Lo anunció Alberto Núñez Feijóo al filo de las diez de la mañana de este jueves, varias horas antes de hacerse oficial, durante un curso de verano: el PP y Vox habían cerrado un acuerdo en Andalucía. Solo quedaba pactar el papel de la ultraderecha en el próximo gabinete de Juan Manuel Moreno. La confirmación llegó poco antes de la segunda votación de investidura: “prioridad nacional” y Gobierno de coalición. El penúltimo bastión del autodeclarado “PP moderado” ha caído y ha confirmado la dependencia que los de Feijóo tienen de Santiago Abascal y su partido.

En realidad es la segunda vez que Moreno se sirve de Vox para gobernar. En 2018 perdió las elecciones contra Susana Díaz, pero sumó con Ciudadanos y los ultras para desbancar al PSOE. Los siguientes comicios, en 2022, le catapultaron hasta una mayoría absoluta achacable a la casualidad aritmética que hizo que un puñado de votos bien distribuidos le dieran cuatro diputados en el último suspiro del recuento.

Este 2026, la moneda cayó del otro lado. Moreno no ha sido el único barón autonómico del PP que pensaba tener en su mano la mayoría absoluta. Antes que él se sometieron a las urnas María Guardiola, Jorge Azcón y Alfonso Fernández Mañueco, con el convencimiento de poder desembarazarse de sus aliados naturales y de alcanzar ese paraíso para un político que es tener el control parlamentario total.

Tras el fiasco de Moreno, al PP le quedan ya solo tres mayorías absolutas. Alfonso Rueda, en Galicia, y Gonzalo Capellán, en La Rioja, mantienen un aura de cierta moderación. El riojano se ha caracterizado en esta legislatura por tener una posición propia en algunos asuntos centrales, como la financiación autonómica. También Rueda se puede permitir el lujo de desmarcarse de algunos pronunciamientos de su partido ante las dificultades de Vox de penetrar en el electorado más allá del Bierzo. La tercera baronesa ‘libre’ es Isabel Díaz Ayuso, que renunció por voluntad propia hace ya mucho a presentarse como “moderada”.

Feijóo, más escorado a la derecha

El mini ciclo electoral, ideado por el PP precisamente para mostrar la capacidad de Feijóo de orillar a Vox, ha servido justo para lo contrario. Feijóo, quien hace ahora exactamente un año se comprometió formalmente ante todo su partido a gobernar en solitario, se enmendó a sí mismo en ‘prime time’ hace apenas unos días: “En el caso de que tengamos que hacer un acuerdo y una coalición de gobierno, nos sentaremos y haremos una coalición de gobierno”.

Para entonces ya había comenzado la negociación en Andalucía, y Moreno era consciente de que iba a tener que desdecirse en dos de sus principales planteamientos durante la campaña electoral del pasado mes de mayo.

El primero, el de asumir la “prioridad nacional”. Moreno dijo en campaña que era un “eslogan efectista”. Sostuvo que era “irreal” e “ilegal”. Pero tras perder la mayoría absoluta el barón andaluz ya no es todo lo libre que era, y no ha podido, o no le han dejado, rechazar lo que han ido firmando, uno a uno, sus compañeros de partido en Extremadura, Aragón y Castilla y León.

Aunque Moreno no quería la prioridad nacional, hace ya días que sus portavoces comenzaron a deslizar que no tenían inconveniente en asumirla. Más bien, no tenía posibilidad de quitársela de encima: la dirección del PP no iba a permitir un desmarque así de sus compañeros de partido. La intervención del secretario general, Miguel Tellado, fue clave para cerrar los acuerdos previos. En ellos se estableció un marco estatal que Moreno no ha podido eludir.

Más convencidos estaban en el PP andaluz de poder librarse de compartir gobierno con Vox. Cuando en 2024 Abascal ordenó a los suyos salir de los ejecutivos autonómicos, en la sede nacional del PP de la madrileña calle de Génova se vieron amplias sonrisas. Fue el empujón para que Feijóo lanzara su plan de gobernar en solitario.

Pero no había pasado un año cuando las encuestas comenzaron a reflejar lo acertado de la estrategia definida por el asesor en la sombra de Abascal, Kiko Méndez Monasterio.

El giro “lepenista” de Vox, que ha optado por centrarse en el discurso racista para ganar adeptos, ha dado resultado. Y ha forzado a Feijóo a escorarse.

El último ejemplo es la mal llamada ‘ley de nietos’, un proceso extraordinario incluido en la Ley de Memoria Democrática para que los descendientes de españoles emigrados puedan reclamar la nacionalidad de sus padres o abuelos.

La norma se aprobó en 2022. Ni el PP ni Vox señalaron entonces que esta vía de nacionalización fuera un problema y lo obviaron en sus intervenciones parlamentarias. Ese mismo año, el Ministerio de Justicia aprobó una instrucción con los detalles del proceso. Ahora, casi un lustro después, las derechas han puesto el grito en el cielo y alientan las sospechas de una conspiración del Gobierno para cometer un fraude en las próximas elecciones generales.

Feijóo ha pasado de defender una ampliación de la ‘ley de nietos’ que fuera más allá de los exiliados del franquismo a echarse las manos a la cabeza porque el Gobierno hizo eso exactamente hace cuatro años.

Tanto el líder del PP como Abascal están también azuzando el bulo de que Sánchez quiere modificar el censo electoral con la regularización extraordinaria de personas migrantes, pese a que no podrán votar en el próximo ciclo.

Este mismo jueves, mientras anunciaba el acuerdo andaluz, Feijóo hizo un batiburrillo con todo para lanzar un mensaje que se diferencia poco en el fondo de lo que suele decir Vox. “España no está preparada para atender a 50 millones de personas”, afirmó. “Nuestros servicios no tienen dimensión para atender un incremento [así]de población”, añadió.

Y continuó. “Si sumamos el número de inmigrantes desde 2019” que Feijóo cifró “en cuatro millones”, más “1,3 millones de la regularización ya nos vamos a 5,3 millones”. “Y si sumamos los dos millones y medio de lo que el Gobierno llama nietos, que no son nietos solo, estamos ya en siete u ocho millones de ciudadanos”, dijo. Feijóo zanjó: “Siete u ocho millones de ciudadanos en siete años no hay país que lo resista desde el punto de vista social, desde el punto de vista de bienestar y desde el punto de vista cultural”.

Es un paso más de Feijóo en su ambivalente competencia con Vox. Si en 2022 despreció a los de Abascal, en 2023 tuvo que asumir cinco gobiernos autonómicos y el bloqueo a su investidura por sus aproximaciones a la extrema derecha. En 2024 asumió el discurso ultra que relaciona inmigración con delincuencia, y desde finales de 2025 ha señalado que también está en riesgo la “identidad” española.

Ahora todas estas afirmaciones toman cuerpo en ese significante que es la “prioridad nacional”, que José María Aznar quiere sustituir por “mayoría nacional”. Los gobiernos autonómicos de PP y Vox ya han comenzado a desarrollar este concepto en forma de políticas concretas, pero de momento no se puede apreciar los efectos que tendrá en toda su magnitud.

Desde este jueves, cuando Moreno fue investido presidente por tercera vez, Andalucía será una región más que servirá para comprobar hasta dónde están dispuestos a llegar PP y Vox en su aplicación.

La extrema derecha tendrá menos peso numérico que en otras comunidades, ya que también obtuvo menos diputados. Su líder, Manuel Gavira, será vicepresidente con una supercartera que aunará Justicia, Turismo, Administración Local y Desregulación.

El PP de Feijóo saludó el acuerdo en un comunicado en el que se mostraron “satisfechos” de lo pactado. “Salimos más fuertes, reforzados en todos nuestros enfrentamientos electorales con el PSOE, y más preparados que nunca para volver a medirnos con el 'sanchismo' en las urnas”, zanja el PP en su comunicado. Lo harán con Vox en todas sus fotos.

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha defendido la “fórmula de éxito” de los acuerdos de gobierno con el PNV en la que los socialistas “tienen todo el protagonismo y hacen posible que todos los gobiernos tengan garantizadas las políticas progresistas”, y ha remarcado que “estará en esa fórmula de éxito todo el tiempo que haga falta”.

Andueza ha realizado estas afirmaciones en el acto que los socialistas vascos han celebrado este sábado en Donostia bajo el lema '2 años más de izquierda útil', en el que el PSE-EE ha repasado los dos años de legislatura en Euskadi y los proyectos previstos para los dos restantes. En el acto han participado, además, los consejeros socialistas del Gobierno vasco: Mikel Torres (vicelehendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo), Denis Itxaso (Vivienda y Agenda Urbana), Susana García Chueca (Movilidad Sostenible), Javier Hurtado (Turismo, Comercio y Consumo) y María Jesús San José (Justicia y Derechos Humanos).

En su intervención, se ha mostrado “orgulloso” del liderazgo que está ejerciendo el PSE-EE en el Gobierno vasco y ha asegurado que los socialistas pueden y deben “sacar pecho” por la gestión realizada desde las instituciones, según recoge Europa Press. “No me equivoqué cuando tuve que tomar la decisión de quiénes iban a ser nuestras consejeras y consejeros, que lo están haciendo realmente bien. No tenía ninguna duda allá por el mes de junio de 2024, cuando negociamos la composición del Gobierno de coalición, pero hoy, hay que decirlo, creo que hemos cumplido con las expectativas”, ha opinado, al tiempo que ha remarcado que todo el trabajo realizado “se ha hecho desde el primer minuto sin alardes, pero con las ideas muy claras”.

Asimismo, se ha mostrado convencido de que, con el acuerdo con el PNV, los socialistas han acertado “en el rumbo y en la orientación que tenía que tener este Gobierno”, y ha reivindicado los once años de colaboración con los jeltzaes en las instituciones. “Podemos decir que esa fórmula es una fórmula de éxito en la que el PSE-EE tiene todo el protagonismo y hace posible, de la mano de los socialistas, que todos los gobiernos tengan garantizadas las políticas progresistas”, ha sostenido.

El líder socialista, además, respecto a los que plantean que la suma de PNV y EH Bildu es “mucho mayor”, ha considerado que “esa suma solo representa a una parte de esta sociedad, de este país” y ha recalcado que el PSE-EE “no solo piensa en unos cuantos, piensa en todos los ciudadanos de Euskadi, en todas las personas que hacen posible que Euskadi sea lo que es día a día”. “No estamos dispuestos que algunas decisiones puedan echar por la borda esta situación tan extraordinaria de bienestar y de empleo que estamos viviendo en Euskadi”, ha subrayado.

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, ha cargado contra el “recorte de derechos y libertades” pactado por PP y Vox y anunciado este miércoles. Martínez ha criticado que no se haya entregado el acuerdo de la coalición a los medios de comunicación antes de la rueda de prensa, una decisión que ha atribuido a tener “intención de ocultar las verdaderas intenciones” del presidente del PP y candidato a la Presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y del líder de Vox, Carlos Pollán. Aquí puedes consultar el pacto íntegro.

El líder de los socialistas ha afeado que el acuerdo haya sido “elaborado desde Madrid” y recoja “idénticos planteamientos xenófobos y racistas” a los que se acordaron en Aragón y Extremadura, cuyo objetivo es “el desmantelamiento del estado del bienestar”. “[Fernández Mañueco] no se ha leído el pacto, ha pactado su sillón para los próximos cuatro años”, ha reprochado este miércoles ante los medios.

PP y Vox conformarán un gobierno con dos vicepresidencias y las siguientes consejerías: Desregulación, Familia y Ayudas Sociales; Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental; Cultura, Turismo y Deporte (Vox); Presidencia; Economía y Hacienda; Industria, Universidades, Empleo y Comercio; Medio Ambiente y Energía, Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial; Sanidad y Bienestar Social y Educación. La Vicepresidencia Primera, de Vox, asumirá una de las áreas acordadas, mientras que la Vicepresidencia Segunda (PP) tendrá algunas competencias de Vivienda y Ordenación del Territorio, Igualdad de Oportunidades, Despoblación y Protección Civil.

Desaparición de áreas

Carlos Martínez ha afeado la desaparición de varias áreas dentro del organigrama: la Ordenación del Territorio —y la despoblación—, la Vivienda y la Igualdad de Oportunidades, que se han quedado desgajadas en la Vicepresidencia del PP. Las tres formaban parte del título de sus respectivas consejerías y tenían un director general específico, algo que aún se desconoce.

El secretario autonómico socialista ha criticado que “la única receta transversal” al reto de la despoblación sea “la bajada de impuestos”, algo que el PP lleva aplicando 40 años y que “no ha resuelto el problema”, que se atribuye a la falta de oportunidades y no a una cuestión demográfica o de natalidad. “Se asume la agenda de la extrema derecha sobre las políticas de Igualdad. Esto es solo lo primero que el PP ha tenido que tragarse. Volvemos a hablar de lo que quiere Vox que hablemos, de la inmigración”, ha protestado.

Un “pacto del miedo”

La secretaria general de la Unión del Pueblo Leonés (UPL), Alicia Gallego, ha calificado el acuerdo de coalición de “pacto gris y del miedo”, cuyos representantes autonómicos han sido “títeres de sus líderes nacionales”. “Mañueco y Pollán no dejan de ser sucursales de Madrid” y por eso suscriben un acuerdo “igual que el de Extremadura y Aragón” y que “seguramente sea muy parecido, sino igual, al que se firme en Andalucía” cuando las prioridades en esta autonomía “son claramente distintas”, ha agregado Gallego en declaraciones a EFE.

