La hasta ahora co-coordinadora de Movimiento Sumar Castilla-La Mancha, María Cañadillas, no se presentará a la reelección en el cargo en la asamblea general que la formación celebrará este sábado en Toledo debido a “razones personales”, según ha confirmado a elDiario.es Castilla-La Mancha José Luis Resuela, portavoz de la formación.

Se perfila como sustituta de Cañadillas la toledana Lucía Siles, ya que lidera la única candidatura que se presentará en la asamblea general del partido, en plena recta final hacia las elecciones autonómicas y municipales de Castilla-La Mancha previstas para mayo de 2027.

Lucía Siles, de 21 años y estudiante del Doble Grado en Derecho y Estudios Internacionales, encabeza la lista junto a Jesús Plaza, que sí se presentará a la reelección como co-coordinador, por lo que Movimiento Sumar Castilla-La Mancha repetiría el modelo de doble liderazgo.

De confirmarse la elección de esta candidatura, la nueva dirección tendría una representación joven “muy alta”, ya que un 40% de las personas que integran la lista tendrán menos de 35 años, según destacan desde Movimiento Sumar. Aparte de Siles y Plaza, la candidatura se compone de otros nombres como el propio José Luis Resuela o el médico y colaborador de este medio Antonio González Cabrera. También Cañadillas, que forma parte de la lista a pesar de ceder su liderazgo.

La candidatura “pretende reforzar un modelo de partido basado en la fraternidad, los cuidados y la capacidad para trabajar con personas de otras organizaciones con las que compartamos objetivos comunes” y será la dirección que lleve al partido al ciclo electoral de 2027, tanto en las elecciones regionales como en las municipales.

Alicia Rubio, con un 26,78 por ciento del voto ponderado, y Samuel Baixauli, con un 23,97 por ciento, han sido los candidatos más votados en la primera vuelta de las elecciones al Rectorado de la Universidad de Murcia, celebradas este martes. Ambos se medirán en la segunda vuelta electoral, que se celebrará el próximo martes, 28 de abril.

Las dos candidaturas con más apoyos competían contra las de Senena Corbalán, que ha obtenido un 21,65%; Alfonsa García, con un 14,11% de los apoyos; y Guillermo Díaz, que ha sumado un 13,49% de los votos.

El sistema de elección al Rectorado se basa en un modelo de voto ponderado por sectores, lo que implica que no todos los sufragios tienen el mismo peso. De este modo, el personal de los cuerpos docentes universitarios funcionarios y el profesorado permanente laboral (Grupo A) concentra el 51 por ciento de la representación total. El resto del personal docente e investigador (Grupo B) aporta un 4 por ciento, mientras que el estudiantado (Grupo C) suma el 27 por ciento y el personal técnico, de gestión y de administración y servicios (Grupo D) completa el reparto con el 18 por ciento.

En estas elecciones, en las que también se elegía Claustro universitario, estaban llamadas a votar 32.251 personas. El censo incluye a 3.385 miembros del personal docente e investigador (PDI), 1.223 trabajadores del personal técnico, de gestión y de administración y servicios (PTGAS), así como a 26.168 estudiantes oficiales y 1.465 no oficiales. La participación al finalizar la jornada ha sido del 25.96 por ciento. Por grupos, la participación del grupo A ha sido de 88,97 por ciento; del grupo B han votado un 48,88 por ciento; del grupo C, un 19,64 porciento y del grupo D, un a 82,89 por ciento.

Solventado el primer escollo, Extremadura, en el que Vox arrancó al PP un programa marcado por la “prioridad nacional”, ambas formaciones aspiran a cerrar ahora de manera inminente un pacto en Aragón, donde la extrema derecha reclamará aún más concesiones a los populares en línea con la mayor representación que obtuvo aquí el 8-F. La previsión, si no surgen contratiempos —lo cual tampoco es descartable—, es que el acuerdo se visualice justo antes del jueves, Día de Aragón, o el viernes como tarde.

El calendario aprieta y para evitar sorpresas de última hora las dos partes saben que deben materializar el anuncio esta próxima semana para fijar en la siguiente el pleno de investidura. Si el 3 de mayo no hubiera nuevo presidente, los aragoneses volverían a las urnas. Un escenario que ni los populares ni la extrema derecha contemplan, porque de hecho las conversaciones están ya muy avanzadas.

La 'estrella' del acuerdo para Vox será de nuevo la “prioridad nacional”, que la formación ultra aspira a extender allí donde el PP necesite de sus votos y que el propio Pedro Sánchez ha amenazado con llevar a los tribunales. Si algo ha tensionado en el pasado la relación entre los populares y la extrema derecha en Aragón ha sido la acusación del presidente en funciones, Jorge Azcón, de que algunas de las medidas que proponía Vox —como la limpieza del cauce de los ríos— son ilegales, por lo que la coletilla impuesta en el acuerdo extremeño, que sea “adecuado a la legalidad vigente”, salvará el escollo y satisfará al PP pese a las dudas éticas y normativas que genera.

Si el acuerdo de 2023 entre los dos partidos que desembocó en la investidura de Azcón no dio demasiadas concesiones a la extrema derecha, con el foco puesto en la fiscalidad, la okupación o la memoria democrática, ahora el centro de las negociaciones se traslada a las cuestiones migratorias, al igual que ha sucedido en Extremadura y sobre las que pivotará incluso un ámbito de la importancia de la vivienda.

Y aunque el guion mantendrá los parámetros del pacto extremeño —la “música” va a ser similar, apuntó el viernes el secretario general de Vox, Ignacio Garriga—, sí que habrá hueco para particularidades aragonesas, principalmente ligadas a la gestión de las renovables, sobre las que Vox ha puesto mucho énfasis. Pese a esto, a priori parece difícil que Azcón acabe cediendo el control de un órgano tan importante como el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga), ya que puede llegar a paralizar desarrollos industriales como los centros de datos o las plantas de biogás, entre muchos otros.

Reparto de cargos

Por otro lado, aunque las dos partes rehúyan de manera continua el debate sobre el reparto de cargos, este punto es lógicamente clave para el acuerdo. Y aquí es donde Vox exige un espacio aún mayor que en la comunidad extremeña, ya que en Aragón la extrema derecha se quedó mucho más cerca del PP. A la previsible vicepresidencia de Mar Vaquero se sumará una segunda que quedará en manos Vox, pero en vez de dos consejerías serían al menos tres las que asumirá la formación ultra. Si en Extremadura las competencias recaídas en Vox son Servicios Sociales —inmigración— y Agricultura —Pacto Verde—, en Aragón sumará como mínimo otro departamento más que las partes evitan revelar. Descartadas las carteras de Economía o Hacienda, que ya tienen nombres propios, las probabilidades se centran en vivienda u ordenación del territorio.

Mientras, hay otras dos plazas que pueden servir como moneda de cambio para compensar dentro del reparto de cargos que según Vox eluden: por un lado, el senador autonómico, puesto que en la actualidad ocupa el popular Eloy Suárez, presidente de la comisión de investigación del caso Koldo; por el otro, la Presidencia de las Cortes, para el que fue elegida María Navarro el pasado 3 de marzo aunque con un remarcable carácter interino ante las conversaciones entre el PP y Vox. Como premio menor, la formación ultra podría conformarse con una vicepresidencia de la Mesa de la Cámara.

Aunque, no nos engañemos, Hungría no se ha despertado siendo un país progresista, ni su Parlamento refleja hoy una pluralidad ideológica amplia. La izquierda, de hecho, sigue sin tener espacio y presencia real. Pero algo se ha movido. La victoria de Péter Magyar no es una revolución, pero sí una grieta. Y a veces, la historia empieza precisamente así, con una grieta. 

Cuando un gobierno decide convertir a una minoría en un problema, no solo cambia las normas. Esas normas cambian el aire. Hacen que lo cotidiano pese más. Que un gesto, una palabra, una mirada, se carguen de significado. Y eso no creo que desaparezca de un día para otro por un resultado electoral.

El ejemplo más evidente lo hemos podido ver en el colectivo LGTBIQ+ húngaro, que durante estos años, no solo ha visto recortados sus derechos en leyes concretas sino que, sobre todo, ha vivido algo mucho más difícil de medir, pero mucho más corrosivo: un ambiente, un clima hostil en el que mostrarse era exponerse. En el que callar era, muchas veces, la única forma de protegerse. En el que una ley no solo regulaba, sino que señalaba.

Por eso conviene no precipitarse con los diagnósticos optimistas. Porque lo que se abre ahora no es una etapa de victorias rápidas, sino algo más delicado como es la posibilidad de empezar a recomponer. Igual que cuando una casa ha estado años deteriorándose. Primero hay que asegurar la estructura, ventilar, dejar entrar la luz. Luego, ya vendrán las reformas.

Durante mucho tiempo, Europa ha tratado el caso húngaro como quien aparta una piedra del camino, con cierta incomodidad, pero sin detenerse demasiado. Se hablaba de “anomalía”, de “caso aislado” pero, si somos honestos, no lo era tanto. Porque lo que estaba ocurriendo en Hungría era, en realidad, la expresión más visible de una tensión que sigue atravesando a toda Europa y que nos obliga a preguntarnos hasta qué punto estamos dispuestos a defender de verdad nuestros propios valores. Y aquí, hay que decirlo sin rodeos, la Unión Europea ha fallado. Ha llegado tarde. Ha dudado demasiado. Y, sobre todo, se ha atado a sí misma las manos.

El sistema de unanimidad que en su momento tenía sentido, se ha convertido en una especie de candado. Un candado que permite que quien vulnera las reglas del juego pueda, además, bloquear cualquier respuesta como ha hecho Orbán en estos años. Una paradoja difícil de explicar… y aún más difícil de justificar por cuanto en medio de ese bloqueo institucional, hay personas concretas. Con nombres, con vidas, con miedos muy reales.

El resultado electoral en Hungría dibuja una ventana que, aunque no sea perfecta, abre en Europa, por primera vez en mucho tiempo, la posibilidad de avanzar en dos terrenos que parecían completamente atascados.

Por un lado, el de repensar de verdad los mecanismos de decisión en la Unión Europea; porque si algo ha quedado claro es que no se puede defender el Estado de derecho con herramientas que lo hacen inviable.

Y por otro, y quizá más importante, dar un paso adelante en la consolidación real de los derechos fundamentales. Pero no con declaraciones bonitas. No escribiéndolos como principios que suenan bien en los tratados. Sino garantizando que sean efectivos, medibles y exigibles.

Podríamos pensar que con reducir la hostilidad es suficiente. Que con rebajar el tono, con dejar de señalar, con permitir un mínimo de convivencia, ya hemos avanzado bastante. Y sí, algo se avanza, pero no basta. Porque vivir sin ser atacado no es lo mismo que vivir con derechos. Porque tolerar no es lo mismo que reconocer y porque existir sin miedo no debería ser el techo, sino el punto de partida.

Europa tiene ahora la oportunidad y la responsabilidad de ir más allá de ese mínimo; de construir un marco en el que los derechos no dependan del gobierno de turno. En el que no haya que mirar cada elección con incertidumbre. En el que nadie tenga que preguntarse si mañana volverá a ser cuestionado.

A veces hablamos de Europa como si fuera solo un entramado de normas, de equilibrios, de despachos en Bruselas. Pero Europa, en el fondo, es otra cosa. Es la idea sencilla, casi elemental, de que nadie debería sentirse extranjero en su propia vida. De que la dignidad no se negocia. De que hay límites que la política no debería cruzar. Suena básico. Y, sin embargo, hemos visto lo fácil que es olvidarlo.

Hay motivos para mirar lo que ha pasado en Hungría con cierta esperanza. Sería injusto no reconocerlo. Para muchas personas, simplemente bajar la intensidad del conflicto, recuperar un poco de aire, ya es un alivio enorme. Pero, al mismo tiempo, conviene no perder de vista que nada de esto está garantizado.

Hemos visto claramente que los derechos no son irreversibles y que, cuando retroceden, lo hacen deprisa. Por eso, más allá de celebrar el momento, lo que toca ahora es decidir qué hacemos con él.

Si Europa vuelve a conformarse, si vuelve a gestionar en lugar de transformar, si vuelve a posponer las decisiones difíciles, esta oportunidad se cerrará. Y, probablemente, volveremos a encontrarnos en el mismo punto dentro de unos años, en Hungría o en cualquier otro país.

Hungría nos ha puesto frente a un espejo. No solo para ver lo que ha pasado allí, sino para preguntarnos qué tipo de Europa queremos ser. Una que reacciona tarde y a medias.

O una que entiende, de una vez, que los derechos no son un accesorio del proyecto europeo, sino su razón de ser.

El candidato izquierdista a la presidencia de Perú, Roberto Sánchez, se perfila como segundo clasificado en la primera vuelta electoral y previsiblemente disputará el cargo a la derechista Keiko Fujimori tras superar conforme ha ido avanzando el escrutinio al ultraderechista Rafael López Aliaga, que ha llamado a sus seguidores a la “insurrección civil” tras los problemas logísticos en la votación. La oficina electoral decidió ampliar el plazo de voto al lunes en varios distritos de la capital, Lima. Aliaga asegura, sin pruebas, que ha habido fraude.

Los resultados todavía no son definitivos, pero con el 92% escrutado, la vencedora es Fujimori, con 2,65 millones de votos (el 17,1%), seguida de Sánchez, con 1,88 millones de sufragios (el 12,1%) y Aliaga, con 1,85 millones (el 11,9%). Desde que el escrutinio iba al 70%, Sánchez fue logrando reducir una desventaja de 500.000 votos respecto a López Aliaga y superarle, justo en el momento en que comenzó a computarse el voto de zonas rurales, donde el izquierdista es el candidato más votado.

Los comicios del domingo estuvieron protagonizados por largos retrasos en la apertura de locales de votación debido a la demora en la llegada del material electoral, lo que provocó que 13 centros de Lima y dos mesas en el extranjero no pudieran abrir y más de 52.000 personas tuvieron que votar un día más tarde.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) reconoció los problemas y pidió disculpas, pero la medida no evitó la airada respuesta de López Aliaga —miembro del Opus Dei y aficionado al cilicio—, que reclamó que no se proclamen los resultados, y de sectores de la patronal peruana, que piden la destitución del jefe de la ONPE, Piero Corvetto.

La fiscalía e incluso Fujimori señalan que no hay pruebas de fraude. Corvetto lleva en el cargo desde 2020 y durante su mandato se han organizado más de 12 procesos electorales. Fujimori también se quejó sin pruebas de un supuesto fraude cuando fue derrotada en segunda vuelta en 2021 por Pedro Castillo, hoy encarcelado por intentar formar un Gobierno de excepción a finales de 2022.

