Los secretarios generales de los sindicatos mayoritarios de país, CCOO (Unai Sordo) y UGT (Pepe Álvarez), han emplazado a los partidos, y en especial a la derecha de PP y VOX, a hablar con “valentía” y transparencia de sus propuestas de cara a las elecciones generales. “Sin ocultar” sus verdaderos planes sobre pensiones a la ciudadanía, ha exigido Sordo, como un recorte en las pensiones o la propuesta de sistemas mixtos de capitalización, que supondría “pensiones públicas de pobreza”, ha advertido el sindicalista.

Los dos líderes sindicales han sido entrevistados este jueves en Los Desayunos de TVE y la agencia EFE, a propósito de la próxima huelga general por la vivienda del 11 de noviembre, que han emplazado a secundar a todos los trabajadores y trabajadoras, así como a participar masivamente en las manifestaciones que se convocarán por la tarde en todo el país para reclamar un cambio en las políticas de vivienda.

También, para exigir a la patronal salarios dignos, en una movilización que también señala a los empresarios, han destacado Sordo y Álvarez. Los líderes sindicales han exigido a CEOE que se siente a negociar el gran acuerdo estatal de negociación colectiva (AENC), con el que reclaman dar un empujón a los salarios de entre el 4% y el 7% anual los próximos tres años. Además, piden al Gobierno un alza del salario mínimo del 7% este año y que saque adelante sus compromisos de endurecer el registro horario y acabar con la absorción de pluses en la subida del SMI.

En el contexto previo a las elecciones del 29 de noviembre, los líderes de CCOO y UGT han desmarcado el paro general de la convocatoria de los comicios por el presidente Pedro Sánchez y lo han situado como una respuesta a la movilización masiva de la ciudadanía tras el desahucio de Maricarmen Abascal.

“Nos arrastra la sociedad”, ha respondido Pepe Álvarez, que al igual que Sordo ha explicado que los sindicatos han leído la necesidad de ser parte de esta gran movilización ciudadana por uno de los principales problemas del país, el acceso a la vivienda, que también llevan años denunciando.

El debate de las pensiones, en primera línea

Sin embargo, los líderes sindicales también han defendido la necesidad de debatir y exigir respuestas a los partidos de la derecha, PP y Vox, ante sus recientes críticas al sistema público de pensiones, que han dado por “quebrado” o en camino del colapso, con las declaraciones de “va a petar”, de Ester Muñoz (PP).

“¿Cómo no vamos a querer que influyan (las pensiones) en el debate de la campaña? Es que a mí me parece absurdo que alguien se plantee que en este país no hay que hablar de pensiones en campaña. ¿Por qué? Porque en realidad se quiere hacer lo que no quieren los ciudadanos y las ciudadanas”, ha sostenido Pepe Álvarez.

“Qué culpa tengo yo de que el Partido Popular se dedique a cuestionar el sistema público de pensiones o las condiciones de las bajas por contingencia común de las personas, diciendo que hay muchos jetas”, ha respondido también Unai Sordo sobre quienes acusan a los sindicatos de atacar a la oposición política más que al Gobierno.

Ambos dirigentes han advertido de que estas proclamas cuestionan el sistema público de pensiones y su sostenibilidad con el objetivo de recortarlo y de dar paso a sistemas mixtos, abriendo las puertas a la privatización. “Son intereses, en la mayoría de los casos, que obedecen a que hay un sector en nuestro país, que es el sector financiero, que no se resigna a que el pastel de las pensiones sea público y quiere su parte”, ha criticado el líder de UGT.

El secretario general de CCOO ha llamado por su parte a la derecha a “no ocultar” y “explicar” a la sociedad qué supondrían sistemas mixtos de pensiones, con una parte de capitalización individual, como los que está proponiendo abiertamente Vox.

“¿En qué va a consistir un sistema mixto? En una reducción de 30 puntos de la protección de las pensiones públicas y en abrir un espacio a la capitalización para que el que pueda meter dinero en sistemas privados lo meta, y el que no pueda va a tener pensiones de pobreza”, ha alertado Unai Sordo.

Alerta sobre el “peligro” de la ultraderecha

A propósito de la visita de Milei a España, próximo tanto al Vox de Santiago Abascal como al PP de Ayuso, por ejemplo, los dos líderes sindicales han advertido del peligro de la extrema derecha y el aumento de poder de esta, de cara a las próximas elecciones generales. Tanto en las pensiones públicas como en otros muchos derechos laborales en España, con propuestas como “el despido libre”, ha advertido Pepe Álvarez.

“Milei es un engendro que sitúa el alma de las nuevas extremas derechas, que están amenazando al mundo, que pueden fragmentar Europa, que nos pueden llevar a la guerra en un plazo relativamente corto de tiempo y que van a destruir, si alcanzan el poder, los marcos constituyentes alcanzados en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, y en España 30 años después”, ha advertido Unai Sordo.

Tanto Álvarez como Sordo han situado el auge de la ultraderecha como “muy peligroso” y una amenaza para la democracia, así como han señalado el auge de grupos violentos, como el que intentó entrar en la acampada de Sol el pasado 12 de octubre.

“Y a mí me gustaría que la policía tuviera un poco de equidad a la hora de tratar el tema de las manifestaciones. Porque los vemos que se emplean muy a fondo con los profesores de Madrid y no los veo emplearse nada a fondo, aguantando aquellos energúmenos que no tenían permiso para manifestarse y que iban a molestar a personas que pacíficamente se estaban manifestando”, ha sostenido Pepe Álvarez.

El debate sobre las pensiones en la Asamblea de Extremadura ha estado marcado este jueves por otro enfrentamiento entre la presidenta de la Junta, María Guardiola, y la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel. Mientras el Ejecutivo regional ha querido enviar un mensaje de tranquilidad a los pensionistas, la formación de izquierdas ha centrado sus críticas en la precariedad de las ayudas autonómicas para los colectivos más vulnerables.

Durante su intervención, María Guardiola ha pedido a los pensionistas extremeños que “no se preocupen” y ha asegurado que su bienestar está garantizado gracias a un entorno de estabilidad y creación de empleo, restando credibilidad a las advertencias de los grupos parlamentarios. La jefa del Ejecutivo regional ha respondido de este modo a las dudas planteadas sobre la seguridad del sistema actual, defendiendo que Extremadura ha cumplido aprobando unos presupuestos que aportan certezas.

Por su parte, Irene de Miguel ha respondido poniendo el foco en las cifras concretas de los presupuestos autonómicos para los perceptores de rentas más bajas. La portavoz ha recordado que en la región hay 12.300 personas que reciben pensiones no contributivas y ha calificado de “absoluta vergüenza” que su complemento autonómico apenas haya experimentado un incremento de 5 euros en todo el año, pasando de 260 a 265 euros, lo que equivale a algo más de un céntimo diario.

“Usted humilla en estos presupuestos a estas personas, casi en su mayoría mujeres que han sostenido a las familias extremeñas, subiéndoles apenas un céntimo al día, lo que demuestra que no le importan lo más mínimo”, ha reprochado De Miguel a la presidenta. Asimismo, la líder de Unidas por Extremadura ha advertido sobre los riesgos de las políticas de las derechas y las dificultades que atraviesa una comunidad donde uno de cada tres ciudadanos se encuentra en riesgo de pobreza.

Cuando empecé a estudiar Económicas en la UAB, a mediados de los noventa, recuerdo un montón de análisis e informes –todos patrocinados por algún banco o aseguradora– cuestionando la sostenibilidad del sistema público de pensiones. Advertían que teniendo en cuenta las proyecciones demográficas, hoy estaría quebrado. De eso hace 30 años y aquí estamos. 

Sí, en España las pensiones son las más generosas de Europa, lo que no quiere decir que sean las más altas. El sistema español está pagando una pensión a los recién jubilados equivalente al 77% de su último salario. La media de la Unión Europea es del 45%, pero en algunos lares los salarios son otros. 

Pese a ello, el sistema es sostenible. Elevado (el 30% del gasto público) pero sostenible, según la Comisión Europea y las proyecciones de la Autoridad Fiscal (AIReF). En el pico del envejecimiento, en 2050, el gasto alcanzaría el 16,4% del PIB, casi 3,5 puntos más que en la actualidad. El profesor economía aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos, Miguel Ángel García, recuerda que el grueso de la jubilación de los baby boomers se producirá entre 2029 y 2045, donde cada año las pensiones aumentarán, de media, el 1,8%, lo que significa que solo para mantener la proporción sobre el PIB, la economía debe crecer también en esta proporción. 

Por eso considero interesante dejar de analizar el debate de las prestaciones de jubilación sólo desde la óptica del gasto y añadir también la de los ingresos. Primero: mejorar los salarios para que las cotizaciones aumenten. Segundo: mejorar la productividad para que la tarta a repartir sea más grande. Y en eso no somos tan estupendos. España crece más que sus socios europeos, pero acumula 18 años sin cerrar su brecha de productividad, alertaba esta semana un informe Fedea, la Fundación Rafael del Pino y BBVA Research.

Y otra cosa, ¿por qué consideramos el gasto en pensiones como un compartimento estanco separado del resto, que debe financiarse exclusivamente con cotizaciones y estar en equilibrio? ¿Qué pasa si no lo está y lo financiamos con impuestos? ¿Acaso decimos que la educación, la sanidad, la justicia, la defensa o la Casa Real, son insostenibles porque sus cuentas no están cuadradas? Uno de los argumentos esgrimidos es que el elevado gasto en pensiones podría destinarse a otros servicios, que peligra todo lo demás. ¿Por qué no empezamos preguntándonos, como sociedad, qué porcentaje de nuestro PIB queremos destinar a las pensiones, cuanto al resto de servicios básicos del nuevo Estado del Bienestar (incluida la vivienda), etcétera?

El dato

200.000

Es el número de clientes que tiene la banca ética en España, según la última edición del Barómetro de las Finanzas Éticas, correspondiente a 2025, que elabora el Observatorio de las Finanzas Éticas de FETS-Finançament Ètic i Solidari. Se trata de un dato positivo, porque refleja un crecimiento del 3,6% respecto al año anterior, el tercero con crecimiento tras romper la racha de descensos continuados, que abarcó de 2017 a 2022. El barómetro está hecho con los datos de 33 entidades: bancos, entidades financieras no bancarias, aseguradoras, mutualidades y corredurías que cumplen criterios de sostenibilidad. El ahorro se consolida en los 2.400 millones de euros y el crédito baja ligeramente, hasta algo más de los 1.800 millones. La vivienda concentra casi el 30% de la actividad crediticia.

