La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado este viernes que el empleo ya ha superado “de manera real, no desestacionalizada”, la barrera de los 22 millones de trabajadores, según las cifras de afiliación diaria de la Seguridad Social.

“Hoy, ahora mismo, sí que les digo que en estos días, justamente de manera real, no desestacionalizada, sí tenemos 22 millones de personas ocupadas en España”, ha afirmado Díaz en una entrevista en el European Pulse Forum, organizado por Politico.

La vicepresidenta segunda ha adelantado así este viernes los datos diarios de afiliación. Esta información sobre la marcha del mercado laboral no se suele desvelar más allá de la publicación oficial de la estadística de la Seguridad Social, a principios de cada mes. Sin embargo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya anunció el lunes los 22 millones antes de la hora oficial de publicación de la estadística (las 9 de la mañana).

Polémica por los 22 millones de trabajadores

Las declaraciones de la ministra de Trabajo se producen tras la polémica por el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que el mercado laboral había alcanzado los 22 millones de trabajadores en marzo. Este nivel solo se había alcanzado en la serie destacionalizada, estadística que se utiliza para analizar la evolución del mercado laboral marginando los vaivenes propios de la estacionalidad y del calendario, pero no así en la serie de afiliación diaria, ni en la afiliación media del mes.

Con este último indicador, que generalmente se usa como referencia del total de trabajadores en el país, el avance del empleo en marzo, récord histórico para ese mes con 211.500 trabajadores más, había alcanzado de todos modos un nuevo techo, cercano a los 21,9 millones.

Debido a esta diferencia, varias voces fueron críticas con el anuncio del Gobierno. En particular, el Partido Popular, que llamó incluso “maquillaje” a las cifras de empleo, como suele ser habitual en la dirección del partido liderado por Alberto Núñez Feijóo.

Entre otros motivos, el PP criticó al Gobierno por usar la serie destacionalizada, pero también por asimilar “afiliaciones” a personas trabajadoras cuando en realidad es un término que mide empleos (una persona con dos empleos que requieran alta a la Seguridad Social figura como dos afiliaciones).

Se trata de una precisión real, pero la traducción de “afiliaciones” por “trabajadores” es muy habitual, también por parte del propio PP cuando gobierna. Es más, las comunidades autónomas gobernadas por el PP celebraron los datos de empleo de marzo y, de hecho, se atribuyeron el éxito de sus cifras, como por ejemplo en la Comunidad de Madrid.

Además, la metodología de la Seguridad Social precisa que “hay que tener en cuenta que en la práctica estas situaciones de pluriempleo y pluriactividad sólo representan un 4% del total de afiliados”.

Díaz prevé que se mantendrán los 22 millones durante el año

“Las estimaciones que hacemos desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social es que estos 22 millones de personas ocupadas en España se van a mantener a lo largo de todo el año 2026”, ha afirmado además Yolanda Díaz.

La ministra de Trabajo ha adjudicado la buena marcha del empleo y su gran resistencia ante las últimas crisis e incertidumbres internacionales a la reforma laboral que aprobó en 2021, tras acuerdo con la patronal y los sindicatos.

La legislación atacó uno de los principales puntos débiles del mercado laboral español, la elevada cantidad de trabajadores temporales, que han descendido a mínimos históricos tras la reforma. En la actualidad, se sitúa en el 11,6%.

Díaz ha insistido en la necesidad de un mercado laboral que eleve los salarios de los trabajadores, un ámbito en el que también incidió la reforma laboral, al reequilibrar de nuevo la negociación colectiva tras la legislación del PP de 2012.

“¿Esto quiere decir que no hay nada que hacer? No, queda mucho por hacer, pero desde luego, sí es posible cambiar la situación laboral en nuestros países”, ha afirmado la responsable del Ministerio de Trabajo. Entre los principales retos del mercado laboral destacan seguir reduciendo el paro –especialmente entre los jóvenes – todavía de los más elevados de Europa, así como elevar los bajos salarios y reducir el tiempo parcial involuntario, que afecta sobre todo a mujeres.

Con el mundo aguantando el aliento por la guerra en Irán, un conflicto que pone en juego vidas en Oriente Próximo y también la economía a nivel internacional, el mercado laboral en España ha vuelto a sorprender. El empleo no solo ha aguantado la enorme incertidumbre del estallido del conflicto y sus primeros efectos, que han disparado los precios energéticos, sino que ha tirado al alza con más fuerza que en el inicio de año y ha registrado el mejor marzo de la serie histórica, con más de 211.500 trabajadores más. Una resistencia inicial que habrá que ver cómo evoluciona ante el desarrollo del conflicto, clave para determinar sus daños.

“Los datos son claramente positivos”, sostiene el economista Raymond Torres, director de Coyuntura de Funcas, que recuerda que el crecimiento del empleo en el inicio de 2026 fue algo flojo, en un contexto de meteorología adversa. Marzo, con mejor tiempo y la celebración de los primeros días de la Semana Santa, ha vivido así cierta recuperación del empleo de todo del trimestre, considera el especialista, con un mayor tirón de algunos sectores como la construcción (casi 19.500 empleos más este marzo, respecto a los 8.500 del año pasado).

Así, pese al complicado escenario internacional, el empleo ha superado finalmente las expectativas de crecimiento del Gobierno en el mes de marzo, como ha reconocido el secretario de Estado de la Seguridad Social, Borja Suárez. El balance ha sido de un nuevo récord histórico de trabajadores, de casi 21,9 millones de personas de media afiliadas a la Seguridad Social y que en términos desestacionalizados ha llegado a superar la barrera de los 22 millones de personas.

Aunque la guerra en Irán pueda parecer lejana, los economistas ya han destacado su gran importancia a nivel internacional debido a su situación estratégica, al albergar un enclave decisivo en el mercado energético, entre otros motivos.

Por tanto, lo que ocurre a más de 5.500 kilómetros de distancia, en el Estrecho de Ormuz, afecta a los ciudadanos en España, a las empresas y a los trabajadores, como lamentó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su comparecencia sobre el primer paquete de ayudas aprobado para hacer frente a esta nueva crisis internacional.

Esa afectación ya se ha dejado sentir en los bolsillos de la población, con un importante auge de la inflación al 3,3% en el mes de marzo, sobre todo debido al encarecimiento de los carburantes por el bloqueo del Estrecho de Ormuz.

No hay ERTE por Irán de momento

Además, este lunes la Seguridad Social también ha publicado los datos de trabajadores en ERTE (como es habitual junto a los de afiliación), un instrumento clave para proteger puestos de trabajo durante la pandemia de COVID y crisis posteriores como el volcán de La Palma y la Dana de Valencia.

Los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) con suspensiones de contratos o reducciones de jornada de trabajadores tampoco han aumentado en el mes de marzo, con un total de unos 10.200 trabajadores en ERTE a final de marzo respecto a los algo más de 10.100 del cierre del mes anterior.

El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha afirmado que no les “consta ningún ERTE vinculado a la guerra de Irán en la Dirección General de Trabajo”, una falta de incidencia que ha confirmado también 'el número dos' de la Seguridad Social.

“De momento la crisis no ha tenido un impacto que justifique la suspensión o la reducción de jornada, entre otras cosas porque el Gobierno ha actuado de manera prácticamente inmediata para garantizar un descenso de los precios de la energía y para apoyar a los sectores más dependientes del consumo energético”, ha subrayado Joaquín Pérez Rey.

“Esperemos que no sea necesario acudir a los mecanismos de reducción y suspensión de jornada, pero si fuera necesario, están a su disposición, plenamente protegidos”, ha añadido el 'número dos' de Yolanda Díaz. 

Mayor resistencia del mercado laboral

Pese a la necesaria cautela a futuro, el Gobierno y los sindicatos CCOO y UGT han celebrado este lunes la “resistencia” del mercado laboral en este primer golpe del estallido del conflicto, que han vinculado a un cambio estructural del mercado de trabajo, con empleos de más calidad gracias a la reforma laboral. La patronal CEOE, por su parte, ha destacado “el compromiso de las empresas con la creación de empleo, a pesar de un contexto marcado por incertidumbres geopolíticas y un fuerte encarecimiento de los costes laborales y productivos”.

Y es que, en este difícil contexto, la primera reacción del mercado de trabajo en España no ha sido levantar el pie en el crecimiento de puestos de trabajo, en un principio de cautela de las empresas ante la situación de incertidumbre. Todo lo contrario. El auge del empleo no solo se ha mantenido, sino que se ha acelerado, como muestran los datos tanto medios como desestacionalizados.

Raymond Torres coincide en que los mercados de trabajo, tanto los europeos, como “de manera más reciente el español”, están mostrando una “mayor resistencia” tras la pandemia. Por un lado, señala un “elemento demográfico” compartido, por el que las empresas tienen menos trabajadores para elegir y no quieren prescindir del talento ante las situaciones de incertidumbre, por temor a no poder recuperarlo más tarde.

Por otro lado, el economista de Funcas señala, en específico en España, la exitosa experiencia de los ERTE durante la pandemia y también la reforma laboral aprobada en 2021, que ha contribuido a “atajar uno de los principales problemas del mercado laboral” en el país, la elevada temporalidad.

Esta gran reducción de los trabajadores temporales –ahora en mínimos históricos del 11,6%– limita los rápidos ajustes de plantilla que se experimentaban en España de manera habitual ante las crisis e incertidumbres, con rápidos efectos de “montaña rusa” del mercado laboral, recuerda Torres. “Ese problema histórico ahora se ha atenuado”, subraya el economista.

Los próximos meses son decisivos

Raymond Torres considera que estos datos demuestran que “en términos de economía real aún no se ve un impacto” de la guerra de Irán, pero advierte de que estamos en un momento muy inicial del conflicto y “no se puede descartar ese impacto” en los próximos meses.

Principalmente, a través de un encarecimiento de los precios, que vaya en cadena afectando al conjunto de la economía en un contexto en el que en España ahora tiene “menos tirón de la demanda” porque el ahorro de los hogares se redujo en la pasada crisis inflacionista, y un “menor margen fiscal”, porque los fondos europeos se van agotando y han vuelto a aplicarse las reglas fiscales interrumpidas a raíz de la pandemia.

También puede haber algún “efecto positivo” económico colateral de este conflicto, apunta el especialista de Funcas, como un aumento del turismo en España frente a otros destinos, pero que aún está por determinar.

Marzo de récord en el mercado laboral español, que sumó más de 211.500 trabajadores, el dato más elevado de la serie histórica para este mes, y un total de 22 millones de personas afiliadas a la Seguridad Social en términos desestacionalidos. En términos medios, el dato más común para medir el empleo en España, el total de trabajadores alcanzó un nuevo techo, que rozó los 21,9 millones. Cuando todas las miradas apuntan a unos 6.000 kilómetros de distancia, en la guerra de Irán que inquieta a la economía mundial y ya ha comenzado a elevar los precios también en suelo nacional, el empleo por el momento parece que sigue su rumbo al alza con fuerza sin verse lastrado –al menos aún– por el contexto internacional.

El crecimiento del empleo en el mes de marzo es el mayor en términos absolutos de la serie histórica, de más de 211.500 personas, y también de los más elevados en términos relativos (+0,98%).

Marzo es habitualmente un buen mes para el mercado laboral, con una importante creación de puestos de trabajo, muchos vinculados a la hostelería y el turismo, y que es especialmente favorable, si coincide la celebración de la Semana Santa (en esta ocasión, solo los primeros días). Además, la llegada de mayores temperaturas tras el invierno suele empujar a estos y otros sectores de actividad, como la construcción.  

En esta ocasión, dado el conflicto en Oriente Medio, que ha afectado todo el mes de marzo, había expectación por ver las cifras de empleo, que por el momento parecen aguantar con normalidad. No solo por el tirón del empleo, sino también por los datos diarios de ERTE que refleja la estadística del Ministerio de la Seguridad Social, que no recoge afectación al alza. No obstante, estos datos pueden aumentar a posteriori, ya que hay un cierto decalaje entre la presentación de los expedientes y su reflejo en la estadística oficial.

Nuevo récord de trabajadores: casi 21,9 millones

Con el empuje de marzo, el mercado laboral ha superado un nuevo techo, respecto al anterior marcado en verano, que se ha quedado muy cerca de los 21,9 millones de trabajadores. En concreto, 21.882.147 personas trabajadoras afiliadas de media a la Seguridad Social.

El Gobierno ha destacado esta mañana otro récord, el de los trabajadores según la estadística desestacionalizada, que ha alcanzado por primera vez una cifra redonda: los 22 millones de trabajadores. Esta estadística mide la evolución del mercado laboral aislando los vaivenes propios de del calendario y la estacionalidad, y aunque es un dato muy utilizado y complementario en los análisis sobre el empleo, no es el que se suele utilizar para medir el total de trabajadores en España.

“Hemos superado el hito histórico de 22 millones de afiliados a la Seguridad Social, tras sumar 2,2 millones de empleos desde la reforma laboral y 3,3 millones desde 2018. En menos de dos años hemos sumado dos millones de afiliados de media”, ha destacado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

Antes de las 9.00 horas, que es cuando el Ministerio publica los datos, ya el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, había adelantado en sus redes sociales que España había alcanzado los 22 millones de ocupados en marzo por primera vez en su historia, sin precisar que se trataba del dato desestacionalizado. El anuncio lo ha hecho vestido con una camiseta de la selección española de fútbol, con el número 22 a la espalda, como guiño a los 22 millones de ocupados.

En términos desestacionalizados, el número de cotizantes a la Seguridad Social registró un importante empujón este mes, con una subida mensual de 80.274 afiliados, casi el doble que los registrados en febrero (45.000), que ya había acelerado el empleo respecto a enero (17.300). Así, se ve una importante aceleración de la creación de empleo.

Volviendo a los datos medios, también se observa este mayor empuje del mercado laboral. En el último año, de marzo de 2025 a marzo de 2026, la Seguridad Social ha ganado más de medio millón de personas trabajadoras, con 524.501 afiliados, lo que supone un ritmo de creación de empleo de casi el 2,5%, que suma tres décimas respecto al mes anterior (2,2%).

