Los más de diez millones de pensionistas que cobran una prestación contributiva de la Seguridad Social volverán a recibir este mes el ingreso antes de la fecha oficial en la mayoría de las entidades bancarias. Como ocurre habitualmente, los bancos adelantan el abono de las pensiones a sus clientes para facilitar su liquidez y fidelizar a quienes tienen domiciliada la prestación.

En julio de 2026 el calendario presenta una particularidad: el día 25, fecha en la que muchas entidades acostumbran a realizar el ingreso, cae en sábado. Esta circunstancia provoca que algunas entidades adelanten el pago al jueves 23 o al viernes 24 de julio, mientras que otras mantienen el ingreso el propio día 25 o lo retrasan al lunes 27.

¿Cuál es la fecha oficial de pago de las pensiones?

La normativa de la Seguridad Social establece que las pensiones contributivas se abonan a mes vencido, entre el primer día hábil y, como máximo, el cuarto día natural del mes siguiente. En el caso de la nómina correspondiente a julio, la fecha oficial de pago se sitúa, por tanto, entre los primeros días hábiles de agosto.

Sin embargo, desde hace años la práctica totalidad de las entidades financieras opta por anticipar el ingreso varios días. Para ello utilizan recursos propios, ya que conocen con antelación el importe que recibirán de la Tesorería General de la Seguridad Social, lo que les permite poner el dinero a disposición de sus clientes antes de la fecha oficial.

Este adelanto se ha consolidado como un servicio habitual y es uno de los aspectos que muchos pensionistas tienen en cuenta a la hora de elegir banco.

Calendario previsto de cobro en cada banco

Aunque las fechas pueden sufrir ligeras modificaciones por razones operativas, este es el calendario orientativo que manejan las principales entidades para el ingreso de las pensiones correspondientes a julio de 2026:

Las entidades que tradicionalmente más adelantan el ingreso vuelven a ser Bankinter y Unicaja, mientras que otras mantienen el pago el día 24. BBVA, ING y Kutxabank prevén realizar el abono el sábado 25, y Abanca lo efectuaría el lunes 27 al coincidir el fin de semana con la fecha habitual de pago.

¿Por qué cada banco paga un día distinto?

La Seguridad Social no fija una fecha concreta para que los bancos ingresen anticipadamente las pensiones. Cada entidad decide cuándo adelanta el dinero a sus clientes dentro de su política comercial.

En algunos casos, el adelanto depende de la recepción de los ficheros de pago por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social; en otros, responde a criterios internos o a la operativa de los fines de semana y festivos. Por ese motivo es habitual que existan diferencias de uno o varios días entre entidades y que el calendario cambie cuando el día 25 coincide con un sábado o un domingo, como ocurre este mes.

¿Quiénes cobran este ingreso?

Las fechas afectan a todas las pensiones contributivas abonadas por la Seguridad Social mediante domiciliación bancaria. Entre ellas figuran las pensiones de jubilación, las de viudedad, las de incapacidad permanente, las de orfandad o las pensiones en favor de familiares.

En todos los casos, el ingreso se realiza automáticamente en la cuenta donde el beneficiario tenga domiciliada la prestación, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional.

¿Qué ocurre si el dinero no aparece en la cuenta?

Aunque los bancos suelen cumplir con las fechas anunciadas, pueden producirse pequeños retrasos por incidencias técnicas o por la operativa interna de cada entidad.

Si llegada la fecha prevista el pensionista no ha recibido el ingreso, lo recomendable es comprobar primero el movimiento de la cuenta a lo largo del día, ya que algunas entidades realizan los abonos en diferentes franjas horarias. Si el dinero sigue sin aparecer, conviene contactar con el banco para confirmar que no existe ninguna incidencia antes de dirigirse a la Seguridad Social. En la inmensa mayoría de los casos, los retrasos responden a cuestiones operativas y quedan resueltos en pocas horas.

Un calendario que ya es habitual

El adelanto del pago de las pensiones comenzó a generalizarse durante los primeros meses de la pandemia y, desde entonces, se ha convertido en una práctica habitual del sistema financiero español.

Lo que en un principio fue una medida excepcional para garantizar liquidez a los pensionistas terminó consolidándose como un servicio permanente. Hoy prácticamente todas las grandes entidades adelantan el cobro respecto a la fecha oficial, aunque cada una mantiene su propio calendario.

Por ello, salvo cambios de última hora comunicados por los bancos, los pensionistas podrán empezar a recibir la nómina de julio desde el 23 de julio, mientras que la mayoría habrá cobrado antes de finalizar el día 25, pese a que la fecha oficial de abono por parte de la Seguridad Social se produzca ya en los primeros días de agosto.

La temporada de viajes del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) de 2026-2027 ya ha comenzado y viene cargada de novedades. El Programa de Turismo del Imserso, que este año oferta 879.213 plazas, cambia su modelo de gestión de reservas. Y es que, los ayuntamientos dejan de gestionar las reservas de este turismo social, quedando en manos exclusivamente de las agencias de viajes autorizadas, la sede electrónica del Imserso y un servicio telefónico de atención a los usuarios. Con esta decisión, el Gobierno central pone fin a un convenio de colaboración con los consistorios locales que llevaba vigente desde 1989.

El cese de colaboración entre entidades locales y el Imserso viene con el fin de que se cumpla la disposición adicional octava de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público, ley que regula los convenios entre administraciones públicas. La norma da por extinguidos los convenios históricos suscritos con las entidades locales, debido a que la gestión de reservas y comercialización de plazas del Imserso corresponde al propio programa y a las empresas adjudicatarias, lo que deja fuera de la ecuación a los consistorios.

De este modo, se elimina la asignación de cupos a ciertos municipios, lo que uniformiza las oportunidades de todos los usuarios para acceder a una plaza del Imserso. A partir de esta temporada, solo podrán gestionarse las reservas por medio de las vías oficiales ya previstas en el programa: los canales propios del Imserso y las agencias de viaje autorizadas.

Hasta esta temporada, un total de 142 ayuntamientos repartidos por todo el territorio español colaboraban en la tramitación de unas 13.000 plazas anuales. De acuerdo con el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, unos 4.000 usuarios recurrieron a entidades locales para la reserva de sus viajes en la pasada temporada. Se trataba de uno de los pilares de la atención presencial del programa de Turismo del Imserso, facilitando los trámites a las personas mayores con dificultades para utilizar medios digitales o con problemas de acceso a internet.

Cómo funciona el sistema de reservas del Imserso

Los usuarios que reservaban su viaje del Imserso en el ayuntamiento de su localidad deberán estar atentos al buzón. Los beneficiarios que hasta la pasada temporada tramitaban sus vacaciones por medio de sus consistorios quedarán incorporados automáticamente a la base de datos del Imserso. Recibirán una comunicación personalizada por carta, con las claves necesarias para realizar la reserva.

Las cartas de acreditación comenzarán a llegar a los pensionistas a lo largo de la segunda quincena de agosto, mientras que las reservas podrán realizarse en septiembre. Los viajes tendrán lugar entre mediados de octubre de 2026 y junio de 2027.

Nada más ha cambiado con respecto a la estructura del Programa de Turismo del Imserso. El tarifario este año oscila entre los 224€ y 409€ en el interior de la península, mientras que los destinados a Baleares y Canarias podrán alcanzar hasta 565€. Los precios varían en función del destino elegido, la duración de la estancia y si el paquete incluye transporte.

La temporada pasada el Ministerio introdujo tarifa plana de 50 euros para pensionistas con menos recursos. Este año, hay 7.447 plazas reservadas para aquellas personas que perciban una prestación igual o inferior al importe de las pensiones no contributivas de incapacidad o jubilación de la Seguridad Social. Estos usuarios solo deberán abonar una cantidad fija de 50 euros por su viaje, sin importar el tipo o destino. Con este importe tendrán incluido el alojamiento con pensión completa, el seguro de viaje y el transporte de ida y vuelta.

Requisitos para acceder a los viajes del Imserso

Como siempre, para acceder al Programa de Turismo del Imserso es necesario que el usuario cumpla los siguientes requisitos:

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), primer sindicato en la Mesa General de Función Pública de Castilla-La Mancha, ha logrado incluir la aplicación de la jubilación parcial dentro de la negociación del IX Convenio Colectivo del Personal Laboral, cuya comisión negociadora se reunirá el próximo lunes, 13 de julio.

CSIF recuerda que el pasado 2 de julio ya registró un escrito dirigido a la Dirección General de la Función Pública reclamando que se comenzaran a tramitar “sin demora” las solicitudes de jubilación parcial del personal laboral tras la entrada en vigor del Real Decreto-ley 19/2026, de 29 de junio.

La nueva regulación podría beneficiar a cerca de un millar de trabajadores de la Administración regional después de ver suprimido este derecho por culpa de la última reforma en materia de pensiones, derivada del acuerdo entre Gobierno central, CCOO y UGT, que “no tuvo en cuenta los requisitos de selección de personal de las administraciones públicas”.

“No podemos esperar más”

El presidente del Sector de Administración General de la Comunidad Autónoma de CSIF Castilla-La Mancha, Joaquín Sánchez, resalta: “No podemos esperar más, recordamos que se ha cometido una terrible injusticia con un colectivo que ha visto de manera injusta bloqueado este derecho después de toda una vida laboral como servidores públicos. La Junta tiene las condiciones jurídicas y organizativas necesarias para reconocer este derecho sin demora”.

CSIF defenderá en la negociación del próximo lunes una regulación que garantice el acceso efectivo a la jubilación parcial del personal laboral, facilite el relevo generacional y permita que los trabajadores “puedan ejercer este derecho sin demoras ni obstáculos administrativos”.

Afrontar la jubilación con una mayor tranquilidad económica es el objetivo de cualquier trabajador que finaliza su etapa laboral. Sin embargo, lo que muchos futuros pensionistas desconocen es que haber tenido hijos a lo largo de su vida laboral puede traducirse en un ingreso extra mensual en su cuenta bancaria.

La Seguridad Social ofrece mecanismos específicos para premiar la aportación demográfica y compensar el perjuicio laboral que a menudo supone el cuidado de los hijos, permitiendo elevar notablemente la cuantía final de la prestación.

A pesar de ser un derecho consolidado, la normativa que regula estas ayudas genera en ocasiones un mar de dudas debido a los cambios legislativos recientes y a los requisitos específicos de acceso. No todos los complementos son iguales, ni se aplican de la misma forma para todo el mundo.

El Complemento para la Reducción de la Brecha de Género

Este beneficio económico llegó para sustituir al antiguo complemento por maternidad por aportación demográfica. Su objetivo principal es reparar el perjuicio que han sufrido la mayoría de las mujeres a lo largo de su carrera profesional por haber asumido de forma principal el cuidado de los hijos, un parón laboral que a la larga merma la cuantía de sus pensiones. Por este motivo, en su origen la ley exigía requisitos diferentes a hombres y mujeres.

Sin embargo, el escenario legal ha cambiado por completo tras una importantísima sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (STJUE) del 15 de mayo de 2025. La justicia europea determinó que la ley española discriminaba al progenitor varón, por lo que dictaminó que este complemento debe aplicarse a los hombres exactamente en los mismos términos previstos para las mujeres. En la práctica, esto significa que a los padres ya no se les exige cumplir con requisitos adicionales de cotización ni demostrar lagunas laborales particulares; si han tenido hijos y causan una pensión, tienen las mismas facilidades de acceso.

Los beneficiarios directos son todas aquellas mujeres y hombres con uno o más hijos que accedan a una pensión contributiva de jubilación ordinaria o anticipada (quedando fuera únicamente la jubilación parcial), de incapacidad permanente o de viudedad, siempre que dicha pensión se haya originado a partir del 4 de febrero de 2021. No obstante, la ley estipula que cada hijo da derecho a un solo complemento, por lo que es incompatible que lo cobren ambos progenitores a la vez.

En el caso de que los dos lo soliciten, el derecho se le concederá automáticamente a aquel que tenga la suma de pensiones públicas de menor cuantía. Asimismo, existen causas de exclusión muy estrictas: no se reconocerá este dinero a quienes hayan sido privados de la patria potestad o cuenten con condenas por violencia de género o violencia ejercida contra sus propios hijos. Para conocer cómo funciona su cuantía, sus efectos económicos y los canales de tramitación, es útil resumir sus condiciones clave:

Por último, es fundamental aclarar qué ocurre con quienes ya percibían el antiguo complemento por maternidad antes del 4 de febrero de 2021. La legislación garantiza que estas personas mantendrán el cobro de dicha ayuda de forma transitoria. No obstante, ambos incentivos son completamente incompatibles entre sí, por lo que si el interesado causa una nueva pensión pública con derecho al complemento de brecha de género, deberá optar por uno de los dos. Además, si el otro progenitor solicita ahora el nuevo complemento y le corresponde por tener una cuantía de pensión inferior, el importe que se le reconozca a este último se deducirá directamente del antiguo complemento de maternidad que venía cobrando el primero.

Beneficios de cotización por cuidado de hijos o menores

Existe otra ventaja fundamental para los padres y madres que a menudo pasa desapercibida, pero que resulta de gran utilidad para mejorar la pensión. Está regulada en el artículo 236 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. A diferencia del complemento de brecha de género, este mecanismo no añade un dinero extra directo a la mensualidad, sino que actúa sumando días de cotización ficticios a la vida laboral del trabajador para cubrir aquellos periodos en los que tuvo que dejar de trabajar o buscar empleo para dedicarse a la crianza de sus hijos.

