En los próximos días, se cerrará el plazo para que las empresas interesadas presenten sus ofertas para dos fuertes inversiones, de 5,1 y 4,4 millones de euros, respectivamente, destinadas a reformar la base militar de Araka, a las afueras de Vitoria. Además, ya está en marcha una tercera licitación, valorada en otros 5,2 millones, para las nuevas instalaciones de la Real Sociedad de Hípica Militar en Donostia. Se trata de la principal reorganización del Ejército de Tierra en Euskadi desde 2015, ya que las obras buscan acondicionar el acuartelamiento alavés para que unos 400 efectivos ahora destinados en los cuarteles de Loiola de Donostia, que serán derribados, sean recolocados allí. El resto, pasarán al nuevo recinto, muy cercano al anterior, a apenas 500 metros. Pero, ¿cuál es el despliegue actual de las Fuerzas Armadas en suelo vasco? Según datos oficiales de 2025, hay 1.387 militares, una cifra muy similar a la de la dotación de la Policía Nacional, por ejemplo.

La salida de Loiola es un proyecto largamente esperado en Donostia, la ciudad con el precio de las viviendas más alto, para levantar allí del orden de 1.700 pisos. Hubo intentos desde 2011, pero el plan actual empezó a gestarse en 2020. Vox, que interpretó el movimiento como un repliegue del Estado de suelo vasco aunque ya desde el principio estuvo claro que el Ejército de Tierra iba a continuar en Donostia, intentó paralizar el plan en los tribunales, al entender las instalaciones militares merecían ser protegidas desde el punto de vista patrimonial. Aunque el recorrido judicial no cristalizó, finalmente el proyecto sí respetará algunas fachadas de los edificios. Así lo recomendó también un informe del Gobierno vasco adelantado por este periódico en 2022. El pasado año se cerró la venta a la ciudad de las instalaciones por un precio de unos 73,3 millones.

Aunque una treintena de organizaciones secunda la iniciativa 'Kuartel berririk ez!' en Donostia, incluidos EH Bildu, Podemos, ELA y LAB, la ministra de Defensa, la socialista Margarita Robles, ha dado en este arranque de 2026 el paso definitivo para el traslado a la Hípica Militar, que ya era de propiedad de las Fuerzas Armadas y donde en su momento estuvo como alumno un joven Juan Carlos de Borbón, luego jefe del Estado de 1975 a 2014. Robles ha declarado el proyecto de “interés general”. Se urbanizarán cerca de ocho hectáreas y acogerá a la unidad destinada en Donostia, denominada Tercio Viejo de Sicilia y que en su 'web' sigue obviando que se sublevó contra el Gobierno el 18 de julio de 1936.

Ahora bien, este cambio ha generado un efecto dominó en Araka. El Estado va a modernizar una base que en su momento fue cuestionada por el PNV local, que planteó, entre otros proyectos, una circuito de carreras como parte de su triángulo del motor junto a la Fórmula 1 de Épsilon y el coche eléctrico Hiriko. En enero se han sacado a concurso dos proyectos de reforma.

El coronel-jefe, José Antonio Almela, informa en el expediente de esos contratos que se hará una “reforma integral” del edificio E0046, donde irán “la plana mayor y las compañías de servicio y mando y apoyo” de las actuales unidades destinadas en Vitoria, también del Tercio Viejo de Sicilia. Después, la “reforma integral” del E0045, el “edificio de transeúntes”, acogerá el mando de Araka y los efectivos de Loiola. Se tocarán también los E0040 y E0041. Igualmente, está prevista una adecuación del almacén E0039 para las furrielerías (suministros) del Tercio Viejo de Sicilia. En el edificio E0044 irá el “material sensible”, es decir, “armamento ligero, pesado y material de transmisiones”. El ED0057 se convertirá en vestuario. También habrá mejoras para la flota, tanto la de vehículos ligeros como la de pesados.

En Vitoria, EH Bildu ha criticado la llegada de 400 militares decidida por el Gobierno de España al que apoya. Asimismo, ha remarcado que Araka se asienta en una parcela que “fue arrebatada por parte del Ejército a la población alavesa y gasteiztarra en la década de 1960 con la aplicación de la ley franquista de expropiación forzosa”.

El Ejército de Tierra completa su despliegue en Euskadi con el regimiento de infantería Garellano, acantonado en Mungia, en Bizkaia. En 2015, cuando se produjo la anterior reorganización bajo Gobierno del PP, se disolvió la unidad 'vasca' San Marcial y este grupo depende ahora del brigada Guzmán El Bueno de Cerro Muriano, en Córdoba.

Según los datos facilitados a este periódico por Defensa, el Ejército de Tierra tiene en Euskadi 75 oficiales, 214 suboficiales y 1.045 efectivos de tropa. Son la parte más cuantiosa del despliegue de las Fuerzas Armadas. El Ejército del Aire y del Espacio no tiene destacamentos como tal en la comunidad autónoma y apenas constan como asignadas seis personas. Sí interviene, por ejemplo, en incendios forestales, pero con aparatos procedentos de otras bases.

La Armada, las fuerzas navales, tiene una presencia igualmente testimonial, con 35 funcionarios. Eso sí, dispone de tres sedes operativas. Se trata de la Comandancia Naval de Bilbao, de la Comandancia Naval de Donostia y de la Ayudantía Naval del Bidasoa, en Hondarribia. Una de sus misiones es la vigilancia del condominio más pequeño del mundo, la isla de los Faisanes ubicada en ese río y que durante medio año es de soberanía española y durante el otro francesa. Finalmente, hay otros once efectivos de los “cuerpos comunes” a los tres Ejércitos. Los 1.387 militares en suelo vasco representan el 1,17% del volumen total de personal de las Fuerzas Armadas españolas.

El periodista y militar Fernando Reinlein García-Miranda, presidente del Foro Milicia y Democracia, ha fallecido este jueves en Madrid a la edad de 80 años. Reinlein perteneció a la Unión Militar Democrática (UMD) y fue uno de los nueve oficiales que en 1975 fueron condenados a prisión y expulsados del Ejército por su actividad clandestina en favor de la democracia.

En un comunicado, su entorno ha infirmado del fallecimiento de este teniente coronel de infantería retirado, y destacan que Reinlein “está en la historia reciente de España como uno de los nueve oficiales que en 1975 fueron condenados a prisión y expulsados del Ejército por su actividad clandestina en favor de la democracia. Excluidos de la amnistía de 1977, no fueron formalmente readmitidos en las FFAA hasta 1987”.

Fernando Reinlein fue uno de los integrantes de la Unión Militar Democrática (UMD), una organización militar clandestina fundada con el objetivo de democratizar las Fuerzas Armadas y derrocar la dictadura franquista. La UMD se disolvió cuando entró en vigor la Constitución de 1978. “Décadas más tarde algunos de sus miembros crearon el Foro Milicia y Democracia con ánimo de contribuir a la defensa de los valores democráticos, las libertades y los derechos humanos”, destaca el comunicado.

“Tras su expulsión del ejército, Reinlein inició una importante carrera como periodista, que le llevó hasta la dirección de Diario 16, a finales de los años 80, tras dirigir algunas de sus secciones y contribuir como director adjunto a la expansión regional del periódico”, recuerda el escrito: “Durante medio siglo, Fernando Reinlein ha contribuido a mantener viva la memoria de la UMD, que pese a sus pequeñas dimensiones tuvo un papel trascendente en el proceso de construcción de la democracia”.

En 2010, con Carme Chacón como ministra de Defensa, recibió la Cruz del Mérito Militar y Aeronáutico, junto con otros 14 miembros de la UMD, que tuvieron que esperar 35 años par recibir los honores y el reconocimiento que merecían.

Siempre vinculado a la política y el activismo, Reinlein participó en 2017 en la concentración organizada por Podemos para reclamar una moción de censura contra Mariano Rajoy. En 2022 fue uno de los homenajeados por el Gobierno con motivo del Día de Recuerdo y Homenaje a todas las víctimas del golpe militar, la guerra y la dictadura.

“Autor de Capitanes Rebeldes y otros libros imprescindibles sobre la Transición, actualmente colaboraba como columnista en el diario Infolibre y era invitado ocasional en programas de radio y TVE, donde siempre dejaban huella su coraje cívico, su compromiso con los valores democráticos, su energía y su sentido del humor”, afirma el comunicado.

Algunas formas de vida no podrían mantenerse sin apoyo exterior. Las que habitan en entornos extremos, donde el hielo es dominante y la vegetación es escasa, dependen con frecuencia de la intervención humana para garantizar su supervivencia. En las zonas heladas, el deshielo progresivo, la pérdida de alimento y la contaminación amenazan a especies adaptadas a condiciones muy concretas. Los humanos han asumido parte de esa responsabilidad, creando programas que buscan conservar poblaciones en riesgo mediante acciones de protección, seguimiento y concienciación.

Estas iniciativas se centran en reducir los daños derivados de la actividad humana, pero también en enseñar por qué resulta necesario actuar. Con ello, la cooperación entre personas e instituciones se convierte en una herramienta muy útil para mantener el equilibrio natural y evitar la desaparición de especies que solo pueden resistir con ayuda

Las Fuerzas Armadas ponen en marcha una campaña abierta para apoyar a los pingüinos antárticos

El Ejército de Tierra ha anunciado una nueva edición de su campaña de apadrinamiento de pingüinos, publicada en sus canales oficiales, destinada a sensibilizar sobre la conservación del ecosistema antártico. Esta iniciativa permite a la ciudadanía participar en la protección simbólica de las aves que habitan en Isla Decepción, uno de los enclaves más estudiados del continente helado. La propuesta impulsa la divulgación y la educación ambiental, además de apoyar las misiones científicas que España mantiene en la zona, lo que refuerza la presencia nacional en la investigación polar.

La campaña es gratuita y abierta a cualquier persona interesada. Quienes se inscriben no adoptan físicamente un animal, sino que participan en un ejercicio de concienciación ambiental. Con cada apadrinamiento, se recuerda que la conservación de la fauna antártica depende de mantener un equilibrio entre el ser humano y el entorno. Este gesto simbólico sirve para reforzar la educación ambiental y el conocimiento del ecosistema antártico, uno de los más sensibles a las variaciones climáticas.

El Ejército de Tierra difundió el inicio de la campaña a través de sus canales oficiales, invitando a la ciudadanía a colaborar. El objetivo es acercar la investigación y la protección medioambiental a la sociedad, mostrando cómo el trabajo militar en la Antártida tiene también una dimensión científica y ecológica. Con esta nueva edición, las Fuerzas Armadas continúan una labor de divulgación y compromiso ambiental que se mantiene desde hace décadas.

Una de las principales novedades es la posibilidad de apadrinar ocho especies distintas de pingüinos que habitan en Isla Decepción. En años anteriores, el protagonista era únicamente el pingüino barbijo, pero ahora se incluyen otras siete especies, incluidos fócidos, para reflejar la diversidad del ecosistema. La ampliación busca visibilizar la riqueza biológica de la zona y fomentar una visión global de la conservación antártica.

