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Blanquear al rey emérito

Juan Carlos I en una imagen de archivo.

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El rey Juan Carlos de Borbón vuelve a España, aunque no de forma permanente. Mantendrá su residencia habitual –y también la fiscal– en la dictadura petrolera de Emiratos Árabes Unidos. Pero al igual que algunos de sus amigos, los plutócratas del Golfo, vendrá a España algunos meses de vacaciones, a visitar a la familia y los amigos. Para participar en las regatas.

Nunca entendí las razones de su exilio autoimpuesto, que le igualaba con otros grandes corruptos de la historia de España, como su abuelo Alfonso XIII. Si lo que pretendía Juan Carlos de Borbón era facilitar el reinado a su hijo Felipe VI, el efecto fue justo el contrario: salir de España por la puerta de atrás solo destacaba aún más lo evidente, que su presencia era tóxica para la monarquía. Si lo que buscaba era recuperar el favor de los españoles, habrían sido mucho mejor unas disculpas. Y si realmente su intención era “colaborar con la Justicia”, como nos contaron, lo más ejemplar habría sido quedarse en España, no fugarse al extranjero.

Nunca entendí su exilio. Menos aún que el carpetazo judicial a sus onerosos fraudes fiscales sean la excusa para su vuelta. Recordemos cómo se produjo. La investigación de la Fiscalía no se archivó porque los hechos fueran falsos o no hubiera pruebas. El carpetazo no llegó por la inocencia del emérito, sino porque una parte de los presuntos delitos que encontró la Fiscalía no se podían juzgar, por la inviolabilidad de la corona; otra parte había prescrito. 

Además, el delito fiscal se salvó por medio de regularizaciones ante Hacienda muy cuestionables, porque se realizaron después de que toda España –él también– supiera que estaba siendo investigado. Juan Carlos de Borbón tampoco tuvo un arrepentimiento completo ante el fisco. Pagó el mínimo posible, no todo el dinero defraudado: solo por aquellos años que la Justicia podía investigar penalmente. Y en parte lo hizo con dinero regalado por un grupo de empresarios que le dieron un préstamo que saben que muy probablemente nunca recuperarán. Escogieron esta fórmula del préstamo a fondo perdido porque una donación les hubiera costado un 40% más en impuestos. 

La decisión de la Justicia de no seguir investigando –de la justicia española, porque en Reino Unido aún tiene un pleito pendiente con su antigua amante– no supuso por tanto ningún espaldarazo a sus andanzas. No puede servir como una restauración de su imagen pública. Muy al contrario. El carpetazo judicial, ante hechos tan claros, fue la demostración más palpable del grado de impunidad del que disfrutó durante décadas la Corona. 

La inviolabilidad constitucional del rey de España fue la última red de protección, que entró en funcionamiento cuando todas las demás fallaron. El rey Juan Carlos de Borbón pudo acumular su fortuna en Suiza porque todos los gobiernos democráticos miraron hacia otro lado, porque la prensa durante décadas también lo hizo, porque la inviolabilidad de la Corona –como parte del pacto de transición– no fue solo judicial: fue una omertá en toda regla. Que rompió, no lo olvidemos, un fiscal en Suiza, a cuenta de unos audios grabados por el comisario Villarejo a Corinna. Solo en ese momento, después de Suiza, la Justicia española tomó cartas en el asunto, para archivar después todo el caso.

Solo aquellos que prefieren vivir en la ignorancia pueden hoy olvidar que España tuvo durante décadas como jefe del Estado a un defraudador fiscal que cobraba comisiones millonarias de dictaduras a cambio de favores nunca explicados. A un patriota que pedía ejemplaridad a los españoles cada Navidad mientras ocultaba su fortuna en Suiza. Pero la vuelta del rey desde el exilio está siendo el pistoletazo de salida de una operación de la derecha para blanquear su imagen pública. 

La punta de lanza de esa operación de blanqueo la ha puesto en marcha una asociación llamada Concordia Real Española que, entre otros, lidera el exministro de Defensa Eduardo Serra y el marqués de Valtierra, Carlos Espinosa de los Monteros: Alto Comisionado del Gobierno para la Marca España con Mariano Rajoy y padre del portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros. Esta semana, al mismo tiempo que el rey vuelve a España (oh, casualidad), han presentado un estudio “elaborado con inteligencia artificial” –aseguran sus promotores– que cifra el impacto económico de los viajes al extranjero del rey Juan Carlos de Borbón en 62.000 millones de euros y 2,4 millones de puestos de trabajo. 

El estudio es peculiar. Porque a juzgar por esas cifras, uno de cada ocho empleos en España (hoy hay 20 millones de afiliados a la Seguridad Social) se lo debemos al rey emérito. Pero la falacia principal de este argumento es considerar al rey como único responsable de unas gestiones diplomáticas que realizó en su papel de jefe del Estado y donde también participaron el Ministerio de Exteriores y los Gobiernos de turno. 

En las monarquías no se puede desligar a la persona de la institución. Es metafísicamente imposible porque su naturaleza se basa, precisamente, en el derecho especial de una familia en concreto sobre el resto de los ciudadanos. Esto es algo que los monárquicos saben. Por eso les preocupa la enorme mancha que Juan Carlos de Borbón ha dejado en la institución monárquica: porque ambas cosas van unidas. Ha sido el propio rey emérito con sus actos –no ningún republicano– quien más daño ha hecho a la monarquía española. Por eso ahora quieren blanquearlo.

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