Este beneficio reconoce como periodo cotizado a todos los efectos, con la única excepción de servir para alcanzar el periodo mínimo de cotización exigido por ley (cómputo de carencia), el tiempo en el que se haya interrumpido la cotización tras la extinción de un contrato de trabajo o tras finalizar el cobro de las prestaciones por desempleo.

Para poder acogerse a esta medida, es requisito indispensable que dicho parón laboral o el fin del paro hayan ocurrido en un momento muy concreto: entre los nueve meses anteriores al nacimiento del hijo (o los tres meses anteriores en caso de adopción o acogimiento permanente) y la finalización del sexto año posterior a esa situación. Para comprender los límites, la duración y la aplicación práctica de estos días de cotización regalados por la Seguridad Social, se deben tener en cuenta las siguientes reglas esenciales:

Días de cotización por parto

El tercer gran mecanismo que ofrece la normativa, y que suele confundirse a menudo con la bonificación por cuidado de menores, es el reconocimiento de días cotizados por parto. Este derecho viene regulado en el artículo 235 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social y consiste en una cotización asimilada que el Estado otorga para compensar el impacto laboral e inmediato del alumbramiento. Al tratarse de un beneficio ligado estrictamente a la situación biológica del nacimiento, se concede única y exclusivamente a las mujeres y se aplica de cara a las pensiones contributivas de jubilación y de incapacidad permanente.

La gran ventaja de esta medida es que influye directamente en el bolsillo de la futura pensionista por una doble vía. Por un lado, a diferencia de los días por cuidado de hijos, estos periodos por parto sí computan para alcanzar el mínimo de 15 años exigidos para poder jubilarse. Por el otro, sirven para engrosar el número total de años cotizados en tu expediente. Cuantos más años acumulados presentes a la Seguridad Social, mayor será el porcentaje que se aplicará a tu base reguladora y, por lo tanto, más alta será la cuantía de tu pensión mensual.

El debate político actual sufre de un grave déficit de rigor. La proliferación de discursos que asocian la inmigración con el colapso económico o la delincuencia exige una respuesta basada estrictamente en datos oficiales. Analizar los indicadores públicos no es una opción ideológica; es una responsabilidad democrática frente a la desinformación.

Inmigración irregular: un porcentaje mínimo

La asimilación de la inmigración con una “invasión” descontrolada es rotundamente falsa. La inmensa mayoría de los ciudadanos extranjeros en España reside de forma legal tras acceder por vías aeroportuarias ordinarias. Según las estadísticas del Ministerio del Interior, las entradas irregulares por costas representan una fracción mínima del saldo migratorio anual.

El motor de la economía y las pensiones

Los trabajadores extranjeros representan ya entre el 12% y el 13% de la afiliación total a la Seguridad Social. Tanto el Banco de España como la AIReF insisten en que la llegada de mano de obra joven es indispensable. Su cotización ayuda a corregir el envejecimiento demográfico y a garantizar la viabilidad futura del sistema público de pensiones.

El bulo de las “pagas” a menores tutelados

Ningún menor extranjero recibe subvenciones o dinero en efectivo por el hecho de estar tutelado por una Comunidad Autónoma. Las partidas presupuestarias se destinan íntegramente a mantener los centros, abonar salarios de educadores, alimentación y escolarización. De hecho, el Observatorio Permanente de la Inmigración confirma que más de la mitad de estos jóvenes trabaja y cotiza al alcanzar la mayoría de edad.

Criminalidad y exclusión social

El Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior constata que la abrumadora mayoría de los delitos en España son cometidos por ciudadanos nacionales. Los expertos explican que las variaciones proporcionales en ciertos colectivos extranjeros se diluyen al controlar factores socioeconómicos. La delincuencia se vincula a la pobreza, el desempleo y la falta de arraigo, nunca al origen o la nacionalidad.

El fantasma de la ocupación ilegal

El Código Penal castiga el allanamiento de morada (casas habitadas) con el desalojo policial inmediato y sin necesidad de orden judicial. Por su parte, las denuncias de usurpación (pisos vacíos de bancos o fondos de inversión) son residuales según la Fiscalía General del Estado. El problema real de la vivienda en España no es la ocupación, sino la falta de un parque público de alquiler.

Por todo ello, cabe decir aquí para finalizar que el discurso ultra busca canalizar el malestar social hacia el eslabón más débil para desviar el foco de los problemas estructurales. La viabilidad de la sanidad, la educación y demás servicios públicos no se decide en las fronteras, sino en el terreno de la justicia fiscal. Exigir que las grandes corporaciones, los terratenientes y los patrimonios más altos aporten justamente al erario público es, sencillamente, defender la justicia social.

El Gobierno ha aprobado por fin este lunes el prometido desbloqueo de la jubilación parcial del personal laboral empleado por las Administraciones Públicas, paralizada en general desde hace más de un año, debido a las condiciones que se establecieron para la jubilación parcial en la reforma de pensiones de 2024. Los sindicatos han denunciado que esta fórmula de retiro gradual sigue paralizada para el personal funcionario y estatutario, y han reclamado una solución también para este colectivo.

La jubilación anticipada parcial permite a los trabajadores reducir una parte de su jornada los últimos años de su vida laboral y compatibilizar el sueldo con la pensión. El personal laboral de organismos y empresas públicas ya lo tenía recogido en sus convenios, por sectores o según la administración, que podía contratar a un relevista de forma temporal. 

Pero la reforma que entró en vigor el 1 de abril de 2025 exigió que el trabajador relevista fuera indefinido. Algo posible en el sector privado, pero que supuso una gran traba y en la práctica en un bloqueo de la medida en la Administración Pública. En esta, crear un puesto fijo requiere de una convocatoria de empleo que ofrezca las garantías de igualdad, mérito y capacidad (que lleva mucho tiempo y preparación previa).

Finalmente, los sindicatos mayoritarios CCOO y UGT pactaron con los ministerios de Seguridad Social y Función Pública que se vuelva a permitir contratar a empleados temporales para ejercer de relevistas en la Administración Pública, si no es posible ocupar ese puesto de manera fija (que será la opción prioritaria).

El Ministerio de Función Pública ha explicado que podrán acceder a esta forma parcial y anticipada de retiro (hasta tres años antes de la edad de jubilación) el personal laboral a tiempo completo “siempre que, con carácter simultáneo, se celebre un contrato de relevo” y cumpla una serie de requisitos.

Estos son “acreditar un periodo de cotización de 33 años; tener una antigüedad en la empresa de seis años inmediatamente anteriores a la fecha de la jubilación parcial; que la reducción de su jornada de trabajo sea entre el 25% y el 75% y, si se anticipa en más de dos años, la reducción de jornada del primer año será entre el 20-33%”, ha informado el departamento de Óscar López.

Tiene que ser respaldado por el Congreso

El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto-ley con la medida, ha adelantado El País y confirman fuentes del Ministerio de la Seguridad Social a elDiario.es. La regulación deberá recabar ahora los apoyos del Parlamento para salir finalmente adelante.

La medida fue pactada principalmente por el Ministerio dirigido por Elma Saiz con los sindicatos mayoritarios (CCOO y UGT) hace varios meses, pero su aprobación se estaba retrasando en un paquete más amplio de negociaciones, como el acceso a la pensión de viudedad de parejas de hecho con hijos no registradas y una prestación especial de incapacidad temporal para pacientes con cáncer.

Finalmente, el desbloqueo de la jubilación parcial ha sido aprobado en un real decreto-ley del Ministerio de Función Pública, sin estas otras medidas adicionales, indican desde la Seguridad Social.

Este mismo mes de junio, el Ministerio liderado por Óscar López reactivó la jubilación parcial del personal laboral incluido en el IV Convenio Único de la Administración General del Estado (AGE), pero los empleados públicos de otras Administraciones Públicas –como las comunidades autónomas y los ayuntamientos– aún estaban a la espera de una solución.

Entra en vigor al día siguiente del BOE

La ley entrará “en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado” (BOE), informa el Ministerio de Función Pública. Por lo tanto, si el Congreso optara por no respaldar la medida, los partidos políticos tumbarían una medida ya desplegada y operativa para los empleados públicos laborales. UGT Servicios Públicos ha confiado en el Parlamento convalide la medida.

El real decreto-ley consta de un artículo único que regula el régimen aplicable a los contratos de relevo y una disposición transitoria que establece un régimen transitorio hasta 2027. “Éste permite vincular la jubilación parcial a un contrato de personal laboral fijo a tiempo completo que hubiere sido formalizado a partir del 1 de abril de 2024 como resultado de convocatorias derivadas de ofertas de empleo público ordinarias”, explica Función Pública.

Además, la ley incluye una disposición adicional referida a la “indemnización por residencia del personal al servicio del sector público estatal destinado en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears”. En estos momentos, es una de las zonas más tensionadas por el elevado coste de la vivienda, que impiden a muchos empleados aceptar plazas en este destino.

El Gobierno sostiene que, en cumplimiento del Acuerdo Marco suscrito entre el Ministerio de Función Pública y los sindicatos UGT, CSIF y CCOO, se abre un “proceso de revisión de las cuantías” para poder aumentar esta indemnización insular. Se establece un periodo de seis meses en los tiene que haber negociación con la parte trabajadora.

Los sindicatos han denunciado que la jubilación parcial sigue bloqueada para el personal funcionario y estaturio (con mucha presencia en Sanidad). La ministra Elma Saiz ha afirmado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que la medida está pendiente del Proyecto de Ley de Función Pública, en tramitación en el Parlamento. UGT ha reclamado que se incluya en este texto al personal estatutario, además de los funcionarios.

En CCOO han criticado que el Gobierno “ha contribuido a bloquearla, por acción u omisión”, al incluir esta materia, “de manera absolutamente inopinada,” en este proyecto de ley paralizado en el Congreso. “Este movimiento ha supuesto, en la práctica, enterrar temporalmente un derecho comprometido, sometiéndolo a los ritmos y bloqueos parlamentarios, y alejándolo de la urgencia que requiere su aplicación”, denuncia el sindicato.

Antón Costas (San Pedro de Matamá, Vigo, 1949) preside el Consejo Económico y Social de España (CES) desde abril de 2021. Catedrático de Política Económica de la Universidad de Barcelona, su tesis doctoral fue dirigida por los profesores Fabián Estapé y Ernest Lluch. Autor de numerosos libros y artículos, sus publicaciones e intervenciones más recientes apuntan hacia la necesidad de un nuevo contrato social que permita la prosperidad de los más necesitados, antes del papel redistribuidor del Estado. Es un defensor a ultranza de la formación dual como herramienta para crear más y mejor empleo, y del Pacto de Toledo para acompasar las pensiones a la realidad económica.

Pese a la resiliencia de la economía española, que en su momento llegó a calificar de “primavera económica”, alertaba hace unas semanas de que el puente del bienestar social se ha roto; es decir que ya no vale solo con crecer. ¿Cómo lo hacemos para que el crecimiento se traslade a los hogares?

Hay dos pilares de ese puente que se han debilitado mucho. Uno es la vivienda, que es un agujero negro que se traga una buena parte de las mejoras que para los hogares han significado el aumento de empleo y también una cierta recuperación de los salarios reales. Y el otro es el coste de la vida. Aquí siempre hay el riesgo de confundir inflación con precios. Inflación es la subida de los precios de un año a otro, pero la inflación puede bajar, como ha sucedido; sin embargo, los precios quedan colgados arriba. Y esto yo creo que ha impactado bastante, especialmente en los hogares más débiles. 

¿Qué propone en el terreno de la vivienda? 

En el corto plazo y medio plazo se debe intentar aliviar el acceso y el coste para la vivienda de alquiler social. Habría que sacar enseñanzas de una experiencia muy interesante, poco conocida, que es cómo Sareb, que en muy poco tiempo, en escasamente tres años, cuando salió ya toda la banca y pasó a ser únicamente pública, creó una división de vivienda de alquiler social. Hoy tiene alrededor de unas 17.000 familias en alquiler social en viviendas que han sido recuperadas y rehabilitadas. Ahora hay que trasladar esta experiencia a Casa 47 [la nueva empresa pública de vivienda]. Hay que hacer una distinción muy importante en España: no es lo mismo gestionar vivienda social que gestionar vivienda asequible. En segundo lugar, fortalecer operadores de este tipo en las comunidades autónomas. Y en el largo plazo no hay otra salida que aumentar la construcción y el stock de vivienda asequible. Y ahí las comunidades autónomas y especialmente los municipios tienen una competencia y una responsabilidad importante. Porque o se reduce toda la tramitación administrativa, que significa suelo edificable y licencia de construcción, o es muy difícil. 

¿Y en cuanto a precios?

Antes decía que los precios han quedado colgados arriba. Tenemos dos opciones: una es pensar que van a subir los salarios hasta que se equilibren estos precios. Otra opción es, por el contrario, sacarle a las familias una serie de gastos que tienen en la parte de abajo de su cesta de la compra, que están dificultando muchísimo llevar una vida digna. En el CES defendimos el coste del transporte: es un coste muy importante en las familias medias españolas y más cuando el problema de la vivienda obliga a las personas a tener que alejar su residencia del trabajo. Otro tipo de coste que se puede sacar a las familias son los productos de higiene femenina para gente joven u hogares con pocos ingresos. Esto puede parecer un poco raro, pero lo hicimos en 1977 con los Pactos de la Moncloa: los sindicatos aceptaron moderar los salarios a cambio de introducir como bienes públicos una serie de gastos sociales: la educación, la sanidad, el desempleo. Mejoró las condiciones de vida de las personas.