El gráfico

Elon Musk ha impulsado una de las operaciones corporativas más colosales de la historia al proponer la fusión de Tesla y SpaceX en un único gigante valorado en unos 3,6 billones de dólares, situándose entre las cinco empresas más valiosas del mundo, junto a Nvidia, Apple, Alphabet y Microsoft, como muestra el gráfico de FT. El motivo principal detrás de esta ambiciosa jugada es preparar el terreno para la “singularidad de la inteligencia artificial”, integrando la computación espacial, la red de satélites Starlink, la robótica humanoide y los vehículos autónomos bajo un mismo paraguas para dominar el desarrollo global de la IA. A esto se suman estrechas sinergias industriales y comerciales ya en marcha, como el desarrollo de la enorme planta de microchips Terafab, en Texas, y la colaboración en materiales y tecnologías de propulsión.

Durante la conferencia de prensa con los analistas tras la presentación de los resultados de SpaceX, Musk afirmó que la unión de ambas compañías tendría “muchas ventajas” y sería una “buena idea”, aunque no quiso dar por hecha la operación, informa Europa Press. Lo cierto es que SpaceX y Tesla han creado un comité para estudiar la posible fusión de ambas empresas, pero Musk ha dejado claro que no hay garantía de que la operación vaya a producirse porque se enfrenta a enormes obstáculos regulatorios y de gobierno corporativo.

No todo nos parece mal

Más permisos para cuidar a familiares. El Tribunal Supremo ha eliminado el límite anual del permiso de cinco días para atender a familiares con enfermedad grave, al tiempo que ha confirmado también la sentencia de la Audiencia Nacional por la que se declara el derecho a disfrutar de estos días de manera flexible.

El permiso de cinco días se contempla el Estatuto de los Trabajadores para atender a un familiar por accidente o enfermedad grave, hospitalización o intervención quirúrgica que precise reposo domiciliario.

Pero los magistrados del alto tribunal han recordado que el permiso se genera por cada hecho causante, es decir, por cada hospitalización o necesidad de cuidados por enfermedad que exista. 

La sentencia, del pasado 25 de septiembre, ratifica una sentencia previa de la Audiencia Nacional, que estimó la demanda presentada por los sindicatos CCOO, UGT y CSIF contra esta limitación impuesta por el grupo empresarial RACE. 

Las empresas del grupo trataron de argumentar ante el tribunal este límite de cinco días al año debido a que la Directiva europea 2019/1158 regular el permiso para cuidadores con “cinco días laborables al año por trabajador”.

Sin embargo, España al transponer la directiva amplió los días reconocidos por hospitalización vigentes hasta el momento, de dos a cinco días, pero no incluyó ningún límite anual en el Estatuto de los Trabajadores.

Los magistrados del Supremo recuerdan que la Directiva Europea fija un mínimo de protección, pero que los Estados pueden legislar por encima de este, como hizo el Gobierno de España.

Nos gusta la competencia

Estas informaciones de otros medios me han parecido interesantes:

Termino. Nos volvemos a ver el próximo jueves con más información y análisis. Si quieres mandarme un mensaje, puedes hacerlo a contraoferta@eldiario.es.

¡Un abrazo!

El cobro de las pensiones vuelve a ganar importancia con la llegada de la segunda mitad de octubre. Aunque la mensualidad corresponde al mismo periodo para todos los beneficiarios, el día en el que el dinero aparece disponible en la cuenta puede variar según la entidad financiera. Cada banco aplica su propio calendario de adelantos y eso hace que existan diferencias de varios días entre unos clientes y otros.

En octubre de 2026, las previsiones sitúan los principales abonos entre el jueves 22 y el lunes 26. Dentro de ese margen se reparten las distintas entidades, de manera que algunos pensionistas podrán disponer del dinero antes del fin de semana, mientras que otros tendrán que esperar hasta los días posteriores. La referencia más útil será, por tanto, el banco en el que esté domiciliada la pensión y la fecha que acostumbre a manejar para este tipo de ingresos.

Que el dinero no llegue al mismo tiempo que a otros beneficiarios no significa necesariamente que exista un problema. Antes de considerar que se ha producido un retraso, conviene consultar el día previsto por la propia entidad y esperar a que termine de procesarse el movimiento. Si ese plazo ya ha pasado y la pensión continúa sin aparecer, entonces sí puede ser necesario comprobar tanto la cuenta bancaria como la situación del pago.

Cuándo paga cada banco la pensión en octubre

El calendario previsto para las pensiones de octubre de 2026 comienza el jueves 22. Ese día, Bankinter y Unicaja tienen previsto realizar el ingreso, por lo que sus clientes estarían entre los primeros en disponer de la mensualidad. Un día después, el viernes 23, llegará otro grupo importante: Banco Santander, Banco Sabadell, Ibercaja y Caja Rural manejan esa jornada como referencia.

Los pagos continuarán durante el fin de semana. CaixaBank sitúa el abono el sábado 24 de octubre, mientras que BBVA e ING tienen señalado el domingo 25. Que estas fechas coincidan con sábado y domingo muestra que los adelantos bancarios no se limitan necesariamente a jornadas laborables. Para cada pensionista, lo importante será atender al calendario de su entidad y no tomar como referencia el día en el que haya cobrado otra persona.

El último grupo incluido en estas previsiones efectuaría el ingreso el lunes 26 de octubre. Abanca y Laboral Kutxa manejan esa fecha, con lo que se completaría el periodo comprendido entre el jueves 22 y el lunes 26. De este modo, los abonos quedarían repartidos a lo largo de cinco días consecutivos según el calendario aplicado por cada banco, sin que esa diferencia altere la mensualidad que corresponde a cada beneficiario. La pensión es la misma en todos los casos; lo que cambia es el momento en el que cada banco la pone a disposición de sus clientes.

Estas fechas, en cualquier caso, deben entenderse como una referencia y pueden producirse pequeñas variaciones por cuestiones operativas. También puede cambiar la hora concreta a la que el movimiento se refleja en la cuenta. Por eso, que la pensión no figure a primera hora del día señalado no implica necesariamente que exista una incidencia. Del mismo modo, cobrar unas horas o incluso un día después que otro cliente de una entidad distinta tampoco permite concluir por sí solo que haya un retraso.

Qué comprobar si la pensión no aparece

Si llega el día previsto y el dinero todavía no figura en la cuenta, lo primero es comprobar que no se trate simplemente de una diferencia en los tiempos de procesamiento. Los adelantos no funcionan igual en todas las entidades y comparar el cobro con el de otros pensionistas no permite saber por sí solo si ha surgido un problema. La fecha realmente útil es la que maneja el banco donde está domiciliada la prestación.

Cuando la jornada indicada ya ha pasado y la cantidad sigue sin aparecer, puede ser recomendable contactar con el banco. La entidad podrá revisar si el movimiento continúa pendiente de contabilización, si se ha producido alguna demora o si existe algún inconveniente relacionado con la cuenta. Esta comprobación puede resultar especialmente útil cuando se han realizado cambios recientes en los datos bancarios o en la domiciliación de la pensión.

Si el banco no encuentra ninguna incidencia que explique la ausencia del abono, la consulta puede trasladarse a la Seguridad Social. A través de sus canales de atención es posible comprobar si la orden de pago se ha emitido correctamente y si los datos asociados al expediente están actualizados. Para facilitar la gestión, conviene disponer de la información personal necesaria, los datos de la cuenta y cualquier comunicación reciente relacionada con la prestación.

También merece la pena revisar si existen avisos pendientes o modificaciones que todavía no se hayan incorporado correctamente. Lo importante es distinguir entre un desfase relacionado con el adelanto que aplica cada entidad y una incidencia real en la tramitación. Que la mensualidad no aparezca exactamente en el momento esperado no permite concluir automáticamente que exista un problema, especialmente cuando estas previsiones pueden sufrir pequeños ajustes y el ingreso puede reflejarse a distintas horas del día.

El debate sobre las pensiones se le atragantó a Alberto Núñez Feijóo, líder del PP estatal, en la campaña de las elecciones de 2023. Ahora, en la precampaña de otras generales, la cuestión se ha vuelto a poner de actualidad por unas declaraciones de la portavoz del partido en el Congreso, Ester Muñoz, que aseguró que el sistema “va a petar”. Feijóo tuvo que salir a aclarar que él se compromete, si gobierna, a actualizar las pensiones con el IPC y a defender que “los jóvenes tienen derecho a un sistema público de pensiones viable”, aunque sigue insistiendo en que hay un “agujero”.

Pero, en medio de estas manifestaciones, su barón -y sucesor- en Galicia, Alfonso Rueda, ha optado por mantenerse lo más al margen posible de la cuestión y, en respuesta a dos preguntas, ha manifestado que él confía en las decisiones de Feijóo y no se atreve a dar recetas: “No tengo todos los datos ni capacidad para concretar”.

Para evitar el asunto de si hay un agujero en las pensiones y el espinoso debate que se deriva de las posibles medidas a tomar, Rueda se ha limitado a remitirse a las palabras de Feijóo sobre la actualización con el IPC y a decir que está “seguro” de que el líder de la formación conservadora “hará lo necesario” para garantizar que las pensiones sean “intocables” si gobiernan. “Ya lo demostró con su gestión económica en Galicia”, añadió.

Las aclaraciones hechas por Feijóo no dejan, según Rueda, “lugar a ninguna duda”. “Lo que dijo es lo que hay que hacer y quedó clarísimo. Poco más que decir”, zanjó el presidente de la Xunta.

El Gobierno aprobará este martes un paquete extraordinario de medidas sociales que recogerá, entre otras, una mejora de prestaciones por viudedad, para víctimas de violencia de género o para el cuidado de menores con cáncer o enfermedades graves.

El Ministerio de Seguridad Social ultima un Real Decreto-Ley, según ha adelantado El País y que ha podido confirmar elDiario.es de fuentes gubernamentales, con un amplio catálogo de reformas en prestaciones, justo en plena precampaña para las elecciones generales del 29 de noviembre y después de que PP y Vox hayan caldeado el debate sobre una potencial reforma del sistema de pensiones si llegan a gobernar.

En el Ejecutivo aseguran que la letra pequeña del decreto no está cerrada, pero que las líneas generales pasan por mejorar la prestación por incapacidad temporal para mujeres con patologías asociadas a la menopausia y para víctimas de violencia de género, la reforma de la llamada CUME, y la ampliación del acceso a las pensiones de viudedad y para las derivadas de actos terroristas.

Según recoge El País, el planteamiento de Seguridad Social pasa por ampliar la prestación para las mujeres con patologías asociadas a la menopausa y víctimas de violencia de género al 60% de la base reguladora hasta el día 20 de la baja y del 75% a partir de entonces. La empresa abonará el salario el día de la baja, pero desde entonces será la Seguridad Social quien se haga cargo del abono de la prestación.

Por otro, la reforma de la prestación para padres y madres por cuidado de menores con cáncer o enfermedades graves (la CUME, como se conoce) permitirá que ambos progenitores puedan percibirla de manera alternativa o simultánea, además de extenderla más allá de los 26 años cuando la persona afectada presente una dependencia de grado III o una discapacidad especialmente elevada.

