“Un reequilibrio del gasto social entre generaciones”. La Comisión Europea entra de lleno en el debate en España sobre cómo se reparte el gasto social entre los diferentes grupos de edad, según se desprende del informe elaborado por la Comisión Europea sobre recomendaciones económicas que se ha presentado este miércoles. Aunque en el informe no se hace una mención directa al gasto en pensiones, Bruselas sí resalta la necesidad de “un reequilibrio del gasto social entre generaciones y mejorando la cobertura y la adecuación de las transferencias sociales y de la asistencia social, así como su vinculación con las políticas de activación, reduciendo aún más las desigualdades de renta” para luchar contra la pobreza infantil.

La Comisión también hace una llamada por “una creciente dependencia de la tributación del trabajo”, mientras “España presenta la mayor brecha de política del IVA de la Unión Europea como resultado de una de las mayores diferencias entre tipos impositivos”. En este sentido, destaca el IVA de la hostelería (hoteles, bares y restaurantes) “por su elevado impacto presupuestario y su efecto redistributivo muy limitado”. A pesar de que se ha convertido en un tema en el que la oposición de derechas insiste en castigar al Gobierno de Pedro Sánchez, no hay ninguna mención en el informe sobre la falta de Presupuestos Generales del Estado por cuarto año consecutivo. Bruselas también hace una llamada por la desviación del gasto en 2026 e insta a España a que “respete las tasas máximas de crecimiento recomendada”.

Posteriormente, un miembro de la Comisión sí que ha señalado que “España gasta muchísimo en partidas como pensiones, que no benefician particularmente a las nuevas generaciones. Hay que pensar en un gasto más orientado a las nuevas generaciones. Los pensionistas tienen casi el doble de la renta media y muchos de los beneficios y ayudas, como el transporte”.

Mientras, el informe sobre España contrapone que la pobreza “sigue siendo un desafío importante, en un contexto de niveles generales de pobreza elevados y de desigualdades de ingresos persistentemente altas. En 2024, más de uno de cada cuatro niños en España se encontraba en riesgo de pobreza o exclusión social, lo que sitúa al país entre los Estados miembros con peores resultados de la Unión Europea en este ámbito”.

Bruselas recomienda para solucionar este desajuste la necesidad de reequilibrar el gasto público favoreciendo políticas destinadas a apoyar a los niños y a los jóvenes. La Comisión ha escogido un grupo de áreas prioritarias a las que se debería dirigir el gasto público que son la educación, el empleo y, especialmente al acceso a la vivienda, que se ha vuelto a colar este año como uno de los principales retos de la economía española.

En este sentido, la Comisión insiste en que “España cuenta con uno de los niveles más bajos de vivienda social de toda la Unión Europea, representando menos del 2% del parque total de viviendas, frente a una media de la UE de aproximadamente el 7%”. Bruselas recomienda “superar algunas de las restricciones que han frenado la construcción de vivienda” como son la “disponibilidad limitada de suelo edificable, la lentitud de los procedimientos administrativos y la tramitación de permisos” para superar los “persistentes cuellos de botella en la oferta”.

Subir el IVA a la hostelería para recaudar hasta 7.000 millones más

A la hora de explicar la tributación en España, Bruselas apunta que “la participación media de los impuestos sobre el trabajo en la recaudación fiscal total de España aumentó del 48,7% de media en el subperíodo 2015-2019 al 51,8%” de 2020-2024. De hecho, “el aumento de los ingresos procedentes de los impuestos sobre el trabajo explica el 90% del incremento” de la participación fiscal en España durante la última década, “lo que refleja una creciente dependencia de la tributación del trabajo”. Es decir, los trabajadores contribuyen más fiscalmente que las rentas de capital o el consumo.

Bruselas argumenta esta situación por “la no indexación de los tramos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y el aumento de los tipos de cotización a la Seguridad Social han acelerado el desplazamiento de España hacia una mayor tributación del trabajo”.

Frente a esta situación, “los ingresos procedentes de impuestos sobre el consumo y de impuestos medioambientales se sitúan por debajo de la media de la UE, tanto como porcentaje del PIB como en porcentaje de la recaudación fiscal total”. En este sentido, el informe recalca que “España presenta las mayores brechas de política del IVA de la Unión Europea, como resultado de una de las mayores diferencias entre tipos impositivos y de la mayor brecha derivada de exenciones del IVA”.

La Comisión hace una mención especial al IVA reducido de la hostelería (hoteles, bares y restaurantes) “por su elevado impacto presupuestario y su efecto redistributivo muy limitado”. Frente al impuesto del 21% la hostelería paga un 10%. Según un técnico de la Comisión, “los beneficios fiscales que existen en España rondan 60.000 millones en total, de los cuales el IVA son casi el 60%”. En el caso del IVA de la hostelería, su incremento supondría que se ingresarían hasta 7.000 millones más en las arcas públicas.

Desvío del gasto

La Comisión prevé que el gasto neto en España crezca un 5,1% en 2026 y un 14,9% de forma acumulada en el período 2024, 2025 y 2026. Esto supondría una desviación respecto a los datos que envió en Gobierno de España con un 4,2% anual, mientras que en el acumulado alcanzaría el 13,3%. Con los datos del Ejecutivo de Pedro Sánchez España cumpliría con la regla de gasto, ya que estaría por debajo de los límites del 0,3% y del 0,6% del PIB marcados por las reglas fiscales europeas.

“Teniendo en cuenta la desviación prevista para 2026 por la Comisión con respecto a la senda de gasto neto recomendada”, España debe “garantizar que el gasto neto respete las tasas máximas de crecimiento recomendada”, señala la Comisión.

Un técnico de la Comisión ha rebajado el impacto de este desvío y admitie que se hace la recomendación a España porque “está cerca del límite del acumulado”. “En la desviación acumulada se añade cierta flexibilidad a 2024, con lo cual en 2025 todavía tenemos un pequeño crédito de un 0,1% para el 26. La recomendación tiene en cuenta la flexibilidad de la cláusula de defensa. Hay un exceso de 0,4% del PIB con la cláusula defensa”.

La cláusula nacional de escape para el gasto en defensa permite a los países contabilizar el aumento del presupuesto militar fuera de las reglas fiscales ordinarias. España se comprometió a alcanzar el 2% del PIB en gasto militar en un ardúa confrontación con Donald Trump, que exigía que el gasto en defensa de los aliados de la OTAN llegara al 5% del PIB.

Además, el comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis, ha confirmado que se va ampliar la aplicación de la cláusula de escape para inversiones en energía, una medida que habían solicitado países como Italia y España, con idea de reducir la dependencia de combustibles fósiles. Esta ampliación facilitará que las cuentas españolas no superen los límites de la regla de gasto de la UE.

Un magistrado de Barcelona ha dictaminado que la pensión de incapacidad permanente de una trabajadora que sufrió un accidente laboral no puede verse recortada por el hecho de haber solicitado una jornada reducida para cuidar de su hijo menor. La sentencia establece que el cálculo debe realizarse como si hubiera mantenido la misma jornada que tenía previamente a la reducción, evitando así lo que considera una “discriminación indirecta” hacia las mujeres, que son quienes mayoritariamente asumen las tareas de cuidado.

Se trata de una sentencia pionera, conseguida a raíz de una demanda presentada por el Col·lectiu Ronda en representación de la trabajadora, que concluye que existe la obligación de incorporar la perspectiva de género en la interpretación de las normas para garantizar la igualdad efectiva. Además, en este caso, debe considerarse que el objetivo de la norma de proteger la conciliación debe prevalecer sobre el cálculo del salario reducido.

La plaza 3 de la sección social del Tribunal de Instancia de Barcelona ha dado la razón a esta cajera de supermercado, que sufrió un accidente laboral mientras se encontraba en reducción de jornada para cuidar a su hijo, un derecho recogido en el Estatuto de los Trabajadores.

La normativa española aplicada por el INSS establece que las pensiones por accidente de trabajo deben calcularse según el “salario real” que se percibe en el momento del accidente. Para evitar que las madres y padres salgan perjudicados, la ley prevé un mecanismo de corrección, una especie de “ficción” jurídica que hace que, durante los primeros años de reducción, la Seguridad Social compute las cotizaciones como si la persona estuviera trabajando al 100% de la jornada.

El conflicto aparece cuando, como en el caso de la trabajadora de Sabeco-Alcampo, el accidente se produce una vez pasado estos primeros años de protección especial. En esta situación, el INSS aplica de nuevo el criterio literal del sueldo reducido. Esto hizo que inicialmente se le concediera una pensión calculada sólo sobre su media jornada, fijándola en 8.341 euros anuales.

La sentencia corrige este criterio al considerar que limitar la protección a sólo unos pocos años es discriminatorio. El magistrado concluye que, si el derecho a cuidar a los hijos lo ejercen mayoritariamente las mujeres, no se las puede penalizar con una pensión más baja por haber alargado los cuidados más allá del período que marca la ley. Por ello, obliga a calcular la pensión en base al salario de jornada completa, elevando la base de cálculo hasta los 16.236 euros anuales, prácticamente el doble de lo que pretendía la administración.

El magistrado considera que no puede obviarse la contundencia de los datos estadísticos que desmontan la neutralidad de la norma. En concreto, el 90,15% de las personas que piden reducción de jornada por cuidado de hijos son mujeres y el 77,17% de las pensiones de incapacidad por accidente de trabajo en esta situación afectan a mujeres.

Ante esta evidencia, el juez concluye que la norma española, aunque parezca “neutra”, termina castigando casi exclusivamente al colectivo femenino. La sentencia destaca que los jueces tienen la obligación jurídica de interpretar las leyes con perspectiva de género para garantizar una igualdad real.

Con anterioridad a dictar esta sentencia, el propio magistrado planteó una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para evaluar si el cálculo basado en la reducción de jornada suponía una discriminación indirecta por sexo.

El tribunal consideró que la normativa española no era contraria a la directiva europea en términos de discriminación por reducción de jornada, aduciendo que los datos disponibles son demasiado genéricos para determinar con exactitud la proporción de trabajadores y trabajadoras perjudicadas, que existían precedentes que no consideraban discriminatorios los cálculos de la pensión en función del tiempo de trabajo y que una norma que del importe de la pensión es una medida neutra que no infringe directamente el principio de igualdad de trato.

Sin embargo, el TJUE dejó la puerta abierta, indicando que si el juez nacional disponía de datos que acreditaran un perjuicio especial para las trabajadoras, correspondería al mismo tribunal español valorar si la norma tal y como estaba planteada perseguía un objetivo legítimo y resultaba proporcionada o si, por el contrario, tenía un efecto discriminatorio sobre las trabajadoras.

La sentencia pone el foco en la obsolescencia de la norma que la administración utilizaba para justificar este recorte: un reglamento de accidentes que data del año 1956. El equipo jurídico del Col·lectiu Ronda que ha llevado el caso ha defendido con éxito que los valores de ese momento histórico, cuando el papel de la mujer en el mercado de trabajo era totalmente marginal, estructuran la práctica jurídica actual.

Destacan que esta decisión es vital porque corrige una brecha de género estructural. Según las letradas, “la sentencia impide que las mujeres que asumen las labores de cuidado sean doblemente penalizadas: primero, cobrando un sueldo más bajo mientras cuidan de sus hijos y, segundo, recibiendo una pensión mucho más pobre de por vida si sufren un accidente”.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha publicado este viernes su nuevo estudio de la regla de gasto en pensiones encargado por el Gobierno, en el que mejora su previsión de gasto neto del sistema a largo plazo, hasta 2050, que rebaja del 13,2% que estimó en 2025 al 13% en este nuevo análisis.

