la actual senadora del PSOE por la circunscripción de Albacete, Amparo Torres, la número uno en la candidatura al Congreso por esta provincia. Este cambio lo ha asumido, de cara a la galería, la dirección del PSOE de Albacete, pero reconocen su malestar por haberse impuesto el criterio de Ferraz.

De hecho, fuentes cercanas al partido afirman que dejar a Emilio Sáez fuera de las listas no tiene nada que ver con el hecho de que estuviera imputado por la contratación de auxiliares de seguridad vial ante la falta de voluntarios ente los agentes de la Policía Local, en la Vuelta Ciclista a España en 2021, en la etapa de Albacete. Sobre todo porque esa causa ha sido archivada hasta tres veces. Lo vinculan más a ese objetivo de la dirección federal de hacer valer su criterio y su “fuerza”. No obstante, los socialistas albaceteños no quieren “ruido” con este tema y respetan esta decisión.

El otro cambio notorio de las listas ha sucedido en Guadalajara. La alcaldesa de Sigüenza y actual diputada en el Parlamento de Castilla-La Mancha, María Jesús Merino, será quien finalmente encabece la candidatura del PSOE por esta circunscripción al Congreso de los Diputados.

Eso no fue lo que decidió la Ejecutiva provincial, que quería al alcalde de Marchamalo, Rafael Esteban, como número uno. Este último ha sido senador hasta la disolución de las Cortes generales, y ahora, el Comité Federal ha decidido que debe seguir integrando la lista al Senado por esa provincia.

Según ha podido saber este medio, se trata de un acuerdo “pactado” con Ferraz que ha dejado en tablas la pugna entre Ferraz y el PSOE castellanomanchego por quién tenía que encabezar la lista al Congreso. El motivo: en las últimas horas antes del Comité Federal se había hecho público el malestar interno ante la posibilidad de que Madrid impusiera a Daniel Jiménez, exconcejal en el Ayuntamiento de Guadalajara, asesor de la exministra de Trabajo, Magdalena Valerio, y actual asesor en el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Finalmente, no fue así y María Jesús Merino ha sido la candidata “de consenso”, pero el hecho de que Rafael Esteban, muy afín a Page, no haya conseguido ese puesto, ha dejado a los socialistas de Guadalajara algo “descolocados”.

Tampoco en este caso quieren que haya polémica, puesto que también la alcaldesa de Sigüenza es un valor en alza en el PSOE de Page. Es importante tener en cuenta que en los comicios de 2023, solo salió elegido el número uno de la candidatura socialista al Congreso, que entonces fue Alberto Rojo, exalcalde de Guadalajara. Los otros dos escaños nacionales en liza en esta provincia fueron para el PP y para Vox.

Los socialistas castellanomanchegos tampoco pasan por alto que ya habían 'cedido' en la lista provincial de Toledo, la que generó cierta polémica en las elecciones generales de 2023. La Ejecutiva provincial respaldó que fuera la ministra de Educación, Milagros Tolón, declarada 'sanchista', la que encabezara la lista al Congreso, seguida de Sergio Gutiérrez, el número dos del PSOE de Page. Con ello, se invirtió el orden que ambos ocuparon en la lista de hace cuatro años.

De cualquier forma, en el partido dan por seguro que Pedro Sánchez acudirá a Castilla-La Mancha, en precampaña o en campaña. Incluso no descartan que comparta escenario con Page. Ya lo hizo en la antesala de las elecciones autonómicas de mayo de 2023, en Puertollano (Ciudad Real), lo que sirvió para limar unas asperezas que, no obstante, luego han ido a más.

Bajo el lema '¡La fuerza de la gente llega a Toledo!', el acto de Pedro Sánchez que finalmente se ha cancelado habría supuesto la segunda visita del presidente del Gobierno a la provincia toledana en menos de un mes, tras acudir a unas instalaciones industriales de Noblejas el pasado 25 de septiembre. Se da la circunstancia de que en esta visita, a la que no acudió Page, Pedro Sánchez estuvo acompañado por el alcalde de esta localidad toledana, Agustín Jiménez Crespo, uno de los alcaldes socialistas más críticos con el presidente castellanomanchego.

El campo español vuelve a situarse ante una cita electoral con más dudas que certezas. En la campaña previa al próximo 29 de noviembre, agricultores y ganaderos tendrán la oportunidad de escuchar las propuestas de los partidos, pero también de recordarles que el sector agrario no puede vivir permanentemente de promesas que, en demasiadas ocasiones, se quedan en papel mojado.

