Cantabria se queda como está con la nueva financiación autonómica

El nuevo modelo de financiación autonómica que está en discusión produciría un doble efecto en Cantabria. Por un lado, no recibiría ni un euro más de lo que ya percibe ahora. Pero, por otro, seguiría siendo la comunidad con más financiación por habitante de España.

La presidenta autonómica, María José Sáenz de Buruaga (PP) y su consejero de Economía, Luis Ángel Agüeros (PP), han dado la voz de alarma advirtiendo de que no se podrán sostener los servicios públicos, aunque la realidad es que seguirá ingresando los mismos fondos del Estado. En realidad, hasta ahora el mayor temor para Cantabria era salir perjudicada del nuevo sistema de financiación, un debate pospuesto durante varias legislaturas, pero el resultado ni quita ni pone un euro a la comunidad.

La autonomía, por tanto, ha disfrutado hasta ahora de una posición que le favorece negociada en la reforma del año 2008, cuando se estableció el criterio de la población ajustada para distribuir los recursos entre comunidades. Esto quiere decir que el dinero que se recibe no lo determina solo el número de habitantes, sino otras variables como lo que cuesta prestar esos servicios a una población muy dispersa, por ejemplo, en el medio rural. Es decir, se valoran cuestiones como la superficie, densidad de población, envejecimiento o la población en edad escolar.

No obstante, el consejero de Economía, Luis Ángel Agüeros, ha criticado esta cláusula de 'statu quo' que -en su opinión- provoca que Cantabria no perciba “ningún millón” de los previstos, “en un ejercicio de insolidaridad al dar por bueno que estamos sobrefinanciados”. Cuando, en realidad, garantiza que Cantabria continúe encabezando el ránking de la mejor financiación por habitante.

Así se acordó hace 17 años con el Gobierno socialista del presidente José Luis Rodríguez Zapatero. El entonces consejero de Economía, Ángel Agudo (PSOE), se encargó de la negociación, que fue un tira y afloja entre comunidades por imponer los criterios que más beneficiaban a cada una. José Antonio Griñán (PSOE), al frente de la economía de la Junta de Andalucía, pedía introducir la población infantil en edad escolar. A Cantabria no le interesaba y peleó hasta el final por el baremo actual de población ajustada.

En aquella ocasión, el contexto era radicalmente distinto. Cada comunidad protegía sus intereses de financiación, no los intereses políticos fruto de la estrategia nacional de los partidos. Entonces se hizo una alianza entre comunidades con distintos colores en sus gobiernos frente a la parte mediterránea (Cataluña o Comunitat Valenciana) y Madrid, que tenían más población, y el resto que defendían una ponderación entrando a valorar otras variables.

En esta ocasión, la postura es abiertamente más política que fiscal. La relación de las comunidades gobernadas por el Partido Popular es abiertamente hostil con el Ministerio de Hacienda y el actual consejero de Cantabria parte con la desventaja de que no tiene sintonía alguna con los altos cargos de Madrid que van a decidir sobre el modelo final, además de estar sometido al control discursivo que intentan imponer desde Génova.

Los gobiernos autonómicos del PP han advertido de que el nuevo sistema de financiación autonómica está “precocinado”, definiéndolo como “modelo Junqueras”, en relación con el líder de ERC, y han llegado a amenazar con acudir a la Justicia en el caso de que este planteamiento se convierta en una ley orgánica. También desde Castilla-La Mancha, gobernada por el PSOE, han calificado el modelo como “un chantaje de los independentistas catalanes, que lo único que buscan son privilegios”. Pero no es verdad que el modelo beneficie solo a Cataluña, ni siquiera es la comunidad más beneficiada. Ese ránking lo encabeza Andalucía, con un Ejecutivo del PP al frente.

De dónde sale el dinero y a dónde va

El sistema de financiación autonómico anunciado en realidad es un punto de partida para la negociación bilateral entre el Ministerio y las comunidades autónomas. La última hora es que será optativo: las comunidades podrán elegir entre el nuevo y el viejo sistema de cálculo del dinero que reciben del Estado. Todas menos Cantabria, que al quedar igual, tampoco tiene posibilidad de elección. Se queda como está, pero no recibe nada extra de los 21.000 millones de euros que se van a repartir el resto. Excepto 46 millones de euros para garantizar que no pierde nada de lo que ya percibe en la actualidad.

La propuesta del Gobierno de Pedro Sánchez (PSOE), que tanta polémica levanta, no es cambio radical como la primera iniciativa que se esbozó. Solo modifica el sistema anterior. “Lo hace más sencillo y transparente: donde antes había cuatro fondos ahora solo hay uno”, explican a elDiario.es las fuentes consultadas.

También aumenta el autogobierno de las comunidades, porque ahora recibirían mayor porcentaje de los impuestos que recaudan en su territorio (IRPF e IVA) mientras que se mantiene el 58% de Impuestos Especiales sobre el tabaco, el alcohol, la cerveza e hidrocarburos. Los impuestos sobre Sucesiones, Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados ya están cedidos al 100% a los gobiernos regionales. Hacienda incorpora cesiones del Impuesto sobre el Patrimonio, sobre Depósitos Bancarios, sobre Actividades del Juego y sobre depósitos de residuos en vertederos, incineración y coincineración.

En opinión del Gobierno de España, el hecho de que las autonomías perciban mayor porcentaje de los impuestos podría contribuir a frenar el 'dumping fiscal'. Es decir, podría contener la rebaja de impuestos dado que perjudicarían en mayor medida a sus propias finanzas. Desde el punto de vista económico mejora sustancialmente y sobre todo la financiación de Andalucía, Cataluña, Madrid y Valencia. Son las que más dinero recibirían pero, a la vez, la financiación por habitante crece más en Murcia, Valencia, Castilla La Mancha y Cataluña, por este orden.

El Gobierno insiste en que no es un juego de suma cero y que no es verdad que lo que gana una lo pierda otra, puesto que -argumentan- el criterio de población ajustada permite que todas las personas tengan un nivel de servicios similar con independencia del lugar en el que viven. Es más, la nueva propuesta añade una nueva variable para que las comunidades que pierdan población no pierdan recursos.

Cantabria, sin propuesta

El modelo no beneficia solo a Cataluña, de hecho es la cuarta comunidad donde más mejora la financiación. Andalucía es la comunidad que mejor parada sale del nuevo reparto de dinero. Su presidente, Juanma Moreno, decía que no se iba a conformar con menos de cuatro mil millones. Ahora recibiría muchos más: 4.846. Ello da idea de lo beneficioso que resulta el nuevo reparto en esta comunidad.

Cantabria no ha calculado aún cuánto dinero más necesita y se desconoce la propuesta de la comunidad. “Cuando se tenga la información se darán esos datos en los órganos correspondientes”, responden desde la Consejería de Economía a la petición de este periódico.

La vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, ha comunicado ya a los consejeros autonómicos que se iniciará la ronda de reuniones “de carácter técnico” para profundizar en un modelo que ya ha provocado el rechazo tanto en las regiones gobernadas por el PP como entre algunos dirigentes socialistas por haberse negociado previamente con ERC.

Tras esas reuniones con las comunidades, el Gobierno sacará a audiencia pública la ley orgánica y, posteriormente, en segunda vuelta, la volverá a aprobar el Consejo de Ministros y se remitirá al Congreso de los Diputados, donde espera contar con apoyo de la Cámara para que el nuevo modelo pueda entrar en vigor en 2027.