Benidorm pide un 'rescate' al Gobierno para pagar parte de la sentencia que le condena a pagar 352 millones por Serra Gelada

El Ayuntamiento de Benidorm pide el rescate al Gobierno para evitar el colapso de sus cuentas tras el varapalo judicial por la indemnización de Serra Gelada. El consistorio dirigido por el también presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez (PP), ha solicitado formalmente un rescate al Gobierno de España a través del Fondo de Impulso Económico tras la demoledora sentencia de 352 millones de euros como compensación urbanística. Esta indemnización millonaria, reconocida por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), supone una carga inasumible para el municipio, dado que su presupuesto para 2026 se estima en apenas 146 millones de euros.

La solicitud de adhesión al Fondo de Impulso Económico se ha tramitado por decreto de Alcaldía para obtener un crédito inicial de 55 millones de euros. Esta cantidad busca cubrir solo una parte de la deuda total, que duplica con creces la capacidad económica anual de la ciudad. El Fondo es un mecanismo del Ministerio de Hacienda destinado a ayuntamientos saneados que necesitan financiación para atender sentencias judiciales firmes con tipos de interés más bajos, situados en torno al 3,5%.

Sin embargo, esta ayuda conlleva un compromiso a largo plazo: el préstamo deberá devolverse en un periodo máximo de 12 años. Este calendario de amortización implica hipotecar el presupuesto municipal y condicionar las inversiones de la ciudad hasta el año 2038. La decisión se ha tomado con urgencia al coincidir con el último día de plazo para adherirse a este mecanismo estatal, y dos días después de que los dueños del suelo hayan pedido la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo.

La crisis se agrava tras las recientes decisiones judiciales que han dejado al consistorio con un margen de maniobra muy limitado. El Tribunal Supremo ya se ha pronunciado anteriormente sobre la nulidad de los convenios urbanísticos del APR-7, rechazando los recursos municipales y ratificando que los acuerdos firmados en 2003 para compensar a los dueños del suelo eran ilegales al vulnerar la protección ambiental de la zona.

Además, el escenario jurídico se volvió crítico cuando el Tribunal Constitucional inadmitió el recurso de amparo presentado por el Ayuntamiento contra la sentencia que fijaba el justiprecio. Al agotarse la vía constitucional, la condena económica se volvió firme, obligando al municipio a afrontar el pago inmediato de los 352 millones de euros, una cifra que incluye el valor del suelo y los intereses de demora acumulados durante años.