Entre esas prioridades, Gallego ha hablado de los presupuestos, que este pacto “relega a 2027”, y ha lamentado que las más de trescientas medidas que incluye “tengan como máxima una prioridad nacional que no han sabido ni explicar”. “No se habla de inversiones, ni concreciones. Es un copia y pega amparado en apoyar a líderes nacionales y en manejar sillones y repartir puestos que es donde el PP más cómodo se siente”, ha zanjado.

Por Ávila y Soria Ya

El procurador de Por Ávila en las Cortes de Castilla y León, Pedro Pascual, ha lamentado los casi tres meses de parálisis y ha exigido el desarrollo de proyectos en provincias con déficit de inversiones, como es el caso de Ávila.

Pedro Pascual ha criticado que el Pleno de investidura y la posterior formación del nuevo Ejecutivo se estén demorado tantas semanas cuando “todo apuntaba a que el acuerdo estaba prácticamente cerrado desde el principio”, y que lo que se ha hecho es apurar todos los plazos, lo que ha supuesto prolongar una situación de interinidad que lo único que está haciendo es perjudicar a los ciudadanos.

“La provincia no puede seguir esperando”, ha subrayado Pascual, antes de reclamar que “desde ya” se dé respuesta a las demandas “que llevan demasiado tiempo encima de la mesa”, ha protestado en un comunicado remitido a los medios.

UGT lamenta la “fotocopia” del pacto “sufrido hace cuatro años”

UGT Castilla y León ha sostenido que el acuerdo de gobierno entre el PP y Vox alcanzado este miércoles para gobernar esa comunidad es “una fotocopia del fracaso sufrido hace cuatro años”, con un ejecutivo con los mismos socios, y mañana el sindicato celebrará Consejo Autonómico para analizar su “tremendo impacto negativo”. En un comunicado, UGT ha incidido en que el acuerdo es “un spoiler que arruina las expectativas de una película porque ya sabemos que será un fracaso”, un “regreso al pasado, un regreso a la etapa más negra de la historia de esta comunidad”.

Asaja Castilla y León ha destacado que el acuerdo entre PP y Vox incluya la creación de una 'macroconsejería' de asuntos agrarios. En un comunicado, Asaja ha valorado que a las competencias habituales de Agricultura y Ganadería se vayan a sumar las de política ambiental, en aspectos como las autorizaciones ambientales de las distintas actividades económicas, y la gestión de la caza.

Ha insistido en que el interés agrario tiene que ver con los daños que ocasiona la fauna salvaje: daños en cultivos, ataques a animales de abasto y transmisión de enfermedades, por lo que ven como una buena noticia que estos asuntos radiquen en esta consejería.

La organización agraria ha reclamado que la Consejería tenga los recursos humanos y económicos “precisos” y ha confiado en que se acertará con el perfil de la persona que asuma el área durante los próximos cuatro años. Asaja también ha criticado que algunas de las medidas acordadas sean “meras declaraciones de intenciones” o no se refieran a las competencias autonómicas, lo que podría enfrentar a la Junta de Castilla y León con otras administraciones públicas.

El Partido Popular y Vox han llegado a un acuerdo después de más de dos meses de negociaciones. Tal y como han anunciado este miércoles en una rueda de prensa en las Cortes de Castilla y León, el hasta ahora presidente en funciones, Alfonso Fernández Mañueco (PP) estará al frente de un gobierno de coalición con Vox en el que la extrema derecha tendrá, como en 2022 la vicepresidencia de la Junta y tres consejerías. Una de ellas será de nueva creación (como en Extremadura y Aragón), la de Desregulación. Vox volverá a tener las de Agricultura y Ganadería y Cultura, Turismo y Deporte y algunas competencias que se trocean de las siete consejerías que asume el PP.

Mañueco ha avanzado que se trata de un acuerdo “amplio”, con 19 ejes y 324 medidas y 62 hojas, que ofrece estabilidad a Castilla y León y que es para cuatro años. “Yo creo que hoy es un día bueno para Castilla y León. Hemos alcanzado un acuerdo de gobierno que responde al resultado de las urnas y a la voluntad expresada por todas las personas de Castilla y León el 15 de marzo. Es un acuerdo de gobierno que ofrece estabilidad a nuestra tierra y es un acuerdo de gobierno para cuatro años. Es un acuerdo de gobierno que busca el crecimiento económico y la creación de empleo, que busca también el fortalecimiento de los servicios públicos, el apoyo a los jóvenes, a los mayores, a las familias de nuestra comunidad autónoma, que tiene un compromiso claro con el campo, con los agricultores y ganaderos. En fin, como ya he dicho, un acuerdo de gobierno amplio y extenso que toca todos los sectores y prácticamente todos los temas”, ha dicho.

El gobierno estará conformado por 11 integrantes, tres de Vox, más un vicepresidente, y seis consejeros del PP y una vicepresidencia.

Carlos Pollán, que será el vicepresidente primero, ha agradecido “la paciencia y la comprensión (de Mañueco) durante la negociación. ”Va a suponer un impulso definitivo a las políticas de la Junta de Castilla y León y para los ciudadanos. Agradezco su predisposición al diálogo, fluido, por haber entendido el mandato de las urnas“, ha dicho. ”Por supuesto, como ya entiendo que me lo van a preguntar después, pues habrá prioridad nacional en las ayudas a la vivienda y en las ayudas sociales y un trabajo importante de fiscalidad para las familias y para los jóvenes y para el mundo rural en Castilla y León“, ha avanzado. La prioridad nacional ha concretado después, pasan por ”un rechazo y un plan de choque contra las políticas migratorias de Pedro Sánchez y muchas acciones que van a ser importantes para los ciudadanos de Castilla y León“. Así, se ha referido a un plan de vivienda ”muy detallado y que va a facilitar la vida a muchos, a muchas personas de Castilla y León“. Ha añadido que es un acuerdo con ”muchas horas de trabajo“ que ha agradecido también a la secretaria general adjunta Montserrat Lluis, y portavoces nacionales José María Figaredo y Carlos Quero.

“El mismo texto que en Extremadura y Aragón”

Mañueco ha intentado justificar la “prioridad nacional” diciendo que es el “mismo texto que en Extremadura y Aragón” y que trata de “una asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes tienen un arraigo real, verificable, efectivo” y siempre “dentro del marco del ordenamiento jurídico y del marco legal”, y asumiendo esa prioridad nacional como “criterio inspirador”.

Entrando a la conformación del Gobierno, Mañueco ha explicado que habrá dos vicepresidencias y que la primera será para Vox. Aunque lleva aparejada una consejería no se ha decidido aún cuál. La segunda será para el Partido Popular y tendrá competencias de Vivienda y Ordenación del territorio, Igualdad de oportunidades y Despoblación y protección civil. El PP tendrá también la Consejería de Presidencia, la Consejería de Economía y Hacienda, la Consejería de Industria, Empleo, Universidades y Comercio. Vox tendrá una Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas sociales. Sanidad seguirá en manos del PP, igual que Educación, mientras que la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, corresponderá a VOX y la de Medio Ambiente y Energía corresponderá al Partido Popular y la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte a VOX. Aunque olvidó mencionarlo en rueda de prensa, el PP tendrá una Consejería de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial. En definitiva, se trocean varias consejerías para que Vox cumpla con un programa contra los migrantes o la agenda 2030.

La anterior legislatura con Vox en el gobierno fue un fracaso total porque apenas lograron que se cumpliese alguna de las medidas que se plasmaron en un acuerdo muy general. Atrás quedaron una Ley de Violencia Intrafamiliar que se tramitó pero no vio la luz, las medidas antiaborto que se presentaron en una rueda de prensa y que hubo que cancelar, o la Ley de Concordia. Carlos Pollán ha asegurado fiarse de Mañueco. “Por eso estamos aquí y por eso hemos ido medida a medida”.

Los que hayan visto la aclamada Borgen saben que formar un gobierno en el país nórdico requiere de mucha habilidad. Como si se tratara de una partida de ajedrez, las negociaciones que muestra la serie danesa ponen a prueba la sangre fría de los líderes políticos y su capacidad para llegar a compromisos con sus rivales más directos.

La cuarta temporada de Borgen (titulada Reino, poder y gloria), estrenada en 2022, ya predijo una disputa geopolítica a raíz del descubrimiento de recursos naturales en Groenlandia. Hoy, nuevamente, lo que está pasando en la política de Dinamarca tras las elecciones generales del pasado 24 de marzo podría ser, perfectamente, un guion de la serie.

Las elecciones las ganó el partido socialdemócrata de la primera ministra Mette Frederiksen, el problema es que los comicios dieron paso a un Parlamento más polarizado y fragmentado que nunca, con 12 formaciones políticas que ocupan los 179 escaños del Folketing. Como señala el politólogo de la Universidad de Aalborg Rune Stubager, Dinamarca “cuenta con un sistema de parlamentarismo negativo, lo que significa que un gobierno puede mantenerse en el poder mientras no exista una mayoría en su contra”. Con esta norma, los 4,2 millones de electores del país escandinavo están acostumbrados a ejecutivos que gobiernan en minoría y a coaliciones de hasta cuatro partidos.

Cada segundo que pasa es un nuevo récord en las negociaciones más largas de la historia del país

Rune Stubager — politólogo danés

Sin embargo, esta vez, los resultados de las papeletas están provocando sudores fríos, ya que mes y medio después de las votaciones ninguna formación es capaz de construir una mayoría a su alrededor: “La situación es sumamente inusual”, admite Stubager en declaraciones a elDiario.es. “Cada segundo que pasa es un nuevo récord en las negociaciones más largas de la historia del país”.

Hasta ahora, las conversaciones más extensas para formar gobierno fueron en el año 2022 y duraron 44 días. Pero el hecho de haber superado este récord tampoco apremia a los políticos, ya que en la Constitución danesa “no se contemplan reglas para las negociaciones, no hay límites de tiempo ni de nada”, tal y como señala Stubager.

Los socialdemócratas no logran formar gobierno

El fin de semana pasado, el rey de Dinamarca –que tiene un papel puramente institucional– apuntó a que el turno para intentar formar gobierno pasaba al líder del partido de los liberales, Troels Lund Poulsen, después de que la primera ministra socialdemócrata Frederiksen fracasara en su intento.

El anuncio conmocionó al país, ya que Frederiksen fue quien obtuvo la mayoría de votos (21%) en las elecciones, un porcentaje que no esconde el duro revés que sufrieron los socialdemócratas –lograron sus peores resultados desde el año 1903–. Frederiksen ha sido una figura clave en la política danesa, al frente del Ejecutivo en los últimos siete años, pero ahora sus opciones de revalidar el puesto de primera ministra quedan rebajadas.

La líder de los socialdemócratas había intentado hasta este momento formar un gobierno de coalición de izquierdas que necesita el apoyo de los Moderados, un partido de centroderecha liderado por el actual ministro de Exteriores, Lars Løkke Rasmussen. Su formación, a pesar de quedar la sexta en el Parlamento (con 14 escaños), ha adquirido un papel decisivo con el poder de otorgar la mayoría tanto al bloque de partidos de izquierda como al conservador.

Aunque los socialdemócratas recibieron en un inicio el encargo oficial de formar gobierno, semanas de negociaciones entre los partidos progresistas no lograron acercar sus posiciones. Ante la falta de avances, Rasmussen abandonó la mesa de diálogo la semana pasada y anunció su decisión de apoyar a los liberales: “En el fondo, para los Moderados es difícil entrar en un gobierno liderado por los socialdemócratas con el apoyo de partidos de extrema izquierda, por lo que Rasmussen está intentando sacar el máximo de favores políticos para su partido, pero no lo ha conseguido”, argumenta Stubager.

La coalición de derechas necesita un giro de guion

Por otro lado, el líder de los liberales, Troels Lund Poulsen, quien tiene ahora el encargo de formar gobierno, en la práctica es otro perdedor de las elecciones del 24 de marzo. Los electores castigaron duramente su decisión de gobernar en coalición con los socialdemócratas y los moderados en los últimos cuatro años. El resultado es que los liberales han quedado relegados a la tercera fuerza del Parlamento con 18 escaños.

A pesar de esto, Poulsen puede, en teoría, formar una mayoría de derechas con el apoyo de los Moderados; en la práctica, este escenario también necesita unos cuantos giros de guion inesperados dignos de Borgen. Tan solo unas semanas después de las elecciones, cuatro diputados del bloque conservador han desertado de sus partidos y ahora son independientes que no atienden a ninguna disciplina de voto. Tres de estos diputados formaban parte de la nueva formación ultraderechista Partido Ciudadano, que en total consiguió cuatro escaños. Esta situación hace que la mayoría en el bloque conservador no esté del todo asegurada.

Lo más probable es que se vuelva a la casilla de salida con el encargo de formar gobierno para los socialdemócratas

Rune Stubager — Politólogo danés

Además, los Moderados y el ultraderechista Partido Popular Danés (de ideología xenófoba) se han negado a colaborar, lo que significa que un gobierno de derechas no es posible, a menos que ambos partidos rompan con la decisión de no cooperar. Poulsen también podría repetir el intento de formar un ejecutivo de centro con Moderados y socialdemócratas, pero es improbable que Mette Frederiksen lo apruebe, a menos que ella sea la primera ministra –de la misma forma que es improbable que los liberales no quieran poner a su candidato al frente del ejecutivo–. Los liberales se han impuesto un término de 14 días para explorar un acuerdo de derechas, pero, si fracasan, “lo más probable es que se vuelva a la casilla de salida con el encargo de formar gobierno para los socialdemócratas”, vaticina el politólogo Stubager.

