En la novela La señora Dalloway, el objetivo de Sir William era devolverle a sus pacientes el “sentido de la proporción”. Décadas más tarde, en la película Yo fui un hombre lobo adolescente, el doctor Alfred Brandon se jactaba de poder realizar un “ajuste” con sus experimentos. Las cobayas de ambos científicos eran, respectivamente, un veterano de guerra llamado Septimus y un adolescente incapaz de contener sus impulsos violentos llamado Tony Rivers. Dentro de ambas ficciones el “sentido de la proporción” y el “ajuste” se han entendido, por lo demás, como formas de suprimir lo queer. Mientras que Septimus estaría traumatizado por la pérdida de su amigo-amante en la guerra, Tony Rivers iba a pasar por algo muy parecido a una terapia de reorientación sexual.

Tony Rivers, en principio, no era un chaval queer como sí apuntaba a serlo el trágico personaje de Virginia Woolf. No obstante, el tratamiento por el que el doctor Brandon le hacía pasar ha convenido en leerse como una metáfora de esos procesos pseudocientíficos que tanto abundaron a mediados del siglo XX y buscaban arrancar de sus víctimas las pulsiones homosexuales. El razonamiento de Brandon es que si devolvía el cerebro de Tony a etapas primitivas de su subconsciente podía aislar la bestialidad y curarle, “ajustarle”. El resultado era que Tony se calmaba, sí, pero únicamente porque se convertía en un hombre lobo y su álter ego peludo se quedaba con toda la rabia. El empeño de disciplinar la rareza acaba despertando a los verdaderos monstruos.

Yo fui un hombre lobo adolescente es un film de culto estrenado en los años 50, cuando el alma juvenil de EEUU parecía condenado a la desproporción y el desajuste. Alrededor de la película de Gene Fowler Jr. se estrenaron melodramas que sí observaron más o menos de frente la homosexualidad y la discriminación —caso de Rebelde sin causa o la asombrosa Té y simpatía de Vincente Minnelli—, pero sobre todo nos interesa ver cómo nociones parecidas iban armando el cine de terror, acumulando metáforas y atisbando significados profundos para el propio género. Pues lo queer, entendido como simplemente algo fuera de la norma —algo que desafía o inquieta— nunca ha dejado de ser parte integral de la ficción de terror. Con lo que el matiz homosexual puede ser implícito, caso de Yo fui un hombre lobo adolescente, o explícito como en Leviticus.

Casi 70 años después de Yo fui un hombre lobo adolescente (y a todo un siglo de la publicación de La señora Dalloway), en Leviticus reaparecen las terapias de conversión para devolver a jóvenes queer a los rediles de la normalidad. La diferencia es que ya no hay científicos por medio ni demasiado apego a las sutilezas, porque la responsable es una facción de la Iglesia Evangélica australiana. Lo que esta pretende es, directamente, extirpar la homosexualidad. Exorcizarla. 

Con la iglesia hemos topado

“No te acostarás con varón como con mujer: es abominación”, se lee en el Levítico, tercer libro del Antiguo Testamento. Este pasaje de la Biblia ha acostumbrado a justificar a lo más trasnochado del culto religioso en su rechazo al colectivo queer, considerándolo una depravación sin ambages, sin los salvoconductos cientifistas de figuras como Ser William o el doctor Brandon. La religión sirve entonces para lo mismo que la ciencia: una llamada a la orden, un imperativo de normalidad, que puede ejercer su voluntad despóticamente en el pequeño pueblo de Australia donde se ambienta Leviticus. Un primer posible acierto de Adrian Chiarella, como director y guionista, sería entonces desdeñar los psicologismos para entrar de lleno en un horror militantemente irracional. 

Los pastores y feligreses no necesitan justificar sus barbaridades. Así que, amparados en el poder que ostentan en esta comunidad, motivan un clima de paranoia y sospecha reconcentrado, muy similar al que pendía sobre los EEUU de Yo fui un hombre lobo adolescente —siempre alerta, como sintetizaba Javier Parra en su ensayo Scream Queer, ante la amenaza velada de “comunistas, maricones y monstruos del espacio exterior”— y que marca desde el principio las interacciones de los dos jóvenes protagonistas, Naim y Ryan (Joe Bird y Stacy Clausen). Uniendo esta violencia soterrada a la propia de una joven expresión de masculinidad en franca desorientación, los primeros minutos de Leviticus corresponden a sus acercamientos sexoafectivos, y son torpes y violentas. 

La violencia y la atracción se entremezclan, con Ryan presumiendo de virilidad ante un Naim más apocado para que según la relación progresa conozcan tanto los celos como la hipervigilancia de esa comunidad. Para cuando descubrimos que esta Iglesia tiene a un exorcista que sabe cómo curar a estos jóvenes, Leviticus ya ha trabajado con habilidad un paisaje alienado y asfixiante, que coarta tanto la capacidad de los protagonistas de aceptar sus sentimientos como el apoyo familiar que supuestamente le brinda a Naim su madre (Mia Wasikowska). Esta madre, como otras madres de la localidad, no dudaría en someter a su hijo a este exorcismo si sospechara que algo no va bien. 

Pero, ¿cómo funciona el exorcismo en sí? Pues consiste en invocar a un ente que toma la forma corpórea de quienes más desean los pacientes, de sus grandes amores y amantes. Un ente que solo ve la persona que ha sido tratada, y ha de sufrir un acecho y persecución que, en el mejor de los casos, le confundirá y agredirá. Y en el peor, a medida que se prolongue el acecho y ese ente aprenda a comportarse como el sujeto que está suplantando, le terminará asesinando. 

El gran acierto de Leviticus está en cómo concreta el acoso a las personas queer: no solo como una agresión física, sino también como una progresiva atomización. La terapia de conversión no sirve tanto para aplastar las pulsiones como para convertirlas, de cara al paciente, en algo directamente peligroso e indeseable, que le moverá a alejarse de las personas por las que se siente atraída. La desconfianza y paranoia de esta comunidad se concentrará y recrudecerá todavía más en estos márgenes, moviendo a que las víctimas rechacen parte de su identidad de forma aún más visceral que con los episodios de violencia de terceros. Los cuales, desde luego, también se dan en Leviticus.

Las deudas de Adrian Chiarella

La fuerza de la metáfora de Leviticus viene de que apenas hay una metáfora como tal. Chiarella, en su debut con el largometraje, se muestra absolutamente frontal en sus preocupaciones, y la sencillez del planteamiento deriva tanto en un metraje ajustado como en escenas de terror que, pese a la escasa duración de la propuesta, no tardan en perder impacto. Parte de la culpa, quizá, la tenga cierta sensación de déjà vu, y en este sentido hay que aplaudir la honestidad del cineasta australiano: él ha sido el primero en reconocer que It follows le ha influido muchísimo.

El monstruo de la película de David Robert Mitchell funcionaba parecido. Tomaba formas variopintas para acosar a sus víctimas, y con él la ficción podía tejer en mayor o menor medida una tesis de urgencia social: una fábula sobre la transmisión del VIH en su traslación más literal, una parábola sobre la pérdida de la inocencia en un sentido más amplio y extrapolable a la totalidad de la filmografía de Mitchell (que este mismo verano siguió su camino de forma bastante chocante con El final de Oak Street). En el entramado de referencias de Leviticus Chiarella también ha citado el terror japonés de principios de los 2000, representado por The Ring o Kiyoshi Kurosawa, y es al reconocerlo en su película cuando más elocuentemente brillan sus defectos.

Seguramente Chiarella —ganador del premio a Mejor dirección revelación en el último Festival de Sitges— haya pensado en estas películas de cara a poner en pie los espacios engañosamente vacíos por los que caminan los personajes, y que a ojos de la gente cercana lo siguen estando incluso cuando un ente que solo es visible a los ojos de sus víctimas (en la forma de aquella persona que más quieren) les ataque. El problema es que la cualidad de dichos escenarios difiere enormemente de la angustiosa asepsia del Kurosawa de Pulse, por ejemplo: no en vano se ha hablado en su caso de “imágenes misterio”, y misterio es justo lo que le falta a Leviticus porque el funcionamiento de la maldición es cristalino, y los giros solo se fundamentan en las reacciones de los personajes.

Es otra forma de expresar que, en comparación a It follows y su potencial de abstracción, el aparataje narrativo de Chiarella se antoja obvio, casi rutinario. Hay agudeza en las ideas que pone en pie Leviticus, pero su puesta en escena se limita a enunciarlas de forma lineal, y Chiarella palidece no solo ante sus aparentes maestros, sino también ante lo que está sucediendo con la expresión queer del género a su alrededor. En torno a Chiarella han surgido cineastas cuya indagación en este concepto ha llevado a pensar que lo terrorífico no tendría que quedar limitado a la supresión. Pues lo queer puede ser, en sí mismo, un lenguaje liberador de las ideas y las imágenes.

Ahí tuvimos, hace un par de años, a Rose Glass firmando la psicotrónica Sangre en los labios. Y sobre todo ahí tenemos a Jane Schoenbrun, cuyo imponente trabajo persigue una relectura queer de los motivos e iconos que vienen forjando nuestra memoria pop. También en subgéneros específicos del cine de terror, como demuestra Adolescencia, sexo y muerte en Campamento Miasma con el slasher (en cines españoles este 20 de noviembre). Frente a estos ejercicios anárquicos y desbordantes, Leviticus se contenta con el autocontrol y el dispositivo de tesis, y tristemente no logra responder a los poderes opresivos que denuncia con la auténtica desproporción, el auténtico desajuste, que con mayor contundencia les desafiarían. 

El Gobierno de Aragón, integrado por PP y Vox, ha defendido en las Cortes la eliminación de las ayudas específicas destinadas a las entidades LGTBI, una decisión que ha provocado duras críticas de la oposición. El diputado de Vox David Arranz se ha mostrado tajante al asegurar que “no vamos a financiar el lobby LGTBIQ”, al que ha acusado de representar cada día a menos gente porque “las personas homosexuales o bisexuales no necesitan una banderita de colores, ya tienen la bandera española que les representa a todos”. Por su parte, el vicepresidente autonómico y consejero de Bienestar Social, Alejandro Nolasco, ha rechazado financiar a asociaciones que considera próximas a la izquierda.

La polémica se ha producido durante una comparecencia parlamentaria sobre la supresión de las subvenciones específicas de apoyo a personas LGTBI y sus familias, dotadas anteriormente con 161.000 euros. La decisión forma parte de una reorganización de las ayudas contra la discriminación, cuyo presupuesto global ha pasado de 611.000 euros en 2025 a 516.000 en 2026, una reducción de 95.000 euros, equivalente al 15,5%.

Hasta el pasado ejercicio existían tres líneas de financiación destinadas a accesibilidad, apoyo a personas LGTBI y sensibilización. La nueva convocatoria concentra los recursos en proyectos para personas con discapacidad y sus familias, sin mantener una línea específica para el colectivo LGTBI.

“No vamos a financiar el lobby LGTBIQ, no lo vamos a financiar”, ha afirmado Arranz, quien ha defendido que las personas homosexuales pueden acceder a las ayudas públicas cuando cumplan los requisitos establecidos, pero no por su orientación sexual. También ha acusado a la izquierda de instrumentalizar políticamente al colectivo y ha rechazado las medidas de discriminación positiva.

Nolasco atribuye las agresiones homófobas a la inmigración

El vicepresidente Alejandro Nolasco ha defendido la supresión de estas subvenciones argumentando que las anteriores convocatorias incluían ayudas LGTBI junto a otras relacionadas con la discapacidad, algo que ha calificado de ofensivo. La oposición le ha reprochado que se trataba de líneas diferenciadas y no de una equiparación entre ambas situaciones.

“Nosotros no vamos a darles dinero a asociaciones para que den charlas, a asociaciones que están con ustedes o que quieren captar votos para ustedes”, ha manifestado Nolasco, que ha añadido que los recursos públicos son limitados y que el Gobierno no está para “alimentar asociaciones, chiringuitos, que son favorables a ustedes”.

El vicepresidente ha ido más allá al vincular el aumento de las agresiones homófobas con la inmigración. “¿Saben qué es el mayor peligro realmente para los homosexuales y para las personas que viven en Aragón? La inmigración ilegal, descontrolada y masiva que ustedes importan”, ha afirmado.

Nolasco ha sostenido que el islam es “absolutamente incompatible” con los derechos de las mujeres y las personas homosexuales y ha defendido las expulsiones como solución: “Billete de vuelta, es devolver a todas aquellas personas a sus países de origen. Y, por cierto, verá usted cómo, si hacemos eso, bajarán drásticamente las agresiones a los homosexuales”. El consejero no ha aportado datos que acrediten esa relación causal.

La oposición denuncia la retirada de protección

La socialista Mónica Iglesias ha acusado a Nolasco de eliminar recursos para colectivos vulnerables: “Usted lo llama reorganizar, yo lo llamo retirar protección”.

CHA ha advertido de que la desaparición de los 161.000 euros amenaza puntos de atención, asesoramiento y acompañamiento, especialmente en el medio rural. También ha recordado que las leyes aragonesas de protección LGTBI siguen vigentes y ha denunciado que siete entidades y representantes de órganos consultivos llevan más de veinte días esperando respuesta a su petición de reunión.

IU ha criticado el debilitamiento de las organizaciones sociales, mientras Teruel Existe ha cuestionado unos criterios de adjudicación que pueden excluir a pequeñas asociaciones rurales antes de que se valoren sus proyectos.

“Els drets que tant ens ha costat aconseguir poden desaparèixer d’un cop de ploma”. Aquest és l’advertiment que ha llançat la presidenta de l’entitat LGTBI+ Ben Amics, Tatiana Casado, durant la segona taula rodona de la trobada “Democràcia: drets i llibertats en perill”, organitzada per elDiario.es a Palma. Juntament amb Casado, hi han intervingut la creadora de contingut i graduada en Economia i Relacions Internacionals Constança Ramis, el director general de MarSenses Hotels & Homes, Rodrigo Fitaroni, i el professor de Ciència Política Pau Torres. Durant la conversa, moderada pel periodista Pablo Sierra del Sol, els participants han alertat de l’avenç de l’extrema dreta i de la possibilitat que drets que avui semblen consolidats pateixin retrocessos, i han reivindicat l’educació i el pensament crític com a eines essencials per defensar-los.

Durant la trobada, celebrada al cafè A Tres Bandas de Palma, Casado ha posat el focus en els drets del col·lectiu LGTBI+ i ha recordat que avenços com el matrimoni igualitari i el reconeixement de les famílies diverses no són irreversibles. Segons ha assenyalat, aquesta possibilitat li preocupa especialment quan comprova que algunes persones del seu entorn resten importància a les conseqüències que determinades opcions polítiques podrien tenir per a les seves pròpies famílies.

La ponent ha recordat que les persones LGTBI+ han passat de patir la persecució de normes com la Llei de ganduls i malfactors a poder casar-se i formar una família amb reconeixement legal. També ha fet referència als avenços relacionats amb l’atenció sanitària i l’autonomia sobre el propi cos. Tanmateix, ha lamentat que les noves generacions puguin percebre aquests drets com a conquestes definitives, i no com el resultat de dècades de mobilització. La seva principal preocupació, ha expressat, és que la manca de consciència sobre la fragilitat d’aquestes llibertats en faciliti el retrocés.

La responsabilitat de les empreses

Fitaroni ha traslladat el debat a l’àmbit laboral i ha advertit que cada vegada més persones LGTBI+ tornen a ocultar la seva orientació sexual o identitat de gènere. “El nombre de persones que han tornat a ficar-se dins l’armari ha augmentat en els darrers anys, i l’últim informe de la Federació Estatal LGTBI [que constata un retrocés en la visibilitat del col·lectiu en l’entorn laboral] revela una situació preocupant”, ha assenyalat. “Nosaltres, que som gairebé 500 treballadors, no deixam de ser un mirall de la societat i, dins l’empresa, ens trobam amb discursos i sensibilitats polítiques molt diferents. És un microcosmos”, ha afegit en referència a MarSenses.

En la seva intervenció, el directiu ha valorat l’existència de protocols i l’organització de cursos de formació a les empreses, però ha posat en dubte que siguin suficients per garantir la igualtat si no hi ha una voluntat real d’aplicar-los. “Un curs d’una hora no canvia la mentalitat de ningú”, ha advertit, tot afirmant que les mesures contra la discriminació s’han de traduir en actuacions concretes en el dia a dia de les empreses. Segons sosté, l’existència de normes i mecanismes de seguiment perd eficàcia quan no va acompanyada d’un compromís efectiu per fer-los complir.

Fitaroni ha explicat que MarSenses col·labora amb Ben Amics en iniciatives de sensibilització i en la incorporació de persones trans a través de la seva borsa de treball. També ha subratllat que la discriminació es pot agreujar quan hi concorren altres factors de vulnerabilitat, com ara l’origen o la condició de persona migrant. Com a part d’aquest esforç, l’empresa ha incorporat educadors socials a la plantilla. En aquesta línia, ha defensat la necessitat de comptar amb professionals especialitzats per avançar cap a entorns laborals més inclusius.