El protagonista de la remontada, Roberto Sánchez, fue precisamente ministro de Comercio Exterior y Turismo durante el mandato de Castillo y uno de sus más fieles, aunque acabó dimitiendo tras la maniobra autoritaria de Castillo. Hoy, tras agradecer la remontada a “Dios, la Pachamama y el Pueblo Milenario” asegura que, de resultar elegido, lo primero que hará será indultarlo.

La segunda vuelta, prevista para el 7 de junio, determinará ahora si Keiko Fujimori —hija de Alberto Fujimori, condenado por crímenes de lesa humanidad por su responsabilidad en los escuadrones de la muerte de la inteligencia militar en los 90— concentra el voto de la derecha y ratifica su victoria en primera vuelta o si la izquierda protagoniza un sorpresivo vuelco. Es la cuarta vez que la candidata derechista supera la primera fase, pero nunca ha logrado ganar, condicionada por un sentir “antifujimorista” sobre cuya prevalencia se muestran divididos los analistas consultados por elDiario.es.

El país arrastra una larga etapa de inestabilidad institucional. En los últimos 10 años ha tenido ocho presidentes, con mandatos lastrados en varios casos por acusaciones y condenas por corrupción.

Las elecciones al Rectorado de la Universidad de Murcia (UMU) suman una candidatura con una larga trayectoria académica y de gestión: la de Guillermo Díaz Baños. Catedrático de Química Física, su perfil combina experiencia docente, investigadora y una amplia implicación institucional que le ha llevado a ocupar responsabilidades clave dentro de la universidad.

“He sido secretario y director de mi departamento, vicerrector de Extensión Universitaria, director de la EIDUM y actualmente decano de la Facultad de Química”, resume. A ello se suma una trayectoria de más de cuarenta años vinculado a la UMU, primero como estudiante y después como profesor e investigador. “Todo ello me ha permitido conocer, de primera mano, la universidad desde muchos lugares distintos”, señala.

Esa experiencia acumulada es, precisamente, el fundamento de su candidatura. “Creo que para ser rector es importante tener una trayectoria que avale esa intención. La implicación, el compromiso y el modelo de universidad que defiendo se reconocen más en los hechos que en las palabras”, afirma. Su mensaje final, en latín, condensa su ambición: “Ad maiora” (hacia grandes cosas).

Motivación y visión: experiencia al servicio del cambio

Díaz no esconde que su decisión responde a un momento concreto. “He decidido presentarme porque creo que es el momento de poner toda mi experiencia al servicio de la Universidad de Murcia”, explica. Su diagnóstico es directo: la institución necesita cambios reales.

“No basta con seguir haciendo lo mismo. Me presento por compromiso con la universidad pública y porque creo que hay una forma más clara, más justa y más útil de gobernarla”, afirma.

Su visión de futuro se resume en una idea sencilla pero ambiciosa: “Una universidad pública, rigurosa, abierta y bien gobernada, que forme bien, investigue mejor, transfiera con sentido y cuide de sus miembros”. En esa frase se condensa el núcleo de su programa: reforzar lo esencial y eliminar lo superfluo.

Gobernanza: menos burocracia, más rumbo

Uno de los principales problemas que identifica es la complejidad de la gestión. “Hemos normalizado una universidad demasiado burocrática, lenta y desgastante”, advierte. Para Díaz, esta situación tiene consecuencias claras: se pierde energía en lo accesorio.

“Cuando una universidad dedica demasiada energía a lo accesorio, pierde fuerza en lo esencial: enseñar, investigar y transferir conocimiento”, sostiene. A ello suma la falta de planificación a medio y largo plazo, lo que, a su juicio, agrava la situación.

Su propuesta pasa por simplificar estructuras y clarificar prioridades. “Servicio público con gestión eficiente y planificación real”, resume. En este sentido, defiende una gobernanza “más cercana, participada, transparente y útil”.

“Gobernar bien no es multiplicar cargos ni trámites, sino dar rumbo, escuchar y decidir con criterios claros”, insiste. Entre sus medidas destaca el refuerzo del Claustro como espacio de debate, la descentralización de decisiones hacia los centros y la reducción de estructuras innecesarias.

Diálogo universitario: presencia real y corresponsabilidad

Díaz considera que uno de los déficits actuales es la falta de diálogo continuo entre los distintos colectivos universitarios. “El diálogo no puede quedar reducido a momentos puntuales”, afirma.

Para solucionarlo, propone una presencia activa del equipo rectoral en los centros. “Planteo que el rector visite cada mes un centro para escuchar directamente a estudiantado, profesorado y PTGAS (personal técnico, de gestión y de administración y servicios)”, explica.

Su modelo se basa en la corresponsabilidad. “Cada colectivo debe tener claro su papel: el profesorado centrado en docencia, investigación y transferencia; el PTGAS reforzado en la gestión; y el estudiantado con más protagonismo”. Y añade: “Si cada uno se siente escuchado de verdad, la universidad funciona mejor”.

Ética y transparencia: rendir cuentas con hechos

En el terreno electoral, Díaz apuesta por una campaña basada en el respeto. “Hay que evitar la descalificación personal, la propaganda vacía y la información sesgada”, señala. Para él, la universidad debe ser un ejemplo de debate riguroso.

“Defender ideas con firmeza es compatible con hacerlo desde la honestidad y el respeto”, afirma. Este planteamiento se traslada también a su compromiso de gobierno.

“Quiero que la comunidad universitaria sepa qué se hace, por qué se hace y con qué resultados”, explica. Entre sus propuestas destaca la publicación de indicadores de seguimiento, un informe anual que vincule presupuesto y resultados, y la creación de un portal único de transparencia.

Además, plantea la creación de una Oficina de Buen Gobierno e Integridad Pública. “Un organismo autónomo que supervise la aplicación del código ético y garantice canales seguros de alerta”, detalla.

Docencia y profesorado: planificar para mejorar

La mejora de la docencia pasa, según Díaz, por una idea clave: planificación. “No se puede mejorar la docencia si se improvisa con las plantillas”, afirma.

Por ello, propone un Plan Estratégico Plurianual de Capital Humano que permita anticipar necesidades, ordenar el relevo generacional y reducir la precariedad. “Necesitamos una carrera académica más clara y previsible”, sostiene.

También defiende reforzar el apoyo docente, mejorar los recursos y revisar los sistemas de evaluación. “Formar bien hoy exige metodologías más activas, un uso responsable de la inteligencia artificial y una docencia centrada en el aprendizaje real”.

Pero introduce un elemento diferencial: el bienestar. “No puede haber docencia de calidad sin una comunidad universitaria cuidada”, subraya. Y añade: “La salud mental, la conciliación y unas condiciones dignas no son un complemento, sino una base”.

Investigación: ampliar la base sin perder excelencia

En materia investigadora, Díaz plantea una estrategia dual: mantener la excelencia y ampliar la base. “La investigación es una seña de identidad de la universidad”, afirma.

Para reforzarla, propone apoyar especialmente a áreas con menor financiación, fomentar la interdisciplinariedad y desarrollar un plan a seis años con objetivos claros. También insiste en la necesidad de atraer y retener talento.

“Debemos reducir la burocracia que resta tiempo al profesorado y reconocer mejor el esfuerzo investigador”, señala. Pero va más allá de los indicadores tradicionales.

“Investigar no es solo publicar más, sino transferir mejor ese conocimiento para mejorar la vida de las personas”, afirma. En su visión, la investigación debe tener un impacto social tangible.

Transferencia y Europa: estrategia y misión pública

Díaz apuesta por una universidad más activa en la captación de fondos europeos. “No podemos esperar oportunidades, tenemos que salir a buscarlas”, afirma.

Propone aprovechar mejor programas como Horizonte Europa y fortalecer redes internacionales. También plantea modernizar la OTRI (Oficina de Transferencia de los Resultados de la Investigación) y fomentar iniciativas como los doctorados industriales o las spin-offs.

Sin embargo, introduce una advertencia: “La apertura no puede hacerse a cualquier precio”. Para él, la colaboración con empresas debe estar alineada con la misión pública de la universidad.

“El conocimiento debe estar al servicio de la sociedad, también en las humanidades y las ciencias sociales”, subraya.

Estudiantes: protagonismo y bienestar

El estudiantado ocupa un lugar central en su propuesta. “Debe volver a ser el verdadero protagonista de la universidad”, afirma. Por eso, entre sus medidas destaca la mejora de la transición desde etapas previas, el refuerzo de la tutoría y la garantía de evaluaciones justas. Pero también pone el foco en la experiencia cotidiana.

“Hay que cuidar la vida universitaria: mentoría, orientación, prácticas de calidad y bienestar emocional”, explica. Además, insiste en la necesidad de espacios seguros y accesibles. “La universidad no solo enseña, también cuida y acompaña”, resume.

Empleabilidad: formación integral y pensamiento crítico

Para mejorar la inserción laboral, Díaz propone reforzar las prácticas externas, la formación dual y la orientación profesional. “Las prácticas deben tener valor formativo real”, advierte.

También subraya la importancia de la inteligencia artificial. “Ningún egresado debería salir sin saber utilizarla con criterio y responsabilidad”.

Sin embargo, introduce un matiz importante: “La empleabilidad no puede ser el único criterio”. Para él, la universidad pública tiene también una función social y cultural. “El mercado cambia, pero el valor de la formación universitaria va más allá de la rentabilidad inmediata”, sostiene.

Igualdad: romper inercias históricas

Con tres mujeres candidatas al rectorado, el proceso electoral actual puede marcar un hito en términos de igualdad de género en la UMU. Díaz reconoce su importancia: “Tiene un valor simbólico evidente”. Pero insiste en que el reto es más profundo. “La igualdad debe traducirse en políticas reales de conciliación, corresponsabilidad y eliminación de discriminaciones”.

Más que hablar de liderazgo femenino, apuesta por la diversidad. “Una universidad con liderazgos diversos gobierna mejor”, afirma.

Universidad y sociedad: presencia y utilidad pública

Para Díaz, la Universidad de Murcia debe ser un actor central en la Región. “No puede comportarse como una institución aislada”, advierte.

Por eso, propone reforzar la transferencia, las alianzas con empresas y administraciones y una extensión universitaria más ambiciosa. Pero también insiste en la necesidad de visibilidad. “Tenemos que estar más en la calle, divulgar mejor la ciencia y explicar lo que aportamos”, afirma.

En el plano territorial, plantea consolidar sedes en municipios y ajustar la oferta a las necesidades locales. “La universidad debe ser accesible, útil y cercana”.

Una universidad más clara, justa y humana como aspiración

De cara al final de su mandato, Díaz tiene claro cómo le gustaría ser recordado. “Como una etapa de servicio público, de honestidad y de trabajo serio”, afirma.

Díaz aspira a una universidad con menos burocracia y más claridad de rumbo. “Que se haya escuchado, explicado y dado la cara”, resume. Pero, sobre todo, pone el foco en las personas. “Que se haya cuidado más a la comunidad universitaria, en su bienestar y en sus condiciones”.

Y concluye con una idea que resume su proyecto: “Que la Universidad de Murcia sea más universidad: más rigurosa, más abierta, más justa y más útil para la sociedad”.

La carrera hacia el Rectorado de la Universidad de Murcia (UMU) se presenta como un momento decisivo para redefinir el futuro de la institución. En este contexto, la figura de Samuel Baixauli emerge con una trayectoria consolidada en la gestión académica y una visión clara de cambio. Catedrático del Departamento de Organización de Empresas y Finanzas, Baixauli conoce bien los entresijos de la universidad tras años de experiencia docente y como decano de la Facultad de Economía y Empresa.

Licenciado y doctor en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Valencia, ha desarrollado toda su carrera docente en la UMU, donde ha impartido clases en todos los niveles formativos. Esa vinculación prolongada con la institución le permite, según sus propias palabras, tener “una visión realista de sus fortalezas y de sus problemas estructurales”.

Su candidatura llega en un momento que él mismo define como “clave”, tanto en lo personal como en lo institucional. Con un programa que se sostiene sobre tres pilares —formación, investigación y transferencia, y compromiso social—, Baixauli propone una transformación profunda basada en la eficiencia, la participación y la adaptación a los cambios tecnológicos.

Motivación y visión: una universidad que aprende

Baixauli no elude el contexto complejo en el que se presenta. “Es un momento en el que, personalmente, puedo afrontar la responsabilidad y propiciar cambios en un contexto de financiación insuficiente y recursos limitados”, explica. Su diagnóstico es claro: la universidad arrastra problemas estructurales desde hace años.

“Todos coincidimos en que hay rigidez y falta de agilidad en la gestión, desmotivación en el personal y necesidad de adaptarse a los cambios tecnológicos”, afirma. Ante este escenario, plantea una gobernanza que fomente “el debate constructivo, el pensamiento crítico y la consecución de objetivos compartidos”.

Su propuesta se sintetiza en una idea que ha repetido durante la campaña: construir una “universidad inteligente”. Pero ¿qué significa exactamente? “Un ecosistema conectado en el que todo —colectivos, espacios y decisiones— funcione de forma eficiente y adaptativa”, detalla. Y resume su aspiración en una frase: “La universidad inteligente que sabe mejorar”.

Gobernanza: participación, transparencia y agilidad

Uno de los ejes centrales de su programa es la reforma del modelo de gobernanza. Para Baixauli, el principal problema estructural de la Universidad de Murcia es la infrafinanciación, pero no el único. “Existen problemas de gobernanza, planificación y coordinación, y una gestión poco ágil”, advierte.

La consecuencia de esta situación, según señala, es una institución lenta para adaptarse a los cambios. “Esa lentitud dificulta nuestra eficiencia interna y nos impide alcanzar una universidad más moderna, flexible y competitiva”.

Frente a ello, propone reforzar la gobernanza participativa. “Cuando los órganos colegiados funcionan como espacios efectivos de deliberación, las políticas se enriquecen con la diversidad de perspectivas”, sostiene. Pero también insiste en la necesidad de transparencia: “La comunicación, la planificación conjunta y la rendición de cuentas generan confianza y reducen los conflictos”.

En este sentido, plantea medidas concretas como una mayor anticipación en la comunicación de decisiones y un acceso más claro a la información institucional. “La comunidad universitaria debe poder conocer, anticiparse y seguir los procesos de decisión, no enterarse cuando ya están cerrados”.

Diálogo interno: escuchar más allá de las elecciones

Baixauli también pone el foco en la relación entre los distintos colectivos universitarios. Considera que el diálogo no puede limitarse a los periodos electorales. “No debería ser necesario esperar a una campaña para escuchar a la comunidad universitaria”, afirma.