Con este escenario político tan enrevesado, cada vez más daneses se cuestionan si es necesario aumentar el umbral del 2% de los votos para conseguir representación parlamentaria, una medida que ayudaría a evitar la escisión de partidos en formaciones más pequeñas. Pero la realidad es que no es posible cambiar las leyes electorales, ni la edad de jubilación ni transformar la agricultura danesa o cualquiera de los temas que se necesitan para gestionar el país si no hay un gobierno que esté pronto en marcha en el Palacio de Christiansborg.

Acuerdo entre PSOE y Sumar para aprobar la congelación de los alquileres. El Consejo de Ministros extraordinario ha aprobado este viernes dos reales decretos-ley, uno con el grueso de las medidas fiscales y económicas para hacer frente a los efectos de la guerra en Oriente Medio; y otro específico en materia de vivienda, tras el plante del socio minoritario de la coalición, que ha retrasado más de dos horas la reunión del gabinete.

Según ha podido saber elDiario.es, el acuerdo se ha cerrado después de que el presidente Pedro Sánchez se haya reunido bilateralmente con la vicepresidenta Yolanda Díaz y, después, con el resto de ministros de Sumar, que reclamaban medidas de vivienda y un control de los márgenes empresariales de las compañías energéticas para aplicar las rebajas del IVA a los combustibles.

En concreto, el primer texto cuenta con 80 medidas, sobre todo fiscales, como la rebaja del IVA al 10% para los combustibles, por un valor de 5.000 millones de euros. Estas durarán el tiempo que sea preciso, ha dicho Sánchez en una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros extraordinario, e incluyen un refuerzo del control a los márgenes empresariales para asegurar que el recorte impositivo se traslada al precio final. También despliega medidas de protección a colectivos vulnerables.

El segundo texto incluye la congelación de los alquileres durante dos años, que se aplicará desde el momento en que se publique en el Boletín Oficial del Estado, aunque a expensas de que los socios puedan tumbarlo en el Congreso. Esta publicación será mañana sábado.

Las dos partes dan por hecho que las medidas en vivienda caerán por el voto en contra de Junts, pero desde Sumar se pone en valor que el Consejo de Ministros haya aprobado este segundo real decreto-ley, que será de aplicación hasta su votación en la Cámara baja en un plazo de 30 días. Si PP y Junts lo tumban, aducen desde el socio minoritario de la coalición, quedarán retratados ante la ciudadanía.

“En este segundo somos conscientes desde el poder ejecutivo que no existe aún una mayoría parlamentaria en el Congreso para poder convalidarlo”, ha reconocido Sánchez durante la rueda de prensa. “Pero no por ello el gobierno de coalición progresista va a renunciar a dar una respuesta a la emergencia habitacional que sufre buena parte de la ciudadanía española”, ha subrayado, comprometiéndose a negociarlo en las próximas semanas.

La primera norma, que el Gobierno ha titulado como Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio, se votará el jueves que viene.

“Este es el compromiso del Gobierno de España, pero también quiero compartir con los ciudadanos el que las guerras cuestan vidas. En estos primeros compases nos van a costar 5.000 millones de euros que podríamos estar destinando a becas, a Sanidad, a dependencia y que vamos a tener que destinar para proteger a nuestro tejido productivo”, ha dicho el presidente, que ha aprovechado para atacar veladamente al PP por “ponerse de perfil” y no decir “claro su rechazo a esta guerra”.

Una rebaja del IVA del combustible al 10%

El Gobierno llevaba semanas con un intenso debate interno sobre si la respuesta a la guerra en Irán debía incluir materias en materia de vivienda, sobre todo después de que el escudo social, con la protección anti desahucios, fuera derogado en dos ocasiones en el Congreso de los Diputados por la negativa de Junts a apoyarlo.

Desde el ala socialista, con el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, al frente de las negociaciones, llevaban días enfriando la posibilidad de adoptar medidas como la congelación de los alquileres que exigía Sumar. Desde Economía subrayaban que los efectos de la guerra se estaban sintiendo sobre todo a través del precio de los combustibles y que estas medidas debían ser “ajustadas” y centralizadas en los sectores más afectados, como el campo o el transporte.

El Gobierno ha introducido, entre las medidas fiscales, una rebaja del IVA de la electricidad y del gas del 21% al 10%, así como una serie de descuentos en la luz y la garantía de suministros básicos, una de las medidas incluidas en el escudo social que tumbó el Congreso. El Ejecutivo ha incluido también el bono social eléctrico y térmico reforzados, ante las subidas de los precios del petróleo y el gas.

En concreto, el real decreto-ley rebaja el IVA de la luz al 10%, suspende el Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE), que es del 7%; y rebaja al mínimo (0,5%) que permite la Unión Europea el Impuesto Especial sobre la Electricidad (IEE). En total, según los cálculos de Moncloa, esto supone una reducción de la factura eléctrica del 60%.

El descuento al combustible se traduce en unos 30 céntimos litro, ha dicho el presidente, si a la rebaja del IVA de los carburantes al 21% se suma la rebaja al mínimo posible por la normativa europea del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos (IEH), hasta los 33 céntimos en el caso del gasoil y los 42 para la gasolina. La rebaja del IVA también aplica a los pellets y a la leña.

Ese especial foco al campo y el transporte se traducirá en ayudas específicas, como descuentos de 20 céntimos al litro de gasóelo profesional y también a la compra de fertilizantes. Estas bonificaciones para los profesionales se harán a través de la Agencia Tributaria.

Además, el Gobierno ha decretado un control reforzado de los precios por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para evitar que estas ayudas engrosen los márgenes empresariales de las energéticas en lugar de trasladarse al consumidor.

El paquete prorroga para todo el 2026 el escudo social del Gobierno, mediante los descuentos extraordinarios del bono social eléctrico (42,5% para vulnerables y el 57,5% para vulnerables severos), el incremento de la ayuda mínima del bono social térmico a 50 euros y la prohibición del corte de suministros básicos (agua y energía) a hogares vulnerables.

Para las electrointensivas, se bonifica en un 80% los peajes eléctricos de transporte y distribución para toda la industria electrointensiva. Esto supondrá, ha dicho el presidente, un ahorro de 200 millones que les permitirá “preservar así su competitividad, su actividad y cientos de miles de empleos”.

En lo laboral, el Ejecutivo ha incluido la prohibición de despedir por causas objetivas derivadas de esta crisis a las empresas que reciban ayudas públicas para mitigarla, como ha adelantado este periódico.

Entre otras medidas “estructurales” el Ejecutivo ha incluido en el paquete de respuesta se incluyen deducciones para la eficiencia energética y la adquisición de vehículos eléctricos, que serán del 15% en el IRPF; así como un impulso a las energías renovables, a través del fomento del autoconsumo compartido y apoyo a las cooperativas energéticas.

Es un proceso que parece imparable. Es como una fuerza gravitatoria que nos arrastra irremediablemente hacia un lugar del que sabemos poco porque nunca hemos entrado. Un agujero negro en la democracia española: un gobierno de coalición con la ultraderecha en el poder. Una caída a un vacío que se evitó in extremis hace ahora tres años y que ahora parece más difícil de esquivar.  

Con Alberto Ortiz, periodista de elDiario.es que cubre la actualidad de los partidos a la izquierda del PSOE, actualizamos cómo están las cosas en estas formaciones que sostienen al Gobierno, así como en el resto de socios de investidura en ese espectro político. Con Irene Castro, que sigue lo que ocurre en La Moncloa, pulsamos las sensaciones que hay ahora mismo en el equipo de Pedro Sánchez, en un momento en el que las elecciones extremeñas certifican lo que dicen las encuestas: que la derecha se mantiene, la ultraderecha se dispara y la izquierda retrocede.

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El ‘maná europeo’ llega a su fin. El Gobierno tiene apenas ocho meses para pedir y gastar unos 33.000 millones de euros, la cuantía que queda por solicitar a la Comisión Europea de los fondos europeos del Plan de Recuperación, ya que el programa termina el 31 de agosto de este año, y para entonces tendrán que estar ejecutadas todas las reformas e inversiones.

El Ejecutivo aprobó a finales del año pasado una flexibilización del Plan de Recuperación original, la que han denominado Adenda de Simplificación, un cambio impulsado por Bruselas para relajar algunos requisitos del programa que canaliza los fondos Next Generation EU. El objetivo no es solo maximizar la ejecución, evitando que se pierda buena parte del dinero en objetivos superfluos sin cumplir. También evitar el fracaso del proyecto estrella de la Comisión que preside Ursula von der Leyen, que puso buena parte de su capital político –al igual que Pedro Sánchez– en que saliera adelante este ‘Plan Marshall’ europeo tras el COVID-19.

Los fondos europeos están en buena parte detrás del éxito económico de España en el último lustro, después del desastre de la pandemia. Según los cálculos del Gobierno que habitualmente desgrana el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, la inyección ha sumado 2,6 puntos de crecimiento del producto interior bruto (PIB) hasta 2024. Y hasta 2031, una vez se haya desplegado el efecto completo de muchas de las reformas vinculadas al Plan de Recuperación, esta aportación será de 3,4 puntos más de lo que habría avanzado la economía en ausencia del programa.

Pero el reto de ejecutarlos al 100% es mayúsculo, y más cuando queda tan poco tiempo. La Comisión Europea adjudicó, en un primer momento, 163.000 millones de euros a España, al ser, junto a Italia, uno de los países más golpeados por la pandemia. Esta cifra estaba dividida en dos grandes patas: una de transferencias, por unos 80.000 millones de euros; y otra de préstamos, por 83.000 millones de euros. Pero la cifra final, después del último cambio del Gobierno, se quedará en 102.700 millones, un 6% del PIB.

Bruselas reduce el daño de la ruptura con Junts

La Adenda de Simplificación, en realidad, lo que ha permitido al Gobierno es rebajar el coste de la complicada mayoría parlamentaria que existe en el Congreso, tras la ruptura de relaciones con Junts y con Podemos marcando cada día más las distancias. El Ejecutivo realizó cambios en más de 160 hitos del Plan de Recuperación, eliminando leyes muy difíciles de sacar adelante o rebajando la categoría de algunas normas para evitarse un revolcón en las Cortes. Leyes como la de Industria, la de Medicamentos o la reforma de la Ley del Suelo ya no están encima de la mesa. Al menos, no vinculadas a partidas millonarias. Sí hay otras innegociables para Bruselas, como la equiparación fiscal del diésel y la gasolina o la de lobbies.

Eso permitirá, en teoría, que la mayoría de los 27.000 millones de euros que quedan de las transferencias a fondo perdido lleguen al Tesoro Público. De los créditos pendientes, el Gobierno ha renunciado a unos 60.000 millones, limitando la cuantía por solicitar a unos 6.500 millones. En La Moncloa justifican el desistimiento en que hay que evitar acumular deuda pública y porque, con la mejora de la calidad crediticia del Estado, ahora es más barato salir al mercado financiero a través del Tesoro español que con la enseña de la Comisión Europea.

“En el momento de inicio de los fondos, esta brecha en el coste [de financiación entre el Tesoro y la Comisión] estaba en torno a los 70 puntos básicos. Prácticamente se ha cerrado esta brecha, en gran medida gracias al buen comportamiento de la economía española”, justificó el ministro de Economía en su última comparecencia en el Congreso.

La renuncia ha sido criticada a partes iguales por el PP y por Sumar. Los populares deploran la “oportunidad histórica desperdiciada” que han supuesto los fondos europeos. Apuntan que solo han servido para que el Gobierno haya sobrevivido durante más de dos años con Presupuestos prorrogados. Desde el socio minoritario del Ejecutivo, su portavoz económico, el diputado Carlos Martín, habló de “error mayúsculo” en un artículo en este periódico por no haber ejecutado los créditos blandos en disparar el parque de vivienda pública.

El Gobierno priorizó en el diseño del Plan de Recuperación la pata de 80.000 millones de las transferencias y no vehiculó los 83.000 millones de créditos hasta julio de 2023, con la primera de las Adendas. Desde el Ejecutivo justifican que la medida fue acertada, ya que impidió engordar la deuda en los primeros años del programa. Esto, además del buen ritmo de la economía, ha permitido esa mejora de la calidad crediticia que, a la postre, ha abaratado el coste de acudir a los mercados con medios nacionales frente a los de la Comisión.

Tres fechas señaladas

La primera fecha marcada en rojo en el calendario es el 20 de enero, cuando se reúnen los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea en el Ecofin. Es ahí cuando la Adenda, ya avalada por la Comisión, debería recibir la aprobación definitiva de los 27 Estados miembro. El Gobierno pedirá el sexto desembolso de los fondos, por valor de 7.000 millones entre ayudas y préstamos, entre finales de este mes y el próximo. El último se solicitará en verano, cerca de la fecha límite del 31 de agosto, ya que el Ejecutivo comunitario tiene de plazo hasta el 31 de diciembre para desembolsar los 26.000 millones restantes.

Hasta entonces, el Gobierno deberá cumplir y justificar 230 hitos que quedan pendientes. Además de ir ejecutando el dinero recibido y el que queda por desembolsar. Según los datos oficiales de la plataforma ELISA, a 30 de noviembre ya se habían resuelto convocatorias por valor de 63.000 millones, prácticamente tres de cada cuatro euros de las transferencias adjudicadas al país, que han llegado a 1,4 millones de beneficiarios, entre empresas y particulares. De acuerdo con los datos desgranados por Cuerpo en el Congreso, a finales de 2025 se aceleró el ritmo, con 2.200 millones de euros ejecutados al mes.

