A Emiliano García-Page no le ha gustado especialmente la primera de las medidas que el Gobierno de Pedro Sánchez quiere poner en marcha para paliar la consecuencias de la guerra en Irán. Concretamente, ha mostrado sus reservas sobre la bajada del IVA de los combustibles al 10%. El motivo: considera que puede ser “una amenaza directa” a la financiación de las prestaciones sociales de las comunidades autónomas, a las que, según ha dicho, se destina el 58% de la recaudación de este tipo de tributos.

El presidente de Castilla-La Mancha ha defendido que su Gobierno trabaja con “planificación” para mantener la estabilidad en la comunidad autónoma, pero que, por el contrario, nunca ha vivido un momento en el que le esté “costando tanto” que “alguien en Madrid se pare un minuto a reflexionar y a discutir sobre los problemas del medio y del largo plazo”.

“La emergencia es permanente, ahora lo vemos muy claro con la guerra en Irán, pero es que si no es la guerra, son las escandaleras y, si no es eso, es el debate político o la ausencia de presupuestos”, ha añadido. Page justifica su reflexión en “no hay un debate sereno sobre casi nada”.

Ha dicho estar pendiente de lo que apruebe este viernes el Consejo de Ministros en relación con la emergencia por la guerra de Irán, pero como adelanto, ha querido hacer hincapié en que si se habla de impuestos, los gobiernos autonómicas no son “una administración cualquiera”. “Ya lo vimos con Ucrania. En ese caso, la bajada de ingresos nos supuso, por las decisiones tomadas sin consultar a la autonomía, más de 400 millones de euros”.

Puede suponer una aminoración de recursos a las autonomías

Por eso ha puesto el foco en el IVA, al afirmar que cuando se habla del impuesto sobre carburantes, el 58% de la recaudación es para las autonomías. Y así, ha alertado de que si se toman medidas conforme a la premisa de “yo invito, pero pagan otros”, eso significa que las decisiones pueden “afectar claramente a la financiación de la sanidad, de la educación y del estado del bienestar”.

“Puede suponer una aminoración de recursos a las autonomías como consecuencia de la guerra de Irán, cuando la decisión es estatal y tendría que ser una financiación pura del Estado central”, argumenta. Advierte por ello que la bajada del impuesto se repercute en las autonomías, y será “una amenaza directa a la financiación de la sanidad, de la educación y de las prestaciones sociales”.

Para Emiliano García-Page, nadie está cayendo en la cuenta de la situación de las autonomías, con “un retraso monumental” en su sistema de financiación. “Y, sin embargo, sin comerlo ni beberlo, nos podemos encontrar con un problema financiero muy considerable del que ni siquiera se está hablando”.

Ha dicho que no quiere “complicar” el debate, pero insistiendo que se aprueben medidas “en la esfera nacional”. “De lo contrario, lógicamente, podemos interiorizar la crisis y que tenga además un efecto más corrosivo y más expansivo en España si eso termina repercutiendo en nuestra sanidad, en nuestra educación, en nuestras prestaciones sociales”, ha concluido.

En la política catalana hay ya pocos principios que nunca fallan, pero existe uno que, legislatura tras legislatura, sigue vigente: con ERC nunca se sabe. Es una aseveración que podrían firmar todos los presidentes de la Generalitat desde el regreso de Tarradellas. Ya sean convergentes, posconvergentes, socialistas o incluso Pere Aragonès, el único president republicano desde la llegada de la democracia, que discretamente capeó como pudo las tensiones con Oriol Junqueras y Gabriel Rufián.

Hubo un conseller socialista que, en su momento, mientras compartía gobierno con ERC, lo resumió con la fábula del escorpión y la rana. Al final acaban picando, se lamentaba, no siempre con razón. Por contra, los republicanos atribuyen sus posiciones a la coherencia y a no querer estar subordinados a unos u otros (sean socialistas o ahora Junts), cosa que les acostumbra a comportar críticas de unos y otros.

El motivo de la última pugna no es menor. Están en juego los presupuestos de la Generalitat, los primeros de Salvador Illa, que es president porque así lo quiso ERC. El PSC dio por hecho que el apoyo a la investidura de los republicanos incluía el apoyo a las cuentas, algo que tendría su lógica, puesto que es el instrumento que permite a cualquier administración poder gobernar y no solo limitarse a sobrevivir. Distinto es que, ya sea en el Ejecutivo central o en muchas autonomías, se intente dar por normal que no se disponga de unas cuentas. Siempre se buscan argumentos cuando un partido está en el Gobierno y, si no, solo hace falta consultar la hemeroteca para recordar las diez veces que Pedro Sánchez le reprochó —acertadamente— a Rajoy que, si no era capaz de disponer de presupuestos, debía convocar elecciones.

Oriol Junqueras proclamó este fin de semana que, si “las prisiones” no les habían “rendido”, tampoco lo haría la presión de los socialistas, e insistió en que, si el Gobierno de Sánchez no se compromete a que la Generalitat pueda recaudar todo el IRPF, Illa se quedará sin presupuestos. ¿Farol? A fecha de hoy no lo parece, aunque no solo el Govern quiere disponer de unas cuentas que incluyen un gasto récord en vivienda y la creación de hasta 16.000 nuevas plazas de personal público, entre policías, médicos y profesores. Se trata de tener o no tener casi 50.000 millones más, y eso es algo que no solo el PSC reclama. Los agentes sociales insisten en que es necesario que haya presupuestos.

Que Catalunya recaude su propio IRPF a través de la Agència Tributària es un compromiso que figura en el acuerdo de investidura de Illa, al que el PSOE dio su visto bueno. Ahora Sánchez debe escoger entre María Jesús Montero, quien en una conversación con Junqueras dejó claro que no estaba por la labor, y Salvador Illa, que se presentó con la bandera de buen gestor, algo que, sin presupuestos, es difícil de sostener.

Habría una solución intermedia que permitiría a ambos, PSC y ERC, ganar tiempo, aunque está por ver si con garantías de que los republicanos acaben apoyando las cuentas. Sería aplazar su aprobación: pelota p’alante y votarlos en junio. Para entonces ya se debería haber celebrado el Consejo de Política Fiscal y Financiera y tener más claro si el Gobierno del PSOE está dispuesto a cumplir con la promesa que se le hizo a ERC. Illa ya ha dejado claro en más de una reunión y en sus entrevistas que no quiere poner en más problemas a Sánchez.

En el PSC recuerdan que, en la pasada legislatura, cuando los Comuns decidieron dinamitar los presupuestos de Aragonès por el proyecto del Hard Rock (un macrocasino que el actual Govern dice que sigue vigente), los socialistas mantuvieron el apoyo a las cuentas de ERC. Ahora, en reciprocidad, exigen la misma lealtad a los republicanos. En 2016, cuando Carles Puigdemont se encontró con un bloqueo —en ese momento por el veto de la CUP—, optó por someterse a una cuestión de confianza que superó gracias a los votos de todas las formaciones independentistas. Cuando le pasó a Aragonès, la pasada legislatura, y por la negativa de los Comuns a darle su apoyo, decidió adelantar las elecciones.

En Catalunya, a diferencia de lo que pasa en Madrid, a ERC le incomoda más aparecer como socio de los socialistas y sigue siendo motivo de debate dentro del partido. Pero llenarse la boca de discursos sobre los problemas económicos de mucha gente o defender la lucha contra la desigualdad y, a la vez, rechazar un presupuesto que, a priori, permitiría mejoras en ámbitos como la vivienda, la sanidad o la educación, no parece muy coherente.

Que el PSOE, a veces —demasiadas—, promete lo que no puede o no quiere cumplir es una evidencia que se constata cada año en el grado de cumplimiento de las inversiones. Del mismo modo que, si un partido quiere apoyar unos presupuestos, puede encontrar siempre argumentos a favor o en contra para hacerlo. Veremos cuáles le pesan más a ERC en esta ocasión.

El Gobierno insiste en que habrá Presupuestos Generales del Estado (PGE) en esta legislatura y que se elevarán las inversiones en materia de Defensa al 2,1% del producto interior bruto (PIB) sin recortar, para ello, partidas de gasto social. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha comparecido este miércoles en el Senado para dar cuenta del aumento de gasto militar y se ha comprometido a que estas partidas se incrementarán sin perjuicio de adoptar medidas para aliviar las consecuencias de la guerra en Oriente Medio.

La 'número dos' del Gobierno ha defendido la “intención clara” de elevar este año el gasto en Defensa al 2,1% del PIB, unos 1.700 millones más, tal y como comprometió el Ejecutivo en la Cumbre de Washington de la OTAN, pero lejos del 3,5% o el 5% que exigen con dureza desde la Casa Blanca, bajo amenazas de embargos. Un aumento que se acompañará de “medidas de urgencia” que se adopten, en los sucesivos Consejos de Ministros, para paliar las subidas de precios a cuenta del conflicto bélico, como avanzó el presidente Pedro Sánchez en una entrevista en elDiario.es.

En este sentido, Montero ha abierto la puerta a pedir que la Comisión Europea active la 'cláusula de escape' de las reglas fiscales para impedir que gasto en defensa y en partidas sociales “compitan” en el marco del Presupuesto, obligando a recortarlas para elevar los desembolsos militares. Sobre las Cuentas Públicas ha insistido en que las van a presentar, aunque ha evitado plazos, cuando solo quedan veinte días para que termine el primer trimestre que la propia vicepresidenta se marcó como límite a finales del año pasado.

“Si la situación se complica, seguiremos insistiendo en la desactivación de las reglas fiscales. Entre otras razones, porque el Gobierno de España pondrá en marcha un paquete de medidas para paliar las consecuencias de la guerra, no de Pedro Sánchez”, ha dicho, con el último mensaje dirigido al PP.

“Sé lo que hubiera hecho el PP con la guerra en Irán”

La vicepresidenta ha mantenido un bronco desencuentro con los responsables populares y el grueso de la sesión, planteada para hablar del gasto en Defensa, se ha desarrollado con el conflicto bélico en Irán de fondo y con una fecha marcada en rojo en el calendario: el aniversario de los atentados del 11 de marzo de 2004, que se cobraron 193 vidas.

Montero ha acusado al PP de estar “despistado” y confundidos con su postura en relación con la guerra en Irán. “Yo sé lo que hubieran hecho”, ha dicho la vicepresidenta. “Hoy tenemos el aniversario de las consecuencias de lo que hicieron. (...) Lo hicieron con la guerra de Irak. Cambia una consonante”, ha aseverado Montero.

La también 'número dos' del PSOE ha recriminado a los populares unas declaraciones que hizo su líder, Alberto Núñez Feijóo, la pasada semana, en las que justificaba el ataque ilegal de Estados Unidos e Israel a Irán por el objetivo de derrocar al régimen de los ayatolás. “El derecho internacional es lo que permite garantizar y proteger los derechos humanos; no es una dicotomía en la que haya que escoger uno u otro ni se puede dar prioridad a uno sobre el otro”, ha dicho en su primera intervención.

“¿Cómo pueden hacer ver que a veces hay que sacrificar el orden internacional en pro de los derechos humanos, que es la posición que ha defendido el PP? ¿Pero qué es para ustedes el orden internacional, sino la garantía jurídica del respeto a los derechos humanos? ¿O es que vamos a darle pie al sálvese quien pueda, a la ley del más fuerte, o a que cada uno invada un país cuando le venga en gana porque le guste o no le guste el régimen que gobierna?”, ha alegado.

Junts reitera su rechazo a la financiación autonómica

Sobre las consecuencias de la guerra, Montero ha insistido en que monitorizan la evolución de los precios energéticos y ha contrapuesto la actuación del Gobierno actual con lo que hicieron Ejecutivos del PP. “¿Qué haría el Partido Popular? ¿Qué hubiera hecho en la pandemia? ¿Qué hubiera hecho en la guerra de Ucrania? ¿Qué haría en la guerra de Irán? ¡Recortes! Es lo que hizo siempre, siempre. Nunca auxilió a otras administraciones territoriales. ¡Jamás!”, ha lanzado.