El nuevo contrato social tiene que incorporar un acuerdo para los cuidados. La carga de cuidados es insoportable para las familias por sí solas

Esto forma parte de lo que usted viene reclamando últimamente como nuevo contrato social, que no descanse tanto en la redistribución como en los buenos empleos y en la predistribución: ¿menos redistribución ex post y más predistribución de oportunidades?

Sí, es un elemento. Probablemente, el contrato social del siglo XXI tiene que incorporar un acuerdo para los cuidados. La carga de cuidados es insoportable para las familias por sí solas, pero también sería insoportable si pretendiésemos transferir toda la carga de cuidados futura al Estado. Tenemos que buscar un equilibrio, un contrato entre las familias, las empresas, la economía social y el propio Estado. Pero sí que es un elemento del contrato social que no descanse tanto todo en la redistribución sino en la predistribución. Es un cambio de fondo. 

La prestación universal de crianza para combatir la pobreza infantil en España, de las más elevadas de la UE, que propone va por ahí, también.

El argumento que hay detrás de esta idea es que la desigualdad en nuestro país no viene fundamentalmente por un mal funcionamiento de la redistribución. La redistribución son los programas sociales, de bienestar general o el ingreso mínimo vital. Todo eso es necesario. El ingreso mínimo vital fue una gran iniciativa que, sin embargo, se puede mejorar. Pero, ¿cuál es mi idea? Que no es posible pretender corregir la desigualdad y la carencia de ingresos de una gran parte de la sociedad española solo a través de un mayor gasto social.

¿Por qué? 

Porque la desigualdad viene del mal funcionamiento que hay no en la redistribución, sino en la distribución. Es decir, en la existencia de buenos empleos con buenos salarios. Si no logramos esto, la presión sobre la redistribución creo que acabaría rompiendo el Estado liberal, tal como lo entendemos. Por eso soy mucho más partidario de focalizar el esfuerzo que tiene que hacer nuestra sociedad en todo aquello que favorezca los buenos empleos. La formación dual, por ejemplo, es una gran celestina capaz de emparejar dos necesidades: las de las personas de tener un buen empleo y las de las empresas de disponer de trabajadores con capacidades adecuadas.

En su opinión, España está protagonizando una “transformación silenciosa del modelo productivo”, más resiliente e inclusivo, que se encuentra tanto en el tejido empresarial –con un aumento del tamaño de las empresas, más productivas– como en el lado del empleo, con un mayor peso de trabajos de alta cualificación, mayor valor añadido y mejores condiciones laborales. ¿Por qué no suben entonces los sueldos que permiten recomponer el puente, utilizando su metáfora?

En esa transformación silenciosa hay mejoras salariales importantes. Pero tenemos una especie de bipolaridad. Nuestra economía también tiene una parte importante de actividad económica y de empleos que no llamaría buenos empleos. Pero a mí me gusta poner en valor lo que va bien, miro la botella medio llena porque creo que esa es la vía para mejorar las cosas. Pero las dos son ciertas.

Cuando hablamos de nuevas prestaciones, como esta de crianza, por ejemplo, o como usted comentaba al principio, de recortar gastos a las familias, indudablemente pensamos en esto cómo se financia. ¿Vivimos en un infierno fiscal?

Yo no utilizaría ese adjetivo. Creo, porque así lo ha dicho además la comisión que se creó en su momento para la reforma fiscal, que hay margen, e importante, para un rediseño de algunos de los instrumentos fiscales para mejorar su capacidad recaudatoria. Vamos a ver: si la economía crece, como es así, y crece también el empleo, eso significa que crecen también proporcionalmente los ingresos públicos. ¿Hacia dónde orientamos ese aumento de ingresos fiscales? Hacia estas necesidades, eso es posible en una situación de crecimiento de la economía. Y creo que además la economía española va a seguir creciendo. 

La reducción de la jornada laboral era una medida prioritaria del Ministerio de Trabajo, que de momento no ha tenido los apoyos para salir adelante. ¿La economía española es lo suficientemente productiva para ir a una reducción horaria como la que se plantea el Gobierno? 

El debate que ha habido alrededor de la reducción de la jornada es muy ilustrativo para nuestro país y que abre camino. Fíjese que desde el ámbito empresarial nunca se negó la posibilidad y hasta hoy la necesidad de ir hacia una reducción de la jornada con un objetivo social deseable. Lo que se decía desde el ámbito empresarial es que eso había que ir lográndolo en todos los sectores que estaban aún con 40 horas a través de la negociación colectiva, pero no se negó nunca el objetivo. Y creo que es muy ilustrativo lo que ha sucedido en esta casa. El Gobierno envió un anteproyecto de ley que venía sin el apoyo de las organizaciones empresariales, representadas en el CES. Aquí debatimos con las organizaciones empresariales y el dictamen del CES fue aprobado prácticamente por unanimidad. Creo que hubiese tenido una gran influencia si el anteproyecto de ley hubiese seguido su recorrido parlamentario. 

¿Qué dice? 

Establece un principio general y después tres criterios, aceptados por todos. El principio general es que la reducción de jornada laboral de una forma homogénea en la economía española es un objetivo deseable, pero que tiene que buscar un equilibrio entre, por un lado, el interés de los trabajadores por reducir la jornada laboral y el interés de las empresas en mantener también sus condiciones de trabajo. Primer criterio, gradualidad. No puedes introducir, dice el dictamen, por ley, una medida de este tipo que entre en vigor de hoy para mañana. Segundo, flexibilidad. No puedes aplicar una medida de este tipo general de forma simultánea a todos los sectores de la economía porque los sectores son de una diversidad extraordinaria. Y tercero, que tiene que haber elementos de compensación, no necesariamente solo en términos financieros. Creo que ese va a ser el camino futuro. 

¿Le preocupan los efectos de la IA sobre el empleo y el mercado de trabajo?

Sí, me preocupan en dos dimensiones. En el ámbito laboral y en el ámbito, diría, civilizatorio, entendiendo por civilizatorio los valores y los principios de una civilización liberal, donde creemos en la privacidad y en nuestra capacidad para orientar nuestras vidas. En la vertiente laboral creo que estamos en un momento de ambigüedad extraordinario, porque, por un lado, hay muchos pronósticos o predicciones de que vendrá una especie de apocalipsis laboral, por parte incluso de medios de comunicación tan prestigiosos como The Economist. Pero, por otro lado, cuando vas a ver los datos, tanto aquí como en otras economías, nunca antes de ahora las economías han tenido tanto empleo como en este momento. 

¿Cree que está llegando el momento en que la tesis de Keynes, que en 1930 predijo que para 2030 solo necesitaríamos trabajar 15 horas semanales para cubrir nuestras necesidades materiales, se hará realidad?

Si lo gestionásemos bien, con seguridad que sí. Ocurre con la demografía, que estamos preocupados por la caída de la natalidad y a la vez estamos preocupados por que la inteligencia artificial reduzca el empleo. O nos preocupamos por la natalidad o nos preocupamos por el efecto de la inteligencia artificial en la reducción del empleo. Por las dos cosas a la vez no porque van en un mismo camino. Si la natalidad disminuye habrá menos personas en las próximas décadas con necesidad de buscar trabajo, pero a la vez la inteligencia artificial habrá reducido también, al parecer, la necesidad de trabajadores. Ahí hay como una especie de convergencia futura que te puede llevar a lo que Keynes deseaba. Es más actual que nunca este punto de Keynes. Dependerá de la gestión que hagamos y aquí hay que hacer una advertencia: todo el mundo, hasta el Nobel Aghion, habla de que la inteligencia artificial va a traer una mejora de productividad extraordinaria. Y a la vez, otros premios Nobeles de economía también muy prestigiosos, como Krugman, entre otros, dicen que no habrá un aumento espectacular de productividad. En cualquier caso, sea grande o pequeño, la cuestión de la productividad es cómo la repartes. La mejora de productividad puede ir solo a una parte o hacia los dos lados, ya sea reduciendo el tiempo de trabajo o mejora de salarios. Pero es un problema de gestión. 

Muchas empresas me transmiten que no encuentran aquel tipo de perfiles, de capacidades o competencias que en este momento necesitan

¿Cómo explica que teniendo algo menos de 2,4 millones de parados, según los datos de afiliación de la Seguridad Social, sigan creciendo las vacantes de empleo y determinados sectores se quejen de que no encuentran personal?. ¿Es un problema de salarios? ¿De formación? ¿Falla la intermediación?

Mi impresión es que hay un porcentaje, que no sé decir, de personas que no están ya en situación de poder trabajar, pero que, sin embargo, para poder cobrar una prestación tienen que estar registradas en el desempleo. Probablemente, ahí necesitamos en algún momento proceder a algún tipo de aclaración. En segundo lugar, aún no tenemos un indicador aceptado de forma común en el mundo empresarial ni en el mundo sindical acerca de las vacantes. Y, en tercer lugar, y esta es una opinión ya más personal que institucional, muchas empresas, y a mí me lo transmiten también estos empresarios y directivos, no encuentran aquel tipo de perfiles, de capacidades o competencias que en este momento necesitan. Y hacen un poco una crítica al sistema educativo porque no es capaz de suministrar. En un momento de la historia, donde la tecnología avanza con una rapidez endiablada que te hace cambiar las necesidades de competencias profesionales, tienes que comprometerte a crear aquellas competencias, que se necesitan. Nuestro informe de formación dual está ahí y es un legado que yo quiero dejar cuando me marche. Escogimos a todos los chicos y chicas que hicieron formación dual en el curso 2016-17. Hemos seguido a todos ellos con microdatos su trayectoria laboral, comparándolo con aquellos que no habían hecho formación dual. El resultado es una epifanía: todo mejora en la capacidad de encontrar buenos empleos de estas personas si han hecho formación dual.

Las patronales señalan el aumento de bajas laborales como una de sus prioridades, pero mantienen muchas diferencias con los sindicatos sobre su enfoque. ¿Cómo ve este problema? ¿Qué medidas cree que se podrían tomar ante este auge de las bajas por enfermedad? 

El aumento es un hecho objetivo cierto e importante. No hay aún un lenguaje común en el mundo empresarial y en el sindical. En el mundo sindical se cuestiona que hay absentismo, lo que dicen es que hay bajas laborales con un parte médico detrás y para ellos eso no es absentismo. Absentismo es no presentarse al trabajo. Necesitamos establecer un lenguaje común. Y necesitamos también un diálogo que no sea a machetazos, un análisis fino para ver qué hay detrás de cada una de esas bajas laborales. Lo que no puede ser es que este aumento tan importante a partir básicamente de la covid, que ha ocurrido también en otros países, sea como consecuencia de que los trabajadores o una gran parte de los trabajadores se han hecho vagos. 

Más allá de esta necesidad de compartir lenguaje, ¿a qué piensa usted que se debe? 

Como es un fenómeno más general, aunque en el caso español el volumen es mayor, tiene que haber una causa más general y yo creo que entre los factores que hay que analizar es la satisfacción en el trabajo. ¿Por qué motivo para muchas personas el trabajo no es motivo de satisfacción y de realización personal? Conviene analizarlo desde el propio ámbito de la empresa porque las empresas tienen departamentos importantes de recursos humanos y tienen un margen para mejorar desde ese lado. También lo hay en la mejora de los procesos de altas de la incapacidad laboral, pero en este sentido sindicatos y empresas están hablando para ver cómo las mutuas pueden también tener un papel riguroso. Si tuviese que hacerme yo una pregunta, es ¿por qué ha descendido la satisfacción laboral con el trabajo en los últimos tiempos? Creo que si no abordamos esta cuestión, tanto desde la empresa como desde el ámbito social, no avanzaremos en la respuesta adecuada a esta realidad.

¿Tiene respuesta? 

No, creo que sí ha habido una disminución de la satisfacción laboral. Por qué motivo no lo sé. 

Usted ha dicho que los sistemas públicos de pensiones han actuado como un pegamento entre el capitalismo y la justicia social. Muchas veces el debate gira en torno a las pensiones a una confrontación entre generaciones. ¿Cree que es necesario un trasvase de gasto hacia los más jóvenes? ¿Le preocupa el creciente aumento del gasto en pensiones con relación al PIB, como alertan varios economistas? 

No pondría en relación el gasto en pensiones con la necesidad de invertir más en los jóvenes. En segundo lugar, no soy capaz de ver cómo puede funcionar el capitalismo democrático sin un gran sistema de pensiones. No soy capaz, y soy un defensor del capitalismo democrático. Creo que el capitalismo necesita un sistema de pensiones, no solo por legitimidad social del capitalismo, que de eso viene el sistema de pensiones, sino por un elemento nuevo de macroeconomía. Hoy las pensiones constituyen un componente de la demanda agregada del capitalismo democrático que no soy capaz de ver cómo podría funcionar el capitalismo solo con la riqueza de los ricos. Y en tercer lugar, que no lo tenemos en cuenta, es que nuestro país tiene un mecanismo espectacular, fabuloso, de adaptación de las pensiones a la evolución de la economía. El Pacto de Toledo es un mecanismo que no hay en ningún otro país que ha funcionado más que razonablemente a lo largo del tiempo, adaptando el sistema de pensiones a la realidad económica del país. Y es además un mecanismo maravilloso porque incorpora dos planos: el plano del diálogo y el acuerdo político en la comisión parlamentaria y el plano del acuerdo en la negociación colectiva. Lo que no podremos es, a mi juicio sería un error fatal, hacer reformas en el sistema de pensiones apoyándose únicamente en proyecciones demográficas a largo plazo. Los grandes economistas y filósofos nos han advertido de que hacer proyecciones es muy peligroso. Si no somos capaces de acertar el PIB a un año, ¿vamos a ser capaces de acertar la evolución de la economía a 30 años al año 2050? Imposible. Si haces reformas basadas únicamente en proyecciones futuras, lo que estás haciendo es introducir un riesgo moral que tienes que explicar por qué lo haces.