La Seguridad Social lleva meses preparando una modificación del marco legal de esta prestación. En junio sacaron a audiencia pública un texto con su reforma que incorporaba nuevas patologías al listado de enfermedades que permiten acceder a la misma, entre otros cambios, aunque no fue muy bien recibido por las familias.

Mejora de las pensiones por viudedad para parejas de hecho

Por otro lado, y en materia de pensiones, el texto ampliará el acceso a las pensiones de viudedad en el caso de parejas de hecho y, si hay hijos en común, será suficiente para acreditar esta relación de hecho para solicitar esta paga, algo que en la actualidad generaba problemas. Además, el decreto permitirá revisar en los próximos 12 meses las solicitudes que fueron denegadas.

También se mejoran las pensiones extraordinarias derivadas de actos terroristas: ninguna de estas pensiones podrá situarse por debajo del equivalente a dos salarios mínimos (2.442 euros), una cantidad un 36% mayor al que había ahora, que quedó desfasada.

El texto recoge una mejora en la protección de huérfanos por violencia de género, que percibirán prestaciones contributivas que serán de un mínimo de dos veces el SMI, mientras que las no contributivas podrán situarse, como máximo, en esos dos sueldos mínimos.

Y por último, se mejora el Fondo de Garantía del Pago de Alimentos, triplicando la cuantía máxima de los anticipos por beneficiario (de 100 a 300 euros) y su duración, para proteger a los menores cuando un progenitor incumple sus responsabilidades.

A pesar del adelanto electoral, el Gobierno se encuentra en plenas funciones hasta el día después de la cita con las urnas. Este Real Decreto-Ley podrá ser aprobado en la Diputación Permanente del Congreso, que ya convalidó el pasado viernes dos normas previas a la disolución de las Cortes. El Ejecutivo se plantea, entre otras medidas, subir el SMI antes de los comicios y se plantean revalorizar, incluso en funciones, las pensiones con el IPC.

George Lakoff lo explicó en No pienses en un elefante: quien define el lenguaje gana el debate, porque las palabras no solo comunican, construyen realidades. Y pocas realidades se construyen tan bien con conceptos como la fiscalidad. Cuando la derecha propone bajar impuestos habla de “aliviar la carga fiscal” o de “aflojar la asfixia”. Si los impuestos son una carga, quien la quita es un héroe y quien propone subirlos, un verdugo. Y desaparece del debate la idea de los impuestos como inversión compartida o sistema de solidaridad.

Pero la metáfora ya casi sobra. A pocas semanas del 29 de noviembre, Feijóo promete bajar el IRPF desde el primer año y bonificar el de los empleos jóvenes. Vox ha ido un paso más allá: ha lanzado un simulador que te pide tu sueldo y te dice cuánto cobrarías si gobernasen. Con 30.000 euros brutos al año, la herramienta calcula unos 360 euros más al mes: el IRPF pasaría de unos 4.970 euros anuales a unos 630. Se ha hecho viral en X en cuestión de horas. Ya no hay carga ni asfixia: hay un número, el tuyo, listo para compartir.

Lo que el simulador no enseña es la otra columna. No cuantifica la pérdida de recaudación, que se estima en decenas de miles de millones, ni detalla qué gasto público habría que recortar para cuadrar las cuentas. Y la cifra es válida solo dentro de los supuestos de la propia herramienta, no es una previsión de cómo quedaría tu economía. Tampoco te dice cuánto vale lo que ya recibes: la sanidad que usas, la escuela, la pensión de tus padres. El marco funciona porque muestra el beneficio personal y esconde el precio colectivo.

El PP lo practica en versión institucional. En el arranque de la precampaña, Feijóo anunció que su Gobierno pedirá sacrificios. Ante la polémica, su portavoz, Ester Muñoz, aclaró que no se refería a recortes, sino a que quien se esfuerza debe ser recompensado, por ejemplo con rebajas de impuestos a autónomos y pequeños empresarios. El vídeo de precampaña de Feijóo cierra con un lema: “España, tu esfuerzo merecerá la pena”. Hay una lógica implícita: si bajar impuestos es premiar a quien trabaja, mantenerlos o subirlos es castigarlo. Premio y castigo, mérito y penitencia: el marco de la carga, ahora con moral incluida. Y queda una pregunta sin responder: quien promete a la vez rebajas y sacrificios debería explicar qué servicios pagarán la factura.

Y el efecto se nota. El Barómetro Fiscal del IEF (datos de 2025) dice que el 35% de los jóvenes de 18 a 24 años cree que sin impuestos viviríamos mejor, y el 38% en la franja de 25 a 39, frente al 10% de los mayores de 65. Solo el 65% de los más jóvenes considera necesaria la Hacienda pública, frente al 89% de los mayores de 65, y el apoyo general (79%) es el más bajo de toda la serie.

La explicación no está solo en los datos económicos. Es cierto que muchos jóvenes tienen razones para estar frustrados: sueldos bajos, alquileres imposibles, precariedad y un horizonte de inseguridad permanente. Pero lo que no es cierto es que la causa de todo eso sea el IRPF o la cotización a la Seguridad Social. Lo que ha cambiado no es solo su situación objetiva, sino el marco mental desde el que interpretan la fiscalidad.

Y ese marco se construye cada día en el universo digital. En TikTok, Instagram, YouTube o X se repite que “trabajamos para el Estado”, que “si lo he conseguido solo, ¿por qué tengo que pagar más?”, que “el Estado castiga a los que se esfuerzan”, que “ser listo es irse a Andorra” o que “pagar impuestos es de tontos”. Un adolescente descubre antes un vídeo viral contra Hacienda que una explicación básica de cómo se financian las pensiones. Es un discurso antisocial que desprecia no solo los impuestos, sino la propia idea de lo común, y cala porque llega en el formato adecuado, con el tono adecuado, desde voces que los jóvenes consideran cercanas.

De ahí la batalla cultural. Si la izquierda no entra, la pierde. No basta con repetir que sin impuestos no hay Estado: hay que demostrarlo en los formatos y con las voces de esta era. Falta el simulador inverso: cuánto vale lo que ya recibes. Y falta empezar por la escuela: según un estudio de la Plataforma por la Justicia Fiscal de hace cinco años, el 92,9% de los jóvenes de 18 a 35 años reconocía no haber recibido formación sobre impuestos en las aulas.

Los impuestos serán uno de los ejes de la campaña del 29 de noviembre. PP y Vox han hecho de la rebaja fiscal su mensaje central, con simuladores, vídeos y promesas de recompensa, y con un lenguaje pensado para calar, sobre todo, entre los más jóvenes. La izquierda puede seguir discutiendo cifras o puede disputar el sentido: explicar qué se paga, qué se recibe y quién lo financia. Porque si perdemos la batalla de los impuestos entre los jóvenes, lo perderemos casi todo. No porque desaparezcan los impuestos, eso es una fantasía, sino porque desaparecerá la idea de que pagar entre todos es mejor que sobrevivir cada uno por su cuenta. Esa sí sería la verdadera derrota.

Un periodista de ultraderecha de un medio de ultraderecha ha pedido a Núñez Feijóo y su grey popular que mientan sobre las pensiones hasta que pasen las elecciones. Cómo se te ha podido ocurrir, Feijóo, decir la verdad de las intenciones del Partido Popular incluso antes de que empiece la campaña. 

Nada nuevo, ya lo dijo otro periodista del Movimiento, Emilio Romero, a quien se atribuye esta sentencia: “La derecha gobierna para doscientas familias, y eso no da los votos necesarios para gobernar, luego tiene que mentir”. Hoy, esas doscientas familias no son solo carnales, dinásticas, entre ellas hay que incluir a la gran familia bancaria, beneficiaria en todo caso de las propuestas de cambio en las pensiones que proponen populares y voxitas. 

Pero ¿quiénes son esos a los que hay que mentir? Ni que decir tiene que a los que no deben esperar de Feijóo sino sacrificios, ni él de ellos aplausos, son sus palabras, y eso que ha declarado que se va a dirigir cuando gobierne a los currantes. A los del salario mínimo, a los parados, a los asalariados precarios, a los pensionistas del futuro.

Querido Carlos Cano, ¿lo has oído, donde quiera que tú quieras estar? Ha dicho a los currantes, a los currelantes, decimos nosotros (vaya jeró que tié’r gachó), vaya jeta. Deberías bajar un ratito con tu guitarra y cantarle La Murga de los currelantes, para que se entere.

Pero ya sabes, Carlos, esos gachós trajeaos engañan, con cuatro palabritas finas. El ministro Carlos Cuerpo ha reconocido que el sistema público de pensiones necesita reformas, algo muy lógico y razonable, pero es que la grey popular, sean portavoces o ministrables de Economía, está sembrando dudas sobre la viabilidad del sistema público de pensiones, quebrado o petado, es lo más suave que dicen y, veladamente, amenazan, no con reformas sino con cambios. Los voxitas, más sueltos de lengua, ya han esbozado incluso un modelo, un sistema mixto, fracasado doquiera se haya utilizado, perjudicial para los trabajadores pero, sin dudas, sustancioso para la avaricia banquera. 

Que sí que dice Feijóo que con los currantes, tras boicotear las subidas del SMI, amenazar las pensiones, querer privatizar las bajas médicas, no reconocer las horas extras y apoyar a la CEOE en su miseria salarial. ¡Marcelo! que los paraos quieren currelo. ¡Falote! que ya está bien de chupar der bote.

Y por qué mienten y se equivocan cuando dicen la verdad, en clave electoral se entiende. Pues, ya lo cantaste, Carlos, la derecha se pone el traje de santurrón y se camufla como la serpiente. Pero espero que el pueblo cante eso otro de que las dentauras ya no están duras pa estas güesuras… y llegará la rotura. 

Po ná, Carlo, cántale a Feijóo que s’acabe er paro y haya trabajo, escuela gratis, medicina y hospital y que le diga a Maroto que siembre la tierra que no es un coto.

Y para terminar cantemos, votemos, que hay que acabar con tanto bribón, pico pala y a currelá, parabán, parabán, pan, pan. 

Durante varias décadas, desde el inicio de nuestra actual democracia, en las campañas electorales los partidos políticos presentaban un documento que se llamaba programa electoral, a través del cual exponían las medidas que adoptarían en las diversas materias. Se presentaba y difundía de forma amplia como una forma de compromiso público ante la ciudadanía, al tiempo que los medios de comunicación los comentaban con profusión, con comparativas entre las diversas propuestas de cada candidatura. Todo esto ha desaparecido por completo: primero, por una actitud recelosa y descreída de la población, ante los reiterados incumplimientos de lo prometido; segundo, por una progresiva relegación a la marginalidad de los programas electorales por parte de los partidos políticos, hasta el punto que los diversos candidatos dejan de mencionarlos en sus declaraciones públicas e incluso es muy probable que ni siquiera sepan que dicen sus documentos, si es que existen.

