Se acabó la espera. Llegan las elecciones. Las tan ansiadas elecciones. Serán en 2027, se cumplan o no los anuncios y los renuncios de Pedro Sánchez, sencillamente porque tocan ese año. La discusión de precisión se centra ahora casi exclusivamente en saber en qué mes concreto del primer cuatrimestre se celebrarán las generales porque el presidente del Gobierno ha descartado el super domingo electoral: las adelantará a las autonómicas (donde toque, como Canarias) y a las locales (en toda España) el 23 de mayo.

En los partidos políticos, naturalmente, no se habla de otra cosa. Las encuestas y sus trackings son la herramienta habitual de cada semana para el diagnóstico y las acciones correspondientes, y el frenesí ya se ha apoderado de la actividad pública de casi todos esos partidos.

Esta semana, sin ir más lejos, ha estado en Canarias Alberto Núñez Feijóo con su habitual gracejo para presentar a sus candidatos a las dos capitales provinciales: Poli Suárez para Las Palmas de Gran Canaria, y Carmen Pérez, para Santa Cruz de Tenerife. En ambos casos se pronunciaron las soflamas de rigor, esas que se elaboran en los laboratorios de ideas de los grandes partidos y que no siempre tienen el éxito perseguido.

Por ejemplo, Carmen Pérez, actual concejala de Empleo, Comercio y Turismo, ha proclamado en las redes sociales lo siguiente: “Alberto Núñez Feijóo me ha designado candidata a la alcaldía de Santa Cruz de Tenerife para liderar el cambio en nuestra ciudad”. Independientemente de lo democrático y participativo del proceso de elección de la candidata, llama mucho la atención que su primer mensaje sea que va a promover “un cambio” en la capital tinerfeña, donde el PP gobierna con Coalición Canaria, ahora y cada vez que ha sido necesario, es decir, siempre. No deja en buen lugar a quien hasta ahora era y sigue siendo la cabeza visible del partido en esa ciudad, Carlos Tarife, primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, que nunca fue el lápiz más afilado del estuche, es verdad, y que empezó a cubrirse de gloria el día que posó con un consolador tamaño king-size entre las manos haciéndose el moderno ¡en un sex shop!

Lo mandan, a Tarife, al Parlamento de Canarias, dicen que para ejercer de portavoz, lo cual va a mejorar notablemente la calidad de los debates en la cámara autonómica canaria.

Para Las Palmas de Gran Canaria, “el presidente Feijóo”, como gusta a la muchachada pepera llamar al líder del partido, ha designado al secretario general del PP en Canarias y actual consejero de Educación del Gobierno regional, Poli Suárez. O Poli Díaz (el Potro de Vallecas), como lo llamó “el presidente Feijóo” en Televisión Canaria provocando una vez más el revuelo y el relajo en las redes sociales, siempre dispuestas a amplificar sus cada vez más frecuentes patinazos. El eslogan elegido para la ocasión en Las Palmas de Gran Canaria ha sido “Recuperar la ilusión”, que se puede traducir como que después de dos mandatos en la oposición, ya va siendo hora, ¿no?

Mientras que la de Carmen Pérez es una candidatura de circunstancias, condicionada siempre a los resultados que obtenga Coalición Canaria y que ambas fuerzas puedan volver a sumar sin Vox, la de Poli Suárez, el Potro de Moya, es una apuesta fuerte por una plaza que el PP quiere recuperar a toda costa para tratar de reeditar aquellos años de las mayorías absolutas de José Manuel Soria pero con otro talante, porque Poli Suárez es otra cosa bien distinta.

Tentaron a Evaristo Quintana

Sin embargo, la mecha por la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria no la encendió ninguno de los grandes partidos con opciones de ocuparla, el PSOE o el PP, sino Coalición Canaria a través de su filial en la isla, Primero Canarias (Prica), que tuvo la habilidad de presentar antes que nadie a Marcial Morales como candidato. Un golpe político de mucho efecto y mucho nivel que allana las posibles reticencias y rivalidades dentro de CC porque, al fin y al cabo, el que fuera presidente del Cabildo de Fuerteventura y alcalde de Puerto del Rosario, además de consejero de Políticas Sociales del Gobierno canario, lo fue siempre por el partido de Clavijo. Nadie ha rechistado por tanto dentro de esas filas, donde perdió de repente toda opción la polémica presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada, que habrá de disputar ahora el segundo o el cuarto puesto, los que le corresponden a CC, con María Fernández, directora general de Transportes.

Pero Morales no fue la primera opción de Primero Canarias, cuyos dirigentes barajaron varias opciones antes de proponerlo como candidato a la alcaldía. Teodoro Sosa, su presidente, tenía en mente otro perfil más mediático y popular, el periodista de la cadena Ser Evaristo Quintana, que ha admitido a este periódico que llegó a recibir esa oferta, aunque ahora le resta importancia. Pero lo cierto es que Sosa llegó a proponerlo ante los empresarios que están patrocinando su movimiento de respaldo a Fernando Clavijo.

Pero la jugada maestra de Marcial Morales se convirtió de repente en innegociable y las dos organizaciones están cerrando filas para intentar que Coalición Canaria recupere algo de oxígeno en un ayuntamiento que se le ha negado siempre, incluso en los momentos más prósperos de José Carlos Mauricio, que estuvo a punto de ser alcalde a principios de siglo a través de un pacto de time sharing en el que se incluía el PP, que lo traicionó en el último minuto. Fue de tal calibre el toletazo que en las siguientes elecciones ni siquiera salió él elegido, y eso que iba de cabeza de lista.

Los empresarios que siguen de cerca el proceso de formación de listas de los distintos partidos políticos con opción de gobierno han saludado con mucha satisfacción los movimientos escenificados hasta ahora. Que el PP y Coalición Canaria se fortalezcan en Las Palmas de Gran Canaria con dos candidatos menos planos que los anteriores se puede traducir también en lo que más les importa, que es el Gobierno de Canarias, sobre el que se ciernen muchas incertidumbres cara a este 2027.

Esos empresarios, que podemos localizar en sectores tan destacados como el portuario y el de la automoción, están respaldando todas estas operaciones abiertamente. Saben de lo agradecido que es Fernando Clavijo cuando se le apoya y que siempre le dan lo que le piden. Ya lo comprobaron cuando en 2015 colocó a dos consejeros impuestos por ellos sin ni siquiera conocerlos de antemano. Y quieren repetir la jugada en todas las administraciones posibles, pero fundamentalmente la autonómica.

Como inspirador de una parte de ese empresariado, muy vinculado al sector de la automoción por la vía de su pertenencia al consejo de administración de Domingo Alonso Group, es José Manuel Soria, que aunque no se trata con otros empresarios impulsores de la operación, necesita buena sintonía con el poder para que todos sus negocios, vehiculizados a través de su empresa de asesoramiento, puedan prosperar adecuadamente.

Las encuestas y los últimos acontecimientos los tienen alarmados porque saben que la actual suma de CC-PP-Agrupación Socialista Gomera podría no alcanzar los 36 diputados necesarios para gobernar. Y no solo porque Casimiro Curbelo haya enseñado ya sus colmillos y sus capacidades para pasarse al adversario si no se le hace caso. Sino porque el crecimiento que presenta Vox en esas encuestas se produce a costa de la caída del PP y de Coalición Canaria, lo que podría obligar a tener que contar con la ultraderecha para mantener a Clavijo en la presidencia.

Una fatalidad que, para estos empresarios y esos partidos, no es de índole ideológica, ni mucho menos, sino porque una aceptación de CC a incluir en el Gobierno a un partido antinacionalista sería el principio de su fin. Poca gente lo entendería, y mucho menos la filial grancanaria, que lleva a gala su condición izquierdista para intentar captar los votos de Nueva Canarias, partido del que se escindió.

Mientras, el PSOE sigue muy bien posicionado. La última encuesta de Perfiles, conocida la semana pasada, arroja datos muy significativos: el 37% de las personas encuestadas dice que el Pacto de las Flores fue un gobierno mejor que el actual, frente al 18% que sostiene lo contrario, que el de Clavijo es mejor. Al resto, ya se sabe, los dos les parecen igual de buenos que igual de malos.