L'educació i el pensament crític davant la polarització

Per la seva banda, Pau Torres ha relacionat l’erosió dels drets amb la manca de formació crítica i amb la responsabilitat de les persones que ocupen càrrecs públics. El professor ha defensat la necessitat de transmetre els valors democràtics mitjançant l’educació i ha recordat l’experiència de l’assignatura d’Educació per a la Ciutadania, implantada durant el govern de José Luis Rodríguez Zapatero. A parer seu, no n’hi ha prou que els drets estiguin recollits per escrit a la Constitució: també cal explicar-los, reivindicar-los i transmetre’ls a les noves generacions.

D’altra banda, el docent ha defensat el diàleg com una condició indispensable per a la convivència democràtica, tot apel·lant a establir límits davant els discursos d’odi i qualsevol intent de vulnerar els drets fonamentals. “Hem d’aprendre a suportar qui no ens cau bé, escoltar-lo i debatre”, ha afirmat. També ha advertit que la confrontació política pot alimentar la sensació d’amenaça entre ciutadans amb idees diferents. Quan els dirigents presenten l’adversari com algú disposat a destruir la seva manera de viure, ha alertat, contribueixen a afeblir els vincles que permeten sostenir una societat plural.

De la mateixa manera, Ramis ha reivindicat la necessitat de recuperar la capacitat de dialogar amb persones que pensen diferent, tot afirmant que aquest diàleg ha de tenir sempre límits clars i respectar els drets humans. La creadora de contingut considera que la polarització dificulta escoltar opinions diferents i que la societat ha perdut part de la seva disposició a debatre sense convertir qualsevol discrepància en un enfrontament personal.

En aquest context, ha reivindicat la importància d’escoltar l’altre i debatre des del respecte. Segons sosté, la convivència democràtica exigeix aprendre a gestionar les diferències sense deshumanitzar les persones que mantenen posicions diferents.

El Brasil com a advertència davant l'avenç de l'extrema dreta

Per la seva banda, Fitaroni ha recorregut a l’exemple del Brasil per il·lustrar els riscos de l’expansió de l’extrema dreta. En aquest sentit, ha apel·lat a la necessitat de prestar atenció als discursos dirigits contra les minories i ha advertit que la societat pot arribar a acostumar-se a missatges que abans haurien provocat rebuig, fins que aquests s’integren en la conversa pública i deixen de percebre’s com una amenaça.

“Són discursos que semblen inofensius, que semblen bromes”, ha advertit el directiu, que ha comparat aquesta dinàmica amb la del “pinxo del pati” que acaba sent tolerat per la resta. “No parlam d’assetjament escolar, però la política s’ha convertit en una normalització de determinats discursos”, ha aprofundit, tot criticant que les declaracions de Vox es normalitzin “amb una frivolitat brutal”, en un context en què la reiteració de missatges reaccionaris pot contribuir a desplaçar els límits del que és socialment acceptable. El debat ha coincidit en la importància de no banalitzar els missatges d’odi i d’actuar abans que la seva normalització faci més difícil combatre’ls.

La conversa també ha qüestionat la idea que la joventut estigui inevitablement escorada cap a la dreta. Casado ha recordat el creixement de les manifestacions de l’Orgull a Palma i ha explicat que, quan hi va assistir per primera vegada, la convocatòria va reunir un grup molt reduït de persones, mentre que, anys després, la participació ha augmentat notablement. També ha destacat el potencial de la universitat per formar persones amb esperit crític. L’existència de joves compromesos, defensa, contradiu la idea que tota una generació hagi renunciat a la participació política.

Les notícies falses, combustible dels discursos d’odi

Ramis ha assenyalat que el problema no afecta únicament els joves, sinó també les persones de més edat, i ha alertat del paper de les xarxes socials en la difusió de notícies falses i missatges extremistes. La desinformació, explica, té un avantatge: és molt més senzill i ràpid propagar una falsedat que desmuntar-la amb informació contrastada. Es tracta d’una dinàmica que, ha remarcat, afavoreix que els missatges enganyosos assoleixin una visibilitat desproporcionada i contribueixin a alimentar la polarització, mentre que les rectificacions i les explicacions rigoroses tenen més dificultats per fer-se un lloc. El debat ha posat així el focus en la responsabilitat de les xarxes socials i en la necessitat d’oferir referents capaços de connectar amb les noves generacions sense recórrer a l’insult ni als discursos d’odi.

La taula també ha abordat el paper de les llengües i les desigualtats històriques. Torres ha criticat que la Constitució establís l’obligació de conèixer el castellà sense fixar una obligació equivalent respecte de les altres llengües oficials als seus territoris. Al seu entendre, aquesta diferència ha contribuït a perpetuar una situació de diglòssia en què, durant molt de temps, el castellà s’ha associat als contextos formals i de més prestigi social, mentre que el català quedava relegat als àmbits més quotidians. “En els moments seriosos, en què se suposa que només hi participa gent d’alt estatus, parlam castellà, i el català és per parlar amb la vaca, com deia Unamuno del basc”, ha exemplificat.

El docent retreu que aquesta jerarquització lingüística respon a una injustícia històrica i planteja que, tot i que la construcció de la identitat col·lectiva també té aspectes positius, convé reconèixer-ne les contradiccions. Així mateix, defensa que, igual que el castellà, el coneixement del català també hauria de ser obligatori en territoris com les Balears, ja que considera que aquesta mesura podria facilitar la integració lingüística dels parlants. La conversa ha conclòs reivindicant la coherència entre el que es diu i el que es fa, i assenyalant que els discursos més agressius poden resultar atractius quan es presenten com una forma de rebel·lia. Davant aquesta dinàmica, els participants han defensat l’educació, la memòria de les conquestes socials i el debat públic com a vies per evitar que les llibertats s’erosionin sense que la societat en sigui conscient.

La jornada, organitzada amb el suport de MarSenses, ha combinat la reflexió sobre els desafiaments que afronten la democràcia i els drets socials amb un ambient distès i participatiu. La trobada ha acabat amb un refrigeri de productes mallorquins, acompanyat de música en directe a càrrec del cafè A Tres Bandas, en un espai pensat per allargar les converses i intercanviar impressions més enllà de l’escenari.

Treballar i no poder-se permetre un habitatge, tenir drets reconeguts que no sempre es poden exercir o comprovar com discursos que semblaven marginals guanyen espai en la conversa pública. Les amenaces a la democràcia no es manifesten únicament a les institucions ni es redueixen als grans debats parlamentaris: també es fan visibles en la vida quotidiana, en les condicions materials de la població i en la manera com una societat tracta els seus col·lectius més vulnerables.

Aquesta ha estat una de les idees que han travessat la trobada “Democràcia: drets i llibertats en perill”, organitzada per elDiario.es al cafè A Tres Bandas de Palma amb el suport de MarSenses Hotels & Homes. A través de dues taules rodones, “Espanya, país de llibertats i drets conquerits” i “Col·lectius en perill: una lluita constant”, representants dels àmbits sindical, universitari i empresarial, així com de la creació de continguts, han examinat què posa en risc les conquestes socials i quines eines hi ha per defensar-les. De l’habitatge a la diversitat sexual, el debat ha deixat un advertiment compartit: els drets no són irreversibles i el seu reconeixement legal no basta per garantir que es puguin exercir.

En l’obertura, la directora d’elDiario.es a les Balears, Angy Galvín, ha recordat que llibertats que avui es donen per fetes en la vida quotidiana –casar-se, divorciar-se o accedir als serveis públics– són el resultat de conquestes històriques. Segons ha defensat, la democràcia no es limita a votar cada quatre anys, sinó que exigeix una ciutadania activa i disposada a mobilitzar-se quan els seus drets estan amenaçats. “Això ens ensenya, al cap i a la fi, que el carrer també pot legislar”, ha afirmat, en referència a la capacitat de les protestes per influir en les institucions.

Una vida digna més enllà del salari

La primera taula ha debatut sobre una contradicció cada vegada més present en la vida de moltes persones: tenir una feina ja no garanteix poder viure de manera autònoma. La periodista i creadora de contingut Elena Reinés, el secretari general d’UGT a les Balears, Pedro Homar, i el professor de Dret Constitucional de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Amir Al Hasani Maturano, moderats per Galvín, han abordat la crisi de l’habitatge com un problema que va més enllà del mercat immobiliari i posa a prova la capacitat dels drets socials per traduir-se en unes condicions de vida dignes.

Reinés ha aportat al debat la seva experiència en l’acampada pel dret a l’habitatge a la Puerta del Sol de Madrid, una mobilització que ha descrit com una expressió del malestar acumulat davant les dificultats per emancipar-se. “No és normal que hàgim normalitzat treballar i no poder viure”, ha denunciat. La comunicadora ha qüestionat que es consideri habitual que el lloguer absorbeixi una part desproporcionada del sou o que compartir pis continuï sent una obligació econòmica fins i tot quan les persones esperen poder viure de manera independent.

L’acampada també li ha servit per qüestionar la imatge d’una joventut desmobilitzada. Reinés ha destacat l’organització dels participants, les comissions de treball, les activitats culturals i les xarxes de solidaritat que permeten cobrir necessitats bàsiques. A més, ha denunciat la resposta policial a les protestes i ha reivindicat el dret a manifestar-se com a part de la salut democràtica. “Una democràcia també es mesura per com viuen les persones”, ha resumit.

Homar ha coincidit a situar l’habitatge al centre de l’emergència social. El responsable d’UGT ha reivindicat la negociació col·lectiva i la vaga com a instruments que han permès conquerir drets laborals i equilibrar la relació entre treballadors i empreses. Tanmateix, ha advertit que les millores salarials perden capacitat per garantir una vida digna quan el preu de l’habitatge es dispara i obliga treballadors de sectors com l’hostaleria a compartir pis i, fins i tot, habitació.

Per aquest motiu, ha reclamat treure l’habitatge de la lògica especulativa i apartar-lo dels interessos dels fons d’inversió. “Cal treure’l de la concepció de bé de consum”, ha defensat. La reflexió ha connectat el dret a l’habitatge amb la resta de conquestes socials: tenir una feina, un conveni o un salari no resol per si sol les dificultats per accedir a una vida autònoma si les condicions materials impedeixen exercir aquesta independència.

Els drets també depenen de les majories polítiques

La distància entre el reconeixement formal i l’exercici efectiu d’un dret ha dut la conversa al terreny jurídic. Al Hasani ha explicat que la Constitució i els tractats internacionals reconeixen drets fonamentals, però que el seu desplegament requereix, en molts casos, lleis específiques, polítiques públiques i majories parlamentàries capaces d’impulsar-les.

El professor ha recordat que determinades matèries vinculades als drets fonamentals es regulen mitjançant lleis orgàniques, que necessiten majoria absoluta al Congrés. També ha detallat el recorregut parlamentari que pot seguir una norma, des del debat de les esmenes fins al seu pas pel Congrés i el Senat. El procés posa en evidència que les reivindicacions ciutadanes no es converteixen automàticament en drets efectius: necessiten organització social, voluntat política i suport institucional.

L’habitatge és un dels exemples més clars d’aquesta bretxa. Al Hasani ha advertit que la Constitució no el reconeix com un dret fonamental, sinó com un principi rector de la política social i econòmica, una diferència que limita les possibilitats d’exigir-ne directament el compliment davant els tribunals. El professor ha considerat que hauria estat desitjable dotar-lo d’una protecció constitucional més gran.

El debat sobre l’habitatge i els drets socials ha connectat així amb una idea transversal a tota la jornada: el reconeixement formal d’un dret és important, però no basta si les condicions materials o les decisions polítiques n’impedeixen l’exercici.

Després de la primera taula rodona, la jornada ha posat a prova els coneixements del públic amb el trivial “Quant saps sobre la Constitució espanyola?”, presentat per Albert Xamena, divulgador científic i creador de contingut al compte Entre Fones i Neurones. Ha estat una proposta participativa per acostar la Carta Magna als assistents i posar a prova els seus coneixements sobre els drets i les llibertats que recull. El guanyador ha aconseguit dues nits d’hotel per a dues persones a la cadena hotelera MarSenses.

Drets que poden desaparèixer “d’un cop de ploma”

La segona taula rodona, “Col·lectius en perill: una lluita constant”, ha traslladat aquest advertiment al terreny dels drets LGTBI+ i dels discursos contraris a la diversitat. La presidenta de Ben Amics, Tatiana Casado, ha recordat el camí recorregut des de la persecució legal de les persones homosexuals fins al reconeixement del matrimoni igualitari i de les famílies diverses. També ha fet referència als avenços relacionats amb l’atenció sanitària i l’autonomia sobre el propi cos.

“Els drets que tant ens ha costat aconseguir poden desaparèixer d’un cop de ploma”, ha advertit. Casado ha expressat la seva preocupació davant la possibilitat que una part de la joventut percebi aquestes conquestes com a definitives i davant la confiança de les persones que creuen que determinades opcions polítiques no afectaran les seves pròpies famílies.

Aquesta sensació de seguretat, ha plantejat, pot impedir reconèixer que els drets assolits després de dècades de reivindicacions també poden patir retrocessos. L’advertiment ha situat la defensa de les minories al centre d’una discussió més àmplia sobre la qualitat democràtica. No es tracta únicament de conservar normes escrites, sinó d’impedir que la discriminació torni a guanyar terreny o que els avenços s’afebleixin mentre una part de la societat els considera intocables.

La visibilitat i la igualtat també han centrat la intervenció del director general de MarSenses Hotels & Homes, Rodrigo Fitaroni, que ha alertat que cada vegada més persones LGTBI+ tornen a ocultar la seva orientació sexual o identitat de gènere en l’entorn laboral. El directiu ha descrit una empresa de gairebé 500 treballadors com un reflex de les diferents sensibilitats que conviuen en la societat i ha qüestionat que l’existència de protocols i formacions sigui suficient per erradicar la discriminació. “Un curs d’una hora no canvia la mentalitat de ningú”, ha assenyalat.

A parer seu, les mesures contra la discriminació s’han de traduir en actuacions concretes i en un compromís efectiu de les empreses. Fitaroni ha explicat que MarSenses col·labora amb Ben Amics en iniciatives de sensibilització i en la incorporació de persones trans a través de la seva borsa de treball, a més d’haver incorporat educadors socials a la plantilla. També ha defensat la necessitat de recórrer a professionals especialitzats per avançar cap a entorns laborals inclusius.

Fitaroni ha traslladat el debat a l’àmbit laboral i ha alertat que cada vegada més persones LGTBI+ tornen a ocultar la seva orientació sexual o identitat de gènere a la feina. En descriure una empresa de gairebé 500 treballadors com un reflex de la societat, ha qüestionat que els protocols i les formacions siguin suficients si no hi ha una voluntat real d’aplicar-los.

La polarització no es combat renunciant al diàleg

La defensa dels drets també ha centrat la conversa sobre l’educació, les xarxes socials i la convivència. El professor Pau Torres ha reivindicat la transmissió dels valors democràtics a través de l’educació i ha recordat l’experiència de l’assignatura d’Educació per a la Ciutadania durant el govern de José Luis Rodríguez Zapatero. A parer seu, que un dret figuri a la Constitució no significa que la societat se’n pugui oblidar: cal explicar-lo, reivindicar-lo i formar noves generacions capaces de comprendre’n la importància.

“Hem d’aprendre a suportar qui no ens cau bé, escoltar-lo i debatre”, ha afirmat. Torres ha advertit que la confrontació política esdevé especialment perillosa quan els dirigents presenten l’adversari com algú disposat a destruir la manera de viure dels seus votants. Aquesta dinàmica alimenta la sensació d’amenaça i afebleix els vincles necessaris per sostenir una societat plural. El diàleg, ha defensat, no implica acceptar els discursos d’odi ni renunciar als drets fonamentals, sinó aprendre a gestionar les diferències sense deshumanitzar l’altre.

Constança Ramis, graduada en Economia i Relacions Internacionals i creadora de contingut, ha coincidit en la necessitat de recuperar la capacitat de debatre amb persones que mantenen posicions diferents des del respecte als drets humans. També ha alertat del paper de les xarxes socials en la difusió de notícies falses i missatges extremistes: desmuntar una falsedat requereix més temps i esforç que difondre-la, cosa que permet que els continguts enganyosos assoleixin una gran difusió, mentre que les explicacions contrastades tenen més dificultats per fer-se un lloc.

El debat també ha qüestionat que la joventut estigui inevitablement escorada cap a la dreta. Casado ha recordat el creixement de les manifestacions de l’Orgull a Palma i ha destacat el potencial de la universitat per formar persones amb esperit crític. Reinés, per la seva banda, ha relacionat una part del malestar juvenil amb la precarietat i les dificultats per accedir a l’habitatge, i ha retret als sectors progressistes que durant anys hagin desatès les xarxes socials, un espai en què els discursos d’extrema dreta han guanyat presència.

El Brasil i la normalització dels discursos d'odi

L’experiència del Brasil ha servit a Fitaroni per il·lustrar els riscos de l’expansió de l’extrema dreta. El directiu ha advertit de l’evolució dels discursos dirigits obertament contra les minories i de la facilitat amb què es poden integrar en la conversa pública fins que deixen de percebre’s com una amenaça.

