La pelea por la jubilación anticipada de las azafatas de vuelo, también denominadas tripulantes de cabina y en su mayoría mujeres, está viviendo un nuevo asalto. Los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, apoyados por la patronal, han reclamado al Ministerio de la Seguridad Social en la mesa de negociación sobre pensiones que incluya a este colectivo feminizado de trabajadoras en el derecho al retiro anticipado que ya tienen gran parte de sus compañeros de vuelo. “Es una discriminación histórica”, denuncia Cristina Estévez, secretaria ejecutiva de UGT.

La reivindicación no es nueva. Las tripulantes de cabina “llevan años” reclamando que se les reconozca el derecho a la jubilación anticipada para trabajos aéreos, regulada en un real decreto de 1986, recuerda Ernesto Iglesias, responsable de Tripulantes de Cabina del sindicato USO. Este retiro anticipado sin penalizaciones se reconoce al “personal de vuelo de trabajos aéreos”, debido a las “peculiares condiciones de la actividad aeronáutica y el prematuro envejecimiento” que producen.

Sin embargo, cuando se acude al listado de profesiones del sector aéreo con este derecho, las tripulantes de vuelo no figuran. Están los pilotos, copilotos, mecánicos de aeronave, distintos fotógrafos aéreos, operadores de medios tecnológicos... pero no las azafatas, un colectivo feminizado respecto al resto de ocupaciones que sí tienen el derecho, más masculinizadas.

Sentencias a favor y una “discriminación directa”

“Cualquier colectivo de vuelo lo tiene, menos ellas”, denuncia Cristina Estévez, que explica que la reivindicación para las tripulantes de vuelo se ha reavivado en los últimos meses debido al acuerdo con Junts en el Parlamento por el que se incluyó en una ley el compromiso del Gobierno de impulsar la jubilación anticipada para el personal sanitario en medios aéreos. En la norma se estableció que la Seguridad Social iniciaría de oficio el procedimiento habilitado para la jubilación anticipada por penosidad o peligrosidad habilitado hace unos meses.

“No podemos dejarlas a ellas como el único colectivo fuera. Es una discriminación directa contra las tripulantes de cabina”, sostiene Estévez. Sumar, que apoyó la enmienda reclamada por Junts para los sanitarios en medios aéreos, presentó una iniciativa en el Congreso para pedir al Gobierno que reconociera la medida también a las tripulantes.

UGT destaca que además ya hay varias sentencias que reconocen esta discriminación. El sindicato USO difundió en enero de 2025 una pionera resolución de instancia en este sentido, que reconocía la jubilación anticipada a una azafata residente en Tenerife pese a no figurar su profesión en el decreto del sector aéreo. “No entenderlo así en realidad supondría no solo una discriminación directa por ser la misma actividad de trabajos aéreos desarrollados por otras categorías, sino, además, sería una discriminación indirecta por razón de género”, estableció la sentencia, citando una resolución previa del juzgado de lo Social 34 de Madrid, de diciembre de 2023.

Esa primera sentencia conocida, de 2023, fue además respaldada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. “Cuando en el TSJ se reconoce también la jubilación anticipada, la Seguridad Social se retira”, explica Ernesto Iglesias (USO), para evitar que los casos lleguen al Tribunal Supremo y que se genere así jurisprudencia.

Varias fórmulas en discusión

“Hay un agravio comparativo con otros trabajadores en situaciones similares, por lo que estamos reclamando que se reconozca el derecho a las tripulantes de cabina, tanto los sindicatos como la patronal”, explica por su parte Carlos Bravo, secretario de Políticas Públicas y protección Social de CCOO.

La patronal aérea (ALA) en el pasado no había sido partidaria de la medida, que supone una sobrecotización de la empresa y la parte trabajadora para sufragar los retiros anticipados, pero ahora “parece que están por la labor”, tanto en esta organización como en algunas empresas de gran importancia en el sector, como Iberia, indican diversas fuentes.

En este contexto, la mesa de negociación de pensiones de la Seguridad Social está explorando “dos posibilidades” para tratar de reconocer a las azafatas el retiro anticipado, explica Carlos Bravo. La primera: acudir al procedimiento estándar habilitado para todas las profesiones, una idea que no contenta en UGT, ya que supone “alargar una discriminación” que sufren estas trabajadoras, denuncian. “Hay cosas con las que no se puede mirar para otro lado”, sostiene Cristina Estévez, que pide una solución “inmediata” para el colectivo.

La segunda: una modificación directa del real decreto de 1986 para incluir a estas trabajadoras en la jubilación anticipada ya aprobada para el sector aéreo, sin seguir el nuevo procedimiento habilitado, con el argumento de que se debe resolver con premura una situación de desigualdad.

En este escenario, se plantea una discusión adicional que pueden encontrar más reticencias en la patronal: cuál debería ser la sobrecotización de todo el sector aéreo. Porque es del 4% fruto del decreto aprobado en 1986, mientras que en otros colectivos que se han aprobado la medida a posteriori es mucho mayor, del 10% o más.

Algunas voces consideran además que puede ser problemático no acudir al procedimiento aprobado para estas jubilaciones anticipadas sectoriales, que se aprobó precisamente para acabar con la discrecionalidad en el acceso a la medida hasta ahora, que supuso que solo accedieran al retiro anticipado ciertos oficios que tenían el favor o la atención de alguna formación política, como ocurrió con varias policías regionales.

Fuentes del Ministerio de la Seguridad Social prefieren no responder sobre este tema ni la mesa de negociación abierta, por respeto al diálogo social, indican.

El único pacto de Estado que sobrevive a las legislaturas y a la creciente hostilidad y polarización política sigue de celebración. Los 30 años de los Pactos de Toledo sobre pensiones, de 1995 y cumplidos el año pasado, han dado lugar a un libro de la Fundación Alternativas presentado este jueves en Madrid. Ese primer pacto y los sucesivos blindaron la esencia del sistema de pensiones en España, “público, contributivo y de reparto”, ha destacado uno de sus miembros destacados, el exdiputado Carles Campuzano.

“No hay discusión ya sobre la naturaleza del sistema, sino sobre las reformas que el sistema necesita”, ha sostenido Campuzano, que ha recordado que el Pacto de 1995 tiene lugar en un contexto de gran “crispación política” y en el que “las proyecciones demográficas y los agoreros del sistema público de pensiones anunciaban la quiebra del sistema”. Entonces, “la discusión académica y política era cuestionar los elementos fundamentales del sistema: el carácter público, contributivo y de reparto. Era el contexto donde estábamos”, ha recordado el ahora diputado en el Parlament de Catalunya.

El libro, titulado '30 años de los Pactos de Toledo. El sistema español de Seguridad Social, pensiones y garantía de rentas', ha sido dirigido por Octavio Granado, exsecretario de la Seguridad Social en varios gobiernos socialistas y uno de los mayores conocedores de la historia de este organismo público, y por Carlos Bravo, secretario de Políticas Públicas y Protección Social de Comisiones Obreras y uno de los negociadores por la parte sindical de las reformas de pensiones de las últimas décadas.

La ministra de la Seguridad Social, Elma Saiz, que ha prologado el libro, ha destacado la la necesidad de mantener “el método” de consenso y diálogo político y social que inauguró el Pacto de Toledo hace 30 años, que ha considerado clave para dar “estabilidad” a las reformas y a la protección social, y para combatir “el falso conflicto” intergeneracional, que enfrenta a jóvenes y pensionistas.

Como uno de los artífices de los primeros cimientos de la Seguridad Social que conocemos hoy en día, Adolfo Jiménez, que fue secretario General de la Seguridad Social entre 1986 y 1996, se ha referido a este enfrentamiento generacional en el debate público sobre pensiones para advertir de que, en realidad, los principales afectados de las reformas de las pensiones no son los jubilados, ni las personas mayores, “sino los jóvenes”.

Elma Saiz ha insistido en la necesidad de no usar las pensiones “como un arma partidista”. “Las pensiones no pueden utilizarse como un arma partidista cuando lo que está en juego es la seguridad de millones de personas y, para ello, lo deseable sería que la derecha fuera mínimamente coherente y responsable y no votara en contra de la legislación que desarrollan las recomendaciones vigentes que ellos mismos votaron a favor”, ha sostenido la responsable de la Seguridad Social.

Mirada a los retos y las reformas pendientes

El libro de Fundación Alternativas, impulsado por el catedrático Jesús Ruis-Huerta, director del Laboratorio de Políticas Públicas de la entidad, explora en 14 capítulos distintos retos del sistema de la Seguridad Social de cara al futuro, como la protección social de los trabajadores autónomos, las persistentes brechas de género que perjudican a las mujeres y la protección de las personas vulnerables, entre otras materias, que elaboran María José Landaburu (UATAE), la catedrática Paz Menéndez Sebastián, y Milagros Paniagua, exsecretaria general de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social, respectivamente, entre otros muchos autores.

Entre las tareas pendientes, el exdiputado del PNV Emilio Olabarría, también miembros destacado del Pacto de Toledo, ha destacado “la atención a la discapacidad”, con las que el sistema tiene una deuda todavía, ha sostenido.

La actual Comisión del Pacto de Toledo en el Congreso de los Diputados ha iniciado los trabajos para elaborar las recomendaciones que releven a las últimas, de 2020, en las que se acordó volver a vincular la revalorización de las pensiones a los precios para garantizar el poder adquisitivo de los precios tras la reforma unilateral de pensiones de 2013 del PP, que el mismo partido dejó de aplicar cuando gobernaba.

Mientras sigue el debate sobre la sostenibilidad del sistema, especialmente desde ciertos ámbitos económicos neoliberales, pocos cuestionan la herramienta de diálogo del Pacto de Toledo, celebrada también a nivel internacional. Granado y Bravo, directores del informe, han esperado que el informe publicado contribuya al debate público para fortalecer y modernizar el sistema de la Seguridad Social a futuro, del que depende una gran parte de la población.

Principio de acuerdo entre el Ministerio de la Seguridad Social y los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, para desbloquear la jubilación parcial de los empleados públicos laborales, que quedó imposibilitada tras la última reforma de pensiones. El Ministerio que dirige Elma Saiz está ultimando un decreto ley con la medida, pero quiere incorporar más elementos en la norma, como el acceso a la pensión de viudedad de parejas de hecho no registradas, pero que aún no están del todo cerrados y algunos sobre los que aún no hay consenso, explican fuentes sindicales.

Junto a acabar con el recorte “de golpe” en la jubilación anticipada de las pensiones máximas, resuelto hace unas semanas, los sindicatos mayoritarios exigieron al departamento de Saiz desbloquear por fin la jubilación parcial de los empleados públicos laborales para seguir negociando cualquier otra cuestión con la Seguridad Social.

Hace dos años, la jubilación parcial de los laborales de la Administración Pública se vio bloqueado por los requisitos que la nueva normativa ponía para mejorar las condiciones laborales en la incorporación de los relevistas. Esta obliga a que los relevistas se incorporen con contratos indefinidos y a tiempo completo. Algo posible en el sector privado, pero imposible en la Administración sin una convocatoria de empleo público que ofrezca las garantías de igualdad, mérito y capacidad.

Se permitirá que los relevistas sean interinos

Este lunes, y tras muchos meses de conversaciones para tratar de alcanzar una solución, CCOO y UGT han anunciado que la medida está a punto de cerrarse, posibilitando que el puesto de relevista se cubra con trabajadores temporales interinos vinculados a una próxima convocatoria de empleo público, una opción que reclamaban los sindicatos desde el inicio.