La hostelería tira del empleo

Por regímenes, el General, el más numeroso del sistema, ganó más de 194.200 afiliados medios en marzo (+1%), hasta un total de 18,39 millones de ocupados, mientras que el Régimen de Autónomos (RETA) sumó 14.900 afiliados (+0,4%), lo que situó el total de cotizantes por cuenta propia en un nuevo máximo de 3.429.534 personas. En comparación con marzo de 2025, hay 40.286 autónomos más cotizando a la Seguridad Social (+1,2%).

Dentro del Régimen General, la hostelería protagonizó el mayor repunte de la afiliación respecto al mes anterior, con 79.701 nuevos ocupados (+5,6%), seguido de actividades administrativas, con 17.206 nuevos cotizantes (+1,2%), y de la construcción, que sumó 17.156 afiliados medios (+1,7%).

Por su parte, en el Sistema Especial Agrario se produjeron 3.895 altas (+0,6%) y en el del Hogar, 3.886 bajas (-1,1%). En el mes de marzo se han registrado casi 10,4 millones de afiliadas, la cifra más alta de la serie, además de récord en afiliados extranjeros, que superan los 3,15 millones por primera vez.

23.000 personas menos en paro

Además, el paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 22.934 personas en marzo en relación al mes anterior (-0,9%), casi el doble que en igual mes de 2025, impulsado, fundamentalmente, por el sector servicios, que concentró buena parte del descenso del desempleo, según datos publicados este lunes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Tras la caída del paro en el tercer mes del año, el número de desempleados se situó en su nivel más bajo en un mes de marzo en los últimos 18 años, con un total de 2.419.712 parados, ha subrayado el Ministerio.

“Somos conscientes de que muchas personas todavía hoy están en desempleo y seguiremos trabajando para reducir las cifras de desempleo en nuestro país. La próxima parada es el control horario, porque se hacen dos millones y medio de horas extras a la semana sin pagar y lógicamente esto es una irregularidad, por tanto, próxima parada control horario”, ha subrayado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

El retroceso del paro en marzo de este año es mayor que el experimentado en igual mes de 2025 (-13.311 desempleados), pero inferior a los descensos de marzo de 2024 (-33.405) y 2023 (-48.755).

Desde el inicio de la serie histórica comparable en 1996, el paro ha bajado en marzo en 26 ocasiones y ha subido en cinco. El mayor repunte en este mes se produjo con la llegada de la pandemia en 2020, con 302.000 desempleados más, y el mayor descenso fue el de 2002, cuando disminuyó en 66.800 parados, destaca Europa Press.

En términos desestacionalizados, el paro registrado bajó en el tercer mes de 2026 en 15.534 personas. En el último año el desempleo acumula un descenso de 160.426 parados, lo que supone un 6,2% menos, con un retroceso del paro femenino de 95.206 mujeres (-6,1%) y una caída del desempleo masculino de 65.220 varones (-6,3%).

Así, al finalizar el tercer mes de 2026, el número total de mujeres en paro se situó en 1.458.572 mujeres, su nivel más bajo en un mes de marzo en 18 años, mientras que el de varones totalizó 961.140 desempleados.

Por sectores, el paro bajó especialmente en el sector servicios, con 18.852 desempleados menos que en febrero (-1%), seguido de la construcción, que restó 5.846 desempleados (-3,4%), y de la industria, con 1.482 parados menos (-0,8%). Por contra, el desempleo subió en marzo en la agricultura, con 365 parados más (+0,5%), y en el colectivo sin empleo anterior, compuesto mayoritariamente por jóvenes en busca de su primera experiencia laboral, donde aumentó en 2.881 personas (+1,3%).

Por comunidades autónomas, el paro registrado disminuyó en marzo en 14 comunidades autónomas y subió en tres: Canarias (+843 desempleados), Madrid (+342) y País Vasco (+179). En el lado de los ascensos, destacaron los de Andalucía (-8.836 desempleados), Cataluña (-3.777) y Comunidad Valenciana (-2.467).

El trabajo temporal roza mínimos, del 11,6%

En marzo de este año se registraron algo más de 1,3 contratos, casi un 12,4% más que en el mismo mes de 2025. De todos ellos, 576.532 fueron contratos indefinidos, el 44% del total.

Yolanda Díaz ha resaltado que ese 44% de contratación indefinida, frente al 10% que suponía antes de la reforma laboral. “Estos datos explican y son la respuesta de todas las reformas laborales que hemos emprendido desde hace ya más de seis años en el Ministerio de Trabajo, desde el Gobierno de España. Desde la subida del salario mínimo, la reforma laboral, la protección y la reforma del subsidio por desempleo y tantas y tantas normas”, ha recalcado.

Con estos datos de marzo, el balance de trabajadores temporales sobre el total de personas asalariadas se sitúa en el 11,6%, rozando el mínimo histórico alcanzado tras la reforma laboral (11,5%).

“La población extranjera ha venido para quedarse y debe ser parte activa de la sociedad”. El secretario general de UGT en Aragón, José Juan Arcéiz, ha resumido así el papel de la inmigración en el mercado laboral autonómico, que el año pasado fue la base del crecimiento registrado en la comunidad. Basta un dato: frente al aumento de 13.600 ocupados extranjeros en 2025, se produjo una caída de 8.800 nacionales. Hay sectores en los que la preponderancia del empleo foráneo es muy elevada, como en el caso de los trabajadores del hogar, en el que alcanza un 78,12% de los afiliados a la Seguridad Social.

Estos son algunas de las cifras expuestas por la central con motivo de su ya tradicional informe sobre el mercado laboral en Aragón respecto al ejercicio pasado. Un documento que destaca la importancia creciente de la población inmigrante, que ha favorecido el crecimiento y explica el aumento de la población activa y de la ocupación. Un fenómeno ante el que UGT pide que se le facilite el aprendizaje del idioma y se promueva su participación laboral y social, por ejemplo con acciones educativas y deportivas.

En conjunto, 2025 se cerró con un incremento del 2,29% en cuanto a los afiliados a la Seguridad Social en Aragón. Arcéiz ha llamado la atención sobre el hecho de que desde el sindicato observan una “renovación en la mano de obra” del mercado laboral, con un crecimiento en el número de menores de 35 años, que suponen “el grueso de la afiliación” a la Tesorería.

La presencia de trabajadores extranjeros en Aragón continuó creciendo el año pasado: llegaron a 109.300 en diciembre, frente a 95.700 un año antes. Estos 13.600 ocupados más entre el colectivo inmigrante sirvió para compensar la caída de la ocupación en nacionales en 8.800 personas, hasta 559.100. “La evolución positiva de la economía produce un efecto arrastre en la ocupación”, ha recordado Arcéiz. A su vez, “el incremento de ocupados en personas extranjeras” ha llevado a un nivel de desempleo en “mínimos históricos”.

Hoy por hoy, uno de cada seis afiliados a la Seguridad Social en Aragón es ya de origen extranjero: ha pasado en solo un año de tener un peso del 16% al 16,63%, seis décimas más. Por actividades, tanto en el Régimen General como en el de los autónomos, los inmigrantes están principalmente ocupados en la industria manufacturera y en la hostelería, por delante del comercio o las actividades administrativas.

Brecha de género

Otro de los puntos sobre los que UGT pone el foco es la brecha de género, que sigue siendo profunda. Más del 60% de los trabajadores en paro, ha recordado Arcéiz, son mujeres: “Desde luego, eso no es admisible”.

Arcéiz ha llamado la atención sobre “una inmovilidad geográfica de las personas que buscan empleo”, apuntando que el 81% de los desempleados que buscan trabajo lo hacen en su entorno familiar. La provincia de Zaragoza acumula el 63% de todos los parados de la comunidad autónoma, aunque también aglutina “un porcentaje similar” en cuanto a productividad, en términos de PIB, lo que “no genera problema en el resto de la Comunidad”.

“El paro encuestado se ha reducido en mil trabajadores y se produce principalmente en agricultura y servicios, y también entre el colectivo que busca un primer empleo. Sube, sin embargo, en la construcción y en la industria”. Sin embargo, el sector servicios aglutina el 69% del desempleo y la industria el 11%.

El dirigente de UGT Aragón ha apostado por implementar políticas activas de empleo y de inserción laboral destinadas a la mujer, políticas que les permitan una mayor empleabilidad tanto a las mujeres como a los mayores de 45 años, así como a los migrantes que están llegando a Aragón, con medidas para facilitar que aprendan el español, ya que su desconocimiento les dificulta acceder a la formación laboral.

“Lo que nos ha sorprendido es que la presencia en el desempleo, la media está en tres meses y sin embargo luego el siguiente dato de población que está en el desempleo es a más de dos años, lo que quiere decir que hay gente que está buscando un empleo y lo encuentra con cierta rapidez, sin embargo, el que se cronifica en el desempleo tarda mucho en poder salir de él”.

Empleo tecnológico

Hay nuevas demandas de empleo en los sectores tecnológicos, pero “desde luego las TIC no van a ser la exclusividad”, sino que también hay demanda de empleo en sectores más tradicionales, como los empleos relacionados con la electricidad, la mecánica y otros.

Arcéiz ha recomendado intensificar la coordinación entre el asesor laboral y el asesor escolar a edades tempranas para que los jóvenes tengan claro cuáles van a ser las ofertas de empleo en el futuro. Ha propuesto asimismo crear una Mesa para la Transición Digital.

Los salarios aumentaron un 3,6% en 2025 respecto al año anterior, hasta los 2.531 euros brutos al mes de media, según los datos del último trimestre del año de la Encuesta Trimestral de Coste Laboral (ETCL) que ha publicado este martes el INE. Los costes laborales totales para la empresa aumentaron algo más, un 3,8%, hasta los 3.382 euros al mes por trabajador.

Los salarios ascendieron así algo más de media en 2025 que en 2024 (3,5%) y menos que en 2023 (4%), según esta estadística. Con estos incrementos, el sueldo medio está ganando poder adquisitivo, dado que está avanzado más que la inflación, situada en el 2,9% interanual a cierre de 2025. La patronal y sindicatos pactaron en el último gran acuerdo de negociación colectiva (AENC) un alza del 3% de los salarios para 2025.

No obstante, hay que recordar que esta es la imagen media, tras la que hay muchas remuneraciones diferentes. En el caso de los salarios más bajos, los sindicatos advierten de que el gran aumento de gastos básicos, como los alquileres y la alimentación, erosionan especialmente sus economías.

Si nos fijamos en el salario hora, la media está situada en casi 20 euros brutos, lo que supone un aumento del 3,3% respecto al cierre de 2025.

Por tipo de jornada, el salario medio de las personas que trabajan a tiempo completo alcanzó los 2.929 euros brutos al mes, mientras que quienes trabajan a tiempo parcial –mujeres en el 73% de los casos– ganaron de media 1.133 euros brutos al mes.

1.500 euros en hostelería y 5.000 euros en el sector energético

Por sectores de actividad, los mayores salarios medios son los de quienes trabajan en el “suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado”, que roza los 5.000 euros al mes brutos (4.943), seguido por “actividades financieras y de seguros”, con 4.583 euros brutos al mes e “información y comunicaciones”, con 3.870 euros brutos al mes.

En el lado contrario, las actividades con salarios más bajos –sin tener en cuenta el empleo del hogar– son la hostelería, con 1.488 euros al mes de media, las actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento (1.654 euros) y actividades administrativas y servicios auxiliares (1.704 euros).

La encuesta refleja el mayor aumento de otros costes laborales, como las cotizaciones a la Seguridad Social, con un avance del 4,5% al cierre de 2025, que refleja los cambios introducidos en las últimas reformas de pensiones, como una nueva subida del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (al 0,8% sobre la base de cotización) y una mayor cotización de los salarios más altos.

Las vacantes sin cubrir aumentan a 155.700

La estadística también ofrece información sobre los puestos vacantes sin cubrir por parte de las empresas. A cierre de 2025, las empresas notificaban 155.737 vacantes de empleo, un 5% más que a cierre del año anterior, y una de las mayores cifras de puestos libres de los últimos años, sólo por detrás de los 155.797 del tercer trimestre de 2023.

El 91% de las empresas afirmaban no tener vacantes porque “no necesitan ningún trabajador más”, mientras que un 5,3% indica que es debido al “elevado coste de contratación”.

Los datos reflejan que la mayor parte de las vacantes se encuentran en la “Administración Pública y Defensa, Seguridad Social”, con 55.793 puestos sin cubrir, seguido de las actividades sanitarias y servicios sociales –donde también hay un gran peso de empleo público– (14.595) y en tercer lugar el comercio, con 14.029 vacantes.

La patronal CEOE denuncia que esta estadística oficial no está midiendo bien esta realidad de puestos sin cubrir, que consideran que es mucho mayor y un problema en algunos sectores, como la hostelería y la construcción.

Los sindicatos, por su parte, denuncian que el problema de puestos sin cubrir es por el momento reducido en España y sobre todo lo atribuyen a los bajos salarios o peores condiciones de algunas actividades respecto a otras, en un momento de creación de empleo donde los trabajadores tienen más opciones para elegir, y también debido a las tensiones de los precios de la vivienda en ciertas ubicaciones. Por ejemplo las más turísticas (como Baleares), que impiden a algunos trabajadores aceptar puestos de trabajo por su incapacidad para pagar los alquileres del mercado.

L'atur registrat a les oficines dels serveis públics d'ocupació va baixar en 706 persones al febrer a les Balears en relació amb el mes anterior (-2,52%) i en 2.068 persones en relació amb el segon mes de l'any passat (-7,03%), i se situa en 27.339 aturats, segons dades publicades aquest dimarts pel Ministeri de Treball i Economia Social.

Al febrer, els sectors amb més aturats són Serveis (20.357, amb 862 menys que al gener) i Construcció (3.095, amb 7 més), mentre que els sectors amb menys aturats són Agricultura (330, amb 23 menys) i Indústria (1.187, amb 22 menys).

Per sexes, dels 27.339 aturats registrats al febrer, 15.560 són dones i 11.779 són homes. L'atur entre els joves menors de 25 anys se situa en 3.697 persones, de les quals 2.024 són homes i 1.673 són dones.

En el segon mes de l'any, l'atur entre els estrangers es va situar en 6.173 persones després de baixar un 6,71% respecte del gener i un 4,50% en comparació amb l'any anterior.

Contractació

Al febrer es van registrar 22.553 contractes a les Balears, un 5,45% menys que l'any anterior. De tots ells, 15.514 van ser indefinits (-2,60%) i 7.039, temporals (un 11,19% menys).