Durant la seva intervenció, ha qüestionat la normalització de missatges polítics que semblen inofensius quan es presenten com a bromes. Ha criticat la frivolitat amb què, a parer seu, s’assumeixen algunes declaracions de Vox i ha advertit del risc d’acostumar-se a expressions que haurien de provocar rebuig. La repetició d’aquests missatges, ha plantejat, pot desplaçar els límits del que és socialment acceptable i fer que sigui més difícil combatre’ls quan ja han arrelat.

La desinformació, els algorismes i l’apel·lació a les emocions han aparegut com a factors que agreugen aquesta dinàmica. Davant d’aquests factors, els participants han reivindicat la responsabilitat dels partits, les empreses, les institucions educatives i les plataformes digitals, així com també la necessitat d’oferir referents capaços de connectar amb les noves generacions sense recórrer a l’insult ni a la simplificació.

La taula també ha abordat les desigualtats històriques entre el castellà i el català. Torres ha qüestionat que la Constitució estableixi l’obligació de conèixer el castellà sense fixar una exigència equivalent per a les altres llengües oficials als seus territoris. El professor ha relacionat aquesta diferència amb una situació de diglòssia que ha associat tradicionalment el castellà als àmbits formals i de prestigi, mentre que el català quedava relegat als espais quotidians. També ha defensat que el coneixement del català hauria de ser obligatori en territoris com les Balears.

La jornada ha conclòs amb una reivindicació compartida: els drets no es mantenen únicament perquè estiguin escrits en una llei, sinó perquè la societat els coneix, els exerceix i està disposada a defensar-los. La mobilització ciutadana, l’acció sindical, l’educació i el pensament crític han aparegut com a eines fonamentals per impedir que les llibertats s’erosionin de manera gradual i sense una resposta col·lectiva.

La trobada, organitzada amb el suport de MarSenses Hotels & Homes, ha combinat el debat sobre els desafiaments democràtics amb un ambient distès i participatiu. Després de les taules rodones, els assistents han prolongat les converses durant un pica-pica mallorquí acompanyat de música en directe de Café a Tres Bandas.

El Festival Internacional de Cine LGBTI de Extremadura, FestCineQueer, alcanzará su 29ª edición del 6 al 15 de noviembre con un marcado compromiso por la descentralización y la defensa de la cultura libre. La cita extenderá su programación a 22 municipios de la región para celebrar la pluralidad a través del séptimo arte, llevando proyecciones y coloquios a localidades como Hornachos, Casas de Don Pedro o Hervás.

Durante la presentación del certamen, el director de la Filmoteca de Extremadura, Antonio Gil Aparicio, ha subrayado que el festival “defiende la pluralidad cultural” en un contexto social donde la libertad creativa se ve amenazada. En clara alusión a los recientes vetos a películas por presunto “adoctrinamiento ideológico” en las ayudas al cine en Castilla y León, Gil Aparicio ha aseverado que “no se puede coartar ni la libertad de expresión ni la libertad artística de cualquier creador a la hora de hacer una película”.

Por su parte, la presidenta de la Fundación Triángulo, Silvia Tostado, ha destacado el reto que supone llevar la cultura diversa a los distintos puntos de una geografía tan extensa como la extremeña, recordando que “aún falta mucho camino por recorrer en este desafío por la descentralización”.

Sello extremeño, juventud y proyección internacional

La sección de largometrajes contará con diez títulos (siete de ficción y tres documentales), entre los que destacan dos obras con acento regional centradas en la identidad y la memoria LGTBIQ+: 'Este cuerpo mío', codirigido y coprotagonizado por la actriz pacense Carolina Yuste, y 'Lo que hacíamos en las sombras', de la cineasta emeritense Sara Moralo, que acogerá su estreno nacional en el certamen.

En el apartado educativo, el festival refuerza su trabajo con las nuevas generaciones alcanzando a más de 2.000 alumnos y alumnas de 35 centros educativos de toda la comunidad mediante una programación adaptada a la sensibilización en las aulas.

El concurso de cortometrajes continuará siendo uno de los grandes motores del FestCineQueer. De las 151 obras presentadas de países como Brasil, Argentina, Francia, China o México, la organización ha seleccionado 21 trabajos para la Sección Oficial. Las producciones optarán a los galardones que se entregarán en la gala de clausura, fijada para el 14 de noviembre en el Palacio de Congresos Manuel Rojas de Badajoz.

La 29ª edición completará su oferta audiovisual con un abanico de actividades paralelas que entrelazan las artes escénicas, la moda y el debate sobre las masculinidades. Entre las propuestas formativas destaca la puesta en marcha de un Laboratorio Drag, un espacio participativo donde los asistentes crearán un personaje y trasladarán su narrativa al lenguaje cinematográfico mediante el rodaje y la edición de escenas.

Trabajar y no poder permitirse una vivienda, tener derechos reconocidos que no siempre pueden ejercerse o comprobar cómo discursos que parecían marginales ganan espacio en la conversación pública. Las amenazas a la democracia no se manifiestan únicamente en las instituciones ni se reducen a los grandes debates parlamentarios: también se hacen visibles en la vida cotidiana, en las condiciones materiales de la población y en la manera en que una sociedad trata a sus colectivos más vulnerables.

Esta ha sido una de las ideas que han atravesado el encuentro 'Democracia: derechos y libertades en peligro', organizado por elDiario.es en el café A Tres Bandas de Palma con el apoyo de MarSenses Hotels & Homes. A través de dos mesas redondas, 'España, país de libertades y derechos conquistados' y 'Colectivos en peligro: una lucha constante', representantes del ámbito sindical, universitario, empresarial y de la creación de contenido han examinado qué está poniendo en riesgo las conquistas sociales y qué herramientas existen para defenderlas. De la vivienda a la diversidad sexual, el debate ha dejado una advertencia común: los derechos no son irreversibles y su reconocimiento legal no basta para garantizar que puedan ejercerse.

En la apertura, la directora de elDiario.es en Balears, Angy Galvín, ha recordado que libertades hoy asumidas como cotidianas -casarse, divorciarse o acceder a los servicios públicos- son el resultado de conquistas históricas. La democracia, ha defendido, no se limita a votar cada cuatro años, sino que exige una ciudadanía activa y dispuesta a movilizarse cuando sus derechos están amenazados. “Esto nos enseña, al fin y al cabo, que la calle también puede legislar”, ha afirmado, aludiendo a la capacidad de las protestas para influir en las instituciones.

Una vida digna más allá del salario

La primera mesa ha debatido sobre una contradicción cada vez más presente en la vida de muchas personas: tener un empleo ya no garantiza poder vivir de manera autónoma. La periodista y creadora de contenido Elena Reinés, el secretario general de UGT en Balears, Pedro Homar, y el profesor de Derecho Constitucional de la Universitat de les Illes Balears (UIB) Amir Al Hasani Maturano, moderados por Galvín, han abordado la crisis de la vivienda como un problema que desborda el mercado inmobiliario y pone a prueba la capacidad de los derechos sociales para traducirse en condiciones de vida dignas.

Reinés ha llevado al debate su experiencia en la acampada por el derecho a la vivienda en la Puerta del Sol de Madrid, una movilización que ha descrito como expresión del malestar acumulado ante las dificultades para emanciparse. “No es normal que hayamos normalizado trabajar y no poder vivir”, ha denunciado. La comunicadora ha cuestionado que se considere habitual que el alquiler absorba una parte desproporcionada del sueldo o que compartir piso siga siendo una obligación económica incluso cuando las personas esperan poder vivir de forma independiente.

La acampada también le ha servido para cuestionar la imagen de una juventud desmovilizada. Reinés ha destacado la organización de los participantes, las comisiones de trabajo, las actividades culturales y las redes de solidaridad que permiten cubrir necesidades básicas. Además, ha denunciado la respuesta policial a las protestas y ha reivindicado el derecho a manifestarse como parte de la salud democrática. “Una democracia también se mide en cómo viven las personas”, ha resumido.

Homar ha coincidido en situar la vivienda en el centro de la emergencia social. El responsable de UGT ha reivindicado la negociación colectiva y la huelga como instrumentos que han permitido conquistar derechos laborales y equilibrar la relación entre trabajadores y empresas. Sin embargo, ha advertido de que las mejoras salariales pierden capacidad para garantizar una vida digna cuando el precio de la vivienda se dispara y obliga a trabajadores de sectores como la hostelería a compartir piso e incluso habitación.

Por ello, ha reclamado sacar la vivienda de la lógica especulativa y apartarla de los intereses de los fondos de inversión. “Hay que sacarla de la concepción de bien de consumo”, ha sostenido. La reflexión ha conectado el derecho a la vivienda con el resto de las conquistas sociales: disponer de un empleo, de un convenio o de un salario no resuelve por sí solo las dificultades para acceder a una vida autónoma si las condiciones materiales impiden ejercer esa independencia.

Los derechos también dependen de las mayorías políticas

La distancia entre el reconocimiento formal y el ejercicio efectivo de un derecho ha llevado la conversación al terreno jurídico. Al Hasani ha explicado que la Constitución y los tratados internacionales reconocen derechos fundamentales, pero que su desarrollo requiere en muchos casos leyes específicas, políticas públicas y mayorías parlamentarias capaces de impulsarlas.

El profesor ha recordado que determinadas materias vinculadas a los derechos fundamentales se regulan mediante leyes orgánicas, que necesitan mayoría absoluta en el Congreso. También ha detallado el recorrido parlamentario que puede seguir una norma, desde el debate de las enmiendas hasta su paso por el Congreso y el Senado. El proceso evidencia que las reivindicaciones ciudadanas no se convierten automáticamente en derechos efectivos: necesitan organización social, voluntad política y apoyo institucional.

La vivienda es uno de los ejemplos más claros de esa brecha. Al Hasani ha advertido de que la Constitución no la reconoce como un derecho fundamental, sino como un principio rector de la política social y económica, una diferencia que limita las posibilidades de exigir directamente su cumplimiento ante los tribunales. El profesor ha considerado que habría sido deseable dotarla de una mayor protección constitucional.

El debate sobre la vivienda y los derechos sociales ha conectado así con una idea transversal a toda la jornada: el reconocimiento formal de un derecho es importante, pero no basta si las condiciones materiales o las decisiones políticas impiden ejercerlo.

Tras la primera mesa redonda, la jornada ha puesto a prueba los conocimientos del público con el trivial “¿Cuánto sabes sobre la Constitución española?”, presentado por Albert Xamena, divulgador científico y creador de contenido en la cuenta Entre fones i neurones. Una propuesta participativa para acercar la Carta Magna a los asistentes y poner a prueba cuánto saben sobre los derechos y libertades que recoge. El ganador ha conseguido dos noches de hotel para dos personas en la cadena hotelera MarSenses.

Derechos que pueden desaparecer “de un plumazo”

La segunda mesa, 'Colectivos en peligro: una lucha constante', ha trasladado esa advertencia al terreno de los derechos LGTBI+ y de los discursos contrarios a la diversidad. La presidenta de Ben Amics, Tatiana Casado, ha recordado el camino recorrido desde la persecución legal de las personas homosexuales hasta el reconocimiento del matrimonio igualitario y de las familias diversas. También ha aludido a los avances relacionados con la atención sanitaria y la autonomía sobre el propio cuerpo.

“Los derechos que tanto nos ha costado conseguir pueden desaparecer de un plumazo”, ha advertido. Casado ha expresado su preocupación por la posibilidad de que parte de la juventud perciba esas conquistas como definitivas y por la confianza de quienes creen que determinadas opciones políticas no afectarán a sus propias familias. Esa sensación de seguridad, ha planteado, puede impedir reconocer que los derechos alcanzados tras décadas de reivindicación también pueden sufrir retrocesos. La advertencia ha situado la defensa de las minorías en el centro de una discusión más amplia sobre la calidad democrática. No se trata únicamente de conservar normas escritas, sino de impedir que la discriminación vuelva a ganar terreno o que los avances se debiliten mientras una parte de la sociedad los considera intocables.

La visibilidad y la igualdad también han centrado la intervención del director general de MarSenses Hotels & Homes, Rodrigo Fitaroni, quien ha alertado de que cada vez más personas LGTBI+ vuelven a ocultar su orientación sexual o identidad de género en el entorno laboral. El directivo ha descrito una empresa de casi 500 trabajadores como un reflejo de las distintas sensibilidades que conviven en la sociedad y ha cuestionado que la existencia de protocolos y formaciones sea suficiente para erradicar la discriminación. “Un curso de una hora no cambia la mentalidad de nadie”, ha señalado.

A su juicio, las medidas contra la discriminación deben traducirse en actuaciones concretas y en un compromiso efectivo de las empresas. Fitaroni ha explicado que MarSenses colabora con Ben Amics en iniciativas de sensibilización y en la incorporación de personas trans a través de su bolsa de empleo, además de haber incorporado educadores sociales a su plantilla. También ha defendido la necesidad de recurrir a profesionales especializados para avanzar hacia entornos laborales inclusivos. Fitaroni ha trasladado el debate al ámbito laboral y ha alertado de que cada vez más personas LGTBI+ vuelven a ocultar su orientación sexual o identidad de género en el trabajo. Al describir una empresa de casi 500 trabajadores como un reflejo de la sociedad, ha cuestionado que los protocolos y las formaciones sean suficientes si no existe una voluntad real de aplicarlos.

La polarización no se combate renunciando al diálogo

La defensa de los derechos también ha centrado la conversación sobre educación, redes sociales y convivencia. El profesor Pau Torres ha reivindicado la transmisión de los valores democráticos a través de la educación y ha recordado la experiencia de la asignatura de Educación para la Ciudadanía durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. A su juicio, que un derecho figure en la Constitución no significa que la sociedad pueda olvidarse de él: es necesario explicarlo, reivindicarlo y formar a nuevas generaciones capaces de comprender su importancia.

“Tenemos que aprender a soportar a quien no nos cae bien, a escucharlo y a debatir”, ha afirmado. Torres ha advertido de que la confrontación política se vuelve especialmente peligrosa cuando los dirigentes presentan al adversario como alguien dispuesto a destruir el modo de vida de sus votantes. Esa dinámica alimenta la sensación de amenaza y debilita los vínculos necesarios para sostener una sociedad plural. El diálogo, ha defendido, no implica aceptar los discursos de odio ni renunciar a los derechos fundamentales, sino aprender a gestionar las diferencias sin deshumanizar al otro.

Constança Ramis, graduada en Economía y Relaciones Internacionales y creadora de contenido, ha coincidido en la necesidad de recuperar la capacidad de debatir con quienes mantienen posiciones distintas desde el respeto a los derechos humanos. También ha alertado del papel de las redes sociales en la difusión de bulos y mensajes extremistas: desmontar una falsedad requiere más tiempo y esfuerzo que propagarla, lo que permite que los contenidos engañosos alcancen una gran difusión mientras las explicaciones contrastadas tienen más dificultades para abrirse paso.

La discusión ha cuestionado, además, que la juventud esté inevitablemente escorada hacia la derecha. Casado ha recordado el crecimiento de las manifestaciones del Orgullo en Palma y ha destacado el potencial de la universidad para formar personas con espíritu crítico. Reinés, por su parte, ha relacionado parte del malestar juvenil con la precariedad y las dificultades de acceso a la vivienda, y ha reprochado a los sectores progresistas haber desatendido durante años las redes sociales, un espacio en el que los discursos de extrema derecha han ganado presencia.

Brasil y la normalización de los discursos de odio

La experiencia de Brasil ha servido a Fitaroni para ilustrar los riesgos de la expansión de la extrema derecha. El directivo ha advertido de la evolución de discursos dirigidos abiertamente contra las minorías y de la facilidad con la que pueden integrarse en la conversación pública hasta dejar de percibirse como una amenaza. Durante su intervención, ha cuestionado la normalización de mensajes políticos que parecen inofensivos cuando se presentan como bromas. Ha criticado la frivolidad con la que, a su juicio, se asumen algunas declaraciones de Vox y ha advertido del riesgo de acostumbrarse a expresiones que deberían generar rechazo. La repetición de esos mensajes, ha planteado, puede desplazar los límites de lo socialmente aceptable y hacer más difícil combatirlos cuando ya han arraigado.

La desinformación, los algoritmos y la apelación a las emociones han aparecido como factores que agravan esa dinámica. Frente a ellos, los participantes han reivindicado la responsabilidad de los partidos, las empresas, las instituciones educativas y las plataformas digitales, así como la necesidad de ofrecer referentes capaces de conectar con las nuevas generaciones sin recurrir al insulto ni a la simplificación.

La mesa también ha abordado las desigualdades históricas entre el castellano y el catalán. Torres ha cuestionado que la Constitución establezca la obligación de conocer el castellano sin fijar una exigencia equivalente para las demás lenguas oficiales en sus territorios. El profesor ha relacionado esta diferencia con una situación de diglosia que ha asociado tradicionalmente el castellano a los ámbitos formales y de prestigio, mientras el catalán quedaba relegado a los espacios cotidianos. También ha defendido que el conocimiento del catalán debería ser obligatorio en territorios como Balears.

La jornada ha concluido con una reivindicación compartida: los derechos no se mantienen únicamente porque estén escritos en una ley, sino porque la sociedad los conoce, los ejerce y está dispuesta a defenderlos. La movilización ciudadana, la acción sindical, la educación y el pensamiento crítico han aparecido como herramientas fundamentales para impedir que las libertades se erosionen de manera gradual y sin una respuesta colectiva.

