La regularización, celebrada por colectivos sociales y partidos de izquierdas que llevan años pidiéndola, entró en vigor este jueves. Ya pueden solicitar sus papeles todas las personas extranjeras que demuestren haber llegado a España antes del 1 de enero de 2026 y que llevan cinco meses viviendo aquí. Te dejamos las claves aquí. Es un motivo de celebración para mucha gente. No para Omar. Él no se va a poder acoger a una regularización a la que tiene derecho porque cumple todos los requisitos. No va a poder porque, a unos días de que el consejo de ministros diera luz verde a la regularización le detuvieron. Ahora está en un CIE, con una orden de expulsión.

Escuchamos a Andrea, su novia, que cuenta a la perfección el arraigo que Omar sí tiene en España. También a Omar, desde el CIE. No es habitual escuchar a alguien hablar de cómo es el día a día en un CIE… de cómo se siente ante una expulsión cuando cumple todos los requisitos de una regularización extraordinaria. Hablamos con Gabriela Sánchez, la periodista de elDiario.es que ha estado en contacto con Omar y que nos explica los detalles de su historia y de la regularización que ya está en marcha.

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Vive con su novia sevillana, habla español y juega en un equipo de fútbol local, pero Omar puede ser expulsado a días de la regularización 

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El Partido Popular Europeo está totalmente entregado a las políticas de la ultraderecha en inmigración. Este jueves, los populares han unido su voto a los grupos de ultraderecha del Parlamento Europeo para sacar adelante la medida que permite la apertura de los centros de deportación de personas migrantes que se encuentran en situación irregular fuera del continente, siguiendo la estela de la ultraderechista italiana Giorgia Meloni en Albania. 

La propuesta salió adelante con 389 votos a favor, 206 en contra y 32 abstenciones. La votación en el pleno se realizó tras tres solicitudes separadas de los grupos políticos Socialdemócrata, Verdes y La Izquierda, que impugnaron las decisiones del 9 de marzo de 2026 adoptadas en la Comisión de Libertades Civiles.

La votación se produjo tras el fracaso de las negociaciones con los liberales (Renew) y los socialistas en la Comisión de Libertades Civiles (LIBE). Los conservadores ya habían alcanzado acuerdos a puerta cerrada con eurodiputados de extrema derecha para votar conjuntamente a favor de un texto, según reveló la agencia de prensa alemana DPA. Desde Vox se admitió que este texto “es el más contundente de la historia de la Unión Europea en materia de inmigración”.

La ONG en defensa de los derechos de las personas sin papeles, PICUM ha explicado que “los eurodiputados electos públicamente están eligiendo poner a cientos de miles de personas, incluidos niños, en riesgo de daños irreparables. El texto permite a los Estados miembros detener a menores y adultos, separar familias y enviar personas a centros de deportación en países en los que nunca han estado. Cinco países de la UE – Alemania, Países Bajos, Austria, Dinamarca y Grecia – ya están colaborando en planes para establecer estos centros, aunque aún no se dispone de información sobre los países de destino”.

Según PICUM, esta medida “también otorgan amplios poderes para restringir la libertad de movimiento, registrar pertenencias, imponer medidas de ”seguridad“ desproporcionadas y compartir datos personales con países que carecen de garantías adecuadas”.

La posición del Parlamento se suma a un texto que podría normalizar y aumentar la aplicación de políticas de inmigración al estilo ICE en toda la Unión Europea. La propuesta de la Comisión exigiría a los Estados miembros desplegar medidas amplias e indefinidas para detectar personas indocumentadas, lo que podría derivar en vigilancia invasiva, perfiles raciales y obligaciones para los empleados públicos de denunciar a personas sin documentación. La posición del Consejo sobre el borrador del Reglamento de Retorno respalda redadas policiales en espacios públicos y viviendas privadas, con muy pocas garantías.

Silvia Carta, responsable de incidencia de PICUM declaró que “esta votación marca un punto de inflexión peligroso, ya que las fuerzas de centroderecha rompen el cordón sanitario para alinearse con la extrema derecha y aprobar una agenda profundamente represiva. Esta alianza tóxica allana el camino para la detención masiva, la separación de familias y las deportaciones, normalizando abusos que hemos visto con ICE en Estados Unidos y poniendo en riesgo innumerables vidas”.

El Partido Popular Europeo se ha unido con los grupos de la ultraderecha en la Eurocámara, Europe of Sovereign Nations (ESN), European Conservatives and Reformists (ECR) y Patriots (PfE), para sacar adelante la normativa “más dura jamás planteada en materia de retornos y expulsiones de inmigrantes”. Las ONG aseguran que la medida “desmantela garantías fundamentales de derechos humanos”.

En un primer momento se estaba negociando una propuesta entre el grupo de los socialdemócratas y los liberales, pero ante el fracaso para llegar a un acuerdo, los Populares Europeos han presentado un texto alternativo del proyecto de ley, que ha sido respaldado por los grupos de extremaderecha.

La eurodiputada de los Verdes/ALE y ponente del Reglamento de Retorno, Melissa Camara, ha explicado que “el texto adoptado por el comité, con mayoría de derecha y extrema derecha, refleja una ideología racista y populista, y pondrá en peligro vidas y violará la dignidad de las personas. Los principios básicos del estado de derecho se ven ampliamente vulnerados. El PPE ha mostrado nuevamente que sus posiciones sobre políticas migratorias están alineadas con los grupos de extrema derecha”.

Silvia Carta, responsable de la Plataforma para la Cooperación Internacional con Migrantes Indocumentados (PICUM), ha comentado que “esta votación sella una alianza tóxica entre fuerzas de centroderecha y extrema derecha, después de semanas de acuerdos en la sombra para eliminar las últimas salvaguardas. Pone en riesgo a cientos de miles de personas, incluidos niños, de ser detenidas en toda Europa y permite que los Estados miembros separen familias, enviándolas a centros de deportación en países donde nunca han estado”.

La medida pone sobre la mesa actuaciones tan controvertidas como la posibilidad de que los Estados miembros puedan establecer centros de deportación fuera de la UE, incluso para familias con niños. También convierte los retornos forzosos (deportaciones) en la opción predeterminada para las personas en situación irregular. Con esta medida se amplía masivamente el uso y la duración de la detención por motivos migratorios, incluso para niños: de 18 a 24 meses, con posibilidad de medidas restrictivas de movimiento y control pasados los dos años. Además, va a exigir que los Estados miembros impongan restricciones geográficas para todas las personas en el procedimiento de retorno.

También introduce medidas como prohibiciones de entrada de duración indefinida que podrían determinarse a nivel nacional (incluido “permanente” en casos donde se invoquen riesgos de seguridad), sanciones económicas o limitación de asistencia financiera y sanciones penales para personas que no cooperen con su deportación. Permite a los Estados declarar situaciones “de emergencia” en las que se ignoren salvaguardas durante la detención, como limitar la revisión judicial de decisiones de detención, incluso para familias y niños, cuando haya “números excepcionalmente altos” de personas esperando su deportación.

El jefe de la delegación de VOX en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, ha comentado sobre la medida que “hoy el Parlamento Europeo da el primer paso para las deportaciones y la reemigración que Europa necesita. Es solo el primer paso, pero un gran paso. Europa empieza a reconocer el problema migratorio y a dotarse de herramientas para afrontarlo”.

Por su parte, Sarah Chander, directora de Equinox Initiative for Racial Justice, apunta que “la votación revela el control total de la extrema derecha sobre la política migratoria de la UE. Desde marzo del año pasado, la Comisión, el Consejo y ahora el Parlamento Europeo han complacido voluntariamente los deseos de políticos extremistas en toda Europa. Ahora vemos que ni siquiera se requiere el respaldo de políticos centristas, y Europa legisla su propio marco estilo ICE”.

El mayor fabricante de lápices del mundo ha acusado al Gobierno de Costa Rica de dar un uso indebido a la fábrica que le había donado con fines humanitarios por recluir en ella a solicitantes de asilo deportados por la Administración Trump en 2025.

Con una producción global de más de 2.000 millones de lápices de madera al año, Faber-Castell operaba una fábrica en el sur de Costa Rica, fronteriza con Panamá, que se abastecía de árboles cultivados en la región. Tras cerrarla en 2013 por una serie de factores económicos adversos, en 2018 la empresa donó las instalaciones al Gobierno de Costa Rica. The Guardian ha tenido acceso al contrato con el Ministerio de Seguridad Pública de Costa Rica en el que la empresa alemana especificaba que las instalaciones se utilizarían como refugio para ofrecer alojamiento y asistencia humanitaria a las personas que migraban por la región.

Pero, aparentemente, el uso de las instalaciones cambió el año pasado, cuando comenzaron a encerrar a personas en el lugar, algo que Faber-Castell no sabía hasta que The Guardian se puso en contacto con ella en enero.

El fabricante de lápices donó las instalaciones en 2018 por el aumento de nicaragüenses que cruzaban la frontera hacia Costa Rica huyendo de la violenta represión contra los manifestantes desatada por el Gobierno del país centroamericano. La empresa dijo en el contrato que el inmueble sería utilizado para “albergar un refugio para el cuidado de migrantes sin posibilidad de cambiar el propósito de la propiedad”.

No hay informaciones que apunten a que los nicaragüenses, ni ninguna otra persona alojada en la antigua fábrica, vivieran allí en régimen de detención hasta que Costa Rica encerró a 200 personas deportadas desde Estados Unidos en las instalaciones, desde entonces llamada el Centro de Atención Temporal para Migrantes, o el CATEM [por sus siglas].

Cuando The Guardian se puso en contacto por primera vez con Faber-Castell, la empresa dijo desconocer las detenciones en el CATEM. “En el contrato acordamos y estipulamos que el edificio se convertiría en un centro de ayuda humanitaria para refugiados, bajo ninguna circunstancia se acordó que fuera usado como prisión”, escribieron en un comunicado los representantes de la gran filial que Faber-Castell tiene en Brasil.

De EEUU a Costa Rica

Costa Rica aceptó recibir a 200 personas deportadas de Estados Unidos a finales de febrero de 2025, tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, y con el comienzo de su prometida campaña contra las personas migrantes.

Los deportados no eran naturales de Costa Rica: habían emigrado a Estados Unidos desde lugares tan lejanos como Rusia, África y otras partes de Asia. Fueron deportados y trasladados con cadenas –a pesar de no ser delincuentes– hasta el país centroamericano. A su llegada, los escoltaron hasta el CATEM, en Puntarenas (seis horas al sur de San José, la capital).

Las personas deportadas, entre las que había más de 70 niños, fueron detenidas allí durante un mínimo de dos meses. En junio de 2025, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Costa Rica respondió a las apelaciones con un fallo donde dictaminó que les habían privado “de su derecho a la libertad”. En respuesta a una consulta de The Guardian, el Ministerio de Seguridad Pública de Costa Rica negó “categóricamente” dicha afirmación.

Faber-Castell ha enviado un correo electrónico a The Guardian en el que dice: “Nos preocupa profundamente que, según se informa, haya personas detenidas en nuestra antigua fábrica de Maderin Eco en Costa Rica, una industria que cerramos en 2013. No teníamos conocimiento de este uso indebido hasta que The Guardian se puso en contacto con nosotros”. Maderin Eco es la filial de Faber-Castell que operaba en Costa Rica.

La privación arbitraria de la libertad de las personas que permanecen en el CATEM (...) sin acceso a información, sin control judicial (...), también genera un riesgo de desaparición forzada

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica

En la primavera pasada, Human Rights Watch (HRW) visitó las instalaciones y entrevistó a algunos de los deportados. En su informe posterior, la ONG concluyó que los migrantes habían sido recluidos durante meses en el centro, pese a que las instalaciones estaban “claramente destinadas a estancias de solo unos días” y a que “ningún fundamento jurídico justificaba su detención”. “El Gobierno de Costa Rica niega que estuvieran detenidos”, decía también el informe de HRW.

La semana pasada The Guardian preguntó sobre dichas detenciones al Ministerio de Seguridad Pública, que respondió con el siguiente correo electrónico: “Los migrantes deportados por Estados Unidos eran de nacionalidades que requieren visado para entrar en Costa Rica. Por razones humanitarias, se permitió su entrada en el país sin ese requisito y se les trasladó al CATEM, ya que su estancia era temporal y por razones humanitarias”. “Las medidas de inmigración tomadas tenían como fundamento las mismas razones humanitarias, es de sobra conocido que las personas vulnerables pueden caer en redes de trata de personas y de tráfico ilegal de migrantes. Costa Rica es un destino desconocido para ellas, con un clima y una gastronomía nuevas, entre otros aspectos. La Dirección General de Migración y Extranjería siempre ha tratado de proteger a estas personas. Por ello, rechazamos de manera categórica la acusación de que se ha violado su derecho a la libertad”, añade.

“Estábamos detenidos sin nuestros pasaportes”

El testimonio que The Guardian recabó en diciembre de 2025 de un hombre ruso de 37 años no coincide con esa versión. Bajo el pseudónimo de Alexander (pidió ocultar su nombre real por temor a represalias contra su familia del régimen de Putin), cuenta que su cita para solicitar asilo en Estados Unidos fue cancelada en el último minuto por la Administración Trump, que lo deportó junto a su mujer y a su hijo pequeño a Costa Rica. Acabaron en el CATEM.

