El Gobierno vasco recomendó a Donostia que protegiera como “monumento” los cuarteles del Ejército en Loiola

En 2020, un informe de la Dirección de Patrimonio Cultural del Gobierno vasco, en manos del PNV, incluyó los cuarteles del Ejército de Donostia, en Loiola, en un listado de inmuebles que merecerían mayor protección ante la reforma del plan especial del Ayuntamiento, también del PNV. El documento, muy crítico con la gestión del patrimonio en la ciudad, subraya la importancia de trasladar a las futuras generaciones con criterios de integridad y de respeto al patrimonio construido una larga lista de villas, fábricas, viviendas y hasta frontones. Y no solamente las fachadas y elementos exteriores. Son, en total, 183 “bienes inmuebles propuestos para declarar como monumentos” en ejercicio de las competencias autonómicas y las instalaciones de Loiola ocupan el cuarto lugar en esa larga relación. Y avisa el Ejecutivo: “De manera general, es el ordenamiento urbanístico el que debe adecuarse a la protección cultural y no a la inversa”.

Este documento, al que ha tenido acceso este periódico, es mencionado en la reciente sentencia de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), que ha ordenado elevar la protección de estas instalaciones militares de inicios del siglo XX tras un recurso de Vox y contra el criterio municipal. Y es que ello frustra los planes del Ayuntamiento donostiarra, encabezado con Eneko Goia, que trabajaba ya con el Ministerio de Defensa para obtener la titularidad del complejo con el ánimo de derribarlo para la construcción de casi 2.000 viviendas en una ciudad con mucha presión inmobiliaria.

El informe, firmado por el propio director de Patrimonio Cultural, Mikel Aizpuru, fue enviado al Ayuntamiento cuando inició la tramitación del denominado PEPPUC (Plan Especial de Protección del Patrimonio Urbanístico de San Sebastián) ahora modificado en los tribunales en lo tocante a los cuarteles de Loiola. Admite que Donostia “propone una importante mejora cuantitativa en el catálogo de elementos protegidos del plan especial actual” -en concreto “231 elementos más”- pero insiste en que es del todo “insuficiente”. Incluso los espacios que sí reciben protección tampoco reciben garantías “suficientes”. “Donostia/San Sebastián, además de una ciudad con valores compositivos y organizativos que derivan del notable esfuerzo uniformizador del ordenamiento neoclásico de la Parte Vieja, es uno de los más importantes ejemplos de villa-balneario emplazado en la costa atlántica europea, que cuenta con excepcionales edificios individuales, tanto dotacionales como de viviendas, resueltos en toda la secuencia de estilos de la época: eclecticismo, modernismo, neovasco, art-decó, funcionalismo, racionalismo y movimiento moderno. El valor del conjunto urbano tiene gran relevancia y es decisivo, tanto para poder explicar la identidad de la ciudad como para su desarrollo sostenible”, se puede leer.

Fuentes del área de Cultura del Gobierno remarcan, en medio de la polémica surgida por la paralización momentánea del plan urbanístico para Loiola a expensas de lo que pueda dictaminar el Supremo, que este documento expone “recomendaciones” y que se ha elaborado con ese espíritu constructivo, sin ofrecer dictámenes vinculantes. La última palabra recae en las autoridades municipales, inciden estas fuentes. No obstante, la resolución judicial menciona también un documento elaborado en 2009 por la Diputación de Gipuzkoa en el mismo sentido. Lo firmaron Juan Ramón Iturbe, Ixiar Ugalde y Juan Antonio Sáez. Además, la asociación Áncora, que ha batallado por la protección del Bellas Artes, considerado uno de los recintos de cinematografía más antiguos de España, defiende también el valor de estas instalaciones militares.

Goia defenderá con “uñas y dientes” la construcción de viviendas

“El uso principal de esa parcela merece no ser el de un cuartel como algunos pretenden”, ha insistido este jueves el alcalde Goia, que asegura haber conversado con la ministra de Defensa, Margarita Robles, para garantizar la continuidad del acuerdo político de 2020 que posibilitó esta operación y también que el Ayuntamiento presentará un recurso ante el Tribunal Supremo para tratar de revertir la decisión del Superior. “Defenderemos con uñas y dientes los intereses de esta ciudad”, ha apostillado el regidor. Goia ha remarcado que Vox no tiene ningún tipo de representación en Donostia -ni en toda Gipuzkoa- y ha concedido que se había planteado “proteger” los elementos “singulares” de los cuarteles y que ello no implica “condenar a los cuarteles a serlo para la eternidad, que es lo que Vox quiere”, informa Europa Press. Donostia -ha recordado el primer edil- espera también contar con los terrenos de Martutene cuando se termine la nueva cárcel de Zubieta.

El perito municipal que intervino en la causa judicial promovida por Vox señaló que los cuarteles son de las “postrimerías” de la era alfonsina y que “se otorgará mayor valor a aquellas construcciones que se daten del comienzo del estilo”. En la causa también consta, en defensa de los intereses municipales, que “la finalización del edificio [en 1926] tiene lugar ya cuando el historicismo ha dejado en la ciudad piezas mucho mejor resueltas”. Por el contrario, un experto aportado por Vox entregó 266 páginas en el que se destaca que el recinto “se mantiene prácticamente igual que en el momento de su construcción” y que es un “ejemplo único de arquitectura militar alfonsina, quizás el más complejo y mejor diseñado de todos los que se construyeron en esa época”. Se permite Vox añadir que es “testimonio” de un “momento crucial” tanto para Donostia como la “cohesión y modernización” de España “en su intento por no perder el paso frente al resto de potencias europeas”. En España, solamente es comparable con los cuarteles de Astorga (León), se pone como ejemplo.

Los socios del PNV en Donostia, los socialistas, han apuntado que “construir vivienda pública en ese ámbito es un objetivo irrenunciable para dar soluciones a la demanda de vivienda de la ciudadanía donostiarra, especialmente de los más jóvenes”. Marisol Garmendia, en todo caso, entiende que la sentencia “no imposibilita el desarrollo de vivienda pública” y ha emplazado a “reajustar” el proyecto a la luz de la resolución judicial. El PP, puesto de perfil, ha señalado que “un símbolo de la modernidad democrática española, como es el Ejército, debe mantener presencia en la ciudad” pero igualmente que “parte de los terrenos de los cuarteles de Loiola deberían revertir a la ciudad para hacer frente a uno de los mayores problemas de los donostiarras, que es la vivienda”.

En tono más crítico, EH Bildu ha enfatizado que “las decisiones sobre el planeamiento urbanístico y la conservación del patrimonio corresponden a la ciudadanía donostiarra, a sus agentes sociales e institucionales” y no al “al lobby de ultraderecha”. Según esta formación, que gobernó la ciudad entre 2011 y 2015, es “una mala noticia para la inmensa mayoría de la ciudadanía donostiarra, que lleva décadas reclamando que el Ejército español devuelva los terrenos que ocupa en Loiola, para poder dedicarlos al uso y disfrute los donostiarras”.