Pero el servicio de estudios del BBVA, en un informe publicado a finales de diciembre, habla de “ritmo insuficiente” en cuanto al gasto de los fondos europeos. “La reciente desaceleración del ritmo de ejecución, del 9% frente a junio de 2025 hasta 1.200 millones de euros mensuales, pone en riesgo cumplir con el calendario y exige aumentar las inversiones en más de un 80% para ejecutar el 100% de lo comprometido en agosto de 2026”, advierte la entidad. El ritmo actual supondría perder el 11% de los 80.000 millones de ayudas, apuntan los economistas del banco, “si bien las nuevas condiciones acordadas podrían ayudar a acelerar este avance”.

“Para alcanzar el 100% de la inversión comprometida dentro del calendario previsto sería necesario un giro claro en la ejecución, con una aceleración superior al 80% del ritmo actual, hasta unos 2.200 millones de euros mensuales de media”, dice el documento. Exactamente la cifra de la que hacía gala el ministro.

El gobierno de coalición no puede aprobar presupuestos, no consigue sacar adelante sus principales proyectos, no tiene mayoría parlamentaria, no da respuesta a la crisis de vivienda ni al aumento del coste de la vida, se suceden las detenciones y registros relacionados por casos de corrupción cercanos al gobierno, el PSOE ha visto entrar en prisión a dos ex secretarios de organización y ahora también le estallan denuncias internas de acoso sexual, pero podría ser peor: podrían gobernar la derecha y la ultraderecha. Ah, bueno.

El “podría ser peor” ha sido el lema de esta legislatura desde su arranque. Las dificultades iniciales para armar una mayoría, las negociaciones con Junts, la amnistía como pago, ya se justificaban hace dos años con el “podría ser peor”: mejor un gobierno progresista en precario que volver a las urnas y que acabasen gobernando PP y Vox. Ah, bueno. A partir de ahí, cada revés y decepción para el votante progresista ha sido encajado con el mismo lema: “podría ser peor”. La legislatura se iba poniendo más y más cuesta arriba, pero había que aguantar porque “podría ser peor”, podría gobernarnos Feijóo con Abascal de vicepresidente. Ah, bueno.

Lo que pasa es que el primer párrafo de este artículo ha engordado tanto, que el “podría ser peor” se pierde en la enumeración, acaba pareciendo poca cosa, insuficiente para sujetar todo lo anterior. Y no es porque la oposición proclame que “el Gobierno está explotando por los aires”, “se cae a trozos”, “se desmorona”, y brinde eufórica por “la agonía del Gobierno”, “el inicio del fin del sanchismo”, “final de ciclo”… Esas frases son de ayer pero también de hace tres meses y de hace un año.

¿Cuánto más va a funcionar el “podría ser peor”? Después de otra semana terrible, hoy suena tan amargo como la canción del mismo título de La casa azul: “podría ser peor / nuestra frase favorita de despertador / el recurso eterno socorrido y sanador”, “podría ser peor / nuestro mantra favorito, nuestra religión / la premisa incontestable, el quid de nuestro amor”. Es una canción que habla del desgaste terminal de una pareja, pero sirve igual para cantar el desánimo político: “va a costar / hacer ver que no hay dolor, que todo sigue igual / esconder los desperfectos y disimular”, “y la verdad / es que ya no me apetece recapacitar / ni poner en marcha nada ni recuperar / algo de emoción”…

Me perdonaréis el tono deprimente, habría preferido citar hoy a Robe en su muerte, pero el ambiente político suena más a canción bajonera. No parece que el gobierno, empeñadas todas sus fuerzas en resistir y perdido el control de la agenda, esté por la labor de “poner en marcha nada ni recuperar algo de emoción”, retomar la iniciativa política o impulsar la agenda social (empezando por la vivienda) y que sean otros partidos los que se retraten en el parlamento. De tanto aguantar por aguantar, sin más programa político que el “podría ser peor”, la continuidad del gobierno aleja la llegada al poder de la derecha y la ultraderecha tanto como la acerca, si al final el gobierno y sus socios llegan desfondados a las urnas.

Cada vez que decimos eso de “podría ser peor, podrían gobernar la derecha y la ultraderecha”, recuerdo la famosa escena de El jovencito Frankenstein en el cementerio: cuando el doctor se queja de lo asqueroso que es desenterrar un ataúd, y entonces Igor le dice: “Podría ser peor. Podría llover”. Y en efecto, se pone a llover.

Sumar ha decidido comenzar ya el ciclo electoral y su primera cita será la conferencia política que tendrá lugar el próximo fin de semana, y en la que, según ha adelantado este lunes en rueda de prensa su coordinadora general, Lara Hernández, apostará por “una coalición amplia, una candidatura única que sume, que una y sobre todo que de certezas al pueblo progresista”. Hernández no ha dado detalles sobre qué formaciones podrían unirse a esta candidatura ni quien la liderará.

En rueda de prensa, la dirigente de Sumar ha asegurado que todas las formaciones, así como asociaciones y movimientos sociales, estarán invitadas a la conferencia. Y ante la pregunta de si Podemos será una opción para una coalición a nivel nacional, la coordinadora ha insistido: “Abrimos puertas y ventanas a formaciones políticas y mucho más”.

Con motivo de las próximas elecciones autonómicas en Extremadura, el grupo de Yolanda Díaz acelera la precampaña también a nivel nacional. Pablo Bustinduy, Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 por Sumar, ya se descartaba como cabeza de lista de una futura coalición el pasado fin de semana en una entrevista a elDiario.es, donde añadía que Yolanda Díaz “ha demostrado ser una candidata excelente” y daba pistas sobre una posible apertura de la coalición a otros grupos: “Toda la gente progresista comparte la necesidad de aunar fuerzas para defender lo que creemos frente a la ola ultra”.

En esta misma línea ha citado el enfrentamiento entre la extrema derecha y la alternativa progresista, ha seguido Lara Hernández: “España tiene que elegir entre democracia y autoritarismo”. El reto en el que ponen el foco desde Sumar es disputar el voto “a la abstención” y el “desencanto”, principales opciones de la juventud, según la coordinadora.

Para ello, presentarán en su conferencia política un plan para “refundar el Estado de Bienestar”: “No se trata solo de defenderlo como señala el PSOE”, apuntan. Se centrarán en lo que llaman “políticas pre-distributivas”, cuyas medidas concretas incluyen “transporte público gratuito y universal, una renta básica para la juventud, prestación universal por crianza y herencia pública universal”. El objetivo, sostienen, es “acabar con la desigualdad de cuna”.

Carles Puigdemont ha solemnizado esta semana la ruptura de Junts con el PSOE, y anuncia que a partir de ahora sus siete diputados en el Congreso retiran su apoyo al Gobierno de coalición. No es la primera vez que Puigdemont anuncia esta decisión tan drástica y, de hecho, su grupo ha tumbado varias leyes importantes para el Ejecutivo en estos dos años que llevamos de legislatura. ¿Cuál será la diferencia esta vez? Estamos en la antesala del final de la legislatura o asistimos a una nueva coreografía de cara a un votante en Catalunya que, como en el resto de España, está cambiando.

Con Neus Tomàs, subdirectora de elDiario.es y responsable de su edición en Catalunya, analizamos las claves que hay detrás del último órdago lanzado por los nacionalistas catalanes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y cuáles pueden ser sus consecuencias. 

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“Esto no va de Sánchez o ultraderecha, va de Sánchez o de decencia”. Así ha reclamado una vez más a los socios del Gobierno el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que dejen de apoyar al presidente del Gobierno. Consciente de que su principal impedimento para lograr ningún respaldo de los partidos del Congreso es precisamente su alianza con Vox, el jefe de la oposición ha intentado convencer al PNV o Sumar de que abandonen al PSOE. Pero no ha ofrecido nada, solo agravios contra ellos.

Feijóo se ha dirigido expresamente a los diputados del PSOE, de quienes ha dicho que no “espera nada” porque “son de la lista de Cerdán”, en referencia al ex secretario general del PSOE en prisión preventiva. Tampoco confía en que EH Bildu deje caer a Sánchez porque “es peor robar que matar”. A Sumar le ha espetado: “La semana pasada estaban muy enfadados, ¿cómo están hoy? Tenemos muchas expectativas. La esperanza de los españoles es que el partido del señor Ábalos y del señor Errejón arreglen esto”.

A quioen más tiempo ha dedicado Feijóo es al PNV. “¿Han revisado los motivos por los que apoyaron la moción en 2018? Uno no sabe si viven subyugados o subvencionados, aunque se sabrá. ¿Quién les ha visto y quién les ve?”, ha asegurado. “Esto no va de derecha o ultraderecha, va de Sánchez o decencia”, ha añadido el líder del PP, quien ha reclamado una “purga moral”.

Y ha zanjado: “Allá ustedes, tengo claro dónde estoy. Del lado de la decencia. Los españoles lo saben. Igual que saben dónde están ustedes y lo demostrarán en las urnas”.

A quien no ha mencionado Feijóo en ningún momento es a Junts.

Feijóo ha concluido su primera réplica al presidente del Gobierno con un alegato a favor de una moción de censura que no ha mencionado. “Esto no va de Sánchez o ultraderecha, va de Sánchez o decencia”. El líder del PP ha reclamado una “purga moral” y ha reiterado su mensaje a los socios: Allá ustedes, tengo claro dónde estoy, del lado de la decencia. Los españoles lo saben. Igual que saben donde están ustedes y lo demostrarán en las urnas“.

Elecciones anticipadas

En su réplica específica a Sánchez, Feijóo no ha añadido ninguna novedad a lo dicho en los últimos meses. “¿Recuerda sus carcajadas desde la tribuna? Ya se ríe menos”, ha arrancado, en referencia al discurso de investidura del presidente del Gobierno.

“No hay maquillaje que tape” lo ocurrido. “Ni numeritos de cordero degollado” ha añadido. “Ha resultado ser un fraude. Ha sostenido todos estos años una gran metntira. No vino a limpiar nada, si no a ensuciarlo todo. Su partido, la política y la nación de la que no es digno representante”, ha dicho.

“Esta legislatura nació de una transacción corrupta pero hoy sabemos que la corrupción fue el origen de todo”, ha planteado. “Todos han cooperado como organización criminal. No eligió a personas equivocadas para hacer cosas correctas, eligió a personas correctas para hacer las cosas equivocadas que necesitaba para llegar al poder y mantenerse”, ha asegurado Feijóo.

“No es falta de control, es falta de decencia”, ha asegurado Feijóo. “Lo mejor es confesar lo que sabe, ayudar a devolver el botín y convocar elecciones. No tiene otra”, ha concluido.

Feijóo cae al fango

En su réplica, Feijóo ha arremetido con dureza contra Sánchez, después de que el presidente del Gobierno haya recordado las condenas por corrupción contra el PP y sus altos dirigentes en el pasado, así como sus propias declaraciones al respecto.

“Ha tenido el cuajo de compararse conmigo”, le ha dicho. “¿Con quién vive usted?”, le ha espetado sobre su esposa. “¿De qué prostíbulos ha vivido usted? Es partícipe a título lucrativo del abominable negocio de la prostitución? Quiere ilegalizar su biografía, no se compare conmigo”, ha espetado, en referencia a los negocios del suegro de Sánchez, ya fallecido. “He sido honesto con usted, no se lo acepto”.

Antes, Feijóo había salido en defensa de Felipe González. “Es cruel hasta con los suyos”, ha dicho.

Y ha vuelto a dirigirse al PNV. “Ustedes verán. Les acabarán llamando fachas. El PSOE acabará pactando con Bildu. Se quedarán sin gobierno, sin principios y sin votantes. Allá ustedes”. La portavoz del PNV, Maribel Vaquero, ha replicado: “Ni la presión ni el insulto van a mover un ápice nuestra firme voluntad. ¿Cree que va a gobernar tratando de desacreditar al adversario? ¿Qué más sabe hacer? Ustedes no están para dar lecciones a nadie. Lo que verdaderamente están haciendo es engordar a la extrema derecha”. Y ha respondido por los ataques a la esposa de Sánchez: “Ha demostrado una educación política impropia, haciendo mención a familiares. Es una línea roja que en política nunca se puede traspasar”.

Este viernes se ha hecho público el acuerdo de gobierno alcanzado entre los grupos municipales en el Ayuntamiento de Almagro del PSOE y Por Almagro, suscrito el pasado 5 de mayo.

Este acuerdo fue el instrumento político que permitió la presentación de la moción de censura contra el anterior alcalde, Francisco Javier Núñez, del PP, y que culminó con la elección de Francisco Ureña Prieto, del PSOE, como nuevo alcalde en el pleno Extraordinario celebrado el 19 de mayo de 2025.

El documento recoge los compromisos de ambas formaciones para formar un equipo de Gobierno “sólido y coordinado”, así como una hoja de ruta de trabajo conjunta que tiene como objetivo principal impulsar el desarrollo del municipio en áreas clave como el patrimonio histórico, la cultura, la educación, los servicios públicos, las infraestructuras y la planificación urbana.

Entre los puntos más relevantes del acuerdo se contempla la participación del grupo Por Almagro en la Junta de Gobierno, la celebración de reuniones periódicas de seguimiento, la distribución de responsabilidades y la planificación de actuaciones concretas para los próximos años.