“Se ha alcanzado un principio de acuerdo entre las organizaciones sindicales CCOO y UGT y los Ministerios de Seguridad Social y Función Pública para garantizar el acceso a la jubilación parcial del personal laboral garantizando que el personal que se incorpora como relevista tenga una relación laboral fija a jornada completa, bien procedente de un proceso selectivo ya superado, bien a través de su vinculación como interino hasta la cobertura definitiva de la plaza que ocupa mediante la correspondiente oferta pública de empleo”, explica Comisiones Obreras en un comunicado.

CCOO ha reclamado que la medida sea aprobada “sin demora” en un real decreto ley, en el que considera que también debería quedar solventada la misma situación para los trabajadores funcionarios y estatutarios de la Administración Pública. El sindicato plantea una reforma “ya” del artículo “67 del Estatuto Básico del Empleado Público”, de manera que no se espere a la reforma integral del TREBEP que está tramitándose enel Parlamento.

Viudedad de parejas de hecho sin registrar y otras medidas

Los sindicatos explican que el Ministerio de la Seguridad Social está preparando un real decreto ley con la jubilación parcial de los laborales públicos, pero en el que quiere incluir más medidas pendientes en materia de pensiones y algunas otras referentes a la incapacidad temporal (las bajas laborales por enfermedad).

Entre las primeras destaca el acceso a la pensión de viudedad de parejas de hecho no registradas formalmente que tengan hijos en común o que acrediten una larga convivencia. Aunque los detalles de la medida están por cerrar, en los sindicatos consideran que se podría culminar en breve y que se incluyera la medida en el real decreto ley.

Sin embargo, hay otras cuestiones menos avanzadas e, incluso, aún controvertidas que también se está debatiendo si formarán parte de la norma, lo que podría retrasarla un poco todavía. Principalmente, propuestas sobre incapacidad temporal, que el Ministerio de la Seguridad Social querría incluir para tratar abordar el gran aumento de las bajas laborales por enfermedad.

Desde los sindicatos explican que hay algunas medidas que sí podrían salir adelante, relativas a la agilización de procedimientos, como “la reordenación de los recursos humanos y técnicos de la Inspección Médica del INSS para conformar un Equipo de Valoración de Incapacidad (EVI) centralizado”, pero hay otras que creen que requieren más debate y que deberían abordarse con más calma para otra futura ley.

En UGT han insistido por su parte en que se modifique también de manera urgente el reglamento que da acceso a la jubilación anticipada por penosidad en el sector aéreo y que excluye ahora a las azafatas (tripulantes de cabina). Una “situación absurda” y “discriminatoria” que afecta al colectivo, muy feminizado, frente a otros más masculinizados, como el de los pilotos, ha denunciado el sindicato.

Las políticas públicas de redistribución a través de impuestos y prestaciones permitieron reducir en un 31,9% la desigualdad de la renta entre los hogares españoles en 2023, una corrección algo inferior a la registrada en 2022 (33,8%).

Fedea ha publicado este lunes la décima edición de su Observatorio sobre el reparto de los impuestos y las prestaciones entre los hogares españoles, que relaciona la mayor parte de esta redistribución de la renta con el efecto de las prestaciones monetarias (72,4%, sobre todo por las pensiones) y el resto, con prestaciones en especie (23,8%) e impuestos (3,7%).

De acuerdo a este informe, la renta de mercado ampliada -que incluye, además de las rentas salariales y de capital, transferencias, planes de pensiones e indemnizaciones por despido- aumentó un 8,7% en 2023.

Una vez incorporado el efecto de las prestaciones monetarias -que crecieron un 6,4%, impulsadas por el aumento de las pensiones de jubilación o invalidez pero ya sin la bonificación a los carburantes-, la renta bruta media de los hogares aumentó un 8,2% en 2023.

El sistema fiscal solo corrige un 1,5% la desigualdad

Fedea observa un ligero aumento de la desigualdad de la renta de mercado y una menor corrección por parte de las prestaciones monetarias (del 23,1%, frente al 23,9% de 2023), lo que lleva a un aumento del 1,71% en la desigualdad de la renta bruta (el índice de Gini se situó en 0,4333).

Por lo que respecta al impacto del sistema fiscal, la renta disponible (después de impuestos) aumentó un 9,1% en 2023, pero el efecto redistributivo de los impuestos fue inferior (1,55%, frente al 2,65 % de 2022), lo que elevó la desigualdad de la renta disponible en un 2,87%.

La renta disponible extendida -que suma a la renta disponible las prestaciones en especie percibidas en forma de sanidad y educación- aumentó un 8,4%, ya que estos servicios contribuyeron a reducir la desigualdad en la distribución de la renta en un 10%.

De esta manera, el conjunto de la intervención pública redujo en un 31,9% la desigualdad de la renta: el 40 % de hogares de mayor renta fue contribuyente neto -sus aportaciones en impuestos fueron inferiores a las prestaciones recibidas- y el 60 % de menor renta, beneficiarios netos.

El ingreso de las pensiones vuelve a situarse en el tramo final del mes de abril, como viene siendo habitual en los últimos meses. Aunque el calendario oficial establece un margen más amplio para efectuar estos pagos, la mayoría de entidades financieras opta por adelantar el abono, lo que permite a los pensionistas disponer del dinero antes de que termine el mes.

Este adelanto no responde a una única fecha común a todas las entidades bancarias. Cada banco fija su propio día dentro de un periodo relativamente concentrado, lo que provoca que haya diferencias entre clientes en función de la entidad con la que operan. Esa diferencia, que puede ser de varios días, es una de las principales causas de duda entre quienes esperan el ingreso.

Para abril de 2026, las fechas ya están definidas y siguen esa misma lógica: pagos distribuidos entre mediados y finales de la última semana del mes, con algunos bancos adelantando más que otros. Conocer este calendario resulta clave para evitar incertidumbre y saber cuándo se recibirá la prestación.

Cuándo se cobran las pensiones en abril

El calendario arranca el miércoles 22 de abril, día en el que Bankinter tiene previsto realizar el ingreso a sus clientes. En esa misma jornada también se sitúa Unicaja, que adelanta el abono respecto a la mayoría de entidades. A partir de ahí, el grueso de los pagos se concentra en el viernes 24 de abril.

Ese día está fijado como referencia para CaixaBank, Banco Santander, Banco Sabadell, Ibercaja y Caja Rural. Se trata de la fecha en la que más pensionistas recibirán el ingreso. El sábado 25 de abril será cuando BBVA e ING lleven a cabo el abono de las prestaciones, aunque al coincidir con fin de semana no se descarta que el ingreso pueda reflejarse el lunes 27 en algunos casos. En el caso de Kutxabank, el pago se sitúa en ese mismo entorno, con previsión de realizarse entre el 25 y el 27 de abril.

El calendario se cierra el lunes 27 de abril, cuando Abanca comenzará a ingresar las pensiones a sus clientes. De este modo, el conjunto de pagos queda distribuido en un margen de cinco días, en línea con lo que ocurre de forma habitual. En términos generales, todas las fechas se sitúan antes de que finalice el mes, aunque con diferencias claras entre entidades. Esta dispersión es la que explica que no todos los pensionistas cobren al mismo tiempo, pese a tratarse de una misma prestación.

Qué hacer en caso de que no hayas recibido el pago de la pensión

Cuando el ingreso no se ha producido en la fecha en la que normalmente se espera, lo más útil es empezar por situarlo dentro del calendario real de pagos de ese mes. Dado que las entidades no actúan todas a la vez, es posible que el abono aún esté dentro del plazo habitual aunque otros beneficiarios ya lo hayan recibido.

Otro aspecto a tener en cuenta es que estos adelantos no forman parte de una obligación fija. El sistema permite que las pensiones se abonen algo más tarde, por lo que pequeñas variaciones en el día de ingreso pueden darse sin que exista un problema real. Si pasan varios días y el saldo sigue sin actualizarse, lo razonable es consultar directamente con el banco. Las entidades pueden comprobar si el movimiento está en proceso o si se ha producido algún retraso puntual en la contabilización.

También es recomendable revisar la información asociada a la cuenta en la que se recibe la prestación. Cambios recientes o incidencias técnicas pueden influir en el momento en el que el dinero queda disponible. Cuando no se obtiene una aclaración suficiente o la demora se alarga más de lo habitual, el siguiente paso es dirigirse a la Seguridad Social. A través de sus canales de atención es posible confirmar si el pago se ha emitido correctamente y descartar errores en la tramitación.

En la práctica, este tipo de situaciones suele resolverse en poco tiempo y sin necesidad de realizar gestiones complejas. Por eso, antes de iniciar cualquier reclamación, conviene comprobar bien el calendario de la entidad y tener en cuenta el margen en el que se concentran los ingresos cada mes.

El 10% de los hogares más pudientes concentran el 53% de los bienes en nuestro país, de acuerdo con los datos de la Encuesta Financiera de las Familias (EFF) del Banco de España publicados esta semana. El 1% más rico, el que está en la cúspide, acumula el 21,6%, cerca de los máximos históricos registrados en 2020. Pero, más allá de los grandes datos que muestran que la desigualdad está lejos acabar, ¿dónde se concentra la riqueza de los hogares españoles?

La base de datos que ha actualizado el supervisor muestran que, si bien los ingresos de los hogares españoles han recuperado los niveles de 2001, el máximo de la serie histórica, en términos de riqueza neta —es decir, restadas las deudas— las cifras están aún lejos del máximo que se acumuló antes de la crisis financiera. Los efectos de esta recesión aún se notan en las posesiones de los hogares, una evolución que en la actualidad está marcada por la situación del mercado de la vivienda.

En 2008, la riqueza mediana —es decir, la que divide en dos mitades a la distribución, y es mucho más representativa que la cifra media— de los hogares españoles era de 236.960 euros, en cifras actualizadas con el valor de 2024. No eran los máximos en la serie histórica y aquí ya se estaban sintiendo los primeros coletazos de lo que luego se conocería como Gran Recesión. Pero es que en 2024 la riqueza mediana fue de 160.830 euros, muy lejos de la de aquel periodo.

Todos estos datos están actualizados con la inflación, lo que da la medida de cuál es la situación de los hogares españoles década y media después. El perfil de la riqueza de los hogares españoles se concentra en aquellos cuyo cabeza de familia está recién jubilado, de entre 65 y 74 años, con estudios universitarios y propietario de la vivienda en la que reside. Esto, dice el Banco de España, “responde al perfil de ciclo vital esperado y registra el nivel máximo en aquellos hogares cuyo cabeza de familia tiene entre 65 y 74 años, esto es, un poco más tarde que la edad a la que se alcanza el máximo de renta”, y tiende a descender después. 

Pero se ve claramente la diferencia por grupos de edad. En 2008, la riqueza se concentraba en los tramos centrales de la vida, mientras, ahora, cada vez más lo hace en los hogares más mayores.

De hecho, por primera vez en la historia los hogares liderados por un jubilado son los que acumulan más riqueza. Ligeramente por encima de aquellos en los que la persona cabeza de familia trabaja por cuenta propia —los autónomos—, en los cuales el valor del negocio se imputa a la riqueza del hogar.

La generación millenial, descolgada

Esta brecha se ve con más claridad cuando hablamos de generaciones. El análisis elaborado por el propio Banco de España muestra que los baby boomers, de primera o segunda generación, han experimentado una evolución de su riqueza mucho mejor a los de generaciones posteriores. La generación millenial (1986-1995) es la que ha tenido un peor punto de partida, pero su evolución parece ir mucho mejor que la inmediatamente anterior (1976-1985), que sintieron de primera mano los efectos de la Gran Recesión cuando empezaban a incorporarse al mercado laboral.

