Yván Pozuelo es un profesor de Francés que aplica en las aulas un método que denomina “La rebelión del 10”. Es la nota con la que mayoritariamente evaluó al alumnado que asistió a sus clases en el IES Universidad Laboral de Gijón. El docente argumenta que con este modelo innovador los estudiantes están más motivados, ya que saben que se va a valorar su esfuerzo y la consecución de objetivos mediante la evaluación y coevaluación.

Sin embargo, su modelo de enseñanza centrado en la evaluación por competencias ha chocado frontalmente con la administración del Principado. El Servicio de Inspección Educativa de la Consejería de Educación le incoó un expediente en 2020, que se saldó con la imputación de cinco faltas -tres de ellas muy graves y dos graves- que derivó, un año más tarde, en una suspensión de empleo y sueldo durante ocho meses.

Yván lleva desde entonces recurriendo las sanciones, primero por vía administrativa ante la propia Consejería y posteriormente en los tribunales de justicia. Ya ha conseguido que se anulen cuatro de las cinco faltas, pero aún queda pendiente la resolución del recurso de apelación que interpuso ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) para que deje sin efecto los dos meses de suspensión que lleva acarreada la falta calificada muy grave que hace referencia a “la rebelión del 10”.

Él denuncia que es víctima de “una caza de brujas de libro” y anuncia que está dispuesto a llegar hasta el Tribunal Supremo (TS) si es necesario para que se restituya su “dignidad profesional”. Por su parte, un portavoz de la Consejería de Educación ha asegurado que el procedimiento se ha desarrollado “con todas las garantías para el afectado y respetando sus derechos”. 

La motivación del alumnado

Yván no se explica quién le ha denunciado, ni qué sentido tiene su sanción. Dice que, casi cuatro años después de que le comunicaran la apertura de una información reservada que derivó en el expediente, aún desconoce qué interés hay en esta “persecución” contra él. Comenta que nunca recibió quejas de la comunidad educativa, ni de los progenitores de los alumnos, ni de sus compañeros del claustro o de otros profesores que imparten su misma asignatura. “Esto es una locura. Por desgracia llevo cuatro años intentando pensar qué interés había en sancionarme y no tengo todavía la respuesta”, relata Yván a elDiario.es Asturias.

La Consejería le imputa el calificar de manera sistemática con una nota de diez a todo el alumnado, “independientemente de su dedicación, esfuerzo y rendimiento, atentando contra el derecho del alumnado a la evaluación objetiva e incumpliendo las funciones del profesorado establecidas en el artículo 91,1 de la Ley Orgánica de Educación”.

Este artículo dice textualmente que las funciones del profesorado son, entre otras, la programación y la enseñanza de las áreas, materias, módulos o ámbitos curriculares que tengan encomendados. El docente niega rotundamente que las incumpla.

La evaluación de hacer ejercicios, exámenes sin ton ni son, aprender cosas de memoria constantemente no son significativos para realmente seleccionar o para formar a los alumnos

Yvan Pozuelo, profesor sancionado

Es un firme partidario de la evaluación por competencias y recela de los resultados prácticos que puede aportar a los estudiantes la evaluación tradicional: “La evaluación de hacer ejercicios, exámenes sin ton ni son, aprender cosas de memoria constantemente no son significativos para realmente seleccionar o para formar a los alumnos”, expone.

En su opinión, los fallos y los errores no deben ser eliminatorios y por eso él opta por aplicar un método que da una vuelta al sistema educativo. Parte de la premisa de que cada estudiante tiene su ritmo, cada uno cuenta con unos conocimientos diferentes y esa diferencia debe ser tenida en cuenta a la hora de impartir clase.

“Yo no escojo a mis alumnos. Vienen todos a mi clase y yo no voy a decir: 'mira, con estos tres sí me quedo porque me trabajan, les gusta el Francés como a mí, les gusta las palabras, la historia...' ¿Y los demás, qué? ¿Hago lo que puedo o que se arreglen? No, eso no funciona así. Unos avanzan más rápido, otros más lento, pero en cuanto avanzan yo lo evalúo positivamente”, explica.

“Mis alumnos van a gusto a clase”, afirma

“¿Qué ocurre cuando tienes 120 ó 130 alumnos como yo tenía? Porque muchas veces piensan que como soy de una asignatura de Francés tenía clases pequeñas, cuando era todo lo contrario. La inmensa mayoría de mis clases estaban a tope con 26 y 31 alumnos, de media”, añade. Yván se decanta por la formación y reflexión continua y opina que hay un debate no sólo local y nacional sino internacional sobre la evaluación, la enseñanza y la educación hoy en día.

“Cuando había muchos profesores que se quejaban de la falta de disciplina de los estudiantes, de que no trabajan, de que no están motivados, etcétera, yo encontré un método con el que tengo a un gran porcentaje de alumnado motivado que va a gusto a clase porque saben que no los voy a eliminar, que voy a tener paciencia para que aprendan”, comenta.

En sus clases, todo el alumnado se autoevalúa y coevalúa. En la autoevaluación, la persona evaluada también es el evaluador. En cambio, en la coevaluación son los compañeros de un grupo o equipo los que se evalúan mutuamente.

Él mismo desarrolla su método: “Junto a los dos grupos, al de aquellos que son brillantes con los que vienen precedidos de la fama de no ser brillantes, para que el brillante reconozca al no brillante que sí adquirió un conocimiento, una competencia. Estoy cansado de ver a brillantes que coleccionan matrículas de honor y que siguen sin tener trabajo y sin estar en los buenos puestos. Mi método llama la atención y mientras algunos lo aprecian mucho, otros tienen una inquina tremenda conmigo”.

Yván niega rotundamente que él regale las notas. Mantiene que los alumnos que siguen sus clases se matriculan en su asignatura para aprender. “En la ESO y Bachillerato estamos en un proceso de enseñanza, de aprendizaje, no estamos preparando a los alumnos para que compitan entre ellos en ese momento. Es un conocimiento de cultura general -afirma- para que sepan ser competentes en muchos aspectos de la vida, no solamente en uno o dos. Después ya cuando se hagan adultos o cuando tengan su carrera ya competirán y harán oposiciones”.

“Yo no voy a ser el profesor que va a decir a un alumno que no va a ser algo, eso lo va a aprobar el propio alumno. Yo le podré aconsejar como mucho -indica-, pero nunca, nunca jamás, le diré yo un alumno: 'tú no vas a poder hacer esto'. Otros profesores son muy amigos todavía de decir 'tú no vas a ser, tú no vas a ser capaz, tú no vas a poder' a los alumnos de 13 ó 14 años e incluso algunos lo dicen a alumnos de siete y ocho años”.

El docente incide en que la “persecución” de la administración regional es una situación “surrealista” que también se refleja en las veces que ya le han denegado la asistencia a cursos de formación cuando antes de que se hiciera público su método no tenía obstáculo alguno para participar en este tipo de actividades.

“No ha gustado que se hiciera público, porque yo lo estaba haciendo durante siete u ocho años y nunca había tenido problemas. Nunca me escondí de nadie. Es más, escribí un libro explicando cómo lo hago”, asevera. Se trata del ensayo “¿Negreros o docentes? La rebelión del 10”.

El Principado ha demostrado con mi caso la falta de libertad de expresión, de opinión y de cátedra. Es el Estado contra el individuo. Esto es una caza de brujas de libro

Yván Pozuelo — Profesor de Francés sancionado

“Yo pensaba que había libertad de expresión en este país y veo que es hipócrita. Antes del libro no había problemas y éstos surgieron después de publicarlo, aunque el Principado dice que no es ese el motivo. Ha demostrado con mi caso la falta de libertad de expresión, de opinión y de cátedra. Es el Estado contra el individuo. Esto es una caza de brujas de libro”, asegura.

Yván se muestra especialmente crítico con la falta de apoyos que ha recibido en su calidad de trabajador por parte de los sindicatos de enseñanza: “¿Dónde estuvieron los líderes sindicales en este caso durante cuatro años o yo no soy un trabajador, un peón de la enseñanza?. No he tenido el derecho a tener la solidaridad del movimiento obrero y me parece realmente hasta demencial”, lamenta.

Para el docente, el problema radica en que desde la Consejería no saben evaluar por competencias, ni tampoco cómo éstas se registran, lo que según dice le deja en una situación de desamparo. Yván ya no trabaja en el IES Universidad Laboral. Su actual destino es la Escuela de Hostelería y Turismo de Gijón, donde imparte clases y donde ratifica que está muy contento.

No había una urgente necesidad de que nuestro representado cumpliera la sanción. ¿Qué prisa tenía la administración para que se fuera a su casa?. Nosotros lo interpretamos como una forma de hacer un escarmiento hacia el profesor por su método innovador

Jesús López de Lerma y Javier Díaz Dapena — Abogados del docente

Las argumentaciones de la defensa

El abogado Jesús López de Lerma asegura que en los más de 3.000 folios de que consta el expediente hay acusaciones que son “totalmente falsas” y cita como ejemplo que ponga dieces a todo el alumnado. “A lo largo del procedimiento se demostró que era incierto que fuera una nota general para todos los alumnos.

A partir de ese momento se le acusó de que el diez era la nota que ponía a la gran mayoría y que no evaluaba. Pero es totalmente falso. Nuestro representado sí evalúa y todos los dieces que ha puesto han sido merecidos si consideraba que el alumno había adquirido las competencias“, dice el letrado.

Estima que no había una “urgente necesidad” de que cumpliera la sanción y por eso se pregunta qué prisa tenía la administración para que Yván se fuera a su casa. “Nosotros lo interpretamos como una forma de hacer un escarmiento hacia el profesor por su método innovador, porque no tenía ninguna lógica y prueba de ello es que al final la jueza acordó la suspensión cautelar”, señala.

El juicio sufrió hasta dos retrasos. La primera vista estaba señalada para el 1 de diciembre de 2022 y se suspendió por un error administrativo cuando, según su versión, la Consejería no citó como testigos a varios profesores que había pedido la defensa en tiempo y forma, por lo que se tuvo que aplazar para celebrar en una sola sesión en una unidad de acto. La segunda vez se señaló para el 23 de febrero de 2023 y se suspendió por la huelga de funcionarios de justicia. Finalmente, la tercera y definitiva vista se celebró el 30 de noviembre de 2023.

Jesús López de Lerma y Javier Díaz Dapena calculan que el TSJA no se pronunciará en sentencia sobre el recurso de apelación interpuesto por la defensa antes de Semana Santa, aunque se muestran confiados en que finalmente la sanción de dos meses por la “rebelión del 10” sea anulada. “Tenemos muchas discrepancias sobre cómo se ha realizado el procedimiento, pero contamos con argumentos de forma y de fondo suficientes. Esperamos que la Sala los comparta y nos termine dando la razón”, ratifican.

El Servicio de Inspección Educativa incoó un expediente para investigar la decisión de este profesor de calificar con un 10 a casi todo su alumnado del IES La Laboral. El procedimiento se desarrolló con todas las garantías y respetando sus derechos

Consejería de Educación del Principado — Portavoz

La versión del Principado

Por su parte, la Consejería de Educación del Principado ha negado que el expediente abierto al profesor que ha concluido con la imposición de una sanción de suspensión de empleo y sueldo responda a una persecución por la publicación de su ensayo “¿Negreros o docentes?. La rebelión del 10”.

“El Servicio de Inspección Educativa incoó un expediente para investigar la decisión de este profesor de Francés de calificar con un 10 a casi todo su alumnado del IES La Laboral. El procedimiento se desarrolló con todas las garantías para el afectado y respetando sus derechos”, ha señalado un portavoz. 

El instructor concluyó el expediente a finales de 2021, donde apreciaba “varios cargos” y proponía una sanción “por cada uno de ellos”, relata. Seguidamente, “el docente recurrió ante un juzgado de lo contencioso-administrativo de Gijón, que lo ha estimado parcialmente, y ahora ha vuelto a recurrir en apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias”, ha manifestado.

Un caso que previsiblemente no terminará en los tribunales asturianos. Yvan lo tiene claro, está dispuesto a acudir hasta el Supremo si es necesario para que restituyan su dignidad profesional: “A ver si el Supremo ya da por finiquitada esta barbaridad que me ha hecho el gobierno autonómico, me deja tranquilo y yo puedo seguir dando mis clases y preparando mis proyectos con mis alumnos sin más persecuciones”, concluye.

El martes por la noche, después de mucho tiempo, nos fuimos a dormir con una buena noticia: el Tribunal Constitucional ha rechazado el recurso interpuesto por la ultraderecha y ha avalado la nueva Ley Orgánica de Educación que aprobó la mayoría progresista y plurinacional del Congreso de los Diputados. En primer lugar, es un avance sobre lo que viene pasando en los últimos años que el Tribunal Constitucional no pretenda erigirse en tercera cámara parlamentaria y modificar una ley aprobada por la voluntad de la soberanía popular. Y, en segundo lugar, es significativo especialmente que el Constitucional avale dos aspectos que la ultraderecha pero también la derecha de Feijóo utilizó ideológicamente como arma de confrontación contra el Gobierno de coalición: los conciertos a las escuelas que segregan por sexos y el modelo de inmersión lingüística en Catalunya.

