Los dueños del suelo de Serra Gelada piden ejecutar la sentencia que obliga al Ayuntamiento de Benidorm a pagar 350 millones

Los dueños del suelo del parque natural de Serra Gelada de Benidorm a los que, vía judicial, el ayuntamiento tiene que pagar una compensación de 350 millones de euros han pedido la ejecución de la sentencia para que se efectúe el desembolso.

Se trata de las empresas Murcia Puchades Expansión SL y Urbana Villajoyosa 2000 SL que son propietarias del sector APR-7 de Serra Gelada y que, en una instancia a la que ha accedido EFE, han pedido que se ejecute ya la sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia valenciano que condena al ayuntamiento benidormí.

Los 350 millones de euros se sustentan en unos terrenos que dejaron de ser urbanizables cuando se protegió la zona como parque natural, y en la instancia judicial presentada por las empresas propietarias ante la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Alicante se solicita la ejecución forzosa porque consideran que “no parece que el consistorio haya actuado con la diligencia debida” y que “haya desplegado actuación alguna” para dar cumplimiento a la sentencia condenatoria firme.

La petición se sustenta en la sentencia número 343 de 23 de mayo de 2024, dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCV, que condenó al consistorio al pago de 283.055.750 euros, más intereses legales desde la reclamación, por aprovechamientos urbanísticos de terrenos propiedad de ambas empresas.

Los intereses acumulados hasta la fecha ascienden a 69.565.797 euros, elevando el total reclamado a 352.621.547euros.

La demanda subraya que la ley obliga a las administraciones a cumplir las sentencias firmes y que la dilación en su ejecución genera un impacto económico considerable en concepto de intereses, además de vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva. Asimismo, se recuerda que el ayuntamiento podría haber solicitado financiación extraordinaria al Estado a través del Fondo de Financiación de Entidades Locales para cubrir la deuda.

El escrito solicita al tribunal que requiera al ayuntamiento a ejecutar la sentencia de manera inmediata y que, en caso de apreciar falta de diligencia, se incrementen los intereses legales conforme a la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, además de la imposición de costas.

Un conflicto que se remonta a 2003

El origen del conflicto data de 2003 cuando el ayuntamiento de Vicente Pérez Devesa (PP) firmó un convenio con los dueños de los terrenos para trasladar el aprovechamiento urbanístico de esas parcelas a otras zonas del municipio.

Tras la aprobación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de Serra Gelada en 2005, las parcelas quedaron afectadas por la declaración de Parque Natural. Pese a ello, los convenios seguían vigentes, con prórrogas firmadas por sucesivas corporaciones en 2010 y 2013, y en 2015, ante el incumplimiento de dichos acuerdos, los propietarios valoraron los terrenos en 280 millones de euros y solicitaron su compensación en metálico o en especie.

Para ello, en 2018 interpusieron una reclamación judicial y en primera instancia el ayuntamiento obtuvo un fallo favorable, pero los propietarios recurrieron ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), que les dio la razón.

Tras inadmitir el Supremo un recurso municipal, el consistorio recurrió al Tribunal Constitucional en amparo pero éste lo ha inadmitido, lo que parece ahora abocar al pago, que demandan los dueños.