Una propuesta nacida en los 90 mantiene su tirón gracias a la participación ciudadana

El origen de esta iniciativa se remonta a 1992, cuando los diplomas de apadrinamiento se elaboraban de forma artesanal y se distribuían entre los miembros de la Campaña Antártica del Ejército de Tierra. Su popularidad creció a partir de la XXIII campaña, en 2009-2010, tras la difusión de una televisión autonómica. Desde entonces, el sistema se modernizó hasta llegar a gestionar las solicitudes de manera informatizada. En la XXXVIII campaña, correspondiente a 2024-2025, se superaron los 535.000 diplomas, un dato que refleja el interés ciudadano por participar.

El proceso para apadrinar sigue siendo sencillo. Basta con acceder al enlace habilitado por la organización, completar el formulario y recibir un diploma acreditativo. La organización recuerda que los nombres propuestos para los pingüinos deben ser respetuosos y acordes con el carácter educativo de la actividad.

Con ello, la campaña de 2025/2026 continúa la labor de sensibilización iniciada hace más de tres décadas, uniendo Antártida, divulgación y compromiso ambiental en un gesto solidario y sin coste que acerca la ciencia y la naturaleza a miles de personas.

El exmilitar Ricard Mitjana, barcelonés de 55 años que lleva en Aragón desde 1991, se perfila para liderar la nueva etapa de Podemos en la comunidad tras la crisis en la que vive instalada el partido desde hace tiempo. Con experiencia en misiones internacionales y humanitarias y enfrentado con el Ministerio de Defensa al considerar que no se protege a las víctimas de acoso, Mitjana encabeza la única candidatura que se ha presentado de cara a la próxima Asamblea Ciudadana, para lo que deberá recibir el aval de 90 militantes.

El hasta ahora secretario de Organización en el equipo técnico -gestora- designado por Madrid para llevar las riendas de la formación desde la marcha de la anterior líder, Marta de Santos, en verano del año pasado asegura a este diario estar satisfecho por el hecho de que la militancia haya “respondido bien”. Mitjana dice estar constatando que “se están reactivando los círculos” del partido y prevé una “buena participación” en el proceso congresual. “En eso vamos a trabajar, queremos que la gente se involucre”, explica.

A Mitjana se le pudo ver conversando de forma extensa con la eurodiputada Irene Montero cuando la exvicepresidenta visitó días atrás la capital aragonesa para participar en una manifestación por 'Los 6 de Zaragoza'.

Pese a que se daba por hecho la presencia de una segunda candidatura, más tras la publicación hace dos semanas de una carta de la militancia muy crítica con el papel del equipo técnico –las relaciones con el único diputado autonómico y con el grupo de las Cortes directamente no existen–, al final nadie ha querido ponerse al frente de esa lista alternativa, que tendría que competir con el aparato de Madrid.

Mitjana, controlador aéreo, tiene una amplia experiencia en el Ejército y ha participado en un buen número de operaciones. Entre ellas las desarrolladas en Afganistán, Kosovo, Senegal y Kirguistán, mientras que también participó en las misiones humanitarias tras los tsunamis de Indonesia y Haití.

Enfrentamiento con el Ministerio

Exvicepresidente de la Asociación Cuestión de Justicia y Honor, el futuro líder de Podemos Aragón se vio obligado a retirarse sancionado por una acusación falsa, a raíz de sus reivindicaciones de mejores condiciones para la tropa. Mitjana, que ha denunciado que el Ministerio de Defensa no ofrece “garantías jurídicas y mucho menos administrativas que protejan a los denunciantes de corrupción”, tiene a su favor sentencias firmes por violación del derecho fundamental a la presunción de inocencia. Llegó a dirigirse al rey Felipe VI para que se reconociera oficialmente su inocencia y se restituyera su imagen pública, ante el silencio del Ministerio.

Mitjana también vivió “en primera persona” en 2003 el accidente del Yak-42, en el que fallecieron 62 militares españoles. “Me tocó hacer el relevo a los compañeros de Ala 31 y de la EADA”, recuerda.

El ‘Furor’ (P-46), el patrullero de la Armada española escogido para asistir a la Flotilla Global Sumud —integrada por más de 50 embarcaciones— en su misión humanitaria rumbo a Gaza, en la que ha denunciado diversos ataques con drones y varias explosiones, ya está preparado en el puerto de Cartagena para su salida a mar abierto, tal y como anunció el miércoles el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York.

El patrullero permanece a esta hora de la mañana del jueves amarrado al muelle de la Curra de la ciudad murciana. Allí aguarda órdenes del alto mando para zarpar, según confirman fuentes militares a este periódico. Es considerable el ir y venir de personal militar a pie de muelle, subiendo y bajando del buque, deambulando por la cubierta, descargando camiones que llegan con materiales, preparando el operativo. Su misión será la de proporcionar asistencia y rescate a los integrantes de la flotilla en caso de que sea necesario.

El sistema de geolocalización AIS del patrullero indica que estuvo a lo largo del miércoles de maniobras cerca de aguas españolas, hasta que, a última hora de la tarde, coincidiendo con el anuncio de Sánchez, regresó de nuevo a las instalaciones del Arsenal militar de Cartagena para comenzar la puesta a punto de la operativa en Gaza.

El buque se unirá a la fragata de la marina italiana ‘Fasan’, que tiene el objetivo de garantizar asistencia a los ciudadanos italianos presentes en la flotilla y realizar posibles acciones de socorro.

El ‘Furor’ es el sexto de los Buques de Acción Marítima (BAM) de la Armada. Su construcción finalizó en 2019 en los astilleros de Navantia en Ferrol y su base y destino está desde entonces en el Arsenal de Cartagena. La fragata tiene una eslora de casi 94 metros y está equipado con un cañón Oro Melara de 76 milímetros, dos ametralladoras, un helicóptero y un dron de vigilancia. Su autonomía llega a las 8.000 millas náuticas, lo que le permite navegar grandísimas distancias sin necesidad de reabastecimiento de combustible.

Dispone de una tripulación de 46 personas, entre oficiales, suboficiales y marineros. Fuentes militares consultadas confirman que se unirá a la tripulación un equipo sanitario. La dotación solo actuará en asistencia de salvamento y rescate a la flotilla de Gaza en caso de que los acontecimientos lo requieran.

Un vecino de la localidad albaceteña de Villapalacios ha muerto abatido por un dron ruso en el conflicto de la Guerra de Ucrania. Así lo adelantaba El Digital de Albacete, que daba a conocer la noticia de que Juan Luis Amador Matías, militar de 38 años, había fallecido el pasado 20 de septiembre mientras “cumplía su labor militar defendiendo al pueblo ucraniano y auxiliando heridos en el frente de batalla”.

El teniente alcalde de Villapalacios, José Luis García Algaba, ha expresado que “era un chaval muy querido por todo el mundo, siempre pendiente de su familia y de su hija”. Juan Luis Amador trabajaba como militar en las Fuerzas Armadas, sin embargo, cuando se le acabó el contrato y “gracias a la mediación de unos amigos se enroló en octubre de 2024 en el ejército ucraniano con un contrato de trabajo”. “Este contrato le finalizó hace muy poco y lo renovó”, destaca García Algaba a elDiario.es Castilla-La Mancha. Hacía tan solo unos días, “sobre el 10 de septiembre había vuelto a Villapalacios para ver a sus familiares, antes de las fiestas, y luego regresó a Ucrania”.

El municipio albaceteño trabaja en su repatriación

El teniente alcalde de Villapalacios ha confirmado a Europa Press que el Ayuntamiento está trabajando “lo más rápido posible” y han puesto “todo su empeño” para repatriar el cuerpo del militar.

“Estamos trabajando todos los que podemos para que Juan Luis vuelva con nosotros y esté con sus seres queridos”, ha comentado García, notablemente afectado por la noticia del fallecimiento del voluntario, que “ha caído en el pueblo como un jarro de agua fría”. Según ha detallado el Consistorio, una vez el cuerpo regrese a Villapalacios el Ayuntamiento plantea organizar un homenaje, pero de momento, se enfrentan a las dificultades técnicas y burocráticas de la repatriación.

“Estamos en contacto con las embajadas desde el primer momento, pero hay una larga cola de espera para las repatriaciones y el proceso es muy complejo. Esto nos viene de sopetón y no tenemos experiencia”, ha explicado García.

Mientras, fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores han confirmado a Europa Press que la embajada de España en Kiev está en contacto con las autoridades ucranianas para recabar toda la información y confirmación de los hechos y, en su caso, prestar la asistencia consular necesaria a sus familiares.

El jefe del Estado Mayor de la Armada (AJEMA), el almirante general Antonio Piñeiro, ha recalcado este viernes a Vox que la misión de la Armada es “ayudar y salvar” a los migrantes que se desplazan en pateras, cayucos y otras embarcaciones en su tránsito hacia España, y no devolverlos o bloquearles el paso, como han propuesto desde el partido de Santiago Abascal.

Así lo ha hecho el AJEMA durante un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, en respuesta al dirigente de Vox Javier Ortega Smith, que le ha preguntado si considera “necesario” incrementar la presencia de la Armada en aguas del Estrecho, Ceuta y Melilla para luchar contra la inmigración ilegal y el narcotráfico.

Vox ha propuesto en varias ocasiones desplegar a la Armada en rutas migratorias habituales como las del Estrecho o Canarias para bloquear la entrada de embarcaciones en territorio español. “No se puede, no estamos para eso”, ha dicho rotundamente el AJEMA.

“Es mandato de la Ley del Mar salvar a los migrantes”

“En el tema de inmigración voy a ser muy claro: es mandato de la Ley del Mar salvar a los migrantes si están en peligro”, ha insistido el AJEMA, pidiendo que “nadie espere que un barco de la Armada vaya a proceder a apartarlos”. “La única misión de la Armada y de cualquier Armada occidental es ayudar, que no quepa ninguna duda al respecto”, ha abundado.

Para ilustrar la crudeza que se vive en el mar ante ese tipo de situaciones, el AJEMA se ha referido a la Operación Sophia de la Unión Europea que buscaba desarticular redes de tráfico de personas en el Mediterráneo y en la que participaron fragatas españolas en labores humanitarias.

El almirante ha relatado la “impotencia” que sienten los marinos de tener a más de 200 personas en el mar, muchos de ellos sin saber nadar, y tener que elegir entre unos y otros para rescatarlos. “Jamás ante un cayuco se puede tener otra actitud que no sea la de ayudar”, ha subrayado.

Vox critica al almirante general por defender la legalidad

Vox ha censurado este viernes en sus redes sociales las palabras del jefe del Estado Mayor de la Armada y ha asegurado que el Gobierno “está asaltando también estas instituciones, como ha hecho con todas, tratando de ponerlas a su servicio de interés partidista”.