Pero la reedición de un pacto de las flores tampoco cuenta ahora mismo, siempre según las encuestas, con los números necesarios. El PSOE volvería a ganar las elecciones con Ángel Víctor Torres a la cabeza, candidato que sigue siendo el más valorado. Pero todo está pendiente de que se pueda componer un frente popular a su izquierda y que la movilización lo haga posible. El actual escenario nacional parece que anima a los promotores de la iniciativa porque la sensación de golpismo judicial y el miedo que empieza a levantarse alrededor de la ultraderecha, que vuelve a enseñar la patita en los gobiernos autonómicos del PP, puede servir de revulsivo.

El comité electoral nacional del PP ha aprobado este viernes las listas de los candidatos a las alcaldías de las capitales de provincia en toda España. Entre ellos están Esther Martínez y Borja Corominas para repetir en Bilbao y Donostia e Iñaki García Calvo como nuevo cabeza de cartel en Vitoria, donde en 2023 la aspirante fue Ainhoa Domaica.

El propio presidente del PP vasco, Javier de Andrés, adelantó esta semana que se había propuesto estos nombres. Está previsto que este sábado, día 18, el PP celebre un acto en Santiago de Compostela para presentar todos los candidatos del partido en capitales de provincia, informa Europa Press.

Carlos García Adanero repetirá como candidato del PP a la Alcaldía de Pamplona en 2027 tras haber sido designado por el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Adanero, que llegó al PP tras haber sido expulsado de UPN junto con su compañero Sergio Sayas (que también dio el salto al PP) por mentir e ir en contra de la decisión tomada por la dirección de su antiguo partido al votar en contra de la reforma laboral, ya fue candidato en 2023, recién llegado al PP. Además de concejal en Pamplona, Adanero es también diputado en el Congreso.

Tras conocer su designación, García Adanero, ha agradecido la “confianza depositada” en él por el presidente del Partido Popular. “Es un reto muy importante, que afronto con una enorme ilusión y con el compromiso de seguir trabajando desde el primer día por todos los pamploneses”, ha indicado en una nota García Adanero, actualmente concejal en el Ayuntamiento de la capital navarra y diputado en el Congreso.

El candidato del PP ha defendido que Pamplona “necesita un cambio que permita afrontar los principales problemas de la ciudad y recuperar el liderazgo de su Ayuntamiento”. “La vivienda será una prioridad absoluta, al igual que mejorar la seguridad de nuestros barrios. Son dos de las principales preocupaciones de los pamploneses y el próximo Ayuntamiento tiene que estar centrado en resolver sus problemas reales”, ha afirmado.

García Adanero ha asegurado, además, que “el principal objetivo político será poner fin al gobierno de EH Bildu en la capital navarra”. “El objetivo número uno es echar a Bildu de la Alcaldía de Pamplona para que la ciudad vuelva a tener la dignidad que nunca debió perder tras el acuerdo entre Pedro Sánchez y Bildu. Queremos devolver la libertad y la dignidad a Pamplona y construir una ciudad pensada para los vecinos”, ha destacado.

Adanero ha mostrado su “convencimiento de que existe una mayoría de pamploneses que desea un cambio en el Ayuntamiento y ha apelado a sumar esfuerzos para hacerlo posible”. “Voy a trabajar para ganarme la confianza de todos aquellos que quieren una Pamplona mejor, una ciudad más segura, con más oportunidades, donde sea más fácil acceder a una vivienda y donde el Ayuntamiento vuelva a estar al servicio de los vecinos”, ha señalado.

Israel celebrará elecciones legislativas el próximo 27 de octubre, la fecha límite fijada por ley, después de que el actual Parlamento complete el 17 de julio su mandato íntegro de cuatro años, informó este domingo la cámara en un comunicado.

El anuncio fue realizado por el presidente de la Comisión de Sla Knéset (Parlamento), el diputado del partido derechista Likud Ofir Katz, durante el debate del proyecto de ley de financiación de partidos que incorpora una disposición que fija el inicio del receso electoral para el próximo día 17.

De cumplirse el calendario, serán las primeras elecciones convocadas en la fecha establecida por ley en Israel en cerca de 40 años y las primeras en las que un Gobierno completa su mandato en más de medio siglo. Además, se celebrarán solo veinte días después del tercer aniversario del ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023.

La asesora jurídica de la Knéset, Sagit Afik, señaló que la cámara “completará su mandato íntegro y no será disuelta”, por lo que no será necesario aprobar una ley de disolución, ya que los comicios se celebrarán en la fecha prevista por la legislación israelí.

La confirmación llega un mes después de que la oposición fracasara en su intento de impulsar elecciones anticipadas mediante la disolución de la Knéset.

La iniciativa fue entonces rechazada por 61 votos frente a 53, después de que los partidos ultraortodoxos Shas y Judaísmo Unido de la Torá, socios de la coalición del primer ministro, Benjamín Netanyahu, retiraran su apoyo tras alcanzar un principio de acuerdo con el Gobierno sobre la controvertida ley del servicio militar para los ultraortodoxos.

En junio de 2024, el Tribunal Supremo de Israel dictaminó que el Ejército debía comenzar a reclutar a los judíos ultraortodoxos después de que expirara la norma temporal que les permitía quedar exentos del servicio militar obligatorio. La decisión llevó al Gobierno a promover un proyecto de ley para preservar buena parte de esas exenciones, aunque prevé incorporar al servicio a una parte de esta comunidad.

La cuestión del servicio militar de los ultraortodoxos se ha convertido en uno de los principales focos de tensión política en Israel, especialmente desde el inicio de la guerra en la Franja de Gaza, que ha incrementado las necesidades de personal del Ejército y obligado a ampliar el servicio obligatorio y a movilizar a decenas de miles de reservistas.

El Partit Popular es prepara per a la batalla electoral de 2027 a la Comunitat Valenciana i, per a intentar retindre el Govern autonòmic, utilitzarà totes les eines al seu abast, inclosos els actes de propaganda en què s'utilitza la institució per a obtindre rèdits polítics o el repartiment discrecional dels diners als mitjans amb la mateixa finalitat.

Per aconseguir-ho, ha presentat una esmena a la llei d'acompanyament dels Pressupostos que suposa una profunda reforma de la Llei de Publicitat Institucional. La que està vigent actualment es va aprovar el maig del 2018 en l'etapa del Govern del Botànic després de quasi tres anys de debat i tramitació. Finalment, va obtindre el suport per part de tots els grups, llevat del PP.

El text actualment en vigor prohibeix, per exemple, els actes públics d'entrega de claus, l'organització de qualsevol acte d'inauguració d'una obra acabada o d'un servei per part de càrrecs finançats amb diners públics, la instal·lació de plaques commemoratives i de primeres pedres o la publicitat subliminal. Sobre la distribució de la publicitat institucional, especifica que s'ajustarà a criteris objectius d'audiència i d'implantació territorial i prohibeix la contractació amb mitjans de comunicació que continguen anuncis de comerç sexual o de foment de la prostitució.

En el cas de les obres, es podran instal·lar tanques informatives, però una vegada finalitzades les obres (o si aquestes es paralitzen), seran retirades immediatament. En període electoral no es podrà dur a terme publicitat institucional des que es faça pública la convocatòria fins al dia de les eleccions.

Amb les esmenes presentades pels populars, algunes d'aquestes qüestions es modifiquen o directament s'eliminen. Per exemple, s'elimina directament l'article que establix la prohibició d'“actes públics de lliurament de claus de béns immobles o similars, per part de persones amb càrrecs electes o alts càrrecs del Govern. Aquests lliuraments seran realitzats, en tot cas, pel personal funcionari competent i sense fer d'aquest lliurament una escenificació pública”.

També quedarien eliminades les prohibicions relacionades amb “l'organització de qualsevol acte d'inauguració, o similars, d'obra acabada o servei per part de persones amb càrrecs electes o alts càrrecs, finançats amb fons públics parcialment o totalment, directament o indirectament”, així com “de qualsevol obra o acte d'instal·lació de placa commemorativa o similar” i d'actes “de col·locació de primeres pedres, d'inauguració o similars”.

Sobre la instal·lació de tanques informatives al costat d'obres o infraestructures, l'esmena dels populars elimina completament l'article 10, que limita la temporalitat d'aquests elements. Segons aquesta normativa, que quedaria derogada, “les obres licitades amb càrrec als pressupostos públics comptaran durant la realització de l'obra amb una única tanca informativa on es relatarà succintament què s'està construint, el cost de l'obra, l'empresa adjudicatària, la data d'inici i la data de finalització”. Una vegada finalitzada l'obra o una vegada que es preste el servei, “la tanca serà retirada de manera immediata”.