El encuentro, organizado con el apoyo de MarSenses Hotels & Homes, ha combinado el debate sobre los desafíos democráticos con un ambiente distendido y participativo. Tras las mesas redondas, los asistentes han prolongado las conversaciones durante un picoteo mallorquín acompañado de música en directo de Café a Tres Bandas.

“Los derechos que tanto nos ha costado conseguir pueden desaparecer de un plumazo”. Es la advertencia que ha lanzado la presidenta de la organización LGTBI+ Ben Amics, Tatiana Casado, durante la segunda mesa redonda del encuentro 'Democracia: derechos y libertades en peligro', organizado por elDiario.es en Palma. Junto a Casado han intervenido la creadora de contenido y graduada en Economía y Relaciones Internacionales Constança Ramis, el director general de MarSenses Hotels & Homes, Rodrigo Fitaroni, y el profesor de Ciencia Política Pau Torres. Durante la conversación, moderada por el periodista Pablo Sierra del Sol, los tres han alertado del avance de la extrema derecha y de la posibilidad de que derechos que hoy parecen consolidados sufran retrocesos y han reivindicado la educación y el pensamiento crítico como herramientas esenciales para defenderlos.

Durante el encuentro, llevado a cabo en el café A Tres Bandas de Palma, Casado ha puesto el foco en los derechos del colectivo LGTBI+ al recordar que avances como el matrimonio igualitario y el reconocimiento de las familias diversas no son irreversibles, una posibilidad que, señala, le preocupa especialmente al comprobar cómo algunas personas de su entorno restan importancia a las consecuencias que podrían tener determinadas opciones políticas sobre su propia familia.

La interviniente ha recordado que las personas LGTBI+ pasaron de sufrir la persecución de normas como la Ley de Vagos y Maleantes a poder casarse y formar una familia con reconocimiento legal. También ha aludido a los avances relacionados con la atención sanitaria y la autonomía sobre el propio cuerpo. Sin embargo, ha lamentado que las nuevas generaciones pudieran percibir esos derechos como conquistas definitivas y no como resultado de décadas de movilización. Su principal temor, ha expresado, es que la falta de conciencia sobre la fragilidad de esas libertades facilite su retroceso.

La responsabilidad de las empresas

Fitaroni ha trasladado el debate al ámbito laboral y ha advertido de que cada vez más personas LGTBI+ vuelven a ocultar su orientación sexual o identidad de género. “El número de personas que han vuelto al armario ha subido en los últimos años y el último informe de la Federación Estatal LGTBI [que constata un retroceso de la visibilidad del colectivo en el entorno laboral] revela una situación preocupante”, ha señalado. “Nosotros, que somos casi 500 trabajadores, no dejamos de ser un espejo de la sociedad y dentro de la empresa nos encontramos con discursos y sensibilidades políticas muy distintas. Es un microcosmos”, ha abundado sobre MarSenses.

En su intervención, el directivo ha valorado la existencia de protocolos y la organización de cursos de formación en las empresas, pero ha puesto en duda que éstos sean suficientes para garantizar la igualdad si no existe una voluntad real de aplicarlos. “Un curso de una hora no cambia la mentalidad de nadie”, advierte, aseverando que las medidas contra la discriminación deben traducirse en actuaciones concretas en el día a día de las empresas. La existencia de normas y mecanismos de seguimiento, sostiene, pierden eficacia cuando no va acompañada de un compromiso efectivo para hacerlos cumplir.

Fitaroni ha explicado que MarSenses trabaja con Ben Amics en iniciativas de sensibilización y en la incorporación de personas trans a través de su bolsa de empleo. También subrayó que la discriminación puede agravarse cuando concurren otros factores de vulnerabilidad, como el origen o la condición de persona migrante. Como parte de ese esfuerzo, la compañía ha incorporado educadores sociales a su plantilla. En esta línea, ha defendido la necesidad de recurrir a profesionales especializados para avanzar hacia entornos laborales más inclusivos.

La educación y el pensamiento crítico frente a la polarización

Por su parte, Pau Torres ha relacionado la erosión de los derechos con la falta de formación crítica y con la responsabilidad de quienes ocupan cargos públicos. El profesor ha defendido la necesidad de transmitir los valores democráticos mediante la educación y recordó la experiencia de la asignatura de Educación para la Ciudadanía, implantada durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. A su juicio, no basta con que los derechos estén recogidos por escrito en la Constitución: también hay que explicarlos, reivindicarlos y transmitirlos a las nuevas generaciones.

Por otro lado, el docente ha defendido el diálogo como una condición indispensable para la convivencia democrática, apelando, eso sí, a establecer límites frente a los discursos de odio y a cualquier intento de vulnerar los derechos fundamentales. “Tenemos que aprender a soportar a quien no nos cae bien, a escucharlo y a debatir”, sostiene. También advierte de que la confrontación política puede alimentar la sensación de amenaza entre ciudadanos con ideas distintas. Cuando los dirigentes presentan al adversario como alguien dispuesto a destruir su modo de vida, alerta, contribuyen a debilitar los vínculos que permiten sostener una sociedad plural.

De igual modo, Ramis ha reivindicado la necesidad de recuperar la capacidad de dialogar con quienes piensan de forma diferente, aseverando que ese diálogo debe tener siempre límites claros y respetar siempre los derechos humanos. La creadora de contenido considera que la polarización dificulta escuchar opiniones distintas y que la sociedad ha perdido parte de su disposición a debatir sin convertir cualquier discrepancia en un enfrentamiento personal.

En este contexto, ha reivindicado la importancia de escuchar al otro y debatir desde el respeto. La convivencia democrática, sostiene, exige aprender a gestionar las diferencias sin deshumanizar a quienes mantienen posiciones distintas.

Brasil como advertencia ante el avance de la extrema derecha

Por su parte, Fitaroni ha recurrido al ejemplo de Brasil para ilustrar los riesgos de la expansión de la extrema derecha. En este sentido, ha apelado a la necesidad de prestar atención a los discursos dirigidos contra las minorías, advirtiendo de que la sociedad puede llegar a acostumbrarse a mensajes que antes habrían provocado rechazo y cómo estos se integran en la conversación pública hasta que dejan de percibirse como una amenaza.

“Son discursos que parecen inofensivos, que parecen bromas”, advierte el directivo, quien compara esta dinámica con la del “abusón del patio” que acaba siendo tolerado por el resto. “No hablamos de bullying, pero la política se ha convertido en una normalización de determinados discursos”, ha ahondado, criticando cómo las declaraciones de Vox se normalicen “con una frivolidad brutal” en un contexto en el que la reiteración de mensajes reaccionarios puede contribuir a desplazar los límites de lo socialmente aceptable. El debate ha coincidido en la importancia de no banalizar los mensajes de odio y de actuar antes de que su normalización haga más difícil combatirlos.

La conversación también ha cuestionado la idea de que la juventud esté inevitablemente escorada hacia la derecha. Casado ha recordado el crecimiento de las manifestaciones del Orgullo en Palma y ha explicado que, cuando acudió por primera vez, la convocatoria reunió a un grupo muy reducido, mientras que años después la participación ha aumentado de forma notable. También ha destacado el potencial de la universidad para formar a personas con espíritu crítico. La existencia de jóvenes comprometidos, defiende, contradice la idea de que toda una generación haya renunciado a la participación política.

Los bulos, combustible de los discursos de odio

Ramis ha apuntado que el problema no se limita a los jóvenes, sino que también afecta a personas de más edad, y ha alertado del papel de las redes sociales en la difusión de bulos y mensajes extremistas. La desinformación, explica, cuenta con una ventaja: resulta mucho más sencillo y rápido propagar una falsedad que desmontarla con información contrastada. Se trata de una dinámica que, incide, favorece que los mensajes engañosos alcancen una visibilidad desproporcionada y contribuyan a alimentar la polarización, mientras que las rectificaciones y las explicaciones rigurosas tienen más dificultades para abrirse paso. La discusión ha puesto así el foco en la responsabilidad de las redes sociales y en la necesidad de ofrecer referentes capaces de conectar con las nuevas generaciones sin recurrir al insulto o al discurso de odio.

La mesa también ha abordado el papel de las lenguas y las desigualdades históricas. Torres ha criticado que la Constitución estableciera la obligación de conocer el castellano sin fijar una obligación equivalente respecto a las otras lenguas oficiales en sus territorios. A su entender, esa diferencia ha contribuido a perpetuar una situación de diglosia en la que, durante mucho tiempo, el castellano se ha asociado a los contextos formales y de mayor prestigio social, mientras que el catalán quedaba relegado a los ámbitos más cotidianos. “En los momentos serios, en los que se supone que solo participa gente de alto estatus, hablamos castellano, y el catalán es para hablarle al a la vaca, como decía Unamuno con el euskera”, ha ilustrado al respecto.

El docente recrimina que esta jerarquización lingüística responde a una injusticia histórica y plantea que, aunque la construcción de la identidad colectiva también tiene aspectos positivos, conviene reconocer sus contradicciones. Asimismo, defiende que, al igual que el castellano, el conocimiento del catalán también debería ser obligatorio en territorios como Balears al considerar que esta medida podría facilitar la integración lingüística de los hablantes. La conversación ha concluido con una reivindicación de la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace y que los discursos más agresivos pueden resultar atractivos cuando se presentan como una forma de rebeldía. Frente a esa dinámica, los participantes han defendido la educación, la memoria de las conquistas sociales y el debate público como vías para evitar que las libertades se erosionen sin que la sociedad sea consciente de ello.

La jornada, organizada con el apoyo de MarSenses, ha combinado la reflexión sobre los desafíos que afrontan la democracia y los derechos sociales con un ambiente distendido y participativo. El encuentro ha concluido con un picoteo mallorquín acompañado de música en directo de la mano del café A Tres Bandas en un espacio para prolongar las conversaciones e intercambiar impresiones más allá del escenario.

La Audiencia Provincial de Balears ha ordenado investigar por el cartel de la fiesta reivindicativa 'Santa Punxada', difundido en enero de 2025 en el marco de las celebraciones de Sant Sebastià de Palma, que representaba al patrón de la ciudad con una sobrassada como pene acompañado por una versión femenina del mártir y ambos rodeados de 'dimonis', uno de los símbolos esenciales de las fiestas populares de Mallorca. También aparecía una figura de Jesucristo caracterizada como DJ. La 'Santa Punxada' se lleva a cabo cada año con el apoyo de Podemos como alternativa de los derechos LGTBIQ+ al programa oficial de las fiestas patronales de Palma. La resolución no declara que se haya cometido ningún delito ni determina la responsabilidad de las personas denunciadas.

La Sección Segunda estima parcialmente los recursos interpuestos por la organización ultracatólica Abogados Cristianos, Vox y el diputado de éste, Jorge Campos, contra la resolución con la que, en marzo del año pasado, un Juzgado de Palma inadmitió a trámite la querella presentada por todos ellos contra la líder de Podemos en Balears, Lucía Muñoz, y contra la ilustradora Lluïsa Febrer, a raíz de la creación y difusión del cartel promocional.

En cambio, los magistrados mantienen la inadmisión de la querella por un posible delito de odio -al que apuntaban tanto la formación de extrema derecha como Campos-, al considerar que los hechos relatados no contienen elementos que apunten al fomento o la incitación al odio, la hostilidad, la discriminación o la violencia contra un grupo o sus integrantes por motivos religiosos, como tampoco una lesión de la dignidad de determinadas personas. La nota de prensa con la que Abogados Cristianos ha anunciado esta mañana la reapertura de la causa no menciona este extremo.

Los magistrados consideran, respecto al supuesto delito de escarnio, que no se puede descartar la eventual relevancia penal de los hechos sin investigar antes determinadas circunstancias, especialmente la intención con la que se difundieron las imágenes. El tribunal explica que no puede utilizarle la vía de la inadmisión a trámite como forma de sobreseer una causa y descartar la dimensión penal de los hechos sin antes haber llevado a cabo las averiguaciones pertinentes. En este sentido, la Audiencia cuestiona que pueda descartarse de forma definitiva la posibilidad de que la intención provocadora o polémica del cartel se acompañara de una voluntad consciente de ofender.

La resolución también examina la interpretación artística y satírica de las imágenes. Si bien el archivo inicial consideraba que el cartel constituía una manifestación artística que utilizaba la sátira y la caricatura para provocar, y que no apreciaba un escarnio de la religión católica, la Audiencia entiende que, más allá de su carácter provocador, es preciso practicar las indagaciones oportunas antes de descartar definitivamente la relevancia penal de los hechos.

Tras conocer el auto, Muñoz ha puesto de manifiesto que la resolución no altera la posición de la formación. “Seguimos pensando lo mismo que el primer día y mantenemos todo nuestro apoyo y defensa de la libertad de expresión y de la creación artística”, señala en declaraciones a elDiario.es, recordando que la intención del cartel era mostrar “la cara más reivindicativa de Sant Sebastià” más allá de su dimensión religiosa.

No en vano, recuerda que el santo forma parte también de la historia del arte y que desde el Renacimiento ha sido representado como un símbolo erótico y de disidencia sexual que sigue plenamente vigente. “No nos hemos inventado nada”, incide. La representante de Podemos ha expresado su preocupación por la apertura de una causa judicial sobre una propuesta artística y ha recordado que incluso el cartel de la película La Bola Negra, candidata española a los Oscar, contiene una estatua de San Sebastián atravesado por flechas como parte de esa tradición iconográfica.

La líder de Podemos recordó en su momento que la pretensión de la 'Santa Punxada' es hacer visible “la parte más reivindicativa” de la figura de Sant Sebastià, una parte de su historia, señala, que “muchas veces se omite o se esconde”. “Es el patrón de Palma y nunca hemos hablado de que la comunidad LGTBI lleva haciendo suya desde hace tiempo la imagen de Sant Sebastià, una persona que fue martirizada por defender su manera de vivir y de ver el mundo [fue un tribuno romano ejecutado por su fe en el cristianismo]. Es un icono y su figura está relacionada con el erotismo desde el Renacimiento”, recalcó en declaraciones a este periódico.

Pese a que la resolución no entra en el fondo de los hechos ni determina la existencia de un delito, la presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, la interpreta como “una victoria muy importante frente a quienes pretenden utilizar la libertad de expresión como excusa para humillar a los cristianos”. “La Justicia ha dejado claro que estos hechos no podían archivarse sin investigarlos”, expresa en un comunicado difundido este jueves.

La entidad sostiene que las imágenes constituyen una ofensa a los sentimientos religiosos y defiende que su difusión debe examinarse desde la perspectiva penal. “Las creencias religiosas merecen el mismo respeto y protección que cualquier otra convicción”, concluye.

El cartel de 'Santa Punxada' generó una fuerte controversia por el uso de imágenes religiosas en un contexto sexual y provocador. La polémica se extendió más allá del ámbito cultural y festivo y alimentó las críticas de sectores conservadores y de la derecha política.

La controversia se inscribe en el debate sobre los límites de la libertad de expresión artística y la protección penal de los sentimientos religiosos. El artículo 525 del Código Penal castiga a quienes hagan públicamente escarnio de los dogmas, creencias, ritos o ceremonias de una confesión religiosa con la finalidad de ofender los sentimientos de sus miembros. En este caso, la Audiencia considera necesario investigar las circunstancias de difusión del cartel y la intención con la que se elaboró antes de descartar su posible relevancia penal, sin que la resolución determine que se haya cometido delito alguno.

Castilla y León, dirigida por PP y Vox, es la única comunidad sin Ley LGTBI después de que Asturias haya aprobado su propia normativa. La ley, demandada por el colectivo LGTBI, lleva pendiente desde hace más de una década y cuatro gobiernos: la última mayoría absoluta de Juan Vicente Herrera y todos los gobiernos (en coalición con Ciudadanos y Vox o en minoría) de Alfonso Fernández Mañueco. Las asociaciones LGTBI piden al presidente autonómico que “tome nota” del Partido Popular asturiano, que ha negociado y apoyado la Ley.

La última vez que la vicepresidenta segunda de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco (PP), abordó esta cuestión, aseguró que la protección que ofrecía la Ley estatal era suficiente. Las plataformas LGTB han denunciado en varias ocasiones las “maniobras dilatorias” del Partido Popular para no avanzar en la tramitación de la norma, incluso a pesar de haber redactado sus propios proyectos.

“No es que no tengamos ninguna Ley autonómica, es que Castilla y León, que presume muchísimo de sus Servicios Sociales, no tiene ni una sola política pública dirigida al colectivo LGTBIQ+, que somos un porcentaje importante de la población”, protesta la presidenta de Fundación Triángulo Castilla y León, Yolanda Rodríguez, que alerta de unos discursos de odio “más cruentos” y de situaciones de violencia física en la Comunidad.

Hace ya diez años desde que redactó la primera Ley LGTB, y las asociaciones todavía no se explican por qué el PP de Extremadura apoyó una normativa que fue dejada de lado cuando fue replicada en Castilla y León. “En Asturias el PP ha votado a favor del proyecto de Ley, mientras que aquí el PP sabe que lleva más de treinta años en el poder y tiene todas las estrategias electorales para dar de lado a un sector muy grande de la población”, protesta Rodríguez.