Cada campaña electoral trae consigo compromisos para mejorar la situación del mundo rural, proteger las explotaciones familiares y reconocer el papel estratégico de quienes producen nuestros alimentos. Sin embargo, una vez pasadas las elecciones, muchos profesionales del sector siguen esperando soluciones a problemas que llevan años condicionando su actividad. El campo está cansado de buenas palabras y necesita comprobar que las promesas se traducen en decisiones concretas.

El aumento de los costes de producción, los precios insuficientes en origen, la burocracia, la incertidumbre sobre el agua y la competencia de las importaciones continúan marcando el día a día de muchas explotaciones. Mientras tanto, agricultores y ganaderos siguen asumiendo riesgos económicos y climáticos para mantener una actividad esencial para la alimentación, el empleo y la economía española.

La pregunta es sencilla: ¿de qué sirve presumir de la fortaleza agroalimentaria de España si quienes trabajan la tierra encuentran cada vez más dificultades para vivir dignamente de su trabajo?

Defender el campo no significa rechazar las exigencias ambientales o sanitarias, sino asegurar que sean razonables, proporcionadas y compatibles con la viabilidad económica de las explotaciones

La rentabilidad debe ocupar un lugar central en el debate electoral. No basta con anunciar ayudas o aprobar medidas sobre el papel; es necesario que estas lleguen a tiempo y respondan a las necesidades reales del sector. Producir alimentos no puede convertirse en una actividad en la que los costes aumentan, los márgenes se reducen y el productor tiene cada vez menos capacidad para negociar el precio de lo que vende.

También resulta imprescindible simplificar los trámites administrativos, garantizar una planificación hídrica eficaz y exigir condiciones de competencia justas para los productos importados. Defender el campo no significa rechazar las exigencias ambientales o sanitarias, sino asegurar que sean razonables, proporcionadas y compatibles con la viabilidad económica de las explotaciones. No se puede pedir al agricultor que cumpla cada vez más obligaciones y dejarlo después solo frente a las dificultades del mercado.

El agua merece una atención especial, sobre todo en territorios donde la sequía y la irregularidad de las precipitaciones amenazan las cosechas y las inversiones. La modernización de los regadíos, el aprovechamiento eficiente de los recursos y una planificación a largo plazo no pueden depender de la proximidad de las elecciones. El campo necesita soluciones duraderas, no anuncios que se repitan cada vez que la situación se vuelve insostenible.

Otro desafío decisivo es el relevo generacional. Sin jóvenes dispuestos a incorporarse a la agricultura y la ganadería, muchos pueblos perderán actividad económica, empleo y población. Para evitarlo, hacen falta facilidades de acceso a la tierra, financiación, formación y perspectivas reales de futuro. No tiene sentido hablar de combatir la despoblación rural mientras mantener abierta una explotación resulta cada vez más difícil.

La verdadera cosecha electoral se medirá después de las elecciones: en los precios que reciben los productores, en las ayudas que llegan, en el agua disponible y en la capacidad de las familias para seguir viviendo del campo

Ante las urnas, los partidos deben concretar sus compromisos, explicar cómo los financiarán y establecer plazos para cumplirlos. Quienes han gobernado deben rendir cuentas de sus decisiones y resultados; quienes aspiran a hacerlo deben demostrar que sus propuestas son viables. Los agricultores y ganaderos tienen derecho a saber qué se les ofrece, qué medidas se pondrán en marcha y cómo se comprobará su cumplimiento.

Nadie debería obtener un cheque en blanco por pronunciar las palabras “agricultura”, “ganadería” o “mundo rural”. El campo tiene derecho a escuchar, comparar y exigir. Y los responsables públicos tienen la obligación de responder.

El campo no necesita convertirse en protagonista de campaña para volver a quedar relegado después de las elecciones. Necesita políticas estables, decisiones eficaces y responsables públicos dispuestos a escuchar a quienes conocen de primera mano la realidad de las explotaciones. Porque detrás de cada finca hay inversión, esfuerzo, familias y, en muchos casos, generaciones enteras que han dedicado su vida a mantener viva una actividad imprescindible.

El 29 de noviembre, las promesas volverán a ocupar los discursos. La verdadera cosecha electoral, sin embargo, se medirá después: en los precios que reciben los productores, en las ayudas que llegan, en el agua disponible y en la capacidad de las familias para seguir viviendo del campo.

Defender la agricultura y la ganadería no consiste en pronunciar discursos ni en hacerse una fotografía junto a un tractor o una vaca. Consiste en garantizar que quienes producen nuestros alimentos puedan seguir haciéndolo con dignidad, rentabilidad y futuro. Ha llegado el momento de pasar de las palabras a los hechos, porque el campo no puede esperar indefinidamente a que las promesas se conviertan en realidad. Porque la cosecha de un político se mide en resultados. La de un agricultor, en cambio, se juega con su trabajo, su inversión y, muchas veces, el futuro de toda su familia.