Como consecuencia, no será necesario activar ajustes adicionales para garantizar la sostenibilidad del sistema, según estableció la reforma de pensiones aprobada por el Ejecutivo de coalición.

La llamada “regla de gasto en pensiones” se incluyó como un mecanismo semiautomático de control del sistema por parte de la AIReF, para que cada tres años evaluara el equilibrio entre gastos e ingresos. Si este análisis concluía que el sistema se descompensaba por el lado del gasto, la ley previó un camino a seguir para incluir nuevas medidas correctoras. Esta herramienta fue pactada por el entonces ministro José Luis Escrivá y Bruselas, en el marco de las reformas del Plan de Recuperación tras la pandemia.

En 2025, la AIReF realizó su primera evaluación, que suponía el cumplimiento de la regla de gasto aunque con muchas críticas por parte de la institución, que entonces lideraba la economista Cristina Herrero. Poco después, el Gobierno pactó con Bruselas un nuevo análisis para este año.

“Se vuelve a confirmar el cumplimiento de la regla de gasto en pensiones”, ha explicado este viernes la nueva presidenta de la AIReF, Inés Olóndriz, en una rueda de prensa que se está celebrando esta mañana. No obstante, la institución sigue siendo muy crítica con la propia regla de gasto, que considera que “ofrece una visión parcial centrada en un único componente de gasto” y que “no es adecuada” para medir la sostenibilidad del sistema.

Por ello, la AIReF ha propuesto al Ministerio de la Seguridad Social que se reforme este instrumento, para “que se integre en el marco fiscal europeo”, ha afirmado Olóndriz, hasta hace unos meses miembro del Gobierno, como secretaria general de Financiación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda.

Fuentes del Ministerio de la Seguridad Social han celebrado que “el sistema público de pensiones español ha vuelto a superar una prueba externa e independiente” y han reivindicado que “los resultados del informe de la AIReF muestran que es sostenible y que las reformas estructurales adoptadas desde 2021 por el Gobierno” están “dando resultados”.

El departamento de Elma Saiz publicó ayer el primer informe de su nuevo simulador del gasto en pensiones, INTegraSS, cuyos resultados ya adelantó en abril, que estiman un gasto neto promedio algo más elevado, del 14% del PIB, aunque el pico de gasto máximo lo sitúa en un 15,3% en 2050 y en la AIReF lo elevan el 16,4%.

Más ingresos por las cuotas de los autónomos

La principal diferencia del actual cálculo de la AIReF respecto a la valoración del año pasado se centra “en el saldo de las medidas de ingresos”, ha explicado Inés Olóndriz, que en este análisis se sitúa en un 1,6% del PIB y en el anterior era del 1,4%. La previsión de gasto se mantiene en el 14,6%.

Y, dentro de los ingresos, la diferencia principal con el análisis del año pasado, se centra en la valoración de los ingresos de cotizaciones de los trabajadores autónomos, que aumenta, gracias a la reforma para que coticen según sus ganancias. Olóndriz ha explicado que el año pasado la AIReF hizo una proyección y “ahora lo que tenemos son datos observados de 2023 y 2024”, que “han sido mejores de las proyecciones”.

El resto de medidas de ingresos apenas varían, han explicado en la AIReF. Por ejemplo, se mantiene solo una décima de ingresos en cotizaciones gracias a los aumentos del salario mínimo interprofesional (SMI) y no estiman un impacto positivo en los ingresos fruto de la reforma laboral, que ha desplomado el empleo temporal, porque la institución considera que aún no hay evidencia que permita constatarlo.

337.000 trabajadores más con contrato en el primer año

El estudio también incorpora una evaluación –aún muy incipiente– del impacto de la regularización de migrantes aprobada por el Gobierno en el empleo y los ingresos por cotizaciones sociales que supondrá para las arcas públicas, que estiman en 0,03 puntos del PIB promedio hasta 2050. La directora de la División de Análisis Económico, Esther Gordo, ha insistido en varias ocasiones en que son datos aún sobre los que pesa una gran incertidumbre.

La AIReF estima que el universo potencial de beneficiarios de la regularización sería de unas 763.000 personas en situación irregular y de 186.230 solicitantes de asilo en edad de trabajar. En total, casi 950.000 personas entre los 18 y 64 años, pero de las que estiman que no todas lograrán la residencia.

De las personas en situación irregular, el organismo estima –fruto de otros procesos de regularización– que solo un 85% presentará la solicitud para regularizarse y, de ellos, que la tasa de aceptación será de un 83%. A partir de ahí, con supuestos de actividad y empleo elevados, del 83% y 86%, como existe en la actualidad para la población migrante, la AIReF calcula que el universo potencial de nuevos trabajadores con contrato alcanza las 384.000 personas.

Con un supuesto de cierta reducción del empleo, por el aumento de costes para las empresas que supondrá el paso a la regularidad de miles de empleados ahora sin contrato, el organismo concluye que el balance de nuestros trabajadores en el primer año de regularización será de 337.000 personas.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este jueves la nueva regulación de jubilación flexible aprobada esta semana por el Gobierno, que entrará en vigor dentro de tres meses. En concreto, el 28 de agosto. Entre los cambios más destacados figuran el acceso de los autónomos a esta fórmula de complementariedad del trabajo y el cobro de pensión, antes solo accesible para los asalariados, así como un aumento del porcentaje de pensión que se puede cobrar en algunos casos y la mejora de la pensión futura de los jubilados forzosos, entre otras.

La jubilación flexible es una fórmula por la que una persona que se ha jubilado vuelve a trabajar a tiempo parcial, cobrando el salario y parte de la pensión. Ahora, además de los asalariados con contratos a tiempo parcial, también podrán acceder a ella personas autónomas.

La ministra de la Seguridad Social, Elma Saiz, destacó el martes su carácter voluntario. “Esta es la muestra de que estamos creando un marco más amplio y más atractivo, más adaptado a los tiempos modernos para trabajadores y trabajadoras, que no expulsa el talento senior que quiera seguir aportando –insisto– desde la voluntariedad”, argumentó Saiz.

El real decreto especifica que las pensiones de jubilación flexible iniciadas con anterioridad a la entrada en vigor de esta nueva regulación se seguirán rigiendo por la normativa que les fuera aplicable anteriormente.

Entre las novedades también figura que no será necesario esperar un periodo mínimo desde la jubilación para solicitar la jubilación flexible. Se podrá acceder en cualquier momento, una vez reconocida la pensión.

“Finalizada la relación laboral por cuenta ajena o el trabajo por cuenta propia, se restablecerá el percibo íntegro de la pensión de jubilación”, recoge el real decreto.

Quiénes tienen derecho

La jubilación flexible “será de aplicación a todos los regímenes del sistema de la Seguridad Social”, especifica el decreto, excepto “al Régimen especial de la Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado, al Régimen especial de la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y al Régimen especial de Seguridad Social del personal al servicio de la Administración de Justicia”.

Asalariados a tiempo parcial y autónomos

Esta fórmula está disponible para aquellas personas jubiladas que vuelvan a trabajar con un contrato a tiempo parcial. Para estas personas también hay novedad: la horquilla para la realización de esta jornada sube del 33% al 80%. Antes, el jubilado podía realizar una jornada de entre el 25% y el 75% respecto a un horario a tiempo completo.

A partir de ahora también podrán acceder a ella quienes decidan volver a trabajar con una actividad por cuenta propia, aunque con una considición: “Siempre que, en los tres años inmediatamente anteriores a la fecha del hecho causante de la pensión de jubilación, la persona pensionista no hubiera estado en alta en un régimen de la Seguridad Social como persona trabajadora por cuenta propia”.

Mejora en el porcentaje de pensión a percibir

La cuantía de la pensión, con relación a la de un trabajador a tiempo completo, se reducirá en proporción inversa a la disminución de la jornada de trabajo.

Con el objetivo de incentivar el retorno al mercado de trabajo, cuando se acceda a la jubilación flexible por primera vez y pasados al menos 6 meses desde la jubilación, el pensionista percibirá un porcentaje adicional de pensión.

– En las jornadas a tiempo parcial que se encuentren entre el 55 y el 80%, se incrementará el importe de la pensión en un 25% adicional;

– En las jornadas parciales que las que sean igual o superior al 33%, pero inferiores al 55%, subirán un 15% adicional.

En aquellos supuestos en que se compatibilice la pensión de jubilación con una actividad por cuenta propia, el importe de la pensión a percibir se corresponderá con un porcentaje del 25%.

Durante el periodo de jubilación flexible, el trabajador seguirá teniendo la condición de pensionista a efectos de asistencia sanitaria y protección social.

El importe de la pensión de jubilación compatible con la actividad por cuenta ajena o por cuenta propia incluirá el complemento por maternidad o para la reducción de la brecha de género, cuando se perciba. “Este se reducirá y, en su caso, se aumentará en la misma proporción que el importe de la pensión” que se perciba en esta modalidad flexible.

Además, “la persona pensionista no tendrá derecho a los complementos para pensiones inferiores a la mínima durante el tiempo en el que compatibilice la pensión con el trabajo”.

Mejora de pensión futura solo a jubilados forzosos

Además, el pensionista que haya accedido de forma involuntaria a una jubilación anticipada, cuando regrese a la jubilación plena desde la jubilación flexible, verá mejorada su pensión inicial al recalcularse su base reguladora y el porcentaje aplicable, según el periodo de cotización acreditado.

En el resto de casos, “la cotización efectuada durante la situación de jubilación flexible no surtirá efectos para la mejora de la pensión que se tenga reconocida, ni tampoco incrementará el complemento económico de demora que hubiera correspondido”.

Incompatible con el plus de jubilación demorada

La norma declara incompatible la jubilación flexible con el percibo del complemento económico por jubilación demorada. Así, se aplicarán estas reglas en caso de ya percibir este plus:

a) Cuando se hubiese optado por percibir el complemento bajo la modalidad de porcentaje adicional en la pensión, “su percibo quedará suspendido durante el tiempo en que se aplique el régimen de compatibilidad del trabajo con la pensión de jubilación flexible”.

b) Cuando se hubiese optado por percibir el complemento bajo la modalidad de cantidad a tanto alzado, o bajo la opción mixta (porcenatje adicional y a tanto alzado), “no será posible aplicar el régimen de compatibilidad del trabajo con la pensión de jubilación flexible”.

Mejoras pendientes en la jubilación demorada

Además, el real decreto incluye algunos cambios ya anunciados en la jubilación demorada, como la compatibilidad del cobro del plus con la jubilación activa.

Hay un periodo transitorio para ello, por el que “se seguirá aplicando la incompatibilidad de la percepción del complemento por demora con el acceso al envejecimiento activo”, conforme a lo establecido en la regulación contenida en dichos artículos vigentes a 31 de marzo de 2025, “a las personas que en esa fecha estuvieran compatibilizando la pensión con un trabajo por cuenta ajena o propia conforme a dicho régimen, en tanto no se produzca la baja en el régimen de la Seguridad Social correspondiente por haber finalizado la citada relación laboral o actividad por cuenta propia”

Además, se modifican los términos para acceder a este plus de jubilación demorada, para el que “se tomarán años y semestres completos”.

Todos los detalles de la regulación son accesibles en este enlace del Boletín Oficial del Estado.

La pasarela para que miles de mutualistas de profesiones como abogados, procuradores y arquitectos transfieran sus cotizaciones a la Seguridad Social ha recibido este martes el visto bueno de la Comisión de Trabajo del Congreso de los Diputados, con la abstención del PP, Vox y Junts, con muchas críticas al Gobierno por el veto de varias enmiendas presentadas por la oposición. La ley va rumbo a su votación en el Pleno del Parlamento, prevista el próximo 10 de junio, un examen clave para su aprobación y para su contenido, con varios detalles aún abiertos.