La explicación más razonable parece estar en el mercado de la vivienda. En la encuesta de 2024, los hogares que poseen su vivienda cayeron al mínimo histórico: el 70,6%. Hay varios motivos detrás, explicaron en el Banco de España. Por un lado, que hay más hogares que apuestan por el alquiler. Y, por otro, que la accesibilidad de la vivienda cada vez es más difícil. Con 30 años, solo el 30% de los millenials nacidos entre 1986 y 1995 eran propietarios. De las generaciones inmediatamente anteriores (1966-1985), con la misma edad, el 65% poseía la casa en la que residía.

Más peso de los activos financieros

Mientras cae la proporción de los activos reales —es decir, el inmobiliario, joyas, obras de arte o negocios—, avanza la proporción de los activos financieros, que ya supone un 23% de la riqueza de los hogares. 

Pero esta composición es cada vez más sofisticada, como definió el director general de Economía de la institución, David López Salido. Ha caído la proporción de riqueza que los hogares mantienen en cuentas corrientes (30,1%) y ha aumentado la proporción en renta fija (2,8%), coincidiendo con el boom por las letras del Tesoro.

El 20,5% de los hogares cuenta, además, con su riqueza en “otros activos financieros”, en la que se incluyen opciones como criptomonedas o futuros. Esta sofisticación se produce, sobre todo, entre los hogares más jóvenes, con estudios universitarios… Y de rentas elevadas.

Los hogares humildes, los más favorecidos

En cuanto a los ingresos de las familias, la renta mediana de los hogares recuperó en 2024 los máximos registrados en 2021, impulsados por el crecimiento económico y el buen momento del mercado laboral, que ha llevado a mínimos el desempleo y a máximos los datos de empleo. Además, en los dos años de referencia para los datos fiscales (2022-2023) coincidieron políticas de rentas como la subida del salario mínimo interprofesional, la revalorización de las pensiones con la inflación o el impulso del Ingreso Mínimo Vital.

Esto permitió que los hogares situados en el 20% inferior de la distribución —es decir, el quinto con menores ingresos— incrementaron su renta mediana en un 14,6% (en torno a un 7% de crecimiento anual), un ritmo que duplica el experimentado por el conjunto de los hogares españoles (7,8%). Esto confirma que, a diferencia de periodos anteriores, fueron las clases más desfavorecidas las que se beneficiaron del ciclo económico.

El Boletín Oficial de Canarias ha publicado este martes los requisitos para el cobro del complemento de las prestaciones no contributivas, aprobada por la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno regional.

La Consjería ha explicado que el complemento se hará efectivo para aquellas personas que tengan reconocida una pensión de este tipo, entre los que se incluye los que residan en la comunidad autónoma y que se encuentren de alta en las nóminas de mayo y noviembre de 2026 como perceptores de las mismas.

La medida contempla una cuantía de 400 euros para dicho complemento, que se fraccionará en dos abonos de 200 euros cada uno, que se harán efectivos en los próximos meses de mayo y noviembre.

Por su parte, no tendrán derecho al cobro del complemento las personas que estén en situación de suspensión, pendiente de trámite de reconocimiento, extinción o baja por traslado a otra comunidad.

El procedimiento de dicho pago se iniciará de oficio por parte de la Dirección General de Servicios Sociales e Inmigración, al igual que el abono del complemento económico.

La Consejería ha indicado que actualmente existen en Canarias en torno a 42.000 personas que perciben una pensión no contributiva de la Seguridad Social, ya sea de jubilación o incapacidad, que oscilan entre los 569,32 euros y los 624,84 euros mensuales de media, respectivamente.

Dichas cuantías se encuentran por debajo de los 725 euros de ingresos mensuales que el Indicador Arope de 2024, que mide el riesgo pobreza, establece como índice para considerar a una persona en riesgo pobreza, lo que coloca a este colectivo en situación de pobreza severa o en riesgo de estarlo.

El nuevo simulador de gasto en pensiones a largo plazo de la Seguridad Social, la herramienta INTegraSS que anunció en verano la ministra Elma Saiz, prevé un menor peso de este gasto social en las próximas décadas frente a las estimaciones de otros organismos, como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) y la Comisión Europea. Son los primeros datos del modelo de proyección, cuya robustez y nivel de detalle destaca el Gobierno, ya que se basa en la enorme base de datos de los pensionistas de Seguridad Social, con información de generaciones desde las nacidas en 1938.

El modelo de proyección del gasto en pensiones ha sido explicado en detalle este jueves, en un acto inaugurado por la ministra de la Seguridad Social, Elma Saiz, y con cierre del vicepresidente y ministro de Economía, Carlos Cuerpo.

“Vamos a presentar esta importante herramienta pública. Con ese mensaje de compromiso con la transparencia y con acompañar y dar certidumbres al sistema público de pensiones”, ha dicho Saiz a la entrada de la presentación. “Las pensiones son el mayor contrato entre generaciones que tiene nuestra sociedad. Mantenerlas sostenibles, justas y predecibles no es solo una responsabilidad económica: es una obligación moral”, ha afirmado por su parte Cuerpo.

Los equipos técnicos de ambos ministerios han trabajado codo con codo en los últimos dos años para elaborar INTegraSS, que ofrecerá más información y “transparencia” al debate sobre la sostenibilidad de las pensiones públicas, para que esté centrado en datos y “no en prejuicios”, sostuvo Saiz este verano. O en sesgos a menudo interesados, advierten fuentes de la Seguridad Social. El Gobierno publicará próximamente una extensa metodología sobre qué elementos tiene en cuenta la herramienta.

Bastante menos gasto, sobre todo en el pico de 2050

Sus resultados arrojan una imagen más halagüeña de la presión de gasto para las próximas décadas en España, en las que el sistema afronta la jubilación de la numerosa generación del baby boom. Si el gasto medio estimado por la AIReF entre 2022 y 2050 se sitúa en el 14,4% del PIB y el de la Comisión Europea, en el 15,5% (el 14,6%, según el dato revisado), el simulador de la Seguridad Social prevé una media del 14%.

Cuando se mira a 2050, el año previsto de mayor tensión para las cuentas públicas, las diferencias son sustanciales. La Comisión Europea calculó en su informe del Ageing Report de 2024 que el gasto en pensiones alcanzaría el 17,3% del PIB y la AIReF lo situó en el 16,1%, mientras que INTegraSS lo reduce casi un punto adicional: el 15,3%.

La ministra Elma Saiz ha destacado que los datos obtenidos por el simulador “permiten ser optimistas”. “El sistema de pensiones es sostenible, su gasto a futuro es asumible y las medidas que hemos adoptado están funcionando”, ha sostenido sobre las reformas aplicadas, como las que incentivan la jubilación demorada o varias modalidades para compatibilizar la pensión y el trabajo, así como desincentivan el retiro anticipado.

Los cálculos del simulador de la Seguridad Social se plantean como informativos y complementarios para el debate sobre las pensiones, pero no afectarán a la cláusula de revisión del sistema cada tres años aprobada en la reforma de 2023. En función de esta, la ley establece si hay que tomar o no medidas adicionales para asegurar la sostenibilidad de las pensiones públicas.

Este control –pactado por el exministro Escrivá con Bruselas– lo realiza la Autoridad Fiscal, que analiza tanto el gasto como los ingresos de la Seguridad Social a largo plazo. Para la previsión de gasto tiene en cuenta los datos de la Comisión Europea, que tiene su propio modelo de proyección.

En su primer análisis, la AIReF concluyó que se cumplía la regla de gasto de la cláusula, lo que descartó los ajustes adicionales por el momento. Antes de junio, el organismo independiente debe realizar un informe de seguimiento de este cálculo por orden del Gobierno, contra el que se posicionó la anterior presidenta de la AIReF, Cristina Herrero. Hace unas semanas fue elegida la nueva responsable de la entidad, Inés Olóndriz, hasta hace poco miembro del Ministerio de Hacienda.

En cualquier caso, la Seguridad Social reconoce que el objetivo de INTegraSS es mejorar la consistencia de las proyecciones que se realizan sobre pensiones, aportando datos de manera transparente y actualizada. La previsión del Ministerio es publicar los resultados de su simulador periódicamente. En principio, cada año.

CCOO ha celebrado la nueva herramienta que considera “de utilidad tanto para la información que se suministra a los grupos parlamentarios en el marco del Pacto de Toledo, como para el desarrollo de los mecanismos de concertación y diálogo social en relación con el sistema público de pensiones, mejorando la capacidad de evaluación y seguimiento de su evolución”. El sindicato ha añadido, no obstante, que esta “debe completarse con el desarrollo de herramientas equivalentes para la proyección de los ingresos del sistema”.

Más población y más crecimiento económico

Los resultados de la Seguridad Social reflejan un menor gasto en pensiones que otras herramientas de proyección por varios motivos. Principalmente, porque tiene en cuenta datos distintos, pero también supuestos diferentes.

Por un lado, el Gobierno destaca el principal valor de INTegraSS: la enorme base de datos de jubilaciones que tiene en cuenta el modelo de la Seguridad Social, con información real de millones de pensionistas, con datos de hasta 35 generaciones distintas (jubilados por año de nacimiento), destaca el equipo de Saiz. Otros modelos analizan una muestra de pensionistas y, además, con un menor nivel de granularidad en sus estimaciones frente a las distinciones de la Seguridad Social por sexo, tipo de pensión, edad y régimen.

Por otro lado, la herramienta del Gobierno tiene en cuenta supuestos distintos más optimistas que los de la AIReF. Por ejemplo, un mayor crecimiento económico (que ha calculado el departamento de Carlos Cuerpo), del 2,8% entre 2022 y 2030 y del 1,4% hasta 2050, frente a un empuje medio de la economía del 1,3% que prevé la Autoridad Fiscal en todo este periodo.

INTegraSS también proyecta una mayor cantidad de población en España para las próximas décadas, con 53,7 millones de personas en 2050, frente a las 52,1 de la Autoridad Fiscal, gracias principalmente a la migración. Fuentes de la Seguridad Social apuntan que todos los supuestos se han incorporado desde un principio de prudencia, con escenarios incluso conservadores que confían en que puedan ser mejorados en la práctica.

En Castilla-La Mancha, los centros logísticos automatizados ya no son una promesa de futuro, sino una realidad palpable. En ellos, la tecnología no solo aumenta la productividad: también reduce de forma significativa el número de trabajadores necesarios. Donde antes hacían falta cientos de empleados, hoy bastan decenas apoyados por robots, algoritmos y sistemas inteligentes. Este nuevo paisaje económico, que convive con nuestros campos y molinos, nos plantea una pregunta inevitable: ¿Quién pagará las pensiones dentro de veinte o treinta años?

El debate suele presentarse como un enfrentamiento entre generaciones. Por un lado, los jubilados, que reclaman pensiones dignas tras toda una vida de trabajo y cotización —porque su pensión no es un regalo, sino el fruto de haber contribuido durante toda su vida laboral—. Por otro, los jóvenes, que perciben cómo su salario soporta una creciente presión fiscal mientras su futuro resulta incierto. Sin embargo, este conflicto es, en gran medida, un espejismo. Enfrentar a un joven mileurista con un jubilado es discutir por las migajas, mientras el verdadero problema sigue sin resolverse.