Sobre las escuelas sexistas que segregan alumnos por sexo utilizando dinero público, especialmente en centros vinculados a órdenes ultrarreligiosas como el Opus Dei o Legionarios de Cristo, se trata de un avance democrático de primer nivel. Era poco democrático que, con subvenciones públicas por parte de toda la ciudadanía, no se aplicase el principio de la coeducación que debe ser uno de los vectores fundamentales de nuestro sistema educativo si de verdad queremos conseguir una sociedad más democrática, más igualitaria y, por lo tanto, más justa. Estaba totalmente fuera del sentido común que, en comunidades como Catalunya, por ejemplo, tanto los gobiernos de CiU-Junts y los de ERC, mantuvieran conciertos por un valor de 30 millones de euros a escuelas que separaban alumnos en función de su sexo mientras, en cambio, sigue infrafinanciada la escuela pública y es la comunidad autónoma líder en barracones, con más de un millar de estos en los pueblos y las ciudades catalanas.

Avanzar en coeducación es también avanzar en un sistema educativo más democrático. Por este motivo, los logros de la LOMLOE no se deben quedar solamente en frenar los conciertos sexistas de estas escuelas. Ahora hay que seguir desplegándola y aplicar también los aspectos que expulsan los conciertos elitistas de nuestro sistema educativo. Si la segregación por sexos, aunque residual, era una mancha en nuestro sistema, la segregación socioeconómica que se da a través de los conciertos educativos elitistas sigue siendo la gran mácula que todavía persiste en la educación española. Por esto, la LOMLOE, que nació fruto de un espíritu inclusivo de la educación española, debe transitar por propuestas, sanciones y retiradas de conciertos educativos a aquellos centros que incumplan la función social de la educación y el equilibrio del alumnado con necesidades educativas especiales.

Si la derecha española utilizó este tipo de conciertos para confrontar con el Gobierno de coalición, la derecha catalana lo hizo también con el modelo de inmersión lingüística en Catalunya. Recuerdo como Junts per Catalunya votó en contra de la ley aludiendo a que era falso que se protegiese y se blindase el modelo catalán de enseñanzas lingüísticas. Ahora, el Tribunal Constitucional pone en evidencia que el partido de Laura Borràs utilizó este argumento como relato y no tuvo ningún escrúpulo en hacerlo siendo consciente de que perjudicaba a una herramienta de cohesión social tan potente como es la lengua y la inmersión lingüística. En este sentido, el Constitucional ha avalado que la LOMLOE retire al castellano el papel de lengua vehicular del sistema educativo en Catalunya porque, afirma, eso no lo explicita así la Constitución Española. El manido argumento que han utilizado hasta la saciedad formaciones como Vox, Ciudadanos o PP queda desmontado justamente por el árbitro de la Constitución. Un tribunal que, pese a su politización y el secuestro político por parte del PP, no ha tenido más remedio que reconocer la evidencia.

Sería un buen momento para que el trío de las derechas asumiese el compromiso de no volver a instrumentalizar la lengua, de no politizar el modelo educativo de la escuela pública catalana y de no usar la rica diversidad lingüística de nuestro país como arma de tensión. No lo van a hacer porque no entienden la España en la que viven. Porque ponen sus mal entendidos intereses partidistas por encima de la convivencia entre los diferentes pueblos de España.

No obstante, la sentencia que hemos conocido respecto a la LOMLOE por parte del Tribunal Constitucional sí que demuestra una cosa: mantener un modelo educativo inclusivo y cohesionador como el de la LOMLOE depende de la voluntad política; no hay un mandato constitucional que apueste por uno u otro modelo. Por este motivo, y ahora que estamos a unos meses de agotar la legislatura del primer gobierno de coalición de España, una legislatura muy rica en elaboración de leyes sociales, es el momento de recordar que es vital mantener el Gobierno de coalición y sus alianzas progresistas y plurinacionales de cara al futuro si pretendemos que el sistema educativo español no vuelva a dar pasos atrás y nos sitúe otra vez en las épocas más oscuras de la ley Wert, la LOMCE, y la década de recortes educativos que dejó a la educación pública española en sus peores índices de inversión.

Más de 40.000 firmas en menos de diez días es lo que ha reunido la Plataforma en Defensa de la Filosofía de Castilla-La Mancha, un movimiento que nación con vocación regional, pero que ha pasado a tener carácter “nacional”. Está compuesta por docentes de filosofía de la región para defender el papel de la asignatura tanto entre el alumnado de Educación Secundaria Obligatoria como de Bachillerato. Cuenta también con el apoyo de la sociedad de Filosofía de la región, así como de la Red Española. El apoyo del que “goza” la materia en el país, recalcan, ha permitido que las reivindicaciones hayan tenido tan buena respuesta, tanto entre la ciudadanía como en los medios.

El movimiento no tiene relación con sindicatos, ni con partidos. “Ha sido una iniciativa por parte de las personas que nos conocíamos de la docencia de la filosofía, y hemos contado con el apoyo de la Sociedad”, recalca Alicia López, que es parte de la Plataforma. La Sociedad regional ha sido, de hecho, la que ha registrado una solicitud de reunión con la Consejería de Educación este miércoles 3 de noviembre, en la que piden que la asignatura sea obligatoria, como Filosofía o como Ética, y que no tengan una carga horaria menor a dos horas semanales. También piden, incluso, que se plantee la posibilidad de incluir Antropología como asignatura.

“Plus de vocación”

“En una semana no podíamos ya gestionar el apoyo que recibimos a través de WhatsApp. Se viralizó y el apoyo explotó. No se ha llegado a dar abasto a los mensajes compartidos. Y es que creo que la filosofía tiene un ”plus de vocación“ para los docentes”, reflexiona. El alumnado, a distintos niveles, también se ha unido a los canales de Telegram en defensa de la asignatura, recalca López, y ha realizado acciones en redes sociales para apoyar las reivindicaciones.

“Si entendemos que la democracia es tomar decisiones de manera colectiva, estas decisiones deben ir acompañadas de una serie de criterios que, como todo, se aprende. Al igual que aprendes a sumar, también aprendes a usar correctamente el pensamiento, a reflexionar o a pensar de manera crítica. Desde los orígenes de la filosofía, la conexión con la política y la salud de la democracia ha estado ahí. Tanto la reflexión del mundo humano y lo que nos rodea, ha sido parte de esta ciencia desde sus principios”, asegura la docente.

La Plataforma recuerda que, a pesar de que en 2018 el Gobierno de España mostraba un apoyo férreo a la materia, en el proyecto de reforma de la Ley de Educación, la LOMLOE, no se incluye el ciclo completo de esta materia entre los cursos de cuarto de la ESO y segundo de Bachillerato, “que pactaron todos los partidos”. De hecho, afirman que según está redactado el texto, “un alumno podría concluir la educación obligatoria sin haber cursado una sola materia de corte filosófico”. “El gobierno actual no ha cumplido lo prometido. Y no se trata de una promesa realizada en un medio de comunicación privado, se trata de una proposición no de ley aprobada por amplia mayoría en sede parlamentaria”, afirman.

La Filosofía merece un lugar en la educación. El futuro y salud de la democracia en nuestro país depende de ello

La Red Española de Filosofía ya pidió en junio de este año que se mantuviese la asignatura, por lo menos como asignatura optativa en 4º de la ESO. Pero las peticiones no se han estimado, afirman, y es por eso que colectivos, asociaciones y sociedades han solicitado reuniones con las consejerías de los distintos territorios. No sólo en Castilla-La Mancha, sino también en otros territorios como Extremadura o Madrid. En concreto, en Castilla-La Mancha piden la inclusión de contenidos filosóficos en la Educación Secundaria Obligatoria. Pero con tiempo y espacio suficientes para impartirse con la “complejidad y extensión necesarias”. “Solo así garantizaremos su máximo aprovechamiento”.

Meses “determinantes”

Por eso, además, piden que la materia de Educación en Valores, que se menciona en el artículo 25.7 de la LOMLOE, se adscriba a los departamentos de Filosofía de los centros educativos y que se imparta también en el tercer curso de la ESO. “De esta forma se lograría el ciclo completo y continuo de filosofía, que además contribuye de forma coherente a la consecución de los objetivos establecidos en la propia ley para cada etapa educativa”, señalan. Y en el caso particular de Castilla-La Mancha, se da la “especial circunstancia” de que ya existe una asignatura “muy similar” a Educación en Valores, la de Educación para la Igualdad. En la región, además, es obligatoria la asignatura en cuarto de la ESO para el itinerario de Enseñanzas Académicas y optativa para el de Aplicadas.

La Plataforma es “optimista” debido al impacto que consideran han tenido sus demandas a nivel social. Sin embargo, también son conscientes de que el momento es difícil puesto que la LOMLOE está “técnicamente aprobada”, pero que los decretos que estipulan la programación de los currículos de cada comunidad autónoma siguen en trámite. Por eso, señalan, los próximos meses serán “determinantes” para la asignatura. “Estamos preparando nuevas acciones, tanto en redes sociales, como a pie de calle. Nuestros objetivos y trabajo parten de la firme convicción de que la Filosofía merece un lugar en la educación y que el futuro y salud de la democracia en nuestro país depende de ello”, concluyen.

La reorganización de la estructura educativa de la LOMLOE, la nueva ley de Educación que el Gobierno aprobó en diciembre de 2020, apuesta por una ampliación de la oferta académica en Bachillerato, que pasa de los tres itinerarios actuales (Científico, Humanidades y ciencias sociales, y Artes) a cinco: Ciencias y tecnología; Humanidades y ciencias sociales; Artes en rama de Música y artes escénicas; Artes en rama de Artes plásticas, imagen y diseño; y el llamado Bachillerato General. 

Aunque a priori este planteamiento ofrece nuevas posibilidades a los estudiantes, los centros de Educación Secundaria Obligatoria del medio rural y los sindicatos advierten de que este modelo podría contribuir a generar más desigualdades entre los alumnos de la ciudad y aquellos que viven en pueblos, donde el número de estudiantes es mucho más reducido y por ende, también lo es la plantilla docente. Por eso consideran que implementar dos nuevas líneas de Bachillerato no será “viable” en la práctica a menos que se modifiquen ciertas condiciones y se dote de mayores recursos a los institutos.

La provincia de Teruel es un claro ejemplo de ello. La falta de alumnos para poder formar un grupo que cumpla con la ratio mínima es un problema real que ya afecta -con las tres líneas actuales de Bachillerato- a centros educativos ubicados en pequeñas localidades. Es el caso del I.E.S Fernándo Lázaro Carreter de Utrillas, donde este año se han quedado sin la línea de Humanidades en primero de Bachillerato. 

“Normalmente tenemos alumnos suficientes para que haya dos grupos, uno de ciencias y otro de letras y en este último otras dos vías, una de Humanidades y otra de Ciencias Sociales, pero este año aunque teníamos a un par de alumnas que querían optar por el bachillerato de Humanidades, no ha podido ser y asignaturas como griego o latín no se han podido ofertar”, explica Noelia Carrasco, directora del centro. 

Algo similar les ha sucedido con el Bachillerato científico de segundo año, donde solo se imparten asignaturas relacionadas con Ciencias de la Salud. “Solicitamos profesores para la rama  tecnológica porque nos lo pidieron algunos estudiantes, pero no nos lo han concedido... Siempre vamos escasos de recursos”, apunta Carrasco.  

La ratio mínima para poder abrir un nuevo grupo de Bachillerato en los centros educativos de Aragón es de diez alumnos, aunque en el medio rural existen excepciones y se abren aulas con tan solo tres o cuatro estudiantes. Aun así, es frecuente que los jóvenes se vean obligados a cursar asignaturas que no son de su interés o que no encajan en sus planes de cara a la EBAU o a estudiar una especialidad. 

En otro instituto de la provincia, el I.E.S Valle del Jiloca de Calamocha, ocurre algo parecido. Solo dos alumnos eligieron griego como materia optativa, aunque en este caso, para solventar el problema, el Departamento de Educación les ofreció la posibilidad de atender esta clase de forma telemática, gracias a la modalidad de Bachillerato a distancia que existe en otros centros de la provincia. Algo, que, según cuenta el director del centro, Rafael Civera, ya sucedió el año pasado con esta misma materia. No obstante, aseguran desde este departamento del Gobierno de Aragón que se trata de una excepción, dadas las circunstancias.

La otra opción que les queda a estos alumnos es desplazarse a municipios que sí dispongan de la oferta que ellos buscan o a la capital turolense, como ya ocurre con el Bachillerato de Artes, que solo se imparte en Teruel. Desde el sindicato, ANPE Aragón señalan la discriminación que esto supone para los alumnos del medio rural y el hecho de que estas situaciones no hacen sino “favorecer la despoblación y reforzar la centralización”.

Más recursos para evitar desigualdades

Según ANPE Aragón, para que estas nuevas líneas de Bachillerato tuvieran una aplicación real y viable en todo el territorio sería necesario “bajar los ratios de alumnos y ampliar la plantilla docente”, o dicho de otra forma, “una mayor inversión en educación, que actualmente está por debajo del 5% de los presupuestos”, apunta Teresa Hernández, presidenta del sindicato en Aragón. 

“Es un problema que estamos viendo desde los sindicatos y que va a suceder en todos los pequeños centros de educación y especialmente en el medio rural, pero desde las grandes ciudades nadie ha pensado en ello”, apunta Hernández, que lamenta la falta comunicación que existe con los territorios a la hora de plantear las leyes.

También desde los institutos rurales muestran preocupación ante la incertidumbre de cómo les afectará esta medida. “Por lo visto hay una opción intermedia, la del Bachillerato General, que es un poco para los indecisos, pero tenemos miedo de que sea la única opción que nos quede a los centros rurales. De nuestros chicos hay algunos que están indecisos, pero hay otros que no, que lo tienen muy claro”, señala Carrasco. 