La sesión celebrada en la Comisión de Trabajo ha dejado aún varias enmiendas “vivas” para que se voten en el Pleno del Parlamento, por lo que no solo está pendiente la aprobación de la propia pasarela para los mutualistas, sino también el detalle de algunos de sus artículos.

Por ejemplo, este martes los portavoces de Sumar y del PSOE han mencionado en sus intervenciones una importante novedad, incorporada en este último momento, pendiente de la votación del Pleno: rebajar a 52 años –desde los 55 años inicialmente propuestos– la edad a partir de la cual la ley da un trato más favorable a los mutualistas y considera que cada mes cotizado en la mutualidad equivale a un mes cotizado en la Seguridad Social.

Fuentes de Sumar indican a elDiario.es que se trata de una iniciativa incluida en una enmienda de su grupo parlamentario.

Veto al acceso de 47.000 mutualistas con el mínimo cotizado

El Gobierno ha vetado varias enmiendas presentadas por la oposición, lo que ha suscitado duras críticas de PP, Junts y Vox. Especialmente, el PP se ha referido a una enmienda pactada con Junts para permitir el acceso a la pasarela a los trabajadoras que hayan sumado el mínimo de años cotizado para acceder a una pensión en la Seguridad Social, con el objetivo de que pudieran transferir el dinero cotizado previamente en la mutualidad.

El Ejecutivo ha vetado esta enmienda, por motivos presupuestarios, con la exclusión de “47.000 mutualistas”, ha cifrado el diputado del PP Miguel Ángel Paniagua. Tanto PP, como Junts y Vox han denunciado que el Ejecutivo no ha argumentado suficientemente el efecto presupuetario para justificar el veto y han denunciado la imposibilidad de debatir y votar sus propuestas.

Se quedan también fuera de la pasarela los mutualistas ya jubilados, otro de los colectivos más afectados por las escasas pensiones de estas entidades privadas -además sin revalorización anual- y para los que varios grupos, como PNV y ERC, han expresado su pesar por no haber logrado un consenso para incluirlos en la ley (ante la reticencia del Gobierno).

La proposición de ley presentada por el grupo socialista tiene por principal objetivo que miles de trabajadores que han estado adscritos a mutualidades profesionales alternativas, en lugar cotizar en la Seguridad Social, puedan hacer un traspaso de sus derechos generados desde estas entidades privadas al régimen de autónomos de la Seguridad Social (denominado como RETA) para poder acceder en un futuro a las pensiones públicas del sistema y no a las que les están ofreciendo en estas mutualidades, de muy escasa cuantía en muchos casos (“300 y 400 euros”), incluso por debajo de las pensiones no contributivas.

La ley es el resultado de años de movilizaciones de varios colectivos de afectados por estas bajas pensiones, como Movimiento J2 (por jodidos), la Asociación Nacional de Mutualistas Arquitectos (ANMARQ), la Asociación Nacional de Afectados por Mutualidad de la Abogacía (ANAMA) y la Asociación Riojana de Mutualistas Sustitutivos (AMCO), entre otros.

El debate ha sido y es “muy complejo”, apuntan fuentes del diálogo social, porque surge de una situación casi de rescate de estos profesionales, que percibirán pensiones muy escasas de estas entidades privadas, pero a las que en muchos casos han cotizado cantidades inferiores a las que marcaba la Seguridad Social.

Hasta 1995 era obligatorio pertenecer a estas mutualidades, pero después se abrió la posibilidad de pasar al RETA y hay profesionales que lo hicieron, pero otros decidieron quedarse en estas entidades privadas, ligadas a los colegios profesionales, en los que muchos de ellos depositaban su confianza.

Muchos años después, con la previsión ahora de unas pensiones insuficientes –que las entidades privadas dicen que eran conocidas, en lo que difieren los afectados–, los trabajadores reclaman una vía para pasar sus cotizaciones generadas a la Seguridad Social y acceder a las pensiones públicas ante lo que consideran una “nefasta” gestión de las mutualidades.

Afronta su examen clave en el Congreso

El proyecto de ley afronta ahora un examen clave en el Parlamento el próximo 10 de junio, ya que la norma podría decaer o ser aprobada, y en este segundo caso, hay todavía cuestiones abiertas de su contenido en las enmiendas presentadas por los partidos políticos.

Fuentes del diálogo social indican que hay cierto consenso político en intentar dar una solución a estos profesionales, pero aun así no están garantizados los apoyos al actual texto legal, que no contenta del todo a todas las plataformas de afectados.

En la sesión celebrada este martes en la Comisión de Trabajo del Parlamento se ha visualizado esta situación, con varios grupos –como ERC, PNV, Coalición Canaria y Sumar– que han expresado su apoyo a dar alguna solución al colectivo, aunque se difiera con algunas cuestiones del texto final de la ley.

Los casi diez millones de pensionistas en España tienen muy presente la primera semana de julio. No es para menos, está previsto que la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) abone la paga extraordinaria de verano de 2026 entre el miércoles 1 y el viernes 3 de julio. Otros beneficiarios también tienen subrayado en su calendario la última semana de junio, en previsión de recibir antes el dinero gracias al adelanto habitual de las entidades bancarias. Se trata de un año especial, en el que la paga extraordinaria vendrá con subida incluida. Muchos jubilados recibirán una cuantía superior en la paga extraordinaria. El motivo reside en que las pensiones contributivas se han revalorizado un 2,7%, tal y como establece el Real Decreto 39/2026.

De acuerdo con el artículo 46 de Ley General de la Seguridad Social, el sistema de pensiones contempla 14 pagas anuales, doce correspondientes a cada mes del año y dos extraordinarias. De acuerdo con la norma, “estas últimas se devengarán en los meses de junio y noviembre”. No se trata de un complemento adicional al importe mensual, sino parte de una fracción del cálculo total de la pensión. Del mismo modo, el importe a recibir por los pensionistas es equivalente al recibido mes a mes. La peculiaridad de la paga extraordinaria reside en que se abona a mes vencido, por lo que los bancos deberán haber recibido la transferencia por parte de la Seguridad Social a principios de julio. En definitiva, queda poco más de un mes para que los pensionistas reciban su paga extra.

Los pensionistas que hayan comenzado a percibir la pensión después del periodo de devengo —que abarca desde el 1 de diciembre al 31 de mayo— no recibirán la totalidad de la paga extra de verano. En su lugar, recibirán el importe proporcional a lo cotizado. Si, por ejemplo, un usuario es pensionista desde el 31 de mayo, cobrará la mitad de la paga extra, puesto que solo habrá generado tres de los seis meses del periodo. En ese mismo escenario, un pensionista que percibe 1.600 euros recibirá solo 800 euros de paga extraordinaria de verano.

Por su parte, aquellos que empezaron a recibir la pensión después del 31 de mayo de 2026 tendrán que esperar al próximo año para cobrar la paga extraordinaria. Lo mismo ocurrirá con los que la hayan tenido suspendida durante el periodo de devengo en su totalidad.

Por otro lado, existen pensiones en las que, en lugar de contar con paga extraordinaria, el importe está prorrateado. Es el caso de aquellas prestaciones por incapacidad permanente derivadas de accidente laboral o enfermedad profesional.

Cuándo se cobra la paga extra en cada entidad bancaria

No todos los bancos efectúan el ingreso de la paga extra el mismo día. Muchas entidades financieras adelantan el ingreso, por lo que el día de cobro depende de dónde tengan los pensionistas domiciliada su pensión. En general, los bancos que anticipan el ingreso lo suelen hacer entre los días 22 y 25 de junio:

Si antes del 3 de julio el pensionista no ha recibido la paga extraordinaria de verano, lo recomendable es que contacte con su banco y consulte si existe una orden de pago pendiente. En caso contrario y si no consta a la entidad financiera el abono, deberá presentar una reclamación ante la Seguridad Social mediante uno de estos dos cauces:

El Consejo de Ministros aprueba este martes la reforma pendiente para impulsar más la jubilación flexible, fórmula por la que una persona que se ha jubilado vuelve a trabajar a tiempo parcial, cobrando el salario y parte de la pensión. Entre las novedades, se permitirá acogerse a esta modalidad a los autónomos, hasta ahora solo disponible para los asalariados, hay un incremento en el porcentaje de pensión que se puede cobrar en algunos casos, y solo podrán recalcular su pensión a futuro los jubilados forzosos.

Los cambios, que entrarán en vigor a los tres meses de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), según ha adelantado El Periódico y confirman a elDiario.es fuentes conocedoras, se incluyen en un real decreto que el Gobierno aprueba este martes –y que por tanto no tiene que pasar por el Parlamento– y que estaba comprometido con los agentes sociales en la última reforma de pensiones para incentivar fórmulas voluntarias de trabajo y pensión.

La intención de estas últimas reformas es hacer “más flexible” el paso entre el trabajo y la jubilación, siempre de manera “voluntaria”, ha explicado la ministra de la Seguridad Social, Elma Saiz. Las medida “ya están dando sus frutos”, ha sostenido la también ministra portavoz, con un retraso de la edad efectiva a la que la población se jubila en los últimos años. En abril, ha alcanzado los 65,5 años, mientras en 2019 era de 64,4 años.

“Esta es la muestra de que estamos creando un marco más amplio y más atractivo, más adaptado a los tiempos modernos para trabajadores y trabajadoras, que no expulsa el talento senior que quiera seguir aportando –insisto– desde la voluntariedad”, ha argumentado Saiz, que ha destacado la “escucha” al diálogo social en su diseño.

La jubilación flexible ofrece la posibilidad, a los jubilados que voluntariamente lo deseen, de reincorporarse a la actividad y compatibilizar el cobro de parte de su pensión con las ganancias de un trabajo por cuenta ajena a tiempo parcial o, ahora como novedad, con la realización de una actividad por cuenta propia. Eso sí, hay una condición: siempre que la persona no haya estado dada de alta como autónoma en los tres años anteriores a la fecha de jubilación, precisan fuentes conocedoras del real decreto.

Además, no será necesario esperar un periodo mínimo desde la jubilación para solicitar la jubilación flexible. Se podrá acceder en cualquier momento, una vez reconocida la pensión, añaden estas fuentes.

Aumenta el porcentaje de pensión que se puede cobrar

Otra de las novedades relevantes es que se modifican, tanto las jornadas de trabajo que se pueden realizar en jubilación flexible (aumentándolas), así como también se incrementa el porcentaje de pensión que se puede percibir en determinados casos.

Así, los trabajos a tiempo parcial por cuenta ajena podrán situar las jornadas en la horquilla del 33% al 80%. Hasta ahora, el jubilado podía realizar una jornada entre el 25% y el 75%.

La pensión que se puede cobrar, con relación a la de un trabajador a tiempo completo, se reducirá en proporción inversa a la disminución de la jornada de trabajo. Por tanto, si la jornada es de un 80%, la cuantía de la pensión a percibir es de un 20%.

Pero, como novedad, aumentarán los porcentajes de pensión que se pueden cobrar cuando se acceda a la jubilación flexible pasados al menos 6 meses desde la jubilación. En este caso, el beneficiario de jubilación flexible percibirá un porcentaje adicional de pensión:

– En las jornadas a tiempo parcial que se encuentren entre el 55 y el 80%, se incrementará el importe de la pensión en un 25% adicional;

– En las jornadas parciales que las que sean igual o superior al 33%, pero inferiores al 55%, subirán un 15% adicional.