Y, sin embargo, habría que recuperar la importante función que deben tener los programas electorales, porque constituyen la garantía de que en la campaña electoral se debate sobre los contenidos de las diferentes políticas públicas, con conocimiento real de la posición de cada uno y no por vía de interpretaciones de declaraciones públicas, que al final se las lleva el viento. La ausencia de los programas que permitan un debate de contenidos no es sólo resultado de la pereza de los partidos, sino de una intencionada voluntad de evitar que se hable sobre los asuntos de fondo de las políticas públicas que van a adoptar y, de este modo, sentirse más libres de futuro. Especialmente importante desde esta perspectiva son los programas electorales o documentos políticos de los partidos políticos que se encuentran en la oposición, dado que respecto de quienes están en el Gobierno se tiene constancia fiel de lo que han hecho durante las dos últimas legislaturas y se presupone que su actuación lo va a ser en la misma línea. 

Esto es precisamente lo que está sucediendo con el debate que se ha producido en los últimos tiempos en torno a las declaraciones contradictorias de miembros del Partido Popular acerca de cuáles son sus intenciones respecto de las pensiones públicas. A nadie se le ha ocurrido comprobar si el Partido Popular tiene a estas alturas programa para las próximas elecciones generales y, en su caso, qué dice sobre el futuro de la Seguridad Social. Por mucho que he buscado, no lo he localizado. Incluso si existe algo, es bastante probable que sus máximos dirigentes si se les pregunta lo desconozcan, dado que no han hecho ninguna referencia a la existencia de documento alguno. Y, sin embargo, el Partido Popular elaboró una importante ponencia política para su Congreso Nacional de julio de 2025, que es aconsejable traer al debate público, porque es la forma más consistente de ponerle ante su espejo. Eso sí, esa ponencia política dice poco, mencionando las pensiones de pasada. Más aún, lo hace de forma incomprensible dentro de un apartado sobre la política institucional, donde se viene a afirmar que las instituciones democráticas “han sido violentadas”, lo que poca relación parece que tenga con la Seguridad Social. En todo caso, lo que se afirma en ese documento de forma contundente es que “el inmovilismo no es la solución” y que “España tiene la obligación de acometer reformas estructurales para garantizar los servicios públicos”, mencionando entre ellos a “las pensiones”; si bien de nuevo confusamente, con apelación a la “competitividad de la economía”, que no se sabe si con eso se está dando a entender que se consideran muy elevadas las cotizaciones a la Seguridad Social y ello repercute negativamente sobre la competitividad de las empresas. Los hechos al final son lo que cuenta y conviene recordar que el Partido Popular votó en contra del establecimiento de la cotización adicional temporal a través del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI).

En todo caso, si el Partido Popular afirma que se tienen que realizar reformas “estructurales” será porque se piensa que el sistema público de Seguridad Social presenta graves problemas y dificultades. Ello es lo que queda, por mucho que posteriormente diferentes portavoces del Partido Popular, incluido el propio Núñez Feijóo, se hayan corregido, afirmando que van a garantizar la revalorización anual de las pensiones conforme a la inflación y la sostenibilidad de las pensiones públicas. Sin embargo, ello no lo han volcado en ningún documento público propio de un programa electoral, que al final es lo que queda reflejado en firme. En este tipo de declaraciones lo que más cuenta y lo que más debe calar son las declaraciones públicas iniciales expresadas por propia iniciativa y sin condicionante previo, que son las que se expresan de manera más libre. Y éstas han sido que el sistema público va “a petar”, que va a “colapsar”, que el Airef ha valorado que el actual sistema público de pensiones no resulta sostenible (cosa que, por cierto, sin poder entrar en detalles no es en modo alguno correcto).

Es decir, se tira la piedra y se esconde la mano, dando a entender que el modelo actual no funciona, pero sin llegar a decir qué medidas se pretenden adoptar. A veces las palabras las carga el diablo, porque incluso en las últimas declaraciones que pretenden tranquilizar a los pensionistas, porque perciben que tienen el riesgo de perder una importante bolsa de electores, afirman que pretenden crear un sistema público “viable”, con lo que de nuevo subliminalmente se viene a indicar el actual no lo es. Por tanto, se confirma que piensan que va a ser necesario adoptar “reformas estructurales” que, cuando no se dicen cuáles van a ser, uno se teme que lo sea reduciendo el gasto en pensiones públicas, dado que es claro que no son partidarios de actuar sobre las cotizaciones y, si son coherentes, lo lógico sería que eliminasen la cotización establecida por el mecanismo de equilibrio intergeneracional (MEI). 

El Partido Popular, para reforzar su corrección pública en las últimas declaraciones, afirma que la defensa pública de las pensiones es un valor “innegociable”, lo que se presenta como un mensaje dirigido al contraste con las posiciones de Vox. Las posiciones de Vox sí que son mucho más claras y contundentes, en el sentido de reforzar los sistemas privados de pensiones, como medida complementaria a la reducción de la tasa de cobertura de las pensiones públicas: reducir la cuantía de las cotizaciones sociales y recortar la cuantía de las pensiones públicas para beneficiar el negocio privado. El problema para el Partido Popular es que se parte de que, si obtienen unos buenos resultados electorales, gobernarán y negociarán las medidas de Gobierno con Vox y es difícilmente creíble que la Seguridad Social sea innegociable. Basta con remitirse a las negociaciones para conformar los Gobiernos autonómicos de coalición entre PP y Vox: lo que inicialmente se presentaba como innegociable al final lo acabó siendo. Y estas negociaciones al final pueden constituir una fácil excusa para desdecirse de lo que en estos momentos están afirmando en relación con la defensa del actual modelo de Seguridad Social pública, cuando en el fondo ellos mismos sólo lo comparten por motivos estrictamente electorales.

Al final, blanco y en botella, por mucho que se intente ocultar en campaña electoral.

La Cámara Baja del Parlamento alemán o Bundestag ha dado este viernes luz verde al proyecto de ley que establece un plan de pensiones infantil en virtud del cual todos los niños de Alemania recibirán un capital inicial de 10 euros al mes del Estado para incentivar el ahorro privado.

Podrán obtener la ayuda, previa solicitud de los tutores legales, todos los niños nacidos a partir de 2020 desde del momento en el que cumplan los seis años y hasta que cumplan los 18, si el proyecto de ley también recibe el visto bueno de la Cámara Alta o Bundesrat.

La suma acumulada será depositada en una cuenta a nombre del niño que se deberá abrir para este propósito en una sociedad gestora de fondos, la cual la irá invirtiendo en el mercado de capital.

A partir de la mayoría de edad, la cuenta pasará al sistema de previsión privada para la jubilación con ventajas fiscales.

Los 10 euros mensuales sumarán 1.440 euros al llegar el niño a la mayoría de edad, los cuales, según cálculos del Ministerio de Finanzas, con un rédito del 7 % anual y sin añadidos adicionales, crecerían hasta los 53.000 euros a los 65 años.

“Hoy tomamos una decisión histórica”, ha declarado ante el pleno del Bundestag el diputado socialdemócrata Michael Thews, que señaló que “ayudará a muchos a tener un plan decente de ahorro para la jubilación”.

Según sus cálculos, si se siguen añadiendo diez euros al mes después de los 18 años, la suma final podría traducirse en 200 euros más de pensión todos los meses, lo cual “marca una diferencia”.

El capital está vinculado al ahorro de cara a la pensión, así que no será posible retirarlo o utilizarlo para otro fin.

El Gobierno calcula que invertirá en la llamada “pensión de inicio temprano” 198 millones de euros el año que viene, que, con la inclusión de nuevas cohortes de edad, subirán hasta 2030 a 411 millones de euros anuales, hasta un gasto total de aproximadamente 1.200 millones euros entre 2027 y 2030.

Esta medida, que ya fue presentada en diciembre de 2025 en el marco de un proyecto de ley más amplio para reforzar el pilar privado del sistema de pensiones alemán, puede ser complementada con ingresos de los padres a una cuenta individual que pueden crear para sus hijos.

Los niños para los que no se abra una cuenta individual se beneficiarán de la ayuda mediante una inversión colectiva en los mercados de capitales bajo la gestión del Banco Central alemán o Bundesbank.

La Seguridad Social ha habilitado un nuevo servicio que permite a los ciudadanos consultar y acreditar su edad legal ordinaria de jubilación y la fecha exacta en la que la alcanzarán. El documento puede obtenerse de forma inmediata a través del portal Tu Seguridad Social, sin necesidad de acudir presencialmente a una oficina. La herramienta, dada a conocer el pasado 30 de septiembre, resulta especialmente útil para quienes necesitan justificar estos datos ante su empresa u otra entidad para realizar trámites relacionados con el final de su vida laboral.

El informe recoge únicamente dos datos: la edad ordinaria de jubilación que corresponde a cada persona y el día en que la cumplirá. Hasta ahora, esta información podía obtenerse mediante el simulador de jubilación, aunque el documento generado también podía incluir otros detalles personales y económicos, como la vida laboral, la pensión estimada o las posibilidades de retrasar la retirada. El nuevo certificado evita compartir información adicional cuando solo es necesario demostrar cuándo se alcanza la edad legal para jubilarse.

Para calcular la fecha, el Instituto Nacional de la Seguridad Social utiliza los antecedentes que constan en sus bases de datos y aplica los mismos criterios que el simulador de pensiones. El cálculo presupone que todas las cotizaciones están ingresadas y que la situación laboral actual del interesado se mantiene hasta alcanzar la edad ordinaria de jubilación. Cuando concurren circunstancias personales relacionadas con los hijos o una discapacidad que pueden modificar esa edad, es necesario incorporarlas mediante el simulador para obtener el informe correspondiente.

Cómo descargar el informe de edad legal de jubilación

Las personas cuya edad de jubilación pueda determinarse exclusivamente a partir de su trayectoria de cotización pueden obtener el documento desde la página principal de Tu Seguridad Social, dentro del apartado “Otras gestiones”. Allí deben seleccionar la opción “Informe de edad legal de jubilación”, que permite generar el certificado sin realizar una simulación completa de la futura pensión. Esta vía está prevista para quienes no necesitan incorporar circunstancias relacionadas con hijos o discapacidad.

Cuando existen factores personales que pueden modificar la edad ordinaria de jubilación, el procedimiento es diferente. En estos casos, es necesario acceder al simulador de pensión de jubilación e introducir la información correspondiente. Una vez completada la simulación, el usuario debe seleccionar “Informe edad legal de jubilación”, una opción situada junto al botón “Informe PDF”. De esta manera, el documento puede reflejar las circunstancias adicionales que influyen en la fecha calculada.