Antes de la llegada de Mañueco al Palacio de la Asunción, el PSOE, Podemos, Ciudadanos, IU y UPL acordaron un texto con las asociaciones LGTBI que incluso contó con el respaldo de una sola de los 'populares', Silvia Clemente, mientras el resto del PP se negó a negociar el texto, que acabó metido en un cajón, bloqueada durante el periodo de enmiendas. Silvia Clemente era entonces presidenta de las Cortes de Castilla y León, quien intentó ser la candidata al gobierno autonómico por Ciudadanos en 2019 y después con su propio partido político.

2019-2021, una legislatura fallida

Ahí ha estado prácticamente desde entonces, precisamente, a pesar de otros vanos intentos: en 2019 el PSOE y el Grupo Mixto (Podemos, UPL y Por Ávila) presentaron de nuevo aquel texto, del que se desmarcó Ciudadanos, ya en el poder. El entonces vicepresidente, Francisco Igea (exCiudadanos) se comprometió a tramitar la Ley Igualdad Social de la Diversidad Sexual desde el gobierno autonómico, que tenía en coalición con el Partido Popular. La Ley ni siquiera se aprobó en Consejo de Gobierno: en mayo de 2021 contó con el último trámite antes de pasar a su aprobación por los miembros del gobierno, y ahí se quedó guardado hasta que Fernández Mañueco adelantara los comicios en diciembre de 2021 con un tuit.

La Ley LGTB se quedó, por lo tanto, otra legislatura sin tramitar. En la primera coalición PP-Vox, ese texto ni siquiera se puso sobre la mesa, mientras que la nueva propuesta socialista pactada con las asociaciones solo se desbloqueó después de que el PP decidiera abstenerse y permitiera su tramitación. Entonces, el PP gobernaba en solitario tras la marcha de Vox de los gobiernos autonómicos. Eso sí, votaron en contra los diputados autonómicos de Vox y los dos expulsados del partido de extrema derecha. El PP proponía que, de tramitarse una Ley –algo que no era prioritario para ellos–, esta debía ser “sólida y hecha con rigor”. Pero, de nuevo, el debate no avanzó, y concluyó la pasada legislatura sin una Ley que refuerce los derechos de los integrantes del colectivo.

“Volvemos a las mismas”

“Tuvimos muy buenas palabras por parte de las representantes del PP que tuvieron la decencia de reunirse con las entidades, pero volvemos a las mismas”, protesta Gema Segoviano, vocal de Segoentiende, asociación LGTBH de Segovia.

La Proposición socialista incluía nuevos términos como el 'sexilio', en alusión a las personas del colectivo LGTBI que se ven obligadas a abandonar sus pueblos por su orientación sexual o identidad de género, abordaba el acceso sanitario a las personas trans y las políticas contra la LGTBIfobia y de odio en las aulas, entre otras.

Castilla y León vuelve a tener un gobierno de coalición entre el Partido Popular y Vox, así que la Ley LGTB ha vuelto a desaparecer de la escena al dejarla fuera del pacto de gobierno entre ambas fuerzas políticas. El Partido Socialista que ahora dirige Carlos Martínez aún no ha registrado una Proposición de Ley al respecto, aunque sí ha presentado dos Proposiciones No de Ley sobre las familias LGTBI y el acoso escolar a menores del colectivo. El PSOE también tiene intención de volver a presentar una Proposición de Ley para proteger de manera específica a estas personas.

Segoviano teme que el tema vuelva a paralizarse, porque no cree que el Partido Popular se vaya a oponer abiertamente a Vox con esta cuestión. “Vamos a ver cómo respiran y volveremos a presentar otro texto, a ver qué sucede esta vez”, anuncia la portavoz de Segoentiende, que muestra su intención de contactar con los partidos políticos cuando se hayan celebrado las elecciones generales del 29 de noviembre.

Las asociaciones exigen que se elabore una Ley actualizada que atienda a las demandas actuales y teme que, si el PP decide negociar un texto, proponga algo “descafeinado” que sirva “para lavarse la cara”, o que se utilice a las mujeres y menores trans “como arma arrojadiza y para meter miedo”. “Si hubiera una Ley podríamos acudir a los tribunales para explicar por qué no se atienden algunas necesidades como las sanitarias y sociales”, concluye la presidenta de Fundación Triángulo Castilla y León, en referencia a la menor trans a la que Sacyl aplazó su terapia hormonal.

El parlamento asturiano ha dado este miércoles luz verde a la Ley LGTBI+, una normativa que empezó a impulsarse la legislatura pasada, hace siete años, y que finalmente ha sido aprobada entre aplausos con el respaldo de los grupos de la izquierda, Partido Popular y Foro, y la única oposición de los cuatro diputados de Vox.

Asturias deja así de ser la única comunidad, junto a Castilla y León, que no contaba con una legislación propia en esta materia y con la que se busca garantizar y consolidar los derechos de las personas lesbianas, gais, trans, bisexuales e intersexuales para erradicar la discriminación y asegurar que puedan vivir su orientación e identidad sexual sin menoscabo de sus derechos.

El consentimiento familiar

Durante la tramitación parlamentaria, PP y Foro decidieron respaldar el texto al conseguir introducir en el mismo la necesidad de contar con el consentimiento familiar para tratamientos de transición de sexo en menores de 16 años en el ámbito asistencial y sanitario, pero también en el educativo, ya que solo podrán adecuar su nombre sin el consentimiento de sus tutores los alumnos mayores de esa edad.

La norma autonómica introduce también un régimen sancionador propio para conductas discriminatorias, la prohibición explícita de las terapias de conversión en la red pública y concertada del Principado, presta especial atención al entorno rural asturiano con medidas dirigidas a combatir el sexilio y obliga a los centros educativos públicos y concertados a aplicar protocolos contra el acoso escolar LGTBIfóbico y a respetar la identidad y el nombre sentido del alumnado.

Las subvenciones

Además, prevé la sustitución del antiguo Observatorio contra la LGTBI-fobia por un órgano consultivo como el Conseyu de Participación LGTBI y contempla que en el sector público se tenga en cuenta a la hora de dar subvenciones la existencia de planes o estrategias para garantizar la igualdad y la no discriminación por razón de orientación sexual, identidad sexual y expresión de género.

La ley para la erradicación de la discriminación y para la igualdad real y efectiva de derechos de las personas LGTBI, conocida también como Ley Trans, ha contado con reticencias de parte del movimiento feminista por el impacto que pueda tener en los espacios reservados por razón de sexo biológico o las medidas específicas contra la violencia machista.

Defender la igualdad

El popular Manuel Cifuentes ha reconocido que la tramitación no ha estado libre de discrepancias pero que su partido la va a votar con convicción, porque para el PP las personas de este colectivo son personas libres que tienen derecho a ejercer su proyecto vital como consideren, que no necesitan dogmas ni etiquetas, pero sí “que no se les señale, acose o agreda, algo que sigue pasando y por lo que es necesaria esta ley”.

No obstante, ha señalado que la apoya también con “espíritu critico” porque no es la ley que hubiese querido su partido, si bien ha elegido el camino de la responsabilidad, no ponerse de perfil y apoyar el texto tras conseguir el derecho de las familias a acompañar a sus hijos menores en decisiones trascendentales para su vida, entre otras aportaciones.

“Llega tarde, pero es oportuna”

Para el forista Adrián Pumares, aunque esta ley llega tarde, es oportuna porque garantizar la igualdad ante la ley son obligaciones fundamentales que tienen los poderes públicos y porque en una sociedad libre ninguna persona debe encontrar obstáculos para desarrollar su proyecto de vida por su orientación sexual o identidad.

La portavoz de IU-Convocatoria por Asturies, Delia Campomanes ha mostrado su “profundo orgullo” por la aprobación de una ley que supone una conquista colectiva y que sobre todo habla de personas que durante mucho tiempo tuvieron que esconderse o fueron discriminadas y a las que hoy se las dice que“ su dignidad, derechos y vidas importan”.

“Vivir la vida en libertad”

Para la diputada del Grupo Mixto y portavoz de Somos Asturies, Covadonga Tomé, esta ley reconoce el derecho pleno a vivir la vida en libertad, con seguridad y con igualdad de oportunidades sin limitaciones, a decidir por uno mismo, a defender una identidad propia y a amar a unos o a otras.

La socialista Lidia Fernández ha advertido de que esta ley es necesaria porque todavía hay gente que tiene miedo, jóvenes que tardan años en decir quienes son, personas trans que se enfrentan a diario a prejuicios y discriminaciones y porque todavía hay insultos, acoso y violencia y mientra exista eso no se puede decir que la batalla por la igualdad ha acabado“.

Adoctrinamiento y privilegios

Desde Vox, Javier Jové ha dicho que a su partido no le importa con quien se acuesta la gente, pero que esta ley no va de eso, “va de imposición, de adoctrinamiento y de privilegios” y ha criticado al PP por apoyar un texto que “permite alegremente que menores de edad sean sometidos a tratamientos dañinos para su salud”.

“Es una ley carca que no va con los tiempos, que mantiene todo el aparato represor contra la libertad de conciencia, que impone un régimen brutal de sanciones y que otorga privilegios a una minoría militante”, ha afirmado Jové, que ha asegurado que en este proceso Vox no se ha sentido solo porque “han sentido el calor y el apoyo de las feministas clásicas”.

En su opinión, se esta haciendo ideología de algo muy serio, donde no importan las personas con disforia, que responde a una “dictadura de pensamiento”, que no va de la libertad para amar o acostarse con quien uno quiere: es una ley diverticida, totalitaria que pone en serio peligro la salud de los menores“.

Vox ha eliminado la línea específica de subvenciones para proyectos de apoyo a las personas LGTBI y sus familiares en Aragón, que contaba con 161.000 euros en la convocatoria anterior. La nueva orden, firmada por el departamento de Desregulación, Bienestar Social y Familia, dirigido por Alejandro Nolasco, destina los 516.000 euros disponibles a proyectos relacionados con la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad.

La convocatoria anterior diferenciaba tres líneas: accesibilidad universal, apoyo a personas LGTBI y sus familiares, y sensibilización y gestión de la diversidad para otros colectivos. La destinada al colectivo LGTBI contaba con 161.000 euros, repartidos en dos partidas de 95.000 y 66.000 euros. La nueva orden, publicada en el Boletín Oficial de Aragón (BOA) el 2 de octubre, limita los proyectos subvencionables a la inclusión social y la atención a personas con discapacidad, así como a la accesibilidad universal y la eliminación de barreras. El presupuesto total baja de 611.000 a 516.000 euros, un 15,5% menos.

Desde la Asociación SOMOS LGTB+ de Aragón consideran que la supresión de esta línea supone “un grave retroceso en el compromiso institucional con la diversidad sexual, familiar y de género”. En un comunicado, reclaman al Gobierno autonómico que explique qué financiación alternativa ofrecerá a las entidades y cómo garantizará la continuidad de los programas durante 2026 y 2027.

La asociación advierte de que la desaparición de esta ayuda puede traducirse en menos horas de atención, dificultades para mantener a los equipos profesionales e interrupciones en las actividades de prevención y sensibilización. La incertidumbre, señala, afecta a programas que acompañan a personas que sufren discriminación, rechazo familiar o aislamiento. Según la organización, el problema puede ser “especialmente grave” en el medio rural, donde las distancias y la falta de servicios especializados dificultan el acceso a estos recursos. SOMOS también pone el foco en adolescentes y jóvenes que sufren rechazo familiar o acoso, así como en las personas que afrontan varias formas de discriminación.

La organización pide recuperar una línea propia de financiación “con una dotación suficiente y estable”, publicar las partidas y convenios disponibles y convocar una reunión con las entidades LGTBI aragonesas. “Los derechos reconocidos por ley necesitan presupuesto, atención y compromiso institucional”, concluye el comunicado.

Chunta Aragonesista también ha criticado la desaparición de estas ayudas. Su secretario LGTB, Alejandro Claraco, considera que deja a las asociaciones sin una vía específica para financiar sus proyectos de atención, acompañamiento y sensibilización: “Eliminar una línea específica que contaba con 161.000 euros supone dejar sin una vía propia de financiación a proyectos que realizan una labor imprescindible de atención, acompañamiento, sensibilización y defensa de los derechos de las personas LGTBI en Aragón”, sostiene.

Según la formación, el Plan Estratégico de Subvenciones del departamento todavía contemplaba en febrero de 2026 una línea específica para las personas LGTBI y sus familiares. El documento se modificó el 23 de septiembre, después de que Alejandro Nolasco, de Vox, asumiera la dirección del Departamento de Desregulación, Bienestar Social y Familia. La nueva orden se aprobó una semana después.

“No estamos hablando simplemente de una modificación administrativa. Desaparece una línea específica que reconocía la necesidad de desarrollar políticas públicas dirigidas a las personas LGTBI y permitía sostener proyectos de atención, acompañamiento, sensibilización y participación social”, afirma Claraco.

Además de suprimir esta línea, la convocatoria reduce de 15 a 10 días hábiles el plazo para presentar solicitudes y fija un máximo de 70.000 euros por proyecto. También cambia los criterios de valoración: la puntuación vinculada a las características y la capacidad de las entidades pasa de 20 a 40 puntos, mientras que la correspondiente a los proyectos baja de 80 a 60.

La formación reclama al Ejecutivo que aclare qué otras convocatorias, convenios o partidas pueden financiar estas actuaciones. Claraco precisa que la desaparición de la línea no significa necesariamente que se haya eliminado toda la financiación autonómica para políticas LGTBI, ya que podrían existir otras vías. “Queremos saber dónde están ahora esos recursos y qué alternativa ofrece el Gobierno de Aragón a las entidades que venían desarrollando estos proyectos. No puede desaparecer una línea específica sin explicar cómo se van a mantener actuaciones fundamentales para muchas personas”, reclama.

El departamento que dirige Alejandro Nolasco remite a la nueva orden de ayudas, publicada el 2 de octubre en el BOA y dotada con 516.000 euros, destinada al fomento de la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad. “El Departamento considera que la condición LGTBI no es una discapacidad”, señala en su respuesta. Preguntado por otras posibles vías de financiación para proyectos de apoyo a las personas LGTBI y sus familiares, el Gobierno de Aragón no aclara si convocará nuevas ayudas específicas. “No adelantamos el contenido de próximas convocatorias”, responde, antes de asegurar que estas atenderán las demandas del tercer sector y cumplirán el pacto de Gobierno suscrito el 22 de abril, con el objetivo de mejorar los servicios sociales en Aragón.

La Delegación del Gobierno en Cantabria reivindica la diversidad del colectivo LGTBI+ a través de la expresión artística acogiendo una muestra organizada por Asociación de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Trans, Intersexuales y más de Cantabria (ALEGA).

La exposición 'Arte sin armarios' permanece desde este jueves en la Sala Juan de la Cosa de la sede de la institución, en la calle Calvo Sotelo 25 de Santander, donde podrá visitarse hasta el 22 de octubre.

Acoge obras de 12 artistas que tratan de dar visibilidad al colectivo LGTBI+ a través de diferentes formatos de expresión artística. Así, se incluyen pinturas, fotografías u obras digitales.

La exposición, que cuenta con la colaboración de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+) y el Consejo de la Juventud de Cantabria, es la antesala de las 'XXIV Jornadas de Jóvenes sin Armarios' organizadas por la federación estatal y financiadas por el Instituto de la Juventud (INJUVE), que se celebrarán en la Delegación del Gobierno entre el sábado, 10 de octubre, y el lunes, día 12.

El delegado del Gobierno, Pedro Casares, ha inaugurado la muestra junto al presidente de ALEGA, Víctor Manuel Pérez Brezmes, y ha destacado la importancia de seguir construyendo “una España y una Cantabria en diversidad, con inclusión y con igualdad”.

También ha puesto en valor el trabajo que lleva desarrollando ALEGA en Cantabria durante más de tres décadas en defensa de los derechos del colectivo LGTBI+ y ha reivindicado la necesidad de continuar defendiendo “una sociedad abierta, tolerante y libre”.

“Son muchas las conquistas sociales y los avances en la lucha por los derechos LGTBI+ pero debemos trabajar para mantener ese impulso y seguir alcanzando nuevos derechos”, ha defendido el representante del Estado en la comunidad autónoma.

Y también ha insistido en la necesidad de que desde todas las instituciones públicas “se luche contra cualquier signo de discriminación, se pongan en marcha políticas que reconozcan esa diversidad de la sociedad desde el respeto y el reconocimiento social y jurídico a todos los derechos y también para condenar el odio y las fobias”.

La Junta General del Principado aprobará en el pleno que comenzará el martes de la próxima semana las leyes LGTBI y de Infancia y Adolescencia, dos iniciativas que llegan a su punto final de tramitación en la Cámara asturiana con un amplio consenso una vez rechazadas las enmiendas de totalidad que registró Vox contra ambas normativas.

En el caso del ley LGTBI se trata de un texto que ya quedó pendiente de aprobación la pasada legislatura y cuya entrada en vigor hará que Asturias deje de ser la única comunidad junto a Castilla y León que no tenía aprobada una normativa de ámbito autonómico en esta materia.