Per altra banda, l'arxipèlag va registrar el passat mes de febrer 505.280 afiliats a la Seguretat Social, 13.529 més que el mes anterior (+2,75%), segons les dades fetes públiques aquest dimarts pel Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions.

En termes interanuals, l'afiliació a la Comunitat Autònoma s'ha incrementat en 9.742 treballadors respecte del febrer de 2025, un 1,97% més.

A les Balears, el règim general de la Seguretat Social compta amb 401.866 cotitzants, dels quals 7.874 estan registrats com a treballadors de la llar i 2.266 com a treballadors agraris. A més, hi ha 101.550 persones inscrites en el règim d'autònoms i 1.864 en el de treballadors del mar.

Per altra banda, al febrer hi havia a l'arxipèlag balear 122 treballadors en expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO), 61 dones i 61 homes.

En el conjunt d'Espanya, el nombre mitjà d'afiliats a la Seguretat Social s'ha situat en 21.670.636. El mercat laboral ha sumat 474.482 treballadors en l'últim any i 97.004 en l'últim mes.

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 706 personas en febrero en Balears en relación al mes anterior (-2,52%) y en 2.068 personas en relación al segundo mes del año pasado (-7,03%) y se sitúa en los 27.339 parados, según datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

En febrero, los sectores con más parados son Servicios (20.357 con 862 menos que en diciembre), Construcción (3.095 con 7 más), mientras que los sectores con menos desempleados son Agricultura (330 y 23 menos) e Industria (1.187 y 22 parados menos).

En cuanto a sexos, de los 27.339 desempleados registrados en febrero, 15.560 fueron mujeres y 11.779, hombres. El paro entre los jóvenes menores de 25 años se situó en 3.697 personas de los cuales 2.024 son hombres y 1.673 son mujeres.

En el segundo mes del año, el paro entre los extranjeros se situó en 6.173 personas tras bajar un 6,71% respecto a enero y un 4,50% en comparación con el año anterior.

Contratación

En febrero se registraron 22.553 contratos en Balears, un 5,45% menos que el año anterior. De todos ellos, 15.514 fueron contratos indefinidos (-2,60%) y 7.039, contratos temporales (un 11,19% menos).

Por otro lado, el archipiélago registró en el pasado mes de febrero 505.280 afiliados a la Seguridad Social, 13.529 más que el mes anterior (+2,75%), según los datos hechos públicos este martes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En términos interanuales, la afiliación en la Comunidad Autónoma se ha incrementado en 9.742 trabajadores respecto a febrero de 2025, un 1,97% más.

En Balears, el régimen general de la Seguridad Social cuenta con 401.866 cotizantes, de los cuales 7.874 están registrados como trabajadores del hogar y 2.266 como trabajadores agrarios. Además, hay 101.550 personas inscritas en el régimen de autónomos y 1.864 en el de trabajadores del mar.

Por otro lado, en febrero había en el archipiélago balear 122 trabajadores en expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), 61 mujeres y 61 hombres.

En el conjunto de España, el número de afiliados a la Seguridad Social ha sido de 21.670.636 afiliados medios. El mercado laboral ha sumado 474.482 trabajadores en el último año, 97.004 solo en el último mes.

Fundación Eurocaja Rural ha celebrado el acto de bienvenida al alumnado que integra la tercera edición de 'Campus Talento: Especialista en IA y Transformación Digital Empresarial'. El evento, desarrollado en los Servicios Centrales de Eurocaja Rural en Toledo, marca el inicio de este programa formativo gratuito, cofinanciado por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+) y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en el marco del Programa FSE+ 2021 2027, orientado a fortalecer las competencias digitales de los jóvenes estudiantes y mejorar sus oportunidades de acceso al empleo tecnológico.

El acto ha contado con la participación del presidente de Fundación Eurocaja Rural, Javier López Martín; la viceconsejera de Educación, Universidades e Investigación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (JCCM), María del Mar Torrecilla Sánchez, y la presidenta de Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA), Arancha De las Heras García, así como personal docente del mismo, junto al alumnado del programa.

Durante su intervención, el presidente de Fundación Eurocaja Rural ha dado la bienvenida al alumnado y los ha animado a aprovechar plenamente esta experiencia. Ha subrayado que los estudiantes han sido seleccionados entre numerosos jóvenes brillantes, lo que “ya dice mucho de vuestra capacidad y vuestro talento”, y les ha invitado a asumir la responsabilidad de exprimir la oportunidad al máximo.

López Martín ha incidido en que el talento es uno de los motores esenciales del progreso, pero recalcó que para poder desarrollarse “necesita oportunidades, acompañamiento y un contexto adecuado”. En este sentido, ha explicado que 'Campus Talento' nació con el propósito de ofrecer una formación actualizada, de vanguardia y alineada con las principales demandas del mercado laboral.

Asimismo, ha señalado que durante las próximas semanas los alumnos trabajarán con profesionales de primer nivel y empresas relevantes de la región, lo que les permitirá conocer de primera mano realidades empresariales y poner a prueba sus habilidades. Invitó al alumnado a “aprovechar cada sesión, cada conversación y cada reto”, y ha recordado que el mercado laboral exige perfiles que combinen conocimientos técnicos con visión empresarial, trabajo en equipo, adaptación y capacidad de aportar valor en entornos reales. “Por eso os ofrecemos actualizar vuestras competencias y reorientar la carrera hacia sectores con gran proyección”.

El presidente ha querido resaltar otra dimensión clave del programa: la formación en valores. Insistió en que 'Campus Talento' no solo busca formar profesionales excelentes, sino también “personas con sensibilidad social, liderazgo y vocación de servicio. En Fundación Eurocaja Rural entendemos la empresa como un agente comprometido con su región, y queremos que vosotros, como futuros líderes, asumáis también ese compromiso. Esperamos que esta edición sea el comienzo de un viaje apasionante, lleno de aprendizaje, descubrimiento y oportunidades”.

Intervenciones institucionales

  Por su parte, la viceconsejera de Educación, Universidades e Investigación ha subrayado que para el Gobierno regional es “importantísima” la implementación de programas como este 'Campus Talento', destinados a ofrecer la mejor formación posible al alumnado y a poder retener ese talento joven que tenemos.

“Es una apuesta muy fuerte por la mejora de la calidad y porque se realice con entidades colaboradoras que nos permitan, por un lado, esa formación teórica y académica y, por otro, la presencia de nuestros alumnos en empresas. Queremos que sean capaces de transformar las empresas. Se van a formar en inteligencia artificial, con una orientación clara hacia el ámbito empresarial”.

Por último, la presidenta de UDIMA ha indicado que “para nosotros es una gran oportunidad que Fundación Eurocaja Rural y la Junta apostado por UDIMA y el CEF en impartir esta formación, y esperamos sea aprovechada por estos estudiantes”.

“Contamos con grandes profesionales y un programa que no sólo se queda en la parte teórica, sino que también acude a la práctica, a través de nuestros docentes, que son profesionales en activo y que enseñan lo que están viendo en sus empresas. Este MBA no es un aprendizaje cualquiera, sino que tiene esa parte específica de Transformación Digital, ya que ahora la formación no se puede quedar solo en enseñar, como hacíamos antes en temas de empresas, sino que debemos ir de la mano con las nuevas tecnologías”.

Un compromiso sostenido con el empleo juvenil

Desde su creación, 'Campus Talento' se ha convertido en una de las iniciativas más valoradas por su capacidad para combinar formación técnica, experiencia práctica y empleabilidad real, contribuyendo de manera directa al desarrollo económico y social de Castilla-La Mancha.

El programa se realiza gracias a la Cofinanciación del Fondo Social Europeo, la Iniciativa de Empleo Juvenil y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, enmarcado en el tramo autonómico del programa Operativo de Empleo Juvenil de Castilla-La Mancha, y tiene por finalidad formar a jóvenes menores de 30 años en Inteligencia Artificial y transformación digital empresarial con el objetivo último de fomentar su empleabilidad.

Esta iniciativa ofrece 350 horas de formación online en directo, con metodología práctica y contenidos actualizados, además de supervisión durante el aprendizaje, con tutorías personalizadas.

Al final de la formación, los alumnos obtendrán una certificación oficial de inglés y acreditación sobre sus competencias digitales y habilidades prácticas en negocio, trabajo en equipo y adaptación a entornos reales. Por otro lado, disfrutarán de dos meses de prácticas en empresas de Castilla-La Mancha, que les permitirán aplicar los conocimientos adquiridos durante la formación en entornos profesionales.

A golpe de récords de trabajadores, el empleo en España está sorprendiendo por su empuje, a la cabeza de Europa y motor del crecimiento económico nacional, y por su resiliencia ante las últimas crisis, como la pandemia y la inflacionista. Además, con una reducción del trabajo temporal a mínimos históricos. Pero entre tantas luces, también hay sombras y retos pendientes de nuestro mercado laboral que abocan a muchas personas a la precariedad de salarios y jornadas insuficientes, y también al paro, sobre todo a jóvenes y a personas de edades avanzadas.

“Creamos más empleo de lo que se reduce el paro”, destaca Jesús Cruz Villalón, catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Sevilla. España logró en el cierre del año que la tasa de paro cayera por debajo del 10%, un hito que solo se ha logrado en dos ocasiones en los últimos 40 años y que aun así nos sitúa como el segundo país de la Unión Europea con más trabajadores en desempleo. Solo por detrás de Finlandia (10,2%) y muy lejos de la media de la UE (5,9%).

La reducción del paro es más lenta por algunos buenos motivos, apunta el catedrático Cruz Villalón. El primero, porque España está aumentando mucho los trabajadores extranjeros. “Y vamos a necesitar muchos más en el futuro” dado el envejecimiento de la población, recuerda el especialista. Además, por un agrandamiento del mercado laboral, gracias al incremento de la población dispuesta a trabajar. “Personas que cuando hay más oportunidades de empleo se activan. Es un desempleo oculto que ahora aflora y eso es bueno”, considera Cruz Villalón.

Elevado paro juvenil y de larga duración entre los mayores

Sin embargo, también hay importantes deberes pendientes para reducir el paro desde hace décadas. “El empleo de los jóvenes está mejorando, pero hay todavía altas tasas de paro”, destaca Raymond Torres, economista de Funcas, que señala que hay que “mejorar la transición del sistema educativo al laboral”, tanto en la formación profesional como en el sistema universitario, para que haya “más conexión entre el perfil pedagógico y la inserción al mercado laboral” de los jóvenes.

Cuando desglosamos la tasa de paro general por edades y sexos, se observa que los datos más elevados de desempleo se concentran entre los jóvenes, con incluso porcentajes que alcanzan el 32% entre los hombres entre 16 y 19 años, según la Encuesta de Población Activa (EPA) de cierre de 2025.

Carlos Arcas, director de The Adecco Group Institute, añade un nuevo reto a la inserción laboral de los jóvenes: “La Inteligencia Artificial”. “Antes una persona joven con estudios y ganas empezaba a trabajar casi en cualquier empresa. Ahora muchos trabajos de titulación y ganas los hace la Inteligencia Artificial. Esto ya está generando brechas de empleo y exclusiones laborales, es un tema en el que tenemos que trabajar”, sostiene.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) precisamente señaló los riesgos de la IA para la inserción laboral de los jóvenes en su último informe anual de Tendencias del empleo, como han comenzado a advertir algunos estudios. Por ejemplo, uno de 2025 de investigadores de la Universidad de Stanford, que apunta ya sobre la existencia de algunos efectos preliminares de la IA en el mercado laboral de EEUU, con una reducción de los puestos de trabajo más junior frente a los de trabajadores con más antigüedad y experiencia.

Los datos de desempleo son más altos en general que los de 2006, en mínimos de paro antes de la crisis financiera, y sobre todo entre los hombres y también en las edades más avanzadas, un grupo cada vez más protagonista del desempleo en España en términos absolutos.

En número de personas, la EPA contabilizó 2.477.100 personas desempleadas a cierre del año pasado. De ellas, el 30% tiene más de 50 años. En 2006, el dato era del 13,5%.

Si cruzamos los datos por edad y por duración de tiempo en paro, se observa cómo los jóvenes protagonizan el paro de corta duración, pero las personas de edades más avanzadas tienen una enorme presencia entre el llamado paro de larga duración, a partir del año.

Y más aún en el paro de muy larga duración, de más de dos años de búsqueda de empleo, que alcanza a 521.000 personas. De ellas, casi el 41% son mayores de 51 años.

No es que el paro de larga duración no se esté reduciendo, sí lo está haciendo desde la recuperación post crisis financiera, como refleja el siguiente gráfico, pero sigue siendo elevado.

Desde el Ministerio de Trabajo señalan también a las empresas, que expulsan por inercia a los trabajadores de edades más avanzadas como políticas para abaratar costes y no siempre atendiendo a criterios de productividad y talento. “Seguramente muchas de ellas están en lo mejor de su actividad laboral y son más productivos que nunca”, sostiene el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, sobre los mayores de 52 años.

“Hay colectivos vulnerables cuyas opciones de reinserción laboral son realmente bajas y esto se ha acentuado con la revolución digital. Estos perfiles necesitan una recualificación profunda, algo que no se soluciona con cursos breves o unas indicaciones de orientación laboral”, sostiene la economista Lucía Gorjón, de la Fundación Iseak. Coincide Raymond Torres, que demanda una mejora en “la recolocación de parados” por parte de las oficinas públicas de empleo, que sean capaces de “buscar vacantes en el tejido productivo local”.

“Sería importante aprovechar este momento de expansión económica y la existencia de un sistema de último recurso como el IMV (Ingreso Mínimo Vital) para que estas personas volvieran a participar en la educación formal y pudieran reconstruir su perfil profesional hacia profesiones con demanda de empleo presente y futura”, añade Gorjón.

El debate de los puestos vacantes sin cubrir

El economista de Funcas también considera que “ahora es un buen momento” para mejorar las llamadas políticas activas de empleo, frente a las épocas de crisis u otras menos boyantes en empleo, ya que hay puestos disponibles y algunos sectores “muy dinámicos, como la construcción”, que están advirtiendo de la falta de mano de obra.