“En las primeras semanas perdí 15 kilos y mi familia estaba enferma, así que empecé a preguntarme por qué no teníamos libertad”, dice Alexander. “Allí estábamos detenidos sin nuestros pasaportes; algunas personas querían marcharse y no nos dejaban salir; así fue como comprendimos que nos habían metido en esta prisión sin ninguna razón”.

El pasado junio, la Sala Constitucional de la Corte Suprema dictaminó, en referencia a los deportados del CATEM, que su “detención en un centro no destinado para estos fines conjugado con una privación de libertad ilegítima por parte de las autoridades migratorias, sumada a la falta de acceso a información y asistencia legal, constituye una violación a sus derechos humanos fundamentales”.

“La privación arbitraria de la libertad de las personas que permanecen en el CATEM en las circunstancias que han sido descritas (sin acceso a información, sin control judicial), también genera un riesgo de desaparición forzada”, añadió la Corte, que también sostuvo que Alexander y el resto de deportados allí encerrados deberían tener derecho a una indemnización.

Las instalaciones del CATEM tienen capacidad para alojar a 300 personas. En lo que va de 2026, han pasado por allí 60 personas. Según los últimos datos que The Guardian obtuvo del Gobierno de Costa Rica, el 28 de enero no había ningún migrante en la antigua fábrica. El medio británico preguntó a Faber-Castell si pensaba tomar alguna medida adicional, pero no obtuvo respuesta.

Traducción de Francisco de Zárate.

Esta semana PSOE y Podemos han anunciado que el Gobierno inicia los trámites para la regularización extraordinaria de migrantes. La estimación es que unas 500.000 personas podrán acogerse a la regularización. Serán personas en situación irregular que deben haber llegado a España hasta el 31 de diciembre de 2025 y que llevan al menos cinco meses aquí. Esta es una reivindicación del colectivo ‘Regularización Ya’, que la había llegado al parlamento como una Iniciativa Legislativa Popular con más de 700.000 firmas. Se convierte en realidad y se traduce en una buena noticia para muchas personas que ya viven en España. Personas para las que esto es político y es personal. Personas como Ndongo, como Abdullah, como Aicha, como Ibtissam, a las que escuchamos en este episodio. 

Esto es un Decreto Ley. Lo aprueba el Gobierno… pero lo anuncia Irene Monero en un acto de Podemos. ¿Por qué lo aprueba el Gobierno y lo anuncia públicamente Podemos? ¿A cambio de qué? Lo abordamos con la jefa de Desalambre en elDiario.es, Gabriela Sánchez, y con el periodista parlamentario de elDiario.es, Alberto Ortiz.

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Minneapolis es la última ciudad que ha elegido Donald Trump para su nueva batalla política. Ciudad demócrata, en un estado también demócrata, la Casa Blanca ha desplegado allí a más de 3.000 efectivos de su nueva brigada armada contra la inmigración irregular, el ICE. El resultado de momento son miles de detenciones, pero sobre todo, el asesinato a tiros, a sangre fría, de dos ciudadanos que protestaban contra su presencia en las calles.

Hablamos con Andrés Gil, corresponsal de elDiario.es en Estados Unidos, que ha viajado este fin de semana hasta Minneapolis para cubrir las protestas que han seguido al asesinato este sábado de Alex Pretti, a manos de la patrulla fronteriza de Trump dos semanas después del de Renee Good, disparada a bocajarro cuando trataba de escapar en su coche de una patrulla del ICE. Con Franco Delle Donne, autor del libro Epidemia Ultra, y experto en la historia de la extrema derecha, analizamos las semejanzas que va adquiriendo este cuerpo de seguridad con otro que sembró el terror con sus atrocidades en la Alemania nazi.

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La plataforma Indivisible ha convocado para este fin de semana más de mil protestas por todo Estados Unidos bajo el lema “ICE Out for Good Weekend of Action” (“ICE fuera para siempre: fin de semana de acción”).

El catalizador fue el asesinato de la estadounidense Renée Nicole Good por los disparos de un agente el pasado miércoles durante un macrooperativo desplegado en Mineápolis, así como el tiroteo, también a manos del ICE, que sufrieron dos migrantes venezolanos que resultaron heridos en Portland (Oregón).

Leah Greenberg, codirectora ejecutiva de Indivisible afirmó que en las protestas “personas de todas partes se unirán no solo para lamentar las vidas perdidas por la violencia del ICE, sino para enfrentar un patrón de daño que ha destrozado a familias y aterrorizado a nuestras comunidades”.

Su plataforma es la misma que convocó el pasado octubre las manifestaciones 'No Kings' ('Sin reyes') contra Trump en más de 2.500 lugares del país.

Este sábado en Portland los manifestantes también pedían acabar con la “tiranía”. Es la misma ciudad donde los agentes del ICE, que Trump desplegó allí el pasado septiembre, dispararon a dos jóvenes venezolanos que necesitaron ser hospitalizados por las heridas de bala sufridas. El Departamento de Seguridad Nacional insistió posteriormente en vincularlos con la banda transnacional Tren de Aragua.

Al sur de la Costa Oeste, en la pequeña ciudad de Del Mar, en California, también se han visto carteles contra el ICE y otras pidiendo que no hubiera “inmunidad por asesinar madres (ni a nadie más)”:

En Mineápolis, escenario del reciente asesinato de Renée Nicole Good, de 37 años, miles de personas han salido este sábado, pese a la nieve y el hielo, a gritar “Fuck ICE”. Además, los asistentes han construido una auténtica montaña de flores en homenaje a la madre de tres hijos asesinada esta semana.

En Boca Ratón (Florida) cientos de activistas protestaron este sábado en la entrada de una tienda de Home Depot contra las redadas contra migrantes.

Los agentes antinmigración de este cuerpo parapolicial al servicio del presidente estadounidense, Donald Trump, practican a diario detenciones de supuestos inmigrantes ilegales en los aparcamientos de dichos locales, según los convocantes de la concentración, Hope and Action Indivisible, Indivisible Boca Raton, South PBC Indivisible, Palm Beach Indivisibles y PBC Immigration Coalition (PBCIC).

Estas organizaciones afirman que la empresa permanece en silencio mientras las redadas ocurren cada día en sus instalaciones. Por ello, los manifestantes han portado carteles en los que se leían mensajes como “Home Depot, aclara esto”, “Fuera ICE para siempre” o “Lucha contra la ignorancia, no contra los inmigrantes”. También había pancartas en las que se acusaba al ICE de haber matado a Renée Nicole Good.

En el mismo estado, pero en la localidad de Wilton Manors, también se han juntado decenas de personas. Como en otras manifestaciones no solo había carteles criticando al ICE, sino también contra el presidente Trump, al que se acusaba de “pedófilo” en uno de ellos, o contra el Secretario de Guerra Pete Hegseth, cuya foto se acompañaba de un rótulo que rezaba “Whisky Leaks”, en alusión a su alcoholismo.

Austin, en Texas, también ha acogido concentraciones contra el ICE, calificado en algunos carteles de los manifestantes como “terrorismo doméstico”. Otros afirmaban que el presidente Trump tenía “sangre en sus diminutas manos”.

Marta fue expulsada de España tras 23 años viviendo en Zaragoza y sin poder despedirse de sus tres hijos. Salma, en cambio, visitaba cada día a su hijo, Jalal, atrapado a la espera de una orden de expulsión casi dos décadas después de haber llegado a España. Como ella, muchas otras mujeres acuden al Centro de Internamiento de Extranjeros de Barcelona (CIE) para reencontrarse, aunque solo sea por unas horas, con sus familiares.

¿Cómo acabaron Marta y Jalal en un CIE a pesar de llevar 20 años en España? La decisión se toma con base en un informe policial que detalla si la persona tiene arraigo, domicilio conocido o antecedentes penales. Sin embargo, a menudo la información es incompleta.

Marta, crónica de una expulsión 

El pasado 8 de abril Marta permanecía tumbada en la cama, igual que sus otras dos compañeras, en una celda del pabellón de mujeres del CIE de Barcelona. El módulo femenino donde descansaba se inauguró a principios de 2023 y, ese mismo año, entraron 62 internas. En 2024 fueron 29. Para 2025 todavía no hay cifras oficiales, pero Marta fue una de ellas.

Ese día, según ella misma recuerda, la Policía Nacional irrumpió en la celda con prisas y empezaron a repartir bolsas de basura en las que les ordenaron meter dentro todas sus pertenencias. 

Cuando intuyeron que iban a ser expulsadas, las internas insistieron en que querían pedir asilo y hablar con su abogado, pero según relata Marta, la policía les negó ese derecho. Cuando vio que la deportación era inminente, solicitó hablar con sus tres hijos y con su madre, que viven en Zaragoza. Sin embargo, explica, los policías la cortaron en seco: por razones de seguridad, solo podía hacer una única llamada y tenía que ser internacional. 

Marta recuerda los empujones y cómo fueron trasladadas a la biblioteca del centro. Allí se encontraron con una quincena de internos, hombres de procedencia colombiana y peruana. “Estaba en estado de shock, aterrada”, recuerda durante una conversación mantenida pocos días después de lo sucedido.

Fuera del CIE les esperaban un autobús, varios coches patrulla y furgones de la Policía Nacional. Formaban parte de un vuelo colectivo de expulsión con decenas de internos de toda España y un centenar de agentes. Marta cuenta que les mostraron distintos documentos para que firmaran: la orden de expulsión y la devolución de sus objetos personales. Pero no les permitieron leer nada.

A Marta le tocó viajar en coche. Tras una parada en Zaragoza, llegaron a Madrid. Tenía las manos hinchadas: llevaba más de diez horas esposada y solo pudo ir al baño un par de veces, atada y con una policía a su lado. No pudo cambiarse de ropa: iba manchada de sangre. “Tengo la regla muy abundante, sangro mucho y tengo cólicos fuertes”, dice, indignada por el trato recibido.

Pero no acabó ahí. Marta recuerda que, a la llegada a Madrid, la policía esparció por el suelo las bolsas de basura con sus pertenencias. “Aquello parecía un vertedero”, recuerda. Los internos las iban abriendo en busca de sus cosas, apresurados por recuperarlas antes de subir al avión.

Cuando aterrizaron en Bogotá, Jorge Leonardo, un interno que había conocido en el CIE, le echó una mano. Marta no tenía dinero, pero él contaba con cuarenta euros, en dos billetes de veinte: uno de ellos con un trozo de celo que nadie quería cambiar. Los otros veinte los usó para coger un autobús e ir a ver a unos parientes de su amigo. Sin dinero ni batería en el móvil, Marta tardó dos días en conseguir hablar con su hermano. Ya hacía 72 horas que su familia no sabía nada de ella. 

“Cuando mi hermano me escuchó, se puso a llorar. No podía parar. Empecé a enviar audios a mis hijos para que no sospecharan nada. Pero mi hija se dio cuenta. Casi dejó de comer. El pequeño, de dieciocho años, es quien está más afectado. Me expulsaron sin que pudiera despedirme de ellos; la familia está destrozada”, insiste Marta. 

Hacía pocos meses que la jueza de control del CIE había recordado por escrito al director del centro que la policía está obligada a avisar con al menos 24 horas de antelación de una expulsión. La magistrada había hecho esta advertencia a raíz de un caso anterior, el de otra mujer expulsada sin previo aviso. Le preocupaba que no fuera un hecho aislado, sino una práctica sistemática. La carta se envió “a los efectos de evitar actuaciones o procedimientos que pudieran constituir pautas generalizadas”, señala la resolución.

Cel Far Sicart, responsable de visitas al CIE de la entidad Migra Studium, asegura que han detectado otros casos como el de Marta. Pero además apunta que 24 horas tampoco es tiempo suficiente: “Ese margen tan reducido les impide presentar recursos jurídicos, denunciar vulneraciones y, además, las familias no pueden despedirse, lo que genera un fuerte sentimiento de indefensión y angustia”.

Marta llegó hace veintitrés años a España. Ha trabajado de camarera, cuidando ancianos, en una editorial, en un almacén de ropa, en una empresa de limpieza… Ha hecho de todo. ¿Cómo es posible que no tenga papeles? ¿Quizás estuvo en la cárcel? “Nunca”, responde. En el CIE hay personas que han pasado por prisión y han visto su condena transformada en una orden de expulsión. Pero no era su caso. 

En 2005, durante la última gran regularización, el gobierno de Zapatero concedió permiso de trabajo y residencia a más de medio millón de inmigrantes. Marta tenía una amiga en una empresa de limpieza con la que acordó que le pagaría la Seguridad Social para poder regularizar su situación. Pero cuando fue a renovar su permiso, le dijeron que no había ingresado ninguna cuota. Le abrieron una orden de expulsión por no tener los papeles en regla. Encontró trabajo y recuperó la tarjeta de residencia. Pero cuando perdió el empleo, también perdió el permiso. 

Marta Vallverdú, abogada de Irídia, reconoce que las condiciones para renovar los papeles son muy duras. “Muchos de nosotros [en referencia a las personas nacidas en España] no las cumpliríamos. Tienes que reunir una serie de requisitos, como haber cotizado un tiempo determinado. No es fácil”, especifica.