¿En qué consiste ese riesgo moral? 

Consiste en que basándote en una proyección futura vas a introducir ahora un daño cierto a generaciones actuales justificándose en un beneficio futuro que es hipotético, que no puedes asegurar. Dicho esto, ¿estoy diciendo que no hay que hacer nada? No. Lo que hay que hacer es mantener muy activo ese mecanismo de diálogo y de acuerdo en el ámbito de las pensiones que es la comisión para el Pacto de Toledo.

La pensión media de jubilación alcanza en junio en Cantabria los 1.659,59 euros, lo que supone un 4,1% más que en el mismo mes de 2025 y 86,8 euros más que la media nacional, situada en 1.572,77 euros, según ha informado este viernes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

De este modo, en el sexto mes del año, Cantabria se mantiene como la quinta comunidad con la pensión de jubilación más elevada, tras País Vasco (1.907 euros), Asturias (1.838), Madrid (1.795) y Navarra (1.755).

Además, este mes de junio, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones abonará a los pensionistas la paga extraordinaria, que en el caso de las pensiones de jubilación en Cantabria será de una media de 1.635,23 euros, 84,4 euros más que la media nacional, situada en 1.550,82 euros.

Por su parte, la pensión media del sistema, que comprende las distintas clases de pensión —jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y a favor de familiares—, se situó en Cantabria en junio en 1.441,04 euros, un 4,32% más que hace un año.

Se trata de la sexta pensión media más elevada, tras las de País Vasco (1.681 euros), Madrid (1.581), Asturias (1.578), Navarra (1.564) y Aragón (1.447).

Este mes, el número de pensiones de la Seguridad Social ascendió en Cantabria a 150.091, el 1,43% del total del país y un 1,19% más que hace un año. De ellas, 95.173 eran de jubilación.

Por tipo de pensión, tras la de jubilación, el mayor importe corresponde a la de incapacidad permanente, con una media de 1.306,14 euros al mes y 14.243 beneficiarios en la región. En este caso, la media de la paga extraordinaria ascenderá a 1.171,93 euros.

A continuación, por volumen de pensiones, se sitúa la de viudedad, con una media de 1.028,02 euros y 34.733 perceptores. La paga extraordinaria media será de 1.003,75 euros.

Le siguen las pensiones a favor de familiares, con una media de 908,15 euros y 1.390 beneficiarios —la paga extraordinaria media se sitúa en 899,12 euros—, y las de orfandad, con 607,74 euros mensuales y un total de 4.552 pensiones —la paga extraordinaria media será de 581,57 euros—.

Datos nacionales

En el conjunto del país, la Seguridad Social destinó este mes de junio un total de 28.432 millones de euros al abono de la nómina ordinaria mensual de las pensiones contributivas y de la paga extraordinaria.

En concreto, se dedicaron 14.397,5 millones al abono de la nómina ordinaria, un 6,1% más que en junio de 2025 y una nueva cifra récord mensual, y 14.034,8 millones de euros a la paga extraordinaria.

Según el Ministerio, más de 10,4 millones de pensiones —10.477.873— percibirán este mes ese doble abono, ordinario y extraordinario. Quedan fuera las pensiones que tienen las pagas extraordinarias prorrateadas en 12 mensualidades y las que no se generaron antes del 1 de enero, que reciben únicamente la parte proporcional.

Tras la subida de las pensiones con el IPC aplicada desde principios de año, la pensión media de jubilación, que cobran más de 6,5 millones de personas, aumentó en junio un 4,4% interanual, hasta los 1.572,8 euros mensuales, mientras que su paga extraordinaria alcanza una media de 1.550,8 euros.

Por su parte, la pensión media del sistema, que comprende las distintas clases de pensión —jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y a favor de familiares—, se incrementó un 4,6% interanual, hasta situarse a 1 de junio en 1.371,4 euros mensuales. La media de la paga extraordinaria asciende a 1.339,5 euros, según Inclusión.

Casi el 90% de la población española rechaza aumenta la edad de jubilación progresivamente a los 70 años, los planes de la reforma que acaba de anunciar Alemania, según una encuesta realizada por Funcas, el centro de estudios de la fundación de las antiguas cajas de ahorros. La oposición es generalizada, superior al 80% en todos los grupos de edad, de jóvenes a mayores.

Es uno de los resultados de la “Encuesta 2026 sobre pensiones y educación financiera”, la segunda en este tema elaborada por Funcas, tras la primera edición de septiembre de 2025. De hecho, el 70% de la población responde que le parece “alta” la edad de jubilación de 67 años, a la que se encamina el sistema español (que permite aún el retiro a los 65 años para las largas carreras laborales).

Los resultados de estudio –para el que se ha preguntado a 1.127 hombres y mujeres, de nacionalidad española, entre 18 y 75 años– se han presentado este jueves en una rueda de prensa por la investigadora Elisa Chuliá, que ha subrayado que “se reconoce” que hay “un problema” económico con las pensiones de forma mayoritaria, “pero la sociedad no está muy dispuesta a hacer reformas”.

Funcas consulta a los entrevistados cuánto de acuerdo o desacuerdo están con que “se escucha con frecuencia que el pago de las pensiones se convertirá pronto en un problema importante para nuestra economía”. A esta pregunta, dos tercios de la población dice estar muy o bastante de acuerdo.

En este contexto, 9 de cada 10 entrevistados prevén que habrá más reformas de pensiones antes de su jubilación.

Menos en contra de un impuesto o subir las cotizaciones

Elisa Chuliá ha explicado que la encuesta pregunta a las personas entrevistadas por cuatro posibles reformas del sistema. La primera es la ampliación de la edad de jubilación a los 70 años, en línea con las reformas de algunos países, ha apuntado la experta, que suscita un “superconsenso” en contra por parte de la población española.

La segunda propuesta de reforma es aumentar los años de cotización para conseguir una pensión contributiva, ahora en 15 años, un periodo elevado en España respecto a otros países europeos, ha recordado Chuliá. Esta es rechazada por un 73% de las personas entrevistadas.

La tercera y la cuarta son medidas que inciden en el aumento de los ingresos del sistema. Por un lado, “introducir algún impuesto específico a todos los ciudadanos para pagar las pensiones”, que rechaza un 66% de las personas entrevistadas.

Por último, se pregunta por si las personas entrevistadas están de acuerdo con “aumentar las cotizaciones sociales que pagan los trabajadores y las empresas”, una medida que va en la línea de las últimas reformas implementadas por el Gobierno. Aunque también obtiene el rechazo de la mayoría, la oposición es mucho menor: del 54%. En el grupo de las personas estudiantes el dato de quienes están a favor (45%) supera a quienes se oponen (44%).

Chuliá ha argumentado que “tiene sentido” que las personas entrevistadas sean más favorables a las medidas de aumento de ingresos “que a los recortes”, ya que el impuesto y el aumento de cotizaciones se visualiza como algo más general, que afecta al conjunto de la población, mientras que el aumento de la edad de jubilación se proyecta como una medida que les afecta individualmente.

Alemania se encamina a reformar el sistema de pensiones, para lo que el Gobierno germano ha recibido este martes un informe de una comisión de expertos. Entre las medidas, destaca el aumento de la edad de acceso a la jubilación, hasta los 70 años, y la creación de una pensión de capitalización obligatoria, complementaria a la pensión pública, y a la que los trabajadores y empresas irán aportando progresivamente hasta el 2% del salario.

“No sólo los más acomodados, sino también quienes tienen ingresos normales se beneficiarán del desarrollo económico y, por tanto, del mercado de capitales”, afirmó este martes en una rueda de prensa el canciller alemán, Friedrich Merz, informa la agencia EFE.

Merz definió el informe como un “paquete equilibrado” de propuestas, que el Gobierno alemán –coalición de conservadores y socialdemócratas– pretende aplicar en su integridad. El objetivo de comenzar con la primera fase legislativa en la segunda mitad del año, con el fin de que la reforma pueda entrar en vigor lo antes posible.

Contiene 33 medidas concretas, respaldadas por sus integrantes en su totalidad y por unanimidad. El político conservador añadió que resulta “muy tranquilizador” que este modelo basado en el capital e inspirado en los países escandinavos –en concreto en el modelo sueco– es “resistente a las crisis”, y aseguró que incluso con una crisis financiera y económica como la sufrida en los años 2007 y 2008, las pensiones seguirían aumentando.

Más cotización, para una pensión individual privada

Merz reconoció que esa reforma conllevará cargas adicionales, ya que en el modelo propuesto la inversión obligatoria en el mercado de capitales para complementar la pensión pública ordinaria supondrá un aumento de la tasa de cotización de forma gradual a partir de 2028 en incrementos anuales del 0,5% hasta alcanzar el 2% en 2031, que serán asumidos a partes iguales por empleador y trabajador.

Esta inversión obligatoria de parte de las aportaciones en el mercado de capitales supondrá una inyección en la economía de al menos 30.000 millones de euros adicionales al año, subrayó.

Aumento de la edad de jubilación a 70 años

Por otra parte, en 2031, cuando concluya el actual proceso de aumento de la edad de jubilación a los 67 años, para los nacidos a partir de 1964, la edad mínima para acceder a la pensión también aumentará, con un sistema vinculado al incremento de la esperanza de vida.

Así, entre 2031 y 2041, según la evolución de la esperanza de vida prevista actualmente, la edad de jubilación aumentaría a partir de 2032 aproximadamente cada diez años en medio año, de manera que como muy pronto, a partir de 2092, los que cotizan en Alemania se retirarán a los 70.

“Sin reformas, el nivel de las pensiones descendería inevitablemente y las cotizaciones aumentarían. Con esta reforma podemos invertir esa tendencia. A largo plazo, queremos que el nivel de las pensiones aumente y que las cotizaciones disminuyan”, dijo Merz.

Reparto de “cargas” entre generaciones

El sistema propuesta por la comisión, subrayó el canciller alemán, cumple además dos objetivos: las pensiones siguen estando garantizadas y las cargas se distribuyen de forma equitativa entre todos los grupos sociales y todas las generaciones.

“La pensión pública sigue siendo el pilar más importante de nuestro sistema. Ningún ciudadano debe preocuparse. Se mantendrá la equidad social. Se conservará el nivel actual de las pensiones y no habrá ningún cambio radical en el sistema”, resumió el canciller.

Por su parte, Bärbel Bas, ministra de Trabajo y copresidenta del Partido Socialdemócrata (SPD), socio de la coalición de gobierno liderada por el canciller conservador, calificó la propuesta de reforma del sistema de pensiones de “obra de arte total”, en la que todo está interrelacionado y que no permite “quedarse con lo que gusta y descartar lo que no gusta”.

“El hecho de que ahorremos para los asegurados en el primer pilar” –el de la pensión pública, al complementarla con la inversión en el mercado de capitales– “significa para la generación joven que el nivel de las pensiones aumentará”, como mínimo hasta el 50%, frente al actual 48% y al 46% hasta 2029 si no se acomete la reforma, subrayó Bas.

Para Frank-Jürgen Wiese, miembro de la comisión, sostuvo que ante una evolución demográfica desfavorable, una situación económica y financiera difícil y “transiciones que sin duda supondrán una carga para todos”, se ha encontrado “una solución razonablemente equilibrada para todas las partes implicadas –empresarios, trabajadores y jubilados–”.

Se mostró convencido de que si se suman los tres niveles de seguro de la vejez –la pensión pública, ahora complementada con la inversión en el mercado de capitales, como primer pilar; los planes de pensiones de empresa como segundo pilar; y los planes de pensiones privados como tercer pilar– existe “una muy buena perspectiva, demostrable y calculable” que de se pueda llegar al 70% del último salario percibido en los últimos años de vida laboral.

Los casi diez millones de pensionistas en España tienen muy presente la primera semana de julio. No es para menos, está previsto que la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) abone la paga extraordinaria de verano de 2026 entre el miércoles 1 y el viernes 3 de julio. Otros beneficiarios también tienen subrayado en su calendario la última semana de junio, en previsión de recibir antes el dinero gracias al adelanto habitual de las entidades bancarias. Se trata de un año especial, en el que la paga extraordinaria vendrá con subida incluida. Muchos jubilados recibirán una cuantía superior en la paga extraordinaria. El motivo reside en que las pensiones contributivas se han revalorizado un 2,7%, tal y como establece el Real Decreto 39/2026.

De acuerdo con el artículo 46 de Ley General de la Seguridad Social, el sistema de pensiones contempla 14 pagas anuales, doce correspondientes a cada mes del año y dos extraordinarias. De acuerdo con la norma, “estas últimas se devengarán en los meses de junio y noviembre”. No se trata de un complemento adicional al importe mensual, sino parte de una fracción del cálculo total de la pensión. Del mismo modo, el importe a recibir por los pensionistas es equivalente al recibido mes a mes. La peculiaridad de la paga extraordinaria reside en que se abona a mes vencido, por lo que los bancos deberán haber recibido la transferencia por parte de la Seguridad Social a principios de julio. En definitiva, queda poco más de un mes para que los pensionistas reciban su paga extra.

