“El primer hijo es el golpe de realidad. Muchas mujeres se embarcan en la maternidad pensando que luego llegará otro hijo, pero cuando ven lo que cuesta salir adelante y las renuncias que implica, ¿quién puede asumir eso?”. Habla Laura Baena, que en 2014 creó la asociación Malasmadres tras tener a su primera hija y darse de bruces con un mercado laboral tremendamente hostil para las madres. Doce años después, su diagnóstico coincide con los datos de la Encuesta de Fecundidad publicada estos días: el 34,8% de las mujeres con hijos ha tenido menos de los que desearía y es así, muestra el Instituto Nacional de Estadística (INE), principalmente por las dificultades para conciliar y por razones económicas. Entre los hombres, esa cifra es algo inferior, del 30,5%.

Dice el INE que en 2025 el 69% de las mujeres de 18 a 55 años deseaba tener al menos dos hijos. Sin embargo, el índice de fecundidad en España es de 1,1 hijos por mujer, una de las tasas más bajas del mundo. Esa diferencia entre los hijos que se desean y los que efectivamente se tienen es la brecha de fecundidad.

Las encuestas nos están diciendo que hay algo en la sociedad española que no funciona, que la reproducción es difícilmente viable y que se hace cada vez más complicado tener hijos", diagnostica la socióloga Constanza Tobío

“Lo que muestra la Encuesta de Fecundidad es coherente con todos los datos que tenemos de otros registros, que muestran que estamos en una grave crisis de reproducción, no solo en España pero especialmente en España. Sigue una tendencia, es algo que llevamos viendo los últimos 25 o 30 años en nuestro país: hay un deseo de fecundidad no satisfecho, mujeres y hombres querrían tener más hijos de los que tienen. Las encuestas nos están diciendo que hay algo en la sociedad española que no funciona, que la reproducción es difícilmente viable y que se hace cada vez más complicado tener hijos”, diagnostica la socióloga Constanza Tobío.

Eso que no funciona, según la propia encuesta, tiene que ver, fundamentalmente, con razones laborales y de conciliación, y con motivos económicos. Las razones varían en función de la franja de edad. Entre las mujeres de 25 a 29 años, todavía con mucho margen reproductivo, la falta de pareja adecuada gana peso. Entre los 30 y los 40, las dificultades laborales y de conciliación se convierten, con diferencia, en el primer obstáculo, seguido de las razones económicas. A partir de los 40, cuando la fertilidad comienza a disminuir sustancialmente, la conciliación sigue siendo el principal motivo, pero las razones de salud irrumpen como segunda razón y dejan a la economía como tercera.

Los problemas, señala Constanza Tobío, están claros. Por un lado, las familias “no tienen un nivel económico que permita tener hijos”; por otro, falta tiempo: “Tener hijos entra en contradicción con las obligaciones laborales que, además, son imprescindibles para mantenerse, es una situación diabólica”. La socióloga subraya la amplia desigualdad “que las políticas públicas no consiguen paliar”, la precariedad laboral y económica —“uno de cada tres niños vive bajo el umbral de la pobreza”— y la falta de provisión de cuidados. “Hemos mejorado respecto a cómo estábamos, ha habido mejoras salariales y en derechos, como la ampliación de permisos por nacimiento, pero esas mejoras siguen siendo insuficientes”, apunta.

“¿Cómo voy a tener otro?”

“Hay un coste económico, laboral y emocional muy grande cuando llega la maternidad”, condensa Laura Baena. A su club de Malasmadres y a su asociación por la conciliación Yo No Renuncio llegan muchas madres cuyas vidas podrían ilustrar la Encuesta de Fecundidad. “Una mujer me decía hace poco: yo siempre he querido tener más de uno pero me he tenido que reducir la jornada y no llego a final de mes, ¿cómo voy a tener otro?”, cuenta. Según Save The Children, criar a un hijo cuesta, de media, 758 euros al mes, un 30% más que en 2018. En ciudades como Madrid, con servicios más caros, esa cifra sube hasta casi los 900 euros.

"Una mujer me decía hace poco: yo siempre he querido tener más de uno pero me he tenido que reducir la jornada y no llego a final de mes, ¿cómo voy a tener otro?", cuenta Laura Baena

“Muchas mujeres creyeron que, aunque fuera difícil, su carrera laboral no tenía por qué frenarse con el primer hijo. Luego vienen las dificultades concretas y muchas tienen miedo a quedarse atrapadas en las trampas de la conciliación, se ven empujadas a reducir jornadas con reducción de sueldo, a decir que no a ascensos, a coger excedencias... La maternidad penaliza claramente la carrera profesional. Nunca parece un buen momento para ser madre porque se entiende que tu carrera va a cambiar a peor”, explica Baena, que relata cómo a su asociación siguen llegando mujeres a las que despiden, quitan responsabilidades o cambian de puesto tras su permiso de nacimiento.

Las consecuencias de tener un hijo siguen siendo diferentes para mujeres y hombres. La especialista principal en igualdad laboral de la Organización Internacional del Trabajo Emanuela Pozzan asegura que la penalización por maternidad sigue siendo un factor determinante en la brecha salarial y en la discriminación de género en el mercado laboral. “Las investigaciones de la OIT muestran que las madres suelen ganar menos que los hombres y menos que las mujeres sin hijos, y que esta penalización puede persistir a lo largo de la vida laboral de una mujer. Al mismo tiempo, la paternidad se ha asociado a menudo con una prima salarial o laboral por ser padre. En otras palabras, la paternidad y la maternidad han tenido históricamente consecuencias asimétricas en el mercado laboral para mujeres y hombres”, afirma.

Los mecanismos por los que funciona esta discriminación no son nuevos: “Interrupciones en la carrera profesional, reducción de la jornada laboral, mayor responsabilidad en el cuidado no remunerado, elecciones profesionales que ofrecen más flexibilidad pero una remuneración menor, y suposiciones potencialmente discriminatorias sobre la disponibilidad o el compromiso de las madres”, resume Pozzan.

"Las investigaciones muestran que las madres suelen ganar menos que los hombres y menos que las mujeres sin hijos, y que esta penalización puede persistir a lo largo de la vida laboral de una mujer. Al mismo tiempo, la paternidad se ha asociado a menudo con una prima salarial o laboral. En otras palabras, la paternidad y la maternidad han tenido históricamente consecuencias asimétricas en el mercado laboral para mujeres y hombres", afirma Emanuela Pozzan

Más flexibilidad, más permisos

La Encuesta de Fecundidad aportaba otro dato significativo: hay un 15% de mujeres que no quieren ser madres, una cifra que ha crecido respecto al anterior registro. Baena pide distinguir “la libre elección de la renuncia”, es decir, las que realmente no desean tenerlos de a quienes sí les gustaría pero renuncian a ello por el contexto. “Las mujeres de mi generación lo hemos querido todo, carrera, familia... y muchas mujeres jóvenes tienen en el espejo a madres que están al borde del colapso por intentar llegar a todo, así es normal que muchas digan que no quieren”, explica. “En este contexto tan poco favorecedor de la reproducción es normal que haya mujeres que simplemente decidan que no quieren”, subraya también Tobío.

La socióloga defiende una cultura laboral verdaderamente flexible, en beneficio de trabajadores y trabajadoras: “Hoy en día la flexibilidad se ha vuelto en contra de los trabajadores, porque se ha interpretado más como algo a favor de la empresa, que dispone más de ti. Para eso es fundamental la negociación colectiva”. Baena también cree que hay que abordar a las empresas que, en muchas ocasiones, “se ponen de perfil. ”Seis de cada diez no pone ninguna medida de conciliación en los periodos no lectivos y hay gente que se inventa excusas cuando sus hijos se ponen enfermos“, agrega la fundadora de Malasmadres, que reivindica la adaptación de la jornada por ley y reducciones de jornada sin pérdidas salariales y hasta que los menores tengan 16 años.

Tobío señala que, mientras que las jornadas laborales se mantienen o aumentan, las jornadas escolares se han recortado y muchos institutos no tienen, por ejemplo, servicio de comedor. La experta pone sobre la mesa la necesidad de ampliar más los permisos y tener, por ejemplo, bolsas de horas para atender cuidados.

L'atur registrat a les oficines dels serveis públics d'ocupació va pujar en 841 persones al setembre a Balears en relació al mes anterior (+3,27%) i ho va fer igualment en 493 persones en relació al novè mes de l'any passat (+1,89%) i se situa en els 26.547 aturats, segons dades publicades aquest divendres pel Ministeri de Treball i Economia Social.

Al setembre, els sectors amb més aturats són Serveis (18.521 amb 474 més que a l'agost), Construcció (3.463 amb 54 més), mentre que els sectors amb menys desocupats són Agricultura (299 i 16 menys) i Indústria (1.194 i 7 aturats més).

Quant a sexes, dels 26.547 desocupats registrats al setembre, 14.755 són dones i 11.792, homes. L'atur entre els joves menors de 25 anys es va situar en 3.562 persones dels quals 1.938 són homes i 1.624 són dones.

En el novè mes de l'any, l'atur entre els estrangers a Balears es va situar en 6.568 persones després de pujar un 14,48% respecte a l'agost i un 29,52% en comparació amb l'any anterior.

Al setembre es van registrar 36.120 contractes a Balears, un 10,79% més que l'any anterior. De tots ells, 23.340 van ser contractes indefinits i 12.780, contractes temporals.

D'altra banda, Balears ha registrat al setembre 682.486 afiliats a la Seguretat Social, 29.079 més respecte al mateix mes del 2025 i un 4,45% més.

Respecte al mes anterior, l'arxipèlag perd 11.326 afiliats, un -1,63%, segons les dades fetes públiques aquest divendres pel Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions.

A Balears el règim general de la Seguretat Social compta amb 568.541 cotitzants, dels quals 9.685 estan registrats com a treballadors de la llar i 2.911 com a treballadors agraris.

A més, hi ha 110.291 persones inscrites en el règim d'autònoms i 3.654 en el de treballadors del mar.

En el novè mes de l'any, hi havia a Balears 104 treballadors afectats per Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO), dels quals 58 són dones i 46 són homes.

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 841 personas en septiembre en Balears en relación al mes anterior (+3,27%) y lo hizo igualmente en 493 personas en relación al noveno mes del año pasado (+1,89%) y se sitúa en los 26.547 parados, según datos publicados este viernes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

En septiembre, los sectores con más parados son Servicios (18.521 con 474 más que en agosto), Construcción (3.463 con 54 más), mientras que los sectores con menos desempleados son Agricultura (299 y 16 menos) e Industria (1.194 y 7 parados más).

En cuanto a sexos, de los 26.547 desempleados registrados en septiembre, 14.755 son mujeres y 11.792, hombres. El paro entre los jóvenes menores de 25 años se situó en 3.562 personas de los cuales 1.938 son hombres y 1.624 son mujeres.

En el noveno mes del año, el paro entre los extranjeros en Balears se situó en 6.568 personas tras subir un 14,48% respecto a agosto y un 29,52% en comparación con el año anterior.

En septiembre se registraron 36.120 contratos en Baleares, un 10,79% más que el año anterior. De todos ellos, 23.340 fueron contratos indefinidos y 12.780, contratos temporales.

Por otro lado, Balears ha registrado en septiembre 682.486 afiliados a la Seguridad Social, 29.079 más respecto al mismo mes de 2025 y un 4,45% más.

Respecto al mes anterior, el archipiélago pierde 11.326 afiliados, un -1,63%, según los datos hechos públicos este viernes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En Balears el régimen general de la Seguridad Social cuenta con 568.541 cotizantes, de los cuales 9.685 están registrados como trabajadores del hogar y 2.911 como trabajadores agrarios.

