Los problemas que tendría Podemos para acabar con la educación concertada
“Me extraña que Pablo Iglesias haga esta propuesta, porque es una utopía, es irrealizable”. La frase la pronuncia un dirigente de la federación de educación de UGT, Jesús Gualix, a cuenta de la posición que marcó el secretario general de Podemos en su primera entrevista tras ser designado. Preguntado por la educación concertada, Iglesias aseguró en La Sexta: “Hay que reducirla a situaciones experimentales”.
La propuesta no es nueva. Estaba recogida en el programa electoral con el que Podemos logró 1,2 millones de votos en las elecciones europeas. Hoy, las encuestas encaraman al partido de Iglesias cerca de la cumbre del poder. Y la posibilidad de que sus promesas se lleven a la práctica está más cerca, máxime cuando el propio líder del partido se ha comprometido a dimitir si no las cumple.
El programa del 25M (PDF) propuso la “eliminación de cualquier subvención y ayuda a la enseñanza privada, incluida la modalidad de concertada, destinando el ahorro a la financiación y mejora de los centros públicos. Durante su etapa obligatoria, la educación debe ser gratuita”.
En la entrevista en 'El Objetivo', Iglesias no concretó la medida. Pese a los intentos de eldiario.es, nadie de la recién estrenada dirección de Podemos ha querido explicarla.
Los problemas a los que se enfrentaría Podemos en caso de llegar al Gobierno y querer aplicar la medida no serían pocos. Para empezar, dos millones de alumnos dependen de la educación concertada, que emplea a 130.000 profesores y supone el 25% del total de centros del sistema de educación no universitaria: unos 3.500 centros si se descuenta la que es privada al 100%.
Podemos también se toparía con la Iglesia. Las escuelas católicas ocupan una parte importante de este sistema semiprivado financiado con fondos públicos: representan casi el 60% del total. El resto se reparte entre cooperativas o agrupaciones de distinta índole. Las organizaciones religiosas son también, por tanto, las que más dinero reciben de la Administración.
El tercer gran obstáculo es económico. Según datos del Consejo Escolar del Estado, la escuela concertada recibió en el curso 2012/13 unos 6.300 millones de euros, lo que supondría 6 de cada 10 euros de los ingresos de estos centros. Esa cifra es un 7% más alta que hace tres años, pero un 1% más baja que la del año anterior.
De hecho, el representante de Escuelas Católicas, José María Alvira, se queja de que hay un déficit presupuestario que tienen que cubrir los propios centros, y pide un estudio oficial del “coste real” de lo que le cuesta al Estado escolarizar a los niños en centros públicos y privados. Alvira cita datos del CIS para defender el modelo: España paga 2.670 euros por alumno en los colegios concertados frente a los 5.348 euros de los centros 100% públicos.
Un informe realizado por Izquierda Unida y presentado el pasado mes de junio rebatía esta afirmación. Según IU, la ratio de alumnos y profesores por aula y las condiciones salariales del personal, entre otras variables, explican la diferencia en el gasto medio anual por escolar.
Iglesias, en su entrevista en La Sexta, aseguró: “No me gusta que se financie con dinero público escuelas cuyos proyectos educativos no los deciden instituciones dependientes de la ciudadanía, sino privadas. A lo mejor, si ese dinero se utiliza para abrir más escuelas públicas, tendremos una educación en la que no habrá lugar para el machismo ni la segregación”.
Poner patas arriba el sistema
La propuesta de Podemos pondría “patas arriba el sistema”, según Gualix. Para el sindicalista, “antes habría que hacer un mapa del sistema educativo, del número de alumnos que tiene, de las infraestructuras de las que se dispone. Porque remodelar el sistema –explica– significaría empezar a construir centros públicos y hacer una serie de inversiones que en un contexto como el actual se antojan extremadamente difíciles”.
En su opinión, la red eminentemente pública no daría abasto. “¿Están preparados para absorber a dos millones de alumnos? No, en absoluto. ¿Y para absorber a 130.000 profesores con las condiciones de los funcionarios? Tampoco”, resume Gualix.