Desde entonces, atrapada en un ciclo de trabajos inestables y papeles frágiles, se fue perdiendo en el laberinto administrativo. El último mazazo le llegó a raíz de un desahucio: “Lo perdí todo: la ropa, los muebles… Y me abrieron una orden de expulsión. Intenté anularla con un abogado, pero mientras hacíamos el trámite me enviaron al CIE”, relata. 

La abogada de oficio apareció minutos antes de la vista. El juez, el fiscal y su abogada coincidieron en la misma lectura: no creían su historia. “Decían que no tenía padrón, ni un piso alquilado a mi nombre, ni agrupación familiar formalizada”, recuerda Marta. Con estas ausencias administrativas, se dictó el ingreso en el CIE. 

Entonces, su familia buscó un abogado privado para intentar presentar un recurso. Suelen ser los allegados quienes, a contrarreloj, deben aportar pruebas de arraigo que la policía haya podido pasar por alto en su informe: tarjetas sanitarias, certificados de empadronamiento, inscripciones en cursos de lengua… Documentos que pueden marcar la diferencia entre el internamiento y la libertad. Pero no hubo tiempo, la expulsaron.

La decisión final depende, en última instancia, del criterio de cada juez. “Con la misma información, uno puede decidir una cosa y otro, lo contrario”, aclara la magistrada de Control del CIE, Zita Hernández. “Nos encontramos con que faltan datos, pero aun así, tenemos que decidir”, añade.

Salma y su hijo Jalal: cuarenta días de angustia 

“Me levanto por la mañana y tengo un ta-ta-ta-ta aquí”. Se toca el pecho. “No paro de pensar y pensar, cada vez más rápido, bu-bu-bu, empiezo a dar vueltas por casa, vueltas y más vueltas. Entonces me da un mareo, me paro, me encojo, me hago pequeña y cierro los ojos”, explica Salma. Su único hijo, Jalal, lleva 19 años viviendo en Catalunya. Se marchó de su país cuando solo tenía trece, y este año, al cumplir los 32, fue internado en el CIE de Barcelona.

Mientras estuvo encerrado, Salma hacía cada semana un largo viaje para verlo. Preparaba una bolsa con un bocadillo, una botella de agua y tabaco para su hijo. Dedicaba todo el día a visitarlo. Tres horas de ida y tres de vuelta: dos autobuses, tres líneas de metro diferentes y una larga caminata de veinte minutos por una zona desierta, sin gente, donde solo circulan camiones. “El silencio y la ansiedad te acompañan hasta el CIE”, explica mientras recorre la parte final del trayecto.

Los primeros días en el centro, Jalal se quedaba en un rincón, en silencio, dejándose llevar por sus pensamientos hasta que la angustia lo ahogaba. Pensaba en la expulsión, en lo que vendría después. “Al principio me desmayaba, los policías me daban ventolín para respirar, me faltaba el aire”, reconoce acerca de su estancia en el CIE.

Los internos pueden hablar por teléfono, pero solo con móviles sin cámara ni acceso a Internet. La Ley de Extranjería establece que el ingreso en un CIE debe ser un recurso no penitenciario y de carácter excepcional: no han cometido ningún delito, solo carecen de papeles. Sin embargo, como muestran la historia de Marta y Jalal, y el último informe sobre los centros de internamiento, publicado este octubre por el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), “se priva de libertad a personas con largas trayectorias de arraigo”.

Hace más de cuarenta años, Salma decidió migrar. Quería preparar un futuro para su hijo. Otras familias de Marruecos hacían lo mismo, pero había una diferencia: ella era mujer. No tenía otra opción que dejar al niño con una conocida. Solo sería por un tiempo. Ella regularizaría su situación y pediría la reagrupación familiar. Pero el tiempo pasó y, de repente, ya habían pasado ocho años. “Siempre me reprocha que lo abandoné, pero yo he sufrido mucho, mucho”.

Hace años que Salma trabaja como cuidadora en distintas residencias cercanas a Barcelona. Se ha formado, tiene el diploma sanitario para la atención de personas con dependencia. Cuando habla del trabajo, asiente y aprieta los labios. “Es un trabajo duro y mal pagado”. 

Años de limpiar casas, levantar cuerpos frágiles, cargar pesos, le han destrozado la rodilla. Cada noche se pincha un calmante fuerte para poder dormir. Pero el problema no es el malestar físico. “Lo peor es esta tristeza. Me bloqueo. Es como si me hubieran colgado al revés, solo tengo un hijo”. 

Durante cuarenta días encerrado, Jalal vivió episodios de discriminación y violencia. “Un día, golpearon a mi compañero de habitación solo porque tardaba en vestirse”, rememora ahora. Desde el Ministerio de Interior aseguran que “las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado garantizan la seguridad y el libre ejercicio de los derechos y libertades de todos los ciudadanos [...] y actúan en esos términos, con estricto sometimiento al ordenamiento jurídico”. Pero internos como Jalal describen bofetadas, insultos y aseguran que el miedo a ser agredido o deportado eran parte de su día a día.

Aun así, Jalal salió. Y emprendió el camino hacia el pueblo del Vallès en el que vive con su madre: fueron tres líneas de metro diferentes y dos autobuses. Cuando se vieron, se fundieron en un abrazo intenso. Lloraron. Después, prepararon té. Entonces llegaron las primeras preguntas: “¿Y ahora qué vamos a hacer?”, reflexiona en una entrevista mantenida con este medio el día de su liberación.

A pesar de haber vivido casi veinte años en España, el único documento legal que tiene Jalal es una orden de expulsión. Esta es la situación más habitual en el CIE de Barcelona: casi cada año, más de la mitad de las personas internadas no llegan a ser expulsadas. En 2024 solo se ejecutaron 148 expulsiones, el 37% del total, prácticamente la misma proporción que en 2023. El 63% restante quedó en libertad. 

Hay muchas razones por las que los internos pueden salir. La primera es que solo pueden estar en el CIE durante 60 días; si en ese tiempo la policía no ha conseguido preparar un vuelo de deportación, deben quedar en libertad. También puede ocurrir que la frontera entre países esté cerrada; puede ser que la persona haya solicitado asilo y todavía esté en trámite cuando se alcanza el límite de los 60 días; o bien que el juez haya aceptado el recurso con la información que acredita que la persona reside en España desde hace años.

Con todo, Cel Far Sicart, de Migra Studium, aclara que salir del CIE no significa quedar en situación regular, solo que no se ha podido ejecutar la expulsión. “Tener una orden de expulsión implica vivir bajo la amenaza de ser detenido otra vez; sin embargo, teóricamente no pueden volver a internarte en un plazo de dos años”.

Los internos en el CIE no están allí por haber cometido un delito, sino por una falta administrativa: estar en situación irregular. Desde Migra Studium y otras entidades se ha denunciado reiteradamente que los CIE son “mecanismos que generan dolor y sufrimiento, y el hecho de que salgan más internos en libertad que expulsados es una prueba muy clara de ello”.

Ahora Salma y Jalal vuelven a empezar de cero. Tienen que buscar un abogado, y asumir el coste económico para limpiar el expediente de su hijo para que pueda trabajar o alquilar un piso. El joven habrá conseguido la libertad, pero seguirá estrechamente ligado a aquel centro del que lo sacaron a toda prisa y del que no pudo salir durante cuarenta días. 

Los nombres han sido modificados a petición de los protagonistas para proteger su intimidad. 

Premio Montserrat Roig a la promoción de la investigación en el ámbito de los derechos sociales y la acción social en Barcelona.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) de Palencia ha presentado una demanda de conciliación ante el Juzgado de Palencia al alcalde de Hontoria de Cerrato (de unos 100 habitantes), José Antonio Abarquero, después de que este aceptara colocar el Stolpersteine —adoquín de recuerdo— de Antonio García Hevia en el cementerio, a un kilómetro del pueblo. “El lugar [el cementerio] resulta muy poco frecuentado, lo que rompe directamente con la filosofía del propio Stolpersteine y su dignidad”, señalan en la demanda, a la que ha tenido acceso elDiario.es.

La asociación memorialista lleva intentando homenajear a Antonio García Hevia —asesinado en 1941 en el campo de concentración de Mathausen/Gusen (Austria)—, desde finales del año pasado y ya ha optado por acudir a la Justicia para que el alcalde coloque el adoquín en una parte “visible, transitada y lógica a los valores europeos” y así se reconozca la dignidad de Antonio García Hevia, al que consideran “merecedor de un lugar adecuado”.

Antonio García Hevia, del que ni siquiera se conservan fotografías, fue deportado por sus ideas políticas. Nació en 1898, fue apresado en 1940 en Los Vosgos y pasó también por el Stalag (campo de prisioneros de guerra) de Fallingbostel, en Alemania. Venía de una familia de pastores de Palencia, pero él se marchó a Aragón y allí le deportaron. En los campos nazis, los presos tenían que rellenar unas fichas con datos personales y, entre ellos, les preguntaban por un familiar de contacto. Antonio dio los datos de su cuñado, pero este nunca recibió noticias de él y no se volvió a hablar de él en la familia“.

Hace varios meses, la familia ya denunció que el alcalde les estaba poniendo “pegas e impedimentos” y le acusaban de utilizar “prácticas dilatorias. El equipo de Gobierno —del PP— rechazó en dos ocasiones colocar el adoquín de la memoria en una de sus calles en recuerdo porque consideraban que el lugar idóneo para dicho homenaje es el cementerio municipal. La ARMH palentina argumenta ahora ante el Juzgado que la esencia de este adoquín es precisamente que esté en una calle visible del pueblo, dada su ”finalidad pedagógica y de recuerdo“. Esta demanda de conciliación es previa al ejercicio de acciones legales.

A principios de octubre, la Secretaría de Estado de Memoria Democrática mostró su apoyo a la colocación de un stolpersteine e instó al alcalde a cumplir la legislación vigente sobre reconocimiento a las víctimas del franquismo. La Secretaría de Estado de Memoria Democrática confía “en que el Ayuntamiento continuará colaborando para lograr un reconocimiento digno y acorde con los objetivos de la ley” y se puso a disposición de los familiares y de la ARMH Palencia “para cualquier consulta o apoyo que pueda necesitarse en el marco de la memoria democrática”.

“Vete y más te vale no volver. Tenemos gente que no va a ser libre en mucho tiempo. Y algunos desaparecen por completo, y nadie los encuentra. Alégrate de salir vivo y sano. No siempre es así, créeme”. Así recuerda un hombre las palabras de un miembro del convoy que lo deportó en un paso fronterizo entre Rusia y Georgia. Los expertos independientes que investigan para la ONU los crímenes cometidos en Ucrania recogen su testimonio en un nuevo informe que concluye que las autoridades rusas han deportado a civiles adultos a Georgia desde las zonas ocupadas por el Ejército de Vladímir Putin en la región de Zaporiyia, al sureste de Ucrania, cometiendo crímenes de guerra.

En el documento, presentado a la Asamblea General, la llamada Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Ucrania recoge que tales deportaciones se han llevado a cabo en 2024 y 2025 a través de territorio ruso. Las víctimas son personas adultas, hombres y mujeres –de diversas profesiones, orígenes y edades– y los autores, según la comisión, las acusaron de negarse a cooperar con las autoridades rusas, de negarse a obtener un pasaporte ruso o de tener opiniones proucranianas.

Los autores los transportaron a la frontera entre Rusia y Georgia y les ordenaron cruzarla. El punto en concreto es el puesto de Verjni Lars, según la comisión, que documenta cómo empleados de la llamada “Dirección de Asuntos Migratorios” establecida en la región ocupada y otras autoridades rusas organizaron el transporte y escoltaron a grupos de víctimas hasta el paso fronterizo. “Saludos del FSB [los servicios secretos rusos]. No eres tonta, y si regresas, te dispararán en la cabeza”, le dijo un hombre del convoy a una mujer deportada en el cruce, según el testimonio de la afectada. 

Antes de las deportaciones, según describe la comisión, los miembros del FSB y otras autoridades rusas solían efectuar registros domiciliarios, arrestar y detener a las víctimas, confiscarles documentos de identidad importantes y otras pertenencias. Algunas personas fueron sometidas a tortura. Las deportaciones se ordenaban a menudo mientras las personas afectadas se encontraban detenidas, con muy poca antelación o sin previo aviso. En la frontera entre Rusia y Georgia, reza el documento, generalmente les devolvían los documentos confiscados, pero no siempre lo hicieron, lo que les complicaba más las cosas. 

“Las circunstancias de los casos documentados por la comisión demuestran un profundo desprecio por la vida y la dignidad humanas. Los autores infligieron un dolor y un sufrimiento mental a las víctimas, que fueron separadas de sus familias y hogares y, a menudo, tuvieron que empezar una nueva vida desde cero”, ha dicho en una rueda de prensa Vrinda Grover, una de las tres integrantes del grupo de expertos. Según precisa Grover, la embajada de Kiev en Georgia ha recibido más de 540 denuncias de civiles que afirman haber sido deportados de Ucrania.

