La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, inicia una 'purga' en su Gobierno tras la sonora derrota de su referéndum sobre la reforma judicial y fuerza la dimisión de la ministra de Turismo y dos altos cargos de Justicia.

La última salida ha sido la de Daniela Santanchè, titular de Turismo y miembro del partido ultra Fratelli d'Italia de Meloni, que ha presentado este miércoles su dimisión, como le había pedido públicamente la líder del Ejecutivo y pese a su resistencia a hacerlo. “Querida Giorgia, te presento, como has deseado públicamente, mi dimisión del cargo de ministra que quisiste encargarme y que creo que he desempeñado con mis mejores capacidades”, se lee en una carta dirigida a la inquilina del Palazzo Chigi y difundida por el ministerio.

El resultado del referéndum —donde el 'no' a la propuesta se impuso con un 54% de los votos— propició la dimisión de dos polémicos altos cargos del Gobierno, criticados por haber empañado la campaña con sus declaraciones y acciones: el subsecretario del Ministerio de Justicia, Andrea Delmastro, y la jefa de Gabinete, Giusi Bartolozzi.

La hasta ahora ministra era uno de los miembros más polémicos del Gobierno por estar implicada en varios procesos judiciales y de fraude. Sin embargo, la primera ministra no ha explicitado los motivos de su petición de renuncia hacia ella. “He querido (y espero que lo entiendas) que quedara públicamente claro que eras tú quien me pedía dejar este cargo, porque, como siempre he dicho, habría dimitido solo ante una solicitud tuya explícita y pública. Quería que quedara claro, por mi honorabilidad, que doy un paso atrás únicamente ante la petición que la jefa de mi partido considera útil y oportuna”, afirma Santanchè en su carta. En la misma, también defiende que actualmente tiene un historial penal “impecable”.

Sobre su decisión de no dimitir inmediatamente, sostiene su intención de separar su renuncia del resultado del referéndum. “Quería que se mantuviera separada tanto de los comentarios sobre el referéndum, ya que no quisiera ser el chivo expiatorio de una derrota que ciertamente no ha sido determinada por mí”, alega.

Santanchè termina su misiva confesando su “amargura” y tendiendo su mano a la primera ministra: “En mi vida estoy acostumbrada a asumir mis responsabilidades y, a menudo, también las de los demás. Valoro más nuestra amistad y el futuro de nuestro movimiento”.

Se trata de la segunda dimisión de un ministro en el Gobierno de Meloni, después de la del extitular de Cultura, Gennaro Sangiuliano, en agosto de 2024 por un escándalo sentimental.

La legislatura se tuerce para Meloni

Hasta hace pocos días el horizonte político de Meloni, en el último tramo de una legislatura que concluirá previsiblemente en 2027, estaba limpio de nubarrones, pero han surgido inesperadamente con su fracaso en el referéndum al que sometió su importante reforma de la magistratura.

El resultado más inmediato ha sido la alegría de una oposición de centro-izquierda que rechazaba en bloque la reforma y que se apunta un triunfo simbólico. Pero también el disgusto de los partidos en el Gobierno y de la mandataria ante su primera gran derrota, que se interpreta también como una encuesta sobre la popularidad de la que goza la líder ultraderechista, al tratarse de una de sus medidas estrella.

La participación ha sido clave, según los medios italianos: se acerca al 59% de los 51,4 millones de italianos llamados a votar en una consulta que no requería una tasa de participación mínima para que el resultado sea válido. Ha sido el referéndum con mayor afluencia de la última década, tras otro celebrado en 2016 sobre la composición del Senado donde se llegó al 65% y que derivó en la derrota y dimisión de su gran promotor, el ex primer ministro Matteo Renzi.

En los últimos días y semanas, la campaña se aceleró en medio de la polarización y la apatía de gran parte de la ciudadanía que, en muchos casos, no entendió los tecnicismos enrevesados de la reforma y fue a votar más bien en función de su apoyo o rechazo al Gobierno ultraderechista de Meloni.

Entre los cambios previstos por la reforma judicial, está la separación de carreras de jueces y fiscales, que hasta ahora pueden cambiar de rol al inicio de su vida profesional. El Ejecutivo apeló a modificar el sistema, alegando que los profesionales de la Justicia ganarán imparcialidad con carreras separadas, sin opción de pasar de juez a fiscal o viceversa, algo que niegan los críticos, que alertaron del mayor control político sobre los tribunales.

El rechazo a la polémica reforma de la Justicia promovida por el Gobierno de Giorgia Meloni parece imponerse este lunes, tras dos días de votaciones en un referéndum constitucional en Italia, en el que el NO ganó con el 53,7% de los votos, en lo que los analistas interpretan como uno de los mayores golpes políticos para la coalición de la ultraderechista desde que asumió el poder en 2022.

El SÍ, posición defendida por el Ejecutivo, ha obtenido el 46,3% de los apoyos, lo cual representa una derrota para uno de los proyectos estrella de Meloni, en una votación que se interpreta también como una encuesta sobre la popularidad de la que goza la líder ultraderechista ante los comicios previstos para 2027.

Tras el escrutinio de más de 73% de sufragios, Meloni reconoció la derrota en un post en la red social X. “Los italianos han decidido, y respetamos esta decisión. Seguiremos adelante, como siempre hemos hecho, con responsabilidad, determinación y respeto por el pueblo italiano e Italia”, declaró la mandataria, que lamentó que con este referéndum hubo “una ocasión perdida para modernizar” el país, aunque enfatizó su voluntad de seguir en el poder hasta agotar la legislatura. “Esto no cambia nuestro empeño para continuar con seriedad y determinación a trabajar por el bien de la nación y honorar el mandato que se nos ha confiado”, agregó. 

Meloni apeló a la reforma para modernizar la Justicia, mientras oposición y la mayoría de juristas se opusieron al plan por considerarlo un paso peligroso para ejercer control político sobre la judicatura y una amenaza a la separación de poderes. 

El resultado, en caso de confirmarse, supone uno de los mayores traspiés para la coalición de gobierno de Meloni en los más de tres años que lleva en el poder y encarna un triunfo simbólico para los partidos de la oposición de centro-izquierda, que rechazaron casi en bloque la reforma e hicieron una activa campaña para movilizar a su electorado por el NO.

Según el líder del opositor Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, la victoria del NO “es una señal política contundente” y “un resultado claro” que muestra el descontento con el Ejecutivo derechista, y ahora “se abre una nueva etapa política” en que los ciudadanos “quieren una política más atenta a las necesidades de la gente”.   

La participación ha sido clave, según los medios italianos: se acerca al 59% de los 51,4 millones de italianos llamados a votar en una consulta que no requería una tasa de participación mínima para que el resultado sea válido. Ha sido el referéndum con mayor afluencia de la última década, tras otro celebrado en 2016 sobre la composición del Senado donde se llegó al 65% y que derivó en la derrota y dimisión de su gran promotor, el ex primer ministro Matteo Renzi.

En los últimos días y semanas, la campaña se aceleró en medio de la polarización y la apatía de gran parte de la ciudadanía que, en muchos casos, no entendió los tecnicismos enrevesados de la reforma y fue a votar más bien en función de su apoyo o rechazo al Gobierno ultraderechista de Meloni. Todo ello sucedió además en un momento en que el escenario de inestabilidad internacional derivado del conflicto en Irán fue el centro de atención, dejando la consulta en un segundo plano, aunque la elevada participación indica que la cuestión ganó peso y consiguió movilizar a una buena parte del electorado.

“No se comprende nada de esta reforma. Si no la entienden ni los políticos, ¿cómo la van a entender los ciudadanos?”, se quejaba un anciano a elDiario, tras votar NO en un colegio del barrio de Pigneto, a las afueras de Roma, en lo que consideraba como “un referéndum político”. Otro votante de mediana edad, Daniele, defendió la reforma como “un cambio” para el futuro de Italia. Un tercer votante, Marco, señaló que lo importante fue votar NO por temor a que el plan conlleve “un traslado demasiado grande de poderes al Gobierno” y una deriva autoritaria.

Giovanni, a la salido del colegio electoral, dijo a este periódico que votó contra la reforma para proteger la Constitución de 1948, “una de las más bellas y democráticas del mundo”, elaborada con espíritu antifascista tras el fin del régimen de Benito Mussolini, y que el hombre consideró que no se debe tocar. “La reforma es sólo la punta del iceberg”, añadió este italiano en su cincuentena, que teme que el Gobierno de Meloni dé más pasos para reforzar su poder, como la reforma del Premeriato, que establece la elección directa del primer ministro.

“Este resultado no supone una derrota total para el Gobierno de Meloni, peró sí un revés significativo” que resta peso a la posición de fuerza que hasta ahora mantuvo su Ejecutivo, destaca a elDiario.es Giorgia Bulli, profesora de Ciencias Políticas en la Universidad de los Estudios de Florencia y experta en ultraderecha.

Según la docente, la consulta ha evidenciado también que “la confianza entre la primera ministra y el electorado tiene un límite, y este fue la Constitución, ya que los italianos ya han demostrado varias veces que prestan mucha atención cuando se trata de enmendar normas constitucionales”, y el NO a la consulta pone un freno a la coalición.

En otoño, la reforma judicial fue aprobada a nivel parlamentario con mayoría de votos de la coalición gobernante, pero no tuvo el apoyo de dos tercios de la Cámara necesario para medidas que introducen modificaciones constitucionales como esta reforma, que conlleva cambios en siete artículos de la Carta Magna, por lo que se debió someter a referéndum.

Con todo, según Bulli, “sin duda este es el primer golpe político relevante que recibe Meloni” desde que asumió el poder. La politóloga valoró también la gran capacidad de movilización del sector contrario a la reforma, más alta de lo que se esperaba en un principio.

Según los expertos, más allá de la cuestión judicial, este referéndum fue una prueba política para medir las fuerzas de Meloni y calibrar sus apoyos ante las elecciones generales previstas el año próximo. De hecho, la primera ministra ya anticipó que no dimitiría en caso de perder la consulta y ver fracasar su plan.

Ahora se verá cuánto puede afectarle este resultado en los comicios venideros. Pese al contrapié de hoy, Bulli considera que es aún temprano para hablar de un posible cambio de ciclo político en el país. “No creo que el electorado italiano se haya descubierto de repente como un electorado de centroizquierda, no diría eso”, matiza la analista.  

Por su parte, Matteo Giardiello, politólogo e investigador de la Universidad La Sapienza de Roma, estima que el No al referéndum lleva al gobierno a “una situación inestable”que resta legitimidad a Meloni, ya que “ha puesto su propia cara y su poder político” para una campaña donde se abocó a promover abiertamente el SÍ.

“La coalición derechista invirtió mucho en ello, y es su primera gran derrota desde que está en el poder”, asegura Giardiello, que incide en que no provocará la dimisión del Ejecutivo, pero sí podría acarrear dimisiones de altos cargos como el ministro de Justicia, Carlo Nordio, principal promotor de la reforma.

Rechazo de la oposición y la judicatura

Más allá de fuerzas opositoras como el Partito Democratico (PD) o el Movimento 5 Stelle, la reforma también fue rechazada por sindicatos como CGIL (el más grande del país) y gran parte de juristas, que la consideran una amenaza a la independencia judicial. La Asociación Nacional de Magistrados, que aglutina al 96% de jueces y fiscales, se opuso a la reforma al verla como una vía potencial para “crear un poder judicial dócil y sumiso” que hace más frágil el Estado de derecho.

Con todo, Meloni quiso marcar perfil propio sobre el tema y este mes difundió un vídeo explicativo de 13 minutos para movilizar a sus simpatizantes, apelando a una Justicia “más moderna, meritocrática, autónoma, responsable” y “libre de condicionamientos políticos”. La pasada semana, también apareció en Pulp Podcast, pograma del famoso rapero italiano Fedez, donde apeló a votar por “una reforma que mejora el estado de la Justicia en Italia”. Fue de las primeras entrevistas de Meloni en un formato no tradicional, en lo que se vio como parte de una estrategia comunicativa orientada a llegar a otros públicos, como los jóvenes.   

Todo ello sucede en un contexto en que el Ejecutivo aumentó mucho sus críticas al poder judicial desde que está en el poder, con ataques de dirigentes políticos, como la misma Meloni, a sentencias que pusieron freno a las políticas de línea dura en materia migratoria del Gobierno –por ejemplo, su plan de expulsión y detención de migrantes en Albania–.

Esto también hizo que algunos detractos compararan su proyecto de reforma con las políticas llevadas a cabo en la Hungría del primer ministro Víktor Orban. Según Riccardo Magi, diputado y líder del partido opositor +Europa, “Meloni mereció perder por su deriva orbaniana, y ahora se tiene que poner freno a la ley electoral” para la elección directa del primer ministro, otra norma pendiente de aprobar que preocupa a los partidos de la oposición. 

Entre los cambios previstos por la reforma judicial, está la separación de carreras de jueces y fiscales, que hasta ahora pueden cambiar de rol al inicio de su vida profesional. El Ejecutivo apeló a modificar el sistema, alegando que los profesionales de la Justicia ganarán imparcialidad con carreras separadas, sin opción de pasar de juez a fiscal o viceversa, algo que niegan los críticos, que alertaron del mayor control político sobre los tribunales.