Los pensionistas que hayan comenzado a percibir la pensión después del periodo de devengo —que abarca desde el 1 de diciembre al 31 de mayo— no recibirán la totalidad de la paga extra de verano. En su lugar, recibirán el importe proporcional a lo cotizado. Si, por ejemplo, un usuario es pensionista desde el 31 de mayo, cobrará la mitad de la paga extra, puesto que solo habrá generado tres de los seis meses del periodo. En ese mismo escenario, un pensionista que percibe 1.600 euros recibirá solo 800 euros de paga extraordinaria de verano.

Por su parte, aquellos que empezaron a recibir la pensión después del 31 de mayo de 2026 tendrán que esperar al próximo año para cobrar la paga extraordinaria. Lo mismo ocurrirá con los que la hayan tenido suspendida durante el periodo de devengo en su totalidad.

Por otro lado, existen pensiones en las que, en lugar de contar con paga extraordinaria, el importe está prorrateado. Es el caso de aquellas prestaciones por incapacidad permanente derivadas de accidente laboral o enfermedad profesional.

Cuándo se cobra la paga extra en cada entidad bancaria

No todos los bancos efectúan el ingreso de la paga extra el mismo día. Muchas entidades financieras adelantan el ingreso, por lo que el día de cobro depende de dónde tengan los pensionistas domiciliada su pensión. En general, los bancos que anticipan el ingreso lo suelen hacer entre los días 22 y 25 de junio:

Si antes del 3 de julio el pensionista no ha recibido la paga extraordinaria de verano, lo recomendable es que contacte con su banco y consulte si existe una orden de pago pendiente. En caso contrario y si no consta a la entidad financiera el abono, deberá presentar una reclamación ante la Seguridad Social mediante uno de estos dos cauces:

Junio es uno de los meses más esperados para millones de pensionistas en España. Además de la mensualidad ordinaria, quienes tienen derecho a las pagas extraordinarias percibirán también la conocida como paga extra de verano, lo que supone un ingreso doble en la mayoría de los casos. La cuantía extraordinaria suele ser equivalente a una mensualidad ordinaria para las pensiones contributivas que no tienen las extras prorrateadas.

Aunque la normativa establece que la Seguridad Social abona las pensiones a mes vencido y que el ingreso debe realizarse entre el primer día hábil del mes y, como máximo, antes del cuarto día natural del mismo, la práctica habitual desde hace años es que los bancos adelanten el pago utilizando fondos propios. Gracias a ello, los pensionistas suelen disponer del dinero varios días antes de que llegue la fecha oficial.

Para junio de 2026, las previsiones apuntan a que la mayor parte de las entidades volverán a concentrar los ingresos entre el lunes 22 y el jueves 25 de junio. En algunos casos, el abono podría variar ligeramente en función de la operativa interna de cada banco o de posibles ajustes de última hora.

La fecha oficial de pago de la Seguridad Social

La Tesorería General de la Seguridad Social mantiene el calendario habitual para el abono de las prestaciones contributivas. La normativa establece que las pensiones deben pagarse dentro de los primeros días del mes siguiente al que corresponden, normalmente entre los días 1 y 4.

Sin embargo, las entidades financieras reciben con antelación la información necesaria para gestionar estos pagos, lo que les permite adelantar el ingreso a sus clientes. El propio Banco de España ha explicado en distintas ocasiones que las entidades conocen previamente los importes y beneficiarios, facilitando estos anticipos.

Por ello, la fecha que realmente interesa a la mayoría de pensionistas no es la oficial de la Seguridad Social, sino el día en que su banco decide reflejar el dinero en la cuenta.

Calendario previsto: cuándo pagará cada banco en junio

Las fechas pueden experimentar pequeñas variaciones, pero las previsiones de diversas entidades permiten elaborar un calendario orientativo para junio de 2026.

Conviene recordar que estas fechas son orientativas y que cada banco puede introducir cambios de última hora. Por ello, la recomendación habitual es consultar directamente con la entidad financiera correspondiente.

Paga extra de verano

Una de las principales particularidades de este mes es el cobro de la paga extraordinaria de verano. En el sistema español de pensiones contributivas, la mayoría de prestaciones se abona en 14 pagas: doce mensualidades ordinarias y dos extraordinarias, una en junio y otra en noviembre.

La paga extraordinaria de verano se percibe junto con la mensualidad ordinaria de junio, por lo que muchos pensionistas verán duplicado el ingreso habitual en su cuenta. En términos generales, la cuantía de la paga extra equivale a una mensualidad ordinaria, aunque existen excepciones en determinados supuestos, como algunas pensiones derivadas de accidente de trabajo o enfermedad profesional, donde las pagas extraordinarias están prorrateadas a lo largo del año.

Además, las pensiones contributivas se han revalorizado en 2026, lo que también repercute en el importe que recibirán quienes tengan derecho a esta paga extraordinaria.

Qué hacer si la pensión no aparece en la cuenta

Aunque los retrasos son poco frecuentes, pueden producirse diferencias de algunas horas o incluso de un día entre entidades. Si llegada la fecha habitual el dinero no figura en la cuenta, lo más recomendable es verificar primero si el banco mantiene el mismo calendario que en meses anteriores.

También conviene revisar posibles incidencias relacionadas con la cuenta bancaria, cambios de domiciliación o comunicaciones pendientes con la Seguridad Social. En caso de duda, tanto la entidad financiera como el Instituto Nacional de la Seguridad Social pueden facilitar información sobre el estado del pago.

Para la inmensa mayoría de los pensionistas, sin embargo, junio volverá a ser un mes de ingresos adelantados. Todo apunta a que entre el 22 y el 25 de junio quedarán abonadas tanto la mensualidad ordinaria como la paga extraordinaria de verano en la mayoría de las entidades financieras españolas.

Vivimos bajo un bombardeo constante de mensajes que señalan el sistema público de pensiones como el gran enemigo de la gente joven. Según este relato, hay que reformar las pensiones y recortar el poder adquisitivo de las jubiladas para aliviar a la juventud. Es un diagnóstico equivocado y, me atrevería a decir, tendencioso: aplicado hasta el final, amenaza con desmantelar el estado del bienestar y ensanchar las desigualdades sin beneficiar a nadie joven, sino hipotecándole el futuro. Mi propuesta es la contraria: aprovechar el poder colectivo que representan las pensiones y orientarlo hacia las necesidades reales de la población, en lugar de alimentar un conflicto intergeneracional.

Conviene recordar de dónde vienen las pensiones. Un sistema estatal puede perseguir tres objetivos: un enfoque asistencialista que solo busca esquivar la pobreza entre la gente mayor; un modelo de seguro basado en el ahorro individual o colectivo; y un sistema universal y redistributivo fundamentado en la participación laboral, con derechos adquiridos frente al Estado. Este último modelo es el que se impuso en buena parte de Europa después de la Segunda Guerra Mundial, empujado por la fuerza del movimiento obrero. España, en cambio, tuvo que esperar a la muerte del dictador para tenerlo. Hoy, tras unos años mínimos de cotización, el Estado reconoce el derecho a una pensión, con un mínimo y un máximo pensados para limitar las desigualdades del mercado. La realidad es que aquí no tenemos un problema de pensionistas «ricas»: cerca de una cuarta parte de las jubiladas son pobres, y el sistema todavía protege mal a quien no ha tenido una carrera laboral continuada. Si bien es cierto que España garantiza una tasa de reposición del salario para rentas medias relativamente elevada en comparación con otros países, esto no tiene por qué ser negativo si el gasto que realizan las pensionistas va hacia el bien colectivo y no a alimentar desigualdades.

El supuesto conflicto entre jóvenes y pensiones se sostiene sobre dos ideas. La primera: rebajar cotizaciones para poner más dinero en el bolsillo de las trabajadoras. Pero vale la pena preguntar quién tiene el poder de negociación. Hoy, cerca del 85 % de las cotizaciones las paga la empresa. Creer que una rebaja llegaría íntegramente al salario, con los sindicatos debilitados como están, es ingenuo o directamente tramposo. Para la empresa es indiferente pagar ahora o de manera diferida; para la trabajadora, es una apuesta arriesgadísima. Y si la joven recibe ese salario en presente en lugar de diferido, tendrá que invertirlo por su cuenta si quiere mantener unos ingresos en la vejez. Lo que hace el sistema público es garantizar esa seguridad de manera colectiva, desmercantilizada y protegida de los vaivenes financieros, sin intermediarios (por eso los bancos están tan en contra). Durante décadas el sistema de pensiones tuvo superávit, y podemos preguntarnos qué se hizo con aquel dinero y en qué se invirtió. Por ejemplo, podemos preguntarnos por qué la vivienda pública que se ha construido ha ido al mercado privado y cómo revertirlo, o por qué España tiene tan pocas empresas públicas en sectores estratégicos.

La segunda idea es directamente recortar el gasto en pensiones para liberar dinero para la juventud. Si bien siempre se puede tener un debate sobre necesidades, esta perspectiva olvida el papel macroeconómico de las pensiones frente a otros programas más regresivos. Las pensiones son un estabilizador macroeconómico de primer orden: el dinero va a gasto, garantiza consumo, sostiene el tejido empresarial local y los puestos de trabajo que ocupan las jóvenes. Que la gente mayor pueda retirarse con tranquilidad también favorece la entrada de gente nueva y la innovación. Además, en un país con tanta precariedad, a menudo la pensión es el sostén de toda una familia. Cualquier reforma, pues, debe tener en cuenta las diferencias de clase y género: retrasar la edad de jubilación o ligarla a la esperanza de vida penaliza precisamente a quien hace los trabajos más duros y vive menos años. Y si bien el gasto en pensiones ronda el 13 % del PIB en España, un 42 % vuelve en forma de impuestos. Se puede tener un debate sobre las cotizaciones de los salarios más elevados o las pensiones máximas, pero un recorte de las pensiones generalizadas, especialmente dados los altos niveles de pobreza en la vejez y la falta de inversión pública en servicios de cuidado, es un programa fallido de inicio. En todo caso, toda la ganancia que se pueda obtener de una mayor contribución de quien más pensión cobra debería ir a sacar de la pobreza a las pensionistas o a construir servicios de cuidados públicos.

En el debate de las pensiones hace falta un cambio de relato que salga del juego de suma cero. Hay que potenciar el poder colectivo del sistema de pensiones públicas en lugar de hablar de que a quien ha trabajado toda su vida le toca reducir su poder adquisitivo. En mi opinión, la oportunidad que se debe explotar es crear una concienciación de la clase trabajadora (que incluye a las pensionistas) sobre cómo canalizar el gasto y el ahorro de las pensiones hacia una mayor soberanía económica y la transición ecológica. La idea puede resultar un poco «friki», pero la gente mayor es, de hecho, de las más vulnerables a los efectos del clima, así como a los recortes en los sistemas de bienestar, y serían las primeras beneficiadas al alimentar sistemas ecológicos y económicos más seguros. Algunas propuestas serían poder ofrecer a las pensionistas con más poder adquisitivo vehículos de inversión en fondos soberanos que se dirijan a bienes colectivos, como programas de vivienda pública o cooperativa para gente mayor y joven.

A diferencia de los sistemas de pensiones privados, que avanzan en la financiarización de la economía con escasa capacidad de control efectivo de las trabajadoras sobre los procesos productivos, alimentar fondos soberanos con pensiones públicas iría dirigido a cubrir las necesidades básicas de la población. También podríamos imaginar pensiones pagadas parcialmente en moneda local para dinamizar el comercio de proximidad y generar circuitos virtuosos en los barrios. O incluso facilitar mecanismos sindicales para la reinversión de las pensiones en el tejido productivo bajo control de las trabajadoras. En definitiva, mi propuesta es que, más que entrar en el juego de suma cero, replanteemos la función social de esta herramienta pública. Cuando hablamos de los problemas de la juventud, valoremos las pensiones como lo que son: una aliada con quien trabajar.

La nueva “cuota de la solidaridad” de los salarios más altos a las pensiones públicas, implementada en 2025, supondrá un ingreso a la Seguridad Social de “567 millones” de euros este año, “un 42% más” que el año pasado, ha cifrado este lunes la ministra de la Seguridad Social, Elma Saiz, en su comparencia en la Comisión del Pacto de Toledo en el Congreso de los Diputados.

Saiz ha comparecido en el Parlamento esta tarde a petición propia, para dar cuenta del cumplimiento de las Recomendaciones del Pacto de Toledo, aprobadas en 2020, así como del informe del Ministerio de la Seguridad Social sobre su nuevo simulador del gasto en pensiones, INTegraSS, que prevé menos peso del gasto que Bruselas y la AIReF.

Las últimas reformas de pensiones recuperaron la subida anual de las pensiones según el IPC, lo que incrementó el gasto previsto para los próximos años, pero también recogió una panoplia de medidas para aumentar los ingresos del sistema público. Especialmente, de los salarios más altos (a través de un incremento de la base máxima de cotización y de una nueva “cuota de solidaridad” para las remuneraciones más elevadas, por encima de esta).