En el caso del trabajo autónomo, el pensionista podrá percibir “hasta 25% de la pensión mientras desarrolla la actividad compatible”, indican estas fuentes conocedoras del decreto.

Recálculo de la pensión solo para jubilados forzosos

Los aumentos en la cuantía de la pensión a percibir durante la jubilación flexible van acompañados de otro cambio: el nuevo periodo trabajado ya no se tendrá en cuenta para recalcular la pensión de jubilación, salvo en el caso de las personas que accedieran a la jubilación de manera involuntaria.

Aunque en un inicio el Gobierno pretendió que la pensión no se recalculara en ningún caso con los nuevos periodos trabajados, los sindicatos insistieron en exceptuar a los llamados jubilados forzosos, quienes se hayan tenido que jubilar de manera forzosa a través de la jubilación anticipada involuntaria, principalmente fruto de despidos y ERE.

Finalmente, el decreto reconoce que el pensionista que haya accedido de forma involuntaria a una jubilación anticipada, cuando regrese a la jubilación plena desde la jubilación flexible, “verá mejorada su pensión inicial al recalcularse su base reguladora y el porcentaje aplicable, según el periodo de cotización acreditado”, explican estas fuentes.

La nueva regulación, que mejora las condiciones para las jubilaciones demoradas, se aplicará a todos los regímenes de Seguridad Social, a excepción de los regímenes especiales de los funcionarios Civiles del Estado, de las Fuerzas Armadas y del personal al servicio de la Administración de Justicia.

La pensión media de jubilación alcanza en mayo en Cantabria los 1.658,67 euros, 86,66 euros más que la media nacional, que se situó en 1.572,01 euros, según ha informado este martes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

De este modo, en mayo de 2026, la comunidad sigue como la quinta con una pensión de jubilación más elevada tras País Vasco (1.906,5 euros); Asturias (1.838,44 euros); Madrid (1.794,91 euros), y Navarra (1.754,75 euros).

Por su parte, la pensión media del sistema, que comprende las distintas clases de pensión (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y a favor de familiares), se situó en Cantabria en mayo en 1.440,04 euros, un aumento interanual del 4,25%, y 69,33 euros por encima de la media nacional, que es de 1.370,71 euros. Se trata de la sexta pensión media más elevada tras las del País Vasco (1.681,45 euros), Madrid (1.580,98 euros), Asturias (1.578,62 euros), Navarra (1.563,8 euros) y Aragón (1.446,96 euros).

En mayo, el número de pensiones de la Seguridad Social ascendió en Cantabria a 149.908, un 1,3% más que en el mismo mes del año anterior. De ese total, 95.024 eran de jubilación.

Por tipo de pensiones, tras la de jubilación, el mayor importe corresponde a la de incapacidad permanente, con una media de 1.305,72 euros al mes y de las que hay 14.234 beneficiarios en la región. A continuación se sitúa la de viudedad, con una media de 1.027,19 euros y un número de 34.717 perceptores; seguida de la de a favor de familiares, con 903,98 euros y una cifra de 1.393 beneficiarios, y la de orfandad, con 606,53 euros mensuales y que suman 4.540 pensiones.

Del total de estas pensiones de Cantabria, 23.908 beneficiarios perciben un complemento a mínimos, lo que supone un 15,9% del total. El colectivo de las mujeres pensionistas representa un 21,6% de ellas y un 9,9% el de los hombres. Además, hay 22.094 pensionistas de la comunidad autónoma que tienen algún complemento por brecha de género, con un importe medio de 74 euros.

Subida media del 2,7% debido a la revalorización

En el conjunto del país, la Seguridad Social destinó en el presente mes de mayo la cifra récord de 14.365,8 millones de euros al pago de la nómina ordinaria mensual de las pensiones contributivas, un 6,1% más que en igual mes de 2025.

Esta nómina incluye la revalorización de las pensiones aprobada por el Gobierno para 2026. Con carácter general, la subida alcanza el 2,7%, en línea con el IPC medio entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025.

La Seguridad Social ha abonado este mes 10.480.593 pensiones (+1,5%) a 9,47 millones de personas, de las que 6,7 millones son pensiones de jubilación; 2,3 millones son pensiones de viudedad; más de un millón son pensiones de incapacidad permanente; 335.154 son de orfandad y 46.794 en favor de familiares.

La presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, ha querido dejar claro este jueves en el Parlamento que no se ha producido el desvío de fondos europeos del Plan de Recuperación para realizar “ningún pago procedente de ningún servicio de la Seguridad Social” como pueden ser pensiones.

El organismo fiscalizador dio a conocer el pasado 5 de mayo un informe de fiscalización sobre la Cuenta General del Estado de 2024 donde detectó que el Gobierno tuvo que recurrir en noviembre de ese año a 2.389,4 millones de euros de créditos sobrantes de los fondos europeos para pagar pensiones de clases pasivas y complementos de pensiones mínimas ante la falta de crédito presupuestario que viene provocando la prórroga anual de los Presupuestos desde 2023.

Chicano ha comparecido este jueves en la Comisión Mixta para las relaciones con el Tribunal de Cuentas para dar cuenta de diferentes informes de fiscalización al Congreso y al Senado, pero no de ese informe de la Cuenta General del Estado, pese a que el PP llegó a registrar una petición para cambiar el orden del día y que se incluyera dicho texto.

“Categóricamente les digo que no”

Finalmente, en el orden del día no estaba la Cuenta General del Estado de 2024, pero los grupos de la oposición han aprovechado sus turnos de intervenciones para sacar el tema y la presidenta Chicano ha querido adelantar un pronunciamento: “Categóricamente les digo que no se han utilizado fondos europeos para ningún pago procedente de ningún servicio de Seguridad Social”.

Tras subrayar la Comisión Europea que desde Bruselas “no cuestionan el uso legal” de las ayudas comunitarias, Enriqueta Chicano ha apostillado que en el citado informe, ni en los votos concurrentes ni en el particular (contrario) se apunta a que se haya producido un desvío de fondos europeos.

“El día que presente la Cuenta General hablaremos más despacio de este asunto, pero vamos, quédense con la tranquilidad de que no se han utilizado fondos europeos para pagos que no correspondieran”, ha zanjado la máxima representante del organismo fiscalizador.

En concreto, el informe apuntaba que ante la insuficiencia de crédito presupuestario para atender compromisos “ineludibles” de pensiones de clases pasivas y complementos de pensiones mínimas, el Gobierno autorizó en noviembre de 2024 dos modificaciones por 2.389,4 millones de euros, ambas financiadas con créditos sobrantes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, al considerar que no comprometían el cumplimiento del Plan de Recuperación ni la capacidad de absorción de fondos europeos.

El Tribunal expuso que esta actuación del Gobierno se llevó a cabo bajo unos fundamentos jurídicos “que deberían haber quedado mejor justificados”, pues el organismo entendía que existe una “incertidumbre” sobre la aplicabilidad en 2024 de limitaciones al uso de los créditos sobrantes de los fondos europeos para financiar modificaciones presupuestarias fuera de dicho servicio.

La recta final de mayo vuelve a poner el foco en el calendario de las pensiones. Aunque estas prestaciones siguen unas reglas generales de pago, el día en el que el dinero aparece en la cuenta puede cambiar según la entidad bancaria. La diferencia se debe a que muchos bancos adelantan el ingreso respecto al plazo ordinario, lo que permite a buena parte de los beneficiarios recibir la mensualidad antes de que empiece junio.

La Seguridad Social abona las pensiones a mes vencido y el pago ordinario se sitúa en los primeros días del mes siguiente. En concreto, el ingreso debe realizarse desde el primer día hábil y siempre antes del cuarto día natural. Sin embargo, como las entidades ya disponen de la información necesaria para tramitar el abono, lo habitual es que anticipen el dinero a sus clientes durante la última semana del mes.

En mayo de 2026, las fechas previstas se mueven principalmente entre el viernes 22 y el martes 26, aunque en algunos casos pueden acercarse al día 27. Por eso, que unos pensionistas cobren antes que otros no implica necesariamente una incidencia con la prestación. La clave está en comprobar el calendario de cada banco y tener en cuenta que el ingreso puede seguir teniendo lugar dentro del plazo habitual de la entidad.

Cuándo paga cada banco la pensión en mayo de 2026

El calendario de pagos arranca este mes con Bankinter, que tiene previsto ingresar las pensiones el viernes 22 de mayo de 2026. Los clientes con la prestación domiciliada en esta entidad serán, en principio, los primeros en recibir la mensualidad en su cuenta. Después aparece CaixaBank, que sitúa el abono el domingo 24 de mayo. Al tratarse de un día no laborable, la disponibilidad efectiva del dinero puede variar ligeramente según la operativa de cada cuenta o la forma en la que el banco refleje los movimientos.

La mayoría de entidades concentra los pagos el lunes 25 de mayo. Ese día está previsto que cobren los pensionistas de Abanca, BBVA, Ibercaja, ING, Kutxabank, Sabadell y Santander. Lo habitual es que el ingreso esté disponible desde primera hora de la semana, aunque pueden existir pequeñas diferencias dependiendo de los horarios internos de actualización de cada banco. En el caso de Caja Rural, el margen es algo más amplio y el pago podría realizarse entre el lunes 25 y el martes 26 de mayo.

En conjunto, el calendario vuelve a reflejar una práctica ya habitual: la mayoría de bancos adelanta el ingreso de las pensiones antes de las fechas ordinarias de la Seguridad Social, que suelen situarse en los primeros días del mes siguiente. Aun así, conviene recordar que cada entidad aplica su propio calendario y que no existe un único día de cobro común para todos los pensionistas.

Qué hacer si no has recibido el pago de la pensión

Cuando el ingreso no aparece en la fecha esperada, lo primero es comprobar si la entidad ya ha alcanzado su día previsto de abono. No todos los bancos pagan al mismo tiempo, por lo que el hecho de que otros pensionistas hayan cobrado no significa que exista un problema. En muchos casos, el pago puede seguir dentro del calendario habitual de la entidad correspondiente.

También conviene recordar que el adelanto aplicado por los bancos no funciona como una obligación uniforme para todas las entidades. El pago ordinario puede realizarse dentro del margen establecido para los primeros días del mes siguiente, mientras que el ingreso anticipado depende de la práctica comercial de cada banco. Por eso, una pequeña diferencia respecto a otros meses no tiene por qué suponer una incidencia.

Si transcurren varios días y el abono continúa sin reflejarse, la primera comprobación debería hacerse con la entidad financiera. El banco puede revisar si el movimiento está pendiente de contabilización, si existe algún retraso puntual o si se ha producido una incidencia asociada a la cuenta. Esta revisión resulta especialmente útil cuando ha habido cambios recientes en la domiciliación o modificaciones de datos.

Si la entidad no localiza el ingreso o no ofrece una explicación suficiente, el siguiente paso es contactar con la Seguridad Social para comprobar el estado del pago. A través de sus canales de atención se puede verificar si la prestación se ha emitido correctamente y si los datos bancarios asociados al expediente están actualizados. Para hacer esta consulta, resulta recomendable tener a mano la documentación personal, la información de la cuenta y cualquier comunicación reciente relacionada con la pensión.

El debate parlamentario para crear una pasarela que permita el traspaso de miles de mutualistas de profesiones como abogados, procuradores y arquitectos a la Seguridad Social se atrasa una semana. La Comisión de Trabajo del Congreso iba a abordar este miércoles, 20 de mayo, el penúltimo examen de la proposición de ley presentada por el PSOE, antes de ir a Pleno, pero la sesión se ha suspendido y aplazado al próximo 26 de mayo, ha comunicado la presidenta de la Comisión, la diputada de Sumar Aina Vidal.