A ello se añade la división del Consejo Superior de la Magistratura en dos órganos distintos para separar a jueces y fiscales, lo que los detractores vieron como una forma de debilitar a este organismo que sirve para el autogobierno de los magistrados. La reforma también prevé el sorteo como vía para designar a miembros de estos organismos, una medida que según el Gobierno reduce la influencia de corrientes políticas internas entre magistrados, aunque los críticos aseguraron que refuerza la interferencia política sobre el sistema judicial.

La mayoría de derechas de las Corts Valencianes mantiene el bloqueo para la recuperación del derecho civil valenciano. El PP, que abanderó esta cuestión con el gobierno de Francisco Camps, ha pasado desde que gobierna con Vox a una situación de parálisis total. El cambio en los conservadores ha sido radical: ha reducido las subvenciones a las entidades que defienden la recuperación de la norma y el autogobierno, y desde hace meses ignora medidas para avanzar en la recuperación.

La Cámara, gobernada por la ultraderecha, incluso ha ignorado la petición de la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol. La presidenta recordó en octubre a las Corts Valencianes que, si la Cámara sigue interesada en impulsar una reforma constitucional, debe enviar una delegación a defenderla. Se hizo en junio de 2021, a raíz de la propuesta registrada en febrero de 2020, y desde entonces no se ha avanzado nada. Seis años de parálisis absoluta. Por el camino ya se han debatido otras reformas constitucionales a propuesta de las autonomías, como la que aprobará este miércoles el Congreso de los Diputados: la propuesta del Parlament balear para que Formentera tenga un senador propio.

Pese a que las Corts Valencianes están presididas por Vox, es el PP el partido mayoritario en la Mesa y en el hemiciclo. Sus 40 diputados son necesarios para introducir las votaciones en el orden del día, como es el caso de la propuesta de la delegación que debe defender la reforma en el Congreso. Pero nada. Pasan los meses y los populares evitan este debate.

La asociación Juristes Valencians, impulsora de la recuperación del derecho civil, pide al síndic del PP, Fernando Pastor, que explique públicamente los motivos por los que no se contesta al requerimiento del Congreso. Reclaman a los populares “coherencia”, dado que antaño apoyaron esta reivindicación, que comparten entidades sociales, patronal o sindicatos.

El colectivo jurídico ha vuelto a pedir una reunión con el presidente de la Generalitat, Juan Francisco Pérez Llorca, para insistir en la trascendencia de la cuestión: permitir disfrutar de normas civiles propias, en materia de derecho de familia y sucesorio -“esenciales para la supervivencia de la empresa familiar”, destacan-, y para dar más libertades civiles en el ámbito personal en materias como la custodia compartida de los hijos, uniones de hecho, o para aplicar preferentemente el régimen económico matrimonial de separación de bienes. El Presidente de Juristes Valencians, José-Ramón Chirivella, recuerda al sindic del PP “que la reforma constitucional limitada a la recuperación efectiva del Derecho Civil Valenciano ha sido la opción elegida por les Corts desde 2017 y hasta la fecha, para acabar con la discriminación que supone negarnos el derecho civil foral, una seña de identidad primigenia del pueblo valenciano”.

La repuesta de los populares llegó la pasada semana tras la Junta de Síndics de las Corts, donde también se rechazó introducir en el siguiente pleno la votación de la delegación. El PP fía ahora esta negociación a la renovación de los órganos estatutarios, que lleva años bloqueada en la Cámara, y pasa la pelota al PSPV y Compromís. Los impulsores de la medida comienzan a pensar que los conservadores están haciendo el ridículo al ignorar la petición.

La majoria de dretes de les Corts Valencianes manté el bloqueig per a la recuperació del dret civil valencià. El PP, que va abanderar aquesta qüestió amb el govern de Francisco Camps, ha passat des que governa amb Vox a una situació de paràlisi total. El canvi en els conservadors ha sigut radical: ha reduït les subvencions a les entitats que defensen la recuperació de la norma i l’autogovern, i des de fa mesos ignora mesures per a avançar en la recuperació.

La cambra, governada per la ultradreta, fins i tot ha ignorat la petició de la presidenta del Congrés dels Diputats, Francina Armengol. La presidenta va recordar a l’octubre a les Corts Valencianes que, si la cambra continua interessada a impulsar una reforma constitucional, ha d’enviar una delegació a defensar-la. Es va fer el juny del 2021, arran de la proposta registrada el febrer del 2020, i des de llavors no s’ha avançat gens. Sis anys de paràlisi absoluta. Pel camí ja s’han debatut altres reformes constitucionals a proposta de les autonomies, com la que aprovarà dimecres el Congrés dels Diputats: la proposta del parlament balear perquè Formentera tinga un senador propi.

Malgrat que les Corts Valencianes estan presidides per Vox, és el PP el partit majoritari en la Mesa i en l’hemicicle. Els seus 40 diputats són necessaris per a introduir les votacions en l’ordre del dia, com és el cas de la proposta de la delegació que ha de defensar la reforma en el Congrés. Però, no res. Passen els mesos i els populars eviten aquest debat.

L’associació Juristes Valencians, impulsora de la recuperació del dret civil, demana al síndic del PP, Fernando Pastor, que explique públicament els motius pels quals no es contesta el requeriment del Congrés. Reclamen als populars “coherència”, atés que abans van donar suport a aquesta reivindicació, que comparteixen entitats socials, patronal o sindicats.

El col·lectiu jurídic ha tornat a demanar una reunió amb el president de la Generalitat, Juan Francisco Pérez Llorca, per a insistir en la transcendència de la qüestió: permetre gaudir de normes civils pròpies, en matèria de dret de família i successori —“essencials per a la supervivència de l’empresa familiar”, destaquen—, i per a donar més llibertats civils en l’àmbit personal en matèries com la custòdia compartida dels fills, unions de fet, o per a aplicar preferentment el règim econòmic matrimonial de separació de béns. El president de Juristes Valencians, José-Ramón Chirivella, recorda al síndic del PP “que la reforma constitucional limitada a la recuperació efectiva del dret civil valencià ha sigut l’opció triada per les Corts des del 2017 i fins hui, per a posar fi a la discriminació que suposa negar-nos el dret civil foral, un senyal d’identitat primigeni del poble valencià”.

La resposta dels populars va arribar la setmana passada després de la junta de síndics de les Corts, on també es va rebutjar introduir en el ple següent la votació de la delegació. El PP fia ara aquesta negociació a la renovació dels òrgans estatutaris, que ja està anys bloquejada en la cambra, i passa la pilota al PSPV i Compromís. Els impulsors de la mesura comencen a pensar que els conservadors fan el ridícul ignorant la petició.

El Congreso de los diputados celebra hoy que la Constitución vigente en España es ya la más duradera en toda nuestra historia. Y eso que no tiene ni 50 años. España históricamente ha tenido muchas constituciones, y muy cortas, interrumpidas por guerras, golpes de Estado y autoritarismos de todo tipo. La Constitución era casi un libro sagrado. Tanto que no se podía criticar ni tocar. Durante décadas, estar contra la Constitución era casi tanto como estar contra la democracia. Pero todo cambia en torno al 15M. Y no solo fue la izquierda, también partidos de la derecha se abrieron a su posible reforma. 

Han pasado diez años y una reforma constitucional queda lejos. De hecho, los que la querían reformar, ahora presumen de conservarla frente a la amenaza de la extrema derecha. Analizamos aquel momento histórico en la que se habló de una reforma y quedó en nada, así como la situación actual, con el profesor de Derecho y ex letrado del Tribunal Constitucional, Joaquín Urías; con el escritor, guionista y activista en varios procesos políticos desde el 15M, Guillermo Zapata, y con la politóloga y experta en movimientos de extrema derecha, Anna López. 

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Formentera ha fet aquest dimarts un pas clau per corregir una anomalia que arrossega des de fa gairebé dues dècades. El Congrés dels Diputats ha debatut una proposició de reforma de l’article 69.3 de la Constitució perquè l’illa pugui escollir, finalment, un senador propi. La iniciativa, impulsada des del Parlament balear i avalada per una amplíssima majoria de forces polítiques estatals, vol posar fi al que els seus defensors qualifiquen d’“injustícia territorial” i de “dèficit democràtic” únic a tot l’Estat.

Ha estat el senador per Eivissa i Formentera integrat en el grup parlamentari de l’Esquerra Confederal —Eivissa i Formentera al Senat, Más Madrid, Compromís, Agrupación Socialista Gomera i Geroa Bai—, Juanjo Ferrer, qui ha pres la paraula a la cambra baixa per proposar la modificació de la Carta Magna amb l’objectiu que la menor de les Pitiüses pugui comptar amb un senador propi que li permeti desvincular-se del ‘tàndem’ electoral que actualment conforma amb Eivissa.

Per la seva banda, Llorenç Córdoba, diputat independent del Parlament balear i expresident de Formentera, ha recordat que l’illa compta des de 2007 amb un Consell Insular propi, amb capacitat plena per gestionar els interessos dels seus ciutadans, però que, en canvi, no es veu plenament representada a la cambra territorial. Formentera és, de fet, l’única de les illes dels arxipèlags balear i canari —amb Consell Insular o Cabildo— que no té un senador propi, tal com ja va informar elDiario.es. En paraules de Córdoba, es tracta d’una “anomalia constitucional”, com van repetint altres càrrecs públics. La reforma també compta amb el suport de representants de l’arxipèlag canari, així com d’altres regions de l’Estat.

Córdoba, únic diputat de Formentera a la cambra balear, ha insistit que no es tracta d’un debat “partidista ni sobiranista”, ni tampoc d’un “debat entre illes”, sinó d’una actualització raonable del disseny constitucional perquè Formentera deixi de ser l’únic territori insular amb Consell —o Cabildo— sense representació al Senat. La representació formenterera és imprescindible al Senat, consideren, perquè la pitiüsa del sud pugui expressar les seves necessitats pròpies en matèria d’infraestructures, serveis públics o política turística.

Així, el representant conservador ha recordat les dificultats que té l’illa pel que fa a la connectivitat marítima; l’alta pressió estacional; la necessitat de protecció del litoral; els sobrecostos per la triple insularitat i el “dèficit” de serveis públics per la manca de treballadors. Factors pels quals és encara “més fonamental” una representació estatal que pugui “lluitar pels interessos de l’illa balear”. Cristina Gil, diputada del PP al Parlament, ha afirmat que la reforma suposaria un fet “històric”. Tot i la tradició institucional compartida entre ambdues illes, també ha donat suport a la reivindicació històrica de Formentera.

Una majoria favorable

L’any 2004, l’extint Ajuntament de Formentera —l’actual Consell Insular de l’illa inclou les competències municipals— va acordar, per unanimitat, que l’illa pogués escollir com a circumscripció electoral pròpia un senador. Tanmateix, el consistori no té competències per aprovar aquesta reforma, i només pot elevar aquesta proposició a organismes superiors. Tres anys després, el 2007, es va reformar l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, mitjançant el qual es va crear el Consell Insular. “És just que Formentera pugui portar a la cambra alta amb veu pròpia la seva realitat”, ha afirmat Gil. Per aquests motius, la diputada conservadora ha demanat l’actualització del text constitucional, amb l’objectiu que es compleixi el principi d’“igualació territorial”, previst a l’article 138 de la Carta Magna.

En tercer lloc, en representació del PSIB-PSOE, ha intervingut Pilar Costa, exsenadora i actual diputada socialista al Parlament. “Aquesta iniciativa concreta va ser presentada al Parlament pel Partit Socialista i per Gent per Formentera —formació progressista d’àmbit insular— i ha tingut un suport unànime per part de totes les forces polítiques”, ha dit Costa. “I ara la ratificarem amb tots els partits excepte un”, ha assenyalat, en referència a Vox.

En aquest sentit, ha aprofundit en el fet que resulta “incomprensible” que la pitiüsa del sud sigui l’única illa “de tot el país” sense una circumscripció territorial pròpia. Costa ha dedicat la seva intervenció a Isidor Torres, el primer oriünd de Formentera que va representar les dues Pitiüses. L’actual senador, Juanjo Ferrer —que deixarà d’aquí a uns mesos el seu escó a la suplent de Formentera, Neus Massanet—, espera que amb aquesta tramitació Formentera pugui escollir el seu propi representant a la cambra territorial a partir de les eleccions de 2027, sempre que no hi hagi un avançament electoral.

Després de la intervenció de la diputada socialista, Noemí Santana (Podem), diputada per Las Palmas del Grup Parlamentari Mixt, ha expressat el seu suport a la reforma, que ha considerat “no una demanda identitària sinó una qüestió de democràcia”. Així, ha traçat un paral·lelisme amb el seu propi arxipèlag, fent referència als “costos estructurals”, que són “molt superiors” als de la resta de l’Estat; a la fragmentació del territori i a les “especificitats” de cada illa, que ha considerat necessari valorar. En aquest sentit, s’ha referit a l’illa de la Graciosa, que es diferencia de Formentera en el fet que encara no disposa de cabildo i que, per tant, depèn administrativament de Lanzarote.

El Partit Nacionalista Basc (PNB), Junts per Catalunya i el Grup Republicà també han aprovat favorablement la proposició. El portaveu de Junts, Josep Pagès i Massó, ha defensat com a “indiscutible” el fet de traslladar la singularitat de Formentera al Senat.