Una trampa fiscal compartida

La situación actual refleja una contradicción evidente. Las pensiones suben para mantener el poder adquisitivo, pero un sistema fiscal que no se ajusta a la inflación provoca que parte de esa mejora se diluya. Al mismo tiempo, muchos trabajadores jóvenes sienten que su esfuerzo fiscal es cada vez mayor, sin que ello se traduzca en una mejora real de su capacidad de ahorro o acceso a la vivienda.

El problema no es que unos reciban demasiado o que otros aporten demasiado. El problema es que el sistema sigue dependiendo casi exclusivamente del trabajo humano en una economía que ya no funciona así.

Cuando la riqueza ya no depende solo del trabajo

La automatización ya está transformando sectores enteros en Castilla-La Mancha. Lo vemos en la logística, pero también en otros ámbitos donde la tecnología permite producir más con menos empleo directo.

Esto genera una paradoja: aumenta la productividad y la riqueza, pero la base tradicional que financia el sistema —las cotizaciones sobre el trabajo— pierde peso relativo. Aquí surge una idea cada vez más presente en el debate económico: si las máquinas generan valor, ¿por qué no contribuir también al sostenimiento del sistema público?

Silicio y pensiones: ampliar la base del sistema

No se trata de frenar la innovación, sino de adaptarse a ella. Igual que en su día se construyó el Estado del bienestar sobre las cotizaciones del trabajo, hoy podría incorporarse una nueva vía: captar parte de la riqueza generada por la automatización y la inteligencia artificial. Podríamos llamarlo, de forma sencilla, una “cuota de solidaridad tecnológica”. Una forma de que el silicio —la base de los microchips que hacen posible esta revolución— también contribuya al contrato social.

Las consecuencias de un enfoque así serían relevantes:

Cambiar el enfoque para evitar el conflicto

Cuando se amplía la base de financiación, el debate deja de centrarse en cuánto debe aportar cada generación. Ya no se trata de enfrentar a jóvenes y jubilados, sino de adaptar el sistema a una economía que ha cambiado profundamente.

En ese contexto, medidas como ajustar el IRPF a la inflación dejarían de ser una amenaza para las cuentas públicas y pasarían a ser una cuestión de sentido común y equidad.

El verdadero reto

El desafío no es menor. Se trata de actualizar un modelo diseñado en el siglo XX para una economía que ya pertenece al siglo XXI. La tecnología no es solo una herramienta de producción: es también una fuente de riqueza que debe formar parte del sostenimiento colectivo.

Enfrentar generaciones es un error. Es discutir por el último vaso de agua en medio del desierto. La solución no es repartir mejor la escasez, sino encontrar una nueva fuente.

Esa fuente puede estar en la fiscalidad tecnológica. Solo incorporando al sistema la riqueza generada por la automatización podremos garantizar algo esencial: que los jóvenes de hoy lleguen a ser los jubilados dignos de mañana.

Quizá el futuro del contrato social no se escriba únicamente con el esfuerzo humano, sino también con el silicio de las máquinas que ya están transformando nuestra economía.

La pensión media por jubilación se situó en Asturias en marzo en 1.835,89 euros, el segundo mayor importe entre las comunidades autónomas tras el País Vasco, según los datos publicados este viernes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

La pensión por jubilación, que en la comunidad perciben 187.922 personas, es un 17,1% superior a la media nacional, que ascendió a 1.568,46 euros.

La tercera más alta del país

La pensión media en Asturias -incluidas las de jubilación, viudedad, orfandad, incapacidad permanente y en favor de familiares- ascendió a 1.575,83 euros, un 3,72 % más que hace un año.

La pensión media asturiana, que es un 15,24 % superior a la media de España (1.367,38 euros), es la tercera más alta de entre las comunidades autónomas, por detrás del País Vasco y Madrid.

Por tipo de pensiones

El número total de pensiones en Asturias ascendió en marzo a 303.051, un 0,43 % más que hace un año.

Por tipo de pensiones en Asturias, además de la de jubilación, la de viudedad se situó en una media de 1.110,67 euros, con 75.746 beneficiarios, y la de orfandad, en 665,44 euros, con 8.630 beneficiarios.

La pensión de incapacidad permanente, que en Asturias cuenta con 28.701 beneficiarios, fue de 1.409,68 euros, y la de favor de familiares, con 2.052 pensionistas, de 1.082,91 euros.

La revalorización

En todo el país, la Seguridad Social ha abonado este mes 10,46 millones de pensiones a 9,5 millones de pensionistas, lo que ha supuesto un desembolso de 14.307,7 millones de euros, un 6,04 % más que en marzo de 2025-, según los datos publicados este viernes por el Ministerio de Seguridad Social.

Este incremento recoge la revalorización de las pensiones aprobada para este año, con una subida del 2,7 % con carácter general, tasa que asciende al 7 % en el caso de las mínimas y al 11,4 % en el de las no contributivas.

La pensión media

Del total de la nómina, 10.474,4 millones de euros van destinados a las pensiones para los jubilados, 2.280,4 millones para la pensión por viudedad, 1.329,8 millones para las incapacidades permanentes, 184,7 millones para la orfandad y 38,3 millones para las prestaciones en favor de familiares.

La pensión media de jubilación, que perciben más de dos tercios del total de los pensionistas (6,7 millones de personas), se sitúa en 1.568,5 euros mensuales, un 4,4 % más que el mismo mes del año pasado.

Por regímenes

Por regímenes, el importe de la pensión media de jubilación procedente del régimen general es de 1.728,7 euros mensuales, mientras que la del régimen especial de trabajadores autónomos es de 1.057,6 euros.

Además, en el régimen de la minería del carbón fue de 2.997,6 euros mensuales y en el régimen del mar fue de 1.733,4 euros.

La pensión media de viudedad alcanzó los 973,4 euros mensuales.

La brecha de género

La cuantía mensual de las nuevas altas de jubilación en el sistema ascendió a 1.726,3 euros de media, siendo superior la del régimen general, que se situó en 1.856,15 euros de media, según los últimos datos disponibles, que son de febrero.

En marzo, 1.413.697 pensiones reciben el complemento para reducir la brecha de género, de las cuales el 76,4 % son mujeres (1.079.933) con un complemento medio de 76,95 euros al mes.

Complemento por hijos

El 24,1 % de los beneficiarios tiene un hijo, el 49,7 % dos hijos, el 17,8 % tres y el 8,4 % cuatro, con un complemento de 36,9 euros mensuales por hijo, tras la revalorización de este año, que se solicita al pedir la pensión.

Además, la nómina de las pensiones de Clases Pasivas ascendió a 1.765,4 millones de euros en febrero (último dato disponible), un 5,9 % más, al abonarse 738.008 prestaciones, un 2 % más, a 718.105 pensionistas.

El Régimen de Clases Pasivas del Estado incluye fundamentalmente al personal militar y al personal civil de la Administración General del Estado, de la Administración de Justicia, de las Cortes Generales y de otros órganos constitucionales o estatales, así como a funcionarios transferidos a las comunidades autónomas. 

El Ministerio de la Seguridad Social ya ha dictado una resolución para dar marcha atrás en el recorte “de golpe” en la pensión máxima por jubilación anticipada que la Seguridad Social está aplicando desde el pasado 1 de enero, en lugar de las penalizaciones progresivas pactadas en la reforma de 2021, como ha podido comprobar elDiario.es. Entre los elementos más importantes para los afectados, la Seguridad Social apunta que esta corrección tiene efectos retroactivos desde el “1 de enero”. Además se hará de oficio, sin que los pensionistas tengan que solicitarlo, responden fuentes del organismo.

La Seguridad Social ha difundido una nota informativa interna –a la que ha accedido este medio– en la que se hace eco de la resolución del secretario de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, del martes 24 de marzo, para corregir esta situación.

El documento recoge además que, a través de un oficio de ayer, 25 de marzo, la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social ha certificado que se deben volver a aplicar las penalizaciones por jubilación anticipada voluntaria pactadas con los sindicatos y la patronal en la reforma de pensiones de 2021, que se desarrolló en la Disposición Transitoria 34 de la Ley de la Seguridad Social.

El conflicto sobre las penalizaciones “de golpe”

La cuestión afecta a las penalizaciones (o coeficientes reductores) que se aplican a los trabajadores que se jubilan de manera anticipada y que tienen derecho a recibir la pensión máxima. En la reforma de pensiones de 2021 se pactó que esta penalización aumentara, dado que era en la práctica inferior respecto a los empleados con salarios más bajos, y se acordó un incremento progresivo de 2024 a 2033.

Sin embargo, a finales de año, la Seguridad Social comunicó de manera sorpresiva en la página web de su Simulador de la pensión que a partir del 1 de enero dejaban de ser de aplicación estos coeficientes progresivos. Desde esa fecha, el organismo público ha estado aplicando las penalizaciones previstas para 2033 “de golpe”, como denunciaron varios trabajadores afectados por el cambio a este medio.

En la práctica, esto puede significar un gran —y repentino— aumento de las penalizaciones por retiro anticipado para quienes cobran la pensión máxima. En el caso más extremo, el recorte puede alcanzar un extra de 400 euros al mes. “En mi caso pueden ser 300 euros menos de pensión al mes”, denunciaba Íñigo Pastor, que tiene que jubilarse en los próximos meses, cuando cumpla los 63 años, fruto de una prejubilación acordada en su empresa.

Los sindicatos mayoritarios CCOO y UGT se plantaron ante la Seguridad Social por este nuevo criterio. Se negaron a negociar cualquier otra cuestión con el Ministerio de Elma Saiz hasta que corrigiera esta interpretación –que consideraban que incumplía lo pactado en 2021– y hasta que desbloquee también la jubilación parcial de los empleados públicos.

Finalmente, tras un análisis de los servicios jurídicos de la Seguridad Social que considera que el recorte de golpe es “un perjuicio para los potenciales beneficiarios”, este 24 de marzo, el secretario de Estado ha dictado la resolución para retomar los coeficientes progresivos, con el consiguiente oficio de la Dirección de Ordenación.

CCOO y UGT han valorado positivamente la rectificación del Ministerio en un comunicado conjunto y esperan que “en breve se resuelva también la plena aplicación y el ejercicio efectivo del derecho a la jubilación parcial, en los términos acordados en 2024, con la mejora de regulación para las personas jubiladas parciales y la mejora de la calidad del empleo de las personas que entran como relevistas, para las y los empleados públicos”. Tanto el personal laboral, como “la extensión al personal funcionario y estatutario”, añaden las organizaciones de trabajadores.

Solución para las pensiones ya concedidas desde el 1 de enero

Además, la nota informativa destaca que la resolución del secretario de Estado “tiene efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2026”, es decir, que alcanza también a las pensiones ya reconocidas en lo que va de año a las que habían aplicado un mayor recorte en su cuantía. “La Subdirección General de Gestión de Prestaciones emitirá las correspondientes instrucciones sobre cómo proceder en estos casos”, añade la nota.

Según fuentes del Ministerio de la Seguridad Social, este ajuste en la pensión –que supondrá un aumento de las cuantías para los afectados– “se hará de forma automática desde el INSS”, sin que los pensionistas tengan que “solicitarlo”. “Tardará pocos días en ser efectivo este cambio en el simulador”, añaden a este medio desde el Ministerio de Elma Saiz.