Desde el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón prefieren no pronunciarse al respecto dado que la ley todavía está siendo revisada por las Comunidades Autónomas, que podrán remitir sus sugerencias al ejecutivo antes de que este tome la última decisión. Los posibles cambios deberán ser aprobados mediante real decreto, a todas luces, antes de que comience el próximo curso, cuando se espera que la norma entre en vigor en los niveles impares (primero y tercero de la ESO y primero de Bachillerato) y al siguiente en los pares. 

No obstante, sí que aseguran que alternativas como la modalidad on-line para algunas asignaturas están descartadas y recuerdan la excepcionalidad de esta medida. Tampoco a los institutos les convence esta opción, porque aseguran que “no es lo mismo” estudiar de forma telemática y que además supone “un puesto de trabajo menos”.

El Tribunal Supremo ha decidido condenar a 45 días de cárcel al diputado de Unidas Podemos, Alberto Rodríguez, por patear a un policía en una manifestación en La Laguna en 2014. Los jueces, con dos de ellos en contra apostando por absolverle, avalan la versión del agente y establecen que tendrá que pagar una multa de 540 euros en vez de cumplir la condena de prisión. Rodríguez, que ya ha anunciado que recurrirá y tendrá que indemnizar al agente con 50 euros, también queda inhabilitado para presentarse a unas elecciones y ahora el Congreso tendrá que decidir si le retira el acta.

La sala de lo penal da por buena la versión del agente de Policía Nacional que formaba parte del dispositivo de seguridad ese día. Miles de personas marcharon por La Laguna protestando contra la LOMCE mientras el ministro José Ignacio Wert visitaba una catedral en la ciudad. Los disturbios se produjeron en la puerta de la catedral cuando varios manifestantes quitaron las vallas de seguridad y se enfrentaron a los agentes antidisturbios.

El Tribunal Supremo entiende que Rodríguez sí estaba en esos disturbios y que pegó una patada al agente que no le causó más que una contusión en la rodilla. El diputado negó en el juicio haber estado en el lugar de los incidentes en ese instante pero los jueces dan por buena la declaración del agente de policía: dice la sentencia que la víctima “no expresó duda alguna respecto a que el acusado fue quien le propinó, voluntariamente, una patada en su rodilla izquierda”. Además, entienden los jueces, su declaración está corroborada porque fue “inmediatamente después” a ser reconocido por un médico y por “la temprana identificación policial del acusado como autor de los hechos”.

Los jueces también explican que la “apariencia física” de Rodríguez, muy alto y con rastas, “hace fácil su reconocimiento y el testigo manifestó, como ya se ha dicho, que lo conocía por haber asistido a otras manifestaciones con anterioridad”. 

Una opinión que no ha sido unánime. Dos magistrados de la sala - Susana Polo y Leopoldo Puente - han emitido un voto particular contrario en el que apuestan por la absolución. Cuestionan estos dos jueces que las declaraciones del agente y su superior sean suficientes para declarar probada la agresión: hay una “extrema parquedad del relato” que hace dudar. Dicen los discrepantes que “es posible que sucediera. No estamos en condiciones de descartarlo. Pero existen también otras múltiples posibilidades, igual o parecidamente probables. Es plausible, por ejemplo, que el agente pudiera haberse equivocado en la identificación”.

Rodríguez ya ha anunciado que recurrirá su condena y que, si hace falta, acudirá al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo aunque previamente debe agotar las vías judiciales nacionales ante el Tribunal Constitucional. Puede presentar también un incidente de nulidad ante el Tribunal Supremo. Su condena de cárcel lleva aparejada otra de inhabilitación para ejercer el sufragio pasivo, lo cual abre la puerta a que tenga que dejar su acta de diputado en el Congreso por Santa Cruz de Tenerife aunque esa decisión está en manos de la cámara baja. En la sala de lo penal entienden que incurre en inelegibilidad sobrevenida y además el artículo 21.2 del reglamento del Congreso especifica que “el Diputado quedará suspendido en sus derechos, prerrogativas y deberes parlamentarios cuando una sentencia firme condenatoria lo comporte o cuando su cumplimiento implique la imposibilidad de ejercer la función parlamentaria”.

Los vídeos presentados por la defensa para demostrar que Rodríguez no estaba en los disturbios en el momento de los hechos se han vuelto en su contra. El Supremo entienden que estas imágenes “no incorporan una grabación íntegra ni contienen una secuencia temporal ordenada de todo lo sucedido” por lo que no sirven para exculparle, pero sí para deducir que estuvo en el lugar de los hechos “cuando aún no habían finalizado los incidentes”.

Derecho de manifestación

Los jueces también rechazan una de las principales alegaciones de la declaración de Rodríguez durante el juicio: que fue identificado por los agentes como represalia a su activismo en diversas protestas del sector de la educación en Canarias en esa época. Explican que el policía no mostró ningún tipo de animadversión hacia él que pudiera sustentar una acusación falsa o imprecisa: “Estas afirmaciones del acusado no constituyen otra cosa que una creencia personal que no viene avalada por ninguna prueba, ni tampoco por indicios de su realidad mínimamente consistentes”.

También descartan que, como dijo Rodríguez en su derecho de última palabra, esta causa y acusación respondan a una represalia contra el derecho de protesta. Ese día, argumentan los jueces, “numerosas personas hicieron uso de ese derecho en aquella ocasión” y sólo se ha acusado a los que perpetraron actos violentos. Añaden los jueces que “la violencia no es inherente al ejercicio de los derechos de reunión y manifestación. La acusación sostenida en esta causa nada tiene que ver con el ejercicio de esos derechos fundamentales, sino con el empleo de violencia”.

Los jueces entiende que fue, por tanto, una “clara agresión” aunque sin consecuencias para el agente y declaran a Rodríguez culpable de un delito de atentado así como le absuelven de lesiones al haber quedado despenalizadas las faltas. También dejan en menos de la mitad la condena que pedía la Fiscalía al entender que su pena debe ser atenuada por los retrasos del proceso, incluso más de lo que alegaba su propia defensa. Establecen una rebaja en dos grados por haber tardado casi ocho años en quedar sentenciado en firme.

Explica el Supremo que “la duración total de la causa ha sido de especial extensión, en relación con la escasa complejidad del asunto, sin que aparezca justificación alguna” al mismo tiempo que ponen encima de la mesa los tiempos en que la causa ha estado paralizada. Todo esto lleva a los jueces a tener en cuenta como atenuante muy cualificada y rebajando su condena en dos grados. Al ser inferior a tres meses de prisión la pena se sustituye por una multa económica.

El voto particular

La sentencia del Tribunal Supremo no ha sido unánime, algo poco habitual en la sala de lo penal del alto tribunal. Susana Polo y Leopoldo Puente, procedentes ambos del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y de las últimas incorporaciones al Supremo, entienden que tendría que haber sido absuelto porque la declaración del agente no es lo suficientemente precisa como para declarar probado que él le pegó una patada. La prueba del caso, dicen estos dos magistrados, está “muy lejos de resultar suficiente” para cimentar una sentencia condenatoria.

Estos dos jueces definen como “singularmente lacónica” la descripción que el agente ofreció en el juicio sobre la agresión, lo que “apenas otorga valor alguno· a su persistencia en el relato. Un tribunal puede condenar a alguien sólo con la declaración de la víctima pero en este caso no se cumplen los requisitos. El agente ”no ilustró al Tribunal ni acerca de la forma en que se produjo el ataque ni tampoco proporcionó dato alguno para explicar por qué considera que la patada fue voluntaria“, dice el voto particular.

Tampoco consideran una prueba que fuera al médico por haber sufrido un golpe en la rodilla. “El testigo afirma que fue agredido y es el testigo el que acude a recibir después asistencia médica e identifica a su supuesto agresor. Se corrobora a sí mismo”, zanjan los dos magistrados. Los documentos médicos y los testimonios de las peritos y forenses introducen, incluso, más dudas que certezas según el voto particular.

Cuestionan incluso el proceso de identificación del acusado y critican que los policías que también le identificaron, supuestamente, no declarasen en el juicio. “Su primera identificación resulta confusa”, dicen los magistrados discrepantes, dejando la puerta abierta a que incluso fuera agredido por otra persona. “Es posible que sucediera. No estamos en condiciones de descartarlo. Pero existen también otras múltiples posibilidades, igual o parecidamente probables”.

La vicepresidenta Yolanda Díaz se ha referido a la condena del diputado de su grupo parlamentario, mostrando su apoyo y también su respeto por la decisión del Supremo. Ha dicho que “en primer lugar, respetar todas las resoluciones judiciales. Me consta que el diputado va a interponer el recurso y, por tanto, quedaremos a resultas de lo que resuelvan. También me consta que existen votos particulares, respecto de esta sentencia. Si me permiten, al margen de la valoración de la resolución judicial, conozco muy bien al señor Rodríguez y, por supuesto, mi solidaridad con el mismo”.

Hace unos días y de forma absolutamente casual, alguien junto a mí utilizó la reiterada frase “Houston, tenemos un problema”. Recordé las peripecias por las que los tres astronautas del Apolo XIII, encabezados por Tom Hanks, tuvieron que pasar para lograr una vuelta a casa, tras la explosión de un vehículo espacial; visualicé, una vez más, las brillantes imágenes que nos mostraban la belleza de la Tierra, contempladas desde los ojos de esos hombres angustiados por un retorno cada vez más complicado.

Esa visión de un planeta azul, minimizado ante la inmensidad espacial inabarcable, nos sumergía en una sensación desazonadora de inferioridad, de banalidad de los problemas humanos, contemplados a tal distancia sideral. Todo quedaba empequeñecido: las disputas conyugales, la mala relación con la jefa de la empresa, las dificultades económicas por llegar a fin de mes. Nada debía parecer a esa distancia importante; tan solo la supervivencia. La relatividad -y no hablo de la física- adquiría otra dimensión. 

Sin embargo, si miramos nuestro mundo desde nuestra realidad planetaria, humana, se puede obtener la misma sensación de insignificancia. Nuestro mundo al que seguimos llamando globalizado, por más que no nos guste en sus múltiples variables, nos ha puesto de nuevo en señal de recogimiento. Nos sigue costando enormemente utilizar las palabras de manera distinta a la que lo hacemos rutinariamente; por ejemplo, usar el nosotros en clave solidaria. Marina Garcés lo expresa con rotundidad: “Entre el yo y el todo no sabemos dónde situar nuestros vínculos, nuestras complicidades, nuestras alianzas y solidaridades. A pesar de que se haya hecho uno, el mundo global aparece a nuestros ojos como un mundo fragmentado, enzarzado en una guerra y en un conflicto permanentes: entre culturas, entre la legalidad y la ilegalidad, entre expectativas de vida, entre amenazas para la misma vida”.

La mayor parte de las ocasiones, utilizamos el nosotros/as en clave identitaria, frente al ellos/as. Nos gusta buscar vínculos de unión y señalamos constantemente aquellos otros que no nos identifican. Nos sentimos pequeños/as ante una globalización amenazante, pero somos grandes en el momento en que el enfrentamiento, la diferencia, nos señala.

Si la educación no queremos reducirla a un servicio, a un producto, debemos trabajar para implicar al resto y transformar espacios sociales y culturales en nuevos lugares de encuentro

Trasladada esta reflexión al ámbito educativo, podemos observar, a modo de ejemplo la controversia política alcanzada durante la tramitación de la LOMLOE. Sabido es que en un estado democrático, la divergencia de opiniones, la disparidad ideológica trasladada a la política provoca cruces argumentativos diversos, perfectamente asumibles desde la diversidad admitida socialmente. 

Sin embargo, en esta ocasión, la situación de enfrentamiento político alcanzó cotas preocupantes y el nosotros, una vez más, fue el estilete con el que marcar territorio común frente a “los bárbaros”. Esa identificación de personas ultrajadas -especialmente colectivos y agentes educativos de la red concertada- por lo que consideran una pérdida de libertad educativa, no hace sino señalar otra vez la necesidad de identificación para enfrentarse a quienes les contradicen. Buscan un reagrupamiento ante lo que consideran que es una afrenta irreparable. Es en momentos como ese cuando la necesidad de colocarnos ante el espejo de la verdad se vuelve una necesidad absolutamente humana; debemos entonces buscar la humildad y reconocer nuestras incoherencias, como casuales/intrépidos astronautas. 

¿Dónde si no en aquellas personas que reclaman la devolución de la libertad educativa perdida, hay que buscar la segregación que sufren cientos de miles de alumnas y alumnos de la enseñanza pública? ¿Quiénes si no dirigentes políticos conservadores han permitido construir centros concertados en terrenos públicos, desoyendo las voces que reclaman inversiones necesarias en la otra red? ¿Por qué tenemos que seguir escuchando de esas voces enfurecidas que hay que mercantilizar aun más la educación para que aquellas familias que puedan sigan siendo selectivas de profesión? La respuesta la encontramos nuevamente en la filósofa Garcés, cuando afirma que en el mundo global en el que habitamos no sólo el yo, sino el nosotros ha sido privatizado, “…encerrado en lógicas del valor, la competencia y la identidad”.