Su propuesta pasa por establecer canales de comunicación permanentes y efectivos. Entre las ideas que plantea destaca la implantación de un horario regular de atención institucional por parte de la gerencia, con presencia rotatoria en los distintos campus.

“Tenemos claro que hay que mantener una comunicación periódica con centros, departamentos y representantes de los colectivos”, señala. El objetivo es doble: recoger propuestas y necesidades, y resolver conflictos de manera más ágil.

Ética en campaña: debate frente a desinformación

En un contexto electoral donde el tono puede elevarse, Baixauli reivindica una campaña basada en el respeto. “Las elecciones universitarias deberían alejarse de prácticas electoralistas como el desprestigio o la desinformación”, advierte.

Especialmente crítico se muestra con el uso de bulos en redes sociales. “En la universidad tenemos que centrarnos en debatir ideas porque somos compañeros y nuestro objetivo es mejorar la institución”.

Este planteamiento conecta con su compromiso de transparencia si resulta elegido. Entre sus propuestas figura la creación de un registro informativo sobre política de personal y la garantía de acceso a la información institucional. “Queremos que la información sea permanente y accesible, reforzando la memoria institucional y la rendición de cuentas”.

Docencia y profesorado: mejorar condiciones y calidad

La mejora de la calidad docente es otro de los pilares de su programa. Baixauli insiste en que es necesario actuar de forma coordinada en varios frentes. “Es fundamental reducir el número de estudiantes por grupo para aplicar metodologías docentes eficaces”, explica.

También señala la importancia de reforzar infraestructuras y equipamientos, así como reconocer adecuadamente tareas como la tutorización de prácticas. A ello suma la necesidad de incorporar personal técnico de apoyo en laboratorios y talleres.

En cuanto a las condiciones del profesorado, su diagnóstico apunta a la precariedad y la sobrecarga. “Es imprescindible avanzar hacia una mayor estabilidad laboral y reducir la temporalidad”, afirma. Además, defiende un reconocimiento equilibrado de docencia, investigación y transferencia para evitar desequilibrios.

“También es necesario reducir las cargas administrativas y reforzar el apoyo técnico”, añade, subrayando que estas medidas son clave para mejorar tanto la calidad docente como la satisfacción del personal.

Investigación: excelencia y cooperación

En un entorno cada vez más competitivo, Baixauli considera que la Universidad de Murcia debe apostar por la calidad científica y la participación en convocatorias competitivas. “Es fundamental mejorar el acceso a la financiación nacional y europea”, señala.

Para lograrlo, propone reforzar el apoyo técnico en la preparación y gestión de proyectos, así como consolidar grupos de investigación potentes. “La interdisciplinariedad y las redes internas son clave para abordar retos complejos con mayor impacto”.

Otro aspecto prioritario es la incorporación de jóvenes investigadores. “Necesitamos programas competitivos y condiciones laborales estables”, afirma. En su opinión, la combinación de excelencia, cooperación y apoyo institucional es la base para fortalecer la posición investigadora de la universidad.

Transferencia y fondos europeos: una universidad protagonista

Más allá de la investigación, Baixauli insiste en el papel activo que debe asumir la universidad en la captación de fondos europeos y la colaboración con empresas e instituciones. “No puede limitarse a participar de forma puntual, debe liderar proyectos estratégicos”, defiende.

Para ello, considera imprescindible mejorar la coordinación interna y fortalecer las estructuras de apoyo. “Tenemos que facilitar que el personal acceda a estas convocatorias con mayores garantías”. Al mismo tiempo, apuesta por una relación más estrecha con el tejido productivo. “La transferencia de conocimiento debe tener un impacto real en la economía y la sociedad”, subraya.

Estudiantes: experiencia universitaria y empleabilidad

El estudiantado ocupa un lugar central en su programa. Baixauli plantea una visión integral de la experiencia universitaria. “Es fundamental eliminar barreras económicas, sociales y tecnológicas para que nadie se quede fuera”, afirma.

También defiende la mejora de los servicios y espacios universitarios para favorecer una experiencia completa. “El estudiante no solo debe recibir formación, sino vivir una etapa enriquecedora”.

En cuanto a la empleabilidad, propone una mayor conexión entre formación y mundo profesional. “Necesitamos prácticas de calidad, orientación y colaboración con empresas”, explica. Además, apuesta por el desarrollo de competencias digitales y transversales, así como por la formación continua. “La universidad no solo debe formar, sino acompañar al estudiante en su transición al mundo laboral”, resume.

Igualdad: diversidad en la gobernanza

El actual proceso electoral podría marcar un hito en la historia de la UMU. Con tres candidatas optando al Rectorado, por primera vez una mujer podría terminar convirtiéndose en la cabeza del gobierno de la institución. Para Baixauli, este contexto refleja un avance significativo.

“Lo importante es garantizar que cualquier persona pueda aspirar a liderar la universidad en condiciones de igualdad”, señala. Más allá del género, apuesta por modelos de gobernanza diversos e inclusivos.

“La incorporación de más mujeres en puestos de responsabilidad enriquece la toma de decisiones”, afirma el aspirante a rector, aunque insiste en que el objetivo final es una gobernanza basada en mérito, capacidad e igualdad de oportunidades.

Universidad y sociedad: compromiso con el entorno

El tercer pilar de su programa —el compromiso social— se traduce en una universidad más abierta y conectada con su entorno. “La Universidad de Murcia debe ser un motor de desarrollo social, económico y territorial”, defiende.

Para ello, plantea fortalecer la colaboración con empresas, administraciones e instituciones, así como generar alianzas estables. “No se trata de relaciones puntuales, sino de vínculos duraderos con impacto real”.

También subraya la importancia de acercar la universidad a la ciudadanía. “Debemos reforzar la conexión con la sociedad, acercando la ciencia, la cultura y la formación continua”.

Una universidad más cercana y participativa como legado

De cara al final de su posible mandato, Baixauli tiene claro cómo le gustaría ser recordado. “Me gustaría que dijeran que fue una etapa de transformación positiva, en la que la universidad se volvió más cercana, inclusiva y comprometida con la sociedad sin perder su rigor académico”.

Pero, sobre todo, insiste en una idea: el valor del diálogo. “Que las decisiones importantes se tomaron tras escuchar a la comunidad universitaria”.

Y vuelve a su concepto central, casi como una declaración de intenciones: “Hemos construido una universidad inteligente”.

Alfonsa García Ayala, catedrática de Biología Celular, ha decidido dar un paso al frente en un momento clave para la Universidad de Murcia (UMU). Lo hace con una candidatura que no surge de la improvisación, sino de una larga trayectoria vinculada a la institución, donde ha desempeñado distintas responsabilidades de gestión académica.“Doy este paso después de muchos años de dedicación a esta universidad, en los que he desempeñado responsabilidades como secretaria, vicedecana y decana de la Facultad de Biología y más recientemente como vicerrectora de Coordinación y Calidad”, explica.

Asegura llegar a este momento con la serenidad que proporciona la experiencia y con un conocimiento profundo de la institución. Pero, sobre todo, con la motivación intacta: “Mantengo la ilusión por seguir contribuyendo a su mejora desde la responsabilidad, el liderazgo y la capacidad de gestión”. Esa combinación de experiencia y compromiso es, a su juicio, la base sobre la que construir una nueva etapa para la universidad.

Una visión global de la institución

La decisión de presentarse a rectora responde, según García Ayala, a un contexto que exige cambios profundos. Considera que la universidad se enfrenta a retos estructurales derivados de transformaciones sociales y tecnológicas de gran calado. “La Universidad de Murcia debe afrontar retos que requieren decisiones firmes y una planificación clara, sin inercias”, afirma.

Tras una reflexión que define como “serena y rigurosa”, ha decidido asumir la responsabilidad convencida de que puede aportar un liderazgo dialogante, basado en acuerdos y orientado a objetivos estratégicos. Su experiencia previa en distintos cargos de gestión le permite, dice, tener una visión global de la institución.

Además, subraya que se encuentra en una etapa profesional que le permite centrarse plenamente en la gestión universitaria. “He consolidado mi actividad investigadora y de transferencia, lo que me permite dedicarme con total disponibilidad, sin condicionantes”, señala.

Su proyecto se apoya también en un equipo comprometido y en un programa que define como realista, sólido y con un claro carácter reivindicativo, especialmente en materia de financiación y fortalecimiento institucional.

Si tuviera que resumir su modelo de universidad en una sola idea, lo tiene claro: una institución abierta, cercana, conectada con la sociedad y el entorno internacional, capaz de formar a sus estudiantes para los desafíos del presente y del futuro. Una universidad innovadora en lo digital, con infraestructuras sostenibles y un modelo de gobierno transparente que sitúe a las personas en el centro. “Una universidad que rinda cuentas y que explique con claridad sus decisiones”, añade.

Financiación pública “justa, suficiente y estable”

Para García Ayala, la Universidad de Murcia cuenta con fortalezas evidentes, pero también con aspectos estructurales que requieren ser abordados. Entre ellos, destaca el relevo generacional del profesorado, la estabilización de plantillas, el mantenimiento de infraestructuras y la necesidad de impulsar nuevas titulaciones estratégicas.

También pone el foco en la captación y retención de talento, el refuerzo de la investigación, la transformación digital y la internacionalización como elementos clave para mejorar la competitividad.

En materia económica, valora positivamente la reciente financiación aprobada por la comunidad autónoma, pero insiste en que no es suficiente. “Seguiremos reivindicando una financiación pública justa, suficiente y estable”, afirma, con el objetivo de alcanzar al menos el 1% del PIB regional.

Uno de los pilares de su programa es la transformación del modelo de gobernanza. Propone un sistema basado en la planificación, el uso de datos y la participación. Entre sus medidas, destaca la elaboración de un Plan Estratégico participativo con objetivos verificables, así como la implantación de presupuestos por objetivos y experiencias piloto de presupuestos participativos.

La transparencia será otro eje central. García Ayala apuesta por reforzar el Portal de Transparencia, aprobar un reglamento de buenas prácticas y crear un Observatorio de Sostenibilidad que permita evaluar de forma continua el impacto ambiental, social y económico de la universidad.

Diálogo con la comunidad universitaria

Alfonsa García considera que uno de los grandes retos de la UMU es mejorar el diálogo entre los distintos colectivos universitarios. Para ello, propone un modelo basado en estructura, canales y respuesta efectiva.

Entre sus propuestas, figura el impulso de un diálogo estructurado con representantes del profesorado, del personal técnico y del estudiantado, así como la creación de canales estables de escucha activa, como encuestas, consultas y buzones.

También plantea establecer un canal directo de interlocución con la rectora, con compromiso de respuesta, y reforzar herramientas ya existentes como UMU Escucha o el procedimiento SQRF. “Se trata de combinar participación real con capacidad de decisión y seguimiento”, resume.

Ética y campaña electoral

En el contexto electoral, García Ayala defiende un proceso basado en el respeto institucional. Por ello, considera imprescindible evitar prácticas como la desinformación, las descalificaciones personales o el uso indebido de recursos universitarios.

Especialmente contundente se muestra en la protección de los datos personales y la privacidad: “Resulta inaceptable cualquier uso indebido de información personal”, afirma.

Su programa incluye una política de tolerancia cero frente a prácticas que comprometan la ética o la confianza institucional. En este sentido, insiste en que no basta con proclamar códigos éticos, sino que es necesario garantizar su cumplimiento.

En cuanto a transparencia, la candidata asume compromisos concretos: publicación de informes periódicos de gestión, desarrollo de un plan estratégico con indicadores medibles y evaluación pública de los avances. “La rendición de cuentas será parte del método de gobierno”, asegura.

Docencia, investigación y financiación

La mejora de la calidad docente es otra de sus prioridades. Para ello, propone un Plan de Innovación Docente basado en metodologías activas, evaluación formativa y formación continua del profesorado.

También apuesta por revisar los procesos de aprendizaje en los grados, impulsar formatos híbridos de calidad y reforzar la participación en convocatorias nacionales e internacionales.

En paralelo, plantea mejorar las condiciones del profesorado mediante un plan de estabilización, la reducción de la dependencia del profesorado asociado y la simplificación de los procedimientos administrativos.

En el ámbito investigador, su propuesta se centra en tres ideas: más financiación estructural, menos burocracia y mejor coordinación. Entre las medidas previstas, destaca la creación de un programa de carrera investigadora con mentoría en todas las etapas y el refuerzo de la movilidad.

Además, apuesta por una evaluación responsable alineada con estándares internacionales y por el uso de indicadores claros y trazables.

Fondos europeos y colaboración institucional

García Ayala defiende que la universidad debe asumir un papel protagonista en la captación de fondos europeos y en la colaboración con empresas e instituciones. Para ello, propone la creación de una Oficina de Proyectos Estratégicos que facilite la identificación y gestión de financiación competitiva. También plantea incentivar la participación del personal universitario en estos procesos.

Entre las líneas de actuación, menciona el aprovechamiento de fondos europeos para sostenibilidad y eficiencia energética, así como el impulso de alianzas público-privadas en innovación y empleabilidad. Asimismo, apuesta por diversificar las fuentes de ingresos mediante formación permanente, títulos propios y contratos con entidades externas.

Estudiantes y empleabilidad

La experiencia del estudiantado también ocupa un lugar central en su programa. García Ayala plantea medidas orientadas al acompañamiento, los recursos y la vida universitaria. Entre ellas, destaca la revisión del Plan de Orientación, la implantación de programas de mentoría y la detección temprana del riesgo de abandono.

También propone reforzar las becas y ayudas, abordar el problema del alojamiento con nuevas residencias y programas de alquiler asequible, y mejorar el transporte mediante convenios y bonificaciones.

La creación de una Casa de Estudiantes y de un Portal Digital Unificado son otras de sus iniciativas para mejorar la vida universitaria.

En cuanto a empleabilidad, apuesta por un enfoque integral basado en orientación personalizada, prácticas de calidad y conexión con empleadores. Su propuesta incluye el desarrollo de un programa específico que integre asesoramiento, datos de inserción laboral y apoyo al emprendimiento.

Igualdad y liderazgo femenino

La posibilidad de que la Universidad de Murcia tenga por primera vez una rectora en más de un siglo es, para García Ayala, “una oportunidad histórica”. “Supone modernizar el liderazgo universitario y avanzar en igualdad de género”, afirma. Pero insiste en que no se trata de un gesto simbólico, sino de una apuesta por una gobernanza basada en mérito, transparencia y corresponsabilidad.