“Naciste en el lugar equivocado”

Los perpetradores leyeron o entregaron órdenes de deportación que mencionaban la decisión de no permitir “la entrada a la Federación rusa” por períodos de 20 a 40 años. Las expulsiones fueron ordenadas por la denominada Dirección de Asuntos Migratorios de la Dirección General del Ministerio del Interior de Rusia para la región de Zaporiyia, uno de los cuatro territorios que Moscú dijo absorber en 2022 en una anexión ilegal bajo el derecho internacional. “Comunicaron la decisión de deportar a las víctimas ‘del territorio de la Federación de Rusia’, refiriéndose a las zonas que las autoridades rusas han ocupado en Ucrania. Las decisiones invocan la legislación de la Federación de Rusia sobre el ‘estatus jurídico de determinadas categorías de ciudadanos extranjeros o apátridas en la Federación de Rusia”, indica el informe.

Sin embargo, más allá de esos documentos, las autoridades rusas generalmente se negaron a comunicar los motivos de las deportaciones. Los expertos recogen el testimonio de una mujer que preguntó cuál era la razón a los hombres armados que irrumpieron en su apartamento, la detuvieron y le informaron de su próxima deportación. “Naciste en el lugar equivocado”, le respondieron.

El papel de las autoridades georgianas no formó parte de la investigación del grupo de expertos, a los que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU encargó la tarea de indagar en los abusos y crímenes derivados de la invasión rusa en Ucrania. “Sin embargo, las entrevistas realizadas por nuestro equipo de investigación muestran que las autoridades georgianas no impidieron la entrada en Georgia de los ucranianos a quienes las autoridades rusas habían despojado de sus documentos de identidad. Y, una vez dentro del país, se les permitió quedarse y pudieron recibir ayuda de ONG que prestaban apoyo a los civiles ucranianos deportados”, explica la comisión a elDiario.es.

Traslados a territorio controlado por Ucrania

Desde su creación en 2022, el grupo de expertos ha documentado diferentes situaciones en las que las autoridades rusas han deportado o trasladado a civiles, adultos y niños, desde territorios que quedaron bajo su control en Ucrania. Durante las investigaciones recientes, se ha centrado en Zaporiyia, desde donde también ha documentado que civiles adultos fueron trasladados en 2022 y 2023 a territorios controlados por el Gobierno ucraniano, a través del puesto de control de Vasilivka. Eran acusados por Rusia de no cooperar, de llevar a cabo actividades consideradas desestabilizadoras o de tener una postura proucraniana, de acuerdo con los investigadores. 

Las circunstancias de los casos documentados por la comisión demuestran un profundo desprecio por la vida y la dignidad humanas

Vrinda Grover — Experta de la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Ucrania

El informe recoge que agentes del FSB y otras autoridades los arrestaron, detuvieron e interrogaron, registraron sus casas y confiscaron documentos, dinero, teléfonos, vehículos, llaves y otras pertenencias. “Muchas víctimas fueron objeto de violencia o amenazas de violencia, y fueron coaccionadas para que firmaran documentos preimpresos o dictados o hicieran declaraciones autoincriminatorias ante la cámara”, señala la comisión.

Los traslados se llevaron a cabo en un entorno “coercitivo y peligroso”. Les ordenaron que avanzaran a pie a través de una zona operativa de entre 10 y 15 kilómetros de longitud para llegar al territorio controlado por el Gobierno ucraniano, en una zona operativa muy peligrosa para los civiles con minas terrestres y trincheras, mientras oían disparos y bombardeos en las cercanías, según el informe, que se basa, entre otras cosas, en entrevistas a a 226 personas y el análisis de más de 500 vídeos, así como fotografías, imágenes satelitales y otros documentos.

La comisión concluye que las autoridades rusas han cometido crímenes de guerra en las deportaciones y traslados en las zonas ocupadas de Zaporiyia y también ha constatado que, en ambas situaciones, los actos se han cometido durante períodos prolongados, lo que indica que fueron sistemáticos, mientras que las pruebas demuestran que diversas entidades rusas han actuado “de manera organizada y coordinada”, y conforme a una política estatal. Las autoridades de ocupación de la región, incluido el “gobernador” nombrado por Rusia, han actuado conjuntamente con miembros del FSB para deportar o trasladar a civiles ucranianos.

Ataques con drones incesantes

Por otro lado, la comisión ha documentado cómo los ataques recurrentes perpetrados por las fuerzas armadas rusas con drones contra múltiples objetivos civiles en la orilla oeste del río Dniéper –en las regiones de Dnipropetrovsk, Jersón y Mykolaiv– han obligado a miles de personas a huir de las zonas atacadas. Es una zona que se extiende a lo largo de más de 300 kilómetros. 

“Las unidades militares de las fuerzas armadas rusas desplegadas en una zona geográfica que se extiende a lo largo de tres regiones, pero que operan bajo un mando centralizado, han atacado a personas y bienes civiles con drones durante más de un año”, concluye el informe. Estos causaron la muerte y heridas a civiles (también entre los equipos de respuesta), además de provocar daños y destrucción a gran escala, lo que hizo que muchas zonas quedaran inhabitables. La comisión sostiene que forman parte de un patrón y que han sido generalizados y sistemáticos. “El entorno coercitivo, el terror y la devastación resultantes dejaron a miles de personas sin otra opción que huir”, señala el equipo de expertos. 

“Estos ataques incesantes también siembran el terror entre la población civil y constituyen, por lo tanto, violaciones de numerosos derechos humanos”, ha dicho Pablo de Greiff, otro de los expertos de la comisión.

En resumen, además de expulsar a los civiles ucranianos mediante deportaciones y traslados, las autoridades rusas han coordinado “sistemáticamente” acciones para echarlos de sus casas mediante ataques con drones. La comisión cree que estos ataques constituyen un crimen contra la humanidad por traslado forzoso de población, al formar parte de una “política coordinada” para expulsar a la población civil de esos territorios. Además, prosiguen los investigadores, también equivalen al crimen de lesa humanidad de asesinato y crímenes de guerra de dirigir intencionadamente ataques contra civiles y bienes de carácter civil.

Los investigadores han intentado verificar las denuncias del bando de Moscú sobre ataques con drones en zonas que están bajo el control de las fuerzas armadas rusas en la orilla este del río Dniéper. Pero las autoridades rusas no permiten a la comisión acceder a los territorios que controlan y tampoco han respondido a sus preguntas, lo que, junto a las preocupaciones por la seguridad de los testigos, ha hecho que los expertos no hayan podido concluir su investigación por falta de pruebas suficientes. 

Afectados por la crisis presupuestaria de la ONU

De hecho, Moscú no respondió a 35 solicitudes escritas de acceso, información y reuniones de la comisión, a la cual no reconoce. Además de la falta de cooperación del país invasor, la labor del grupo de expertos está sufriendo los estragos de la crisis presupuestaria que azota a la ONU porque sus Estados miembros no han estado pagando las cuotas asignadas.

“La situación financiera, sigue siendo muy mala y nuestra situación ha ido a peor. Empezamos nuestro trabajo con unas 24 personas empleadas y ahora hemos bajado a 13. Pero seguimos concentrando nuestros recursos para mantener la calidad de nuestro trabajo. ”Es un reto. Nuestros investigadores y nuestro personal están muy comprometidos y nos esforzamos mucho por mantener el mismo nivel en los informes“, ha dicho el presidente de la comisión, Erik Møse.

“Y lo mismo ocurre con los viajes. Antes íbamos con más frecuencia a Ucrania, intentábamos hacer quizás dos viajes al año, pero ahora no ha sido posible. Y este año, gracias a una cuidadosa gestión presupuestaria y a la reasignación de recursos, podemos ir a principios de noviembre. Así que, en cierto modo, esto demuestra que la crisis de liquidez nos afecta gravemente. Pero seguimos trabajando”, sentencia.

En el campo de concentración nazi de Mauthausen se pasaba hambre. Mucha. Así lo atestiguaba Juan Arregui Olano, un vasco natural de Barakaldo que acabó deportado allí, reducido a un mero número. Recordaba, en una entrevista concedida muchos años después, que en 1944, cuando ya acumulaba dos años con sus más de seiscientas noches en el campo, llegó por primera vez una delegación de la Cruz Roja. Les entregaron unas tarjetas postales para que pudiesen hacer llegar un mensaje a casa, pero en él no se podía añadir nada. Él se valió de una triquiñuela para trasladar más información. “El euskera vino a resolverme tan trágico problema. Existía un recuadro en el que había que poner el número de prisionero y el nombre, así que, como nunca éramos llamados por el nombre, puse mi número y luego J. Arregui Goizandia [que puede traducirse del euskera como 'mucha hambre']. Mi madre comprendió enseguida que tenía hambre y así recibí el primer paquete”, rememoraba.

El de Arregui Olano es uno de los muchos testimonios que se recogen en la exposición 'Memoria de la deportación. Testimonios vascos de los campos nazis', que puede visitarse en la Sala Amárica de Vitoria hasta el 23 de noviembre. “Hay heridas del pasado que tardan años en cicatrizar. Algunas, como la de la deportación vasca a los campos de concentración nazis, no se cierran en vida de quienes las sufrieron. Primero la muerte y el olvido conseciente y después la desmemoria han contribuido a que, ochenta años después de la liberación de los campos, la herida siga abierta”, se puede leer nada más acceder a las instalaciones. “Hasta para quienes lo sufrieron en sus propias carnes, resulta imposible no ya expresar con palabras, sino siquiera concebir que algo así haya sucedido”, se añade. Para que no caigan en el olvido, se han grabado los nombres de más de dos centenares de víctimas en las paredes. El comisario de la exposición es Luis Sala, que esta semana, durante el acto de presentación, ha llevado a cabo una visita guiada de todos los elementos que la componen.

El visitante puede seguir las diferentes oleadas de vascos hacia el exilio, aprender sobre los diferentes presos que poblaban los campos de concentración nazis, leer —y también escuchar— testimonios de deportados vascos, ver cómo era el uniforme que se les imponía a quienes acaban en aquellas máquinas de “deshumanización”... Y todo comenzó con la derrota de la República en la Guerra Civil española, que precipitó la salida hacia el exilio de alrededor de 100.000 vascos. “Es horroroso ver ancianos que padecen enfermedad, enfermos con paludismo, reuma, fiebres, etc. y constatar que junto a la buena voluntad de los médicos no existe ningún medicamento. Ni una sencilla purga, ni un bote de linimento. Ya que te hablo con toda franqueza no puedo ocultarte que me parece bárbaramente inhumano el ver a enfermos nuestros en esta situación. Cinco mil vascos, encerrados entre alambradas y en barracas, sin colchón todos, sin mantas gran número, sin medicamentos, sin vestidos”, escribía ya en 1939 en una carta el deportado Iñaki Azpiazu, preso en el campo de Gurs, sito cerca de la localidad francesa de Oloron-Sainte-Marie.

Víctimas “condenadas al olvido”

La exposición se enmarca en un año que tanto desde el Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos (Gogora) como desde el Gobierno vasco, con la consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, al frente, se ha dedicado a recordar y rendir homenaje a más de dos centenares de vascos que fueron deportados a campos de concentración nazis a lo largo de la Segunda Guerra Mundial. “Eran unas víctimas que habían sido condenadas al olvido y era necesario reivindicarlas, reivindicar todo su sufrimiento y la resiliencia, la fuerza y la dignidad con la que sus familias han conservado su recuerdo”, ha sostenido Alberto Alonso, director de Gogora. Era necesario, ha añadido, que esos recuerdos pasasen a fomar parte de la “memoria histórica y democrática” del pueblo vasco. La consejera y el director de Gogora han estado acompañados en la presentación por Ana del Val, diputada foral de Cultura y Deporte, también del PSE-EE.

La exposición, que se puede ver en Vitoria desde ahora y hasta el 23 de noviembre, se propone dotar esos retales de memoria de un contexto en el que entenderlos. “Tenemos la firme convicción de que solamente mirando al pasado sin ningún tipo complejo, de una forma crítica y reflexiva, podemos construir la ciudadanía del presente y la del futuro”, ha apostillado Alonso. “Hoy es más necesario que nunca volver a mirar hacia atrás, volver a ver cómo en un momento dado la humanidad se vio arrastrada a lo más profundo de la miseria, cómo se pudo llegar a negar la humanidad a millones de personas”, ha dicho, con alusiones a un presente en el que vuelve a estar en boga la palabra 'genocidio' por los asesinatos que Israel está perpetrando en Palestina. Era en ese abismo de miseria en el que, tal y como detallan las memorias de los deportados que la sufrieron, se torturaba, se ahogaba de hambre y se humillaba una y otra vez hasta despojar a los presos de cualquier destello de dignidad. “En la cantera existía un deporte favorito entre los SS que consistía en hacer apuestas sobre quién tumbaba más presos en menos tiempo”, recordaba Arregui Olano tiempo después de estar preso.