Pedimos, exigimos en ocasiones, que la educación sea capaz de adentrarse en problemas que la sociedad ha creado y no sabe cómo solucionar. Confiamos en que unos cambios metodológicos, una nueva ley educativa sea capaz de arreglar los desaguisados en los que hemos subsumido a una parte de colectivos distintos a la mayoría social. Deseamos que la próxima remodelación del currículo escolar transforme a jóvenes a los que nuestro sistema capitalista ha convertido en dependientes del “fast food” en veganos convencidos/as; presionamos para que nuestras enseñanzas sobre la excepcionalidad climática que vivimos consigan inundar plazas y avenidas de cientos de miles de Gretas Thunberg. Y durante ese tiempo, nosotros -como sociedad- continuamos consumiendo comida en lugares inapropiados y energía de forma incontrolada.

Pero no es así. Quienes participamos del trabajo educativo no podemos encerrarnos en la ilusa creencia de que podemos con tan ardua misión; no solos ni solas. Como bien argumentan los artistas y profesores de Secundaria, Marta de Gonzalo y Publio Pérez 

“Esto no es un trabajo que podamos asumir en exclusiva los educadores, de la misma forma que los sanitarios no pueden hacer frente, solo con su vocación, a las limitaciones de personal o la reducción de medios materiales, o a la irresponsabilidad individual o colectiva. La mano izquierda del Estado, que decía Bourdieu, o tiene un respaldo social o se desploma”.

Cuanto antes tenemos que tener la certeza de que en este barco que da tantos vaivenes no estamos solos/as; que la sociedad en su conjunto (políticos/as, instituciones y familias) no salta por la borda, en busca de otra nave más segura.

Si la educación no queremos reducirla a un servicio, a un producto, debemos trabajar para implicar al resto y transformar espacios sociales y culturales en nuevos lugares de encuentro. Vivir es aprender a vivir colectivamente y el sentido de ese aprendizaje es el fruto de una reescritura permanente y conflictiva de los saberes y de los valores que compartimos, nos recuerda Marina Garcés.

La sociedad tiene que involucrarse de lleno en el tipo de educación que desee y acompañar en esa transformación que teoriza. Sólo de ese modo, podremos coincidir con aquel momento dulce de la película citada de Ron Howard, en la que astronautas y operarios de la NASA reconocen que la misión puede tener el final feliz deseado: “Odisea, aquí Houston; encantados de oírlos, de nuevo”.

Por un par de semanas, el PP podrá salirse con la suya. El Ministerio de Educación ha admitido que las comunidades autónomas que publiquen sus resoluciones de escolarización antes de que la ley Celaá se apruebe –lo cual a piori no sucederá antes del día 23 de diciembre– lo harán con la Lomce como referencia por ser la ley vigente, tal y como anunció el presidente de los populares, Pablo Casado, que harían las comunidades donde gobiernan para esquivar la Lomloe.

Otra cosa es, ha explicado la ministra Isabel Celaá en rueda de prensa tras la Conferencia Sectorial de Educación celebrada este lunes, que el anuncio de Casado anunciando un boicot específico sea algo más que “una estrategia política para confundir”. Argumenta la responsable de Educación que el adelanto anunciado por los populares en el proceso de matriculación, medida por la que pretenden obviar los cambios en la distribución de alumnado entre las redes públicas y privada concertada que incorpora la Lomloe en aras de un mayor equilibrio entre ambas, no es tal porque estos procesos empiezan habitualmente en esta época del año.

“Es una estrategia política que busca confundir a la ciudadanía. No hay tal adelanto del proceso de admisión”, ha afirmado la ministra, que pone como ejemplo el caso de la Comunidad de Madrid, que ya ha sacado su normativa (muy similar a la del año pasado) y cuyo consejero de Educación, Enrique Ossorio, presumió de que “este es el primer paso de otros muchos” para diluir la Lomloe. La realidad es que diciembre es el mes habitual en el que Madrid inicia su proceso de admisión y matriculación de cara al siguiente curso: el año pasado sacó la resolución el día 18 de diciembre, pero hace tres fue el 2 de diciembre, según la ministra. “Convocar ahora ya se había hecho con anterioridad, el proceso de escolarización se desarrolla de acuerdo con la ley que está vigente en el momento”, ha sostenido el secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana.

El PP anunció el sábado que que hará todo lo que esté en su mano para impedir que los aspectos relacionados con la matriculación en los centros que recoge la ley Celaá entren en vigor este curso. El objetivo del partido es sortear las “limitaciones” en la elección de centros que, sostienen, incorpora la Lomloe. Sostienen los populares que su intención es que las familias puedan seguir “eligiendo libremente” el centro educativo para sus hijos. El líder del partido, Pablo Casado, explicó el sábado que el PP derogará esta “injusta” norma cuando vuelva a gobernar y que la recurrirá ante el Tribunal Constitucional y la UE, Casado ha enfatizado que su partido hará “todo lo posible” dentro del marco competencial autonómico para que la “mala” Ley Celaá “no afecte a la libertad de las familias, la calidad educativa y la vertebración del sistema nacional de educación”.

Educación insiste en que la Lomloe no coarta la libertad de elección, que se mantiene exactamente como estaba. Queda por ver cómo se realiza el desarrollo normativo de la nueva ley, pero la norma contempla algunos cambios a la hora de distribuir el alumnado por los centros en aras de un mayor equilibrio en la composición del alumnado de los colegios entre las redes de titularidad pública y la privada concertada, las dos patas de lo que se considera el sistema sostenido por fondos públicos.

La Lomloe introducirá, cuando sea aprobada, algunas modificaciones a la hora de repartir los alumnos entre la red pública y la privada concertada para evitar la segregación del alumnado en función de su origen socioeconómico, aspecto en el que España es campeona de Europa. Un estudio del reparto del alumnado por los centros realizado por la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) establecía que haría falta que el 38% de los alumnos de un determinado grupo socioecónomico cambiaran de centro para tener un reparto más equitativo en cuanto al origen del estudiantado (un índice de Gorard del 0,38). Los países mejor distribuidos bajan del 30%. Este mismo informe señalaba que si la Comunidad de Madrid fuese un país, sería el segundo de todo el continente que tiene un reparto más desigual del alumnado desfavorecido. Este problema se ha subestimado a menudo apelando a que es el reflejo de las diferencias sociales entre barrios, pero no es así, y menos en Madrid, que estableció hace años el distrito único en toda la región. En una ciudad como Barcelona, según datos revelados por elDiario.es, existen colegios con cuatro veces más alumnado pobre o inmigrante que la media de su propio barrio. Diferencias extremas a escasos metros.

En su preámbulo, la Ley Orgánica de modificación de la LOE (LOMLOE), aprobada en el Congreso la semana pasada, manifiesta no solamente que la Administración debe garantizar el derecho a la educación en condiciones de igualdad, y preservando además la libertad de elección de centro de las familias. También tiene que “velar para evitar la segregación del alumnado por razones socioeconómicas o de otra naturaleza”. 

Esta declaración inicial de intenciones se traduce en la modificación de distintos artículos, que van desde reforzar la gratuidad del sistema –las cuotas que cobra la concertada son uno de los principales factores que repele a las familias pobres– hasta las referencias a la distribución equilibrada del alumnado, pasando por cambios en los procesos de admisión y matriculación o en la planificación de las plazas. Se trata, en definitiva, de alteraciones en algunas de las distintas piezas del complejo engranaje que provoca la segregación. Un estudio de la Fundación BBVA y el Ivie ponía números a este tipo de segregación: la escuela pública tiene un 33% de alumnado de origen socioecónomico humilde, un 60% de entornos medios y un 6,7% de familias aventajadas. En la concertada es al revés: el 65,4% provenía de entornos aventajados, el 27,1% en la media y solo el 7,5% tiene origen humilde.

Cero de dos. España no ha mejorado en ninguna de las dos grandes pruebas internacionales educativas en las que ha participado con la ley llamada Wert plenamente operativa. La ley orgánica diseñada, teóricamente, “para la mejora de la calidad educativa” (Lomce). Los últimos resultados de TIMSS (un informe que mide las competencias del alumnado de 4º de Primaria, 9-10 años, de 64 países) reflejan una bajada tanto en Ciencias como en Matemáticas, y se unen de esta manera a los de la pasada edición de PISA, la prueba de la OCDE convertida en gran referencia mundial en los últimos años, que dejaron en este caso un estancamiento. Ni para arriba ni para abajo.

“La ley pretende mejorar la calidad y empleabilidad” de la educación, afirmaba el ministro José Ignacio Wert (PP) cuando defendía su proyecto. Tanto, que incluyó ese concepto en la misma denominación de la norma: una declaración de intenciones. No parece haber conseguido su objetivo, toda vez que la ley se justificó, al menos en parte, por los malos resultados en estas pruebas. “Los pocos indicadores que vamos teniendo ponen de manifiesto que la Lomce es una ley fracasada”, sostiene Francisco García, secretario general de Educación de CCOO.

Estas dos no son las únicas ediciones de PISA o TIMMS realizadas en nuestro país con la Lomce como ley educativa vigente, pero sí las dos en las que el alumnado que ha realizado la prueba se había formado ya con los cambios que trajo la ley Wert. En las anteriores ediciones, ambas celebradas en 2015 (el año en que se realizaron los exámenes en sí, se publicarían al siguiente), y dado que las leyes educativas se implantan normalmente desde los primeros cursos hacia arriba año a año, la Lomce aún no había tenido tiempo de hacer efecto.

Aunque este hecho tampoco impidió al Ministerio de Educación del Gobierno Rajoy atribuirse el mérito de las subidas que se registraron entonces. En el último TIMMS, el entonces director general de Educación, José Luis Blanco, se expresaba así en la presentación de los resultados del informe: “Las claves de la mejora son la introducción de una nueva ley educativa que ha pretendido atender a la diversidad de los alumnos y que ha insistido en la autonomía de los centros. Medidas como la libertad que ofrece la ley para la adaptación de los currículos, el establecimiento de hitos de evaluación y reflexión y de itinerarios en los centros producen efectos en los alumnos”. El PP solo veía un camino hacia arriba gracias a sus cambios educativos: “Es razonable que en cuatro años lleguemos a la media de la OCDE”, añadiría el número dos del ministerio, Marcial Marín. No ha pasado.

Los profesionales de la educación siempre matizan que los resultados de una ley se miden más en décadas que en lustros, pero otros añaden que el alumnado que se ha examinado para esta edición de TIMMS (que ha dejado un “ligero descenso” en Matemáticas y un “descenso significativo” en Ciencias, las dos materias que se evalúan, en ambas España está por debajo de la media de la OCDE y de la UE) se ha formado íntegramente bajo la Lomce. Es probable que aún haya otra edición de ambas pruebas para medir el impacto que haya podido tener la ley Wert en la educación antes de que sea sustituida por la Lomloe, actualmente concluyendo el trámite parlamentario. Los cambios más puramente educativos de la ley Celaá –a nivel de currículo y proceso de enseñanza-aprendizaje– no entrarán en vigor al menos hasta el curso 2022-2023.

El salto de la ley a la práctica

Luis Rodríguez, presidente de la comisión de Educación de la Real Sociedad Matemática Española (RSME) y profesor de Didáctica de la Matemática en la Universidad de Oviedo, explica que “en el caso de la Lomce una de las novedades era la introducción de los estándares evaluables de aprendizaje para intentar concretar de una manera más clara lo que había que evaluar. Incluso estaban alineados con lo que se evalúa en TIMMS”, añade. “Pero la concreción de esos estándares no se ha transmitido adecuadamente”. Probablemente porque el profesorado nunca los aceptó por añadir una carga burocrática difícil de asumir.

Estos estándares eran pequeños ítems que el alumno debía conocer de cada materia. Por ejemplo, en Tecnología un estándar podía ser: “Busca información en internet y otros medios para dar soluciones (...) a problemas”. El problema que denunciaban los profesores es que cada materia podía tener hasta 100 estándares que cada alumno debía conocer y el profesor corroborar que así era en interminables tablas. Tanto rechazo generaban que fue de lo primero que saltó por los aires con el confinamiento (y ya se venían cumpliendo de manera irregular).

Aparte del problema con los estándares, Rodríguez cree que hay dos cuestiones con este asunto. Por un lado, explica, está el método de enseñanza que mantenemos ley tras ley. Un sistema basado en “la práctica reproductiva: repetir cuentas, memorización sin darle sentido alguno a las matemáticas ni importancia al razonamiento”, argumenta. Un mal de base que viene desde más allá de la LOGSE y que ninguna ley –no lo hizo la Lomce y está por verse si lo hará la Lomloe– ha conseguido corregir.

Por otro, a veces hay ciertas reticencias de algunos profesores a actualizar sus métodos de trabajo. “Sigue pesando mucho la inercia en determinadas prácticas, tratar de reproducir en la que hemos sido educados”, comienza. “Que esto no se entienda como una crítica a los docentes, o si no que sea para todos. Algo están haciendo mal los profesores de Primaria y los que formamos a los profesores”, autocrítica.

En términos parecidos se expresa Carmen Fenoll, profesora de Biología Molecular y directora del departamento de Ciencias Ambientales de la Universidad de Castilla-la Mancha. “Los alumnos realizan un aprendizaje memorístico y pasivo”, lamenta. “Los contenidos son excesivos y cuando los estudiantes llegan a la Universidad les suenan los términos y conceptos, pero no tienen conocimientos profundos de ellos”, cuenta su experiencia. Y vuelve sobre los currículos: “Son absurdos. No pueden enseñarse tantas cosas y encima todas mal. Una revisión profunda de los currículos es urgente”.