La determinación de la titular de Hacienda –que en pocas semanas tendrá que abandonar el Gobierno para encabezar la candidatura del PSOE a la Junta de Andalucía– a presentar unas cuentas y a seguir gobernando choca con las posiciones de algunos de sus socios habituales. Singularmente, por el gasto en Defensa, el objeto de la comparecencia. Pero también por la propuesta del Ejecutivo para reformar la financiación autonómica, que Hacienda quería cerrar este mes, pero que ha contado con la negativa frontal de Junts.

Los neoconvergentes han reiterado el rechazo de su formación a la reforma planteada por Montero al considerar que la mejora prevista —unos 4.700 millones de euros adicionales— está muy lejos de corregir el déficit fiscal que sufre Catalunya. Su representante, Joan Baptista, ha defendido que Catalunya recauda en torno al 19% del total de impuestos del Estado pero recibe un retorno en inversiones de entre el 9% y el 10%. Según sus datos, el déficit fiscal de los ciudadanos catalanes superó los 21.000 millones de euros en 2022, lo que equivalía al 8,2% del PIB catalán, una cifra que —aseguró— nunca baja de los 20.000 millones anuales y que convierte a Catalunya en “la región de Europa que más recursos transfiere a otras administraciones”.

Montero ha reprochado a la formación independentista su negativa a negociar el nuevo sistema y ha invitado al portavoz de Junts a “reconsiderar su postura”. La ministra, además, ha sostenido que el debate sobre financiación no debe plantearse en términos de confrontación territorial y que el Gobierno ya ha alcanzado acuerdos con Esquerra Republicana que ha valorado como “buenos no solo para Catalunya, sino para el conjunto de España”.

El presidente de Mercadona, Juan Roig, se ha referido este martes a la situación de inestabilidad provocada por la guerra en Irán en la rueda de prensa posterior a la presentación de resultados de la compañía valenciana, y ha explicado que, por el momento, no se ha visto reflejada en los precios de los productos que a la venta en sus supermercados: “Si se toca es el petróleo, eso afecta a todo, pero de momento no lo hemos visto reflejado en una subida de precios y no nos ha repercutido en nada; incluso hemos bajado algunos”.

Roig, que ha comparado la actual situación de incertidumbre a la que se produjo en las fechas iniciales de la pandemia de la Covid, ha querido aclarar que ellos no pueden influir en el precio de las materias primas: “Si suben o bajan, nosotros subimos o bajamos pero, de momento, nadie sabe lo que va a pasar”. Respecto a las medidas que se podrían adoptar desde los diferentes gobiernos, en este caso España o Portugal, Roig ha afirmado: “Estaríamos encantados del IVA cero en alimentación, pero no depende de nosotros”.

Cuestionado sobre la reforma del sistema de financiación autonómica, el empresario valenciano no ha querido entrar en la propuesta, que supondría 3.669 millones de euros más al año para la Comunitat Valenciana, y la postura contraria del Consell. Lo único que ha dicho al respecto ha sido: “Me gustaría que en toda España pagáramos los mismos impuestos, ese es el problema que tienen que arreglar los políticos. Tiene que haber coherencia, y hoy en España cada uno paga una cosa”.

En este sentido, ha reclamado una actualización de las tablas de impuestos, “que llevan cuatro años sin actualización” y una mejora en la gestión de los servicios públicos, que considera que es “muy mejorable”. “A los políticos les pido que hagan bien su trabajo , porque qeremos tener una buena educación, una buena sanidad y una buena seguridad”, ha dicho Roig, quien ha añadido: “A quienes lo hagan mejor, les votaremos”.

Sobre la polémica de que en Mercadona hay poca variedad de marcas, el presidente de Mercadona ha sentenciado: “No entramos en la discusión de marca o no marca, ni creemos en nuestra marca o en la marca blanca; creemos en la calidad”. Al respecto ha explicado que tienen cuotas de mercado de productos propios con un 34 o 35% de cuota de mercado, porque son “lo que más calidad tienen”, igual que tienen otros que apenas llegan al 18%, “por ejemplo, nuestra cerveza es muy mejorable”. “No se trata de marca Hacendado o de marca X, ya que nosotros ponemos el nombre del fabricante en todos nuestros productos”, ha dicho. Así, ha insistido en que, por ejemplo, “entre el millón de productores de aceite de oliva buscamos un producto de calidad”.

Así mismo, Roig se ha mostrado orgulloso de que la gente quiera trabajar en Mercadona: a la oferta de 400 plazas para los puestos on-line se presentaron 8.000 solicitudes.

El último informe BBVA Research que analiza la situación económica de Castilla-La Mancha, con proyecciones hasta el año 2027, ofrece un visión positiva en el corto plazo para la comunidad autónoma, pero alerta de futuros retos estructurales.

Su crecimiento es sólido en la fotografía actual, pero la región se verá obligada a gestionar la transición hacia un ciclo más maduro y a resolver tensiones persistentes en el mercado de la vivienda y la productividad para asegurar su bienestar futuro, según los datos presentados hoy en Toledo.

No obstante, y a corto plazo, todavía está por ver el impacto de la guerra en Irán. “En la medida en que esto sea temporal, el impacto no será significativo”, ha comentado Miguel Cardoso, economista jefe de BBVA Research para España, para advertir que “tendrá consecuencias sobre la inflación que subirá más allá del 3%”.

El escenario con “más probabilidad”, decía, es aquel en el que el conflicto sea de corta duración y por esa razón “las disrupciones en los flujos de comercio, aprovisionamiento de energía y combustible o en el comercio de bienes serán relativamente limitados”.

De hecho, ha abundado Cardoso, “muchos productores que veían venir esta situación han acaparado inventarios” e insiste: “Si el shock es temporal”, y es lo que se percibe a tenor de las palabras del Gobierno de EEUU, se prevé que el impacto sobre la actividad económica y los consumidores pueda ser “limitado”.

En este sentido, dice, las previsiones para Castilla-La Mancha hasta 2027 no cambiarían demasiado. El análisis habla de un sólido crecimiento, que ha permitido a la región consolidar su recuperación con un crecimiento estimado del PIB del 3,1% en 2025 y la creación de 47.000 nuevos empleos hasta 2027, gracias al dinamismo del mercado laboral, la inversión y la recuperación del poder adquisitivo de los hogares, según el director de la territorial centro de BBVA en España, Juan Carlos Hidalgo.

El margen de crecimiento en el sector turismo

Castilla-La Mancha tiene margen para crecer sobre todo con un “entorno todavía favorable para el crecimiento del sector turístico”, asegura Cardoso. El número de plazas hoteleras ha crecido entre un 3% y un 4% respecto a 2019, señala, y eso “marca la capacidad del sector hotelero de absorber turistas”.

Los analistas de BBVA Research observan además cambios en las preferencias del consumidor. “Aumenta el peso en la cesta de consumo asociado a los servicios, en detrimento de los bienes. La gente prefiere salir, viaja más y también come más fuera de casa. Eso favorece al sector turismo”.

A eso se suma un “aumento relativamente importante de la productividad, debido a la desestacionalización de sector turístico. Esa productividad es hoy del 19% en comercio y turismo respecto a 2019”.

Y sin embargo, se espera desaceleración

A pesar de esta inercia positiva, los indicadores más recientes sugieren que la región entra en una fase de desaceleración gradual, con previsiones de crecimiento del 2,4% para 2026 y del 1,9% para 2027. Esta moderación se produce en un contexto donde el empleo sigue aguantando con fuerza, pero otros pilares como el gasto con tarjeta, las exportaciones de bienes de equipo y el turismo doméstico empiezan a mostrar señales de agotamiento.

“Creemos que la desaceleración se producirá por la volatilidad de la política comercial de Estados Unidos que afectará a las regiones con más exposición, por su relación comercial con el país norteamericano”, señala Cardoso.

“Aquí esa exposición es menor y supone un 3% del total de exportaciones y un 0,6% del PIB, Por eso el impacto estará restringido”, apunta el economista, quien advierte además de la caída de las exportaciones hacia aquel país, en torno al 9%.

Miguel Cardoso habla también de “pérdida competitividad” que en su opinión vendrá marcada “no solo por los aranceles sino por la depreciación del euro frente al dólar”.

En todo caso, y según las previsiones, se estima que para el año 2027, el PIB de Castilla-La Mancha igualará el nivel de actividad que habría tenido de seguir la tendencia lineal de crecimiento previa a la crisis del COVID-19, situándose incluso 3,8 puntos porcentuales por encima de dicha tendencia.

Varios factores sostendrán esta expansión en el bienio 2026-2027: el empuje de la inversión pública y privada, el dinamismo de la construcción, la llegada de los fondos europeos (NGEU), la moderación de la inflación y la progresiva bajada de los tipos de interés. No obstante, se incide en que persisten riesgos externos, al margen de lo ocurrido en Irán, como la incertidumbre en la política económica internacional, especialmente la arancelaria con EE.UU.

La inmigración como pilar fundamental de empleo

El mercado laboral sigue siendo la gran sorpresa positiva. A diferencia del conjunto nacional, la afiliación a la Seguridad Social en Castilla-La Mancha se aceleró en el cuarto trimestre de 2025. Este dinamismo se ha concentrado especialmente en las áreas de Toledo y Guadalajara, así como en zonas rurales, impulsado por el comercio, la hostelería, los servicios públicos y la industria manufacturera.

Un dato revelador es que el 82% del empleo creado en la región ha sido gracias a la población inmigrante (extranjeros y personas con doble nacionalidad) y las previsiones apuntan a que la fuerza de trabajo seguirá aumentando en unas 400.000 personas anuales en 2026 y 2027 en España, lo que permitiría a la región crear un total de 47.000 nuevos puestos de trabajo en el periodo 2025-2027.

Gracias a este empuje, la tasa de paro podría bajar hasta el 11,5% de media en 2027. Sin embargo, empieza a detectarse un problema de escasez de mano de obra en sectores específicos como la construcción y la industria, donde a las empresas les cuesta encontrar trabajadores con la formación necesaria.

Una mayor dependencia de la demanda interna

Uno de los cambios más significativos en 2025 ha sido la transición hacia una mayor dependencia de la demanda interna, según ha destacado Miguel Cardoso, economista jefe de BBVA Research para España.

Los salarios en la región han comenzado a recuperar poder adquisitivo, con un aumento pactado en convenio de alrededor del 3%, mientras que la inflación promedio se situó en el 2,5% en 2025, por debajo de la media española.

Esta ganancia de renta real, sumada al descenso de los tipos de interés —el BCE recortó el tipo de depósitos hasta el 2% a finales de 2025—, debería actuar como un catalizador para el consumo de los hogares y la inversión empresarial.

El gasto presencial total con tarjeta mostró un crecimiento dinámico del 9,1% en 2025, destacando el gasto en supermercados, salud, vehículos y grandes superficies. Por el contrario, el gasto en sectores como la electrónica de consumo, los viajes y el transporte ha mostrado caídas o estancamiento.

La preocupante falta de vivienda asequible

El sector inmobiliario se perfila como uno de los principales motores de crecimiento para los próximos dos años. Se estima que las viviendas en ejecución podrían alcanzar las 7.000 en 2026, lo que supone un incremento del 18% respecto a 2025. Además, los visados de obra nueva crecieron un 9,7% en 2025, superando la media nacional, lo que anticipa un aumento de las viviendas terminadas a partir de finales de 2026.

A pesar de este repunte en la actividad, el informe detalla una preocupante falta de vivienda asequible que se mantiene como un cuello de botella crítico para el bienestar de los jóvenes y la atracción de capital humano.