Amplio consenso

También la ley de Infancia y Adolescencia ha suscitado un acuerdo amplio en su recorrido parlamentario que garantiza su aprobación en una sesión cuyo orden del día incluye además la toma en consideración -admisión a trámite- de la proposición de ley de Cultura e Identidad, que inicialmente se había anunciado como proyecto legislativo del Gobierno.

El objetivo de la iniciativa es, según sus impulsores, “salvaguardar y fomentar los derechos culturales y lingüísticos” en Asturias y llevar el tratamiento del asturiano y del gallego/asturiano a su límite legal una vez constatada la falta de una mayoría suficiente para sacara adelante la reforma del Estatuto de Autonomía que haría posible la declaración de oficialidad de ambas lenguas.

Otros temas de debate

Según el portavoz de IU/CA, Xabel Vegas, el texto finalmente se tramitará como proposición de ley de los grupos que sustentan al Gobierno ante “la urgencia y prioridad” de sacarla adelante sin tener que recorrer todo el camino “burocrático” que corresponde a una iniciativa legislativa elaborada por el Ejecutivo.

En la sesión de la próxima semana se abordarán además, entre otras cuestiones y junto al turno de preguntas al presidente, una iniciativa del PP para deflactar el 5% del tramo autonómico del IRPF; una interpelación de Vox sobre la situación de las estaciones de esquí; una pregunta de Foro sobre la “deuda histórica” del Gobierno central con las infraestructuras asturianas y una iniciativa de la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé sobre la plantilla de los servicios de extinción de incendios y emergencias. 

15 días después de su desahucio, Maricarmen Abascal, de 87 años, ha muerto. En estas dos semanas, la mujer ha permanecido ingresada en un hospital mientras la actualidad de todo un país giraba su atención a la vivienda: manifestaciones masivas, debate urgente de dos decretos, votaciones, convocatoria de huelga general y hasta elecciones anticipadas. Lo que empezó en un piso del barrio de Retiro en Madrid ha resultado ser el catalizador final de una profunda crisis que el país arrastra desde hace años: el problema estaba ahí, el activismo también, pero la historia de Maricarmen ha despertado como nunca una conciencia colectiva que está empujando cambios.

En 1997, trece días después de aparecer en televisión para contar el maltrato que había vivido durante años en su matrimonio, Ana Orantes fue asesinada por su marido. Aunque el feminismo llevaba unas décadas hablando de violencia contra las mujeres e impulsando recursos para atenderla, fue ese crimen el que, súbitamente, permitió que la sociedad diera un salto: la conversación cambió, el concepto de violencia de género empezó a calar, la política avanzó y unos años después nació la primera ley integral específica.

¿Por qué ellas y no otras? Podríamos hacernos esa pregunta para hablar de Orantes o de Maricarmen, pero también de la superviviente de 'la manada', el punto de inflexión de la violencia sexual en nuestro país, o incluso de Ramón Sampedro, que abrió el debate sobre la eutanasia; del adolescente Jokin Ceberio, el primer suicidio tras sufrir acoso escolar que tuvo repercusión mediática, o de Samuel Luiz, víctima mortal de un crimen homófobo que impulsó la indignación sobre las agresiones lgtbifóbicas. Muchas otras personas han sido desahuciadas, muchas otras mujeres son asesinadas y violadas, muchas sufren acoso escolar y llegan al suicidio, muchos pelean hasta el final por tener una muerte digna, y la violencia lgtbifóbica golpea a muchas con frecuencia. Sus vidas no importan menos, pero las circunstancias convierten a algunas en nombres propios que propician debates o transformaciones sociales.

En el caso de Ana Orantes, Maricarmen o Ramón Sampedro, lejos de la imagen de mártires pasivos, fueron dueñas de su propia historia. Orantes dio el paso de contar en un medio de comunicación su testimonio, decidió romper públicamente el silencio, a pesar de que el contexto, entonces, era muy poco favorable para hacerlo y la incomprensión o la culpabilización estaba a la orden del día (sí, todavía más que hoy). El precio por hacerlo fue su propia vida: su agresor la mató y el crimen evidenció la falta de recursos y políticas públicas, y la vulnerabilidad de tantas mujeres que, como le sucedía a ella, tenían que seguir compartiendo espacio con su maltratador. Ana Orantes quería hablar, pero no morir, por eso su relato público, tras su asesinato, conmovió a la opinión pública.

También en los noventa, Ramón Sampedro, tetrapléjico desde los 25 años, decidió convertir su deseo de suicidio asistido en una causa social: peleó en los tribunales y dio también la batalla mediática, hasta llegar incluso a grabar un breve vídeo antes de ingerir el veneno que le mató. Él sí quería morir, pero un relato como el suyo no había irrumpido nunca en el imaginario público.

Maricarmen no ha sido, como quieren hacer creer algunos, una mártir marioneta de nada: ante la situación que estaba viviendo fue la propia mujer la que se acercó al Sindicato de Inquilinas en busca de ayuda e inició con la organización un camino de lucha para intentar frenar su desahucio de la casa en la que había vivido desde adolescente. Nadie la obligó a hacer público su caso, tomó hasta el final sus propias decisiones, a pesar del deterior físico que había sufrido en los últimos tiempos. “No me puedo tener en pie. El otro día fui a la manifestación en silla de ruedas, pero al menos fui. Que es lo que tiene que hacer la gente, salir a protestar. Yo puedo ser la mecha que enciende una primera vela, pero detrás tienen que venir muchas velas y que la gente no se marche”, decía una Maricarmen combativa. La imagen de una mujer vulnerable, mayor, pero guerrera, que arrastraba un fuerte desgaste y la movilización que la acompañó logró una repercusión que otros casos no tuvieron.

La superviviente de 'la manada', que se encontró de repente con la violencia, decidió también hacer algo con lo que había vivido: denunciar, pero, aún más, persistir en un proceso judicial durante el que llegó a pensar en tirar la toalla debido al cuestionamiento y los intentos de conocer y publicar su identidad. Resistió. Su determinación alimentó las protestas que recorrieron en el país para decir 'Yo te creo' y las protestas alimentaron su determinación. La violencia sexual había marcado la vida de muchísimas mujeres antes, y los casos que llegaban a los medios solían disparar, más bien, la incredulidad y las dudas. Pero lo sucedido con 'la manada' conectó con generaciones de mujeres a las que se les prometió vivir en igualdad y que llevaban tiempo comprobando cómo esa promesa era un espejismo por muchos motivos, pero también porque la violencia sexual era un continuo que, sin embargo, apenas se nombraba.

Otras víctimas no pueden hacer nada con su historia salvo sufrirla, pero sus muertes azuzan un malestar compartido. En 2004, Jokin Ceberio, de 14 años, se suicidó después de haber sufrido meses de acoso escolar que, pese a los intentos de sus padres, ni el instituto ni las familias frenaron. No fue el primer adolescente que se suicidó en esas circunstancias, pero su caso saltó a los medios y situó al bullying en primer plano. A Samuel Luiz lo asesinó un grupo de hombres en 2021 en lo que resultó ser un crimen lgtbifóbico de mucha resonancia: la coincidencia en el tiempo de otras agresiones homófobas, el hecho de que sucediera durante la semana del Orgullo y el ensañamiento con la víctima, que simplemente se encontraba a las afueras de una discoteca, prendió la mecha de las manifestaciones y destapó la violencia que sufren las personas LGTBI en el espacio público.

Hay casos que conectan con la sensibilidad de un momento social o que consiguen dispararla. En ocasiones, el malestar larvado está ahí y el activismo ha hecho su trabajo propiciando debates y conversaciones. En otras, la historia llega para despertar una conversación que no existía. Sea como sea, de repente, una historia genera el shock colectivo. El precio para las y los protagonistas puede ser tan alto como su propia vida, pero el coste llega también en forma de señalamientos o culpabilización. A veces, los cambios legales llegan rápido, otros se alargan en el tiempo o no llegan a concretarse. Pero la transformación se mide también en la manera en la que el sentido común empieza a transformarse.

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Consejería de Igualdad, ha firmado la instrucción del convenio para que empresas y entidades de la región puedan adherirse al convenio para el fomento de espacios libres de discriminación, la actuación frente a la LGTBIfobia y la inserción sociolaboral de personas LGTBI. Dicha instrucción regula la tramitación de estos convenios, cuya promoción en las cinco provincias correrá a cargo de las delegaciones de Igualdad.

Según informa el Ejecutivo autonómico, el convenio contempla tres niveles de adhesión, de manera que las empresas y entidades pueden sumarse al compromiso que mejor se ajuste a su realidad. El nivel mínimo incluye acciones de sensibilización y de fomento de espacios libres de discriminación. A partir de ahí, las entidades pueden ampliar su compromiso con acciones de inserción sociolaboral y, en un tercer nivel, con un protocolo de actuación frente a la LGTBIfobia y medidas complementarias.

Las empresas y entidades interesadas deberán presentar su solicitud de adhesión a través de la sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Una vez recibida la documentación, el Servicio de Igualdad en la Diversidad LGTBI la revisará y, tras la redacción y firma del convenio, se notificará a la entidad solicitante para que proceda a su firma electrónica.

El convenio entrará en vigor el día de su firma, con una duración inicial de un año prorrogable hasta cuatro años adicionales, y su seguimiento quedará en manos de una comisión mixta integrada por representantes de la Consejería de Igualdad y de las empresas o entidades firmantes, que se reunirá al menos una vez al año.

En el caso de los convenios que incluyan la modalidad de inserción sociolaboral, el Servicio de Atención Integral LGTBI de la región participará, a demanda de la empresa, en el seguimiento del itinerario de inserción laboral de las personas LGTBI en situación de vulnerabilidad que sean contratadas.

El domingo fui al cine a ver La Bola Negra con parte de mi familia elegida. Ya con la pantalla en negro y los créditos desfilando, prendieron la luz de la sala –mala costumbre– y, al levantarnos, ni una palabra. Solo una concatenación de abrazos de varios segundos y un “tengo que digerir bien lo que he visto”.

A estas alturas no hace falta presentación alguna sobre una película ya premiada en Cannes y Donostia, y en la carrera de los Óscar. El largometraje, que parte de la obra de Alberto Conejero La piedra oscura, no es un mero ejercicio de melodrama sino un artefacto político que impacta de pleno en nuestro presente. Lo hace a través de un retablo coral donde lo ficcionado y lo histórico se diluyen para proyectar el trauma del golpe de Estado, la guerra y el fascismo sobre la España actual.

La película es un tríptico que arrulla con mimo tres historias y tres personajes principales. Los atraviesa una madeja de hilos que lo tejen todo: la identidad, el amor y el existir (sentir, dudar, pensar, elegir, vivir). En este universo, el tiempo histórico quiebra su linealidad para interconectar simultáneamente 1932, 1937 y 2017. Pasado y presente coexisten; no hay un antes y un ahora. Un fluir en el que personajes y espectadores transitamos conjuntamente a través de lo que se sintió y se truncó. 

Frente a la memoria tradicional y hegemónica —a menudo binaria y en blanco y negro—, este filme propone una rememoración del pasado a través de la empatía, el afecto, la indignación y la rabia. Rodada en 35 milímetros y habitada por figuras que van desde lo histórico de Rafael Rodríguez Rapún hasta la fantasía musical de Nené o lo onírico de Lorca, la película muestra la disidencia sexoafectiva como catalizador para conectar con las luchas de los colectivos represaliados por el franquismo.

La propuesta visual es cautivadora. El universo de Calvo y Ambrossi cobra vida de la mano de un equipo técnico prodigioso. Gris Jordana en la dirección de fotografía y Roger Bellés en la dirección artística nos ofrecen un retrato de los años treinta que funciona casi como una fuente documental. Por momentos, los fotogramas evocan esas fotografías de época que consultamos en los archivos históricos. Asimismo, la mirada no normativa y el quehacer calvoambrosiano fluyen magistralmente entre lo pop, el realismo mágico de Lorca y el lirismo hipnótico. Aquello que los puristas tachan de exceso de artificio se revela como un cuestionamiento de los cánones tradicionales de la narrativa y la representación visual. Una manera de reivindicar que los vencidos de 1939 no pertenecen al silencio de los polvorientos anaqueles de la historia, sino a la genealogía de nuestra cultura contemporánea.

El largometraje es un artilugio diseñado para apelar al vínculo con nuestro pasado e intervenir el presente

Pero no pretendo hacer una crítica de cine —eso se lo dejamos a nuestra Pepa Blanes—, mi interés es otro: la praxis memorial. El filme no busca registrar la literalidad de lo ocurrido, sino utilizar la ficción para reparar vacíos y borrados. En ese transitar por la experiencia humana, el largometraje no es un contenedor pasivo de recuerdos, sino un artilugio diseñado para apelar al vínculo con nuestro pasado e intervenir el presente. Se transforma así en un vector de memoria que opera desde lo emocional para provocar reflexión, superando la crónica de hechos y datos para narrar el pasado a través de las personas (verdaderos agentes y protagonistas de la Historia y de los procesos sociales y políticos). 

La memoria histórica no es antídoto, pero sí revelación. Tiene el compromiso de hacer visible a los sujetos invisibles, de narrar y recuperar los contrarelatos silenciados por las memorias oficiales. La España franquista no solo exterminó cuerpos, sino que ejecutó una censura sistemática y un borrado de los afectos, las ideas, las materialidades y las identidades vencidas y disidentes. Los Javis proponen un dispositivo memorial intergeneracional que utiliza la mirada queer para hacer el trauma políticamente movilizador: “Este país tiene demasiadas historias de amor enterradas en los campos. Hay que arañar la tierra para que salgan. Para que puedan existir más”. 

La Bola Negra funciona, pues, como una máquina del tiempo afectiva a través de una metaficción reparadora, que no considero equidistante. La mirada social sobre la guerra –que desde un primer momento se presenta como conflicto derivado del golpe de Estado–, ofrece un retrato de la “guerra sin épica”. Lejos de estereotipos bélicos se muestra la dureza y la cotidianidad de un contexto, donde la meta era sobrevivir. Cuando el relato se narra desde lo humano no hay blancos ni negros sino grises. El frente es un infierno donde generaciones de hombres pierden su juventud y la vida. Algunos lo hacen conscientemente como militantes de una idea política; otros lo sufren movilizados o reclutados a la fuerza como Sebastián. 

Pero lo humano no anula lo político, presentar al antifascismo y a las disidencias en lucha y reconocer a fascistas como golpistas es posicionarse. Sutil pero clarificador es el cardenal llamando a tomar las armas y las monjas cuchicheando sobre los heridos: “Este es enemigo”. Además, la película refleja bien cómo los efectos del golpe militar y la guerra de España no terminan en 1939 con el cese de las armas. La vida de Sebastián es un ejemplo del “exilio interior” forzado como mecanismo de supervivencia durante la dictadura. La vida de las mujeres, un claro retrato de la anulación personal y social impuesta: “Me conformo con ser mujer. Por mi gusto, tiraría a la jabalina, pero debo endulzar naranjas. Debo y quiero”. Y el Alberto de 2017, la encarnación de las generaciones de la post y la desmemoria.

La Bola Negra nos advierte que hacer memoria también consiste en reparar los futuros y proyectos truncados, las obras no escritas y los afectos censurados y exterminados por la violencia del franquismo y del pacto de silencio posterior. Así que, el verdadero valor de la película como engranaje memorial reside en su clara negativa a dar el pasado por cerrado. También en que, aunque se narra desde una profunda y necesaria memoria homosexual, consigue una dimensión totalmente universal e integradora. Abre armarios y ventanas para invitar a que lo no normativo sea el motor de un relato a contrapelo que dé voz a los muchos silencios de la historia reciente de España. 

“Echar Bola negra” se erige, pues, como la gran metáfora de nuestra propia desmemoria democrática: un mecanismo de silencio y exclusión institucionalizada que, durante décadas, se aplicó sobre los cuerpos en las fosas, los legados políticos e intelectuales borrados y las identidades represaliadas. En el caso del colectivo LGTBIQ+ doblemente criminalizado y estigmatizado por las leyes franquistas de Vagos y Maleantes de 1954 y la de Peligrosidad y Rehabilitación Social de 1970. 

El filme invita a quien mira desde siglo XXI a no ver ese pasado como algo estraño y lejano, sino como un paisaje de referencia y de traumas comunitarios

Indagar en el pasado reciente nos permite descubrir nuestra herencia familiar y colectiva. El filme invita a quien mira desde siglo XXI a no ver ese pasado como algo extraño y lejano, sino como un paisaje de referencia y de traumas comunitarios. Un lugar de deuda íntima e histórica pues la conquista actual de derechos y libertades se funda directamente en los sacrificios de todas aquellas personas que fueron silenciadas y represaliadas por defender sus militancias y por querer vivir quienes eran. 

El pasado aún nos interpela y solo hay una manera de afrontarlo: gestionarlo y posicionarse. El cine aquí no es mero entretenimiento ni un archivo pasivo de tragedias particulares, sino un acto político que quiebra el silencio para transformarlo en memoria viva. Es imposible no sentir emoción ante lo que La Bola Negra cuenta y cómo lo cuenta. Quizá para algunos la película sea solo un acto de estilización y de justicia poética, pero, en un país donde los crímenes del franquismo siguen sin juzgarse, la reparación simbólica es, sin duda, una forma necesaria de hacer memoria.