A medida que se van acercando las fechas de la Declaración de la Renta de 2025, los pensionistas deben prestar atención a cómo se integran sus ingresos en el IRPF y cuáles serán sus obligaciones fiscales. Las pensiones de jubilación, al igual que los sueldos o las prestaciones por desempleo, se consideran rendimientos del trabajo, por lo que estarán sujetas a tributación y, en muchos casos, a retenciones mensuales. Conocer los límites de exención, las retenciones aplicables y las posibles excepciones legales resultará fundamental para planificar la declaración y evitar errores que puedan derivar en ajustes o sanciones.

Además de la cuantía percibida, existen factores como el número de pagadores, la situación familiar o la residencia en el extranjero que pueden influir en la obligación de declarar y en la cantidad de impuesto a pagar. Algunas pensiones, por su naturaleza especial o por circunstancias personales, estarán exentas de tributación, mientras que otras se incluirán íntegramente en la base imponible. Esta combinación de criterios hace que la declaración de la renta para pensionistas requiera atención y planificación, con el objetivo de garantizar que los ingresos se reflejen correctamente y que se cumpla la normativa vigente sin contratiempos.

Cómo declarar las pensiones de jubilación

Todas las pensiones contributivas de jubilación se consideran rendimientos del trabajo y, por lo tanto, deben incluirse en la Declaración de la Renta, salvo las excepciones específicas previstas por la normativa. Esto incluye tanto la pensión principal como cualquier complemento derivado de incapacidad o situaciones especiales. Por otro lado, las pensiones no contributivas, que cumplen con criterios de necesidad y cuantías limitadas, no generan obligación de presentar la declaración.

La obligación de declarar depende del importe percibido y del número de pagadores. Un pensionista con un único ingreso anual inferior a 22.000 euros generalmente no está obligado a presentar la declaración. Sin embargo, si se reciben ingresos de más de un pagador, el límite desciende a 15.876 euros anuales, siempre que la suma de las pensiones del segundo y siguientes pagadores supere los 1.500 euros en conjunto. De esta forma, se establece un equilibrio que evita que quienes perciben cantidades reducidas tengan que presentar la declaración, al tiempo que asegura que se incluyan todas las rentas relevantes.

En términos prácticos, los pensionistas que perciben ingresos del extranjero también deben tener en cuenta las normas aplicables a la doble imposición, ya que en algunos casos la pensión puede tributar en el país de residencia y no en España, dependiendo de los convenios bilaterales vigentes. Esto garantiza que los ingresos se gravan en la jurisdicción correcta sin que se genere un pago duplicado del impuesto.

Cuánto tributan las pensiones en la declaración

El porcentaje de retención aplicado a cada pensión varía en función del importe total anual, la comunidad autónoma y la situación familiar. Existen retenciones mínimas orientativas que se aplican según tramos de ingresos: pensiones de hasta 12.000 euros al año están sujetas a un 1 % de retención; las comprendidas entre 12.001 y 18.000 euros, al 2,61 %; las que van de 18.001 a 24.000 euros, al 8,69 %; las de 24.001 a 30.000 euros, al 11,83 %; y las superiores a 30.000 euros, al 15,59 %.

Estos porcentajes son orientativos y pueden variar en función de las deducciones personales y familiares aplicables a cada pensionista. Para conocer el cálculo exacto de la retención, se recomienda utilizar la herramienta oficial de la Agencia Tributaria, que permite estimar el porcentaje que se aplicará cada mes sobre la pensión. De esta manera, se evita cualquier sorpresa en la declaración anual, ya que los importes descontados durante el año se consideran adelantos del IRPF.

Cuándo están exentos de declarar los pensionistas

No todas las pensiones de jubilación están sujetas al IRPF. Existen casos concretos en los que los pensionistas quedan exentos de presentar la declaración o de tributar por los ingresos percibidos. Entre estas situaciones se incluyen pensiones derivadas de actos de terrorismo, en las que se incluyen prestaciones de viudedad, que se consideran ingresos totalmente libres de tributación.

También están exentas las pensiones concedidas en favor de familiares concedidas por la Seguridad Social, siempre que cumplan los requisitos de dependencia económica y convivencia con la persona fallecida. Este beneficio fiscal se aplica, en particular, cuando la pensión deriva de actos terroristas o cuando el fallecido tenía reconocida una incapacidad permanente absoluta o una gran invalidez. Además, las prestaciones a favor de familiares menores de 22 años también quedan libres de tributación.

Las pensiones derivadas de incapacidad permanente absoluta o gran invalidez son otro caso de exención parcial o total. La primera se concede cuando el trabajador no puede desempeñar ninguna actividad laboral, mientras que la segunda se aplica cuando la persona necesita asistencia de otra para realizar actos esenciales de la vida diaria. En estos casos, la exención alcanza hasta la cuantía máxima reconocida por la Seguridad Social, y cualquier exceso se considera rendimiento del trabajo y tributa como tal. Cabe destacar que estas pensiones pueden transformarse en pensiones de jubilación al cumplir 65 años, manteniendo la exención del IRPF.

Finalmente, las pensiones de orfandad también se encuentran exentas de tributación. Estas prestaciones económicas se destinan a los descendientes de personas fallecidas y, en algunos casos, a los aportados por el cónyuge del fallecido, garantizando que los beneficiarios reciban apoyo económico sin que ello suponga un incremento de su carga fiscal.

El calendario de pago de las pensiones vuelve a situarse entre las principales preocupaciones de millones de beneficiarios a medida que avanza el mes. Saber con antelación el día en el que se recibirá el ingreso permite organizar gastos básicos. Aunque existe una referencia general fijada por la Seguridad Social, en la práctica el momento exacto del abono depende de la entidad bancaria en la que esté domiciliada la prestación.

El sistema establece que las pensiones se abonan a mes vencido, con un marco que sitúa el pago entre los primeros días del mes siguiente. Sin embargo, la mayoría de bancos adelanta ese ingreso a los últimos días del mes en curso. Este funcionamiento se ha consolidado y, salvo excepciones puntuales, se repite de forma bastante estable mes a mes, lo que permite anticipar con cierta precisión cuándo se cobrará en función de la entidad.

Fechas de abono en marzo de 2026 según cada banco

En marzo de 2026, los pagos volverán a concentrarse en la última semana del mes, principalmente entre el lunes 23 y el miércoles 25. Las primeras entidades en realizar el ingreso serán Bankinter y Unicaja, que prevén abonar la pensión el lunes 23 de marzo. Este adelanto las sitúa, como es habitual, entre los bancos que más pronto ingresan la prestación.

El martes 24 de marzo será el turno de CaixaBank y Banco Santander, junto con otras entidades asociadas a sus grupos. A partir de ahí, el miércoles 25 se concentrará la mayor parte de los pagos, con ingresos previstos en BBVA, Banco Sabadell, Abanca, ING, Ibercaja, Kutxabank, Cajamar y Openbank, entre otros. Este último día reúne a la mayoría de entidades y, por tanto, a un volumen significativo de pensionistas.

Este reparto responde a la operativa interna de cada banco. Aunque la Seguridad Social fija el marco general, son las entidades las que deciden cuándo hacen efectivo el ingreso una vez disponen de la información necesaria. Por eso, dos personas con la misma prestación pueden cobrar en días distintos si tienen su pensión domiciliada en bancos diferentes. Aun así, el patrón es claro: los abonos se concentran en un margen reducido de días al final de cada mes.

Qué hacer si no te han ingresado la pensión

Si el ingreso no aparece en la cuenta en la fecha habitual, lo primero es comprobar el día concreto en el que suele abonar la pensión la entidad bancaria correspondiente. No todos los bancos pagan el mismo día y puede haber diferencias de hasta dos jornadas dentro de ese calendario concentrado en la última semana del mes.

También conviene tener en cuenta que, aunque los bancos adelantan el pago, la referencia oficial permite que el abono se realice dentro de los primeros días del mes siguiente. Esto significa que un retraso puntual no implica necesariamente una incidencia grave, sino que puede deberse a cuestiones operativas o a la forma en la que cada entidad procesa los ingresos.

Si tras esperar ese margen el dinero sigue sin reflejarse en la cuenta, el siguiente paso es contactar con el banco para verificar el estado del pago. La entidad puede confirmar si el ingreso está pendiente de contabilización o si existe alguna incidencia concreta. En paralelo, es recomendable revisar que los datos bancarios estén actualizados, ya que cambios recientes en la cuenta pueden afectar al proceso.

En caso de que no haya una explicación clara o el problema persista, el pensionista puede acudir a la Seguridad Social para comprobar si el pago se ha tramitado correctamente. A través de sus canales de atención es posible verificar la situación y detectar posibles errores administrativos. En la mayoría de los casos, los retrasos se resuelven sin necesidad de gestiones complejas y dentro de los plazos previstos.

Ya hay fecha para hacer efectiva la marcha atrás en el recorte “de golpe” en la pensión máxima por jubilación anticipada que la Seguridad Social está aplicando desde el pasado 1 de enero, en lugar de las penalizaciones progresivas pactadas en la reforma de 2021. Como adelantó elDiario.es, el Ministerio de Elma Saiz decidió revertir este criterio tras las quejas de sindicatos, con el apoyo de la patronal, aunque hasta el momento no había aclarado cuándo estaría en vigor. Fuentes del Ministerio responden a este medio que trabajan para que esté listo este mes de marzo.

“Estamos terminando el análisis jurídico sobre este asunto y esperamos que esté resuelto lo antes posible”, afirman en la Seguridad Social. “Nuestra intención es que esté en este mismo mes”, indican a preguntas de este medio.

La cuestión afecta a las penalizaciones (o coeficientes reductores) que se aplican a los trabajadores que se jubilan de manera anticipada y que tienen derecho a recibir la pensión máxima. En la reforma de pensiones de 2021 se pactó que esta penalización aumentara, dado que era en la práctica inferior respecto a los empleados con salarios más bajos, y se acordó un incremento progresivo de 2024 a 2033.

Sin embargo, a finales de año, la Seguridad Social comunicó de manera sorpresiva en la página web de su Simulador de la pensión que a partir del 1 de enero dejaban de ser de aplicación estos coeficientes progresivos. Desde esa fecha, el organismo público está aplicando las penalizaciones previstas para 2033 “de golpe”, como denunciaron varios trabajadores afectados por el cambio a este medio.

En la práctica, esto puede significar un gran —y repentino— aumento de las penalizaciones por retiro anticipado para quienes cobran la pensión máxima. En el caso más extremo, el recorte puede alcanzar un extra de 400 euros al mes. “En mi caso pueden ser 300 euros menos de pensión al mes”, denuncia Íñigo Pastor, que tiene que jubilarse en los próximos meses, cuando cumpla los 63 años, fruto de una prejubilación acordada en su empresa.

Fuentes sindicales esperan también que el nuevo criterio de la Seguridad Social esté listo de manera inminente, antes de que termine marzo. CCOO y UGT exigieron al Ministerio de Elma Saiz que solucionara esta cuestión, además del desbloqueo de la jubilación parcial para los empleados públicos, para seguir negociando cualquier otra cuestión en la mesa de diálogo de la Seguridad Social.

Un nuevo criterio para volver a aplicar los recortes progresivos

La solución por el momento se concretará en un nuevo criterio interno de la Seguridad Social que corrija la instrucción previa que se está aplicando en estos momentos, explican fuentes del diálogo social. Es decir, no tiene que pasar por el Parlamento y puede aplicarse de manera inmediata una vez se dicte.

El foco del conflicto es la interpretación de la Seguridad Social de la ley pactada con los sindicatos y los empresarios en 2021 sobre estos coeficientes reductores. En la disposición transitoria 34 de la Ley de la Seguridad Social se plasmó el periodo transitorio para elevar, poco a poco, estas penalizaciones. Sin embargo, se incluyó un 'pero'.