Unas vacantes sin cubrir en las que pone el acento también The Adecco Group Institute y que están situadas en casi 153.000 puestos de trabajo, según el INE. En las empresas consideran en cambio que el dato es más elevado, pero que la estadística oficial no está siendo capaz de medirlo. Además, las patronales insisten en el reto de las ausencias por el gran aumento de las bajas médicas de los trabajadores, que los sindicatos piden abordar desde un enfoque de salud y no economicista.

En el debate sobre las vacantes, y los puestos sin cubrir pese al elevado paro, en el gabinete económico de CCOO señalan también que, frente a los discursos habituales de falta de formación, hay también una carencia de oportunidades en ciertos tejidos productivos, en los que España exporta trabajadores cualificados a otros países, con mejores condiciones salariales, desde puestos de enfermería a tecnológicos.

“A futuro el problema de tensiones en la mano de obra lo vamos a ver donde las empresas no ofrezcan trabajo atractivo, unas buenas condiciones”, analizan los economistas del gabinete económico del sindicato, Luis Zarapuz, Natalia Arias y Álvaro Gaertner. Así como fruto de “cuellos de botella por la vivienda”, algo que ya se está produciendo en lugares con precios muy elevados, como Baleares. “Sin políticas de vivienda tendremos tasas de paro aún más altas”, urgieron hace unos días los líderes de los sindicatos mayoritarios, Unai Sordo (CCOO) y Pepe Álvarez (UGT).

Salarios bajos que no dan para vivir

Otra de las sombras que oscurece los avances del mercado laboral son los bajos salarios, que sienten los trabajadores cada mes en sus bolsillos y frustran en muchos casos sus oportunidades vitales. Aunque están aumentando en los últimos años, cuando se tiene en cuenta la inflación, se observa que están “estancados en los últimos 25 años” en su poder de compra, destaca la economista Natalia Arias.

Han mejorado mucho su situación los salarios más bajos, que son los que más perdieron durante la pasada crisis, por lo que partían de una posición muy desfavorable y en algunos casos siguen siendo insuficientes. Especialmente, ante el gran aumento de precio de bienes básicos, como la alimentación y la vivienda.

“En España, los salarios son relativamente bajos”, reconoce el economista Raymond Torres, que apunta que aunque “tiene que ver con la productividad”, que en nuestro país es más reducida que en Europa, “pero no solo es por eso”, añade el especialista de Funcas, que recuerda que España exporta trabajadores cualificados a otros países donde consiguen mejores salarios. “También tiene que ver con que tenemos muchas empresas pequeñas, que no crecen, un reto estructural que viene de lejos”, sostiene Torres.

Con las fuertes subidas del salario mínimo de los últimos años, del 61% desde 2018, hay cada vez más trabajadores alrededor de este suelo salarial en España, en un contexto en el que el sector privado y los convenios colectivos no han subido tanto las remuneraciones a partir de este indicador.

Para impulsar al alza los sueldos entre el SMI y el salario medio, los sindicatos CCOO y UGT proponen que los próximos años este colectivo concentre las mayores subidas. Plantean aumentos del 4% anual en general y de hasta el 7% para estos salarios más bajos, a la espera de que se inicien las conversaciones con la patronal para tratar de alcanzar otro gran acuerdo de negociación colectiva (AENC).

El catedrático Jesús Cruz Villalón llama la atención sobre una cierta “cultura en las empresas, pero también en la negociación colectiva” que aboca casi inevitablemente a los jóvenes a cobrar bajos salarios, “incluso si son muy cualificados”. Algo que considera que está influido por ciertos prejuicios sobre que las familias pueden ayudar a estos trabajadores y que en muchos casos viven en la casa familiar. “Puede que sí y en otras ocasiones no, hay que poner esto en el debate”, sostiene el especialista.

La cara B de los bajos salarios son hogares en los que en ocasiones es muy complicado llegar a fin de mes. Según los últimos datos, el 42% de los trabajadores dice cuadrar las cuentas con “dificultad”. O incluso se viven situaciones de pobreza pese a tener un empleo. España es de los países de la UE con más pobreza laboral, del 11%, solo por detrás de Bulgaria y Luxemburgo. La media está en el 8%.

La economista Lucía Gorjón señala las personas trabajadoras que no logran salir de la pobreza lo hacen principalmente por los dos motivos: “La parcialidad involuntaria y, especialmente, la temporalidad”. Es decir, por una baja intensidad del empleo, pocas horas o días de trabajo. “Gracias a las sucesivas subidas del salario mínimo interprofesional, actualmente una persona que trabaja todo el año a jornada completa logra superar (con bastante margen) el umbral de riesgo de pobreza”, recuerda la investigadora de ISEAK.

El economista de Funcas también añade como factor empobrecedor clave de los trabajadores “la vivienda”. El Consejo Económico y Social (CES) alertó en su última memoria anual que su elevado precio se está “tragando” los avances salariales y económicos en España.

Un tiempo parcial feminizado, muchas veces involuntario

Tras el importante descenso del trabajo temporal, todos los especialistas consultados apuntan a los contratos a tiempo parcial como uno de los principales focos de precariedad del mercado de trabajo. Contratos de tiempo reducido que ocupan a algo más de tres millones de personas en España, de las que su gran mayoría (73%) son mujeres.

“Hay que tener en cuenta la parcialidad involuntaria. Frente a la creencia extendida de que la parcialidad la realizan las mujeres para conciliar su vida familiar y laboral, los datos muestran que, sí es cierto que la parcialidad recae fundamentalmente sobre las mujeres, pero casi un millón trabajan a jornada parcial porque no pueden encontrar empleo a jornada completa (frente a 380.000 que lo hacen para cuidar de personas dependientes)”, subraya Lucía Gorjón.

Además de la parcialidad involuntaria, las mujeres tienen muchos más contratos reducidos para cuidar que los hombres (380.000 frente a 31.700), por lo que desde los sindicatos reclaman medidas públicas de cuidados y de educación, como la gratuidad de las escuelas de 0 a 3 años, para combatir esta desigualdad que lastra los ingresos de las mujeres.

“La jornada explica más de la mitad de la brecha salarial” entre hombres y mujeres, subraya Natalia Arias, que destaca que la parcialidad está más extendida en los sectores feminizados, donde trabajan más las mujeres.

“Cuando las empresas necesitan flexibilidad, cargan en el más vulnerable, que es el tiempo parcial frente al trabajador de tiempo completo”, sostiene Jesús Cruz Villalón. El catedrático recuerda que las horas complementarias (por encima de las contempladas en el contrato) no se retribuyen igual que las extraordinarias y su regulación es más permisiva, lo que hace que muchas compañías utilicen estos contratos como parche para ajustar horarios.

Carlos Arcas reconoce cierta “cultura” empresarial de uso de la parcialidad cuando no está del todo justificada. “Si una empresa necesita ocho horas, tiene que hacer así los contratos. Lo que no podemos es jugar a incrementar horas complementarias por ahorrar costes o para mantener una arquitectura contractual que no se adapta a las necesidades de la empresa”, valora el director de The Adecco Group Institute.

El año ha comenzado con importantes noticias económicas para Catalunya. El país registró un récord de empleo a finales de 2025. Pero algo no encaja con la realidad de millones de personas del país. Bajo esta avalancha de titulares y esta apariencia de bonanza se esconden datos que hacen chirriar el relato triunfalista del Govern, ejemplificado en el Conseller de Presidència, Albert Dalmau, quien recientemente se jactaba en redes sociales del crecimiento de la economía catalana, que se sitúa por encima de la media europea.

El señor Dalmau confía en un espejismo. Y es peligroso, porque esta mejora no se ha traducido en una mejora real de las condiciones de vida. Ni mucho menos. Hace unas semanas conocíamos el informe FOESSA, presentado por Cáritas, con un diagnóstico contundente: el 38% de la población ocupada en Catalunya es pobre. Hablamos de 1,4 millones de personas que trabajan y cotizan, pero que no llegan a fin de mes con tranquilidad. Los últimos datos del Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) muestran que Catalunya se encuentra entre los territorios con más pobreza de Europa (24,85%, a la altura de Bulgaria y Rumanía) y, especialmente, aumenta en los hogares con hijos (30,8%).

Este es el tabú económico del país para las élites económicas, que se niegan a reconocer que su modelo no funciona: trabajar ya no es una garantía contra la pobreza. Nos hemos acostumbrado a medir el éxito del país con variables macroeconómicas, pero no con la que realmente importa: si los salarios permiten vivir bien. Y estos datos no son flor de un día, sino que tienen raíces profundas.

Entre 2018 y 2024, el número de personas con empleo en Catalunya ha crecido un 13,8%, sobre todo en el sector servicios y en la construcción. Pero este impulso no se ha traducido en mejoras salariales. La inflación disparada desde 2021 ha engullido cualquier incremento, y el resultado es que miles de personas trabajan cada día por sueldos que no les permiten cubrir necesidades básicas.

Si lo miramos en clave europea, los casos de Italia y España son paradigmáticos. Un salario de 1.000 euros en 1991 hoy son 1.308 en la media de la OCDE o 1.284 en Francia. En cambio, son solo 1.028 en España y 1.005 en Italia. Es decir, hemos pasado treinta años trabajando, las grandes cifras hablan de un gran crecimiento, pero tú ganas prácticamente lo mismo. La causa principal la conocemos: un modelo productivo de bajo valor añadido y una dependencia desmesurada del turismo y de los servicios de baja productividad.

En este contexto, la única política que realmente ha impulsado los salarios al alza ha sido la subida del salario mínimo. Pero el impacto ha sido más limitado en Catalunya, donde los precios y el coste de la vida son mucho más elevados. Pero nada de esto es inevitable. Los salarios no son la ley de la gravedad: son una decisión colectiva y dependen de decisiones políticas.

Catalunya no está condenada a reproducir el modelo de crecimiento español: cada vez más puestos de trabajo y más trabajadores pobres. ¿Por qué debemos conformarnos con estas cifras de pobreza y con un país en el que ni siquiera funcionan los trenes que te tienen que llevar a tu lugar de trabajo? A menudo nos sorprende el ascenso de los discursos reaccionarios, pero si aceptamos con resignación que casi cuatro de cada diez trabajadores sean pobres, el futuro será suyo.

Necesitamos una agenda económica catalana con el compromiso de todos los actores: trabajadores, sindicatos y también la clase empresarial. Necesitamos encontrar un camino propio para escapar del modelo productivo basado en el monocultivo turístico y la economía “low cost”, y apostar decididamente por la reindustrialización, la innovación y los servicios de valor añadido. Y necesitamos el compromiso de todas las fuerzas políticas del país con un salario mínimo catalán que responda a los precios y al coste real de vivir en el país. Este es un mínimo imprescindible para empezar a revertir esta situación crítica.

La normativa en materia de inmigración contempla un sistema general de regularización permanente, por tanto, de vigencia indefinida, que proporciona unos resultados muy positivos de integración natural de los flujos migratorios. No obstante, periódicamente se van formando bolsas de inmigración irregular, que no pueden ser atendidas con los sistemas ordinarios, que muestran su insuficiencia. El resultado es que se va incrementando considerablemente el número de extranjeros asentados en la práctica en el territorio, en gran medida integrados en nuestra sociedad desde las perspectivas más variadas, excepto por el hecho de encontrarse sin papeles.

Frente a ello, periódicamente se ponen en marcha procedimientos extraordinarios de regularización, en el sentido de que se trata de regularizaciones puntuales, con unos requisitos diferentes más amplios de los habituales. Al primero de los sistemas, el permanente, algunos erróneamente lo identifican como un régimen de regularización “individualizada”, como si el de carácter extraordinario no lo fuese, cuando no es cierto. Los sistemas de regularización extraordinarios también están sometidos al cumplimiento de requisitos concretos, cuya concurrencia se contrasta después también de manera individualizada, caso por caso. En el fondo, el mensaje que se quiere mandar es que los procedimientos de regularización extraordinaria son un “coladero”, a los que se acogen automáticamente de manera indiscriminada todos cuantos lo solicitan, lo que no es cierto, ni respecto de la automaticidad ni en cuanto a la arbitrariedad en su concesión. Puede discutirse si los requisitos exigidos para esta regularización extraordinaria son demasiado amplios o no, pero es difícil que se ponga en duda su necesidad, tanto por razones de justicia con quienes trabajando se ganan la vida con su esfuerzo, se integran en la sociedad, sin que funcionen debidamente los canales ordinarios de regularización, como por motivos prácticos de funcionamiento del mercado de trabajo y de financiación de las políticas públicas. El mismo presidente de Foment del Treball, la patronal catalana, la ha apoyado, afirmando que “las empresas necesitamos la inmigración como el aire para respirar”.

Las falsedades son muy burdas, como que la regularización incrementa el censo electoral. Cansa tener que negar también que actúe como efecto llamada. Para qué hablar de la ridiculez de la amenaza de un posible gran reemplazo

Lo más preocupante de todo es que se ataca la regularización de inmigrantes, cuando no se ha hecho nunca. Algo que formaba parte del consenso institucional, se intenta derribar con falsedades, que acaban cansando, pareciendo que resulta inútil desmentirlos; por tanto, parece estéril el esfuerzo de argumentar frente a quienes les da igual cualquier tipo de razonamiento, pues son impermeables a cualquier debate, ya que parten de eslóganes inmutables.

Para empezar, regularización extraordinaria no quiere decir excepcional, pues le han precedido 6 a lo largo del período democrático: tres con Felipe González, dos con Aznar y una con Rodríguez Zapatero. Más aún, lo más previsible es que esta regularización no será la última, sino que vendrá sucedida por otras, mientras la evolución de nuestro mercado de trabajo lo sea con tendencia al crecimiento continuado. La presente regularización se va a producir por medio de la aprobación de un Real Decreto de reforma del Reglamento de extranjería, tal como se ha hecho en otras ocasiones, precedido de una votación de aval parlamentario, con una legitimación política indiscutible, sin que se pueda poner en duda su respeto a la legalidad vigente, ni por el procedimiento elegido ni por el contenido del Real Decreto que lo establece. Incluso si se comparan los requisitos exigidos para las regularizaciones precedentes, son bastante similares a la que se pone en marcha ahora.