Publicitat institucional sense criteris d'audiència

Pel que fa al repartiment de la publicitat institucional entre els mitjans de comunicació, mentre que la norma actual estableix que els mitjans de difusió s'elegeixen tenint en compte com a principal criteri la seua audiència i, en segon lloc, la seua implantació territorial i social, l'esmena dels populars sí que recull que hi haja una “consideració especial pels mitjans de comunicació locals i comarcals”, però evita qualsevol referència a les audiències dels mitjans.

Així, disposa que el repartiment de la publicitat institucional es realitzarà “en els mitjans i suports que s'estimen els més adequats en cada moment per a poder arribar al públic objectiu destinatari del missatge i la informació de la campanya o comunicació”.

Pel que fa a l'ús de la llengua, mentre el text aprovat pel Botànic preveu que “els textos de la publicitat institucional utilitzaran preferentment el valencià (...), excepte en els àmbits de predomini lingüístic castellà, en els quals es farà preferentment en castellà”, l'esmena introduïda pel PP determina que “s'utilitzaran les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana”.

També afig una esmena per la qual es podrà contractar tercers per a establir un seguiment del compliment dels objectius de les campanyes contractades per l'Administració.

El Partido Popular se prepara para la batalla electoral de 2027 en la Comunitat Valenciana y para conseguir retener el Gobierno autonómico utilizará todas las herramientas a su alcance, incluido los actos de propaganda en los que se utiliza a la institución para sacar réditos políticos o el reparto del dinero a los medios de forma discrecional con el mismo fin.

Para lograrlo, ha presentado una enmienda a la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos que supone una profunda reforma de la Ley de Publicitad Institucional. La que está vigente actualmente se aprobó en mayo de 2018 en la etapa del Gobierno del Botánico después de casi tres años de debate y tramitación. Finalmente, fue apoyada por todos los grupos, salvo el PP.

El texto actualmente en vigor prohíbe, por ejemplo, los actos públicos de entrega de llaves, la organización de cualquier acto de inauguración de obra acabada o servicio por parte de cargos financiados con dinero público, la instalación de placas conmemorativas y primeras piedras o la publicidad subliminal. Sobre la distribución de la publicidad institucional, especifica que se ajustará a criterios objetivos de audiencia e implantación territorial y prohíbe la contratación con medios de comunicación que contengan anuncios de comercio sexual o de fomento de la prostitución. En el caso de las obras, se podrán instalar vallas informativas pero una vez finalizada (o si se paraliza) serán inmediatamente retiradas. En periodo electoral no podrá llevarse a cabo publicidad institucional, desde que se hace pública la convocatoria hasta el día de las elecciones.

Con las enmiendas presentadas por los populares, algunas de estas cuestiones se modifican o directamente se eliminan. Por ejemplo, se elimina directamente el artículo que establece la prohibición de “actos públicos de entrega de llaves de bienes inmuebles o similares, por parte de personas con cargos electos o con altos cargos del gobierno. Estas entregas serán realizadas, en todo caso, por el personal funcionario competente y sin hacer de esa entrega una escenificación pública”.

También quedarían eliminadas las prohibiciones relacionadas con “la organización de cualquier acto de inauguración, o similares, de obra acabada o servicio por parte de personas con cargos electos o altos cargos, financiados con fondos públicos parcial o totalmente, directa o indirectamente., así como ”de cualquier obra o acto de instalación de placa conmemorativa o similar“ y de actos ”de puestas de primeras piedras, de inauguración o similares“.

Sobre la instalación de vallas informativas junto a obras o infraestructuras, la enmienda de los populares elimina por completo el artículo 10 que limita la temporalidad de estos elementos. Según esta normativa que quedaría derogada, “las obras licitadas con cargo a los presupuestos públicos contarán durante la realización de la obra con una única valla informativa donde se relatará sucintamente qué se está construyendo, el coste de la obra, la empresa adjudicataria, la fecha de inicio y fecha de finalización”. Una vez finalizada la obra o se esté prestando el servicio, “la valla será retirada de manera inmediata”.

Publicidad institucional sin criterios de audiencia

En cuanto al reparto de la publicidad institucional entre los medios de comunicación, mientras que la norma actual establece que los medios de difusión se elijan teniendo en cuenta como principal criterio su audiencia, y, en segundo lugar, su implantación territorial y social, la enmienda de los populares sí recoge que haya una “consideración especial por los medios de comunicación locales y comarcales”, pero evita cualquier referencia a las audiencias de los medios.

Así, establece que el reparto de la publicidad institucional se realizará “en los medios y soportes que se estimen los más adecuados en cada momento para poder llegar al público objetivo destinatario del mensaje e información de la campaña o comunicación”.

En cuanto al uso de la lengua, mientras el texto aprobado por el Botánico establece que “los textos de la publicidad institucional utilizarán preferentemente el valenciano (...), excepto en los ámbitos de predominio lingüístico castellano, en los que se hará preferentemente en castellano”, la enmienda introducida por el PP establece que “se usarán las dos lenguas oficiales de la Comunitat Valenciana”.

También añade una enmienda por la que se podrá contratar a terceros para establecer un seguimiento sobre el cumplimiento de los objetivos de las campañas contratadas por la administración.

Asistimos a una inercia letal. La marcha atrás que vemos en la política castellanomanchega hoy no es un fenómeno aislado, sino el reflejo regional de una dinámica global y nacional ultraderechista, a la que se suma el desgaste de una gestión autonómica que, a fuerza de inercia, ha generado desencanto y abstencionismo en el electorado progresista de nuestra región.

Es un grave error seguir utilizando las mismas recetas de siempre: lo que ayer se vendía como estabilidad y moderación, hoy corre el riesgo de volverse prehistórico ante las urgencias del presente. El descontento y el malestar social que recorren nuestros pueblos y ciudades deben obligarnos, imperativamente, a activar una nueva imaginación política en Castilla-La Mancha.

El problema de la izquierda en nuestra comunidad es su progresivo divorcio con las mayorías sociales y la realidad rural y urbana de la región. La política con mayúsculas no puede reducirse al marketing institucional ni a una campaña electoral permanente desde los despachos de Toledo. Para que una alternativa transformadora funcione, se mantenga y sea capaz de disputar la hegemonía y romper el bipartidismo tradicional en las Cortes regionales, debe asentarse sobre un diagnóstico común y una unidad intelectual auténtica que entienda nuestra dispersión comunitaria.

Mientras la izquierda se desgasta en debates internos, las fuerzas conservadoras avanzan a base de inocular el miedo, azuzar el agravio territorial y fomentar el enfrentamiento bajo discursos excluyentes. Frente a la estrategia de fragmentar a la ciudadanía y condenar a nuestros municipios a competir por las migajas, la única respuesta real es la universalización radical de los derechos y el blindaje de los servicios públicos —la sanidad rural, la educación, la atención a la dependencia y el acceso al agua— a través de una Junta de Comunidades que actúe como un escudo protector real para todas y todos los castellanomanchegos.

Se peca de ingenuidad en la región. Limitarse a la 'buena gestión' o a un pragmatismo conformista es no darse cuenta de que, en la actual coyuntura, eso ya no basta. Hay que salir a la ofensiva cultural y social, siendo capaces de tejer un verdadero tejido comunitario y popular que movilice a la sociedad civil y sostenga mayorías legislativas estables y valientes en el Parlamento regional. Esta sería la única manera de frenar la judicialización de la iniciativa política y ayudar a la ciudadanía a diferenciar con claridad lo que son ataques partidistas espurios de las dinámicas de fiscalización democrática necesarias.

La conversación pública en nuestra autonomía se ha convertido a menudo en un 'totum revolutum' alimentado por dinámicas de confrontación nacional que saturan nuestros informativos y debates locales. Este ruido diario y la réplica mimética de las disputas de Madrid eclipsan las realidades y problemáticas específicas de nuestra tierra, diluyendo las discusiones sobre la precariedad laboral, el reto demográfico o la gestión de nuestros recursos naturales. Ni en el plano autonómico ni en el local vale ponerse de perfil; son imprescindibles las explicaciones claras, la transparencia absoluta y una fiscalización implacable ante cualquier sombra de clientelismo o mala praxis en nuestras instituciones.

Que a la desconexión o al acomodo de la gobernanza regional se le responda desde la oposición con una estrategia puramente destructiva y de enmienda a la totalidad, solo puede degenerar en un debilitamiento de la confianza de los castellanomanchegos en sus propias instituciones autonómicas, que es el verdadero epicentro del retroceso democrático.