Además, hay 110.291 personas inscritas en el régimen de autónomos y 3.654 en el de trabajadores del mar.

En el noveno mes del año, había en Baleares 104 trabajadores afectados por Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), de los cuales 58 son mujeres y 46 son hombres.

La regularización extraordinaria de personas migrantes sigue impulsando las cifras de empleo en España, que este septiembre registra un aumento récord de trabajadores afiliados en este mes en la serie histórica. Fueron algo más de 92.300 trabajadores de media respecto a agosto, de los que más de 84.000 son personas extranjeras. Con este empuje, el número de trabajadores extranjeros bate también otro máximo histórico, de más de 3,6 millones de personas afiliadas a la Seguridad Social, un 16% del total. Por su parte el paro aumentó en casi 23.600 personas, un dato más elevado que en los últimos años y que también se explica por la regularización.

El mercado laboral se situó así en una media de 22,4 millones de personas trabajadoras afiliadas a la Seguridad Social, aunque en la serie diaria se ha batido en múltiples jornadas el techo de los 22,5 millones de trabajadores alcanzado en julio, ha destacado la ministra de la Seguridad Social, Elma Saiz.

En términos desestacionalizados, indicador que aísla el mercado laboral de vaivenes estacionales que alteran la evolución del empleo, la afiliación aceleró el pasado mes hasta sumar casi 109.000 trabajadores, frente a los 84.000 del mes anterior.

740.000 empleos de alta más en el último año

El “enorme” aumento de trabajadores afiliados de septiembre, destaca la vicepresidenta Yolanda Díaz, ha dejado también un importante auge en el ritmo de creación de empleo interanual, que se eleva hasta el 3,4%, un punto más que antes de la regularización.

En número de personas, supone que en el último año se han creado 740.000 empleos de alta en la Seguridad Social, un registro que no se alcanzaba “desde 2005”, subraya la ministra de Trabajo. Antes de este proceso extraordinario, el dato era de unos 524.000 afiliados más. “Generar derechos mejora la economía y es bueno también para las empresas”, ha celebrado Díaz.

En cuanto al paro registrado, las personas desempleadas apuntadas a las oficinas públicas de empleo aumentaron en casi 23.600 en septiembre respecto al mes anterior. Se trata de un dato más elevado que en los últimos años, aunque moderado, no muy superior a los registros de 2022 y 2023, por ejemplo, y que se explica también por la regularización. De hecho, el paro extranjero aumentó en 26.000 personas el pasado mes.

En los últimos meses, el Ministerio de Trabajo ha normalizado el aumento del paro fruto de la regularización como una “transición” normal al mercado laboral formal y con derechos. Además, apuntarse al SEPE es una acción recomendada a los migrantes por parte de los sindicatos y las empresas para favorecer la búsqueda de empleo y para que los empleadores puedan beneficiarse de ayudas a la contratación tras pasar por el SEPE.

En total, el paro registrado se sitúa en 2.379.505 personas, en mínimos desde hace 18 años, en 2008, a los inicios de la crisis financiera. De ellas, el 60% son mujeres: 1,4 millones frente a 951.100 hombres en paro.

En el último año, el paro ha descendido en 42.160 personas (-1,7%), con un mayor descenso entre las mujeres (-2,8%) que entre los hombres (-0,2%), cifra Trabajo.

421.000 afiliados extranjeros más y 56.500, en paro

El Gobierno ha actualizado las cifras globales del impacto de la regularización en el mercado laboral hasta el momento, con un auge de trabajadores de alta a la Seguridad Social muy superior al ascenso del paro. A fecha de 30 de septiembre, el número de afiliados extranjeros regularizados en alta por el proceso extraordinario ascendía a 421.306 personas, informa el Ministerio de la Seguridad Social. Se trata de unas 83.400 más que en agosto.

De ellas, el 60% son hombres y el 40%, mujeres, y la gran mayoría han sido empleadas por terceros como asalariadas en el Régimen General (el 77%), mientras que unos 22.600 trabajadores se han dado de alta como autónomos –sin tener en cuenta el sistema especial de trabajadores agrarios– (un 5,4%). En los últimos meses, también hay un incremento de las trabajadoras dadas de alta en el sistema especial de empleo del hogar, que sumó 7.000 personas afiliadas en septiembre.

Por países de origen, el que cuenta con más afiliados en alta provenientes del proceso de regularización es Colombia (118.485), seguido de Venezuela (71.999). “Estos dos países concentran casi la mitad del total a 31 de septiembre”, destaca el departamento de Saiz.

Por otro lado, a finales de septiembre constaban alrededor de 56.500 personas en paro inscritas tras acogerse a la regularización extraordinaria, ha informado el Ministerio de Trabajo, de las que “el 52% llevaban menos de un mes inscritas en el SEPE”.

Tirón de la educación en septiembre y de la construcción en el año

Como ocurre cada septiembre, se recupera mucho empleo en el sector educativo, que recuperan personal tras las vacaciones de verano, mientras se pierden afiliados en actividades como la hostelería y el comercio con el fin de la temporada turística.

Este año, la educación sumó 63.500 afiliados en septiembre, mientras que los sectores de comercio (-40.000) y sobre todo hostelería (-22.000) encabezan las pérdidas de afiliados, aunque se resintieron algo menos que otros años. Ambas actividades, sobre todo la hostelería, son sectores que están empleando a gran parte de los trabajadores extranjeros que marca récords en estos momentos.

Si se amplía la mirada al último año, la regularización ha impulsado mucho el sector de la construcción y lo ha convertido en el que más empleo de alta ha creado en el último año: ha sumado 97.100 afiliados en los últimos doce meses, un aumento del 7%. Muchos de estos trabajadores extranjeros ya estaban empleados en esta actividad, como reconoció la propia patronal, pero en la economía sumergida y mucho más expuestos a la explotación y la falta de derechos.

Por comunidades autónomas, la Seguridad Social destaca el crecimiento generalizado del empleo en todas ellas, por encima del 2% (excepto en Extremadura, que el incremento es algo menor).

L'atur registrat a les oficines dels serveis públics d'ocupació va pujar en 824 persones a l'agost a les Balears en relació amb el mes anterior (+3,3%) i va baixar en 262 persones respecte del vuitè mes de l'any passat (-1%), fins als 25.706 aturats, segons les dades publicades aquest dimecres pel Ministeri de Treball i Economia Social.

A l'agost, els sectors amb més aturats són Serveis, amb 18.047 persones, 543 més que al juliol, i Construcció, amb 3.409, 194 més. Per contra, els sectors amb menys aturats són Agricultura, amb 283 persones, dos menys que el mes anterior, i Indústria, amb 1.187, 35 més.

Quant als sexes, dels 25.706 aturats registrats a l'agost, 14.588 són dones i 11.118, homes. L'atur entre els joves menors de 25 anys es va situar en 2.604 persones, de les quals 1.402 són dones i 1.202, homes.

En el vuitè mes de l'any, l'atur entre els estrangers a les Balears es va situar en 5.737 persones, després de pujar un 5% respecte del juliol i un 19,4% en comparació amb l'any anterior.

A l'agost es van registrar 31.339 contractes a les Balears, un 19,6% més que l'any anterior. D'aquests, 19.166 van ser contractes indefinits i 11.742, contractes temporals.

D'altra banda, les Balears van registrar a l'agost 693.812 afiliats a la Seguretat Social, 226 menys que el mes anterior (-0,03%), segons les dades fetes públiques també aquest dimecres pel Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions.

En termes interanuals, l'afiliació a la Comunitat Autònoma s'ha incrementat en 26.872 treballadors respecte de l'agost de 2025, un 4,03% més.

A l'arxipèlag, el règim general de la Seguretat Social compta amb 579.716 cotitzants, dels quals 9.332 estan registrats com a treballadors de la llar i 3.022 com a treballadors agraris.

A més, hi ha 110.124 persones inscrites en el règim d'autònoms i 3.971 en el de treballadors del mar.

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 824 personas en agosto en Balears en relación al mes anterior (+3,3%) y bajó en 262 personas en relación al octavo mes del año pasado (-1%) y se sitúa en los 25.706 parados, según datos publicados este miércoles por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

En agosto, los sectores con más parados son Servicios (18.047 con 543 más que en junio) y Construcción (3.409 con 194 más), mientras que los sectores con menos desempleados son Agricultura (283 y dos menos) e Industria (1.187 y 35 parados más).

En cuanto a sexos, de los 25.706 desempleados registrados en agosto, 14.588 son mujeres y 11.118, hombres. El paro entre los jóvenes menores de 25 años se situó en 2.604 personas de los cuales 1.400 son hombres y 1.402 son mujeres.

En el octavo mes del año, el paro entre los extranjeros en Baleares se situó en 5.737 personas tras subir un 5% respecto a julio y un 19,4% en comparación con el año anterior.

En agosto se registraron 31.339 contratos en Balears, un 19,6% más que el año anterior. De todos ellos, 19.166 fueron contratos indefinidos y 11.742, contratos temporales.

Por otro lado, Balears ha registrado en agosto 693.812 afiliados a la Seguridad Social, 226 menos que el mes anterior (-0,03%), según los datos hechos públicos también este miércoles por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En términos interanuales, la afiliación en la Comunidad Autónoma se ha incrementado en 26.872 trabajadores respecto a agosto de 2025, un 4,03% más.

En el archipiélago, el régimen general de la Seguridad Social cuenta con 579.716 cotizantes, de los cuales 9.332 están registrados como trabajadores del hogar y 3.022 como trabajadores agrarios.

Además, hay 110.124 personas inscritas en el régimen de autónomos y 3.971 en el de trabajadores del mar.

Trabajos por 1.300 euros brutos en ciudades con alquileres a más de 1.500 euros. Ofertas para ocupar puestos elementales en la construcción que consulta una persona parada con titulación superior de más de 55 años. Son un par de ejemplos que aterrizan el aumento de vacantes laborales sin cubrir en España, hasta las 160.000, pese a tener aún un 10% de paro. Un desajuste entre las ofertas y las demandas de empleo que se explica por múltiples razones, entre las que cada vez más se cuela la crisis de la vivienda, advierten sindicatos y patronales.

El aumento de los puestos de trabajo sin cubrir es constante en la última década de recuperación económica en España, de crecimiento del empleo y también descenso del paro. Sin embargo, en los últimos años varias patronales –como las de la construcción, transportes y hostelería– están haciendo sonar las alarmas, por una gran dificultad para encontrar trabajadores y la existencia de decenas de miles de empleos sin candidatos, aseguran.

En un país con récords de empleo, pero todavía con una tasa elevada de paro (gran parte de larga duración y de personas de edad avanzada), estas vacantes son a menudo utilizadas por algunas voces para poner en duda o criticar las “ganas” de trabajar de los desempleados. También para cuestionar el “desincentivo” al trabajo de ayudas como el ingreso mínimo vital (IMV) y el subsidio por desempleo.

Partiendo de que hablamos de personas y de empleos concretos, no de números, existen contextos y necesidades específicas que no son siempre tan fáciles de emparejar –una administrativa de 55 años en paro en Asturias y una nueva oferta en su ciudad como electricista, por ejemplo–. Así, los datos y los análisis sobre vacantes del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), que ha publicado recientemente su estudio anual al respecto, muestran varios motivos concretos que explican este fenómeno al alza.

La magnitud del problema: un 0,9% de los puestos de trabajo

Las vacantes sin cubrir alcanzaron, según los últimos datos oficiales, casi 160.000 puestos de trabajo, recoge la Encuesta Trimestral de Coste Laboral del INE. Se trata de máximos de este indicador, que, no obstante, supone una cifra muy reducida dentro del mercado laboral en España. “Un 0,9% de los puestos de trabajo”, apunta Fernando Luján, vicesecretario de Política Sindical de UGT.