Un gran aumento por más empleo de alto valor añadido

Elma Saiz ha detallado en el Pacto de Toledo lo que supone a las arcas públicas de las pensiones esta última medida, la “cuota de solidaridad” aplicada en los salarios por encima de los 5.100 euros al mes en 2026.

La previsión de la Seguridad Social es que alcance los 567 millones de euros este año, lo que supone un importante aumento (del 42%) respecto al año pasado, el primero en el que se aplicó esta medida.

Fuentes de la Seguridad Social explican que este gran incremento se debe a varios factores. Por un lado, al progresivo aumento en el porcentaje de cuota de solidaridad que se aplica año tras año. Por otro, también al aumento del empleo de alto valor añadido, y de mayores salarios, en los últimos años. Por último, también influye el crecimiento de estos salarios más elevados, indican en el departamento de Saiz.

En 2026, las cuotas de solidaridad en las pensiones son: del 1,15% a la parte del sueldo entre los 5.101 euros y 5.611 euros euros mensuales; del 1,25% a la parte del sueldo entre 5.611 euros y 7.653 euros al mes, y del 1,46% a la parte del sueldo que supere los 7.652 euros al mes.

Estos tres tramos avanzarán poco a poco hasta una cuota de solidaridad del 5,5%, 6% y 7% en 2045.

Sorpresa en la luz verde de este jueves del Congreso de los Diputados a una ley que crea una pasarela para que miles de mutualistas puedan acceder a la Seguridad Social y tengan acceso a pensiones públicas en el futuro. El Pleno del Parlamento ha aprobado el proyecto de ley, que ahora pasa al Senado, pero con una enmienda del PP que cambia notablemente la pasarela que recogía la iniciativa del PSOE. La novedad más destacada es que ya no excluye a los ya pensionistas, ni a las personas con el mínimo cotizado de 15 años, como exigía el Gobierno, y que elimina varios detalles pactados en comisión parlamentaria y deja su definición a expensas de un reglamento.

Con estos cambios, se abre mucho más el acceso a la pasarela de mutualistas al RETA (el régimen de autónomos de la Seguridad Social) respecto a lo que se preveía, aunque es difícil concretar una cifra de beneficiarios. Algunas estimaciones de los colectivos apuntaban a unos 100.000 mutualistas activos que podrían beneficiarse de la pasarela, a los que habría que sumar ahora unos 50.000 profesionales con el mínimo cotizado –según cifró el Gobierno– y a quienes ya se hayan jubilado.

Por otro lado, ahora hay más indefinición sobre las condiciones de la propia pasarela, ya que han decaído varias condiciones pactadas por los grupos parlamentarios, y habrá que esperar a que el Gobierno las regule en un reglamento.

No obstante, la legislación aún no se ha aprobado de manera definitiva. El proyecto de ley pasa ahora al Senado, donde podrá seguir incorporando cambios y, en ese caso, volver a una segunda vuelta al Congreso de los Diputados.

Qué es la pasarela de mutualistas a la Seguridad Social

La ley en cuestión –proposición del PSOE en el Parlamento, en lugar de ser tramitada por el Gobierno– contiene una reclamación constante de los últimos años por parte de colectivos de abogados, procuradores, arquitectos y otros profesionales que cotizaban en mutualidades profesionales privadas y que ahora se enfrentan a pensiones muy reducidas, incluso de 300 y 400 euros.

Se trata de una pasarela para que puedan hacer un traspaso de sus derechos generados desde estas entidades privadas al régimen de autónomos de la Seguridad Social para poder acceder en un futuro a las pensiones públicas del sistema y no a las que les están ofreciendo en estas mutualidades, de muy escasa cuantía en muchos casos, incluso por debajo de las pensiones no contributivas.

La ley es el resultado de años de movilizaciones de varios colectivos de afectados por estas bajas pensiones, como Movimiento J2 (por jodidos), la Asociación Nacional de Mutualistas Arquitectos (ANMARQ), la Asociación Nacional de Afectados por Mutualidad de la Abogacía (ANAMA) y la Asociación Riojana de Mutualistas Sustitutivos (AMCO), entre otros.

El debate de la norma ha sido muy complejo, porque surge de una situación casi de rescate público de estos profesionales, que percibirán pensiones muy escasas de estas entidades privadas, pero a las que en muchos casos han cotizado cantidades inferiores a las que marcaba la Seguridad Social.

Hasta 1995 era obligatorio pertenecer a estas mutualidades, pero después se abrió la posibilidad de pasar al RETA y hay profesionales que lo hicieron, pero otros decidieron quedarse en estas entidades privadas, ligadas a los colegios profesionales, en los que muchos de ellos depositaban su confianza.

Con la previsión ahora de unas pensiones insuficientes –que las entidades privadas dicen que eran conocidas, en lo que difieren los afectados, que se sienten engañados–, los trabajadores han reclamado una vía para pasar sus cotizaciones generadas a la Seguridad Social y acceder a las pensiones públicas.

Qué pasarela ha salido adelante en el Congreso

Tras el 'sí' a la enmienda 47 del PP, que ha salido adelante este jueves con los votos favorables de PP y Vox y la abstención de Junts y BNG, la pasarela que recoge la ley cambia sustancialmente.

Estaba planteada para los mutualistas en activo, excluidos los “pasivos” (las personas ya jubiladas), así como aquellas que tuvieran el mínimo cotizado a la Seguridad Social. Estas dos exclusiones, que no contentaban a la gran mayoría de grupos parlamentarios, se eliminan en el texto planteado por el PP que ha salido adelante.

Por otro lado, el texto del PSOE recogía más detalle sobre la concreción de esta pasarela, pactados por la mayoría durante la comisión parlamentaria, que ahora se elimina. Por ejemplo, el coeficiente del 0,77 para el cálculo de los años cotizados en la Seguridad Social según el dinero acumulado en las mutualidades de cada profesional.

En la enmienda del PP, el detalle queda a expensas de desarrollo reglamentario: “Para el cálculo de los citados períodos se tendrá en cuenta la base mínima de cotización que habría correspondido al trabajador de haber estado incluido en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia Autónomos, actualizada al lPC y aplicando a dicha base un coeficiente que se modulará en función de los años en alta en la mutualidad alternativa, tomando como referencia los parámetros que reglamentariamente se determinen”.

También cae la mejora expresa pactada en Comisión para los mayores de 52 años llamada popularmente “1x1”, para que pudiera computarse cada mes completo de alta y cotizado en la mutualidad alternativa como un mes completo de alta en el RETA en el reconocimiento de la jubilación, a los efectos del porcentaje de cobro de pensión. Esta mejora, de las más destacadas por las fuerzas progresistas del debate parlamentario, no figura en la enmienda del PP.

Los 'populares' incluyen otra novedad importante: reconocen el derecho a que “todo el tiempo en el que estuvieron obligatoriamente integrados en una mutualidad de previsión social sustitutiva hasta que pasó a ser alternativa, se considere como tiempo de afiliación y alta al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos a efectos del cómputo del periodo de carencia” que se exige para acceder a la jubilación de la Seguridad Social.

En el grupo socialista sostienen que este escenario “obliga a seguir trabajando en el Senado para recuperar” las condiciones mínimas pactadas “y garantizar que la ley llegue a su aprobación definitiva con la máxima claridad y protección posible”.

La Seguridad Social trabajará por una pasarela “equilibrada”

Fuentes de la Seguridad Social destacan que, durante la tramitación parlamentaria, en las fases de ponencia y comisión en el Congreso, “se habían introducido diferentes enmiendas que concretaban y mejoraban los derechos de los mutualistas que transfierieran sus fondos de la mutualidad al RETA”. “De manera inesperada, hoy se ha dado algún paso en la dirección contraria a lo trabajado”, lamentan.

La concreción de la pasarela queda a expensas de un desarrollo reglamentario y ya sin el plazo de tres meses que también habían pactado las fuerzas progresistas en la Comisión. De manera que, si prospera así la ley en el Senado y en el Congreso en segunda vuelta, todo indica que la pasarela tardaría más en concretarse y en llevarse a la práctica.

“Desde el Gobierno se seguirá trabajando en que el texto finalmente aprobado sea equilibrado, con la necesaria seguridad jurídica y que respete los principios del Sistema de solidaridad, equidad y contributividad”, añaden en el Ministerio de Elma Saiz.

La trayectoria de Elon Musk marcará esta semana un nuevo hito solo al alcance de unos pocos personajes históricos. SpaceX, la compañía espacial en la que cuenta con el 42% del capital social (aunque controla cerca del 85% del poder de voto total) protagonizará el viernes la mayor salida a bolsa de todos los tiempos. Recaudará unos 75.000 millones de dólares y podría convertirle en la primera persona en acumular una fortuna superior al billón de dólares.

Es una entrada más en la histriónica biografía de un empresario acostumbrado a las polémicas y a los titulares, divididos entre su faceta de visionario —como impulsor del primer fabricante de coches 100% eléctricos a escala global o de la empresa que ha inaugurado la era de la privatización del espacio— y la de milmillonario de ideas peligrosas, receloso del poder estatal y los gobiernos.

Sin embargo, el cuento que Musk ha ayudado a trazar sobre sí mismo está lejos de la realidad práctica sobre la que ha construido su imperio. “Es importante entender que Musk no es ni ha sido nunca un libertario. La gente suele asociar Silicon Valley con el libertarismo, pero en el caso de Musk, y en realidad en el del sector tecnológico en general, sus ventajas derivan de una estrecha relación con el Estado”, explica Ben Tarnoff en entrevista con elDiario.es.

En el caso de Musk, y en realidad en el del sector tecnológico en general, sus ventajas derivan de una estrecha relación con el Estado

Tarnoff es coautor, junto al historiador Quinn Slobodian, de Muskismo: Elon Musk y la nueva era posliberal (Editorial Taurus), un libro en el que intentan no solo repasar la trayectoria del magnate, sino como su pensamiento y acciones han contribuido a crear un nuevo paradigma económico al que denominan “muskismo”. Proponen que, del mismo modo que el fordismo (basado en las estrategias de Henry Ford) fue el sistema operativo del capitalismo del siglo XX, el modelo de Musk lo es en el XXI: una visión del mundo que promete la salvación y la soberanía a través de la tecnología, pero que en la práctica hace que los Estados dependan de sus monopolios privados.

“Una de las líneas conductoras de la carrera de Musk es su capacidad para instrumentalizar el sector público como fuente de poder y beneficios”, destaca Tarnoff. “SpaceX es quizá la ilustración más clara de esto”, recalca. Su creación, supervivencia y posterior despegue dependen por entero de los contratos con la administración estadounidense, tanto con la NASA como con el Pentágono.

La “simbiosis con el Estado”

Los autores citan en el libro varios momentos en los que la narrativa agresiva con los poderes públicos del magnate contrasta con su papel fundamental para sus empresas. En el caso de SpaceX uno de los más llamativos sucedió en 2006, cuando la compañía se salvó de la bancarrota gracias un contrato con la NASA.

Entonces SpaceX, que el viernes se convertirá en una de las 10 empresas más valiosas del planeta, no había volado ningún cohete con éxito y había generado menos de 50 millones de dólares en ingresos. Con todo, la agencia espacial le otorgó 278 millones de dólares para construir un cohete nuevo y más grande, el Falcon 9, y una nave de carga, la cápsula Dragon.

Esa relación de dependencia fue clave desde su fundación en 2002. “La empresa despega en el primer año de la guerra global contra el terrorismo prometiendo al Pentágono de Donald Rumsfeld la capacidad de poner en órbita satélites más pequeños, más baratos y de despliegue más rápido, a un coste muy inferior al de los grandes contratistas de defensa entonces dominantes”, describe Tarnoff.

“Esto ilustra bien lo que entendemos por simbiosis con el Estado”, continúa. Es una relación en la que Musk busca “injertarse” en el aparato público, utilizar la financiación institucional, así como aprovechar las tecnologías creadas por el Gobierno de EEUU como un andamio para sus propios proyectos.

SpaceX es el ejemplo más evidente, pero ni mucho menos el único. Al contrario, este modus operandi se repite durante toda su trayectoria. Desde su primera empresa, llamada Zip2, fundada en junio de 1995 cuando Musk tenía 24 años. Zip2 era una especie de páginas amarillas digital con comercios locales de la Bahía de San Francisco, que incluía mapas e indicaciones de cómo llegar a los negocios. La tecnología clave de su sistema era la constelación de satélites GPS construida por el Pentágono, que comenzó a operar en abril de 1995.

Fue el germen del muskismo: los autores cuentan cómo Musk convenció a la empresa proveedora de mapas para que le permitiera usar su tecnología a coste cero hasta que Zip2 diera beneficios, construyendo su primera compañía gracias a la cesión gratuita de una infraestructura militar desarrollada con dinero público. En 1999, Compaq compró la empresa por 307 millones de dólares, de los que a Musk se llevó unos 22.

Zip2 nunca llegó a hacer públicas sus cuentas, pero no hay pruebas de que llegara a obtener beneficios antes de ser disuelta en 2003. El ya millonario Musk invirtió ese beneficio en la creación de X.com, que más tarde se transformaría en Paypal. Es quizá la parte más estudiada de su primera etapa empresarial, donde trazó las conexiones que le convirtieron en un miembro de la Paypal mafia, el grupo de empresarios nacidos en la Sudáfrica del apartheid que hoy pueblan los puestos de poder de Silicon Valley y la Casa Blanca.

