Bruselas permite reducir el 'daño' del bloqueo de Junts a las leyes pendientes de fondos europeos

Pedro Sánchez ha asumido que la ruptura de Junts no es un órdago y que no tendrá estabilidad parlamentaria lo que queda de legislatura. Lo que más inquietaba al Gobierno de ese bloqueo es lo que tiene que ver con las leyes comprometidas en el Plan de Recuperación pactado con Bruselas tras la pandemia. Cerca de 27.000 millones de euros dependían, entre otras cosas, de una decena de leyes pendientes de aprobación; pero la renegociación del Ejecutivo con la Comisión Europea ha otorgado flexibilidad a España y, con ella, ha permitido reducir el daño del bloqueo legislativo, acrecentado por el ‘no’ de la formación que lidera Carles Puigdemont. 

El Ejecutivo lleva meses negociando con Bruselas los cambios al Plan de Recuperación. En la Comisión Europea cundió el pánico hace tiempo, cuando al acercarse el fin del plazo para el desembolso de los 648.000 millones, los estados miembros sólo habían gastado el 35% y planteó flexibilidades a los gobiernos. España cogió el guante y ha negociado nuevos cambios en el plan inicial que le permiten facilitar la llegada de miles de millones de euros, según adelantó El País. El ejecutivo comunitario también gana porque minimiza el fracaso de la medida estrella de su presidenta, Ursula von der Leyen, con el máximo desembolso de fondos posible. 

El ministro Carlos Cuerpo ha defendido este martes que la adenda aprobada permite mantener “el grado de ambición”, pero se acelera la ejecución de hitos y objetivos para conseguir recibir el máximo de los 80.000 millones en subvenciones que se asignaron a España en el marco del Plan de Recuperación, que vence en agosto de 2026. Entre los cambios que el Gobierno ha negociado con Bruselas está la desaparición de algunos compromisos que requerían una aprobación con rango de ley. 

El compromiso para subir el diésel sigue

No obstante, la casuística varía y algunos de los hitos vinculados a legislación permanecen, como la ley para regular los lobbies o la retirada de los beneficios al diésel. Fuentes gubernamentales apuntan a que se trata de asuntos mollares de las políticas europeas, como el estado de derecho o la transición ecológica. Aunque en el Gobierno asumen que están maniatados en algunos casos por Junts, por Podemos, por el PP o por el PNV, como es el caso del diésel, aseguran que seguirán intentándolo para intentar reducir al máximo el impacto que la debilidad parlamentaria tendrá en los fondos pendientes. Tampoco se ha salvado la ley de garantías y uso racional de los productos médicos.

En todo caso, el Gobierno gana oxígeno al minimizar la vinculación con los fondos europeos que tenían hasta ahora determinadas normas condenadas al fracaso. El titular de Economía ha puesto dos ejemplos: la Ley del Suelo, que ha fracasado en dos ocasiones; y la de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero. En el caso de la primera, Cuerpo ha explicado que se sustituye esa exigencia por hitos relacionados con la creación de la empresa pública de vivienda y la transformación del SEPES. Lo que ha subrayado es que se mantiene “el objetivo en cuanto a la ambición en el área de vivienda, pero modificando, adaptando a la realidad de las medidas tomadas y previstas por el Gobierno español”. En el caso de la autoridad del cliente financiero, proyecto pendiente desde 2023, ha señalado que se “desvincula de los hitos del plan de recuperación”, aunque seguirá adelante su tramitación parlamentaria.

Además de las dos normas anteriores, fuentes ministeriales confirman a elDiario.es que quedan fuera de los hitos obligatorios la ley de familias; el Estatuto Marco de Sanidad, que tiene en pie de guerra a los sanitarios; o la ley de universalidad de la sanidad que el Gobierno prevé aprobar pronto para poner coto a privatizaciones como las de la Comunidad de Madrid. 

Lo que enfatizan en el Ministerio de Economía es que “el hecho de que se retiren como hito no significa que no se vaya a hacer”. “Simplemente, decae de realizarse en el plazo de agosto de 2026”, agregan. 

Por ejemplo, es el caso de la reforma de la Ley de Defensa de la Competencia. Se trata de la norma que permitió al Gobierno intervenir en la fallida opa hostil del BBVA al Banco Sabadell. En este caso, al haber una directiva que obliga a su trasposición, puede excluirse del Plan de Recuperación a efectos de su cumplimiento antes del 31 de agosto de 2026. Sin embargo, España está obligada a hacer cambios para adecuar la legislación a la normativa europea y, de no hacerlo, se expone a una multa de Bruselas.  

El Gobierno renuncia a 60.000 millones en préstamos

El Gobierno, eso sí, ha reducido considerablemente la ambición del Plan de Recuperación. La cuantía final será de 103.000 millones de euros, 60.000 millones menos de lo que se esperaba movilizar, debido a la renuncia a tres cuartas partes de los créditos que puso la Comisión Europea a disposición del Ejecutivo español. 

El programa se diseñó con dos patas: una, de ayudas no reembolsables, por valor de 80.000 millones de euros; y otra, de préstamos, con una cuantía de 83.000 millones. El Ejecutivo se centró en gastar y en ejecutar la primera, la que no se ha de devolver, mientras que la de los créditos quedó aparcada hasta 2023.

El ministro Cuerpo ha justificado esta renuncia porque los créditos de la Comisión han dejado de ser atractivos. Ahora mismo el Tesoro español puede financiarse a unas condiciones mejores. Y no asumir estos préstamos implica, además de mayor flexibilidad en su uso, no engordar la ratio de deuda pública.

En total, el Gobierno ha modificado 160 objetivos de los 300 que quedaban pendientes y, según fuentes de Economía, menos de una veintena son en relación con leyes ya aprobadas o en tramitación, con el objetivo de que los técnicos de la Comisión tengan más viable la verificación de su cumplimiento.

La actualización que ha aprobado el Consejo de Ministros este martes tendrá que recibir la luz verde de la Comisión Europea, primero, una decisión que podría llegar la próxima semana; y del Consejo Europeo, después, algo que podría llegar en enero o, como tarde, en febrero.

El Ejecutivo prevé solicitar esos 27.000 millones pendientes de transferencias y 6.500 millones de los préstamos. Será en dos desembolsos: uno en torno a febrero, cuando las autoridades europeas aprueben definitivamente la Adenda; y otro, hacia finales del verano, cuando termina el plazo de ejecución.