Y puede ser incluso menor. Las cifras provisionales de Eurostat del segundo trimestre del año, por el momento solo de ocho países (entre ellos España), reflejan un descenso de las vacantes hasta las 143.000, lo que dejaría el porcentaje en un 0,8%.

“Estamos muy por debajo de la media de la Unión Europea, del 2,1%, y de la zona euro, del 2,3%” de puestos vacantes, subraya también Loli García, de la Secretaría de Empleo de CCOO. Algo también entendible, ya que España tiene la mayor tasa de paro (10%) de la UE, que se sitúa en el 6% de media. En los países con menos desempleo existe mayor 'tensión' en el mercado laboral, porque hay menos candidatos para cubrir nuevos puestos de trabajo.

“Estamos hablando de un problema, que nosotros creemos que lo será a futuro y al que hay que dar soluciones, pero no tiene la relevancia que desde algunos ámbitos se le está dando”, sostiene la representante de CCOO.

Y es que la patronal CEOE, y sobre todo algunas organizaciones sectoriales, aseguran que las vacantes son muchas más de las que refleja la estadística oficial. En construcción hablan de la necesidad de unas “700.000 personas”, tanto para obra pública como de vivienda. La Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) alerta que en la actualidad hacen falta 30.000 camioneros. Y la patronal Hostelería de España lanzó un portal de empleo este verano para cubrir unas 50.000 vacantes.

Aunque sin cifras, el estudio El ajuste de la oferta y la demanda de empleo 2026, recién publicado por el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE, también comparte que la magnitud de la falta de personal es mayor a esos 160.000 puestos de trabajo sin cubrir.

“Una parte de las empresas que declaran no tener vacantes señalan como motivos el elevado coste de contratación o la falta de candidatos con la cualificación adecuada, circunstancias que pueden estar reflejando necesidades de contratación no materializadas o procesos de búsqueda abandonados”. Por tanto, “las vacantes observadas representan solo una parte de las dificultades de ajuste existentes entre la oferta y la demanda de empleo”, concluye el SEPE.

En sentido contrario, hay un factor que está conteniendo las cifras de vacantes en España: los trabajadores extranjeros. “Las personas migrantes desempeñan un papel esencial para cubrir vacantes que no logran atenderse con personal nacional, contribuyendo a la continuidad de la actividad productiva y al crecimiento económico”, reconocen fuentes de la CEOE.

Lo hacían ya antes del proceso extraordinario de regularización de migrantes aprobado por el Gobierno (que han solicitado casi 1,2 millones de personas), ya que el empleo extranjero ha sido el responsable de casi la mitad del auge de la afiliación de trabajadores de los últimos años. Según la Encuesta de Población Activa (EPA), que también recoge el empleo sumergido, su aporte ha sido aún mayor.

La organización empresarial considera que “el proceso de regularización extraordinaria puede tener un impacto positivo en la corrección de estos desajustes estructurales” de vacantes, pero, para ello, “resulta esencial acompañarlo de políticas que faciliten una incorporación ágil y efectiva al empleo formal, alineada con las necesidades reales del tejido productivo”, indican en la patronal liderada por Antonio Garamendi.

“Más allá de que es un derecho, el proceso de regularización de personas migrantes es una necesidad de este país ante el envejecimiento de la población”, sostiene Loli García. En CCOO advierten de que, detrás de las posiciones en contra de la medida, se obvia a menudo que estos trabajadores ya están en España y que “hay mucha gente que está utilizando la inmigración ilegal para hacer explotación laboral”.

Dónde faltan más trabajadores: sector público, construcción, transportes y hostelería

Abordar este problema pasa por hacer un buen diagnóstico de la situación y ubicar dónde están realmente los puestos sin cubrir, así como hacer previsiones de las necesidades de mano de obra en los próximos años, reclaman los sindicatos. Los datos oficiales retratan que gran parte de los empleos vacantes se encuentran en el sector público, indica el SEPE, que centra su estudio en el privado.

“El 33% del total de las vacantes se dan en la Administración Pública”, señala Loli García, que critica que –salvo en sanidad, con necesidades específicas de falta de profesionales– los puestos sin cubrir en el sector público “tienen mucho que ver con las decisiones políticas de no reposición de las que llevamos advirtiendo años”.

Un tercio de las vacantes se dan en la Administración Pública, que tiene que ver mucho con las decisiones políticas de no reposición del personal de las que llevamos advirtiendo años

Loli García, CCOO

El SEPE identifica “la construcción, determinadas ramas industriales, el transporte, la hostelería y algunas actividades sanitarias” como aquellos sectores que “concentran las mayores dificultades de contratación”, si bien precisa que “la intensidad del fenómeno varía significativamente entre ocupaciones y provincias”.

Aunque el sector servicios lidera la gran mayoría de empleos sin cubrir, la “industria y construcción son los sectores donde el número de puestos vacantes muestra un crecimiento más intenso”, advierte el organismo del Ministerio de Trabajo.

Por ocupaciones, que el SEPE considera que es la mejor unidad para estudiar este fenómeno, el estudio señala a “conductores de camiones, camareros, cocineros, albañiles, electricistas, fontaneros, soldadores y distintos perfiles industriales especializados” como los empleos con mayores dificultades de contratación, según los datos del INE y encuestas propias sobre la percepción empresarial y análisis de expertos.

El organismo público añade que la “dimensión territorial” es uno de los hallazgos más relevantes de su último informe, ya que “una misma ocupación puede presentar situaciones de escasez de candidatos en determinadas provincias y, simultáneamente, registrar un elevado número de demandantes en otras”.

Carlos Arcas, director de The Adecco Group Institute, explica que el reparto de las vacantes depende mucho “del mapa de España”. “En las grandes zonas urbanas, como Madrid, Barcelona y Valencia, nos encontramos el problema de que están absorbiendo todo el talento y los empleos digitales”, apunta Arcas, por lo que demandan muchos perfiles tecnológicos, con conocimiento en IA, datos, ingeniería y finanzas, en mayor medida de los trabajadores cualificados en estas materias en estos territorios.

En zonas más industriales, como País Vasco, Navarra, Aragón y Catalunya, “faltan operarios cualificados y técnicos de FP”; en el interior y zonas rurales, como Castilla y León, se notan los problemas “de la despoblación y la dificultad de atraer talento”; mientras que en zonas donde impera la actividad turística, como Balears, Canarias, la costa mediterránea y gran parte de Andalucía, las propias condiciones del empleo (a veces muy estacional y de bajos salarios) y “los problemas de vivienda y movilidad laboral” dificultan cubrir los puestos disponibles, detalla el director de the Adecco Group Institute.

Las causas: laborales y también sociales, como la vivienda

Las dificultades de cobertura son el resultado de causas “estructurales” y de factores “múltiples e interrelacionados”, explica el estudio del SEPE, que varían en función de los sectores y lugares de España.

De manera general, el organismo público señala que la falta de candidatos para los puestos existentes (falta de experiencia o de competencias) es la causa más frecuente por la que las ofertas no se cubren. “Aunque en determinadas actividades también influyen las condiciones laborales, el relevo generacional, la movilidad geográfica y otros factores asociados al funcionamiento del mercado de trabajo”, añade el informe.

Las dificultades “persistentes” están muy extendidas, ya que casi la mitad de las plazas vacantes permanecen sin cubrirse al menos 90 días, lo que las convierte en puestos “de difícil cobertura”.

En concreto, el SEPE detecta en construcción “una notable escasez de mano de obra cualificada”, mientras que los salarios “aparecen como un factor especialmente relevante” en sectores como la educación, la hostelería y los cuidados. Por otro lado, también destacan “otras condiciones laborales” –como los horarios– como impedimentos para ocupar puestos en sectores como el comercio y el ocio y entretenimiento.

La mejora de las condiciones de trabajo, la orientación e inserción de las personas desempleadas por parte los servicios públicos de empleo, así como de la formación y la recualificación de los trabajadores son medidas laborales clave para reducir este “desajuste” entre la oferta y la demanda de empleo, pero cada vez influyen más en las vacantes otros factores sociales y económicos externos al mercado de trabajo.

Tanto en el lado empresarial como en el sindical coinciden en señalar el alto coste de la vivienda como un problema creciente para ocupar puestos de trabajo. Sobre todo en lugares con precios muy tensionados por el turismo, con el ejemplo extremo de Balears. “En Ibiza no va la gente con salarios por 2.000 y 3.000 euros. Esto ya existe”, sostiene Fernando Luján ante los precios desorbitados de la vivienda, que han llevado al Gobierno a aumentar recientemente el plus por residencia en Balears para empleados públicos.

Este coste de la vivienda, “junto a los salarios bajos” muy extendidos en España, “supone un verdadero problema de emancipación de los trabajadores”, coincide Carlos Arcas. El director de The Adecco Institute reclama también actuar ante el envejecimiento de la población trabajadora. “Van a salir del mercado laboral casi 2,5 millones de personas los próximos años y no hay relevo intergeneracional”, alerta Arcas.

Una situación que considera que podría facilitarse con contratos relevo, la migración como elemento “fundamental” y más planificación para que no se pierda la experiencia de la generación del baby-boom que abandona el mercado de trabajo.

De cara al futuro, la irrupción de la Inteligencia Artificial (IA) no parece que esté aliviando este problema. Más bien, al contrario. Según el Índice de Exposición a la Inteligencia Artificial Generativa de la OIT, el SEPE señala que las ocupaciones con escasez de mano de obra están, en general, “poco expuestas a la automatización, mientras que una parte relevante de las ocupaciones en exceso sí lo está”, lo que apunta a que “la presión tecnológica y el desajuste cuantitativo tienden a reforzarse mutuamente en lugar de compensarse”.

En UGT les preocupa especialmente esta transición. “La IA está poniendo en grave riesgo a las personas que están en prácticas y los junior en las empresas”, sostiene Fernando Luján, que recuerda que facilitar estos primeros puestos de trabajo es clave para la emancipación y el desarrollo profesional de los trabajadores jóvenes, que deben acumular experiencia para alcanzar otros puestos más senior. “Tenemos que hacer un pacto de país en este tema y no tenemos mucho tiempo”, advierte el representante sindical.

El récord de trabajadores en España alcanzado el pasado mes de julio, de 22,5 millones de personas afiliadas a la Seguridad Social, se explica en gran parte por el fuerte tirón del empleo extranjero en medio del proceso de regularización extraordinaria de migrantes aprobado por el Gobierno. Su afiliación también sumó un máximo histórico, de 3,5 millones de trabajadores, en el que destacan algunos sectores empleadores como la hostelería, el empleo del hogar, la agricultura y la construcción, entre otros.

En concreto, había 3.512.223 afiliados extranjeros de media en julio, 66.046 más que el mes anterior y 420.875 más que hace un año. “La afiliación extranjera crece así un 13,6% interanual, frente al 2,9% del conjunto del sistema”, destaca el Ministerio de la Seguridad Social.

El mes pasado se elevó el paro registrado de manera inusual, en 19.500 personas, un alza que tiene también que ver con la regularización, en un contexto en el que aflora mucho empleo en la economía sumergida y muchas personas se incorporan a buscar empleo por los canales formales.

Si en el conjunto de la afiliación extranjera representa el “15,6%” del total de los trabajadores, “la aportación de los trabajadores extranjeros resulta especialmente relevante en algunos sectores del Régimen General de la Seguridad Social”, donde se aglutinan la gran mayoría de personas asalariadas, apunta el departamento de Elma Saiz.