Si quieren leer la última resolución del Tribunal Supremo en la que insiste en privar del derecho al voto a centenares de miles de españoles, les sugeriría que se pongan de música de fondo El aprendiz de brujo de Paul Dukas y se dejen cautivar por la agonía de quien, a medida que intenta tapar su desatino, ve multiplicarse las incongruencias y los charcos. Aquí tenemos a unos magistrados, vestidos de toga y capirote, que enredando entre calderos pretenden separar el agua dulce de la salada, y tienen muy poco tiempo, apenas nada, para hacerlo. Pillados en su imprevisión, se enfadan y retuercen, mientras chapotean en el agua que sale a borbotones por las rendijas de sus argumentos.  

Ya conocen ustedes el contexto, el ‘lore’ que dicen ahora. La Ley de Memoria Democrática ofreció la nacionalidad a los hijos y nietos de los exiliados por motivos políticos, ideológicos, de creencia u orientación sexual. Para facilitar la demostración de todo ello y ahorrar a los interesados pruebas imposibles de recabar, una Instrucción posterior incluyó una presunción: se presumirán exiliados todos los que abandonaron España en la posguerra, desde 1936 hasta finales de 1955. La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo (entre cuyos miembros no figuran muchos descendientes de exiliados o represaliados por el franquismo, dejémoslo ahí) está en desacuerdo con esta Instrucción, que considera excesiva. Opinan que la opción para recuperar la nacionalidad debería concederse únicamente a los nietos que demuestren fehacientemente que sus abuelos fueron perseguidos por Franco, olvidando que una dictadura persigue a todos sus ciudadanos, aunque solo castigue a los más débiles. Estos magistrados querrían quitar la nacionalidad a estos nietos, pero no pueden, al menos por ahora; nadie se lo ha pedido. Pero aprovechando que el azar ha puesto en su camino el recurso contra una decisión de la Junta Electoral Central, han borrado a estos nuevos españoles del censo de expatriados y les han quitado un derecho, el de votar, que está garantizado como fundamental en la Constitución que juraron respetar. 

Y aquí empieza el juego de los calderos, con estos aprendices brincando en un piélago inundado. Según el Instituto Nacional de Estadística, el censo electoral cerrado a primero de agosto de 2026 lo conforman 38,7 millones de personas. Dentro de este gran depósito se encuentra uno más pequeño, el llamado Censo Electoral de Residentes Ausentes, el famoso CERA, que integra a los españoles que residen fuera de España; este caldero tiene 2,7 millones de personas de las que, en realidad, votan bastantes pocos. Y dentro de esta tinaja del CERA pululan 163.020 españoles que han obtenido la nacionalidad en aplicación de la Ley de Memoria Democrática. 

La música empieza a sonar. El 10 de septiembre pasado el Tribunal Supremo tomó la decisión de eliminar del CERA y suspender el derecho al voto a todos los españoles que hubieran obtenido su nacionalidad por aplicación de la Ley de Memoria Democrática; al mismo tiempo, y para salvar la excepción que se disponen a aceptar, permitió la incorporación de aquellos nuevos españoles que hubieran demostrado que su padre o su abuelo habían sido efectivamente perseguidos. Debió de pensar el Supremo que la operación era tan fácil como meter el cazo en el caldero del CERA y retirar los garbanzos negros, pero alguien les susurró que en aquel potaje no era sencillo distinguir el solvente del soluto y que la cosa iba para largo.

¿Cómo se retira a estos españoles del censo? Habría que saber cómo han obtenido la nacionalidad, pero el Registro de Matrícula Consular no permite conocer este dato de manera inmediata; se necesita una comprobación manual para distinguir aquellos que optaron a la nacionalidad conforme a la Ley de Memoria Democrática del resto. La información necesaria para la inscripción en el CERA no incluye la relativa a cómo se adquirió la nacionalidad. ¿Se puede certificar el motivo que ofreció cada optante para obtenerla? Sin duda, pero el expurgo llevaría meses, porque habría que revisar uno a uno los expedientes de nacionalización, desperdigados en 172 oficinas consulares de España. 