La candidata defiende que el liderazgo femenino puede contribuir a consolidar prioridades como la escucha, el diálogo y la rendición de cuentas y, además, propone incorporar la perspectiva de género en la planificación económica para garantizar“que la igualdad sea medible y evaluable”.

Extender la UMU por toda la Región

García Ayala concibe la universidad como un agente clave de cohesión territorial y desarrollo social. En su visión, la Universidad de Murcia debe reforzar su conexión con el entorno mediante la transferencia de conocimiento, la formación a lo largo de la vida y la colaboración con instituciones públicas y privadas.

Acercar la universidad a todos los municipios de la Región mediante sedes y colaboraciones locales, así como consolidar su papel como agente cultural, son otras de las ambiciosas propuestas de la candidata. También destaca la importancia del ámbito biosanitario y la colaboración con instituciones como el sistema sanitario regional y centros de investigación. “La universidad debe ser un referente de conocimiento y un garante de información rigurosa”, señala, subrayando su papel en la estabilidad social y económica.

Un mandato con vocación de legado

Pensando en el final de su posible mandato, García Ayala tiene claro cómo le gustaría ser recordada por la comunidad universitaria y la sociedad murciana. Lo resume en tres aspectos fundamentales: “Que fue un rectorado que escuchó y cuidó a las personas, que desarrolló una gestión planificada, rigurosa y alineada con un programa de actuaciones cumplido de forma efectiva, y que ejerció una rendición de cuentas transparente, accesible y sostenida en el tiempo”.

También desea que se reconozca como una etapa de avance en docencia, investigación, digitalización e internacionalización, y como un periodo en el que la universidad se haya fortalecido como proyecto colectivo.

En definitiva, su objetivo es que la Universidad de Murcia salga reforzada y reconocida como un motor de transformación social, construido desde la participación de toda su comunidad.

Amaia Agirre (Francia, 1974) no continuará como alcaldesa de Getxo en la próxima legislatura. “He comunicado al partido mi decisión de no volver a ser la candidata”, ha publicado en un vídeo de Instagram la todavía regidora, nacida en el exilio como nieta del primer lehendakari, José Antonio de Aguirre, y que ocupa el cargo desde 2019. Su adiós coincide con la investigación judicial por el derribo del edificio protegido Irurak Bat, una causa en la que tres de sus concejales han resultado imputados. La oposición pidió su dimisión.

“No ha sido una decisión fácil”, ha señalado la regidora del PNV. Y ha agregado: “Siento que después de estos años de trabajo, mi etapa cumplirá su ciclo al final de esta legislatura”. En una carta a la militancia, se ha felicitado por haber “contribuido a sentar las bases de un nuevo tiempo” para Getxo, “con una mirada abierta, constructiva y profundamente arraigada” a los valores.

Agirre sostiene que es momento de “abrir paso a nuevas personas”. El PNV, por el momento, no suelta prenda oficialmente, aunque los rumores llevan semanas circulando. El partido, de hecho, lleva ya semanas designando candidatos para las municipales de 2027, particularmente en Bizkaia. “Es el momento de seguir fortaleciendo el proyecto desde la renovación”, agrega la actual alcaldesa, que sustitutó en su día a Imanol Landa. Abunda que “hasta el último día” trabajará “con la misma dedicación” y “responsabilidad”.

“Ya había mostrado hace muchos meses que se marchaba”, explican fuentes del PNV sobre este relevo en Getxo. Ahora, “en los próximos días” se iniciará el proceso interno para la designación de candidato. En Getxo hay tres 'batzokis'. Uno de ellos, Ondarreta, ha mostrado posiciones críticas en los últimos procesos. Los nuevos estatutos del partido, ya en vigor desde diciembre, acortan plazos y tiempos para estas designaciones, de modo que en mayo podría haber 'fumata blanca'.

“Una reunión entre antiguos y buenos amigos. Con Viktor Orbán, primer ministro de Hungría”. Con esa frase acompañada de una foto con un efusivo abrazo describía el expresidente del Gobierno José María Aznar su encuentro con Orbán hace cinco años, en junio de 2021, cuando el presidente húngaro ya había manifestado abiertamente su antieuropeísmo y había puesto en marcha su agenda de políticas autoritarias que, según las instituciones europeas, ha supuesto retrocesos democráticos en el país.

Por ese entonces el PP español apoyaba a Orbán, una postura que contrasta con la que los dirigentes populares han mostrado en las últimas horas, una vez confirmada la derrota del líder de Fidesz en las elecciones de este domingo. Ahora, los mismos populares que arroparon a Orbán lo consideran un líder “populista iliberal” y lo equiparan con una “dictadura” con el único objetivo de desacreditar a Pedro Sánchez, con el que lo equiparan desde Génova 13.

“Socialistas 0 escaños. Querida Montse, a quien han echado los húngaros es al populismo de izquierdas y de derechas. El próximo populista iliberal en caer será Sánchez”, aseguró el mismo domingo la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, dirigiéndose a la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, a través de un mensaje en X. “Cuando gana el PP ganan Europa y los valores europeos. Muy meritorio el resultado de la izquierda: cero escaños es una gran noticia también. Próximamente en España”, aseguraba, por su parte, Miguel Tellado.

Pero cuando Fidesz formaba parte de la familia del Partido Popular Europeo (PPE) eran habituales las alabanzas por parte del PP español hacia Orbán. “El Partido Popular Europeo tiene muy presente que Hungría, cuando España ha solicitado apoyo a la hora de encarar el proceso independentista, siempre ha estado con España”, aseguró el entonces líder de los populares españoles, Pablo Casado, en 2018, en Bruselas, justo antes de entrar en una reunión con sus colegas europeos.

El apoyo de Casado

Dos años después, Orbán mostró su cara más autoritaria coincidiendo con el estallido de la pandemia del coronavirus. Apenas dos semanas después de que comenzara el confinamiento, el Parlamento húngaro con mayoría de Fidesz aprobó una enmienda legal que autorizaba al Ejecutivo del primer ministro a gobernar por decreto por tiempo indefinido. Entonces, el líder del Partido Popular del momento, Pablo Casado, se negó a firmar una carta que trece partidos conservadores de la UE dirigieron al entonces presidente del PPE, Donald Tusk, exigiendo la expulsión del Fidesz, por ese giro autoritario.

En la misiva, rubricada por los líderes de los socios del PP en Bélgica, República Checa, Eslovaquia Finlandia, Dinamarca, Grecia, Lituania, Países Bajos, Luxemburgo, Suecia o Noruega, los firmantes denunciaban que los plenos poderes que ha dado el Parlamento del país a Orbán para extender el estado de alarma en el país de forma indefinida, suponían una “clara violación de los principios fundadores de la democracia liberal y de la propia Europa”.

En julio ocurrió algo similar con otra votación. El Parlamento Europeo reclamó que no se aprobara el acceso de Hungría a los planes de recuperación pospandemia de los que les correspondían en torno a 7.000 millones de euros, hasta que se constatara que el presupuesto de la Unión no fuera a “contribuir activamente a la violación de los derechos fundamentales en Hungría”.

En una resolución aprobada por 459 votos a favor, 147 en contra y 58 abstenciones, la Eurocámara reclamaba también a la Comisión Europea que emprendiera acciones legales “inmediatas” respecto a la ley que vincula la homosexualidad con la pedofilia y que prohíbe hablar de la identidad sexual en escuelas y medios de comunicación. Dentro del Partido Popular Europeo, 12 de los 13 eurodiputados españoles del PP se abstuvieron, a pesar de que la mayoría de su grupo votó a favor. Solo Esteban González Pons, vicepresidente del Grupo Popular Europeo en la Cámara, votó a favor.

Las votaciones de este en auxilio de la Hungría de Orbán no eran entonces casos aislados. El PP español no dejó de ayudar a quien fue su aliado dentro del PP europeo hasta su expulsión en marzo de 2021. En enero de 2020, en una resolución ampliamente adoptada por 446 votos contra 178 y 41 abstenciones, los eurodiputados señalaban que los informes y declaraciones de la Comisión, la ONU, la OSCE y el Consejo de Europa indicaban que “la situación tanto en Polonia como en Hungría se ha deteriorado desde la activación del artículo 7 [procedimiento de censura europeo por la violación de valores fundamentales de la UE]”.

Divisiones de los 'populares' españoles

Los eurodiputados pedían al Consejo [los Gobiernos] que enviara recomendaciones concretas a los países afectados, incluidos los plazos, para garantizar que se respeta la legislación de la UE: “Se sigue socavando la integridad de los valores europeos comunes, la confianza mutua y la credibilidad de la Unión Europea en su conjunto”. La mayoría del PP europeo votó entonces a favor de redoblar la presión sobre Polonia y Hungría por sus violaciones del Estado de Derecho. En cambio, el PP español se posicionó en contra de redoblar la presión sobre Polonia y Hungría.

La Unión Europea activó, en 2017 contra Polonia y en 2018 contra Hungría, el procedimiento conocido como artículo 7, ante la preocupación por la falta de independencia de sus sistemas judiciales, la situación de la libertad de expresión, la corrupción y el estado de la democracia en general en ambos países. Este procedimiento puede concluir con la retirada del derecho de voto a un país en concreto, pero para ello se requiere la unanimidad de todos los demás, lo que resulta imposible, ya que los Gobiernos de Hungría y Polonia se apoyan mutuamente.

La votación fue similar a la que se había producido en septiembre de 2018, cuando el Parlamento Europeo aprobó el procedimiento del artículo 7 contra Hungría. En aquella ocasión, apurando la anterior legislatura europea, el PP español se rompió en tres. Carlos Iturgaiz, Gabriel Mato y Pilar Ayuso votaron en contra del informe aprobado que pedía sancionar a Hungría por vulnerar los “valores de la UE”, al igual que la extrema derecha. Pilar del Castillo, Agustín Díaz de Mera, Rosa Estarás, Santiago Fisas, Luis de Grandes, Teresa Jiménez-Becerril, José Ignacio Salafranca, Ramón Luis Valcárcel y Francisco José Millán se abstuvieron. Mientras que Esteban González Pons, Esther Herranz, Verónica Lope Fontagné y Antonio López Istúriz no participaron en la votación.

La candidata derechista Keiko Fujimori (Fuerza Popular) obtuvo el primer lugar en las elecciones generales del Perú, con un 16,9% de votos válidos, tras el escrutinio de más del 50% de las actas, según los datos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

A la hija del fallecido gobernante Alberto Fujimori solo le alcanzó para asegurar su lugar en la segunda vuelta electoral, en la que se enfrentará al postulante de Renovación Popular, el ultraderechista Rafael López Aliaga, que obtuvo el 14,7% de los votos. En tercer lugar se situó el candidato centrista Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno), con el 12,9% de los votos.

Más de 27 millones de peruanos estaban habilitados para votar el domingo 12 en unos comicios que se desarrollaron con severas sombras, debido al retraso en la apertura de recintos de sufragio y a contratiempos logísticos que impidieron que más de 52.000 personas eligieran entre los 35 candidatos a presidente. Los inconvenientes llevaron a que la votación se amplíe hasta este lunes 13 en puntos de Lima y de Estados Unidos donde los electores no llegaron a sufragar.

Debido a la lentitud del cómputo oficial de ONPE, los únicos resultados que se conocieron al finalizar las votaciones el domingo fueron los de las encuestas a pie de urna realizadas por las empresas Ipsos y Datum. Este lunes, la ONPE ha confirmado que Fujimori recibió 1.605.510 votos, tras el escrutinio del 51,6% de las actas. Esta es la cuarta ocasión en que la administradora de 50 años participa en un balotaje, habiendo perdido los tres anteriores. 

A su vez, el exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga, obtuvo 1.398.667 de votos, lo que lo habilita para una segunda ronda en la que se decidirá quien será el gobernante del periodo 2026-2031.

La segunda vuelta electoral está prevista para el 7 de junio. La norma peruana prevé una segunda votación siempre que en la primera el ganador no se imponga con más del 50% de los votos.

Algunas sorpresas

Más allá de la controversia en torno a los contratiempos del ONPE, que entorpecieron la difusión de resultados más definitivos de la votación, las elecciones peruanas dejaron más de una sorpresa. La primera fue la resurrección de la izquierda, con el candidato Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), que obtuvo el 7,7% de los sufragios.

Para el investigador Hernán Chaparro, el repunte de Sánchez revela la existencia de un importante sector de la población peruana que se siente excluido de la política y que aún cree en Castillo como su representante.

Otra sorpresa fue el desplome del comediante de derecha Carlos Álvarez (País para Todos), con el 8,4% de los votos. Al no integrar en el pelotón que sigue a Fujimori, Álvarez cedió su lugar al exalcalde limeño López Aliaga, quien recuperó terreno en los últimos días. 

De cara a la segunda vuelta, el también catedrático del Departamento de Comunicaciones la Universidad Católica del Perú anticipa que Fujimori tendría mejores condiciones de alcanzar una victoria ante López Aliaga.

López Aliaga se había mostrado abiertamente escéptico de los resultados de las encuestas a pie de urna difundidos por Ipsos y Datum, pese a que en la última aparecía en segundo lugar. El candidato de Renovación Popular había ido más allá al hablar a la posibilidad de un fraude electoral, antes de que se conocieran los resultados oficiales.

Demora y votación pendiente

52.251 electores no pudieron votar el domingo 12 debido a la falta de material electoral, admitió el jefe de la ONPE, Piero Corvetto. “A nivel nacional, de las 92.012 mesas de sufragio se lograron instalar 99.8% de mesas, solo 211 mesas no se lograron instalar”, aclaró en una conferencia al final de la jornada electoral.

La cabeza del ONPE atribuyó la ausencia de material electoral a problemas logísticos de la empresa responsable de esa tarea, una explicación que fue puesta en duda por distintos frentes políticos y analistas.

Horas después de las declaraciones de Corvetto, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anunció la ampliación de la votación hasta este lunes 13 de abril en los 13 recintos de Lima donde no sufragaron las más de 52.000 personas. Lo propio dispusieron para dos circunscripciones del extranjero, Orlando (Florida) y Paterson (Nueva Jersey), ambas en Estados Unidos, donde no se votó con normalidad. La disposición prevé habilitar los puntos de sufragio desde las 7.00 hasta las 18.00, de acuerdo a sus husos horarios, precisó la secretaria del JNE, Yessica Clavijo. La resolución de extender la votación fue ratificada por Corvetto.

Composición del Congreso

En las elecciones generales de este domingo, los peruanos también votaron por diputados, senadores y representantes para el Parlamento Andino. Las empresas encuestadoras ofrecieron datos a pie de urna de la probable composición del Congreso, que desde este 2026 vuelve a ser bicameral tras la reposición del Senado.