Tanto fango mediático y polarización importada nos impide centrar la atención en los debates estratégicos, energéticos, medioambientales y económicos decisivos que están reconfigurando el mapa de nuestra región en el siglo XXI. Porque, nos guste o no, Castilla-La Mancha no es una isla inmune a los cambios globales, sino un territorio profundamente interconectado.

La desigualdad estructural y una gobernanza de la información fuertemente centralizada pretenden decidir qué nos debe conmover y qué realidades debemos esconder bajo la alfombra; rebelarse contra ello con imaginación y soberanía social es el gran reto de nuestro tiempo.

La cuenta atrás para las elecciones autonómicas no se detiene. Serán en mayo de 2027 allí donde se celebren. Queda menos de un año y es hora de ponerse las pilas, en especial en aquellas comunidades en que podría producirse un cambio de Gobierno, como la Comunidad Valenciana. ¿Es hora de pisar el acelerador y empezar a pisar la calle como si no hubiera un mañana? No para Diana Morant, que cree que su base de operaciones continúa siendo el despacho principal del Ministerio de Ciencia. De momento, apuesta por la moqueta y no por el asfalto.

Morant no ha dado muestras de tener ninguna urgencia con vistas a abandonar Madrid para centrarse en su puesto de secretaria general del PSOE valenciano y su candidatura a la presidencia de la Generalitat. En una entrevista con el diario Levante, le preguntaron cuándo será completa su dedicación a la región. Aparentemente, ese momento todavía no ha llegado, aunque quizá esté cerca: “No me gustaría que fuera la convocatoria electoral la que decidiera por mí. Habrá un momento en que vendré a dedicarme al cien por cien cuando esté convencida de que ya no es suficiente con ser ministra, que la gente tenga la percepción y el convencimiento de que mi prioridad única y exclusiva es la Comunitat Valenciana”.

Por tanto, hay que deducir que aún no ha llegado ese momento del que habla, en que los comicios autonómicos serán su prioridad exclusiva, lo que puede sonar un tanto desconcertante para los dirigentes de su partido en la comunidad. No son muchos los sitios donde los socialistas pueden provocar la derrota de la derecha, como bien saben tras los fracasos ocurridos en Extremadura, Castilla y León, Aragón y Andalucía. Cualquiera pensaría que tendrían que lanzarse como lobos ante el menor atisbo de victoria por pequeño que sea.

¿De qué le sirve al partido que Morant siga siendo ministra? Ella asegura que “es bueno para la Comunitat Valenciana tener a la secretaria general del PSPV y candidata sentada en el Consejo de Ministros”. Luego, explica por qué: “Por influencia”. Pero ya se ha llegado a un momento en que lo que importa es cuántos votos puedes arrancar con tus propuestas para el futuro, no lo que hiciste en un cargo muy diferente.

Los beneficios que supone para su imagen personal ya no son muy grandes. Lleva casi cinco años como ministra y la encuesta del CIS indica aún que el 70% de los españoles no la conoce. Ese porcentaje se mantiene inalterable desde abril de 2025. Su nota en una escala de cero a diez —4,67 puntos— no llega al aprobado.

El desgaste general de un Gobierno afecta a todos sus ministros. Lo saben bien María Jesús Montero y Pilar Alegría, que no lograron revertir la tendencia negativa del PSOE en sus territorios. La idea de Pedro Sánchez de exportar ministros no se ha visto confirmada con ningún éxito. Tanto Montero como Alegría esperaron demasiado tiempo para abandonar sus responsabilidades ministeriales y centrarse en sus campañas. Ser líder regional de un partido y su candidato a la presidencia autonómica no es un trabajo que se pueda limitar a los fines de semana.

Con sus declaraciones, Morant se lo puso muy fácil al presidente valenciano, Juanfran Pérez Llorca, que tuvo la oportunidad de hinchar el pecho y alardear de lo mucho que le importa su comunidad. “Me dedico en exclusiva a trabajar por esta tierra. Otros no pueden decir lo mismo”, dijo un político que no anda muy sobrado de carisma.

Alberto Núñez Feijóo ni siquiera ha confirmado que el PP le vaya a presentar como candidato. En su momento, el partido pasó demasiado tiempo antes de deshacerse del peso muerto en que se había convertido Carlos Mazón por su gestión absentista en la catástrofe de la dana. Ahora vuelve a tener dudas sobre si Pérez Llorca es su mejor cartel electoral. Le beneficia que Morant no esté todos los días pegándole duro en los medios regionales, porque está ocupada con los asuntos del Ministerio.

No hay muchas encuestas recientes sobre el resultado de la Comunitat Valenciana en 2027. Una de Sigma Dos para El Mundo prevé una recuperación del PP tras el hundimiento causado por Mazón con 3,5 puntos más desde la anterior encuesta de hace un año. Concede a la suma de PP y Vox entre 50 y 53 escaños (la mayoría absoluta está en cincuenta). También da opciones a Compromís para que supere al PSOE. Les separan dos puntos. La suma de la izquierda llegaría a entre 45 y 49 diputados, con lo que el resultado final no parece decidido.

La costumbre de enviar ministros a las CCAA reduce las posibilidades de celebrar unas primarias realmente competitivas que puedan movilizar al votante socialista. Y esto último es uno de los mayores problemas que afrontan los socialistas de cara a todas las elecciones que se celebrarán en 2027. Ferraz quiere asegurarse de que sus candidatos saldrán elegidos. Algunos creen que lo mejor para que no haya sorpresas incómodas es que no haya primarias. Otro razonamiento de lógica algo más que discutible.

Resulta que esa es una de las primeras decisiones que ha tomado Montero después de las elecciones andaluzas. Ha pedido al partido que evite las primarias para elegir a sus candidatos en las municipales: “Cuanto menos, mejor”.

Después de verse arrasada por el PP en las elecciones, la exvicepresidenta no está por la labor de tomar medidas ambiciosas para despertar a su partido. La prioridad parece ser no remover las aguas y que todo el mundo se quede donde está. Montero reclamó que se llegue a listas pactadas, con lo que no sería necesario convocar primarias, y que “se imponga el diálogo y el consenso”. Consenso impuesto desde arriba es una forma muy singular de definir un acuerdo.

En el PSOE madrileño, también estaban por no agitar la situación interna y conseguir que la exministra Reyes Maroto repitiera como candidata, cuatro años después de perder ante José Luis Martínez Almeida y quedar tercera. La concejala Enma López rompió esos planes al decidir presentar su nombre en las primarias. Ferraz reaccionó molesto, casi ofendido por su atrevimiento. La acusó de haberse adelantado al calendario fijado por el partido. Si todo el mundo sabe que un ministro va a ser candidato mucho antes de la convocatoria de primarias, no hay problema. Si lo hace alguien que no estaba invitado a la fiesta, solo les falta acusarle de desleal.

Nadie se presentó a las primarias para disputar el puesto a Diana Morant y por ello ya ha sido proclamada candidata. No conviene apremiarla para que compre un billete de tren con destino a la estación de Valencia. Seguro que tiene una gran cantidad de cosas importantes que hacer en el Ministerio de Ciencia de las que solo ella puede ocuparse.

El PNV volvería a ganar las elecciones a Juntas Generales en Bizkaia en 2027 con 24 junteros, uno más que en 2023, mientras EH Bildu podría sumar uno o dos y obtener 16 o 17 representantes. Los socialistas perderían un apoderado y obtendrían siete, al igual que el PP, que se quedaría con dos. Podemos podría conservar uno de los dos junteros logrado en coalición con IU y Equo Berdeak o perder la representación, mientras Vox, que ahora no tiene representación, conseguiría 0 o 1 escaños. Sumar volvería a quedarse sin espacio en el Parlamento foral.

Estos datos se recogen en la prospección electoral de la Diputación de Bizkaia hecha pública este miércoles, realizada por Gizaker. Durante el sondeo se han realizado 3.000 entrevistas telefónicas entre la población de Bizkaia de más de 18 años a lo largo de los pasados meses de mayo y junio. Los datos reflejan una nueva victoria del PNV, que, con el 39,3% de los votos, una décima más que en 2023, pasaría de 23 a 24 junteros. Continuaría en segundo puesto EH Bildu, con un 29,5% del voto, cuatro puntos más que en la anterior convocatoria, de forma que podría elevar sus actuales 15 apoderados a 16 o 17.