En la hostelería, uno de cada tres empleados es extranjero, con una representanción del 33% de los afiliados. En total, 540.000 personas afiliadas de media el pasado mes de julio. “En agricultura, el 28%; en construcción suponen el 26,6%; en actividades Administrativas, el 19,5% y en transporte, el 18,4%”, indican en la Seguridad Social.

Además, la población extranjera tiene un peso destacado en los sistemas especiales: “Representan el 46,7% de los afiliados al Sistema Especial del Hogar”, en su inmensa mayoría mujeres, y “el 39,2% del Sistema Especial Agrario”, añade el Ministerio.

Además, el empleo extranjero también se ha beneficiado de la caída masiva del trabajo temporal tras la reforma laboral. La gran mayoría de los asalariados extranjeros tienen contratos indefinidos, más del “86% del total”. “Si lo comparamos con el porcentaje promedio del periodo 2017-2021, previo a la reforma laboral (58,9%) el dato resulta aún más llamativo”, resalta la Seguridad Social.

Más de medio millón de autónomos

Por otro lado, el número de trabajadores autónomos extranjeros también crece, aunque con menos fuerza, y se situó en 531.568 personas de alta en julio, un 9,2% más que hace un año.

El Ministerio de Elma Saiz subraya “la presencia creciente de trabajadores extranjeros que emprenden en sectores altamente cualificados”, como telecomunicaciones y programación informática, “donde ya representan más del 33% de los ocupados dados de alta en esta sección de actividad, es decir, ya son uno de cada tres trabajadores por cuenta propia”.

“Destaca también su presencia en otras actividades, como Actividades de los hogares (27,4%), Hostelería (25,6%), Actividades Administrativas (19,3%), Construcción (18,6%) y Actividades Inmobiliarias (18,4%)”, añaden en la Seguridad Social.

Encabezan los trabajadores marroquíes y les siguen los colombianos

De los 3,5 millones de personas afiliadas extranjeras de media registradas en julio, algo más de dos millones son hombres y 1,5 millones son mujeres (43%).

Si miramos la procedencia de los trabajadores, alrededor del 27,5% de las personas afiliadas extranjeras procede de países de la Unión Europea, mientras que el resto son originarios de otros estados.

Por nacionalidades, Marruecos sigue siendo el país con más afiliados a la Seguridad Social española, con algo más de 415.000 cotizantes. Le sigue Colombia (347.467), país que lidera las peticiones de la actual regularización extraordinaria de migrantes, Rumanía (342.555), Venezuela (247.209), Italia (223.589), China (136.395), Perú (133.002) y Ucrania (84.599).

Sobre la regularización extraordinaria, la Seguridad Social recuerda los datos que ya facilitó a comienzos de mes: a 30 de julio, 262.475 personas estaban afiliadas a la Seguridad Social como consecuencia del proceso extraordinario. La mayoría, trabajadores por cuenta ajena.

Apuntarse al paro es una mala noticia para la inmensa mayoría de las personas, pero no siempre. A veces, es el primer paso de la inclusión en el mercado laboral. Este escenario más halagüeño es el protagonista de la inusual subida del paro de este julio, en 19.500 personas, moderada y que se debe principalmente a la regularización extraordinaria de migrantes, que sobre todo está provocando un fuerte crecimiento del empleo en los últimos meses.

El paro registrado, las personas que se apuntan como desempleadas a las oficinas públicas de empleo, ascendió este julio frente a los descensos habituales en este mes. “Aunque veamos un aumento, es una buena noticia para el país”, ha valorado este martes la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz.

Cuando se ahonda en quién forma parte de este aumento de 19.500 personas más en paro, se observa que sobresalen los trabajadores extranjeros –unos 15.500– y, en especial, aquellos que se incorporan por primera vez al mercado de trabajo formal (“colectivo sin empleo anterior”, en la estadística oficial), que se sitúan en 11.300.

Trabajo ha explicado que estos datos están vinculados a la regularización extraordinaria masiva de migrantes que está en proceso en estos momentos y que, sobre todo, se está traduciendo en un gran auge del crecimiento del empleo.

Por un lado, la Seguridad Social ha cifrado en unas 263.000 personas regularizadas que han pasado a estar trabajando de alta, con datos hasta el pasado 30 de julio. Por su parte, Trabajo señala un aumento del paro desde abril de alrededor de 18.000 las personas extranjeras extracomunitarias, entre las que están los ciudadanos acogidos a la regularización.

En Trabajo, ubican este aumento del paro dentro de lo “normal” de la entrada simultánea de miles de personas al mercado laboral formal, ha explicado el secretario de Estado de Trabajo. Joaquín Pérez Rey ha expresado además su confianza en que en la mayoría de casos será un paso breve por el paro registrado antes de formalizar sus primeros contratos laborales, como ocurrió en la pasada regularización extraordinaria de mediados de los 2000.

Está aflorando empleo sumergido y sin derechos

El Gobierno y los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, han destacado este martes que el proceso de regularización es positivo además porque está aflorando miles de empleos que hasta ahora se mantenían en la economía sumergida, en un número difícil de determinar, y que afectan en gran medida a las personas migrantes sin papeles.

“Es otra de las conquistas del proceso de regularización”, ha destacado el 'número dos' de Yolanda Díaz, que ha recordado que el empleo informal tiene “un fuerte componente de explotación” y va ligado de manera inherente a una falta de derechos laborales.

Por ello, Joaquín Pérez Rey ha destacado de manera positiva que estos ciudadanos estén ejerciendo su nuevo derecho a acudir a las oficinas públicas de empleo para poder buscar y encontrar empleo a través de los canales legales.

El empleo informal no es solo una “lacra” para los trabajadores que lo sufren, sino también para las arcas del Estado, por la falta de cotización y el pago de impuestos, así como por una práctica de competencia desleal a la baja para el resto de empresas.

Aunque aún hay que esperar a cómo evoluciona el paro y el empleo en los próximos meses, el secretario de Estado de la Seguridad Social, Borja Suárez, ha recordado que las personas extranjeras han sido claves en la creación de empleo en España en los últimos años, algo que ha sido compatible con el crecimiento del empleo de la población nacional y con la reducción del paro a mínimos desde 2008.

El paro registrado da derecho a ayudas para las empresas

Además, que los trabajadores se apunten al paro en las oficinas públicas de empleo es en muchos casos un trámite administrativo previo para que las empresas puedan beneficiarse de ayudas a la contratación.

“Parte de estas personas pueden estar incorporándose a las estadísticas de desempleo para acceder a programas de inserción laboral o facilitar su contratación mediante incentivos y bonificaciones en las cotizaciones sociales”, ha recordado este martes la patronal CEOE.

La organización empresarial ha valorado que la regularización de trabajadores extranjeros “está contribuyendo positivamente al crecimiento de la afiliación” y ha destacado la “capacidad” del sector privado “para sostener el empleo pese a la persistencia de desequilibrios estructurales”.

En cualquier caso, los empresarios han reclamado “un entorno regulatorio que refuerce la empleabilidad, favorezca la competitividad y el crecimiento de las empresas y permita aprovechar, plenamente, el potencial del mercado de trabajo para impulsar una creación de empleo más sólida y sostenible”.

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 9.661 personas en julio en Andalucía en relación al mes anterior (-1,8%) hasta los 526.862 desempleados, según datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. La comunidad lidera así la caída del paro a nivel nacional por cuarto mes consecutivo. Este número total de desempleados es la cifra más baja en un mes de julio desde 2008.

En el último año el desempleo acumula un descenso de 63.993 parados, lo que supone un 10,83% menos. Por sectores, el paro bajó en todos excepto en Construcción, con 445 más. Así, los descensos estuvieron encabezados por Servicios, 8.437 menos; seguido de Sin Empleo Anterior, 1.075 menos; Industria, 315 menos y finalmente Agricultura, con 279 menos.

Al cierre del mes, los sectores con más parados son Servicios (363.386), Sin empleo anterior (60.454), mientras que los sectores con menos desempleados son Agricultura (29.120), Industria (28.697) y Construcción (45.205). En cuanto a sexos, de los 526.862 desempleados registrados en julio, 321.988 fueron mujeres, y 204.874 hombres.

El paro bajó en todas las provincias, siendo Cádiz donde hubo una mayor caída (-3.479); seguida de Sevilla (-1.618); Málaga (-1.580); Granada (-828); Córdoba (-794); Jaén (-730); Almería (-419) y Huelva (-213).

Asimismo, en junio se registraron 282.074 contratos en Andalucía, un 0,86% menos que en el mismo mes del año anterior. De todos ellos, 102.256 fueron contratos indefinidos y 179.818 contratos temporales.

Datos nacionales

A nivel nacional, el paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 19.517 personas en julio en relación con el mes anterior (+0,85%), según datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Desde este departamento se explica que esta subida “atípica” responde a una sensibilidad cada vez menor a la estacionalidad y una reducción del promedio de bajada tras la reforma laboral.

Tras la subida de julio, el número total de desempleados se situó en 2.311.499, la cifra más baja en este mes desde 2007. Con esto, se vuelve a superar la cifra de los 2,3 millones de parados de la que bajó en junio por primera vez en 18 años.

Afiliación a la Seguridad Social

Por lo que respecta a la Seguridad Social, Andalucía perdió en el pasado mes de julio un total de 6.948 afiliados, lo que representa una bajada del 0,19% respecto al mes anterior, dejando a la comunidad con un total de 3.598.976 cotizantes, según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones publicados este martes.

Comparado con el mismo mes del año pasado, el incremento de la afiliación en la Andalucía es del 3,04%, con un aumento de 106.159 cotizantes. Así, en términos absolutos, es la tercera región donde más sube la afiliación en mayo a nivel interanual, por detrás de la Comunidad de Madrid (con 132.261 cotizantes más) y Cataluña (+112.405).

El comportamiento de la afiliación a la Seguridad Social en julio en Andalucía se ha caracterizado por una bajada en cuatro de las ocho provincias. De esta manera, las que registraron ascensos fueron Cádiz, con 11.025 cotizantes más (+2,45%); Málaga, con 8.710 más (+1,11%); Granada, con 1.841 más (+0,49%) y Jaén, con 1.407 cotizantes más (+0,59%). En contra, bajaron en Huelva, con 19.150 cotizantes menos (-7,52%); Almería, con 5.676 menos (-1,68%); Sevilla, con 4.215 menos (-0,49%) y Córdoba, con 891 menos (-0,28%).

En términos interanuales, las ocho provincias han visto escalar su cifra de afiliados a la Seguridad Social, liderando la lista Málaga, con 30.974 afiliados (+4,08%). Detrás se sitúan Sevilla, con 22.137 (+2,68%); Cádiz, con 13.962 (+3,12%); Almería, con 12.580 (+3,93%); Granada, con 8.733 (+2,36%); Huelva, con 7.011 (+3,07%); Córdoba, con 6.861 (+2,23%); y Jaén, con 3.900 más (+1,65%).

Comparación nacional

En el conjunto de España, la Seguridad Social rompió en julio la barrera de los 22,5 millones de ocupados tras ganar una media de 41.727 ocupados respecto al mes anterior (+0,19%), según los datos publicados este martes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Este incremento sitúa el número de afiliados medios en 22.508.065 cotizantes. Según el Ministerio, la afiliación diaria se mantuvo por encima de los 22,5 millones entre el 8 y el 30 de julio (excepto el día 10).

El mercado laboral español batió en julio otro máximo histórico. En concreto, superó los 22,5 millones de personas trabajadoras afiliadas a la Seguridad Social, un hito impulsado en gran medida por la regularización extraordinaria de migrantes extranjeros. Esta ha supuesto un fuerte impulso del empleo, con casi 262.500 trabajadores más de alta, cifra el Gobierno, aunque también ha provocado un aumento del paro, de momento menor. En julio, este aumentó en 19.500 personas, en un mes de habitual descenso de este indicador.