Desde 2021, se han creado en la región 52.800 nuevos hogares, pero solo se han construido 21.600 viviendas, lo que evidencia un desajuste estructural entre oferta y demanda. Aunque el esfuerzo de acceso a la vivienda en Castilla-La Mancha es inferior a la media española, la tendencia al alza de los precios y la escasez de oferta en las zonas con mayor dinamismo demográfico son preocupaciones crecientes.

El informe también se detiene en analizar el impacto de la caída de los costes energéticos en la competitividad regional - al menos en el momento en el que se realizó el estudio- y el papel de los fondos europeos en la actividad económica.

Por un lado, la industria castellanomanchega ha mostrado un comportamiento más sólido que la media nacional. En 2025, el Índice de Producción Industrial (IPI) aumentó un 0,8%, impulsado principalmente por la producción de bienes de equipo y energía. La caída de los costes energéticos y de transporte ha beneficiado especialmente a la región dada su apertura económica y el peso de su industria manufacturera.

En cuanto al sector exterior, las exportaciones de bienes crecieron un 5,1% nominal hasta septiembre de 2025, apoyadas en el sector agroalimentario (alimentos y bebidas) y las manufacturas de consumo. No obstante, los bienes de equipo han mostrado debilidad en los últimos meses, contribuyendo negativamente al saldo exportador. Por otro lado, las exportaciones de servicios se han acelerado, con un incremento notable del gasto de turistas extranjeros (+12,3% en 2025) y de las pernoctaciones hoteleras (+9,9%).

Por otro lado, la inversión pública seguirá siendo un pilar de la expansión. Hasta diciembre de 2025, Castilla-La Mancha ha licitado contratos y concedido subvenciones ligadas a los fondos Next Generation EU (NGEU) por un valor de 2.346 millones de euros, lo que representa el 4,2% de su PIB regional de 2024, una proporción superior a la media española (3,9%).

Además, la comunidad es una de las que más puede beneficiarse del incremento global del gasto en defensa. Las empresas de este sector en la región facturan el equivalente al 0,5% del PIB regional, lo que la sitúa como la quinta comunidad con mayor peso en esta industria. Si este aumento del gasto se traduce en producción nacional, el impacto en la actividad económica regional será considerable.

El talón de Aquiles de la productividad

A pesar de las perspectivas positivas, Castilla-La Mancha enfrenta retos estructurales profundos. La productividad por hora sigue siendo un desafío; aunque ha mejorado tras la sequía de 2023, la región todavía presenta niveles inferiores al conjunto nacional.

El PIB per cápita regional se sitúa en el 79,8% de la media española, y el dinamismo demográfico (mayor crecimiento poblacional que el promedio) dificulta la convergencia rápida en este indicador.

De nuevo, la necesidad de reforma de la financiación autonómica

Como ya hiciera el año pasado, el informe BBVA Research vuelve a advertir sobre la necesidad de reformas en la financiación autonómica para garantizar la sostenibilidad de la deuda y mejorar el margen fiscal de la región. La reforma del modelo de financiación autonómica sigue, un año más, sin concretarse.

En el ámbito fiscal, la deuda pública se situó en el 28,8% del PIB en el tercer trimestre de 2025. Los ingresos procedentes del sistema de financiación autonómica, que han crecido cerca de un 40% desde 2019, mostraron una desaceleración en 2025, lo que elevó el déficit de la Junta hasta el -0,2%.

De ahí que se apunte esa necesidad de acuerdos para garantizar la sostenibilidad de la deuda a medio plazo y una reforma del sistema de financiación que sea más simple, transparente y equitativo.

Se atribuye a Voltaire este aforismo político: “Si no estás en la mesa, estás en el menú”. ¿Quién quiere ser el menú de los demás? Creo que nadie. Pero ser el menú es el triste y realista corolario a la negativa de uno a tomar decisiones, o mejor dicho y aplicado al tablero político, a negarse a negociar.

En el caso de Cantabria, este aforismo se puede aplicar a todo tipo negociaciones de calado con el Estado, pero sobre todo en dos casos: el modelo de financiación y la quita de la deuda.

Cantabria, al igual que otras comunidades del Partido Popular, no entra en negociaciones para la renovación de los criterios y cálculos de estas dos importantísimas cuestiones, que afectan a la financiación autonómica y al cálculo de los intereses de la deuda. Negociar es mucho más que plantear exigencias y dejarlo ahí, ya que por lo general las cosas no funcionan así. La renuncia a negociar es la aceptación tácita de convertirse en menú de otros que sí negocian, que sí se sientan a la mesa. 

Renunciar a negociar, a cooperar, supone asumir el vergonzante papel de formar parte del menú en la mesa de los poderosos y perjudicarse a uno mismo, que es lo que por lo general suele acabar ocurriendo

Renunciar a acuerdos para erosionar políticamente al Partido Socialista, que gobierna en La Moncloa, como se está viendo, lo único que produce es el mantenimiento de los sistemas existentes y la inexistencia de mejoras, es decir, renunciar a sentarse la mesa para ser el menú.

Es cierto que, dadas las declaraciones del Ejecutivo central, las cosas quedan como están: el modelo vigente y los intereses de la deuda actuales son discrecionales: si quieres los coges, si no te quedas como estás. Pero independientemente de que debiera ser explicada esta renuncia a la defensa de los intereses cántabros, más allá del socorrido comodín de “cortina de humo de la corrupción sanchista”, la desigualdad entre autonomías irá a más (por la mejora financiera de aquellas que sí negocian) y con la incertidumbre de si un Gobierno del PP a nivel nacional mejoraría los modelos para pequeñas autonomías como Cantabria, en detrimento de pesos pesados como Valencia, Madrid o Andalucía, por ejemplo, con más población, más capacidad de presión y otros criterios que perjudicarán a Cantabria. Ponerse a negociar entonces, cuando uno se ha contentado a ser menú de los demás durante dos años, tal vez sea demasiado tarde.

Esto también tiene relación con otro concepto que se ha traspasado a la Teoría de Juegos: el dilema del prisionero. Dicho pedestremente, el dilema supone que dos prisioneros se perjudican a sí mismos si se niegan a cooperar. Renunciar a negociar, a cooperar, supone asumir el vergonzante papel de formar parte del menú en la mesa de los poderosos y perjudicarse a uno mismo, que es lo que por lo general suele acabar ocurriendo.

Después de unas primeras valoraciones sobre la propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica (SFA), presentada recientemente por el Gobierno, se precisan conocer más detalles del proyecto para disponer de una visión global del mismo. No obstante, antes de avanzar en su tramitación parlamentaria, puede resultar de interés esbozar posibilidades para que, llegado el caso, el proyecto llegue a buen puerto. Ahora que la propuesta todavía está “tierna”, este artículo pretende debatir sobre la forma de mejorarla y aportarle coherencia.

Solo una aclaración inicial. Considero que abrir nuevas dimensiones en la discusión, como sucederá más abajo, no entorpece, sino que facilita la consecución de acuerdos más equilibrados. Encapsularse en una sola área reduce las posibilidades de compensar a los potenciales perjudicados. Minimizar los agravios comparativos se configura, pues, como un requisito imprescindible, sobre todo vista la nula sincronía entre el Ministerio de Hacienda y la inmensa mayoría de las comunidades autónomas (CCAA).

La idea central sería tomar el grueso de la propuesta de reforma del SFA presentada por el gobierno, aportarle más generalidad y encajarla en otra discusión en curso como es la condonación de deuda autonómica en manos del Estado, sincronizando ambas con la ineludible reforma de las reglas fiscales internas.

El esqueleto del nuevo SFA esbozado por el gobierno contiene una mezcla asumible de corresponsabilidad y equidad hasta la llamada nivelación vertical, inclusive. Se puede discutir si los nuevos porcentajes de cesión son excesivos o si el grado de ordinalidad es más o menos aceptable pero, como estructura conceptual, sirve para un debate ordenado. Por el contrario, los nuevos fondos de IVA Pymes y el Climático no tienen sentido en una discusión sobre federalismo fiscal; son apaños cuyos recursos se pueden reciclar para la nivelación y/o garantizar statu-quo en términos absolutos. Este statu-quo en términos relativos sí debe diluirse progresivamente.

Por otro lado, hace meses se puso en marcha un anteproyecto de ley orgánica para que el Estado asumiera deuda pública de las CCAA. Si bien, a mi juicio, es una iniciativa necesaria para que muchos gobiernos regionales alcancen la autonomía financiera que requiere su condición, la propuesta gubernamental es claramente mejorable, como se ha explicado desde diferentes fuentes.

Repensar las cifras (hay CCAA que no necesitan condonación y otras a las que le resultará insuficiente) y exigir una estricta condicionalidad fiscal para que no se perciba como un premio son, en mi opinión, dos vectores de mejora evidentes. Hay, sin duda, CCAA que cargan con una pesada deuda pública ocasionada en parte por su infrafinanciación relativa. Por consiguiente, sincronizando con sentido la reforma del SFA y la condonación parcial de la deuda se enfrentan simultáneamente causa y consecuencia.

Y una tercera pieza para encajar la reforma integral de las finanzas autonómicas consistiría en renovar la gobernanza fiscal de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. El Estado y las CCAA llevan siete años sin objetivos de déficit ni deuda pública, y la regla de gasto, desalineada con la europea, adolece serios problemas de diseño, aplicación y coherencia con el resto de reglas. Emprender en estas condiciones una reforma del SFA acompañada de una condonación de deuda autonómica debilitaría la estabilidad financiera del país.

Dotar de credibilidad a la gobernanza fiscal española es un activo en sí mismo. Pero, además, en el contexto de las propuestas ahora lanzadas sobre el SFA y la deuda autonómica, adquiere virtudes adicionales. De un lado, permitiría dosificar la recomposición de recursos que tendría lugar entre el Estado y las CCAA. Con otras palabras, aumentar en 21.000 millones de euros los ingresos de los gobiernos autonómicos en 2027 a resultas de la reforma del SFA no casa bien con que ese dinero rápido y fácil se vaya a gastar de manera eficiente. Además del agujero que provocaría en las arcas estatales.

De otro lado, si la nueva gobernanza fiscal española sigue la senda de la europea, cabe pensar en la definición de objetivos fiscales específicos para cada administración y encaminados a la reducción de deuda pública. Así, las exigencias de consolidación fiscal de cada comunidad autónoma podrían diferir según los recursos que allegarían tras la reforma del SFA, los porcentajes de condonación de que disfrutarían, sus niveles de deuda pública y esfuerzos fiscales previos, entre otros factores.

En definitiva, se trata de aprovechar los grados de libertad de discutir sobre finanzas autonómicas en varias dimensiones. Las más beneficiadas en un aspecto pueden ser sometidas a exigencias más intensas o ganancias menos abundantes en otros. Todo esto que les acabo de exponer resulta viable desde el punto de vista técnico y, con la coherencia necesaria, puede trasladarse en forma de diferentes escenarios al nivel político para tomar decisiones. Es posible que para ello necesitemos menos Consejos de Política Fiscal y Financiera y más trabajo discreto pero efectivo de funcionarios y expertos. 

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha exigido hoy la ejecución íntegra del plan de mejora de las cercanías ferroviarias para saldar “una deuda histórica con Asturias”. Durante su intervención en el pleno de la Junta General, ha demandado mayor agilidad en este proceso, que movilizará más de 1.800 millones de inversión, y ha recordado que la gratuidad del servicio se mantiene este año gracias a los Acuerdos de la Castellana, suscritos en febrero de 2023 con el Ministerio de Transportes.

“La obligación del Gobierno de Asturias es ser exigente con el ministerio para que desarrolle ese plan de cercanías, que ya se está ejecutando, pero no al ritmo que quisiéramos”, ha reconocido, al tiempo que ha valorado actuaciones largamente demandadas, como la renovación de la línea Gijón-Laviana o el soterramiento de Langreo. 

El jefe del Ejecutivo ha señalado que, tras la llegada de la crisis económica, los sucesivos gobiernos de España dejaron de invertir en la red de cercanías, “no solo en Asturias, sino en todo el país”. “Ahora hay que revertir esa situación de abandono durante años”, ha añadido.