El PSE-EE pierde apoyos al obtener un 13,8% de las papeletas (el 16,2% en 2023) y lograr siete representantes, uno menos. También reduciría el volumen de votos PP, que pasaría del 8,4 al 6,6%, y de tres a dos junteros. Mientras, Podemos, que obtuvo un 7,4% del sufragio en coalición con IU y Equo Berdeak, caería al 3,7%, de forma que lograría entre cero y un asiento frente a los dos actuales. Vox pasaría del 2 al 3,1% del apoyo electoral, lo que le permitiría conseguir un juntero o no obtener ninguno, como en la actualidad. Sumar, que conseguiría el 2,3% del sufragio, no entraría en la Cámara foral de Bizkaia. Además, la abstención descendería ligeramente, del 39,9% de las anteriores elecciones a las Juntas Generales de Bizkaia al 38,7% de una eventual convocatoria en 2027.

Por circunscripciones

El PNV obtendría seis representantes en las circunscripciones electorales de Bilbao (uno más), al igual que en Busturia-Uribe y Encartaciones, y cinco en Durango-Arratia. Mientras, EH Bildu lograría cinco en Busturia-Uribe, cuatro en Durango-Arratia, cuatro en Encartaciones (uno más) y 3 o 4 en Bilbao, lo que le abre la posibilidad de sumar otro juntero en la comarca.

El PSE-EE perdería un juntero en Bilbao y obtendría dos, y mantendría el resto en Encartaciones (tres), Durango-Arratia (uno) y Busturia-Uribe (uno). El PP lograría tan solo un escaño en Bilbao y perdería el segundo, mientras que mantendría el de Busturia-Uribe. Elkarrekin Podemos tendría la posibilidad de conservar en la circunscripción de Bilbao su único apoderado o perderlo, y Vox podría conseguir uno en la misma circunscripción o quedarse fuera de nuevo de la Cámara foral.

Jonathan Swift, autor de Los viajes de Gulliver, escribió: “La falsedad vuela y la verdad viene cojeando detrás de ella; de modo que cuando los hombres finalmente se dan cuenta del engaño, es demasiado tarde”. La actividad política en España anda enredada estos días en una realidad paralela donde la falsedad vuela a la velocidad de la luz mientras la verdad aún se está poniendo los zapatos. Pero bastan un puñado de hechos y de datos para desmontar el pesado bulo del pucherazo electoral que el PP dispara contra el Gobierno.

El presidente Pedro Sánchez, según la teoría conspirativa vigente, prepara desde hace cuatro años un colosal fraude emboscado en la ley de nietos, la norma que establece el derecho a la nacionalidad a descendientes de españoles represaliados del franquismo. Fue aprobada en octubre de 2022 sin que la derecha del PP y la ultraderecha de Vox dijeran una palabra contra esta medida tras 15 meses de tramitación en el Congreso y en el Senado. Se opusieron a la Ley de Memoria Democrática pero sin censurar la disposición adicional octava que incluía esa norma: “Los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles, y que, como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual, hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española, podrán optar a la nacionalidad española”.

Cuatro años después de aquello y a solo unos meses de las campañas electorales de 2027, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha sacado de paseo el bulo del pucherazo, un fantasma peligroso para la democracia porque cuestiona las reglas del juego y siembra la desconfianza en algo que debería ser sagrado.

Aunque los pilares de un sistema electoral blindado al fraude han resistido sin apenas amenazas durante la reciente etapa democrática, el PP difunde estos días la idea de que la voluntad de los ciudadanos expresada en las urnas puede ser manipulada a su antojo por la “ingeniería social” del Gobierno de Sánchez.

Frente a ese engaño que corre a la velocidad de la luz el único antidoto efectivo es la información veraz.

El periodista Guillermo Lerma (Cadena Ser) desbarató el pasado jueves en unos minutos de radio esta teoría conspiranoica del PP y lo hizo con un relato riguroso salpicado de memoria, datos y hechos. Escúchalo aquí.

El catálogo de evidencias para desbaratar el bulo es amplio, tanto como el conjunto de conjeturas sin base que difunden medios de comunicación conservadores donde la verdad apenas importa.

En las cuatro últimas elecciones autonómicas (Extremadura, Castilla y León, Aragón y Andalucía) el PP ganó con claridad y mantuvo el Gobierno en su poder tras aliarse con Vox, pero perdió frente al PSOE en el recuento del voto de residentes ausentes. Los resultados, similares a los de otras elecciones anteriores, agitan ahora las conjeturas de los conspiranoicos. Sin embargo, esos votos a favor del PSOE no cambiaron ni ahora ni en el pasado el reparto de escaños en ninguno de los territorios.

Tres años antes, sin efecto conocido de la ley de nietos que acababa de entrar en vigor y cuando no había apenas inscritos en el registro consular, el PSOE también ganó en el voto emigrante de estas mismas autonomías: en Extremadura sacó al PP una diferencia de 13 puntos tanto en 2023 como en 2026; en Aragón fueron ocho puntos en 2023 y 12 puntos en 2026; en Andalucía empataron en 2022 y el PSOE ganó por dos puntos en 2026; en Castilla y León gano por ocho puntos en 2023 y por 9,5 puntos en 2025. Con la ley de nietos vigente y aplicándose, el PP ha aumentado mucho (entre cinco y nueve puntos) su porcentaje de voto en las últimas elecciones celebradas en Castilla y León, Extremadura y Andalucía.

Hechos y datos contra bulos y conspiración

El PP se aficionó muy pronto en democracia a coquetear con la desinformación cuando los resultados electorales le resultaron esquivos. La formación conservadora se las prometía muy felices en 1993 con José María Aznar de candidato a presidente pero perdió las elecciones frente al agonizante PSOE de Felipe González. Los dirigentes populares Javier Arenas y Alberto Ruiz-Gallardón cuestionaron esa noche electoral del 6 de junio de 1993 el recuento y pusieron en duda los resultados. El berrinche les duró muy poco tiempo. Nunca después dudaron de aquel resultado que les dejó en la oposición y en 1996 consiguieron ganar las elecciones con Aznar de candidato.

El actual presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, tiene experiencia acreditada en difundir sospechas sobre procesos electorales. En su primer intento como candidato a presidente del Gobierno de España —julio de 2023— denunció solemne una supuesta dejación de funciones del Gobierno de Pedro Sánchez para garantizar el voto por correo en las elecciones, convocadas en plenas vacaciones de verano. Los hechos demostraron que sus sospechas eran completamente infundadas. Feijóo ganó esas elecciones generales, pero no pudo gobernar.

El líder popular insistía hasta el pasado viernes en dar vida a la patraña del pucherazo sin prueba conocida: “Están alterando el censo electoral. Esta ingeniería social no tiene objetivos inocentes”.

La escuela de aficionados a despreciar los hechos para apreciar los bulos se ha convertido en un negocio al alza. La falsedad vuela estos días a la velocidad de la luz mientras la verdad viene cojeando detrás de ella. “Hay un punto esencial en el que un mentiroso político”, escribió Jonathan Swift en 1710, “se diferencia de otros de su misma facultad: su poca memoria, necesaria según las diversas ocasiones que encuentra a cada hora para contradecirse a sí mismo y jurar a favor de ambas partes de una contradicción, según la disposición de las personas con las que tiene que tratar”.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha clausurado este viernes en Castellón el II Foro de Diputaciones, Cabildos y Consells del Partido Popular. Se trata de la segunda visita del líder de los populares españoles a la Comunitat Valenciana en los últimos quince días, después de que el pasado 20 de junio Feijóo participara en el comité provincial celebrado en Sueca. Y como en aquella ocasión, el presidente del PP, que durante toda la mañana ha mostrado un gesto serio, ha eludido hablar de quién será el candidato del PPCV en las próximas elecciones autonómicas. El mayor halago que le ha dedicado Núñez Feijóo al jefe del Consell ha sido cuando ha dicho: “Aquí hay políticos que aprueban presupuestos”. Sin embargo, el líder de los populares españoles ha obviado nombrar al jefe del Consell en sus agradecimientos finales, en los que sí ha mencionado a otros dirigentes del PP, como el presidente provincial en Valencia, Vicent Mompó.