Qué identificación se necesita para obtenerlo

Para descargar el informe mediante cualquiera de las dos vías, es suficiente identificarse utilizando un código de verificación enviado por SMS. Para emplear este sistema, el número de teléfono móvil del interesado debe figurar previamente registrado en las bases de datos de la Seguridad Social, ya que la clave se remite a ese contacto. Quienes no tengan actualizado su número pueden consultar la guía oficial para mantener al día sus datos personales antes de utilizar este procedimiento.

La Seguridad Social también prevé ampliar las funcionalidades del servicio. Entre las mejoras anunciadas figura la posibilidad de acreditar la edad de jubilación cuando existen bonificaciones vinculadas a determinadas actividades profesionales. Además, está previsto desarrollar un documento específico para la jubilación parcial, con el que los trabajadores puedan demostrar ante sus empresas que reúnen la edad y las demás condiciones necesarias para acogerse a un plan de jubilación parcial. Estas prestaciones adicionales todavía se encuentran entre las ampliaciones previstas, por lo que no forman parte de las funcionalidades descritas para el nuevo informe.

Se vienen elecciones y la vivienda es un tema clave en el que los partidos deberán posicionarse. Ante la falta de propuestas de justicia social y redistribución, algunos buscan dos chivos expiatorios: los migrantes y la gente mayor.

A por los migrantes, poniendo el foco en los extranjeros racializados y más pobres del sur global, que trabajan en sectores precarios como los cuidados, el campo o la construcción, y obviando a los del norte global con alto poder adquisitivo. A por la gente mayor, porque supuestamente las clases trabajadoras que viven de una pensión pública abusan del erario y limitan el gasto público. Así, las pensiones han entrado en el debate para recortarlas, no para ensanchar derechos. Sin embargo, la migración y las pensiones públicas son dos pilares que revitalizan la economía productiva y reproductiva, generan protección social y cubren la demanda de bienes y servicios esenciales de las clases populares.

A esta mala prensa contribuye también, de forma inconsciente, mucha gente no necesariamente de derechas. Es desesperante oír entre colegas y amigos tanto pesimismo sobre la posibilidad de recibir una pensión digna. Este sentimiento es una victoria de muchos actores, incluidos organismos internacionales de prestigio, que desde los años ochenta no se cansan de repetir que los sistemas públicos como el nuestro no son sostenibles. Aquí quiero mostrar que lo son más de lo que nos quieren hacer pensar, que los privados también dependen de los recursos materiales disponibles y cómo seguir mejorando sin privatizar.

De entrada, los datos recientes de INTegraSS, la herramienta de proyección de la Seguridad Social, desmienten categóricamente ese pesimismo. Según sus estimaciones, basadas en microdatos administrativos reales, nuestro sistema público será capaz de garantizar en 2070 una pensión media de 1.826 euros al mes para los hombres y de 1.641 euros para las mujeres, a precios de 2024. La brecha de género persiste, pero pasaría de un 31,1% en 2024 a un 10,1%.

La demografía no es una ciencia exacta, pero con unos flujos migratorios más ajustados a los observados se estima que el gasto en pensiones llegue al 15,3% del PIB en 2050 y al 14,2% en 2070, lejos del 17,3% y el 16,7% de la Comisión Europea y por debajo del 16,1% y el 14,7% de la AIReF. Italia y Francia ya rondan hoy el 15% y se mantienen en pie, incluso tras comprometerse a destinar un 5% del PIB a defensa y seguridad en 2035.

Además, nuestro sistema tiene importantes mecanismos de redistribución intra e intergeneracional, aunque aún puede mejorar mucho. Impone un suelo (pensiones mínimas) y un techo (pensiones máximas) que redistribuyen según la necesidad y evitan trasladar a las prestaciones las desigualdades del mercado laboral. Para 2070, el peso de las pensiones de jubilación en máximos pasaría del 7% al 11,3%, y el de las mínimas, del 18,7% al 10,6%, lo que supone limitar desigualdades por arriba y tener menos pensionistas dependientes de complementos mínimos.

Alarmas por privatizar

Aplacado el alarmismo, lo que sí debería hacer saltar las alarmas son las llamadas a privatizar y capitalizar las pensiones (invertir las cotizaciones en cuentas privadas). Por supuesto, no debería haber ningún problema en añadir sistemas de ahorro complementarios, sobre todo colectivos y de mutualización del riesgo. Pero eso no permite escapar de la demografía ni de los problemas financieros.

Los sistemas de reparto como el español dependen de la productividad (inversión), de que haya trabajadores cotizando (pleno empleo) y, en última instancia, de un gobierno capaz de pagar sus obligaciones en una moneda que mantenga el poder adquisitivo (soberanía monetaria). La trampa de los sistemas de capitalización es que también necesitan gente joven dispuesta a comprar los activos financieros que la gente mayor vende al jubilarse. Si la oferta de activos supera la demanda (más jubilados que jóvenes con capacidad para comprarlos), su precio cae y la pensión se reduce. A falta de leyes sobre qué activos deben adquirir (por ejemplo, bonos públicos para financiar vivienda pública), los sistemas privados internacionalizan esta relación y buscan compradores y vendedores en el extranjero.

Esta internacionalización conlleva riesgos financieros sistémicos, un Estado con menos capacidad de respaldar las inversiones con su moneda, desinversión en bienes públicos y más desigualdad en la propiedad de activos si no se colectivizan. Además, en busca de grandes retornos, el ahorro europeo acaba, con el beneplácito de las autoridades, en las grandes empresas estadounidenses, con muy poca capacidad de hacer estas inversiones social y ecológicamente sostenibles.

Sí, los países nórdicos tienen sistemas de capitalización, pero son obligatorios, colectivos y muchas veces controlados por los sindicatos, y se asientan sobre sistemas públicos y universales que mantienen niveles de pobreza y desigualdad de renta mucho más bajos que los españoles (que no de riqueza, debido justamente a la falta de mecanismos de redistribución de la propiedad).

Ahora bien, que el gasto sea asumible y que los gobiernos de coalición hayan puesto los cimientos para mejorar las condiciones de las mujeres y de quienes menos ingresan no significa que el sistema no pueda mejorar, ni que en estas elecciones no debamos exigir más a los partidos que sí defienden un sistema público.

Por ejemplo, hay que seguir aumentando las prestaciones mínimas desvinculadas de las contribuciones para que todo el mundo tenga sus necesidades cubiertas cuando no pueda trabajar, lo que refuerza la emancipación de la clase trabajadora. El Ingreso Mínimo Vital (IMV) tiene aún mucho margen de mejora: un 55% de los hogares que podrían recibirlo no lo ha solicitado. Además, la brecha de género se reduce muy lentamente y los niveles de pobreza de las mujeres mayores son demasiado elevados (un 18,5% en riesgo de pobreza a partir de los 65 años, frente al 13,7% de los hombres, según el INE), sobre todo porque son ellas las más forzadas a cuidar y dejar de cotizar.

Reconocer en la jubilación el cuidado no remunerado debería ser una prioridad. Hay que mejorar el complemento para la reducción de la brecha de género (solo 37 euros al mes por hijo, que cobran 1,37 millones de pensionistas), ampliar el cómputo de las excedencias por cuidado de hijos y familiares y desfamiliarizar estos mecanismos ante el debilitamiento de los lazos familiares y el aumento de los hogares unipersonales y monoparentales. La reforma de la Ley de Dependencia aprobada en septiembre da un paso al reconocer como cuidadoras a personas del mismo entorno relacional, pero el resto de mecanismos sigue ligado a la maternidad y al parentesco.

Por último, hace falta alejar el ahorro privado de los pensionistas de los nuevos tecnofeudalistas de Silicon Valley y canalizarlo hacia productos financieros públicos y sociales que generen vivienda pública y social. La nueva Cuenta de Ahorro e Inversión Financia Europa, impulsada por Bruselas e incluida en el decreto de vivienda, va en parte en esa dirección al orientar el ahorro hacia empresas europeas, pero debería excluir ventajas fiscales regresivas (o, al menos, tributar cómo los ingresos del trabajo al rescatar la inversión) y prever destinos específicos para la vivienda pública y social.

El 29-N, las clases trabajadoras, incluida la clase media, harían bien en tener en cuenta no solo quién propone garantizar la vivienda, sino también la evidencia sobre la sostenibilidad y la justicia social de las pensiones públicas, y la necesidad de seguir mejorándolas y de destinar el ahorro a fines sociales y no especulativos.

El PP quería zanjar las dudas sobre sus planes para el futuro de las pensiones si gobiernan tras las elecciones del 29 de noviembre. Alberto Núñez Feijóo se comprometió el martes a revalorizar las prestaciones por jubilación conforme al IPC. Una promesa que tuvo que reiterar este jueves ante las dudas suscitadas por algunos de los portavoces de su partido, incluido el responsable de Hacienda, Juan Bravo, quien condiciona la equiparación de pensiones con la subida de precios a que haya una “economía adecuada”. La izquierda ha visto la oportunidad y azuza entre los votantes el miedo a una privatización del sistema.

Feijóo protagonizó el pasado fin de semana un acto de precampaña acompañado de Isabel Díaz Ayuso en el que aseguró que su Gobierno, si gana, “pedirá sacrificios”. El líder del PP no dio más pistas, pero unos días antes el responsable económico de Vox, José María Figaredo, había puesto en duda el sistema público de pensiones.

En el PP dan por hecho que solo gobernarán tras una alianza con Vox, y asumen que lo más probable es que les toque compartir mesa del Consejo de Ministros. Las palabras de Figaredo, uno de los principales dirigentes de la ultraderecha, alertó a los estrategas de Feijóo. En juego está el voto de unos 10 millones de personas que son, además, los más fieles a las urnas elección tras elección.

Por eso, el candidato del PP salió al paso de las palabras de su probable socio de coalición tras el 29N. “Yo voy a garantizar la viabilidad del sistema público de pensiones para las gentes que no las han cobrado y que están dudando si las van a poder o no cobrar”, dijo en una entrevista. Ya por la tarde, en un acto de partido, insistió: “El que cotiza tiene pensión y garantizaremos la actualización de acuerdo con el índice de precios al consumo”, añadió.

Pero Feijóo apostilló que “los jóvenes tienen derecho a un sistema público de pensiones viable”, lo que engarzaba con unas palabras de la portavoz parlamentaria, Ester Muñoz, quien sostuvo en una entrevista que el sistema público “va a petar”.

El PP se ha encontrado así en la segunda semana de precampaña con un conflicto con el que no contaba: posicionarse sobre el futuro de las pensiones. Pero, además, ha aflorado un problema habitual: la disparidad de mensajes entre los muchos portavoces del partido.