Según la encuesta de Ipsos publicada por el medio Perú21, Fuerza Popular obtuvo el 14.6% de los votos para el Senado Nacional, seguido por Juntos por el Perú con 11.5% y el Partido del Buen Gobierno con 10.6%. Poco más atrás se encuentran el Partido Cívico Obras y Renovación Popular, empatados con un 10.5%. Otros frentes con porcentajes representativos son Ahora Nación con 7.8% y País para Todos con 6.0%.

En términos numéricos, la Cámara de Senadores estaría conformada por 22 escaños para Fuerza Popular, seguido de 11 de Juntos por el Perú, y 8 para Renovación Popular y el Partido del Buen Gobierno, respectivamente, de acuerdo a la estimación del Diario Gestión. La lista la terminarían conformando 6 senadores por el Partido Cívico Obras y 5 para Ahora Nación.

Por su lado, la Cámara de Diputados estaría integrada por 44 escaños para Fuerza Popular, 22 de Juntos por el Perú, 20 de Renovación Popular y 19 del Partido del Buen Gobierno. La lista se completaría con 18 diputados del Partido Cívico Obras y 10 de Ahora Nación, siguiendo el cálculo de Diario Gestión basado en los resultados en boca de urna.

Nacido en 1981 en el seno de una familia acomodada de clase media, Péter Magyar estudió derecho y se crio en los últimos años del gobierno comunista, por lo que se fijó muy pronto en Viktor Orbán y ese círculo de demócratas liberales que desafiaban a los soviéticos. “Es de ese grupo destinado a apoyar Fidesz. Era el organismo del cambio, los que se oponían a los socialistas. Eran proeuropeos y querían cambiar el país”, dice a elDiario.es Bálint Ruff, un reconocido estratega y analista político húngaro.

Magyar, nacionalista y conservador, desarrolló su carrera dentro de Fidesz y el régimen de Orbán, con quien no rompió hasta 2024 para iniciar su propio partido. Tras 16 años de reinado absoluto de Orbán, Magyar se convertirá en el próximo primer ministro de Hungría. “Pertenece a esa clase media cristiana con la actitud de ser la élite intelectual del país”, dice Ruff. En su discurso de victoria, Magyar hizo referencia a la Biblia: “Siguiendo la sabiduría de la Biblia, no tengan miedo. Podemos hacerlo”.

El líder de Tisza se unió a Fidesz en 2002 y en 2006 se casó con Judit Varga, también política conservadora que acabaría convirtiéndose en una destacada ministra de Orbán. Juntos pasaron varios años en Bruselas, donde Magyar trabajó en distintos puestos diplomáticos representando a Hungría y en altos cargos del Ministerio de Exteriores cuando Orbán ya confrontaba directamente con la UE con una política de extrema derecha. Ella trabajaba para un destacado eurodiputado de Fidesz

Ambos volvieron a Hungría en 2018 y, un año después, Varga se convirtió en ministra de Justicia. Él siguió manteniendo un perfil bajo, pero ocupó altos cargos en distintas instituciones y agencias públicas de segunda fila. En 2023 Varga deja el cargo y hace campaña para convertirse en eurodiputada. Un escándalo en 2024 lo cambió todo cuando se conoció que la presidenta Katalin Novák indultó a un cómplice condenado en un caso de abuso sexual infantil. Novák y Varga, que apoyó el indulto, dimitieron.

Al día siguiente de la dimisión de Varga, Magyar concedió una larga entrevista a un popular canal de Youtube opositor y rompió públicamente con Fidesz, acusando al Gobierno de Orbán de corrupción sistémica. El matrimonio se había divorciado en 2023 y Varga acusó de traición a su exmarido cuando este publicó conversaciones privadas con Varga en las que ella se quejaba de la interferencia política en la Justicia. Varga denunció también episodios de violencia machista, aunque él lo niega.

La entrevista en la que Péter Magyar anunció su ruptura y salida de Fidesz acumuló más de 2,7 millones de visitas, una cifra extraordinaria en un país con unos 10 millones de habitantes. Desde entonces organizó una serie de protestas contra el régimen y muy pronto anunció su candidatura a las europeas bajo el partido Tisza, una formación desconocida hasta entonces. Con tan solo tres meses de margen, Magyar obtuvo un 30% de los votos, un ascenso meteórico, y se integró en el Partido Popular Europeo. Desde entonces puso todo el foco en derrocar a Orbán en 2026.

“Por qué no rompe hasta 2024 y decide presentarse a las elecciones es la pregunta del millón. Una posible respuesta es ideológica. Otra es por su matrimonio. Públicamente dice que siempre criticó lo que no le gustaba, pero que llegó un momento en el que se cansó”, dice Ruff.

El estratega político cree que uno de los factores de su éxito es precisamente que muchos húngaros enmarcan su discurso como uno de esos cuentos en los que el protagonista se cansa de sus amos autoritarios, promete venganza y rompe el sistema desde dentro. “Suena a Lúdas Matyi, un cuento popular húngaro”.

“Magyar era parte del régimen de Fidesz y ganó algo de credibilidad cuando empezó a cambiar de bando y revelar cosas que la gente sabía, pero que no había escuchado de manera tan clara”, dice Carsten Schneider, politólogo y rector de la Central European University, perseguida y cerrada por Orbán en 2017.

Qué propone

“Habrá inmensas diferencias respecto a Orbán. Es impensable que haya un continuismo. ¿Es un político de izquierdas que ampliará el Estado de bienestar más allá de lo imaginable? No. En parte porque tampoco hay dinero. El estado de la economía es catastrófico y eso también ha sido uno de los factores del éxito electoral de Magyar”, dice Schneider.

“Magyar ha hecho campaña con la promesa de desmantelar el régimen de Orbán y reorientar Hungría hacia Occidente, aunque sin decir sí a todo a la UE, pero no obstruir o vetar muchas de las decisiones”, señala Schneider.

Magyar ha evitado cualquier contacto con la prensa internacional y se ha centrado en cuestiones internas del país. Aunque ha calificado a Rusia de agresor en la guerra de Ucrania, a diferencia de Orbán, el próximo primer ministro se opone a una entrada rápida de Ucrania en la UE y rechaza enviar armas. Aun así, Orbán ha tratado de retratarlo como una marioneta de Volodímir Zelenski, presidente ucraniano.

Por su parte, Magyar apuesta por una relación “pragmática” con Rusia. “El pragmatismo significa que no tenemos nada que decir en los asuntos internos de Rusia, y ellos tampoco tienen nada que decir en los nuestros”, ha declarado. “Ambos somos países soberanos y nos respetamos mutuamente, pero no hace falta que nos caigamos bien. Esto no significa que tengamos que dejar de utilizar petróleo ruso de un día para otro. Significa que hay que hacer un buen uso de los recursos de la Unión Europea”.

El partido de Tisza ha rechazado en el Parlamento Europeo propuestas para una mayor integración, así como la política migratoria. Sin embargo, en su discurso de victoria este domingo, Magyar aseguró que “Hungría volverá a ser un país europeo”. Mientras, sus seguidores coreaban: “Rusos a casa”.

El líder ultraconservador y faro de la extrema derecha mundial, Viktor Orbán, ha perdido las elecciones generales en Hungría en una jornada histórica que pone fin a un reinado de 16 años con supermayorías parlamentarias de dos tercios, que le han permitido dirigir Hungría sin apenas controles y frenos democráticos. La jornada histórica quedó reflejada en la alta participación, la más elevada desde la transición a la democracia.

“Tengo ganas de llorar”, decía Linda tras emitir su voto. Con un 96% escrutado, Tisza, liderado por Péter Magyar, obtiene 138 escaños, según las proyecciones oficiales de la Oficina Electoral Nacional. Cinco escaños por encima de la supermayoría cualificada de dos tercios en el Parlamento. Fidesz se quedaría con 55 diputados y la extrema derecha de Mi Hazank, seis.

La participación ha superado el 77,8%, por encima del total de 2018 y 2022. Fuentes cercanas de Tisza ya señalaban desde el principio de la noche que alcanzarían la mayoría cualificada. Muy pronto, la plaza frente al Parlamento en la orilla opuesta del Danubio se llenó de gente para celebrar la victoria y escuchar a Péter Magyar.

“Lo Hemos conseguido. Tisza y Hungría han ganado. Hemos recuperado nuestro país”, ha exclamado Magyar ante la abarrotada plaza de Budapest junto al río en la que se han concentrado centenares de sus seguidores. Magyar, consciente de la importancia y la dificultad de lograr una supermayoría superior a dos tercios del Parlamento, lo ha expresado así a sus votantes: “En la historia democrática de Hungría, ningún partido ha tenido un mandato tan fuerte”.

“Hoy la gente ha decidido cambiar de régimen. Los que formaban parte de este régimen y eran pilares del mismo deben abandonar sus puestos por su propia voluntad antes de que los despidamos”, ha afirmado Magyar en referencia al presidente de la república, fiscalía, presidente del poder judicial y presidente de la autoridad de medios, entre otros. “A la gente rural que votó a Fidesz: sé que estáis enfadados, pero os prometo que también seré vuestro primer ministro. Os representaré a todos”.

“Es hora de rectificar errores y curar heridas. Aquellos que robaron del país, tendrán que rendir cuentas por sus acciones”, ha afirmado. “El Gobierno de Tisza liberará el sistema judicial”, ha añadido, tras anunciar la creación de un organismo para investigar esos delitos de corrupción. Magyar ha prometido también que conseguirá recuperar los fondos congelados por la UE.

Por su parte, Orbán decía: “La tarea que tenemos por delante está clara: el peso del gobierno no nos agobia, hay que fortalecer a la comunidad”, ha afirmado Orbán reconociendo su derrota. “Dos millones y medio de votantes han depositado su confianza en nosotros y nunca les defraudaremos”. Magyar ha informado que Orbán le llamó para felicitarle por su victoria, lo que pone fin a las dudas que existían entre algunos analistas sobre si aceptaría la derrota electoral.

El Parlamento se compone de 199 escaños y la mayoría cualificada está en 133. El margen de victoria es fundamental para la oposición. Orbán ha construido su régimen a partir de esa supermayoría con 15 reformas constitucionales, cambios en el poder judicial, en la ley electoral... Los analistas señalan que si el partido opositor, Tisza, no llega a esa cifra, tendría muy difícil desmantelar el sistema Orbán, que además cuenta con el favor de prácticamente todos los medios de comunicación y una poderosa élite de oligarcas.

“El sistema político creado en Hungría tiene muchos elementos ajenos a la política electoral. Las decisiones se toman fuera del Parlamento. Orbán puede gobernar por decreto y lo hace aunque tenga supermayoría”, dice Carsten Schneider, politólogo y rector de la Central European University, perseguida y cerrada por Orbán en 2017. Orbán declaró el estado de peligro en 2022 por la guerra en Ucrania y eso le ha permitido avanzar en su agenda hasta hoy.

“En el estudio de cambios de régimen esto se denomina 'enclaves autoritarios'. Es decir, partes del Gobierno y el sistema que no están afectados por las mayorías en el Parlamento. Algunos miran a Polonia como ejemplo de esa dificultad para desmantelar el régimen, y eso que el PiS estuvo en el poder la mitad de tiempo que Orbán y fueron menos estratégicos”, explica. “Orbán ha creado una élite económica nacional. Expulsó a las cadenas minoristas internacionales, como bancos, constructoras... y dirigió ese dinero a su familia, amigos, empresarios amigos”, añade el experto, que dice que ahora está por ver cómo reacciona Tisza controlando todos esos resortes de poder absoluto construidos por Orbán.

“Independientemente del resultado, lo que la UE tendrá que reconocer es que el proceso de toma de decisiones tiene que reformarse. Si no es Orbán, mañana será otro quien puede bloquear decisiones importantes”, explica el rector.

Zsuzsanna Szelényi, investigadora del Central European University Democracy Institute, explica que “Tisza no será el renacimiento de una alternativa liberal o socialdemócrata coherente. Más bien, es el vehículo en el que casi todos los opositores a Orbán están depositando ahora sus esperanzas. Liberales e izquierdistas pueden votarlo, no porque el partido refleje sus posiciones ideológicas, sino porque es el único instrumento plausible de cambio. Esa es la mayor advertencia que Hungría transmite a Europa: cuando las instituciones democráticas se deterioran durante el tiempo suficiente, las elecciones dejan de ser contiendas entre programas y se convierten en referendos desesperados sobre si el cambio político es posible”.

A orillas del Danubio se levanta el majestuoso parlamento húngaro, uno de los más bellos de Europa. Resplandeciente de día y de noche, hace lustros que emite señales siniestras. La democracia húngara ha languidecido de la mano de Viktor Orbán. 

Hungría celebra hoy elecciones: cruciales para nuestro país y para toda Europa. También para Andalucía, donde la izquierda se ha vuelto regionalista: si Por Andalucía y Adelante Andalucía se rebautizaran Por Hungría y Adelante Hungría podrían hacer más por los ciudadanos. Admito que no es fácil de explicar. Voy a intentarlo.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, visitó Budapest hace tres días, mientras vencía el ultimátum de Irán y Trump vociferaba. Su amenaza de genocidio era importante, pero sostener a Orbán lo es más. Vance participó en un mitin y telefoneó a Trump en directo. Según las encuestas, Orbán puede perder las elecciones. Su rival, Peter Magyar, podría lograr dos tercios de los votos. No me hago muchas ilusiones: Magyar sale del mismo partido, el Fidesz, y suena casi tan nacionalista y prorruso como Orbán. Pero me ilusiono un poco: al menos habla de recomponer el Estado de Derecho.

Si Orbán pierde las elecciones, Abascal se queda huérfano. No sólo ha recibido dinero húngaro para sus campañas (nueve millones, según reconoció la portavoz parlamentaria, Pepa Millán, hace un par de años). En julio de 2024, Vox realizó un movimiento drástico en el parlamento europeo: abandonó a sus viejos correligionarios, los Conservadores y Reformistas de Georgia Meloni, para integrarse con Orbán en Patriotas por Europa.

Abascal puede salir tocado para la cita andaluza si su padre político es derrotado. Sin embargo, la red de think tanks, publicaciones y lazos ideológicos que Orbán ha construido en estos años en Hungría seguirá en pie. Esa red ha irradiado ultraderechismo a toda Europa y se ha convertido en lugar de referencia para el MAGA de EEUU. No por casualidad Steve Bannon llamó a Orbán “Trump antes de Trump”.