Tras varias horas de retraso, en las que los diputados se han reunido en pequeños –y grandes– corrillos a debatir fuera de micro, la presidenta de la Comisión ha comunicado oficialmente el retraso de la sesión para el próximo martes, a las 12 de la mañana, “a la espera de los informes económicos del Gobierno”. “Las enmiendas son las que son, no se presentan más enmiendas”, ha clarificado Vidal.

Fuentes de Sumar indican que se pretendía atrasar aún más el debate, dos semanas, pero que en su grupo han urgido a que el debate se aborde la semana que viene. “Vamos a seguir trabajando para mejorarlo lo máximo posible”, dicen estas fuentes.

Una pasarela para acceder al sistema público de pensiones

La proposición de ley en cuestión tiene por principal objetivo que miles de trabajadores que han estado adscritos a mutualidades profesionales alternativas, en lugar cotizar en la Seguridad Social, puedan hacer un traspaso de sus derechos generados desde estas entidades privadas al régimen de autónomos de la Seguridad Social (denominado como RETA) para poder acceder en un futuro a las pensiones públicas del sistema y no a las que les están ofreciendo en estas mutualidades, de muy escasa cuantía en muchos casos, incluso por debajo de las pensiones no contributivas.

La ley es el resultado de años de movilizaciones de varios colectivos de afectados por estas bajas pensiones, como Movimiento J2 (por jodidos), la Asociación Nacional de Mutualistas Arquitectos (ANMARQ), la Asociación Nacional de Afectados por Mutualidad de la Abogacía (ANAMA) y la Asociación Riojana de Mutualistas Sustitutivos (AMCO), entre otros.

El debate ha sido y es “muy complejo”, apuntan fuentes del diálogo social, porque surge de una situación casi de rescate de estos profesionales, que percibirán pensiones muy escasas de estas entidades privadas, pero a las que en muchos casos han cotizado cantidades inferiores a las que marcaba la Seguridad Social.

Hasta 1995 era obligatorio pertenecer a estas mutualidades, pero después se abrió la posibilidad de pasar al RETA y hay profesionales que lo hicieron, pero otros decidieron quedarse en estas entidades privadas, ligadas a los colegios profesionales, en los que muchos de ellos depositaban su confianza.

Muchos años después, con la previsión ahora de unas pensiones insuficientes –que las entidades privadas dicen que eran conocidas, en lo que difieren los afectados–, los trabajadores reclaman un vía para pasar sus cotizaciones generadas a la Seguridad Social y acceder a las pensiones públicas ante lo que consideran una “nefasta” gestión de las mutualidades.

Aunque el Ministerio de la Seguridad Social defendió en un primer momento que este debate debía abordarse en el marco del Pacto de Toledo, finalmente la ministra Elma Saiz se abrió en marzo de 2024 a aprobar una pasarela para estos mutualistas, cuyos términos se han estado debatiendo durante estos dos años y ahora enfrentan su recta final.

El texto aún está por cerrar

El grupo socialista presentó una proposición de ley el año pasado, que este miércoles afrontaba la ratificación del dictamen de la ponencia, aun con la posibilidad de concretar algunos cambios en el articulado, pero que finalmente se abordará el próximo martes.

Así, la semana que viene se pretende cerrar el texto de la proposición de ley sobre la pasarela (si no es rechazada por los grupos parlamentarios), para que vaya a Pleno y sea votada por los partidos políticos. Fuentes del diálogo social indican que hay cierto consenso político en intentar dar una solución a estos profesionales, pero aun así no están garantizados los apoyos al actual texto legal, que no contenta del todo a las plataformas de afectados.

La complejidad surge a la hora de definir los términos del periodo cotizado en estas mutualidades privadas y los que serán reconocidos como tal en la Seguridad Social, así como los derechos generados de pensión futura en el sistema público. También en qué hacer con estas mutualidades a futuro.

Además, el actual texto deja fuera de la pasarela a los pensionistas, los profesionales que ya se han jubilado, algo que rechazan de plano los colectivos de afectados. “Muchos perciben 300–400 euros mensuales de pensión, sin revalorización alguna, sin pagas extra y sin posibilidad de complementos a mínimos”, recogía un comunicado de varias entidades la semana pasada. Este punto, sin embargo, parece que no tiene opciones de ser modificado, según fuentes conocedoras de la negociación.

También quedan excluidos de la pasarela quienes han cotizado 15 años en la Seguridad Social, en el RETA o Régimen General (periodo que da acceso a las pensiones contributivas), lo que los afectados denuncian que les niega “el reconocimiento de los años realmente cotizados y trabajados en la mutualidad”. “Esto supone una pérdida de derechos y una futura pensión muy inferior a la que correspondería por el total de años de la carrera real”, criticaron varios colectivos en un comunicado.

Un afectado denuncia a elDiario.es además que la fiscalidad cada vez financia más parte de las pensiones públicas, “es decir, que desde hace muchos años nuestros impuestos contribuyen a pagar las pensiones de todos los demás españoles, mientras se nos niega el acceso a este nuestro derecho constitucional” (de pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas).

La Comisión Europea ha vuelto a reiterar que no hay dudas legales en la utilización de fondos europeos NexTGeneration para hacer un pago de pensiones. En una carta firmada por tres comisarios se confirma que la medida “no pone en duda el uso legal de los fondos de NextGenerationEU conforme al Derecho de la Unión” y reiteran que “cada solicitud de pago presentada por España ha sido evaluada de manera exhaustiva y transparente. La Comisión verificó que los hitos y objetivos pertinentes se habían cumplido antes de que se efectuaran los desembolsos correspondientes”.

En esta ocasión se trata de una carta de respuesta al eurodiputado del PP Europeo y presidente de la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo, Andreas Schwab, y al eurodiputado de Los Verdes, Daniel Freund. Ambos europarlamentarios son alemanes y siguen la estela marcada por los defensores de la austeridad, que se agarran a cualquier desavenencia en la contabilidad pública de los países del Sur europeo para impulsar su ofensiva contra nuevas emisiones de deuda conjunta en la UE. El momento es clave. Ya ha empezado la batalla por definir el Marco Financiero Plurianual (MFP), el presupuesto europeo correspondiente a 2028-2034, con una clara diferencia de posiciones entre el Norte y el Sur de la Unión Europea. 

El presidente de la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo ha sido uno de los más críticos con la medida española. En una entrevista en el periódico El Mundo, Schwab anunció la petición de la comparecencia en la Eurocámara de miembros de los tribunales de cuentas de la UE y España para explicar el desvío de partidas de las cuentas públicas de España.

“Una cuestión de responsabilidad interna”

Sin embargo, en la misiva que le remiten desde la Comisión se insiste en que “si las transferencias internas de España dentro de su presupuesto nacional cumplieron con todas las normas aplicables conforme al derecho presupuestario español es, por su naturaleza, una cuestión de responsabilidad interna”.

Es importante que la carta vaya firmada por miembros de la Comisión tan relevantes como el comisario de Economía, Valdis Dombrovskis, y su homólogo responsable de Presupuesto, Lucha contra el Fraude y Administración Pública, Piotr Serafin, además de Raffaele Fitto, vicepresidente de Cohesión y Reformas. Fitto ya avaló que el Gobierno español podía utilizar fondos europeos para el pago de pensiones: “Aunque el pago de pensiones y otras formas de gasto corriente no son elegibles para reembolsos, sería posible que los Estados miembros utilicen temporalmente parte de la liquidez procedente de otros reembolsos para cubrir desembolsos presupuestarios”, dijo hace unas semanas.

En la carta dirigida a los europarlamentarios también se apunta que “los Estados miembros reciben fondos de la Unión tras el cumplimiento de hitos y objetivos, que reflejan el progreso en la ejecución de reformas e inversiones subvencionables, de conformidad con los requisitos establecidos en las decisiones de ejecución correspondientes” y que “la Comisión se toma muy en serio la transparencia en el uso de los fondos de la Unión y continúa insistiendo en este asunto en sus contactos con los Estados miembros”.

En el informe sobre la Cuenta General del Estado de 2024 del Tribunal de Cuentas se señalaba que “la insuficiencia de crédito presupuestario para atender compromisos ineludibles de pensiones de clases pasivas y complementos de pensiones mínimas motivó que en noviembre de 2024 se autorizaran dos modificaciones por 2.389,4 millones de euros, ambas financiadas con créditos sobrantes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia”. Según los auditores españoles, este traspaso “se ha llevado a cabo bajo unos fundamentos jurídicos que deberían haber quedado mejor justificados”.

Desde ese momento, el PP comenzó a utilizar esta falsa polémica en una campaña para desgastar al Gobierno de Sánchez, que la carta de los comisarios vuelve a tirar por tierra.  

La mayor esperanza de vida habla de cómo las personas mayores viven más, pero también de cómo “menos niños y menos jóvenes mueren”. “En el tema del envejecimiento hemos asumido muchos marcos como ciertos y, no es que sean absolutamente falsos, pero no cuentan toda la verdad”, advierte Irene Lebrusán (Madrid, 1984), doctora en Sociología, profesora en la Universidad Autónoma de Madrid e investigadora en el CENIE. En medio de la escalada de los discursos de enfrentamiento intergeneracional, la especialista llama la atención también sobre las “trampas” en algunos debates, como aquellos que solo ponen en la diana el gasto en pensiones, pero ignoran o invisibilizan otras muchas realidades, como por ejemplo lo que aportan las personas mayores —principalmente las mujeres— en cuidados no remunerados.

Lebrusán, que fue investigadora postdoctoral en la Universidad de Harvard y ha centrado gran parte de su carrera en estudiar el envejecimiento y la vivienda, responde en esta entrevista con elDiario.es sobre algunos de los debates más recurrentes acerca de los retos económicos de una población más envejecida. Como el aumento de gasto —sobre todo en pensiones, pero también en dependencia y cuidados— y la sostenibilidad de esta situación con una pirámide poblacional con menos jóvenes.

España está ante “el mayor logro que puede conseguir cualquier sociedad”, destaca la investigadora, como uno de los países del mundo con más esperanza de vida al nacer, de 84 años, solo por detrás de Suiza y Japón, según la OCDE. “Y en un contexto en el que deberíamos estar muy orgullosos y dando palmas, porque sobreviven más personas a todas las edades, porque incluso personas con enfermedades tienen mayor calidad de vida y viven más años, lo que se destaca siempre es lo negativo. Para mí la pregunta es cómo puede ser que en ese marco estemos únicamente pensando en cuestiones tan negativas y con números que muchas veces son falsos”, añade. O, como poco, tramposos.

Por ejemplo, Irene Lebrusán destaca cómo habitualmente hay voces que reclaman la necesidad de aplicar reformas de pensiones, como si no se estuvieran ya aplicando multitud de cambios en las últimas décadas. “La edad legal de jubilación ya no es 65 años en general, avanza hasta los 67 años. Ya está aumentando”, recuerda.

Cuando se habla de lo “altas” que son las pensiones y lo “bajos” que son los salarios, se suele poner el foco en la insostenibilidad de las primeras respecto a los segundos. Lebrusán pide mirar también en la otra dirección: “¿De quién depende que los salarios sean muy bajos? Ese planteamiento no lo veo nunca. O sea, se está culpabilizando al Estado de algo que no tiene que ver con él”.