Las falsedades son muy burdas, como que la regularización incrementa el censo electoral. Cansa tener que decir que es falso, el permiso de residencia no otorga el derecho al voto, aparte de que ataca el derecho a que quien prolonga regularmente su residencia en el país, con plena integración, pueda tener derecho en el futuro a nacionalizarse y, con ello, a ejercer su derecho al voto como cualquier otro; sin que esté garantizado que el voto se va a decantar a favor de quien acordó regularizarlo, existiendo pruebas en otros ámbitos que contradicen esas seguridades respecto de las previsibles conductas en la dirección del voto. Cansa tener que negar que un proceso de regularización actúe como efecto llamada de nuevos flujos migratorios, cuando está demostrado que es la evolución del mercado de trabajo, las mayores o menores oportunidades de empleo, las que deciden el incremento de la inmigración o su retorno. Cansa tener que dar datos que contradicen la afirmación de que la inmigración aumenta la criminalidad y la inseguridad pública. Cansa tener que demostrar que el deterioro grave de ciertos servicios públicos (sanidad, educación, servicios sociales) no encuentra su causa principal en la inmigración y, mucho menos, en los procesos de regularización extraordinaria. Para qué hablar de la ridiculez de la amenaza de un posible gran reemplazo; procesos de afluencia de población extranjera los hemos tenido y muchos a lo largo de la historia y, si de algo tenemos que arrepentirnos, es de las políticas de expulsiones masivas.

No cabe la menor duda de que la medida va a contracorriente de las tendencias que se observan a nivel internacional, incluso en la Unión Europea, pero también puede presentarse como un mensaje hacia fuera en el sentido de que otra respuesta es posible y que nos está dando muy buenos resultados. Se mire por donde se mire, este proceso de regularización hace justicia y traerá todo tipo de beneficios, mientras que en Estados Unidos ya se empiezan a sentir los efectos negativos sobre la economía de las deportaciones masivas. No deberíamos otra cosa que manifestar nuestro respeto y reconocimiento a todos los inmigrantes que viven y trabajan de acuerdo con lo que vinieron buscando, incluido el reconocimiento a sus hijos ya nacidos en nuestro país.

Lo que no puede hacerse es recibir un importante flujo de inmigración sin efectuar las necesarias inversiones en los servicios públicos, ya de por sí saturados. Ello obliga a incrementar la financiación en la sanidad, la educación, los medios de transporte, sin olvidar el problema no menor de la vivienda

Lo preocupante, sin que podamos cerrar los ojos frente a esta realidad, es que están calando muy significativamente los mensajes negativos, detectándose que la población contraria a la inmigración está creciendo significativamente, al extremo que en ciertos territorios alcanza mayorías muy fuertes.

Frente a ello, hay que reaccionar y no basta con las medidas de regularización. Debe tenerse muy presente que no puede actuarse es como si los flujos migratorios saliesen gratis total. En un modelo constitucional como el que nos hemos dado, todos los residentes, sean nacionales o sean extranjeros, tienen derechos; y los derechos ejercidos en la práctica suponen un coste económico que debemos atender; por lo demás un coste muy inferior a lo que ellos aportan. Lo que no puede hacerse es recibir un importante flujo de inmigración sin efectuar las necesarias inversiones en los servicios públicos, ya de por sí saturados. Ello obliga a incrementar la financiación en la sanidad, la educación, los medios de transporte, sin olvidar el problema no menor de la vivienda. Hay que ser muy conscientes de que, si no se realizan este tipo de inversiones públicas, el perjuicio será general y, con el mismo, reforzamos a quienes aprovechan a río revuelto para alimentar el racismo y el odio al extranjero.

Tampoco puede desconocerse que los procesos de inmigración en masa, como los que hemos vivido, provocan cambios sociales cualitativos. Experimentamos proceso complicados desde la uniformidad a la diversidad en los más diversos aspectos, comenzando por los culturales. La diversidad nos enriquece sin la menor duda, pero también es cierto que nos mete en dificultades. Eso sí, desde luego cerrar la puerta a las regularizaciones lo único que provoca es todo lo contrario, el incremento de esas dificultades. En todo caso, no basta con decir que aceptamos a todas las formas de pensar, porque unas son respetables y otras no. No basta con exigir, hay que convencer; no basta, por ejemplo, con decir que rechazamos los matrimonios forzados, sino que hay que proteger a las víctimas; no basta con repudiar la discriminación de la mujer en ciertos ámbitos, sino que hay que hacer los esfuerzos necesarios para cambiar las “tradiciones”, porque muchas hay que proscribirlas, empezando por algunas de las consideradas como “nuestras”, que no lo son tales. Incluso no basta con proscribirlas, sino que hay que fomentar el cambio de valores.

Como ocurrió con la crítica al genocidio en Palestina, el Gobierno de España se ha convertido también en un icono internacional debido a su política migratoria. En tiempos en los que los gobiernos occidentales están aprobando duras políticas de restricción de los flujos migratorios, el gobierno de coalición ha anunciado la regularización de aproximadamente 500.000 inmigrantes irregulares. La cuestión se ha internacionalizado en prensa porque es un movimiento que va a contramano de la política dominante y coincide con el momento más duro de la represión anti-migratoria de Estados Unidos en las últimas décadas.

El debate consecuente tiende a polarizarse entre quienes consideran que las fronteras deberían estar abiertas porque todas las personas tenemos los mismos derechos naturales o porque los inmigrantes proporcionan un beneficio a las economías, y quienes consideran que los flujos migratorios deben restringirse porque perjudican económicamente a ciertos grupos sociales nativos, porque promueven la inestabilidad política y social, porque amenazan las conquistas sociales del Estado del Bienestar o, sencillamente, por razones fundadas en la xenofobia y el racismo. Pero todas estas interpretaciones soslayan un aspecto fundamental de la cuestión, más incómodo y rara vez explicitado: el papel que la migración juega en la dinámica capitalista como mano de obra barata.

Las migraciones en perspectiva histórica

Empecemos por lo básico: la mayoría de las personas no quieren emigrar, y cuando lo hacen es porque están empujadas por circunstancias políticas, sociales, ecológicas o económicas. Pero no tienden a “aterrizar” en cualquier lado, sino que se dirigen casi en su totalidad hacia donde existe demanda de mano de obra. Es decir, es la lógica capitalista la que condiciona de manera importante los flujos migratorios.

No por casualidad las primeras grandes migraciones de la economía-mundo, a partir del siglo XVI, tomaron la forma de trabajo esclavo o contratos de servidumbre. No menos de 12 millones de africanos fueron arrancados de sus tierras —más del 8% en embarcaciones españolas— para convertirse en mano de obra esclava en las plantaciones coloniales, fundamentalmente en América. Como he explicado con más detalle en La guerra por la energía: Poder, imperios y crisis ecológica, aquel trabajo forzado constituyó el elemento central que durante los siglos siguientes garantizaría un flujo de bienes de consumo baratos hacia los países coloniales. El resultado fue la instauración de un modo imperial de vida del que se benefició el conjunto de países occidentales, que accedían así a calorías, ropa y otros productos mucho más baratos. O, dicho de otra forma, los países occidentales se beneficiaban de un salario real más alto del que hubiera existido en ausencia de aquella explotación de carácter imperialista.

Ya desde el comienzo, con aquellas primeras industrias capitalistas que fueron las plantaciones esclavistas —que se anticiparon varios siglos al arquetipo de fábrica de producción estandarizada y con trabajo altamente supervisado—, se ponía de relieve que la expansión de la demanda de mano de obra ha sido un factor estructural central en la activación y canalización de los movimientos migratorios. Incluso en lugares donde inicialmente se había recurrido a la población indígena o a la población blanca, como en las minas del Potosí o en las colonias británicas de Norteamérica, esa oferta no fue suficiente para satisfacer la demanda tan elevada de mano de obra, lo que empujó a los mercaderes y capitalistas a recurrir crecientemente a los esclavos africanos.

Ya en el siglo XIX, y gracias al abaratamiento de los pasajes transatlánticos, se produjeron nuevos extraordinarios movimientos de personas. Se ha calculado que entre mediados de siglo y hasta la primera guerra mundial se dirigieron hacia el Nuevo Mundo —sobre todo Estados Unidos, Argentina, Brasil y Australia— más de 55 millones de europeos. Esta mano de obra entrante, mucho más barata que la nativa, fue determinante para el ascenso e industrialización de los países americanos, particularmente de Estados Unidos. Cabe recordar que, hasta el período de entreguerras, los controles a la movilidad internacional eran significativamente más laxos que en la actualidad, aunque estaban atravesados por jerarquías coloniales y raciales.

Tras las dos Guerras Mundiales, los flujos migratorios se volvieron más controlados e institucionalizados. Aun así, los países europeos recuperaron sus economías gracias a la mano de obra barata que proporcionaba la inmigración, que se atraía a través de programas estatales, pero también de los irregulares que llegaban desde países más pobres —en menos de veinte años Alemania recibió unos 14 millones de trabajadores en régimen de rotación, no pocos de ellos españoles—. En la época neoliberal los flujos migratorios se mantuvieron impulsados por la demanda de mano de obra, pero no sólo en Europa: en algunos países del Golfo Pérsico la mano de obra migrante representa actualmente más del 50% de la población, que es atraída a través del sistema kafala que vincula legalmente a los más de veinte millones de trabajadores a sus empleadores —el trabajador no puede salir del país sin permiso ni cambiar de puesto de trabajo, y pierde el derecho de residencia al perder el empleo—.

A este patrón migratorio histórico se suma hoy la crisis ecológica global. La degradación de suelos, el estrés hídrico, los impactos climáticos y la pérdida de medios de vida rurales actúan como multiplicación de las dinámicas de expulsión, especialmente en las periferias del sistema mundial. Pero, de nuevo, es la estructura productiva de las economías receptoras la que determina en qué condiciones esas personas son incorporadas al mercado de trabajo.

Precariedad y explotación migrante

Así, en esta dinámica capitalista en la que el ser humano es reducido a un recurso explotable —como la propia naturaleza—, existe una demanda estructural de mano de obra por parte de las economías más industrializadas. La inmensa mayoría de los inmigrantes llegan a los países de destino para cubrir actividades de bajo valor añadido, tales como la construcción, limpieza, seguridad, hostelería, reparto y trabajos de cuidados. De hecho, el bienestar de las poblaciones occidentales sería impensable sin la existencia de esta economía del cuidado migrante, cuyas condiciones de trabajo son altamente precarias y vulnerables, especialmente cuando se realizan en condiciones de irregularidad administrativa.

Los migrantes procedentes de países más pobres aceptan condiciones de trabajo peores que los nativos porque su posición jurídica y social debilita su poder de negociación colectiva, facilitando salarios más bajos, mayor flexibilidad forzada y menores costes de despido para el empleador. Esto produce una segmentación del mercado, lo que tiene consecuencias socioeconómicas de gran magnitud. En España, por ejemplo, la tasa de riesgo de pobreza de los nacidos en el extranjero es del 44% frente al 19% de los nacidos en el país.

Como flujo funcional al beneficio capitalista, el grifo de la migración es abierto y cerrado en función de las necesidades del capital. Cuando los migrantes son canalizados dentro de programas públicos o públicos-privados, en el momento bajo del ciclo económico se les devuelve a sus países de procedencia —un recurso barato estrictamente de “usar y tirar”—, pero cuando se trata de movimientos no canalizados son las políticas de migración las que funcionan como una válvula que se abre y cierra. Las redadas y las deportaciones se multiplican cuando el recurso ya no aparece como necesario para las necesidades estructurales del sistema.

La condición de irregularidad en la que recaen los inmigrantes los hace especialmente vulnerables. Al fin y al cabo, la amenaza de deportabilidad es también una forma adicional de disciplinar la mano de obra, facilitando su explotación y abuso por parte de los empleadores. En Estados Unidos, por ejemplo, se estima que hay casi 10 millones de inmigrantes irregulares, con una fuerte concentración en la construcción, la restauración y la agricultura. Todas esas personas reciben ingresos, consumen y pagan impuestos—hasta 90.000 millones anuales, según el American Inmigration Council—, pero carecen de derechos políticos y tienen que asumir las condiciones laborales que les impongan sus empleadores.

Es aquí donde la propuesta del Gobierno de Sánchez gana enteros, porque tiene un carácter moral y pragmático al mismo tiempo: se trata de reconocer derechos a personas que ya viven y trabajan en nuestras comunidades, y por lo tanto les permiten protegerse frente a los abusos. Pero al mismo tiempo, el análisis se queda corto si se limita a la pretensión de regularizar a todo el mundo, pues corre el riesgo de ocultar las condiciones de superexplotación de los inmigrantes y de perpetuar el racismo estructural que se deriva de esa dualidad laboral. Sin una política laboral activa -refuerzo sustancial de la inspección de Trabajo, persecución de la subcontratación fraudulenta, extensión real de la negociación colectiva, sanciones efectivas a los empleadores que se benefician de la irregularidad y garantías de acceso a la sindicación- la regularización puede convertirse en una medida necesaria pero insuficiente.

Solidaridad de clase

Una perspectiva más aguda debería evitar mistificar la procedencia de los bienes y servicios que se consumen en un país y que forman el centro del bienestar material de las sociedades contemporáneas. Hoy, como ocurre desde el siglo XVI, una parte considerable de nuestro consumo-bienestar es barato porque se produce una explotación de recursos naturales y de personas tanto en la economía-mundo como en el interior de nuestras comunidades. De la misma manera que nuestra ropa es relativamente barata porque hay trabajadores explotados en las periferias de la economía-mundo, parte de nuestro sistema alimentario y de cuidados se sostiene en la superexplotación de personas migrantes a nivel nacional.

La competencia entre trabajadores no es un resultado natural de la inmigración, sino de la desigualdad de derechos. Allí donde una parte de la fuerza de trabajo carece de estabilidad jurídica, de protección sindical efectiva y de capacidad real para denunciar abusos, se genera una presión a la baja sobre salarios y condiciones que termina afectando al conjunto de la clase trabajadora. La clave no es, por tanto, reducir la inmigración, sino reducir la segmentación institucional del mercado de trabajo.

Frente a los discursos que presentan la inmigración como una amenaza directa para los trabajadores nativos -una narrativa hoy promovida tanto por la extrema derecha como por sectores que se reclaman de izquierdas-, este escenario abre la oportunidad de tejer alianzas pro-trabajo que busquen mejorar las condiciones de vida de la clase trabajadora en su conjunto y dentro de los límites del planeta. Y aquí tanto el sindicalismo como el gobierno de coalición han dado pasos muy importantes, no sólo regularizando migrantes y subiendo el salario mínimo sino también persiguiendo la explotación laboral que se produce en los sectores de la economía informal. En última instancia, la cuestión migratoria no es un problema de fronteras, sino de organización social del trabajo en un capitalismo que consume y agota a las personas y al planeta.