La ultraderecha está coordinada. La izquierda, no. Esta diferencia habla mucho de las posibilidades de cada bloque. Y es también una ironía de la historia: los nacionalistas de ultraderecha son globalistas. Hoy miran a Hungría. Los globalistas de ideas miran la campaña andaluza, mientras Rufián hace otro intento de cohesión con Irene Montero en Barcelona. Bastaría con que la izquierda autorreferencial comprendiera la velocidad que está adquiriendo todo. Quizá el que Trump ande desmantelando la OTAN les ayude a reparar en todo lo que deben revisar. El 2026 será un año decisivo para la supervivencia de la democracia. 

La izquierda parecía haber olvidado su tradición internacionalista, pero la socialdemocracia está reaccionando. La próxima semana celebra su reunión inaugural la alianza Global Progressive Mobilization, auspiciada por Pedro Sánchez, que preside la Internacional Socialista. Ya no se puede hacer política interior sin pensar en lo exterior. El presidente del Gobierno sabe que si Orbán pierde hoy, todo será más fácil para España en Bruselas. También para él en Sevilla.

Por eso resulta inquietante no saber qué opina el PP de Feijóo sobre el mundo. Causa desazón verlo tan perdido en cuestiones internacionales. Lo más que se ha atrevido a concretar es que Occidente no se identifica con la brutalidad. Entiendo mejor su aturdimiento cuando escucho a su portavoz parlamentaria, más patriota de Israel que de España, más dispuesta a atacar a la policía española que al ejército israelí cuando secuestra a un soldado español. La derecha tradicional está perdida, sus prismáticos no llegan a Budapest. Sólo mira a Vox, que va camino de replicar el siniestro brillo húngaro en tres comunidades autónomas.

El amigo de Abascal ha hecho de Hungría el país más corrupto y menos libre de Europa, así como uno de los más pobres. Pero es el modelo de Trump para hacer América más grande: distracciones y guerras cognitivas contra la oposición. De esos métodos es alumna aventajada la ultraderecha española. 

Orbán es también el candidato de Putin. Si pierde, ya no llegarán las filtraciones de los consejos europeos al Kremlin. Los hombres de pelo en pecho no dejan de hablar por teléfono: se ayudan. Abascal rindió su visita a Budapest el 21 de marzo para apoyar a su padre político. La red que nutre a la ultraderecha es intelectual, política, financiera, moral. Y telefónica. No cae con Orbán, pero recibe un golpe. Su derrota permitiría ganar tiempo a los demócratas. Si ese majestuoso parlamento a orillas del Danubio pierde su pátina siniestra, será más difícil que veamos esa sombra a orillas del Guadalquivir.

Treinta y cinco candidatos, un número récord en Latinoamérica, aspiran a la presidencia de Perú en las elecciones generales de este domingo 12 de abril, en las que se prevé una segunda vuelta para renovar el poder político en un país donde ser presidente se ha vuelto sinónimo de ceses tempranos e incluso de acabar en la cárcel.

Las últimas encuestas autorizadas por la Ley Orgánica de Elecciones coinciden en que la derechista Keiko Fujimori (Fuerza Popular), hija del fallecido dictador Alberto Fujimori, se ubica a la cabeza de la intención de voto, con porcentajes que fluctúan entre el 13 y el 18%. Le siguen el comediante de centroderecha Carlos Álvarez (País para Todos) y el empresario ultraconservador Rafael López Aliaga (Renovación Popular), exalcalde de Lima, quienes se disputan el segundo lugar para aspirar a la segunda ronda del 7 de junio.

Más de 27 millones de peruanos están habilitados para votar por un presidente, dos vicepresidentes, 60 senadores, 130 diputados y 5 representantes para el Parlamento Andino. Un total de 198 autoridades se elegirán en estos comicios cuyos primeros resultados oficiales deberían conocerse en la noche de este domingo. Los datos finales están previstos para el mediodía del lunes, según la Oficina Nacional de Proceso Electorales (ONPE).

Ocho presidentes en diez años

El ganador de las elecciones presidenciales sucederá en la presidencia a José María Balcázar, el cuarto mandatario del periodo presidencial 2021-2026 que originalmente estuvo al mando del profesor y sindicalista de izquierdas Pedro Castillo, vencedor de la segunda vuelta ante Keiko Fujimori. Sin embargo, una tentativa de autogolpe de Estado para intentar evitar una eventual destitución del mismo Congreso llevó al cese y encarcelamiento de Castillo menos de un año y medio después de haber asumido funciones. Lo reemplazó la abogada Dina Boluarte, quien gobernó entre diciembre de 2022 y octubre de 2025 con una gran impopularidad —también fue objeto de numerosas investigaciones abiertas por la Fiscalía—. Una vez destituida por el Congreso, acusada de “permanente incapacidad moral” para gestionar la crisis de seguridad en el país, la relevó el abogado José Jerí, quien ocupó el puesto entre octubre de 2025 y febrero de 2026. Su corto mandato acabó a raíz de unos sospechosos encuentros con empresarios chinos que fueron bautizados como “chifagate”. En su reemplazo, el Congreso eligió el 18 de febrero a Balcázar, abogado y exjuez, quien debería entregar el poder al ganador del proceso electoral el 28 de julio de este año para que gobierne entre 2026 y 2031.

Sin embargo, pocos se animarían a predecir que el gobernante entrante complete su periodo de cinco años. El último presidente en cumplir plenamente su mandato fue Ollanta Humala (2011 y 2016). En el siguiente quinquenio se sucedieron cuatro mandatarios: Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), Martín Vizcarra (2018-2020), Manuel Merino (2020) y Francisco Sagasti (2020-2021). El primero de ellos renunció acorralado por su implicación en el escándalo Lava Jato. El segundo fue destituido por el Congreso, acusado de sobornos durante su paso como gobernador de la región de Moquegua. El tercero apenas aguantó cinco días en la presidencia antes de renunciar por las protestas sociales en su contra. El cuarto hizo la transición en la que se organizaron nuevas elecciones y entregó el poder a Castillo.

En total, durante los últimos 10 años, Perú ha sido gobernado por ocho presidentes, solo dos de ellos elegidos en las urnas. De esos ocho, dos están en la cárcel. Además de Castillo, recluido desde diciembre de 2022 y recientemente condenado a 11 años y cinco meses de cárcel, Vizcarra cumple una condena en primera instancia de 14 años de prisión por cohecho pasivo. También están tras las rejas Alejandro Toledo (2001-2006), condenado a 20 años y 6 meses de reclusión por aceptar sobornos de la constructora Odebrecht, y Humala, procesado por lavado de activos y financiación ilícita de campañas electorales. 

Un caso especial es el de Kuczynski, quien ha cumplido arresto domiciliario y continúa bajo investigaciones. No menos particular es el caso del dos veces presidente Alan García (1985-1990 y 2006-2011), quien se suicidó en 2019 cuando la policía peruana se aprestaba a detenerlo por su vinculación con el caso Odebrecht. 

El fenómeno de “captura del Estado”

Aun con estos antecedentes, que han convertido la presidencia del Perú en un cargo de alto riesgo legal y administrativo, las elecciones de 2026 han convocado la cifra récord de 35 candidatos. 35 potenciales expresidentes antes de los cinco años.

“Existe esta visión de los partidos políticos casi como un ‘pequeño emprendimiento personal’, sin ninguna ideología cohesionadora o proyecto de país claro”, dice la politóloga y analista política Eliana Carlín, sobre la cantidad de postulantes. “En esta lógica, dentro de cada partido convergen intereses económicos que son los que movilizan a quienes se suman a estos proyectos políticos. El Estado es visto, la mayoría de las veces, como un botín”, añade. 

El investigador Hernán Chaparro apunta que las candidaturas obedecen a la necesidad de mantener cuotas de poder, ya sea desde el Ejecutivo o el Congreso. “Se usa al Estado para repartir puestos de trabajo, hacer clientelismo y negocios, pero también para copar el sistema judicial y/o legislativo y frenar los juicios o investigaciones que tienen”, dice el también catedrático del departamento de Comunicación de la Universidad Católica. “No por gusto la población considera que el principal problema del país es la corrupción”, sentencia. 

El antifujimorismo, que fue muy fuerte sobre todo en 2016, ya parece más atenuado. Es una coyuntura más favorable para ella, pero todo partido se inicia con el pitazo inicial

José Carlos Requena — analista político

La proliferación desmedida de candidaturas tiene también una explicación más estructural. Carlín se remite a la reforma legislativa de 2019, año en que cambió la disposición de inscribir un partido político con más de 700.000 firmas de adherentes. “La reforma eliminó ese requisito y lo sustituyó por un padrón de afiliados equivalente al 0,1% del padrón electoral, aproximadamente 24.000 personas”, explica. “Eso facilitó una inscripción masiva de nuevas organizaciones políticas que llegaron al proceso de 2026”.  

El analista político José Carlos Requena recuerda que la reforma contemplaba originalmente dos etapas: la flexibilización de los requisitos para inscribir partidos y la organización de elecciones primarias. “La expectativa era que esta reforma tuviera una segunda parte, las elecciones primarias, que nunca se implementaron”, dice el también socio de la consultora Público.

Complementa esta interpretación Chaparro, para quien las primarias debían servir como filtro a fin de que en la etapa final solo se presentaran ocho a 10 agrupaciones políticas. “Como los grupos que están en el Congreso sabían que iban a tener bajos niveles de votación, vieron que lo mejor era promover la fragmentación”, aduce. A este factor, el catedrático añade otros dos: “La dificultad de quienes buscan renovar la política para juntarse y construir alternativas partidarias. Primaron los egos. Y que hay quienes solo fundan un partido para luego rentar los espacios al Congreso o incluso las candidaturas presidenciales. Lo que acá llamamos partidos vientres de alquiler”.

A segunda vuelta con Keiko

Los tres analistas consultados coinciden en que la segunda vuelta electoral es inminente. También comparten que, en su cuarta postulación a la presidencia, Keiko Fujimori tiene prácticamente asegurada su participación en la votación del 7 de junio. En lo que no muestran un consenso absoluto es en las posibilidades que tendría la hija del expresidente, también encarcelado por crímenes de lesa humanidad, para salir finalmente airosa de la contienda electoral.

Chaparro cree que el “antifujimorismo” aún tiene en Perú el peso suficiente para llevar a Keiko a una nueva derrota. “El antifujimorismo es muy grande. La mayor probabilidad es que vuelva a perder”, pronostica el investigador. Carlín coincide en que esa tendencia electoral “ha demostrado ser, en el Perú contemporáneo, una fuerza electoral más cohesionada que muchas identidades partidarias positivas”. Sin embargo, aclara, “en una segunda vuelta se vuelven a tirar los dados y nada está dicho”.  

Más cauto se muestra Requena. A su entender, los resultados dependerán de la orientación que Keiko le otorgue a su campaña para el segundo turno. “El antifujimorismo, que fue muy fuerte sobre todo en 2016, ya parece más atenuado. Es una coyuntura más favorable para ella, pero todo partido se inicia con el pitido inicial”, plantea.

Los matices interpretativos entre los analistas vuelven a asomar cuando se trata de perfilar al eventual contrincante de Fujimori. Chaparro afirma sin tapujos que será Álvarez quien llegue al balotaje. Lo secunda Carlín: “Carlos Álvarez es un actor cómico con altísimo grado de conocimiento popular, masivo y transversal, que comprende al electorado, y con gran elocuencia debido a su profesión como artista escénico”. 

Requena no se juega por Álvarez ni por López Aliaga. Apunta a una tercera opción: el también exalcalde de Lima Ricardo Belmont (Partido Cívico Obras), ubicado más al centro que los otros dos. “Creo que él es el que le puede presentar una competencia más complicada a Fujimori”, presume. “Es un personaje mucho más articulado en temas retóricos y, quiérase o no, transmite una imagen de renovación de la que carecen López Aliaga, que acaba de ser alcalde de Lima, o Álvarez, que tiene un par de años en campaña con un partido con sus respectivos pasivos”.

Las coincidencias reaparecen a la hora de dimensionar el papel que tendrá el Congreso peruano en el próximo periodo de gobierno en Perú. Requena cree que su elección “es algo fundamental y va a ser determinante para la estabilidad de quien sea elegido presidente”. En un contexto de “presidencialismo parlamentarizado”, el Legislativo tiene un rol trascendental, advierte Carlín a manera de vaticinar perspectivas poco alentadoras. “Según Transparencia, el 85% de los peruanos percibe al Congreso como la institución más corrupta del país. Esa desconfianza no es arbitraria: responde a escándalos de corrupción documentados en los últimos años, pero también a un patrón de abuso institucional que este Congreso ha consolidado de manera especialmente agresiva”.

Un ejemplo del “abuso” al que alude es la aprobación parlamentaria de la restitución del Senado, una propuesta a la que el 90% de los peruanos se opuso en un referéndum de 2018. Aun así, en 2024 el bicameralismo fue repuesto por los legisladores sin necesidad de otra consulta ciudadana, aprovechando un resquicio legal y el abuso de la mayoría.

Este precedente lleva a Carlín a predecir que “el clima de inestabilidad puede mantenerse considerando que ninguna bancada obtendrá mayoría en el Congreso”. Ello daría pie a que los congresistas sigan abusando de sus facultades de fiscalización, “lo cual nos ha llevado a esta deriva democrática, con apariencia de institucionalidad en la cual se tuercen marcos legales para cesar presidentes, inhabilitar políticos opositores y demás golpes a la democracia”.

Este domingo 12 de abril Hungría y la Unión Europea se juegan su futuro. Tras cuatro victorias consecutivas, es la primera vez que el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, tiene posibilidades de perder las elecciones frente al candidato opositor, Péter Magyar, del partido Tisza. Muchos analistas califican estos comicios como los más importantes desde la transición del país a la democracia, así como las elecciones más importantes del año para la UE.

Como en otras ocasiones y siguiendo el patrón electoral de los partidos de ultraderecha, el primer ministro húngaro ha diseñado su campaña buscando un enemigo externo al que culpar de los males de Hungría. Si en otras campañas Orbán empapeló el país con los rostros de Jean-Claude Juncker, entonces presidente de la Comisión Europea, George Soros, o con anuncios contra los migrantes, en esta ocasión están las caras de Volodímir Zelenski, presidente ucraniano, junto a la de Magyar retratados como en una ficha policial bajo el letrero: “Peligro”.