La buena noticia es que esta revisión está en marcha: el Ministerio de Educación prepara una reforma de todos los contenidos que se imparten. La mala, que aún así la Lomloe supone “ una oportunidad perdida” para introducir en los jóvenes los conceptos científicos y la motivación por la ciencia a través de un aprendizaje diferente. “Hay pocas novedades en la nueva ley. Los cambios de normativos son fáciles de recoger en leyes y reales decretos. Cambiar la cultura de cómo se hacen las cosas requiere más tiempo”, coincide con su colega Rodríguez.

Fenoll también incide en el problema que generó la Lomce con los estándares de aprendizaje. “Los detalles que llegan a publicarse en el BOE o los desarrollos normativos de las comunidades autónomas son increíbles. Cada competencia y contenido está detallado, no hay margen de libertad para hacerlo de otra manera. Esto sucede de manera clarísima en Primaria. En Secundaria y sobre todo Bachillerato [aunque este es un problema distinto] un problema muy grave para la formación de los jóvenes que van a acceder a la universidad es que el 2ª de Bachillerato no es un curso para desarrollar aprendizajes y competencias, es para preparar la Selectividad.

García, de CCOO, lo tiene claro. “La LOMCE tenía una lógica muy ultraliberal y muy privatorizadora. Hacemos los estándares para, como decía un pedagogo conocido mío, 'pesar al pollo' (al niño), qué sabe, qué no. Pero no miramos donde tenemos que mirar”.

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha afirmado que puede que la nueva ley educativa (LOMLOE) no resulte “satisfactoria al cien por cien” para todos, pero ha asegurado que “es mejor” que la ley educativa anterior, aprobada por el PP en 2013, dado que esta última “igualaba a la baja” la política de becas, e “imponía” las reválidas y el castellano como lengua vehicular. Urkullu ha respondido este viernes, en el pleno de control del Parlamento Vasco, a una pregunta de PP+Cs respecto a su posición ante la LOMLOE, también conocida como 'ley Celaá', aprobada el 19 de noviembre en el Congreso de los Diputados con el apoyo de PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV, Más País-Equo y Compromís.

El presidente del grupo PP+Cs en la Cámara vasca, Carlos Iturgaiz, ha reprochado a Urkullu el apoyo de su partido -el PNV- a una ley que, según ha dicho, “arrincona” la educación privada concertada, “lamina” la educación especial y “margina” al castellano. Además, ha denunciado que desde el Gobierno Vasco se trate de afirmar que dicha norma “tendrá un impacto nulo” en Euskadi. Iturgaiz ha calificado de “aberrante” que el Ejecutivo pretenda buscar “cómo incumplir” una ley aprobada por los partidos que lo integran (PNV y PSE-EE), según apunta Europa Press.

El lehendakari ha respondido a Iturgaiz que es cierto que la LOMLOE no se aprobó con “consenso” entre las formaciones políticas, aunque ha recordado que la LOMCE -aprobada en 2013 con el único respaldo de la mayoría absoluta del PP- tampoco salió adelante de forma consensuada. Además, ha afirmado que aunque la LOMLOE pueda no resultar “satisfactoria al cien por cien” para todos, es “mejor” que la LOMCE, sobre la que ha denunciado que pretendió “igualar a la baja” la política de becas e “imponer” el castellano como lengua vehicular, algo que -según ha recordado- no había hecho “ninguna ley anterior”.

“Condicionar” el modelo

Iñigo Urkullu ha denunciado que la LOMCE aprobada por el Partido Popular trató de “limitar” los contenidos del currículo propio del sistema educativo vasco, así como “condicionar” el modelo de enseñanza de Euskadi, y pretendió “imponer las reválidas y sus contenidos” para la obtención de un título. Todo ello -ha censurado- “sin contar” con el Gobierno Vasco, que es la administración a la que “corresponde” la competencia de educación. “Esta ley es mejor que la anterior; porque no establece nuevas trabas y nos permite recuperar la autonomía que nos corresponde en materias como las becas, las lenguas, el currículo o el modelo”, ha manifestado. De esa forma, ha pedido al PP que no cree problemas “donde no los hay” con sus reproches a esta nueva norma.

Urkullu ha explicado que su gobierno seguirá trabajando para “mejorar la calidad, la equidad y la excelencia” de la educación vasca, un compromiso que se demuestra con “hechos”. Como ejemplo de dicha apuesta, ha recordado que el Ejecutivo autonómico ha aprobado este pasado martes una partida de 40 millones de euros para los centros de enseñanza concertada, que se añaden a los recursos que se destinan a la red pública. En total -según ha indicado- el Gobierno Vasco ha destinado 140 millones de euros para asegurar el desarrollo de la educación presencial con las debidas garantías de seguridad frente al coronavirus. El lehendakari ha subrayado que la educación requiere de “acuerdos y trabajo en común”, por lo que ha pedido al PP que “no cree problemas donde no los hay”. En este sentido, ha manifestado que la red concertada de Euskadi “es consciente” de que su situación es “diferente” a la del resto del Estado, por lo que “distingue” la incidencia que la LOMLOE puede tener en el País Vasco de la que tendrá en el resto de España.

Urkullu ha recordado que su gobierno ha asumido el reto de alcanzar “un nuevo pacto educativo”, y que es consciente de que aprobar una nueva ley vasca de educación requiere de un “amplio” grado de acuerdo, por lo que el Ejecutivo ya está trabajando en la consecución de este objetivo. En su intervención, el lehendakari ha hecho una breve referencia al relevo de Nekane Balluerka como rectora de la UPV/EHU, que este pasado jueves fue sustituida por Eva Ferreira como máxima responsable de la Universidad del País Vasco. Urkullu ha agradecido la labor desarrollada por Balluerka y ha deseado suerte a Ferreira, a la que ha felicitado por su designación.

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El ruido político sobre la nueva reforma educativa, conocida como ‘Ley Celaá’, convierte una vez a una de las materias más importantes para la sociedad en un arma política arrojadiza.

Analizamos las implicaciones de un proyecto aprobado pero sin consenso con los profesores y expertos en Políticas Educativas Manuel Muñiz Pérez y Belén Espejo e indagamos en las principales críticas de la oposición en torno a la escuela concertada, la educación especial o la lengua vehicular.

De postre, nuevo Debatuiter con Pepe Macías, Tuices, EL Humanoide y la invitación especial a nuestro colaborador 2Fotos.

El Congreso de los Diputados ha dado luz verde esta mañana al texto de la nueva ley de Educación, la LOMLOE, con la que se da fin a la LOMCE (más conocida como Ley Wert). El encargado por parte de Unidas Podemos para defender la modificación de la norma educativa, el diputado Javier Sánchez Serna, ha celebrado el fin de la LOMC por “consolidar en España un modelo educativo elitista, segregador y retrógrado” y que ha contado con la oposición de la comunidad educativa en su conjunto, organizada en la Marea Verde, a quien el diputado ha agradecido “sus años de lucha para recuperar una educación de calidad”.

Sobre las modificaciones introducidas en el texto durante su tramitación, Sánchez Serna ha señalado que, si bien la ley “entró al Congreso de los Diputados como la ley de un ejecutivo monocolor, va a salir como la ley educativa del Gobierno de coalición”. El representante murciano ha destacado los “importantes avances para blindar la educación pública, para impulsar la etapa educativa 0-3 años o para corregir la segregación socio-económica del alumnado en la red concertada”, medidas que “no estaban en el texto original y que vienen a reforzar el derecho a la educación de todos y todas”.

En cuanto a la actuación de la oposición durante el debate, Sánchez Serna ha acusado a PP, Ciudadanos y Vox de haberse lanzado a “una campaña de desinformación y bulos”, en lugar de criticar las medidas de la LOMLOE o contraponerlas a las supuestas bondades de su modelo de colegio de pago y reválidas“.

El diputado ha calificado como “auténticas barbaridades”, las afirmaciones vertidas y ha puesto como ejemplo la “completa falsedad” del bulo que las derechas han puesto en circulación sobre el cierre de centros de educación especial. Frente a estas acusaciones, Sánchez Serna ha aseverado que esta ley “apuesta sin ambages por la educación pública como eje vertebral del sistema educativo”, porque es la escuela pública la que “garantiza la igualdad de oportunidades y la cohesión social”.

Además, ha calificado como “falaz” el discurso de las tres derechas sobre la supuesta libertad de elección de las familias, ya que en realidad “no defienden la libertad de las familias a elegir una educación pública de calidad, a la que machacan a base de recortes, ni defienden la libertad de las familias con menos recursos”, que “ven cómo se las excluye de determinados centros y se les pide una cuota ilegal”. Ante este modelo, Sánchez Serna ha acusado a la oposición de “no defender los derechos de todos y todas, sino privilegios de unos pocos”.

El diputado murciano ha afirmado además que a esta Ley de Educación “le faltan varias cosas”, por lo que Unidas Podemos ha mantenido tres enmiendas que consideran de “especial importancia”. Estas enmiendas consisten en medidas para bajar la ratio de alumnado por aula, “garantizando así una atención más personalizada”, otra para sacar la religión fueran del horario escolar, “como hacen países vecinos como Francia, y avanzar hacia una educación laica”, y por último, una tercera para recuperar la asignatura de Ética en 4º de la ESO, “dando cumplimiento a lo que ya aprobó en su día el Congreso”.

El texto acordado entre PSOE, UP y ERC para blindar la inmersión lingüística en Catalunya a través de la LOMLOE (la nueva ley de Educación destinada a sustituir a la LOMCE) elimina la referencia a que “el castellano y las lenguas cooficiales tienen la consideración de lenguas vehiculares” y establece que “las Administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos y las alumnas a recibir enseñanzas en castellano y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con la Constitución Española, los Estatutos de Autonomía y la normativa aplicable”.

El texto, al que ha tenido acceso este periódico, apenas elimina 16 palabras de la anterior redacción (“el castellano y las lenguas oficiales tienen la consideración de lenguas vehiculares”) para cambiar el sentido de la disposición adicional que lo contiene, según explican fuentes de los partidos que han pactado este cambio. Esta enmienda se votará este jueves en el Congreso y está previsto que salga adelante.

Este cambio responde a la inquietud, principalmente de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), que piensa que la redacción anterior, con la frase retirada sobre las lenguas vehiculares, iba contra el programa de inmersión lingüística catalán, por el que toda la docencia se imparte en esa lengua (aunque los tribunales han establecido que las familias que así lo quieran tienen derecho a un 25% de clases en castellano). El PSOE apela a normalizar una situación actualmente judicializada y UP a “despolitizar la lengua”.

Según los expertos, la medida, si se aprueba finalmente, no comportará grandes cambios en la escuela catalana porque las familias que piden castellano son minoritarias y porque la Justicia ya entró en el tema en su momento y no ha querido pasar de ese 25%.

La disposición que se cambia sí mantiene las referencias a que “al finalizar la educación básica, todos los alumnos y alumnas deberán alcanzar el dominio pleno y equivalente en la lengua castellana y, en su caso, en la lengua cooficial correspondiente” y que “las administraciones educativas aplicarán los instrumentos de verificación, análisis y control propios del sistema educativo y promoverán la realización de análisis por parte de los centros, de modo que se garantice que todos los alumnos alcanzan la competencia en comunicación lingüística, en lengua castellana y en su caso en las lenguas cooficiales, en el grado requerido. Asimismo, impulsarán la adopción por parte de los centros de las medidas necesarias para compensar las carencias que pudieran existir en cualquiera de las lenguas”.

Además, también el PNV también está negociando otra enmienda respecto a la lengua. En el caso de los nacionalistas vascos, su texto “va más allá”, según fuentes del partido. Dice su propuesta que “el castellano es lengua vehicular de la enseñanza en Comunidades Autónomas que carezcan de lengua cooficial; en las Comunidades Autónomas con lenguas cooficiales, la lengua vehicular será la que determine en sus respectivos estatutos u normativa”, en un intento de fijar el Euskera como lengua vehicular en el País Vasco.

Un año después del primer intento, el Gobierno aprobó en marzo en el Consejo de Ministros su reforma educativa. Este segundo intento –el primero tuvo carácter simbólico, fue el mismo día que se disolvieron las cortes tras convocar elecciones– parece mejor encaminado después que este miércoles en el Congreso se hayan rechazado las enmiendas de PP, Vox y Ciudadanos a la ley destinada a sustituir a la LOMCE, la norma que aprobó el PP en solitario y que pese a haber “nacido muerta”, según dijeron todos los grupos políticos, ha gozado de sus buenos siete años de vida.

La ministra de Educación, Isabel Celaá, explicó en marzo que uno de los principales objetivos de la ley es que no haya segregación del alumnado, que el mayor esfuerzo debe estar en el ciclo del 0-3 y que “la enseñanza personalizada será el corazón de la ley” (¿con qué fondos y medidas?, se preguntan los docentes).

Pese a que las circunstancias políticas han cambiado desde que se aprobara la ley el año pasado, el Gobierno ha presentado el mismo texto para evitarse el trámite que exige todo proyecto de ley previo a su aprobación, como el periodo de alegaciones y los preceptivos informes de los organismos públicos correspondientes y que retrasarían el proyecto varios meses.

El Ejecutivo deberá moverse rápido si quiere que la ley entre en funcionamiento para el próximo curso. Los plazos que exige el trámite parlamentario de una ley orgánica como esta ya ponen en cuestión que Educación vaya a poder aprobarla a tiempo de que entre en vigor para el curso 2021-2022. Una ley necesita de unos tres meses para todo el periplo, y los colegios empezaron a planificar el próximo curso hacia mayo. Ya en marzo se dudaba de que haya tiempo: si el debate se enreda en el Congreso o Senado, no llegará en plazo.