La socióloga también advierte que se suele abogar por que las personas mayores alarguen sus carreras laborales, “que se trabaje durante más años”, pero no se analiza qué condiciones laborales tienen las empresas para este colectivo. Ni tampoco se cuestiona a las empresas —muchas de ellas multinacionales— que despiden de manera masiva a trabajadores de edades avanzadas, expulsándoles al paro en un momento en el que es muy complejo que vuelvan a reengancharse al mercado laboral.

“A mí me parece bien que se prepare el clima laboral, es decir, que las empresas se adecúen a la permanencia de personas de más edad en el mercado de trabajo, de tal manera que esas personas que lo deseen puedan trabajar en mejores condiciones”, subraya Lebrusán. En cualquier caso, hay personas y trabajos que no pueden extender sus carreras laborales, por su penosidad o su estado de salud, recuerda la investigadora.

“Ojo, que las personas mayores cuidan”

La investigadora destaca otra cara de la moneda que es mucho menos destacada en los medios y debates públicos: lo que aportan las personas mayores. “Muchas veces se plantea el debate solo en términos de gasto, pero no en términos de cuál es la aportación de las personas mayores en edad de jubilación”, subraya Lebrusán.

“Se dice siempre: a las personas mayores hay que cuidarlas. Ojo, las personas mayores cuidan”, destaca la socióloga, que subraya el gran peso de cuidados familiares que recae en las personas de más de 65 años, “sobre todo en las mujeres”, que cuidan tanto de personas aún más mayores (por encima de los 80 años) como de bebés y otros menores. “¿Cuál sería el coste de esas personas mayores, mujeres, que están realizando esa labor de cuidados?”, llama la atención Lebrusán.

¿Cuál sería el coste de esas personas mayores, mujeres, que están realizando esa labor de cuidados?

Esta semana, el Centro Internacional sobre el Envejecimiento (CENIE) ha presentado precisamente un informe —El Derecho al Cuidado y la Economía de los Cuidados en España— que mide esta realidad y que estima que el cuidado informal equivale a unos 3,2 millones de empleos a tiempo completo y, en los últimos 20 años, las horas dedicadas se han multiplicado por 2,5. “Ponerlo en valor significa reconocer un volumen cercano al 4% del PIB”, destacó en la presentación del estudio el economista Jorgé Uxó, uno de sus directores, junto a Nacho Álvarez, profesor en la Universidad Complutense y ex secretario de Estado de Derechos Sociales.

Los cuidados en manos de estas mujeres mayores, no remunerados y a menudo invisibilizados, son un elemento indispensable para “esa supervivencia de la sociedad y para que sigamos teniendo nuevos efectivos que entren en el mercado laboral”.

Así que Lebrusán lanza una pregunta al debate público: “¿Cuánto contribuyen las personas mayores a la conciliación laboral y familiar que permiten no solo que las familias sobrevivan, sino que las propias empresas continúen con sus horarios, que no se adecuan a las necesidades sociales generales? Esto tampoco lo hemos contabilizado”.

Y no solo es una cuestión de cuidados. Reconociendo la jubilación y los cuidados como un derecho de las personas mayores, estos también generan actividad y riqueza, en su condición de consumidores, pero también como usuarios de un sistema que crea empleos en la economía. El mencionado estudio del CENIE estima que por cada euro público invertido en el sistema de dependencia en 2023, se generó 1,6 euros a la economía española. Además, calcula una recaudación a las arcas públicas de casi la mitad (49 céntimos) en impuestos y cotizaciones sociales.

Los prejuicios sobre productividad y el autoedadismo

Por otro lado, las personas mayores están trabajando cada vez más años, como muestra la edad efectiva de acceso a la jubilación, en aumento en los últimos años (65,2 años en abril cuando en 2019 era de 64,4 años).

“Otra de las trampas es que se asume que las personas mayores son menos productivas. Error”, sostiene la investigadora, que cita un estudio para el CENIE de la Universidad de Salamanca y de Oxford Economics que constató la mayor productividad y resiliencia de las empresas que conservaron a su personal sénior en la pasada crisis financiera. “La cuestión es que se asumen muchos prejuicios sin ponerles datos en realidad, ni números”, subraya Lebrusán.

“Si no cambiamos esas ideas, acabamos cayendo también en autoedadismo. Es decir, nos saboteamos, nos acabamos limitando a nosotros mismos porque tendemos a asumir que no podemos hacer cosas con determinadas edades. Y, así, nos encontramos con las crisis de los 40, los 50... Esas ideas de: como tengo 50 años ya no puedo, por ejemplo, ponerme a estudiar piano. Bueno, pues a lo mejor no acabas siendo un pianista profesional, pero quién dice que no puedes ponerte a estudiar piano a los 50 años”, explica la socióloga. “Ese autoedadismo nos impide desarrollar todo nuestro potencial”, remata.

En el ámbito de las empresas, también se interiorizan muchos prejuicios, que acaban penalizando a los trabajadores por su edad. Por ejemplo, cuando las compañías se centran en lo que los empleados más mayores no pueden hacer, en lugar de en aquello en lo que sobresalen gracias a su mayor experiencia, así como en la riqueza del intercambio y el trabajo conjunto con trabajadores más jóvenes. “Pero lo que hacemos es dividirnos más, alejarnos más y eso en realidad genera una pérdida, que también es una pérdida económica”, advierte Lebrusán.

La investigadora defiende analizar “la imagen completa” en los debates sobre el envejecimiento y las personas mayores, reconociendo además sus matices y desigualdades, y no “desplazar responsabilidades a grupos poblacionales que en realidad tienen que ver con el sistema económico”. Ese que establece qué salarios tenemos, a qué hora salimos del trabajo y la imposibilidad de asumir el coste de la vivienda. “Se plantean unos enfrentamientos que son falsos. Que el jubilado de tu barrio esté peor no significa que tú vayas a estar mejor. Esto no va de quitárselo a unos para dárselo a otros. No funciona así”, argumenta la socióloga.

La Comisión Europea da por concluida la polémica por el uso de parte del dinero para el pago de pensiones en España. El vicepresidente de Cohesión y Reformas de la Comisión Europea, Raffaele Fitto, ha avalado este miércoles que el Gobierno español pueda utilizar fondos europeos para el pago de pensiones. “Aunque el pago de pensiones y otras formas de gasto corriente no son elegibles para reembolsos, sería posible que los Estados miembros utilicen temporalmente parte de la liquidez procedente de otros reembolsos para cubrir desembolsos presupuestarios”, ha comentado el comisario europeo.

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, negó en el Senado haber utilizado fondos europeos para el pago de pensiones y defendió la legalidad de efectuar modificaciones presupuestarias, ya que son un “instrumento ordinario”, legal, y que los fondos europeos se han destinado “exclusivamente” a las inversiones comprometidas con la UE.

El Ministerio de Hacienda también defendió la operación por tener “un respaldo legal claro” en el cambio de uso de créditos “sobrantes” de fondos Next Gen en la adaptación que se realizó para prorrogar los Presupuestos Generales del Estado entre 2023 y 2024.

En Bruselas, Fitto ha recalcado que “este tipo de operaciones de gestión de tesorería por parte de los Estados miembros son temporales y no tienen impacto en la protección de los fondos de la UE. La Comisión comprueba claramente los sistemas nacionales de control y puede intervenir en casos de fraude, corrupción o conflicto de intereses”.

En el informe sobre la Cuenta General del Estado de 2024 del Tribunal de Cuentas se señalaba que “la insuficiencia de crédito presupuestario para atender compromisos ineludibles de pensiones de clases pasivas y complementos de pensiones mínimas motivó que en noviembre de 2024 se autorizaran dos modificaciones por 2.389,4 millones de euros, ambas financiadas con créditos sobrantes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia”. 

Aunque se supone que Bruselas ha dado por zanjado el asunto, el vicepresidente de la Comisión ha apuntado que “la Comisión es consciente del asunto y está revisando el informe del tribunal español sobre esta investigación relativa al uso de los fondos Next Generation EU”.

El Partido Popular utilizó el informe del Tribunal de Cuentas para atacar al vicepresidente económico durante la sesión de control en el Senado que tuvo lugar este martes. La portavoz popular, Alicia García, acuso al Ejecutivo de utilizar el “método del trilero”, moviendo dineros entre partidas presupuestarias y usando los fondos europeos como “respiración asistida del sanchismo”.

La decisión del Gobierno español también provocó una polémica internacional, ya que el eurodiputado del PP europeo y presidente de la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo, el alemán Andreas Schwab, pidió la comparecencia en la Eurocámara de miembros de los tribunales de cuentas de la UE y España para explicar el desvío de partidas de las cuentas públicas de España, según apuntó en una entrevista en El Mundo.

El Gobierno niega haber utilizado fondos europeos para el pago de pensiones y defiende la legalidad de efectuar modificaciones presupuestarias, haya unas cuentas en vigor o sean prorrogadas, después de que el Partido Popular les haya acusado de usar el Plan de Recuperación como “respiración asistida del sanchismo”.

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha asegurado en el Senado que las modificaciones presupuestarias –la vía que ha permitido efectuar cambios en las cuentas prorrogadas, a pesar de que no se han aprobado unos Presupuestos Generales del Estado desde 2023– son un “instrumento ordinario”, legal, y que los fondos europeos se han destinado “exclusivamente” a las inversiones comprometidas con Bruselas.

El Partido Popular ha salido este martes en tromba contra el 'número dos' del Ejecutivo durante la sesión de control en la Cámara Alta, aprovechando el informe sobre la Cuenta General del Estado de 2024 del Tribunal de Cuentas. El supervisor afeó que en aquel año se utilizaron de fondos europeos “sobrantes” para atender el pago de pensiones de clases pasivas y complementos a mínimos por importe de 2.389,4 millones de euros, según recoge EFE.

En una intervención en la que ha hilado desde el juicio al exministro José Luis Ábalos a la gestión del hantavirus, la portavoz popular, Alicia García, ha dicho que el Ejecutivo utiliza el “método del trilero”, moviendo dineros entre partidas presupuestarias y usando los fondos europeos como “respiración asistida del sanchismo”.

Un instrumento “ordinario” y “transparente”

Una acusación en la que ha incidido el senador Gerardo Camps, también de los populares, asegurando que han convertido la “oportunidad histórica” del Plan de Recuperación en “oxígeno presupuestario” para seguir en el poder. “La pregunta que miles de pensionistas tienen derecho a preguntarse es inquietante: si no hubieran existido los fondos europeos, ¿habría podido este gobierno ejecutar con normalidad el pago de las pensiones?”, se ha cuestionado, ominoso.

Cuerpo, al que le han reprochado su “serenidad impostada” y ser “la sonrisa tranquila del régimen sanchista”, ha defendido que las modificaciones presupuestarias son “instrumentos ordinarios” y “transparentes” para adaptar las cuentas públicas ante circunstancias sobrevenidas. Este año ya se han reprogramado 32.000 millones de euros, entre los que se han destinado 7.300 millones para hacer frente al impacto de las borrascas de principios de año o 10.300 millones para poner en marcha el fondo España Crece.

Para defenderse de las acusaciones de trilerismo, Cuerpo ha esgrimido los datos de las modificaciones presupuestarias efectuadas por Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda entre 2012 y 2018 en el Gobierno de Mariano Rajoy: 193.000 millones.

“Los fondos del Plan de Recuperación se destinan exclusivamente a los proyectos e inversiones recogidos en el Plan de Recuperación y esto forma parte de su éxito”, ha zanjado el vicepresidente en su cara a cara con la portavoz popular.

Hacienda ya defendió que era legal el traspaso entre partidas presupuestarias en sus alegaciones al informe del Tribunal de Cuentas, aunque fueran de créditos procedentes de fondos europeos, ya que no todos los ejercicios se perciben las mismas anualidades del Plan de Recuperación.