Según el partido de Abascal, la Armada, igual que los Ejércitos del Aire y de Tierra, “están para defender a los españoles”. “Y para garantizar la integridad territorial, la independencia y la soberanía”, ha continuado el partido de Santiago Abascal, que ha terciado: “Una pena que algunos se dejen tan fácilmente”.

Además de estas obligaciones, es mandato constitucional de los tres ejércitos el defender “el ordenamiento constitucional” y “salvaguardar el sistema legal y democrático de España, asegurando la estabilidad y el cumplimiento de la Constitución”, según está establecido en la Ley Orgánica 5/2005 de la Defensa Nacional.

Israel ha lanzado un gran ataque sobre Irán en la madrugada de este viernes en el que ha matado a varios altos cargos militares y científicos nucleares del país. El Ejército israelí ha dicho que más de 200 cazabombarderos han golpeado más de un centenar de objetivos en suelo iraní, algunos relacionados con el programa nuclear del país y sus sistemas de defensa aérea, pero también objetivos civiles. Irán ha empezado a responder con el lanzamiento de más de cien drones hacia el Estado judío, muchos de los cuales están siendo interceptados, según Israel y Jordania.

El ataque se produce mientras Israel continúa con el genocidio en Gaza, sigue bombardeando Líbano y ocupando una parte de Siria, y mientras EEUU negociaba un acuerdo con Irán para limitar su programa nuclear. El Ejército israelí ha justificado el ataque señalando una información de inteligencia nueva que indicaba que Teherán se estaba “acercando al punto de no retorno” en el desarrollo de armas nucleares.

Entre los objetivos del ataque israelí se encuentra la principal planta de enriquecimiento de uranio de Irán, Natanz, que fue alcanzada en los bombardeos, según ha confirmado el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). La agencia nuclear de la ONU ha dicho que “no han aumentado los niveles de radiación” después del ataque, que ha causado daño en las instalaciones situadas al sur de Teherán.

La OIEA ha dicho que las autoridades iraníes han informado a la agencia que las instalaciones de Bushehr, Fordow e Isfahan no se han visto afectadas. Su director general, Rafael Grossi, ha recordado que ataques como el de este viernes tienen “graves implicaciones para la seguridad nuclear” y suponen una violación de las normas de la ONU sobre acciones armadas contra instalaciones atómicas. “Este acontecimiento es muy preocupante. He afirmado en repetidas ocasiones que las instalaciones nucleares nunca deben ser atacadas, independientemente del contexto o las circunstancias, ya que podría perjudicar tanto a las personas como al medioambiente”, ha declarado.

Por su parte, el Ejército israelí ha confirmado haber atacado Natanz, “que ha funcionado durante años para alcanzar la capacidad de fabricar armas nucleares y alberga la infraestructura necesaria para enriquecer uranio a niveles de grado militar”.

Irán ha informado de que entre las víctimas de los bombardeos hay seis científicos nucleares iraníes. Además, también han sido asesinados tres de los principales generales iraníes: el comandante del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, el general Mohammad Bagheri; el comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria de Irán, el general Hossein Salamí; y el general Gholam Ali Rashid, responsable de la base aérea Khatam ol-Anbiya. El Ejército israelí ha asegurado que ha “eliminado” al comandante de la Fuerza Aérea de la Guardia Revolucionaria, Amir Ali Hajizadeh, quien se encontraba reunido con otros altos cargos en “un centro de comando subterráneo”, según un comunicado. Los medios iraníes han confirmado su muerte.

Irán la lamentado “el martirio” de Salamí, uno de los hombres más influyentes de la República Islámica, y ha nombrado rápidamente a un sustituto: el general Mohammad Pakpour. Además de los integrantes del régimen iraní, también habrían muerto varios civiles en zonas residenciales del norte de la capital, Teherán, donde se escucharon fuertes explosiones alrededor de las 03:00 de la madrugada (hora local).

El viernes al mediodía, nuevos bombardeos tuvieron como objetivo un aeropuerto militar en la ciudad de Tabriz, en el noroeste de Irán, y otra vez fue golpeada la planta de Natanz, según medios iraníes.

El líder supremo de Irán, Ali Jameneí, ha prometido que Israel recibirá un “severo castigo” tras revelar su “naturaleza malvada” con ataques contra militares y civiles. La máxima autoridad política y religiosa de Irán ha asegurado en un comunicado: “Con este crimen, el régimen sionista se preparó un destino amargo y doloroso, y sin duda lo recibirá”.

Este viernes se han suspendido las clases y otras actividades en Israel, y se ha cerrado el Aeropuerto Internacional de Ben Gurion. Muchas aerolíneas han cancelado sus vuelos o cambiado sus rutas para no sobrevolar la zona. Las autoridades de Aviación Civil de Jordania e Irak anunciaron a primera hora el cierre temporal de su espacio aéreo ante el riesgo de cualquier respuesta de Teherán. Jordania ya he interceptado algunos drones procedentes de Irán que, de momento, no ha confirmado el lanzamiento de proyectiles.

El Ejército israelí ha afirmado que ha llevado a cabo “un ataque a gran escala contra los sistemas de defensa aérea del régimen iraní en el oeste de Irán”, reduciendo así sus capacidades defensivas. En los ataques, la Fuerzas Aérea israelí ha destruido decenas de radares y lanzaderas de misiles tierra-aire, según un comunicado castrense.

El ministro de Defensa Israel Katz ha asegurado que “las Fuerzas de Defensa de Israel lanzaron una operación contra la cabeza del pulpo iraní para frustrar sus capacidades y eliminar la amenaza de destrucción del Estado de Israel”. “Ganaremos”, ha agregado en un post en la red social X.

Operación “León que se levanta”

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, anunció de madrugada el lanzamiento de la operación “León que se levanta”, que busca “contrarrestar la amenaza iraní a la supervivencia misma de Israel”. “Esta operación continuará durante los días que sean necesarios para eliminar esta amenaza”, dijo en un vídeo difundido en X.

“Atacamos el núcleo del programa de armamento nuclear de Irán. Atacamos la principal instalación de enriquecimiento de Irán en Natanz. Atacamos a los principales científicos nucleares de Irán que trabajaban en la bomba iraní. También atacamos el núcleo del programa de misiles balísticos de Irán”, detalló el jefe del Gobierno ultraderechista. “Irán se está preparando para producir decenas de miles de esos misiles balísticos en tres años”, aseguró, lo que califica de “una amenaza intolerable”.

“Nuestra lucha es contra la brutal dictadura que los ha oprimido durante 46 años. Creo que el día de su liberación está cerca; cuando eso suceda, la gran amistad entre nuestros dos antiguos pueblos florecerá”, agregó. En el vídeo, Netanyahu agradeció al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, su liderazgo contra el programa nuclear de Irán.

Unas horas después, Trump ha respaldado la acción de Israel y ha advertido a Irán de que habrá nuevos ataques, y ha afirmado: “Serán aún más brutales”.

“Le di a Irán la oportunidad de llegar a un acuerdo”, ha dicho el presidente de EEUU en sus redes sociales, en relación con las negociaciones sobre el desmantelamiento del programa nuclear iraní: “Se lo dije, de la forma más contundente, 'hacedlo'. Pero no importa lo mucho que lo intentaron y lo cerca que se quedaron, lo cierto es que no lo lograron. Les avisé de que sería mucho peor que cualquier cosa que hayan conocido o imaginado, que EEUU hace las armas más letales del mundo de largo, y que Israel tiene muchas y aún más están en camino, y saben usarlas”.

Trump relata que “algunos iraníes de la línea dura se expresaron con valentía, pero no sabían lo que estaba a punto de ocurrir. Y están todos muertos ahora, y solo irá a peor. Se ha producido ya una gran destrucción y muerte, pero aún hay tiempo de parar esta matanza, en tanto que los próximos ataques planeados serán aún más brutales”.

“Irán debe firmar un acuerdo, antes de que no quede nada, y salve lo que un día fue conocido como el Imperio Iraní [Persa]. No más muertes ni destrucción, hacedlo antes de que sea demasiado tarde”, concluye Trump.

Anoche, el secretario de Estado de Trump, Marco Rubio, aseguró que “Israel tomó medidas unilaterales contra Irán” que eran necesarias “para su propia defensa”. “No participamos en ataques contra Irán y nuestra principal prioridad es proteger a las fuerzas estadounidenses en la región”, dijo en un comunicado el jefe de la diplomacia estadounidense.

“Israel nos informó que cree que esta acción es necesaria para su propia defensa. El presidente Trump y su administración han tomado todas las medidas necesarias para proteger a nuestras fuerzas y mantener un estrecho contacto con nuestros socios regionales. Seamos claros: Irán no debe atacar los intereses ni al personal de Estados Unidos”, añadió.

Una nueva escalada de la tensión

Irán afirmó el miércoles que atacaría “todas” las bases estadounidenses en Oriente Medio en caso de que EEUU bombardeara su territorio, en medio del aumento de la tensión en los últimos días entre Teherán y Washington, a pesar de las negociaciones entre los dos países que comenzaron el pasado 12 de abril. El próximo domingo estaba prevista una sexta ronda de conversaciones en Omán para alcanzar un acuerdo sobre el polémico programa atómico iraní.

Omán ha responsabilizado a Israel de “la escalada” de este viernes, que ha calificado de “peligrosa estrategia”, advirtiendo de que su comportamiento “amenaza con impedir las soluciones diplomáticas y socavar la seguridad y la estabilidad de la región”.

Todos los países del golfo Pérsico y de Oriente Medio han condenado el masivo ataque israelí, asegurando que representa una escalada de la tensión en la región, sacudida por el conflicto en la Franja de Gaza desde hace más de 20 meses.

La Liga Árabe (formada por 22 países) ha hecho un llamamiento a contener una escalada de la tensión y a “evitar que la situación se descontrole”, y ha pedido “una intervención decisiva e inmediata de la comunidad internacional para detener estos ataques, que amenazan con conmover a la región”.

La Unión Europea (UE) ha instado a reducir la tensión y ha pedido a Israel e Irán que actúen con la “máxima moderación”. “La información que llega de Oriente Medio es muy alarmante. Europa insta a todas las partes a que ejerzan la máxima moderación, reduzcan inmediatamente la tensión y se abstengan de tomar represalias”, ha declarado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a través de redes sociales. Para la presidenta del Ejecutivo comunitario, “una solución diplomática es ahora más urgente que nunca, por el bien de la estabilidad de la región y de la seguridad mundial”.

También la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, ha instado a “todas las partes a que actúen con moderación y eviten una nueva escalada”.