“Queda mucho por hacer, me hago cargo de las demandas de la ciudadanía, porque esa es mi obligación”, ha respondido a la portavoz de Vox, Carolina López, en la sesión de control celebrada en el Parlamento.

Financiación autonómica

Barbón también ha debatido en el pleno sobre financiación autonómica. Sobre este asunto, ha garantizado que el Gobierno de Asturias negociará “hasta la extenuación” para lograr que el futuro modelo tenga en cuenta los intereses de la comunidad, recogidos en el acuerdo suscrito en la Junta General por todos los grupos, a excepción de Voz, y en los Acuerdos de Santiago, firmados con otras siete comunidades (Galicia, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Aragón y La Rioja).

El presidente ha vuelto a reiterar que al Ejecutivo autonómico no le vale la propuesta actual, tal y como está formulada, pero ha considerado que sí sirve como punto de partida para empezar a debatir.

“Si como producto de esa negociación conseguimos beneficios y la propuesta nos parece aceptable, la apoyaremos; si no nos lo parece, la rechazaremos y votaremos que no”, ha contestado al Partido Popular.

Buen punto de partida, pero aún insuficiente. Así es como ven las principales entidades empresariales catalanes el nuevo modelo de financiación autonómica pactado entre el Gobierno, el Govern y ERC y que la ministra María Jesús Montero presentó ante las comunidades autónomas hace dos semanas.

En un comunicado conjunto, las entidades del llamado G8 empresarial, además de Foment del Treball y las cámaras de comercio, defienden que la propuesta “es un avance en la dirección correcta” y reclaman a los partidos catalanes “trabajar juntos” para mejorarla durante el trámite parlamentario y “garantizar que los cambios se consoliden en el futuro”.

“La propuesta de nuevo modelo de financiación presentada por el Gobierno de España representa una mejora importante respecto al modelo actual, aunque no puede considerarse suficiente”, indican.

Además, destacan que el nuevo modelo avanza en la suficiencia financiera de las CCCA, porque “reduce el desequilibrio vertical”, es decir, “la distribución de recursos entre el Estado y las CCAA en favor del primero acumulado a lo largo de los últimos años”.

También subrayan que la propuesta del Ministerio hace el sistema más “transparente y justo”, además de celebrar que se respete el principio de ordinalidad en el caso de Catalunya.

Las patronales lamentan además que “muchas de las críticas” que se han hecho se basen en que el modelo surge del pacto entre partidos catalanes y el gobierno central. “Lo que hay que discutir es el contenido de lo que se propone, no su génesis”, apuntan.

El comunicado lo firman Foment del Treball, Pimec, el Círculo de Economía, el Colegio de Economistas de Cataluña, Barcelona Global, Femcat, Fira de Barcelona, RACC y las 13 cámaras de comercio catalanas. La incorporación de Foment del Treball a esta nota es relevante después del choque que su presidente, Josep Sánchez Llibre, tuvo con el president de la Generalitat hace dos semanas a cuenta del posicionamiento de la gran patronal catalana respecto a la propuesta de financiación, que criticó.

Alfonso Rueda prefirió no hacerlo. Ante la situación de la atención primaria y las urgencias de la sanidad pública gallega, que usuarios y trabajadores no dudan en calificar de colapso y que el BNG le afeó en la sesión de control parlamentario, el presidente de la Xunta de Galicia optó por evasivas en forma de ataques. A Ana Pontón, líder nacionalista, al Gobierno de Pedro Sánchez y al bipartito que gobernó la comunidad hace 17 años. “Algarada y conflicto” es, una vez más, lo único que Rueda percibe en la oposición. “Lleva 32 años en coche oficial y 17 en la Xunta, pero no tiene respuesta para nada”, resumió Pontón la actitud del presidente gallego.

La portavoz del Bloque había realizado antes un breve repaso de los problemas que cercan la materia. Los sucesivos ejecutivos del Partido Popular, dijo, han recortado 1.650 millones de euros en medicina de familia, hay unos 11.000 niños y niñas sin pediatra, los seguros privados han aumentado un 166% y la precariedad está a la orden del día: afecta a un 54% del personal de enfermería y a un 48% del de medicina. “Y ahora vendrá con su manual de escapista”, añadió Pontón, “y me acusará a mí o a los gallegos y gallegas que se manifiestan”. No anduvo muy desencaminada. “Usted siempre igual. Hay manifestación el domingo [la ha convocado la plataforma SOS Sanidade Pública] y pregunta el miércoles”, le respondió Rueda, “pero los médicos hacen una huelga contra el Gobierno central [en referencia a las protestas contra el estatuto marco convocadas por algunas organizaciones] y usted protesta contra la Xunta [que gestiona las competencias sanitarias en la comunidad]”.

El presidente de la Xunta tampoco evitó otro de sus lugares retóricos predilectos, el bipartito. Lo usa a menudo para atacar a la oposición, pese a los 17 años transcurridos desde que perdió las elecciones. “El bipartito privatizó cuatro veces más que nosotros”, aseguró sin explicar de dón procedía su cálculo ni en qué lo basaba, justo antes de afirmar que el BNG vendía su dignidad en la Deputación de Lugo. Era una referencia al acuerdo con el PSdeG para apoyar a la substituta de José Tomé, denunciado por acoso sexual en un canal interno de los socialistas. Pontón insistió en su segundo turno e ironizó con “la amnesia” de Rueda: “Se le olvida que es presidente de la Xunta”. Fue en el cierre cuando este deslizó algún dato referente a lo concreto del debate que había planteado la nacionalista, aunque la comparación con el bipartito casi dos décadas después lo convierta en anacrónico: “Dedicamos un 50% más a la sanidad que el bipartito”. Incluye, como recordó Pontón, los 341 millones derivados a la privada.

Sin modelo de financiación autonómica

El portavoz socialista, José Ramón Gómez Besteiro, se había interesado por qué modelo de financiación autonómica defiende Alfonso Rueda. Este no lo aclaró. Lo que sí hizo fue cargar contra la propuesta del Gobierno central y enumerar todos y cada uno de los puntos del habitual argumentario de Génova, de Ábalos a Óscar Puente y el independentismo catalán. “Usted no tiene el mínimo rigor”, le espetó, “y lo que es de todos se reparte entre todos”. “Una de sus características como presidente es la previsibilidad”, se resignó Besteiro, para quien el silencio del presidente de la Xunta sobre qué financiación autonómica es la más adecuada para Galicia solo puede obedecer a dos motivos: “O bien no tiene modelo, o bien lo tiene y no quiere enseñarlo”.

Rueda no se movió. Tampoco resistió la tentación de lanzarse de nuevo contra Pedro Sánchez y “su gobierno chantajeado y sin punch”.

El Gobierno de Asturias ha dejado claro que no asumirá el modelo de financiación autonómica propuesto por el Ministerio de Hacienda y ha advertido de que votará en contra si se mantiene en sus actuales términos, al considerar que perjudica a comunidades envejecidas como el Principado.

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha apelado este viernes a la “diplomacia vaticana” y a la “discreción” para abrir una negociación con el Gobierno central que prevé “durísima” y que afrontará con voluntad de diálogo, aunque sin garantías de acuerdo. En su primera comparecencia ante los medios desde que Hacienda presentó la propuesta, Barbón ha señalado que el planteamiento es “inaceptable” para Asturias.

Una cuestión coyuntural

El jefe del Ejecutivo asturiano ha explicado que su silencio inicial respondió a la necesidad de que los técnicos del Principado analizasen el documento y a que se pronunciase la Comisión Ejecutiva de la FSA-PSOE. Superado ese proceso, ha asegurado que Asturias no puede respaldar un modelo que no refleja adecuadamente el envejecimiento de la población, un factor clave para la comunidad.

Según ha detallado, si el índice medio de financiación es cien, Asturias estaba en 108 con la entrada en vigor del actual modelo en 2009 y pasaría ahora a 101. Con la propuesta planteada por Hacienda, el Principado caería hasta el 95 debido a su menor crecimiento poblacional. Barbón ha reclamado claridad en el debate y ha señalado que las comunidades más beneficiadas serían, por este orden, Valencia, Murcia, Cataluña, Baleares, Madrid y Andalucía.

El PP “sin números ni datos”

El presidente ha defendido la necesidad de abordar la negociación desde la confianza, al tiempo que ha recordado que lo que está en juego no es una cuestión coyuntural, sino un modelo de financiación que puede tener una vigencia de hasta veinte años.

Barbón ha restado importancia a las discrepancias con el Gobierno de Pedro Sánchez, pese a compartir signo político, y ha recordado que Asturias ya ha votado en contra del Ejecutivo central en otros asuntos, como la protección del lobo o el reparto del impuesto a la banca. También ha criticado al PP por presentar una propuesta alternativa “sin números ni datos”, reducida a “tres folios” y basada, a su juicio, en contradicciones. “Un modelo de financiación no puede atender todas las cosas al mismo tiempo”, ha zanjado.

Catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Zaragoza, Julio López Laborda es uno de los mayores expertos en materia de financiación autonómica a nivel nacional. Ve pros y contras en el modelo propuesto por el Ministerio de Hacienda y, respecto del difundido informe de FEDEA –aunque desde una posición prudente, ya que él mismo es investigador de este organismo–, considera que se podría haber elaborado con otras pautas.

A partir de las cifras difundidas por el Gobierno central, ¿cree que es una buena propuesta? 

A partir de la presentación de la propuesta que hizo la ministra de Hacienda y de las simulaciones publicadas, podemos hacernos una idea provisional de la reforma. Y creo que tiene cosas buenas, con avances con respecto al modelo vigente, como el incremento de recursos al conjunto de comunidades autónomas, las mejoras en la estimación de las necesidades de gasto autonómicas y en la descentralización tributaria o el establecimiento de un sistema claro de nivelación. Pero también hay aspectos negativos, como la desvirtuación de los resultados del sistema con algunos fondos ad hoc, como el fondo climático y el IVA de las pymes.

Precisamente muchas de las críticas al Ministerio se centran en los ajustes que se introducen con estos dos fondos. ¿Cree que están justificadas esas críticas?

Sí. Como en anteriores reformas, son elementos introducidos aparentemente para producir unos ingresos adicionales en determinadas comunidades autónomas. Con respecto al fondo climático, el problema no es que no haya que destinar recursos a luchar contra el cambio climático, sino cómo se hace la propuesta, dirigida a obtener unos concretos resultados.

Y ¿el IVA de las pymes?

No tiene ninguna justificación. No tiene nada que ver con la autonomía o la corresponsabilidad fiscal, como pretende el Gobierno central. El IVA ya se distribuye correctamente entre las comunidades en función del consumo, no es preciso estropear el reparto con fórmulas como la propuesta.

Sería pues una decisión de carácter más político.

Sin duda.

En general, ¿quiénes son los ganadores y quiénes los que menos ganan con la propuesta?

En términos absolutos, casi todas las comunidades obtienen más recursos. Si ponemos en relación esos recursos con las necesidades de gasto de cada una, lo que llamamos población ajustada, hay cinco que seguramente obtendrán unas ganancias superiores a la media: Murcia, la Comunitat Valenciana, Catalunya, Castilla-La Mancha y Andalucía. Las que menos ganarían son Castilla y León, La Rioja, Cantabria y Extremadura, y de hecho a estas dos últimas se les aplicaría la denominada cláusula del statu quo, que garantiza que ninguna comunidad reciba menos recursos que con el modelo anterior.

Si ponemos en relación esos recursos con las necesidades de gasto de cada una, lo que llamamos población ajustada, hay cinco comunidades que seguramente obtendrán unas ganancias superiores a la media: Murcia, la Comunitat Valenciana, Catalunya, Castilla-La Mancha y Andalucía

Julio López Laborda

La propuesta parte de un acuerdo entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de ERC, Oriol Junqueras, lo cual ha generado críticas por si beneficia a Catalunya. ¿Cree que privilegia a esta comunidad autónoma?