Los datos publicados este martes por el Ministerio de la Seguridad Social dejan así el nuevo techo del mercado de trabajo en España en un total de 22.508.065 personas trabajadoras afiliadas de media a la Seguridad Social.

Aunque España ya estaba acumulando récords de empleo antes del proceso de regularización extraordinario de migrantes, en los últimos meses este ha supuesto un fuerte empujón de la afiliación, de miles de personas extranjeras que ya vivían en España y que ahora han pasado a tener papeles y, por tanto, a poder firmar su primer contrato de trabajo.

Casi 262.500 migrantes regularizados ya trabajan de alta

En solo unos meses, la Seguridad Social cifra en 262.475 las personas extranjeras afiliadas en alta por la regularización extraordinaria, con datos hasta este 30 de julio. El 81,5% están empleados como asalariados, mientras que casi un 5% son trabajadores autónomos. Por sexos, el 60% son hombres y el 40%, mujeres.

La inclusión al mercado laboral formal de estos migrantes, en muchos casos antes trabajando en la economía sumergida y sin derechos, ha acelarado la creación de empleo ya existente. En julio, el ritmo interanual se incrementó hasta el 2,9%, lo que se traduce en casi 650.000 empleos más en el último año. En abril, cuando se inició la regularización, el dato era de 517.000 empleos.

En los últimos meses los trabajadores migrantes explican de hecho la mayor parte del auge del empleo, que se ha situado por encima de lo habitual. Ocurrió en junio y de nuevo ha sucedido en julio, que ha registrado 41.700 trabajadores afiliados más de media frente a los 4.400 del año pasado.

Julio suele ser un mes positivo para el empleo, sobre todo por el empuje de varias actividades en verano, como la hostelería, el ocio y el comercio, así como las sustituciones en sectores como la sanidad, pero con mucho menos tirón que junio, que concentra el grueso de las contrataciones de cara a la época estival. Además, julio se resiente por las pérdidas de empleo en la educación (-128.500 este año).

Si se atiende a la nacionalidad, el empleo extranjero aumentó en 66.000 personas respecto a junio. Tras este aumento, se alcanza también un nuevo récord de empleo extranjero, con 3.512.223 afiliados medios, que son 420.875 más que hace un año.

“En conjunto, representan ya el 15,6% del total de afiliados y continúan desempeñando un papel esencial en el dinamismo del mercado laboral y en el sostenimiento del sistema de Seguridad Social”, ha subrayado la ministra de la Seguridad Social, Elma Saiz.

El paro registrado aumenta también

Por el lado del paro, los primeros indicios de junio se confirman en julio: el desempleo también se está viendo influido con aumentos por la regularización extraordinaria, aunque en mucho menor volumen.

En julio, el paro registrado aumentó en casi 19.500 personas, en un mes de habituales descensos. Si se observa la nacionalidad, la mayor parte del alza corresponde a personas extranjeras (+15.500).

Además, cuando se analiza el aumento por sectores, se observa que el grueso del alza del paro se sitúa en el “colectivo sin empleo anterior”, casi 8.300 personas, lo que “está fundamentalmente ligado al proceso de regularización extraordinaria en curso”, explican en el Ministerio de Trabajo. Entre los migrantes, este aumento alcanza las 11.400 personas respecto a junio.

La regularización “da la oportunidad, hasta ahora inviable, de acceder a los servicios de las oficinas públicas de empleo a las personas trabajadoras que ya estaban en nuestro país pero que carecían de derechos”, añaden en el departamento de Yolanda Díaz. Hay que recordar que estas personas están apuntadas como demandantes de empleo, como desempleadas, pero no están cobrando el paro, ya que no han cotizado el mínimo para ello.

El vicepresidente económico, Carlos Cuerpo, ya apuntó el mes pasado que la regularización supondría “un ajuste” en las estadísticas de la afiliación, pero también del paro, y apostó por “ser capaces de nuevo de reconducir a estas personas que están en una situación de desempleo a oportunidades hacia aquellos sectores que están demandando trabajo”.

En total, el paro registrado subió así en julio hasta las 2.311.499 personas, la cifra más baja en este mes desde 2007, destaca el Ministerio de Trabajo, que recuerda también el dato de tasa de paro, inferior al 10%, un mínimo desde los inicios de la pasada crisis financiera.

Yolanda Díaz ha celebrado que el paro juvenil haya vuelto a marcar un mínimo histórico, con 159.562 desempleados menores de 25 años. “Nuestras políticas laborales centradas en ellos han dado sus frutos. Nunca antes hubo tan pocos jóvenes en paro”, ha afirmado.

El crecimiento de los salarios es el “punto débil” de la economía española y, ante el avance de las presiones inflaciones en un contexto de una productividad estancada, los sueldos de los trabajadores no ganarán poder adquisitivo ni este año ni el que viene. Ese es el diagnóstico de la OCDE sobre el mercado laboral para 2026 y 2027, en el que reconoce los avances en cuanto a la creación de empleo y las reformas para acabar con la lacra de la temporalidad, pero recuerda que España sigue siendo la economía del organismo con la tasa de paro más elevada.

La organización con sede en París ha publicado este martes su informe de Perspectivas de empleo 2026, que incluye una ficha específica sobre España en la que reconocen que “el mercado laboral siguió consolidándose” en los primeros meses del año, con una caída del paro hasta el 10,3%, una tasa que “sigue siendo el principal reto de la economía española” al duplicar la media de la OCDE (4,9%).

Además del recorte en el desempleo, la OCDE reconoce el avance del empleo y de la tasa de personas que trabajan, pero apunta a los sueldos como farolillo rojo de la economía. “El limitado crecimiento de los salarios sigue siendo un punto débil”, apunta la ficha sobre el mercado laboral español. La organización señala que las retribuciones españolas siguen, en términos reales (descontada la inflación), un 2% por debajo de lo registrado en el primer trimestre de 2021, justo antes de la mayor crisis inflacionaria en medio siglo.

“Esto se produce a pesar de los importantes aumentos del salario mínimo, que han protegido a los trabajadores con menores ingresos frente a la inflación, lo que apunta a un estancamiento aún mayor en los salarios reales de gran parte de la fuerza laboral”, detallan los técnicos.

Precisamente la de los salarios es la gran pugna que quieren dar los sindicatos, que están presionando para que las patronales se sienten a negociar un Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) que recoja mejoras notables en las retribuciones de los trabajadores. Este pacto es la guía que utilizan en las mesas de negociación para los convenios colectivos, de ahí su relevancia.

De hecho, CCOO y UGT, ya han advertido de un aumento de las movilizaciones y los conflictos si no hay acuerdos de aumentos salariales, que han reforzado con una nueva iniciativa. Las dos centrales mayoritarias han lanzado un “fondo de solidaridad” con cuatro millones de euros –en realidad dos paralelos con dos millones cada uno– que compense los salarios de sus afiliados durante los procesos de huelga.

La OCDE es pesimista con respecto a la evolución de los salarios y apunta a que no crecerán en el bienio. “Dado que el crecimiento de la productividad laboral se ha estancado durante la última década y se prevé que siga siendo moderado, y en un contexto de renovadas presiones inflacionarias a corto plazo, se anticipa que los salarios reales no repunten a lo largo de 2026 y 2027”, subrayan.

En el lado bueno, las empresas españolas se han vuelto “cada vez más reactivas” a los cambios en la economía. Es decir, que ya no despiden tanto ante turbulencias económicas. Una razón es que la reforma laboral estabilizó millones de contratos al hacer que las relaciones laborales sean fijas por defecto. “La reforma ha impulsado un mayor recurso a la contratación indefinida: la proporción de trabajadores con contratos temporales cayó del 24,8 % en el primer trimestre de 2022 al 14,8 % en el primer trimestre de 2026, aunque sigue siendo superior a la de la mayoría de los países de la OCDE”, detallan. Aunque señalan que parte de esa temporalidad se ha canalizado a través del contrato fijo discontinuo.

El mercado laboral registró un nuevo máximo histórico de empleo en España el mes de junio, cuando superó la cima de más de 22,4 millones de personas trabajadoras de media afiliadas a la Seguridad Social. El empleo anotó su tercer mejor junio en lo que va de siglo, con 128.500 afiliaciones más que en mayo, una cifra muy elevada alimentada por el gran tirón del empleo extranjero, en pleno contexto de la regularización extraordinaria de migrantes.

En concreto, el nuevo récord de empleo se situó en los 22.466.339 afiliados de media a la Seguridad Social. Además, en los registros diarios, durante cinco jornadas seguidas, entre el 15 y el 19 de junio, se superó la barrera de los 22,5 millones.

“Nunca en la historia ha habido tantos trabajadores en alta”, subraya el Ministerio de Elma Saiz, que destaca varios niveles récord: “De jóvenes y de mujeres afiliadas; también de hombres, de trabajadores autónomos y de trabajadores extranjeros”, lo que sitúa a España a la cabeza en la creación de empleo en Europa.

En el primer trimestre del año, más de la mitad de los puestos de trabajo creados en la UE estaban en España.

Junio es un buen mes para el mercado laboral, sobre todo por el empuje del empleo debido a la temporada turística estival, pero este lo ha sido muy especialmente. El aumento de 128.500 trabajadores está muy por encima de los datos alcanzados en los últimos años (de alrededor de 70.000 afiliaciones), solo superado por varios hitos de las últimas dos décadas: la regularización de migrantes de mediados de los 2000 y la recuperación del empleo post pandemia.

El dato de este junio también se ve afectado por un contexto extraordinario, como es la regularización de migrantes que aprobó el Gobierno de coalición y que finalizó el 30 de junio, con más de 1,2 millones de solicitudes. Así, el aumento de trabajadores de alta en la Seguridad Social se ve muy influenciado por el gran empuje del empleo de personas extranjeras, que suman más de la mitad del total: 86.630 personas, el 67%.

Este jueves, el Ministerio de la Seguridad Social ha cifrado por primera vez el impacto directo de la regularización extraordinaria en el aumento del empleo, en casi 160.000 personas afiliadas hasta el 30 de junio.

Tras este incremento, se alcanza un nuevo récord de 3.446.178 afiliados extranjeros, que suponen el 15% del total.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha celebrado que la regularización aprobada por el Ejecutivo está permitiendo “que aflore mucho empleo que está hoy ya ganando derechos y contribuyendo también al aumento de la afiliación”.

El dato extraordinario de junio ha acelerado mucho la creación de empleo, con un ritmo interanual que asciende al 2,8% –el más elevado en tres años– y que aterriza en un valor absoluto de gran volumen, con más de 605.200 empleos creados de media en los últimos doce meses.

En términos desestacionalizados, que aíslan el mercado laboral de los vaivenes propios del calendario y la estacionalidad, el mercado laboral creó 92.500 empleos. También un dato muy elevado para esta serie.

El paro desciende de la barrera de los 2,3 millones de personas

Por su parte, el paro registrado descendió menos de lo habitual en este mes. El número de personas en desempleo registradas en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) bajó en 28.700 personas respecto al mes anterior, casi la mitad que el año anterior (48.900).

No obstante, este tímido descenso valió para anotar un hito en cuanto al paro en España, ya que por fin descendió de la barrera de los 2,3 millones de personas. Algo que no se lograba “desde enero del año 2008”, en el inicio de la Gran Recesión.

Así, el total de paro registrado se situó así en 2.291.982 personas. En el último año, descendió en 113.981 personas (-4,7%).