L'atur registrat a les oficines dels serveis públics d'ocupació va baixar en 1.260 persones al gener a les Balears en relació al mes anterior (-4,3%) i en 1.515 persones en relació al primer mes de l'any passat (-5,13%) i arrenca l'any lleugerament per sobre dels 28.000 aturats (28.045), segons dades publicades aquest dimarts pel Ministeri de Treball i Economia Social.

Aquest nombre total de desocupats és la xifra més baixa en un mes de gener des que hi ha registres. Des de l'inici de la sèrie històrica comparable, el 1996, l'atur ha baixat al gener la majoria de vegades a les Balears (22 vegades) mentre que ha pujat en 7 ocasions, sent el descens del darrer mes la baixada més gran des de 2022.

A l'inici de l'any, els sectors amb més aturats són Serveis (21.219 amb 1.104 menys que al desembre), Construcció (3.088 amb 93 menys), mentre que els sectors amb menys desocupats són Agricultura (353 i 12 més) i Indústria (1.209 i 36 aturats menys).

Quant a sexes, dels 28.045 desocupats registrats al gener, 15.842 van ser dones --1.130 menys (-6,7%)-- i 12.203, homes -- 1.044 menys (-7,9%).

L'atur entre els joves menors de 25 anys es va situar en 3.769 persones dels quals 2.104 són homes i 1.665 són dones.

Al darrer mes de l'any, l'atur entre els estrangers es va situar en 6.617 persones després de baixar un 7,88% respecte al desembre i un 0,93% en comparació amb l'any anterior.

Al gener es van registrar 20.013 contractes a les Balears, un 6,5% menys que l'any anterior. De tots ells, 13.188 van ser contractes indefinits (-5,86%) i 6.825, contractes temporals (un 7,72% menys).

Així mateix, l'arxipèlag va registrar al gener 491.750 afiliats a la Seguretat Social, 8.560 menys que el mes anterior (-1,71%), segons les dades fetes públiques aquest dimarts pel Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions.

En termes interanuals, l'afiliació a la Comunitat Autònoma s'ha incrementat en 10.882 treballadors respecte al gener de 2025, un 2,26% més.

Al conjunt d'Espanya, el mercat laboral creix en gairebé 480.000 afiliats a la Seguretat Social els darrers 12 mesos, en concret, 477.818 afiliats en la sèrie original, fins a un total de 21.573.632.

Es tracta d'un increment del 2,3% interanual i del nivell més elevat en un mes de gener en tota la sèrie.

En concret, a les Balears el règim general de la Seguretat Social compta amb 388.974 cotitzants, dels quals 7.827 estan registrats com a treballadors de la llar i 2.228 com a treballadors agraris. A més, hi ha 100.987 persones inscrites en el règim d'autònoms i 1.790 en el de treballadors del mar.

Per altra banda, a l'inici de l'any hi havia a l'arxipèlag balear 138 treballadors en expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO), 68 dones i 60 homes.

En opinió d'UGT, “ni amb bones dades d'ocupació a l'hivern” està garantit a les Balears el benestar de les famílies. El secretari general del sindicat a les illes, Pedro Homar, ha manifestat que aquestes xifres proven el “dinamisme” de l'economia balear fruit de les reformes pactades amb els sindicats, si bé ha indicat que els “bons nivells d'ocupació” en temporada baixa són “insuficients” perquè les famílies “visquin desahogades”.

“Hem de seguir avançant. La Reforma Laboral va convertir l'ocupació temporal en indefinida, però cal millorar el repartiment amb les persones treballadores de la riquesa i el benestar generats”, ha subratllat Homar, qui també ha reclamat la reducció de la jornada laboral a “estàndards europeus”, la pujada de salaris per poder “afrontar el nivell de vida” i la regulació de les persones migrants.

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 1.260 personas en enero en Baleares en relación al mes anterior (-4,3%) y en 1.515 personas en relación al primer mes del año pasado (-5,13%) y arranca el año ligeramente por encima de los 28.000 parados (28.045), según datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Este número total de desempleados es la cifra más baja en un mes de enero desde que hay registros. Desde el inicio de la serie histórica comparable, en 1996, el paro ha bajado en enero la mayoría de veces en Baleares (22 veces) mientras que ha subido en 7 ocasiones, siendo el descenso del último mes la bajada más grande desde 2022.

Al inicio del año, los sectores con más parados son Servicios (21.219 con 1.104 menos que en diciembre), Construcción (3.088 con 93 menos), mientras que los sectores con menos desempleados son Agricultura (353 y 12 más) e Industria (1.209 y 36 parados menos).

En cuanto a sexos, de los 28.045 desempleados registrados en enero, 15.842 fueron mujeres --1.130 menos (-6,7%)-- y 12.203, hombres -- 1.044 menos (-7,9%).

El paro entre los jóvenes menores de 25 años se situó en 3.769 personas de los cuales 2.104 son hombres y 1.665 son mujeres.

En el último mes del año, el paro entre los extranjeros se situó en 6.617 personas tras bajar un 7,88% respecto a diciembre y un 0,93% en comparación con el año anterior.

Contratación por islas

Asimismo, en enero se registraron 20.013 contratos en Baleares, un 6,5% menos que el año anterior. De todos ellos, 13.188 fueron contratos indefinidos (-5,86%) y 6.825, contratos temporales (un 7,72% menos). Por islas, la evolución del paro en términos interanuales muestra un descenso en Mallorca (-5,8%), Menorca (-5,9%) y Formentera (-1,7%), mientras que Ibiza registra un incremento del 1,8%. En comparación con el mes anterior, el paro baja en todas las islas, en Formentera un -16,1%, en Ibiza un -5,3%, en Mallorca un -4,2% y en Menorca un-3,0%.

Mientras tanto, el archipiélago registró 491.750 afiliados a la Seguridad Social, 8.560 menos que el mes anterior (-1,71%), según los datos hechos públicos este martes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En términos interanuales, la afiliación en la Comunidad Autónoma se ha incrementado en 10.882 trabajadores respecto a enero de 2025, un 2,26% más.

En el conjunto de España, el mercado laboral crece en casi 480.000 de afiliados a la Seguridad Social en los últimos 12 meses, en concreto, 477.818 afiliados en la serie original, hasta un total de 21.573.632.

Se trata de un incremento del 2,3% interanual y del nivel más elevado en un mes de enero en toda la serie.

En concreto, en Balears el régimen general de la Seguridad Social cuenta con 388.974 cotizantes, de los cuales 7.827 están registrados como trabajadores del hogar y 2.228 como trabajadores agrarios. Además, hay 100.987 personas inscritas en el régimen de autónomos y 1.790 en el de trabajadores del mar.

Por otro lado, al inicio del año había en el archipiélago balear 138 trabajadores en expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), 68 mujeres y 60 hombre.

En opinión de UGT, “ni con buenos datos de empleo en invierno” esté garantizado en Balears el bienestar de las familias. El secretario general del sindicato en las islas, Pedro Homar, ha manifestado que estas cifras prueban el “dinamismo” de la economía balear fruto de las reformas pactadas con los sindicatos, si bien ha indicado que los “buenos niveles de empleo” en temporada baja son “insuficientes” para que las familias “vivan desahogadas”.

“Tenemos que seguir avanzando. La Reforma Laboral convirtió el empleo temporal en indefinido, pero hay que mejorar el reparto con las personas trabajadoras de la riqueza y el bienestar generados”, ha subrayado Homar, quien también ha reclamado la reducción de la jornada laboral a “estándares europeos”, la subida de salarios para poder “afrontar el nivel de vida” y la regulación de las personas migrantes.

Enero dejó, como cada año, una fuerte destrucción de empleos y un aumento del paro. Mal mes para el mercado laboral, ante el fin de la campaña navideña y sin otras actividades que tiren del empleo, la caída de puestos de trabajo de 2026 es bastante elevada: la mayor desde 2012, de unos 270.800 afiliados. Del lado del paro registrado, aumentó en 30.400 personas, en su caso una cifra más baja de la habitual. 

Así, el número total de trabajadores afiliados de media a la Seguridad Social se redujo en el primer mes del año hasta los 21,57 millones de personas. Se trata de un dato muy elevado, ya que el mercado laboral en 2025 ha alcanzado niveles récord. 

El descenso mensual de enero, en 270.800 personas afiliadas menos de media, es el más elevado en 14 años. Desde 2012, durante la Gran Recesión. El Ministerio de la Seguridad Social recuerda que “enero tradicionalmente es un mes negativo en el mercado laboral” y añade que “este último ha sido especialmente adverso por la climatología”. 

En términos relativos, sobre el total de personas ocupadas, la caída del empleo fue del 1,24%, un dato también elevado para los últimos años de crecimiento económico. Aunque, en este caso, 2020 registró una peor cifra (-1,26%). 

La reducción del empleo se centra habitualmente en el comercio y la hostelería, así como en las ETT, con la despedida de la campaña de Navidad, sin que otros sectores tiren del mercado laboral. Este año, sin embargo, la Seguridad Social no ofrece datos de evolución por sectores porque indican que ha cambiado la clasificación de actividades con el nuevo CNAE 2025. 

El ritmo de creación de empleo se modera

Más allá del dato de un solo mes, las cifras registran una desaceleración de la creación de empleo en el comienzo de año. Los datos desestacionalizados, que aíslan la evolución del empleo de vaivenes estacionales propios del calendario, reflejan una creación de 17.300 puestos de trabajo en enero.

En los últimos meses, el aumento del empleo en términos desestacionalizados se viene moderando, pero el descenso de este enero es más notable. En noviembre se crearon 44.700 empleos y en diciembre, 35.500.

Si echamos la vista atrás un año, la creación de empleo baja del medio millón de puestos de trabajo alcanzados a finales de 2025, hasta los 477.800 trabajadores más en los últimos doce meses. En un dato muy elevado, que están situando a España como la locomotora de Europa en la creación de empleo y también en el empuje de la economía. En esta idea ha incidido hoy la ministra de la Seguridad Social, Elma Saiz, que ha subrayado que España está aportando “cuatro de cada diez nuevos empleos creados en Europa”.

Sin embargo, el ritmo de aumento es más moderado del que se registraba en los últimos meses. En términos porcentuales, el crecimiento del empleo en enero se redujo al 2,26% respecto al 2,37% de final de 2025. Son 11 décimas menos, el mayor descenso desde el pasado mayo.

Por comunidades autónomas, la valenciana es la que lidera la creación de puestos de trabajo en el último año (78.188, +3,6%), seguida de Madrid (104.881, +2,8%) y Murcia (17.618, +2,7%). En el lado contrario, las que presentan un menor aumento del empleo son Extremadura (3.357, +0,8%), Euskadi (9.881, +1%,) y La Rioja (1.849 +1,3%).

El paro aumenta menos de lo habitual

Por el lado del desempleo, el aumento de personas paradas apuntadas a las oficinas públicas de empleo el pasado enero es inferior al que se suele registrar en este mes. Aumentó en 30.392 personas, “uno de los menores de la serie histórica”, destaca el Ministerio de Trabajo.

Esta variación dejó el total de parados registrados en las 2.439.062 personas, “la cifra más baja para un mes de enero desde hace 18 años”, ha destacado la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. “Esto es muy importante, porque normalmente el paro sube, como sabéis, en los meses de septiembre y de enero”, ha recordado la titular de Trabajo.

De total de personas paradas, 1.469.283 son mujeres y 969.779, hombres. El paro alcanza así más a las trabajadoras que a los trabajadores y, además, aunque se reduce, lo hace con algo menos de intensidad que entre los hombres. En el último año, el paro femenino cae en 94.148 (-6%) y el masculino, en 66.233 (-6,4%).

En términos interanuales, el paro registrado ha descendido en 160.381 personas (-6,17%) y también se reduce el dato desestacionalizado, que refleja un descenso mensual en 25.402 personas.

Respecto a la contratación, el número total de contratos registrados durante el mes de enero fue de unos 1.163.000, alrededor de 50.000 menos que en enero de 2025 (-4%). Del total, 484.295 contratos de trabajo tienen carácter indefinido, lo que representa casi el 42% de todos los contratos cuando antes de la reforma laboral este dato alcanzaba apenas el 10%.

La caída del paro por debajo del 10% en el cierre de 2025, un hito que España no lograba desde hacía casi 18 años y que solo ha alcanzado en dos ocasiones en las últimas cuatro décadas, centralizó todas las miradas esta semana. La Encuesta de Población Activa (EPA) certificó un gran año para el mercado de trabajo, que acumula otras buenas noticias: máximos de empleo, en total y también en ciertos colectivos, como las mujeres y los trabajadores extranjeros, además de una reducción de algunos indicadores de precariedad, como la temporalidad y, en menor medida, la parcialidad.

El número de personas trabajando en España nunca había sido tan alto. En 2025, se crearon algo más de 600.000 puestos de trabajo, uno de los datos más elevados de la última década, hasta llevar el total de personas ocupadas a alcanzar un nuevo máximo histórico: 22,46 millones de personas con empleo.

Como destaca Ángel Talavera, economista de Oxford Economics, estas cifras sitúan a España no solo a la cabeza de la eurozona en creación de puestos de trabajo, sino que protagoniza prácticamente la mitad de todos los empleos creados en estos países.

Además, aunque el empleo aumentó tanto entre los hombres como entre las mujeres, el número de trabajadoras ascendió con más intensidad: en 306.200 (+3%) respecto a los casi 300.000 hombres (+2,6%). Algo importante para lograr cerrar brechas de ocupación y actividad de las mujeres en el mercado de trabajo, que marcan también otras desigualdades económicas.

Con este incremento, se alcanzó además un récord de mujeres trabajando, de 10,46 millones de ocupadas. Por su parte, los trabajadores se situaron algo por encima de los 12 millones de hombres, un dato que se aproxima al anterior máximo histórico (de 12,2 millones ocupados) alcanzado durante la burbuja, en 2007, antes de la Gran Recesión.