Un país relativamente pequeño ha conseguido golpear muy por encima de su peso gracias al proceso de toma de decisiones en la UE, donde muchas requieren unanimidad. Es en este contexto en el que Orbán ha ejercido de disruptor constante y por eso Bruselas contiene el aliento. La media de encuestas da a Péter Magyar una ventaja de 10 puntos. Sin embargo, la sensación general en Budapest es de imprevisibilidad. Tanto en los resultados, como en el día después.

El Parlamento se compone de 199 escaños y Orbán ha gobernado con supermayoría de dos tercios desde 2010, lo que significa que ha podido evitar en gran medida el legislativo para sus reformas. Por eso no solo es importante quién gane, sino el margen de diferencia. El sistema electoral hace muy complejo realizar una previsión de número de escaños.

“Orbán ha pasado los últimos 16 años asegurándose que no pierde unas elecciones y que, si eso ocurre, que no importe demasiado”, dice a elDiario.es Carsten Schneider, politólogo y rector de la Central European University, perseguida y cerrada por Orbán en 2017 por sus vínculos con George Soros. “En el estudio de cambios de régimen esto se denomina 'enclaves autoritarios'. Es decir, partes del Gobierno y el sistema que no están afectados por las mayorías en el Parlamento. Algunos miran a Polonia como ejemplo de esa dificultad para desmantelar el régimen, y eso que el PiS estuvo en el poder la mitad de tiempo que Orbán y fueron menos estratégicos”, añade.

“Si la oposición gana entre 100 y 110 escaños, es casi una derrota”, dice a elDiario.es un conocido analista político que prefiere no revelar su nombre. Todas las personas relacionadas con la oposición temen que cualquier declaración sea utilizada por el Gobierno para montar una campaña de difamación contra ellos a pocas horas de los comicios. Incluso Tisza ha evitado cualquier contacto con la prensa internacional. “Con mayoría simple es muy difícil gobernar. Solo si es mayor puedes empezar a desmantelar el sistema porque todo el régimen ha nacido de esa supermayoría, entre ellas las múltiples reformas constitucionales”.

Del mismo modo, si Fidesz gana por un estrecho margen “es el principio del fin”, dice el experto. “No podrán cambiar la Constitución más y no podrán gobernar por decreto. Hoy puede hacer lo que quiera sin pasar por el Parlamento”.

Bloqueo en Bruselas

La posición anti-UE no es nueva en el universo político de Orbán, lo que ocurre es que ahora tiene a un grupo más amplio de políticos de ultraderecha y mandatarios que lo respaldan. “Bruselas ha desarrollado formas creativas de lidiar con un Budapest difícil, excluyéndolo de las decisiones siempre que es posible, aún no ha encontrado una solución permanente a los vetos de Hungría. Esto significa que las elecciones importan para la UE en su conjunto. Debido al contexto global, estas elecciones son aún más importantes: los desafíos que enfrenta la UE, desde un motor económico renqueante hasta una Rusia beligerante y unos Estados Unidos hostiles, son más significativos que antes”, explica Zselyke Csaky, investigadora del Centre for European Reform.

Desde la invasión de Ucrania por parte de Rusia, Orbán ha tratado de tirar por tierra todas las decisiones de la UE para ayudar a los ucranianos, incluso llevan las medidas aprobadas por los 26 a los tribunales europeos. Esta política del primer ministro húngaro ha tenido su cénit en los últimos vetos que ha impuesto alrededor de Ucrania y Rusia. Orbán decidió bloquear el préstamo de 90.000 millones de euros para que Ucrania pueda financiar su guerra contra Rusia y el paquete número 20 de sanciones contra los intereses rusos, a pesar de que en una cumbre con los líderes de los 27 países miembros de la UE dio su visto bueno a un préstamo en el que tanto su país como Eslovenia estaban exentos de financiar.

¿Cuál es el objetivo real de la obstrucción de las decisiones de la UE? Júlia Pőcze, investigadora del Centre for European Policy Studies, subraya que no es otra que los propios intereses políticos internos de Orbán frente a sus ciudadanos: “Durante los últimos 16 años, Orbán ha ganado fama y notoriedad en toda la UE, en gran medida gracias a su uso frecuente y vehemente del derecho de veto para torpedear decisiones basadas en el consenso en el Consejo. Estos vetos no cumplen ningún propósito real —pese a lo que él afirma públicamente— y desde luego no tienen que ver con un deseo de mejorar la vida de los húngaros. Por el contrario, son completamente interesados: su postura cada vez más extrema en el escenario europeo no ha sido más que un vehículo para situarse en el centro de cada sala y maximizar su nivel de influencia”.

Las relaciones entre Bruselas y Budapest se han complicado en los últimos años. La Comisión Europea ha llevado a Hungría ante los tribunales europeos por violaciones legales (leyes contra ONG, cierre de universidades, leyes anti-LGBTIQ) y ha cerrado el grifo de los fondos europeos para Hungría ante las continuas vulneraciones del Estado de derecho llevadas a cabo por el Gobierno del ultranacionalista, así como los problemas de la Administración de Orbán relacionados con la corrupción y la politización del poder judicial. En la actualidad hay entre 17.000 y 18.000 millones de euros retenidos por Bruselas desde 2022.

Sin embargo, fue el Parlamento Europeo la institución que dio la voz de alarma en 2013 con el Informe Tavares, donde avisaba de la deriva antidemocrática que impulsaba el Gobierno de Orbán y, posteriormente, en 2018, en el Informe Sargentini solicitaban activar el Artículo 7 contra Hungría, que permite la suspensión del derecho de voto en el Consejo. El problema para la UE, como en otros casos, es que una decisión de esta envergadura exige unanimidad en el Consejo Europeo y entonces no estaba claro que países como Polonia o Eslovaquia lo respaldaran. Además, Orbán se ha beneficiado durante años de que su partido, Fidesz, formara parte del grupo del Partido Popular Europeo (PPE), que le otorgaba cierta defensa pese a sus continuos problemas con la Comisión, hasta que tuvo que salir por las continuas salidas de tono del primer ministro húngaro contra dirigentes del PPE.

“Cada vez que Bruselas respondía de una u otra forma, le daba a Orbán más munición para culpar a la UE ante su opinión pública. El aumento del número de solicitantes de asilo o inmigrantes, el apoyo a la igualdad LGBTIQ+ y a los derechos transgénero, la crisis del costo de la vida e incluso los salarios miserables de los docentes húngaros fueron presentados como ataques orquestados por Bruselas”, subraya Júlia Pőcze.

Orbán ha pasado los últimos 16 años asegurándose que no pierde unas elecciones y que, si eso ocurre, que no importe demasiado. Eso se denominan 'enclaves autoritarios'. Algunos miran a Polonia como ejemplo de esa dificultad para desmantelar el régimen, y eso que el PiS estuvo en el poder la mitad de tiempo que Orbán y fueron menos estratégicos

Carsten Schneider — Central European University

Pero en unas elecciones que se han convertido en una pugna entre el mundo hostil de los líderes autoritarios y las democracias liberales clásicas, Europa también tiene que estar preparada para cambiar sus formas de gobernanza para poder funcionar con mandatarios que trabajan para desmontar las instituciones comunitarias. Con 27 países miembros, pendientes de la ampliación hacia el Este, la UE se debe transformar para tomar decisiones por mayoría y abandonar la política de unanimidad y la posibilidad de vetos que impide al bloque europeo convertirse en un jugador global real.

“Bruselas debe prepararse para la posibilidad de que Orbán permanezca en el poder. Si eso ocurre, ya no podrá continuar con el statu quo anterior. Tendrá que afrontar el comportamiento disruptivo de Hungría, antes de que próximas elecciones —como la votación francesa de 2027— lleven al poder a otros gobiernos obstruccionistas”, explica la analista Zselyke Csaky.

Conversaciones con Rusia

La situación se ha tensado aún más con los recientes descubrimientos de que el ministro de Exteriores de Hungría, Péter Szijjártó, habría estado proporcionando información confidencial en tiempo real a Moscú sobre las discusiones y las decisiones que adoptaban los 27 países de la UE en las cumbres del Consejo Europeo en Bruselas. La connivencia de ataques contra la Unión Europea desde Rusia y Estados Unidos, con el apoyo sin matices a la candidatura de Viktor Orbán más las acusaciones a Bruselas de injerencia en las elecciones por parte de ambas potencias, demuestran que en estas elecciones no solo se juega la próxima legislatura húngara, sino también el devenir de Europa en los próximos años.

Pero incluso si gana las elecciones Magyar, tras 16 años en el poder, Orbán ha logrado ocupar las instituciones de una manera que hace complicado que el nuevo Ejecutivo húngaro pueda ejercer el poder de una manera democrática. La investigadora del Centre for European Reform puntualiza que “en lo que respecta a la capacidad de gobernar de un nuevo partido, mucho dependerá de la magnitud de su victoria. Fidesz ha capturado las instituciones de Hungría, consolidándose mediante la ocupación de cargos a largo plazo, desde el fiscal jefe hasta el Tribunal Constitucional y el Consejo de Medios. También ha reescrito la Constitución de Hungría 15 veces desde que llegó al poder. El gobierno de Orbán ha transformado profundamente la sociedad húngara, modificando la opinión pública sobre cuestiones que van desde la política exterior hasta las libertades personales, casi siempre en desacuerdo con la corriente principal europea”.

O incluso Orbán podría resistirse a ceder al poder dejando a una democracia de la UE en una situación impensable. Saskia Hollander, investigadora del think tank Clingenda, advierte de que “Orbán dispone de algunas herramientas para retrasar la transferencia de poder. Por ejemplo, la presidencia leal a Orbán podría retrasar la formación del gobierno. Además, el Gobierno saliente podría declarar el estado de emergencia o utilizar su mayoría de dos tercios en el Parlamento saliente para prorrogar el estado de peligro (que actualmente se aplica hasta el 13 de mayo de 2026), lo que proporcionaría al Gobierno saliente poderes excesivos y extraordinarios”.

La lección para Europa es que los regímenes como el de Orbán no son solo un ataque a la línea de flotación de las instituciones europeas sino también una prueba del deterioro de la esencia de la democracia. Zsuzsanna Szelényi, investigadora del Central European University Democracy Institute, explica que “Tisza no será el renacimiento de una alternativa liberal o socialdemócrata coherente. Más bien, es el vehículo en el que casi todos los opositores a Orbán están depositando ahora sus esperanzas. Liberales e izquierdistas pueden votarlo, no porque el partido refleje sus posiciones ideológicas, sino porque es el único instrumento plausible de cambio. Esa es la mayor advertencia que Hungría transmite a Europa: cuando las instituciones democráticas se deterioran durante el tiempo suficiente, las elecciones dejan de ser contiendas entre programas y se convierten en referendos desesperados sobre si el cambio político es posible”.

El operativo desplegado durante las elecciones autonómicas del pasado 8 de febrero —cuyo resultado aún no se ha traducido en la formación de un gobierno, a la espera de un acuerdo entre PP y Vox— ha supuesto un coste mayor a lo previsto: en torno a los 12 millones de euros.

La convocatoria de elecciones anticipadas tuvo como consecuencia que el Gobierno de Aragón se vio obligado a asumir el gasto en solitario, a diferencia de otras convocatorias en las que coincidían elecciones municipales y autonómicas y el Ejecutivo central se encargaba de la gestión de colegios electorales o la recogida de datos, tradicionalmente en manos del Ministerio del Interior. Así ocurrió en 2023, en cuyas elecciones el Ejecutivo autonómico gastó 3.930.260 euros, según consta en la liquidación del ejercicio.

De los 12 millones que supuso la convocatoria del 8F, casi cinco millones se destinaron al contrato con Indra para el tratamiento de datos; alrededor de 2,5 millones, a subvenciones electorales; otros 2,5 millones a infraestructuras (cabinas, papeletas o urnas). Y a eso hay que sumar unos dos millones a gastos de personal.

El Gobierno de Aragón ha evitado por el momento trasladar a elDiario.es el montante global del desembolso, aunque fuentes de toda solvencia consultadas por este periódico lo confirman.

En relación con el último capítulo, los gastos de personal, el Ejecutivo autonómico ya ha activado el pago de las gratificaciones a los funcionarios que participaron en el dispositivo electoral. Este importe, próximo a los dos millones de euros, incluye tanto al personal de las juntas electorales —Central, provinciales y de zona— como a las más de 6.500 personas que formaron parte de las mesas.

Malestar por el retraso

Aunque el retraso en los abonos ha generado malestar, el director general de Relaciones Institucionales, Miguel Ángel Lafuente, asegura a elDiario.es que los plazos son los habituales. Según explica, estos pagos se realizan una vez finalizado el proceso electoral y presentadas las liquidaciones correspondientes. Además, la Junta Electoral mantiene su actividad hasta 100 días después de los comicios, tal como establece el artículo 15 de la LOREG, para resolver recursos y completar trámites administrativos.

Lafuente subraya que se trata de miles de “micropagos” que se están tramitando desde los servicios de Intervención y Tesorería, y cuya demora responde a la necesidad de recopilar toda la documentación.

En la Junta Electoral de Aragón, las gratificaciones oscilan entre los 3.916 euros de la Presidencia, los 1.523 de la vicepresidencia, los 1.418 de los vocales y los 3.045 de la Secretaría. Por asistencia a sesiones, el presidente y el secretario perciben 82 euros, mientras que el vicepresidente y los vocales reciben 70 euros. El personal colaborador tiene un límite de 7.047 euros.

En las juntas electorales provinciales, las retribuciones en las más de mil mesas van desde los 3.617 euros del presidente hasta los 904 euros de los vocales no judiciales, pasando por los 1.582 euros del vocal judicial y delegado del censo y los 3.391 euros de los secretarios.

Más de 9.000 personas participaron en el dispositivo, procedentes de distintas administraciones y empresas. En total, se habilitaron 2.213 mesas en 999 locales electorales repartidos por 731 municipios, con un censo de 991.892 electores, además de 44.433 aragoneses residentes en el extranjero (CERA) distribuidos en 131 países.

Pagos y contrataciones

El resto del presupuesto se distribuye en una amplia variedad de gastos y contratos: desde los 455.000 euros destinados a compensar con 70 euros a cada una de las 6.500 personas que trabajaron durante la jornada electoral hasta la impresión de 15 millones de papeletas, actas y sobres, el transporte de urnas o la preparación de los materiales para las mesas.

También se incluyen los costes asociados a la seguridad, con la participación de 391 policías locales en 42 municipios, además de efectivos de la Guardia Civil, la Policía Nacional y la policía autonómica.

Asimismo, más de 200 voluntarios de Cruz Roja, con unos 40 vehículos, facilitaron el traslado de personas con movilidad reducida. El operativo contó además con Protección Civil, bomberos, personal sanitario y técnicos especializados para garantizar el desarrollo de la jornada “con normalidad, seguridad y libertad”.