El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha explicado el menor descenso mensual de este junio principalmente por dos motivos: que cada vez hay un número más reducido de parados y, por lo tanto, las reducciones de este total son inferiores, así como por la menor temporalidad del empleo tras la reforma laboral, que considera que también tiene un reflejo reduciendo las fluctuaciones de las personas que se apuntan al paro.

En cuanto a si está incidiendo también la regularización de migrantes en los datos de paro, como ha afirmado el vicepresidente económico, Carlos Cuerpo, en el Ministerio de Trabajo consideran que aún es “demasiado pronto” para ver estos efectos y que, en caso de haberlos, estos serían “insignificantes” por el momento, de “menos del 1%”, ha afirmado Pérez Rey

Sobre los contratos, el número total suscritos en junio se sitúa en algo más de 1,6 millones, de los que el 41% eran indefinidos.

Tanto el secretario de Estado de Trabajo, como el de la Seguridad Social, Borja Suárez, han insistido en la importancia de la reducción del empleo temporal en España tras la reforma de 2021. Esta se mantiene en situaciones de incertidumbre como la reciente guerra de Irán, en este contexto de gran creación de empleo, e incluso en los meses más estacionales, como los del verano, lo que han considerado una muestra del “cambio estructural” del mercado laboral español hacia un empleo de “mayor calidad”.

El 26 de abril, Rumanía lanzó su primer programa de regularización para migrantes en situación irregular. En teoría, una oportunidad. En la práctica, para muchos, una ruleta rusa. “A Akila lo van a deportar. Literalmente nos engañaron”, dice Andrei* por teléfono, la mañana del 11 de mayo, un estudiante de Cluj que acompaña voluntariamente a migrantes a las oficinas de inmigración.

La primera vez que Akila acudió a la ventanilla, los funcionarios le dijeron que tenían que verificar si era elegible para la nueva ordenanza. La ley era “demasiado nueva”, había que “aclarar” algunos aspectos. Le dieron una cita para regresar. Una semana después, Akila ni siquiera llegó a hacer fila. Lo llevaron directamente a la sala de aislamiento. Meses antes ya se había emitido una orden de retorno en su contra. La notificación se había enviado a una dirección donde ya no vivía. Como nunca se enteró, no pudo recurrirla.

A diferencia del procedimiento de regularización español, que anula las órdenes de retorno una vez que la solicitud del migrante es admitida, al programa rumano solo pueden beneficiarse quienes no hayan recibido una orden de retorno. En lugar de entrar en el programa, algunas personas que desconocen que la tienen, acaban encerradas en centros de custodia y deportadas cuando van a solicitarla.

“Mi sospecha es que todavía no tenían preparada la deportación y, básicamente, programaron un día para hacerlo. Sentí que nos habían tendido una trampa, que lo llevábamos directo a la boca del lobo”, dice Andrei. Akila regresó a la oficina de inmigración con la esperanza de regularizar su situación. En cambio, fue detenido y deportado. Mientras él estaba allí, sus amigos recogían sus pertenencias y se las llevaban a la oficina, de donde solo salió para subir al avión de regreso a casa. Su historia explica el miedo de decenas de miles de migrantes que podrían dejar atrás la extrema vulnerabilidad a la que los empuja su condición de indocumentados, pero que no acuden a las oficinas de inmigración porque no saben qué les espera.

“Mi sospecha es que todavía no tenían preparada la deportación y, básicamente, programaron un día para hacerlo. Sentí que nos habían tendido una trampa, que lo llevábamos directo a la boca del lobo”

El miedo a acudir a la ventanilla

“Yo no iría a declarar mi dirección si tuviera miedo de que me metieran en un centro de detención y luego me deportaran”, dice Sonia Bujor*, activista que acompaña a migrantes en varias ciudades. La deportación no significa simplemente subir a un avión y volver a casa. “Significa regresar con una montaña de deudas que no has podido pagar y que probablemente no podrás pagar en años”, explica Bujor. 

Los costes de reclutamiento y traslado a Rumanía pueden llegar hasta 10.000 euros, a los que se suman intereses mensuales. “Regresas además con una prohibición de entrar al espacio Schengen”, añade. Akila dice haber pagado alrededor de 4.600 euros, dinero obtenido mediante préstamos bancarios y de conocidos. Nunca pudo devolverlos porque jamás consiguió un empleo formal en el país. “He sobrevivido haciendo pequeños trabajos ocasionales. Todavía no he terminado de pagar mis deudas. Por eso, pido que se me dé la oportunidad de trabajar legalmente en Rumanía para poder devolver los préstamos”, lamenta.

“Perdí mi pasaporte. ¿Todavía puedo solicitar la regularización?”. “Me fui a Italia después de quedar ‘ilegal’. ¿Puedo volver?”. “¿Cómo puedo saber si tengo una orden de retorno?”. Preguntas como estas circulan todos los días en grupos de WhatsApp, mientras los voluntarios trabajan contrarreloj para intentar dar respuesta.

Falta de información

En ausencia de una campaña oficial clara, un grupo de jóvenes voluntarios rumanos, junto con personas migrantes que se encargan de las traducciones, intenta hacer el trabajo del Estado y de las organizaciones financiadas con dinero público. En grupos de WhatsApp recogen información, la traducen, responden dudas, acompañan a migrantes a las ventanillas y tratan de ejercer presión pública sobre las autoridades.

Aunque el programa se anunció meses antes, en la primera semana muchas oficinas de inmigración apenas habían oído hablar de él y las grandes ONG financiadas con fondos europeos para la “integración de nacionales de terceros países” no emprendieron acciones visibles de información o acompañamiento, denuncian los colectivos implicados. Dos semanas después del inicio del programa, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en colaboración con la Inspección General de Inmigración, publicó su primer vídeo explicativo en Facebook, en el que asegura a las personas migrantes que, si acuden a la oficina de inmigración, “no tendrán problemas”, no serán detenidas ni enviadas de vuelta a su país, “salvo que se hayan hecho previamente los arreglos para su retorno”.

Sin embargo, Georgiana Bădescu, de la organización Centro de Recursos Jurídicos, considera que estos materiales omiten información esencial sobre los riesgos y emplean un lenguaje difícil de comprender. “En mi opinión, los materiales han llegado demasiado tarde, son recortados, obtusos y nada transparentes”, afirma. “La gente no sabe en qué situaciones puede acogerse al programa ni cómo comprobar de manera segura su situación, y no hay procedimientos claros para quienes no tienen pasaporte, lo tienen caducado o se lo ha retenido el empleador”.

Además, los mensajes oficiales chocan a menudo con lo que ocurre en las ventanillas. “Las autoridades repiten que la estancia irregular no será sancionada con multa, pero en la práctica hay personas que reciben multas cuando intentan inscribirse en el programa”, añade.

Suneth, un migrante de Sri Lanka, como muchos otros, no sabe si existe una orden de retorno en su contra. No escribe muy bien en inglés, así que Ruany, una mujer esrilanquesa que vive en Chipre y participa voluntariamente a distancia junto con este grupo informal, traduce su mensaje: “Este chico trabajó solo un mes. El jefe le hizo firmar papeles en rumano, le quitó el billete de regreso y le dijo que tenía que volver a casa. Huyó a otra ciudad y ahora pregunta si todavía puede ir a inmigración para regularizarse”, explica. En este contexto, incluso un solo caso de deportación ligado al programa pesa enormemente dentro de la comunidad y disuade a muchos otros de presentarse a regularizar su situación, agrega Georgiana.

Georgiana Bădescu acompañó a migrantes durante los primeros días del programa. “Los funcionarios improvisaban los procedimientos y las comunicaciones. A veces imponían condiciones extralegales: declaraciones escritas, contrato de alquiler, copia del documento de identidad, incluso multas, aunque nada de eso aparece en la ley”, indica.

Las experiencias varían según la oficina y la persona que atiende. “Algunos oficiales responden de forma burlona y hacen preguntas como: ‘¿Cómo que son ilegales? ¿Cómo han sobrevivido hasta ahora? ¿Dónde viven?’”, cuenta Sonia. “Son preguntas intimidatorias y van en contra del espíritu de la ley, que debería regularizar a las personas independientemente de cómo hayan terminado en situación irregular.”

El 5 de mayo, a raíz de una solicitud de información de elDiario.es, la Inspección General de Inmigración publicó un vídeo explicativo y anunció instrucciones internas y materiales informativos traducidos. Un mes después del inicio del programa, la oficina de inmigración empezó por fin a repartir trípticos oficiales, bastante más tarde que el grupo de voluntarios.

En busca de mano de obra

Cientos de miles de personas llegaron en los últimos años con visados de trabajo, llenas de esperanza y endeudadas, para acabar empujadas a la irregularidad administrativa. Según datos oficiales, actualmente viven en Rumanía unas 150.000 personas de países no pertenecientes a la UE con derecho a trabajar. La tasa de retención de quienes reciben visados laborales es inferior al 50%.

Tras años de abusos, fraudes y explotación laboral documentadas— la mayoría vinculados a la dependencia casi total del trabajador migrante respecto a su empleador— el Gobierno aprobó una nueva ley para regular la actividad de reclutamiento. El programa de regularización forma parte de esa reforma.

Después de pasar de un visado de trabajo a una situación irregular, muchos optan por migrar hacia otros países europeos. En palabras de Rafi, un trabajador bangladesí entrevistado en Italia, “vivir ilegalmente en Rumanía es un infierno”. En un país donde la policía es la única autoridad migratoria, sin organizaciones de base que ofrezcan servicios relevantes a las personas en situación irregular y con deudas pendientes en sus países de origen, estos trabajadores se han convertido, según Bădescu, en uno de los grupos más vulnerables de Rumanía.

Contactamos con Akila mientras hacía escala en el aeropuerto de Estambul, de camino a Sri Lanka. Akila relata que, tras llegar a Rumanía con un visado de trabajo, fue enviado a un empleador distinto del prometido y se le exigieron pagos adicionales para tramitar sus documentos. Cuando algunos compañeros acudieron a las autoridades de Inmigración para recoger los permisos prometidos, recibieron órdenes de retorno.

Mensajes como el suyo no solo llegan a periodistas a través de WhatsApp, sino también a instituciones del Estado mediante correos electrónicos oficiales. Este medio ha recibido uno de esos correos, enviado colectivamente por 24 trabajadores en situación irregular que afirmaban ser víctimas de trata de personas. Según uno de ellos, la respuesta de las autoridades de Inmigración fue emitir órdenes de retorno para los 24.

“Eso, si tienes amigos”

Según el Inspectorado General de Inmigración, desde 2020 se han emitido más de 16.500 órdenes de retorno; 6.344 se han traducido en expulsiones efectivas. El Centro de Recursos Jurídicos ha pedido que se hagan públicas las listas de órdenes de expulsión, que actualmente solo se exhiben durante un tiempo limitado en las oficinas territoriales. La probabilidad de que un migrante en situación irregular se exponga visitando repetidamente estas sedes para comprobar su situación es casi nula.

“El objetivo de estas disposiciones transitorias es llevar a los migrantes a una situación legal, no detectar a migrantes irregulares. Esto no debería ser un mecanismo de detección”, afirma Bădescu. “Sin esas listas, la gente acude a inmigración sin saber si entrará en un procedimiento de regularización o directamente en uno de expulsión”.

“Es un proceso humillante llegar lleno de esperanza y que allí te digan que, en realidad, no tienes derecho, luego te encierren en aislamiento administrativo y tus amigos tengan que traerte las maletas. Eso, si tienes amigos… es muy humillante”, concluye. Mientras el avión de Akila despega rumbo a Sri Lanka, en los grupos de WhatsApp otros migrantes siguen preguntándose si vale la pena arriesgarse.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, se ha desmarcado de las palabras del presidente de la Confederación Regional de Empresarios de Castilla La-Mancha (CECAM), Ángel Nicolás, que calificó de “memos” a los jóvenes que se dan de baja por problemas de salud mental derivados de “que les ha dejado la novia” o porque su jefe les pide que trabajen. Garamendi ya se desvinculó también ayer de estas palabras.