Ambos grupos han acordado también “garantizar la transparencia y el respeto institucional mutuo” como pilares fundamentales de la nueva etapa política.

En la radio municipal, los portavoces de PSOE y Por Almagro han manifestado que “el punto en común entre ambos partidos para firmar este acuerdo no ha sido otro que trabajar por y para Almagro” y que ambas formaciones “se comprometen a trabajar con responsabilidad, diálogo y cooperación para construir un Almagro con más oportunidades y mayor calidad de vida para todos y todas”.

El nuevo equipo de Gobierno asume este compromiso como una oportunidad para promover políticas públicas centradas en el bienestar de la ciudadanía, atendiendo a las necesidades del municipio con una gestión eficiente, participativa y orientada a resultados.

En 2024 el Gobierno sacó adelante 25 leyes publicadas en el BOE. En 2022, en la anterior legislatura, con otras mayorías y una izquierda menos dividida, fueron 74 leyes, en 2021 fueron 65. Una constante es que lo que el Gobierno aprueba, el Congreso lo puede tumbar. Así cayó el Decreto Ómnibus, que lo llamaron así porque incluía muchas cosas, y así cayó el impuesto a las grandes energéticas. Hay muchas medidas que se anuncian y nunca salen adelante, que se pierden en el laberinto parlamentario.

Laura Olías nos cuenta el recorrido que le queda a la reducción de jornada y Alberto Ortiz las posibilidades que hay de que se derogue la Ley Mordaza. Además, Gabriela Sánchez nos explica una medida que ha salido adelante pero que ejemplifica la vulnerabilidad parlamentaria: la Ley de Extranjería. Acabamos con José Enrique Monrosi, con el que hablamos de la ausencia de Presupuestos Generales del Estado para este año.

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Recientemente en España ha sido necesaria una reforma de la ley de extranjería para dar respuesta al reparto de menores migrantes que han cruzado nuestra frontera después de que vayas comunidades rechazaran su acogida, lo que evidencia “un fracaso colectivo” como sociedad en palabras de Gonzalo Fanjul (Oviedo, 1971).

El investigador de la fundación 'porCausa' y experto en migraciones recibe a elDiario.es con motivo de su visita Pamplona para participar en un encuentro de la Universidad Pública de Navarra (UPNA) sobre el modelo migratorio.

Lamenta que la izquierda haya “comprado” el marco de la extrema derecha de ver la inmigración como un problema y asegura que la gestión de la frontera de Gobierno de coalición es de las peores de la “historia democrática”. Apuesta por un cambio de modelo que facilite la llegada de migrantes de manera regular, ya que asegura cada uno de ellos aporta un beneficio al Estado de 3.500 euros al año.

¿Por qué  un país que acogió en 2024 a 90 millones de turistas parece que se colapsa con la llegada de 4400 niños y adolescentes?

Es muy difícil de explicar. No es solo que hayamos acogido a 90 millones de turistas, es que somos la decimocuarta economía del mundo, un país de casi 50 millones de personas, con un Estado perfectamente operativo y con una capacidad de acogida muy por encima de lo que se podría pensar viendo el carajal que se ha montado en Canarias con la respuesta del conjunto de las comunidades autónomas. Esto solo lo explica la radioactividad que acompaña el debate de las migraciones y muy especialmente cuando hay menores involucrados.

¿Qué opina de la palabra MENA (menor extranjero no acompañado)?

Es una palabra que se ha convertido en un arma arrojadiza desde el punto de vista retórico y político. El único punto donde Vox y la ultraderecha realmente han conseguido hacer mella es precisamente en estigmatizar a los menores no acompañados que vienen a nuestro país. Eso ha creado una situación de pánico completamente artificial en la sociedad con respecto a chavales que en esencia no son diferentes de ningún otro adolescente. La adolescencia es muy complicada en cualquier caso, mucho más si vienes solo, no tienes recursos y estás en una sociedad que es hostil contra ti. Yo he tenido la oportunidad de hablar con muchos de estos chavales y cuando uno escucha sus historias y les da la oportunidad de incorporarse a la conversación, la historia que recibe es completamente diferente. Animo a la gente a escuchar a asociaciones como 'ExMenas', a gente como Ismail El Majdoubi, una persona absolutamente brillante que es capaz de contar una historia y un relato de estos chavales completamente diferente.

Hablaba de que la radioactividad del debate sobre las migraciones se hace más grande todavía cuando se trata de menores. ¿A qué cree que se debe?

Lo que esconde el debate sobre los menores extranjeros no acompañados es un profundo racismo, es algo que es fácil de observar en el debate de Canarias. Hay algo fundamental que se está rompiendo en nuestra sociedad cuando algunos partidos consiguen convertir el lugar de origen o el color de piel en el elemento determinante y consiguen establecer una barrera insalvable entre nosotros y ellos, olvidándose de que son niños y, muchas veces bebés, cuando imponemos normas absolutamente coercitivas, cuando estamos vulnerando la ley, por ejemplo, encarcelando a menores, como tantos casos que se han probado en Canarias o se probaron en su momento en otras zonas de España. Cuando una sociedad no es capaz de cuidar de sus niños, aunque esos niños vengan de fuera, es que tiene un problema muy serio y empieza a dejar de ser una sociedad decente.

¿Cree que España es un país racista?

Sí, por supuesto que lo es. No sé si es más o menos racista que otros, pero yo creo que sería muy ingenuo ignorar que para nosotros el color de piel o el origen importa. Es también un país aporofóbico, es evidente que el nivel de renta de las personas que llegan importa mucho además de su color de piel. Pero sí, sin duda hay ejemplos constantes rutinarios de racismo en nuestro país, y desde luego, la política migratoria es una política racista. Hay racismo a la hora de alquilar o de no alquilar, hay racismo en las escuelas, hay racismo en la regularización, hay racismo en todas partes.

Una sociedad que no es capaz de cuidar de sus niños, aunque vengan de fuera, deja de ser una sociedad decente

¿Se falla como país cuando hay que obligar por ley a las comunidades a acoger a menores migrantes?

Se falla, pero se falla más si el Estado no es capaz de imponer este tipo de criterios. Cuando la sociedad, los partidos, las comunidades autónomas no son capaces de llegar por su cuenta a un acuerdo en este sentido, el Estado está obligado a intervenir para garantizar derechos fundamentales. Esa no es una opción, es una obligación del Estado el garantizar que estos niños tengan una acogida razonable porque somos un país decente y porque somos un Estado de Derecho. Las normas de protección que España ha firmado son normas que están escritas en piedra. Por eso las devoluciones en caliente son ilegales, o el encarcelamiento de menores es ilegal, o la no protección de un niño es ilegal, porque eso está incumpliendo convenios internacionales que España ha firmado y que ha incorporado a nuestra legislación, y que obligan al Estado tanto como en cualquier otra norma.

Me refería a si se falla cuando hay que llegar al extremo de obligar por ley porque haya comunidades que no quieran acogerlos.

Todo lo que ha ocurrido con la acogida en Canarias es un fracaso colectivo y una vergüenza colectiva.

Una encuesta del CIS situó a la inmigración como la principal preocupación de los españoles.

Yo todavía tengo dudas de si la preocupación de los españoles es la migración o la política migratoria. Si se trata de la política migratoria, yo estoy de acuerdo con los españoles. Creo que esta política migratoria genera caos. Genera caos en el camino hacia la frontera, en la propia frontera y también al interior de nuestros países fomentando un modelo de migración irregular porque tenemos un modelo de puerta estrecha. Pero no estoy seguro de que los españoles tengan un problema real con los migrantes como tal. De hecho, España creo que es uno de los países en donde la integración social, económica e incluso cultural se ha producido con más naturalidad.

Mencionaba que la política migratoria actual fomenta la migración irregular. ¿Cómo así?

La inmigración tiene una explicación muy simple. Hay un efecto de empuje fundamental que es la diferencia de ingreso, la idea de que desplazarse de un punto más pobre a un punto más rico puede transformar tus oportunidades en la vida. Pero hay un factor fundamental de atracción que no es el que dice la ultraderecha habitualmente, el verdadero efecto llamada es el dinamismo de la economía, es decir, la posibilidad de que tú puedas realizar esas aspiraciones económicas que tienes. España es un país en donde hay empleo y además hay necesidades estructurales de mano de obra en casi todos los niveles de cualificación. Y esas necesidades estructurales están siendo cubiertas por una población migrante que son parte fundamental del dinamismo de la economía española. Mientras esa economía siga siendo atractiva, esa población va a seguir llegando a nuestro país y, por lo tanto, lo que necesitamos es adaptar el modelo migratorio a las necesidades de nuestra economía y abrir la puerta para que la oferta y la demanda de mano de obra puedan adaptarse con más naturalidad. Lo contrario es una microgestión del Estado, que en la práctica lo que está haciendo es poner palos a la economía y forzando a la gente a trabajar en la economía sumergida.

¿Y qué está fallando para que no se produzca esa adaptación del modelo migratorio?

De nuevo falla la política. Es un modelo radioactivo en donde todo lo que es racional, justo e inteligente en política migratoria en realidad tiene muy poco que ver con los incentivos electorales. Cualquier partido o cualquier gobierno que anuncie medidas ligeramente aperturistas o que flexibilicen la política migratoria va a ser castigado de manera inmisericorde. El PP sabe perfectamente que esto es lo que hay que hacer, de hecho ha realizado algunas propuestas interesantes en el Congreso de manera discreta para racionalizar la política migratoria, pero si el Gobierno anuncia una política en esta dirección lo van a criticar de manera inmisericorde y, además, tienen en la nuca el aliento de la ultraderecha, que mantiene no solo un discurso que es inmoral por muchas razones, sino que además es esencialmente idiota desde el punto de vista económico y demográfico.

¿Se le ha comprado el marco a la extrema derecha?

Completamente. La ultraderecha en Europa, el nacionalpopulismo, no ha necesitado llegar al Gobierno para determinar las políticas migratorias. Y nos encontramos con que no solo en aquellos países donde gobiernan, Meloni en Italia o Viktor Orbán en Hungría, sino también en aquellos países donde no gobiernan, han conseguido establecer el marco narrativo y político de la política de la política migratoria, influyendo a partidos de centroderecha, pero también a partidos de centroizquierda. Lo que está haciendo España en la frontera es una política de ultraderecha. Lo que está haciendo el Gobierno de Scholz en Alemania cuando interrumpe Schengen para reintroducir controles migratorios, es una política de ultraderecha. La política socialdemócrata en Dinamarca, que es abiertamente antiinmigración, es una política de ultraderecha. En todos estos países la ultraderecha no ha necesitado llegar al poder para imponer su marco, su lógica migratoria.

Lo que está haciendo España en la frontera es una política de ultraderecha

¿Ha fallado la izquierda?

Creo que sí. La izquierda falla porque está completamente a la defensiva. Está esquinada, no tiene ideas, una alternativa. Yo creo que aquí estamos atrapados en una lógica de la migración como problema. Hay quien ve la migración como una amenaza y hay quien ve la migración simplemente como una tragedia, pero siempre como un problema, siempre hay algo que hay que evitar. Yo me rebelo ante quienes dicen que hay que detener a los migrantes, pero me rebelo también ante quienes dicen que hay que ayudarles a no emigrar, como si la migración fuese una maldición. En realidad, todos somos el resultado de un movimiento, es muy raro la gente que nace, vive y muere exactamente en el mismo sitio. Todos somos el resultado de un desplazamiento por amor, para buscar prosperidad... Esa es la migración llevada a su lógica macro.

¿El Gobierno de coalición está gestionando la política migratoria de manera muy diferente a la que lo haría un gobierno de PP con Vox?

En algunas cosas sí, desde luego. Creo que este es un Gobierno un poco como Doctor Jekyll y Mister Hyde. En la frontera está haciendo lo mismo que hicieron gobiernos anteriores e incluso peor porque está expandiendo las políticas de externalización fronteriza, está haciendo acuerdos con autocracias como Mauritania para aplicar las peores formas de control migratorio, y extendiendo una industria de control migratorio que está haciendo un negocio fabuloso. Creo que en ese sentido es de los peores gobiernos que hemos visto en nuestra historia democrática.

Sin embargo, en materia de arraigo y de movilidad laboral, creo que es un gobierno que ha dado pasos que tienen muy pocos precedentes. Con las tres reformas que se han hecho del Reglamento de Extranjería, primero con la incorporación de los menores extutelados, después con la primera reforma del sistema de arraigo, y ahora con la última reforma que se ha hecho, creo que España se coloca muy por delante de otros países de nuestro entorno. España es un país que da una oportunidad a la gente para integrarse en la sociedad y es un país garantista en materia de derechos fundamentales, también para las personas que no tienen papeles. Es un país que empieza a entender que a menos que cambiemos las normas de integración laboral, vamos a tener un serio problema en la economía. Todavía tenemos que dar muchos pasos, sobre todo en abrir el tamaño de esa puerta para permitir que la gente llegue fundamentalmente por una vía legal, segura y ordenada, pero se han dado pasos importantes. La retórica del Gobierno va claramente a contracorriente de la del resto de Europa y eso también tiene mucha importancia. Cuando el Gobierno, de manera explícita, reconoce la importancia de la migración, reconoce esos derechos y habla de la migración en términos positivos, como yo creo que el presidente Sánchez hace de manera continuada, tiene una importancia enorme.

Una vez se ha comprado el marco de ver la inmigración como un problema, ¿cree que es posible salir de él?