La ministra Celaá se fijó como objetivos reducir el abandono y aprobar la tasa de titulados, para lo cual flexibilizará la repetición y la estructura de itinerarios para los alumnos. Religión perderá peso, se reajusta la división curricular entre Ministerio y Comunidades Autónomas y se revisarán un par de elementos del sistema de conciertos, como es el concepto de “demanda social”.

Uno de los debes más llamativos en la ley ha sido que se ha quedado fuera la intención que el Gobierno había anunciado de prohibir los conciertos a centros que segreguen a sus alumnos por sexo. Sin embargo, el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, ha asegurado después del Consejo de Ministros que el proyecto de ley se modificará en el trámite parlamentario y que se cortará la financiación a estos centros en virtud del acuerdo de gobierno entre su partido y el PSOE, que así lo recogía, informa Aitor Riveiro.

Estos son algunos de los principales cambios que propone la nueva ley.

Itinerarios y etapas

Comenzando por abajo, la LOMLOE quiere impulsar la educación infantil. Aunque esta etapa no es obligatoria, España ya roza la plena escolarización en su segundo ciclo (de 3 a 6 años) y el Gobierno quiere ampliar la oferta en el primero. La nueva ley recupera el carácter educativo de la educación infantil que la LOMCE cercenó para ir hacia un modelo más asistencial. Los centros deberán cumplir unos requisitos mínimos y elaborar una propuesta pedagógica para poder impartir la etapa, ha recordado Celaá. No serán aparcaniños.

En la Educación Primaria se recuperan los ciclos. Esto quiere decir que en vez de haber seis cursos más o menos independientes entre sí, se agrupan de dos en dos, formando una especie de todo que se evaluará en conjunto al final de cada uno, en los cursos pares. También se incorpora en el tercer ciclo (5º y 6º) una asignatura de Educación en valores cívicos y éticos. La ministra ha explicado que la ruptura de los ciclos en la LOMCE “ha supuesto un aumento de las repeticiones muy indeseable”.

En Secundaria se realizará uno de los mayores cambios de la ley, con el objetivo de reducir el abandono y aumentar la titulación: se eliminan los itinerarios y las dos vías distintas de titulación que establecía la LOMCE, y vuelven los programas de diversificación curricular.

Los itinerarios son un elemento que introdujo la ley Wert que básicamente consistían en derivar a los estudiantes con problemas académicos en 2º de la ESO a los llamados PMAR, programas alternativos, con currículos simplificados, que llevaba a una vía paralela de la Secundaria ese curso y en 3º para luego volver en 4º junto al resto. La LOMLOE recupera los programas de Diversificación de la LOE, que permiten la modificación de los currículos para estudiantes de 3ª y 4ª de la ESO. También obtenían el mismo título que los demás.

En Bachillerato la principal novedad es que, excepcionalmente y con informes favorables del centro educativo, los estudiantes podrán cursarlo en tres años. La idea de Celaá es que esta última etapa, no obligatoria, pueda ser parecida a la universidad y si no se supera un curso solo haya que repetir las asignaturas pendientes y no todas ellas. Pero hará falta un permiso especial.

También se introduce en esta etapa la obtención del título “por compensación”. Esto quiere decir que un alumno podrá sacarse el Bachillerato aún teniendo una asignatura suspendida, también de manera excepcional y previo informe del centro.

Admisión y repetición de curso

Los cambios en la gestión del alumnado suponen una de las principales novedades en la ley. Por un lado, el Gobierno quiere reducir la tasa de repetición, actualmente rondando el 30%. Para ello, se establecen varias medidas. En Primaria, la mencionada creación de etapas implicará que solo se pueda repetir al final de las mismas (en los cursos pares, 2º, 4º y 6º). En Secundaria se contempla que los estudiantes puedan superar el curso de forma excepcional si los responsables del centro consideran que esos suspensos no impedirán al alumno continuar los estudios con normalidad. El Bachillerato se podrá hacer en tres o superar con un suspenso, como se ha comentado.

La admisión es otro de los elementos que cambia. La LOMLOE establece que las administraciones educativas (o sea, los gobiernos autonómicos) podrán repartir al alumnado entre los colegios de su red (públicos y concertados) para evitar la segregación del alumnado por razones socioeconómicas. Se quiere evitar de esta manera la creación de colegios gueto con altas proporciones de estudiantes pobres o inmigrantes, una cuestión muy madrileña, por ejemplo.

Escuela concertada: no prohíbe la segregación por sexo

El sistema de conciertos también tendrá algunos cambios. Pero serán en cuestiones menores, Celaá ni se cuestiona la existencia de la red y Podemos parece haber renunciado a esa batalla. Las principales modificaciones en este área vienen por la eliminación del concepto de “demanda social” que introdujo el PP y también prohibirá concertar colegios que segreguen por sexo.

Con la primera medida se vuelve al sistema anterior a la LOMCE. Cuando aprobó su ley, Wert estableció que sería la “demanda social” la que decidiría si los centros de nueva construcción serían públicos o privados con concierto. Esto es, si muchas familias lo solicitaban, en base a parámetros desconocidos,el colegio sería concertado. Con la LOMLOE será el Estado el que planifique la red de centros para asegurar la oferta de plazas.

Lo que no ha quedado de momento recogido en la ley es el anuncio del Gobierno de retirar el concierto a los centros que segregan a sus alumnos por sexo. Lo ha anunciado repetidas veces la ministra Celaá y está recogido en el acuerdo de Gobierno –e incluso el propio PSOE denunció esta situación, también introducida por el PP, ante el Tribunal Constitucional, que validó la medida–, pero no ha sido trasladado a la ley.

Profesorado

El proyecto de ley también recoge que, en el plazo de un año desde su aprobación, el Gobierno presentará una propuesta normativa que regule la formación inicial y permanente, el acceso y el desarrollo de la carrera docente. La ministra Celaá ya ha explicado que su idea es hacer una especie de MIR docente que incluya un año de prácticas para los profesores antes de incorporarse a la profesión de pleno derecho.

Esta medida de momento apenas pasa del anuncio de Celaá. Educación no ha explicado si estas prácticas estarán remuneradas o a quién afectarán: ¿son para todos los profesores, solo para los de la pública...?

Currículum

El Ejecutivo quiere darle una vuelta a los contenidos que se enseñan en los colegios. Para ello, creará un Instituto de Desarrollo Curricular, en colaboración con las Comunidades Autónomas, que revise de manera permanente los currículos. La idea del ministerio es rebajar la contenidos de las asignaturas, que con el paso de los años y las leyes han crecido hasta el punto de que es complicado que se lleguen a acabar en clase.

Además, la LOMLOE también va a cambiar la distribución de las clases. La LOMCE estableció un sistema por el que el Ministerio de Educación fijaba una serie de asignaturas troncales, comunes para todos, y las Comunidades Autónomas tenían capacidad de elección sobre las optativas y las de libre configuración. Ahora se volverá a la LOE: Madrid decidirá sobre el 65% de las materias (55% si tienen lengua cooficial).

Religión

La asignatura pierde peso. La LOMCE le hizo ganar importancia al incluirla entre las materias que contaban para calcular la nota media, lo que tiene implicaciones a la hora de solicitar una beca, por ejemplo. Celaá la devalúa ahora, al establecer que volverá a no contar para la media. Además, la materia seguirá siendo de oferta obligatoria para los centros, pero optativa para los alumnos.

También se elimina la asignatura espejo (la que debían cursar los alumnos que no quisieran hacer Religión) bajo el argumento de que “la elección de unos [estudiar Religión] no puede ser la obligación de otros [tener que estudiar una asignatura más]”, según explica Celaá. Lo que no se ha aclarado es cómo se articulará esto, porque los alumnos que no la cursen no pueden tener horas muertas en mitad de la jornada, y ponerla al final implicaría problemas organizativos para los centros, como mantenerlos abiertos más horas o que los docentes de Religión tengan que trabajar fuera de su jornada.

España está un pasito más cerca de tener nueva ley educativa. El Gobierno ha salvado en el Congreso las tres enmiendas a la totalidad que habían presentado PP, Ciudadanos y Vox a la Ley Orgánica de Mejora de la LOE (LOMLOE), la ley destinada a sustituir la LOMCE de Wert. Será la octava ley educativa en democracia.

El debate parlamentario ha servido para dejar claro que si la mayoría de los partidos ha rechazado las enmiendas ha sido más por el rechazo que les plantea la actual ley que porque les encante la propuesta del Gobierno. La ministra de Educación, Isabel Celaá, ha escuchado reproches de todos los partidos. Por la izquierda, de Bildu, y por la derecha, el PNV. Entre medias, casi todos.

Sin embargo, a la hora de votar solo UPN ha apoyado las enmiendas a la totalidad. PSOE, Unidas Podemos, ERC, JxCat, PNV, BNG, Bildu, CC y Más País han votado en contra. En votos, 153 diputados han apoyado las enmiendas (52 presencialmente) y 195 las han rechazado (62 desde el Congreso).

Este primer rifirrafe parlamentario dibuja un panorama claro en el Congreso: el Gobierno tiene cierto apoyo y margen de actuación gracias a las ganas que hay en la Cámara de deshacerse de la Ley Wert. Pero, si los partidos en la oposición mantienen el fondo que las formas de sus discursos este miércoles, tendrá que modificar su proyecto de ley para conseguir el respaldo suficiente.

“Su ley nace muerta”

En un debate de marcado perfil femenino –las cuatro primeras portavoces han sido mujeres–, la ministra de Educación, Isabel Celaá, ha defendido que la ley tiene como objetivos generales reducir el abandono temprano, regular la carrera profesional docente, modernizar y flexibilizar los curriculos, fortalecer la autonomía de los centros y un tratamiento “urgente” del abuso de la repetición.

“Rechazar este proyecto de ley supone defender el mantenimiento de una ley que ha dado cobertura normativa a la política de recortes en educación, pasando del 5,04% del PIB en 2009 al 4,2% en 2018 mientras los fondos para conciertos y subvenciones han crecido”, ha recalcado Celaá en una rara en ella (por inhabitual) crítica a la escuela concertada. “Los argumentos de las tres enmiendas a la totalidad no responden al contenido de la ley”, ha añadido, para defender que se mantiene la libertad de elección

Celaá ha escuchado como reproche que su ley “nace muerta” –la fórmula que se usó en su momento para definir la LOMCE–, que va a durar lo que dure el Gobierno y que haya mantenido los plazos de los trámites pese a estar todavía en Estado de Alarma. Los opositores a la ley también afean al Gobierno que se haya saltado las preceptivas consultas públicas antes de llevar la ley al Congreso (estos trámites se pasaron la primera vez que el Gobierno aprobó la ley, a finales de la legislatura pasada hace un año, y el Gobierno ha considerado que al ser el mismo texto no era necesario repetir el proceso).

Enfrente, cada uno de los tres partidos de la derecha que había presentado una enmienda a la totalidad lo ha hecho por sus propios motivos, aunque con puntos en común como su rechazo al ataque (que ellos ven) a la escuela concertada por eliminar el requisito de la “demanda social” a la hora de planificar centros públicos que había introducido Wert.

Sandra Moneo, la portavoz del PP, ha sostenido que la ley es “del siglo pasado, de la imposición, del oscurantismo” y que supone un modelo “ya testado y cuyos nefastos provocaron que uno de cada cuatro alumnos fuera expulsado del sistema. Si le dijimos que no a la LOE, ¿cómo vamos a decir que sí a una reedicción de la misma ley?”. Georgina Trías Gil, de Vox, ha dedicado buena parte de su intervención a rechazar el “adoctrinamiento sectario que quiere imponer la ideología” a los jóvenes. Marta Marín, de Ciudadanos, le ha reprochado a Celaá que su ley “nace muerta” –la misma expresión que tuvo que escuchar Wert cuando aprobó la LOMCE–, y que no haya escuchado a la comunidad educativa. Las tres enmiendas han fracasado.

La octava ley

La LOMLOE será la octava ley de Educación en democracia, aunque grandes reformas del sistema ha habido tres. El nuevo proyecto, ha desgranado Celaá, “se sustenta en cinco enfoques”: establece como principio rector el cumplimiento efectivo de los derechos de la infancia como se establece en la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad; un enfoque transversal del refuerzo del aprendizaje; la importancia de atender el desarrollo sostenible; un enfoque de igualdad de género a través de la coeducación (aunque no prohíbe la subvención a centros concertados que segreguen por sexo); incorporar a la educación el cambio digital.

Estas son las medidas más específicas que propone la Ley Orgánica de Mejora de la Ley Orgánica de Educación (aquí una explicación más a fondo).

La ley Celaá quiere reforzar el primer ciclo de la educación infantil, ha recordado la ministra en el Congreso. Se especifican los requisitos mínimos que deben cumplir los centros y se recupera el carácter educativo de la etapa, que perdió con la LOMCE en favor de un modelo más asistencial.

En Primaria, el texto recupera los ciclos (se agrupan los cursos de dos en dos formando una especie de unidad y solo se podrá repetir en el segundo de los dos) que también quitó la LOMCE y que los expertos señalan como responsables de un aumento de la repetición. En Secundaria se eliminan los itinerarios y las dos vías de titulación (académica y aplicada) que estableció la Ley Wert. En Bachillerato, los estudiantes podrán cursarlo en tres cursos por módulos: se permite repetir solo las asignaturas suspendidas e incluso titular de forma excepcional con una sin aprobar.