Per la seva banda, la diputada per Barcelona Teresa Jordà i Roura (ERC) ha justificat el seu vot favorable assenyalant que, a més de l’autogovern, Formentera té més població que altres circumscripcions que sí que disposen de senador propi. A més, ha sol·licitat que la disposició final de la reforma estableixi que el text es publiqui en totes les llengües de l’Estat.

El Grup Plurinacional Sumar, representat per Vicenç Vidal Matas (Més per Mallorca), que va estar quatre anys al Senat, també ha donat suport a la reforma. Vidal ha expressat que la modificació és “necessària” perquè Formentera tingui un diputat que “els representi directament i es preocupi exclusivament per les seves realitats”.

El diputat ha recordat les quatre modificacions de la Constitució al llarg de la seva història: l’entrada al conveni de Maastricht el 1992, que va permetre votar a ciutadans sense la nacionalitat espanyola; la del 2009, mitjançant la qual es va prioritzar el deute davant els drets de les persones; la del 2024, en què s’estableix que les persones amb diversitat funcional no són menys vàlides; i aquesta seria la quarta.

Vox, l’únic en contra

A continuació ha intervingut el diputat de Vox per les Balears Jorge Campos Asensi. El grup d’ultradreta és l’únic que ha votat en contra de la reforma, tot i reconèixer que Formentera compleix els requisits institucionals. Campos ha recordat que la proposició ha estat impulsada pels “mateixos partits d’esquerres que agreugen amb les seves polítiques els problemes” de l’illa, com ara la deficient connectivitat del transport, els recursos públics insuficients o la impossibilitat d’accedir a un habitatge. El diputat de Vox també ha carregat contra les persones migrants, a les quals responsabilitza de la saturació dels serveis públics formenterers i de crear “inseguretat”.

D’altra banda, Milena Herrera, diputada eivissenca del PSOE, ha mostrat el suport dels socialistes a la proposició i ha lamentat que fins ara la pitiüsa del sud s’hagi vist obligada a demostrar la seva “majoria d’edat política”, així com el fet que l’illa hagi arrossegat fins ara una “anomalia institucional” i un “dèficit democràtic”. L’últim a intervenir ha estat el diputat per les Balears i portaveu del Grup Popular, José Vicente Marí Bosó, que ha reclamat que la reforma constitucional se centri en la voluntat dels ciutadans de Formentera i no en “interessos partidistes”. A més, ha recordat que el PP ha donat suport “sempre” a la seva autonomia política.

El diputat, també president del PP d’Eivissa, ha situat el debat en un moment de tensions sobre la Constitució i ha demanat consensos amplis per a qualsevol canvi. Finalment, ha sol·licitat no frustrar una iniciativa que considera justa. Al ple hi han assistit membres tant del Consell de Formentera com del Parlament balear, entre ells la suplent a la candidatura d’Eivissa i Formentera al Senat, Neus Massanet; l’exsenador Rafa Ramírez; el també socialista Josep Marí Ribas ‘Agustinet’, i l’actual president del Consell de Formentera, Óscar Portas. També hi ha assistit el periodista Carmelo Convalia, que va informar durant anys sobre la petició de reforma constitucional en la seva cobertura a l’illa de Formentera.

L’origen del disseny actual

L’illa arrossega aquesta anomalia històrica des de l’any 2007, quan es va crear el Consell Insular de Formentera. Anteriorment, només comptava amb un ajuntament com a institució local pròpia. La reforma de l’Estatut d’Autonomia, amb Francesc Antich (PSIB-PSOE) com a president del Govern, va separar el Consell Insular d’Eivissa i Formentera en dues institucions diferenciades: el Consell d’Eivissa, d’una banda, i el Consell de Formentera, de l’altra. Formentera té una altra singularitat única que la diferencia de la resta d’illes espanyoles: és l’única que unifica en una sola institució les competències d’un ajuntament i les pròpies del Consell Insular.

Però, aleshores, per què Formentera no té un senador propi mentre que la resta d’illes sí que en tenen? La resposta es troba al tercer punt de l’article 69 de la Constitució. “A les províncies insulars, cada illa o agrupació d’elles, amb cabildo o consell insular, constituirà una circumscripció a efectes de l’elecció de senadors, corresponent-ne tres a cadascuna de les illes majors —Gran Canària, Mallorca i Tenerife— i un a cadascuna de les illes o agrupacions següents: Eivissa-Formentera, Menorca, Fuerteventura, Gomera, Hierro, Lanzarote i La Palma”, afirma la Carta Magna. Es va redactar així, possiblement, perquè l’any 1978 no es preveia que Formentera avancés tant en el seu autogovern. És a dir, Eivissa i Formentera es van unificar en una agrupació perquè el 1978 no existia el Consell Insular de Formentera.

“L’Estatut es va reformar el 2007 i això implicava que la Constitució quedava una mica obsoleta”, va explicar a elDiario.es Guillermo Bezzina, politòleg de Passes Perdudes. En aquest sentit, Bezzina considera que, pel que fa a l’organització territorial, la Carta Magna està “molt inacabada” perquè “no hi va haver un acord sobre com havia de ser, tot i que sí que hi ha un mínim comú denominador que és el que diu la Constitució”. Així, el politòleg apunta que el títol VIII, pel que fa a l’organització territorial, “no acaba de definir gaire bé en quin tipus d’Estat vivim, si és un Estat autonòmic, a mig camí entre un Estat federal o descentralitzat”. “La Constitució, per exemple, no fa un llistat d’autonomies”, concreta.

Formentera ha dado este martes un paso clave para corregir una anomalía que arrastra desde hace casi dos décadas. El Congreso de los Diputados ha debatido una proposición de reforma del artículo 69.3 de la Constitución para que la isla pueda elegir, por fin, un senador propio. La iniciativa, impulsada desde el Parlament balear y respaldada por una amplísima mayoría de fuerzas políticas estatales, busca poner fin a lo que sus defensores califican de “injusticia territorial” y “déficit democrático” único en todo el Estado.

Ha sido el senador por Eivissa y Formentera integrado en el grupo parlamentario de la Izquierda Confederal -Eivissa i Formentera al Senat, Más Madrid, Compromís, Agrupación Socialista Gomera y Geroa Bai-, Juanjo Ferrer, quien ha tomado la palabra en la Cámara Baja para proponer la modificación de la Carta Magna con el objetivo de que la menor de las Pitiüses pueda contar con un senador propìo que le permita de desvincularse del 'tándem' electoral que conforma actualmente con Eivissa.

Por su parte, Llorenç Córdoba, diputado independiente del Parlament balear y expresidente de Formentera, ha recordado que la isla cuenta desde 2007 con un Consell Insular propio, con capacidad plena para gestionar los intereses de sus ciudadanos pero, en cambio, no se ve plenamente representada en la cámara territorial. Formentera es, de hecho, la única de las islas de los archipiélagos balear y canario –con Consell Insular o Cabildo– que no tiene un senador propio, como ya informó elDiario.es. En palabras de Córdoba, se trata de una “anomalía constitucional”, como vienen repitiendo otros cargos públicos. La reforma también cuenta con el respaldo de representantes del archipiélago canario, así como de otras regiones del Estado.

Córdoba, único diputado de Formentera en la Cámara balear, ha insistido en que no se trata de un debate “partidista ni soberanista”, ni tampoco de un “debate entre islas”, sino de una una actualización razonable en el diseño constitucional para que Formentera deje de ser el único territorio insular con Consell –o Cabildo– sin representación en el Senado. La representación formenterera es imprescindible en el Senado, consideran, para que la pitiusa del sur pueda manifestar sus necesidades propias en materia de infraestructuras, servicios públicos o política turística.

Así, el representante conservador ha recordado las dificultades que tiene la isla respecto a la conectividad marítima; la alta presión estacional; la necesidad de protección del litoral; sobrecostes por la triple insularidad y el “déficit” de servicios públicos por la falta de trabajadores. Factores por los que es todavía “más fundamental” una representación estatal que pueda “luchar por los intereses de la isla balear”, ha considerado. Cristina Gil, diputada del PP en el Parlament, ha afirmado que la reforma implicaría un hecho “histórico”. Pese a la tradición institucional compartida entre ambas islas, también ha apoyado la reivindicación histórica de Formentera.

Una mayoría favorable

En 2004, el extinto Ayuntamiento de Formentera –el actual Consell Insular de la isla incluye las competencias municipales– acordó, por unanimidad, que la isla pudiera elegir como circunscripción electoral propia un senador. Sin embargo, el Consistorio no tiene competencias para aprobar tal reforma, y solo puede elevar a organismos superiores tal proposición. Tres años después, en 2007, se reformó el Estatut de las Illes Balears, mediante el cual se creó el Consell Insular. “Es justo que Formentera pueda llevar a la Cámara Alta con voz propia su realidad”, ha aseverado Gil. Por estas razones, la diputada conservadora ha pedido la actualización del texto constitucional, con el objetivo de que se cumpla con el principio de “igualación territorial”, previsto en el artículo 138 de la Carta Magna.

En tercer lugar, en representación del PSIB-PSOE, ha intervenido Pilar Costa, exsenadora y actual diputada socialista en el Parlament. “Esta iniciativa concreta fue presentada en el Parlament por el Partido Socialista y por Gent per Formentera –formación progresista de ámbito insular– y ha tenido un apoyo unánime por parte de todos las fuerzas políticas”, ha dicho Costa. “Y ahora la vamos a ratificar con todos los partidos excepto uno”, ha señalado, en referencia a Vox.

En este sentido, ha ahondando en que resulta “incomprensible” que la Pitiusa del sur sea la única isla “de todo el país” sin una circunscripción territorial propia. Costa ha dedicado su intervención a Isidor Torres, el primer oriundo de Formentera que representó a las dos Pitiusas. El actual senador, Juanjo Ferrer –dejará en unos meses su escaño a la suplente de Formentera, Neus Massanet– espera que con esta tramitación Formentera pueda escoger su propio representante en la cámara territorial, a partir de las elecciones de 2027, suponiendo que no haya un adelanto electoral.

Tras la intervención de la diputada socialista, Noemi Santana (Podemos), diputada por Las Palmas del Grupo Parlamentario Mixto, ha expresado su apoyo a la reforma que ha considerado “no una demanda identitaria sino una cuestión de democracia”. Así, ha dibujado un paralelismo con su propio archipiélago, haciendo referencia “a los costes estructurales” que son “mucho mayores” que en el resto del Estado; a la fragmentación del territorio y a las “especificidades” de cada isla, que ha considerado necesario poner en valor. En este sentido, se ha referido a la isla de la Graciosa, que se diferencia de Formentera en que la misma aún no dispone de cabildo y que, por tanto, depende administrativamente de Lanzarote.

El Partido Nacionalista Vasco (PNV), Junts per Catalunya y el Grupo Republicano también han aprobado favorablemente la proposición. El portavoz de Junts, Josep Pagès i Massó ha defendido como “indiscutible” el hecho de trasladar la singularidad de Formentera al Senado.

Por su parte, la diputada por Barcelona, Teresa Jordá i Roura (ERC), ha justificado su voto favorable a que, además de un autogobierno, Formentera cuenta con más población que otras circunscripciones que sí tienen senador propio. Además, ha solicitado que la disposición final de la reforma establezca que el texto se publique en todas las lenguas el Estado.

El Grupo Plurinacional Sumar, representado por Vicenç Vidal Matas (Més per Mallorca), quien estuvo cuatro años en el Senado, ha apoyado asimismo la reforma. Vidal ha expresado que la modificación es “necesaria” para que Formentera tenga un diputado que “les represente directamente y se preocupe exclusivamente por sus realidades”.

El diputado ha recordado las cuatro modificaciones de la Constitución en toda su historia: la entrada en el convenio de Maastricht en 1992 y que permitió votar a ciudadanos sin la nacionalidad española; la del 2009 mediante la que se prioriza la deuda ante el derecho de las personas; la aprobada en el 2024 en el que se establece que las personas con diversidad funcional no son menos válidas y esta sería la cuarta.

Vox, el único en contra

A continuación ha intervenido el diputado de Vox por Balears Jorge Campos Asensi. El grupo ultraderechista es el único que ha votado en contra de la reforma a pesar de que Formentera cumple con los requisitos institucionales, ha reconocido. Campos ha recordado que la proposición ha sido impulsada por los “mismos partidos de izquierdas que agravan con sus políticas los problemas” de la isla, como la deficiente conectividad del transporte, los recursos públicos insuficientes o la imposibilidad de acceso a una vivienda. El diputado de Vox ha arremetido también contra los migrantes, a quienes responsabiliza de la saturación de los servicios públicos formenterenses y de crear “inseguridad”.

Por otro lado, Milena Herrera, diputada ibicenca por el PSOE, ha mostrado el apoyo de los socialistas a la proposición y ha lamentado que hasta ahora la Pitiusa del sur se haya visto obligada a demostrar su “mayoría de edad política”, así como el hecho de que la isla haya arrastrado hasta ahora una “anomalía institucional” y un “déficit democrático”. El último en intervenir ha sido el diputado por Balears y portavoz del Grupo Popular, José Vicente Marí Bosó, que ha reclamado que la reforma constitucional se centre en la voluntad de los ciudadanos de Formentera y no en “intereses partidistas”. Además, ha recordado que el PP ha respaldado “siempre” su autonomía política.