Hay otro actor protagonista del empuje del empleo de 2025: los trabajadores de origen extranjero. El año pasado, del total de 600.000 puestos de trabajado creados, la población extranjera representa casi el 43%. Estas cifras llevaron también al número de trabajadores extranjeros a máximos históricos, de 3,58 millones de personas.

Aunque el empleo también aumenta entre la población española y de doble nacionalidad (+1,9%), el mayor auge de los trabajadores extranjeros (7,8%) está elevando el peso de estos entre el total de personas ocupadas. Al cierre de 2025, rozó el 16%.

Para ampliar los derechos de la población extranjera residente ya en España, el Gobierno acaba de anunciar una regularización extraordinaria de migrantes, que se prevé que pueda beneficiar a algo más de medio millón de personas. Inspectores de trabajo han celebrado la medida, que indican que permitirá aflorar puestos de trabajo en la economía sumergida y reducir las situaciones de explotación laboral que constatan en esta población más vulnerable.

Récord de personas dispuestas a trabajar

En los últimos años, los trabajadores migrantes están suponiendo una pieza clave del crecimiento de puestos de trabajo y del propio mercado laboral, incrementando la población activa dispuesta a trabajar. En el caso de algunas comunidades autónomas, están evitando de hecho su reducción.

En 2025, el mercado laboral creció hasta ser más grande que nunca, superando el techo de las 25 millones de personas activas (dispuestas a trabajar). En el cierre de año se rozó este nivel tras sumar 487.000 personas a la población activa, el segundo mayor dato desde 2008, en el que las personas extranjeras suponen casi la mitad.

Si se mira el auge de la población activa en 2025 por ocupaciones, destaca un gran incremento de la actividad en sectores cualificados, como los técnicos y profesionales científicos e intelectuales. El dato se reduce entre la población parada, que está a la vez reduciendo en número.

“Todavía hay elementos de desigualdad y precariedad por corregir, pero la mejora del empleo en estos últimos años es evidente”, sostenía esta semana Loli García, secretaria confederal de Formación y Empleo de CCOO. En el sindicato liderado por Unai Sordo sostienen que estos datos confirman lo que vienen planteando desde hace tiempo, “que no es otra cosa que la consecución del pleno empleo en nuestro país”.

“Es posible aspirar a un pleno empleo de calidad, y para ello hay que seguir insistiendo en la activación económica, con una política industrial y de desarrollo sectorial que genere empleo estable y de calidad”, añadía García.

En la patronal CEOE han celebrado que el sector privado es el “gran baluarte” de la creación de empleo en España, algo que desmiente una vez más las acusaciones que en ocasiones se lanzan desde la derecha política sobre que las cifras de empleo están “engordadas” por trabajadores públicos.

“La economía española ha generado 567.200 puestos de trabajo en media de 2025, gracias al impulso del sector privado, que ha creado 578.700 empleos, mientras que el sector público perdió 11.500 ocupados”, ha subrayado la organización empresarial.

Menos temporalidad y parcialidad

Uno de los rasgos más importantes del crecimiento del empleo en los últimos años es su complementariedad con otro proceso que parecía imposible en España: la reducción del empleo temporal. Los trabajos eventuales, considerados más precarios por su inestabilidad, se desplomaron a raíz de la aprobación de la reforma laboral de 2022.

Los datos de 2025 muestran una buena noticia. El descenso de la temporalidad continúa y ha alcanzado un nuevo mínimo histórico, del 15,1%, como destacaba el sindicato UGT en su análisis de la EPA. “Asimismo, la tasa de temporalidad promedio de 2025 se sitúa en el 15,3%, seis décimas por debajo de 2024, constatando la continuidad de los efectos positivos de la reforma laboral y su contribución a una mayor estabilidad en el empleo”, destaca el sindicato dirigido por Pepe Álvarez.

El dato de temporalidad más bajo reside en el sector privado, del 12%, donde se aplicó principalmente la reforma laboral, mientras que en el sector público aún es mucho más elevada, de casi el 27%, muy lejos del objetivo europeo del 8%, aunque también está en descenso.

En los sindicatos esperan que el empleo temporal en la Administración pueda reducirse notablemente “cuando se haga efectiva la eliminación de la tasa de reposición en próximas ofertas de empleo público”, como recoge el Acuerdo Marco firmado con Función Pública a finales del año pasado.

Además, los datos de 2025 muestran que el empleo fijo discontinuo se redujo. Es relevante porque es la modalidad de contrato indefinido, pero intermitente, que se impulsó en la reforma laboral como alternativa al abuso de contratos temporales en muchas ocupaciones estacionales y que ha sido objeto de numerosas críticas por parte de la derecha.

En el último año la población asalariada indefinida permanente aumentó en 587.400 personas y la población asalariada indefinida discontinua cayó en 39.900 personas. CCOO destaca que estos contratos solo alcanzan al 3,5% de las personas asalariadas.

“Estos porcentajes son algo superiores a los que había antes de la reforma laboral de 2021, pero su relevancia sigue siendo muy limitada. El contrato fijo discontinuo no está ganando peso en el empleo desde 2023, al contrario, la está perdiendo”.

Desde antes de la reforma laboral, al cierre de 2021, hay 1,5 millones menos de trabajadores con contrato temporal y casi 3,6 millones de trabajadores indefinidos más (de los que casi 3,2 millones son fijos permanentes).

Otro dato positivo es que el empleo creado en el último año es “mayoritariamente a tiempo completo”, destacaba también el economista Ángel Talavera.

Así, el peso del trabajo a tiempo parcial, de horario reducido y sobre todo ocupado por mujeres (73%), en el conjunto del mercado laboral se redujo el año pasado, hasta dejar la tasa en el 13,8%, dos décimas por debajo del mismo periodo de 2024.

Por su parte, mermó —aunque muy ligeramente— el llamado trabajo parcial involuntario, de personas que dicen tener ese tipo de contrato por no poder encontrar un empleo a tiempo completo, que pasó del 45% al 44% del total. Cifras aun así muy elevadas, denuncian tanto en CCOO y UGT, que sitúan esta modalidad contractual como uno de los principales focos de precariedad en España en la actualidad, que condena a muchas trabajadoras a cobrar bajos salarios e, incluso, a la pobreza pese a tener un empleo.

Nunca antes en la historia económica de España habían coincidido cuatro factores: el crecimiento del producto interior bruto (PIB), el del empleo, el de los salarios y el de la productividad. El ciclo virtuoso abierto tras la pandemia ha provocado que la economía aumente su tamaño al tiempo que las retribuciones empiezan a ganar poder adquisitivo, el mercado laboral se sitúa en máximos históricos y deja el paro en cifras no vistas en casi dos décadas. Todo ello con mayor eficiencia, algo que en etapas anteriores solo se había conseguido a través de la destrucción de puestos de trabajo.

Los últimos datos del INE publicados este viernes confirman que la tendencia continuó en 2025. Además del avance del 2,8% del PIB, la productividad por hora trabajada –la mejor medida para la medición de este fenómeno– avanzó un 0,7% en todo el año. En el Ministerio de Economía ya hablan de un “ciclo de crecimiento insólito” y de la “modernización del modelo” productivo del país.

Y sí, los trabajadores españoles nunca habían sido tan eficientes como en la actualidad. Pero hay una pata fundamental que cojea a la hora de sustentar el ciclo económico: el capital, cuya productividad no solo no ha recuperado los niveles previos a 2008, sino que está muy lejos de los que marcaba hace 30 años. La explicación, como casi todo en la historia económica reciente de nuestro país, está en el ladrillo. 

Un informe reciente del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), en colaboración con la Fundación BBVA, muestra esa brecha cada vez más grande entre la productividad del trabajo, disparada en las últimas décadas, y la del capital, hundida desde principios de siglo y que solo ha comenzado a levantar la cabeza en los últimos años. El gráfico, reproducido bajo estas líneas, muestra que el trabajo era un 18% más productivo a finales de 2024, mientras que el patrimonio acumulado lo es un 23% menos.

El rendimiento de los trabajadores, medido por hora trabajada, se mantuvo estancado hasta la crisis inmobiliaria, cuando se disparó de manera casi mecánica por la destrucción de empleo en esos años. Esta métrica surge de dividir el total de lo producido entre el trabajo empleado para conseguir esa producción. Al haber menos empleados entre los que dividir la economía, el resultado mejora. Por eso sorprende a los expertos, sindicatos y al Gobierno que en los últimos años se haya disparado la productividad al tiempo que el mercado laboral rompía techo tras techo.

Del boom inmobiliario a la crisis

La productividad del capital empezó su caída libre a finales de los 90 y no tocó suelo hasta 2014, cuando la economía española empezó una tímida recuperación. El profesor emérito de la Universitat de València, director de investigación del IVIE y uno de los responsables del informe, Francisco Pérez, explica que en estos años el stock acumulado sufrió de dos fenómenos distintos, de exceso y de defecto, que provocaron el hundimiento.

“Durante el boom inmobiliario se invirtió muchísimo y el ritmo de crecimiento del stock de capital fue más rápido que la generación de valor añadido en la economía”, detalla en conversación telefónica. Esas inversiones, muy centradas en el ladrillo –no solo vivienda, también oficinas, naves, infraestructuras…– y muy duraderas pesan sobre el total de capital. Y aparece de nuevo el efecto denominador, como lo llaman los economistas: la economía no producía tanto como se construía. Después estalló la burbuja y el ladrillo seguía ahí. “Son inversiones que tienen una vida útil muy larga y, por tanto, si están sin utilizar o solo son parcialmente utilizadas, están pesando en el cálculo de la productividad”, señala el académico.

Ahora bien, que el capital sea menos productivo no significa que no esté jugando su papel como impulsor de la economía. Si los trabajadores somos cada vez más eficientes es porque empleamos cada vez más capital. “Somos más productivos porque nos beneficiamos de tener mucho equipamiento: tecnología, instalaciones, sistemas de comunicaciones, maquinaria… No trabajamos solo con papel y lápiz”, detalla.

Las empresas también crecen

Durante años España ha sufrido el sambenito de ser poco productiva y sus trabajadores, poco eficientes. Es un mal que siguen destacando los organismos internacionales. “La gran brecha de PIB per cápita de España en comparación con las economías ricas de la zona euro o con los Estados Unidos se debe principalmente a un déficit de productividad”, apuntaba el Fondo Monetario Internacional (FMI) en un estudio publicado el año pasado. Las razones fundamentales, el menor tamaño de las empresas españolas y su falta de crecimiento, “lo que resulta en una huella económica menor que las de sus pares europeos”, decían los técnicos de la institución.

Pero las empresas también están creciendo. Un informe reciente elaborado por el gabinete económico de CCOO constata el “estirón” de las compañías. Entre 2018 y el 2025, el tamaño medio de las que están registradas en la Seguridad Social ha crecido un 19,3%. Esto es, cada empresa tiene ahora en promedio 12,3 trabajadores, frente a los 10,3 de entonces. Un aumento que se ha producido al tiempo que el número de firmas permanece estable, mostrando una mayor calidad del tejido productivo, también por el lado de los empleadores.

“Las empresas más grandes son más productivas: pueden acceder a financiación más fácilmente, a economías de escala, cuentan con una experiencia de mercado que les permite competir de otra manera. No es que las pequeñas empresas lo hagan mal, pero las grandes tienen ventajas que les permiten esas ganancias de eficiencia, como tener más capital que destinarlo a invertir”, detalla Natalia Arias, economista del sindicato.

Al hablar de productividad, la inversión juega un papel fundamental. Esta variable ha repuntado en el último ejercicio tras varios años de atonía. Los últimos datos del INE arrojan un incremento del 6,3% en 2025. Unos datos que quedan muy lejos del pico alcanzado en 2007, de nuevo antes de que estallara la burbuja. “Retrospectivamente, se puede afirmar que la acumulación de capital fue excesiva, ya que buena parte de esos recursos, financiados con deuda, alimentaron una burbuja, sin potenciar el capital productivo del país”, apuntaba el director de Coyuntura de Funcas, Raymond Torres, en un artículo publicado esta semana sobre, precisamente, la debilidad de la inversión privada. Según el economista, el 49% del incremento de la inversión de los últimos años se debe, fundamentalmente, a las Administraciones Públicas, mientras que las empresas siguen siendo “prudentes en sus decisiones de ampliar la capacidad productiva”.

El profesor de la Universidad Carlos III de Madrid Miguel Artola es escéptico sobre este comportamiento plano de la inversión. Ya apuntó en un artículo en este periódico que el panorama era menos pesimista de lo que se había pensado inicialmente, a raíz de la revisión de la Contabilidad Nacional que hizo el INE a finales del año pasado. “Que esté creciendo por debajo del total de la economía es una paradoja. Mi sensación es que no se está midiendo del todo bien. Es posible que estemos asistiendo a un cambio importante en la composición de la inversión de sectores más tradicionales, como infraestructuras o bienes de equipo, a sectores nuevos y que no se esté capturando bien ese cambio”, apunta en conversación telefónica.

No sería la primera vez que el INE hace una revisión en profundidad de sus cuentas. Ya sucedió en 2023, cuando reescribió por completo el relato económico de lo que fue el shock de la pandemia. Algo que vinieron advirtiendo académicos como Artola, que está convencido de que este es un reto que aún se arrastra desde el COVID-19. Y que también afecta a la productividad del trabajo.

Caixabank Research dedicó su último informe mensual a un análisis en profundidad de la productividad en Europa y, en concreto, de la situación por comunidades autónomas. Si bien, en términos agregados, España parece estar por detrás del resto de economías avanzadas europeas en términos de productividad, lo cierto es que las regiones españolas no están tan lejos de sus pares. Euskadi, por ejemplo, se sitúa cerca de la cima, como también sucede con Madrid y Catalunya. “Observamos en bastantes comunidades autónomas que sus inversiones en I+D+i que están por debajo de las regiones equiparables. Hay otras en las que tienen dificultades para conseguir esas economías de aglomeración y densidad, con zonas metropolitanas que permiten sinergias, más capital humano…”, explica el economista senior del departamento de estudios de la entidad, Javier García-Arenas. “Es cierto que Madrid y Catalunya ganan peso por la demografía, pero hay factores clave para crecer, como la calidad institucional o su tejido empresarial”, asevera.