“Yo nunca diría eso”, ha afirmado hoy, al tiempo que ha precisado que se trata de una expresión de una persona “dentro de la múltiple gente” que hay en la patronal estatal. “CEOE, en este caso, no va en esa línea”, ha agregado el presidente de la patronal en declaraciones a Antena 3 recogidas por Europa Press.

En cualquier caso, Garamendi ha insistido en que la realidad es que cada día faltan a trabajar 1,4 millones de personas por incapacidad temporal (IT) no derivada de un accidente laboral, un problema que cuesta unos 33.000 millones de euros anuales, de los que las empresas asumen 17.000 millones y el Estado, el resto.

“Nosotros pagamos la baja del día cuarto al 14 y a partir del año también”, ha expuesto Garamendi, que ha propuesto que la Seguridad Social asuma también el pago de las bajas a partir del cuarto día.

Hay que retribuir mejor a los médicos. Estoy de acuerdo con los médicos que están en la calle

“Faltan médicos. Hay que retribuir mejor a los médicos. Soy el presidente de la patronal, pero estoy de acuerdo con los médicos que están en la calle. Necesitamos que la gente tenga la capacidad sanitaria para que se cuide. Lo que hace falta es que haya un sistema robusto, sanitario, para que esto funcione”, ha subrayado el dirigente empresarial.

En este sentido, ha afirmado que la CEOE está planteando muchas medidas, entre ellas que las mutuas puedan ayudar. Garamendi ha subrayado que, desde la pandemia de Covid, se han disparado las bajas de salud mental, pero no sólo en España, también en otros países, por lo que instado a reforzar la sanidad en este ámbito.

“Nos gastamos las empresas 17.000 millones. Lo que decimos es que mientras que esto no se arregle, no me hagan pagar a mí la broma”, ha indicado Garamendi.

El portavoz de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso, Gabriel Rufián, ha llamado “memo” al presidente de CEOE en Castilla-La Mancha, Ángel Nicolás, quien tachó igualmente de “memos” a los jóvenes que se cogen bajas médicas por salud mental. De esta forma, le ha devuelto el insulto con el que calificó a los jóvenes.

En concreto, el responsable de la patronal dijo que sus dos hijos “son unos memos” a los que “cualquier cosa que les ocurra en el trabajo ya es un problema”, y apostilló que las personas jóvenes se cogían esas bajas no porque la empresa les haya maltratado, sino porque “los ha dejado la novia”.

En los pasillos del Congreso este miércoles, los medios de comunicación han pedido al portavoz de ERC sobre su opinión acerca de estas declaraciones: “Pues un memo creyéndose que los jóvenes son memos”, ha contestado.

La Fundación Laboral de la Construcción de Castilla-La Mancha formó durante 2025 a un total de 5.566 profesionales, un 4,15% más que en 2024, a través de la impartición de 211.969 horas de formación, y la ejecución de 763 cursos.

Así se desprende de la última Memoria de actividades 2025, titulada 'Eres lo que Construyes', presentada por el Patronato de la entidad paritaria, formada por la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), CCOO-Hábitat y la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT (UGT-FICA).

Por provincia, de mayor a menor número de alumnado formado, la Fundación Laboral de la Construcción de Castilla-La Mancha formó en Toledo a un total de 1.567 alumnos, a través de 191 cursos. En Ciudad Real formó a 1.161 alumnos, en 164 cursos; en Guadalajara, a 1.071 alumnos, en 158 cursos; en Albacete, a 972 alumnos, en 127 cursos; y en Cuenca se formó a 795 alumnos, en 123 cursos.

El perfil del alumnado que se formó en 2025 en la Fundación Laboral de la Construcción de Castilla La-Mancha es un hombre en el 95,3% de los casos, de 16 a 25 años (24,3%) -un tramo de edad que aumentó un 7,3% respecto a 2024-, seguido por el alumnado de 36 a 45 años (que representa el 23,3%) y ocupado (69,7%). El porcentaje de extranjeros se situó en un 38,4% (frente al 33,2% del año anterior), la mayoría procedentes de África seguido de América Latina.

La construcción, un “pilar fundamental” para la sociedad

“Trabajamos con el firme convencimiento de que nuestro sector es un pilar fundamental para el desarrollo de la sociedad, tanto por su peso en el PIB como por su capacidad de arrastre sobre otros sectores. Hoy, formar parte de la construcción significa ser protagonista de un entorno en plena transformación, que demanda profesionales cualificados que puedan mejorar la competitividad de las empresas”, afirma la Fundación en el el primer capítulo de los siete que componen la Memoria.

En cuanto a los cursos más demandados en Castilla-La Mancha, el 78,64% del alumnado (4.377 trabajadores) eligió formación relacionada con la prevención de riesgos laborales (PRL), frente a un 20,97% (1.167 alumnos) que optó por una especialización en Oficios y profesiones del sector, y un 0,40% (22 trabajadores) que eligió materias transversales de Gestión. En cuanto a la modalidad formativa, un 91,88% del alumnado se decantó por formación presencial (5.114) y un 8,12% lo hizo con formación mixta (452).

Respecto a las acciones formativas más demandadas fuera de la temática de seguridad y salud laboral, en 2025 fueron: 'Seguridad en los Trabajos Temporales en Altura: Requisitos, Equipos y Técnicas Fundamentales' (325 alumnos), 'Operaciones con Plataformas Elevadoras Móviles de Personal (PEMP). Categorías 3A y 3B' (119 alumnos), 'Operaciones Auxiliares de Albañilería de Fábricas y Cubiertas' (79 alumnos), 'Operaciones Básicas de Revestimientos Ligeros y Técnicos en Construcción' (52 alumnos) y 'Operaciones de Máquina Retrocargadora' (52 alumnos).

La primera edición del Foro Impacto de elDiario.es invitó a reflexionar, de la mano de los mejores expertos, sobre la transformación del modelo productivo español a través del conocimiento. En ese contexto, la segunda mesa del encuentro, titulada ‘Cerrar la brecha: formar hoy el talento del mañana’, reunió a Ana María Aguilar Manjón, del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE); Francis Blasco, decana de la Facultad de Comercio y Turismo de la Universidad Complutense de Madrid, y Rafael Puyol, presidente de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR). Una interesante charla que estuvo moderada por la periodista de elDiario.es Laura Olías, que situó el debate en el impacto social de la transformación del empleo.

“En un mercado laboral transformado por la investigación y la vanguardia, esta mesa trata de analizar cómo garantizar el acceso a la alta cualificación y a las profesiones de futuro de manera que no sea un nuevo factor de exclusión social”, introdujo Olías. “El aprendizaje continuo ha de ser un motor de la igualdad de oportunidades”, añadió.

Un cambio de modelo 

La primera pregunta del debate giró en torno a si España está inmersa en un cambio de modelo productivo. Para Ana María Aguilar, del SEPE, la respuesta es positiva, aunque matizada. “España ha comenzado a trabajar un cambio en el modelo productivo, apoyado en el talento, el conocimiento y la cualificación”, señaló, destacando el crecimiento de los perfiles STEM (iniciales de) y la expansión de los servicios avanzados.

Sin embargo, advirtió de que el proceso es todavía incipiente. “El recorrido es corto”, apuntó, en referencia a un cambio que se ha reforzado con la Ley de Empleo 3/23, pero que todavía presenta importantes desequilibrios. El principal, explicó, es la necesidad de que la transformación llegue no solo a los perfiles altamente cualificados, sino también a quienes requieren recualificación. “No basta con que crezca el empleo de alto valor añadido”, insistió.

Aguilar subrayó además el desajuste entre oferta y demanda laboral. “Existen lugares donde hay mayor demanda de empleo que no cuadra con la oferta disponible”, explicó, situando ahí una de las principales líneas de actuación del SEPE: la intermediación y la formación orientada a la empleabilidad real. “Nuestro empeño es que el éxito de la transformación no solo se centre en la generación de talento, sino también en el trabajo con las empresas”, añadió.

Desde la universidad, Francis Blasco planteó el debate en otros términos. Más que hablar de si existe suficiente talento formado, propuso preguntarse si ese talento responde a las necesidades reales de la economía. “¿Tenemos suficiente talento para dar respuesta a un sector de alto valor productivo?”, se preguntó. Para la decana, el foco no debe limitarse a los sectores tecnológicos, sino a la productividad del conjunto del sistema económico. “La economía real se basa en que haya una alta productividad en todos los sectores”, defendió.

Blasco reivindicó el papel de las competencias técnicas en todos los ámbitos, no solo en los más innovadores. “Soy defensora de las ‘hard skills’, del conocimiento de cómo funcionan las cosas”, señaló, poniendo como ejemplo la transformación tecnológica del sector primario. “La agricultura de hoy no tiene nada que ver con la de hace 20 años”.

El objetivo, según defendió, no es concentrar el talento en unos pocos sectores, sino extenderlo a todo el tejido productivo. “No se trata de renegar de los sectores, sino de hacerlos más productivos y competitivos”, resumió.

Rafael Puyol, por su parte, aportó una visión estructural del problema desde la universidad. “Formamos cada vez más talento, indudablemente. ¿Pero el que necesita el tejido empresarial? No siempre”, afirmó. El presidente de UNIR señaló el déficit de titulaciones STEM y la baja presencia femenina en estos ámbitos, pero también un factor menos visible: la distancia entre vocación y empleabilidad. “Los estudiantes eligen su carrera por motivos vocacionales, no por criterios de empleabilidad”, explicó.

A ello se suma la fuga de talento cualificado. “Hay alrededor de 400.000 españoles trabajando fuera: médicos, ingenieros, investigadores…”, apuntó. Un volumen que consideró significativo en un contexto de creciente necesidad de perfiles especializados. Además, advirtió de un problema demográfico de fondo: a partir de 2030, la universidad española empezará a recibir cohortes más reducidas debido a la caída de la natalidad. “Vamos a formar menos talento del que vamos a necesitar”, resumió.

El debate incorporó después la dimensión del desajuste estructural del mercado laboral español. Aguilar subrayó la llamada “paradoja” de convivir con altas cifras de desempleo y puestos sin cubrir. “El principal problema es el desajuste entre las competencias que se ofrecen y las que demandan las empresas”, explicó. En su análisis, el déficit no se concentra tanto en los niveles universitarios como en la formación intermedia. “La carencia significativa está en perfiles de grado medio, especialmente en Formación Profesional”, señaló.

Retención del talento y el papel de la IA

En el tramo final, la conversación se centró en cómo retener el talento. Puyol apuntó directamente a las condiciones del mercado laboral. “Si la temporalidad fuera menor y las remuneraciones y condiciones fueran mejores, no perderíamos ese talento”, afirmó. También diferenció entre movilidad temporal y fuga definitiva. “Si se van, adquieren experiencia y vuelven, no hay problema. Pero si se van de forma permanente, estamos perdiendo un talento que vamos a necesitar cada vez más”, advirtió.

El cierre del debate estuvo marcado por el papel de la inteligencia artificial en el futuro del empleo y la formación. Para Ana María Aguilar, la IA “abre una oportunidad enorme” y ya está transformando los entornos laborales al eliminar tareas repetitivas y automatizar procesos. Sin embargo, advirtió de la necesidad de ajustar su regulación en el ámbito del empleo. “Aunque se cumplan los estándares normativos, existen brechas en aplicaciones de selección de personal que deben superarse para evitar sesgos y exclusión”, señaló.