Once años después de la coronación de Felipe VI se celebrará en Madrid una “carrera popular” por el décimo aniversario del acto que certificó el traspaso de la Jefatura del Estado español de Juan Carlos de Borbón a su hijo. La conmemoración, que llega con 365 días de retraso, está impulsada por la propia Casa del Rey y apoyada por la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid, las Fuerzas Armadas, el Congreso y el Senado, así como asociaciones y empresas privadas. El evento, organizado en pocas semanas, coincide en fecha y recorrido con la Marcha Republicana, convocada ya hace un año bajo el lema “¡Hasta que se vayan!”.

“Animo a todos los madrileños a participar este domingo 15 de junio en la carrera popular ‘X Aniversario’ del reinado de Felipe VI”, dice Isabel Díaz Ayuso en un vídeo promocional que publicó el pasado 21 de mayo en sus redes sociales. La presidenta madrileña asegura que en estos 10 años “la Corona ha compartido con los españoles, como siempre ha hecho a lo largo de la Historia, sus momentos más difíciles, algunos muy dolorosos”, aunque “también muchos éxitos y alegrías”. La carrera, concluye la dirigente madrileña, es “una oportunidad para agradecer a sus majestades los reyes el apoyo y cariño que nos han dado a todos los españoles” y para “celebrar todo lo que hemos sido a lo largo de la Historia”.

El de Ayuso no fue el primer mensaje sobre la carrera popular, pero casi. El rastro en Internet termina solo unos días antes. El primer tuit al respecto es del 12 de mayo y fue lanzado desde la cuenta de la Policía Municipal de Madrid. En él se anuncia que la habitual carrera con motivo del patrón del cuerpo, San Juan Bautista, se convierte en una prueba de homenaje a la coronación del jefe del Estado.

“Este año la Carrera San Juan 2025 se une a Guardia Real para celebrar el X aniversario de la proclamación de Felipe VI”, apunta el tuit. La presencia de esta unidad militar certifica el conocimiento y aprobación de Zarzuela.

La hora de inicio serán las diez de la mañana y, según el reglamento, el control se cerrará a las 11:20. El recorrido, similar al que hicieron los reyes aquel 19 de junio de 2014, tiene su inicio y final en la Plaza de Oriente, frente al Palacio Real, y transitará, entre otras, por la Carrera de San Jerónimo, el Paseo del Prado, la calle de Alcalá, la Gran Vía o la Plaza de España.

Un itinerario que coincide en parte con el previsto por la Marcha Republicana en su segunda edición, y que ha convocado a manifestarse por el fin de la monarquía hereditaria en España. La protesta partirá el 15 de junio a las 12.00 desde la Plaza de Neptuno con destino a la Puerta del Sol, tal y como se anunció hace un año, después de que varios miles de personas secundaran la convocatoria.

“Nosotros nos manifestamos ya el año pasado, nos manifestaremos este año el próximo día 15 de junio, como anunciamos al concluir la primera marcha el año pasado, lo haremos el próximo y seguiremos haciéndolo hasta que se vayan los Borbones y la democracia traiga la República”, apuntan fuentes de la Marcha Republicana. “En un momento de rearme como el que vivimos, la monarquía representa la guerra y necesitamos una República para la paz”, añaden.

Militares, Cortes Generales y empresarios

La carrera cuenta con el apoyo explícito de Ayuntamiento y Comunidad, pero también de otras instituciones como el Congreso y el Senado. Distintas fuentes institucionales consultadas, municipales y parlamentarias, coinciden en señalar que la iniciativa parte, precisamente, de la Guardia Real.

Esta unidad de las Fuerzas Armadas españolas está integrada expresamente en la estructura de la Casa del Rey, según un decreto de 1988, y dependen directamente de jefe de Zarzuela. El cargo lo ocupa Camilo Villarino, quien sustituyó a Jaime Alfonsín y ha imprimido un perfil político al reinado de Felipe VI.

Es, por tanto, la Casa Real la que pone en marcha el evento o, al menos, de quien parte la iniciativa. elDiario.es ha intentado por diferentes vías recabar la información de cómo y cuándo se planteó la celebración de la carrera. Desde el Palacio de la Zarzuela no han querido responder y se han limitado a remitir a la presentación pública de la carrera este lunes.

Entre los “colaboradores” destacan los ya citados y, además, los tres ejércitos (Tierra, Aire y Espacio y Armada), así como una asociación privada llamada Concordia Real Española, creada en 2020 y que se estrenó con denuncias contra diferentes políticos por denunciar “la corrupción de los Borbones”. Entre los patrocinadores del evento, empresas como Mercedes o el Hotel Wellington de Madrid.

Entre los hitos de esta asociación privada, que vende pulseras con el escudo de armas de Felipe VI, un estudio supuestamente realizado con inteligencia artificial según el cual el impacto económico de los viajes al extranjero del rey Juan Carlos de Borbón en 62.000 millones de euros y 2,4 millones de puestos de trabajo.

Detrás de la organización de la carrera puramente dicha está la Federación de Atletismo de Madrid, dueña del dominio carreraxaniversario.es. Según la información oficial, esta dirección web se registró el 24 de abril de 2025, apenas 20 días antes de que se anunciara el evento.

Junto a la federación, la dirección técnica correrá a cargo de un club privado, la Agrupación Deportiva Marathon. El coste de inscripción va de los 15,40 euros a los 25.

“Mi marido ha llegado a enviar a mujeres a Lourdes en vez de a la Unidad de Protección frente al Acoso”, confiesa una de las militares que ha sido víctima de acoso en las Fuerzas Armadas. Se refiere a la zaragozana Lourdes Cebollero, excapitana del Ejército de Tierra que protagonizó a finales de la década pasada un dramático episodio que terminó con ella –la víctima– retirada de la carrera militar, un capítulo que no solo no se ha cerrado, sino que ha llegado hasta los tribunales europeos.

Con el paso de los años, Cebollero se ha convertido en una suerte de baluarte involuntario en la lucha contra el sexismo en las Fuerzas Armadas. En una entrevista con elDiario.es, se muestra muy crítica con el papel del Ministerio de Defensa en este ámbito, y en particular con la ministra Margarita Robles, a la que califica de “muñeco de trapo”.

La excapitana aragonesa –de natural sin pelos en la lengua– habla con conocimiento de causa cuando afirma tajante: “Para las mujeres militares, denunciar el acoso se convierte en una trampa mortal. Te deja económica, psicológica y profesionalmente muerta”.

Han pasado ocho años desde que denunció su situación en el acuartelamiento de San Fernando, cuando descubrió que en el vestuario de mujeres se había habilitado un espacio para que los hombres dejaran sus bicicletas. Visto con perspectiva, ¿ha merecido la pena?

En esto coincido plenamente con Zaida Cantera: no volvería a denunciar. Ni yo, ni Zaida, ni ninguna de las mujeres que han pasado por un calvario como el nuestro. En el Ministerio de Defensa, denunciar está penado: las que nos hemos atrevido a denunciar hemos perdido nuestro trabajo, nos hemos tenido que ir de las Fuerzas Armadas, y han permanecido las personas que han saltado los límites. Eso demuestra que algo no funciona.

Me lo dijo hace unos años una teniente coronel, ahora general del Ejército español, que estaba en la UPA: "No tengo entidad moral para animar a las mujeres a denunciar cuando sé que las estoy poniendo a los pies de los caballos

Lourdes Cebollero — Excapitana de las Fuerzas Armadas

¿Qué es lo que falla?

En el mismo momento en que manifiestas tu intención de denunciar, el mando siempre dice lo mismo: déjalo, que ya sabes cómo es esto. Porque no quiere que se ponga en cuestión 'el buen nombre' de su unidad, que es una frase muy manida. Y se piensa que se va a poner en duda su carrera militar. Pero eso no debería implicar que se tengan que callar, y lo hacen casi todos.

Es muy crítica con el papel de la Unidad de Protección frente al Acoso (UPA) puesto en marcha por el Ministerio de Defensa.

El órgano que se creó par dar apoyo psicológico a la víctima se ha convertido en una losa para la denunciante. No puede ser que llames a la UPA y que este organismo le comunique al jefe de la unidad tu intención de denunciar, la mera intención; si la pones, estás penada.

¿Tiene pruebas de que se han comunicado potenciales denuncias a los mandos de las unidades?

Claro. Un expediente sancionador contra un comandante denunciado por una teniente del Ejército del Aire: ¿por qué este señor, que fue sancionado, me entregó la documentación de la víctima, con nombre, apellido, número de teléfono y la descripción de los hechos? ¿Cómo pueden acabar en manos del presunto acosador hasta los informes psicológicos y psiquiátricos de las víctimas de acoso? Son documentos marcados como reservados, y aun así acaban en manos de los denunciados. ¿Es esto lo correcto? Para la mujer militar, denunciar el acoso se convierte en una trampa mortal. Te deja económica, psicológica y profesionalmente muerta.

Esta semana contábamos el caso vivido por dos soldados, Ana y Débora, en una misma unidad del cuartel de San Fernando, en Zaragoza.

Débora se ha atrevido a hablar sin tener nada que ganar: lo ha hecho solo por un sentido de la justicia y el deber. Yo misma tampoco tengo nada que ganar. Las Fuerzas Armadas han sido mi casa, no parí en el Ejército por horas. Han sido mi medio de vida y las he respetado. Pero lo mínimo que se debe hacer es cumplir la legalidad vigente.

¿Cree que en el Ministerio de Defensa son conscientes de lo que sucede?

La ministra Robles se llegó a poner en contacto con usted para conocer su situación.

En febrero de 2019, una vez concluidas mis imputaciones, me llamó. Cesó al coronel Félix Allo y al teniente coronel Rafael Fernández Sisniega y me lo comunicó. Y eso supuso que todo el mundo en mi unidad me reprochara a mí los ceses, lo que derivó en una carnicería que me obligó a coger la baja en un mes. No podía ni salir de la oficina. Esa situación que yo comuniqué por escrito al Ministerio se convirtió en un silencio absoluto por parte de la ministra. En el Congreso de los Diputados, a los pocos días de recibirme, dijo que protegería la confidencialidad de la denunciante, pero posteriormente dejó escrito que la forma correcta de proceder era la contraria. ¿En qué quedamos? Si la identidad de la mujer se puede desvelar antes de iniciar un procedimiento administrativo al denunciado, que se lo digan a las mujeres. Pero que les dejen claras las reglas del juego.

¿Cómo ve el papel de la ministra?

¿Ministra, juez y feminista? Que ejerza como tal y cumpla la legalidad. Pero es un muñeco de trapo. Me reconoció personalmente la 'barbaridad' [de que se comunicara al denunciado los datos], ese fue el calificativo que empleó, y después se pone de espaldas a la ley y resuelve que las denuncias se tramiten de forma pública y con conocimiento por parte de quienes aún no han sido investigados. ¿Cómo casa eso?

¿Cuánto puede haber de sistémico en el sexismo que existe en el Ejército?