La Asociación de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Trans, Intersexuales y más de Cantabria (ALEGA); la Asociación Ciudadana Cántabra Antisida (ACCAS) y el Consejo de la Juventud de Cantabria (CJC) han lamentado el “veto”, este 23 de septiembre, de sus solicitudes de comparecencia en el Parlamento durante la tramitación de la ley de creación del Consejo LGTBI+ de la comunidad.

Las tres organizaciones han considerado en un comunicado de “sorprendente y preocupante” que “no se haya querido escuchar a entidades que trabajan directamente con las realidades que esta norma pretende abordar”.

Y es que, han aseverado, antes de desarrollar una ley que debe articular la participación de las personas LGTBI+ es “imprescindible escuchar a quienes conocen de primera mano sus necesidades”.

Las entidades han incidido en que la normativa cántabra que reconoce los derechos de las personas LGTBI+ ya establecía la creación de este Consejo como órgano de participación, representación y consulta, así como un plazo de dos años para que el Gobierno remitiera a la Cámara su ley de creación.

“Llevamos dos legislaturas y seis años desde la aprobación de la ley esperando un Consejo que la propia norma establecía que debía existir. Y ahora, cuando por fin se tramita su creación, se decide no escuchar precisamente a las entidades que llevamos años trabajando sobre el terreno”, ha señalado el presidente de ALEGA, Víctor Pérez.

Pérez ha indicado que las comparecencias de ALEGA, ACCAS y el Consejo de la Juventud de Cantabria representaban, además, tres perspectivas directamente relacionadas con el futuro Consejo: la realidad de las personas LGTBI+, la juventud y la respuesta frente al VIH.

Para estas entidades, “prescindir de estas voces” supone perder “una oportunidad para enriquecer una norma que debería nacer desde la participación social”.

“La juventud no puede quedar al margen de las políticas que afectan directamente a su realidad. Si se quiere construir un órgano de participación, tiene todo el sentido contar también con la voz de las personas jóvenes y de las organizaciones que las representan”, ha afirmado David Sanjuán, presidente del Consejo de la Juventud de Cantabria.

Por otra parte, han afirmado que la creación del Consejo llega, además, en un contexto en el que “persisten situaciones de discriminación y acoso” hacia las personas LGTBI+ en ámbitos como el empleo, los centros educativos y universitarios o las redes sociales, como recoge la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA) en su último informe sobre igualdad LGTBIQ+.

“Las personas a las que acompañamos se enfrentan a problemas muy diversos. Por eso necesitamos políticas públicas construidas escuchando a quienes viven estas realidades y a quienes las acompañamos diariamente”, ha aseverado Carmen Martín, coordinadora de ACCAS.

Asimismo, ALEGA ha destacado que, además, ha elaborado su propia Estrategia LGTBI+ para Cantabria, que ha tratado de trasladar a diferentes instituciones “sin haber encontrado hasta ahora el espacio de interlocución necesario”.

“No estamos pidiendo que se acepten nuestras propuestas sin debate. Estamos pidiendo que se nos escuche”, ha reivindicado Pérez.

Por último, las tres organizaciones han reclamado que durante la tramitación de la ley se garantice la participación de las entidades LGTBI+, la juventud y las organizaciones que trabajan en la respuesta al VIH, y que el futuro Consejo cuente con “una representación plural y conectada con las necesidades reales de la sociedad cántabra”. “Porque no se puede crear un órgano de participación sin participación”, han concluido.

La Comunitat Valenciana fue la primera autonomía de España donde PP y Vox constituyeron un Gobierno de coalición. Fue también la primera donde, tras la ruptura de la extrema derecha y su salida de todos los ejecutivos regionales, volvió a apoyar unos presupuestos de los conservadores pese a la catastrófica gestión de la dana por parte del expresidente de la Generalitat Carlos Mazón, lo que le permitió seguir cinco meses como jefe del Consell hasta su dimisión, forzado por las asociaciones de víctimas de la tragedia. Incluso, el PP valenciano ha sido el primero en introducir negro sobre blanco en sus cuentas la “prioridad nacional” de los ultras.

Y es que la Comunitat Valenciana se ha convertido en el banco de pruebas de los pactos entre PP y Vox que Santiago Abascal —y, con menos entusiasmo, Alberto Núñez Feijóo— pretenden trasladar al Gobierno de España. La debilidad de los Gobiernos valencianos, con un Mazón tocado por la dana y un Juanfran Pérez Llorca en interinidad desde su primer día, ha facilitado que el PP valenciano haya sucumbido a la mayoría de las peticiones de la extrema derecha en su guerra cultural global. Y han aplicado esa doctrina en nuevas leyes y derogaciones de anteriores que atacan abiertamente a los docentes, colectivos LGTBI y memorialistas, sindicatos o el valenciano.

El rodillo legislativo de PP y Vox en las Corts Valencianes se ha visto amortiguado por los recursos que el Gobierno de España ha presentado ante el Tribunal Constitucional por ese ataque a los derechos de los valencianos. Así, ha tenido que ser el alto tribunal el que haga retroceder a PP y Vox, suspendiendo numerosos artículos de sus leyes que tendrán que corregir, matizar o negociar para que no acabasen cercenando libertades conseguidas con el esfuerzo y la lucha de años.

En total, el Gobierno ha llevado al Constitucional cuatro leyes de PP y Vox y ya estudia llevar una quinta, la conocida como “policía educativa”, que pretende abrir el melón de las denuncias de los padres contra profesores de la escuela pública por un supuesto “adoctrinamiento”. Justo esta semana, la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, se ha reunido con los sindicatos que habían solicitado amparo al Ejecutivo por los cambios a la Ley de Educación introducidos en la Ley 5/2026 o Ley de Acompañamiento. “Si yo fuera la consellera de Educación, me daría vergüenza que la comunidad educativa demandara amparo al Gobierno de España porque los docentes se sienten indefensos ante las modificaciones en la ley educativa, que pone el enfoque en el trabajo de profesoras y profesores”. “Unos cambios —según Bernabé— tan ambiguos que dan mucha inseguridad a los docentes”.

En este sentido, la delegada explicó que “no se dice qué es hacer adoctrinamiento ideológico y, por tanto, se deja en manos del criterio personal de los inspectores, que también han pedido amparo”. Bernabé anunció una comisión bilateral entre el Gobierno de España y la Administración autonómica para aclarar la colisión con leyes orgánicas superiores y que valora presentar un recurso de inconstitucionalidad. Los docentes temen, según Bernabé, que el articulado de la Ley 5/2026 “ponga en cuestión la libertad de cátedra de los profesores, los valores fundamentales que han de fomentar de manera obligatoria en la ley educativa, en la Ley Orgánica de Educación, como es fomentar los valores constitucionales de igualdad de derechos y de libertad”.

Pero esta no ha sido la primera andanada de PP y Vox contra los contenidos educativos. En 2025, la Generalitat Valenciana también trató, a través de la Ley de Acompañamiento de ese año, de modificar las políticas de educación vinculadas con la igualdad y el respeto a las personas LGTBI. Estos artículos están suspendidos cautelarmente por el Tribunal Constitucional.

En la Ley de Acompañamiento de 2025, una especie de cajón de sastre vinculado a los presupuestos, pero que se está utilizando para cambiar leyes importantes, también intentó reformar la Ley Trans que aprobó la izquierda en 2017. El Tribunal Constitucional suspendió el pasado mes de julio hasta cinco artículos propuestos por PP y Vox que pretendían, entre otras cosas, modificar las referencias a las terapias de conversión o reducir la atención sanitaria a este colectivo.

Con la Ley de Concordia impulsada por PP y Vox se quiso acabar con la Ley de Memoria Democrática de 2017 que impulsó la izquierda. El Gobierno recurrió algunos artículos y el Tribunal Constitucional suspendió el artículo 2, un inciso y un apartado del artículo 3, la disposición transitoria segunda y la disposición derogatoria única. Levantó la suspensión del artículo 1.3, el que equipara a las víctimas de la Segunda República y del terrorismo con las de la ley estatal de memoria. Esta batalla judicial ha permitido que, en la práctica, siga sin aplicarse la derogación de la ley valenciana de memoria democrática.

Pero, además de normas sobre derechos y libertades, el Gobierno también ha llevado al Tribunal Constitucional normativa urbanística de PP y Vox. Es el caso de la Ley valenciana de Costas 3/2025, que mantiene suspendidos el artículo 17 y la disposición final primera, los dos preceptos que regulan los asentamientos de “interés etnológico del litoral”, la figura con la que el Consell pretende proteger determinados núcleos costeros tradicionales en Nules, Elx, Cabanes o Guardamar frente a los efectos de los deslindes previstos por la legislación estatal para evitar la erosión del litoral, que cuesta cientos de millones de euros públicos en inversiones.

El Tribunal Constitucional también frenó y ya estudia desde abril el Decreto-ley 10/2025, de puertos y Albufera. El alto tribunal ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno sobre un artículo de este decreto del Consell de medidas urgentes en materia de puertos de la Generalitat y para reducir el impacto de la dana en l’Albufera. La norma, convalidada en Les Corts con los votos a favor del PP y Vox y en contra de la oposición, tenía como objetivo en materia de puertos regularizar cerca de 250 concesiones administrativas y 150 autorizaciones de ocupación temporal del dominio público portuario. El artículo objeto de controversia modifica uno de los apartados de las excepciones al plazo improrrogable de las concesiones portuarias para ampliar de 20 a 50 años el plazo máximo en que se puede prorrogar una concesión cuando el concesionario lleve a cabo una inversión relevante que mejore la integración entre el puerto, la ciudad y la costa, o que mejore la seguridad o la calidad ambiental de las operaciones portuarias.

En los próximos meses, el Tribunal Constitucional fallará sobre el rodillo legislativo de PP y Vox. Los valencianos se juegan en el alto tribunal muchos de sus derechos y libertades.

La Comunitat Valenciana va ser la primera autonomia d'Espanya on PP i Vox van constituir un Govern de coalició. Va ser també la primera on, després de la ruptura de l'extrema dreta i la seua eixida de tots els executius regionals, va tornar a donar suport a uns pressupostos dels conservadors malgrat la catastròfica gestió de la dana per part de l'expresident de la Generalitat Carlos Mazón, cosa que li va permetre continuar cinc mesos com a cap del Consell fins a la seua dimissió, forçat per les associacions de víctimes de la tragèdia. Fins i tot, el PP valencià ha sigut el primer a introduir negre sobre blanc en els seus comptes la “prioritat nacional” dels ultres.

La raó és que la Comunitat Valenciana s'ha convertit en el banc de proves dels pactes entre PP i Vox que Santiago Abascal —i, amb menys entusiasme, Alberto Núñez Feijóo— pretenen traslladar al Govern d'Espanya. La debilitat dels governs valencians, amb un Mazón tocat per la dana i un Juanfran Pérez Llorca en interinitat des del primer dia, ha facilitat que el PP valencià haja sucumbit a la majoria de les peticions de l'extrema dreta en la seua guerra cultural global. I han aplicat aquesta doctrina en noves lleis i derogacions d'anteriors que ataquen obertament els docents, els col·lectius LGTBI i memorialistes, els sindicats o el valencià.

El corró legislatiu de PP i Vox a les Corts Valencianes s'ha vist esmorteït pels recursos que el Govern d'Espanya ha presentat davant del Tribunal Constitucional per aquest atac als drets dels valencians. Així, ha hagut de ser l'alt tribunal el que faça retrocedir PP i Vox, suspenent nombrosos articles de les seues lleis que hauran de corregir, matisar o negociar perquè no acaben retallant llibertats aconseguides amb l'esforç i la lluita d'anys.

En total, el Govern ha portat al Constitucional quatre lleis de PP i Vox i ja estudia portar-ne una cinquena, la coneguda com a “policia educativa”, que pretén encetar el meló de les denúncies dels pares contra professors de l'escola pública per un suposat “adoctrinament”. Precisament aquesta setmana, la delegada del Govern, Pilar Bernabé, s'ha reunit amb els sindicats que havien sol·licitat empara a l'Executiu pels canvis en la Llei d'Educació introduïts en la Llei 5/2026 o Llei d'Acompanyament. “Si jo fora la consellera d'Educació, em faria vergonya que la comunitat educativa demanara empara al Govern d'Espanya perquè els docents se senten indefensos davant de les modificacions en la llei educativa, que posa el focus en el treball de professores i professors”. “Uns canvis —segons Bernabé— tan ambigus que generen molta inseguretat als docents”.

En aquest sentit, la delegada va explicar que “no es diu què és fer adoctrinament ideològic i, per tant, es deixa en mans del criteri personal dels inspectors, que també han demanat empara”. Bernabé va anunciar una comissió bilateral entre el Govern d'Espanya i l'Administració autonòmica per a aclarir la col·lisió amb lleis orgàniques superiors i va assegurar que es valora presentar un recurs d'inconstitucionalitat. Els docents temen, segons Bernabé, que l'articulat de la Llei 5/2026 “pose en qüestió la llibertat de càtedra dels professors, els valors fonamentals que han de fomentar de manera obligatòria en la llei educativa, en la Llei Orgànica d'Educació, com és fomentar els valors constitucionals d'igualtat de drets i de llibertat”.

Però aquesta no ha sigut la primera ofensiva de PP i Vox contra els continguts educatius. El 2025, la Generalitat Valenciana també va intentar, a través de la Llei d'Acompanyament d'aquell any, modificar les polítiques educatives vinculades amb la igualtat i el respecte a les persones LGTBI. Aquests articles estan suspesos cautelarment pel Tribunal Constitucional.

En la Llei d'Acompanyament de 2025, una espècie de calaix de sastre vinculat als pressupostos, però que s'utilitza per a canviar lleis importants, també es va intentar reformar la Llei Trans que va aprovar l'esquerra el 2017. El Tribunal Constitucional va suspendre el passat mes de juliol fins a cinc articles proposats per PP i Vox que pretenien, entre altres qüestions, modificar les referències a les teràpies de conversió o reduir l'atenció sanitària a aquest col·lectiu.

Amb la Llei de Concòrdia impulsada per PP i Vox es va voler acabar amb la Llei de Memòria Democràtica de 2017 que va impulsar l'esquerra. El Govern va recórrer alguns articles i el Tribunal Constitucional va suspendre l'article 2, un incís i un apartat de l'article 3, la disposició transitòria segona i la disposició derogatòria única. Va alçar la suspensió de l'article 1.3, el que equipara les víctimes de la Segona República i del terrorisme amb les de la llei estatal de memòria. Aquesta batalla judicial ha permés que, en la pràctica, continue sense aplicar-se la derogació de la llei valenciana de memòria democràtica.

Però, a més de normes sobre drets i llibertats, el Govern també ha portat al Tribunal Constitucional normativa urbanística de PP i Vox. És el cas de la Llei valenciana de Costes 3/2025, que manté suspesos l'article 17 i la disposició final primera, els dos preceptes que regulen els assentaments d'“interés etnològic del litoral”, la figura amb què el Consell pretén protegir determinats nuclis costaners tradicionals a Nules, Elx, Cabanes o Guardamar del Segura davant dels efectes de les delimitacions previstes per la legislació estatal per a evitar l'erosió del litoral, que costa centenars de milions d'euros públics en inversions.

El Tribunal Constitucional també va frenar i ja estudia des d'abril el Decret llei 10/2025, de ports i l'Albufera. L'alt tribunal ha admés a tràmit el recurs d'inconstitucionalitat interposat pel Govern sobre un article d'aquest decret del Consell de mesures urgents en matèria de ports de la Generalitat i per a reduir l'impacte de la dana a l'Albufera. La norma, convalidada a les Corts amb els vots a favor del PP i Vox i en contra de l'oposició, tenia com a objectiu, en matèria de ports, regularitzar prop de 250 concessions administratives i 150 autoritzacions d'ocupació temporal del domini públic portuari. L'article objecte de controvèrsia modifica un dels apartats de les excepcions al termini improrrogable de les concessions portuàries per a ampliar de 20 a 50 anys el termini màxim en què es pot prorrogar una concessió quan el concessionari duga a terme una inversió rellevant que millore la integració entre el port, la ciutat i la costa, o que millore la seguretat o la qualitat ambiental de les operacions portuàries.

En els pròxims mesos, el Tribunal Constitucional resoldrà sobre el corró legislatiu de PP i Vox. Els valencians es juguen en l'alt tribunal molts dels seus drets i llibertats.

Todo el mundo habla de La bola negra. Y qué bien que lo hagan. La gente habla por las calles de Lorca, de la Guerra Civil, de esa película que va dispuesta a hacer historia en los Oscar gracias a su mezcla de emoción, ambición y memoria histórica. Pero sobre todo hablan de ellos, de los Javis, de Javier Calvo y Javier Ambrossi, dos cineastas superdotados, autodidactas y brillantes.