En el apartado uno se contempló —en un artículo de difícil comprensión— que estos coeficientes “solo resultarán de aplicación” cuando la pensión reconocida no resultase en ningún caso inferior a la que habría correspondido con la aplicación de las normas vigentes en 2021.

La Seguridad Social había interpretado que esta condición ya se había superado. Es decir, que la pensión máxima ya era en todo caso superior a la de 2021, debido a su aumento en los últimos años de elevada inflación. Ahora, el organismo público trabaja en la argumentación jurídica para justificar que se vuelva a aplicar el recorte progresivo.

Quejas por la “incertidumbre” y las pensiones ya recortadas

Varios trabajadores y pensionistas afectados por esta situación han denunciado a elDiario.es la gran “incertidumbre” y la “ansiedad” que están viviendo en relación a la cuantía de sus pensiones. “Que es para siempre”, subraya Íñigo Pastor.

Primero, por un cambio de criterio sin apenas antelación ni comunicación a los afectados por parte de a Seguridad Social, que supone diferencias sustanciales en las cuantías de las prestaciones. Y, después, una vez el Ministerio afirmó a este medio que daba marcha atrás en este recorte de golpe, por la falta de respuestas en este sentido en las oficinas y otros canales de información de la Seguridad Social, donde han seguido diciendo a los afectados que las penalizaciones progresivas ya no son de aplicación.

“La opacidad no puede ser una política pública. Quienes cumplimos los requisitos legales para una jubilación anticipada voluntaria tenemos derecho a que una decisión del tal calado como el cese de la vida laboral pueda tomarse con confianza basada en información veraz y transparente del órgano gestor, tal y como marca la ley y nuestra Constitución”, dice Juan (nombre ficticio), en una queja presentada a la Seguridad Social.

Varios afectados están demorando la jubilación unos meses, hasta que se solucione esta situación. En los sindicatos recuerdan que la pensión se puede pedir con efecto retroactivo de 90 días, por lo que estaban recomendando por el momento aplazar las citas con la Seguridad Social hasta que se aclare este aspecto.

Pero hay algunas personas que no han tenido opción —o suficiente información— y se han jubilado desde el 1 de enero con este mayor recorte en su pensión. Por ejemplo, es el caso de las personas que tenían salidas pactadas en procesos de ERE y prejubilaciones, explica Íñigo Pastor, como algunos de sus compañeros, que tenían que jubilarse cuando cumplieran los 63 años de manera obligada.

Para estas personas que ya se han jubilado durante este primer trimestre, fuentes sindicales indican que han exigido al Ministerio “que puedan revisar la cuantía de su pensión”, algo sobre lo que son optimistas. Eso sí, por el momento no saben qué solución dará el departamento de Saiz: si una revisión de oficio de la Seguridad Social de las pensiones aprobadas en este lapso de tiempo o si las personas afectadas tendrán que pedir de manera proactiva que se les revise su prestación.

Una de las conversaciones más recurrentes entre los trabajadores y trabajadoras en España, sobre todo cuando acumulan años de experiencia y de cotización a la Seguridad Social, es la fecha definitiva de una posible jubilación y los detalles económicos de la pensión que les corresponderá cuando pongan fin a su carrera laboral legalmente. Las circunstancias particulares de cada profesional y los diferentes avatares a lo largo del tiempo complican mucho la comparación entre unas personas y otras, pero esos matices y dudas son los que ahora pueden resolverse a golpe de clic.

Y es que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Gobierno de España, organismo responsable de estas gestiones, ha puesto en servicio a través de su página web una herramienta online mediante la cual se puede conocer de forma rápida y sencilla, en unos pocos minutos, el importe aproximado de la futura pensión de jubilación que corresponde y el plazo estimado para alcanzarlo. Así, siguiendo los pasos indicados por esta calculadora de la Seguridad Social, se puede simular la pensión de jubilación y conocer todos los detalles al respecto.

Identificación

El primer paso que debe seguir cualquier persona que quiera hacer esta simulación es acudir a la página web oficial habilitada por la Seguridad Social como entidad responsable de estas gestiones. A partir de ahí, es necesario elegir entre la posibilidad de identificarse digitalmente —con Cl@ve Permanente, Cl@ve Móvil, certificado digital, DNI electrónico o identificación vía SMS— o acceder sin identificarse al servicio alternativo de cálculo de la jubilación ordinaria, incorporando directamente los datos necesarios, lo que hace algo más complejo el proceso.

En esta segunda opción es importante tener en cuenta que, a través de esta herramienta de 'Autocálculo', se puede conocer la fecha de jubilación ordinaria y obtener la cuantía de su pensión de jubilación, pero se trata de una aplicación en la que no se realiza conexión con otras aplicaciones de la Seguridad Social, por lo que el resultado obtenido será consecuencia de los datos sobre la edad, el tiempo cotizado y las bases de cotización que se cumplimenten y la pensión calculada tiene carácter meramente informativo, por lo que no genera derechos ni expectativas a su favor ni a favor de terceros.

Situaciones personales a tener en cuenta 

Respecto al simulador de jubilación, que sí cruza los datos personales del usuario con los registros de la Seguridad Social que son fundamentales para obtener los cálculos, ofrece un resultado más exacto y permite responder a preguntas como la edad en la que podrá jubilarse, a cuánto ascenderá la pensión económica, cuánto puede variar su cuantía en función de si adelanta o retrasa su retiro laboral, teniendo en cuenta siempre tanto los datos disponibles en cada momento como los que introduzca manualmente la persona que realiza la consulta.

Según señala el Ministerio de Seguridad Social en su propia página web, esta herramienta utiliza la información de cada ciudadano. De esta manera, es capaz de ofrecer un cálculo de la prestación de jubilación que correspondería. “Para ello, proyecta la situación actual de cada uno hasta la fecha de su jubilación ordinaria. Es decir, utiliza la información disponible y completa el tiempo que queda hasta la edad ordinaria de jubilación como si el trabajador mantuviese las condiciones que tiene en el momento de hacer la consulta, aunque permite modificar este último punto”, subraya este organismo oficial.

Además de permitir conocer las posibles fechas de jubilación, calcula la previsión de sus respectivas cuantías y muestra detalles completos del cálculo de la simulación de la pensión, incluyen las variables que se pueden producir derivadas de situaciones personales que se pueden modificar, como el hecho de tener hijos biológicos o adoptados y menores acogidos, haber solicitado el complemento para la reducción de la brecha de género, tener reconocida alguna discapacidad, haber realizado trabajos que permitan anticipar la jubilación, haber trabajado en el extranjero o tener la intención de trabajar después de la jubilación, por ejemplo.

Simulador de jubilación

Una vez tenidas en cuenta todas las circunstancias previas señaladas, el simulador de jubilación permite acceder sin identificación personal, haciendo un 'autocálculo' para el que será necesario introducir en un formulario diferentes datos personales como el nombre y los apellidos, la fecha de nacimiento y el tiempo de cotización en el momento de la consulta, así como las opciones de cotización y la legislación que afecta al usuario interesado.

Este método es bastante más complejo y requerirá también datos sobre las bases de cotización, cotizaciones pasadas y futuras, lo que dificulta obtener un resultado preciso si el usuario no cuenta con todos esos detalles de su vida laboral.

En cuanto al simulador de pensión de jubilación a través de identificación electrónica, el proceso es mucho más sencillo para el usuario, que no deberá aportar prácticamente ninguna información adicional. Utilizando la Cl@ve Permanente, la Cl@ve Móvil, el certificado digital, el DNI electrónico o la identificación vía SMS, un trámite habitual en la relación entre los ciudadanos con la Administración pública en España, ya se puede acceder de forma inmediata al resultado.

De esta forma, se puede saber tanto los días cotizados a la fecha de la consulta como los días que restan por cotizar hasta la fecha estimada de jubilación, la fecha exacta de la jubilación en las condiciones actuales del trabajador o trabajadora y la pensión inicial sin impuestos ni descuentos que cobrará a partir del momento en el que ponga fin a su vida laboral. Adicionalmente, este simulador ofrece la oportunidad de precisar de forma sencilla, con un simple clic, algunas circunstancias personales que influyen en el cálculo final de la pensión y las tiene en cuenta en los resultados.

Integrantes de la Plataforma Logroñesa para la Defensa de las Pensiones Públicas acudirán este martes a la Universidad de La Rioja para informar a los jóvenes de la situación real a la que se enfrentan nuestros mayores con unas pensiones públicas que “sufren continuos ataques” y eliminar “el mito del pensionista rico”.

El portavoz de la Plataforma, Pedro Gómez, ha asegurado que esta acción es “importante” porque a los jóvenes “se les vende una realidad que no es tal”. La realidad, según ha resaltado en referencia a varios estudios, es que por cada euro destinado a pensiones, el Estado recupera 47 céntimos en impuestos como IVA, IRPF o cotizaciones. Porque “cuando una persona se jubila sigue pagando los impuestos que les corresponden”.

Por eso y ante mensajes de “la extrema derecha” que hablan de que las pensiones son “una estafa piramidal” quiere dejar claro que “eso es mentira”. Las pensiones públicas -continúa- “sostienen el nivel de consumo, actúan como amortiguador económico clave en momentos de crisis y es uno de los pilares de la economía”.

Además, Gómez ha hecho referencia al informe 'Ingresos y gastos de los hogares españoles por edad y género' presentado por Fundación Mapfre y Fundación para Estudios de Economía Aplicada (FEDEA), que cuantifica por primera vez cuánto ingresa, consume, aporta y recibe del estado un ciudadano español según su edad y género.

“Cuando dicen que las pensiones son una carga para el estado es mentira”

Los datos de 2022 dibujan a las personas mayores de 55 años como una especie de “motor silencioso” y pilar central de la economía española, “representamos cerca del 34 por ciento de la población y concretamos casi el 39 por ciento de los recursos económicos totales de los hogares. También generamos el 32,8 por ciento del PIB”.

Así las cosas, indica, el grupo de 55 años en adelante está formado por 16,1 millones de personas (en 2022), “concentra 592.719 millones de euros en recursos, incluyendo rentas de mercado y prestaciones públicas. Reciben 183,070 millones de euros en prestaciones públicas pero también aportan 138.173 millones de euros en cotizaciones e impuestos, lo que representa el 34,5 por ciento del total recaudado”.

Además concentran el 68% del ahorro total de los hogares (73.578 millones de euros), es decir, han resaltado: “Las personas mayores no solo recibimos transferencias, sino que tenemos un papel fundamental en la financiación y la estabilidad financiera de España”. Por ello, ha respondido, “cuando dicen que las pensiones son una carga para el estado es mentira”.

Brecha de género

Pero además también han querido hacer referencia a la brecha salarial de género en las prestaciones de la Seguridad Social. En este punto, Elena Santamaría ha explicado que “las dos terceras partes de las mujeres pensionistas cobran menos de 1.000 euros y no les llega para pagar los gastos necesarios”. Reivindica por ello “la subida de las pensiones no contributivas que no pasan, la mayoría de 600 euros mensuales; el 60 por ciento están por debajo del SMI, sobre todo en las mujeres bajo el umbral de la pobreza”.

“Necesitamos un IPC real que recoja los gastos de la cesta específica de las personas jubiladas y que se nos vuelvan a ingresar las pagas de enero, que servían para hacer frente, en alguna medida, a estos desajustes”.