Para el desarrollo de esta plataforma de pagos digitales fue indispensable, de nuevo, la cesión gratuita de tecnología pública. Como detalla Tarnoff, sin la privatización a coste cero del proyecto DARPA, la base del primer Internet, ni Paypal ni ninguna otra empresa de la primera explosión digital podrían haber despegado. Paypal fue vendida a eBay en 2002, una operación que reportó otros 180 millones a Musk.

Un capital que sirvió para alumbrar SpaceX, con la que el magnate volvió a abrir un círculo que este viernes se cerrará con los 75.000 millones de dólares que los inversores ingresarán en la compañía.

Ni libertario, ni parásito

Con todo, Tarnoff pide ver las dos caras que la relación de simbiosis que Musk establece entre sus empresas y el estado. “Para nuestro argumento es importante que Musk no sea visto como un libertario, pero es igualmente importante que tampoco sea percibido como un capitalista de amiguismo o un simple parásito, alguien que se limita a extraer valor del Estado sin ofrecer nada a cambio”, destaca en su conversación con este medio.

“En ecología, los científicos distinguen entre interacciones simbióticas y parasitarias: la simbiosis describe una relación de beneficio mutuo. Nosotros sostenemos que, a medida que Musk se ha integrado más profundamente en el Estado, este también ha obtenido ventajas de esa relación. En cierto modo, el muskismo consiste en aumentar la capacidad del Estado a través de medios privados”, prosigue.

Es importante que Musk no sea visto como un libertario, pero es igualmente importante que tampoco sea percibido como un capitalista de amiguismo o un simple parásito, alguien que se limita a extraer valor del Estado sin ofrecer nada a cambio

SpaceX vuelve a ser un ejemplo de ello. “Si eres el Pentágono, SpaceX te ayuda a expandir capacidad y soberanía: en 20 años redujo un 90% el coste de poner masa en órbita, lo que significa que ejércitos y servicios de inteligencia disponen ahora de activos espaciales para vigilancia y guía de munición a los que antes no tenían acceso”.

Los autores sostienen que esa relación en la que ambos obtienen beneficios es precisamente la que ha forjado la alianza entre Washington y Silicon Valley y su fusión entre poder político y poder tecnológico. Un tratado que está tomando un nuevo cariz en los albores de la era de la inteligencia artificial.

“Cuando observamos a Musk y, más en general, la integración cada vez más profunda entre Silicon Valley y el Estado estadounidense —visible de forma particular en el conflicto con Irán, con la dependencia de herramientas de Anthropic y Palantir para la selección automatizada de objetivos y ataques— sostenemos que eso nos lleva a un paradigma que ya no puede describirse limpiamente como neoliberal. No se trata de una contracción de la capacidad estatal. Se trata, en realidad, de una expansión de esa capacidad —coercitiva, sí, vinculada a la guerra— pero expansión al fin y al cabo, canalizada a través de la integración con empresas tecnológicas privadas”, defiende.

Tu dinero, mi monopolio

La relación de beneficios en esa simbiosis no es unidireccional. Pero tiene trampa. Sus características hacen que el Estado sea cada vez más dependiente de las tecnológicas, que pueden convertirse en el proveedor dominante de determinados servicios o, directamente, construir monopolios a través de la privatización de infraestructuras críticas.

“El muskismo absorbió la idea de que las empresas, al participar en esas asociaciones con el Estado, pueden asemejarse a él. El propósito no era eliminar el Gobierno, sino hacerlo vasallo suyo, de modo que solo pudiera ejercer su autoridad si compraba los servicios de un proveedor monopolista”, relatan Slobodian y Tarnoff en el libro.

El propósito no era eliminar el Gobierno, sino hacerlo vasallo suyo, de modo que solo pudiera ejercer su autoridad si compraba los servicios de un proveedor monopolista

En 2025, el 95% de los lanzamientos orbitales en Estados Unidos y de más de la mitad de todos los lanzamientos mundiales corrió a cargo de SpaceX. “El Pentágono, la NASA y otras agencias gubernamentales quedaban en una posición muy dependiente de Musk. SpaceX se convirtió en la puerta que daba acceso de facto al Gobierno a la órbita baja terrestre. En esto consistía la soberanía como servicio: la lógica de la moderna plataforma de internet ampliada a la escala del Estado nación”.

Ahora, Musk ha ampliado el espectro de su compañía espacial. Con la integración de su compañía de inteligencia artificial xAI y la red social X, su negocio va mucho más allá de los viajes espaciales. xAI está construyendo, junto a Tesla, dos gigantescos centros de datos en Tennessee llamados Colossus I y II, que albergarán un supercomputador. SpaceX pretende a su vez explorar la posibilidad de construir centros de datos en órbita, con el objetivo de aprovechar la energía solar ilimitada lejos de las nubes o del ciclo de día y noche.

“Ha demostrado que puede construir centros de datos muy rápidamente, a menudo saltándose regulaciones y levantando centrales de gas metano de altas emisiones contaminantes. Tanto Anthropic como Google han llegado a acuerdos con Musk para arrendar capacidad de computación de sus centros de datos, precisamente porque Grok —el modelo de lenguaje de Musk— no ha tenido una gran adopción: tienen más capacidad de la que necesitan y pueden arrendar esa capacidad a empresas que son técnicamente competidoras, pero que en realidad pueden proporcionarles una muy necesaria inyección de liquidez”, resume Tarnoff.

Esta mutación hacia un gigantesco proveedor de infraestructura física es el motivo real detrás de la colosal salida a bolsa del viernes. Musk, tradicionalmente contrario a ceder parte de la capacidad de decisión a los accionistas, necesita enormes inyecciones de capital para financiar esos centros de datos.

Sin embargo, una vez más, SpaceX es el culmen de su estrategia. Musk no cederá el control: los documentos de la operación blindan su posición como director ejecutivo gracias a que sus acciones cuentan con derecho de voto reforzado. “Se vuelve esencialmente inexpulsable”, señala el investigador. Pero sí externalizará el riesgo.

Una de las cosas que ocurrirá poco después de su salida a bolsa es que se incorporará al Nasdaq 100, el índice bursátil que siguen muchísimos fondos indexados en todo el mundo. Esto significa que las personas que tienen sus pensiones, sus planes de jubilación y sus ahorros invertidos en esos fondos pronto tendrán acciones de SpaceX

“Una de las cosas que ocurrirá poco después de su salida a bolsa es que se incorporará al Nasdaq 100, el índice bursátil que siguen muchísimos fondos indexados en todo el mundo. Esto significa que las personas que tienen sus pensiones, sus planes de jubilación y sus ahorros invertidos en esos fondos pronto tendrán acciones de SpaceX en cartera, lo que convierte a Musk en un actor estructuralmente relevante para los mercados financieros globales, recuerda Tarnoff.

“SpaceX no es rentable: está perdiendo bastante dinero, y tiene una valoración enormemente inflada que se sustenta en toda clase de promesas extraídas de la ciencia ficción: desde centros de datos en órbita hasta la colonización de Marte. En el pasado, Musk ha hecho con frecuencia ese tipo de promesas descabelladas, y los inversores no esperan que las cumpla todas: esperan que cumpla algunas, y eso generalmente es suficiente para mantener la máquina del dinero en marcha. Pero ahora que hay un universo de inversores mucho más amplio, y que como empresa cotizada en un índice de primer nivel está integrada en el sistema de jubilación de mucha gente, creo que eso cambia bastante las cosas y crea un riesgo mucho mayor para el ciudadano de a pie”, concluye.

La Secretaría de Estado de Función Pública ha aprobado las nuevas instrucciones pactadas con los sindicatos para la jubilación parcial del personal laboral incluido en el IV Convenio Único de la Administración General del Estado (AGE), con el objetivo de desbloquear este procedimiento tras los cambios introducidos en la reforma de pensiones de 2024.

La resolución, publicada este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), sustituye a las instrucciones vigentes desde febrero de 2022 y establece los criterios para tramitar tanto la jubilación parcial ordinaria como para la jubilación parcial anticipada del personal laboral, explica la agencia Europa Press.

Como se recoge en el BOE, la actualización normativa responde a las modificaciones introducidas por la reforma de pensiones de 2024 que reformó la jubilación parcial y del contrato de relevo, con la obligación de que este último se incorporara a su puesto con un contrato indefinido.

Esta modificación bloqueó la disponibilidad de la medida en las Administraciones públicas, con procedimientos más complejos (y sobre todo que llevan más tiempo) para el acceso al empleo fijo. Los sindicatos y el Gobierno han estado negociando meses una salida, acordada ya hace varias semanas, pero no aprobada.

En el cuerpo de la Administración General del Estado la luz verde ha llegado con esta resolución en el BOE, pero se espera aún la aprobación de un real decreto ley para el resto de Administraciones Públicas.

Solución para el personal laboral del Estado

En concreto, la resolución recoge que podrán acceder a la jubilación parcial los trabajadores laborales fijos a jornada completa que cumplan los requisitos de edad, cotización y antigüedad establecidos en la normativa de Seguridad Socialm informa Europa Press.

Asimismo, regula las condiciones de reducción de jornada y la contratación de relevistas en los supuestos de jubilación parcial anticipada, adaptando estos procedimientos a los cambios legales en vigor desde el pasado 1 de abril.

La norma también incorpora los criterios acordados entre la Administración y las organizaciones sindicales en el seno de la Comisión Negociadora y la Comisión Paritaria del IV Convenio Único.

En vigor desde este miércoles

Según recoge el texto, las nuevas instrucciones entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE –es decir, este miércoles–y dejarán sin efecto las aprobadas por Función Pública en febrero de 2022.

Este mismo miércoles, en rueda de prensa, UGT ha asegurado que el problema generado por la aplicación de la nueva regulación de la jubilación parcial para el personal laboral de la AGE ha quedado “desbloqueado” tras la aprobación de esta resolución.

El coordinador general del Convenio Único en UGT, Alberto Pablos, ha señalado que los trabajadores afectados deberán volver a presentar las solicitudes de jubilación parcial que habían quedado paralizadas durante los últimos meses para que puedan ser tramitadas conforme al nuevo procedimiento.

Según ha explicado, los retrasos registrados durante el último año se debieron a la falta de adaptación de Función Pública a los cambios introducidos por el Real Decreto-ley 11/2024 y ha defendido que el nuevo sistema beneficiará tanto a quienes accedan a la jubilación parcial como a los trabajadores que ocupen los contratos de relevo.

“Un reequilibrio del gasto social entre generaciones”. La Comisión Europea entra de lleno en el debate en España sobre cómo se reparte el gasto social entre los diferentes grupos de edad, según se desprende del informe elaborado por la Comisión Europea sobre recomendaciones económicas que se ha presentado este miércoles. Aunque en el informe no se hace una mención directa al gasto en pensiones, Bruselas sí resalta la necesidad de “un reequilibrio del gasto social entre generaciones y mejorando la cobertura y la adecuación de las transferencias sociales y de la asistencia social, así como su vinculación con las políticas de activación, reduciendo aún más las desigualdades de renta” para luchar contra la pobreza infantil.

La Comisión también hace una llamada por “una creciente dependencia de la tributación del trabajo”, mientras “España presenta la mayor brecha de política del IVA de la Unión Europea como resultado de una de las mayores diferencias entre tipos impositivos”. En este sentido, destaca el IVA de la hostelería (hoteles, bares y restaurantes) “por su elevado impacto presupuestario y su efecto redistributivo muy limitado”. A pesar de que se ha convertido en un tema en el que la oposición de derechas insiste en castigar al Gobierno de Pedro Sánchez, no hay ninguna mención en el informe sobre la falta de Presupuestos Generales del Estado por cuarto año consecutivo. Bruselas también hace una llamada por la desviación del gasto en 2026 e insta a España a que “respete las tasas máximas de crecimiento recomendada”.

Posteriormente, un miembro de la Comisión sí que ha señalado que “España gasta muchísimo en partidas como pensiones, que no benefician particularmente a las nuevas generaciones. Hay que pensar en un gasto más orientado a las nuevas generaciones. Los pensionistas tienen casi el doble de la renta media y muchos de los beneficios y ayudas, como el transporte”.

Mientras, el informe sobre España contrapone que la pobreza “sigue siendo un desafío importante, en un contexto de niveles generales de pobreza elevados y de desigualdades de ingresos persistentemente altas. En 2024, más de uno de cada cuatro niños en España se encontraba en riesgo de pobreza o exclusión social, lo que sitúa al país entre los Estados miembros con peores resultados de la Unión Europea en este ámbito”.

Bruselas recomienda para solucionar este desajuste la necesidad de reequilibrar el gasto público favoreciendo políticas destinadas a apoyar a los niños y a los jóvenes. La Comisión ha escogido un grupo de áreas prioritarias a las que se debería dirigir el gasto público que son la educación, el empleo y, especialmente al acceso a la vivienda, que se ha vuelto a colar este año como uno de los principales retos de la economía española.

En este sentido, la Comisión insiste en que “España cuenta con uno de los niveles más bajos de vivienda social de toda la Unión Europea, representando menos del 2% del parque total de viviendas, frente a una media de la UE de aproximadamente el 7%”. Bruselas recomienda “superar algunas de las restricciones que han frenado la construcción de vivienda” como son la “disponibilidad limitada de suelo edificable, la lentitud de los procedimientos administrativos y la tramitación de permisos” para superar los “persistentes cuellos de botella en la oferta”.