Catalunya sería la comunidad más favorecida. No en vano, el origen de la reforma está en un acuerdo bilateral que el Gobierno central pretende extender a todas las comunidades autónomas. Con esto, por cierto, sortean la negociación multilateral a la que están obligados constitucionalmente, aunque no se alcance un acuerdo. Porque no se puede hablar de negociación genuina cuando una de las partes no conoce en su integridad sobre qué está negociando, y no parece que las comunidades autónomas tuvieran mucha más información sobre la propuesta del Gobierno central que nosotros.

El informe de FEDEA sitúa a Aragón como la comunidad autónoma que menos recibirá por habitante en el sistema propuesto. ¿Está de acuerdo con las conclusiones proporcionadas por este organismo?

Si se toman los resultados de la reforma que se simulan en ese mismo informe, Aragón se quedaría en la media de financiación por habitante ajustado. El problema es que no se ha entendido bien el informe, que además no es de FEDEA, sino de un investigador de ese centro [Ángel de la Fuente]. Debería haberse hecho al revés: es en el anexo donde explica cómo se calcularía la financiación de cada comunidad autónoma con la reforma. Y muestra que, tras las transferencias horizontal y vertical, todas las comunidades están prácticamente igualadas.

Según Hacienda, Aragón recibirá 630 millones de euros más, pero FEDEA reduce esa cantidad hasta los 265 millones de euros. ¿Con qué cifra deberíamos quedarnos?

No son datos directamente comparables. Hay que tener en cuenta que el documento de FEDEA realiza una simulación preliminar con los pocos datos de que se dispone a partir de la presentación de la reforma que hizo la ministra de Hacienda y que hace su ejercicio para 2023, mientras que la presentación del Gobierno central da datos para 2027.

El Gobierno de Aragón denuncia que Hacienda no ha atendido su petición de incluir la orografía y la despoblación entre los criterios correctivos, mientras que el Ministerio asegura que las compensaciones por la despoblación aparecen en el epígrafe de 'costes fijos' y en la estratificación de los grupos de edad. ¿Quién tiene razón?

En 2021, el Gobierno central envió a las comunidades autónomas una propuesta para mejorar la estimación de las necesidades de gasto autonómicas. En ese documento se discutió la posible inclusión de la orografía, aunque finalmente se descartó su incorporación; por lo tanto, no puede haber una pérdida de unos ingresos que nunca han existido. Sin embargo, sí que se proponía la introducción de una variable de costes fijos, que se mantiene en la actual propuesta de reforma como indicador vinculado a la despoblación. También están relacionadas con la despoblación otras variables del modelo, como la superficie o la dispersión.

¿Y considera que una variable como la orografía puede ser de tal magnitud para Aragón? El Gobierno de Aragón la cuantifica en 320 millones de euros.

No lo sé. Yo lo único que sé es que la variable de superficie, la de dispersión o la de coste fijo, están directamente relacionadas con la despoblación. Y los ejemplos que tenemos parece que muestran que su peso debería ser más elevado del que le da el modelo propuesto por el Ministerio.

¿Es justa la ordinalidad? ¿Y el hecho de que esta, en principio, solo se garantice para Catalunya?

Es justa, y tan de sentido común que no es más que la consecuencia de la correcta aplicación de un modelo de financiación. La ordinalidad exige que, si ordenamos a las comunidades de la primera a la decimoquinta, de acuerdo con su capacidad para cubrir sus necesidades de gasto solo con sus tributos cedidos, ninguna puede perder posiciones después de recibir o realizar transferencias para hacer efectiva la solidaridad entre regiones. Desde luego, la ordinalidad se cumple si, después de transferencias, todas las comunidades están igualadas y se les garantiza la misma financiación en función de sus necesidades. Este principio de ordinalidad no parece que vaya a cumplirse con el modelo propuesto.

Y ¿la ordinalidad no es opuesta a la solidaridad entre territorios? ¿No supone ir en contra de la convergencia?

Es que la financiación autonómica no se encarga de la convergencia: se ocupa de que, aunque existan desigualdades de renta entre comunidades, estas no se traduzcan en un acceso desigual a los servicios públicos. Y eso la ordinalidad lo garantiza.

¿Afecta el modelo propuesto el principio de solidaridad entre las comunidades autónomas?

Teniendo en cuenta lo que se conoce de la propuesta y a la vista de los resultados de las simulaciones publicadas, yo diría que no, con la salvedad de los resultados favorables, especialmente, para Catalunya.

El agravio comparativo, convertido en el nuevo motor de la historia, es siempre el vencedor en los debates sobre financiación autonómica. Es una apuesta imbatible frente a la que los datos y los argumentos siempre pierden. 

Al ofrecer una explicación simplista que lo reduce todo a la condición de “perdedoras” de unas comunidades, frente a otras “privilegiadas”, oculta la complejidad derivada de las diferencias sociales en el interno de todas ellas.

Este es uno de los efectos indeseados -entre muchos positivos- del estado autonómico. Propicia un imaginario de identidades cerradas y compactas que niegan la diversidad social. A él se apuntan, entusiastas, todos los nacionalistas, los reconocidos como tales y los camuflados de ilustración jacobina. 

La opinión publicada se llena de quejas sobre el maltrato de la comunidad propia frente al privilegio de otras, que en realidad solo es una, Catalunya. Pero eso merece otro artículo. 

Quienes así argumentan, tanto desde las comunidades con menos capacidad tributaria, como desde las “ricas” obvian las grandes diferencias sociales que hay en cada una de ellas. 

En un reciente y novedoso estudio de EsadeEcPol se aportan datos sobre la desigualdad de riqueza en España, con las CCAA como referencia. Madrid tiene un patrimonio medio por hogar de 687.000 euros (2022), un 80% sobre la media nacional (excluyendo Euskadi y Navarra). Le siguen Baleares, Catalunya y Cantabria. En el otro extremo, Extremadura y Andalucía se sitúan muy por debajo de la media. 

La desigualdad de riqueza no solo se expresa entre CCAA, sino en el interno de cada una de ellas. Canarias, Baleares, Madrid y Catalunya son las comunidades en las que existe más desigualdad en el reparto de la riqueza. Entre las menos desiguales aparecen Castilla y León y Extremadura. 

Estos datos sirven para recordarnos una obviedad, en las CCAA “ricas” hay muchos pobres y viceversa, en las “pobres” también hay ricos. Un factor que nunca aparece en el radar y se oculta deliberadamente cuando se analiza el modelo de financiación autonómico.

Por eso resulta imprescindible relacionar el modelo de financiación autonómica con el sistema fiscal. El primero decide qué parte de la tarta fiscal va a parar al estado central y cuál a las CCAA (equilibrio vertical), para luego establecer cómo se distribuye entre las diferentes comunidades (equilibrio horizontal). Esa distribución se hace a partir de un sistema fiscal que determina el volumen total de la tarta y de dónde provienen los ingresos. 

En España, donde se ha alcanzado un nivel significativo de autonomía tributaria de las CCAA, algunas comunidades la utilizan para reducir la factura fiscal de los más ricos. Especialmente a través de la práctica desaparición del impuesto de sucesiones y donaciones, también del de patrimonio (aunque el gobierno de coalición ha intentado minimizar su impacto con la creación del “impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas”). 

Algunas CCAA, que reciben recursos del Fondo de Garantía de Servicios públicos Fundamentales (FGSPF) aportados por otras comunidades, al mismo tiempo reducen el esfuerzo fiscal que le exigen a las rentas y riquezas altas de su territorio. Es cierto que los cálculos del FGSPF se hacen a partir de la capacidad tributaria en términos normativos, o sea, antes de la reducción de impuestos que aplican, pero eso no evita la distorsión. Entre otras cosas, porque las transferencias de solidaridad de CCAA ricas a pobres -disculpen la simplificación- se hace con recursos que en las comunidades “ricas” aportan, entre otros, muchas personas trabajadoras con salarios medios o bajos, especialmente a partir del IRPF y el IVA. 

El actual modelo de financiación genera efectos perversos. Algunas comunidades que aportan recursos a la solidaridad terminan recibiendo unos ingresos per cápita inferiores al de las receptoras. Esos menores recursos tienen consecuencias, porque afectan negativamente a la cantidad y calidad de los servicios públicos que prestan. Y los más perjudicados son, también en esas comunidades “ricas”, las personas de rentas bajas y medias que suelen ser las que más precisan de los servicios públicos. 

Veamos algunos ejemplos. El presidente Jorge Azcón, uno de los más beligerantes contra los “privilegios” de Catalunya, en sus críticas olvida algunos datos. Aragón, con el actual modelo de financiación autonómica, entra en el sistema con unos ingresos tributarios propios (homogéneos) que son el 86,9% sobre la media y sale percibiendo 100,2%. Mientras, en Aragón se aplican reducciones de la base imponible del impuesto de sucesiones que pueden llegar a ser del 100% en herencias de hasta 3 millones de euros, que no es un pellizco pequeño.

Este regalo fiscal se reproduce en muchas CCAA, especialmente las gobernadas por el Partido Popular. Madrid, Andalucía, Valencia, Galicia, Murcia, Castilla y León o la Rioja tienen establecidas bonificaciones del 99%. 

Aunque el impuesto de sucesiones, junto al de patrimonio, suponen la cara más visible, son solo una parte del inmenso iceberg de los conocidos como beneficios fiscales, o sea, los ingresos que los contribuyentes dejan de aportar como consecuencia de la regulación fiscal del estado y de cada autonomía. Para ilustrar su dimensión económica basta recordar que en los Presupuestos del estado del 2023 (hoy prorrogados) los beneficios fiscales ascendieron a 45.268,75 millones de euros.

A estos se suman los que se incluyen en los presupuestos autonómicos. Volviendo a Aragón, en 2024, de los 1.816.848.000 euros de beneficios fiscales en impuestos cedidos y propios que dejaron de tributarse en esa comunidad, más de 500.000.000 corresponden a regulación autonómica. 

Ese mismo escenario se reproduce en Castilla y León, con unos beneficios fiscales totales (2024) de 3.171,6 millones de euros de los que 1.086.000.000 corresponden a impuestos propios o cedidos. El Ministerio de Hacienda y AIReF publican anualmente datos desglosados para cada comunidad. 

Detrás de estas cifras hay una evidencia que se obvia en los debates del modelo de financiación. En las CCAA “ricas” hay muchas personas pobres (en algunos casos en situación de pobreza extrema) y en las “pobres” también hay ricos. Por eso es imprescindible que el debate sobre la financiación autonómica vaya acompañado y relacionado con la discusión del sistema fiscal. Y sobre todo, que en los análisis no desaparezcan las grandes diferencias sociales que hay en el interno de cada una de las comunidades.

Llegados a este punto me pregunto ¿cuánto tardarán algunas izquierdas en salirse del marco ideológico que han impuesto las derechas, el del agravio comparativo entre CCAA, y situarán la mirada en la desigualdad social? 

La Junta General celebrará el pleno extraordinario sobre financiación autonómica solicitado por PP y Foro el próximo viernes, 30 de enero, una sesión en la que el consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, será el encargado de intervenir en nombre del Gobierno en lugar de hacerlo el jefe del Ejecutivo, Adrián Barbón, como habían solicitado los grupos de oposición en la Cámara.

La sesión comenzará a las 16:00 horas, un horario inhabitual para un pleno en las últimas legislaturas, y a la intervención inicial de Peláez, por un tiempo de 20 minutos, seguirá una de la misma extensión a cargo de los grupos parlamentarios, antes de que el Gobierno cierre el debate sin límite de tiempo.

Rechazo al acuerdo con Mercosur

Al margen de la propuesta de reforma de la financiación autonómica, el orden del día incluirá una proposición no de ley conjunta de las formaciones que solicitaron el pleno de rechazo al acuerdo de la UE con Mercosur y la propuesta de reprobación, también por parte de PP y Foro, del consejero de Hacienda por no haber asistido al Consejo de Política Fiscal y Financiera y haber delegado en la vicepresidenta, Gimena Llamedo.