Francis Blasco subrayó el impacto en el tejido empresarial. “La empresa tiene que ser capaz de realizar las inversiones necesarias para adaptarse a la IA, que puede mejorar muchísimo la productividad”, afirmó, aunque advirtió de que el reto es desigual entre sectores. “Las universidades estamos preparadas; veremos si el mercado laboral también lo está”.

Por su parte, Rafael Puyol defendió que la IA ya es imprescindible en el ámbito universitario, pero advirtió de cinco condiciones clave: formación del profesorado, financiación adecuada, democratización del acceso, control del consumo energético y definición de un marco ético. “Cuando se cumplan esas condiciones, la inteligencia artificial va a revolucionar cualquier tarea universitaria”, concluyó.

Navarra alcanzó en mayo un nuevo récord de empleo, con un total de 322.358 trabajadores, según las cifras de afiliación media a la Seguridad Social publicadas este martes. Son 3.576 personas más afiliadas que en abril y 6.222 más que en el mes de mayo del año pasado. “Se refuerza la senda de la creación de empleo y lo hace de manera significativa”, destacan desde el Ejecutivo foral.

Por otro lado, la comunidad foral ha registrado el paro más bajo en un mes de mayo desde el año 2008 con una caída de 618 desempleados en el último mes. El número total de parados registrado en las agencias del Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare (SNE-NL) se ha situado al finalizar mayo en 28.285 personas, 674 menos que en el mismo mes del año pasado. 

En cuanto a las características del desempleo, el Gobierno de Navarra ha destacado varios aspectos. Por una parte, ha apuntado que la distribución según sexo “sigue siendo desequilibrada”. “En mayo seis de cada diez personas registradas como paradas en Navarra son mujeres (el 61,6%, 17.434) frente al 38,4% de hombres (10.851). La buena noticia, sin embargo, es que, en un mes se ha producido un descenso de un 2% de mujeres desempleadas 348 menos, frente a los 270 parados menos”, ha afirmado.

En términos anuales, ha añadido, la variación del desempleo ha resultado “más positiva” para las mujeres. Así, mientras que el número de paradas se reduce en un año un 2,8% (497 desempleadas menos) el de desempleados lo hace un 1,6% (177 parados menos).

También ha destacado que tres de cada diez personas desempleadas en Navarra (el 31,5%) son mayores de 54 años, se trata de 8.900 personas. En cuanto a los jóvenes en paro de menos de 35 años, representan el 26,1% del total (7.389). “Estos datos han mejorado levemente respecto del mes pasado”, ha expuesto.

Por su parte, la población parada extranjera representa el 22,9% (6.476 personas). En este caso, el número de personas desempleadas extranjeras ha descendido en términos anuales un 3,5% (234 menos), mientras que el número de personas desempleadas con nacionalidad española ha descendido en un año un 2%, (440 personas menos).

Respecto al desempleo de larga duración, actualmente, del total de personas registradas como paradas, el 42,5%, es decir, 12.033 personas, son paradas de larga duración (llevan en situación continuada de desempleo más de un año). Se ha dado un descenso anual del 2,5% (304 personas paradas menos de larga duración), ha añadido.

Por otra parte, ha expuesto el Gobierno, la evolución anual del paro registrado por agencias de empleo ha sido la siguiente. El mayor descenso se ha producido en la oficina de empleo de Alsasua, con 90 personas menos que en mayo de 2025, lo que supone un descenso del 11,5%. Le sigue la agencia de Lodosa, con un descenso de 116 parados menos, un 9,5%. Entre las que aumentan su cifra de desempleo, podemos destacar a Santesteban, con un aumento del 6,3% y a Estella-Lizarra, con un 0,2% de aumento.

En la variación intermensual, ha resaltado la caída del 3,7% de desempleo en la oficina de Lodosa, lo que supone que hay 42 parados menos que hace un mes. Es de destacar, también, los 391 parados menos de la oficina de Pamplona, lo que supone una caída del 2,2%.

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 9.125 personas en mayo en Andalucía en relación al mes anterior (-1,64%) hasta los 548.120 desempleados, según datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. La comunidad lidera así la caída del paro a nivel nacional por segundo mes consecutivo.

Este número total de desempleados es la cifra más baja en un mes de mayo desde 2008. Desde el inicio de la serie histórica comparable, en 1996, el paro ha bajado en abril la mayoría de veces en Andalucía (29 veces). En el último año el desempleo acumula un descenso de 57.744 parados, lo que supone un 9,53% menos.

Por sectores, el paro bajó en todos, encabezado por Servicios, 6.430 menos; seguido de Sin Empleo Anterior, 1.371 menos; Construcción, 601 menos; Industria, 437 menos y finalmente Agricultura, con 286 menos. Al cierre del mes, los sectores con más parados son Servicios (381.126), Sin empleo anterior (62.433), mientras que los sectores con menos desempleados son Agricultura (29.386), Industria (29.822) y Construcción (45.353).

En cuanto a sexos, de los 548.120 desempleados registrados en mayo, 337.690 fueron mujeres, 5.897 menos (-1,71%) y 210.430 hombres, lo que supone un descenso de 3.228 en el número de desempleados respecto al mes anterior (-1,5%). En mayo, el paro entre los jóvenes menores de 25 años bajó, con 1.379 parados menos que a cierre del pasado mes, mientras que el paro de las personas con 25 años y más se redujo en 7.746 desempleados.

Por provincias y contratación

El paro bajó en todas las provincias, siendo Málaga donde hubo una mayor caída (-2.208); seguida de Cádiz (-2.096); Sevilla (-1.474); Granada (-1.024); Córdoba (-780); Almería (-636); Jaén (-500) y Huelva (-407).

En mayo se registraron 260.710 contratos en Andalucía, un 3,92% menos que en el mismo mes del año anterior. De todos ellos, 101.660 fueron contratos indefinidos, cifra un 1,54% inferior a la de mayo del año anterior y 159.050 contratos temporales (un 5,39% menos). Del número de contratos registrados en abril, el 61,01% fue temporal y un 38,99%, indefinidos.

Asimismo, a nivel nacional, el paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 36.323 personas en mayo en relación con el mes anterior (-1,5%) debido, sobre todo, al sector servicios, que concentró más de tres cuartas parte del descenso del desempleo, según datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Tras la caída de mayo, el número total de desempleados se situó en 2.320.721 personas, su menor nivel en este mes desde 2007, ha subrayado el Ministerio. No obstante, el descenso del desempleo registrado el mes pasado es el peor dato para un mes de mayo desde 2020, cuando el desempleo subió en 26.573 personas en plena crisis del Covid. Excluyendo ese año, el de mayo de este año ha sido el menor descenso del desempleo en este mes desde 2012, cuando disminuyó en 30.113 personas.

Desde el inicio de la serie histórica comparable en 1996, el paro ha bajado en mayo en 29 ocasiones y ha subido en dos. El mayor descenso fue el de 2021, cuando disminuyó en 129.378 parados. En mayo del año pasado bajó en 57.835 personas. En términos desestacionalizados, el paro registrado subió en mayo. Lo hizo en 9.755 personas respecto al mes anterior.

En el último año, el desempleo acumula un descenso de 134.162 personas, lo que supone un 5,5% menos, con un retroceso del paro femenino de 82.311 mujeres (-5,5%) y una caída del desempleo masculino de 51.851 varones (-5,3%).

Servicios impulsa la bajada del desempleo

Por sectores, el paro registrado descendió, sobre todo, en los servicios, con 29.829 desempleados menos (-1,7%), seguido de la industria (-2.665 desempleados, -1,4%); la construcción, que restó 2.304 parados (-1,4%), y la agricultura, donde bajó en 1.628 personas (-2,2%).

Por su parte, el desempleo aumentó en 98 personas (+0,04%) en el colectivo sin empleo anterior, compuesto mayoritariamente por jóvenes en busca de su primera experiencia laboral.

El paro retrocedió en mayo en ambos sexos, aunque el descenso fue mayor en el caso de las mujeres. En concreto, el paro femenino bajó en 20.316 mujeres en comparación con abril (-1,4%), mientras que el masculino se redujo en 16.007 desempleados (-1,7%).

Así, al finalizar el quinto mes de 2026, el número total de mujeres en paro se situó en 1.404.110 desempleadas, su menor cifra en un mes de mayo desde 2008, mientras que el de varones totalizó 916.611 desempleados.

El paro baja en todas las comunidades

Por edades, el paro entre las personas de 25 y más años bajó en 31.585 desempleados en mayo (-1,4%), mientras que el de los jóvenes menores de 25 años disminuyó en 4.738 personas (-2,8%).

De este modo, el número total de parados menores de 25 años bajó por primera vez de la barrera de los 165.000 desempleados, marcando un mínimo histórico de 164.955 parados.

El paro registrado disminuyó en mayo en todas las comunidades autónomas en relación al mes anterior, especialmente en Andalucía (-9.125 desempleados), Cataluña (-6.900 parados) y Madrid (-3.834 personas).

En cuanto a las provincias, el desempleo registrado bajó en 48, encabezadas por Barcelona (-4.821 desempleados), Madrid (-3.834) y Málaga (-2.208), y subió en cuatro, principalmente en Castellón (+281 desempleados), Vizcaya (+50) y Guipúzcoa (+48).

Por su parte, el paro registrado entre los extranjeros bajó en 3.673 desempleados respecto al mes anterior (-1,1%), hasta situarse el total de inmigrantes en desempleo en 337.858 desempleados, lo que supone 4.933 parados menos que hace un año (-1,4%).

El 43,2% de los contratos, fijos

En mayo de este año se registraron 1.323.719 contratos, un 0,4% menos que en el mismo mes de 2025. De todos ellos, 572.061 fueron contratos indefinidos, un 3,5% más que en mayo de 2025.

En total, el 43,2% de todos los contratos realizados en mayo fueron indefinidos, porcentaje 1,6 puntos superior al del mismo mes del año pasado y similar al registrado en abril de este año.

Dentro de los indefinidos, en mayo se realizaron 234.774 contratos a tiempo completo, un 5% más que igual mes del año anterior; 135.409 a tiempo parcial (+9,1%) y 201.878 fijos discontinuos (-1,5%).

De todos los contratos suscritos en mayo, 751.658 fueron contratos temporales, un 3,2% menos que igual mes de 2025. En total, estos contratos representaron el 56,8% del total de la contratación efectuada en el quinto mes del ejercicio 2026.

En los cinco primeros meses del año se han efectuado más de 6,17 millones de contratos, cifra un 3,8% superior a la del mismo periodo de 2025, de los que 2,67 millones han sido contratos fijos (+4,3%) y 3,44 millones, temporales (+1,7%).

Sube al 80,9% la tasa de cobertura frente al desempleo

El Ministerio ha informado además de que el gasto en prestaciones por desempleo alcanzó el pasado mes de abril (último dato disponible) la cifra de 2.040,9 millones de euros, un 5% más que igual mes de 2025.

El gasto medio mensual por beneficiario, sin incluir el subsidio agrario de Andalucía y Extremadura, ascendió a 1.168,3 euros en el cuarto mes del año, un 2% más que en abril del año pasado.

La cuantía media bruta de la prestación contributiva percibida por beneficiario durante el mes de abril fue de 1.028,6 euros, lo que supone un aumento de 25,8 euros sobre el mismo mes del año anterior (+2,6%).

El total de beneficiarios de prestaciones por desempleo se situó en 1.779.989 personas, cifra un 2,7% superior a la del mismo mes de 2025.

La tasa de cobertura frente al desempleo, que un año antes estaba situada en el 73,76%, se situó en abril de 2026 en el 80,90%, la más elevada en un mes de abril de toda la serie.