Puede que mucho. Pero cuando hay cuestiones tan fácilmente remediables como crear una unidad de acoso que cumpla para sus funciones.... Para lo que hay, mejor que ahorren dinero al erario. Me lo dijo hace unos años una teniente coronel, ahora general del Ejército español, que estaba en la UPA: “No tengo entidad moral para animar a las mujeres a denunciar cuando sé que las estoy poniendo a los pies de los caballos”.

Eso que dice es muy grave.

Si denuncias, el procedimiento se vuelve contra a ti. En los dos últimos años, de un contingente de 165.000 efectivos, ¿solo tres mujeres han logrado que se sancione administrativamente a un acosador, cuando el expediente se tiene que cerrar a los seis meses? [Cebollero se refiere a los últimos datos del Observatorio de la Vida Militar, según los cuales solo tres personas recibieron sanción disciplinaria entre 2022 y 2023 por acoso sexual o por razón de sexo] En la vía administrativa estamos muertas también. Las irregularidades son flagrantes. Los casos aislados de los que habla Defensa no es excusa. No quieren ver los casos que hay, no bajan a la tierra, al foro. Que salga Aramendía de su despacho. Lo conocen: sean sensibles a los problemas de las mujeres hoy. Ni Débora ni Ana se han inventado sus historias; existe, corríjanlo.

Cuenta que medio centenar de mujeres se han puesto en contacto con usted para que les ayude con el acoso sufrido. ¿Se ve como una especie de Robin Hood?

Para nada. Soy solo una mujer en una ciudad pequeña, Zaragoza, que desde que entró en las Fuerzas Armadas ha intentado que la legalidad imperara en todos los sentidos, como me enseñó mi padre, que trabajaba en la Administración de Justicia civil. Solo he tratado de que que se respetaran derechos constitucionales, y que el Ejército cumpliera con los valores de lealtad, que van de arriba abajo y de abajo arriba. Las mujeres también tienen derechos y no se pueden cercenar de esta manera.

Su denuncia ha llegado hasta Europa y ha sido admitida a trámite por el Tribunal de Estrasburgo, algo que no es muy habitual.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos tiene en sus manos resolver si existe o no la confidencialidad del denunciante y la protección de sus datos personales cuando denuncia y no se abre proceso contra el denunciado. Es decir, la protección del denunciante en aplicación de una directiva europea, la del ‘whistleblower’. He tenido que llegar hasta Europa porque el Tribunal Constitucional ya me ha dicho en tres ocasiones que no admite el recurso. En una línea se limita a decirte que no tiene trascendencia constitucional. Ante una violación flagrante de derechos, se ha puesto de perfil, y tendrá que ser el tribunal europeo el que dirá si sí o si no. Es lo mismo que tiene pendiente de votación y fallo la Audiencia Nacional.

¿Cuánto le han costado estos procesos?

Me he gastado ingentes cantidades de dinero en abogados, todo para que imperara la legalidad por encima de los galones. Dos procesos penales, vía administrativa durante seis años, recurso a la Audiencia Nacional, Estrasburgo... Y es algo que no conseguiremos ninguna de las mujeres que hemos denunciado, eso lo tengo muy claro.

La Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), la entidad más representativa de profesionales de las Fuerzas Armadas, se ha hecho eco este jueves de las denuncias que se han ido publicando sobre acoso sufrido por mujeres en el Ejército. Su portavoz, Iñaki Unibaso, se ha mostrado en declaraciones a elDiario.es crítico con el protocolo impulsado por el Ministerio de Defensa para combatir este fenómeno, en especial con las unidades de protección frente al acoso (UPA), y ha calificado de “irrisorio” el número de denuncias que acaban convirtiéndose en condenas.

Unibaso ha querido mostrar la “tolerancia cero” que debe existir en las Fuerzas Armadas frente al acoso y ha animado a las mujeres a “acudir directamente” al juez togado, sin pasar por cauces intermedios como las UPA (hay varias). “El juez militar, por mucho que sea militar, tiene claro que es un juez. Cuando una mujer presenta una denuncia en un juzgado, se incoa sumario, se le da veracidad y se le aplica el estatuto de la víctima”, explica Unibaso, para quien la fórmula más habitual no funciona: “Se avisa al mando directo y se llama a la UPA. Eso es lo que se suele hacer y luego estamos viendo los resultados”.

El portavoz de la AUME admite que el número de condenas es muy bajo: “Es irrisorio”. Y también reconoce que hay situaciones en las que no se protege adecuadamente a las víctimas: “A veces, cuando por falta de pruebas no hay una condena, por la razón que sea, se le da la vuelta a la tortilla y se aplica un acoso laboral contra la denunciante a través del régimen disciplinarios”.

Respecto de las UPA, Unibaso lamenta la forma de seleccionar al personal que las componen. “Ahí va gente que no está todo lo capacitada que debería para este trabajo, no es personal especializada. No es un equipo multidisciplinar que abarque toda la asistencia a la víctima”, analiza. El protocolo, critica, “está muy bien en el papel, pero luego no funciona como debería, habría que darle una vuelta entero”.

Unibaso sí que quiere lanzar un mensaje de confianza sobre los avances los últimos años: “El personal del cuerpo jurídico militar cada vez está más concienciado”, dice. “Las Fuerzas Armadas son el fiel reflejo de la sociedad e impresentables hay, como en el resto de la sociedad”, añade, y admite que la jerarquía que existe en el Ejército sirve en “determinados casos” de “coacción” para las víctimas de acoso. “Información, cursos a todo el personal y tolerancia cero. Esto no es una cosa de mujeres”, insiste.

En la AUME, recuerda su portavoz, ofrecen desde hace años un servicio gratuito a las víctimas que denuncian, sin necesidad de que estén asociadas. “Animamos siempre a que se asesoren. Y a que denuncie. Estos comportamientos no se pueden tolerar, no importa que seamos militares”, incide.

Una agrupación de miembros de las Fuerzas Armada, la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME), ha reclamado este miércoles al Ministerio de Defensa que se asegure de que se cumplen los protocolos contra el acoso a mujeres en el Ejército y de que los militares “conocen debidamente” los protocolos para combatirlos. Lo hace a raíz, entre otras, de la publicación en este periódico del caso que se vivió en una unidad del cuartel de San Fernando de Zaragoza, donde varias mujeres fueron objeto de persecución por su condición sexual.

En concreto, la ATME ha hecho público el envío de un escrito al Ministerio para “manifestar su honda preocupación y demandar información urgente” sobre las recientes publicaciones en medios, entre ellos elDiario.es, de informaciones sobre presuntos casos de agresiones en unidades de las Fuerzas Armadas.

La entidad recerda a Defensa que su papel “no puede limitarse a la mera publicación de protocolos y guías para las víctimas”. “Es imperativo –apunta la asociación– que se aseguren que estos protocolos se cumplan rigurosamente y que el personal de las Unidades de Protección frente al Acoso (UPAs) esté debidamente capacitado para proteger a las víctimas”.

Asimismo, ATME recalca la necesidad de que desde los centros de formación “se fomente una conciencia clara sobre la seriedad de este tipo de denuncias”. “Es fundamental que el personal comprenda la existencia de un procedimiento judicial en el que se deberá demostrar lo denunciado, y que las acusaciones falsas pueden tener severas repercusiones”, destaca la organización.

“La mayoría de las víctimas dentro de las Fuerzas Armadas, como se desprende de los testimonios que han salido a la luz, se sienten invisibles, faltas de apoyo, como si su voz no tuviera valor y uno de los mayores objetivos fuera que no saliera a la luz”, señala ATME en el comunicado de este miércoles.

Por ello, la Asociación ha hecho un “llamamiento urgente” al Ministerio de Defensa para que “supervise de cerca la aplicación y el cumplimiento de los protocolos existentes, garantice una formación adecuada en los centros de formación para que las posibles víctimas sepan cómo actuar y asegure la capacitación del personal encargado de velar por la seguridad de las presuntas víctimas”.

Uno de los casos más alarmantes que ha expuesto ATME, “al involucrar a una marinera recién incorporada a las Fuerzas Armadas que denunció a su mando directo”, revela “posibles deficiencias” en la aplicación del protocolo de actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo en las Fuerzas Armadas. La afectada relató que, aunque se abordó el tema del acoso sexual en algunas clases en su periodo de formación, nunca se les explicó cómo utilizar el protocolo o la guía práctica para víctimas.

“Al denunciar el incidente en su unidad, la respuesta de sus superiores fue, según su percepción, deficiente, caracterizada por indiferencia, minimización de los hechos y una preocupante inacción. Incluso después de obtener una orden de alejamiento de 300 metros para su presunto agresor, tardaron una semana en cambiarlo de puesto de trabajo”, describe ATME. La situación se agravó al obligarla a entregar sus partes de baja en el mismo destino donde ocurrió la agresión, generándole un estrés y miedo considerables.

Cuenta que su último intento de suicidio fue en noviembre. Entonces la salvó su marido: avisó a tiempo a una ambulancia y Débora pudo expulsar a tiempo las pastillas que había ingerido. Su historia viene de años atrás y tiene un nexo común: una misma unidad del cuartel de San Fernando de Zaragoza donde al menos tres mujeres militares han sufrido tales situaciones de acoso que o bien han acabado recibiendo la incapacidad psicológica para el puesto –la forma más habitual de quitar de en medio a las profesionales que denuncian– o bien han decidido abandonar el Ejército. En el trasfondo de su calvario aparece el papel del Ministerio de Defensa y de los órganos puestos en marcha para proteger frente al acoso a las mujeres. Los testimonios recabados por este periódico coinciden en que no funcionan.

El origen del suplicio que ha vivido Débora en las Fuerzas Armadas se sitúa, sin embargo, en Barcelona. Destinada en Zaragoza, se desplazó en 2012 a la ciudad condal para un curso de tres meses de administradora de redes. Allí fue agredida sexualmente por un brigada que la manoseó repetidas veces, que la acosó y que la amenazó con no aprobarle si no transigía a sus intenciones. No fue la única: otra compañera de Débora denunció al mismo mando por idéntica situación.

El militar –que acabó ascendiendo de brigada a subteniente en ese periodo, con una acusación formal de por medio por abusos sexuales– fue condenado a dos años de prisión y una multa conjunta de 5.000 euros; pero solo por abuso de autoridad, pese a que la sentencia reconoce como hechos probados los tocamientos.

“Cuando se conoció la sentencia en mi unidad, comenzó mi pesadilla”, recuerda Débora. Su relato –que hace unos días dio ya a conocer en Artículo 14– se entrecorta por momentos debido a las lágrimas. La víctima por abusos no solo no fue resarcida, sino que sufrió en Zaragoza un acoso aún más intenso. Algo que vincula con el hecho de que en esa unidad de San Fernando hubo un relevo de subtenientes. El que se iba le advirtió: “Me dijo que hablara con el capitán para explicarle mi situación, porque me esperaban tiempos duros. Entonces no entendí su mensaje”. Su sucesor, compañero de promoción del brigada condenado en Barcelona, se convirtió en epicentro de su nueva realidad de acoso; esta vez, “laboral”.