Además, se eliminará el concepto “demanda social” como elemento a la hora de definir la política de construcción de centros (públicos o concertados), se compromete el Gobierno a presentar en un año una propuesta normativa que regule la profesión docente, se modificarán los currículos y se resta peso a la asignatura de Religión, otra medida que deshace una aprobada por Wert.

Lo que parecía imposible hace escasamente un año se ha producido. La mesa de diálogo entre el Gobierno del Estado y el Govern de la Generalitat de Catalunya se reunió, por primera vez, el pasado miércoles. A nadie se le escapa que esta reunión no hubiera sido posible sin un gobierno del cual formara parte Unidas Podemos y En Comú Podem. La apuesta por el diálogo, criticada durante mucho de tiempo por muchos sectores diferentes, fue estratégica dentro de nuestra formación política y, como se ha visto, la única salida viable y efectiva al conflicto político que vivimos.

Se equivoca quien, cuando habla de la resolución del conflicto político con Catalunya, contrapone la reivindicación de la libertad de los presos y las presas y el derecho a decidir a la financiación, la inversión en infraestructuras o el blindaje del catalán. Como si hubiera espacios de negociación “de primera” o “de segunda” y como si todo lo citado anteriormente no formara parte de una misma agenda nacional. Es un consenso en el catalanismo y en el soberanismo que el conflicto tiene múltiples causas: la no aceptación de Catalunya como sujeto político, pero también los ataques a la lengua, a nuestra educación, cultura y, también, a la carencia de inversión. En este sentido, precisamente porque el conflicto tiene diferentes orígenes, su resolución no puede pasar por un acuerdo parcial.

Por este motivo, queda claro que cuando el president Torra y Junts per Catalunya afirman que en la mesa de diálogo solo se tiene que hablar de dos cuestiones (la amnistía y el referéndum), lo que están haciendo es demostrar su miopía en relación a una salida del conflicto que, para que pueda durar en el tiempo, tiene que contar con el apoyo de la mayoría de los catalanes y las catalanas. Torra y JxCat hace mucho tiempo que representan a una parte muy pequeña del país en la cual, incluso, ya no se incluye gran parte del independentismo; pero esta ceguera partidista no puede hipotecar la oportunidad de un acuerdo global que nos tiene que permitir construir un nuevo marco de estabilidad en el que seguir avanzando como país. Hace falta, pues, que la mesa de diálogo aborde todas las problemáticas que están en la raíz del conflicto y trabaje con el horizonte de un proyecto de país inclusivo que entienda la soberanía y el autogobierno en toda su dimensión.

En este sentido, el modelo de escuela catalana que queremos proteger a través de la futura ley estatal de educación que tiene que derogar la LOMCE y que llegará al Congreso muy pronto es fundamental. Las falsas acusaciones de adoctrinamiento archivadas por los tribunales, la utilización de la Alta Inspección para intentar modificar aquello que el Estatuto y la Constitución permiten o la amputación de la escuela pública con una doble red que fomenta la segregación socioeconómica son ataques que ha sufrido nuestro modelo educativo y que, sin duda, podría volver a sufrir si el gobierno de España vuelve a pasar a manos de la derecha. 

Por eso, hace falta un modelo que blinde la inmersión lingüística, que sitúe la lengua vehicular como elemento de cohesión social y de igualdad de oportunidades entre un alumnado de origen lingüístico cada vez más diverso o que promueva la compensación en función de la realidad sociolingüística de cada territorio siendo el marco acordado entre Gobiernos. Y esto podría pasar en el contexto de una mesa de diálogo que es demasiado valiosa como para acotarla a un único tema. ¿Renunciaremos a un marco que dé estabilidad y seguridad jurídica a nuestro sistema educativo en un momento en el que claramente la derecha quiere utilizar la educación como arma para desgastar al gobierno de coalición? No se me ocurre que Junts per Catalunya colabore en una irresponsabilidad histórica de esta magnitud. En el actual modelo de escuela catalana tan importante ha sido el contenido en clave inclusiva de utilizar la lengua de forma compensatoria como el consenso previo con el que se diseñó el modelo. Un diseño que incluía fuerzas ideológicamente tan dispares como PSUC, PSC, ERC o CiU, y que tampoco suscitó el voto en contra del PP de aquel momento. Ahora, hay que volver a reformular los acuerdos de país de forma transversal y la mesa de diálogo es una oportunidad única.

La intención tendría que ser garantizar un marco estable que recomponga las confianzas políticas, aborde las soluciones desde un diálogo sincero y transversal y construya un proyecto de país inclusivo; para todos los catalanes y las catalanas, piensen lo que piensen. Una propuesta mayoritaria que nos facilite salir de las vías fracasadas actuales que han agotado la política como camino de resolución de los conflictos políticos, pero que, paradójicamente, nos han hecho evidente que la política es la única salida posible.

“Solo por el hecho de quitar la LOMCE ya es una buena noticia”. Esta frase, de un profesor de Secundaria de la Comunidad de Madrid, resume el sentir de buena parte del cuerpo docente ante la aprobación del proyecto de ley educativa, la LOMLOE, destinada a sustituir a la conocida como ley Wert en honor al ministro que la aprobó.

Los docentes consultados valoran positivamente cuestiones como que vayan a desaparecer los estándares de aprendizaje, un enrevesado elemento que traía de cabeza a los docentes; que la Religión vaya a dejar de ser evaluable; que se vayan a rebajar los currículos o que vuelvan los programas de diversificación para alumnos con problemas de rendimiento.

En el capítulo de debes, los docentes lamentan que no se toquen las ratios, hay temor por la voluntad de introducir medidas que no tendrán recorrido sin fondos añadidos, como la personalización de la enseñanza que propugna la ley, hay dudas respecto a que realmente se ataque de manera decidida la segregación en las escuelas o la conveniencia de permitir titulados en Bachillerato con un suspenso. También la “falta de estabilidad en el sistema” por la sucesión de leyes, “un factor [la estabilidad] que por sí mismo contribuye a la mejora del sistema”, según la Federación de Asociaciones de Directivos de Instituto Fedadi.

Entre la escuela concertada hay “preocupación”, según José María Alvira, secretario general de Escuelas Católicas (EC), la mayor patronal de escuelas con concierto de España. Preocupación porque “la ley insiste mucho en forzar la planificación del sistema educativo por parte de la administración”. Tampoco entienden “la falta de consenso” ni “las prisas por sacarla cuanto antes”, aunque valoran positivamente “la buena disposición del Ministerio en cuanto al diálogo” y la “intencionalidad de la ley de mejorar la calidad de la educación en España”.

Los centros privados agrupados en torno a la Asociación de Colegios Privados e Independientes han valorado “que se impulse la mejora de la función docente y la revisión del currículo”, aunque afean a Educación que no aborde “un asunto tan relevante como el control exhaustivo de los fondos públicos destinados a los conciertos educativos”, y le exige que garantice “la gratuidad de la educación en centros sostenidos con fondos públicos para evitar que sea un atractivo para sectores empresariales”.

Las ratios, sin tocar

Muchos profesores lamentan que una de las medidas que más efecto tendría sobre los resultados educativos no se vaya a tocar, al menos de momento: las famosas ratios, la relación de alumnos por aula. Actualmente, están fijadas por normativa estatal en un máximo de 25 estudiantes en Primaria, 30 en Secundaria y 35 en Bachillerato. Las Comunidades Autónomas, que ostentan las competencias en educación, tienen la capacidad de bajarlas si quieren: casi ninguna lo hace.

“Modificarlas supone bastante dinero. Por eso siempre intentan hacer otras cosas”, explica Enrique García, docente madrileño de Secundaria, que cita cómo el PSOE votó en contra en una reciente iniciativa en el Senado. José Ramón Merino, docente cántabro y responsable de política educativa de STES, coincide: “No hay modificación respecto a lo que planteaba la LOMCE, las ratios actuales nos parecen excesivas y la bajada de la natalidad, que ya se está notando en las aulas, es una buena oportunidad para hacerlo”.

Contra la compensación en Bachillerato

Uno de los elementos que más críticas está recibiendo entre los docentes es la posibilidad de que los estudiantes de Bachillerato puedan titular con una asignatura suspensa. Será en casos excepcionales, pero muchos profesores no la ven ni necesaria ni apropiada.

Como muestra, un botón: este hilo de Twitter preguntaba a los profesores su opinión. Puede no ser significativo, es Twitter, pero la inmensa mayoría, con centenares de respuestas cuando se cerró este texto, manifestaba no estar de acuerdo. “No, porque además en realidad ya se presiona a los profesores para que les aprueben una. Ahora, la 1ª gratis y la 2ª o más, con presiones”, argumenta uno resumiendo el sentir de muchos. Otro pequeño grupo matiza que puede ser una buena medida en según qué casos, por ejemplo el del estudiante que lo intenta, se esfuerza.

Desde la escuela concertada tampoco están encantados con esta medida ni con que se facilite pasar de curso. “Hay mucha repetición, pero el problema no se soluciona prohibiéndola, sino mejorando la calidad y evitando las causas de la repetición”, explica Alvira en alusión a que la ley permitirá pasar de curso con más de dos suspensos en Secundaria o titular en Bachillerato con uno de manera excepcional en ambos casos.

Bienvenida la diversificación

Una de las principales medidas que incorpora la LOMLOE es suprimir los Programas de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento (PMAR) de la LOMCE y volver a la diversificación de la LOE. Los PMAR son programas para alumnos con dificultades en Secundaria, que iban a una alternativa en 2º y 3º para volver a un 4º distinto del resto de sus compañeros, la vía aplicada. El problema es que estos chicos después obtenían un título de ESO distinto que no les permitía seguir avanzando por el sistema. Es uno de los elementos que segregaban a los alumnos, separándolos sin retorno desde una edad temprana. “Era una carrera de obstáculos, la nueva ley es integradora y atiende las diferencias entre el alumnado”, valora Merino, de STES.

La LOMLOE recupera ahora la diversificación de la LOE, que también es una alternativa para rezagados, pero se cursa en 3º y 4º y da acceso al mismo título de la ESO. “Se salvaban muchos estudiantes por ahí, la diver funciona muy bien”, explica García.

La cuestión concertada y la “demanda social”

Uno de los elementos más espinosos y que le ha costado al Gobierno enfrentamientos con la patronal del sector. La LOMLOE elimina la parte de la LOMCE que apelaba a la “demanda social” –que no estaba claro cómo se medía– a la hora de decidir si se construyen colegios públicos o privados. Alvira, responsable de Escuelas Católicas, explica que el proyecto de ley “habla de planificación y no programación, no como hasta ahora, pero eso supone no contar con las opciones de libre elección que puedan hacer los padres”.

“Pero antes el artículo 109 [de la LOE] hablaba de garantizar plazas públicas, pero la LOMCE lo cambió por esta 'demanda social'” que abría la puerta a que las plazas fueran concertadas, señala García subrayando la parte de “pública”.

Merino se felicita porque la LOMLOE establezca que el alumnado con necesidades educativas especiales “tienen que ser repartido por los centros públicos para evitar colegios guetos”.

Adiós a los estándares de aprendizaje

“Los currículos y los estándares de aprendizaje han supuesto una complicación grande que no se ha traducido en beneficio”, valora Raimundo de los Reyes, de Fedadi. Los estándares de aprendizaje son un elemento que se inventó la LOMCE y que han sido una pesadilla para muchos profesores. Son pequeñas píldoras de aprendizaje que los alumnos deben ser, y bajan hasta un nivel de detalle difícil de asumir para los docentes.

“Que los eliminen es muy positivo, hay regiones que evalúan ítem a ítem”, explica García. Y una asignatura podía llegar a tener 100 estándares. De los Reyes añade que ni siquiera han funcionado: “Hace un año se publicaron los resultados de la primera promoción de la LOMCE completa y no mejoraban a las anteriores”.

Religión

“Quitar la Religión evaluable y que no tenga alternativa sería el logro de la década”, afirma García, profesor de Secundaria. Merino, también docente, cree que “el tratamiento es mejorable, nos gustaría que saliera directamente del currículo, que no haya asignatura espejo, lo que en la práctica significaría sacarla del horario escolar”. La primera parte, que no haya alternativa, está anunciada por el Gobierno. La segunda, sacarla del horario lectivo, “es la única posibilidad si no tiene asignatura alternativa”, explica De los Reyes.

Alvira, de Escuelas Católicas, lamenta sin embargo que “se degrade su estatus”, y recuerda que un 70% de las familias de la pública “la elige libremente”. Según datos oficiales, realmente estas cifras son del 55% en Primaria y el 47% en Secundaria.

El diputado de Unidas Podemos por la Región de Murcia, Javier Sánchez Serna, ha presidido este sábado una asamblea abierta del partido en la que ha explicado el acuerdo de Gobierno firmado junto al PSOE, así como la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que afecta a 65.000 murcianos.

En el encuentro, el diputado de Unidas Podemos ha anunciado que en las próximas semanas el Gobierno va a presentar “una nueva ley de educación que va a enterrar la LOMCE y pondrá en el centro la necesidad de reforzar la pública”.

Sánchez Serna ha detallado además que con esta nueva legislación educativa, se pretende “avanzar hacia una educación en derechos humanos que no permita casos como el que hemos visto en la Región de Murcia, donde desde un grupo de extrema derecha se ha vetado que nuestros alumnos y alumnas se eduquen en el respeto, en la tolerancia y en la defensa de los derechos humanos”.

El diputado de Unidas Podemos ha asegurado que “ante esta realidad, las derechas están acongojadas”, algo que perciben cuando “sólo nos hablan de Venezuela o Cataluña porque carecen de un proyecto de país para la mayoría”.