Tras la reunión de la Junta de Portavoces que ha fijado la fecha del pleno, el parlamentario popular Luis Venta ha lamentado que finalmente sea Peláez el que defienda ante la Cámara la postura del Gobierno regional en lugar de hacerlo el presidente del Principado, Adrián Barbón, que, ha recordado, no se ha pronunciado hasta ahora sobre financiación autonómica, salvo para decir que defenderá a Asturias.

Petición de explicaciones a Barbón

“Solo faltaría”, ha apuntado el diputado del PP tras preguntarse “¿qué tiene que pasar en Asturias para que el presidente dé explicaciones?” y calificar de “escapista” la actitud de Barbón, que dejará así que fije la posición del Gobierno un consejero, “que ha vacacionado durante los últimos días” en alusión a la justificación esgrimida por Peláez para no asistir al encuentro de todas las comunidades con el Ministerio de Hacienda para conocer su propuesta.

Para Vox, que no forma parte de la mesa constituida por el Gobierno con el resto de grupos parlamentarios para abordar la reforma del modelo, el “problema” de la financiación autonómica es “el propio sistema” que, a juicio de su diputada Carolina López, solo ha servido “para intercambiar votos y poder a los diferentes partidos”.

Sin excusas

En la misma línea, el parlamentario de Foro Adrián Pumares ha lamentado que Asturias se enfrente a un reto “mayúsculo” como el de la financiación con un presidente “ausente” al que, además, ha advertido que no repita con esta cuestión la actitud que mantuvieron con la quita de deuda autonómica y que, tras rechazarla inicialmente, busquen excusas para acabar apoyando un modelo que vaya contra los intereses de la región.

Por el contrario, de “pérdida absoluta de tiempo”, dado que ayer mismo se reunió la mesa autonómica para abordar la financiación, ha calificado la celebración de este pleno la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé, mientras que desde el socio de gobierno del PSOE, el portavoz de CA/IU, Xabel Vegas, ha considerado procedente que sea Peláez quien comparezca dado que es “el que maneja los datos” y el representante del Gobierno que ha asistido “habitualmente” al Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Empezar de cero

El Ejecutivo asturiano anunció ayer que dará un “no rotundo” la propuesta del Gobierno central si se mantiene en sus términos actuales y no se incluyen los intereses del Principado, una comunidad marcada por el envejecimiento, la orografía y la dispersión, factores que elevan el coste efectivo de la prestación de los servicios esenciales.

Tras la reunión de ayer de la mesa entre Gobierno y grupos parlamentarios, el PSOE señaló que se había constatado que el modelo propuesto “no le vale a Asturias”, el PP reclamó empezar de cero la negociación al advertir de que “un mal acuerdo desde el inicio no puede resultar en un buen acuerdo final” y el resto de los grupos abogaron por que el Principado siga negociando sobre la base de la propuesta que ha trasladado el Gobierno central. 

No al modelo de financiación autonómica planteado por el Gobierno central por dos motivos: porque Asturias pierde y porque pone en riesgo la sostenibilidad de los servicios públicos en la región. Así de contundente se ha mostrado el consejero de Hacienda y portavoz del Gobierno asturiano, Guillermo Peláez, esta mañana, tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno, en la que se ha realizado un análisis minucioso de la propuesta que está sobre la mesa.

El Gobierno de Asturias rechaza la actual propuesta de financiación y se abre a negociar con el Ministerio de Hacienda para que el futuro modelo recoja los intereses de la comunidad. “Debemos aprovechar esta ventana de oportunidad y participar en esa negociación para defender nuestros criterios y hacer valer nuestros compromisos”, ha subrayado el consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos, Guillermo Peláez.

Puntos de desencuentro

El Ejecutivo autonómico ha analizado esta mañana la propuesta de financiación del Ministerio de Hacienda durante la reunión semanal del Consejo de Gobierno. Tras la sesión, el titular de Hacienda y portavoz del gobierno ha repasado los principales puntos de desencuentro y ha dejado claro que, si el Principado tuviera que votar la propuesta en sus términos actuales, votaría que no, porque “Asturias pierde” con ese planteamiento y carece de garantías para asegurar la sostenibilidad de los servicios públicos “a medio y largo plazo”.

El Principado defiende que el futuro modelo tenga en cuenta criterios como la orografía, el envejecimiento y la dispersión de la población, factores que siempre ha reivindicado y que han quedado reflejados tanto en la Declaración de Santiago, suscrita con otras siete comunidades, como en el acuerdo de financiación que implica a todos los grupos de la Junta General, a excepción de Vox. El contenido de esos documentos, ha recordado Peláez, resulta incompatible con la tendencia a la ordinalidad del modelo presentado por Hacienda. “El Noroeste y sus singularidades no aparecen representadas en ese modelo”, ha agregado.

El consejero, que ha vuelto a reiterar el rechazo del Principado a la forma en la que se ha configurado y presentado la propuesta de Hacienda, ha reclamado una negociación multilateral entre el Gobierno de España y las comunidades autónomas. A su juicio, “lo más inteligente” es aprovechar la ventana de oportunidad que se abre con este proceso para que las demandas de Asturias queden recogidas en el diseño del nuevo sistema de financiación, que ha de garantizar “los recursos necesarios para prestar servicios públicos en plano de igualdad en todo el territorio”.

“No apoyaremos nada que vaya contra los intereses de Asturias”. Es una de las frases más repetidas por el presidente del Gobierno de Asturias, el socialista Adrián Barbón, y por los consejeros y consejeras del Principado. Una expresión que ahora se ve respaldada por la comisión ejecutiva autonómica de la Federación Socialista Asturiana (FSA-PSOE) que no ha tenido ambages a la hora de anunciar públicamente que, en una reunión celebrada ayer en Oviedo, ha acordado exigir al Gobierno central -de su propio signo político- que realice cambios en su propuesta de reforma de financiación autonómica.

La FSA-PSOE argumenta su exigencia para que se introduzcan cambios en el hecho de que el modelo que ha presentado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, “no atiende a los intereses y las necesidades de Asturias”.

Es el mensaje claro y rotundo con el que los socialistas asturianos trasladan al Gobierno que lidera Pedro Sánchez que introduzca cambios sustanciales en la propuesta con la finalidad de “garantizar un modelo de financiación que asegure la prestación de los servicios públicos en condiciones de equidad e igualdad”.

Reclaman más diálogo

La comisión ejecutiva se ha pronunciado de forma unánime a favor de rechazar la propuesta de reforma que actualmente está sobre la mesa si no se introducen los cambios reclamados.

De esta forma, cuestiona las formas que el Gobierno ha utilizado para plantear su propuesta de reforma del modelo de financiación.

“La comisión ejecutiva ha reclamado que en adelante se abra un proceso de diálogo con todas las comunidades para impulsar un modelo que tenga en cuenta el coste real de los servicios públicos por encima de la capacidad fiscal de los diferentes territorios y que no contemple el principio de ordinalidad”, asegura en un comunicado oficial.

La necesidad de introducir cambios

Para la FSA-PSOE, el resultado final debe ser un modelo que responda de forma adecuada a los intereses de Asturias, atendiendo a los principios establecidos tanto en las resoluciones de los congresos de la Federación Socialista Asturiana (el último, en enero de 2025) como en la ‘declaración de Santiago’ y en los acuerdos alcanzados con los grupos parlamentarios de la Junta General del Principado.

Igualmente se ha pronunciado de forma unánime a favor de rechazar la propuesta de reforma del modelo de financiación autonómica si no se introducen en la misma los cambios demandados.

No obstante, la comisión ejecutiva autonómica ha valorado positivamente el hecho de que se haya abierto un debate sobre la necesaria reforma del modelo de financiación, en vista de las insuficiencias del sistema actual y ha analizado de manera favorable que no se incluya un sistema de cupo para ninguna comunidad.

Criticas a la “inacción” del PP

En este sentido, ha explicado que esta iniciativa contrasta con “la inacción y la parálisis que a este respecto siempre ha demostrado el Partido Popular (PP)”, como sostiene que ha quedado acreditado el pasado fin de semana.

“El PP había anunciado que iba a presentar una alternativa sobre financiación autonómica y no lo ha hecho, lo que demuestra que carece de una propuesta real en esta materia y que su único objetivo es utilizar la financiación autonómica como elemento de discrepancia, discordia y enfrentamiento político”, afirma.

Invitación a abandonar el 'no por el no'

Los socialistas asturianos consideran que en el tema de la financiación autonómica, como en el resto de prioridades políticas del país, el PP representa “un proyecto hueco, vacío y sin capacidad para erigirse en alternativa”.

Por ello, desde la FSA-PSOE invitan a las comunidades autónomas gobernadas por el PP a desmarcarse de la política del ‘no por el no’ y sentarse a realizar propuestas y negociar cambios que permitan impulsar la reforma del modelo de financiación.

El Partido Popular ha tratado de hacer este domingo un frente común ante el Gobierno central en materia de financiación autonómica, pero el documento suscrito por los barones del partido para articular esta ofensiva, la denominada Declaración de Zaragoza, apenas se adentra en el modelo que aspiran a proponer los de Alberto Núñez Feijóo. Sin ninguna cifra o sustento técnico sobre qué criterios aplicar, el manifiesto constituye una suma de ataques ya formulados al Ejecutivo de Sánchez y a los dirigentes catalanes. Sí que hay un guiño a Aragón, al incluir expresamente las variables de despoblación y orografía que reclama el Gobierno de Jorge Azcón.

La Declaración de Zaragoza comienza desautorizando al Ejecutivo central por “reintroducir” en el sistema la “arbitrariedad” como “cesión al separatismo”. Los populares exigen “el fin de las cesiones destinadas a forzar un encaje legal del cupo separatista” y proponen “reiniciar el proceso desde el principio”.

En materia de igualdad, según el PP el Gobierno del PSOE y Sumar “dinamita el sistema de derechos y deberes que consagra la Constitución”. Desde su punto de vista, las sucesivas crisis han “incrementado de forma estructural el coste de los servicios fundamentales”, pero para resolver “esta urgencia” se debe acudir a tras “una evaluación rigurosa, transparente, independiente y con simulaciones comparables sobre el coste real”, aunque el documento no va más allá. “Basta ya de enfrentar a los españoles”, proclama.

La Declaración continúa en su listado de agravios y, en materia de autonomía fiscal, expresa su oposición “a que el coste de las exigencias independentistas lo asuman los contribuyentes”.

Una de las únicas propuestas es la creación de un “fondo transitorio para paliar la infrafinanciación” de las comunidades autónomas, para lo que el manifiesto pide tener “una idea claramente justificada de los recursos disponibles del Estado”. En este punto, los populares proponen incluir una “excepción específica para la Comunitat Valenciana como consecuencia de la dana”, aunque no concretan nada más allá de esta idea.

Al hablar de “infrafinanciación”, en la que incluye el “crecimiento exponencial” del coste de los servicios públicos, los barones del PP aprovechan para acusar al “separatismo” de haber “promovido estructuras paralelas a las del Estado con un elevado coste”.

En el apartado de solidaridad es cuando el PP alude a las variables reclamadas por algunos de sus barones y que en el modelo presentado por el Gobierno central no aparecen expresamente, aunque sí con denominaciones distintas. “La demografía, el incremento poblacional, la dispersión, el envejecimiento, la orografía, la despoblación, la baja densidad, los desempleados, el coste de la vida, la insularidad, la superficie o los costes fijos de prestación de servicios derivados de obligaciones impuestas por el Gobierno” son los criterios mencionados por los populares, que inciden en dos que ha reclamado en particular el Ejecutivo de Azcón en Aragón: “Una orografía complicada o niveles altos de despoblación”, que tal y como refleja el manifiesto “pueden suponer un incremento de necesidades presupuestarias que se deberán atender a la hora del cálculo del nuevo sistema”.