Parecía ayer cuando llenaban el hall del Teatro Lara con La llamada, o cuando desde un canal desconocido, Flooxer, nos presentaron a Paquita Salas, ahora un personaje fundamental en la historia de las series españolas. Poco a poco, proyecto a proyecto, han ido creciendo en madurez hasta llegar a esa bola negra con la que compitieron en el Festival de Cannes, donde lograron el premio a la Mejor dirección.

Es raro ver en el festival más importante del mundo compitiendo a directores con su segunda película, pero allí intuyeron pronto lo que luego se ha comprobado, la emoción torrencial que el espectador vive al ver la película. La gente se ve arrollada por esa mezcla de líneas temporales que mezclan 1932, 1937 y 2017; que se atreven a desarrollar la ficción inacabada de Lorca, y a materializarse en una coda final que emociona hasta la lágrima. El mundo ha descubierto a los Javis.

¿Cómo han vivido la locura de todos estos meses?

Javier Calvo: Yo estoy bien, la verdad. Nos hemos obligado a tener un agosto en el que no hacer nada. Yo he estado mucho tiempo con mi familia en Murcia, en mi casa de siempre, y mi única preocupación ha sido pensar en qué íbamos a comer al día siguiente y mientras comíamos qué íbamos a cenar esa noche. Eso me da mucha paz. Yo necesitaba tocar tierra porque ha sido, más que todo lo que ha pasado, el ritmo de estos momentos. Me ha venido bien este mes de estar tranquilo, respirar y prepararme para lo que tenga que venir.

Javier Ambrossi: Yo estoy aceptando que tengo que descansar, pero tengo que trabajar todos los días para que mi cerebro esté regulado. Si no, como que se me hace bola y pienso que luego va a ser peor cuando vuelva. Pero estoy muy tranquilo con lo que pasó en Cannes. Cuando ganamos 'Mejor dirección' me dio paz sentir todo lo que había pasado, porque no tendría por qué haber ocurrido. No respondía a nada más que a la película. No tuvimos la oportunidad ni de explicarla ni de hablar con nadie ni de tener ni siquiera una carrera larga en el cine como para que de repente sea un premio que compense otra cosa. Realmente habla la película.

A mí hay una cosa que me parece muy mágica de Cannes. Hay películas que entran en el teatro Lumière de una forma, y salen de otra. Vuestra salida fue increíble, la gente estaba deseando saber quiénes erais. 

J.A.: A la mitad de la proyección yo sentí que la gente había conectado con la película. Yo empecé a escuchar lágrimas, gente sonándose los mocos, muchísimo silencio. No sé si será el más grande del mundo, pero uno de ellos. Además, es un cine que se presta mucho a que haya invitados que no sepan ni qué película van a ver, ni quién eres tú. Que estén con el móvil. Gente que se levanta, gente que se va. Entonces, de repente, ver a la gente tan concentrada, emocionada... La primera mitad estuvimos peleados, pero peleados tipo que le tuve que decir: “Javi, deja de darme por el culo”.

J.C.: En Cannes tú vas el día anterior a las tres de la mañana a chequear el sonido y decidir a qué volumen pones la proyección. Es que solo de acordarme me estoy angustiando, se me seca la boca. A mí me gusta que suene muy alto. Fuimos y yo estaba muerto, llevábamos mucha tralla encima. Habíamos entregado la película un par de días antes. Y dije, “ponla al siete”. Y me dijeron, “es un poco alto”. Y yo, “venga, da igual”. Pues en mitad de la proyección empiezo: “Está muy alta. Muy alta. Muy alta”.

J.A.: Es que Javi te da el viaje de ida y el de vuelta. Durante el momento que hay que elegir es: “Lo pongo alto”. Hasta que le dices que sí y luego ya cuando lo ha puesto dice: “Está muy alto”. Y ya le dije: “Javi, no me vas a joder la proyección del estreno. Esto es una vez en la vida”.

'La bola negra' es una película que nos supera, que tiene como un propósito mayor de existencia que nosotros, y creo que eso la gente lo está leyendo.

Javier Ambrossi — Cineasta

J.C.: Y aparece la productora francesa por detrás, Alice Labadie, y dice: “Igual está un poco alto”.

J.A.: Yo también le hablé fatal. Le dije: “No te metas tú ahora, porque lo que le faltaba a él”. 

J.C.: Estuve escribiendo al proyeccionista por WhatsApp en mitad de la proyección.

J.A.: Yo tuve la suerte de tener cerca a Lola Dueñas, que no había visto la película. Entonces la magia de Lola de repente se me pegó. Lola empezó a conectar de una manera muy profunda y empezó a llorar.

J.C.: Y tú me dijiste: “Javi, va a salir bien, está escrito en las estrellas”.

J.A.:. Yo siento que esta película, desde que llegó a nuestra vida y con todo lo que ha pasado, hay algo que no estamos controlando. Este es un proyecto que de repente llegó a nuestra vida y que todo ha sido fluido. Con mucho trabajo, mucho esfuerzo. El rodaje más difícil que hemos tenido jamás, el que más intenso hemos vivido. Pero todo tenía como un flow. Y siento eso, que está escrito en las estrellas. Siento que es una peli que nos supera a Javi y a mí, o que tiene como un propósito mayor de existencia, y creo que eso la gente lo está leyendo.

Por seguir con la locura, ¿cómo viven que La bola negra esté en todas las predicciones de los Oscar?

J.C.: No he sido muy seguidor de este mundo apuestas de Oscar, entonces no sé cómo de realista es ni cuánto cambia eso. Sé que estamos ahí y que se nos considera. Yo me acuerdo, creo que cuando estábamos en Cannes, que vi un tuit como de algún bot que decía: estadísticas de que La bola negra gane algún premio en Cannes: 0%. Entonces ahora estamos un poco más arriba en la estadística de ganar algo, lo cual me parece increíble, casi una simulación. Pero ahí está. A mí nuestra película, la de todo el equipo, me encanta y ojalá pase. Creo que sería algo muy importante para la película, para nosotros, para el equipo y para este país.

J.A.: Y para el cine español. Yo viendo cómo gusta a los americanos y cómo gusta a todo el equipo de Netflix, la puja que ha habido por tenerla, que ha sido grande y sobre todo viendo la reacción de la gente, ves la emoción y es muy genuina, como que toca algo en la cultura americana.

En Cannes se notó en cómo conectó con la crítica de EEUU.

J.A.: Sí, porque tiene algo de homenaje al cine, evidentemente al cine hollywoodiense que me hizo amar el cine. Pero tiene luego otras muchas cosas y tiene sentido que una cultura como la americana en este momento reivindique la emoción.

J.C.: Yo creo que también nosotros creamos desde un lugar bastante salvaje, emocional y artesanal, y en el sistema que tienen ellos montado a la hora de rodar es muy difícil conseguir esa manera de hacer tan artesanal y bestia como hacemos nosotros.

J.A.: Y sin plantillas. Les sorprende que no respondemos a tests. Entonces eso les conmueve. A Lisa Taback, que es la que lleva todo el mundo premios en Netflix le pregunté, ¿pero por qué nadie querría darnos un premio?, ¿qué representamos? Y me dijo: “El futuro. Yo la apuesta que hago desde Netflix es apostar por el futuro. No he visto gente como vosotros. No he visto gente que se implique así. No hay directores así”.

Y ese estreno en cines en EEUU, cuando allí la estrenará Netflix (aquí pasará por cines y posteriormente se verá en Movistar Plus), que creo que es muy representativo…

J.A.: Se pidió, lo pedimos.

¿Es un logro conseguir que se vea en pantalla grande, que se comparta así esa emoción?

J.C.: Es que creo que realmente la película que queríamos hacer era una película que generara la necesidad de disfrutarla en una sala en pantalla grande, de manera colectiva y con la sensación de no querer perderte ningún detalle. En contraposición a me pongo una película en la tele mientras hago la comida o miro el móvil y me quedo dormido, y mañana si eso lo acabo o no. Contra esa costumbre que se está generando, que no digo que esté bien ni mal, a mí no me encanta, queríamos crear algo que significara todo lo contrario, la ilusión de volver a disfrutar con alguien, o de mostrarle a alguien, que creo que eso es muy bonito. Esa sensación de ir a un lugar y salir de otra manera. Yo recuerdo cómo he salido de películas cuando tenía 13 o 14 años y recuerdo la sensación de ver el mundo de otra manera, de salir por la calle y sentir que la calle es distinta y que mi vida es distinta y me daría mucha pena que esa sensación cada vez se fuera diluyendo más en la gente, sobre todo en la gente joven.

El extremismo y el odio son una sombra que acecha continuamente y parece que últimamente más. Y de hecho, la última frase de la película es “mira que nos acechan todavía”

Javier Calvo — Cineasta

J.A.: Fue una negociación cuando Netflix dijo que querían la película. Estábamos ahí en Cannes, en unas calles al lado de unos contenedores de basura, porque no hay absolutamente nada, con un ron cola que estaba el hielo derritiéndose, en mitad de una callejuela, pasando el camión de la basura. Y yo lo que pedí es que fuera por lo menos un mes y medio en cines y que respetaran el formato en el que está rodada. No nos importó el dinero, no estábamos hablando de eso. Netflix puede tener el poder de llegar a la gente, que es algo que la peli siendo de lo que es y el mensaje que tiene, va a agradecer muchísimo. Pero pedimos un mes y medio, y nos dijeron, “¿pues sabes qué? Serán 47 días”.

Han mencionado que hay películas que uno entra de una forma y sale de otra, ¿cómo les gustaría que saliera la gente de La bola negra?

J.C.: Para mí lo principal sería que hicieran caso a una voz que suena en un momento de la peli que dice: “Hay que vivir. Vivir siempre”. Creo que es una película que te ayuda a tomar decisiones y a querer vivir, y eso es algo muy bonito.

J.A.: Me gustó mucho la conversación que tuvimos con Anne Hathaway sobre la película que dijo que ella se quedaba con un pensamiento y es que en el presente nuestra parálisis es privilegio, y me pareció que lo clavó, y es justo lo que yo quiero que reflexionemos, que en el presente estamos paralizados porque tenemos la oportunidad de estarlo, pero que tenemos que movernos hacia delante. No te quedes en un sitio donde no quieres estar, no estés en una pareja con la que no quieres estar. Hay un privilegio que es el de tener tantas opciones que nos paraliza. Y hace muy poquito la generación de nuestros abuelos no podía a lo mejor ni reconocerse su propio deseo. Y en el colectivo LGTBIQ+ eso está muy claro. La peli habla de eso. Hay tanto silencio, tanto, tanto dolor, tanta tristeza, tanto asesinato en nuestro colectivo, tanta gente que ha luchado, que creo que los que en el presente podemos tener opciones de libertad, tenemos que explorarlas y tenemos por lo menos que intentar ser felices y sentirnos completos.

Pero es verdad que, por desgracia, ese mensaje en 2026 sigue siendo de alguna forma casi revolucionario, ¿hacia dónde creen que avanzamos, les da miedo el futuro?

J.A.: Es que nosotros mismos no habíamos escrito una peli ni una serie con personajes gais, ni hablando de deseo entre hombres. Entonces para nosotros mismos es revolucionario porque no sé por qué nunca nos habíamos atrevido a hacerlo. No sé si porque era obvio o porque no queríamos sacar temas que a lo mejor nos removiesen a nosotros. Parece que hay muchas historias en el cine que hablan de eso, pero es que no hay tantas, y protagonizadas por actores abiertamente gais que interpretan papeles gais, dirigidas por directores gais, con equipo LGTBIQ+… no hay tanto hecho por y para. Entonces para mí sí es revolucionario porque sí viene a ocupar un hueco que falta y espero que la gente de una generación la reciba así.

J.C.: Yo creo que hay algo que es obvio, y es que el extremismo y el odio es una sombra que acecha continuamente y parece que últimamente más. Y de hecho, la última frase de la película es “mira que nos acechan todavía”. Todo lo que ha vivido Sebastián, el personaje de Guitarrica, no pasó hace tanto tiempo. Cuando fuimos a la Fundación 26 de diciembre, que vamos a menudo, a tomar roscón con los mayores LGTBI de la asociación, se acercó uno de ellos y nos dijo que él había tenido su pareja toda la vida y las dos familias les dejaron de lado por ser gais, y que cuando murió, él no tenía nada más en su vida. Era lo único que tenía. Se quedó solo y solo iba al cementerio todos los días a ponerle flores. Y ahora, gracias a que estaba la fundación, podía ir a relacionarse con gente. Entonces me hizo pensar, joder, no solo no conozco las historias de las personas mayores de mi colectivo, que es impresionante e increíble, gente gracias a la cual yo hoy puedo disfrutar de mis derechos, sino que creo que tampoco conozco la de mis abuelos.

J.A.: Y lo que has dicho de los abuelos, ojalá la película sea reivindicativa también en eso, en lo familiar, en encontrarnos con la gente que nos rodea, en la familia, los abuelos, los amigos, la gente que piensa diferente a nosotros. Lo que me parece más reivindicativo de la peli, más allá de la lucha LGTBI, que evidentemente es muy importante, es la reivindicación de entendernos, de intentar ponernos de acuerdo aunque sean cuatro hechos fundamentales de nuestra historia para poder seguir adelante, para poder tener un diálogo, para que no todo se convierta en violencia.

Lo de ponernos de acuerdo en cuatro cosas, ¿una de ellas no debería ser Lorca, cuyos restos siguen bajo tierra?

J.C.: Fíjate, no creo que nadie en España niegue que Lorca es, si no el más grande, un genio absoluto. No hay debate a nivel poético o teatral, es uno de los dos o tres más importantes. Pero sí que es verdad que a mí me sorprendió, porque no sabía qué pasaba, que al hablar de él parece como que mucha gente tirara de él, por un lado, o por otro, como si no quisieran que fuera de todos. Como si hubiera una disputa por quién tiene la razón sobre él. Una cosa muy rara que yo no sabía qué pasaba.

J.A.: Eso pasa con los símbolos. Todo el mundo quiere apropiarse de los símbolos. Es una cosa normal, eso es lo lógico. Pero es verdad que asusta cuando de repente quieres hablar de algo. Lo que nosotros queríamos hacer, lo que nos parecía bonito, era enriquecer la figura de Lorca, no negar ninguna de las otras partes políticas sociales que evidentemente son superimportantes en lo que él era. Nosotros creemos que no se ha señalado suficiente que una condición importante de su vida, en su literatura y en su asesinato fue su libertad. Su libertad que englobaba su homosexualidad y que creo que a mucha gente, y a mucha gente joven, le puede hablar. Es que no tenemos tantos artistas LGTBIQ+. Y la gente dice, pero qué más da que fuera gay, pues sí importa, porque apela a nuevas generaciones como referente y creo que eso es importante. Nosotros solamente queríamos enriquecer esa figura sin querer sentar cátedra. 

Hay una cosa en el tamaño de la película, porque no hay historias grandes, épicas, LGTB. Hacen siempre la comparación con Titanic, pero tiene algo de eso, de una historia de amor épica homosexual, historias queer que no tienen por qué ser de nicho, pequeñas. 

J.A.: O que para que sea muy grande, tipo Brokeback Mountain, tengan que interpretarla dos estrellas hetero. Que tenga todos los elementos que tiene La bola negra, eso la hace muy única. Yo creo que esta peli tiene todos los elementos para que si te acercas, puedas salir cambiado y con un pensamiento, por lo menos, más cercano al otro, que es de lo que va, de ver que el otro existe, piense diferente a ti o no.

J.C.: Me encanta que digas Titanic, porque claro, igual que Lars Von Trier dijo, “yo quería hacer un musical y me salió Bailar en la oscuridad”, o Almodóvar en una entrevista en La Edad de Oro, que le preguntaron, ¿a quién creéis que os acabaréis pareciendo?, y dijo: “Yo creo que irremediablemente acabaré pareciéndome a Pedro Almodóvar”. Pues claro, yo quería hacer Ven y Mira, Apocalypse Now e irremediablemente siempre se me acaba acercando un poquito, aunque sea en emoción y en ganas de llegar a la gente, a Titanic.

Desde que les hacemos entrevistas nunca les habíamos preguntado por su vida privada…

J.A.: Ya la contábamos nosotros [risas].

Pero de repente les preguntamos si van a hacer otra película tras la separación, ¿cómo llevan que su vida íntima se haya colocado en ese foco?

J.C.: Yo lo pasé muy mal, sinceramente, me dio mucha ansiedad, pero a la vez agradezco que pasara porque me ayudó a entender que tengo que proteger mucho más mi vida. Como que antes éramos muy festivos, contábamos todo. Siento que he pagado un poco las consecuencias de haberme expuesto como pareja en mi vida, y me doy cuenta de que cada vez más quiero que mi trabajo hable de mí y yo vivir mi vida y ya está.

J.A.: Yo lo entiendo, entiendo el interés. Creo que siempre hemos mezclado lo personal con lo profesional en cada entrevista desde que la gente nos conoce, desde que empezamos con La llamada. No ha habido entrevista en la que no hayamos hablado y sido cariñoso el uno con el otro. Es normal que cuando se produce la ruptura, haya este interés. Ahora que ya ha pasado, pues yo creo que ya no hay más que rascar. Es decir, vamos a seguir trabajando juntos, nos queremos un montón y cada uno tiene su vida y así seguirá.

Entrevista completa