El diputado, también presidente del PP de Eivissa, ha situado el debate en un momento de tensiones sobre la Constitución y ha pedido consensos amplios para cualquier cambio. Por último, ha solicitado no frustrar una iniciativa que considera justa. Al pleno han acudido miembros tanto del Consell de Formentera como del Parlament balear, entre ellos, la suplente en la candidatura de Eivissa y Formentera en el Senado, Neus Massanet; el exsenador Rafa Ramírez; el también socialista Josep Marí Ribas 'Agustinet' y el actual presidente del Consell de Formentera, Óscar Portas. También ha asistido el periodista Carmelo Convalia, que ha informado sobre la petición de reforma constitucional durante sus años de cobertura en la isla de Formentera.

El origen del diseño actual

La isla lleva arrastrando esta anomalía histórica desde el año 2007, cuando se creó el Consell Insular de Formentera. Anteriormente, únicamente contaba con un ayuntamiento como institución local propia. La reforma del Estatut d’Autonomia, con Francesc Antich (PSIB-PSOE) como presidente del Govern, separó el Consell Insular d’Eivissa i Formentera en dos instituciones separadas: Consell d’Eivissa, por un lado, y Consell de Formentera, por otro. Formentera tiene otra singularidad única que la diferencia respecto al resto de las islas españolas: es la única que unifica en una institución las competencias de un ayuntamiento y las propias del Consell Insular.

Pero entonces, ¿por qué Formentera no tiene un senador propio mientras que el resto de islas sí que lo tiene? La respuesta está en el tercer punto del artículo 69 de la Constitución. “En las provincias insulares, cada isla o agrupación de ellas, con Cabildo o Consejo Insular, constituirá una circunscripción a efectos de elección de senadores, correspondiendo tres a cada una de las islas mayores –Gran Canaria, Mallorca y Tenerife– y uno a cada una de las siguientes islas o agrupaciones: Ibiza-Formentera, Menorca, Fuerteventura, Gomera, Hierro, Lanzarote y La Palma”, afirma la Carta Magna. Se redactó así, posiblemente, porque en 1978 no se vislumbraba la posibilidad de que Formentera avanzara tanto en su autogobierno. Es decir, Eivissa y Formentera se unificaron en una agrupación porque en 1978 no existía el Consell Insular de Formentera.

“El Estatut se reformó en 2007 y esto implicaba que la Constitución quedaba un poco obsoleta”, explicó a elDiario.es Guillermo Bezzina, politólogo de Passes Perdudes. En este sentido, Bezzina considera que, en cuanto a organización territorial, la Carta Marga está “muy inacabada” porque “no hubo un acuerdo de cómo debía ser, aunque sí hay un mínimo común denominador que es lo que dice la Constitución”. Así, el politólogo apunta a que el título VIII, respecto a la organización territorial, “no acaba de definir muy bien en qué tipo de Estado vivimos, si es un Estado autonómico, a medio camino entre el Estado federal o descentralizado”. “La Constitución, por ejemplo, no hace un listado de autonomías”, especifica.

La reforma con la que el Gobierno quiere incluir el aborto en la Constitución ya ha echado a andar. Aunque aún le queda un largo y complicado camino por delante, el Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes al anteproyecto con el que busca garantizar que la interrupción del embarazo no sea puesta en cuestión por la ofensiva antiaborto de Vox y el Partido Popular “ni ahora ni en el futuro”, afirmó la ministra de Igualdad, Ana Redondo. Pero la fórmula escogida suscita dudas entre las expertas sobre si realmente es la forma más adecuada de blindarlo como derecho en la Carta Magna.

Tras días de negociaciones en el seno del Gobierno, el texto definitivo es un añadido al artículo 43, el que regula la protección de la salud, con el que “se reconoce el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo” y se establece que su ejercicio debe “ser garantizado” por los poderes públicos “asegurando” que se presta en igualdad y que se protegen “los derechos fundamentales de las mujeres”. El Ejecutivo elige así incorporarlo entre los “principios rectores de la política social y económica”, en el capítulo tres, y renuncia a que figure entre las materias especialmente protegidas, entre las que están los derechos fundamentales.

Esto tiene un primer efecto: hacerlo así conlleva una reforma ordinaria, que aunque exige una mayoría cualificada, impone requisitos menos estrictos que hacerlo como derecho fundamental, un cauce que requeriría la disolución de las Cortes o un referéndum obligatorio. Pero también es esta una vía que “tiene menos alcance a nivel de garantías”, explica Mar Esquembre, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Alicante. “La protección reforzada solo se consigue incluyéndolo como un derecho fundamental autónomo. Esa es la fórmula para evitar que, por ejemplo, se pueda aprobar una ley muy restrictiva que limite el contenido esencial de ese derecho”.

Noelia Igareda, profesora de Derecho de la Universitat Autònoma de Barcelona, coincide y apunta a que “si se quiere hablar de un verdadero 'derecho a' se necesitaría una reforma agravada de la Constitución” y su incorporación en el articulado en el que figura el derecho a la integridad física y moral o a la dignidad, que son precisamente aquellos con los que el Tribunal Constitucional vinculó en 2023 el aborto al tumbar el recurso que el Partido Popular había interpuesto contra la ley de 2010. La experta esgrime que incluirlo en el artículo 43 es hacerlo “como principio”. “Es un derecho que los poderes públicos deben garantizar pero no al mismo nivel de exigencia”.

El respaldo del Constitucional

Aunque el anteproyecto debe ahora someterse a los informes perceptivos, entre ellos el del Consejo de Estado, la opción elegida por el Gobierno es la de reconocer el aborto “como garantía prestacional”, como un servicio “que debe ser satisfecho dentro del sistema sanitario público”, defendió la ministra Redondo, para la que es desde ese punto de vista desde el que “tiene sentido su cabida” en el capítulo tres de la Carta Magna. Además, el Ejecutivo defiende que, aunque no se reconozca como derecho fundamental, la propuesta “aúna toda la interpretación que ha hecho el Constitucional sobre el derecho” en la sentencia de hace dos años.

Fue entonces cuando el pleno afrontó el debate sobre una ley que llevaba aplicándose en España 13 años. El resultado, con un pleno dividido entre mayoría progresista y minoría conservadora, fueron dos sentencias que anclaron la interrupción del embarazo al tablón de los derechos fundamentales. Primero en la resolución que rechazó el recurso del PP y después la que desestimó las alegaciones de Vox contra la última reforma. 

El tribunal de garantías neutralizó el principal argumento contra el derecho a abortar: que chocaba con el derecho a la vida de los no nacidos. La interrupción de un embarazo, concluyó el fallo, forma parte del derecho fundamental de la mujer a la integridad física y moral (artículo 15 de la Carta Magna) y también con su dignidad (artículo 10) y cualquier ley o reforma tiene que garantizar a las mujeres “un razonable ejercicio de sus derechos” sin dejar de “tutelar” la vida prenatal. El aborto, concluyeron los magistrados, es “una manifestación del derecho de la mujer a tomar decisiones y hacer elecciones libres y responsables”, algo que el tribunal relaciona directamente con el derecho a la integridad, marcado en rojo en uno de los artículos clave de la Constitución.

¿Rebaja la protección?

Por eso, y ante esta interpretación garantista, hay quienes entienden que insertar el aborto en el artículo 43 puede incluso suponer una categoría inferior a la que ya le otorga, de facto, la ley y la jurisprudencia. Es el caso de Miguel Presno Linera, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Oviedo, que cree que esta vía podría llegar a constituir una protección menos efectiva. “Sería paradójico que se le quitase la condición de derecho fundamental”, explica.

“Si está como derecho fundamental, no está a disposición del legislador, se podrá regular de distinta manera, pero ya entendiendo que forma parte del derecho a la integridad física de la mujer me parece difícil que pudiese ir a un sistema distinto al de plazos, que garantiza ese espacio de libertad de la mujer”, apunta Presno. “Y tiene un blindaje legislativo, si está ahí solo se puede cambiar por mayoría absoluta”, añade el experto, que piensa que hacerlo como sugiere el Gobierno tiene riesgos: “Primero tiene un significado simbólico: deja de ser un derecho fundamental. En segundo lugar, si pasa a ser un principio rector, la mujer ya no tendrá la posibilidad de acudir en amparo al Constitucional, estaría perdiendo una garantía importante”.

Esquembre, por su parte, coincide en lo esencial con Presno, aunque no cree que incluir la IVE en el artículo 43 sea rebajar su protección actual. “El peligro de que se restrinja la ley está sobre la mesa independientemente de que se incorpore en los principios rectores o no. El Constitucional lo que ha hecho es interpretar la ley, pero la ley que tenemos, la cual se puede modificar. Otra cosa sería que figurara en los derechos fundamentales, ahí sí sería mucho más difícil, el propio derecho y sus condiciones serían inmodificables”, apunta la experta, cofundadora de la Red Feminista de Derecho Constitucional.

El efecto simbólico

Con todo, la realidad es que será muy difícil sacar adelante el proyecto debido a que, aunque la reforma constitucional sea la más sencilla, requiere una mayoría de tres quintos del Congreso y del Senado, por lo que sería imprescindible el voto a favor de un PP que ya ha adelantado su oposición. Por eso, para Esquembre, el Gobierno debería haber sido más ambicioso: “El procedimiento se va a frustrar igualmente porque la exigencia de mayorías es casi imposible, así que ya que se pone el debate público sobre la mesa, que se ponga como derecho fundamental, reconociéndonos a las mujeres como sujetos plenos”.

Ninguna de las voces consultadas duda de que el Gobierno busca marcar perfil político con un asunto, el aborto, contra el que Vox y un PP sometido al debate interno han iniciado una cruzada con ecos a nivel global. Esquembre valora por eso como “un paso simbólico” que el aborto esté en el centro de la agenda. “Aprovechemos el momento para poner sobre la mesa cómo los derechos de las mujeres son todavía cuestionados”, esgrime la experta, que recuerda que el anuncio de Pedro Sánchez llegó a raíz de que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, apoyara la propuesta de Vox sobre el falso síndrome posaborto e Isabel Díaz Ayuso se niege a crear el registro de objetores de conciencia. Por eso el Gobierno ha dado un mes a Madrid, Aragón y Baleares para que cumplan antes de recurrir a los tribunales.

Gema Fernández, directora legal de Women's Link, tampoco se opone a la reforma y destaca “el golpe de efecto” político que puede causar, pero duda de que “sea necesario”. En este sentido, cree que “no está claro que se vaya a reforzar más allá de lo que ya está con una ley orgánica y las sentencias del Tribunal Constitucional”, pero, además, la experta apuesta por poner el foco en lo que aún está por garantizarse. “Hay problemas mucho más acuciantes que tienen que ver con la falta de garantías que son más urgentes y que son los que están obstaculizando a las mujeres en su acceso al aborto”.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha cargado contra la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de avalar la amnistía al 'procés' catalán, tachando de “muy infantiles y flojos” los argumentos expuestos por el Alto Tribunal para llegar a esta resolución y considerando que su actuación es “muy grave y muy inmoral”.

Así lo ha expuesto García-Page este jueves en declaraciones a La Sexta, recogidas por Europa Press, donde ha aseverado además que esta decisión del TC le hace plantearse que haya que “pensarse muy en serio el papel del Constitucional” en una futura reforma constitucional. “Hasta ahora nadie planteaba eso, pero yo sería de los que lo plantearía”.

“El Constitucional no es infalible. No lo es. No es como el Papa. De manera que no solo se puede discrepar, sino que probablemente acaba de firmar una etapa muy negra del propio Tribunal. Una ulterior reforma --de la Constitución-- tendrá que revisar a fondo el propio papel, composición y definición del Tribunal Constitucional”, ha asegurado.

El Constitucional no es infalible. No lo es. No es como el Papa. De manera que no solo se puede discrepar, sino que probablemente acaba de firmar una etapa muy negra del propio Tribunal

En cuanto a los razonamientos del Tribunal para su decisión de avalar la amnistía, García-Page ha expuesto que si es legal todo lo que no prohíbe la Constitución “no tendría que haber recursos en casi nada”. En este sentido, ha manifestado que el TC “está para ver cuáles de los valores superiores de la Constitución prevalecen cuando se producen colisiones”, considerando que en este caso se viola el principio de igualdad, “que es sagrado”.

“Y ha abierto la puerta a un argumento peligrosísimo de incertidumbre constitucional si todo lo que no está expresamente prohibido cabe. ¿Y si mañana a una nueva mayoría le da por amnistiar otros muchos delitos de corrupción o de tantas y tantas cosas? Es peligrosísimo y acaba de abrir la puerta de una manera muy temeraria”, ha incidido.

El presidente regional, además, ha asegurado que el PP “tendría que callar bastante” porque cometieron “un grave error”, a su juicio, por cómo habían acordado con el PSOE pactar el TC. “Realmente consintieron este acuerdo que se tradujo luego en múltiples engaños a la hora de configurar el Constitucional”, ha opinado.

Por contra, ha considerado que su gobierno cumplió al recurrir la amnistía. “Recurrí porque creímos que había que recurrir”, ha enfatizado, alegando que la amnistía “se hizo saltándose todos los filtros jurídicos” y es “la crónica de un bochorno anunciado”.