La Declaración reclama asimismo “reactivar de manera complementaria el Fondo de Compensación Interterritorial” e incrementar “su dotación” y, por otro lado, “avanzar hacia una verdadera cogobernanza de los fondos europeos para evitar el desastre propiciado por la gestión unilateral de los Fondos Next Generation”, otro mantra repetido por los populares en los últimos años.

Para terminar, el documento abunda en sus críticas al Ejecutivo de Pedro Sánchez, al defender “sin matices la integridad del régimen común y de la Agencia Estatal de Administración Tributaria”. “No aceptamos atajos ni excepciones que rompan un sistema que garantiza la cohesión de España”, advierten los populares, para quienes “España carece de un presidente libre que pueda defender el bien común por encima de todo”.

Y concluyen invitando a “todos los presidentes autonómicos de otros partidos a sumarse” a la iniciativa.

La propuesta del PP ya ha tenido las primeras reacciones del Gobierno de Pedro Sánchez. La propia ministra de Hacienda y candidata socialista en Andalucía, María Jesús Montero, ha criticado que el modelo planteado por los populares “contempla cero euros” para la comunidad andaluza, frente a los 5.800 de lo previsto en la iniciativa del Ejecutivo central. “Eso es lo que le importan los servicios públicos, nada. Y eso que se conformaba con 4.000...”, ha añadido Montero.

La dirección del PP que encabeza Alberto Núñez Feijóo ordena el plante a la propuesta del modelo de financiación del Ministerio de Hacienda, que implica una mejora sustancial de recursos para la Comunitat Valenciana. Son 3.669 millones de euros más anuales con una fórmula que beneficia a la autonomía peor financiada en los cálculos, estableciendo la base en la población ajustada e incorporando un fondo contra el cambio climático. En su lugar, la propuesta presentada este domingo en Zaragoza por el PP aboga por reconocer la “excepcionalidad” del caso valenciano por la dana de octubre de 2024.

El documento presentado este domingo, una declaración de intenciones suscrita por todos los barones populares, incluido el presidente valenciano Juan Francisco Pérez Llorca, reconoce como válidas distintas variables de reparto de recursos sin apuntar cuáles deben primar, situando al mismo nivel la despoblación, orografía compleja del territorio o aumento de población. “Todas las particularidades deben ser tenidas en cuenta porque no hacerlo, o hacerlo parcialmente, ahonda en un modelo de privilegios que no vamos a aceptar”, dice el texto.

El presidente de la Generalitat, que tiene difícil justificar el rechazo a los recursos que plantea el ministerio socialista, defiende el texto de los populares como un éxito. “Estoy muy satisfecho de ver que contamos con el apoyo de todos los presidentes autonómicos del Partido Popular para trabajar por lo que nos corresponde a todos los valencianos”, ha señalado desde Zaragoza. En este sentido, ha subrayado que “todos los presidentes autonómicos han apostado por que exista una excepcionalidad por el tema de la dana”, algo que, a su juicio, “demuestra el compromiso del presidente Feijóo y de todo el PP con la reconstrucción de la Comunitat Valenciana”.

La propuesta del PP incorpora un fondo transitorio de nivelación, una de las reivindicaciones valencianas, que ya ha sido planteada en otros momentos. El PP aprobó una iniciativa en el Senado y lo incluyó en sus compromisos en su cumbre de presidentes autonómicos, pero posteriormente votó en contra de la misma propuesta en la Cámara y no lo mencionó en su última ponencia política. Esta vez, reclama “un Fondo Transitorio para paliar la infrafinanciación que padecen todas las Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas. Adicionalmente a la financiación que actualmente se recibe, exigimos la creación de un verdadero y eficaz fondo complementario de nivelación financiado con recursos del Estado hasta que se renueve el sistema de financiación, cuya necesidad calificamos de imperiosa”. También señala que se debe apostar por la “financiación necesaria que permita la igualdad en la prestación de los servicios públicos fundamentales en términos homogéneos en calidad y alcance”. Condicionar el apoyo al sistema de financiación, que según el Gobierno entraría en vigor en 2027, a un fondo transitorio, que no viviría más de un año, resulta difícil de entender.

El texto, sin embargo, no cuantifica los recursos demandados. No se concreta a cuánto debería ascender el fondo de nivelación ni cómo debería repartirse. Tampoco qué volumen de recursos implica reconocer las singularidades de la dana.

El PSPV critica que Pérez Llorca “capitula” ante Feijóo

Los socialistas valencianos consideran que el presidente y dirigente popular autonómico “capitula” ante la dirección provincial y le acusan de renunciar a los fondos. El miembro de la Comisión Ejecutiva Nacional del PSPV-PSOE, Arcadi España, ha denunciado que Pérez Llorca “ha capitulado ante Feijóo y vuelve de Zaragoza sin un solo euro para la Comunitat Valenciana”. La propuesta que el dirigente valenciano ha suscrito supone, a su juicio, “decir que no a 21.000 millones de euros para todas las comunidades autónomas”. “El Gobierno de España ha puesto encima de la mesa 3.669 millones de euros para mejorar nuestro estado de bienestar [en el caso valenciano] y el president de la Generalitat ha decidido renunciar a ellos”, ha subrayado España.

El representante socialista, que fue conseller de Hacienda en el Gobierno valenciano de Ximo Puig, reprocha: “Lo que ha hecho hoy Feijóo es condenar a la Comunitat Valenciana a seguir sufriendo durante años una infrafinanciación injusta, renunciando a recursos que son imprescindibles para garantizar unos servicios públicos de calidad y que el Gobierno de Pedro Sánchez sí está poniendo sobre la mesa”.

Compromís: renuncia a una “Oportunidad histórica”

Capitular es el mismo término que ha empleado el diputado de Compromís Alberto Ibáñez. Los valencianistas también consideran que el presidente valenciano cede ante Feijóo y la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, “contra los intereses valencianos”. Ibáñez califica el documento como “cuñado”, un texto repleto de “vaguedades” que “no se centra en mejorar la financiación de los valencianos”, censura el parlamentario.

El empresariado catalán vuelve a tener ante sí una batalla política que podría dividirles en más de una trinchera, algo que no es demasiado habitual en tiempos de paz. Buena parte de las entidades empresariales han saludado, con más o menos matices, la nueva propuesta de financiación autonómica del Gobierno, que el president Salvador Illa celebra como un hito de legislatura, pero la gran patronal catalana, Foment, se ha distanciado.

La presentación de la propuesta para un nuevo reparto de recursos entre las comunidades ha servido a algunos foros económicos para engrasar las relaciones con Illa y, de rebote, con Pedro Sánchez. Es el caso de algunos miembros del llamado G8, que suele reunir a Pimec, el Cercle d'Economia, Barcelona Global o la Cambra. Otras, como Foment, han optado por mostrar más frialdad.

Las posiciones tienen que ver con el mapa interno del mundo económico catalán, pero fuentes tanto políticas como económicas reconocen que estos posicionamientos también son leídos de cara al ciclo político, que consideran que podría estar marcado por una eventual convocatoria de elecciones anticipadas. Por eso, mientras la patronal de las pymes o el Cercle son más partidarios de mantener la apuesta por Sánchez, la gran patronal preferiría no decantarse.

En esta tesitura se ha producido la bronca que esta semana ha enfrentado a Foment con el president del Govern. La Cadena Ser avanzó una tensa llamada de Illa al presidente de la entidad, Josep Sánchez Llibre. En ella el socialista le recriminó que Foment enviase un comunicado en tono negativo sobre la propuesta de financiación, antes de acudir a la reunión con entidades que el propio Illa mantenía ese mismo día y a la que esta patronal estaba invitada.

“Desenamoramiento” entre Illa y Foment

El choque entre el Govern y la principal patronal catalana se hizo oficial con ese episodio, pero las fricciones vienen de mucho antes. Fuentes empresariales hablan de un “paulatino desenamoramiento”, ya que Foment había mostrado gran sintonía con Illa como jefe de la oposición y había depositado altas expectativas en su llegada al Palau de la Generalitat.

Pero las decisiones del Govern, atado como está a sendos acuerdos con ERC y los Comuns, han ido alejando a la entidad de Sánchez Llibre en materias como la vivienda o el turismo, aunque también ha habido desencuentros en temas a priori más pacíficos, como el Plan Nacional por la Industria. En Foment hablan de falta de diálogo. En el Govern, en cambio, consideran que la antigua patronal se ha convertido en la nota disonante de los foros empresariales catalanes, la mayoría de ellos en razonable sintonía con Illa, y señalan directamente al presidente, Josep Sánchez Llibre.

El presidente de Foment y antiguo hombre fuerte de Unió rompió lazos con sus históricos socios de Convergència en tiempos del procés, como la mayoría de los empresarios al frente de sociedades grandes. Pero, tras casi una década de desencuentros, primero como político y, desde noviembre del 2018, como presidente de Foment, el empresario ha rehecho poco a poco las relaciones con Carles Puigdemont y Junts, hasta el punto de que en diversas ocasiones se ha considerado que los votos de los independentistas en el Congreso eran la correa de transmisión de las opiniones de Foment.

“Me pregunto si las empresas que forman parte de Foment están de acuerdo con su nota, o [Sánchez Llibre] se precipitó tanto porque había una agenda oculta o intereses diferentes”, lanzó este viernes la consellera de Economía, Alicia Romero. Durante toda la semana en el entorno del Govern se han esforzado para que sus dardos fueran más contra el presidente de Foment que contra la entidad.

Fuentes empresariales, sin embargo, rechazan que la nota de la entidad haya podido causar sorpresa porque Foment siempre ha defendido revertir el “déficit fiscal” y que sea Catalunya quien gestione y recaude los impuestos de los catalanes. Además, observan que algunas de las otras entidades, como FemCat, también han reclamado ir más lejos que el modelo pactado entre el Gobierno y ERC.

Con todo, fuentes de la patronal aseguran que la colaboración con el Govern es buena y que tienen ganas de enterrar una polémica que, consideran, no les beneficia. Según indican, los puntos de coincidencia con Illa son múltiples, de la ampliación del aeropuerto del Prat a la simplificación de la administración, pasando por la necesidad de que haya nuevos presupuestos.

Foment y el G8, pulso por la influencia

Uno de los movimientos que ha alterado el ecosistema empresarial catalán en los últimos años es la constitución del llamado G8 empresarial, un grupo informal de entidades que mantienen una agenda común. En ese foro no está Foment y algunas voces del mundo económico ven un pulso entre ambos por ser el lobby más influyente.

El jueves de la semana pasada, un día antes de que el president Illa convocase a Foment junto a otros agentes sociales como los sindicatos, la consellera Romero se reunió con miembros del G8. Los participantes han mantenido una posición coincidente en materia de financiación autonómica, con un comunicado conjunto hace unos meses. En los próximos días esperan emitir otra nota común en la que se hará una valoración positiva en general, aunque se reclamará seguir dando pasos en autogobierno.

Por su parte, Foment excusó de entrada la presencia de Sánchez Llibre en el encuentro con Illa, aduciendo que el empresario dedica los viernes a tareas relacionadas con su empresa, Conservas Dani. Enviaron al secretario general, David Tornos. Todo ello fue interpretado como un desplante hacia Illa, quien en la conversación telefónica mantenida acabó acusando a Sánchez Llibre de “falta de respeto”.

Aunque en el Govern ven al presidente de Foment capturado por la influencia de Carles Puigdemont y los suyos, fuentes empresariales recuerdan que en la patronal se integran sectores del alto empresariado que lo que buscan es un giro a la derecha en la política económica. Para eso, estos sectores no verían con malos ojos que el PP vuelva al Gobierno.