El sistema de conciertos nació de una ley orgánica, la LODE, que aprobó el Ejecutivo del PSOE en 1985. “El Gobierno entonces tenía el proyecto de universalizar la escolarización en niveles obligatorios. Pero no había medios reales para hacerlo. No se podía abarcar suficientes infraestructuras para acoger a todos los niños”, sintetiza Gualix. Hasta ese momento había subvenciones “a fondo perdido” a la enseñanza privada. El sindicalista explica que se optó por un modelo intermedio, en el que los centros contrataban con la Administración a cambio de formar parte del sistema público. Porque tanto los concertados como los gestionados 100% públicamente forman parte del mismo sistema educativo público, y deben cumplir unos requisitos y obligaciones.
En aquel acuerdo de 1985, el Estado se comprometió a pagar el sueldo a los docentes y a dotar a las organizaciones de una partida económica para garantizar unas condiciones mínimas en los centros. La diferencia es que hay muchos menos docentes en los centros, de modo que dan más horas de clase, y cobran menos que los funcionarios. “De eso se tendría que preocupar Pablo Iglesias, de garantizar un servicio público de más calidad financiándolo mejor”, apunta Gualix.
“Esto sería una verdadera catástrofe en la enseñanza, desde el punto de vista social y laboral, porque significaría poner en el aire el futuro de millones de alumnos y cientos de miles de profesores”. Así de tajante se muestra Luis Centeno, director de Asesoría Jurídica de Escuelas Católicas, la asociación que agrupa a los centros educativos religiosos. “Iglesias puede decir lo que quiera, pero no podemos poner en riesgo el Estado de bienestar, la garantía de que todos los niños pueden ir a la escuela independientemente del dinero que tenga su familia”.
Centeno va más allá y entiende que eliminar los conciertos vulneraría la Constitución. “El artículo 27 consagra la gratuidad de la enseñanza y la capacidad de las familias de elegir el tipo de educación para sus hijos, así que como primer paso deberían garantizar que el proceso cumple con la Carta Magna o modificarla”, arriesga Centeno. “En cualquier caso, se enfrentarían a una durísima batalla legal, e independientemente de las indemnizaciones que pudieran verse obligados a pagar, la inversión que supondría esta decisión es de miles de millones de euros”.
Un sistema “mejorable”
Iglesias, en su entrevista, aseguraba que “hay que terminar con el hecho de que con dinero público” se paguen “colegios que segregan a niños y niñas”. Una realidad que desde la reforma educativa impulsada por el ministro José Ignacio Wert y aprobada con la mayoría absoluta del PP está recogida en la ley, después de que el Tribunal Supremo prohibiera en varias sentencias financiar este tipo de centros con dinero público.
“No hacen falta más exigencias sino que se cumplan las que ya figuran en el texto de la ley”, asegura el representante de las Escuelas Católicas. Centeno se distancia de grupos religiosos como el Opus Dei o los Legionarios de Cristo, que gestionan centros en los que sí se separa a los niños de las niñas. “Creo que en Podemos tienen una imagen distorsionada de lo que son los colegios católicos generada por determinadas políticas y determinados centros ultrarreligiosos”, insiste Centeno.
“El sistema de conciertos funciona, lo cual no quiere decir que en determinados casos no haya un mal uso de esta política”, zanja Jesús Gualix, de UGT. “El 90% o 95% de los centros merecen los conciertos, y hay un pequeño porcentaje que no cumple con lo que marcaba la ley del 85”, explica. “Y también hay comunidades –las competencias en educación son autonómicas– en las que se concierta de más y sin ningún tipo de control, como en Madrid”.
Para ambos, una solución sería establecer un verdadero sistema de control para que todos los colegios cumplan con los criterios de libertad de acceso, actividades educativas y derechos de los trabajadores que ya figuran en el decreto regulador. “Nosotros no tenemos nada que ocultar, así que nos parecería bien una auditoría en profundidad”, desafía Centeno.