Por ello, ha afirmado que “su España es tan pequeña y estrecha que no cabe la mayoría de este país que quiere avanzar en derechos sociales, en democracia y en modernizar el país hacia un modelo más justo, más verde y más solidario”.

En el acto también ha intervenido el coordinador de IUVRM, José Luis Alvarez-Castellanos, y la portavoz de Podemos en la Asamblea Regional, María Marín, quién aseveró que “el Sí Se Puede que gritábamos en las plazas, puede hacerse realidad en un Gobierno con voluntad”.

Por último, en la asamblea abierta también ha participado la concejala de Unidas Podemos en Cartagena, junto a la secretaria de organización de IUVRM, Victoria Rodríguez.

Andanada de los rectores de las universidades españolas contra el sistema de becas que impuso el exministro de Educación José Ignacio Wert. En su último informe, La Universidad Española en Cifras, la CRUE (Conferencia de Rectores de Universidades Españolas) sostiene que el método que diseñó Wert excluye alumnos de las becas, tuvo una “relativa eficacia en el rendimiento”, es regresivo, insuficiente en las cuantías y además (o precisamente por todo lo anterior) estaba pensando sobre todo para ahorrar, pese a que el exministro siempre defendió que durante su mandato fue cuando más se invirtió en becas en la historia de España.

Wert decidió que para mantener la beca a partir del segundo curso había que alcanzar ciertos logros académicos, como haber aprobado todo el curso anterior o el 80% de los créditos con una nota media de entre 6 y 6,5, en función de la rama de conocimiento del grado. Con esta medida, el exministro rompió el funcionamiento histórico de las becas, que se mantenían con aprobar las asignaturas.

Siempre se había dicho que muchos estudiantes becados estaban perdiendo las ayudas por esta circunstancia (muchos de ellos trabajan para complementar la beca, insuficiente para sufragar todos los gastos) y que por esa razón había quienes acababan siendo expulsados del sistema. Ahora, la CRUE pone cifras a la situación.

“Los requisitos académicos están actuando como un factor excluyente para más de 45.000 alumnos que, cumpliendo las condiciones económicas para acceder y permanecer en la condición de becario, se ven abocados a que sus familias realicen un esfuerzo económico suplementario y, en muchos casos, a tener que abandonar los estudios”, se lee en el informe.

Son casi 50.000 estudiantes que pierden la beca o no la obtienen porque no alcanzan los requisitos académicos que impuso Wert, pero que por renta les correspondería.

Y los que sí la obtienen reciben una cantidad “claramente insuficiente”, según la CRUE. Un becario dentro del umbral 1, el más bajo, recibe 2.250 euros anuales (2.624,4 si es estudiante de máster) o 4.050,4 (4.124,4 euros los de posgrado) si la beca incluye un cambio de residencia familiar (los que se mudan para estudiar), según los rectores. “El esfuerzo público para para garantizar la igualdad de oportunidades es insuficiente”, valora la CRUE.

“Limitar el gasto”

Los rectores explican en el texto que “la condición de becario tiene incidencia positiva tanto en el número de créditos en el que el estudiante se matricula como en los resultados académicos que alcanza”, pero añaden que pese a no “cuestionar la relativa eficacia que haya podido introducir en el rendimiento de los becarios las exigencias académicas (...), estas no pueden actuar ralentizando la presencia en los estudios universitarios de las personas más desfavorecidas”.

La CRUE lamenta que “la reducida cuantía de renta familiar establecida como techo del umbral 1, junto a la ausencia de progresividad que existe para los tres umbrales (...) responden, más que a garantizar la igualdad de oportunidades, a la decisión política de limitar el gasto”.

Esto es: las personas becadas tienen derecho a diferentes ayudas en función de las condiciones económicas de su familia. El sistema de becas contempla tres umbrales que determinan dónde se ubica cada uno y qué le corresponde. Para una familia de cuatro miembros, el umbral 1 está en 13.909 euros, mientras que el 2 salta a los 36.421 y el 3 a 38.831 euros. Los tres tipos de becas incluyen la matrícula y la cuantía fija. La que corresponde al umbral 2 añade una cuantía variable (que nadie sabe calcular) y otra fija ligada al rendimiento académico. La beca 1 suma una cuantía fija ligada a la renta a todo lo anterior.

Pero, explican los rectores, el umbral 1 es muy bajo y no tantas personas tienen acceso a esas ayudas. Y en el 2 y el 3 (además de estar ambos muy lejos del 1, pero muy cerca entre sí), mayoritarios, el ministerio se ahorra muchas partidas.

Hay más. La CRUE también asegura que la distribución de las becas es “regresiva” porque para la cuantía variable “cuanto mayor es el nivel de renta, menor es la incidencia de la nota en la participación de la dotación de la beca”. Es decir, a los alumnos desfavorecidos les cuenta más la nota que a los más favorecidos a la hora de asignar los recursos.

Y en educación la situación socioeconómica de una familia influye directamente en el resultado académico, siempre favorable a los más ricos. Pero está estudiado, por ejemplo en PISA, que en igualdad de condiciones los resultados serían los mismos.

El informe de la CRUE también ha evaluado cuánto le cuesta al país el abandono universitario prematuro, cuestión que se relaciona en cierto grado al menos con la anterior: muchos alumnos abandonan porque pierden la beca y no se pueden permitir los costes de estudiar.

Para realizar el cálculo, las universidades han seguido a la cohorte de estudiantes que entró en el curso 2013-14, analizado los que lo dejaron, en qué curso lo hicieron y calculado cuánto se invirtió en ellos (aunque un estudiante no tenga beca, estudiar en la universidad está subvencionado). En total, y según los rectores, se perdieron 323 millones de euros con esa generación de estudiantes en las universidades públicas y otros 75 millones en las privadas. El reparto de ese gasto perdido (en el caso de las públicas) es del 80% para el Estado y el 20% para las familias, la misma proporción en la que se pagan los estudios.

Por último, los rectores también denuncian la falta de financiación de las universidades públicas. Según las cuentas de la CRUE, las universidades tienen un 14,5% menos de recursos que la media de los centros europeos y de la OCDE. En cifras absolutas, esto se traduce en 1.600 millones de euros menos.

La caída de la financiación se observa de otra manera: la educación superior española se ha ido abaratando para el Estado. En 2017 era un 16% más barata en términos de gasto sobre PIB que hace ocho años e incluso que hace 22 años.

La ministra de Educación, Isabel Celaá, ha acusado al presidente del PP, Pablo Casado, de hablar sobre el “veto parental” desde el “desconocimiento” del sistema educativo, y le ha recordado que fue el propio PP el que, por vía de la Lomce, “retiró” la capacidad de los padres y madres para decidir sobre las actividades que se imparten en los centros educativos a través de los consejos escolares. Además, ha dado un mes al Gobierno de Murcia para dar marcha atrás en el veto parental antes de acudir a los tribunales.

Celaá, que este lunes ha participado en un acto del PSE-EE en Llodio (Álava), se ha referido de esta forma al conocido como 'pin parental', una propuesta de VOX para que las familias pueden prohibir a sus hijos asistir a actividades complementarias y evaluables en horario lectivo.

No se trata de la primera vez que la ministra se posiciona contra la polémica propuesta, puesto que el pasado jueves, el Ministerio de Educación y Formación Profesional anunció que va a recurrir por la vía judicial el 'pin parental', una medida que la propia Celáa ha tildado de “ilegal” y que excede las competencias que tienen atribuidos por ley los centros educativos sobre decisiones curriculares. De esta manera, ha otorgado este lunes un plazo de un mes al Ejecutivo de PP y Ciudadanos antes de formalizar el recurso por la vía contencioso-administrativa.

La LOMCE, la responsable de retirar a los padres y madres la “capacidad decisoria”

Sin embargo, el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha defendido la medida, que supone el primer punto en el acuerdo de los Presupuestos del Ejecutivo de Murcia, donde el Partido Popular y Ciudadanos gobiernan gracias al apoyo de Vox. El dirigente del PP ha acusado a Celaá de actuar como “los regímenes comunistas, que dicen que los hijos no son de la familia sino del Estado”.

A lo que la ministra ha respondido subrayando que las afirmaciones de Casado en relación a este asunto demuestran su “desconocimiento” sobre el funcionamiento del sistema educativo. Además, le ha recordado que fue el PP el que, a través de la LOMCE -también conocida como 'ley Wert'- “retiró” a los padres y madres la “capacidad decisoria” que, a través de su presencia en los consejos escolares, tenían sobre las actividades y programas de los centros educativos de sus hijos.

Tiene tarea por delante Isabel Celaá (1949, Bizkaia) como ministra de Educación: aprobar una nueva ley. La buena noticia para ella es que tiene buena parte de los deberes ya hechos: la norma que llevará a la LOMCE de José Ignacio Wert a los libros de historia ya está preparada.

Uno de los últimos actos que realizó el Gobierno antes de convocar elecciones fue aprobar en el Consejo de Ministros su reforma educativa. Fue un acto simbólico porque se hizo exactamente el mismo día que se disolvían las Cortes, pero también una declaración de intenciones: tenemos ley y la aprobaremos si repetimos gobierno.

Celaá repetirá como responsable de Educación, aunque cediendo la portavocía del Ejecutivo a María Jesús Montero, con energía, ilusión y “muchas cosas preparadas”, según cuentan en el Ministerio. Antes de ministra, Celaá, licenciada en Filosofía, Filología Inglesa y Derecho, acumula una dilatada experiencia en la administración educativa.

Fue viceconcejera de Educación del Gobierno vasco con Fernando Buesa de titular y consejera con Patxi López de lehendakari. Originaria de la comunidad autónoma con más escuela concertada de España (Euskadi), la evolución de la escolarización de las dos redes (pública y concertada) junto con el desarrollo del inglés han sido dos cuestiones que siempre le han preocupado durante su gestión, según explicaban Aitor Guenaga y Eduardo Azumendi en este perfil. En su opinión, la culpa del desequilibrio a favor de la red concertada en Euskadi se debe a “la política nacionalista”.

Además de la nueva ley, y según recoge el acuerdo de Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos, la ministra tendrá el encargo de retirar el concierto a los colegios que segreguen por sexo, asegurarse de que las cuotas de estos centros son realmente voluntarias, mejorar las condiciones laborales del profesorado, especialmente las interinas, elevar la inversión al 5% del PIB y bajar las ratios y universalizar el tramo de educación infantil 0-3 años. No lo tendrá fácil la ministra: algunas de estas medidas dependen más de los gobiernos de las comunidades autónomas que de Madrid.

Con estos mimbres tendrá que afrontar uno de los puntos acordados entre PSOE y UP: meterle mano (un poco) a la escuela concertada. Los dos partidos se han comprometido a retirar los conciertos a los colegios que segreguen a sus alumnos por sexo, una medida introducida en la LOMCE y que el Tribunal Constitucional avaló tras una denuncia del PSOE. También incluye el pacto de Gobierno que las cuotas que se pagan en estos centros sean realmente voluntarias y no obligatorias de facto como sucede ahora (lo cual es ilegal).

Hace apenas un par de meses que la ministra tuvo un encontronazo con la escuela concertada, cuando afirmó en su propio congreso que “la Constitución no ampara la libre elección de centro”. Se armó tal revuelo ante sus afirmaciones que al día siguiente lanzó un mensaje tranquilizador a la patronal: “El sector puede estar tranquilo”, dijo. Si alguien pensaba que el nuevo Ejecutivo va a ir algo más allá contra la escuela concertada, una vieja reivindicación de Podemos ya aparcada, que se olvide.

Más real es la nueva ley educativa, que será la octava en democracia, aunque normas rupturistas con lo anterior y vertebradoras del sistema ha habido tres: la Ley General de Educación, de 1970, la LOGSE, de 1990, y la LOE, de 2006. Si el Gobierno aprueba la misma norma que presentó en el Congreso el pasado mes de febrero, restará peso a la Religión haciendo que no cuente para la media, dará más margen a las comunidades autónomas para distribuir horas lectivas, recuperará horas de Filosofía que la LOMCE laminó y dará flexibilidad al Bachillerato, entre otras medidas.

Además de estas cuestiones, el Gobierno se ha comprometido a universalizar el acceso a la educación infantil 0-3 años mediante la expansión de la red pública (competencia de las Comunidades autónomas), a subir la inversión en Educación hasta el 5% del PIB (lejos quedan las promesas de Pedro Sánchez de llegar al 7%, la considerada cifra óptima para el sector) o reducir las ratios (también competencia regional) y luchar contra el acoso escolar y el abandono.

Una de las medidas más mediáticas que tomará el Gobierno será restar peso a la Religión. Lo hará eliminando la asignatura alternativa, lo que reforzará el carácter voluntario de la materia, y sin que la nota compute para las medias como sucede ahora.

Un último asunto con el que tendrá que lidiar el sector educativo, aunque quizá de manera más residual, es con la pendiente cotización a la Seguridad Social de los becarios de Formación Profesional y Universidad. El último gobierno operativo aprobó una norma que obligaba a cotizar a todos los becarios. Ante el coste y la incertidumbre de la medida (¿quién la pagaría, los centros educativos o las empresas destinatarias?), se decidió aplazar el desarrollo normativo del decreto que lo regulaba: primero se anunció que entraría en vigor este curso 2019-20. Cuando los plazos lo hicieron imposible, se volvió a aplazar, de manera que el Ejecutivo acabó incumpliendo su propia norma.