“Me faltan los votos de los suyos”

El episodio de estos días ha vuelto a poner de actualidad las palabras que pronunció Feijóo la última vez que se encontró con los empresarios de Foment. En una conferencia presentada por el propio Sánchez Llibre, el líder del PP aseguró que tenía ganas de hacer una moción de censura a Sánchez, pero que lo le faltaba eran “los votos de los suyos”, una referencia que se entendió en alusión a Junts.

Feijóo entonaba ante los círculos empresariales de Catalunya el famoso “quien pueda hacer que haga”, de José María Aznar, y reclamaba a la patronal que le echase un capote.

El líder del PP no ha cejado en el empeño de convencer a las élites económicas de Catalunya de que se suban a su barco. El pasado lunes, después de hacer parada en Barcelona para hablar de un supuesto proyecto de financiación autonómica alternativo, acudió a Girona donde, según avanzó La Vanguardia, se vio con una cuarentena de empresarios. El mundo económico catalán es, de nuevo, una plaza disputada.

Las comunidades autónomas abandonaron esta semana la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) levantadas en armas. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, informó a los consejeros de su propuesta para reformar el sistema de financiación autonómica, que lleva doce años caducado, y solo recibió el apoyo explícito de la representante catalana, Alícia Romero (PSC). Sin embargo, y a pesar de que Madrid habló de “corrupción de estado” e incluso la socialista Castilla-La Mancha tachó de “chantaje” el modelo que se les presentó, los silencios y las evasivas contaron mucho más que las palabras gruesas de los dirigentes regionales.

Porque la propuesta del Gobierno central, lejos de imponer un “concierto solidario”, un “cupo catalán” o una “financiación singular” que tantos titulares han ocupado desde el verano de 2024, supone una evolución del modelo actual con una inyección de casi 21.000 millones de euros solo en 2027, cuando debería entrar en vigor si se cumplen los plazos de Hacienda y los deseos de La Moncloa de atar la mayoría de la investidura.

Esta cifra, que supone en torno al 1,2% del producto interior bruto (PIB) español, implica que las comunidades autónomas, que soportan el grueso del gasto social del Estado, dispondrán en total de 224.507 millones procedentes del sistema de financiación, alrededor del 13% del PIB.

Por eso consejeros tan relevantes como el de Galicia, Miguel Corgos, dejaron en el aire si se adherirán al nuevo modelo o seguirán con el vigente, como les propuso Montero, ya que claramente les perjudica. “Es bastante improbable que esto se apruebe”, esquivó el responsable murciano, Luis Alberto Marín.

Los 20.975 millones de euros adicionales de los que dispondrán las comunidades autónomas –que salen de una mayor cesión de la recaudación del IRPF y del IVA, así como de transferencias del Estado– cubren casi el 40% del gasto en Educación de las comunidades autónomas del régimen común (es decir, salvo País Vasco y Navarra, que cuentan con Haciendas forales propias) en 2024. Los recursos representan cerca de uno de cada cuatro euros que los ejecutivos regionales destinan a la Sanidad. Son más de siete veces su ejecución en materia de vivienda y más de seis lo que dedican a proteger el medio ambiente.

Estos datos salen de cruzar las cifras desgranadas por Hacienda en la presentación del modelo con los de la base de datos de la Clasificación Funcional del Gasto de las Administraciones Públicas (COFOG), una metodología diseñada por Naciones Unidas que divide el gasto público en diez divisiones en función de a qué se destinan: salud, educación, vivienda… Y, si bien los últimos datos son provisionales y correspondientes al 2024, muestran qué supone este volumen adicional de recursos sobre las principales partidas que soportan los Gobiernos regionales.

Casi el 60% del gasto en Educación de Murcia o Valencia

El consejero murciano aseguró que la propuesta de Montero “se ha pergeñado para satisfacer los anhelos infinitos del secesionismo”. Pero Murcia, que recibiría 1.188 millones según las estimaciones del Gobierno central, cubriría con esta financiación adicional el 58% de su gasto en Educación (2.051 millones) o el 35,5% de lo que destinan a Sanidad (3.347 millones), como se ve en el gráfico bajo estas líneas. El ‘extra’ del Estado supone el doble de lo que el Ejecutivo regional destina a políticas de vivienda o Protección social, que alcanza los 583 millones. Es también el doble de lo que invierte en Asuntos Económicos (donde se incluyen las partidas de transportes o en investigación, por ejemplo) o diez veces los recursos destinados a proteger el medio ambiente.

El nuevo consejero de Hacienda de la Comunitat Valenciana, José Antonio Rovira, evitó a los periodistas a la salida del CPFF pero, en declaraciones a la televisión autonómica Á Punt, tachó de “chantaje” la propuesta de Montero. Lo hizo apenas unos días después de decir que “no pinta mal” y ser corregido por el nuevo president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca.

La Comunitat Valenciana, junto a Murcia la región más perjudicada por el modelo en vigor, recibiría 3.669 millones de euros en recursos adicionales. O lo que es lo mismo, el 56,7% de lo que gasta anualmente en Educación o el 35,8% de lo que destina a Sanidad. La financiación ‘extra’ que supondría este nuevo sistema que ha propuesto el Gobierno central cubriría más que de sobra el gasto conjunto en protección social y vivienda (2.372 millones), así como las inversiones que se inscriben en las partidas de Asuntos Económicos (2.033 millones) o siete veces lo que destina la región a Medio ambiente (502 millones).

Montero señala al PP como “beneficiado” por la financiación

Por Andalucía, la consejera Carolina España tachó el “modelo de financiación Montero”, como “champán y caviar” para el independentismo y “el menú del día, pero sin postre” para el resto de las comunidades. Las declaraciones las hizo a su llegada al Ministerio de Hacienda, ya que a la salida del CPFF no quiso responder a los periodistas presentes.

El “menú del día” de Andalucía son 4.846 millones de euros adicionales, la comunidad más beneficiada en términos absolutos, que suponen el 43% del gasto en Educación o uno de cada tres euros que se destinan a la Sanidad. Con los fondos ‘extra’, el Gobierno de Juanma Moreno cubriría casi el doble de las inversiones combinadas en Vivienda y Políticas sociales (2.645 millones) o cinco veces lo que destinan a Medio Ambiente (862 millones).

La vicepresidenta Montero dedicó especial atención a las cuentas para Andalucía, toda vez que en unos meses concurrirá en el territorio como candidata del PSOE a la Junta. En la rueda de prensa tras la reunión recordó que será la región recibirá más de lo que reclamó Moreno Bonilla: “El presidente de la Junta de Andalucía pidió 4.000 millones”. “Es falso que este sea un modelo ideado para contentar a Catalunya”, insistió, recordando que 15.000 millones irán directamente a las comunidades del PP (si no renuncian a estos recursos). “Si hay un partido que se beneficia de estas medidas, es sin duda el PP”, zanjó la vicepresidenta.

El “chantaje” a Castilla-La Mancha: 1.248 millones

Entre sus propias filas la vicepresidenta tampoco halló mayores apoyos. Asturias se dejó querer, aunque sin estar muy convencidos. Y Castilla-La Mancha se sumó a la teoría del “chantaje”, pero su consejero, Juan Alfonso Ruiz Molina, pasó un mal rato tratando de explicar por qué los 1.248 millones de más que recibirían de aprobarse el nuevo sistema dejan en mala posición a su comunidad. “Nosotros venimos sufriendo un modelo que nos está perjudicando. Con estos datos, Castilla-La Mancha seguiría estando por debajo de la media”, aseguró.

¿Cuánto suponen los fondos extra para el Gobierno que lidera Emiliano García-Page? Le permitiría pagar el 51,5% de la Educación o el 29,7% de la Sanidad. Cubriría de sobra el gasto combinado en vivienda y protección social (921 millones) y también el de medio ambiente (212 millones).

Catalunya, a pesar de las afirmaciones de Montero, sí será una de las grandes beneficiadas del nuevo modelo. No solo porque recibirá más recursos a través de la mayor proporción del IVA y el IRPF, que al ser una economía más grande garantiza una recaudación superior, sino porque gracias a otros ajustes (como la posibilidad de recibir el IVA de las pymes o el Fondo climático, que beneficia a las comunidades mediterráneas) la propuesta dota con 4.686 millones adicionales a la región.

Con estas cifras, la Generalitat podría financiar la mitad de su gasto en Educación (49,2%), o una cuarta parte (27,8%) del sanitario; casi todo su gasto en vivienda y protección social (4.776 millones) y prácticamente todas sus inversiones económicas (4.563 millones).

Incluso Madrid, cuya consejera, Rocío Albert, dijo que la propuesta era “corrupción de Estado” y que “no vamos a aceptar lo que quieren los independentistas, ni mucho menos lo vamos a sufragar” recibirá una notable inyección de dinero público: 2.555 millones. Suficiente para pagar el 35% del gasto en educación o el 20% de lo que invierten en Sanidad.

Las grandes cifras van a estas comunidades, mientras que el resto recibirán cuantías más modestas, pero superiores a las que percibirán con el modelo en vigor. En el caso de Extremadura y Cantabria, las más beneficiadas por el reparto actual, el Gobierno ha incluido un mecanismo para garantizar que no solo no pierden, sino que reciben 216 y 46 millones más, respectivamente.

Hacienda se abre a una financiación “finalista”

Si bien las comparaciones dan cuenta de la magnitud de los recursos que el Gobierno ha puesto encima de la mesa, el reparto del sistema de financiación no es “finalista”, tal y como recordó la vicepresidenta Montero, después de que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, planteara que parte de los fondos se destinen a la construcción de vivienda. 

“Dentro del CPFF se ha trasladado con mucha claridad que las comunidades autónomas no quieren perder autonomía política o financiera. Curiosamente, las comunidades dicen esto a partir de los límites al dumping fiscal que la propuesta plantea cuando se explicó. Sin embargo, no lo dicen cuando el presidente de su partido traslada que sean finalistas”, ironizó la ‘número dos’ del Ejecutivo. “Si el PP plantea que el dinero vaya a vivienda, o una parte, de acuerdo. Y el resto del dinero que tenga como destino la sanidad pública de titularidad pública, la educación pública de titularidad pública”, subrayó.

Las reacciones de los expertos al nuevo sistema han sido mixtas. Algunos, como Ángel de la Fuente, de Fedea, celebran la existencia de “elementos prometedores”, pero alertan de otros “francamente negativos”. La catedrática de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Carlos III de Madrid, Violeta Ruiz Almendral, apuntó a través de una publicación en LinkedIn que, si bien la propuesta “seguro que tiene puntos de mejora”, “parece seguir el esquema básico o fórmula de la financiación autonómica que ha avalado el Tribunal Constitucional”. Y una agencia de calificación tan relevante en la historia económica reciente de nuestro país como es Standard & Poor’s dio el aval a la propuesta, aunque con dudas de que prospere en el Congreso. 

Con todo, gran parte de las dudas que ha supuesto la propuesta del Ministerio de Hacienda tienen que ver con el papel del Estado. Los casi 21.000 millones de euros restan margen de maniobra al Gobierno central en un momento en el que las presiones de gasto sobre sus competencias se va a incrementar notablemente, como alerta el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla, Diego Martínez-López. El envejecimiento va a engordar el gasto en pensiones, que ya está cubierto en buena parte por las transferencias a la Seguridad Social. Y el Ejecutivo se ha comprometido a destinar el 2% del PIB a Defensa, una referencia que va a aumentar en términos nominales conforme crezca la economía. 

El Gobierno iniciará a partir de la semana que viene una serie de reuniones bilaterales con las comunidades autónomas, con el objetivo de redactar el Anteproyecto de ley con la reforma del sistema. Una vez se apruebe en el Consejo de Ministros y pase los trámites de audiencia pública, debería pasar por un nuevo pleno del CPFF para, esta vez sí, ser votado por los Ejecutivos regionales. El Ministerio de Hacienda confía en que la ley esté en el Congreso antes de junio y que pueda aprobarse antes de finales de año, para que ya esté en vigor de cara al ejercicio 2027.