“Sus nombres jamás pueden volver a ser olvidados”

La consejera San José ha recalcado que la exposición se nutre de donaciones hechas por familiares de las víctimas de las deportaciones. “Estos objetos, de un incalculable valor sentimental, son una evidencia material que permite a las familias mantener un vínculo emocional con quienes tuvieron la desgracia de sufrir el exilio, la deportación y el trato inhumano en los campos de concentración”, ha sostenido. La consejera ha incidido en varias ocasiones en el hecho de que fue la represión franquista la que arrastró a estas personas hacia el exilio a Francia, donde luego fueron reclutadas sin alternativa para luchar en la Segunda Guerra Mundial, tras la que acabaron encerradas en los campos nazis. “Miles de apátridas a quienes el odio revanchista del régimen franquista les había negado la nacionalidad vasca y española. Encerrados entre alambres de espino, privados de lo más básico: del derecho a tener derechos”, ha argumentado.

La exposición, ha dicho la consejera, pretende “revisitar” la memoria de estas víctimas y recordar “su sacrificio”. “Muchos de ellos acabaron en campos de concentración nazis, arrojados al pozo más oscuro al que jamás se ha visto arrastrada la humanidad. No solo se les negaban sus derechos y su nacionalidad, sino que se les terminó negando su propia condición de seres humanos. Arrojados a una maquinaria de exterminio, muchos de ellos fallecieron en condiciones absolutamente lamentables”, ha apostillado San José. “Han de formar parte de nuestra memoria colectiva, de nuestra memoria democrática. Sus nombres jamás pueden volver a ser olvidados, porque ya son parte del patrimonio democrático de esta sociedad. Su sacrificio y su dolor fueron el germen de esta Euskadi que mira al futuro comprometida con la libertad, la igualdad y la fraternidad”, ha apuntado también la consejera.

Una sección de la exposición está exclusivamente dedicada a las mujeres que fueron víctimas de las deportaciones. Los archivos de Ravensbrück, el mayor campo de concentración nazi dedicado a mujeres, se quemaron, pero se ha rescatado cierta información sobre algunas de las represaliadas. “Cada día estábamos más depauperadas, veíamos más cercano nuestro fin, pero ¿en qué condiciones? Vivíamos como autómatas, no comprendíamos más que los gritos, no oíamos más que quejidos y súplicas, el ruido sordo y seco de los palos, los perros que aullaban y el 'tacatac' de las ametralladoras. Vivíamos angustiadas, desesperadas, ¿teníamos reacciones humanas? Aguantar, aguantar. Siempre en lo más íntimo de nuestro corazón brillaba una lucecita débil de esperanza, ¡pero tan débil! Cuesta aceptar morir como una bestia”, rememoraba Alfonsina Buena, una de ellas. A la vuelta, en un rincón se reproduce el icónico mensaje —“Los españoles antifascistas saludan a las fuerzas liberadoras”— con el que los prisioneros españoles de Mauthausen recibieron a los estadounidenses que liberaron el campo en 1945, hace ahora ocho décadas.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), que se encarga de detener y deportar migrantes, ha publicado un vídeo en el que se ve a uno de sus agentes llevando a otro hombre esposado y tumbado boca abajo en un carrito de almacén.

El arrestado, que viste una sudadera con capucha, lleva esta caída sobre la cara, empujada por la mochila que tiene colgada sobre la espalda, por lo que apenas ve por dónde le llevan. En las imágenes no se distingue si lleva los pies atados al carro, pero sus extremidades inferiores permanecen inmóviles. Tampoco se puede apreciar si el hombre, que mueve la boca en alguna ocasión, emite algún sonido, ya que en todo el vídeo suena de fondo la canción de 2005 Ridin' de Chamillionaire, cuya letra comienza con la frase “Me ven rodando”.

El ICE ha publicado este vídeo en su cuenta de la red social X, afirmando que se trata de Portland. Los comentarios son en su mayoría de mofa e incluso de celebración, con frases como “el tío está disfrutando el paseo”, “sacando la basura”, “algunos necesitan aprender por las malas” o “qué pena, mucha de esta gente parece que realmente necesitan hacer ejercicio”. Otros, una minoría, lo critican, como uno que afirma: “Así NO es como tratamos a nuestros ciudadanos. Espero que os denuncien”.

Hace poco más de una semana que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó desplegar al Ejército en Portland, en el estado de Oregón. Además, dio autorización a las tropas para el uso de la “fuerza total”, al igual que ya había hecho en meses anteriores en Los Ángeles (California), Washington DC y Memphis (Tennessee). Todas ellas son ciudades demócratas que han rechazado el despliegue de tropas y a todas ellas las ha acusado de incrementos desmesurados en las tasas de criminalidad basándose en datos falsos.

La Casa Blanca argumentó que tienen que reforzar la seguridad en Portland ante las protestas por las redadas migratorias, que han aumentado debido a algunas decisiones del republicano, como la de designar al movimiento Antifa como grupo terrorista. Precisamente en esa ciudad fue fundado Rose City Antifa, uno de los grupos más conocidos del movimiento antifacista en la actualidad.

Tanto la gobernadora Kotek como los líderes de los condados y locales de Oregón han refutado las afirmaciones del presidente de que necesitan tropas federales para sofocar las protestas, afirmando que tienen todo bajo control y que las manifestaciones han sido hasta el momento generalmente pacíficas. Este sábado , la magistrada Karin Immergut, nominada por Trump, emitió una orden temporal por 14 días para considerar la demanda presentada por el Gobierno de Oregon contra el despliegue militar.

La verdadera razón, sin embargo, es que trata de continuar su estrategia para crear un Estado extremadamente autoritario y personalista, en el que el monopolio de la violencia recaiga exclusivamente en manos del presidente Trump.

En cuanto a las prácticas del ICE, no es la primera vez que se burlan de un detenido. A principios del pasado septiembre el ICE de Nueva Orleans publicó la foto de un arrestado, afirmando que era un “delincuente sexual” y concluyendo que “estaban listos para cualquier desafío, grande y pequeño”, en una clara alusión a la baja altura del migrante. La propia Casa Blanca recogía el guante y parodiaba al detenido caracterizándolo como un muñeco Labubu y añadiendo: “Quizá los Labubus son demoníacos”.

El fin de semana del Memorial Day de 2025 —un festivo en Estados Unidos que se celebra el último lunes de mayo, dedicado a honrar a los militares fallecidos en servicio— una mujer me llamó desesperada para decirme que su marido iba a ser deportado a Laos esa misma noche. Según ella, las autoridades se lo habían comunicado apenas unas horas antes. Aunque trabajo solo y mis recursos son limitados, asumí el caso de manera gratuita porque mis principios me impulsan a representar a quienes no pueden permitirse pagar a un abogado.

Conozco bien el plan del Gobierno de trasladar a los detenidos sin previo aviso para esquivar la supervisión judicial, y me sentí preparado para el reto porque escribo artículos para publicaciones académicas y en 2022 publiqué una guía en la revista de la Facultad de Derecho de la Universidad de California en San Francisco para ayudar a abogados a presentar recursos de hábeas corpus -que exigen a los jueces la revisión inmediata de la legalidad de una detención– en defensa de clientes migrantes.

A pesar de que conseguí una orden del distrito norte de Texas que prohibía explícitamente que mi cliente fuera deportado, lo subieron a un vuelo internacional hacia la 1 de la madrugada. Tras pasar la noche en vela haciendo llamadas y enviando correos, salí a caminar para despejarme.

Entonces mi cliente me sorprendió con una llamada exasperada desde Guam, territorio estadounidense en el Pacífico occidental, donde lo habían hecho bajar del avión y lo habían detenido, posiblemente a raíz de mis gestiones de esa noche. Fue una pequeña victoria: seguía en territorio estadounidense. Corrí a presentar una nueva solicitud ante el tribunal del distrito de Guam para intentar impedir que mi cliente no quedara apátrida, encarcelado indefinidamente o deportado de un modo que vulnerara los tratados de derechos humanos.

De pronto, yo me había convertido en el objetivo

De hecho, en junio, consciente de las condiciones en la megacárcel Cecot –Centro de Confinamiento del Terrorismo– de El Salvador y del drama de otros migrantes expulsados sin previo aviso, tramité una demanda colectiva contra deportaciones en mi distrito, en el área de Los Ángeles, y quería extender esa protección a este cliente. Sabía que el presidente Trump había emitido una proclama para intentar justificar las expulsiones a posteriori, pero confié en mi criterio y en mis capacidades para pedir al tribunal que aplicara la ley tal y como está redactada.

Sin embargo, el Gobierno procedió a expulsar a mi cliente de Estados Unidos. Me sorprendió que el Ejecutivo solicitara al juez que me castigara por mi labor de defensa mediante una moción de sanciones, una estrategia insólita de la administración para arremeter directamente contra los abogados de inmigración, para arruinar su carrera o imponerles multas. Son sanciones encaminadas a castigar a letrados que participen en litigios “frívolos, son fundamento y vejatorios” contra Estados Unidos. De pronto, yo me había convertido en el objetivo.

En mi profesión, las sanciones se consideran un asunto que suscita dudas éticas y cuestiona el criterio de un abogado; pueden incluso inhabilitarte para ejercer determinados cargos, como la docencia universitaria o la magistratura. Por ello, decidí impugnar la moción en silencio y en solitario, convencido de que la ley estaba de mi lado. Aun así, me inquietaba que mis acciones en defensa de mi cliente pudieran interpretarse como poco profesionales, pues mi comportamiento sereno y centrado en los tribunales contrasta de forma radical con la puesta en escena de la Administración Trump, que ha contaminado al Departamento de Justicia y quebrado toda tradición de independencia y dignidad en este organismo.

Una estrategia más amplia

Poco después, un periodista de Politico me indicó que, por lo visto, soy el primer abogado en ser objeto de un plan más amplio: las agencias federales han recibido la instrucción de acusar formalmente a los letrados de conducta poco ética. El objetivo final es inhabilitarlos y frenar futuros litigios. El periodista iba a publicar un artículo sobre esta medida y quería contar con mi testimonio. Yo no deseaba convertirme en protagonista del caso de mi cliente, así que le pedí que utilizara únicamente sus iniciales —como ya había hecho en mis escritos judiciales— para protegerlo. Sin embargo, el Gobierno incluyó su nombre completo en los documentos, aparentemente como castigo por atreverse a hacer valer sus derechos en los tribunales. Aunque el caso principal fue desestimado, la apelación de mi cliente sigue su curso y quizá fue lo que terminó de motivar al Gobierno a arremeter contra mí.

En Estados Unidos, creemos que nuestro Gobierno se rige por las leyes y no por los hombres, por lo que podemos recibir un trato justo. El debido proceso, es decir, la notificación y la oportunidad de ser escuchado, es fundamental para nuestro sentido de la justicia. Esperamos que se nos conceda una audiencia en el tribunal para tener la oportunidad de explicarnos y evitar errores judiciales. Del mismo modo, esperamos poder opinar sobre las leyes que nos rigen.

El Tribunal Supremo ha ido desmantelando sin contemplaciones los derechos individuales, un proceso que ahora se acelera porque todos los derechos están vinculados a los derechos de los migrantes

Todos confiamos en la seguridad jurídica y en la estabilidad política para poder vivir en paz. La política de Estados Unidos durante la guerra de Vietnam llevó a mi cliente y a su familia al país cuando él aún era un niño, de modo que siente esta traición tanto como todos nosotros ante la inestabilidad actual. Sin embargo, el Tribunal Supremo ignora e incluso revoca de forma rutinaria precedentes judiciales para respaldar los amplios edictos de Trump mediante órdenes con escasa o nula fundamentación, afectando a todos nuestros derechos sin el debate ni las garantías que exigen los procesos legislativos y judiciales propios de una democracia. Los tribunales de menor instancia y los abogados quedamos atrapados en un dilema, mientras se sientan precedentes peligrosos que pueden extenderse a todos los estadounidenses, no solo a las personas migrantes.

Mi investigación analiza cómo el Tribunal Supremo ha ido desmantelando sin contemplaciones los derechos individuales, un proceso que ahora se acelera porque todos los derechos están vinculados a los derechos de los migrantes. Aunque la mayoría de los estadounidenses cree que los controles basados en el origen racial o étnico por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) es una práctica reciente, en realidad el tribunal ya lo avaló en la década de los setenta, estableciendo una zona de actuación que abarca la mayoría de las principales ciudades del país. A medida que las fuerzas armadas respaldan las redadas imprudentes y violentas de este organismo contra los migrantes —a veces incluso contra ciudadanos estadounidenses—, el Gobierno está allanando el camino hacia una era de control sin posibilidad de recurso ni reparación.

Los padres fundadores de Estados Unidos y los redactores de la Constitución consagraron los derechos de los migrantes en los documentos fundacionales, garantizando así la vitalidad económica del país. Ahora, como entonces, debemos decidir si mantenemos la unidad o caemos.

Joshua Schroeder es un abogado especializado en la primera enmienda de la Constitución de EEUU.

Traducción de Emma Reverter.

Una jueza federal ha bloqueado temporalmente las deportaciones rápidas de migrantes indocumentados del Gobierno del presidente de EE.UU., Donald Trump, dando la razón a grupos de derechos civiles que argumentan que la medida supone una violación del debido proceso legal.

En enero, Trump restableció la “expulsión inmediata” de inmigrantes, una política que ya aplicó en su primer mandato (2017-2021) y que permite la deportación rápida de indocumentados que no puedan probar que llevan dos años seguidos o más en el país, sin que medie una audiencia.

