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El Gobierno admite que la cotización de los becarios a la Seguridad Social no podrá iniciarse el próximo curso

Dado el adelanto electoral fuentes de Trabajo confirman a eldiario.es que, aunque lo intentarán, no creen que "dé tiempo" a poner en marcha el sistema de cotización para el curso 2019-2020

El Ejecutivo explica que se retrasará el reglamento que debe regular la cotización de los estudiantes en prácticas, que tenía que aprobarse antes del 1 de abril

Aunque Trabajo apunta que la cotización se atrasaría "otro curso", las elecciones generales dejan la medida en el aire

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Imagen de archivo de estudiantes en un aula de la Universidad Complutense de Madrid. EFE

La cotización de los becarios a la Seguridad Social probablemente no se implantará el próximo curso, 2019-2020, como estaba previsto. Así lo reconocen fuentes del Ministerio de Trabajo a eldiario.es, dado el adelanto electoral y el retraso en la aprobación del reglamento que lo regulará, que debía estar listo antes del 1 de abril y aún no se ha constituido ni la mesa de negociación. "No creemos que dé tiempo", reconocen en Trabajo.

El Gobierno aprobó un 'macrodecreto' laboral y de pensiones a final de 2018 que incluyó la obligación de que los estudiantes en prácticas, fueran o no remuneradas, cotizaran a la Seguridad Social. La medida afectaba tanto a los "alumnos universitarios de titulaciones oficiales de grado y máster como por alumnos de formación profesional de grado medio o superior", fueran las prácticas obligatorias dentro de los currículos formativos o voluntarias.

El decreto, que dejaba en manos del desarrollo reglamentario los detalles de la cotización, provocó las críticas de los rectores de las universidades, los responsables de los centros de formación profesional y los empresarios, por un posible efecto de reducción de la oferta de prácticas

Tras estas quejas y temores, el Gobierno comunicó a los rectores de las universidades que la cotización no entraría en vigor este curso: se retrasaba hasta el de 2019-2020, lo que daba más margen para acordar el sistema. Entre las dudas pendientes destaca quién asumirá el coste de la cotización (de unos 50 euros al mes por becario) y si contará con una bonificación del Estado. La ministra de Educación y portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, no aclaró este punto en una comparecencia en el Congreso, aunque defendió que no perjudicaría a las empresas ni a los centros educativos.

La cotización, en el aire por las elecciones

Con el escenario de elecciones generales y sin que se haya comenzado a negociar el reglamento en la materia, fuentes del Ministerio de Trabajo reconocen que creen no da tiempo a poner en marcha la cotización de los estudiantes en prácticas en el próximo curso. "Aunque se intentará", precisan, "sabemos que es probable que no dé tiempo".

Aunque en Trabajo apuntan que son conscientes "de que puede que se posponga a otro curso", en la práctica la cotización de los becarios quedará condicionada al Gobierno que se forme tras las elecciones del 28 de abril. La mayoría de los grupos de la oposición –PP, Ciudadanos, PNV y ERC– se mostraron contrarios a la medida en la comparecencia de Celaá a principios de febrero en el Congreso.

El reglamento necesario para regular la cotización de las prácticas debería estar listo antes del 1 de abril, ya que el real decreto emplaza a acordarlo en un plazo de tres meses desde su entrada en vigor, pero tampoco se cumplirá este plazo. La mesa de negociación del reglamento todavía no se ha formado, según estas fuentes oficiales, que recuerdan que "es un debate que exige tranquilidad y en este momento está resultando complejo por las claves preelectorales".

En Trabajo esperan que la mesa de negociación se constituya antes de que comience el próximo mes, aunque aún "no hay una composición cerrada" de quién la formará. Entre los agentes presentes "se buscará la representación de todos los actores implicados".

Unidos Podemos pidió al Gobierno que aprobara por decreto algunas medidas "urgentes" de su proposición de ley sobre regulación de las prácticas, ya que no se había concluido su tramitación en el Congreso, pero el secretario general de Universidades rechazó esta opción, según una respuesta escrita que ha difundido este martes el diputado Segundo González. El secretario José Manuel Pingarrón apuntó que, pese a compartir buena parte de las medidas, dada la "coyuntura política" el Ejecutivo considera que "sería más adecuada una tramitación ordinaria de este tipo de propuestas".

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