Yo creo que sí. Tenemos un problema con este modelo, que es un modelo migratorio roto que genera costes directos y de oportunidad que, en mi opinión, están mucho más allá de lo aceptable, pero su antítesis tampoco es un modelo deseable. Yo tampoco quiero un modelo de puertas abiertas, de simple importación de mano de obra barata para alimentar un sistema desigual en donde tengamos ciudadanías de diferentes clases y donde el inmigrante simplemente sea una especie de commodity en el sistema. Yo quiero una tercera vía, quiero un sistema con mucha más migración, más flexible, pero que sea un sistema muy garantista, con derechos.

Los migrantes no vienen a ocupar el empleo de los españoles, sino que vienen a incrementar la tarta de la economía, vienen a generar beneficios. Esos beneficios son los que van a sostener el Estado de bienestar del futuro, sobre todo en una sociedad que se acerca a zancadas a un invierno demográfico, lo que desde el punto de vista económico y de sostenimiento del Estado de Bienestar es un verdadero suicidio. Yo quiero una tercera vía en la que se eleve el rasero para el conjunto de la sociedad, para quienes estaban aquí y para quienes vienen de fuera, pero pagando impuestos, haciendo contribuciones a la seguridad social y alimentando un sistema fiscal que tiene que garantizar la vivienda, empleo digno, la salud, la educación… es decir, un Estado del Bienestar para todos.

Los datos muestran que los migrantes aportan más a la economía de lo que reciben.

Siempre ha sido así, porque si no fuera sí la población migrante no vendría. En España desde finales de los 90 hasta el año 2008 la migración creció de manera acelerada y en el año 2008 se cortó de forma tajante. Eso no fue porque de manera mágica las barreras a la inmigración empezasen a funcionar, sino porque hubo una crisis económica que simplemente eliminó los incentivos para que la gente viniese y, durante unos años tuvimos incluso tasas negativas de migración, salía más gente de la que llegaba. En la medida en que la economía empezó a convertirse en algo atractivo, la gente empezó a llegar.

La realidad es que llega gente que es más joven, en un país que tiene un sistema de protección social, yo creo que menos desarrollado que el de otros países, y en donde incluso la población migrante en situación irregular está aportando casi tanto como lo que reciben del Estado. Pero cuando pasan a ser regularizados, y este es un estudio que hizo ‘porCausa’, nos encontramos con que cada trabajador o trabajadora regularizada supondría un beneficio neto para el Estado español de 3.500 euros por persona y año. Es decir, la regularización es un negocio en realidad. Esta es una lógica que se extiende a todos los países a donde llega la migración, la migración aporta mucho más de lo que recibe a los estados en los que se establece.

¿Cuántos migrantes hace falta regular para que el Estado del Bienestar sea sostenible?

Lo que hace falta fundamentalmente es que el sistema no necesite regularizaciones. Si se tienen mecanismos de acceso al mercado de trabajo para trabajadores inmigrantes que se adapten con naturalidad a las necesidades del mercado, por ejemplo, expandiendo ideas como el visado de búsqueda de trabajo, abriendo más oportunidades de contratación en origen, expandiendo las formas de migración circular, es decir, facilitando todos estos mecanismos, se reducirán los incentivos para venir aquí de manera irregular. La inmensa mayoría de las personas que están sin papeles en España han venido en avión y proceden de América Latina, y son gente que entraron de manera legal en nuestro país y luego han caído en eso que se llama la irregularidad sobrevenida. Si alteras el sistema para que esa gente no tenga que quedarse la irregularidad sobrevenida, sino que puedan venir directamente con un visado de trabajo a nuestro país, estás cambiando por completo el mercado.

La migración aporta mucho más de lo que recibe a los estados en los que se establece

¿Por qué cree que al Gobierno le cuesta dar paso en el tema de las regularizaciones?

Creo que el Gobierno considera que lanzaría el mensaje equivocado en Europa y daría más argumentos a la ultraderecha en este sentido. Yo creo que en la práctica eso no es así porque la ultraderecha no necesita excusas para decir memeces, las dice de manera constante, miente y manipula todo lo que sea necesario. Además, es algo que cuenta con el apoyo de un espectro tan amplio de la sociedad. Yo siempre digo desde el Soviet de Getafe hasta la Conferencia Episcopal. Hasta incluso el PP y los partidos de derecha en el Congreso se han mostrado partidarios de hacerlo. El único que está jugando con fuego ahí es Junts, un partido que a veces coquetea con la xenofobia más explícita en nuestro país. Pero en realidad yo creo que esto podría obtener un apoyo muy amplio del Congreso y el Gobierno no tendría por qué asumir ese riesgo político porque podría convencer a la derecha y llegar a un acuerdo para una regularización.

Menciona a Junts. ¿El acuerdo para que la Generalitat gestione los permisos de residencia o las devoluciones de migrantes alienta ese discurso xenófobo?

Alienta el desgobierno de las migraciones y eso es una mala idea. Es parte de este pactismo de corto plazo en el que el gobierno está obligado a desenvolverse para ir sacando adelante su política o sus presupuestos y creo que Junts es un socio muy poco fiable en este sentido porque igual que el PP está acogotado por Vox, Junts está acogotado por Aliança Catalana, un caladero de votos de ultranacionalistas xenófobos. Es algo que estamos viendo también en la izquierda, en Alemania ha estado a punto de entrar en el parlamento un partido antiinmigración de izquierdas. La política migratoria necesita una estabilidad en el tiempo que encaja mal con estos vaivenes a los que está siendo sometida.

El PSOE y Sumar negocian en el seno del Gobierno de coalición “algún tipo de medida que permita compensar a aquellos pocos trabajadores que tuvieran que tributar por el salario mínimo”. Así lo ha expuesto este martes en declaraciones a los medios en el Senado la vicepresidenta primera, María Jesús Montero. Ayer mismo también lo señaló la vicepresidenta segunda y líder de Sumar en el Ejecutivo, Yolanda Díaz. Ambas mantenían una disputa sobre el pago del impuesto de la renta por parte de quienes perciben el mínimo legal por una jornada completa de trabajo.

La también ministra de Hacienda ha sostenido que la posible medida sería exclusivamente de aplicación a aquellos trabajadores que perciben el SMI y que no son ya objeto de alguna exención, pero no a otras personas cuyos ingresos estén referenciados al indicador oficial.

La reciente subida del SMI aprobada por el Gobierno de coalición supuso situar el indicador en los 1.184 euros en 14 pagas. El Ministerio de Hacienda confirmó el pasado mes de febrero que, por primera vez, el salario mínimo estaría sujeto a tributación por el impuesto de la renta. Una decisión que va más allá de quienes cobran este SMI. Una decisión que provocó las quejas de Sumar cuya líder en el Gobierno, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha capitaneado las sucesivas subidas del salario mínimo.

Hacienda ha defendido hasta ahora que la mayor parte de trabajadores que ganan el salario mínimo seguirá sin sufrir retenciones por el IRPF. Hasta ahora, Hacienda había ido adaptando el mínimo exento del impuesto sobre la renta a los incrementos del SMI, asumiendo el coste que supone para las arcas públicas. Esta vez, había decidido no hacerlo.

El informe de la comisión de expertos para el SMI de este año incluye precisamente un apéndice en el que la Agencia Tributaria aporta los cálculos sobre cuántas personas trabajadoras que perciben el salario mínimo pagarían IRPF en 2025 si Hacienda no elevaba el umbral exento. Aproximadamente, son medio millón. La mayoría, solteras y sin cargas, el 20% de las cerca de dos millones y medio en total que cobran “este suelo de ingresos digno”. Muchas de ellas, jóvenes, en sus primeros empleos.

Montero ha insistido que “solo” ese 20% de los trabajadores que cobran el salario mínimo podrían verse beneficiados por la negociación abierta con Sumar. Y ha explicado: “Estamos trabajando en ver si arbitramos alguna propuesta que pudiera compensar a estos trabajadores, que como digo, son pocos pero que tendrían que tributar con esta nueva subida del SMI. Esto es lo que estamos hablando. Estamos trabajando en ello”.

Yolanda Díaz, ayer: “Lo anómalo era no hablar”

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, aseguró este lunes por la noche, en una entrevista en Televisión Española, que había conversado con Montero por la mañana y que su equipo le había trasladado a Hacienda una propuesta formal para tratar de llegar a un acuerdo sobre esta materia. “Me gustaría que encontremos un acuerdo en el seno del Gobierno”, dijo la líder de Sumar en el Ejecutivo que desde el primer momento ha advertido al PSOE que si ese pacto no se da activarán todos los mecanismos parlamentarios para que los perceptores del salario mínimo no tributen el IRPF. 

Aunque no han trascendido los detalles de la propuesta que Trabajo envió a Montero en la tarde del lunes, Hacienda parece más receptiva ahora que en el último mes a llegar a un acuerdo con Díaz, después de varias semanas de tensiones entre ambas carteras. “Lo anómalo era no hablar, hemos pasado una propuesta que mañana trabajaré con ella”, dijo anoche Díaz, que no desveló ningún detalle sobre el contenido para evitar negociar en los medios de comunicación. 

Este viernes termina el plazo para que Hacienda pueda plantear un veto a las tres proposiciones de ley que están registradas en el Congreso para cambiar los planes de la parte socialista del Gobierno y forzar un cambio legal para que quienes cobren el SMI no paguen IRPF. Una de esas proposiciones es del PP, otra de Podemos y otra de Sumar, que registró su propio texto tras conocer por los medios de comunicación que Montero se negaba a seguir eximiendo a estos perceptores de tributar el impuesto de la renta. 

Hasta ahora, ninguna de las dos partes había movido sus posiciones. De hecho, la semana pasada Hacienda confirmó sus planes para vetar la iniciativa en la Mesa del Congreso, una prerrogativa que le concede la Constitución con normas o enmiendas que afectan a los Presupuestos Generales del Estado. Como respuesta, Sumar manifestó que estaba dispuesta a unir sus votos al PP para levantar ese veto en el Congreso y permitir que las leyes sigan su camino parlamentario.

A poco más de una semana para que concluya el primer trimestre del año, la idea de sacar adelante unos Presupuestos Generales del Estado en 2025 es, en realidad, una pantalla pasada. Según todas las fuentes parlamentarias consultadas y según admiten también en el Ejecutivo, la negociación entre el ministerio de Hacienda y los socios del Congreso para sacar adelante unas cuentas ni siquiera existe a día de hoy. Porque el turbulento clima político que ha llevado en los últimos meses al Gobierno a cosechar sonadas derrotas en la Cámara Baja hace tiempo que instaló en la Moncloa el convencimiento de que no se dan las condiciones políticas para abordar con unas mínimas garantías de éxito esa negociación presupuestaria. Una realidad que Pedro Sánchez desvincula de la estabilidad de la legislatura.

“Si no hay acuerdo, pues se prorrogan los Presupuestos. Pero sin ninguna duda. Porque lo que necesitamos ahora mismo es estabilidad”, respondió el presidente del Gobierno a preguntas de la prensa durante su comparecencia del jueves en Bruselas. Sánchez insistió en el argumentario de que su equipo “sudará la camiseta” para sacar adelante unas nuevas cuentas. “Nosotros estamos hablando con los grupos parlamentarios. Estamos trabajando con ellos. No renunciamos a presentar los Presupuestos Generales del Estado y lo que estamos haciendo con ellos es trabajar y ver exactamente qué factibilidad hay”. Un mensaje público que, sin embargo, choca con lo que admiten en privado fuentes de la máxima responsabilidad que pertenecen al equipo del presidente.

“Todo el mundo vio que las cosas se complicaron con Junts desde navidades con el tema de la cuestión de confianza y una serie de negociaciones que han sido complicadas. Es verdad que la cosa con ellos ahora ha mejorado, pero no solo depende de Junts. Es complicado y cada vez tenemos menos tiempo”, explican esas mismas fuentes, que alejan la hipótesis de que la ministra de Hacienda y vicepresidenta primera se presente en el Congreso a defender un proyecto de Presupuestos sin apoyos, tal y como se comprometió en su día. “Los llevaría si hubiera agua en la piscina. Si no, no. Esto es un instrumento político, no un show”, apuntan.

En ese contexto, y con una semana parlamentaria más en la que la coalición de PSOE y Sumar encajan una derrota en el Congreso tras caer la Agencia Estatal de Salud Pública, el mensaje de Moncloa se reorienta al objetivo de normalizar que se gobierne con unos Presupuestos prorrogados sine die y de despejar cualquier atisbo de adelanto electoral.

“Con los presupuestos que tenemos, que son presupuestos de una administración de un gobierno de coalición progresista, estamos liderando el crecimiento de las principales economías avanzadas, creando empleo, dando respuesta a muchas de las políticas sociales que están inscritas en los acuerdos de investidura que he firmado con los grupos parlamentarios”, dijo el presidente el jueves además de incidir en que, con las cuentas prorrogadas, ha seguido subiendo el gasto en defensa, que es el principal compromiso que tiene ahora con los socios de OTAN y de la UE. 

La vía catalana

Por si faltara una certificación pública al carpetazo político a los Presupuestos de este año, ésta llegó en boca de Oriol Junqueras, líder de ERC y uno de los socios imprescindibles del Gobierno de Pedro Sánchez. “Si el PSOE no cumple los acuerdos, no solo no tendrá Presupuestos en 2025, sino que no tendrá opción tampoco en 2026”, dijo en una entrevista en Televisión Española.