La jueza Jia Cobb, de Washington D. C., emitió un dictamen en el que critica la medida, pilar de la campaña de deportaciones masivas prometida por Trump, asegurando que “prioriza la rapidez” y “llevará inevitablemente al Gobierno a deportar a personas por error a través de un proceso truncado”.

La política de deportaciones rápidas de migrantes

La política de deportaciones rápidas de migrantes fue denunciada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), la principal ONG en defensa de los inmigrantes en EE.UU., en nombre de otra entidad proinmigrante, Make The Road New York, quienes pidieron bloquear su efecto, a lo que la jueza ha accedido.

En el dictamen de 48 páginas, publicado el viernes por la noche, la jueza dice no cuestionar la constitucionalidad de la política original de deportaciones rápidas, que se lleva aplicando mucho tiempo para deportar inmigrantes cerca de la frontera sur y que lleven pocos días en EE.UU., sino su expansión.

Además, Cobb señala que “al aplicar el estatuto a un enorme grupo de personas que viven en el interior del país y que no han estado sujetas previamente a una deportación rápida, el Gobierno debe garantizar un debido proceso”, indica el documento.

La denuncia argumentaba precisamente que la medida viola la Quinta Enmienda, que recoge el derecho a un proceso legal justo, y las leyes de Inmigración y Nacionalidad y de Procedimiento Administrativo. Agrega Cobb que, “al defender este escaso proceso, el Gobierno hace un argumento verdaderamente sorprendente: que aquellos que ingresaron ilegalmente en el país no tienen derecho a un proceso bajo la Quinta Enmienda, sino que deben aceptar cualquier gracia que les dé el Congreso”.

La política migratoria de Donald Trump está aumentando la presión sobre las fábricas del país, ya que los trabajadores extranjeros con más experiencia se están viendo obligados a dejar sus puestos de trabajo, según alertan trabajadores y líderes sindicales estadounidenses. Después de que los economistas advirtiesen de que los planes de deportaciones masivas de la Casa Blanca pueden costar millones de empleos, trabajadores de dos fábricas en Michigan y Kentucky cuentan a The Guardian que las grandes industrias ya están afrontando una preocupante escasez de mano de obra.

Trump ha impulsado medidas para despojar a más de un millón de migrantes de su estatus legal en Estados Unidos, entre ellas, mediante el cierre del Programa de Permanencia Temporal para Cubanos, Haitianos, Nicaragüenses y Venezolanos (CHNV), que permitía a cientos de miles de personas trabajar legalmente en el país. Paralelamente, ha intensificado las redadas contra migrantes, con un objetivo diario de hasta 3.000 detenciones

Estas medidas han aumentado la presión sobre industrias de todos los sectores, la alimentación, la hostelería, la construcción, el transporte y los cuidados, que dependen de un gran número de migrantes para realizar trabajos esenciales.

Esta primavera, más de 125 empleados de la planta de GE Appliances en Louisville, Kentucky, fueron despedidos de forma abrupta tras la cancelación de varios programas vinculados a la ofensiva de Trump contra la migración, según ha relatado un trabajador. La compañía produce electrodomésticos como frigoríficos, microondas y lavavajillas.

Jess Reese, operario sustituto de la fábrica y organizador del sindicato IUE-CWA Local 83761, explica que “en tres edificios diferentes, en un par de turnos diferentes, los delegados informaron de que se había producido una caída en la producción, por lo que no pudieron fabricar todos los productos que debían”. “Era difícil cubrir ciertas tareas en la cadena de montaje, lo que provocó el caos y dificultó el trabajo”, señala.

Reese expresa su preocupación por la amenaza de que más trabajadores se vean obligados a dejar la empresa. Según él, los planes de Trump para revocar el estatus protegido podrían afectar a otros 200 miembros del sindicato el próximo mes de febrero. “Que cientos de trabajadores desaparezcan de la noche a la mañana no es ninguna broma, como hemos visto con la última ola de despidos masivos”, afirma.

Un portavoz de GE Appliances ha indicado que añadirán “personal adicional donde era necesario”. “Seguimos cumpliendo la ley”, ha añadido.

Entre tanto, en la planta de Kraft-Heinz en Holland, Michigan, el sindicato denuncia que se ha obligado a los trabajadores a hacer horas extra. La compañía es una de las mayores empresas de alimentación y bebidas del mundo, propietaria de marcas como el queso crema Philadelphia y el ketchup Heinz

Trabajadores con 20 años de antigüedad

“Teníamos trabajadores con una antigüedad de 20 años que, de repente, recibieron una notificación de que se les revocaba su permiso de residencia”, explica Tomás Torres, mecánico de mantenimiento desde hace 13 años y presidente del sindicato RWDSU Local 705. “Ya no pueden trabajar en la fábrica y eso supone una carga para todos”, añade.

“Falta personal en las líneas de producción. Hay empleados que manejan dos máquinas, cuando debería haber una persona en cada una. Los gerentes y supervisores están desbordados y cancelan las vacaciones del personal porque no cuentan con suficiente plantilla para operar”, lamenta.

Torres cuenta que ha estado trabajando entre 12 y 14 horas al día, y ha llegado a hacer parte del primer turno, todo el segundo turno y parte del tercero. “Estoy cansado. He visto a trabajadores quedarse dormidos en la línea de producción, y eso es un problema de seguridad laboral”, añade. “Todo lo que ha pasado (como consecuencia de las medidas contra los migrantes) ha afectado a todos los trabajadores en la planta. Es una locura, oigo a la gente quejarse todos los días”.

Kraft Heinz ha negado que la planta esté sufriendo escasez de personal a causa de los cambios en la política migratoria, aunque no ha precisado cuántos trabajadores se han perdido por esos cambios.

En un comunicado, la compañía ha señalado que “Kraft Heinz cuenta con estrictos procesos de verificación de permisos de trabajo que cumplen con todas las leyes y regulaciones aplicables”. Según la compañía, “las horas extras dependen de las necesidades de la empresa, y actualmente estamos en una de nuestras temporadas con más demanda del año”.

Consecuencias económicas

Mientras la Administración Trump sigue adelante con las medidas, los economistas han advertido de que la deportación de millones de migrantes de Estados Unidos podría tener graves consecuencias. Según estimaciones del Instituto de Política Económica publicadas este mes, la expulsión de 4 millones de personas supondría la pérdida de 3,3 millones de empleos ocupados actualmente por migrantes y de otros 2,6 millones desempeñados por trabajadores nacidos en el país, con un fuerte impacto en sectores como la construcción y el cuidado infantil.

Por su parte, el American Enterprise Institute, un think tank conservador, ha concluido que las políticas migratorias de Trump probablemente provocarán una migración neta negativa hacia Estados Unidos por primera vez en décadas y darán lugar a una disminución del producto interior bruto estadounidense de entre el 0,3 % y el 0,4 %, lo que supone entre 70.500 y 94.000 millones de dólares (64.860 millones de euros y 86.480 millones de euros) en producción económica al año.

“Un día está”, señala María José Padmore, asistente de servicios humanos en el condado de Fairfax, en Virginia. “Y, al día siguiente, busco a mi compañero de trabajo y ya no está porque ha expirado su estatus de protección temporal”.

“Dejemos al margen el hecho de que ahora tengo que asumir también el trabajo de mis compañeros, pensemos en sus familias: ¿cómo van a poner comida en la mesa?”, se pregunta.

Este mes, Padmore participó en una mesa redonda sobre cómo las políticas migratorias de Trump están afectando a los trabajadores, organizada por la AFL-CIO, la mayor central obrera del país, y que se celebró en Washington. Gwen Mills, presidenta de Unite Here, el mayor sindicato del sector hotelero, afirmó que estas políticas están “causando estragos en las familias de nuestros compañeros de trabajo y en nuestras comunidades”.

“A menudo, dentro del movimiento sindical, nos encontramos divididos por sectores”, explica Jimmy Williams, presidente del Sindicato Internacional de Pintores y Oficios Afines, que representa a los trabajadores de la construcción. “En cambio, en lo relativo a migración, es quizá el único tema que une a un trabajador de hotel, uno de la construcción, alguien del sector servicios, un empleado público o un profesor. Es algo que afecta a cada persona trabajadora de este país”.

La Administración Trump alega que el programa que permitía la estancia de cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos y otros programas que concedían el estatus de protección temporal fueron objeto de “abusos”, una afirmación que han rebatido grupos como Refugees International.

“No hay escasez de mentes y manos estadounidenses para hacer crecer nuestra masa laboral. Los planes del presidente Trump para crear puestos de trabajo para los trabajadores estadounidenses representan el compromiso de esta Administración de aprovechar ese potencial sin explotar, mientras cumple con nuestro mandato de hacer cumplir nuestras leyes de inmigración” ha asegurado ante las múltiples denuncias Abigail Jackson, portavoz de la Casa Blanca.

Pero esas políticas de la Administración ya están causando temor y ansiedad en las fábricas. “Esto tiene un impacto real en los trabajadores migrantes, obviamente, pero también tiene un impacto real en el resto de trabajadores”, responde Jess Reese, de la planta de GE Appliances en Louisville. “Es muy importante que nos mantengamos unidos, porque todos queremos lo mismo. Queremos lugares de trabajo seguros. Queremos buenos salarios. Todos queremos volver a casa con nuestra familia sanos y salvos. Queremos vivir en un lugar seguro. Queremos ser libres. Son objetivos que todos compartimos y solo los conseguiremos si seguimos haciendo un frente común”, concluye.

Traducción por Emma Reverter.

Thomas, un trabajador irlandés del sector de la tecnología de 35 años y padre de tres hijos, viajó el pasado otoño a Virginia Occidental, en EEUU, para ver a su novia. Ya había estado muchas veces antes en el país, gracias al programa de exención de visados que permite a los turistas europeos quedarse en el país durante 90 días.

El plan de Thomas era volver a Irlanda en diciembre, pero un problema de salud le impidió viajar durante unas semanas, según consta en su historia clínica. Había sobrepasado el límite de estancia para su visita en sólo tres días cuando un encuentro con la policía hizo que acabara en manos de la agencia de control de la migración del país, cuyas siglas en inglés son ICE.

A partir de ahí, lo que debía ser un incidente menor se convirtió en una pesadilla: ICE lo tuvo detenido en tres instalaciones distintas durante unos 100 días, sin saber por qué ni cuándo saldría.

“Nadie está a salvo”

“Nadie está a salvo del sistema si se ve arrastrado por él”, dice ahora Thomas desde Irlanda, unos meses después de que finalmente lo liberasen. Pide que se le cite por un pseudónimo por miedo a mayores represalias de las autoridades migratorias estadounidenses.

Cuando lo detuvieron, Thomas accedió a que lo deportasen inmediatamente. Pese a ello, siguió entre rejas tras la toma de posesión de Donald Trump, que ha incrementado drásticamente las detenciones de migrantes. Como los centros de detención por los que fue pasando se iban llenando de detenidos, Thomas acabó pasando parte de su periplo en una cárcel propiamente dicha, con delincuentes penales, a pesar de que su falta era administrativa.

Thomas regresó a Irlanda en marzo y dice que las autoridades le han dicho que tiene prohibido volver a entrar en Estados Unidos durante 10 años.

Su calvario llega mientras aumentan los casos de turistas y visitantes con visados legales que acaban detenidos por ICE, entre los que hay ciudadanos de Australia, Alemania, Canadá o el Reino Unido. En un caso, una mujer, también irlandesa y con permiso de residencia permanente, pasó 17 días detenida por un antecedente penal de hacía casi dos décadas.

Estos arrestos parece formar parte de una campaña general del Gobierno de Trump, que ha instado a deportar a estudiantes con supuestos vínculos con las protestas a favor de Palestina; enviado a personas a la prisión de Guantánamo o a la megacárcel de El Salvador sin aportar pruebas, deportado a Sudán del Sur, país africano en guerra, a personas sin vínculo con él, e incrementado muy notablemente las redadas por todo EEUU, a gran escala y con personal militarizado.

“Pensé que me iba a casa”

Thomas, que habló con The Guardian en exclusiva, detalló su vía crucis y las condiciones brutales que presenció en los centros de detención que, según los críticos con ICE, sufren desde hace tiempo las personas sin papeles y que han empeorado con Trump.

Thomas, que trabaja como ingeniero para una empresa de tecnología, no había tenido problemas previos con el programa de exención de visados que se aplica a los ciudadanos europeos. Habría vuelto antes a Irlanda, pero se desgarró un gemelo y la hinchazón le impedía caminar, según explica. El médico le dijo que no viajase durante ocho a 12 semanas por riesgo de coágulos, de modo que tuvo que dejar pasar la fecha máxima de salida, que estaba fijada para el 8 de diciembre.

El médico le dio un justificante y Thomas contactó con la embajada de Irlanda y el departamento de Seguridad Nacional para pedir una prórroga, pero lo hizo a última hora y no recibió respuesta, cuenta.

“Hice todo lo que pude con las herramientas que había disponibles online para notificar a las autoridades lo que pasaba”, asegura. Cuando se aproximaba la fecha de expiración del plazo, estaba ya casi curado y dispuesto a regresar pronto: “Pensé que lo entenderían porque los papeles estaban en regla. Solo fueron un par de días, por motivos médicos”.