Además, ha indicado, las pensiones de menos de 900 euros son recibidas por el doble de mujeres que de hombres. Pide también una auditoría de la Seguridad Social porque “queremos saber a dónde fueron a parar los millones de euros que se sacaron de las huchas de las pensiones y para qué. Sabemos que las partidas de gastos impropios desviados de la caja de la seguridad social deben ser devueltas al sistema universal que garantiza las pensiones y gran parte de la sanidad pública”.

Por su parte, Pablo Benito, también integrante de la plataforma, ha explicado que “las pensiones no nos las regalan. Hay un contrato social que lo exige”. En el año 2025 “casi el 50 por ciento de la población jubilada cobraba menos que el salario mínimo interprofesional, 2 de cada 3 jubilados menos de 1.700 euros y 3,3 millones de estas personas cobran menos de 1.000 euros. 1 de cada 10 menos de 700 euros y alrededor de un millón de personas perciben entre 800 y 900 euros al mes”.

Para Benito el problema real es “el bajo salario de los trabajadores, sobre todo de los jóvenes, que implican bajas cotizaciones que a su vez generarán bajas pensiones de futuro”. A su juicio, “lo que quieren hacer es una tendencia a la privatización de las pensiones públicas, algo que no funciona. Un fracaso comercial y económico”.

Este es un sistema de pensiones “en el que el beneficio es para la multinacional o empresa privada que gestiona la pensión, no les cuentan toda la verdad. Van a invertir dinero en ello pero terminarán cobrando menos de lo que han invertido”.

El mayor envejecimiento relativo de nuestra sociedad es ya una realidad. Este no solo cuestiona las políticas de protección social hasta ahora vigentes, sino también la economía y la vida de las empresas, que deben adaptarse a la transformación demográfica. La más evidente es la que se conoce como silver economy, por las nuevas necesidades que deben cubrirse: un ‘país para viejos’, disponiendo estos de mayor capacidad adquisitiva que los jóvenes y que confrontan nuevas aspiraciones de consumo – ¡viajar! –, así como nuevas demandas de productos (zapatos sin cordones, chaquetas más que jerséis, alimentación más saludable). Pero la demografía también incide, como decíamos, en la plantilla de las empresas, que deben reajustar sus recursos productivos a un capital humano “diferente”. Por un lado, los cambios sectoriales en las tasas de participación específicas por edad (ante prejubilaciones en algunos sectores, prolongación de la vida laboral en otros) tienen un efecto desigual en la edad de la fuerza de trabajo deseable. Y hoy, la tecnología expulsa trabajo no “recalificable” de mediana edad.

Por lo tanto, de un lado, el reto importante para las organizaciones es cómo afectará el envejecimiento a los costes laborales, a la capacidad de innovación tecnológica, la productividad y la sostenibilidad de la empresa. Del otro, estamos ante una nueva realidad: hay quienes deben, pueden o quieren trabajar más años de los prescritos gracias al aumento de su esperanza de vida. O bien las pensiones o la situación económica los empujan a hacerlo, promoviendo índices más elevados de participación laboral y una vida activa más duradera. Las tasas de empleo de los trabajadores mayores de 55 años difieren notablemente en Europa. Suelen ser significativamente más altas en el centro y norte de Europa (por ejemplo, Suecia 77,9 %, Alemania 71,4 % y Dinamarca 70,7 %) y más bajas en el sur y el este (por ejemplo, Grecia 41,1 %, España 52,2 %). Además de los problemas antes mencionados, los factores obligatorios o incentivos elevados a abandonar la fuerza de trabajo debido a las pensiones de la Seguridad Social explican el resto.

Es evidente que resulta necesario examinar las respuestas de los empresarios ante la nueva situación, como son la modificación de las condiciones laborales, las jornadas de trabajo, la adopción de distintas fases ocupacionales, etc., además de los cambios exigibles en la regulación de las políticas de jubilación así como las reformas de otras prestaciones laborales. No podemos considerar “sana” una sociedad que no compensa suficientemente a quien cotiza más años voluntariamente, o que castiga a quien sabe que no “amortizará” sus contribuciones por falta de periodos mínimos de cotización, por más que sea la esperanza de vida que le reste. Así lo han señalado diversos estudios recientes. La mayoría de ellos analiza cómo varía la participación laboral y el tipo de trabajo realizado con la edad utilizando, por ejemplo, datos del Programa para la Evaluación de Competencias de Adultos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) o según las Estrategias de Empleo en servicios públicos de la Unión Europea (PES-EU). Estos textos documentan que, en el futuro, la capacidad de realizar trabajo físico, comprensión lectora y numérica o el uso de nuevas tecnologías se deteriorará en las personas adultas.

Gracias a la experiencia acumulada, los trabajadores de mayor edad pueden desarrollar otras funciones a partir de una mayor capacidad para planificar, orientar y supervisar otras muchas actividades

Pero gracias a la experiencia acumulada, los trabajadores de mayor edad pueden desarrollar otras funciones a partir de una mayor capacidad para planificar, orientar y supervisar otras muchas actividades. Con entornos laborales flexibles, a través de esquemas de jubilación que incorporen especificidades relativas a las habilidades de cada persona, referidas a distintas ocupaciones y/o acompañadas de un aumento de la formación continua, debería ser posible ajustar las plantillas de nuestras empresas a los cambios demográficos. Un trabajador de obra se le supone joven y fuerte; un camarero puede ser funcionalmente veterano. Una persona mayor difícilmente será jefe de informática; pero puede ser un buen repartidor de almacén. En algunos casos, personas mayores ayudan a colocar la compra de los clientes en el supermercado, auxiliando a los cajeros, lo que les permite un mínimo de socialización en países en los que la soledad mata.

Así pues, surgen preguntas que conviene abordar. Por el lado de la oferta, ¿qué acciones necesita una empresa para afrontar la transformación del capital humano necesaria para favorecer la continuidad deseada de participación en el mundo laboral por parte de trabajadores y empresa? ¿Cómo proceder a la adecuación de los puestos de trabajo en los diferentes estados de salud asociados a la edad, vistas las morbilidades prevalentes y los distintos perfiles de puesto de Trabajo que las nuevas tecnologías permiten? ¿No sería conveniente favorecer finales de trayectorias profesionales que permitan que estos se conviertan en trabajos autónomos a tiempo parcial o discontinuos que ayuden a mantener vidas activas y saludables?

En algunas actividades, envejecimiento y productividad van de la mano; en otras, la brecha tecnológica dificulta las mejoras de productividad. A veces la innovación empresarial compensa la discapacidad funcional vinculada al envejecimiento, ofreciendo segundas oportunidades. En nuestro país, muchos servicios personales, incluida la hostelería, deberían poder ofrecer esas segundas oportunidades a personas de mediana edad expulsadas de mercados en los que la tecnología sustituye trabajo de menor valor añadido. Un valor añadido que, de manera flexible, podría encontrarse en personas residentes, integradas, con conocimientos lingüísticos, que podrían ahorrarnos subsidios de desempleo o prejubilaciones. Unos excedentes que deberían contrastarse antes de explorar la ocupación de nueva mano de obra inmigrante, que de otro modo habrá que acoger agravando a menudo los problemas de vivienda y escolarización. No podemos despreciar tanta experiencia, capital productivo formado, cuando tanta es la necesidad de mano de obra que algunos empresarios señalan. Y que sea debido al envejecimiento de la población, cuando no estamos haciendo suficiente para retener nuestros mayores en el mercado de trabajo, suena cuando menos contradictorio.

El Tribunal Supremo ha establecido que, para los funcionarios del régimen de Clases Pasivas, el complemento de maternidad en las pensiones que aprobó el Gobierno de Rajoy (vigente entre el 1 de enero de 2016 y el 3 de febrero de 2021) también puede ser disfrutado de forma simultánea por ambos progenitores, como ya falló la justicia para el régimen de la Seguridad Social.

Así lo ha concluido la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal, en una sentencia fechada este 4 marzo, tras la deliberación conjunta de tres sentencias de padres que reclamaban el cobro de este plus en la pensión por sus hijos.

Este complemento, que fue sustituido en 2021 por el complemento contra la brecha de género en las pensiones, se concedía a las madres a partir del segundo hijo, con un alza porcentual de la cuantía de su pensión (dos hijos, el 5%; tres hijos, el 10%; y tres o más hijos, el 15%).

El Régimen de Clases Pasivas del Estado incluye fundamentalmente al personal militar y al personal civil de la Administración General del Estado (AGE), de la Administración de Justicia, de las Cortes Generales y de otros órganos constitucionales o estatales, así como a funcionarios transferidos a las comunidades autónomas.

Además, es un régimen en vías de extinción, por lo que el Régimen de Clases pasivas comprende a funcionarios que ingresaron al sistema de la Seguridad Social antes del 1 de enero de 2011. Si lo hicieron después de esa fecha, ya quedaban adscritos al Régimen General.

En la úlitma nómina de pensiones, el número de prestaciones en vigor en el Régimen de Clases Pasivas fue de 736.793, con un 2% de aumento respecto al año anterior. “Este tipo de pensión lo reciben 707.230 pensionistas”, indica la Seguridad Social.

El TJUE consideró el plus discriminatorio para los hombres

El Supremo recuerda que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en sentencia de 12 de diciembre de 2019, determinó que la norma nacional que otorgaba el complemento de pensión únicamente a mujeres con al menos dos hijos, y excluía a los hombres en situación comparable, constituía una discriminación directa por razón de sexo.

Entre los litigios derivados de esta situación de discriminación del complemento de maternidad, muchos hombres reclamaron este plus de manera compatible con el que recibían ya sus parejas. La Sala de lo Social del Tribunal Supremo determinó en una sentencia de mayo de 2023 que los dos progenitores tenían derecho a cobrar de forma simultánea el complemento por los mismos hijos, ya que se había concebido como un derecho individual y ambos tenían los mismos derechos.

“En estas condiciones, habiéndose configurado legalmente el complemento de maternidad como un complemento individual, la inclusión del colectivo discriminado por razón de sexo determina que los hombres adquieran el derecho al complemento en las mismas condiciones, puesto que la configuración legal inicial de las personas beneficiarias debe ajustarse al respeto de los principios constitucionales y, por ende, a las exigencias del principio de igualdad y no discriminación, lo que implica la inclusión de los hombres en el ámbito subjetivo de aplicación”, indica la resolución del Supremo.

Además, el Supremo señala que admitir el criterio de la incompatibilidad del disfrute dual del complemento, conduciría, o bien a la percepción del complemento solo por la madre, o, en su caso, por quien primero lo obtuviera; o bien a la aplicación de criterios de prelación o distribución, no establecidos legalmente, “lo cual incluso podría determinar que la madre que ya tenía reconocido el complemento de maternidad pudiera verse afectada por percibirlo, en todo o en parte, el otro progenitor”.

Por ello, los magistrados concluyen, también para el Régimen de Clases Pasivas, que el complemento de maternidad “puede ser disfrutado por ambos progenitores de manera simultánea, cuando se cumplan los requisitos establecidos en aquella disposición adicional”.

Las discusiones sobre el complemento contra la brecha de género

La sentencia del TJUE contra el complemento de maternidad provocó que se sustituyese a partir del 4 de febrero de 2021 por el complemento contra la brecha de género en las pensiones. No obstante, este segundo también ha sido considerado más tarde discriminatorio para los hombres por parte de la justicia europea.

Esto ha llevado a que los sindicatos reclamen una reforma del plus por temor a que lo pierdan las madres, ya que en el caso del complemento contra la brecha de género el Gobierno estableció como criterio que solo se puede ser percibido por uno de los dos progenitores.