Feijóo, “innegociable”; Bravo, “economía adecuada”

Feijóo viajó el miércoles a Bruselas, donde se reunió con los principales dirigentes del PP Europeo antes de la cita del Consejo de este jueves y viernes. En la habitual rueda de prensa, el líder del PP quiso poner orden en su casa con una frase pretendidamente tajante.

“Soy el candidato a la Presidencia del Gobierno, lo he dicho en una radio, lo he dicho ayer cuando se me ha preguntado y hoy encantado de decirle: viabilidad y la actualización conforme al IPC de las pensiones son innegociables”.

El responsable de Hacienda del PP, Juan Bravo, fue un poco más preciso que su jefe de filas y apuntó que “hay que revalorizar” las pensiones “conforme al IPC”. Pero añadió: “Y hacer una economía productiva que permita que los que vengan lo puedan disfrutar también”.

“Las pensiones se van a poder pagar, es a lo que aspiramos”, aseguró. Y apuntó que a la economía española “le falta competitividad”, y terminó condicionando las subidas al IPC: “Si tenemos la economía adecuada”.

Aunque no lo dijo expresamente, la idea recuerda al factor de sostenibilidad que introdujo el Gobierno de Mariano Rajoy a partir de 2013, y que en la práctica provocó que la subida de las pensiones durante su mandato se limitaran a un 0,25%, lo que provocó masivas movilizaciones y apuntaló la caída del Ejecutivo del PP tras la sentencia de la Gürtel.

Otra bola extra para la izquierda

Desde el día en que Pedro Sánchez convocó elecciones, en las filas socialistas es recurrente el chascarrillo de que, como ya pasó en 2023, lo que se espera con ansias para alimentar las expectativas en las urnas es el siguiente tropiezo de Feijóo. Y creen que con el enredo de las pensiones ha ocurrido exactamente eso. Desde que ha tomado vuelo el batiburrillo de declaraciones públicas de los populares y el mensaje de Vox de que hay que transitar hacia un sistema mixto que incluya planes de pensiones de privados, Sánchez y el PSOE se han lanzado en tromba a un debate afecta directamente a diez millones y medio de votantes. Y que creen que les beneficia como tema de campaña incluso más que el de la vivienda.

En declaraciones públicas a la prensa a su llegada a Bruselas, el presidente admitió su “perplejidad” ante las declaraciones que están haciendo portavoces tanto del PP como de Vox que “abiertamente dicen que o bien van a recortar las pensiones, que el sistema de reparto es un sistema que está a punto de colapsar o bien piden abiertamente que se callen hasta después de las elecciones”.

“El plan tanto de la derecha como la ultraderecha es mentir a los pensionistas hasta el 29 de noviembre y luego, si les da la suma y pueden gobernar, recortar a los pensionistas su jubilación. Nuestra intención, por supuesto, es que la revalorización de las pensiones se apruebe antes de que finalice el año”, señaló. En sus redes sociales, Sánchez llegó a colgar un fragmento de vídeo de uno de los programas televisivos de referencia de la ultraderecha en el que el director de Okdiario suplica al líder del PP que no revele sus planes antes de que se pongan las urnas. “El plan del PP y Vox nos queda claro: mentir a los jubilados hasta el 29N y, después, recortar las pensiones”, apuntó el presidente en sus redes.

Sánchez quiso enviar desde Bruselas “a los pensionistas de hoy y de mañana” un mensaje de “absoluta tranquilidad”: “el sistema público de pensiones es un sistema sostenible”. E insistió en que “por supuesto que vamos a revalorizar las pensiones conforme al IPC”, antes de final de año, con el Gobierno en funciones.

Hubo un tiempo lejano en que eran los oráculos quienes predecían el futuro. Hoy, son los algoritmos, la IA y las encuestas los que se aventuran a anticiparnos hechos cuando en realidad solo ofrecen conjeturas. Nada más. Si hablamos de demoscopia, conviene recordar que no es una ciencia exacta, sino una disciplina sociológica que se basa en la estadística y la inferencia y que solo mide las tendencias en un momento concreto. Nunca podrá predecir el futuro de forma infalible. Sin embargo, hay quien considera sus trabajos como verdades absolutas, quien los usa para influir en la opinión pública, quien los lee desde la frialdad que proporcionan los datos para extraer conclusiones propias y quien acepta la predicción como algo inexorable e incluso celebra antes de tiempo.

El PP pertenece a esta segunda categoría y actúa, a poco más de 40 días de las elecciones, como si la llegada de Feijóo a La Moncloa ya hubiera ocurrido, de tal modo que sus dirigentes ajustan su conducta a la expectativa y muestran una seguridad en sí mismos como la que exhibieron en 2023 antes de que su líder se estrellara con los resultados de las urnas. 

Pasa en la vida y pasa en la política, que cuando uno cruza la línea de la hiperconfianza, el ego o la rigidez mental, llegan los errores, los batacazos y las decepciones. Entre la estimación de voto del CIS, que otorga hasta 11 puntos de ventaja al PSOE sobre el PP, y las encuestas de los profetas de las mayorías absolutísimas del bloque la derecha, hay una zona intermedia que ofrecen siempre las tripas de los sondeos que conviene leer despacio para no llevarse luego a engaño.

Son datos de los que nadie habla, que rara vez se elevan a titular en los diarios, pero que proporcionan algunas pistas. Por ejemplo: más allá de la estimación de voto, los datos del barómetro de octubre del CIS indican que el único electorado que se está desmovilizando con tanto ultra suelto por las calles es el de Vox (5% menos en “voto seguro” que en marzo) y que el que más se está movilizando es el del PSOE (+7,2%).

Otro dato: la crisis de Ceuta empieza a perder interés, especialmente entre los votantes de Vox, ya que en julio pasado había un 37% que sostenía que la inmigración era un problema que les afectaba personalmente y, ahora, esa inquietud ha caído 15 puntos. Por contra, crece transversalmente la preocupación por el problema de la vivienda (entre 4 y 7 puntos, salvo para quienes se declaran votantes de Vox). Y Feijóo cae a mínimos, casi al nivel de Abascal, cuando se pregunta a los encuestados sobre la confianza que cada líder le inspira como presidente de gobierno. Si en Génova no son capaces de tabular todo ello convenientemente, tropezarán por segunda vez con la misma piedra de la autoconfianza.

Esto, sin contar con la habilidad de su líder de pegarse tiros en el pie cada vez que habla y, especialmente, en periodo electoral. Empezar una precampaña anunciando que pedirá sacrificios a los españoles, seguir con la solemne afirmación de que el sistema de pensiones está en quiebra y poner en alerta con sus palabras a más de 10 millones de jubilados no parece la mejor manera de seducir a los votantes. Mucho menos si sus palabras se convierten en una dosis de recuerdo de lo que el PP ha hecho, dicho o votado cada vez que la conversación pública debatía sobre pensiones.

Aquí los datos: el PP votó en contra de la reforma de las pensiones de 2021 que fijó por ley la revalorización con el IPC y fue consensuada en el Pacto de Toledo y con los agentes sociales. Rechazó también la segunda parte de la reforma en 2023. Dijo “no” a las subidas de las pensiones que incluyeron los Presupuestos de 2022 y 2023 y también a la revalorización en 2024, y en 2025 y 2026 que incluyeron varios decretos “ómnibus”. Muy en consonancia con todo lo que hicieron, por cierto, los últimos gobiernos de la derecha, que en 2012 y 2017 subieron las pensiones por debajo del IPC mientras que solo en 2014, 2015 y 2016 subieron por encima de la inflación. En 2014, 2015, 2016 y 2017 crecieron un 0,25%, lo mismo que en 2018, aunque en aquella ocasión hubo una subida adicional en los Presupuestos del 1,6% para el conjunto de pensiones y del 3% para las mínimas y las no contributivas.  

Definitivamente, Feijóo tiene un problema con las campañas electorales. Y no solo.

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha abierto la puerta a aprobar la subida de las pensiones de cara a 2027 estando en funciones y que el Real Decreto-Ley que la articule sea aprobado en la Diputación Permanente del Congreso, dado que los plazos por el adelanto electoral obligarían a un nuevo Gobierno a hacerlo ya entrado el año.

En una entrevista en TVE, el ‘número dos’ del Ejecutivo ha subrayado que el dato con el que se actualizarán las pensiones el próximo año se conocerá el viernes 27 de noviembre, dos días antes de las elecciones y la fecha en la que el INE publicará el dato adelantado de la inflación correspondiente a ese mes.

“En este caso las fechas no juegan a favor de tener aprobado en Consejo de Ministros esa actualización de las pensiones. El mensaje que puede darse de manera inequívoca es de tranquilidad a los pensionistas, de que esa actualización se va a hacer, independientemente de que el Real Decreto-Ley vaya dos días después de las elecciones”, ha dicho.

El Gobierno entrará en funciones de manera automática tras los comicios, con una capacidad legislativa muy limitada hasta la conformación de un nuevo Ejecutivo con la nueva mayoría que salga de las urnas. Pero el vicepresidente ha subrayado que la aprobación de ese Real Decreto-Ley, que después podría ser avalado por la Diputación Permanente del Congreso, estaría justificado por la “urgente necesidad” y el “interés general” y cree que todos los partidos estarían por la labor de que se le diera luz verde cuanto antes.

El Ejecutivo recuperó la indexación de las pensiones al IPC en la reforma de 2021, que estableció la media de la inflación de los doce meses previos a noviembre (este incluido) como la referencia para subir estas pagas. Con todo, el INE publica un avance a finales de mes y confirma el dato ya entrado diciembre. Habitualmente, el Ejecutivo ha aguardado hasta esta última fecha para confirmar la cifra definitiva.

Mensajes “alarmistas e infundados”

Además, el vicepresidente ha cargado contra los mensajes “alarmistas e infundados” del PP y Vox sobre las pensiones públicas y les ha acusado de tratar de generar “incertidumbre” a la población sin aportar soluciones. “Si el sistema está a punto de explotar, como dice la portavoz del PP, ¿cuáles son las soluciones? Aquí tenemos un vacío o una ausencia de transparencia más allá de decir que esto lo arreglará el PP cuando venga”, ha dicho.

“Tenemos que ser muy claros: las pensiones son sostenibles, están garantizadas y su actualización a la subida de los precios también. Esto lo hicimos en la reforma de 2021 y así va a seguir siendo”, ha insistido el ‘número dos’ del Ejecutivo, que ha recordado que esos cambios legislativos –divididos en dos patas acordadas con los sindicatos y, la primera de ellas, también con los empresarios– contempla mecanismos para asegurar su sostenibilidad.

“Tenemos la responsabilidad de actuar con rigor y transparencia”, ha insistido, que ha subrayado que tras las propuestas de PP y Vox “subyace un modelo distinto del que defendemos nosotros, que es público y sostenible hacia delante”.