En paralelo, se impartió formación obligatoria a 1.300 representantes de la administración en 14 sedes, a quienes se entregaron tablets utilizadas por primera vez para la transmisión de datos.

Un reto organizativo en 54 días

La convocatoria anticipada —inédita en la comunidad— obligó a organizar todo el dispositivo en apenas 54 días, cuando lo habitual es disponer de cerca de un año.

Entre las novedades, destaca el envío de documentación en braille a personas con discapacidad visual, así como el diseño de cinco campañas institucionales: convocatoria electoral, instrucciones para mesas, voto por correo, voto CERA y voto accesible.

El despliegue técnico incluyó más de 3.000 metros de cableado, otros 2.000 de fibra óptica, dos grupos electrógenos y un equipo de más de 60 técnicos.

Los resultados se difundieron a través de una web alojada, por primera vez, en la nube de Amazon Web Services, con el objetivo de evitar colapsos y garantizar un acceso ágil.

En el debate público andaluz y español se ha instalado una premisa inquietante: la idea de que las nuevas generaciones están abrazando en bloque la extrema derecha. Sin embargo, los datos exigen enfriar el diagnóstico. La evidencia empírica demuestra que no estamos ante una hegemonía radical, sino ante un fenómeno más complejo: una polarización generacional creciente y un aumento significativo de la influencia de estos discursos en segmentos específicos, particularmente entre los varones.

No obstante, minimizar el problema sería un error de cálculo. Aunque no exista una adhesión mayoritaria, las encuestas en España arrojan un dato que debería encender las alarmas en cualquier democracia: cerca de una cuarta parte de los jóvenes declara preferir una dictadura al sistema democrático en determinadas circunstancias. Este indicador no revela necesariamente una convicción ideológica firme, sino una profunda vulnerabilidad ante los relatos autoritarios. Para entender este deslizamiento, es necesario diseccionar las causas estructurales que operan en nuestro entorno y, sobre todo, el papel que está jugando —o dejando de jugar— nuestro sistema educativo.

El caldo de cultivo: precariedad, género y algoritmos

El atractivo de la extrema derecha no es un fenómeno meteorológico; es el síntoma de una triple crisis que golpea con especial dureza en regiones con tejidos económicos frágiles como el nuestro.

En primer lugar, opera un elemento material clave. La juventud se enfrenta a un horizonte vital marcado por la precariedad laboral, la sobrecualificación y unos salarios que convierten el acceso a la vivienda en una quimera. Esta realidad genera una sensación de “horizonte cerrado” y humillación social. En este contexto, los discursos que prometen orden, mano dura y protección identitaria frente a “los de fuera” encuentran un terreno fértil, presentándose no como amenazas a la libertad, sino como remedios rápidos a la angustia vital.

En segundo lugar, la brecha de género es el gran vector de esta radicalización. Los datos europeos sitúan el apoyo a la extrema derecha en torno al 21% entre los hombres jóvenes, frente a un 14% de las mujeres. Existe una reacción antifeminista palpable: narrativas que presentan la igualdad de género como un ataque a la “normalidad” y que capitalizan malestares masculinos que no han sido abordados desde una perspectiva igualitaria.

Finalmente, el campo de batalla es el ecosistema digital. Plataformas como TikTok o Instagram se han convertido en los principales espacios de socialización política. Allí, actores de extrema derecha despliegan estrategias sofisticadas, utilizando el humor, la estética aspiracional y la pseudoautoayuda para permear en el imaginario juvenil. Sin una alfabetización mediática crítica, los mensajes de odio o conspirativos se normalizan con pasmosa facilidad.

La Escuela ante el espejo: de la inacción a la responsabilidad

Frente a este escenario, es común escuchar voces que acusan a la escuela pública de adoctrinamiento. Sin embargo, la investigación educativa sugiere que el problema no es el exceso de política en las aulas, sino su ausencia. Podría hablarse más de inacción y timidez que de manipulación.

El sistema educativo, también en Andalucía, ha tendido a evitar el abordaje frontal de los conflictos políticos actuales y del pasado traumático reciente. El tratamiento escolar del franquismo y las experiencias autoritarias suele ser tardío y a menudo superficial, lo que ha generado un déficit de cultura histórica. Esta carencia facilita que una parte de los adolescentes relativice la dictadura o simpatice con figuras autócratas por simple desconocimiento de sus implicaciones reales.

Ese vacío que deja la educación formal al no querer “politizar” la enseñanza lo ocupan inmediatamente otros agentes: los algoritmos de recomendación y los creadores de contenido extremista, que asumen la iniciativa formativa sobre qué significa vivir en sociedad.

Hacia una pedagogía de la resistencia democrática

Si aspiramos a revertir esta tendencia, la solución no pasa por incrementar las horas de instrucción memorística sobre las instituciones, cuyo impacto ha demostrado ser limitado. La investigación internacional señala el camino hacia una educación ciudadana más robusta y vivencial.

En conclusión, una educación ciudadana conectada con la realidad material y digital de los jóvenes no garantiza por sí sola la inmunidad ante la extrema derecha, pero es la herramienta más potente que tenemos para reducir la vulnerabilidad ante las soluciones autoritarias. Si la escuela no ofrece respuestas complejas a los problemas difíciles de nuestro tiempo, otros seguirán ofreciendo respuestas simples, falsas y peligrosas.

El presidente de Vox, Santiago Abascal, presentará este jueves en Málaga a los cabeza de cartel de su partido en las ocho provincias que concurrirán a las elecciones andaluzas del 17 de mayo.

La formación ultraderechista ha elegido a su portavoz en el Parlamento andaluz desde 2021, Manuel Gavira, como candidato a la Presidencia y, junto a él, renueva la confianza en todos los diputados hombres del grupo, que repiten en las listas (excepto uno, el cordobés Alejandro Hernández), pero deja fuera a todas las diputadas mujeres que, o bien no aparecen en la candidatura o bien han sido relegadas a puestos muy retrasados en las listas.

Vox logró 14 parlamentarios en las elecciones andaluzas de 2022, con la exportavoz en el Congreso, Macarena Olona, como candidata a la Presidencia. Olona dejó el escaño y el partido poco después y el grupo parlamentario terminó la legislatura con nueve hombres y cinco mujeres. De esos 14 diputados, seis no repiten o aparecen muy relegados en las listas electorales del 17M, y cinco de ellas son mujeres: Mercedes Rodríguez (Almería); Blanca Armario (Cádiz); Cristina Alejandra Jiménez (Granada); Purificación Fernández (Málaga) y Ana Ruiz Vázquez (Sevilla).

Las dos primeras no aparecen en las listas, las tres últimas ocupan puestos con los que Vox no logró escaño en 2022: el número tres por Granada (el que más opciones tiene, según los sondeos), el número seis por Málaga y el número cuatro por Sevilla.

El único diputado hombre que se queda fuera de la candidatura de Vox es el cordobés Alejandro Hernández. Hernández fue el portavoz de Vox en el Parlamento andaluz durante la primera legislatura del Gobierno de Juan Manuel Moreno, con quien negoció y aprobó tres presupuestos autonómicos consecuetivos. Abascal lo sustituyó por Gavira en 2021 para escenificar una ruptura con el PP en el tramo final del mandato, tras haber dado estabilidad durante tres años al Ejecutivo en minoría de PP y Ciudadanos.

El Comité Ejecutivo Nacional de Vox ha aprobado este miércoles las listas definitivas para las andaluzas: Gavira encabezará la candidatura por su provincia, Cádiz; y también repetirán como números uno los diputados Javier Cortés por Sevilla; Antonio Sevilla por la provincia de Málaga; Rodrigo Alonso por Almería; Benito Morillo por Jaén y Rafael Segovia por Huelva. Se incorporan como cabezas de cartel dos mujeres: Beatriz Sánchez por Granada (donde ya ocupaba la portavocía del grupo municipal) y paula Badenelli por Córdoba.

Los dos diputados restantes -Ricardo López olea y Juan José Bosquet- repiten en puestos de salida, el primero como número dos por Granada, y el segundo como número tres por Almería. La Ley Electoral obliga a los partidos políticos a conformar listas cremallera, alternando hombre-mujer, para garantizar una representación paritaria en los parlamentos. Vox es una formación política contraria a las políticas de igualdad de género, y en el primer mandato de Moreno, donde condicionaban su gobernabilidad, exigieron derogar la Ley de Igualdad entre Hombres y Mujeres, aunque el PP se negó finalmente a transigir con este punto de su acuerdo.

En 2022, Vox fue tercera fuerza en el Parlamento y logró representación en todas las provincias de Andalucía, con 493.000 votos, el 13,46% del escrutinio: dos escaños por Sevilla; uno por Huelva; dos por Cádiz; dos por Málaga; uno por Córdoba; dos por Granada; dos por Jaén y tres por Almería. Las encuestas proyectan un crecimiento latente de la formación ultraderechista que amenaza con tumbar la mayoría absoluta de Juan Manuel Moreno, que hace cuatro años obtuvo 58 diputados. El umbral del Parlamento andaluz para gobernar en solitario son los 55 escaños.

Los nombres de los candidatos que ha distribuido Vox este miércoles para encabezar sus listas son los siguientes: En Cádiz: Manuel Gavira Florentino; Noelia María Campos Rodríguez; Salvador Pineda Rojas y Carmen Infantes Hernández. En Sevilla, Javier Cortés Lucena; Cristina Peláez Izquierdo (portavoz municipal de Vox en el Ayuntamiento); Juan Antonio Aguado y Ana Ruiz Vázquez. En Málaga: Antonio Sevilla Rodríguez; Rocío Marín Ortega; Antonio Ureña Almagro; Yolanda Gómez Marín; Jesús Ruiz Ballesteros; Purificación Fernández Moreno.

En Granada: Beatriz Sánchez Agustino; Ricardo López Olea; Cristina Alejandra Jiménez Jiménez; Eduardo José Vílchez Fernández. En Córdoba; Paula Badanelli Berriozábal; Juan José Coca López; María Paz López González y Javier Bazán Benítez. En Almería: Rodrigo Javier Alonso Fernández; Clotilde Salvador Sánchez; Juan José Bosquet Arias; María Esther Tejada Pomares; Jaime Hernández Arroyo y Beatriz Sánchez Rodríguez. En Jaén: Benito Morillo Alejo; Alba María Sánchez Pozas; Fernando Navas Ruiz y María del Pilar Sánchez Pérez.

En Huelva: Rafael Segovia Brome; María Goretti Eiberle Sánchez de Toca; Raúl Molina Alcocer y Ana Díaz Cano.

El Parlamento Vasco aprobará, en un plazo corto, dos modificaciones quirúrgicas de las leyes reguladoras de las elecciones forales y de las autonómicas, las únicas de las que tiene competencia. El objetivo es cambiar el orden de aparición de las candidaturas en colegios electorales o envíos postales. Hasta ahora se hacía por estricto orden de registro de los representantes de los partidos o coaliciones lo que, en busca de esa supuesta mayor visibilidad en algunos espacios, motivaba que las grandes estructuras organizaran esperas de horas, incluso durante la noche, para ser los primeros en cuanto abriera la ventanilla de la Junta Electoral.

La aprobación de los cambios, consistentes en apenas un artículo en las respectivas leyes, de 1987 y 1990, respectivamente, está asegurada. Y es que la nueva redacción, que dejará el orden en función del resultado de la anterior cita con las urnas o, en el caso de nuevas siglas, por sorteo, viene pactada por los partidos del Gobierno, PNV y PSE-EE, y la principal fuerza de la oposición, EH Bildu, una mayoría más que absoluta. Además, se ha acordado tramitar las modificaciones por la vía de urgencia e incluso por el procedimiento de lectura única, es decir, sin más debates ni comparecencias que la votación del texto planteado. Esto es posible porque los tres grupos proponentes tienen unanimidad al respecto en la Mesa.

En ambas proposiciones legislativas, PNV, PSE-EE y EH Bildu justifican la urgencia en la importancia de no tocar el sistema electoral en el año previo a una cita con las urnas, algo no recomendado por los estándares democráticos electorales a nivel internacional. Las forales están previstas para mayo de 2027, en paralelo a las municipales, y las autonómicas serían en la primavera de 2028, salvo adelantos. Los Gobiernos central y vasco negocian, a su vez, la posibilidad de que Euskadi pueda regular también las elecciones municipales. Quedarían bajo control estatal, en todo caso, las generales y europeas.

Un exdirigente del PNV sostiene que los cambios son necesarios porque la situación “se había ido de las manos”. “Históricamente, íbamos a las doce de la noche del día anterior al registro. Estábamos los primeros, y hasta las seis de la mañana no aparecía nadie más. Pero llegó [EH] Bildu una vez y mandó gente a hacer cola. Aquella vez fuimos diez horas antes de lo normal y ya nos habían quitado el primer sitio. En las últimas autonómicas dijimos que no nos iba a volver a pasar. Y esperamos dos días enteros”, explican estas fuentes.

“No se sabe qué efecto tiene, pero en el voto por correo apareces el primero. Igual, por instinto, alguien puede coger el primero. En las mesas también, aunque ahí algunos las mueven como les da la gana y siempre hay que estar vigilando”, indican las voces consultadas, que recuerdan que también en la publicación en el boletín oficial correspondiente se respetaba hasta ahora ese orden de llegada.

Estas esperas se habían convertido en casi un ritual. “Tienes que tener a diez o doce personas. Yo llevaba una silla plegable y la gente esperaba sentada. El problema es la noche. Es durísima. Y muy fría. Nos repartíamos cada dos horas. Llevaba una tableta para ver una película o algo. No es lo mejor. Habría que buscar un criterio homogéneo para todo el Estado”, expone este ex del PNV.

En la práctica, solamente tendrá efecto en las autonómicas de 2028. Más allá de que se cambie la regulación para las forales de 2027, si en las municipales sigue imperando el orden de llegada, el riesgo es que hacia marzo o abril de 2028 vuelva a ser necesaria una cola para los comicios locales de mayo. Es más, aquí se hace de una tacada el registro para todos los municipios de una provincia, que son más de cien en Bizkaia, por ejemplo.

De momento, el Gobierno de Imanol Pradales ya ha enviado a la Cámara sendos informes favorables a la modificación legislativa. El Ejecutivo ve que la nueva redacción “simplifica el sistema” y “contribuye a la presentación ordenada” de las listas, según se puede leer en los documentos aprobados en la última sesión del Consejo de Gobierno, justo antes del parón de Semana Santa.