Por todo ello, ha pedido “por favor” al Ejecutivo de Sánchez que “no presuma” de este aval del TC a la norma. “Yo no presumiría de contradecir la palabra que se dio”, ha apostillado, aseverando que “en Cataluña se han desinflamado mucho las cosas a costa de inflamarse en el resto de España”.

Irá al Comité Federal “a escuchar”

Por otro lado, preguntando por los casos de presunta corrupción que afectan a los dos últimos secretarios de Organización del partido, José Luis Ábalos y Santos Cerdán, ha apuntado que quiere creer que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no conocía sus supuestas actuaciones.

“Quiero creerme al presidente Sánchez, llevo muchos años en política para saber que te pueden engañar por cien euros o por cien millones y tener gente que disimula mucho en tu presencia y luego hace otra cosa”, ha desgranado.

En todo caso, ha apuntado que en el próximo Comité Federal del PSOE, más que hablar, lo que le interesa “sobre todo es ir a escuchar explicaciones y sobre todo una pregunta, ¿esto dónde acaba?”.

A su juicio, la “actitud normal de un socialista es estar indignado por lo que está pasando. ”Y no voy a hacer culpable a Pedro Sánchez, pero no estamos hablando de culpables, estamos hablando de responsables y lo que quiero ver es en qué consiste ser responsable de lo que ha pasado“, ha esgrimido.

En todo caso, ha argumentado que “lo verdaderamente importante” son “los valores y los principios” del PSOE y es lo que hay que preservar “muy por encima de los dirigentes”.

El artículo 56.3 de la Constitución establece que “la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Sus actos estarán siempre refrendados en la forma establecida en el artículo 64, careciendo de validez sin dicho refrendo, salvo lo dispuesto en el artículo 65.2”.

Por su parte, los textos del artículo 64 a los que se hace referencia en el 56 dicen lo siguiente: 

“Art. 64.1. Los actos del Rey serán refrendados por el Presidente del Gobierno y, en su caso, por los Ministros competentes.

Art. 64.2. De los actos del Rey serán responsables las personas que los refrenden“.

Y el artículo 65.2 dispone que “el Rey nombra y releva libremente a los miembros civiles y militares de su Casa”.

El 15 de marzo de 2020 la Casa Real emitió un comunicado afirmando que Felipe VI renunciaba a la herencia de Juan Carlos I que “personalmente le pudiera corresponder”. Al no existir, ni entonces ni ahora, condena judicial alguna que determine el origen ilícito de los bienes que posee Juan Carlos I, tal renuncia fue interpretada por muchas personas como la acción precipitada de alguien que al menos duda de la legalidad de esos bienes y, por tanto, no quiere aparecer como cómplice bajo ningún concepto, incluso aunque legalmente pudieran corresponderle. Al éxito de esta “lectura” del comunicado contribuyó la evidencia, para la mayoría de los expertos que opinaron, de que, según la ley, no es posible renunciar a la herencia de alguien que no ha fallecido.

En junio de 2020, la Fiscalía Anticorrupción del Tribunal Supremo abrió las primeras diligencias sobre actuaciones que podrían ser constitutivas de delito protagonizadas por Juan Carlos I, quien en agosto de ese mismo año decidió trasladar su residencia a Abu Dabi. El día 5 de ese mismo mes la entonces vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, declaró que “Juan Carlos I no huye de nada porque no está inmerso en ninguna causa”.

El día 1 de marzo de 2022 el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, emitió un comunicado en el que establecía que los delitos que pudieran haberse cometido antes de su abdicación no podían investigarse, al estar protegidos por la inviolabilidad establecida en la Constitución.

El día 9 de mayo de 2022, es decir, dos meses después de hacerse pública la resolución del fiscal Luzón, la ya exvicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo desveló, en una entrevista concedida a El País, que había realizado gestiones por separado con la Casa Real, con el presidente del Gobierno y con el líder de la oposición para iniciar la reforma de la “inviolabilidad” del Rey sin necesidad de modificar la Constitución y que las respuestas habían sido negativas en los tres casos.

En junio de 2022, poco más de un mes después de la información revelada por la propia Carmen Calvo, los miembros de PSOE, PP y VOX en la Mesa del Congreso impidieron que se debatiera una propuesta para limitar la inviolabilidad del Rey. Según informó la agencia EFE, los letrados del Congreso emitieron un escrito afirmando que tal proposición de ley “invade la reserva constitucional existente en cuanto a los elementos esenciales de la Corona definidos en el título II de la Constitución, al pretender un desarrollo normativo contrario al régimen jurídico de la inviolabilidad de la Jefatura del Estado”.

Tras conocerse las respuestas recibidas por Carmen Calvo y la decisión de la Mesa del Congreso, varios juristas de Illes Balears que figuramos al pie de este escrito nos dirigimos en diciembre de 2022 al presidente del Gobierno a través de la opción “Escribir al presidente” para pedirle que el actual jefe del Estado renunciara a la prerrogativa que le concede el derecho efectivo a delinquir sin que ningún juez pueda iniciar la investigación obligada en cualquier país democrático en el que rija el principio de la igualdad ante la ley que, por cierto, establece sin excepciones de ninguna clase el artículo 14 de la Constitución aprobada en 1978.

Al no ver satisfecha nuestra petición, volvimos a escribir al presidente Pedro Sánchez en diciembre de 2023 y en diciembre de 2024 por el mismo procedimiento y siempre en fechas anteriores al 24 de diciembre.

A ninguno de los tres escritos hemos recibido respuesta desde la presidencia del Gobierno, salvo las confirmaciones automáticas de envío que aparecen en la propia pantalla del ordenador.

El día 25 de noviembre pasado, elDiario.es reproducía las palabras con las que un grupo de juristas e intelectuales encabezados por los ex magistrados del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín y Clemente Auger explicaban los motivos de la denuncia que ese mismo día presentaron contra el rey emérito por cinco delitos de fraude fiscal: “Nos mueve la defensa del interés general en cuanto que estimamos que existen delitos contra la Hacienda Pública que vulneran no sólo los preceptos del Código Penal que invocaremos, sino también los principios de igualdad y solidaridad, además de obligaciones legales y éticas, exigibles especialmente a aquellas personas que ostentan cargos públicos de relevancia constitucional, en este caso, la Jefatura del Estado”. En declaraciones a RTVE, el propio Martín Pallín defendía que “un tribunal es el único que puede decidir si ya se han saldado las cuentas con la Justicia”.

Las “regularizaciones fiscales”, materializadas en diciembre de 2020 y en febrero de 2021 por un importe total entre ambas de más de cinco millones de euros, ponían de manifiesto el reconocimiento de facto de delitos fiscales cometidos por Juan Carlos I a sabiendas de que con esos pagos no serían investigados. Un movimiento que, en otro ámbito, aunque con el mismo protagonista originario y antes impune, a muchas personas les recordó la renuncia a la herencia que motivó el comunicado de la Casa Real publicado el 15 de marzo de 2020.

Sin ánimo de ser exhaustivos, hoy nos limitaremos a mencionar dos de los efectos perversos que implica la continuidad de una situación como la actual, legalmente fundamentada en lo que no es más que una de las interpretaciones posibles de un solo artículo del Título II de la Constitución y en la que han coincidido el fiscal jefe Anticorrupción y la mayoría de los miembros de la Mesa del Congreso en base al dictamen de sus letrados, pese a que una lectura paralela del similar artículo 71 sugiere una interpretación menos benigna.

Por una parte, colaborando decisivamente en la extensión de facto de la impunidad en beneficio personal de los cómplices no impunes que pudieran haber intervenido en la comisión de esos delitos no investigables.

Por otra parte, se provoca indefensión en las víctimas, pues al no celebrarse juicio, ni habrá sentencia ni reconocimiento de los perjuicios ocasionados por quien, de ser otro el presunto delincuente, sería siempre investigado y, en su caso, condenado, con la responsabilidad civil inherente.

Hemos decidido recordar hoy estos hechos por varios motivos.

En primer lugar, porque son la prueba irrefutable de una interpretación de la Constitución que es imprescindible revisar por las consecuencias que podrían derivarse, algunas de las cuales podrían ser tan graves como la del más grave de los delitos que pueda cometer una persona.

En segundo lugar, porque sobre la única acción legal iniciada ni siquiera se sabe si será admitida o no a trámite y, en cualquier caso, se enfrentará a un recorrido judicial que podría ser excesivamente lento.

Y, en tercer lugar, porque unas mayorías no habituales en el Congreso y que, además, nunca han sido más representativas que las de los diputados que forman parte de su Mesa, están impidiendo el inicio del debate parlamentario imprescindible para resolver una anomalía democrática de tal calibre que solo es posible encontrar un parecido en cuanto a las consecuencias de su aplicación en el férreo blindaje frente a cualquier acción judicial que de hecho disfrutó entre 1939 y 1975 el jefe del Estado anterior a Juan Carlos I.

Ante tales situaciones, ¿puede y debe la sociedad española, y con especial protagonismo a través de sus medios de comunicación, debatir sobre el hecho de la impunidad efectiva del jefe del Estado y animar a sus representantes a buscar la reforma en términos como, por ejemplo, los que proponía Carmen Calvo y que se podría aprobar con la actual composición del Congreso?

La convicción de que en una democracia ningún debate debe estar prohibido y las decepciones recibidas hasta el momento, son los motivos que nos han llevado a solicitar a elDiario.es la publicación de este escrito.

El Illes Balears, a 31 de enero de 2025

Suscriben el presente escrito los juristas de Illes Balears que se relacionan a continuación: Rosa Bris, Juan Calatayud, Neus Canyelles, Víctor Cornell, Mar de la Loma, Josep de Luis, Aina Díaz, Beatriz Fernández, Cristina Gómez, Ferran Gomila, Catalina Moragues, Carlos Portalo, Pablo R. de Caso, Mariano Reaño, Ignasi Ribas, Josep Valdés, Alejandro Juárez, Catalina Monserrat, José Castro y Juan Pedro Yllanes.

La primera vez que pude ejercer mi derecho a voto fue el 6 de diciembre de 1978. Lo hice con ilusión, pero sin una reflexión crítica profunda, convencida de que cualquier laguna en la Constitución se corregiría con el paso del tiempo. Como es conocido, en aquel momento, importaba poco su estructura o redacción, priorizando la imagen de reconciliación y concordia entre los españoles. A pesar de haber sido redactada por muy diversas personas, se presentó como obra de los denominados 'padres de la Constitución', reforzando la imagen de consenso político. 

La Constitución española se redactó en un momento histórico en que los españoles precisaban la reconciliación, siendo el reflejo y la norma que agrupaba las expectativas de los españoles en un contexto crucial de la historia de España. 

Por primera vez, en nuestro país, la Constitución consiguió de forma ordenada, convertir a España en una democracia homologable a las del resto de Europa. Esta Constitución ha hecho posible un sistema democrático que ampara libertad, igualdad y pluralismo político, además de dar encaje a la diversidad territorial de nuestro país. 

Uno de los artículos que siempre he valorado especialmente es el artículo 14 de la Constitución, que proclama: “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.

Sin embargo, actualmente estamos comprobando, debido a la evolución de la sociedad y a determinadas medidas que los gobiernos españoles han ido consintiendo que, lo establecido en dicho artículo 14, no se interpreta de manera uniforme en todo el territorio nacional. Efectivamente, con el tiempo, se han expresado muy diversas interpretaciones y se ha evidenciado que, el efectivo desarrollo democrático, exigía cambios significativos que, por intereses partidistas, se han ido posponiendo y/o realizando sin el preceptivo consenso.

Si bien es cierto que la Constitución del 78 es un marco de convivencia y establece las reglas el juego político, se ha cometido el error de considerarla como algo inamovible. Los cambios necesarios para adaptarla a las nuevas realidades sociales y políticas no se han abordado con el consenso que exige su relevancia. En el marco político actual, parece difícil alcanzar el amplio consenso que marcó su redacción inicial, donde se unieron planteamientos ideológicos muy diversos.

Razonadamente, resulta imprescindible no continuar retrocediendo en derechos y garantizar el cumplimento de lo recogido en el citado artículo 14 en todo el territorio español. Esto implica asegurar la igualdad de derechos, la no discriminación, una vida digna, y que se garanticen los principios de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la seguridad jurídica, etc.

En resumen, hoy más que nunca, resulta imprescindible aunar esfuerzos para velar por su defensa como símbolo de los valores que unen a todos los españoles, sin exclusiones ni privilegios. Su adaptación y protección deben hacerse desde el consenso, reforzando su papel como garantía de convivencia democrática e igualdad.

Aquí estamos. O momento político e social español está atravesado por unha aparente contradición: como resultado da crise do bipartidismo, despois da crise de 2007, e da proba de lume catalana, entre o Estatut do 2004 e o procés de 2017, existe un goberno que apunta a unha concepción plurinacional do Estado. O PSOE, para continuar sendo o partido que articule España, precisa explorar esa senda.

Pero, da outra banda, existe un bloque de dereita que está empeñado en demonizar e estigmatizar os diversos nacionalismos –menos o español, postulado como o único lexítimo- e, no límite, se poidera, expulsalos. A demanda de Vox da ilegalización dos partidos soberanistas expresa esa pulsión antipluralista e iliberal que conforma o marco mental de boa parte da dereita española. Claro que sería unha estupenda noticia que o PP, ao menos o PP de Galicia, abandonara ese camiño, que retoma o item da anti-España, pero non parece que vaia a suceder.

