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La cotización de los becarios a la Seguridad Social no entrará en vigor hasta el curso 2019-2020

El Gobierno ha aprobado una medida por la que todos los estudiantes que realizan prácticas externas, tanto en la universidad como en la FP, deberán cotizar a la Seguridad Social

Los rectores logran un compromiso del Gobierno para excluir las prácticas de esta primavera y que las universidades no asuman el coste de las cotizaciones

Las universidades españolas siguen en la parte media del "Ranking de Shangai"

EFE

Pequeño respiro para universidades y centros de Formación Profesional. La cotización obligatoria de todos los estudiantes que realicen prácticas a la Seguridad Social que ha aprobado el Gobierno no entrará en vigor hasta el curso 2019-20, lo que dará más margen a sus responsables y a las empresas para adaptarse al cambio, según ha contado la Conferencia de Rectores tras reunirse con el Ejecutivo.

Además, los ministerios Trabajo y Universidades se han comprometido a que la medida no suponga un coste adicional para las universidades (la cotización a la Seguridad Social ronda los 50 euros al mes por becario), uno de los principales temores en los campus, según informaron la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) y los ministerios de Ciencia, Innovación y Universidades y Trabajo, Migraciones y Seguridad Social tras reunirse ayer.

Tanto los rectores como algunos responsables de centros de FP habían manifestado su acuerdo con el espíritu de la medida, pero criticaron que el Gobierno aprobara la iniciativa de manera unilateral sin consultar a nadie y expresaron su preocupación por la posibilidad de que fuera a entrar en vigor en apenas un par de meses, cuando empieza el periodo de prácticas (sobre todo en la FP), por el efecto que podría tener sobre las empresas a la hora de ofrecer plazas para prácticas y por el poco margen de maniobra de que iban a disponer.

El Ejecutivo aprobó a finales de año una disposición por la que, cuando se apruebe el desarrollo normativo (para lo cual se concedía un máximo de tres meses), será obligatorio que todos los estudiantes que realicen prácticas externas en grados o másteres universitarios y en cursos de FP de grado medio y superior, sean las prácticas remuneradas o no, curriculares (esto es, obligatorias como parte del plan de estudios) o no.

Actualmente, algunas modalidades de prácticas ya incluyen una cotización a la Seguridad Social, pero otras no. Con este cambio, todos los becarios cotizarán.

La medida, cuando entré en vigor, afectará a unos 725.000 estudiantes de formación profesional y a un número indeterminado de estudiantes universitarios (este es más complejo de calcular porque las prácticas universitarias remuneradas, por ejemplo, ya cotizan a la Seguridad Social).

La mayor preocupación de los agentes educativos involucrados en esta nueva situación era quién se iba a hacer cargo del coste de cotizar las prácticas a la Seguridad Social (unos 50 euros al mes para un contrato de formación, una vez descontada la parte que cubre el desempleo, que no aplica a los becarios).

Aunque la disposición aprobada por el Gobierno contiene unas líneas básicas sobre esta cuestión (especifica que cuando las prácticas no sean remuneradas las asumirá la empresa, si incluyen un salario dependerá del convenio firmado entre compañía y centro educativo), los rectores y responsables de FP no lo veían claro.

Ahora ya tienen el compromiso de dos ministerios de que no les repercutirá en sus cuentas. Falta por saber si serán las empresas receptoras de los estudiantes las que asumirán el coste o si, por el  contrario, las cotizaciones estarán bonificadas al 100%, como ocurre actualmente en algunos casos.

109 millones por la Formación Profesional

Contando solo a los becarios de la FP, la Seguridad Social podría recaudar unos 109 millones de euros al año por las cuotas de los estudiantes.

A nivel universitario, los rectores alertaron de que para las universidades es inasumible hacer frente a estos pagos. Por otro lado, si las empresas tenían que hacerse cargo del coste, afirmaron, la medida podría hacer caer la oferta de prácticas y, recuerdan, en muchos casos estas son obligatorias para obtener el título.

En la FP este temor no existía tanto ("las empresas están comprometidas", explicaba Julen Elgeta, presidente de Hetel, una organización que agrupa 24 centros de FP en el País Vasco), pero sí otra variable relacionada con la Seguridad Social: la burocracia.

"[Si hay problemas], será más por la parte de la gestión que por la económica. La mayoría de las empresas [que acogen estudiantes en prácticas de la FP] son pequeñas, donde a lo mejor el gerente también es el administrativo, y si se tiene que poner a hacer mucho papeleo desde luego un estímulo no va a ser", opinaba.

Con el cambio de estatus, que rectores y responsables de la FP ven positivo para los estudiantes, los alumnos ganarán en protección durante la realización de sus prácticas y además empezarán a acumular meses cotizados de cara a una lejana jubilación.

En la vertiente menos positiva, se corre el riesgo de que las prácticas adquieran un cariz más laboral que educativo, según alerta el rector de la Universidad Complutense de Madrid, Carlos Andradas, además del mencionado temor de algunos agentes a que caiga la oferta.

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