El futuro del sistema de pensiones vuelve a convertirse en un problema electoral para Alberto Núñez Feijóo. Si en 2023 fue uno de los principales baches de su campaña, sus estrategas querían evitar tropezar de nuevo con la misma piedra ante los comicios de este 29 de noviembre. Después de que Vox pusiera en duda el carácter público del sistema, el líder del PP ha salido a defenderlo, así como a prometer la revalorización según el IPC. Pero las declaraciones de dirigentes como Isabel Díaz Ayuso o Ester Muñoz han desbaratado el plan.

Feijóo protagonizó el martes un acto de precampaña en Huesca. Junto al presidente de Aragón, Jorge Azcón, el candidato del PP prometió “asegurar las pensiones”. “El esfuerzo tiene que merecer la pena”, dijo. “El que cotiza tiene pensión”, afirmó, “y garantizaremos la actualización de acuerdo con el índice de precios al consumo”, añadió. Feijóo apostilló que “los jóvenes tienen derecho a un sistema público de pensiones viable”.

Un mensaje que ya había lanzado por la mañana en una entrevista en esRadio. “Yo voy a garantizar la viabilidad del sistema público de pensiones para las gentes que no las han cobrado y que están dudando si las van a poder o no cobrar”, aseguró a preguntas de Federico Jiménez Losantos. 

Son dos respuestas directas a la idea lanzada por el dirigente de Vox José María Figaredo, quien ha planteado este mismo mes de agosto un cambio “radical” de un sistema de pensiones “zombi” que “está quebrado” y que, en realidad, equivale a transitar hacia una privatización encubierta.

El problema para Feijóo es que este mensaje sobre un sistema en peligro no solo lo dicen sus socios de ultraderecha. También lo defiende el PP, aunque los jefes de campaña, con Miguel Tellado a los mandos, intentan acotar los límites de su propuesta discursivamente para no espantar a una de las bolsas de votantes más fieles a las urnas: las personas de mediana edad en adelante.

Votos contra la revalorización

En la entrevista con esRadio, Feijóo dijo: “Sé que [el sistema público] tiene un déficit enorme, y sé que el boom de natalidad de los que hemos nacido entre los años 60 y los años 70 [del siglo XX] lo va a poner muy difícil”. Inmediatamente añadió: “Ahora bien, el sistema público de pensiones es una cuestión que no voy a cuestionar en ningún caso”.

El problema es que la ponencia ideológica que aprobó el PP en el congreso nacional del año pasado apenas menciona el sistema público de pensiones. De hecho, la palabra “pensiones” solo aparece dos veces en todo el documento, que supera las 50 páginas. 

Primero, para advertir de reformas: “España tiene la obligación de acometer reformas estructurales para garantizar los servicios públicos a través de la competitividad de la economía, en los campos de la educación, la sanidad, las pensiones, la fiscalidad...”. 

La ponencia, coordinada por la hoy responsable del programa electoral del PP, Alma Ezcurra, no da ninguna pista de qué modelo de pensiones quiere el partido. La segunda vez que menciona la palabra, apenas apunta: “Garantizaremos un sistema de pensiones sólido y viable, con la convicción de que la generación más numerosa merece mucho más que una simple prestación económica”. Sin referencias al carácter público del mismo.

Y no solo los documentos aprobados por el máximo órgano del partido. Pese a lo dicho por Feijóo en 2023 en aquella entrevista con Silvia Intxaurrondo que le obligó a asumir su error, algo nada habitual, el PP sí ha votado contra la revalorización de las pensiones según el IPC.

La última vez que lo hizo fue en 2025, aunque la presión social les forzó a rectificar. Pero la posición viene de antes. Ya durante los gobiernos de Mariano Rajoy, el PP introdujo el llamado “factor de sostenibilidad” que en la práctica congeló las pensiones durante esos años, con subidas máximas del 0,25%.

El PP llegó incluso a romper el Pacto de Toledo. Era 2021, Pablo Casado estaba al frente del partido, con el apoyo de Feijóo desde Galicia, y en su afán opositor a Pedro Sánchez el PP votó contra la ley que garantiza precisamente la revalorización de las pensiones conforme al IPC.

Mayores, sí; ¿jóvenes?

Pese a las palabras de Feijóo este martes, el análisis que hacen en el PP es que el sistema de pensiones es insostenible en su concepción actual y que solo es posible pagar las prestaciones porque la Seguridad Social recibe transferencias directas en los Presupuestos Generales del Estado. Si además las derechas plantean bajar las cotizaciones sociales y los impuestos, el problema se recrudece.

Quizá por eso la portavoz de campaña del PP, Ester Muñoz, hizo a principios de mes unas declaraciones que se han vuelto en su contra. La dirigente aseguró que “por supuesto” teme quedarse sin cobrar pensión en el futuro.

“El sistema, como está, va a colapsar”, afirmó en una entrevista grabada hace días y que ha visto la luz justo en la semana en la que Feijóo intentaba ocupar el hueco dejado por Vox entre las personas mayores.

Muñoz añadió: “Hay gente trabajando que no cubre la gente que cobra pensión. Se incorporan al mercado de las pensiones, por decirlo de alguna manera, los ‘boomers’ que ya no tienen pequeñas pensiones contributivas, sino máximas”. Y siguió: “Los empleos cada vez son más precarios, tienen salarios bajos, de hostelería, servicios, no de industria y fábricas, que tenían mejores salarios”.

La portavoz aseguró que “es evidente que hay un problema y hay que afrontarlo con valentía y diciendo la verdad a la gente”. Tras apuntar que no quiere “contribuir a un debate demagógico de choque de generaciones”, abrió la puerta a una doble velocidad en el sistema de pensiones: “La gente que está ahora llegando a la pensión se la merece. Es lo que les prometieron, lo que corresponde y hay que hacerlo. Pero tenemos que ser valientes y entender que el modelo hay que cambiarlo porque el sistema como está no va a funcionar y va a petar”.

Ayuso lo llama “comprar votos”

La reacción contra Muñoz fue inmediata, lo que le obligó a matizar sus palabras en la tarde del miércoles. Durante una visita a la Región de Murcia, la portavoz del PP aseguró a los medios que el PP “nunca” ha pensado “que no se pueden revalorizar las pensiones”. “Creemos en un sistema público, el único que ha congelado las pensiones es el PSOE”, añadió, para concluir: “Cuando digo que puede ‘petar’, lo digo en los términos que utiliza la gente joven”.

Unas palabras que buscan engarzar su discurso con el de su candidato y jefe de filas. Algo que no entra en los planes de otras dirigentes como Isabel Díaz Ayuso, quien el pasado fin de semana compartió acto de precampaña con el propio Feijóo.

El líder del PP no dijo nada sobre las pensiones. Ni las mencionó. Pero Ayuso sí. La presidenta de Madrid acusó al Gobierno de “comprar voluntades con el dinero de todos los españoles”. “Es populismo rancio”, aseguró, para advertir de que Pedro Sánchez quiere “comprar de golpe sectores clave” de voto, como el de las personas mayores. 

Ayuso prosiguió: “Han dicho, ¿dónde está el nicho de votos? Jóvenes, vivienda, aunque no hayas hecho una vivienda en ocho años. Funcionarios, pues nada, subimos las compensaciones, bajamos las horas de trabajo. Y pensiones. Y ya está”.

Así, la presidenta de Madrid cree que revalorizar las pensiones es un acto de compra de voluntades electorales, lo que no solo apunta al Gobierno. También a su candidato, Alberto Núñez Feijóo.

Un sistema de pensiones que “va a colapsar”, que “va a petar”. O ya en presente, que es un “zombie”, que está “quebrado”. La imagen que están difundiendo en los últimos días PP y Vox sobre el sistema público de pensiones de España, con la que debería extrañar incluso que los jubilados reciban su nómina mes tras mes, no está respaldada con la realidad. Hay una reciente reforma aprobada con el visto bueno de Bruselas, así como dos exámenes superados de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) sobre la nueva regla de gasto creada para ir evaluando periódicamente el sistema.

Los dos partidos de derechas están situando esta idea del colapso de las pensiones, más o menos cercano, a la que añaden por tanto la necesidad de aplicar reformas “valientes” (sin concretar), según la portavoz parlamentaria del partido, Ester Muñoz, o de modificar de pleno el sistema público actual por uno de capitalización individual, como defendió el responsable económico de Vox, José María Figaredo.

“El sistema actual tal como está va a petar”, ha sostenido Ester Muñoz, que ha afirmado que el sistema “está planteado” para una pirámide población en forma de triángulo y que en la actualidad esta está invertida, por el mayor número de personas de edad avanzada y las generaciones menos pobladas de jóvenes. “Hay gente trabajando que no cubre la gente que está cobrando pensión”, ha sostenido la portavoz del PP.

Este dato, sin embargo, no es cierto. Aunque se avanza a una mayor tensión demográfica por el envejecimiento de la población en las próximas décadas, fruto de la jubilación de las numerosas cohortes del llamado baby boom, en la actualidad hay más personas trabajadoras que pensionistas.

En concreto, los récords de empleo (empujados en los últimos meses por la regularización extraordinaria de migrantes), han escalado la ratio de cotizantes entre pensionistas hasta el 2,5, máximos de hace 16 años y un nivel solo alcanzado a mediados de los 2000, en el boom inmobiliario.

Respaldo de Bruselas, la AIReF y previsiones oficiales

Pese a las alertas de la derecha y la extrema derecha, el sistema público de pensiones español ha recibido dos importantes respaldos en los últimos años.

En primer lugar, y de mayor importancia, de la Comisión Europea. El Gobierno de coalición progresista aprobó varias reformas en el sistema de pensiones entre los años 2021 y 2024, precisamente para afrontar el reto de la jubilación del baby boom de las próximas décadas, que fueron pactadas con Bruselas por el exministro José Luis Escrivá dentro del Plan de Recuperación tras la pandemia, que supusieron un paso muy relevante.

Porque las reformas no se basaban en recortes, como las precedentes y los movimientos más extendidos a nivel internacional, sino en incentivos para alargar la edad de jubilación de manera voluntaria, así como en el aumento de ingresos del sistema para hacer frente a un mayor gasto estimado hasta el pico de 2050. A partir de entonces, el gasto en pensiones se prevé que descienda.

El Gobierno tumbó así la legislación previa del PP de 2013 que semicongelaba las pensiones y preveía recortes para los futuros jubilados con su “factor de sostenibilidad”, que había dinamitado el Pacto de Toledo y que provocó protestas masivas de jubilados. Una marea pensionista que logró que el propio Gobierno del PP de Mariano Rajoy dejara de aplicar su regulación al final de su mandato.

En segundo lugar, fruto de este acuerdo con Bruselas, las reformas del Gobierno de coalición incluyeron un sistema de evaluación permanente, cada tres años, a cargo de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Se trata de una “regla de gasto” que sigue la evolución de ingresos y gastos del sistema público y su proyección a largo plazo, con el objetivo de que no superen el 13,3%.