En la misma unidad del cuartel zaragozano de San Fernando llevaba ya un tiempo Ana, una cabo que por entonces acumulaba tres menciones honoríficas y dos medallas al mérito militar. “Estuve ocho años sufriendo un acoso continuo. Me quedé físicamente consumida, en los huesos”, revela.

Uno de los motivos de su situación fue, precisamente, que defendió a Débora. “Todo lo que cuenta es cierto”, explica Ana sobre su antigua compañera. “Me llegó a decir en el cuartel que se iba a pegar un tiro. Yo misma también llegué a pensarlo, estaba en una situación límite. Ahora que he salido de todo y estoy bien, lo pienso y digo: si volviera atrás, me enfrentaría a todos ellos. Pero en aquel tiempo estaba anulada”, describe.

¿En qué consistía el acoso? La antigua cabo explica con detalle todo lo que le hacían. A medida que recapacita, va recuperando más escenas enterradas en la memoria. “Estábamos en formación ante bandera por la mañana y me escupían, me llamaban 'puta' o 'zorra'. Me ridiculizaban. Difundieron el bulo de que a saber quién era el padre de mi hija. Llegaron a poner un anuncio de contactos con mi nombre y mi teléfono diciendo que era prostituta”, recuerda. De esto último hay constancia de denuncia ante la Policía Nacional, como ha comprobado este periódico.

“Yo he llegado a ver cómo escupían en una botella de Ana. De nuevo, fue antes de que llegara la sentencia. Me llegué a 'emparanoiar' tanto que cada vez que dejaba una botella abierta la tiraba a la basura. Le abrían la ventana a propósito para que pasara frío. Hacían comentarios de que su hija no era de su marido”, corrobora Débora, a la que este periódico ha contactado por separado.

“Vi –cuenta Ana en referencia su excompañera– cómo le quitaban una rueda de la silla en la que se sentaba cuando estaba embarazada de cinco meses, y cómo llegó a caerse”. Los ejemplos que denuncian de acoso son tan numerosos que es imposible reproducirlos todos.

La situación de ambas militares llegó a tal límite que su propia condición física estuvo en peligro. Sus quejas y denuncias ante la Unidad de Protección frente al Acoso (UPA ), de las Fuerzas Armadas, resultaron todas infructuosas. “Escribí y llamé a la UPA en torno a 2016 o 2017, cuando llevaba ya cinco o seis años en esa situación. Era ya insostenible, estaba tocando fondo. Entonces yo no era como ahora: me callaba todo, asumía los insultos, y ellos se crecían; estaba anulada, no sabía cómo enfrentarme a esa situación”, recupera.

Este periódico se ha puesto en contacto con el Ministerio de Defensa para recabar su versión ante estos hechos, pero aún no la ha recibido.

Débora aún guarda un diario con los sucesivos episodios del vacío y del rechazo por sus compañeros –y compañeras– de unidad. Con una agravante: la militar afrontó dos embarazos en esa situación. En el segundo de ellos, de riesgo, es cuando empezó a tener las primeras ideas suicidas. “Me sucedió con un cuchillo en la mano o cuando estaba frente a una ventana. Me daba cabezazos contra la pared, me autolesionaba. Llegué a tomar ansiolíticos, aunque en el embarazo no están recomendados”.

¿Denuncias por acoso? Las interpuso, pero quedaron en nada. “Lo archivaron sin practicar más diligencias: argumentaron que sí que había hechos sancionables, pero que había que ir por la vía administrativa porque no se advertía una continuidad”, relata aún con sorpresa, pese al paso de los años.

Dio a luz, pasó el tiempo, logró cambiar de unidad y recuperó la estabilidad y la confianza, pero la llegada de un nuevo capitán le devolvió sus pesadillas. “Lo peor que recuerdo del acoso es el tener que demostrar mi valía cada vez que llegaba un jefe nuevo, algo que no le pasaba al resto. Una y otra vez: demostrar que eres de confianza, trabajadora, con iniciativa. Ya no sabía qué hacer, estaba desesperada. Lloraba de impotencia”. Y, por fin, ya pasada la pandemia, dijo basta: “Decidí que no quería seguir siendo militar. Tenía demasiados traumas ya”.

Un cabo primero también accede a hablar con este periódico para corroborar lo que sucedió en esta unidad del acuartelamiento de San Fernando. Sobre lo vivido por Ana, reconoce que es la “praxis habitual” y afirma gráficamente: “Lo más fácil es barrer la basura debajo de la alfombra”. Él mismo dice que trató de apoyar a la soldado, pero que la situación se volvió “insostenible” para ella. “El ambiente era tóxico, a mí mismo me cogieron tirria por contagio, por apoyarla. Pero conmigo no podían, no me afectaba. Falta mucha concienciación”, admite.

No solo fueron ellas dos: al menos una tercera soldado optó por dejar la unidad –y el Ejército– a los seis meses de entrar por el ambiente creado por uno de los mandos. Esta persona prefiere mantener el anonimato, ya que ha conseguido rehacer su vida.

La Unidad de Protección frente al Acoso (UPA) del Ministerio de Defensa es, según consta en la página web del Departamento, “un órgano ajeno a la cadena orgánica de mando creado con el fin de garantizar la prevención y eliminación del acoso sexual y del acoso por razón de sexo”. Los testimonios recabados por este diario reflejan las carencias que han observado en este órgano. Y lo mismo con el Observatorio Militar para la Igualdad entre mujeres y hombres de las Fuerzas Armadas. “Denuncié muchas veces, expliqué lo que sucedía. Pero me dijeron que al no tener carácter sexual no se podía hacer nada”, lamenta Débora.

Rendir honores militares a un capitán que combatió con el Ejército republicano durante la Guerra Civil. Es lo que reclama la Asociación por la Memoria Militar Democrática al Ministerio de Defensa para Laudelino Fernández León, que murió a manos de las fuerzas sublevadas en febrero de 1939, y al que pide que se reconozca como “militar caído en combate”. La asociación, en nombre de uno de sus descendientes, demanda que las Fuerzas Armadas participen en el homenaje a Laudelino y otros combatientes que este viernes se lleva a cabo en Mieres (Oviedo), pero el departamento que dirige Margarita Robles ha rechazado la petición.

Así lo hace en la carta con la que responde a la organización, fechada el pasado 2 de abril, en la que sin entrar a valorar la petición en sí sobre Laudelino, le pasa la pelota al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, al que remite el escrito. “Se han creado órganos administrativos y procedimientos específicos con la finalidad de dar respuesta a las medidas de reconocimiento contenidas en la Ley de Memoria Democrática”, se limita a afirmar en la misiva.

Por su parte, la Secretaría de Estado de Memoria Democrática reconoce a preguntas de este medio que “no tiene competencias” para ordenar honores militares, pero sí puede otorgar una declaración de reparación y reconocimiento a Laudelino como víctima de la Guerra Civil, tal y como se ha hecho ya con cientos de represaliados. Para ello, la familia debe solicitarlo, recuerdan fuentes de la cartera de Ángel Víctor Torres.

La carta del Ministerio de Defensa en respuesta a la petición de la Asociación por la Memoria Militar Democrática.

Una de las mayores matanzas

Laudelino Fernández León, que estuvo encuadrado en los batallones de infantería 272 y 274 del Ejército del Norte, murió dos meses antes del final de la Guerra Civil en la matanza ocurrida en la zona denominada como El Carrizal del monte Polio, en el concejo asturiano de Mieres. Había ingresado en las filas republicanas una vez estalló la contienda y, tras la caída de Asturias a manos de los golpistas en octubre de 1937, continuó combatiendo como parte de la guerrilla antifranquista en los montes.

Allí fue abatido por las fuerzas sublevadas junto a una veintena de compañeros, de los que han podido ser identificados once, según explica Ramón García Piñeiro, autor de varios libros sobre el tema. Esta se convertiría en “una de las mayores matanzas de la resistencia armada contra el franquismo” en el Principado. Actualmente, los once cuerpos reposan en una fosa común del cementerio de Vegadotos, en Mieres, donde este viernes se celebrará un homenaje organizado por la asociación Amigos de Mieres en colaboración con el ayuntamiento.

La Asociación por la Memoria Militar Democrática (AMMD) considera “acreditado” que Laudelino fue un militar que “cayó en combate” debido a que la Guerra Civil aún no había finalizado “y, por tanto, la legalidad vigente –la Segunda República– no había decaído”, esgrime en la misiva que ha enviado al Ministerio de Defensa. Por eso, entiende la organización que el combatiente “es merecedor de honores militares” y de un “reconocimiento oficial” con la participación en el acto “de un piquete de alguna de las unidades” de las Fuerzas Armadas de la zona.

La petición ha sido apoyada por el alcalde de Mieres, Manuel Ángel Álvarez (IU), que también se ha dirigido por carta al departamento de Margarita Robles, a la que reclama implicación en el reconocimiento “que le corresponde a Laudelino como militar caído en cumplimiento de su deber en defensa de la República”, esgrime. El ministerio ha respondido a la misiva con las mismas consideraciones que las enviadas a la asociación.

La “deuda pendiente” con los militares leales

Aunque el hombre no pertenecía al Ejército antes del golpe de Estado de 1936, ingresó durante los primeros meses de contienda y en la documentación disponible en el Centro Documental de la Memoria Histórica figura como capitán de dos batallones de infantería. La asociación ha remitido a Defensa un documento en el que el Ejército del Norte justifica los pluses cobrados en agosto de 1937 por varios militares, entre ellos Laudelino. Además, su nombre está en el listado que el Ayuntamiento de Mieres envió a finales de febrero de 1939 al gobernador civil de la provincia dando cuenta de los “rojos muertos en lucha con la fuerza pública”.

Junto a Laudelino, en aquel ataque murieron también los capitanes Eugenio Barrio y Raimundo Fernández, que engrosaban las filas del Ejército Popular de la República. “Este se organizó improvisadamente porque muchos mandos se habían pasado al bando rebelde. La República fue escogiendo a quienes consideraba más capacitados para asignarles empleos militares y crear una estructura jerarquizada en un momento de urgencia”, explica Manuel Pardo de Donlebún, oficial de la Armada retirado y presidente de la AMMD.