Génova mantiene de este modo la incertidumbre sobre el futuro político de Juanfran Pérez Llorca quien, pese a ser el actual president de la Generalitat, desconoce si será él quien encabece la lista de los populares valencianos en los comicios del próximo año. Por su parte, Pérez Llorca, durante su intervención, tampoco ha realizado ninguna mención a su futuro político. El presidente de la gestora del PPCV ha centrado su intervención en vender los logros de su Gobierno y en lanzar continuas críticas a la gestión del Ejecutivo central que dirige Pedro Sánchez.

La candidatura del Partido Popular a la Generalitat Valenciana se encuentra en una fase de incertidumbre y especulación debido a los plazos marcados por Génova. Aunque el actual president de la Generalitat y de la gestora del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, cuenta con el respaldo público de figuras de peso en la región —como el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, y la alcaldesa de València, María José Catalá—, su designación oficial sigue en el aire. Mompó ha descartado postularse al asegurar que está centrado en su gestión provincial y en un perfil marcadamente municipalista.

Esta falta de definición se hizo evidente tras la reciente visita de Núñez Feijóo a Alicante, donde evitó despejar la incógnita sobre el cabeza de lista autonómico, limitándose a elogiar el trabajo actual y a apelar firmemente a la unidad del partido. Desde la formación señalan que el calendario oficial prioriza la ratificación de los candidatos a las capitales de provincia en un acto en Santiago de Compostela, posponiendo para más adelante la confirmación de los aspirantes a las presidencias autonómicas, cuya competencia recae estatutariamente en la dirección nacional.

El delegat del Govern central a les Illes i exalcalde de Calvià, Alfonso Rodríguez, ha registrat aquest dijous la seva candidatura per encapçalar la llista del PSOE al municipi mallorquí a les eleccions de 2027.

En una carta adreçada a la militància, Rodríguez ha explicat que fa el pas amb la voluntat de liderar un projecte que torni a situar les persones al centre de l'acció política i recuperi un Calvià pensat per als qui viuen, treballen i volen desenvolupar el seu projecte de vida.

Sota el lema 'Un Calvià per viure', la candidatura proposa una nova etapa basada en l'habitatge, la proximitat, la protecció del territori i l'enfortiment dels serveis públics.

En aquest sentit, una de les principals prioritats de la seva candidatura serà recuperar una “política decidida” de construcció d'habitatge de protecció oficial, com la impulsada durant els seus anys al capdavant de l'Ajuntament amb promocions a Santa Ponça i Magaluf.

“Calvià necessita tornar a construir habitatge públic perquè els nostres joves i les famílies puguin desenvolupar aquí el seu projecte de vida. Ja vam demostrar que era possible i vull tornar a fer-ho realitat”, assenyala en la missiva.

El socialista defensa un model turístic que pensi en les persones que fan possible el principal motor econòmic del municipi. “No existeix una bona política turística si no pensa també en el benestar dels seus treballadors i treballadores, en la seva formació i en unes condicions laborals dignes. Un Calvià millor també es construeix cuidant els qui sostenen el nostre turisme cada dia”, ha afegit.

Rodríguez ha agraït la feina del Grup Municipal Socialista durant aquesta legislatura, destacant una oposició “útil, responsable i propera”, centrada tant a fiscalitzar l'acció del govern com a presentar propostes per donar resposta als problemes dels veïns de Calvià.

Rodríguez també situa entre les seves prioritats la defensa del territori i la millora de la qualitat de vida dels residents, apostant per un municipi amb més espais verds i menys ciment.

“Calvià ha de protegir allò que el fa únic. Necessitem un Ajuntament que cuidi el nostre territori, que aposti per més zones verdes i menys asfalt, i que pensi sempre a millorar la qualitat de vida dels qui vivim aquí”, ha defensat.

Alfonso Rodríguez assegura afrontar aquest nou repte “amb la il·lusió, les forces i les ganes” de tornar a encapçalar la candidatura socialista i construir, al costat de la ciutadania, un projecte de futur per al municipi.

El delegado del Gobierno en las Islas y exalcade de Calvià, Alfonso Rodríguez, ha registrado este jueves su candidatura para encabezar la lista del PSOE al municipios mallorquín en las elecciones de 2027.

En una carta dirigida a la militancia, Rodríguez ha explicado que da el paso con la voluntad de liderar un proyecto que vuelva a situar a las personas en el centro de la acción política y recupere un Calvià pensado para quienes viven, trabajan y quieren desarrollar su proyecto de vida.

Bajo el lema 'Un Calvià para vivir', la candidatura propone una nueva etapa basada en la vivienda, la proximidad, la protección del territorio y el fortalecimiento de los servicios públicos.

En este sentido, una de las principales prioridades de su candidatura será recuperar una “política decidida” de construcción de vivienda de protección oficial, como la impulsada durante sus años al frente del Ayuntamiento con promociones en Santa Ponça y Magaluf.

“Calvià necesita volver a construir vivienda pública para que nuestros jóvenes y las familias puedan desarrollar aquí su proyecto de vida. Ya demostramos que era posible y quiero volver a hacerlo realidad”, señala en la misiva.

El socialista defiende un modelo turístico que piense en las personas que hacen posible el principal motor económico del municipio. “No existe una buena política turística si no piensa también en el bienestar de sus trabajadores y trabajadoras, en su formación y en unas condiciones laborales dignas. Un Calvià mejor también se construye cuidando a quienes sostienen nuestro turismo cada día”, ha añadido.

Rodríguez ha agradecido el trabajo del Grupo Municipal Socialista durante esta legislatura, destacando una oposición “útil, responsable y cercana”, centrada tanto en fiscalizar la acción del gobierno como en presentar propuestas para dar respuesta a los problemas de los vecinos de Calvià.

Rodríguez también sitúa entre sus prioridades la defensa del territorio y la mejora de la calidad de vida de los residentes, apostando por un municipio con más espacios verdes y menos cemento.

“Calvià debe proteger aquello que lo hace único. Necesitamos un Ayuntamiento que cuide nuestro territorio, que apueste por más zonas verdes y menos asfalto, y que piense siempre en mejorar la calidad de vida de quienes vivimos aquí”, ha defendido.

Alfonso Rodríguez asegura afrontar este nuevo reto “con la ilusión, las fuerzas y las ganas” de volver a encabezar la candidatura socialista y construir, junto a la ciudadanía, un proyecto de futuro para el municipio.

El PSOE ha arrancado este jueves su proceso de primarias para las elecciones municipales y autonómicas con la presentación de candidaturas para liderar el partido en cinco comunidades autónomas, 21 ayuntamientos, Ceuta y Melilla y dos consells insulares, un total de 30 territorios. En Asturias solo se celebrarán en los municipios de Oviedo y Castrillón.

Todos ellos se han acogido al primer plazo del calendario propuesto por Ferraz, y aprobado en el Comité Federal del pasado sábado, para elegir a sus cabezas de lista para las municipales y autonómicas de mayo del próximo año y que permite a cada territorio elegir el momento que más le convenga.

Municipios de más de 20.000 habitantes

Este calendario afecta a la federaciones en municipios de más de 20.000 habitantes, cabildos y consells insulares, juntas generales de Euskadi y comunidades autónomas. Están eximidas de hacerlo allí donde el PSOE ejerza la presidencia o alcaldía.

De acuerdo con el calendario de esta primera tanda de primarias, la presentación de candidatos se realiza entre hoy y mañana, la recogida de avales entre el 4 y 11 de julio, la campaña de información entre el 12 y el 18 y la primera votación será el 19 de este mes. En caso de ser necesaria una segunda votación se llevará a cabo el 26 de julio.

Cinco líderes autonómicos y 21 ayuntamientos

En esta primera tanda de primarias se elegirá a cinco candidatos autonómicos: los de Madrid, Comunidad Valenciana, Islas Baleares, Cantabria y Murcia. Para esas contiendas ya han anunciado candidaturas los ministros Óscar Puente, para Madrid, y Diana Morant para la Comunidad Valenciana.

En Baleares habrá un nuevo secretario general ya que la actual, la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, ha declinado presentarse a la reelección, mientras que en Cantabria ya se ha postulado el delegado del Gobierno en la comunidad, Pedro Casares. En Murcia, se presentará a la reelección el actual secretario general, Paco Lucas.

También se disputarán los liderazgos del partido en 21 ayuntamientos, entre ellos el de la capital, donde la concejala Enma López se enfrentará, previsiblemente, a la líder de la formación en la ciudad, Reyes Maroto.