Saír desa confrontación estéril para osixenar o ambiente e retomar unha atmosfera máis limpa e tranquila precisaría volver ao marco do Estatut de 2004: nin tan siquera a unha fórmula federal, senón federalizante. Pero iso parece pouco plausible cunha dereita que está empeñada en resignificar a Constitución no marco populista do nacionalismo español. Eles si que parece que leron a Laclau. E non só ao filósofo arxentino. Tamén Alicia a través do espello: para eles (como as palabras para Humpty Dumpty) a Constitución significa o que eles queren que signifique.

Se houbera que abordar un diálogo acerca da Constitución española e da súa reform, o texto de Francisco Caamaño, antigo ministro de Xustiza do PSOE con Zapatero El arreglo constitucional del que no se habla resultaría especialmente iluminador. Entre as elaboracións político-xurídicas debidas ao ámbito do socialismo galego ningunha me parece máis brillante. O que Francisco Caamaño ofrece é unha fórmula de concordia federal que moi ben podería ser o marco, nese plano específico, dun goberno de coalición BNG-PSdeG. Poden lelo neste enlace, non perderán o tempo.

En Galicia, o BNG está satisfeito co seu éxito nas recentes eleccións. É natural, pero se quere consolidarse como partido de goberno futuro, ten que facer o seu propio camiño e evitar a complacencia. A ocasión píntana calva e a Historia, a día de hoxe, corre veloz. Nada é máis fácil que quedar atrás. A linguaxe na que ten que formular as demandas de autogoberno é aquela do liberalismo político, porque é a que conforma, afortunadamente, o humus da nosa sociedade.

Na propia historia do galeguismo, figuras como Plácido Castro constitúen un referente nesa dirección. Atrévome a propoñerlles a lectura da XXV Conferencia Plácido Castro sobre o vínculo entre liberalismo, federalismo e plurinacionalidade.

Forma parte da tarefa do BNG seguir tendendo pontes. Está claro que sen acceder ao goberno non poderá nin atallar a progresiva desgaleguización nin articular a sociedade galega en torno a un proxecto. Non será útil para os seus propios obxectivos. E iso significa apertura de mente, disolver certas fronteiras simbólicas e fácticas que estreitan a súa capacidade de irradiación. Renovar o vocabulario e acudir a outras fontes de imaxinación política parece non só oportuno, tamén necesario. A última campaña electoral foi interesante: mostrou unha certa vontade de saír do propio círculo encantado para falar cunha voz máis ampla.

En relación ao PSdeG, o seu inevitable socio, ten que saber xestionar as tensións, abordar as percepcións erróneas e prever os conflitos involuntarios. E o mesmo vale, á inversa, para o PSdeG. Se fose posible, ambas forzas deberían ir máis aló e establecer formas de complicidade. O PSdeG non o ten fácil, pero a primeira condición é querer ser, ter un perfil. E Besteiro, parece, quere. A tarefa para as dúas forzas é convencer a unha parte dos electores do PP das bondades da súa opción de goberno. Máis complicado aínda teno Sumar, pero cando se disipe a néboa seguirá aí.

Sexa coma for, é claro que non hai ningunha posibilidade de modificar o marco político galego a través dun Novo Estatuto, por exemplo, se antes a sociedade galega non ten esa demanda, expresada a través dos seus representantes. Volvemos aquí á necesidade da linguaxe da democracia e do liberalismo político que debe estenderse en dirección á política estatal: á demanda dunha concepción plurinacional do Estado. O pluralismo liberal e as políticas de recoñecemento da diversidade son o marco posible dunha reforma constitucional. España é plural e, se non, non é España. Por iso, os programas políticos dos que queren acabar con esa pluralidade pasan, necesariamente, por “solucións” autoritarias.

Para discutir estas e outras cousas, se quixeran compartir unha conversa sobre Liberalismo e galeguismo: federalismo e plurinacionalidade do Estado. En torno a Plácido Castro, con Francisco Caamaño, catedrático de Dereito Constitucional e ex-ministro de Xustiza e Lourenzo Fernández Prieto, catedrático de Historia Contemporánea da USC, ademais de con este modesto amanuense, anímolles a acudir á Casa de Casares Quiroga o día 11 de Abril, xoves próximo, ás sete da tarde.

Pensaremos diferente, e podemos equivocarnos de medio a medio, pero intentaremos –é un esforzo sempre- ser razonables e non sectarios, máis aló do balbordo e a furia que marcan o momento.

El Senado francés aprobó este miércoles por amplia mayoría (267 votos a favor, 50 en contra) la proposición para inscribir en la Constitución la “libertad garantizada a la mujer de recurrir a una interrupción voluntaria del embarazo”. El voto favorable, que se suma al de la Asamblea Nacional, permite al Gobierno convocar un congreso para la reforma constitucional que se celebrará “la semana que viene”, según ha declarado la portavoz del Ejecutivo, Prisca Thevenot.

Los debates en el Palacio de Luxemburgo, sede de la cámara alta del Parlamento francés, se preveían tensos. Por un lado, el Gobierno, apoyado por la izquierda, a favor de que aparezca en la Constitución –una promesa electoral de Emmanuel Macron–; por otro, una parte de la derecha y varios partidos de centro escépticos con la formulación de la reforma para incluir el derecho a al aborto en la Constitución. Entre las personalidades importantes de la Cámara alta que se oponían a la medida estaban los tres líderes de la mayoría conservadora: el presidente del Senado, Gérard Larcher; el líder del grupo Los Republicanos, Bruno Retailleau y el presidente de la Unión Centrista, Hervé Marseille.

El aval del Senado era necesario, sin que se introdujese ninguna modificación, para que la reforma pasara a la siguiente etapa: el congreso constitucional que reunirá las dos cámaras del Parlamento y en el que será necesario el voto favorable de tres quintas partes de senadores y diputados.

“Hoy se debaten tres principios: la libertad de la mujer para abortar, la libertad de conciencia de los médicos y del personal sanitario, y el principio de salvaguarda de la dignidad humana”, comenzó diciendo el ministro de Justicia, Éric Dupond-Moretti, en defensa de la reforma. “La libertad de abortar no es una libertad como las demás, porque permite a las mujeres decidir su futuro. Una democracia no puede controlar plenamente su destino si las mujeres que viven en ella no tienen la libertad para controlar el suyo”, añadió.

La redacción final elegida por el Gobierno francés ha sido el resultado de un equilibrio entre una primera versión aprobada por la Asamblea, que hablaba de “derecho al aborto”, y de un texto aprobado por el Senado el año pasado que cambió la palabra 'derecho' por 'libertad'. Finalmente, el Ejecutivo optó por la expresión “libertad garantizada” para buscar el apoyo necesario en ambas cámaras. Una de las enmiendas que tenía más posibilidades de prosperar, y que ha sido finalmente rechazada, proponía la eliminación del término “garantizada”.

Cláusula de conciencia

Uno de los puntos fundamentales del debate en el Senado, objeto de una propuesta de enmienda, fue la garantía de la cláusula de conciencia para los médicos, una inquietud repetida entre una parte de la derecha. En Francia, la ley de 1975 ya establecía este derecho, mantenido hasta hoy, con una cláusula de conciencia específica que se aplica no sólo a los médicos sino también a cualquier trabajador que intervenga en el procedimiento. No obstante, en caso de ejercer esa prerrogativa, los médicos deben informar inmediatamente a sus pacientes y remitirlas a un equipo médico competente.

Una parte de los senadores temía que la “libertad garantizada” de las mujeres para recurrir al aborto, al incluirse en la Constitución, pudiese dar lugar a una jurisprudencia contra los médicos que no deseen practicar la intervención, a pesar de los múltiples desmentidos del ministro de Justicia sobre este punto. “Nuestro temor es que ningún senador, ni siquiera un ministro de Justicia, puede garantizar que mañana una jurisprudencia pueda crear un derecho exigible al respecto”, defendió el senador de Los Republicanos, Bruno Retailleau.

En las semanas previas, las asociaciones de defensa de los derechos de la mujer había redoblado sus esfuerzos para convencer a los senadores, y a lo largo de la tarde del miércoles en París se celebraron varias concentraciones en las inmediaciones del Senado.

Respuesta a la anulación de Roe vs Wade

La protección constitucional del aborto en Francia comenzó a fraguarse en 2022 con una propuesta conjunta de varios grupos políticos franceses en respuesta a la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos de anular el caso Roe contra Wade, una sentencia que garantizaba el acceso al aborto en todo el país. En el Estado francés la interrupción del embarazo está garantizada desde 1975, año en el que se aprobó la ley Veil (denominada así por Simone Veil, ministra de Sanidad que impulsó la medida).

En medio de este debate, hace unos días la cadena de noticias conservadora Cnews creó una polémica nacional con una infografía en la que situaba el aborto como primera causa de mortalidad en el mundo, por delante del cáncer y del tabaquismo. “No ha sido en FoxNews, sino en Francia, en un canal francés, donde anteayer se asoció el número de abortos con el número de muertes por cáncer y tabaquismo”, denunció Éric Dupond-Moretti.

La última revisión de la legislación data de 2022, una reforma que amplió el plazo legal para abortar hasta la decimocuarta semana de embarazo (como ocurre en España desde 2011). En el debate del miércoles varias intervenciones pusieron de relieve las implicaciones de la inscripción constitucional del derecho de las mujeres al aborto, como la importancia de reforzar la protección legal en un contexto de crecimiento de la extrema derecha, citando los ejemplos de Hungría, Polonia y Estados Unidos. También se mencionaron algunas de las amenazas que pesan sobre él, como las vinculadas a las campañas de desinformación antiabortista en las redes sociales.

Por otro lado, a pesar de las constantes evoluciones de la legislación, el acceso al aborto sigue siendo frágil en la práctica: los plazos y los desplazamientos para poder acceder a esta práctica (ya sea con un fármaco o una intervención quirúrgica) siguen siendo desiguales en función del perfil o el nivel social de las mujeres y la disponibilidad de centros cerca de su lugar de residencia. La noción de “libertad garantizada” debe facilitar la movilización de recursos asignados para mejorar precisamente ese acceso.

El Congreso ha aprobado este jueves por una amplia mayoría la reforma del artículo 49 de la Constitución para quitar la palabra “disminuido” del texto. El trámite pasará ahora al Senado donde, si no hay ninguna sorpresa de última hora, pasará sin modificaciones. Cuando la Cámara Alta ratifique la modificación, entrará en vigor la tercera reforma de la Constitución desde su aprobación en 1978. Solo Vox se ha desmarcado del conjunto de la cámara y ha rechazado la proposición. La votación ha salido adelante con 312 votos a favor y 32 en contra.

El pasado martes el Congreso aprobó la admisión a trámite de la reforma, presentada por el PSOE y el PP. La Cámara Baja además acordó una tramitación de urgencia y en lectura única, para acelerar el proceso de una modificación con la que todos los grupos están de acuerdo. Todos lamentaron el acuerdo del “bipartidismo” que excluía a los demás partidos, aunque asumieron el texto.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha subido a la tribuna para defender la reforma. “Hoy es un gran día para nuestra democracia. No solo engrandecemos nuestro texto constitucional, saldamos una deuda moral contra más de cuatro millones de ciudadanos”, ha dicho para valorar acto seguido el acuerdo alcanzado con el PP que ha hecho posible que salga adelante. “Todos ganamos cuando somos capaces de acordar, ha enfatizado.

La reforma de la Constitución será en los términos de la propuesta presentada por el PSOE y el PP. La mayoría parlamentaria ha tumbado las enmiendas presentadas por grupos como el PNV o Compromís, que habían aprovechado el trámite para plantear una modificación más amplia en determinados temas como el derecho a decidir o el Derecho Civil valenciano.

Pero la Mesa del Congreso no ha admitido a trámite dichas enmiendas al estar al margen del objeto de la reforma: el artículo 49 de la Constitución. La votación en el órgano de gobierno de la Cámara Baja se solventó con el voto en contra del PSOE y PP a la admisión a trámite de las enmiendas. Sumar dividió su voto: Esther Gil de Reboleño se abstuvo y Gerardo Pisarello votó en contra.

Sumar se alineaba así con uno de sus aliados políticos, Compromís, aunque con la convicción de que la votación iba a ser rechazada.

El Congreso remitirá ahora el texto de la reforma al Senado, que deberá ratificarla en los próximos días ya que, en principio, tampoco se admitirá ninguna enmienda y también se aplicará un procedimiento urgente ante la amplia mayoría de partidos que respaldan la modificación.

Lo previsible es que la Cámara Alta apruebe el nuevo articulado y confirme así la tercera modificación de la Constitución desde su aprobación, en 1978. La primera fue en 1992 para permitir el voto de los ciudadanos de países de la UE residentes en España en las elecciones municipales, tal y como exigía el Tratado de Maastricht.

La segunda, mucho más polémica, se produjo en 2011 y reformó el artículo 135 de la Constitución para introducir el principio de austeridad en las cuentas públicas que permitió luego leyes como la de estabilidad presupuestaria y otras en las que se asentaron los duros recortes sociales que puso en marcha el Gobierno de Mariano Rajoy a partir de 2012. PSOE, PP y UPN votaron a favor entre protestas del resto de grupos por la urgencia del proceso, que además se produjo en verano.