Una economía más eficiente, pero sin “balas de plata”

Los gráficos que ilustran este reportaje beben de los datos recogidos por el IVIE. Según sus cálculos, la economía española ha crecido en los últimos años no solo por las acumulaciones de trabajo (es decir, no únicamente por creación de empleo) o de capital, sino por ganancias de eficiencia. Eso es lo que mide la productividad total de los factores (PTF), la capacidad de generar valor añadido de la economía, más allá del empleo de los factores productivos. De media, ha avanzado un 1,4% anual desde el golpe de la pandemia, un hito. “¿Va a continuar?”, se pregunta el académico del IVIE, Francisco Pérez. “Seguirá si avanzamos en las inversiones en activos que mejoren la productividad. ¿Qué la incrementa más: construir una nueva nave o mejorar un proceso en unas instalaciones que no son nuevas pero que se mantienen adecuadamente, donde se ha incorporado nueva tecnología y mejoras organizativas y de la cualificación de los trabajadores?”, abunda.

No existen recetas mágicas ni una “bala de plata”, como menciona en ocasiones el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que solucionen el problema de la productividad, aunque los fondos europeos han ayudado a la mejora. Es fundamental el tamaño empresarial, como abunda García-Arenas: “Cuando comparas España con Alemania, allí la ocupación en empresas de menos de 50 trabajadores es menor, de ahí la importancia de que escalen”. Pero también es clave la reorientación a actividades que generan mayor valor añadido. “Tenemos un peso de sectores tradicionales como el turismo, la construcción o el comercio. Es positivo que vayan ganando peso otras ramas que muestran mayores ganancias de productividad”, añade Pérez. Un dato: el capital de los sectores que producen tecnologías de la información ha disparado su productividad un 12,5% en el mismo periodo, como muestra el gráfico bajo estas líneas.

De fondo, existen dudas sobre si se está produciendo un cambio en el modelo productivo que favorezca esta ganancia de eficiencia. El director del gabinete económico de CCOO, Luis Zarapuz, apunta a una “lluvia fina” que muestra esa dirección. “Cuando cortas la cultura de la precariedad del mercado de trabajo, subes el suelo de muchas empresas para competir y las estimulas para favorecer la inversión. Hay un cambio estructural en el que la mayor parte del empleo que se está generando se ubica en sectores de mayor valor añadido. Pero incluso en los sectores de bajo valor añadido se están creando ocupaciones más cualificadas”, celebra.

En las próximas semanas el Consejo de la Productividad, puesto en marcha a principios de la legislatura, publicará su primer informe, que servirá de hoja de ruta para tratar de romper con ese mal endémico de una España improductiva. En una sociedad cada vez más envejecida, con Europa atrapada entre hegemones, es el reto económico clave.

Castilla y León ha cerrado el 2025 con 11.200 ocupados más que en el 2024, hasta los 1.052.700, aunque el paro ha aumentado en ese año en 2.600 personas, hasta los 96.100 desempleados, que deja en el 8,36 la tasa de paro en la comunidad, 0,13 centésimas más que a final del año anterior.

Son datos que deja la Encuesta de Población Activa (EPA) del cuarto trimestre del 2025, publicada este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que deja que en el conjunto nacional los ocupados aumentaron en 605.400 en el último año, y el paro bajó en 118.400 personas.

La tasa de paro masculina se ha situado en Castilla y León en el 6,98 por ciento (6,74 a final del 2024) y la femenina en el 9,97 por ciento (9,93 hace un año).

Castilla y León ha cerrado el 2025 con 2.300 hombres en el paro que hace un año y 200 mujeres, con aumentos del 0,24 y 0,04, respectivamente respecto al 2024.

El sexto mayor aumento del paro de CCAA en 2025

En términos relativos, el paro aumentó en la comunidad en un 2,79 por ciento en el último año, frente al -4,56 por ciento del conjunto nacional, y Castilla y León fue una de las siete autonomías en las que se incrementó el desempleo, con el quinto mayor aumento del conjunto autonómico.

El mayor aumento del paro en 2025 lo anotó Navarra con un 24,78 por ciento, seguida del 9,04 por ciento de Canarias; con el -17,56 por ciento de Cantabria en el otro extremo.

El tercer menor incremento en ocupación

En cuanto a los ocupados, en términos relativos aumentaron un 1,07 por ciento en 2025 en Castilla y León, frente al 2,77 por ciento nacional, con el tercer menor incremento autonómico solo por detrás del 0,77 por ciento de Aragón y el 0,11 de Navarra.

Todas las comunidades crecieron en ocupados -sólo Melilla cerró en negativo- con repuntes de hasta el 5,89 de Murcia y el 4,56 de Extremadura, con un 9,81 por ciento en Ceuta.

La tercera menor tasa de actividad autonómica

Castilla y León acabó el 2025 con una tasa de actividad del 54,43 por ciento, ligeramente por encima del 54,25 del 2024, y más de cuatro puntos y medio menos que la media autonómica.

Fue la tercera menor tasa de actividad autonómica, sólo por detrás del 52,47 por ciento de Asturias y el 54,11 de Galicia; frente al 62,95 de Madrid, en el otro extremo.

En términos anuales, con respecto al mismo trimestre del año anterior, en Castilla y León aumentó la tasa de actividad (0,18 puntos) y la tasa de paro (0,13 puntos). En España aumenta la tasa de actividad (0,45 puntos) y disminuye la tasa de paro (-0,68 puntos).

En el 2025, mejoró más de medio punto la tasa de actividad masculina en Castilla y León, mientras que la femenina se desplomó un 0,18 por ciento.

Burgos, la menor tasa de paro, con 6,78%, Zamora en el 10,84

Por provincias, la tasa de paro osciló al final del 2025 en Castilla y León entre el 6,78 por ciento de Burgos y el 10,84 por ciento de Zamora.

En León el paro se situó al final del 2025 en el 9,48 por ciento, en el 8,59 por ciento en Valladolid y el 8,45 en Soria, por encima de la media autonómica del 8,36 por ciento.

Ávila cerró el 2025 con una tasa de paro del 8,20 por ciento, Palencia con el 7,83; Salamanca con el 8,06 y Segovia con el 7 por ciento.

Destaca Soria, que concluyó el 2024 con una tasa de paro del 5,37 por ciento, la tercera menor provincial, y que ha subido a ese 8,45 por ciento en el 2025. Y en el otro lado Salamanca, que ha reducido su tasa de paro del 10,97 al 8,06.

5.000 ocupados menos en el cuarto trimestre

En términos trimestrales, con respecto al trimestre anterior, en Castilla y León el número de ocupados disminuyó en el cuarto trimestre del 2025 en 5.000 personas (-0,47%). En España, aumentó el número de ocupados en 76.200 personas (0,34%).

Y en cuanto al paro, los desempleado bajaron en la comunidad en este cuarto trimestre respecto al tercero en 4.500 personas (-4,45%). En España, disminuye el número de parados en 136.100 personas (-5,21%).

España cerró 2025 con un hito que llevaba casi 18 años sin verse en el mercado laboral: la tasa de paro se situó por primera vez desde 2008 por debajo del 10%, en el 9,93%, y creó más de 600.000 empleos en todo el ejercicio, dejando el número de ocupados en 22.463.300 personas, un nuevo récord histórico de empleo.

Los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados este martes muestran que España comienza a restañar las heridas que la crisis de 2008 dejó en el mercado laboral del país. La menor tasa de paro registrada en lo que va de siglo fue el 7,93% del segundo trimestre de 2007. A partir de entonces la referencia se disparó hasta rozar el 27% en el primer trimestre de 2013.

El gráfico sobre estas líneas muestra la importancia del hito. En cuarenta años, España solo ha conseguido estar por debajo de esta barrera en dos periodos distintos. Uno fue durante el franquismo, donde se explica por la reducida población activa. Y otro durante la burbuja inmobiliaria, un momento excepcional que, luego se demostró, tenía los pies de barro.

El año 2025 fue un grandísimo año para el empleo, con la creación de 605.400 puestos de trabajo, de los 306.200 fueron de mujeres y 299.200, de hombres. Fue el mejor año desde 2023, cuando el mercado laboral sumó casi 750.000 trabajadores. Y son cifras equiparables a las de 2006, cuando España añadió 686.200 empleados.

Las cifras de paro fueron más modestas, con una reducción de algo menos de 120.000 personas en todo el año. Pero esto se debe, fundamentalmente, al gran salto que ha dado la población activa (es decir, aquella en edad y con disposición de trabajar), que rozó los 25 millones. El mercado laboral español nunca había sido tan grande y 2025 fue el segundo año desde la burbuja con un mayor aumento del número de efectivos en la economía.

Los buenos datos implican que el número de hogares con todos sus miembros en paro se redujeron en 61.200, hasta los 772.300; mientras que los hogares con todos sus miembros ocupados aumentaron en 262.900, hasta superar los 12 millones (12.166.300).

El cuarto trimestre del año sumó 76.200 ocupados y restó 136.100 personas en desempleo, dejando la cifra en un total de 2.477.100 personas desempleadas. En términos de creación de empleo, el cuarto trimestre de 2025 fue el mejor desde 2019, exceptuando 2020 y 2021, todavía muy influidos por los efectos de la pandemia. En lo que respecta a la reducción del paro fue ligeramente peor que el cierre de 2024, pero muy por encima de los datos a los que acostumbraba el mercado laboral antes del COVID-19.

Mejora la calidad del empleo

En el cuarto trimestre de 2025 el empleo tuvo nombre femenino, ya que se crearon más puestos de trabajo entre las mujeres (55.800) que entre los hombres (20.400). También fue más fuerte entre la población extranjera (52.500) que entre las personas nacidas en España (23.700).

Por sectores, la fuerza de la campaña navideña y de hitos vinculados al comercio como el Black Friday disparó el empleo en el sector de los Servicios (78.300 ocupados más), pero también hubo más trabajadores tanto en la Agricultura (33.400) como en la Construcción (2.300). Solo se redujo en el ámbito de la Industria, con una caída de 37.800 puestos de trabajo.

El empleo a tiempo completo disminuyó en 115.600, mientras que aumentaron las jornadas a tiempo parcial en 191.800. El número de asalariados sumó 51.300 personas, pero la composición arrojó una mayor calidad: los contratos indefinidos sumaron 127.900 más, en tanto que los temporales cayeron en 76.500. El número de trabajadores por cuenta propia creció en 22.300. La tasa de temporalidad del sector privado se situó en el 12,4%. Asciende al 15,1% al incorporarse los trabajadores de las Administraciones Públicas.

En cuanto al paro, en el cuarto trimestre el de mujeres cayó en 109.000, mientras que el de hombres se redujo en 27.100. Más entre los españoles, incluidas dobles nacionalidades, (107.700) que entre los extranjeros (28.300). Fundamentalmente, uno de cada dos parados salieron del sector Servicios (65.400 menos).

Por comunidades, la mayor de creación de empleo en el trimestre se dio en la Comunidad de Madrid (59.300 más), mientras que la temporada baja en las Islas Baleares supuso una caída de 57.900 ocupados.

La mayor bajada del paro se registró en la Comunitat Valenciana (39.000 desempleados menos), mientras que el mayor aumento se dio, también, en las Islas Baleares, por el impacto de la estacionalidad (10.800 más).

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha manifestado que el mercado laboral es el que está tirando del crecimiento económico. “La reforma laboral, subir el salario mínimo, proteger a la gente trabajadora claro que es eficiente. (...) No es solo que tengamos más empleos, sino empleos de mayor calidad. Es la característica que creo que está permitiendo que España vaya hoy mejor económicamente”, ha dicho en una entrevista en RNE tras conocerse las cifras del INE.

Por su parte, en una valoración remitida a los medios de comunicación, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha celebrado los buenos datos de empleo. “Es un mercado laboral más fuerte, más estable, con un empleo de mayor calidad y que sienta una base sólida para seguir ampliando el bienestar de todos los ciudadanos”, ha asegurado.

El impacto de la inteligencia artificial (IA) sobre los mercados laborales puede representar “un tsunami” para el empleo por la rapidez de los avances y su efecto sobre la demanda de habilidades, los salarios y las oportunidades de contratación para los jóvenes, según ha advertido la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva.

“Esto es como un tsunami que golpea el mercado laboral”, ha comentado la economista búlgara durante una charla en el marco del Foro Económico Mundial, compartida, entre otros, con Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo (BCE); y la directora general de la Organización Mundial del Comercio (OMC), Ngozi Okonjo-Iweala, recogida por Europa Press.

En este sentido, Georgieva ha señalado la transformación masiva de la demanda de habilidades a causa de la IA, cuya implementación en los próximos años se espera que afecte al 60% de los empleos en las economías avanzadas, ya sea para mejorarlos, eliminarlos o transformarlos.

Asimismo, ha advertido de que, si bien los empleos mejorados con la llegada de la IA reportan salarios más altos a quienes los ocupan, lo que impulsa el consumo y la demanda de empleos menos cualificados, también se observa que la IA contribuye a eliminar empleos de nivel inicial, lo que dificulta la inserción laboral de los jóvenes, mientras que los trabajos que todavía no se han visto afectados pagan menos.

“Así que la clase media inevitablemente se verá afectada”, ha advertido.

Por otro lado, la directora del FMI ha expresado también una gran preocupación porque al mismo tiempo que se avanza con gran rapidez en este campo no se han implementado las salvaguardas necesarias.

“Esto avanza muy rápido, y sin embargo, no sabemos cómo hacerlo seguro”, ha lamentado.

Redistribución de la riqueza

En este sentido, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, ha señalado que los propios expertos y actores de la IA reconocen la importancia de tener un debate al respecto y comprender cómo se usa esta nueva tecnología para no perjudicar el tejido social y a la juventud.

Por otro lado, la francesa ha defendido la necesidad de “ser cuidadosos con la distribución de la riqueza”, ya que si el mundo no presta atención a esto al aumento de la desigualdad “nos encaminamos hacia serios problemas”.

Lagarde, ha descartado este viernes que el mundo esté atravesando un momento de “ruptura”, sino más bien una transición, en la que IA puede promover el crecimiento o fomentar la desigualdad, según la agencia EFE.

En la jornada de clausura del Foro de Davos, Lagarde ha replicado a lo afirmado hace pocos días en el mismo encuentro por el primer ministro canadiense, Mark Carney, que habló de “ruptura” del orden establecido y del mundo tal y como lo conocemos.