La Comisión Europea autoriza los desembolsos en función del cumplimiento de una serie de hitos y objetivos, con independencia del coste ejecutado, por lo que “existe una total desconexión entre los recursos recibidos y los gastos necesarios para dar cumplimiento a dichos hitos y objetivos”. Y una prórroga supondría adjudicar a 2024 los mismos recursos que en 2023, aunque las necesidades y recursos a percibir fueran distintos.

Por ello, los criterios de prórroga presupuestaria aprobados por el Gobierno establecieron la adaptación del servicio 50 de 2023 a las necesidades presupuestarias de 2024, lo que se tradujo en la identificación y puesta a disposición de Hacienda de 4.528 millones de créditos sobrantes: 1.965 millones del Ministerio de Industria, 1.380 millones de Vivienda y 1.183 millones de Educación. Parte de estos créditos sobrantes se utilizaron para financiar el complemento de pensiones mínimas (667 millones), una opción permitida legalmente por los presupuestos de 2023, y para ampliar la partida de clases pasivas (1.722 millones), tal y como permite la Ley General Presupuestaria, explica Hacienda en el documento, recogido por EFE.

De hecho, en la Comisión Europea no hay demasiada preocupación, más allá del anuncio de que estudiarán el caso. Según un portavoz comunitario, los Estados miembros pueden tener que adelantar dinero para financiar algunas inversiones de sus planes de recuperación antes de recibir los fondos europeos y, “de manera similar, un Estado miembro puede también utilizar la liquidez de los pagos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia para cubrir otros gastos”. “En principio, estas operaciones ordinarias de gestión de tesorería por parte de los Estados miembro no afectan a los intereses financieros de la Unión ni tienen consecuencias para la implementación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia”, añadió.

El Gobierno vasco trabajará “pico y pala”, aunque de forma discreta, en la negociación con el Ejecutivo de Pedro Sánchez para completar la transferencia de la gestión económica de la Seguridad Seguridad, consciente de “la complejidad” de la materia. Según han informado a Europa Press fuentes del Ejecutivo de Imanol Pradales, la consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, Maria Ubarretxena, ha activado “todas las negociaciones” para acordar el traspaso de nuevas competencias previstas en el Estatuto de Autonomía.

La intención es cerrar estos traspasos para cuando se celebre la nueva reunión de la comisión bilateral de cooperación, que presiden el lehendakari y el presidente del Gobierno y que está prevista para el próximo mes de julio. Se habían prometido para 2025 y luego para Semana Santa.

Ubarretxena ha estado en Madrid en las últimas horas para mantener sendos encuentros con el secretario de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, y con la nueva secretaria de Estado de Política Territorial, Miryam Álvarez, sustituta del ahora ministro Arcadi España. El Gobierno vasco no ha querido revelar el contenido de estas reuniones, y ha asegurado que son conscientes de que el tema de la Seguridad Social es “muy complejo y delicado”, por lo que irán “quemando etapas y trabajando de manera interna”, sin proyección exterior. “Vamos a trabajar con perfil discreto, para ir avanzando de manera discreta. Vamos a seguir pico y pala hasta la siguiente comisión bilateral”, ha asegurado.

Este mismo mes está prevista otra cita con el Ministerio de Trabajo, de Yolanda Díaz, para hablar del traspaso a Euskadi del Fogasa (Fondo de Garantía Salarial), después de que se retrasara la reunión y la consejera vasca acusara a los de Sumar de hacerse los “remolones”.

El traspaso de la Seguridad Social ya está en marcha con los acuerdos de comienzos de año en materia de prestaciones familiares no contributivas, de protección por desempleo y seguro escolar, pero quedan pendientes las prestaciones contributivas (pensiones) y el Fogasa, organismo encargado del pago de salarios e indemnizaciones a los trabajadores de empresas en concurso o insolventes. Euskadi solamente ejercerá la gestión de estas materias, ya que la regulación y fijación de cuantías seguirá en manos del Estado.

La pensión media aumentó un 4,7% en Canarias en abril con respecto al mismo mes del año anterior, hasta alcanzar un total de 1.249 euros, casi nueve puntos menos que la media nacional, ha informado este martes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En Canarias hay un total de 379.852 pensiones en abril, un 2,6% más que el año anterior, las más numerosas las de jubilación, con un total de 215.391 a razón de 1.452,61 euros al mes.

Le siguen las de viudedad (83.772 por 918,50 euros); incapacidad permanente (61.767 y 1.197,91 euros); orfandad (16.266 y 523,43 euros) y en favor de familiares (2.656 y 800,63 euros).

En el conjunto del país, la Seguridad Social destinó en el presente mes de abril la cifra récord de 14.336,2 millones de euros al pago de la nómina ordinaria mensual de las pensiones contributivas, un 6,07% más que en igual mes de 2025.

Esta nómina incluye la revalorización de las pensiones aprobada por el Gobierno para 2026. Con carácter general, la subida alcanza el 2,7%, en línea con el IPC medio entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025.

La Seguridad Social ha abonado este mes 10.476.332 pensiones a 9,47 millones de personas, de las que 6,68 millones son pensiones de jubilación; 2,3 millones son pensiones de viudedad; más de un millón son pensiones de incapacidad permanente; más de 336.000 son de orfandad y 46.768 en favor de familiares.

Según el Ministerio, la pensión media del sistema de la Seguridad Social se situó en abril en 1.368,4 euros mensuales, un 4,5% más que en el mismo mes del año anterior. Esta media incluye la cuantía de las distintas clases de pensión (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y en favor de familiares).

Por su parte, la pensión media de jubilación, que perciben más de dos tercios del total de pensionistas (6,6 millones de personas), alcanzó a 1 de abril los 1.569,7 euros mensuales, un 4,4% más que en abril de 2025.

Por regímenes, el importe de la pensión media de jubilación procedente del Régimen General es de 1.729,6 euros mensuales, mientras que en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos es de 1.058,5 euros. En la Minería del Carbón, la cuantía de la pensión media es de 2.998,3 euros, y de 1.734,2 euros en el Régimen del Mar.

En cuanto a la pensión media de viudedad, en abril alcanzó los 973,9 euros al mes.

De su lado, la cuantía mensual de las nuevas altas de jubilación en el sistema ascendió a 1.653,6 euros de media, según los últimos datos disponibles, que son de marzo.

Crecen las jubilaciones demoradas

En los tres primeros meses de 2026, se registraron 96.612 nuevas altas en pensiones de jubilación, casi un 13% fueron jubilaciones demoradas voluntarias (12,7%), lo que supone casi dos puntos porcentuales más que al cierre de 2025 y 8 puntos por encima de las registradas en 2019

Como consecuencia del retraso voluntario del momento del retiro y la menor anticipación, la edad media de acceso a la jubilación se sitúa en 65,2 años, cuando en 2019 era de 64,4. Hay que recordar que en 2022 entraron en vigor nuevos incentivos para la demora en el acceso a la jubilación y se reconfiguró el marco legal para la jubilación anticipada.

Además, el 66,1% de los nuevos jubilados accedieron con edad ordinaria (64.160).

La media de tiempo de resolución de los expedientes en marzo (último dato disponible) fue de 11,7 días en el caso de la pensión de jubilación. Hay que tener en cuenta que el plazo máximo de resolución en estos procedimientos es de 90 días en la prestación de jubilación.

En abril, 1.463.374 pensiones cuentan con el complemento para la reducción de la brecha de género, de las que en un 75% de sus titulares son mujeres (1.097.463). El importe medio mensual de este complemento de la pensión es de 76,92 euros.

Del total de pensiones complementadas, el 24% corresponde a pensionistas con un hijo (350.538); el 50% a beneficiarios con dos hijos (731.223); cerca de un 17,7% lo perciben con tres hijos (259.235) y, por cuatro hijos, el 8,4% (122.375).

Este complemento, vigente desde febrero de 2021, consiste en una cuantía fija de 36,9 euros al mes por hijo, tras la revalorización aplicada en 2026. La solicitud debe realizarse en el momento en el que se solicita la pensión.

Clases pasivas

Por otra parte, la Seguridad Social ha informado de que la nómina mensual de pensiones de Clases Pasivas ascendió a 1.776,9 millones de euros en el mes de marzo (último dato disponible). Esta cifra supone un aumento de 108,7 millones de euros respecto a la del año anterior, un 6,5% más.

El número de pensiones en vigor fue de 738.790, que son 14.475 pensiones más que en el mismo mes del año anterior (2% de variación anual). Este tipo de pensión lo reciben 718.840 pensionistas.

El Régimen de Clases Pasivas del Estado incluye fundamentalmente al personal militar y al personal civil de la Administración General del Estado, de la Administración de Justicia, de las Cortes Generales y de otros órganos constitucionales o estatales, así como a funcionarios transferidos a las comunidades autónomas.

La pelea por la jubilación anticipada de las azafatas de vuelo, también denominadas tripulantes de cabina y en su mayoría mujeres, está viviendo un nuevo asalto. Los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, apoyados por la patronal, han reclamado al Ministerio de la Seguridad Social en la mesa de negociación sobre pensiones que incluya a este colectivo feminizado de trabajadoras en el derecho al retiro anticipado que ya tienen gran parte de sus compañeros de vuelo. “Es una discriminación histórica”, denuncia Cristina Estévez, secretaria ejecutiva de UGT.

La reivindicación no es nueva. Las tripulantes de cabina “llevan años” reclamando que se les reconozca el derecho a la jubilación anticipada para trabajos aéreos, regulada en un real decreto de 1986, recuerda Ernesto Iglesias, responsable de Tripulantes de Cabina del sindicato USO. Este retiro anticipado sin penalizaciones se reconoce al “personal de vuelo de trabajos aéreos”, debido a las “peculiares condiciones de la actividad aeronáutica y el prematuro envejecimiento” que producen.

Sin embargo, cuando se acude al listado de profesiones del sector aéreo con este derecho, las tripulantes de vuelo no figuran. Están los pilotos, copilotos, mecánicos de aeronave, distintos fotógrafos aéreos, operadores de medios tecnológicos... pero no las azafatas, un colectivo feminizado respecto al resto de ocupaciones que sí tienen el derecho, más masculinizadas.

Sentencias a favor y una “discriminación directa”

“Cualquier colectivo de vuelo lo tiene, menos ellas”, denuncia Cristina Estévez, que explica que la reivindicación para las tripulantes de vuelo se ha reavivado en los últimos meses debido al acuerdo con Junts en el Parlamento por el que se incluyó en una ley el compromiso del Gobierno de impulsar la jubilación anticipada para el personal sanitario en medios aéreos. En la norma se estableció que la Seguridad Social iniciaría de oficio el procedimiento habilitado para la jubilación anticipada por penosidad o peligrosidad habilitado hace unos meses.

“No podemos dejarlas a ellas como el único colectivo fuera. Es una discriminación directa contra las tripulantes de cabina”, sostiene Estévez. Sumar, que apoyó la enmienda reclamada por Junts para los sanitarios en medios aéreos, presentó una iniciativa en el Congreso para pedir al Gobierno que reconociera la medida también a las tripulantes.

UGT destaca que además ya hay varias sentencias que reconocen esta discriminación. El sindicato USO difundió en enero de 2025 una pionera resolución de instancia en este sentido, que reconocía la jubilación anticipada a una azafata residente en Tenerife pese a no figurar su profesión en el decreto del sector aéreo. “No entenderlo así en realidad supondría no solo una discriminación directa por ser la misma actividad de trabajos aéreos desarrollados por otras categorías, sino, además, sería una discriminación indirecta por razón de género”, estableció la sentencia, citando una resolución previa del juzgado de lo Social 34 de Madrid, de diciembre de 2023.