En Asturias se llevarán a cabo tan solo dos procesos de primarias durante este periodo, los de los ayuntamientos de Oviedo y Castrillón; en Baleares se celebrarán en Palma y Calviá y para los consells insulares de Mallorca y Menorca, mientras que en Cantabria también habrá para los consistorios de Santander y Torrelavega.

Candidato a la Xunta, en otra de las tandas

La federación gallega, que hará las primarias para elegir candidato a la Xunta en otra de las tandas, celebrará ahora primarias para los ayuntamientos de Santiago, Lugo, Pontevedra, Ferrol, Narón, Oleiros y Ponteareas.

Mientras que en la Región de Murcia, se celebrarán las del ayuntamiento de Murcia y las de Cartagena, Lorca, Las Torres de Cotillas, La Unión, Mazarrón y Yecla.

Los plazos concretos de los otros dos periodos serán aprobados más adelante por la Ejecutiva Federal.

En los últimos días hemos escuchado a dirigentes del PP acusar a Pedro Sánchez de fraude electoral por la ley de Memoria Democrática, que abre las puertas de la nacionalidad a los nietos de los exiliados españoles en la dictadura. Esas personas, si consiguen ese derecho, podrán votar en las elecciones generales. Este discurso de la derecha española contrasta con lo que el propio Feijóo decía hace no tanto tiempo. En 2022, cuando se tramitaba la ley, el PP no hizo mención al asunto. De hecho, algo muy similar llevó en su programa electoral de 2023. Por no hablar de todas las elecciones en las que el PP gallego, con Feijoo y también con Fraga a la cabeza (visitando a Fidel Castro en Cuba para dejarse ver), se benefició del voto exterior.

Ahora, que todo vale para la confrontación, repasamos esa táctica del PP gallego con el periodista de elDiario.es, Luis Pardo y analizamos de qué manera el censo electoral ha sido, históricamente, un campo de batalla, el mayor que ha habido. Lo hacemos con el analista político y profesor en la Carlos III, Lluís Orriols.

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La secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha anunciado oficialmente esta tarde en Gandia su intención de concurrir a las primarias del partido para la presidencia de la Generalitat Valenciana. En el acto, que ha contado con la presencia de centenares de militantes, Morant ha solicitado el apoyo de la organización para encabezar la candidatura socialista con el objetivo explícito de construir una alternativa de gobierno “preparada, valiente y amplia”.

“Dije en esta misma plaza hace dos años y medio que asumía la secretaría general no solo por una responsabilidad orgánica”, ha recordado Morant durante su intervención. “Yo di ese paso para ganar. Para ganar a la derecha y al populismo. Para ganar para gobernar y gobernar para la gente. Y por eso hoy vengo a pediros permiso, confianza y ayuda para ser la primera presidenta de la Generalitat Valenciana”.

‘Recuperar lo que importa’

A menos de un año de la cita electoral, Morant ha desglosado las prioridades de su proyecto político bajo el lema Recuperar lo que importa, definiéndolo como la herramienta para que la ciudadanía viva “con más justicia y mejor”.

En materia de servicios públicos, ha definido como prioridades básicas “blindar una educación pública de calidad, con un profesorado escuchado y dignificado” y “defender una sanidad pública fuerte, donde ninguna persona sienta que su salud depende de su código postal o de su cuenta corriente”. Asimismo, ha remarcado el compromiso de garantizar que la vivienda “deje de ser un privilegio y vuelva a ser un derecho” para que la juventud valenciana pueda construir su proyecto de vida sin destinar casi todo su salario al alquiler.

Durante el desglose de sus propuestas, la secretaria general ha incluido un compromiso explícito con la reconstrucción tras las inundaciones: “Recuperar lo que importa es estar con los municipios afectados por la dana hasta el final, con ayudas que lleguen, con transparencia, para la reconstrucción y con respeto a cada familia que todavía espera una respuesta”.

El bloque programático de la candidatura también contempla medidas específicas para el cuidado de los mayores, la reducción de la soledad, el refuerzo de la dependencia y la salud mental, así como el impulso económico. Sobre este último punto, Morant ha defendido la necesidad de “crear empleo digno, ayudar a las pymes, autónomos, comercio local, industria, campo, pesca e innovación” para que la Comunitat Valenciana vuelva a ser un espacio atractivo para la inversión.

Convocatoria abierta a la ciudadanía

Para articular la mayoría necesaria de cara a los comicios, la líder del PSPV-PSOE ha remarcado que el proyecto busca sumar de manera transversal a diferentes perfiles sociales, más allá de las siglas. “Esto no va solo de un nombre, va de la Comunitat Valenciana. Va de construir una alternativa que sume a todo el mundo que quiera construir, sin preguntar de dónde viene”, ha señalado.

Morant ha finalizado emplazando a la militancia a una movilización constante en el territorio: “Esta victoria se decidirá barrio a barrio, pueblo a pueblo, puerta a puerta, conversación a conversación”. El objetivo final, ha concluido, es lograr que la ciudadanía vuelva a sentir que la Generalitat “está a su lado” y conseguir “recuperar el buen nombre de la tierra valenciana”.

La gran patronal española, CEOE, ha decidido este miércoles que celebrará el próximo 1 de octubre las elecciones a la presidencia de la organización empresarial. De momento, solo hay una candidatura, la del actual presidente Antonio Garamendi, que pretende alcanzar un tercer mandato y que ha denunciado una “campaña sucia” en su contra en las últimas semanas.

“El Comité Ejecutivo de CEOE reunido este miércoles ha acordado la celebración de la Asamblea General Electoral el próximo 1 de octubre, momento en el que la Confederación elegirá a su presidente y equipo directivo para los próximos cuatro años”, ha anunciado la organización empresarial.

La semana pasada, el presidente decidió acelerar, por sorpresa, el proceso para fijar los nuevos comicios, cuando convocó a los órganos directivos de la patronal a una reunión este miércoles con el objetivo de decidir la fecha en la que poner las urnas. En principio, la reunión estaba prevista para el próximo 15 de julio.

El anuncio de Garamendi sorprendió en varios sectores de la patronal, que daban por hecho que los comicios se celebrarían en noviembre. La versión oficial esgrimida por el jefe de los empresarios es que en noviembre se celebrará una importante Cumbre Iberoamericana con una relevante agenda empresarial, cita a la que quieren llegar con la incógnita sobre la presidencia despejada.

Sin embargo, el adelanto de la maquinaria electoral llegó solo días después de que resucitaran unas antiguas denuncias contra la cúpula de la CEOE, del empresario José Manuel de Riva, que ya habían sido publicadas en el contexto de la pugna de las elecciones de Cepyme de 2025, pero que ahora han resurgido tras ser reconocido como “informante protegido” por la AIPI (Autoridad Independiente de Protección del Denunciante).

Esta entidad, presidida por el catedrático Manuel Villoria, investiga el caso y lo más probable en estos casos es que se cite a las personas señaladas por el denunciante para dar su versión, señalan fuentes de la AIPI a elDiario.es. En este caso, De Riva ha señalado al propio Antonio Garamendi, entre otros miembros de la patronal de su entorno.

¿Solo una candidatura o nueva guerra en la patronal?

La semana pasada, Antonio Garamendi confirmó también un secreto a voces: que se presentará a las elecciones de CEOE, para intentar alcanzar un tercer mandato. En una intervención en los cursos de verano de la UIMP, el empresario vasco dijo contar con “el apoyo expreso de las organizaciones que tengo que tener y de las empresas que tengo que tener”.

Entre ellas, de la patronal vasca (Confebask), que emitió un comunicado de apoyo solo unas horas después, y de Foment, con un “apoyo sin fisuras” a Garamendi, según fuentes de la patronal catalana. También de la Asociación Española de la Banca (AEB), cuya presidenta, Alejandra Kindelán, pertenece a la directiva de la CEOE y avaló a Garamendi durante el curso de verano de la APIE. “Si él (Garamendi) quiere contar conmigo en el futuro, estaré encantada de seguir ahí”, aseguró. 

Otras patronales, como ATA, Cepyme, la patronal madrileña CEIM y la valenciana CEV indicaron a elDiario.es que se pronunciarán al respecto cuando aborden el tema de las elecciones dentro de sus organizaciones.

Una de las dudas es si la de Garamendi será la única candidatura o si tendrá alguna lista competidora. Esta tendría “hasta 40 días” antes de las elecciones para poder presentarse. Fuentes empresariales apuntan a este medio que, al contrario de lo que sucedió en otros momentos del pasado, ahora el empresario vasco llega a los comicios con menos patronales críticas.