Varios grupos no participaron en la votación de una u otra forma, como IU, CiU, ERC o BNG. Además, un diputado del PSOE votó en contra (uno más lo hizo, pero por error), y otros tres se ausentaron del Hemiciclo para no votarla.

Sumar y el PNV acusan a PSOE y PP de inadmitir sus enmiendas

Sumar y el Partido Nacionalista Vasco han aprovechado el debate para criticar que el PP y el PSOE acordasen ayer en la Mesa del Congreso inadmitir las enmiendas que presentaron a esta reforma. La coalición de Yolanda Díaz introdujo una enmienda de Compromís sobre el derecho civil valenciano y otra de Més para que Formentera pueda tener senador propio. Por su parte la formación jeltzale pidió incluir el derecho a decidir pactado, limitar la inviolabilidad del Rey, modificar las funciones de las Fuerzas Armadas o eliminar el artículo 155, entre otros asuntos.

Ninguna de esas enmiendas fue admitida ayer en la Mesa bajo el argumento de que o bien no tenían congruencia con la propuesta concreta de reforma de la Constitución o bien requerían que la reforma se tramitas por el proceso agravado. “Se ponen de acuerdo para ir en contra de los intereses valencianos. Están negando recuperar nuestros derechos”, ha dicho la portavoz adjunta de Sumar y diputada de Compromís, Águeda Micó. “Esto ha sido un atropello democrático del PP y el PSOE contra nosotros y Sumar. Lo que más descalifica una democracia es no dejar hablar”, ha protestado por su parte el diputado del PNV Mikel Legarda desde la tribuna. Compromís ya ha anunciado que acudirá al Tribunal Constitucional para revertir la decisión de la Mesa de este miércoles.

EH Bildu, mientras tanto, ha reprochado a los nacionalistas vascos que aprovechen este debate para dar “comunicación” a “intereses partidistas”. “No hemos introducido enmiendas, no abordaremos estos debates porque no es el que nos ocupa”, ha dicho Aizpura, que ha pedido un debate serio y profundo sobre el tema primero en el ámbito de Euskadi. “Señorías del PNV, les invitamos a abordar este debate con la serenidad y el sosiego que merece”, les ha dirigido para pedir que salga desde Euskadi un acuerdo amplio para presentar después ante el Estado. “Sin atajos ni intereses partidistas”, les ha pedido.

Vox ha votado 'no' a la reforma del artículo 49 de la Constitución para eliminar la palabra “disminuido” y formular una nueva redacción que aborde los derechos de las “personas con discapacidad”. La extrema derecha, que se abstuvo el martes pasado en la admisión a trámite, ha anunciado este jueves su rechazo en solitario a una modificación que contará con el respaldo del resto del Congreso. El motivo: que el nuevo texto dice que “se atenderán particularmente las necesidades específicas de las mujeres y niñas con discapacidad”, según explican en un comunicado.

En el comunicado Vox se empeña en explicar que el partido está a favor de la modificación. “El presidente de Vox, Santiago Abascal, en declaraciones a los medios de comunicación en el Senado, ese mismo martes, recordando que su partido está de acuerdo en la eliminación de la palabra ‘disminuido’ de la Constitución Española, para sustituirla por la expresión ‘personas con discapacidad”.

“Vox está a favor de sustituir el término 'disminuidos' por 'personas con discapacidad' pero no podemos aceptar la división por sexos que propone la reforma acordada por PP y PSOE cuando habla de atender 'particularmente las necesidades específicas de las mujeres y niñas con discapacidad”, apunta el documento remitido por el partido a los medios.

Para Vox también es importante el “momento político, con un Gobierno que está dando un golpe contra esa misma Constitución”. La extrema derecha considera que el ejecutivo “ha vulnerado la propia Constitución”. “Y tampoco podemos contribuir a la imagen de un falso consenso que servirá sólo para blanquear a Sánchez y su gobierno ilegal”.

“La realidad mediática y política hace casi imposible trasladar y explicar estos gestos, que pueden entenderse, de alguna manera, como un cierto aval a la consagración de la discriminación, la desigualdad y el desamparo que la nueva redacción de este artículo genera. Así pues, el voto de Vox en la votación final de esta reforma, inoportuna en tiempo y forma, es 'no”, concluye.

Méndez Monasterio y “la ideología de género”

“Es una barbaridad introducir la ideología de género y la discriminación por sexo en nuestro texto constitucional”, ha argumentado la diputada de Vox Lourdes Monasterio desde la tribuna en su defensa del 'no' a la reforma.

La parlamentaria de Vox también ha cargado contra el PP por apoyar esta reforma por estar apoyada también por los socios del Gobierno. Si se abre el edificio constitucional con una reforma puntual, ha dicho, “puede abocar a intentos de voladura de todo el edificio”. “Deberían aplaudir, señorías del PP. Esto es un texto íntegro de una enmienda que ustedes presentaron hace dos años”, les ha dicho. “Nunca nos convertimos en marionetas cuyos hilos los muevan los enemigos de España”, ha zanjado para terminar.

La asociación Juristes Valencians ha convocado una concentración este domingo para reivindicar la inclusión del derecho civil valenciano en la reforma constitucional que se tramitará en el Congreso los próximos días 16 y 18 de enero y denunciar que PP y PSOE “den la espalda de manera constante” a “una cuestión que demanda todo el pueblo valenciano”. “Es imperdonable”, han lamentado.

De esta forma, bajo los lemas 'No voteu contra la nostra gent' y 'Per un autogovern no subordinat', decenas de personas han exigido, en la plaça dels Furs de València, el reconocimiento del derecho civil valenciano, pues, han asegurado que un “voto contrario” a la enmienda presentada para considerar el mismo en la reforma constitucional, significará “un ataque al autogobierno”, que “dejará a los valencianos como una nacionalidad de tercera”.

Entre los asistentes, se han concentrado representantes de los diversos partidos políticos, como la diputada 'popular' en las Corts Valencianes Laura Chulià; el exconseller de Hacienda Vicent Soler (PSPV); el síndic de Compromís, Joan Baldoví, y la diputada de Compromís-Sumar Àgueda Micó, o la vicepresidenta primera de la Diputación de Valencia, Natàlia Enguix (Ens Uneix), así como los secretarios generales de CCOO-PV y UGT-PV, Ana García e Ismael Sáez, respectivamente.

El presidente de Juristes Valencians, José Ramón Chirivella, ha censurado, en declaraciones a los medios de comunicación, que las “carencias” en materia de derecho civil valenciano implican convertir a la Comunitat Valenciana en “los parias del conjunto de territorios históricos”. “Es una vergüenza que durante cuatro años se haya dado la espalda a una reivindicación que cuenta con un apoyo de más de 500 ayuntamientos valencianos, de las Corts y, sobre todo, de la sociedad civil valenciana”, ha sostenido.

Chirivella ha considerado una “vergüenza” que, en un momento en el que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, “está dando muchas contrapartidas a muchos territorios, se niegue una cuestión que demanda a todo el pueblo valenciano”. “Los valencianos entendemos el constitucionalismo como un todo entre el Estatut d'Autonomia y la Constitución. No puede ser que los que somos leales, no tengamos una justa respuesta”, ha criticado.

En este sentido, ha señalado que, si esta semana se vota en contra de la enmienda presentada por Juristes Valencians para incluir el derecho civil valenciano en la Constitución, “se estarán atacando las señas de identidad y el autogobierno valencianos y, en la práctica, se puede producir un grave conflicto entre el PP y el PSOE y los valencianos”.

“Defender la rosa y la gaviota o la senyera”

Chirivella ha aseverado que, en este caso, “los representantes valencianos en el Congreso y en el Senado tendrán que elegir entre defender la rosa y la gaviota o defender la 'senyera' y a los valencianos”. “Esa es el problema que tienen”, ha apostillado.

Al respecto, ha cuestionado que el vicesecretario de acción institucional del PP, Esteban González Pons, y el expresident de la Generalitat y secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, “no estén encabezando esta reivindicación --la defensa del derecho civil valenciano-- ante las élites de sus partidos”. “Es imperdonable”, ha insistido.

Finalmente, ha defendido que el reconocimiento del derecho civil valenciano, que “las Corts vienen reclamando desde hace cuatro años”, supondría “recuperar la capacidad legislativa civil que los valencianos tuvieron durante ocho años”. “Es imprescindible para que los valencianos tengan derechos en ámbitos como el régimen económico matrimonial, en el ámbito sucesorio o para favorecer la transmisión de las empresas familiares o las explotaciones agrarias a aquellos herederos que consideran más formados”, ha enumerado.

“Es nuestra obligación”

La síndica adjunta del Grupo Popular en Les Corts, Laura Chulià, ha reivindicado la necesidad de defender de forma unitaria el derecho civil valenciano. “Es nuestra obligación recuperar y mantener nuestras señas de identidad”, ha defendido, y ha destacado que “el derecho civil valenciano es una iniciativa justa, en clave valenciana”.

“Desde el PPCV siempre hemos defendido nuestras señas de identidad y hoy también estamos aquí apoyando las reivindicaciones de los valencianos. Decimos sí a nuestro autogobierno, al derecho civil valenciano y, en definitiva, a la Comunitat Valenciana”, ha apuntado, al tiempo que ha subrayado que “es una cuestión de derecho, de historia y de justicia”.

Por su parte, el exconseller de Hacienda Vicent Soler (PSPV) se ha opuesto a aquellos que entienden la Constitución como “un texto de máximos o incluso una camisa de fuerza” y ha defendido la reforma de la misma para incluir el derecho civil valenciano como “una cuestión de sentido común”. “Es voluntad de todos los valencianos, excepto de Vox que está en contra del autogobierno, por lo tanto, no es extraño”, ha aclarado.

Preguntado por la posibilidad de que los diputados socialistas en el Congreso puedan votar en contra de la enmienda presentada por Juristes Valencians al tiempo que el PSPV defienda la misma, Soler ha puntualizado que “una cosa son las Corts Valencianes y otra el Congreso de los Diputados”. “Los únicos libres para votar lo que les dé la gana son aquellos que no han pactado nada (...), lo que queremos es que ese pacto se abra”, ha manifestado.

“No hay excusa que valga”

El síndic de Compromís en las Corts, Joan Baldoví, ha afirmado que “todavía se está a tiempo” y “no hay excusa que valga”, pues “sería lamentable que voten en Madrid lo contrario de lo que han dicho aquí en tantísimas ocasiones”. “Hace una semana que pedimos a PSOE y PP la celebración de una cumbre conjunta para que se comprometan de facto a votar a favor de la entrada en vigor de una normativa que es de justicia para el pueblo valenciano. Desgraciadamente, de momento no hemos recibido una respuesta positiva, pero desde Compromís no nos resignamos”, ha declarado.

A su vez, la diputada de Compromís-Sumar en el Congreso Àgueda Micó ha aseverado que la coalición será “la voz de Juristes Valencians y del conjunto de la sociedad valenciana”. “La semana que viene presentaremos una enmienda en el Congreso para que, realmente, la voz del pueblo valenciano se escuche alto y claro”, ha avanzado.

“El PP y el PSOE tienen la oportunidad de votar a favor del derecho civil valenciano, junto a nosotros. Si no lo hacen, estarán traicionando a sus votantes, al autogobierno y a la gente que quiere que los valencianos y las valencianas seamos ciudadanos de primera”, ha finalizado.

El diputado de Més per Mallorca dentro del grupo Sumar, Vicenç Vidal, ha avanzado que, aprovechando la reforma del artículo 49 de la Constitución pactada por PSOE y PP, presentará una enmienda para incluir en la Carta Magna un senador propio para la isla de Formentera.

De esta forma, su intención es modificar el artículo 69.3 del texto constitucional que alude a la representación de las provincias insulares en la Cámara Alta y que, en el caso de Balears, fija un senador para la agrupación Eivissa-Formentera. Es decir, que ambas islas comparten su representante.

La modificación que plantea Vidal consiste en suprimir ese guion y sustituirlo por la conjunción 'y', para así convertir a la isla de Formentera en una circunscripción propia con un senador específico.

En las pasadas elecciones generales del 23J PSOE y Sumar fueron en coalición al Senado por la circunscripción de Eivissa y Formentera siendo elegido Juanjo Ferrer, que se integró en el grupo parlamentario Izquierda Confederal.

Vidal, como persona que sufre una discapacidad visual, ha valorado positivamente el acuerdo para suprimir el término disminuido del artículo 49 de la Carta Magna, pero ha llamado a “aprovechar este ventana de oportunidad” que abre el trámite de reforma, ya admitida a trámite, para incluir esta demanda histórica de la ciudadanía balear, y en concreto de la isla de Formentera.

Formentera, la única isla sin senador directo

“Hay que hacer posible que Formentera pueda tener el senador que le corresponde y que ahora no tiene”, ha enfatizado el diputado al apuntar que la semana que viene presentará su enmienda en el Congreso. Y es que está convencido de que es el “momento idóneo” después de que PSOE y PP se hayan puesto por fin de acuerdo en la modificación parcial de la Constitución.

El diputado ha reivindicado que la reclamación para que Formentera tenga un senador propio genera “consenso total” en el Consell y en el Parlament balear, por lo que confían que PP y PSOE no permitan que siga más tiempo la “discriminación histórica que sufren formenterenses, dado que son la única isla sin representación directa en el Senado. ”Si el Hierro o La Gomera tienen voz propia en la Cámara alta es de justicia que Formentera también la tenga“, ha zanjado Vidal.