La asociación fue fundada por un grupo de militares como respuesta al manifiesto lanzado en 2018 por casi 200 miembros de las Fuerzas Armadas calificando a Franco de “militar ejemplar”. Y entre sus objetivos se encuentra “honrar a los militares que dieron su vida en cumplimiento de su deber en defensa de la República”, sostiene Pardo de Donlebún, que considera que aquellos miembros del Ejército que fueron leales al régimen establecido frente a la sublevación franquista “han sido tratados históricamente de forma injusta incluso en democracia”

De hecho, no es la primera vez que la organización solicita algo así. Lo hizo también con Manuel de Sancha, considerado el primer militar que se opuso a la sublevación del 18 de julio. Entonces, era comandante jefe de la Infantería de Marina en San Fernando (Cádiz) y recibió la orden de sacar las tropas a la calle para acelerar el triunfo del levantamiento. Pero él desobedeció. Sus restos fueron exhumados en 2024 y su familia, con intermediación de la AMMD, pidió sin éxito a Defensa que en su reinhumación estuviera presente alguna autoridad del ministerio. También este año lo demandó para el comandante Pablo Ferrer Madariaga, fusilado por los franquistas en diciembre de 1936.

Pero de momento ninguna de las reclamaciones han tenido recorrido. “Tenemos una deuda pendiente con aquellos militares que defendieron la legalidad vigente y fueron asesinados. Cumplieron con su deber como militares, murieron en acto de servicio y no se les ha reconocido. Los sublevados, sin embargo, fueron amparados por la legalidad impuesta en dictadura y recibieron todos los honores habidos y por haber”, concluye Pardo de Donlebún.

“El JEMAD y los responsables de los tres ejércitos tienen que sentarse con el primer partido de España y concretar cuál es el alcance y contenido de lo que vamos a hacer”. Con estas palabras exigió Alberto Núñez Feijóo el miércoles tener para sí mismo un papel casi inédito hasta ahora en España. Nunca el líder de un partido en la oposición se ha reunido con la cúpula militar para participar en la “concreción” de la estrategia de Defensa del país. Desde el PP rebajan la textualidad de su jefe de filas y aseguran que solo quiere la información que, dicen, el Gobierno les escamotea. Y se justifican en un episodio de 1994 protagonizado por el entonces opositor José María Aznar.

Feijóo reclamó la reunión desde la tribuna de oradores del Congreso durante el debate sobre el giro que quiere dar la Unión Europea a la política comunitaria de Defensa. La invasión rusa de Ucrania, una guerra que sobrepasa ya los tres años, y la segunda irrupción de Donald Trump, quien ha amenazado con la “anexión” de un territorio europeo, Groenlandia, ha servido de palanca a quienes exigen una remilitarización de Europa. El líder del PP pidió que Pedro Sánchez desgranara “un plan de Defensa con detalle” que incluyera un “presupuesto con absoluta transparencia”, “conocer los riesgos” y que “el JEMAD y los responsables de los tres ejércitos” se sentaran con el primer partido de España“ para ”concretar cuál es el alcance y contenido“ de lo que se ”va a hacer“.

Desde el equipo de Feijóo aseguran que el líder del PP le reclamó a Sánchez la información del estado de las capacidades militares españolas en la reunión que ambos mantuvieron en la Moncloa hace dos semanas. Feijóo pidió una negociación “seria y limpia”. Y añadió: “Lo que he escuchado en esta reunión no es ni serio ni limpio”. “No tenemos un mapa de la situación del Ejército, y no nos lo han querido dar”, se lamentan en la sede nacional del PP, en la madrileña calle de Génova. “Intentamos que los mandos militares, que son empleados públicos, nos den la información”, añaden las mismas fuentes.

El Jefe del Estado Mayor de la Defensa es el oficial militar de más alto rango. Es un cargo que suelen ocupar de forma rotatoria responsables de los tres ejércitos. Hoy ocupa este importante puesto, que asesora directamente al Gobierno, el almirante general Teodoro Esteban López. Cada rama de las Fuerzas Armadas tiene luego su propio jefe militar. La Armada, al Almirante general Antonio Piñeiro Sánchez; el del Ejército de Tierra es el general Amador Fernando Enseñat y Berea, y el del Aire, el teniente general Francisco Braco.

Un ex alto cargo de la Defensa de España asegura a elDiario.es que la petición de Feijóo es inédita y que nunca se ha producido en el pasado una cita de ese tipo. Sí son habituales, relata, reuniones con diputados o dirigentes organizadas por el Ministerio de Defensa y para informar sobre “temas generales” de las Fuerzas Armadas. Nunca para el diseño de las estrategias, que corresponde al Gobierno y a los cargos militares.

Todos los grupos parlamentarios tienen, además, multitud de foros para reclamar esa información: preguntas parlamentarias y comparecencias que van desde quien dirige el departamento de Defensa como a otros cargos intermedios del ministerio e incluso de las Fuerzas Armadas. Existen además diferentes comisiones parlamentarias, de Seguridad Nacional o Defensa, y otros foros de intercambio de información.

Pero desde el PP sostienen que esta interlocución institucional está rota y que no hay ningún tipo de información desde el Gobierno. “Buscamos interlocución”, plantean. Y aseguran que Feijóo “no quiere participar”. Solo “quiere saber” cómo están las capacidades españolas de defensa. “No sabemos si tenemos carencia en armamento pesado, en cazas o fragatas. No hay una auditoría”, aseguran las mismas fuentes, que recuerdan que cuando se decidió enviar armas a Ucrania se desveló que había decenas de tanques Leopard que no podían funcionar y que hubo que reparar para enviar al frente.

Desde el PP sostienen que Feijóo no tiene interlocución con el JEMAD, pero no certifican si no la tiene con otros “mandos”. “Si tenemos información no será completa”, explican.  Además, sostienen, las decisiones que se tomen ahora afectan a “este Gobierno y los siguientes”, por lo que exigen una corresponsabilidad en la asunción de compromisos. Por eso, si Pedro Sánchez opta por no llevar su plan al Congreso, en el PP no lo asumirán como una decisión de país. En Génova también recuerdan que en 2023, Feijóo pidió visitar a las tropas españolas desplegadas en Letonia, en la frontera europea con Rusia, y que el Gobierno le negó el permiso.

La respuesta del Ejecutivo

También ahora el Gobierno ha respondido a Feijóo que “no tiene absolutamente ningún sentido” lo que ha pedido, según expresó la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, a su llegada a un acto sobre fondos europeos organizado por elDiario.es. Y la ministra de Defensa, Margarita Robles, calificó la petición de “extravagancia”. En declaraciones a los medios de comunicación en la base militar de El Goloso, Robles aseguró este jueves que el PP “ignora el esfuerzo tan enorme que ha hecho el Ministerio de Defensa por la seguridad, por la inversión, por la creación de puestos de trabajo”. “Hay un programa, hay un Ministerio de Defensa, hay un Gobierno de España que se preocupa por la paz en el mundo”, subrayaba.

Feijóo se reunió recientemente con exministros y ex altos cargos de anteriores gobiernos de su partido antes de citarse con Sánchez en la Moncloa y preparar su estrategia. Desde la dirección del PP aseguran a elDiario.es que no es la primera vez que un líder de la oposición se reúne con la cúpula militar, y rememoran un episodio de José María Aznar. El expresidente del Gobierno se reunió en 1994, cuando era líder de la oposición, con la cúpula de las Fuerzas Armadas. Fue a petición suya, pero todo se quedó en un encuentro informal en el que estuvo presente el entonces ministro, Julián García Vargas. Muy lejos de lo reclamado por Feijóo en la tribuna del Congreso.

Decía Borges que los libros se hacen para la memoria y los diarios, para el olvido. Podríamos añadir que en el Diario de Sesiones del Congreso aparecen intervenciones y comportamientos de nuestros políticos que, efectivamente, son para no recordar. Por su chabacanería y por su mal gusto. La elegancia, ya se sabe, es ser y saber estar, pero hay quienes se empeñan en demostrar que lo suyo es más la espectacularización que la distinción.

Cuando el miércoles, Aitor Esteban se despedía del Congreso de los Diputados, las bancadas del PSOE, Sumar, Junts, ERC y Bildu se pusieron en pie para agradecerle sus 21 años de dedicación a la actividad parlamentaria. Pero a nadie se le escapó el aplauso desganado de no todos los diputados del PP y la indiferencia de Vox. Por ser la antítesis de la galanura y el buen gusto y por proyectar una imagen que va más allá de un pretendido desaire.

Quienes confunden al adversario con el enemigo han convertido el espacio público en un campo de minas intransitable. El cainismo y la lógica destructiva ya no respetan los marcos institucionales, donde es imposible tejer el más mínimo espacio de colaboración o acuerdo, como quedó demostrado en el debate sobre la seguridad y la defensa de Europa que se celebraba el mismo día de la despedida de Aitor Esteban.

Los debates parlamentarios no son una pérdida de tiempo, como insinuó la ministra Pilar Alegría hace unos días, sino más bien una oportunidad para que los ciudadanos conozcan las posiciones de todos los partidos sobre los asuntos más relevantes. Sin duda, el nuevo orden mundial que pretende imponer Trump, la guerra comercial, el plan de rearme diseñado por la UE y el aumento del gasto en defensa son la prioridad en un momento en el que en Europa y en España se precisaría de grandes consensos que, en las Cortes españolas, no se atisban en el horizonte.

El problema, para Feijóo, ese hombre que vino a Madrid a hacer política con mayúsculas y fue abducido por las minúsculas, no es la amenaza imperialista de Trump, ni los aranceles, ni las guerras híbridas, ni los ciberataques, ni la defensa común. El problema es Sánchez que, en su opinión, no está a la altura del momento, como no lo estuvieron antes para la derecha ni Zapatero ni González, aunque este último haya olvidado en los últimos tiempos el tipo de oposición que padeció durante años.

La entente entre populares y socialistas que tanto anhelan distintas voces políticas y mediáticas en estos días no llegará nunca porque Feijóo lo que quiere es echar a Sánchez  de La Moncloa, algo para lo que tendrá que esperar hasta que se instalen las urnas. Y mientras eso llega, reclama una reunión con la cúpula militar, como si fuera el jefe del Estado, para que le desglosen los pormenores del plan para la defensa. Ah y que estén presentes, además de él, el jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), los máximos responsables de los ejércitos de Tierra, Mar y Aire, y el presidente del Gobierno si voluntariamente así lo considera. ¡A sus órdenes, mi capitán!

Suena a chiste, pero no son más que delirios de grandeza de quien se cree en posesión de un estatus superior al que tiene y que, quizá, no sepa que la Constitución otorga al rey el honorífico mando supremo de las Fuerzas Armadas y al Gobierno, la dirección de la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado. 

No es una condición para alcanzar acuerdo alguno, simplemente una treta con la que ocultar de un lado su manifiesta incapacidad para hacer una oposición de Estado y de otro, la aplastante realidad de que los grandes pactos alcanzados en democracia tuvieron lugar, salvo en dos ocasiones, con la derecha en el Gobierno y la izquierda, en la oposición. Lo demás son zarandajas.

Investigadores de la Politécnica, responsables de la Fuerza de Acción Marítima en Cartagena, de diversas empresas y del CEEIC han compartido este martes avances en capacidades emergentes y necesidades operativas, con el objetivo de encontrar sinergias tecnológicas, en seguridad marítima y vehículos autónomos submarinos, informa la UPCT en una nota de prensa. 

