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PSOE y PP registran la reforma para eliminar de la Constitución la palabra “disminuidos” por la vía de urgencia

El ministro de Justicia, Félix Bolaños, y la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, en junio de 2023. / Europa Press

Sofía Pérez Mendoza

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PSOE y PP han presentado este viernes en el Congreso la proposición para la reforma constitucional que destierra del texto la palabra “disminuidos” y la sustituye por “personas con discapacidad”. La modificación el artículo 49 se llevará a cabo finalmente por el procedimiento de urgencia: con tramitación directa y en lectura única, según el texto registrado por ambos grupos parlamentarios

Prácticamente lo único que no se conocía hasta el momento del acuerdo era el literal del nuevo artículo. El redactado consta finalmente de dos partes. La primera establece que se “regulará por ley la protección especial que sea necesaria” para que “las personas con discapacidad” puedan ejercer sus derechos “en libertad e igualdad reales y efectivas”.

La segunda obliga a los poderes públicos a impulsar políticas que garanticen la “autonomía personal y la inclusión social” del colectivo “en entornos universalmente accesibles”, con especial atención de las “necesidades específicas de las mujeres y los menores con discapacidad”.

En la exposición de motivos se reseña que “resulta patente que la redacción original de artículo 49 de la Constitución de 1978 precisa de una actualización en cuanto a su lenguaje y contenido, y para reflejar los valores que inspiran la protección de este colectivo”. Es necesario, continúa el texto, “proceder a la reforma de manera que este precepto vuelva a ser referencia para la protección y promoción de los derechos de las personas con discapacidad en España”.

El ministro de Justicia, Félix Bolaños, y la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, han sido los interlocutores de la negociación e intensificaron los contactos desde el pasado martes, según fuentes conocedoras del proceso. Este viernes, a unas horas de la firma, el Ministerio de Derechos Sociales (Sumar), que tiene las competencias en políticas relacionadas con la discapacidad, pedía que la proposición de ley se abra a todos los grupos políticos que quieran apoyarla para obtener un consenso más amplio. De hecho, la primera decisión del nuevo equipo, con Pablo Bustinduy al frente, fue impulsar una declaración institucional que urgiera la reforma en el Consejo de Ministros del pasado 28 de noviembre.

Tras el registro, Bustinduy se ha felicitado por la “victoria histórica de las personas con discapacidad, de sus familias y de la sociedad civil” y ha confirmado que apoyará “la reforma incondicionalmente”, pero ha afeado que la propuesta haya sido únicamente acordada por PP y PSOE. “Debería haber sido presentada por todos los grupos políticos”, ha escrito en su cuenta de X (antes Twitter), donde también ha asegurado que la reforma “no es patrimonio ni mérito de ningún partido”. La modificación del artículo 49 es una reivindicación antigua de las asociaciones, que consideraban el texto “obsoleto” e “injusto” y pedían sustituir el término por “personas con discapacidad”, como ha sucedido.

El resto de condiciones del pacto fueron avanzadas por ambos partidos hace justo una semana tras la reunión mantenida por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, en el Congreso de los Diputados. El encuentro no permitió el acercamiento de posturas en ningún asunto, aunque sí sacar adelante la reforma constitucional. Feijóo entonces concretó que Sánchez había aceptado que “en ningún caso se celebre un referéndum” sobre la reforma y aseguró que el acuerdo incluye que cualquier enmienda durante el trámite parlamentario “solo se aceptaría si el PP y el PSOE estamos de acuerdo”.

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