Compromís quiere recuperar el derecho civil valenciano

No es el único cambio al texto constitucional que se plantea en las filas de Sumar, dado que esta semana Compromís ya avanzó que impulsará una enmienda para recuperar el Derecho Civil Valenciano. Sin embargo, la portavoz adjunta del grupo plurinacional y diputada de la formación valenciana, Águeda Micó, acusó a PP y al PSOE de impedir que prospere su iniciativa.

Micó explicó que existe un acuerdo de las Cortes Valencianas del año 2020, apoyado por PP y PSOE, en el que se pedía aprovechar la reforma constitucional para restituir el Derecho Valenciano, anulado en 2007 por una sentencia del Tribunal Constitucional.

En su reunión del pasado 22 de diciembre, Sánchez y Feijóo quedaron en que la reforma cuyas formaciones pactaron hace meses se aprobará tal cual sin aceptar ninguna enmienda ajenas ni modificaciones que no cuenten con el apoyo de los dos grandes partidos.

La Mesa del Congreso admitió a trámite el pasado martes la reforma del artículo 49 de la Constitución, pactada por PP y PSOE, y con ello se inicia el proceso para aprobarla por la vía rápida este mismo mes.

Sin referéndum

En la reunión de finales de diciembre entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, éste último manifestó el compromiso del PSOE de que la reforma de la Carta Magna se haría sin que sus socios de Sumar apoyaran la realización de un referéndum constitucional para ratificarla, pues se podría organizar con la firma de 35 diputados y la posición de los de Yolanda Díaz sería determinante si alguien lo propusiera.

Fuentes de Sumar han indicado que no contemplan pedir la solicitud de ese referéndum y que, de hecho, este asunto ni siquiera se ha debatido en el seno del grupo plurinacional.

La reforma constitucional para suprimir el término disminuido fue impulsada por el Comité de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) en 2018 y, junto al apoyo de la entonces vicepresidenta del Gobierno, la socialista Carmen Calvo, llegó al Congreso con un acuerdo unánime para sustituir el artículo por un nuevo texto “más acorde a los nuevos tiempos”.

Actualmente, el artículo 49 de la Constitución está redactado de esta manera: “Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos”.

La coalición Compromís presiona a PP y PSOE para incluir en la reforma constitucional 'exprés' la recuperación del derecho civil valenciano. A través del grupo parlamentario Sumar, formación valencianista presentará una enmienda a la iniciativa pactada por los dos grandes partidos, que se han negado a incorporar la petición en la propuesta de reforma del artículo 49. La reforma acordada entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo para eliminar el término “disminuido” de la Carta Magna se llevará a cabo finalmente por el procedimiento de urgencia: con tramitación directa y en lectura única, según el texto registrado por ambos grupos parlamentarios, un trámite que no requiere de un referéndum.

Los partidos valencianos y la Associació de Juristes Valencians, impulsora del debate, vieron hace años, cuando se planteó por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) la reforma, una oportunidad para introducir por esta vía la reforma y recuperar la capacidad legislativa en materia civil. Tres sentencias del Tribunal Constitucional tumbaron esta capacidad, que sí tienen otros parlamentos de nacionalidades históricas como Galicia o Catalunya. Desde entonces, el colectivo de juristas trabaja por buscar la vía legal para restituir esta competencia autonómica, con un acuerdo en las Corts Valencianes para reclamar al Gobierno su recuperación, con todos los partidos salvo Vox a favor. La reforma estuvo cerca de prosperar el pasado año, pero el adelanto electoral frustró las expectativas.

Ahora, la coalición Compromís, que canaliza la demanda del colectivo de juristas, quiere aprovechar el pacto entre Sánchez y Feijóo para poner fin a lo que consideran una discriminación histórica. La coalición trató de negociar con el PSOE la incorporación de la demanda valenciana en el texto pactado con el PP, pero no resultó, por lo que anunciaron junto a Sumar una enmienda en el Congreso, que obligará a los dos grandes partidos a posicionarse sobre un tema que sí han respaldado en las Corts Valencianes. Salvo giro de guion, la enmienda no prosperará. Por el momento, populares y socialistas se han mostrado partidarios de limitarse a lo estrictamente acordado: la sustitución del término “disminuidos” por “personas con discapacidad”. Los populares temen que la reforma se convierta en un cajón de sastre y que otros partidos quieran incluir otras demandas, un temor compartido con los socialistas.

A falta de una semana para la toma en consideración de la propuesta, la coportavoz de Sumar en el Congreso y dirigente de Compromís, Àgueda Micó, recordaba que en la Comunitat Valenciana “todo el mundo está a favor de esta incorporación” y que cuenta con el respaldo del Cermi. “El PP y PSOE han dado su apoyo en las Corts Valencianes y ahora no dan apoyo a esta reforma. No entendemos cómo pueden justificar no dar apoyo a solucionar un problema histórico de las valencianas y los valencianos”, planteaba Micó este martes en el Congreso. La parlamentaria reiteró que presentarán la enmienda la próxima semana, una vez se abra el periodo tras el debate y “exigirán que PP y PSOE lo aprueben y esta discriminación deje de existir”.

Preguntada por si este rechazo por parte del PP y PSOE va a condicionar el voto de Compromís para al reforma del artículo 49, Micó ha matizado que “una cosa no tiene nada que ver con la otra”, ya que desde la formación valenciana están de acuerdo y por tanto su voto va a mantenerse favorable “acepten o no la enmienda”.

Para qué sirve el derecho civil

Como recuerda la coalición, su recuperación serviría para agilizar la administración en cuestiones de familia y herencia y para que el territorio valenciano vuelva a la legislación propia en esta materia. El Derecho Civil valenciano incluye en cuanto a derecho de familia la separación de bienes por defecto como régimen económico matrimonial, la ley de custodia compartida, la ley de parejas de hecho y la ley de contratos agrarios, que regula las transacciones de productos del campo y el arrendamiento de tierras. Respecto a las sucesiones, si se aprobara la propuesta, se recuperaría la la Ley Valenciana de Sucesiones del año 2009, que da mayor margen a las herencias, libertad para no otorgar la “legítima” de la herencia y la posibilidad de desheredar en casos de maltrato psicológico, permite redactar un testamento “por apoderado”.

PSOE y PP han presentado este viernes en el Congreso la proposición para la reforma constitucional que destierra del texto la palabra “disminuidos” y la sustituye por “personas con discapacidad”. La modificación el artículo 49 se llevará a cabo finalmente por el procedimiento de urgencia: con tramitación directa y en lectura única, según el texto registrado por ambos grupos parlamentarios

Prácticamente lo único que no se conocía hasta el momento del acuerdo era el literal del nuevo artículo. El redactado consta finalmente de dos partes. La primera establece que se “regulará por ley la protección especial que sea necesaria” para que “las personas con discapacidad” puedan ejercer sus derechos “en libertad e igualdad reales y efectivas”.

La segunda obliga a los poderes públicos a impulsar políticas que garanticen la “autonomía personal y la inclusión social” del colectivo “en entornos universalmente accesibles”, con especial atención de las “necesidades específicas de las mujeres y los menores con discapacidad”.

En la exposición de motivos se reseña que “resulta patente que la redacción original de artículo 49 de la Constitución de 1978 precisa de una actualización en cuanto a su lenguaje y contenido, y para reflejar los valores que inspiran la protección de este colectivo”. Es necesario, continúa el texto, “proceder a la reforma de manera que este precepto vuelva a ser referencia para la protección y promoción de los derechos de las personas con discapacidad en España”.

El ministro de Justicia, Félix Bolaños, y la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, han sido los interlocutores de la negociación e intensificaron los contactos desde el pasado martes, según fuentes conocedoras del proceso. Este viernes, a unas horas de la firma, el Ministerio de Derechos Sociales (Sumar), que tiene las competencias en políticas relacionadas con la discapacidad, pedía que la proposición de ley se abra a todos los grupos políticos que quieran apoyarla para obtener un consenso más amplio. De hecho, la primera decisión del nuevo equipo, con Pablo Bustinduy al frente, fue impulsar una declaración institucional que urgiera la reforma en el Consejo de Ministros del pasado 28 de noviembre.

Tras el registro, Bustinduy se ha felicitado por la “victoria histórica de las personas con discapacidad, de sus familias y de la sociedad civil” y ha confirmado que apoyará “la reforma incondicionalmente”, pero ha afeado que la propuesta haya sido únicamente acordada por PP y PSOE. “Debería haber sido presentada por todos los grupos políticos”, ha escrito en su cuenta de X (antes Twitter), donde también ha asegurado que la reforma “no es patrimonio ni mérito de ningún partido”. La modificación del artículo 49 es una reivindicación antigua de las asociaciones, que consideraban el texto “obsoleto” e “injusto” y pedían sustituir el término por “personas con discapacidad”, como ha sucedido.

El resto de condiciones del pacto fueron avanzadas por ambos partidos hace justo una semana tras la reunión mantenida por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, en el Congreso de los Diputados. El encuentro no permitió el acercamiento de posturas en ningún asunto, aunque sí sacar adelante la reforma constitucional. Feijóo entonces concretó que Sánchez había aceptado que “en ningún caso se celebre un referéndum” sobre la reforma y aseguró que el acuerdo incluye que cualquier enmienda durante el trámite parlamentario “solo se aceptaría si el PP y el PSOE estamos de acuerdo”.

El grupo parlamentario Sumar, a instancias de Compromís, negocia con el PSOE introducir la recuperación del derecho civil valenciano en la reforma constitucional exprés. La coalición quiere presentar una enmienda para que, en el mismo proceso por el que se sustituirá el término “disminuido” de la Carta Magna, pactado entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, se tramite también la propuesta valenciana. La reforma del artículo 49 se ha pactado por la vía rápida en enero y no requiere de un referéndum.

Tanto Compromís como Sumar instan al PP y al PSOE a que cumplan lo que reivindicaban sus partidos en les Corts Valencianes y que prometieron en la campaña electoral del pasado julio. “Se han acabado las bobadas, hemos tomado la iniciativa y llevaremos a votación un acuerdo social y político que está incluido en el Estatut d’Autonomia Valencià”, ha anunciado este miércoles la coportavoz de Sumar en el Congreso y dirigente de Compromís, Àgueda Micó. “¿Qué harán los diputados del Partido Popular y del Partido Socialista? Solo en sus manos está cumplir con la recuperación del Derecho Civil Valenciano a través de su inclusión en la Constitución”, ha insistido Micó.

Los valencianistas llevan al Congreso una cuestión encallada desde que el Tribunal Constitucional tumbara las leyes valencianas en 2016. Todos los partidos salvo Vox se han ido comprometiendo a tramitar las reformas necesarias para recuperar el derecho foral, que tienen otras comunidades que son nacionalidades históricas, y se manifestó en las Corts Valencianes.

Como recuerda la coalición, su recuperación serviría para agilizar la administración en cuestiones de familia y herencia y para que el territorio valenciano vuelva a la legislación propia en esta materia. El Derecho Civil Valenciano incluye en cuanto a derecho de familia la separación de bienes por defecto como régimen económico matrimonial, la ley de custodia compartida, la ley de parejas de hecho y la ley de contratos agrarios, que regula las transacciones de productos del campo y el arrendamiento de tierras. Respecto a las sucesiones, si se aprobara la propuesta, se recuperaría la la Ley Valenciana de Sucesiones del año 2009, que da mayor margen a las herencias, libertad para no otorgar la “legítima” de la herencia y la posibilidad de desheredar en casos de maltrato psicológico, permite redactar un testamento “por apoderado”.

Compromís-Sumar también ha recordado que esta reforma no supone ninguna modificación presupuestaria y que el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) apoyó que la reforma del derecho civil valenciano se tramitase de forma conjunta con la reforma del artículo 49 de la Constitución, por lo que consideran que “los diputados del PP y del PSOE, no tienen ninguna excusa ni económica, ni política que impida la tramitación”. Así lo recalca también la Asociación de Juristas Valencianos, un colectivo de expertos en materia legal que ha impulsado esta modificación legislativa.

La asociación que preside José Ramón Chirivella insta a los partidos con representación a que “cumplan sus promesas con los valencianos” y actualicen conjuntamente la Constitución para incorporar también el derecho civil valenciano. Según reivindica, se trata de una reivindicación que cuenta con gran apoyo social, municipal y político, que consta en el Estatut d'Autonomia y que reiteradamente, con motivo de la pasada campaña electoral del 23J, han apoyado líderes del PP y del PSOE como la ministra de Ciencia, Diana Morant; el 'expresident' de la Generalitat y líder del PSPV, Ximo Puig; el jefe del Consell, Carlos Mazón; la alcaldesa de València, Mª José Catalá, o el eurodiputado 'popular' Esteban González Pons.

“Es el momento de actualizar la Constitución en las materias sobre las que existen grandes consensos sociales, como estas cuestiones que afectan a cinco millones de personas con discapacidades diversas y a cinco millones de valencianos, hartos de tantas discriminaciones, incluso en cuestiones sin coste económico como la recuperación del Derecho Civil Valenciano, que además está prevista en el Estatuto”, defendió Chirivella al conocerse la propuesta de reforma el pasado lunes.