Aunque los sindicatos han reclamado insistentemente una reforma a la Seguridad Social, por el momento no se ha llevado a cabo. Desde entonces, se ha disparado el número de nuevos pluses que se reconocen a hombres, incluso por encima de los que se conceden a mujeres.

En total, en febrero, había algo más de 1,3 millones de pensiones que reciben el complemento para la reducción de la brecha de género, de las que en “un 77,6% de sus titulares son mujeres”, indica el Ministerio de Elma Saiz.

La actualización de su pensión –apenas 30 euros más al mes– ha dejado a una jubilada zaragozana sin la tarjeta gratuita de autobús. Con la última revalorización, su prestación alcanza los 1.124 euros mensuales. Esa mejora mínima ha sido suficiente para superar el límite de ingresos exigido por el Ayuntamiento y que aplica la concesionaria del transporte urbano, Avanza Zaragoza, con el tope en 15.453 euros brutos al año.

Dicha cantidad, fijada como requisito para ser beneficiaria de la tarjeta gratuita, no se ha modificado desde 2018, lo que genera disfunciones con respecto a la subida de las pensiones. El mismo día que ella demandó la renovación de la tarjeta ante la ventanilla de Avanza en la galería comercial de ‘El Caracol, en el Paseo Independencia, María Ángeles Colungo no era la única que recibía la negativa. Recuerda que dos personas por delante de ella en la fila recibieron la misma respuesta entre la sorpresa y la indignación.

Un desplazamiento imprescindible

La situación resulta especialmente delicada por el uso que hace del transporte público.

Desde hace dos años, se desplaza desde el barrio San José, donde reside, al Hospital Miguel Servet, donde tiene que acudir frecuentemente para someterse a pruebas y revisiones. “Tengo una enfermedad crónica y día sí, día también tengo que acudir al hospital. Básicamente uso la tarjeta para eso”, explica María Ángeles, que hace varios desplazamientos semanales.“Quienes cobran 2.000 o 3.000 euros quizá no viajen en autobús y puedan permitirse un taxi de ida y vuelta, pero en mi caso es el único medio de transporte que puedo utilizar”, añade.

Paradójicamente, su pensión –1.124 euros al mes– sigue siendo inferior al salario mínimo interprofesional previsto para 2026, fijado en 1.221 euros. Aun así, supera por escaso margen el umbral que permite acceder a la gratuidad del transporte.

A sus 66 años, María Ángeles Colungo se pregunta si es razonable que los baremos no se hayan revisado desde hace ocho años. “Aunque nos suban la pensión, seguimos teniendo dificultades con la cesta de la compra”, resume.

Penalización de jubilaciones anticipadas

Su pensión ya estaba marcada por una reducción previa. Se jubiló de forma anticipada e involuntaria a los 63 años, tras agotar la prestación por desempleo al cerrar su empresa en la pandemia. La alternativa era acogerse a la ayuda de 490 euros para mayores de 52 años durante dos años, una cantidad insuficiente para subsistir.

Había cotizado más de 40 años, pero la anticipación le supuso una penalización del 15% sobre su base reguladora. De una base de 1.080 euros, con ese porcentaje su pensión se redujo a 800 euros mensuales. Con la subida histórica del 8,5% aplicada en 2023, la cuantía pasó a 1.019 euros.

Aun así, se considera “afortunada”. En otros casos, la penalización puede alcanzar el 24% cuando la jubilación se adelanta dos años respecto a la edad legal, un recorte que se mantiene de por vida.

Esta situación ha dado lugar a la plataforma Asjubi40 (Asociación Jubilación Anticipada Sin Penalizar), que reclama la eliminación de coeficientes reductores para quienes han cotizado más de cuatro décadas. Según sus datos, alrededor de 900.000 personas en España se encuentran en esta situación pese a su larga vida laboral. Sus reivindicaciones han llegado al Congreso y también han despertado interés en instancias europeas.

Pensiones al alza

Desde enero de 2026, las pensiones contributivas han subido un 2,7%, lo que supone unos 35 euros más al mes de media y cerca de 490 euros anuales en 14 pagas para una pensión media del sistema, que se situó el pasado mes en 1.316 euros.

En 2024 la revalorización fue del 3,8%, y en 2023 se produjo el mayor incremento reciente en las pensiones contributivas: un 8,5%, para compensar la elevada inflación de 2022.

En el caso de esta pensionista, la evolución ha sido progresiva: de 1.019 euros en 2023 a los actuales 1.124 en 2026. Sin embargo, el incremento acumulado ha terminado situándola fuera del umbral exigido para acceder a la tarjeta gratuita.

Transporte más caro

La tarjeta gratuita de transporte en Zaragoza está destinada a mayores de 60 años sin ingresos o pensionistas por jubilación, así como a menores de 60 con incapacidad absoluta o discapacidad igual o superior al 65%.

Los requisitos establecen que las personas solas –solteras, viudas, separadas o divorciadas– deben acreditar ingresos brutos inferiores a 15.453 euros anuales. En el caso de parejas, el límite asciende a 30.907 euros.

María Ángeles Colungo viaja ahora con un bonobús por el que tiene que pagar. El precio del billete de autobús y tranvía ha aumentado durante los últimos años. La oposición municipal en el Ayuntamiento de Zaragoza ha criticado que el transporte público haya encadenado subidas en tres ejercicios consecutivos.

Con las nuevas tarifas de 2026, el billete sencillo cuesta 1,70 euros, cinco céntimos más que en 2025, mientras que el viaje con tarjeta-bus cuesta 0,55 euros, un céntimo más que hace un año.

El concejal socialista Chema Giral recordaba que en Aragón el IPC, desde 2023 hasta la actualidad, ha subido un 6,1%, mientras que el PP ha subido el precio del transporte un 10%.

Además, el Consistorio mantiene pendiente la revisión de las ratios económicas con la empresa concesionaria, que permanecen congeladas desde 2018. Esa falta de actualización es, precisamente, la que hoy deja fuera del sistema de gratuidad a pensionistas que, pese a las subidas nominales, siguen moviéndose en márgenes económicos ajustados.

El Congreso ha aprobado este jueves, a la segunda, la revalorización de las pensiones para 2026, después de que decayera el Real Decreto-Ley ómnibus que aprobó el Gobierno a finales del año pasado, lo que forzó al Ejecutivo a desgajar la subida de las jubilaciones del resto del escudo social para asegurar su éxito parlamentario.

La norma ha recibido el apoyo casi unánime de la Cámara -solo Vox se ha descolgado-, ya que su convalidación estaba garantizada con el apoyo del PP. La ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, ha defendido que la revalorización es “una medida trascendental que afecta directamente al bienestar y a la seguridad económica de millones de personas”, ya que aseguran que las pensiones mantienen su valor real y da “estabilidad y certidumbre” a quienes “han contribuido durante toda su vida”.

“La actualización de las pensiones conforme al IPC es un derecho y, digo bien, que garantiza la dignidad y el poder adquisitivo de los mayores y es también un compromiso inquebrantable del Gobierno con quienes contribuyeron al sistema de la Seguridad Social”, ha defendido la ministra.

Pero esta política no es solo para los mayores, ha dicho Saiz, sino también es relevante para la juventud, a quien ha querido dirigirse: “Esto va de fortalecer al sistema público de la Seguridad Social para que las siguientes generaciones encuentren al menos la misma protección que hoy en día existe”.

En la misma idea ha coincido el portavoz de Sumar en el debate, el diputado Lander Martínez, que ha denunciado que “la derecha y la extrema derecha” tratan de instalar la idea de un “conflicto intergeneracional”. “No hay conflicto intergeneracional, hay conflicto de clases: usan a jóvenes precarios contra sus abuelos”, ha dicho.

Críticas del PNV al Gobierno y de Bildu a las derechas

El Gobierno ha recibido críticas de socios importantes como el PNV, que les acusó de llevar a cabo una “estrategia de trinchera permanente” al unir muchísimas medidas dispares en un mismo decreto-ley, como hizo el Ejecutivo a finales del año pasado, lo que PP y Junts utilizaron para argumentar su rechazo.

“Trataron de utilizar derechos tan sensibles como las pensiones como herramienta de tensión política”, ha dicho la diputada jeltzale Idoia Sagastizabal, que ha advertido a Saiz que esto “erosiona la confianza” de los grupos parlamentarios.

A la derecha ha criticado el diputado de EH Bildu Oskar Matute, que ha reprochado a PP y Junts su giro copernicano en las pensiones. “No puedo dejar de señalar la paradoja de este debate con respecto al anterior. Parece que alguien se olvida, seguramente de manera premeditada, que muchas de las medidas que se votaban en el anterior Real Decreto-Ley que se ha debatido [el escudo social], son medidas que, en buena parte, vienen siendo recibidas por pensionistas. Hoy aquí alguno dirá que defiende a los pensionistas, que no teman, que con ellos están seguros, pero hace nada han votado para que les corten la luz, el agua y la electricidad, para que desahucien a quien no puede pagar el alquiler porque sus pensiones son exiguas”, ha dicho.

El diputado de Junts Josep Maria Cervera Pinart ha defendido que el Gobierno haya tenido que aprobar dos veces la revalorización de las pensiones por la “incapacidad reincidente”, la “ineptitud” y la “incompetencia” del propio Ejecutivo. “Si esta revalorización no se ha hecho en tiempo y forma, generando incertidumbre y haciendo sufrir a la gente, solo es culpa del mal hacer y del abuso de Gobierno, del Gobierno de España, y no de Junts”, ha replicado a las críticas del PSOE y Sumar.

Por el PP ha defendido su postura el diputado Miguel Ángel Paniagua, que ha celebrado que La Moncloa optase por separar las pensiones del resto del escudo social. Sin embargo, ha reprochado que el Gobierno no asegura el poder adquisitivo de los pensionistas, mezclando en su argumento la no deflactación del IRPF y la subida del precio de la cesta de la compra.

Las pensiones suben un 2,7% en general y las mínimas, hasta un 11,4%

Con la convalidación del decreto, en 2026, las pensiones crecen en general un 2,7%, que es el dato de inflación media del año anterior y la referencia aprobada en la reforma de pensiones de 2021 para mantener el poder adquisitivo de sus beneficiarios. Hay más de 9,4 millones de pensionistas en España y, aunque la gran mayoría son jubilados, estas prestaciones incluyen más tipos: incapacidad permanente, viudedad, orfandad y en favor de familiares.

La subida del 2,7% supondrá, aproximadamente, “572 euros adicionales al año” para las personas con la pensión media de jubilación, que se sitúa alrededor de los 1.500 euros al mes. Son casi 41 euros más al mes, ya que las pensiones se abonan en 14 pagas, con la extra de verano y la de Navidad.

Para las pensiones mínimas, el Gobierno ha aprobado un incremento del 7%, que en las “pensiones con cónyuge a cargo y de viudedad con cargas familiares” alcanza el 11,4%, según indica la Seguridad Social. El mismo pocentaje que suben las pensiones no contributivas.

Así, en 2026, la cuantía de las pensiones de jubilación e invalidez íntegra, en su modalidad no contributiva, aumenta en 64 euros al mes y queda establecida en 629 euros mensuales, frente a los 564,7 euros al mes de 2025.

La pensión máxima del sistema rozará los 3.360 euros al mes, en 14 pagas, o 47.034 euros anuales. Se trata de 92 euros más al mes que en 2025, un 2,815% más respecto a los 3.268 euros mensuales de este año.