Llamada a la policía

Quizás no habría pasado nada si no fuese por un fatídico encuentro con la policía.

Thomas y su novia, Malone, estaban con la familia de esta en Savannah, en el estado de Georgia, cuando Thomas sufrió un episodio de salud mental, según ambos lo definen. La pareja tuvo un conflicto en su habitación de hotel que alguien oyó y por el que llamó a la policía, según cuentan.

Malone pide usar su segundo nombre para proteger la identidad de su novio. Dice que tenía esperanzas de que la policía lo llevase a que lo trataran y que no quería presentar cargos contra él. Pero los agentes lo llevaron al calabozo, acusado de retener a la mujer en contra de su voluntad, algo que ella niega.

En manos de ICE

Al poco lo dejaron en libertad bajo fianza, pero en vez de quedar efectivamente libre, quedó en manos de las autoridades migratorias, que se lo llevaron al centro de procesamiento de ICE en Folkston, Georgia, a 160 kilómetros. La gestión de estas instalaciones, con espacio para 1.000 personas, está subcontratada a la empresa Geo Group.

Thomas recibió una orden de expulsión en un documento de dos páginas que decía solamente que se había pasado tres días de la fecha de salida. Firmó el papel el 17 de diciembre.

Pese a ello, siguió en Folkston, sin recibir respuesta alguna acerca de por qué no lo deportaban ni cuando tiempo iba a permanecer detenido. Su abogado, David Cheng, dice que pidió que lo dejasen marchar con el compromiso de volver a Irlanda, como estaba previsto, pero que en ICE se negaron.

En la prisión de Folkston, a un cierto punto hubo una pelea, así que los funcionarios pusieron a los internos en aislamiento durante cinco días, sin posibilidad de contactar con sus familias, según Cheng. Thomas dice que él y otros presos podían salir al aire libre solo una hora a la semana.

A mediados de febrero, tras dos meses encarcelado, lo mandaron a una celda de detención con otras 50 personas en preparación a su traslado. Thomas pensó que por fin volvería a casa. Llamó a su familia para darles la noticia.

Pero lo que pasó fue les pusieron grilletes y los llevaron a una cárcel federal en Atlanta, dirigida por el Departamento de Prisiones, a cuatro horas de Folkston.

Este Ministerio alberga a presos sobre los que recaen cargos por delitos federales, pero el Gobierno de Trump, en el marco de sus medidas para que ICE detenga a más migrantes, mete cada vez a más de ellos en estas cárceles, lo que según los críticos ha provocado caos, situaciones de hacinamiento y violaciones de los derechos de los detenidos.

Cucarachas y calzoncillos manchados

Thomas explica que las condiciones que se encontró y el trato en la cárcel federal fueron peores que cuando estaba en centros de las autoridades migratorias. “No estaban en absoluto preparados para nosotros”, dice.

Junto con otros detenidos, lo mandaron a un área con colchones sucios, cucarachas y ratones, con literas en algún caso sin escalera, de forma que para subir a la cama de arriba había que trepar, según relata.

Como la cárcel no parecía tener ropa para todos, a Thomas le dieron un chándal, pero no camisetas. También le dieron unos calzoncillos raídos y con manchas marrones. Alguno de los chándales que vio tenían manchas que parecían de sangre y agujeros, añade.

A cada preso le daban un rollo de papel higiénico por semana. Thomas compartió celda con otro de los internos, y solo podían tirar de la cisterna del retrete tres veces por hora. Aunque se helaba de frío, solo le dieron una manta fina. La comida era un “engrudo asqueroso”, entre el que había una carne misteriosa que en ocasiones venía con trozos de hueso mezclados con partes incomestibles. Dice que pasó hambre.

“El personal no sabía por qué estábamos allí y nos trataban como al resto de los presos, y así nos lo dijeron”, dice. “Nos dieron un trato infrahumano”.

Sin atención médica

Aunque tanto él como otros presos pidieron ir al médico, nunca les dieron vez, asegura. “Oía a gente pedir ir al médico entre sollozos, diciendo que no podían respirar”. Los trabajadores simplemente decían: “Pues yo no soy médico”, y se marchaban. Al cabo del tiempo sí le dieron la medicación psiquiátrica que necesitaba, pero lo hacían tirándosela por debajo de la puerta, por lo que a veces tenía que buscarla por el suelo.

Los detenidos tenían un tiempo de recreo que pasaban en un recinto cerrado, pero sin apenas acceso al aire libre y que parecía una jaula interior. “No se veía el exterior. Pasé semanas sin ver el cielo”, dice. Thomas sufre de ciática por una lesión de cadera, y con el tiempo empezó a sentir un dolor nervioso “insoportable” por la falta de movimiento.

Caos entre cárceles

Thomas cree que el traslado a la cárcel federal de los detenidos de ICE fue arbitrario y estuvo mal planificado. De los casi 50 que se vieron en esta situación, unos 30 volvieron a Folkston pasada una semana; transcurridos otros siete días, dos volvieron de nuevo a la instalación federal, afirma.

Cargos de ICE aparecían por la cárcel una vez por semana para hablar con los detenidos, que se apelotonaban a su alrededor para pedir noticias y ayuda. Los trabajadores hablaban inglés y español, pero los detenidos de Oriente Próximo y el norte de África estaban sumidos en la confusión. “Fue un sindiós”, cuenta Thomas.

Una vez, Thomas vio a una guarda venirse abajo “al ver la desesperación de la gente que intentaba hablar con ICE para entender lo que pasaba”, y que esta trataba de ayudar en lo que podía. Thomas y Malone pusieron a algunos de los detenidos que eran solicitantes de asilo en contacto con gente que los pudiese asistir.

Como no les dejaban hacer llamadas internacionales, no pudo hablar con sus hijos. “No sé cómo sobreviví”, dice.

A mediados de marzo, lo volvieron a trasladar. Las autoridades no explicaron qué había cambiado, pero dos agentes federales armados lo llevaron a un avión de vuelta a Irlanda.

El Departamento de Seguridad Nacional no contestó a preguntas del Guardian sobre este suceso, y un portavoz del Geo Group rehusó comentar los hechos.

Un portavoz del Departamento de Prisiones, Donald Murphy, confirmó que Thomas estuvo bajo su custodia, pero no dio explicaciones sobe el caso y las condiciones de la cárcel de Atlanta. Ahora mismo, ocho de las cárceles federales albergan detenidos por las autoridades migratorias y, según él, “seguirán apoyando a las agencias de seguridad asociadas para cumplir con los objetivos de la Administración”.

Un caso “delirante”

Los motivos por los que Thomas estuvo detenido tanto tiempo por una infracción migratoria tan leve no están claros.

“Parece completamente delirante que tuviesen detenido tres meses a alguien por pasarse del plazo de la estancia por motivos médicos”, dice Sirine Shebaya, directora ejecutiva del National Immigration Project, organización que no tuvo papel en este caso y que lo ha conocido por un resumen facilitado por The Guardian. “Es un gran despilfarro de tiempo y dinero en un momento en el que constantemente nos dicen que el Gobierno quiere reducir gastos. Parece una detención punitiva y completamente incomprensible”, dice. “ICE ha creado su propia crisis de hacinamiento”.

Jennifer Ibañez Whitlock, especialista en políticas públicas en el National Immigration Law Center, otra organización por los derechos legales de los migrantes que no tuvo contacto directo con el caso, dice que es frecuente que las personas sigan detenidas por las autoridades migratorias a pesar de haber aceptado una orden de expulsión, y que ha tenido clientes europeos escandalizados al comprobar las graves consecuencias de pasarse unos días del plazo fijado para salir del país.

Pero el ICE podía haber liberado perfectamente a Thomas con el compromiso de que volviese a su país, en vez de tenerlo detenido indefinidamente, apunta. La experta señala que el Gobierno de Trump tiene a la gente detenida de forma automática, sin analizar las circunstancias de cada caso. “Solo piensan: '¿Tenemos camas?'”, dice.

Los legisladores republicanos aprobaron en el Congreso estatal de Georgia una ley que obliga a la policía a alertar a las autoridades migratorias cuando detiene a una persona sin papeles, lo que pudo haber influido en que el caso de Thomas saltase en el registro de ICE, según explica Samantha Hamilton, abogada de Asian Americans Advancing Justice-Atlanta, una ONG que defiende los derechos de los inmigrantes y que visitó a Thomas en la cárcel de Atlanta.

Hamilton señala que le preocupan especialmente los inmigrantes que la policía señala e interpela por su color de piel, pero que el calvario de Thomas le recordó que hay mucha gente vulnerable. “Las detenciones masivas son terroríficas y me hacen temer por todo el mundo”, dice.

¿Volver?

Thomas, que viajaba con frecuencia por trabajo a EEUU, duda de si podrá volver algún día. “Este peso lo cargaré toda la vida”, dice.

Su novia, Malone, dice que prevé mudarse a Irlanda con él. “Él no tiene la opción de venir aquí y yo no quiero seguir en Estados Unidos”, dice.

Desde que volvió a Irlanda, Thomas duerme mal y dice que le cuesta procesar lo vivido. “Nunca lo olvidaré, y tardaré mucho en empezar a digerirlo. Sigue sin parecerme real. Cuando lo pienso, me parece una película”, cuenta. También dice que padece problemas crónicos de salud que atribuye a la desnutrición y a los medicamentos inadecuados que le dieron.

Las informaciones de la gente encarcelada sin seguir los procedimientos legales le remueven. “No me habría extrañado acabar en Guantánamo o El Salvador de lo desorganizado que estaba todo”, dice. “Estaba a la merced del gobierno federal”.

Permítanme hoy que me desahogue en estas últimas líneas que les escribo antes del parón vacacional. Muchos de ustedes ya estarán disfrutando de un merecido descanso, quien pueda en cualquier destino de playa, interior o, incluso, fuera de nuestras fronteras, y quien no pueda tanto en nuestros queridos pueblos, que ven cómo estos días reviven con la llegada, en muchas ocasiones, de aquellos extremeños y extremeñas que tuvieron que hacer las maletas para buscar un futuro mejor lejos de su tierra.

Estos días vuelven, o volvemos, a reencontrarnos con aquellos espacios familiares donde, durante las largas noches de verano, hacíamos travesuras junto con los amigos, teníamos nuestro primer amor o nos sentábamos al fresco. Unos lugares que están grabados a fuego en la memoria, pero que están muy lejos de ser lo que fueron. El paso del tiempo, las dinámicas coloniales que nos han subyugado durante décadas y la ausencia de políticas centradas en el medio rural, han hecho que nuestros pueblos estén cada vez más desiertos y abandonados.

Según el Instituto Nacional de Estadística, perdemos población a un ritmo de 12 habitantes al día, es decir, uno cada dos horas, ¡qué se dice pronto! Actualmente tenemos 158 pueblos en riesgo de desaparecer, con lo que eso supone.

Es obvio que necesitamos gente que venga a revitalizar nuestras zonas rurales. Son varias ya las localidades que ofrecen casa y negocio a aquellos que quieran convertirse en nuevos vecinos y vecinas.

También necesitamos mano de obra. De gente que venga a encargarse de realizar los oficios tradicionales y de ejercer las nuevas profesiones que el siglo XXI nos reclama. Son muchos los sectores que se quejan de la escasez de trabajadores, como el sector primario o la construcción, que al margen de las condiciones laborales que ofrecen, que en muchos casos deberían de replantearse, son incapaces de completar sus plantillas. Es tal, por ejemplo, la falta de mano de obra en la construcción que cuando la señora Guardiola salió a anunciar una de sus medidas estrella, como es la construcción de 3.000 viviendas, los primeros que salieron a decir que eso era imposible de realizar fueron los empresarios de la construcción por la falta de mano de obra.

Ante este panorama desalentador, con pueblos vacíos y sectores económicos incapaces de crecer, nos encontramos propuestas descabelladas y absolutamente delirantes como las que plantean la derecha y la extrema derecha. Esta semana, sin ir más lejos, dicen que quieren deportar a 8 millones de inmigrantes en situación irregular de nuestro país. ¿En qué mundo vive esta gente? Si precisamente lo que nos hace falta es más población. Uno de los motivos de sus deportaciones masivas será que no se hayan adaptado a nuestro país. Y yo me pregunto, ¿quién dictaminará y cómo que alguien se ha adaptado o no? ¿Cuáles son las reglas de la adaptación? Una absoluta chaladura, que no tiene sentido, pero que, lamentablemente, termina abriendo páginas y páginas de periódicos, extendiendo, así, el odio hacia el que viene de fuera.

Espero que esas supuestas reglas de la adaptación se apliquen también a esos extranjeros ricos, que estos días campan a sus anchas en nuestras playas, en ocasiones, con cero civismo. Que las extiendan también a aquellos extranjeros que vienen a comprar edificios y manzanas enteras de nuestras ciudades, con prácticas abusivas, para asfixiar más aún el mercado del alquiler. Y digo espero que las extiendan porque a las derechas de nuestro país les molestan mucho los inmigrantes, pero no los que vienen con un fajo de billetes en el bolsillo. Esos da igual que se adapten o no.