Tras el pacto con el Gobierno para la condonación de hasta 17.000 millones de euros de deuda catalana, el principal acuerdo suscrito entre el PSOE y los republicanos que está pendiente de concretarse es el de la denominada “financiación singular” para Catalunya. Ese compromiso, adquirido en el marco de la negociación para la investidura de Salvador Illa como president de la Generalitat, aún está por desarrollarse y todas las partes admiten de la complejidad de su puesta en práctica, principalmente en lo referente a la recaudación de todos los impuestos por parte de la administración autonómica.

Desde el PSOE y desde la Generalitat confían, no obstante, en que la Comisión Bilateral Estado-Generalitat pueda cerrar los detalles de ese plan antes del verano. Y que eso, implique, por tanto, que Esquerra dé por satisfecha su demanda. Un escenario que los socialistas catalanes confían en que abra de par en par las puertas de unos nuevos Presupuestos para Catalunya en 2026 y que favorezca también el clima de entendimiento en la política estatal de cara a unas hipotéticas cuentas del año que viene.

Junts, otra vez con PP y Vox contra el Gobierno

La realidad de marzo de 2025 para el Gobierno es que rara es la semana en que no sufre un tropiezo parlamentario que da muestras de la dificultad para ahormar una mayoría en el Congreso que sustente los planes del Ejecutivo. El último ocurrió este jueves, cuando sucumbió la creación de la Agencia Pública de Salud, rechazada por PP, Junts y Vox. Algo que el presidente del Gobierno calificó de “lamentable”.

“Para mí es muy lamentable, como presidente que he sido durante la pandemia, ver que partidos de gobierno que han sufrido también la pandemia en sus propias carnes desde las instituciones en los años 2020, 2021 y 2022, por un cálculo partidista, que no lógico ni racional ni de defensa del interés general, han votado en contra de esta agencia”, reprochó.

La derrota de la ley que impulsaba la Agencia Pública de Salud ha resultado dolorosa en el seno del Ejecutivo. La creación de ese organismo fue una de las conclusiones de la comisión de reconstrucción tras la pandemia y entonces, salió adelante con la unanimidad de los grupos. “Creemos que es una absoluta irresponsabilidad. Es un síntoma más de la oposición destructiva y una oposición absolutamente sin rumbo, que te vota que sí en las comisiones, luego vota que no en el Pleno. Bueno, es lo que tenemos”, dijo el presidente en referencia al PP de Alberto Núñez Feijóo, a quien recordó que en el proyecto se aceptaron algunas de las enmiendas que planteó su grupo. Ninguna crítica expresa, sin embargo, pronunció sobre Junts.

Además de esa derrota, la semana parlamentaria dejó otra foto complicada para el Ejecutivo. En otra votación, la coalición de Gobierno se mostró dividida a la hora de apoyar el aumento del gasto en defensa. Algo a lo que el propio presidente le quiso restar importancia. “Esta es una discrepancia histórica”, valoró sobre la posición de Sumar convencido de que, a pesar de esa votación simbólica sin efecto legislativo, la división no tendrá consecuencias a la hora de acelerar el aumento del gasto en defensa, como se ha comprometido con la UE y la OTAN. “Sumar respeta los compromisos europeos que tiene España y este es un compromiso europeo”, subrayó el presidente, que la semana que viene comparecerá en el Congreso para explicar los planes de España al respecto y para recolectar, con toda probabilidad, el reproche a los mismos de gran parte de la Cámara.

Una cosa tengo clara: el Gobierno tiene la intención de acabar la legislatura; y otra más, la parte minoritaria de ese gobierno tampoco está interesada en que se acabe. Y otra: la coalición de investidura, tomados de uno en uno o a pares, tampoco quiere que caiga el Gobierno. El que el Gobierno aparezca continuamente en tenguerengue no debe alarmar, está construido como los edificios japoneses, preparado para los sismos, que ya se esperaban frecuentes en la previsión meteorológica de esta legislatura. Se cimbrea, da camballás. Sin embargo, no cae pero da su miedo y pasto al periodismo. Ciertamente -esto ya es más especulativo-, en el fondo, ni Feijóo quiere que caiga, aún no.

El PSOE tiene como acentuada tradición, costumbre observada en gobiernos de coalición en todos los niveles, maltratar a sus coaligados. Resistir dentro de sus gobiernos se debe, a veces, más a la firme convicción de que fuera es peor la supervivencia o a que son antesala de proyectos unitarios futuros.

De ese mal trato se escapó Podemos, resabiado de cómo se vive en un gobierno, además, siendo minoría de minoría, coaligado de los coaligados del patrón. De estas maneras de vivir, los que más saben son los catalanes y vascos, desde los tiempos de Pujol y Arzalluz, es decir, de Aznar y González y sus concesiones para mantenerse. Pero de todo se aprende, ya no hay monopolio a dos y todos los socios quieren su dividendo y el mínimo de arañazos.

La incomparecencia y la huida de la performance parlamentaria aumenta la especie difundida de que el Gobierno está haciendo mutis por el Congreso de los Diputados

El actual gran meneo lo protagoniza la aprobación de los presupuestos. No importa que no los haya, eso dicen desde presidencia del Gobierno, mientras la oposición berrea elecciones y uno de sus efectivos irregulares, Felipe González, tacha de inconstitucional una prórroga, al descartar la Constitución a partir del punto 4 de artículo 134 de la citada Constitución. Solo le sirve una parte del artículo.

Cierto que el que no haya presupuestos, la ley más importante dicen los clásicos, no paraliza la economía en estos tiempos lozanos y exuberantes para el Gobierno, cuestión reconocida por los agentes internacionales; sin embargo, la incomparecencia y la huida de la performance parlamentaria aumenta la especie difundida de que el Gobierno está haciendo mutis por el Congreso de los Diputados. 

Pero, ¿por qué? Es obvio, al Gobierno le espera un duro papel en la gran interpretación teatral parlamentaria con el resultado final previsto de rechazo de los presupuestos -abucheos incluidos- y que, por ello, acabarían, eso dice Constitución, igualmente en prórroga. Luego, por qué una escenificación de tal magnitud pudiendo no hacerlo.

Pero hay algo más, el Gobierno, los socialistas, se libra de la ritualidad expuesta a la vista de tener que conceder mucho a sus socios parlamentarios para que salieran adelante -mejor a cencerro tapado- y ya ha cedido bastante, poco si se analiza con detenimiento, pero mucho si se acude a lo simbólico y a lo propagado por la oposición patriótica siempre atenta a lo catalán o vasco que proporciona dividendos caídos del cielo a la España más integrista y a las cándidas bases de las izquierdas españolas, igualmente patrióticas, y cuadros territoriales.

Los socios parlamentarios están cómodos con que no tengan que discutir a la luz los presupuestos, se ahorran debilitar al Gobierno, que no quieren que caiga, se hacen más visibles, adquieren identidad y poder decisorio aunque sea el del desempate, y hasta consiguen que sus posiciones programáticas sean las protagonistas en el debate público

Pero volviendo al trato socialista a los coaligados. Los de ahora ya se lo saben y la relación bilateral con Junts, un caso de niño revoltoso, es toda una pedagogía.

Los socios parlamentarios están cómodos con que no tengan que discutir a la luz los presupuestos, se ahorran debilitar al Gobierno, que no quieren que caiga, se hacen más visibles, adquieren identidad y poder decisorio aunque sea el del desempate, y, en ciertas circunstancias, hasta consiguen que sus posiciones programáticas sean las protagonistas en el debate público, gracias, paradójicamente, a una oposición mediática ávida de meneos.

Pongamos por ejemplo, el anunciado incremento en gastos en Defensa, se ahorran retratarse a favor o en contra, con consecuencias si fuere en sede parlamentaria. Otra cosa son los programas de TV o radio, más florales que otra cosa y con maquillaje.

Sin embargo, habrá más gasto en Defensa por otras vías, como por cierto viene siendo tradicional, y sin participación parlamentaria; como también habrá esquiva parlamentaria en cosas de la guerra, histórica, si no, repásese el papel opaco de José María Aznar y sus guerras. Conviene recordar que fue en un Consejo de Ministros, presidido por el muy constitucional, Felipe González, donde se decidió que las actas del JIMDDU, máximo órgano para la autorización del comercio exterior de material de Defensa y doble uso, fueran secretas, acogiéndose a la ley de secretos oficiales aprobadas en tiempos de Franco que aún navega en aguas constitucionales; una ley muy constitucional por lo que se ve y mucho menos por lo que oculta. 

En fin, que no habrá presupuestos y sí más gasto en Defensa, todos contentos, y nada de fotos como si se hubieran reunido sus señorías en un gran centro comercial en Chile. 

El ganador de las elecciones alemanas, Friedrich Merz, anticipa ya un acuerdo de gobierno entre su partido, la conservadora CDU, y los socialdemócratas del SPD para formar una gran coalición que gobierne el país. “Con el SPD sumamos 328 parlamentarios, por lo que formaremos una coalición. Es lo que queremos y tengo el apoyo del comité ejecutivo [de la CDU]. Ya hemos tenido conversacione preliminares [con el SPD]”, ha señalado Merz esta mañana en una rueda de prensa para comentar los resultados.

La clarísima victoria de la CDU en las elecciones de anoche, el descalabro del SPD y la aritmética parlamentaria resultante abocan a un acuerdo entre los dos grandes partidos para cerrar el paso a la extrema derecha, que ha alcanzado un resultado histórico con el 20% de los votos. En una rueda de prensa este mediodía, el todavía canciller, Olaf Scholz, repitió que la derrota es “amarga” y que seguirá en el cargo hasta el traspaso de poderes al nuevo Gobierno. Si ha de darse una gran coalición, el primero en dar el paso para las negociaciones tendrá que ser el ganador, el demócrata cristiano Friedrich Merz, según ha indicado el colíder del partido y posible futuro portavoz parlamentario, Lars Klingbeil, apenas 20 minutos antes de que Merz revelase que ya se habían producido contactos informales.

Merz ya ha indicado cuáles serán las primeros asuntos que se discusión. Ha criticado la última reforma electoral, que según sus cuentas perjudica a su partido de manera “inaceptable”, de forma que requerirá una nueva modificación. También la política industrial, que a su entender el SPD ha descuidado y le ha supuesto perder electoralmente plazas tradicionales. “Tenemos que hablar sobre el futuro de la industria en Alemania”, ha dicho.

El vencedor de los comicios también se propone endurecer la normativa sobre migraciones. “Proponemos una nueva ley migratoria y me imagino que los socialdemócratas estarán dispuestos a hablar del tema para resolver el problema”, ha avanzado.

Voz unida frente a Trump

La política exterior es una cuestión particularmente candente en una Europa en plena crisis por el giro del Donald Trump respecto al apoyo a Ucrania y la imposición de aranceles como instrumento diplomático preferente. “Después de las afirmaciones llegadas desde Washington la semana pasada, se hace evidente que en Europa tenemos que actuar con rapidez”, ha señalado Merz, para añadir: “En Europa tenemos que establecer nuestras propias capacidades defensivas”. Y a preguntas de los periodistas, ha insistido: “Todos las señales que vienen de EEUU muestran que su interés por Europa flaquea claramente. Espero que podamos convencer a los estadounidenses de que es de interés mutuo tener unas buenas relaciones transatlánticas”.

Si en la sede de los democristianos el aplauso al inicio del acto fue rotundo, en la comparecencia de los líderes del SPD, el ambiente era muy contenido. El actual canciller, Olaf Scholz, asumió la responsabilidad por los malos resultados y dijo que no dimitirá inmediatamente, sino que esperará a la formación del nuevo Gobierno. La colíder del partido, Saskia Esken, le agradeció su esfuerzo, pero admitió que el partido no lográ conectar con los electores y su “incertidumbre” por los cambios contemporáneos, también en materia geopolítica, además de mostrarse preocupada por el rotundo auge de la extrema derecha de AfD. “Si llegan al poder será el fin del país”, ha pronosticado. El otro líder de los socialdemócratas, Lars Klingbeil, ha dicho que la decisión de empezar los contactos para una coalición de Gobierno le corresponden a Merz, y que serán los miembros del SPD quienes tomen la decisión final.

Jaume Asens (Barcelona, 1972), abogado de profesión y político durante los últimos diez años, ha participado en algunos de los acontecimientos más decisivos de la política española reciente. Al lado de Ada Colau alcalzó el Ayuntamiento de Barcelona en el momento más dulce de los espacios del cambio y de Podemos; junto a Pablo Iglesias trabajó para alumbrar el primer gobierno de coalición en España, y ha sido a menudo enlace con el independentismo para hacer posible negociaciones como la de la moción de censura o la amnistía. 

De todo ello da cuenta ahora en el libro de memorias Los años irrecuperables (Ediciones Península). Pero esa solo es una parte de su trayectoria. La otra es la del joven estudiante de Filosofía y Derecho, activista contra la globalización y abogado de causas sociales que nunca pensó que entraría en política. El fundador del despacho Francesc Layret –en honor al abogado republicano y catalanista asesinado en 1920–, que se distinguió por defender causas como las de víctimas de balas de goma, la PAH o grupos anarquistas, y que tras pasar por la acusación del caso Palau se acabó haciendo un nombre como azote de la corrupción política.

Actualmente es diputado en el Parlamento Europeo, puesto para el que fue elegido en las elecciones de junio de 2024, Asens atiende al teléfono desde Bruselas. 

Sorprende el título del libro: Los años irrecuperables. Más allá de lo obvio sobre el paso del tiempo, ¿cree que el ciclo que se abrió para la izquierda con el 15M y Podemos es también irrecuperable?