De franquear esta meta, la ley prevé la obligación de que el Gobierno tome medidas al respecto, previa consulta al Pacto de Toledo y agentes sociales, ya sea con medidas en el lado del gasto o del ingreso. Si no hay acuerdo, se incluyó una medida semiautomática para que se aumentaran las cotizaciones sociales.

La AIReF ya ha analizado en dos ocasiones esta regla de gasto, en marzo de 2025 y en mayo de 2026, y en ambas ocasiones el sistema ha superado el examen. En el último estudio, la autoridad mejoró incluso su previsión de gasto del sistema. No obstante, el organismo público es crítico con la regla de gasto pactada con Bruselas, que considera que no mide adecuadamente la sostenibilidad futura del sistema.

Además, el Ministerio de la Seguridad Social actualizó este año su simulador del gasto de pensiones, que ha denominado INTegraSS, cuyas cifras reducen de manera sustancial la previsión de gasto: sitúan un 15,3% del PIB en el momento de más tensión, respecto el 16,1% de la Autoridad Fiscal y el 17,3% de la Comisión Europea.

La catástrofe anunciada que no llega y las reformas aprobadas

El PP y Vox proyectan la idea de un sistema que no está pensado para el presente y futuro inmediato, con una población más envejecida. Incluso el responsable económico del partido de extrema derecha afirmó que “no se ha aplicado ninguna medida correctora” en pensiones desde las alarmas de 1995 que llevaron a la formación del Pacto de Toledo. Pero esto tampoco es cierto.

Las reformas de pensiones aplicadas en las últimas décadas han tenido precisamente el objetivo de adaptar el sistema público al aumento de gasto de la jubilación de los baby boomers, que no es en absoluto una sorpresa, ni algo desconocido, sino una previsión demográfica que viene de largo.

Por mencionar solo algunas, la reforma de 2011 amplió la edad de jubilación poco a poco a los 67 años y extendió el periodo de cálculo de la pensión de los últimos 15 a 25 años, entre otras muchas medidas. En las reformas de 2021 a 2024 se han primado los incentivos para retrasar la edad efectiva de jubilación, con más recompensa económica por ejemplo a la jubilación demorada y la reforma de las penalizaciones para las salidas anticipadas.

Estos incentivos están teniendo ya sus efectos, sostiene Carlos Bravo, secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO, que destaca que la edad efectiva de jubilación ha aumentado dos años en las últimas dos décadas, hasta alcanzar los 65,4 años de media. “De esos dos años, un año se ha ampliado solo en los últimos siete”, subraya el sindicalista, con el consiguiente efecto reductor en el gasto en pensiones.

En cualquier caso, los mensajes catastrofistas sobre el futuro de las pensiones tampoco son nuevos, recuerda Carlos Bravo, con informes que han avecinado una quiebra del sistema a partir de los 2000 que no se ha producido. Ni en la crisis financiera, con las dificultades que atravesó la economía española y en la que el Gobierno de Rajoy vació el 90% de la hucha de las pensiones, unos 65.000 millones de euros, ni ante contextos de extraordinaria complejidad como el desplome de la economía española durante la pandemia.

“Es la primera fase del ciclo de la privatización: el miedo. Pero los datos nos avalan: nuestro sistema público de pensiones es sostenible y es el que quiere la inmensa mayoría de los ciudadanos”, ha afirmado este miércoles la ministra de la Seguridad Social, Elma Saiz.

Por el contrario, Vox está defendiendo una medida que sí sería un tiro en el pie para el sistema público de pensiones: limitar la migración e, incluso, repatriar a personas extranjeras que ya viven en nuestro país. Todos los organismos económicos que analizan el futuro de las pensiones sitúan la migración como un elemento indispensable para aumentar la población trabajadora a futuro en países como España, con la población cada vez más envejecida. “Ahí sí que colapsaría el sistema, pero no solo de pensiones, la actividad en general”, advierte el responsable de CCOO.

La Seguridad Social ha detallado las distintas opciones disponibles en 2026 para compatibilizar el cobro de una pensión de jubilación con una actividad laboral o prolongar voluntariamente la vida profesional. Las modalidades de jubilación activa, parcial y flexible permiten mantener determinados ingresos del trabajo mientras se percibe una prestación, aunque sus requisitos y cuantías son diferentes. A estas alternativas se suma la jubilación demorada, dirigida a quienes prefieren retrasar el acceso a la pensión para mejorar sus condiciones económicas.

Una de las principales posibilidades es la jubilación activa, dirigida a quienes acceden a la pensión al menos un año después de alcanzar su edad ordinaria de jubilación. Para acogerse a ella es necesario haber acreditado el periodo mínimo de cotización exigido en la fecha en que se cumplió dicha edad, mientras que quienes se hayan jubilado anticipadamente quedan excluidos. Esta modalidad permite trabajar por cuenta propia o ajena, tanto a jornada completa como parcial, sin necesidad de abandonar previamente la actividad profesional.

La proporción de pensión compatible con el trabajo depende del tiempo que se haya retrasado la jubilación. Quienes demoren su retirada un año pueden cobrar el 45% de la prestación, porcentaje que aumenta al 55% después de dos años, al 65% tras tres y al 80% después de cuatro. A partir de cinco años de demora se permite percibir el 100%. Además, el porcentaje compatible aumenta cinco puntos por cada doce meses consecutivos de jubilación activa, hasta alcanzar el máximo establecido. Para determinados autónomos existen condiciones específicas que permiten cobrar el 75% de la pensión cuando el retraso ha sido de entre uno y tres años.

Jubilación parcial y flexible: dos formas de reducir la jornada

La jubilación parcial está destinada a trabajadores por cuenta ajena que desean reducir su jornada antes de retirarse definitivamente. Con carácter general, permite disminuir el tiempo de trabajo entre un 25% y un 75% y cobrar la parte de pensión correspondiente a esa reducción. En determinados supuestos puede solicitarse hasta tres años antes de la edad ordinaria, siempre que se cumplan los requisitos establecidos y la empresa formalice simultáneamente un contrato de relevo indefinido y a tiempo completo, que deberá mantenerse al menos hasta dos años después de la finalización de la jubilación parcial. Cuando el anticipo supera los dos años, la reducción de jornada durante el primer año debe situarse entre el 20% y el 33%.

En cambio, la jubilación flexible está pensada para quienes ya cobran una pensión y deciden reincorporarse al mercado laboral. El Real Decreto 416/2026, en vigor desde el 28 de agosto, ha ampliado esta posibilidad a determinadas actividades por cuenta propia, siempre que el pensionista no hubiera estado dado de alta como autónomo durante los tres años anteriores a su jubilación. También permite trabajar por cuenta ajena con una jornada comprendida entre el 33% y el 80% de la correspondiente a un empleo a tiempo completo comparable.

En esta última modalidad, la pensión se reduce en función de la jornada realizada. Por ejemplo, trabajar el 60% de una jornada completa permite percibir, con carácter general, el 40% de la prestación. No obstante, quienes comiencen por primera vez una actividad a tiempo parcial después de seis meses de jubilación pueden beneficiarse de incrementos adicionales sobre el importe de la pensión compatible: del 25% si trabajan entre el 55% y el 80% de la jornada, o del 15% cuando la dedicación se sitúa entre el 33% y menos del 55%. Si la actividad es por cuenta propia, la pensión compatible equivale al 25%.

Retrasar la jubilación también permite aumentar los ingresos

Otra alternativa es la jubilación demorada, que consiste en continuar trabajando después de alcanzar la edad ordinaria sin comenzar todavía a cobrar la pensión. A diferencia de las modalidades anteriores, no permite percibir simultáneamente la prestación y el salario. La Seguridad Social contempla tres fórmulas de compensación: incrementar el importe de la futura pensión, recibir una cantidad mediante un pago único o combinar ambas opciones. La regulación vigente desde finales de agosto de 2026 ha introducido mejoras en el cálculo de la modalidad mixta y permite computar periodos semestrales a partir del segundo año de demora.

Las consecuencias al finalizar la actividad también varían según la modalidad elegida. Tanto en la jubilación activa como en la flexible se restablece el cobro íntegro de la pensión, pero las cotizaciones efectuadas durante estos periodos no mejoran, con carácter general, la prestación reconocida. En la flexible existe una excepción para determinados casos de jubilación anticipada involuntaria, en los que se recalcula la cuantía teniendo en cuenta los nuevos periodos cotizados. Por su parte, quienes opten por la jubilación parcial accederán a la pensión que les corresponda cuando se retiren definitivamente, de acuerdo con sus cotizaciones y las condiciones de cálculo aplicables.

El PP quiere “cambiar el modelo” de pensiones de forma “valiente” si llega al Gobierno. La portavoz parlamentaria del partido, Ester Muñoz, afirmó este martes en una entrevista en un podcast que el sistema público de pensiones “va a colapsar” porque está planteado para una pirámide poblacional que ya no existe.

Muñoz, que ha dicho que ella también se plantea si llegará a tener pensión, afirmó que hay que afrontar el debate “con valentía diciendo la verdad a la gente”. “Creo que tenemos que ser valientes y entender que el modelo hay que cambiarlo porque no funciona, porque el sistema actual tal como está va a petar”, añadió.

“Hay gente trabajando que no cubre la gente que está cobrando pensión. Se incorporan al mercado de las pensiones los boomers, que ya no tienen pensiones mínimas, tienen máximas. Los empleos que soportan las pensiones tienen salarios bajos y por tanto es evidente que hay un problema en este país”, argumentó.

Feijóo dice que los jóvenes tienen derecho a un sistema “viable”

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se sumó al debate abierto por Muñoz en un mitin por la tarde en Huesca en el que prometió “asegurar las pensiones” si llega al Gobierno. “El que cotiza tiene pensión”, afirmó.

“El que cotiza tiene pensión y garantizaremos la actualización de acuerdo con el índice de precios al consumo”, añadió. Feijóo apostilló que “los jóvenes tienen derecho a un sistema público de pensiones viable”.

Horas antes, en una entrevista en 'esRadio', el líder del PP había asegurado que garantizará “la viabilidad del sistema público de pensiones para las gentes que no las han cobrado y que están dudando si las van a poder o no cobrar”. Pero no ha aclarado cómo.

Las palabras del PP llegan después de que su socio de gobierno en cinco autonomías, Vox, diese por muerto el sistema público actual. El sistema público de pensiones que abona cada mes su pensión a alrededor de diez millones de personas “es un zombi” y “está quebrado”, según Vox, en palabras de José María Figaredo, su responsable económico y secretario general del partido de extrema derecha en el Congreso de los Diputados. Por ello, la formación liderada por Santiago Abascal defiende acabar con el actual sistema público de reparto para avanzar hacia un sistema mixto de capitalización, con pensiones individuales.