Estos días, después de esta última barrabasada de la extrema derecha, pienso mucho en Mass, en aquel chico que llegó en patera a nuestro país y terminó recalando en Las Hurdes. Pienso en cómo el sistema le protegió, cómo Caminomorisco y Pinofranqueado le acogieron y cómo se ha convertido en un vecino más. Pienso en cómo con el paso del tiempo ha emprendido en esa comarca, que se desangra poblacionalmente, y cómo ha hecho de Extremadura su hogar. Pienso en que merecemos muchos más Mass y muchísimos menos Feijóo y Abascal.

PSOE y PP se han puesto esta vez de acuerdo en las Cortes de Castilla-La Mancha para rechazar una moción de Vox que pedía tramitar de forma y urgente la inmediata expulsión de todos los inmigrantes que lleguen ilegalmente a España y de los inmigrantes legales que cometan delitos graves o hagan del delito leve “su forma de vida”.

“Hay que deportar a todos los que entraron de forma ilegal en España”, ha dicho el presidente del Grupo Parlamentario Vox David Moreno, pero no solo a estas personas, sino también “a los que no se integren”. Incluso ha llegado a culparles de violar o de la violencia machista en nuestro país.

Esta semana se ha conocido que Castilla-La Mancha deberá acoger a 320 menores en un año, procedentes de Canarias, Ceuta o Melilla, pero la consejera de Bienestar Social Bárbara García Torijano replicaba que a día de hoy es “imposible” teniendo en cuenta que el sistema de protección es de 560 plazas en total y están al 98% de cobertura. Además, la consejera ha pedido “financiación”.

El diputado del PP José Antonio Martín-Buro ha justificado su rechazo a la moción de Vox asegurando que “es un batiburrillo de medidas” para las que no tienen competencias las Cortes de Castilla-La Mancha y que, decía, “para tranquilidad de todos no se van a poner en marcha”. Eso sí, ha aprovechado para cargar contra el Gobierno de España. El PP cree que es “evidente el fracaso de la política migratoria” y ha recordado que el PP ha recurrido ante el Constitucional la distribución de menores migrantes propuestas por el Ejecutivo central. Un recurso que también presentó el Gobierno de Emiliano García-Page.

Los 'populares' rechazan el argumento de Bienestar Social sobre la falta de financiación para la acogida de los menores. “No hay problemas de financiación porque hay más de 300 millones no ejecutados ni en 2022 ni en 2023”, en este departamento, según ha asegurado.

Después ha dicho que en esta cuestión el PP defenderá que todas comunidades autónomas estén “sometidas a las mismas reglas, sin excepciones condiciones por conveniencia política o partidista”. Ha rechazado las “asimetrías” o los “tratos preferenciales” e incluso se ha referido al “mercadeo indigno de los menores migrantes” en el ámbito político. “No puede haber comunidades con derechos y otras con obligaciones. No podemos traficar con favores para contentar a los separatistas”, ha zanjado el diputado popular.

PSOE: “No sé si lo que pretenden es recuperar la Inquisición”

El diputado socialista José Antonio Contreras se mostraba después vehemente durante su intervención. Especialmente duro ha sido con el partido ultra. “Ya hablan ustedes directamente de deportación”, decía, para invitarles a echar un vistazo a la legislación española. “No sé si lo que pretenden es recuperar la Inquisición”, preguntaba a Vox.

Ha abogado por “una política migratoria que sea ordenada y legal para garantizar derechos y deberes, solidaria y humana, basada en la convivencia, en la igualdad del trato”

El socialista ha lamentado que el debate sobre menores migrantes no sea “el adecuado”, a causa de la posición de Vox. “Este es un fenómeno profundamente humano, social y económico. Sí. Económico. Sigue siendo motor de crecimiento, diversidad y cohesión”, pero también, decía, “es objeto de manipulación, bulos y discursos de odio”. Algo frente a lo que ha pedido “no quedarse callados”.

Según el PSOE, “la inmigración es un reto y oportunidad y no un problema” y el diputado ha asegurado que no tolerarán “discursos que estigmaticen a personas por su color de piel, su lugar de origen o su religión”.

“Lo que está haciendo la extrema derecha en este país es profundamente peligroso”, decía, al criminalizar a los migrantes.

La consejera, a Vox: “No solo es preocupante, sino vomitivo”

Ha cerrado el debate la consejera de Bienestar Social. Bárbara García Torijano ha comentado su intención inicial de no intervenir, hastiada de discursos “de odio”.

Ha dicho estar “preocupada” por las expresiones utilizadas por el partido ultra, los mismos que no reconocen la violencia machista o que no creen en los movimientos sociales para defender los derechos de las personas. “No solo es preocupante, sino vomitivo. Son ustedes políticos, con responsabilidades políticas y deberían estar planteando que soluciones damos a tantos y tantos niños que vienen buscando paz, acompañamiento y derechos”.

Sobre la postura del Gobierno castellanomanchego se ha mostrado tajante: “Castilla-La Mancha es acogedora, le pese a quién le pese. Es solidaria, le pese a quien le pese”. Asegura también que “está en la posición de buscar soluciones, alternativas y distintas vías”.

Después ha reiterado, en un mensaje ya dirigido al Gobierno de España, que “hace falta financiación”. En este aspecto abundaba, “hay un decreto que tendremos que cumplir” y lo que se está pidiendo es “que estén cubiertas las necesidades de los niños y niñas que vengan a nuestra comunidad autónoma. Nosotros sí defendemos los derechos de la infancia y de las personas”.

La ultraderecha, la misma que inventó hace años el apelativo despectivo e incriminatorio mena, acrónimo de “menor no acompañado”, ha impulsado esta semana un nuevo concepto político y una nueva campaña contra los inmigrantes acompañada de un nuevo término: remigración. En realidad es un eufemismo, pues ya hay una palabra que define con exactitud lo que proponen: deportación.

Vox pretende deportar, expulsar de España, a unos ocho millones de personas, inmigrantes o incluso hijos de inmigrantes nacidos aquí. ¿El delito o el motivo? No ser españoles pata negra, sin dejar muy claro qué demonios será eso. La portavoz de Vox que anunció que su partido propone una “remigración masiva” se llama Rocío de Meer, apellido este último de tan hondas raíces castellanas medievales como que proviene de Holanda, donde en términos históricos surgió hace nada, en el siglo XVII.

El nuevo término, remigración, viene de Alemania. Allí lo puso de moda la ultraderecha en 2023, cuando empezó a coquetear con la peligrosa idea de expulsar del país a 23,8 millones de personas de origen migrante, casi un tercio de la población total. La palabra, y el concepto, se extendieron después a Francia, a Italia... En Francia encontró un terreno previamente abonado, el de la teoría conspirativa de la extrema derecha de el gran reemplazo (le grand remplacement), según la cual hay un plan global para reemplazar en toda Europa a la población blanca y cristiana por otra formada por árabes, bereberes, norteafricanos y subsaharianos y acabar así con la llamada civilización occidental.

No han aclarado Vox y De Meer si la España que añoran y que quieren restablecer expulsando a todo el que no tenga ocho apellidos de acendrada hispanidad es la de Viriato, caudillo del siglo II antes de Cristo e inmigrante lusitano. O la de César Augusto, inmigrante romano de ida y vuelta, pues anduvo entre nosotros solo durante las guerras cántabras, en el siglo I a. C. O la de Chindasvinto, rey en el siglo VII de los visigodos, inmigrantes de origen germánico. O la de Cristóbal Colón, de finales del siglo XV, inmigrante genovés. O la de Carlos I, en el siglo XVI, inmigrante flamenco. O la de Felipe V, en el siglo XVIII, inmigrante francés. Quizás sea la España del Cid, castellano viejo, sí, pero también emigrante a las taifas andalusíes e inmigrante en ellas, a las que sirvió como soldado de fortuna contra los reinos cristianos del norte.

Confín del mundo durante muchos siglos, tierra de paso desde la noche de los tiempos; situada entre un mar y un océano, entre dos continentes, entre dos grandes civilizaciones; la Península Ibérica ha sido siempre en la historia un lugar de migraciones. De inmigrantes y de emigrantes, de inmigrados y de emigrados. De fusión, de mestizajes.

Rocío de Meer, la dirigente de Vox que ha lanzado lo de la “remigración masiva” es en su partido la portavoz de “Emergencia Demográfica”. España, en efecto, tiene una emergencia demográfica, pero no es la que la formación de ultraderecha dice, no es la de depurar la España fetén mediante purgas y deportaciones por razones de raza, religión u origen. Nuestra verdadera emergencia demográfica es la del desequilibrio entre una tasa de natalidad bajísima, una ratio muy negativa entre nacimientos y fallecimientos y una dificultad enorme de reposición de generaciones, con lo que todo ello significa para sostener nuestro nivel económico, incluido el sistema de pensiones.

En demografía hay tres factores clave: la natalidad, la mortalidad y las migraciones. Sobre los dos primeros es difícil influir a corto plazo. El tercero, las migraciones, es la llave realmente eficaz contra los desequilibrios. Vox propone mover la llave, pero en dirección contraria a la eficaz.

No nos sobra población. Nos falta población. En 2018, una institución tan poco sospechosa de izquierdista peligrosa como el FMI le dijo a España que necesitaba incorporar unos cinco millones de inmigrantes hasta el año 2050 si quería mantener su sistema público de pensiones.

La conclusión es clara. Tenemos que acoger inmigrantes no solo por solidaridad y por memoria (fuimos hace apenas medio siglo un país de emigrantes). También por egoísmo, porque es lo que más nos conviene.

“Tenemos que reivindicar nuestro derecho a permanecer como pueblo, queremos seguir siendo España”. Estas han sido las palabras que ha pronunciado este martes Pepa Millán, portavoz de Vox en el Congreso, tratando así de justificar el giro xenófobo de su partido de las últimas horas. En su discurso, ha exigido la “inmediata expulsión de los migrantes ilegales en España” así como de los migrantes legales “que hayan hecho del delito su forma de vida” o que hayan demostrado lo que consideran sin más detalles “una incapacidad manifiesta de integración”.

Estas declaraciones se producen después de que la diputada de Vox Rocío de Meer considerase el lunes necesario un “proceso” de deportación “masiva” de personas migrantes para “preservar” la “identidad” española. “Están abiertas nuestras fronteras. Por lo tanto, de 47 millones de habitantes que tiene nuestro país más o menos más de 7 millones –porque tenemos que tener en cuenta la segunda generación–, 8 millones de personas han venido de diferentes orígenes en un muy corto periodo de tiempo”, aseguró.

Tras provocar cierta confusión sobre si la propuesta implicaría expulsar a millones de inmigrantes –legales o ilegales– que viven en españa, Rodríguez de Millán, ha evitado concretar su propuesta con datos ni cifras. “¿Cuántas repatriaciones? Las que sean necesarias para garantizar que ninguna familia pase por lo que va a pasar la familia de esta chica”, ha asegurado, en referencia a la mujer víctima de una agresión sexual presuntamente cometida por un interno del Centro de Acogida de Emergencia y Derivación de Alcalá de Henares.

La portavoz ha comenzado su intervención enumerando varios delitos en los que destacaba la nacionalidad de los presuntos agresores en varias localidades españolas. Preguntada sobre si su formación propondrá distinguir la nacionalidad de los inmigrantes en estas hipotéticas deportaciones, ha respondido: “Esto no va de nacionalidades, aquí estamos hablando de culturas. Hay culturas que son manifiestamente incompatibles con la cultura occidental”. Después ha dicho, sin datos, que en “muchos barrios” de Catalunya o Euskadi “ya existe”, según ella, la Sharía, la ley islámica.

Millán ha repetido el marco alarmista de su compañera de Meer, al asegurar que la “identidad” española se encuentra en peligro: “Reivindicamos nuestro derecho a seguir existiendo como nación y reivindicar nuestra identidad”. Asimismo, el grupo parlamentario ultra ha anunciado el registro de una iniciativa para “reprobar y cesar al ministro del Interior por su flagrante falta de diligencia para combatir la inseguridad creciente asociada a la inmigración”.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha pronunciado esta mañana en la red social X sobre la propuesta de Vox: “No olvidemos de dónde venimos para entender quiénes somos”, escribe, recordando que “España fue durante décadas una tierra de partida, de esfuerzo fuera de nuestras fronteras”. A día de hoy, asegura, “es tierra de acogida, y quienes llegan contribuyen con su esfuerzo a construir una mejor España.

Tras la reunión del Consejo de Ministros, ha sido la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, quien ha criticado la propuesta en términos similares: “España es un país de acogida”, ha defendido. En su intervención, Alegría ha animado a las personas migrantes a que “no tengan miedo”: “Esto que está planteando Vox no va a suceder”, ha vaticinado.

La portavoz del Ejecutivo ha criticado además al Partido Popular, al que ha acusado de normalizar este “delirio xenófobo” de la extrema derecha “con tal de gobernar”, y ha considerado que la idea de un PP gobernando en solitario es más propia de “los santos inocentes”. “¿Con quién gobierna el PP en diferido en distintas comunidades?”, ha preguntado retóricamente la ministra de Educación, en referencia a Vox.