El título es el que Stefan Zweig quiso para el libro al que finalmente puso El mundo de ayer, cuando envió el último manuscrito antes de suicidarse. Lo que evoca es un mundo que no volverá y un ciclo político que ya acabó. Pero lo hago con una actitud distinta a la tristeza y pesimismo de Zweig, al que la historia no le dio la razón, porque el fascismo cayó. El libro defiende la esperanza no como la certeza de la victoria, sino como el sentido de la lucha. Ahora estamos muy mal, en términos europeos, en el conjunto de la izquierda y en nuestro espacio político, pero el destino no está escrito. Tras la tormenta el sol vuelve a salir y no se rinde.

En el libro destacan dos grandes protagonistas al margen de usted: Ada Colau y Pablo Iglesias. ¿Por qué?

Yo estoy en una posición comprometida respecto a los dos, porque he sido muy amigo de ambos y las personas vemos la realidad a través de los afectos. Con Ada hay un antes y un después en la política en Barcelona. Aunque los proyectos son colectivos, también hay quien por sus características puede destacar por encima de los demás y tiene capacidad de marcar camino. De ser figura de consenso. En el caso de Ada nos permitió ganar las elecciones en Barcelona en 2015. 

Pablo tenía características similares, pero con una cultura más madrileña, más brusco. Cada vez que los acontecimientos avanzaban veloces, él se lanzaba a las olas sin vacilar. Leía bien el momento, cogía delantera. Sin duda el Gobierno de coalición fue hijo de su capacidad de aguante y sus movimientos tácticos. 

A ambos los conoció en los años 90 y 2000 como activista y abogado de movimientos sociales, etapa a la que dedica la mitad de sus memorias. ¿Cómo ha condicionado su faceta política su experiencia previa como abogado de activistas?

Mi visión del mundo y la política están atravesadas por eso. Básicamente lo que hice fue poner el derecho al servicio de las luchas sociales. El derecho es expresión de poder, pero también una aspiración de justicia de quien se rebela contra él. Cuando el poder se vuelve ilegal en sus manifestaciones, entonces la protesta y la desobediencia, como puede ser la ocupación de un hospital para reclamar sanidad pública, son el primer derecho a recuperar. Una parte de la batalla política se articula en torno al derecho. Ser abogado de activistas ha sido mi trinchera. 

Del Vaquilla a Lluís Maria Xirinacs y de los desalojados del Cinema Princesa o víctimas de balas de goma a presos de la cárcel de Guantánamo... ¿Cuál de los casos que ha llevado a lo largo de su trayectoria le ha marcado más? 

Uno que pasó desapercibido: el de Jorge Bolancel, un joven de 18 años al que asistí en la comisaría de Cornellà en 1997. Al cabo de unas horas de salir se suicidó, porque después de ser torturado y maltratado se sintió culpable, porque sus compañeros le echaron en cara que hubiese colaborado con la policía. Ese fue un episodio que no salió en prensa, pero a mí me acompañará el resto de mi vida.

Algunas de las campañas iniciadas entonces contra la violencia policial y que finalmente lograron abrirse paso, como la prohibición de balas de goma en Catalunya, hace décadas eran impensables. 

La lucha anti represiva era de minorías, de los márgenes. No estaba en la agenda política. Recuerdo como en la Comisión de Defensa del Colegio de Abogados nos miraban con extrañeza tanto la derecha como la izquierda. Montserrat Tura [consellera de Interior por el PSC] me dijo que si los manifestantes podían ir encapuchados, los agentes también. Un argumento de pobre concepción democrática sobre el orden público. La lucha contra la impunidad institucional ha sido larga y tortuosa. Poner cámaras en las comisarías tenía el rechazo de la derecha, y cuando lo hizo el Tripartito se le echaron todos encima. Son victorias irrenunciables. 

Uno de los destinatarios de las protestas sociales en los 2000 era el Ayuntamiento de Barcelona, en manos socialistas. ¿Cómo hubiera reaccionado si alguien le hubiera dicho que gobernaría con ellos en 2015? 

Sencillamente no me lo habría creído, y menos gobernar en posición de socio mayoritario. Era inimaginable directamente entrar en política. Quizás con cierta mirada arrogante, pensábamos que era más importante lo que hacían los movimientos sociales que los partidos políticos. No nos planteábamos la hipótesis institucional. Vivíamos un cierto desborde activista, que fue in crescendo hasta el 15M, el punto álgido, y siempre había un desalojo que parar, un detenido que asistir y una asamblea a la que acudir. Todo era muy frenético. 

Quizás con cierta mirada arrogante, pensábamos que era más importante lo que hacían los movimientos sociales que los partidos políticos. No nos planteábamos la hipótesis institucional.

En 2014 se lanzó Podemos y se creó el germen de Barcelona en Comú. Pudo ir de candidato a Bruselas con los primeros, como desvela en el libro, pero se acabó decantando por los segundos. ¿Por qué? 

Creo que primaron las amistades. He hecho muchas cosas en mi vida por amistad. En Madrid tenía a Pablo, que me empujaba a dar el paso, pero en Barcelona conocía el terreno. Soy de los que piensan que no hay nada más idiota que sacrificar una amistad por la política. 

Habla mucho de la amistad, a raíz de las rupturas que ha habido dentro del llamado espacio del cambio o de Podemos. ¿Amistad y poder son como agua y aceite? 

Pueden resultas incompatibles, porque la amistad es un afecto puro, desinteresado, y el poder en cambio conlleva relaciones tóxicas. La fama, la ambición, los juegos de sillas, los egos… Todo esto agudiza las diferencias y acaba corrompiendo las almas más puras. Por eso está el dicho de que están los enemigos mortales y luego los compañeros de partido. Esta es un poco la historia de Podemos. Su núcleo fundador era un grupo de amigos que estalló en mil pedazos cuando apareció el poder. Es cierto que aparecen diferencias ideológicas, pero el trasfondo tiene que ver con esto. Es una lección de cara al futuro, para hacer política de otra forma, sabiendo los peligros que entraña el poder.  

Está el dicho de que están los enemigos mortales y luego los compañeros de partido. Esta es un poco la historia de Podemos.

Su capacidad para mantener relaciones y simpatías con otros espacios políticos, especialmente el soberanista, le han valido a menudo la etiqueta de independentista dentro de su espacio. ¿Se siente cómodo con ella? 

Siempre hemos sido críticos con los partidos procesistas, pero se nos ha asociado a ellos para defender sus derechos como si esto último significase que estamos de acuerdo con ellos. A mí me vetaron bajo esa premisa de haber sido demasiado empático con ellos. 

Le vetó el PSOE para formar parte del primer Gobierno de coalición como ministro. También a Gerardo Pisarello por el mismo motivo.

No lo hicimos público en su día, pero han pasado ya unos años. El PSOE me criminalizó mucho en esa campaña electoral [de 2019] por defender cosas que han acabado defendiendo ellos, porque han aprobado una amnistía, unos indultos y han derogado la sedición. 

Esos contactos con el universo independentista fueron útiles para la moción de censura de 2018 y para mantener buenas relaciones en el Congreso. Dice incluso que llegó a existir un grupo de Telegram entre el vicepresidente Iglesias, Carles Puigdemont, Toni Comín y usted.

Sí, pero duró muy poco [ríe]. A Pablo no le parecía adecuado, sino más bien arriesgado, tener un grupo de Telegram así mientras era vicepresidente. Veía bien tener reuniones con ellos, pero el grupo se borró bastante rápido. 

Más adelante, en las negociaciones para la amnistía de cara a la investidura tras las elecciones generales de 2023, jugó un papel de sherpa con contactos con Puigdemont y su abogado Gonzalo Boye. ¿Cómo fueron aquellas conversaciones?

La primera conversación sobre el escenario que se produjo tras las elecciones fue con Salvador Illa, que me convocó a su despacho. Tras el resultado electoral empecé a hablar con Comín, Puigdemont, Boye… Cuando las cosas parecían encalladas, fue importante la reunión de la vicepresidenta Yolanda Díaz con Puigdemont. Decidimos condicionar la conversación con una reunión rápida en septiembre. Los socialistas nos criticaron, mucha gente no lo entendió, pero al final ellos [el PSOE] se la hicieron [la foto], y tarde o temprano Sánchez se la hará con Puigdemont. Durante meses estuvimos solos planteando la amnistía. 

Otro episodio clave es su dimisión, cuando se descuelga como candidato a las elecciones generales en 2023. Se lo reprocha a Yolanda Díaz. ¿Por qué le vetaron?

No digo que me vetaran, de hecho no cuento lo que sucedió… 

Lo que dice en el libro es que tras su dimisión le reprocha a Díaz que no se hicieran bien las cosas. 

En política la vida interna de los partidos puede ser tumultuosa y con cambios de guion, y a veces toca perder. Igual que es importante saber comprometerse, también lo es saber irse. En ese momento pasaron cosas en mi partido que no me gustaron, pero no lo cuento en el libro y tampoco lo haré ahora. Decidí irme sin reproches ni segregando bilis, sino deseando suerte al proyecto. 

El espacio de Podemos y las confluencias fue capaz de formar el primer Gobierno de coalición en España. Pero también está ahora en sus peores resultados desde su surgimiento. Es una pregunta recurrente en la izquierda, pero ¿qué se ha hecho mal?

Qué se ha hecho mal y qué se ha hecho bien. Una de las grandes victorias de nuestro espacio se llama Gobierno de coalición y Pedro Sánchez. E igual que cuando le preguntaron a Thatcher por su mayor victoria y ella dijo que era Toni Blair, que le había comprado sus tesis, nosotros hemos conseguido que el PSOE de Sánchez se emancipe del de Felipe González y el bipartidismo. Les obligamos a mirar a la izquierda hasta el punto que su apuesta inicial era gobernar con Ciudadanos y no pudo. De inicio el PSOE nos trataba como apestados, que no podría dormir si gobernaba con nosotros. Luego pasó lo mismo con ERC y con Bildu. Ahora pasa con Junts. A nosotros nos toca ser pegamento y pista de aterrizaje de estos actores. 

Una de las grandes victorias de nuestro espacio se llama Gobierno de coalición y Pedro Sánchez. Igual que cuando le preguntaron a Thatcher por su mayor victoria y ella dijo que era Toni Blair, que le había comprado sus tesis

Pero eso no lo ha hecho el PSOE por voluntad. Con eso quiero decir que todas las reformas del Gobierno de coalición han tenido nuestro sello. ¿Electoralmente no lo hemos capitalizado nosotros? No. Pero no somos profesionales de la política, los partidos son instrumentos. Esta creo que es una parte de la explicación de la bajada del espacio del cambio. Evidentemente también tiene que ver con la división interna y las peleas en las que estamos instalados permanentemente. Hay muchos factores, podríamos encontrar más. El reto es reconectar como lo hicimos tras el 15M con las mayorías sociales y no caer en tentación de encerrarnos en resistencialismos identitarios y melancólicos, que es una de las tentaciones de la izquierda alternativa. 

Esta es problema que afronta la izquierda también a nivel europeo. En su nueva etapa de eurodiputado desde 2024, ¿cómo cree que las formaciones progresistas deben encarar una ola reaccionaria que ya gobierna en varios estados?  

Existe una tentación grande de replegarse a posiciones defensivas y conformarse en la noble tarea de resistir. Pero no podemos permitirnos el lujo de abandonar la política de la responsabilidad. Cuando sopla tanto el viento tienes dos opciones: esperar a que cambie de dirección y quejarse o ajustar las velas para seguir con el rumbo e intentar ser más audaces, más precisos, más pragmáticos. Y es más necesario que nunca encontrar espacios de encuentro, pero para ello lo primero que hay que hacer es desinflamar. Es muy difícil reconstruir y reencontrarse con los compañeros en medio de reproches constantes. Con un ascenso de la extrema  derecha tan bestia, a la gente le genera desafección ver nuestras batallitas, que muchas veces son discrepancias de forma pero no de fondo. 

¿Otro reto es conseguir mejoras en las condiciones materiales de vida de la población, como el acceso a la vivienda o el precio de la compra, que la ciudadanía puede percibir que los gobiernos de izquierdas no están garantizando?

Aquí hay cierta disonancia cognitiva. Por un lado, tenemos datos económicos que señalan que la economía española es de las mejores de Eiropa, la que genera más puestos de trabajo. Pero al mismo tiempo hay disfunciones estructurales que cuesta solucionar y la gente quiere resultados tangibles a corto plazo. En vivienda por ejemplo llevamos años de retrasos y es cierto que no hay una varita mágica que solucione los problemas, pero hemos arrastrado al PSOE para hacer la primera Ley de Vivienda. 

Esta semana está siendo decisiva para el futuro de la guerra de Ucrania y el papel que Europa debe jugar en ella. ¿Cuál cree que debe ser la implicación de la UE en esta nueva etapa? 

Es un momento muy delicado, porque se impone el principio fuerza por encima de fuerza del derecho. El orden surgido de la Segunda Guerra Mundial se está desmoronando. No es solo Rusia, también Estados Unidos aspira a quedarse con Canadá y Groenlandia, en un nuevo modelo de relaciones internacionales con dos fuerzas imperiales que tienen en común el nacionalismo autoritario. Pero este momento oscuro entraña también oportunidades. Europa ha avanzado a base de crisis y tenemos una oportunidad de mayor integración, de emanciparnos de Estados Unidos. Cuando Trump amenaza con llevarse las bases militares no deja de ser una buena noticia, nos pone ante la posibilidad de tener una auténtica autonomía estratégica.