El taller ‘Tecnología subacuática y seguridad marítima’ que se ha celebrado en el Arsenal de Cartagena ha incluido la exposición de una quincena de proyectos tecnológicos y visitas técnicas al buque de apoyo ‘Cartagena’ y a la Estación Naval de La Algameca. La jornada ha sido organizada por la Cátedra Jerónimo de Ayanz, formada por la UPCT y la Armada y codirigida por el profesor de la Escuela de Telecomunicación Rafael Asorey y el capitán de navío José María Seijo, comandante del Centro de Buceo de la Armada. 

“El avance en tecnologías subacuáticas y sistemas no tripulados está transformando la guerra naval y las operaciones marítimas”, explica Asorey, para quien “la evolución de vehículos autónomos para misiones como la detección y neutralización de minas, la vigilancia marítima y la recolección de inteligencia es clave para el futuro de la Armada”.

Las redes de comunicación submarinas para operaciones de buceo, la navegación autónoma y el posicionamiento subacuático, el procesamiento de datos con inteligencia artificial para sistemas de apoyo a buceadores, los sistemas de detección, identificación y neutralización de amenazas marítimas para operaciones subacuáticas y las energías eficientes para plataformas utilizadas en operaciones de buceo han sido algunos de las necesidades y retos expuestos por la Fuerza de Acción Marítima de Cartagena a investigadores y expertos en Seguridad y Defensa.

El Gobierno está estudiando una supuesta filtración masiva que afecta a miembros de la Guardia Civil, las Fuerzas Armadas y personal del Ministerio de Defensa. Los nombres y correos electrónicos de militares y agentes fueron publicados este miércoles en un foro donde se comparte información robada en ciberataques y brechas de seguridad. Según ha podido comprobar elDiario.es, los ciberdelincuentes afirman tener tres bases de datos con unas 160.000 identidades.

Dos de esas bases de datos contendrían información sobre guardias civiles, con un total de 109.000 líneas de información, aseguran los autores de la publicación. La base de datos restante pertenecería al Ministerio de Defensa y contendría 84.000 líneas de información.

El Centro de Sistemas y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (CESTIC), dependiente del Ministerio de Defensa, está analizando en este momento la veracidad de los datos en poder de los ciberdelincuentes y el alcance de la filtración, explican a este medio fuentes oficiales del departamento que dirige Margarita Robles.

Las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil reconocieron el pasado mes de abril que uno de sus proveedores había sufrido un ciberataque en el que quedó expuesta una suma de información similar a la ahora publicada. La víctima fue la encargada de hacer los reconocimientos médicos a los miembros de ambos cuerpos, Medios de Prevención Externos Sur SL.

Según informó la citada empresa, en el incidente pudieron ser sustraídos, además de nombres y correos electrónicos, los teléfonos móviles, las fechas de nacimiento, el sexo, los puestos de trabajo y los resultados médicos del personal afectado.

Fuentes conocedoras del caso explican a elDiario.es que las características de la filtración de este miércoles encajan con un origen proveniente de un proveedor de Defensa, por lo que no es descartable que sea la base de datos robada a Medios de Prevención Externos Sur SL. No obstante, también se está investigando que pueda tener un origen diferente a aquel ciberataque. En su publicación de este miércoles, los ciberdelincuentes ofrecen solo el nombre y el correo electrónico de militares, agentes y personal de Defensa, no el paquete de información que quedó expuesta en la brecha de abril.

Pese a que la filtración publicada ahora no incluye datos sensibles, como contraseñas o credenciales, su puesta a la venta representa un grave riesgo de ciberseguridad. Este tipo de información puede ser utilizada por organizaciones criminales y otro tipo de actores para llevar a cabo acciones dirigidas contra el personal de seguridad y sus familias, pero también contra empresas, instituciones del estado y ciudadanos particulares.

Este tipo de datos abre la posibilidad de realizar ataques personalizados. Permite la suplantación de identidad de los militares y guardias civiles, así como la realización de campañas de phishing específicamente diseñadas para comprometer sistemas militares y de seguridad. También puede revelar la filiación con estos cuerpos de personal cuya identidad no era pública.

El mismo método de ataque puede lanzarse contra objetivos externos a los cuerpos de seguridad. Los correos de los guardias civiles podrían utilizarse como base de estafas con supuestas multas o investigaciones policiales. También contra empresas proveedoras de las Fuerzas Armadas o el Instituto Armado.

“Mamíferos, mamonas y mamones, pecadores de otras religiones obsesionados con el fornicio. Soy PacoJavi I, profeta y sumo sacerdote del Colegueo de los Infieles a Crom”. Así comienza desde hace años cada uno de sus vídeos un sargento de la Armada que acaba de ser expulsado definitivamente de las Fuerzas Armadas por el Tribunal Supremo. Sus “valoraciones y críticas”, dicen los jueces frente a sus alegaciones, no tenían nada que ver con la religión que decía encabezar, sino con “comentarios desdeñosos, injuriosos y ofensivos” contra el Rey, el Presidente del Gobierno o incluso el alcalde de la ciudad de Madrid.

El sancionado es un sargento primero destinado en el Arsenal de Las Palmas y durante años ha mantenido abiertos varios perfiles en diversas redes sociales como Facebook, Instagram o YouTube. “Colegueo de los Infieles a Crom”, se llama su canal principal, desde el que emite sus opiniones políticas y sociales, identificándose en ocasiones claramente como militar y subiendo fotos y vídeos de uniforme en su destino en Canarias. En la ficción de Conan el Bárbaro, Crom era uno de los dioses principales.

Las publicaciones, mensajes y vídeos que llamaron la atención de las autoridades militares españolas fueron varias, pero su expediente sancionador destaca especialmente una de octubre de 2019. Cuando se dirigió personalmente por carta a Felipe VI criticando que la Policía no hubiera disuelto las concentraciones franquistas de Mingorrubio el día de la exhumación del cadáver del dictador y solicitando al monarca una ley para que “quienes cometieron crímenes de lesa humanidad” durante la dictadura se queden “fuera del torticero amparo que han obtenido de la ley de amnistía”.

En otros mensajes difundidos desde la página “Colegueo de los Infieles a Crom”, ese militar de la Armada también mostraba su “simpatía” hacia el independentismo catalán, calificaba de “presos políticos” a los condenados del caso Altsasua, se manifestaba en contra del Presidente del Gobierno y sus ministros, de varios partidos políticos, la Fiscalía, la “Audiencia Nazional” y otros actores públicos.

La Ministra de Defensa, Margarita Robles, firmó en marzo de 2022 su separación del servicio por varias faltas muy graves, entre otras de infringir su deber de neutralidad política y emitir públicamente “manifestaciones contrarias a la Corona y a las demás instituciones”. Una decisión que acaba de confirmar la sala quinta del Supremo, rechazando un recurso en el que este sargento explicaba que en Facebook nunca habló como militar, sino como “representante de una religión”.

En esas publicaciones, decía en su recurso, “me limito a exponer mi parecer en relación a distintos temas en calidad de Profeta y Sumo Sukinsin”, pero nunca como “persona física”. También reconoció haber publicado un documento llamado “Fundiciones, enseñanzas y revelaciones”, firmado como “profeta de Crom” y con el mensaje “Alabado sea Crom y su Puta Madre”. También denunciaba “la pervivencia de los valores franquistas en el seno de los ejércitos” y advertía de que España “se encuentra ante la amenaza latente de una sublevación militar y señala el peligro del auge de los movimientos supremacistas y ultracatólicos”.

El Supremo confirma su expulsión de las Fuerzas Armadas y recuerda que él mismo reconoció estar detrás de la página de Facebook en cuestión. Además, añaden los jueces, usaba “típico argot naval” y se identificó varias veces como sargento de la Armada. “La conducta por la que el recurrente ha sido sancionado en modo alguno puede ampararse en su derecho a la libertad religiosa”, añade el Supremo.

Este militar, dice el Supremo, ha expresado su opinión sobre temas públicos usando “comentarios desdeñosos, injuriosos y ofensivos contra determinados órganos constitucionales y autoridades civiles, a las cuales imputa gratuitamente y de modo generalizado la comisión de actos arbitrarios e incluso ilegales”. No solo contra Felipe VI o Pedro Sánchez sino cargando contra el alcalde de Madrid por “favorecer ilegalmente los casinos y salas de juego”, tildando de “corrupto” al Poder Judicial y afirmando que está “dominado por acólitos de la extrema derecha”.

“Estas valoraciones y críticas, de marcada significación política, nada tienen que ver con el ejercicio o práctica de ninguna religión”, zanjan los jueces.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha desvelado este miércoles durante su comparecencia a petición propia ante la comisión de Defensa del Congreso que el contingente militar español desplegado en Somalia sufrió un atentado “importante” hace escasos días.

Robles, que comparecía ante la comisión de Defensa para informar del desarrollo de las operaciones de las Fuerzas Armadas en el exterior así como sobre la situación actual y actividad de las tropas desplegadas en el Líbano como parte de la Misión de la ONU UNIFIL, desveló que ha mantenido una conversación con el coronel español al mando de este contingente de 20 soldados y confirmó que “ninguno de nuestros militares ha sido lesionado”.

La ministra ha querido destacar así mismo el ejemplo de altura, de moral y de compromiso con la misión EUTM-Somalia de la Unión Europea, puesta en marcha en el año 2010, con un cuartel general establecido en Mogadiscio y que busca contribuir al adiestramiento de las Fuerzas Armadas de Somalia.

Robles reitera el compromiso de España para “reconducir la situación” en Líbano

La ministra de Defensa ha insistido en el compromiso de España para reconducir la situación en el Líbano tras la escalada en los enfrentamientos armados entre Israel y el grupo chií Hizbulá, y ha advertido: “No podemos permitir que Líbano sea un nuevo Afganistán”.

“No podemos reproducir lo que ha ocurrido en Afganistán”, ha insistido la ministra ante los diputados presentes en la Comisión de Defensa, a los que ha recordado el fracaso de la comunidad internacional en aquel país, en el que “España pagó un alto precio en vidas humanas y donde desgraciadamente, las mujeres”, cuando no son silenciadas son asesinadas.

Robles ha insistido en denunciar la situación de las mujeres en Afganistán tras la retirada de las tropas internacionales, “absolutamente perseguidas, obligadas a casarse a los 12 años, cuando no antes”, con el silencio cómplice de la comunidad internacional. “Basta ya de hipocresía”, ha exigido.

La ministra ha señalado que aunque los cascos azules no son objetivo de Israel ni de Hizbulá, están desplegados en una zona en la se están produciendo los enfrentamientos armados, por lo que el riesgo de “un daño colateral es permanente”.

Hasta la fecha, los combates han ocasionado nueve heridos de diversa consideración entre las tropas de Unifil, ninguno de ellos de nacionalidad española.