Esa primera sentencia conocida, de 2023, fue además respaldada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. “Cuando en el TSJ se reconoce también la jubilación anticipada, la Seguridad Social se retira”, explica Ernesto Iglesias (USO), para evitar que los casos lleguen al Tribunal Supremo y que se genere así jurisprudencia.

Varias fórmulas en discusión

“Hay un agravio comparativo con otros trabajadores en situaciones similares, por lo que estamos reclamando que se reconozca el derecho a las tripulantes de cabina, tanto los sindicatos como la patronal”, explica por su parte Carlos Bravo, secretario de Políticas Públicas y protección Social de CCOO.

La patronal aérea (ALA) en el pasado no había sido partidaria de la medida, que supone una sobrecotización de la empresa y la parte trabajadora para sufragar los retiros anticipados, pero ahora “parece que están por la labor”, tanto en esta organización como en algunas empresas de gran importancia en el sector, como Iberia, indican diversas fuentes. Oficialmente, desde ALA sostienen que no tienen posición al respecto. “Todo lo relativo a temas laborales es independiente de cada compañía, que fija su posición de forma individualizada”, indican en la patronal aérea.

En este contexto, la mesa de negociación de pensiones de la Seguridad Social está explorando “dos posibilidades” para tratar de reconocer a las azafatas el retiro anticipado, explica Carlos Bravo. La primera: acudir al procedimiento estándar habilitado para todas las profesiones, una idea que no contenta en UGT, ya que supone “alargar una discriminación” que sufren estas trabajadoras, denuncian. “Hay cosas con las que no se puede mirar para otro lado”, sostiene Cristina Estévez, que pide una solución “inmediata” para el colectivo.

La segunda: una modificación directa del real decreto de 1986 para incluir a estas trabajadoras en la jubilación anticipada ya aprobada para el sector aéreo, sin seguir el nuevo procedimiento habilitado, con el argumento de que se debe resolver con premura una situación de desigualdad.

En este escenario, se plantea una discusión adicional que pueden encontrar más reticencias en la patronal: cuál debería ser la sobrecotización de todo el sector aéreo. Porque es del 4% fruto del decreto aprobado en 1986, mientras que en otros colectivos que se han aprobado la medida a posteriori es mucho mayor, del 10% o más.

Algunas voces consideran además que puede ser problemático no acudir al procedimiento aprobado para estas jubilaciones anticipadas sectoriales, que se aprobó precisamente para acabar con la discrecionalidad en el acceso a la medida hasta ahora, que supuso que solo accedieran al retiro anticipado ciertos oficios que tenían el favor o la atención de alguna formación política, como ocurrió con varias policías regionales.

Fuentes del Ministerio de la Seguridad Social prefieren no responder sobre este tema ni la mesa de negociación abierta, por respeto al diálogo social, indican.

El único pacto de Estado que sobrevive a las legislaturas y a la creciente hostilidad y polarización política sigue de celebración. Los 30 años de los Pactos de Toledo sobre pensiones, de 1995 y cumplidos el año pasado, han dado lugar a un libro de la Fundación Alternativas presentado este jueves en Madrid. Ese primer pacto y los sucesivos blindaron la esencia del sistema de pensiones en España, “público, contributivo y de reparto”, ha destacado uno de sus miembros destacados, el exdiputado Carles Campuzano.

“No hay discusión ya sobre la naturaleza del sistema, sino sobre las reformas que el sistema necesita”, ha sostenido Campuzano, que ha recordado que el Pacto de 1995 tiene lugar en un contexto de gran “crispación política” y en el que “las proyecciones demográficas y los agoreros del sistema público de pensiones anunciaban la quiebra del sistema”. Entonces, “la discusión académica y política era cuestionar los elementos fundamentales del sistema: el carácter público, contributivo y de reparto. Era el contexto donde estábamos”, ha recordado el ahora diputado en el Parlament de Catalunya.

El libro, titulado '30 años de los Pactos de Toledo. El sistema español de Seguridad Social, pensiones y garantía de rentas', ha sido dirigido por Octavio Granado, exsecretario de la Seguridad Social en varios gobiernos socialistas y uno de los mayores conocedores de la historia de este organismo público, y por Carlos Bravo, secretario de Políticas Públicas y Protección Social de Comisiones Obreras y uno de los negociadores por la parte sindical de las reformas de pensiones de las últimas décadas.

La ministra de la Seguridad Social, Elma Saiz, que ha prologado el libro, ha destacado la la necesidad de mantener “el método” de consenso y diálogo político y social que inauguró el Pacto de Toledo hace 30 años, que ha considerado clave para dar “estabilidad” a las reformas y a la protección social, y para combatir “el falso conflicto” intergeneracional, que enfrenta a jóvenes y pensionistas.

Como uno de los artífices de los primeros cimientos de la Seguridad Social que conocemos hoy en día, Adolfo Jiménez, que fue secretario General de la Seguridad Social entre 1986 y 1996, se ha referido a este enfrentamiento generacional en el debate público sobre pensiones para advertir de que, en realidad, los principales afectados de las reformas de las pensiones no son los jubilados, ni las personas mayores, “sino los jóvenes”.

Elma Saiz ha insistido en la necesidad de no usar las pensiones “como un arma partidista”. “Las pensiones no pueden utilizarse como un arma partidista cuando lo que está en juego es la seguridad de millones de personas y, para ello, lo deseable sería que la derecha fuera mínimamente coherente y responsable y no votara en contra de la legislación que desarrollan las recomendaciones vigentes que ellos mismos votaron a favor”, ha sostenido la responsable de la Seguridad Social.

Mirada a los retos y las reformas pendientes

El libro de Fundación Alternativas, impulsado por el catedrático Jesús Ruis-Huerta, director del Laboratorio de Políticas Públicas de la entidad, explora en 14 capítulos distintos retos del sistema de la Seguridad Social de cara al futuro, como la protección social de los trabajadores autónomos, las persistentes brechas de género que perjudican a las mujeres y la protección de las personas vulnerables, entre otras materias, que elaboran María José Landaburu (UATAE), la catedrática Paz Menéndez Sebastián, y Milagros Paniagua, exsecretaria general de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social, respectivamente, entre otros muchos autores.

Entre las tareas pendientes, el exdiputado del PNV Emilio Olabarría, también miembros destacado del Pacto de Toledo, ha destacado “la atención a la discapacidad”, con las que el sistema tiene una deuda todavía, ha sostenido.

La actual Comisión del Pacto de Toledo en el Congreso de los Diputados ha iniciado los trabajos para elaborar las recomendaciones que releven a las últimas, de 2020, en las que se acordó volver a vincular la revalorización de las pensiones a los precios para garantizar el poder adquisitivo de los precios tras la reforma unilateral de pensiones de 2013 del PP, que el mismo partido dejó de aplicar cuando gobernaba.

Mientras sigue el debate sobre la sostenibilidad del sistema, especialmente desde ciertos ámbitos económicos neoliberales, pocos cuestionan la herramienta de diálogo del Pacto de Toledo, celebrada también a nivel internacional. Granado y Bravo, directores del informe, han esperado que el informe publicado contribuya al debate público para fortalecer y modernizar el sistema de la Seguridad Social a futuro, del que depende una gran parte de la población.

Principio de acuerdo entre el Ministerio de la Seguridad Social y los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, para desbloquear la jubilación parcial de los empleados públicos laborales, que quedó imposibilitada tras la última reforma de pensiones. El Ministerio que dirige Elma Saiz está ultimando un decreto ley con la medida, pero quiere incorporar más elementos en la norma, como el acceso a la pensión de viudedad de parejas de hecho no registradas, pero que aún no están del todo cerrados y algunos sobre los que aún no hay consenso, explican fuentes sindicales.

Junto a acabar con el recorte “de golpe” en la jubilación anticipada de las pensiones máximas, resuelto hace unas semanas, los sindicatos mayoritarios exigieron al departamento de Saiz desbloquear por fin la jubilación parcial de los empleados públicos laborales para seguir negociando cualquier otra cuestión con la Seguridad Social.

Hace dos años, la jubilación parcial de los laborales de la Administración Pública se vio bloqueado por los requisitos que la nueva normativa ponía para mejorar las condiciones laborales en la incorporación de los relevistas. Esta obliga a que los relevistas se incorporen con contratos indefinidos y a tiempo completo. Algo posible en el sector privado, pero imposible en la Administración sin una convocatoria de empleo público que ofrezca las garantías de igualdad, mérito y capacidad.

Se permitirá que los relevistas sean interinos

Este lunes, y tras muchos meses de conversaciones para tratar de alcanzar una solución, CCOO y UGT han anunciado que la medida está a punto de cerrarse, posibilitando que el puesto de relevista se cubra con trabajadores temporales interinos vinculados a una próxima convocatoria de empleo público, una opción que reclamaban los sindicatos desde el inicio.

“Se ha alcanzado un principio de acuerdo entre las organizaciones sindicales CCOO y UGT y los Ministerios de Seguridad Social y Función Pública para garantizar el acceso a la jubilación parcial del personal laboral garantizando que el personal que se incorpora como relevista tenga una relación laboral fija a jornada completa, bien procedente de un proceso selectivo ya superado, bien a través de su vinculación como interino hasta la cobertura definitiva de la plaza que ocupa mediante la correspondiente oferta pública de empleo”, explica Comisiones Obreras en un comunicado.

CCOO ha reclamado que la medida sea aprobada “sin demora” en un real decreto ley, en el que considera que también debería quedar solventada la misma situación para los trabajadores funcionarios y estatutarios de la Administración Pública. El sindicato plantea una reforma “ya” del artículo “67 del Estatuto Básico del Empleado Público”, de manera que no se espere a la reforma integral del TREBEP que está tramitándose enel Parlamento.

Viudedad de parejas de hecho sin registrar y otras medidas

Los sindicatos explican que el Ministerio de la Seguridad Social está preparando un real decreto ley con la jubilación parcial de los laborales públicos, pero en el que quiere incluir más medidas pendientes en materia de pensiones y algunas otras referentes a la incapacidad temporal (las bajas laborales por enfermedad).

Entre las primeras destaca el acceso a la pensión de viudedad de parejas de hecho no registradas formalmente que tengan hijos en común o que acrediten una larga convivencia. Aunque los detalles de la medida están por cerrar, en los sindicatos consideran que se podría culminar en breve y que se incluyera la medida en el real decreto ley.

Sin embargo, hay otras cuestiones menos avanzadas e, incluso, aún controvertidas que también se está debatiendo si formarán parte de la norma, lo que podría retrasarla un poco todavía. Principalmente, propuestas sobre incapacidad temporal, que el Ministerio de la Seguridad Social querría incluir para tratar abordar el gran aumento de las bajas laborales por enfermedad.

Desde los sindicatos explican que hay algunas medidas que sí podrían salir adelante, relativas a la agilización de procedimientos, como “la reordenación de los recursos humanos y técnicos de la Inspección Médica del INSS para conformar un Equipo de Valoración de Incapacidad (EVI) centralizado”, pero hay otras que creen que requieren más debate y que deberían abordarse con más calma para otra futura ley.

En UGT han insistido por su parte en que se modifique también de manera urgente el reglamento que da acceso a la jubilación anticipada por penosidad en el sector aéreo y que excluye ahora a las azafatas (tripulantes de cabina). Una “situación absurda” y “discriminatoria” que afecta al colectivo, muy feminizado, frente a otros más masculinizados, como el de los pilotos, ha denunciado el sindicato.