Foment, con Josep Sánchez Llibre en el pasado enfrentado a Garamendi, ahora se sitúa de su lado, y Gerardo Cuerva, anterior líder de la patronal Cepyme, ya está fuera de la organización, tras perder –por la mínima– en los comicios de 2025 frente a Ángela de Miguel, la apuesta del empresario vasco.

No obstante, hasta hace poco, el empresario granadino era uno de los nombres que más sonaba para disputar el liderazgo a Antonio Garamendi, y según su entorno sigue con un pie en Madrid, como presidente de CIDE (Asociación de pequeñas distribuidoras-productoras de energía eléctrica).

Los últimos movimientos de José Manuel de Riva, acudiendo a la AIPI antes de las elecciones, han aumentado los rumores de quienes ven posible una nueva pugna en la patronal, que trate de desbancar de su puesto al empresario vasco.

Isabel Díaz Ayuso insiste en sus insinuaciones de pucherazo electoral y va más allá de las críticas de la dirección del PP nacional con dudas sobre la regularización extraordinaria de Pedro Sánchez, la ley de nietos o el trabajo de los cónsules en las embajadas. “¿Están intentando nacionalizar socialistas?”, ha planteado sobre la norma que permitirá a los descendientes de exiliados franquistas obtener la nacionalidad española.

La presidenta autonómica evita hablar explícitamente de un pucherazo o fraude electoral pero ha expresado este miércoles sus dudas sobre las próximas elecciones de 2027: “Nos parece inquietante el crecimiento inusual del censo”, además de las “nacionalizaciones masivas urgentes” que, a su juicio, pueden “modificar cómo uno reparte a los electores. ”Muchos no estamos tranquilos“, ha reconocido.

En un evento informativo organizado por el Club del Siglo XXI en la capital, Ayuso ha vuelto a hablar de un supuesto “proceso de deterioro” en una democracia que está “viviendo sus horas más críticas”. Sus críticas al presidente del Gobierno y al Ejecutivo han seguido, además de avisar de la configuración de un sistema de “recaudación histórica para intentar comprar voluntades para las siguientes elecciones”. También ha hablado de posibles acciones legales y ha asegurado que irá a las “instituciones que haga falta” como la Unión Europea.

La presidenta de la Comunidad de Madrid avisa ya sobre las próximas elecciones del año que viene, pero también carga contra Pedro Sánchez y el Gobierno de coalición. Y lo hace con fórmulas ya repetidas en anteriores ocasiones, cargando contra los socios del Ejecutivo, la ley de memoria democrática (que ella considera “antidemocrática”) y la regularización extraordinaria de personas migrantes aprobada recientemente.

“¿Quién regulariza y nacionaliza masivamente? Un Gobierno mafioso”, asegura Ayuso, para añadir que si alguien piensa que Sánchez ha tomado esa decisión “de manera altruista” significa que “aún no se ha enterado de quién es este señor”. “¿Cuándo lo hace? Tras 8, 9 años de gobierno y cuando ve que el proyecto está acabado y que va a perder las elecciones. Y todo esto de forma acelerada, oye, qué prisas. ¿Y qué finalidad? No se trata de ganar elecciones, porque no las va a ganar, tampoco ganó las últimas. Se trata de llegar, por la mínima a tener una coalición, como le pasa ahora”.

“La amenaza independentista constante”

A preguntas de los periodistas sobre las declaraciones de este mismo miércoles del expresidente José María Aznar, que ha reclamado una “mayoría nacional” para echar a Pedro Sánchez, Ayuso ha apoyado sus palabras asegurando que esa mayoría significa “ensanchar el electorado de manera que España no tenga que verse presa de dictaduras minoritarias”. “Una amplia mayoría que te permita librarte de la amenaza independentista constante, que al final se ha convertido en una gran corrupción”, ha añadido la presidenta autonómica.

Otro de los puntos sobre los que Ayuso ha expresado sus dudas, como ha hecho el Partido Popular esta semana, es la conocida como ley de nietos. Según la presidenta, eso es “exactamente lo que ocurrió en 2023, cuando recuerdo que no solo España entera estaba de vacaciones sino que muchas personas rogaron el voto y no les llegó, no pudieron votar, sabían exactamente dónde pasaba esto”, ha asegurado.

Ahora, según la líder del PP de Madrid, el Gobierno intentará “jugar” a través de esta ley de nietos: “Ahí donde le falten los votos al PSOE, allí se podrá empadronar”, insinuando que las personas que pidan la nacionalidad se empadronarán en las provincias donde beneficie al PSOE. Según Ayuso, el elector “que a lo mejor no tiene ningún tipo de vinculación con España, puede elgir la circunscripción, y si no el sistema le asigna por defecto Madrid o donde lo decida el Gobierno, porque ahí también se puede hacer así. ¿Y con qué criterio? ¿Quién lo decide? ¿Quién lo controla?”.

La asociación mayoritaria de cónsules ha expresado su disconformidad por las críticas de Ayuso. Ahora, la presidenta vuelve a insistir: “También el personal asignado a consulados se ha duplicado en poco tiempo. ¿Quiénes son? ¿Con qué criterio están ahí? ¿Con qué criterio se contrató también a las personas que votaban por correo en las anteriores elecciones porque Correos no daba abasto? Es decir, ¿están intentando nacionalizar socialistas?”.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha tildado este miércoles de “absurdo” que tanto PP como Vox estén lanzando sospechas sobre el voto de los españoles residentes en el extranjero. Se refería así, a la petición realizada el martes por el diputado de la extrema derecha José María Figaredo, que pidió prohibir que los españoles en el extranjero puedan votar por correo. Y también a las críticas del equipo de Alberto Núñez Feijóo a la nacionalización de descendientes de víctimas del franquismo que tuvieron que exiliarse de España y cuyo proceso se activó hace ya cuatro años.

Para Albares, “probablemente Vox dice a cara descubierta, quitándose ya claramente la careta, exactamente lo mismo que quiere el Partido Popular”. “Vamos a decirlo claramente: el Partido Popular y Vox lo que no quieren es que 3,5 millones de españoles puedan votar. No les interesa que se pueda votar, quieren amedrentar a los funcionarios públicos”, ha señalado, en una entrevista en La 1 de TVE. “¿Usted se imagina en países como Argentina, un país donde hay muchos españoles, que con esas dimensiones tengan que desplazarse en avión y entren a los distintos consulados cuando hoy las nuevas tecnologías permiten hacerlo de otra manera?”, se ha preguntado, ante la propuesta de Vox.

El ministro ha recordado que en las generales de 2023 “ya se votó” con el mismo procedimiento vigente ahora y “el voto exterior solo cambió un diputado, que precisamente pasó del PSOE al PP”. “¿Por qué el Partido Popular predetermina el voto de nuestros ciudadanos en el exterior? ¿Por qué quiere infundir dudas en nuestro sistema democrático? ¿No creen que hay que llegar por los votos a los gobiernos, como siempre ha creído el PSOE? ¿Y por qué tanta hipocresía?”, se ha preguntado

A renglón seguido, Albares también se ha preguntado “por qué el PP critica hoy lo que llevaba en su programa electoral en el 23 o lo que el señor Feijóo pregonaba cuando iba a buscar el voto a Buenos Aires y a otros sitios”, en alusión a la nacionalización de los descendientes españoles exiliados. “Yo, desde luego, insisto, lo que demuestra es que tanto el Partido Popular como Vox están absolutamente incapacitados para gobernar”, ha concluido.

“Y quiero trasladarle a todos los funcionarios del Servicio Exterior de España, a todos los miembros de la carrera diplomática española y a todos los ciudadanos españoles en el exterior, esos 3,5 millones de españoles, que yo como ministro de Asuntos Exteriores de España les respaldo, les apoyo y no voy a permitir ni que se cercenen sus derechos, ni que haya infundios a su profesionalidad y honorabilidad”, ha conlcuido.

Este miércoles, la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha asegurado que su partido “siempre ha defendido que todos aquellos españoles que tuvieron que abandonar España por cuestiones de exilio, sus descendientes puedan recuperar la nacionalidad española”. Muñoz hacía esta afirmación un día después de que su jefe de filas, Alberto Núñez Feijóo, dijera que el Gobierno quiere “fabricar dos millones y medio de votantes” con la Ley de Memoria Democrática y alentara la conspiración de una “ingeniería electoral”.