Y en esto llegó Pedro Sánchez y convocó elecciones, con lo que las puertas del censo se cerraron inopinadamente. En cumplimiento de los plazos electorales, el 12 de octubre el censo se puso a disposición de ayuntamientos y consulados para consultas durante ocho días. Pasado ese plazo, el próximo 23 de octubre se publicará oficialmente y quedará bloqueado e inmodificable a todos los efectos. Entre el 24 y el 30 de octubre los inscritos en el CERA empezarán a recibir la documentación electoral. ¡Qué desastre!

El mismo día 12 de octubre el Supremo desestimó el recurso presentado contra su decisión de excluir del CERA a los nuevos españoles. Lo primero que llama la atención de este auto es, sin duda, el enfado con el que está redactado. Está firmado por hombres enormemente irritados, con todo el mundo: con la Abogacía del Estado, con los Registros Consulares, con el Instituto Nacional de Estadística... Y un juez enojado nunca dicta una buena sentencia. El verdadero motivo de su enfado es que el conflicto se les va de las manos, las escobas de brujo se multiplican y el agua se derrama por doquier. Ahora han comprobado que su decisión no se puede cumplir en el tiempo disponible; ahora han caído en la cuenta de que tienen que llamar al procedimiento a los 163.020 españoles a quienes han quitado el derecho a votar (se les ha convocado por tablón de anuncios porque se ignora quiénes son); ahora han advertido que sin revisar los expedientes no se puede conocer qué motivo dieron para optar a la nacionalidad. Pero huyen hacia adelante. 

Como único argumento para mantener contra viento y marea su decisión imposible, el Supremo reitera su anhelo de garantizar unas elecciones inmaculadas e impolutas: el auto reitera la necesidad de asegurar su limpieza (palabra que repite tres veces), pureza (se repite en dos ocasiones) y pulcritud (otras dos), en expresiones de mañana de domingo y ropa recién lavada, palabras que no dicen nada. Porque la única elección pura, limpia y pulcra es aquella donde pueden votar todos y no se deja a ningún español sin voz ni voto. 

Con estas reflexiones el Tribunal Supremo parece comprar el argumentario de la ultraderecha más rancia, que no solo desprecia a los extranjeros sino que, en su arrogancia, pretende decidir quiénes son españoles y quiénes no, para permitir el voto solo a los limpios, puros y pulcros... que viven aquí. ¿Será este el pulso que late en el fondo de esta falsa polémica? Tal vez: con la excusa de cuestionar la Instrucción de 2022, que no distingue entre residentes y ausentes, en realidad el Supremo se dispone a limitar el voto solo de quienes viven en el extranjero, dejando incólume el derecho al sufragio de los nuevos españoles que, aplicándoseles la misma Instrucción que tienen por sospechosa, residen en España. La Constitución reconoce en su artículo 68.5 el derecho al voto de los españoles que viven fuera de España, pero quienes reparten patentes de patriotas han decidido que esos españoles ausentes, hijos de exiliados, de represaliados o simples hijos del proletariado emigrado en una dictadura, no merecen participar en unas elecciones pulcras, limpias y puras. Es, de nuevo, el resentimiento de los vencedores. 

No se vayan, que hay más. Dentro de unos días, el Tribunal Supremo contemplará desolado que sus órdenes no se han podido cumplir y arderá Troya. Viendo que se ignora cuántos de estos 163.020 españoles inscritos en el CERA son nietos de represaliados y cuántos no, ya ha decidido que privará del derecho a todos ellos, que Dios reconocerá a los suyos. Pero todavía hay algo más grave, como recordó la Abogacía del Estado al Tribunal Supremo: esta cifra de 163.020 se conoce por información general estadística, pero no está individualizada. No hay un listado de estas personas ni se conocen sus nombres y apellidos, por lo que el proceso de extraerlos del CERA llevaría un tiempo que no tenemos, así que la única alternativa real es esta: o se suspende el derecho a votar a todos los españoles inscritos en el CERA o no se suspende a ninguno, porque es materialmente imposible el expurgo ordenado en el plazo del que se dispone. Claro que, en tal caso, en lugar de tener a ciento y pico mil afectados a sus puertas, el Supremo tendría que lidiar con más de dos millones y medio de afectados; más escobas acarreando agua entre sus tinajas. ¿Qué hará el Supremo? Nadie lo sabe. La experiencia enseña que un juez suele ser prudente cuando sabe que su fallo es irrecurrible; de estos magistrados, que saben que el Tribunal Constitucional revisará pronto sus decisiones, puede esperarse cualquier cosa.  

En la balada que inspiró a Paul Dukas su conocida melodía, Goethe advertía a los aprendices de brujo: cuidado con los espíritus que invocáis; os será difícil libraros de ellos. Sigan atentos a la pantalla, porque esto no ha terminado.