Subir el IVA a la hostelería para recaudar hasta 7.000 millones más

A la hora de explicar la tributación en España, Bruselas apunta que “la participación media de los impuestos sobre el trabajo en la recaudación fiscal total de España aumentó del 48,7% de media en el subperíodo 2015-2019 al 51,8%” de 2020-2024. De hecho, “el aumento de los ingresos procedentes de los impuestos sobre el trabajo explica el 90% del incremento” de la participación fiscal en España durante la última década, “lo que refleja una creciente dependencia de la tributación del trabajo”. Es decir, los trabajadores contribuyen más fiscalmente que las rentas de capital o el consumo.

Bruselas argumenta esta situación por “la no indexación de los tramos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y el aumento de los tipos de cotización a la Seguridad Social han acelerado el desplazamiento de España hacia una mayor tributación del trabajo”.

Frente a esta situación, “los ingresos procedentes de impuestos sobre el consumo y de impuestos medioambientales se sitúan por debajo de la media de la UE, tanto como porcentaje del PIB como en porcentaje de la recaudación fiscal total”. En este sentido, el informe recalca que “España presenta las mayores brechas de política del IVA de la Unión Europea, como resultado de una de las mayores diferencias entre tipos impositivos y de la mayor brecha derivada de exenciones del IVA”.

La Comisión hace una mención especial al IVA reducido de la hostelería (hoteles, bares y restaurantes) “por su elevado impacto presupuestario y su efecto redistributivo muy limitado”. Frente al impuesto del 21% la hostelería paga un 10%. Según un técnico de la Comisión, “los beneficios fiscales que existen en España rondan 60.000 millones en total, de los cuales el IVA son casi el 60%”. En el caso del IVA de la hostelería, su incremento supondría que se ingresarían hasta 7.000 millones más en las arcas públicas.

Desvío del gasto

La Comisión prevé que el gasto neto en España crezca un 5,1% en 2026 y un 14,9% de forma acumulada en el período 2024, 2025 y 2026. Esto supondría una desviación respecto a los datos que envió en Gobierno de España con un 4,2% anual, mientras que en el acumulado alcanzaría el 13,3%. Con los datos del Ejecutivo de Pedro Sánchez España cumpliría con la regla de gasto, ya que estaría por debajo de los límites del 0,3% y del 0,6% del PIB marcados por las reglas fiscales europeas.

“Teniendo en cuenta la desviación prevista para 2026 por la Comisión con respecto a la senda de gasto neto recomendada”, España debe “garantizar que el gasto neto respete las tasas máximas de crecimiento recomendada”, señala la Comisión.

Un técnico de la Comisión ha rebajado el impacto de este desvío y admitie que se hace la recomendación a España porque “está cerca del límite del acumulado”. “En la desviación acumulada se añade cierta flexibilidad a 2024, con lo cual en 2025 todavía tenemos un pequeño crédito de un 0,1% para el 26. La recomendación tiene en cuenta la flexibilidad de la cláusula de defensa. Hay un exceso de 0,4% del PIB con la cláusula defensa”.

La cláusula nacional de escape para el gasto en defensa permite a los países contabilizar el aumento del presupuesto militar fuera de las reglas fiscales ordinarias. España se comprometió a alcanzar el 2% del PIB en gasto militar en un ardúa confrontación con Donald Trump, que exigía que el gasto en defensa de los aliados de la OTAN llegara al 5% del PIB.

Además, el comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis, ha confirmado que se va ampliar la aplicación de la cláusula de escape para inversiones en energía, una medida que habían solicitado países como Italia y España, con idea de reducir la dependencia de combustibles fósiles. Esta ampliación facilitará que las cuentas españolas no superen los límites de la regla de gasto de la UE.

Un magistrado de Barcelona ha dictaminado que la pensión de incapacidad permanente de una trabajadora que sufrió un accidente laboral no puede verse recortada por el hecho de haber solicitado una jornada reducida para cuidar de su hijo menor. La sentencia establece que el cálculo debe realizarse como si hubiera mantenido la misma jornada que tenía previamente a la reducción, evitando así lo que considera una “discriminación indirecta” hacia las mujeres, que son quienes mayoritariamente asumen las tareas de cuidado.

Se trata de una sentencia pionera, conseguida a raíz de una demanda presentada por el Col·lectiu Ronda en representación de la trabajadora, que concluye que existe la obligación de incorporar la perspectiva de género en la interpretación de las normas para garantizar la igualdad efectiva. Además, en este caso, debe considerarse que el objetivo de la norma de proteger la conciliación debe prevalecer sobre el cálculo del salario reducido.

La plaza 3 de la sección social del Tribunal de Instancia de Barcelona ha dado la razón a esta cajera de supermercado, que sufrió un accidente laboral mientras se encontraba en reducción de jornada para cuidar a su hijo, un derecho recogido en el Estatuto de los Trabajadores.

La normativa española aplicada por el INSS establece que las pensiones por accidente de trabajo deben calcularse según el “salario real” que se percibe en el momento del accidente. Para evitar que las madres y padres salgan perjudicados, la ley prevé un mecanismo de corrección, una especie de “ficción” jurídica que hace que, durante los primeros años de reducción, la Seguridad Social compute las cotizaciones como si la persona estuviera trabajando al 100% de la jornada.

El conflicto aparece cuando, como en el caso de la trabajadora de Sabeco-Alcampo, el accidente se produce una vez pasado estos primeros años de protección especial. En esta situación, el INSS aplica de nuevo el criterio literal del sueldo reducido. Esto hizo que inicialmente se le concediera una pensión calculada sólo sobre su media jornada, fijándola en 8.341 euros anuales.

La sentencia corrige este criterio al considerar que limitar la protección a sólo unos pocos años es discriminatorio. El magistrado concluye que, si el derecho a cuidar a los hijos lo ejercen mayoritariamente las mujeres, no se las puede penalizar con una pensión más baja por haber alargado los cuidados más allá del período que marca la ley. Por ello, obliga a calcular la pensión en base al salario de jornada completa, elevando la base de cálculo hasta los 16.236 euros anuales, prácticamente el doble de lo que pretendía la administración.

El magistrado considera que no puede obviarse la contundencia de los datos estadísticos que desmontan la neutralidad de la norma. En concreto, el 90,15% de las personas que piden reducción de jornada por cuidado de hijos son mujeres y el 77,17% de las pensiones de incapacidad por accidente de trabajo en esta situación afectan a mujeres.

Ante esta evidencia, el juez concluye que la norma española, aunque parezca “neutra”, termina castigando casi exclusivamente al colectivo femenino. La sentencia destaca que los jueces tienen la obligación jurídica de interpretar las leyes con perspectiva de género para garantizar una igualdad real.

Con anterioridad a dictar esta sentencia, el propio magistrado planteó una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para evaluar si el cálculo basado en la reducción de jornada suponía una discriminación indirecta por sexo.

El tribunal consideró que la normativa española no era contraria a la directiva europea en términos de discriminación por reducción de jornada, aduciendo que los datos disponibles son demasiado genéricos para determinar con exactitud la proporción de trabajadores y trabajadoras perjudicadas, que existían precedentes que no consideraban discriminatorios los cálculos de la pensión en función del tiempo de trabajo y que una norma que del importe de la pensión es una medida neutra que no infringe directamente el principio de igualdad de trato.

Sin embargo, el TJUE dejó la puerta abierta, indicando que si el juez nacional disponía de datos que acreditaran un perjuicio especial para las trabajadoras, correspondería al mismo tribunal español valorar si la norma tal y como estaba planteada perseguía un objetivo legítimo y resultaba proporcionada o si, por el contrario, tenía un efecto discriminatorio sobre las trabajadoras.

La sentencia pone el foco en la obsolescencia de la norma que la administración utilizaba para justificar este recorte: un reglamento de accidentes que data del año 1956. El equipo jurídico del Col·lectiu Ronda que ha llevado el caso ha defendido con éxito que los valores de ese momento histórico, cuando el papel de la mujer en el mercado de trabajo era totalmente marginal, estructuran la práctica jurídica actual.

Destacan que esta decisión es vital porque corrige una brecha de género estructural. Según las letradas, “la sentencia impide que las mujeres que asumen las labores de cuidado sean doblemente penalizadas: primero, cobrando un sueldo más bajo mientras cuidan de sus hijos y, segundo, recibiendo una pensión mucho más pobre de por vida si sufren un accidente”.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha publicado este viernes su nuevo estudio de la regla de gasto en pensiones encargado por el Gobierno, en el que mejora su previsión de gasto neto del sistema a largo plazo, hasta 2050, que rebaja del 13,2% que estimó en 2025 al 13% en este nuevo análisis.

Como consecuencia, no será necesario activar ajustes adicionales para garantizar la sostenibilidad del sistema, según estableció la reforma de pensiones aprobada por el Ejecutivo de coalición.

La llamada “regla de gasto en pensiones” se incluyó como un mecanismo semiautomático de control del sistema por parte de la AIReF, para que cada tres años evaluara el equilibrio entre gastos e ingresos. Si este análisis concluía que el sistema se descompensaba por el lado del gasto, la ley previó un camino a seguir para incluir nuevas medidas correctoras. Esta herramienta fue pactada por el entonces ministro José Luis Escrivá y Bruselas, en el marco de las reformas del Plan de Recuperación tras la pandemia.

En 2025, la AIReF realizó su primera evaluación, que suponía el cumplimiento de la regla de gasto aunque con muchas críticas por parte de la institución, que entonces lideraba la economista Cristina Herrero. Poco después, el Gobierno pactó con Bruselas un nuevo análisis para este año.

“Se vuelve a confirmar el cumplimiento de la regla de gasto en pensiones”, ha explicado este viernes la nueva presidenta de la AIReF, Inés Olóndriz, en una rueda de prensa que se está celebrando esta mañana. No obstante, la institución sigue siendo muy crítica con la propia regla de gasto, que considera que “ofrece una visión parcial centrada en un único componente de gasto” y que “no es adecuada” para medir la sostenibilidad del sistema.

Por ello, la AIReF ha propuesto al Ministerio de la Seguridad Social que se reforme este instrumento, para “que se integre en el marco fiscal europeo”, ha afirmado Olóndriz, hasta hace unos meses miembro del Gobierno, como secretaria general de Financiación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda.

Fuentes del Ministerio de la Seguridad Social han celebrado que “el sistema público de pensiones español ha vuelto a superar una prueba externa e independiente” y han reivindicado que “los resultados del informe de la AIReF muestran que es sostenible y que las reformas estructurales adoptadas desde 2021 por el Gobierno” están “dando resultados”.

El departamento de Elma Saiz publicó ayer el primer informe de su nuevo simulador del gasto en pensiones, INTegraSS, cuyos resultados ya adelantó en abril, que estiman un gasto neto promedio algo más elevado, del 14% del PIB, aunque el pico de gasto máximo lo sitúa en un 15,3% en 2050 y en la AIReF lo elevan el 16,4%.

Más ingresos por las cuotas de los autónomos

La principal diferencia del actual cálculo de la AIReF respecto a la valoración del año pasado se centra “en el saldo de las medidas de ingresos”, ha explicado Inés Olóndriz, que en este análisis se sitúa en un 1,6% del PIB y en el anterior era del 1,4%. La previsión de gasto se mantiene en el 14,6%.

Y, dentro de los ingresos, la diferencia principal con el análisis del año pasado, se centra en la valoración de los ingresos de cotizaciones de los trabajadores autónomos, que aumenta, gracias a la reforma para que coticen según sus ganancias. Olóndriz ha explicado que el año pasado la AIReF hizo una proyección y “ahora lo que tenemos son datos observados de 2023 y 2024”, que “han sido mejores de las proyecciones”.

El resto de medidas de ingresos apenas varían, han explicado en la AIReF. Por ejemplo, se mantiene solo una décima de ingresos en cotizaciones gracias a los aumentos del salario mínimo interprofesional (SMI) y no estiman un impacto positivo en los ingresos fruto de la reforma laboral, que ha desplomado el empleo temporal, porque la institución considera que aún no hay evidencia que permita constatarlo.

337.000 trabajadores más con contrato en el primer año

El estudio también incorpora una evaluación –aún muy incipiente– del impacto de la regularización de migrantes aprobada por el Gobierno en el empleo y los ingresos por cotizaciones sociales que supondrá para las arcas públicas, que estiman en 0,03 puntos del PIB promedio hasta 2050. La directora de la División de Análisis Económico, Esther Gordo, ha insistido en varias ocasiones en que son datos aún sobre los que pesa una gran incertidumbre.

La AIReF estima que el universo potencial de beneficiarios de la regularización sería de unas 763.000 personas en situación irregular y de 186.230 solicitantes de asilo en edad de trabajar. En total, casi 950.000 personas entre los 18 y 64 años, pero de las que estiman que no todas lograrán la residencia.

De las personas en situación irregular, el organismo estima –fruto de otros procesos de regularización– que solo un 85% presentará la solicitud para regularizarse y, de ellos, que la tasa de aceptación será de un 83%. A partir de ahí, con supuestos de actividad y empleo elevados, del 83% y 86%, como existe en la actualidad para la población migrante, la AIReF calcula que el universo potencial de nuevos trabajadores con contrato alcanza las 384.000 personas.

Con un supuesto de cierta reducción del empleo, por el aumento de costes para las empresas que supondrá el paso a la regularidad de miles de empleados ahora sin contrato, el organismo concluye que el balance de nuestros trabajadores en el primer año de regularización será de 337.000 personas.